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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 668, de 21/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 668
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR CLOTAS Y CIERCO,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 21 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cultura (Cortés
Martín), para dar cuenta de la restauración de la pintura El
caballero de la mano en el pecho, de El Greco, en el Museo del Prado.
A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/
001886)
Preguntas:
- Del señor Bayona Aznar (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
cumplimiento por el Gobierno del mandato del Congreso de los Diputados
de crear el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. (Número de
expediente 181/002300) ... (Página 19404)
- Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
explicación de la actuación del Gobierno sobre el antiguo pueblo en
ruinas de Belchite (Zaragoza). (Número de expediente 181/002366) ...
(Página 19406)
- Del señor García de Viana Cárdenas (Grupo Socialista del Congreso),
sobre situación administrativa en que se encontraba, el día 21 de
noviembre de 1998, el concurso público para la redacción del proyecto
del nuevo museo de Almería. (Número de expediente 181/002225)
... (Página 19408)
Comparecencia del señor rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, miembro del Consejo de Universidades y presidente de la
Conferencia de rectores de las Universidades españolas, CRUE (De la
Plaza Pérez) para:
- Dar cuenta de su análisis, y el de los rectores españoles, sobre la
situación de la Universidad en España y, en especial, de la probable
reforma de la Ley de reforma universitaria (LRU). A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 212/001713)
... (Página 19410)
- Analizar la situación actual de las Universidades españolas, así
como los principales problemas de las mismas. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001718)
... (Página 19410)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (CORTÉS
MARTÍN), PARA DAR CUENTA DE LA RESTAURACIÓN DE LA PINTURA EL
CABALLERO DE LA MANO EN EL PECHO, DE EL GRECO, EN EL MUSEO DEL PRADO.
ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/
001886)
El señor VICEPRESIDENTE: (Clotas i Cierco): Señoras y señores
diputados, vamos a iniciar la sesión de hoy. Ruego al señor
secretario de Estado de Cultura que se incorpore a la Mesa.
Antes de dar inicio al orden del día, debo comunicar a SS.SS. que se
han producido dos alteraciones. La primera ya la conocen ustedes: Un
cambio de orden por el cual la comparecencia del secretario de Estado
de Cultura, a quien agradecemos su presencia, pasa a ser el primer
punto. La segunda alteración es que, posteriormente al envío del
orden del día que SS.SS. conocen, hemos recibido una notificación de
la Secretaría de Estado del Deporte en la que nos comunican que su
titular está de viaje oficial en Italia, concretamente en Roma, con
lo cual debemos aplazar esta comparecencia.
Ante estos dos imperativos, que no debo someter a ninguna aprobación
porque ninguno de ellos depende ya de la voluntad de SS.SS., vamos a
dar inicio al orden del día, dando la palabra a don Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado de Cultura, para informar sobre la
restauración del cuadro El caballero de la mano en el pecho, de El
Greco, comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Cortés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, la restauración del cuadro El Caballero de la mano en el
pecho, de El Greco, se presentó al público el día 16 de diciembre de
1996. Fue llevada a cabo por el restaurador del museo del Prado, don
Rafael Alonso, que tiene uno de los más
amplios y prestigiosos currículos. A partir de fechas recientes han
sido varias las solicitudes de información, las preguntas escritas,
los informes y la polémica en los medios de comunicación en torno a
esta restauración que, insisto, se presentó en diciembre del año
1996, y que por tanto se desarrolló desde mucho antes. Pero a los
efectos de lo que debe ser mi intervención en esta Comisión, en un
acto de control al Gobierno por lo que son las responsabilidades que
éste tiene, tanto da que esta restauración se haya llevado a cabo
cuando el actual Gobierno estaba en el ejercicio de las funciones que
ahora desempeña o que hubiese sido antes, porque en todo momento,
tanto cuando se inicia la restauración del cuadro como cuando se
presenta, el museo nacional del Prado es un organismo autónomo, y en
el decreto que regula sus normas estatutarias se dice, en todo caso,
que es competencia del director del museo, que es nombrado y separado
por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del
ministro de Educación y Cultura, primero, dirigir, impulsar,
articular y coordinar, en el marco de los planes generales de
actuación del museo, de su presupuesto y de las instrucciones y
directrices emanadas de la Comisión permanente del Real Patronato,
los servicios y actividades del museo destinados a la custodia,
exhibición, conservación, restauración, investigación, estudio,
difusión, enriquecimiento y mejora de su patrimonio artístico, así
como, según el punto segundo, adoptar las medidas necesarias para que
la conservación y protección -tendría, por tanto, que ver esto con la
custodia y la conservación de todas las obras de arte que tiene el
museo nacional del Prado, y muy principalmente aquellas que son las
más representativas, como es El Caballero de la mano en el pecho-,
tanto técnica como jurídica, del patrimonio artístico del museo quede
garantizada, y aprobar, previa autorización, en su caso, del Real
Patronato, los tratamientos para la conservación o restauración de
las obras de arte.
A raíz de la solicitud de comparecencia de un miembro del Gobierno
ante esta Comisión, el día 7 de abril, en la reunión de la Comisión
permanente del Real Patronato del museo del Prado, yo solicité la
opinión de la Comisión permanente para poder informar a SS.SS. sobre
el objeto de esta comparecencia, y en el borrador del acta,
que no está aprobada porque ha sido la última reunión de la Comisión
permanente, borrador que se nos ha enviado a los miembros de la
Comisión y que aprobaremos en la reunión que tendrá lugar esta tarde,
bajo el epígrafe «Restauración del Caballero de la mano en el pecho»,
reza así: El director -insisto en que estoy leyendo un borrador de un
acta- hace referencia a la polémica aparecida en la prensa sobre este
tema e indica que en todo momento esta dirección y la entonces jefe
de departamento de pintura española, doña Trinidad de Antonio,
estuvieron informados del proceso de restauración de esta obra así
como de los criterios aplicados. Don Julio López indica que en las
restauraciones no sólo hay problemas técnicos, sino también de otro
orden. El señor Pérez de Armiñán pide que para las restauraciones de
las obras emblemáticas del museo del Prado se lleve a cabo un
simposium internacional. El señor Pita manifiesta su acuerdo con la
propuesta del señor Pérez de Armiñán y recuerda el simposium en torno
a la restauración de Las Meninas. Esta es la información que puedo
transmitirles del borrador del acta que ha elaborado la Secretaría de
la Comisión permanente del Real Patronato del Museo del Prado.
No sé si a los señores diputados les puede interesar el resto de la
documentación, los estudios que se han hecho y que se han remitido al
diputado don Manuel Alcaraz Ramos en los meses de marzo y abril,
según la información que se me ha facilitado, porque los había
pedido, pero es evidente que se pueden hacer extensivos a todos los
diputados que lo soliciten. Es más, en la Comisión permanente del
museo del Prado se me pidió que trasladase a esta Comisión, a través
de su Presidencia, el ofrecimiento por parte de la dirección del
museo, del presidente del Real Patronato y de los servicios técnicos
de la casa de que se pudiese contemplar la restauración y facilitar
toda la información técnica que está en la base de esta restauración
en los aspectos técnicos, históricos y artísticos, sobre los que yo,
desde luego, no soy competente. Pero no sólo es que no lo sea
política o jurídicamente, que es una cuestión que se podrá debatir,
sino que reconozco mis limitaciones y que no soy competente sobre los
criterios con que se deben restaurar estas obras, que es un asunto
polémico sobre el que hay criterios muy diferentes.
Creo que podemos tener la tranquilidad de contar en el museo del
Prado con uno de los mejores equipos de restauradores del mundo,
reconocido además universalmente por su competencia, por su rigor y
por el estado de conservación de las obras del museo que han podido
ser restauradas, pues hay muchas que esperan restauración. Esto es
altamente satisfactorio, sin perjuicio de que en torno a estas obras
especialmente emblemáticas surja la polémica y entren ya las
opiniones personales, muchas de ellas desde luego basadas en
criterios científicos o históricos académicos, unos con una posición
y otros con otra. Yo carezco de estos criterios, aunque sí tengo
criterios personales y puedo decir que a mí me gustaba más, como
espectador, El caballero de la mano en el pecho antes que ahora, pero
creo que las opiniones o los gustos personales de quienes tenemos
funciones políticas eventuales no deben ser relevantes.
En el caso de esta obra, quienes tienen encomendada estatutariamente
la responsabilidad de la custodia de las obras, de fijar los
criterios y de vigilar que estos trabajos de restauración se acometen
con las debidas garantías técnicas e históricas, como son el director
del museo y la jefe del Departamento de pintura cuando se acometió la
restauración, según acabo de informarles, han estado siguiendo en
todo momento el proceso de restauración de esta obra y consideran que
el procedimiento y el resultado han sido satisfactorios, buscando
devolver la obra con la mayor aproximación posible a como fue pintada
entonces, liberándola de repintes que se han ido incorporando en el
siglo pasado y que de alguna manera formaban parte de la imagen que
todos teníamos de esa obra de arte, una de las más representativas de
la pintura española y una de las obras emblemáticas del museo del
Prado.
Esto es todo, al menos en esta primera intervención, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortés. Le agradezco la
concisión con la que se ha expresado, que agilizará mucho la reunión.
Como sólo ha sido solicitada esta comparecencia por el Grupo
Parlamentario Mixto, doy la palabra al señor Alcaraz en primer lugar
y luego, por el orden establecido, intervendrán los grupos que así lo
deseen.
El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo, en nombre de Nueva Izquierda,
agradeciendo al señor Cortés la información aportada porque nos
parece un tema suficientemente grave como para traerlo a colación en
esta Comisión, no sólo por lo que tenga en sí sino por lo que tiene
de simbólico.
Manifestaba usted que existe una documentación que he de indicarle
que, quizá por trámites burocráticos, no ha sido recibida. He de
indicarle también que usted alude a una reunión de la permanente del
patronato, celebrada el 7 de abril, que ha leído un borrador en el
que poco se dice y no sabemos si ahora tendremos que pedir la
comparecencia del director del museo del Prado porque la verdad es
que se dice poco.
Lo que sí es verdad es que, según la respuesta que daba el Gobierno,
El caballero de la mano en el pecho, de El Greco, fue restaurado en
1997, a plena satisfacción de la dirección del museo del Prado, y que
la firma inscripción Doménikos Theotokópulos epoeiei, que aparecía
en dicho cuadro, no es autógrafa de El Greco, pero que de todas
maneras no se ha eliminado sino que simplemente ha sido cubierta con
unas veladuras que conservan dicha firma inscripción. Está fechada el
25 de marzo y es la primera respuesta que da el Gobierno. A nuestro
modo de ver, esta respuesta es atrevida, por no decir temeraria,
porque aquí la pregunta sería muy sencilla: ¿cómo sabía al menos en
esta fecha, el Gobierno que la firma no era auténtica, por no hablar
de otros conceptos a los que luego me referiré?
En algún otro debate, especialmente en uno que a mí me es
especialmente caro sobre el traslado de La dama de Elche
provisionalmente a aquella ciudad, recordará el señor Cortés cómo el
Gobierno se refugió en la opinión
de los especialistas, y no digo que no sea así; yo tampoco soy
especialista, por tanto, mi intervención tampoco se puede situar en
eso, pero sí en detectar que la cultura no es un espacio autónomo de
control político y que hay ciertos elementos que afectan a la primera
pinacoteca del mundo que deben ser tratados en esta Comisión.
Insisto, ¿cómo sabía el Gobierno que era falsa esta firma?
Por no acertar, el Gobierno no acierta ni en la fecha; en esta
respuesta escrita dice que fue en 1997 y, como usted ha dicho ahora,
fue presentado en diciembre de 1996, con motivo de la exposición El
Greco, su revalorización por el modernismo catalán, celebrada en el
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Por tanto, como decía, hasta en
esa anécdota el Gobierno no acierta.
Yo me hubiera quedado más tranquilo si usted, en su intervención de
ahora o en esa respuesta por escrito, nos hubiera aportado la
certidumbre de algunos estudiosos, de algunos historiadores del arte,
de algunos especialistas en El Greco que hubieran dicho hasta la
fecha que la firma no era auténtica. Yo no soy especialista, pero me
va a permitir con toda humildad el señor secretario de Estado y los
miembros de esta Comisión que, sin abundar, les cite que Cossío, en
1908; Mayer, en 1926; Camón Aznar, en 1950; Angulo, en 1956; Soehner,
en 1957; Wethey, en 1967, por cierto en una obra llamada El Greco, su
escuela, que incluye un estudio específico sobre la firma de El
Greco; Gudiol, en 1971; Frati, en 1982; y Pita Andrade, en 1992,
siempre habían identificado la firma como auténtica. A mayor
abundamiento, el último artículo publicado sobre El Greco en el que
se habla de esta obra, si no estoy equivocado, es del señor Pita
Andrade, miembro por cierto del patronato que usted acaba de citar, y
se incluye en el catálogo de la exposición El Greco, identidad y
transformación, que está en el museo Thyssen, muy cerca de aquí. En
ese artículo, titulado El Greco en España, Pita Andrade, que glosa
como beneficiosa la restauración, dice: firmado una vez más con
letras capitales.
Por si fuera poco, en la exposición celebrada en Barcelona entre 1996
y 1997, a la que he hecho mención, en la ficha técnica de esa obra,
es decir, la primera vez en que esa obra aparece públicamente
restaurada, aparece como: óleo sobre lienzo, 81 ´ 66 centímetros,
firmado con caracteres griegos en el lado derecho: Doménikos
Theotokópulos epoeiei. Aparece como firmada. ¿Sabe usted quién firma
ese artículo? Don Fernando Checa, director del museo del Prado; el
primer artículo que se publica después de la restauración de esta
obra. Es curioso que, según dice el Gobierno, se haya hecho a plena
satisfacción del director cuando, por lo visto, el director no había
visto la obra restaurada y no se había dado cuenta de que ya no
estaba la firma. Es muy curioso.
Hay que indicar, sin entrar en ese terreno en el que nosotros no
vamos a entrar, en el debate de escuelas sobre criterios de
restauración, que al menos algunos importantes especialistas,
desgraciadamente algunos en privado -y luego dice que por qué en
privado- han denunciado otros elementos de la restauración. En primer
lugar, sobre el fondo, el criterio de los repintes. Yo no lo voy a
decir taxativamente porque no soy especialista, doctores debe tener
la Iglesia Se ha dicho que quizá lo
que se haya dado por repintes se refería a una superposición de capas
original, lo cual no quiere decir que no haya podido haber otros
repintes posteriores, pero sí una superposición de capas original,
propia del manierismo veneciano, que podría explicar la oscuridad del
cuadro y también que en esas capas fuera donde estuviera la firma.
Hay un interesantísimo informe de doña Carmen Bernis, especialista de
reconocido prestigio mundial sobre indumentaria y arte, donde se
indica cómo han desaparecido elementos, hasta el punto de que algunas
de las características de la indumentaria actual, después de la
restauración, no se corresponden con la realidad histórica de la
época de la pintura. En cuanto a la espada, que es uno de los
elementos iconográficos más fuertes, ha sufrido también una merma de
color, ha sufrido una merma de elementos; además, una de las cosas
curiosas que no se ha explicado es por qué -algo que no se da
prácticamente en ninguna otra obra del museo del Prado- se ha
superpuesto o se ha pegado al marco de la obra un pequeño listón que,
entre otras cosas, oculta el lazo del gavilán, es decir la parte
redondeada de la empuñadura de la espada, que es uno de los elementos
más poderosos del cuadro y que ahora no se ve.
Yo no quiero criticar al restaurador, porque ésa no es mi misión; lo
que sí quiero -y no sé si todos los análisis pedidos, incluidos las
estratigrafías, están en esa información que usted trae- es el
dossier entero, que habrá que estudiarlo; quiero saber la cadena
exacta de autorizaciones según los estándares de la museística
internacional y quiero saber, en definitiva, a la vista de ese
artículo del director del museo del Prado, si de verdad había visto
la obra restaurada.
También me gustaría que me explicara, desde mi ignorancia, qué es eso
de veladuras, porque, una de dos, si se afirma que la firma no era
auténtica y se decide eliminarla, una cosa es el debate entre
escuelas y otra es que me gustaría que me diera ejemplos de obras de
la importancia de El caballero de la mano en el pecho que hayan
sufrido este tratamiento últimamente en algún museo del mundo.
Además, si se opta por borrar, óptese por borrar, pero ¿qué es eso de
veladuras? Que si sí, que si no... La impresión que da es que se ha
borrado en parte, lo que pasa es que han permanecido unas levísimas
señales de pigmento. Pero hay otro elemento. Es curioso que se decida
velar porque, al parecer (o existe una posibilidad), no era auténtica
la firma, pero que se conserve -no tengo otra cosa que enseñar que
esta pequeña foto ya de la restauración- un número de inventario que
obviamente no lo pintó El Greco, el 1.136. ¿Por qué se borra la firma
y, sin embargo, se mantiene un añadido cuando, digamos, desafía toda
la lógica del argumento que hasta entonces se daba?
Ignoramos si el desaguisado va a poder ser reparado; no lo sabemos.
Desde luego lo que sí parece es que la idea que tiene el patronato
(que no lo tendrá tan claro cuando pide un simposio sobre
restauración) es que debería someterse la cuestión a un comité
independiente. Yo creo que, en este momento, eso sería lo que mejor
restauraría -y perdón casi por el juego de palabras- el prestigio del
museo del Prado y no establecer muros de silencio sobre la cuestión.
Lo que es de todo punto inadmisible
es que con posterioridad a la aparición de este elemento en la
opinión pública se emitan dos instrucciones de la dirección del museo
del Prado, por cierto, con membrete del Ministerio -no quiero decir
que el señor secretario de Estado tuviera conocimiento o tuviera que
aprobarlas-, que por su brevedad voy a leer a SS.SS.
La primera, del 10 de febrero, dice: por la presente pongo en tu
conocimiento que las visitas de especialistas para consultar obras de
arte del museo tienen que ser autorizadas previamente por el
director. No sé si es práctica habitual en los mejores museos del
mundo que los especialistas tengan que pasar directamente por el
filtro del director.
La segunda, del 23 de marzo, dice: por razones de operatividad, a
partir de la recepción de esta instrucción todo comentario, artículo
o entrevista que se les solicite por cualquier medio de comunicación
social sobre actividades o actuaciones de su labor competencial o del
propio museo se canalizará siempre a través del servicio de prensa,
órgano que a su vez lo pondrá en conocimiento de la dirección previa
a su difusión. Va dirigido a todo el personal, técnico y científico,
del museo del Prado, y obsérvese que incluso se habla de artículos.
Insisto en si me puede presentar algún museo importante del mundo con
un principio de censura previa, prohibido taxativamente por nuestra
Constitución y que afecta directamente al principio de libertad de
creación científica.
Por tanto, nos parece que no se ha seguido el camino correcto, que no
se ha dado la cara. Gustan de repetir el señor secretario de Estado,
el ministro del ramo y el presidente del Gobierno que el Prado es
política de Estado. En eso estamos de acuerdo: debe ser política del
Estado. Hemos estado de acuerdo en la necesidad de ampliación, en la
necesidad de aportar fondos -por cierto, aunque este año la dotación
se redujo en más de 360 millones-. Eso sería política de Estado, pero
esa política de Estado requiere mucha más seriedad, y seguramente
esto no es más que la punta del iceberg de cosas que no se están
haciendo bien en el museo del Prado.
Con independencia de los niveles de autonomía, el Gobierno, que acude
presuroso a ponerse las medallas y a inaugurar cualquier cosa,
también tiene que venir aquí a asumir su responsabilidad política. Va
a hacer falta más rigor en la gestión (nosotros al menos vamos a
estar controlando estrechamente eso) y, sobre todo, un respeto
extremo a las obras. Algo está fallando, e, insisto, en última
instancia el Gobierno es responsable. El señor don José María Aznar
ha repetido, en una frase llena de ingenio, que el museo del Prado es
el buque insignia de nuestro Gobierno. Pues, por favor, señor
secretario de Estado, que no haga agua y que los grumetes no lleven
el rumbo.
El señor VICEPRESIDENTE: Si este presidente no está mal informado, de
los grupos presentes han solicitado la palabra el Grupo Socialista y
el Grupo Parlamentario Popular. (Por el señor secretario de Estado se
manifiesta el deseo de contestar seguidamente a la intervención del
señor Alcaraz Ramos.) El señor secretario de Estado podrá contestar
al final de todas las intervenciones. (El señor secretario de Estado,
Cortés Martín, insiste.) Señor Cortés, el Reglamento indica en
estas comparecencias el orden de las intervenciones: corresponde
hablar en primer lugar a los que han solicitado la comparecencia,
luego hablan los que no la han solicitado pero desean hacerlo y al
final cierra el compareciente. No hay más. (El señor Cortés Martín:
¿No podríamos apelar al Reglamento? Me parece que no es así.) El
letrado puede decirnos exactamente qué es lo que hay. (Por el señor
letrado de la Comisión se procede a la lectura del artículo
correspondiente del Reglamento del Congreso.)
Como saben SS.SS., las comparecencias se producen siempre de este
modo, que no sabemos si es el más racional, probablemente lo que dice
el señor secretario de Estado esté lleno de sentido, pero no nos
ampara el Reglamento, que quizá algún día habrá que reformar.
Siguiendo con lo que nos indica el Reglamento, doy la palabra en
primer lugar a la señora Valcarce, en nombre del Grupo Socialista.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, el Grupo
Socialista quiere transmitirle nuestra preocupación por la situación
que se ha generado en torno a la restauración de una obra emblemática
como es El caballero de la mano en el pecho. Nos preocupa porque
entendemos que es acertada la decisión de abordar la restauración de
esta obra. También consideramos irreprochable la decisión de encargar
la restauración a don Rafael Alonso, al cual no sólo le avala su
currículo académico, su amplísima experiencia profesional, sino el
reconocimiento nacional e internacional por ser un experto, sin lugar
a dudas, en la restauración de la obra de El Greco. Hasta aquí, nada
que objetar. Pero usted no ha disipado ninguna de las dudas
razonables que esta restauración ofrece.
La primera de ellas es que hay evidencias ciertas -al menos, según la
información que ha llegado al Grupo Socialista- de que no se han
tenido en cuenta los protocolos habituales cuando se inicia una
restauración de esta índole. Esta es nuestra primera pregunta: por
qué razón no se ha seguido con el rigor, con la precisión, con la
exquisitez con que debiera haberse abordado esta restauración. Por
qué no existen, o al menos no han llegado a nuestro poder, los
informes previos a cualquier restauración. Por qué razón no se ha
acudido a las personas que forman parte del equipo de restauración
del museo del Prado, indudablemente el mejor equipo del mundo,
posición que compartimos con usted tal como la ha expresado hoy aquí.
Por qué no se han hecho los estudios habituales que se hacen en estos
casos. Cuáles son las razones y el porqué de esta precipitación, y,
sobre todo, por qué no se han seguido los cauces habituales. Da la
sensación de que aquí se ha llevado a cabo una restauración más
propia de una colección particular que la restauración de una obra
emblemática de un autor de la relevancia de El Greco, además
realizada por una institución que es la primera del mundo en su
categoría, el museo del Prado. Sin lugar a dudas, esta es la primera
de las incógnitas que usted debería haber despejado hoy aquí.
Desde hace dos años hay una gran polémica en los medios artísticos y
académicos, y los medios de comunicación se han hecho eco de la
preocupación ciudadana
por el resultado de esta restauración. Aun no siendo especialistas,
en el Grupo Socialista también queremos hacernos eco de lo que ha
sido unánimemente criticado por los especialistas y expertos en el
tema, que abarca los siguientes aspectos.
Como resultado de una restauración que algunos han calificado de
agresiva, hay cuestiones que deben ser dilucidadas. Por ejemplo, por
qué ha desaparecido el fondo negro del cuadro, lo que el señor Checa
llama los intensos repintes; por qué ha desaparecido el aura luminosa
que envuelve a la figura de El caballero de la mano en el pecho; por
qué ha desaparecido el barniz nacarado tan característico de la obra
de El Greco; cuál es el motivo de que se haya retocado con pigmentos
la nariz; por qué se ha recortado el hombro derecho en todo su
perfil; por qué se han modificado de una forma tan intensa los
ropajes, lo que ha motivado críticas muy aceradas, porque se entiende
que ha desaparecido todo rastro de botones, costuras, el brillo de la
seda, los brahones de la ropilla, etcétera; hay una modificación muy
clara de la empuñadura de la espada, y lo que más ha llamado la
atención, señor secretario de Estado, es la desaparición de la firma.
Puede haber razones técnicas que justifiquen estas modificaciones.
Sin duda usted, en su segunda intervención, hará uso de ellas. Pero a
nosotros, una vez más, lo que nos preocupa es el método seguido.
Cuando se aborda la restauración de una obra de estas características
indudablemente se va a abrir una gran polémica, y nosotros entendemos
que eso es beneficioso, porque en el momento en el que hay contraste
de opiniones podemos salir todos ganando: podremos conocer más de la
obra de El Greco, podríamos haber conocido más y mejor el Prado y
podríamos haber llegado más lejos en este conocimiento. ¿Polémica?
Indudablemente todas las restauraciones llevan consigo el germen de
la polémica, pero no pensábamos que esto fuera a conducirnos a la
intensa polémica de la restauración de la Capilla Sixtina. Ahora
bien, sí le recuerdo cómo se realizó la restauración de Las Meninas,
que desde nuestro punto de vista fue un ejemplo excelente de cómo
debe abordarse una restauración. Esa excelencia es la que hubiésemos
deseado aquí.
Hay otro ejemplo muy reciente, porque si usted tiene razones
técnicas, de orden científico en relación con decisiones que hay que
tomar, desde luego esas decisiones no pueden quedar ocultas; la
transparencia es muy importante en la comunicación con la comunidad
científica y con todos los ciudadanos que estamos interesados por la
cultura. Permítame que le recuerde cómo se afrontó la restauración
del cuadro Las Hilanderas, de Velázquez. Usted sabe muy bien que en
la parte superior de este cuadro aparecieron unos repintes
posteriores y que hubo un amplio e interesantísimo debate, tras el
cual se tomó una decisión finalmente, una decisión que todos
aceptamos aun no compartiéndola, que era mantener en la parte
superior aquel repintado posterior por el enorme interés histórico
que comportaba. Si alguna de estas decisiones se hubiera tomado
mediante este procedimiento, desde luego todos habríamos salido
ganando, en primer lugar la comunidad científica y, por supuesto,
absolutamente todos los ciudadanos y la cultura de nuestro país,
pero no lo han hecho así. Yo lamento que usted no le haya dedicado ni
siquiera un minuto a la cuestión que más debate y mayor preocupación
ha suscitado, como es la de la firma, y, sobre todo, que el Gobierno
haya respondido por escrito que esa firma no es autógrafa de El
Greco. Lo ha dicho antes el señor Alcaraz, y también el Grupo
Parlamentario Socialista ha revisado la bibliografía más conocida
acerca de El Greco, tanto la tradicional como la última y más
especializada, y no sólo no se pone en cuestión, es que nadie afirma
que esta firma sea falsa, no se pone en duda, por lo que debe haber
serios motivos y usted debe tener una información relevante para
poder afirmar que dicha firma es falsa. Es lamentable el hecho de que
cuando se tomó la decisión de eliminar la firma, según el
restaurador, o de colocar una veladura reversible, según el señor
Checa, director del museo del Prado, no se comunicase a la comunidad
científica y al público en general un hallazgo de esa relevancia, de
esa trascendencia. ¿Cómo es posible que no se comunicase y que no se
abriese al menos un debate contradictorio sobre la cuestión?
Todo esto, señor secretario de Estado, nos lleva a concluir con una
cuestión, la forma en que se ha afrontado esta restauración. Desde
luego, se han conculcado los procedimientos de rigor habituales en
todos los museos vinculados al ICOM, siendo esto de una gravísima
responsabilidad. Se ha eludido el debate y, además, se ha intentado,
lo que es muy grave, señor secretario de Estado, impedir que la
polémica, que debe de ser enriquecedora, haya podido llegar a la
opinión pública con los criterios de autoridad de las personas que
han intervenido o no en la restauración, y todo ello porque la
dirección del museo del Prado es la última responsable de la
restauración. No se puede llevar este asunto de la manera en que se
ha llevado aquí, no es aceptable entre la comunidad científica,
corriendo el riesgo de incurrir en gravísimos resultados como el que
aquí nos trae.
Usted ha empleado la mayor parte de su intervención en eludir de
alguna manera sus responsabilidades, pero, señor secretario de
Estado, usted tiene toda la responsabilidad política. Le voy a
recordar las palabras del presidente del Gobierno, del señor Aznar:
si el museo del Prado es el buque insignia de la política cultural de
este Gobierno, lo que ello está evidenciando es que la política
cultural del Gobierno está marcada por la falta de rigor científico,
por la indiferencia hacia la cultura y, desde luego, por un recorte
presupuestario escandaloso.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Rodríguez Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor presidente, soy de la
opinión de que en su intervención el señor secretario de Estado
debería haber contestado al señor Alcaraz, pero pudiendo a su vez
utilizar la réplica, aunque no entro en ello.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora RodríguezSalmones, el Reglamento es
como es. Usted sabe, porque lo hemos vivido repetidas veces en esta
Comisión, que en las comparecencias interviene en primer lugar la
autoridad que comparece, luego la de los grupos ordenada según nos
indica el Reglamento y finalmente responde la autoridad compareciente
y cierra. Hay muchas preguntas que uno se podría hacer, no sólo la
que ha suscitado el secretario de Estado, una de ellas por qué en
este tipo de comparecencias no se debe producir réplica cuando parece
que eso no favorece a veces el debate. No obstante, nuestra misión es
cumplir el Reglamento y, en caso de que se considere mayoritariamente
necesario, se reformará en el momento en que se pueda, de manera que
vamos a cumplir el Reglamento, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Estoy absolutamente de acuerdo
con que hay que respetar lo que usted está diciendo, señor
presidente. Lo único que quiero manifestar es que me parece tan
forzada mi intervención que sencillamente me gustaría hacerla muy
breve, porque no creo que deba interferir en la cuestión que ha
planteado el grupo preguntante.
El señor VICEPRESIDENTE: Se lo agradecemos.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Lo único que quiero resaltar,
sin entrar para nada en más porque contestará el secretario de
Estado, es la importancia que el grupo que apoya al Gobierno da a lo
que el secretario de Estado ha recalcado y que me parece que quizás
no estamos respetando tanto. Se habla de eludir, de refugiarse en la
opinión de los expertos. Nosotros asumimos toda la responsabilidad
política, administrativa, de gestión, etcétera, pero la asunción de
esta responsabilidad consiste en respetar la opinión de los expertos.
Eso es tomar una decisión, no eludirla ni refugiarse en ella; la
decisión es precisamente la del respeto y la de no inferir en esto.
¿Cuál es la responsabilidad? Nombrar a los mejores. ¿Estamos
cuestionando aquí el departamento de restauración, la dirección del
museo del Prado o el departamento de pintura correspondiente? Supongo
que no y, por lo tanto, ellos tienen esa responsabilidad. El equipo
de antes y el de ahora han tomado todas las decisiones y nosotros
respetamos toda la cadena, incluidas las decisiones que se tomaron
sin estar presente este Gobierno. Para nosotros es una cuestión
realmente imposible de cuestionar, valga la redundancia, el respeto a
esta cadena y, naturalmente, la exigencia de rigor en la gestión de
la misma. Nosotros no estamos atreviéndonos a cuestionar la gestión
del departamento de restauración o la del departamento de pintura
española ni tampoco la dirección del Prado, ni por supuesto el
patronato, porque creo que todos estamos de acuerdo en cuanto al gran
respeto técnico y científico que nos merecen. Por lo tanto,
sencillamente agradezco las opiniones, señal de que a todos nos
importa mucho la pintura, cosa que es buena; ahora bien, dicho eso,
me pregunto cómo me atrevería yo a cuestionar la opinión de los tres
puntos de responsabilidad que hay en el museo del Prado.
El señor VICEPRESIDENTE: Ahora, para cerrar y contestar a todas las
preguntas que se han suscitado, tiene la palabra el señor secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, yo creo que una de las mejores cosas que le ha ocurrido
al patrimonio histórico español es el acuerdo parlamentario que se
logró en la pasada legislatura en esta misma Comisión, cuando era
otro el Gobierno de España. Esto ha permitido al patrimonio histórico
español, primero, que proyectos que estaban pendientes se aprobasen
y, segundo, que en esta legislatura, lejos de haber ningún recorte
presupuestario, se hayan duplicado los correspondientes a inversión,
así como que se puedan acometer estos proyectos, a largo plazo, en
las grandes instituciones culturales, que no podían estar sujetos a
los cambios naturales de la vida política o administrativa. Es
evidente que ese acuerdo parlamentario debe ser algo vivo y sometido
en todo momento a ajustes o controles. En modo alguno este acuerdo
parlamentario puede significar que se eluda un debate en la Cámara,
ante los representantes de la nación, que son los representantes de
los propietarios de esos bienes culturales y los responsables últimos
de su custodia ante la comunidad científica o la opinión pública
nacional o internacional puesto que no estamos hablando de unos
bienes que sólo importen a la opinión pública o a la comunidad
científica española. Por lo tanto, siendo como es el acuerdo
parlamentario la pieza clave de toda la política que se pueda hacer
en materia de patrimonio, si en la Comisión de Educación y Cultura
del Congreso de los Diputados se considera que hay cuestiones que no
funcionan de manera satisfactoria, puede tener la garantía, señor
presidente, de que el Gobierno toma nota de ello y anuncio la
voluntad de tener una reunión con todos los portavoces de los grupos
parlamentarios para ver cuáles son las cuestiones en las que este
acuerdo parlamentario necesita ser ajustado o complementado, porque
sin duda esta es la pieza básica para que se pueda acometer una
política de patrimonio responsable en España.
Uno de los puntos del acuerdo parlamentario de la pasada legislatura
era reforzar la autonomía de las instituciones culturales,
precisamente para dejarlas al margen de los cambios naturales que se
deben producir en cualquier sociedad democrática. Uno de los
elementos de este reforzamiento de la autonomía era el que los
patronatos de estas instituciones, aquellas que la tenían y con el
ánimo de incrementarla en otras, tuviesen esta composición mixta de
representación de la Administración de turno, de la sociedad, y de
los expertos, que garantizase esa continuidad de las instituciones y
de los proyectos que acometiesen y les preservasen de este otro ciclo
político natural. Es evidente que quien tiene en cada momento la
responsabilidad política de impulsar, de dotar, de vigilar el que se
cumplan las normas, debe ser controlado por esta Cámara, a la que
tiene que hacer frente, y por la opinión pública.
Hay un asunto difícil, que no escapa a SS.SS. -todas son conocedoras
de la política cultural-, que son estos límites entre lo que es el
dirigismo y el ponerse de canto cuando se tienen unas
responsabilidades, es decir, dejar que sean otros los responsables.
Yo tengo unos criterios personales sobre cómo me gustaría que se
hiciesen las restauraciones o sobre qué programación preferiría que
tuviesen los teatros, la ópera o el cine, pero creo que debe
ser irrelevante. Esto tampoco puede llevar a decir que todo tiene que
estar en manos de los técnicos, porque sino no tendría razón de ser
la existencia de políticos en puestos de responsabilidad para tomar
decisiones. Por lo tanto, es una cuestión de límites. Los extremos
son los más fáciles de diferenciar, pero hay unas zonas fronterizas
que por lo que puedo percibir de algunas intervenciones hay que
perfilar.
La voluntad del Gobierno es ponernos inmediatamente a la tarea de ver
esta definición. Probablemente hay que hacer ajustes en la estructura
de unos organismos, ya que a veces se puede pensar que, amparados
precisamente por este acuerdo parlamentario, lo que ocurre es que
todas las decisiones se dejan en manos de los gestores, sin que
tengan que rendir cuentas ni a la opinión pública ni a la comunidad
científica ni al Parlamento, que decidió reforzar su posición de
autonomía al margen de los vaivenes políticos.
He dicho en mi primera intervención que es el Reglamento, pero no
deja de ser un Reglamento que se debería interpretar de otra manera
en este punto, porque no es muy lógico. A mí lo que se me ha pedido
es mi comparecencia para explicar la restauración del Caballero con
la mano en el pecho. Si no he dicho nada sobre la firma o sobre otras
cosas es porque se me ha pedido una intervención genérica. Si hubiese
habido una intervención previa de quien pide la comparecencia
acotando cuáles son los límites de la comparecencia, lo podría haber
dicho. Lo diré ahora y lamento, que no haya luego un turno de
réplica, porque sobre este punto -insisto- la principal preocupación
del Gobierno es que la transparencia sea completa y que todos los
españoles, empezando desde luego por quienes tienen encomendada en la
Comisión de Educación y Cultura la representación de la nación en
esos bienes que son centrales en el patrimonio de la nación, lo
consideren como algo propio que les afecta y que saben lo que tienen
bajo el control de los objetivos nacionales que se marcaron en el
seno de este acuerdo parlamentario. Lo que dije entonces y reitero
ahora mi incompetencia profesional, por así decirlo, para explicar
las estratigrafías y la composición química de los repintes, las
fluorescencias y las reflectografías. Todo esto figura en la
información -tampoco entienda nadie que pretendo echar balones fuera-
de lo que de mis pecadores manos ha salido con dirección a su
señoría. Si todavía no ha llegado, lo siento, pero he dicho que tenía
aquí los informes, que se han solicitado a la dirección del museo y
que los ha facilitado. Pregunta la señora Valcarce que por qué no los
tiene ella. Sencillamente porque no los ha pedido. Quien los ha
pedido es el señor Alcaraz. El señor Alcaraz sí los ha pedido y se
los hemos facilitado. Resulta que algunos no le han llegado, pero yo
se los ofrezco. Lo único que queremos -es una preocupación obsesiva-
es que sobre esto hay una información y una transparencia plena. En
el museo del Prado y en todos los museos nacionales se restauran
infinidad de piezas y todas ellas tendrán su expediente y sus
informes, que están a disposición de quien lo solicite.
Si el Gobierno contestó sobre la firma, como han recordado los
señores diputados, pueden tener la absoluta seguridad de que una de
las muchas cosas que el
Gobierno ignora es si las firmas que aparecen en los cuadros de El
Greco son verdaderas o falsas. Lo que pasa es que hay un informe del
señor Alonso, que con un poco de suerte encontraré entre este barullo
de papeles, que paso a leérselo en ese punto. En un informe que envía
al director del museo del Prado, por una solicitud de información que
formula el diputado señor Alcaraz, fechada el 4 de marzo y que tiene
fecha de salida de la Secretaría de Estado de Cultura a la Secretaría
de Relaciones con las Cortes, del día 9, dice literalmente (paso a
leerlo puesto que parece que es uno de los puntos que más
intranquiliza a los señores diputados): al levantar los repintes
aparecieron estucos de diferentes épocas. Los más antiguos tienen una
tonalidad ocre-amarillenta. Hay muchas faltas pequeñas y grietas que
no fueron estucadas y el repinte negro aparece directamente sobre el
lienzo original sin imprimación. Fui levantando todos los repintes
para recuperar la pintura original en el estado en que nos ha
llegado, para dejar todos los daños a la vista, pero la zona donde
está la firma quedó reservada y sólo la limpié superficialmente.
En este punto se volvió a mandar el cuadro de nuevo al gabinete
técnico para que analizase la firma. La respuesta fue que la firma
está sobre la pintura negra del fondo y que está hecha con blanco de
plomo. Fase cuarta. Limpié con sumo cuidado la zona que había
reservado con la firma, fui rebajando la pintura negra cuidando de no
eliminar totalmente la firma. Como al final era imposible quitar
completamente el color negro sin que la firma desapareciese, dejé
parte del repinte y parte de la firma porque, aunque es evidentemente
falsa, creímos que era conveniente dejar el testimonio de que el
cuadro durante un tiempo al menos tuvo una firma y que ésta además
era conocida. Como esa zona quedaba más oscura y los restos de la
firma alteraban la visión del cuadro, durante el proceso de
reintegración de las faltas velé la zona de la firma con una ligera
capa de color gris transparente para unificar el color del fondo de
la pintura. Consideraciones sobre la firma. La firma en mayúsculas
griegas y en color blanco es insólita en los retratos de El Greco. Es
la única de este color que aparece en un retrato de cualquiera de los
períodos de su actividad, todas las demás son de color negro sepia y
en letras minúsculas. En la colección del museo nacional del Prado
recuperé la firma en el retrato de un caballero con número de
catálogo 813, que estaba debajo de los repintes del color del fondo,
que habían sido hechos también para oscurecer el cuadro como en otros
retratos de la colección de El Greco. La firma en color blanco
empastada está situada sobre el fondo del lado derecho, en parte
estaba sobre la ampliación del cuadro realizada al sacar los bordes
del lienzo que volvían en origen sobre el bastidor al agrandar la
pintura al forrar el cuadro. Debajo de la firma aparece el color
negro con que había sido oscurecido el fondo del cuadro.
Evidentemente, si la firma está sobre el color negro que cubre el
color original del fondo y sobre la ampliación del añadido de pintura
original, la firma no es auténtica. No obstante, durante el proceso
de limpieza, al levantar los repintes siempre reservé esa zona de la
firma sin limpiar del todo para no borrarla. Al final, limpié lo que
pude, dejé parte de la firma y velé la zona para que
no desentonase. Madrid, 4 de marzo de 1999. Firmado, Rafael Alonso
Alonso.
Estos son los datos en los que el Gobierno traslada la respuesta a
una solicitud que formula un diputado de esta Cámara. Comprenderán
que el Gobierno no puede saber sobre todos los procesos de
restauración que se están haciendo en todos los museos nacionales y
lo que ha de tener es la confianza en las personas a las que ha
encomendado una responsabilidad en el marco de unos estatutos de las
instituciones culturales, conocidos y acordados, pero que -insisto- a
lo mejor se tienen que cambiar y ésta, desde luego, es la voluntad
del Gobierno.
Comprendo que la información del borrador de las actas es sucinta,
pero me parece sumamente relevante cuando dice el director que en
todo momento esta dirección y la entonces jefa del departamento de
pintura española, doña Trinidad de Antonio, estuvieron informados del
proceso de restauración de esta obra, así como de los criterios
aplicados. Esto es responsabilidad del director, según he leído en
los estatutos del museo del Prado. Si esto debe pasar a ser
responsabilidad de las autoridades políticas, se puede hacer, aunque
no sería muy funcional que cualquier proyecto de restauración en los
diferentes museos nacionales tenga que tener el visto bueno de una
autoridad política, la que fuese, antes de acometerse. Lo que ha
hecho el estatuto del museo del Prado es encomendar esta
responsabilidad al director y si el director dice que se ha seguido
el procedimiento correcto, no podemos decir mucho más. Insisto en que
esto lleva así desde el año 1996 y ha surgido ahora la polémica. Lo
que sí me preocupa es que se piense -o incluso que a lo mejor haya
sido así- que en este caso concreto no ha habido suficiente
información, en el supuesto de que ésta haya sido solicitada.
Comparto plenamente con la señora Valcarce que el criterio seguido en
la restauración de Las Meninas o lo que se hizo con Las Hilanderas o
en tantos otros procesos de restauración que ha tenido el taller del
museo del Prado ha sido perfectamente correcto, incluso ejemplar. Lo
he dicho en mi primera intervención cuando he calificado al equipo de
restauradores del museo del Prado si no como el mejor del mundo, no
conozco a tantos, sí como uno de los mejores del mundo y que, en ese
sentido, podemos tener la tranquilidad de que las obras del museo
están en buenas manos. Tengo esa impresión, pero estoy sujeto a
cualquier otra opinión, porque lo que sí me parece que es deber
irrenunciable de quienes tenemos responsabilidades ejecutivas y,
desde luego, de esta Cámara, haber puesto por nuestra parte todo lo
que está en nuestras manos para que los tesoros de la historia y de
la cultura española estén debidamente custodiados, debidamente
conservados y debidamente restaurados. Si hay algún fallo, se debe
corregir de manera inmediata. A juicio de la dirección del museo se
considera que aquí se ha seguido el procedimiento correcto.
En la comisión permanente se pensó, sin embargo, que para obras de
estas características debería irse todavía más allá de lo que dice el
propio estatuto. No es sólo que se hiciese un simposio con Las
Meninas, en estos últimos tiempos se ha hecho un simposio sobre El
Bosco que ha sido público, que ha estado abierto a expertos de
la comunidad científica y se ha presentado ya otra reunión
internacional parecida para acometer la restauración de obras muy
singulares y difíciles de restaurar de Tiziano, con patrocinio
privado. Esto se acordó en la última reunión, es decir, que estas
cosas se hacen. Se actuó así con la colección de escultura, que
también se está restaurando y en el que el proceso de restauración
está abierto a personas expertas o interesadas. Lo que más me
preocuparía es que pareciese o que fuese verdad que no sólo los
representantes de la nación, sino que cualquiera que tenga interés
justificado en ello, no pudiese acceder a esta información y conocer
cómo se están tratando en el museo del Prado obras que a todos nos
importa. Creo que es bueno que haya este debate y este interés sobre
estas obras. Sin embargo, para entrar más a fondo no en la cuestión
de procedimiento, sino en el debate sobre los pigmentos, el barniz
nacarado, la forma de la empuñadura, si el marco tenía que estar más
alto o más bajo, sinceramente yo no me considero capacitado. Podré
pensar que me gustaba más antes o de otra forma, es obligación del
museo del Prado facilitar esa información a todos los diputados que
tengan interés en ello y, desde luego, a la opinión pública y a la
comunidad científica que tenga interés en ello. Una de las
contrapartidas y exigencias inevitables de este acuerdo parlamentario
es que la información sea completa y que la transparencia sea
absoluta. ¡Hasta ahí podía llegar la broma!, que ahora un acuerdo
parlamentario fuese un acuerdo de oscuridad, para que ni lo que se ha
hecho antes ni lo que se haga ahora tenga un carácter polémico. Desde
luego, ésa nunca fue la intención del acuerdo parlamentario en la
pasada legislatura, donde yo estaba sentado en la posición política
que hoy ocupa S.S., ni lo es en ésta, en modo alguno. Cualquier
ajuste que haya que hacerse en este sentido, se hará.
Las cuestiones que se han planteado -al menos aquellas de las que yo
he tomado nota- pueden quedar contestadas. Toda la documentación que
ha solicitado el señor Alcaraz se le facilita directamente a él en la
medida en que es solicitud de informes, pero cualquiera de las
señoras y señores diputados que lo deseen pueden hacerlo, incluso la
que yo tengo aquí mismo la podemos fotocopiar directamente sin
necesidad de que pase por los trámites parlamentarios, que, por
supuesto, se respetarán plenamente porque así se ha solicitado la
información. Lamento de verdad que no les haya llegado. Acabo de leer
que uno de estos informes del museo del Prado se ha recibido el día 4
de marzo. Figura en nuestro registro que había salido esta
información, son bastantes las solicitudes de información y las
respuestas escritas que ha planteado el señor Alcaraz. A las
respuestas escritas, al publicarse en el Boletín, tienen acceso a
ella todos los miembros de la Cámara. Los informes se facilitan sólo
a quien los solicita, pero me interesa mucho decir que también en
cualquier otra cuestión, pero sobre todo en ésta que ha sido objeto
de unas manifestaciones de insatisfacción por parte de distintos
portavoces parlamentarios, pueden tener la seguridad de que el
Gobierno está dispuesto a contribuir a todo lo que tenga que ver con
la transparencia y a corregir lo que no haya funcionado
correctamente.
El señor VICEPRESIDENTE: Quiero señalarle, porque quizás es ahí donde
se ha producido la confusión, que el señor Alcaraz podía haber optado
por hacer una pregunta a S.S., con lo cual se hubiera conducido el
debate exactamente en los términos que usted parecía desear. Como lo
ha hecho solicitando una comparecencia, las cosas ocurren de otro
modo, según el Reglamento que nos asiste. (El señor Leguina Herrán
pide la palabra.)
Yo creo que el debate se ha producido ya. ¿Para qué desea hacer uso
de la palabra, señor Leguina?
El señor LEGUINA HERRÁN: Para aclarar a la Comisión y sobre todo al
secretario de Estado un punto de nuestra posición.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Entiendo que el debate está terminado, la
Presidencia ha aplicado debidamente el Reglamento y que, por tanto,
las opiniones de cada uno de los grupos respecto al Reglamento
huelgan en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guerra, la Presidencia intenta aplicar
el Reglamento, sin embargo el Reglamento asiste a la Presidencia para
que de una manera discrecional, según su propio criterio y por un
tiempo muy breve, pueda conceder una réplica. Como esta réplica ha
sido realmente solicitada por el señor secretario de Estado, voy a
pedir a los que han intervenido que la hagan -y algún diputado más si
quiere hacerlo puede hacerlo- según el punto tercero del artículo 203
que me asiste.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Cuestión de orden. Ruego se lea el
artículo, porque dice: Excepcionalmente, el presidente podrá abrir un
turno para algunas preguntas. Es decir, yo entiendo, señor
presidente, y así ha sido la tradición en esta Comisión, que cuando
comparece una autoridad, con su última intervención queda terminado
el debate. He estado oyendo el debate y el secretario de Estado ha
contestado a todas las preguntas que han hecho los dos intervinientes
anteriores. (El señor Alcaraz Ramos pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guerra, le agradezco que asista a la
Presidencia, pero tengo una experiencia casi tan larga como la de S.
S. y sé que los presidentes han utilizado el artículo 203 cuando les
ha parecido lógico dar un mínimo tiempo de réplica. Si yo tengo en
este caso el deseo de hacerlo es por la insistencia del secretario de
Estado, que en su segunda intervención también ha hecho referencia a
que lamentaba que no hubiera la posibilidad de un turno de réplica,
con lo cual voy a hacer uso del artículo que me asiste para preguntar
a los portavoces si, por espacio brevísimo de dos minutos, quieren
hacer una réplica.
El señor Alcaraz, en primer lugar.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
al menos por su tono, que yo, diría, sin ningún ánimo de incidir en
nada, que refleja una cierta incomodidad por un tema que sin duda es
incómodo seguramente para todos, pero quizás más para él.
Puestos a hacer preguntas, me gustaría conocer la opinión del
secretario de Estado, sin necesidad de recurrir a argumentos de tipo
legal, sobre las instrucciones del director del museo del Prado a las
que he hecho mención, en que se limita gravemente la libertad de
investigación y que entra en contradicción con las propias palabras
del señor secretario de Estado, en las que se alude a la necesidad de
transparencia. Solamente quiero dejar notar, acogiéndome a este turno
excepcional, que me han parecido interesantes algunas reflexiones
sobre la necesidad de ajustar el acuerdo sobre gestión, financiación
y claridad de aplicación. He dicho -y está en una respuesta
recientísima que me ha llegado del Gobierno, donde se analiza año a
año desde hace bastantes la evolución de los presupuestos- que en el
último año ha habido una reducción de unos 360 millones de pesetas
para el museo del Prado.
El señor VICEPRESIDENTE: Aténgase a la cuestión.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, pero ha sido objeto de mi intervención y
de la intervención del señor Cortés.
He de decirle que en los informes que usted lee no queda
suficientemente demostrado que se haya seguido la cadena lógica de
informes que piden las autoridades museográficas internacionales. Al
fin y al cabo, lo que nos ha leído es un escrito de remisión del
director, donde únicamente consta la opinión del restaurador y donde
no se da ni una sola cita que desautorice todo el aparato
historiográfico que se ha citado anteriormente, que ha venido
atribuyendo tradicionalmente la autoría de la firma, que es algo que
más allá de la anécdota y de lo simbólico, sirve de alguna manera
para datar la obra. Es más, en uno de los artículos a los que me he
referido anteriormente sí que se citan otra serie de obras firmadas
en esa misma época y con esos mismos caracteres que entrarían al
menos en contradicción con la opinión del señor Alonso.
En definitiva, no deja de ser paradójico, y he de insistir en este
tema, que el director siga diciendo que estuvo enterado a través de
este informe, que contó con la autorización, cuando de todas formas
no hemos visto la autorización definitiva, no de un órgano político,
sino dentro de la propia estructura legal actual del museo del Prado,
que incluya el velado de la firma. En concreto, seguimos sin entender
cómo el director puede afirmar eso e inmediatamente publicar un
artículo en el catálogo de la primera exposición donde se hace
pública la restauración, y siga diciendo el propio director que está
firmado.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Valcarce, dos minutos.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, usted no puede
escudarse en el acuerdo parlamentario que se produjo en esta Cámara
para eludir su responsabilidad política. Por tanto, le vamos a
solicitar, primero, que usted aclare lo que es la respuesta oficial
del Gobierno por escrito. ¿Mantiene usted que la firma que o bien se
ha eliminado o bien lleva esa veladura reversible no es autógrafa?
Porque la afirmación del Gobierno es taxativa. Dígalo, por favor, y
diga en qué se basa, además del informe que usted nos ha leído del
restaurador de la obra. Esto es algo a lo que debe responder.
Segundo, nos preocupa la falta de rigor en esa propia respuesta.
Porque se dice que la restauración se hizo en 1997 y usted sabe que
se hizo en 1996. Le volvemos a señalar lo mismo. Es responsabilidad
suya y responsabilidad del Gobierno esta falta de rigor, y en
cuestiones culturales eso no es admisible. Porque aquí lo que está
primando son las prisas y las urgencias políticas de usted, señor
secretario de Estado, del Gobierno, para poder acudir a una
exposición importantísima con este cuadro restaurado. Por eso, es
usted responsable políticamente. Señor Cortés, aquí hay algo
gravísimo, y es la censura que se ha establecido en el museo del
Prado. Eso no lo puede amparar ningún acuerdo parlamentario, y
nosotros no podemos transigir con una situación de esas
características. Por ello, nosotros le hacemos responsable a usted,
pero además, señor secretario de Estado, ya anunciamos que vamos a
solicitar no sólo toda la documentación a la que usted ha hecho
referencia por el conducto oficial, sino la comparecencia de don
Fernando Checa, director del museo del Prado, porque hay dos
cuestiones gravísimas. La primera, e insisto, la cuestión de la
censura previa.
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya terminando, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: La segunda, que don Fernando Checa tendrá
que aclararnos por qué esta restauración tan polémica se hizo a su
entera satisfacción, y parece ignorar algo tan evidente como que se
ha eliminado la firma cuando él hace una ficha técnica en la que
sigue considerando que esa firma existe.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Señora RodríguezSalmones? (Denegaciones.)
No desea intervenir.
Señor Leguina, ¿desea intervenir? (Denegaciones.) No desea
intervenir.
Tiene la palabra, esta vez ya para concluir definitivamente este
debate, el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, no es que a mí me guste el debate, lo que me gusta es la
transparencia, sobre todo en este punto concreto. Toda la información
que se requiera hay que darla, porque tengo la impresión de que las
cosas que se están haciendo en el museo del Prado se están llevando a
cabo correctamente. Me importa mucho que de este museo, como de las
otras grandes instituciones culturales que están amparadas por este
acuerdo parlamentario, se dé una información a quienes lograron ese
acuerdo parlamentario y se sientan plenamente satisfechos de la
información que deben tener. Por tanto, me preocupa profundamente el
que haya miembros de esta Comisión que consideren que la información
que han tenido no es satisfactoria. Insisto, todo lo que se
pueda hacer para corregirlo, hágase. Quizás también acéptese que es
difícil tener una información cuando no se solicita. Pero seguro que,
como dice el señor Alcaraz, él ha solicitado la información y resulta
que no le ha llegado. Ha habido cuestiones en las que también ha
habido fallos por parte del Gobierno o retrasos en el museo del Prado
a la hora de facilitarnos esta información.
Una cuestión muy de detalle: el presupuesto global de inversiones en
la Secretaría de Estado de Cultura se ha duplicado desde que se
dedica todo el dinero que estaba destinado a la anualidad del pago de
la colección Thyssen a inversiones en instituciones de cabecera. Lo
que ha ocurrido en el museo nacional del Prado este año es que la
obra de las cubiertas está ya concluyendo y la obra de la ampliación
del entorno del claustro de los Jerónimos está sólo en fase de
proyecto. Por tanto, en este año no va a haber una ejecución de obra
tan grande como en otros años. No hay ninguna necesidad del Prado no
atendida. No es cuestión de que se tenga más dinero por tenerlo;
seguro que si el Prado tuviese muchísimo más dinero sería capaz de
gastarlo. Lo que digo es que en el proyecto de ampliación, en el
proyecto de obras en el edificio de Villanueva y en los otros
edificios que formarán el complejo del Prado no hay ninguna
necesidad. El año pasado hubo también que acondicionar el edificio de
Aldeasa para la sede de oficinas, y eso es lo que provoca esas
diferencias, pero las necesidades presupuestarias del Prado para su
ampliación tienen respaldo presupuestario suficiente y lo tendrán en
el futuro. Precisamente esa es la tranquilidad por la que se pueden
hacer esas obras cuando están amparadas por ese acuerdo
parlamentario.
Sentiría muchísimo, de verdad, que se interpretase de mis palabras
que intentaba escudarme en algo que considero tan importante como es
el acuerdo parlamentario para eludir mi propia responsabilidad.
Considero enormemente importante el acuerdo parlamentario y, desde
luego, jamás lo utilizaría para eludir mi propia responsabilidad. Lo
que sí he dicho es que, de acuerdo con la actual regulación del museo
del Prado, le corresponde al director del museo tomar decisiones que
no corresponden al secretario de Estado de Cultura, que sí le
corresponden en otros ámbitos. Al secretario de Estado de Cultura no
le corresponde ni decidir la programación de la Compañía Nacional de
Danza, ni ver qué es lo que hay que representar en el Centro
Dramático Nacional, ni cuál debe ser el reparto de actores de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, ni la programación del Teatro
Real, ni cuáles son los criterios de prioridad en las restauracionoes
que se hacen, ni las escuelas dentro de las distintas opiniones que
tienen los restauradores. Este es un asunto muy polémico y se
restaura de manera bastante diferente. He procurado aprender algo en
estos años de cómo se restaura en la zona más mediterránea o en la
zona anglosajona, y hay polémicas permanentes, no digamos ya en el
terreno de la arquitectura sobre cómo debe ser la restauración, si se
debe intentar aproximar la obra restaurada a su configuración
original o si las incorporaciones que ha ido haciendo a lo largo de
la historia y que forman parte del monumento o de la obra de arte tal
y como la percibimos se deben respetar. Efectivamente existen
polémicas; incluso aquellos ejemplos que S.S. ha puesto
como modélicos, y que yo comparto plenamente su valoración, no están
libres de polémica. Mucha gente piensa que Las Meninas debían haberse
dejado como estaban o que Las Hilanderas se tenía que haber rebajado.
Son cuestiones polémicas en las que tengo la impresión de que no es
una decisión que corresponde adoptar al gobernante de turno, pero
estoy sujeto al criterio de la Cámara anteponiéndolo todo al acuerdo
parlamentario, pieza básica de toda nuestra política de patrimonio. Y
si he dicho reiteradamente que me parece que la transparencia de los
gestores culturales en la actuación de estas instituciones es básica,
es una de las garantías que deben tener aquellos que acuerdan dejar
fuera de la pendencia política estos proyectos y que puedan
acometerse proyectos a largo plazo, creo que con esto puede quedar
respondida la pregunta de cuál es mi opinión sobre una instrucción
del director del museo del Prado, no mía. Pienso que la transparencia
en el funcionamiento del museo del Prado cara a la opinión pública y
a la comunidad científica debe ser completa. Cosa distinta es que el
director del museo tenga también responsabilidades a la hora de ver
quiénes visitan los almacenes, quiénes entran en el taller de
restauración. Si hay información oficial del museo, comunicados de
prensa del museo, tendrá unas responsabilidades y hay que saber quién
es el responsable de pedirle cuentas. Pero mi criterio y el del
Gobierno respecto de la transparencia es que debe primar,
precisamente porque es la garantía que tiene que tener esta Cámara,
la comunidad científica nacional e internacional y la opinión
pública, que las cosas que se hacen con esa enorme ventaja que supone
contar con la posibilidad de acometer proyectos a largo plazo, lo que
no había podido hacer el museo del Prado en los últimos veinte años,
cuando ya había deseos de ampliarlo y habían ido fracasando uno tras
otro precisamente porque no se podían acometer con esta tranquilidad,
quienes tienen esa ventaja de poder hacer hoy lo que no se podía
hacer hace ocho o quince años deben corresponder ante la opinión
pública y los representantes de la nación con una completa
transparencia en la gestión. Eso sí que es obligación del Gobierno en
la medida en que tiene responsabilidad para ello, y puedo garantizar
que lo que esté en nuestra mano corregir cara al futuro en las
insatisfacciones que hayan podido percibir SS.SS. nos comprometemos a
hacerlo.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR BAYONAAZNAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL MANDATO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE CREAR EL PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN.
(Número de expediente 181/002300)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, hemos dado cumplimiento al primer
punto del orden del día, la comparecencia del secretario de Estado.
Pasamos al segundo punto que en el orden del día que obra en su poder
tiene el número 5, que es la pregunta del diputado
don Bernardo Bayona respecto al cumplimiento por parte del Gobierno
del mandato de este Congreso de los Diputados de crear el patronato
del Archivo de la Corona de Aragón.
Tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONAAZNAR: Señor presidente, salimos del museo del Prado
para entrar en otro tesoro cultural. Espero que el señor secretario
de Estado no repita cosas que ha dicho en la comparecencia anterior y
que no se escude en razones técnicas. Yo creo que sí está
perfectamente capacitado y sí le corresponde tomar decisiones en la
pregunta que le hago, y espero también que considere importante el
acuerdo parlamentario que se fraguó en esta Cámara en septiembre de
1996, cuando esta Comisión aprobó por unanimidad una proposición no
de ley mandatando al Gobierno a crear el patronato del Archivo de la
Corona de Aragón y estableciendo entonces un plazo de seis meses.
Ante el incumplimiento de aquel mandato parlamentario tuvo que venir
el secretario de Estado a comparecer ante esta Comisión en mayo de
1997 para explicar las razones del incumplimiento, y en aquella
ocasión a iniciativa simultánea de tres diferentes grupos
parlamentarios, entre ellos el socialista. En aquella comparecencia
manifestó que no era problema de falta de voluntad suya ni del
Gobierno, sino que -dijo textualmente- no se ha logrado el acuerdo
entre las comunidades autónomas afectadas. Y expresó también su
esperanza de que el acuerdo se lograría. Yo creí esas palabras y dejé
pasar un poco más de tiempo. En febrero de 1998 recibí una respuesta
escrita por este incumplimiento en la que se decía: El patronato del
Archivo de Aragón se constituirá en cuanto se alcance el necesario
consenso con las comunidades autónomas implicadas. Y añadía que el
Ministerio de Educación y Cultura remitió a los consejeros de cultura
una primera propuesta para la creación del patronato del Archivo de
la Corona de Aragón.
Pues bien, mi pregunta es: ¿se van a continuar contraviniendo los
diferentes estatutos de autonomía? ¿Cuál va a ser finalmente el
destino de ese mandato estatutario y de ese mandato parlamentario?
¿Se va a cumplir por fin alguna vez o, por el contrario, se siente
incapaz de hacerlo cumplir? Si se siente incapaz dígalo, y yo le
prometo que no le volveré a preguntar en esta legislatura sobre esta
cuestión, pero le pido también sobre esto transparencia. ¿Qué pasa?
¿Cuándo va a cumplirse? ¿Por qué no se cumple?
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cortés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, no ha habido ningún cambio en la situación del Archivo de
la Corona de Aragón respecto de la última comparecencia que tuve en
esta Comisión. Como bien conoce el señor diputado, los límites que
tenemos para llegar a este acuerdo son que la titularidad del archivo
es estatal, que la gestión es estatal y que puede ser con
participación de las comunidades autónomas de los antiguos
territorios de la Corona de Aragón, estableciéndose una
autolimitación que era
lograr el acuerdo de todos los territorios afectados. Como bien ha
hecho mención S.S., que sigue con atención este proceso, se ha
intentado aproximaciones con comunicaciones sucesivas del Gobierno,
pero este acuerdo de los cuatro territorios de la Corona de Aragón
hoy comunidades autónomas, no se ha logrado. Mientras no se alcance
este acuerdo, el Gobierno considera que no se debe constituir este
patronato. Por tanto, no hay variación respecto de la anterior
pregunta que formuló su señoría.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor diputado.
El señor BAYONAAZNAR: Hay una diferencia fundamental de la
comparecencia anterior a ésta, y es que en la anterior usted expresó
esperanza y en ésta ha dicho claramente que no se ha logrado el
acuerdo y, por tanto, no se debe constituir el patronato. Lo que se
deduce de esta comparecencia es la renuncia por parte del Gobierno
a cumplir el mandato de esta Comisión, el reconocimiento de su
incapacidad para conseguir este acuerdo. Le recuerdo que la norma de
constitución del patronato es estatal. Como señala la proposición no
de ley originalmente aprobada por esta Cámara, la norma dice: Crear,
en el plazo máximo de seis meses con participación efectiva de las
comunidades autónomas concernidas y mediante la correspondiente norma
del Estado, el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Por
tanto, el Gobierno renuncia a esta responsabilidad, a esta
competencia. Nos preocupa tanto a la comunidad autónoma que da nombre
a este Archivo, Aragón, como a las demás, la marginación de las
comunidades autónomas a la hora de llegar al acuerdo; y digo
marginación porque no todas las comunidades autónomas están en
condiciones de igualdad, como dicen sus estatutos y como aquí se
aprobó.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, Las Cortes de Aragón
-supongo que usted lo conoce- aprobaron una proposición no de ley por
la que se instaba a su Gobierno, a la Diputación General de Aragón, a
que le pidiera con la máxima urgencia -y esto era el 22 de mayo de
1997, hace casi dos años- una reunión de los máximos responsables de
las comunidades autónomas afectadas, entre las cuales, obviamente, se
encuentra la Comunidad Autónoma de Aragón que, como digo, da nombre
al Archivo de la Corona de Aragón. La Comunidad Autónoma de Aragón no
está impasible. Es decir, cada pocos meses -y esa es la razón de que
este diputado traiga aquí el tema- se pronuncian Las Cortes de Aragón
o el Justicia de Aragón, porque éste no sólo es un defensor del
pueblo en el ámbito de la comunidad autónoma sino que, por razones
históricas y estatutarias, tiene también entre sus competencias
defender el cumplimiento del estatuto. El Justicia de Aragón se
pronunció y dijo que no era aceptable que el Estatuto de Autonomía de
Aragón se mantuviera incumplido en este singular e importante
aspecto, y exigía que se dieran todos los pasos necesarios para el
inmediato cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por la
Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados; y se
refería a esta proposición. Insisto en que el Justicia de Aragón
tiene competencias sobre el cumplimiento del estatuto y no solamente
sobre la defensa de los ciudadanos
aragoneses.
Yo le pido -y se lo he pedido anteriormente- que una vez reconocido
que no va a crear el patronato, una vez reconocido que no va a
cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados, una vez reconocido
que va a dejar sin desarrollar estos aspectos de los estatutos de
autonomía, ¿dónde está el problema? Díganoslo. ¿Es que hay problema
en los criterios que se aprobaron en el punto 3 de la proposición no
de ley? Díganoslo. Si el problema es que el patronato debe establecer
los criterios que permitan distinguir formalmente los fondos
documentales que son ajenos a la antigua Corona de Aragón y que, por
tanto, son susceptibles de transferencia a la Generalitat de
Cataluña, díganoslo. Díganos si ha enviado borradores a las
comunidades autónomas, porque usted dice que ha enviado más de uno.
¿Ninguna comunidad autónoma está de acuerdo con el borrador? ¿Qué
comunidad autónoma no está de acuerdo? Dígalo, porque ni usted ni las
comunidades autónomas concernidas deben dar esta batalla por perdida.
Sé que es difícil, son ya muchos años y no se ha resuelto
anteriormente. Pero le diré una cosa. No se resolvía pero tampoco
usted, que estaba en la oposición, exigía que se resolviera. Tampoco
había un mandato como en esta legislatura, lo que es un cambio
cualitativo importante. No se puede dar la batalla por perdida, como
ha hecho usted, porque sinceramente equivale a otorgar un poder de
veto a alguna de las cinco partes implicadas; significa un poder de
veto de una de las cinco partes implicadas al pleno desarrollo
estatutario de tres de las comunidades autónomas. Por tanto, le pido
la máxima transparencia en esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, me alegro mucho de que el señor Bayona haya aludido a que
debe haber alguna dificultad grave cuando durante tanto tiempo no se
ha resuelto, desde la aprobación de la Constitución y de los cuatro
estatutos de autonomía que forman parte del bloque de la
constitucionalidad, los de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares,
donde se dice que tiene que haber una representación de la comunidad
autónoma en el patronato del Archivo de la Corona de Aragón, de
titularidad estatal, acordado mediante una ley, y en dos de ellos se
dice que debe ser de forma preeminente, lo cual es especialmente
difícil. No sé si al decir que cuando yo estaba en la oposición no
urgía al Gobierno a que hiciese estas cosas lo ha planteado como un
elogio a mi actuación responsable en la oposición o como una crítica
o un despiste en uno de los terrenos en los que tenía competencias.
Lo voy a tomar como un elogio y se lo agradezco mucho, puesto que ha
sido tan caballero de decir que si no se ha logrado en tanto tiempo
alguna razón debe haber.
Señor presidente, con lo que no puedo estar de acuerdo es con el
discurso lógico del señor Bayona cuando dice que no se ha cumplido el
deseo del Congreso de los Diputados de que en el plazo de seis meses
se resuelvaeste asunto y que eso signifique que yo he dicho que hay
una renuncia y que reconozco una incapacidad. Simplemente digo que si
una de las condiciones que nos hemos marcado -que he calificado como
una autolimitación- es que tiene que haber un acuerdo de cinco
partes, es evidente que si no se logra este acuerdo no damos el paso
siguiente. Mientras tanto, el Archivo de la Corona de Aragón cumple
plenamente su función archivística, científica y cultural. Están bien
cuidados todos sus documentos, es accesible a los investigadores y a
los visitantes, tiene actividades culturales complementarias de la
pura función archivística y, al parecer, la comunidad científica, los
que acuden al archivo piensan que cumple con plena satisfacción.
Falta por cumplir las disposiciones estatutarias, la voluntad de la
Cámara y la voluntad del Gobierno de llegar a este acuerdo. No hay
problema en la definición de los fondos del Archivo, hasta donde yo
sé. Como bien conoce la Comisión, el Archivo tiene además de los
fondos comunes de la Corona de Aragón, de los cuatro territorios, los
fondos privativos del Principado de Cataluña y el Archivo Provincial
de Barcelona que, como estaba el edificio en Barcelona, no se creó un
archivo. No habría problema en que los fondos del Archivo Provincial
de Barcelona, que son de titularidad estatal pero que podrían tener,
al igual que todos los demás archivos provinciales, una gestión
autonómica, se desgajasen. El problema con que nos encontramos es
que, mientras no se constituya el patronato, no se puede adoptar esta
decisión, entre otras cosas porque creo que el Estatuto de Autonomía
de Valencia dice que cualquier decisión que se tome sobre los fondos
del archivo debe contar con la opinión del Consejo valenciano de
Cultura; probablemente no cito con precisión la norma estatutaria. Es
verdad que cabe la posibilidad de decidir mediante una norma estatal
cómo se constituye ese patronato, y es verdad que tres de las
comunidades autónomas -Aragón, Baleares y Valencia- están de acuerdo
con las sucesivas propuestas que se han formulado desde el Gobierno,
que son varias, como bien recuerda S.S. No hay acuerdo de Cataluña.
Se puede decidir que se va a hacer sin contar con ese acuerdo. Hemos
tomado la decisión -y se ha informado a la Comisión en este sentido-
de procurar no hacer un motivo de polémica y de enfrentamiento algo
que puede evitarse. Es un modo de entender cómo se pueden gestionar
los asuntos públicos. Además, creo recordar que en alguno de los
anteriores debates, con el respaldo mayoritario en esta Comisión, se
decidió que el acuerdo fuese una condición para avanzar.
Probablemente ahora se puede cambiar este criterio, que no lo fue
durante todos los años anteriores, como bien ha recordado el señor
diputado. Desde luego, no es el criterio del Gobierno que se pueda
utilizar una norma estatal sin contar con el acuerdo de las partes
afectadas.
- DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
EXPLICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE ELANTIGUO PUEBLO EN
RUINAS DE BELCHITE (ZARAGOZA). (Número de expediente 181/002366)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que tiene el número 6
en el orden del día que obra en su poder, que formula el diputado
señor Alcaraz pidiendo explicación al Gobierno sobre las actuaciones
en las ruinas del pueblo de Belchite, en Zaragoza.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: En esta primera intervención simplemente
formulo la pregunta en los términos en que está.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, el Gobierno considera que es responsabilidad del Gobierno
de Aragón, tal y como atribuye el Estatuto de Autonomía de Aragón y
el reparto competencial en el Estado de las autonomías. Por lo tanto,
no ha habido ninguna actuación del Ministerio de Educación y Cultura
sobre este punto por el que se interesa el señor diputado.
El señor VICEPRESIDENTE: Si todas las preguntas fueran con esta
rapidez, podríamos seguramente liquidar todas las pendientes en una
mañana.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: No se le oculta al secretario de Estado ni a
los miembros de esta Comisión que Belchite tiene unos valores
artísticos y estéticos claros -lo que queda de ellos, del mudéjar y
del gótico- que parecen dignos de preservar, pero sobre todo tiene un
valor histórico muy importante, ya que es el testimonio de una
destrucción por una guerra. En ningún otro lugar de España -podríamos
encontrar ejemplos en otros países- se ha conservado un pueblo entero
por especiales circunstancias que, como en un triste espejo, está
reflejando los acontecimientos de destrucción y de muerte que allí se
produjeron. Hay ejemplos muy interesantes de reconstrucciones en
cualquier otro país de Europa, por ejemplo en Francia, en Alemania, y
no sólo sería mucho más conocido sino de alguna forma mimado. Es
cierto que su terrible encanto- si se me permite hablar de encanto en
estas circunstancias- reside precisamente en ese carácter de ruina
contemporánea, con independencia no sólo de una calle muy interesante
sino de restos de iglesias, a lo que hacía alusión anteriormente.
Pero ese testimonio histórico y estético está en evidente peligro. No
se habla en este caso de una reconstrucción del pueblo -no tendría
ningún sentido, sería acabar con su valor histórico-, pero sí parece
urgente su limpieza y consolidación, porque incluso hay que decir que
algunos visitantes que acuden allí se encuentran con una situación
peligrosa, aparte de que el paso del tiempo está provocando un
deterioro y nos podemos encontrar de aquí a pocos años que sea
simplemente un erial de cascotes y que haya perdido ese carácter.
Además, parece propio de un país civilizado, democrático y
reencontrado con su pasado que fuera ocasión para la instalación de
un centro histórico y pedagógico, un memorial por la paz.
Nos encontramos siempre con el problema de los límites
competenciales. En alguna ocasión el secretario del Estado y yo ya
hemos tenido ocasión de debatir sobre estas cuestiones y no estar del
todo de acuerdo. Yo estoy de acuerdo -y no soy persona que viva en
esta comunidad autónoma- en que lo ideal sería no ya que lo asumiera
la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que el acuerdo fuera entre
todas las administraciones implicadas porque es algo que, estando
ubicado en Aragón, refleja todo un momento histórico de España. Igual
que el Gobierno central se compromete con un archivo histórico de la
guerra civil, si se me permite, esto es de alguna forma un archivo en
piedra también de la guerra civil. Pero éste no es el órgano para
hablar de las responsabilidades del Gobierno de Aragón, que yo no las
eludo. Es más, me causa una profunda sorpresa hasta donde sé que no
se haya preocupado por un patrimonio tan rico, que además pondría en
valor toda una zona junto con otros lugares históricos muy
interesantes, pero obviamente, no es éste un acto de control del
Gobierno de Aragón y, por tanto, no entro en esta cuestión. Sí que me
consta que el Ayuntamiento (el señor alcalde, que no es de mi partido
sino de un espectro político alejado, se ha preocupado de ponerse en
contacto conmigo y de hacerme llegar información sobre visitas a la
Unesco, existencia de estudios técnicos, etcétera) vería encantado la
intervención de cualquier administración. No quiero entrar en si el
alcalde de esta localidad coincide con el Gobierno aragonés o si el
Gobierno aragonés coincide con el del Estado y no se pongan de
acuerdo siendo todos del mismo espectro. No se entiende que igual que
el Gobierno asume obras de intervención para la restauración del
patrimonio en muchas comunidades autónomas, por qué taxativamente en
este caso no puede adoptar siquiera la iniciativa. Además, me permito
recordar al señor secretario de Estado (estoy seguro de que la conoce
mejor que yo) que la Ley del patrimonio histórico mandata en última
instancia al Estado a que intervenga en aquellos casos en que las
comunidades autónomas no intervengan; y éste es un caso de libro
porque se está cayendo Belchite y yo creo que exige ya una
intervención de este tipo. En este caso ni siquiera vale, como a
veces se ha dicho también, que se irá a la fiscalía o al juez si se
destruye un monumento; en este caso no sirve porque es el puro
deterioro el que se está produciendo.
Le aseguro, señor secretario de Estado, que no está en el ánimo de
este grupo plantear ninguna confrontación política; nos parecería de
un pésimo gusto. Por eso hemos rehuido la fórmula de la proposición
no de ley para instar al Gobierno, para no tener que obligar a los
grupos parlamentarios a tener que votar si le piden al Gobierno que
intervenga o no, porque no sé qué hubieran votado los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno si siguen el argumento que
acaba de exponer el señor Cortés, si hubieran votado que no se
intervenga sobre el pueblo de Belchite. Por tanto, entienda esta
pregunta y si en el futuro tenemos que recurrir a otro tipo de
iniciativas parlamentarias que obliguen a cada grupo parlamentario en
el Congreso a que digan lo que quiere sobre Belchite tendremos que
hacerlo, pero permítame desde el respeto a la historia -que estoy
seguro de que
compartimos- y más allá de nuestras discrepancias políticas que le
haga un simple ruego: hagan algo con Belchite, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Cortés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, el señor diputado dijo que formulaba la pregunta en sus
estrictos términos: si podía explicar el Gobierno su actuación sobre
el antiguo pueblo en ruinas de Belchite. Le he contestado en los
estrictos términos que no ha habido ninguna actuación. Ahora, en la
réplica, el señor diputado formula además de la pregunta un ruego, y
es que se tome alguna iniciativa. Le respondo positivamente:
tomaremos alguna iniciativa, pero dejando algo bien claro. Este caso
no es comparable con el archivo histórico de la guerra civil que ha
mencionado S.S., que es de titularidad y gestión estatal y, por
tanto, es responsabilidad del Estado. Creo que es muy importante que
se conozca en esta Comisión, y en cuantos más ámbitos mejor, el
problema al que aludía S.S. de los límites competenciales. En este
caso no se trata de uno de esos terrenos fronterizos, es un caso
clarísimo de competencias de la comunidad autónoma en materia de
patrimonio. Allí donde haya un interés respetable (y créame que
comparto plenamente con S.S. el valor simbólico y testimonial que
tiene Belchite, al margen del valor histórico de muchas de sus
ruinas, recuerdo sobre todo una torre mudéjar especialmente
importante) el Gobierno está completamente de acuerdo con esa
importancia. En este caso es esta importancia lo que mueve. Otras
veces es una petición de interés de circunscripción. Como el alcalde
de mi pueblo no lo hace porque no es de mi partido o el Gobierno de
la comunidad autónoma no me cae bien, pido que lo haga el Estado para
poner de relieve lo mal que lo está haciendo el de aquí. No es éste
el caso. He dicho que comparto plenamente las motivaciones que llevan
a S.S. a traer aquí esta preocupación, pero si no llegamos a una
definición precisa y respetada por todo sobre las competencias, por
tanto las responsabilidades, pura y simplemente nos veremos
desbordados. Al final, cualquier cosa que se haga tiene que tener un
respaldo presupuestario. A esta Cámara viene el proyecto de
presupuestos todos los años. Entre las muchas iniciativas que se
pueden presentar está la de una enmienda que diga que tanto dinero
que está en tal partida vaya a otro sitio, pero sabiendo que los
recursos son hoy limitados, lo han sido en el pasado y lo van a ser
en el futuro, por mucho que en esta legislatura se haya duplicado el
presupuesto de inversiones en materia de patrimonio histórico. Por
tanto, el dinero que se destine a cualquier otra actividad que no sea
competencia obligada del Gobierno de la nación irá en detrimento de
aquellas otras cosas que tiene que atender el Gobierno como
competencia obligada.
Les recuerdo que necesita una reforma y una ampliación el Museo
Arqueológico Nacional; les recuerdo que no tiene sede de exposición
el Museo Nacional de Antropología; les recuerdo que es una situación
manifiestamente mejorable la del Archivo Histórico Nacional; les
recuerdo que hay multitud de museos, archivos y bibliotecas
por toda la geografía española, de titularidad estatal y de gestión
transferida, que necesitan inversiones y que están -por decirlo
gráficamente- en lista de espera desde hace mucho tiempo. A pesar del
impulso que se ha dado, gracias al acuerdo parlamentario y a que se
han duplicado los presupuestos de inversión, son muchas las
obligaciones exigibles -ésas sí que son exigibles- a la
Administración del Estado a las que no se puede hacer frente con la
celeridad que querríamos, por lo que hay que marcar prioridades.
Además, por razones tan respetables y compartidas como las que
formula S.S. o por otras también respetables pero que no serían
compartidas, como se han planteado en otros casos por intereses de
paisanaje o de otro tipo, si se dedican dineros que tendrían que
atender competencias a las que estamos obligados, sería en detrimento
de aquello de lo que sí tenemos responsabilidad y que no se nos puede
exigir, porque si no lo hace el competente no lo hará nadie, mientras
estas otras inversiones las podría y las debería hacer la
Administración competente, que seguro que también tendrá sus
prioridades. Me imagino que la Diputación General de Aragón, como
cualquier otro gobierno regional, también enviará su proyecto de
presupuestos al órgano legislativo correspondiente y marcará cuáles
son sus prioridades de inversión y cuál es el porcentaje de ese
presupuesto que quiere dedicar a restauración del patrimonio,
a sanidad, a educación o a infraestructuras. Pero son decisiones que se
tienen que tomar en otros ámbitos. El criterio del Gobierno es que
deben tener prioridad las inversiones que son exigibles
competencialmente al Gobierno, pero entenderá, señor diputado, que un
gobierno parlamentario siempre estará a lo que le diga la Cámara. Por
tanto, al ruego que ha formulado S.S. le respondo afirmativamente.
Hablaremos con la Diputación General de Aragón y con el Ayuntamiento
de Belchite, puesto que así lo ha formulado no en la pregunta sino en
su segunda intervención, y veremos si dentro de las posibilidades hay
algo en lo que se pueda ayudar. Hay otras formas de colaborar, con
asistencias técnicas o con actuaciones derivadas del 1 por ciento
cultural. Hay una partida, cuyo nombre es algo parecido a regiones
devastadas, aunque no es el correcto, donde probablemente esto pueda
tener encaje.
- DEL SEÑOR GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS, (GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EN QUE SE ENCONTRABA, AL
DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1998, EL CONCURSO PÚBLICO PARA LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO DEL NUEVO MUSEO DE ALMERÍA. (Número de expediente 181/
002225)
El señor VICEPRESIDENTE: La última pregunta la formula el diputado
señor García de Viana y dice textualmente: Situación administrativa
en que se encontraba, al día 21 de noviembre de 1998, el concurso
público para la redacción del proyecto del nuevo museo de Almería. El
señor diputado tiene la palabra.
El señor GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS: Antes de formular la pregunta al
secretario de Estado, quiero
saludar al presidente, a la Mesa y a los miembros de esta Comisión
porque no soy miembro de ella y es la primera vez que intervengo,
teniendo en cuenta además que solamente llevo un año incorporado a
esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: Le agradecemos el saludo.
El señor GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS: Paso a formular la pregunta al
señor secretario.
El museo de Almería, creado por Decreto del 28 de marzo de 1933 con
todos los fondos iniciales de la excelentísima Diputación Provincial
y los que poseía la Comisión Provincial de Monumentos, ha estado
instalado en varios inmuebles hasta que, en 1979, el antiguo edificio
del Colegio Menor fue transferido al Ministerio de Cultura,
adaptándose interiormente como sede del museo. Los fondos iniciales
se incrementan por entregas, depósitos y donaciones de particulares,
así como por las numerosas excavaciones que a lo largo de los años se
han venido realizando en la provincia. Se puede decir que la
importancia del museo de Almería, por su contenido, está directamente
relacionada con la importancia de los yacimientos de su territorio.
Como dijo Luis Siret, a la provincia de Almería y a las zonas que con
ella forman el sudeste español sólo les falta un gran techo para ser
un inmenso e insuperable museo prehistórico y de protohistoria. Si en
un principio esta aseveración pareció exagerada, en el transcurso de
las investigaciones posteriores se ha demostrado la notable
importancia de los yacimientos paleolíticos de las cuevas de La
Zájara y Ambrosio, los neolíticos del Cerro de la Chinchilla, así
como los de la Edad de los Metales de Los Millares, Almizaraque, Las
Pilas, Terrera Ventura, El Barranquete y Ciavieja. Son dignos de
destacar entre los fondos del museo materiales relativos a la cultura
del Algar, que se inicia en la región costera almeriense del bajo
Almanzora entre los años 2000 y 1800 a.C. y comprende el sureste de
la provincia así como áreas arqueológicas de Murcia, Granada, Jaén y
Alicante. También posee fondos importantes pertenecientes al período
colonizador, destacando los materiales de los yacimientos de
Villaricos y Cerro de Montecristo, así como muestras del mundo romano
y del período hispanomusulmán.
Si importantes son los fondos del museo, no puede decirse lo mismo
del edificio que los contiene, de tal forma que en el transcurso de
los trabajos habituales de mantenimiento del edificio, realizados a
mediados de 1991, se observan fisuras en la base de algunos pilares,
procediéndose al ensayo de las estructuras y evidenciándose la mala
calidad de los hormigones empleados en su construcción y la falta de
arriostramiento de elementos estructurales, por lo que después del
estudio de varias alternativas el museo es cerrado al público y, en
1995, se procede a la apertura de exposiciones permanentes en otras
edificaciones con una pequeña muestra representativa de la
prehistoria e historia antigua de Almería, con el fin de que no se
perdiera la tradición pedagógica del museo. A la vez, se decide por
el Ministerio de Cultura proceder al encargo del proyecto de un nuevo
museo. Dicho proyecto se encargó, se redactó y fue aprobado
por los técnicos del Ministerio en 1996, pero con posterioridad,
incomprensiblemente y sin ningún argumento, fue rechazado,
convocándose un nuevo concurso para la adjudicación de la redacción
de un nuevo proyecto. Este concurso es el objeto de nuestras
preguntas, que también planteamos por escrito, que debido al retraso
de las comparecencias ante la Cámara de los miembros del Gobierno, ya
han sido contestadas, aunque esperamos que usted pueda profundizar en
la contestación y aclararnos las siguientes cuestiones: ¿Podría
confirmarnos el señor secretario de Estado si entre la apertura de
los pliegos de la baremación económica y la apertura de los pliegos
de la baremación arquitectónica y museológica han transcurrido cuatro
meses? ¿A qué ha sido debido ese retraso? Si el día 21 de noviembre
de 1998, según la contestación por escrito, el proceso de
adjudicación se encontraba en fase de mesa de contratación, ¿cómo es
posible que los diputados de Almería del Partido Popular, don Manuel
Arquero y don Rafael Hernando, anunciaran en la Voz de Almería del
domingo 22 de noviembre, al día siguiente, que el Ministerio de
Cultura adjudica de nuevo el proyecto para construir el museo
arqueológico provincial? ¿Cómo puede decirse en el mismo periódico
que el proyecto se ha adjudicado a los arquitectos Ignacio García
Pedrosa y Ángeles García de Paredes? ¿Cómo puede conocerse que el
coste total de la inversión se eleva a 1.043 millones de pesetas y
que el proyecto y la dirección de obra suponen un gasto de 39
millones? O los diputados mencionados se han adelantado a los
acontecimientos y merecen formar parte de esos futurólogos que hacen
su agosto a través de los medios de comunicación o, lo que sería
mucho más grave, la adjudicación del concurso se conocía previamente
a que la mesa de contratación efectuara su informe, lo cual supondría
incurrir en ilegalidad al no cumplirse la legislación vigente de
contratos con la Administración pública. Señor secretario de Estado,
despeje nuestras dudas y conteste estas preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE: Tengo que señalarle que la pregunta a la que
está obligado a contestar el señor secretario de Estado es la
planteada en los términos en que figura en el orden del día. Aunque
ya sabe el secretario de Estado que le asiste este derecho, me
permito recordarlo.
El señor GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS: Me constaba, pero si en este
momento no puede contestarme a las preguntas que le he formulado,
puede hacerlo por escrito, porque me interesaría aclarar todo esto.
El señor PRESIDENTE: Este derecho también lo conoce el secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (Cortés Martín): Señor
presidente, muchas gracias por recordar al señor diputado y al
compareciente que la pregunta es mucho más precisa que la
intervención, pero, dado que es la primera vez que el señor diputado
viene a esta Comisión, la amabilidad de su saludo y que aprovechando
esta pregunta ha podido ilustrar a la
Comisión sobre la historia del museo de Almería y sobre la situación
de las investigaciones prehistóricas en toda la provincia, creo que
se le puede contestar ampliando un poco el objeto de su pregunta.
Como se ha facilitado en información por escrito al señor diputado,
el día 21 de noviembre se encontraba en fase de mesa de contratación.
Resuelta la baremación a la que se refería el señor diputado en la
mesa de contratación, el proyecto que tenía una mayor puntuación y,
por tanto, al que se ha encomendado la construcción de la nueva sede
del museo de Almería es al que se refería S.S., y entre medias ha
habido una información que, efectivamente, coincide con lo que luego
ha resultado ser. S.S. pregunta cuál es la explicación. Yo creo que
mucho más fácil que incluir a nadie en el registro de los futurólogos
es pensar que se ha producido una filtración entre las muchas
personas que intervienen en este proceso de mesa de contratación y en
todos los informes técnicos que aconsejan que se haga la baremación
por criterios urbanísticos, técnicos, museísticos o museográficos. Es
mucho más razonable pensar que esta es la explicación.
Afortunadamente, de todos los proyectos que se han adjudicado en el
tiempo en que tengo responsabilidades al frente de la Secretaría de
Estado de Cultura, sólo recuerdo este caso y el proyecto del museo de
arqueología submarina de Cartagena, donde se produjo alguna
información en prensa anterior a que se hiciese pública la
información de la resolución de ese concurso. Quiere esto decir que
básicamente, de manera muy general, las cosas se hacen correctamente,
aunque haya alguna excepción, y ésta probablemente sea una de ellas.
De lo que sí puedo informar a la Comisión es de que, al margen de la
aparición de esta información en algún medio de comunicación
adelantándose a la información oficial, la baremación que se hizo y
que considera que el proyecto que merece más puntuación es aquél al
que se ha adjudicado, ha sido vista por todos los miembros de la mesa
de contratación y todos los informes técnicos, económicos y jurídicos
respaldan el buen procedimiento en este punto concreto, que hará que,
felizmente, Almería pueda contar con un espléndido edificio, acorde
con la importancia de sus colecciones, algo que comparto plenamente
con S.S. y sobre lo que S.S. ha tenido la amabilidad de ilustrar a la
Comisión en su intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor García de Viana. (Pausa.)
No desea intervenir. Supongo que el secretario de Estado tampoco.
Con ello hemos concluido la comparecencia y las preguntas que se
formulaban al secretario de Estado, a quien agradecemos una vez más
su asistencia a esta Comisión en la que siempre es muy bienvenido.
Antes de proseguir, vamos a levantar la sesión durante cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRID, MIEMBRO DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y PRESIDENTE DE LA
CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, CRUE (DE LA
PLAZA PÉREZ) PARA:
- DAR CUENTADE SU ANÁLISIS, Y EL DE LOS RECTORES ESPAÑOLES, SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA Y, EN ESPECIAL, DE LA PROBABLE
REFORMA DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA (LRU). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/001713)
- ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, ASÍ
COMO LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS MISMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001718)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión con las
dos comparecencias solicitadas de don Saturnino de la Plaza, rector
de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la
Conferencia de Rectores de Universidades de España. Las dos
comparecencias, como es habitual, se van a producir en un sólo
trámite. Para ilustración del compareciente, voy a indicar la manera
de proceder. El señor rector tendrá una primera intervención para
satisfacer las demandas de los grupos que han solicitado su
comparecencia. Posteriormente, intervendrán los representantes de los
grupos por el orden que han solicitado su intervención, y luego los
grupos que deseen intervenir en el orden que establece el Reglamento.
Desde este momento les anuncio que no apelaré al punto 203 para
conceder un turno de réplica, ya que la comparecencia del señor
rector se produce para ilustrar a SS.SS. sobre los problemas que les
preocupan, pero no para mantener una confrontación con el señor
compareciente. De modo que se va a producir la intervención del señor
rector, las intervenciones de los distintos portavoces y, finalmente,
cerrará el debate el señor rector. Lo que sí le ruego es que, en la
medida que le sea posible, procure sintetizar su intervención, con
objeto de que podamos levantar la sesión a una hora prudente.
Tiene la palabra el señor rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MIEMBRO DEL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE) (De la Plaza Pérez): En primer
lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados y los grupos Socialista y
Nueva Izquierda que solicitaron mi comparecencia. La asamblea de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, hace meses,
en una comparecencia que tuvo lugar en el Senado, me pidió que
solicitara comparecer
en esta Comisión de Educación. Esta comparecencia se produce
como consecuencia de las iniciativas antes reseñadas.
Hablar de la universidad española significaría, por la densidad y la
amplitud del tema, agotar un tiempo del que no disponemos. Por eso,
acogiéndome a la recomendación del señor presidente, querría ser lo
más concreto y sucinto posible y hacer referencia a algunos temas de
especial relevancia que nos preocupan en estos momentos, y no sólo en
España, sino en diversos países y en el ámbito de la Unión Europea,
preocupaciones que ya se han concretado en una serie de documentos de
general conocimiento. Es un hecho cierto que el sistema
universitario, las funciones y las misiones que debe cumplir la
universidad en estos tiempos y en el inicio del próximo milenio está
en revisión como consecuencia de la rápida transformación que se está
produciendo en la sociedad. No se está acostumbrado a cambios tan
vertiginosos que no los han tenido nunca ni las sociedades agrícolas
ni las industriales, pero que se están produciendo en esta sociedad
llamada del conocimiento, en donde las tecnologías de la información
y de las comunicaciones están trastocando los sistemas y en donde se
produce en todos los ámbitos la internacionalización, la
globalización y, como consecuencia de todo ello, la emergencia de
determinados activos que en algunos países como España tienen
especial relevancia. La tienen la formación de los recursos humanos
en Europa, y en particular en España, y también adecuar esa
formación, misión fundamental de las universidades, a las demandas de
la propia sociedad.
En estos momentos hay muchas corrientes en Europa que pretenden que
la formación de los titulados, que es la primera misión de las
universidades, se haga de acuerdo con estos parámetros, en donde el
estudiante no sólo adquiere los conocimientos que se precisan para el
desarrollo de la profesión que vaya a ejercer, sino también que
adquiera una serie de habilidades y aptitudes que hoy día exige la
actividad productiva y el empleo. Es decir, a los típicos pilares en
los que se ha fundamentado siempre la educación hay que añadir otros,
como puede ser que el estudiante adquiera la capacidad de aprender a
aprender, que el aprendizaje vaya adquiriendo cada vez mayor peso
frente a la clásica enseñanza, que la capacidad emprendedora, el
gusto por los desafíos, la capacidad de trabajar en grupo, etcétera,
sean temas que se vayan aprendiendo en la propia universidad. En el
ámbito de este activo principal de los recursos humanos, la sociedad
también demanda hoy en día esa formación a lo largo de toda la vida,
ese reciclaje continuo. Se dice que una persona a lo largo de su vida
activa debe reciclarse de seis a siete veces, por el cambio que se va
produciendo en las herramientas de trabajo, en las tecnologías,
etcétera. En ello, la universidad tiene que prestar una atención
preferente.
En el sistema universitario español se perfila un cambio en la
tipología del estudiante. Hasta ahora el estudiante clásico era el
que venía desde la enseñanza secundaria a la universidad, para
dedicarse full time a sacar un título y poder ejercer una profesión.
Las universidades tienen que estar cada vez más abiertas a las
demandassociales. Es el nuevo alumno el que, a tiempo parcial,
acude a la universidad para sacar un segundo título, para ampliar sus
conocimientos o para actualizarlos. Las universidades, a través de la
enseñanza de formación continua de postgrado, van a tener en el
próximo futuro una gran incidencia, coincidiendo precisamente con la
disminución de la población demográfica en las cohortes de edad
universitaria, que era, como decía antes, el estudiante tipo,
tradicional de las universidades españolas. De manera que la
universidad tiene que adecuarse a las necesidades de los nuevos
tiempos. Es más, en una meta más ambiciosa, la universidad debería
ser la que liderase los cambios en la propia sociedad, pero en una
meta imprescindible lo que tiene que hacer es adaptarse a los cambios
que produce la sociedad. Sería una meta más deseable y más ambiciosa
que fuese la universidad la que liderase los cambios en la sociedad.
Un aspecto fundamental, al que hemos dedicado una atención preferente
en el ámbito de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas en los últimos tiempos, es el análisis de la financiación
de las universidades públicas, con el objetivo fundamental de mejorar
la calidad de las universidades y de los servicios. En el ámbito de
la financiación, y siendo concretos, porque es un tema recurrente que
se ha expuesto en numerosos foros, hay dos aspectos que habría que
tener en cuenta. Uno, es la suficiencia y, otro, la equidad en la
financiación de las universidades públicas a las que me estoy
refiriendo. Suficiencia en cuanto al gasto general, público
y privado, que se destina en la misión de la propia universidad. Ello
nos lleva a la conclusión, ya conocida, de que comparándonos con los
países más próximos a nosotros, que son los de la Unión Europea, en
los indicadores que da la OCDE sobre la financiación en cuanto a
gasto total por estudiante público y privado aparecemos de los
últimos en el ranking europeo. Las últimas estadísticas de la OCDE
hablaban de 4.999 dólares equivalentes por estudiante, mientras que
otros países, naturalmente los más avanzados, pueden triplicar esta
cifra, incluso la media europea está en torno a los siete mil y pico
dólares. Por tanto, hay una insuficiencia en cuanto al gasto total
destinado al estudiante, y lo hay también en lo que son las
subvenciones públicas por parte de las propias administraciones
públicas. De manera que es un hecho cierto que la financiación por
estudiante que tiene el sistema universitario español es insuficiente
para la calidad del sistema. Es más, yo me atrevería a decir que el
sistema universitario español goza de buena salud, que funciona bien,
que tiene sus fortalezas y sus debilidades, indiscutiblemente, pero
no tiene por qué estar minusvalorado si se hiciera una comparación
con otros sistemas universitarios europeos, como sería la conclusión
lógica si comparamos las cifras de gasto por estudiante. Creo que el
esfuerzo que hacen los miembros de las comunidades universitarias y
el gran cuidado que se tienen en la aplicación de los recursos hacen
que la calidad del sistema esté por encima de la financiación
correspondiente.
Hay un aspecto en el ámbito de la financiación, que sería la equidad,
en el que habría que prestar atención a lo que gasta el Estado en la
ayuda a los estudios a través de las becas de ayudas al estudio o de
las posibilidades de crédito, ya que España se encuentra también
entre los
países con menos atención en el ámbito de ayudas a los estudiantes y
a los estudios. Esto quizá provoca una serie de consecuencias
indirectas o directas, como puede ser la movilidad de los
estudiantes. Todos defendemos la posibilidad de que los estudiantes
tengan un mismo trato en todo el territorio español y que existiera
la posibilidad, que hoy no existe, de una mayor movilidad de los
estudiantes, pero eso no sería factible si no llevara parejo una
política estatal de aportación de recursos que permitiera que la
movilidad no fuera sólo factible para aquellos que tienen alto poder
adquisitivo. Es un hecho cierto -y las estadísticas de la OCDE
también lo señalan en el estudio de Educational Glance de 1998, que
corresponde a los datos de 1995- que el gasto en tanto por ciento del
PIB que se dedica a ayudas directas a estudiantes es muy bajo
comparado con el que se dedica a otros países: es el 0,06 por ciento
del PIB, mientras que hay otros países que dedican bastante más
dinero a este importantísimo tema. Esto está ligado con la movilidad,
como decía antes, no sólo interna en España, que tiene sus
limitaciones, sino también con aquella que tiene menos limitaciones
de tipo burocrático, como puede ser la movilidad en Europa a través
del programa Sócrates o Erasmus. En cualquier caso, normalmente esta
movilidad se está produciendo por la financiación de las familias de
los estudiantes, porque las aportaciones públicas son bajas.
Por lo tanto, la conclusión del aspecto de la financiación es que
sería necesario hacer un esfuerzo para que haya una mayor
financiación del sistema mediante aportación de recursos. Las fuentes
que todos conocemos de aportación o de captación de recursos en las
universidades son fundamentalmente las subvenciones públicas que
conceden las comunidades autónomas, los precios públicos o tasas de
matrícula que pagan los estudiantes, establecidas por las
comunidades, y una pequeñísima cantidad que supone lo que pueden
captar las universidades por el desarrollo de una serie de
actividades de prestación de servicios, de cursos de enseñanza no
reglada, de investigación y desarrollo tecnológico, etcétera. Pero,
en general, en todas las universidades españolas el porcentaje del
presupuesto de ingresos que supone la aportación de este apartado de
captación de recursos es una cantidad pequeña porque en España
todavía no existe la cultura del mecenazgo o patrocinio que existe en
otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. Realmente, la
fuente de ingresos es muy limitada y, por lo tanto, es importante
poner el dedo en la llaga de que la financiación de las universidades
públicas debe ser fundamentalmente en los fondos públicos.
En la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
entendemos que se debería llegar a un pacto de Estado para la
financiación de la enseñanza superior universitaria y que debería
retomarse un estudio que quedó congelado en diciembre de 1994, que
era un modelo al que debería tender, a lo largo de una serie de años,
la financiación del sistema universitario español. Sería deseable que
se llevara a efecto con este pacto de Estado, porque, aun entendiendo
que la financiación de las universidades es competencia de las
comunidades autónomas, el hecho de la existencia de un sistema
universitario único en toda España precisaría de un marco
en el que estuviera garantizada la financiación mínima de las
universidades, que pudiera ser completada con políticas de las
comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias. Creemos, pues
-y así lo hemos hecho llegar al ministro de Educación y Cultura-, en
la necesidad de que se avance en la línea de establecer un pacto de
financiación de las universidades españolas a través del
establecimiento de un marco de financiación que garantice la igualdad
y la equidad.
Un segundo aspecto que quería mencionar, en conexión con lo que acabo
de decir, en un ámbito imprescindible en estos momentos, se refiere a
la financiación y a los esfuerzos que deben hacerse para mejorar y
aumentar la calidad de nuestras universidades y para llegar a los
estándares de calidad y excelencia que este servicio público exige.
Ha habido ya un intento del Plan nacional de evaluación de la calidad
institucional de las universidades que ha tenido dos convocatorias,
en mi opinión bastante insuficientes en cuanto a las posibilidades de
recursos aportados, porque creo -y además es una cuestión compartida
y extendida en estos momentos- que cualquier mejora del sistema
universitario pasa por la evaluación a través del sistema de pares,
es decir, por la autoevaluación, en la que la comunidad universitaria
tiene que ser autocrítica y ver lo que funciona y lo que no en la
universidad, y la evaluación externa, que aporta la objetividad de la
evaluación. Creo que debería extenderse al conjunto del sistema
universitario esta cultura de la evaluación del funcionamiento de las
universidades en el ámbito de la docencia, de la investigación y de
la aplicación y apoyo a la docencia y a la investigación. Realmente,
la evaluación es el primer paso para producir dos efectos: primero,
conocer verdaderamente las fortalezas y debilidades del
funcionamiento de una universidad o de sus centros o de sus
departamentos y, segundo, promover el verdadero cambio en la mejora
del sistema universitario, que tiene que producirse por los propios
universitarios, que alcancemos la conciencia de que nuestro trabajo
debe ser evaluado. Esto podría conducir, como en algunos países se ha
llegado a hacer, a un sistema de acreditación, que en este momento no
me atrevo a apuntar. Creo que sí es importante que se extienda, a
través del Plan nacional de evaluación institucional, un mayor aporte
de recursos al conjunto de las universidades y de sus titulaciones.
Son muchos los centros que existen en España, facultades, escuelas
técnicas superiores y escuelas universitarias, y en muchos casos no
se pueden atender las peticiones de estas evaluaciones por falta de
disponibilidades, y a ello naturalmente también tienen que aplicar -y
las universidades lo están haciendo- sus propios planes de calidad de
evaluación, sobre todo las comunidades autónomas, a través de las
iniciativas que algunas de ellas están tomando con la creación de las
agencias de calidad o de evaluación de las comunidades autónomas.
Un aspecto del que quiero hablar es la necesaria coordinación del
sistema universitario. La configuración que el desarrollo de la Ley
de Reforma Universitaria y de la propia Constitución ha dado al
sistema universitario debe mantenerse y para eso la Constitución
establece, en el artículo 149, lo que deben ser competencias del
Estado,
en el ámbito de la coordinación del sistema universitario. Pero, al
pasar a depender de las comunidades autónomas, si no hay un
equilibrio y si no hay una política de Estado se corre el riesgo de
que vayan diferenciándose los 17 subsistemas que existen en España,
dependientes de las comunidades autónomas, provocado por políticas
muy distintas. Y naturalmente, en el ejercicio de las competencias de
las comunidades autónomas, se dará mayor o menor prioridad a las
universidades.
Entendemos que la coordinación del sistema universitario es
necesaria. El órgano que la realiza en estos momentos es el Consejo
de Universidades. Aplaudimos el pronunciamiento del nuevo equipo
ministerial, en el sentido de revitalizar dicho Consejo como órgano
de coordinación de todo el sistema, y entendemos que su esquema de
funcionamiento exige una modificación, porque ha presentado en los
últimos tiempos ciertas disfunciones. La configuración actual -que no
se resolvería a nivel reglamentario, sino que exigiría la reforma de
la LRU- es un modelo que la experiencia ha demostrado que no funciona
suficientemente bien con las dos comisiones, académica y de
coordinación y planificación, que tiene establecidas. Esto se ha
producido, como todos sabemos, cuando se ha tratado de la creación de
nuevas universidades o nuevos centros universitarios; no se han
conciliado los informes académicos que emanan de la comisión
académica con los informes de la Comisión de coordinación y
planificación.
A la coordinación del sistema universitario quisiera hacer una breve
referencia, porque estoy aquí en condición de presidente de la CRUE,
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que, como
todos saben, no es una asociación de derecho privado sin competencias
regladas. Tiene las que ella se quiera dar y tiene como misión
fundamental ser un foro donde las universidades pueden analizar y
hacer estudios de temas que afectan al conjunto de las universidades.
Últimamente, el funcionamiento de la CRUE tiene una valoración
positiva porque trata fundamentalmente de ser el foro de encuentro de
las diversas universidades y la puesta en común de muchos de los
temas que conviene que estén coordinados. También, porque en el
conjunto de los países de la Unión Europea es el modelo
mayoritariamente establecido. El órgano de coordinación suelen ser
las denominadas conferencias de rectores de los diversos países, que
incluso a nivel europeo tienen sus propias asociaciones y sus propias
organizaciones. Estas conferencias suelen ser las que llevan adelante
los trabajos, sobre todo en el ámbito de las relaciones
internacionales.
Otro aspecto que quiero tratar sucintamente se refiere al
profesorado. Como todos reconocemos, la LRU hizo en su momento una
buena función, desarrolló el precepto constitucional de la autonomía
universitaria, regularizó el gobierno participativo de las
universidades frente a algunos otros sistemas de coordinación. En mi
opinión personal, es un acierto que las universidades se gobiernen
con la participación de su comunidad universitaria más que por otros
esquemas; producirían quizá una mayor eficiencia del sistema, pero no
debemos perder de vista que la tradición universitaria hace que en el
gobierno de las universidades haya una participación de su
comunidad universitaria a través de su representación. La LRU diseñó
un esquema del profesorado en el que se optaba por la figura del
profesorado funcionario, con cuatro cuerpos docentes, y un
profesorado complementario, el profesor asociado, normalmente
diseñado para ser contratado a tiempo parcial, que es el especialista
de reconocido prestigio que va a la universidad a impartir sus
enseñanzas. Y hay un profesorado en formación, el ayudante, que es
quien inicia la carrera para ser profesor. Es un esquema
fundamentalmente funcionarial, y lo ha demostrado la experiencia,
sobre todo dándose la circunstancia de que a partir de la LRU es
cuando se produce el gran crecimiento del sistema universitario
español, con una necesidad ineludible de nuevos profesores. El
esquema funcionarial no permite resolver la necesidad de muchos
profesores. Eso ha producido la aparición de unas figuras no
diseñadas en la ley, que se han ido implantado a lo largo de los
años. Me estoy refiriendo al profesor asociado a tiempo completo,
que, en contra de lo que debe ser el profesor asociado de la LRU, que
es un profesional de la calle que va a impartir unas enseñanzas, es
un profesional de la enseñanza, en una figura no regulada por la
legislación. También han aparecido los profesores titulares de
escuela universitaria, que es un cuerpo que figura definido en la
LRU. Sin embargo, hay que acudir a profesores titulares de escuela
universitaria, para impartir docencia en los segundos ciclos de las
facultades y de las escuelas técnicas superiores cuando no era su
esquema; en algunos casos, por insuficiencia de doctores y, en otros,
por insuficiencia de recursos económicos para poder dotar plazas de
profesores titulares de universidad.
Lo cierto es que desde que se aprueba la Ley de Reforma
Universitaria, con el paso de los años, aparece una situación
determinada del profesorado de la universidad española. No todo el
profesorado está en el esquema de la LRU. Hay un amplio número de
personas que dedican su vida a trabajar en el universidad, que han
hecho una labor importante en la puesta en marcha de nuevas
titulaciones, de nuevos centros y nuevas universidades y que, sin
embargo, se encuentran en esa situación no regulada. Las
posibilidades de la Ley de Reforma Universitaria en los cuerpos
docentes exclusivamente no resuelve este problema del conjunto de
profesores que están en situaciones no prefijadas, encontrándonos con
que en la ley hay un vacío entre el ayudante, que es el profesor en
formación, y los cuerpos docentes. Se precisaría un camino
intermedio, si a lo que se opta es a los cuerpos docentes del
profesorado, que pudiera resolver estos problemas.
En esta línea, la Conferencia de Rectores de las Universidades, la
CRUE, hace un par de años, ante el borrador de reforma del título V
de la LRU, que se puso en circulación por parte del entonces
secretario de Estado de Universidades, manteniendo naturalmente las
figuras de los cuerpos funcionariales, proponía la creación de dos
figuras nuevas de profesorado, el profesor contratado doctor y el
profesor profesor colaborador. El objeto era dar solución a estas
situaciones, que hoy día todavía no la tienen. Tal y como está
configurado, como el inicio de una carrera docente, la realidad ha
demostrado que, al
cabo de los cinco años, el ayudante se encuentra formado,
competitivo, doctor. La opción que tiene, siguiendo la ley, es que se
tiene que ir de la universidad o tiene que optar a una de las plazas,
plazas que no existen. Creo que a esa situación habría que darle una
solución y por eso se proponía la creación de unas figuras nuevas que
tuvieran, sobre todo, el criterio de que es un profesorado
profesional de la universidad, que ése es su centro de trabajo, que
ése es su modus vivendi y que por lo tanto tiene que tener
garantizada una estabilidad en el empleo y tiene que tener unas
garantías de sus propios derechos.
Es cierto que las figuras de contratación tradicionales en la
universidad han sido atípicas, quizás poco defendibles, como el el
contrato administrativo anual, sin una cierta temporalidad y sin
derechos para cuando ese contrato no se renueva. Es una situación que
exige unas soluciones, en la línea de que se garanticen los criterios
que he dicho antes de una estabilidad en el empleo, siempre que se
produzcan y se cumplan los preceptos constitucionales del acceso a la
docencia por mérito y capacidad. Para la formación en un centro
universitario es imprescindible que la selección tenga los rigores
necesarios que garanticen que se entra por los criterios de mérito y
capacidad.
El hecho de que el Ministerio de Educación y Cultura decida que el
borrador de proyecto de ley de reforma del título V de la LRU se
retira, en la línea en la que estaba definida, exige -y así lo hemos
dicho- que se tomen una serie de medidas urgentes, que deberían tener
su aplicación en el curso 1999-2000, que puedan resolver el problema
conocido de esta situación de veintitantos mil profesores cuyas
expectativas no están resueltas. Sería conveniente que se buscara la
figura jurídica conveniente, con el más amplio consenso de los grupos
parlamentarios, que resolviera esta situación. Es cierto que, si las
perspectivas próximas fuesen una modificación más intensa de la Ley
de Reforma Universitaria, medidas de tipo legislativo, como puede ser
un real decreto-ley, se podría condicionar el futuro del diseño del
profesorado universitario y de lo que sería carrera docente en las
universidades en los próximos tiempos. En cualquier caso, lo que
tengo que poner encima de la mesa es la necesidad de que se adopten
las medidas que se crean convenientes por los responsables para
resolver este problema. La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas no se pronunció en su momento ni se ha
pronunciado hasta ahora en cuanto al tipo de contratación ni a las
figuras que deberían establecerse de forma transitoria hasta que haya
una definición de la LRU o una modificación de la ley.
Voy a hacer un breve apunte sobre la investigación en la universidad.
La universidad ha incrementado fuertemente su actividad
investigadora, sobre todo hasta el año 1993, no sólo por lo que
corresponde al artículo 1 de LRU, que dice que la misión del profesor
es hacer labores de docencia e investigación, sino también por las
facilidades que ha abierto el propio artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria en cuanto a las actividades del profesor en estos
campos. Hoy en día se reconoce que la productividad científica de las
universidades españolas es satisfactoria. Los indicadores de esta
productividad
han tenido uno de los mayores incrementos en los últimos años en
Europa. Se reconoce que el tanto por ciento del PIB, dedicado en
global a la investigación y desarrollo en España, es bajo. No es el
tema de esta comparecencia, pero sí diré que es necesaria la
incorporación de mayores recursos a la actividad de investigación
básica que hacen las universidades y a la investigación aplicada
y desarrollo tecnológico que deben hacer las universidades. Incluso
deben tomar las medidas para que el desencuentro que hoy día existe
entre la actividad de investigación y desarrollo de las universidades
y las demandas del sector productivo vaya desapareciendo y que se
refuerce el déficit que hay de innovación tecnológica a partir de la
transformación en productos, en métodos y en proyectos de la
investigación que se genera en la universidad, su transformación a
través de los procesos de innovación tecnológica, porque hay un
enorme déficit en este ámbito.
Sobre la reforma de la LRU en el seno de la CRUE creemos que es
urgente que se proceda a ella. Entendemos que en esta legislatura no
será posible una modificación de la LRU, pero sería necesario que se
produjera en el tiempo más corto posible, dentro de las posibilidades
ciertas que marca la realidad. Nos parece que esta reforma de la LRU
no debe concretarse exclusivamente a la reforma del profesorado,
título V, que ha sido desde el año 1993 el punto de referencia de la
reforma legislativa. Esta nueva ley debería ser quizá el marco de las
nuevas relaciones que existen en estos momentos entre el Estado, las
comunidades autónomas y la autonomía constitucional de las propias
universidades. Las universidades somos muy celosas de la defensa de
la autonomía; no se la da la Constitución, sino que se la reconoce,
porque la autonomía es más antigua que la propia Constitución. Somos
muy celosos, insisto, de la autonomía universitaria, sobre todo en el
ámbito de la autonomía académica, incluso de la jurisdiccional, y
también lo seríamos de una cierta autonomía financiera, que hoy día
tiene sus limitaciones. Pero eso siempre conectado con la
responsabilidad social de la propia universidad, de la universidad
como servicio público.
Como se dice, muy bien dicho, en el preámbulo de la propia Ley de
Reforma Universitaria, no está al servicio de los universitarios,
sino del interés general. Por tanto, habría que mejorar el binomio de
autonomía universitaria- responsabilidad social, porque en
definitiva, si las universidades tienen que funcionare en el régimen
de esta autonomía, también lo tienen que hacer bajo el control de la
propia sociedad. Autonomía no es autodeterminación; debe ser una
autonomía controlada por la propia sociedad, que en definitiva es la
que da los recursos. La reforma de la LRU tendrá que tocar
necesariamente un punto que también se ha comentado, que es el
gobierno de las propias universidades, y de la experiencia nacida y
de lo que deben ser principios básicos del funcionamiento de una
universidad debería llegarse a encontrar la fórmula más
satisfactoria.
Finalmente, quería hacer una breve referencia a un estudio que está
realizando en estos momentos la propia CRUE, denominado Universidad
2000, y que nace de una iniciativa de hace aproximadamente un año,
ante la
necesidad de reflexionar en profundidad sobre los caminos por los que
debe ir la universidad española. No es un estudio que trate de
hacerse por los universitarios y para los universitarios. Creemos que
adolecería del término, que muchas veces se utiliza, de la endogamia.
En este caso sería universitaria y debe haber una amplia
participación de los sectores sociales. El motivo de estas
reflexiones y de estos análisis debe ser no sólo saber lo que
pensamos los universitarios, sino también la sociedad, sobre cómo
debe ser su universidad en los próximos tiempos. Es cierto que en
determinadas intervenciones se dice que la educación en general o la
educación universitaria en particular es el motor fundamental que
propicia el desarrollo de los pueblos. Esa afirmación que normalmente
suscribimos todos creemos que primero debe llevarse a la práctica y
que cuando se dice debe decirse con fundamento.
El informe Universidad 2000 queremos que sea un estudio en esta línea
y que además propicie un pacto de Estado para la enseñanza superior,
pacto en el que pudieran participar las diversas administraciones
públicas. Nuestra intención -y así se ha hecho saber a este Congreso
de los Diputados y a su presidente- sería poner a disposición de esta
Comisión de Educación del Congreso de los Diputados un estudio
amplio, general, apartidista, no sectorial, para que, en definitiva,
aquellas medidas, recomendaciones o conclusiones que pudieran sacarse
pudieran tener la virtualidad de llegar a normas de aplicación. Con
esa intención está diseñado el trabajo, en cuyo esquema y metodología
de su desarrollo, como les decía antes, pretendemos que participen
representantes de la propia sociedad.
Nada más. Agradezco mucho la atención que me han prestado.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Plaza.
Como la primera solicitud de comparecencia es del Grupo Mixto, le
corresponde al señor Alcaraz la primera intervención.
Tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Agradecemos mucho al presidente de la CRUE
esta comparecencia. Suele serhabitual y exigencia de la cortesía
parlamentaria agradecer al compareciente su presencia. En este caso
va más allá de la cortesía -y no es que sea falso en los demás-
porque por un lado está el esfuerzo evidente que ha realizado para
ilustrarnos sobre temas de nuestra competencia y de nuestro interés y
por otro lado es una feliz circunstancia, como él mismo ha señalado,
que hayamos intentado encontrarnos y lo hayamos conseguido en esta
sala y hoy. A nuestro grupo, Iniciativa per Catalunya, y estoy
convencido de que también al otro grupo solicitante, le parecería
importante que pudiera venir al Congreso la CRUE, los rectores de
España, porque difícilmente nuestros trabajos parlamentarios iban a
tener sentido, iban a poder seguir avanzando, si no conocíamos de
primera mano y oficialmente las reflexiones que están haciendo los
rectores. No es que no las conozcamos, no es que no nos interesemos
por documentos, o que no participemos
en ciertas jornadas, pero el mismo hecho de que el portavoz
cualificado de los rectores de España esté en esta Comisión nos
parece un punto de inflexión importante y decisivo en la política
universitaria, aunque lamentablemente tardío, nos tememos -y luego
haré una reflexión sobre ello-, y no por culpa del señor de la Plaza.
A continuación, debo felicitarle por su intervención, una
intervención que, si hubiera sido de un miembro del Gobierno, como es
habitual, probablemente hubiera enfadado a los portavoces, porque, al
menos en mi caso, me ha dejado sin preguntas que realizar. Tal ha
sido su nivel de precisión.
Hay que situarse en el momento de la solicitud, creo que hay que
hacer una referencia a ello. Había otro equipo ministerial, por un
lado, y, además, se hacía al socaire del inicio del curso académico
pasado -no recuerdo exactamente las fechas, pero poco importa-,
cuando muchos rectores, en las inauguraciones de sus cursos
académicos, incluyeron elementos mesurados pero críticos a la gestión
de los poderes públicos en materia de universidades. No era la
primera ocasión en que la CRUE o muchos rectores habían tenido
ocasión de mostrar sus discrepancias. Por otro lado, había todas una
serie de temas encima de la mesa en este Parlamento, normalmente
iniciativas parlamentarias de grupos de la oposición, que eran
bloqueadas por el Gobierno y por los grupos parlamentarios que lo
apoyan, como la reforma de la LRU. También había otras cuestiones
sobre las que los rectores debían tener y tienen una opinión. Por
tanto, parecía importante que estuvieran aquí. Incluso llegó a haber
-y ya se sitúa, afortunadamente, en el terreno de lo anecdótico-
alguna desafortunadísima intervención de algún secretario de Estado,
con alusiones muy poco felices a los rectores. Ello nos consta que
provocó un lógico malestar, que compartimos muchos de los que
estábamos presentes en aquella sesión, y hacía oportuno que los
rectores pudieran intervenir.
Pese a ese cambio de equipo ministerial al que yo aludía, para
nosotros hay, sin ninguna duda, una continuidad política del Gobierno
en el sentido de la responsabilidad política. No hay, desde el punto
de vista político estricto, un antes y un después de un cambio
ministerial, salvo que el nuevo equipo ministerial muestre con sus
hechos la decisión y la voluntad de cambiar radicalmente aquello que
no había hecho bien el anterior. Nos tememos que no es así, más allá
de diferencias de talantes, que siempre son de agradecer. Nuestra
valoración global es que la legislatura ha sido inútil, tristemente
inútil y perdida, en política universitaria. Ha habido ataques a la
autonomía universitaria, ha habido una incapacidad manifiesta por
parte de los equipos gubernamentales para propiciar reformas
sustantivas, sobre todo en la LRU, y ha habido en ocasiones una
escalada de la ruptura del diálogo con los sindicatos y con los
rectores.
Este repaso lo hago con un ánimo constructivo, en el sentido de que
no sería ni conveniente ni oportuno por mi parte pedir al señor De la
Plaza que manifestara estrictamente sus opiniones ante una posición
política. También es cierto que me parece que en su intervención ha
quedado muy claro lo que piensan los rectores de España. Eso lleva
implícita una crítica, pero es una apreciación
subjetiva y no le pediré que la explicite; sería descortés
por nuestra parte. Y hago estas reflexiones porque, desde algún punto
de vista, hoy también estamos compareciendo los diversos grupos
parlamentarios ante el presidente de los rectores de España y creo
que es bueno que los grupos parlamentarios digan a los rectores lo
que piensan sobre una serie de temas.
Como, en aras de la brevedad y porque no se trata de agotar todas las
cuestiones, no vamos a exponer aquí nuestro programa político sobre
universidad, tampoco tendría sentido porque hay otros mecanismos, sí
que le ruego al señor De la Plaza, en estas reflexiones con las que
inicio mi intervención, que, si lo considera oportuno y sin sentirse
estrictamente obligado, matice algunas de las apreciaciones que ha
hecho. Al mismo tiempo voy a exponer cuáles son, a nuestro modo de
ver, los temas prioritarios que de antemano le digo que coinciden con
el esquema que usted traía, en otro orden, pero, en mi intervención,
lo que tenía preparado coincide.
En primer lugar, la reforma de la LRU. He creído entender de sus
palabras que considera oportuna una reforma total. Y me gustaría que
hablara no sólo del profesorado. Hay otro tema sobre el que le quiero
preguntar, el Consejo de Universidades. Se ha referido a él, pero no
me ha quedado muy claro si la conferencia de rectores tendría una
posición ya más o menos definida, más o menos, sobre cómo convendría
que funcionara la coordinación de las universidades en España. La
primera pregunta es si haría falta una reforma total. Sobre el
profesorado creo que ha dicho lo que tenía que decir, lo digo en el
sentido de coherencia con la línea que la CRUE ha venido manifestando
estos últimos años. Por tanto, no ha habido ninguna sorpresa.
Creo que hay que tener una idea clara y supongo que la CRUE lo tiene
claro. En esta legislatura no hay reforma de nada de la LRU.
Ciertamente, el equipo ministerial ahora no puede decir que no tiene
tiempo, porque su Gobierno ha tenido unos años para hacerlo y no lo
ha hecho. Se inaugura ahora -como ya tuvimos ocasión de debatir con
el secretario de Estado- una nueva fase en la que se dice que vamos a
dialogar con todo el mundo, que vamos a establecer puentes de
diálogo. Nos felicitamos de esto, pero no podemos decir que a medio
plazo, la próxima legislatura, será la reforma. Hubo ya que recordar
al secretario de Estado que los gobiernos democráticos no saben cuál
va a ser la mayoría parlamentaria gubernamental y, por tanto, que
difícilmente se podían comprometer. Aunque estoy convencido de que la
CRUE lo sabe, quiero dejar testimonio del convencimiento de que no
hay reforma de la LRU y que, por tanto, este Gobierno habrá perdido
cuatro años en esa materia.
En cuanto a financiación, coincido plenamente con su análisis del
pacto de Estado. En alguna ocasión -y le pediría un matiz, si está en
su mano en este momento hacerlo- han circulado cifras sobre lo que
pudiera costar este pacto de Estado. Y me gustaría que, en la medida
de lo posible, se planteara si hay posibilidad de avanzar en una
evaluación del coste total, dentro de estos datos de la OCDE, de la
universidad española y las medidas concretas de corporación entre las
diversas instanciaspúblicas para sufragar este pacto de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Iré concluyendo.
En aras de la petición que me formula amablemente el presidente,
sobre movilidad y selectividad, estoy completamente de acuerdo en lo
que se ha planteado. En cualquier caso, sí que me agradaría incidir
algo más en el punto concreto de la selectividad. De la investigación
algo se ha apuntado; si fuera posible nos gustaría tener una
reflexión global de la integración de la investigación universitaria
con el resto del sistema de investigación, no solamente en cuanto a
transferencia de I+D sino también, digamos, con otras instituciones
públicas del sistema público de investigación no universitaria.
Finalmente, le felicito por el informe Universidad 2000, por ese
espíritu. Desde luego, ahí nos va a encontrar, porque lo que parece
claro es la necesidad de un mecanismo planificador a largo plazo, es
la urgencia, paradójicamente, y hasta que no esté ese informe -que me
parece muy bien que sea independiente y que provenga de los rectores-
cuenta con todo nuestro apoyo.
Quiero terminar reiterándole nuestra felicitación y nuestro
agradecimiento. Y estamos a su disposición para continuar estos
diálogos en el foro o en el momento que estime oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE: La segunda solicitud es del Grupo
Socialista. Por tanto, corresponde a su portavoz, la señora Díez de
Baldeón, intervenir en este momento.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor rector, bienvenido a esta
Comisión. Es para nosotros una satisfacción enorme contar hoy con su
presencia. Representa usted a los rectores de las universidades
públicas españolas y tener este clima de diálogo y de aportación nos
resulta verdaderamente útil, teniendo en cuenta además que hemos
pasado una etapa en la que ha habido una gran opacidad y creo que una
falta de entendimiento y de sintonía entre el Gobierno y los rectores
españoles. Por tanto, bienvenido y gracias por su presencia.
Al hilo de su intervención, me gustaría hacerle algunas
consideraciones. Dice usted que en este momento el gran reto de la
universidad española es conseguir la calidad, asegurar la calidad, y
que esa calidad de la universidad española debe fundamentarse en dos
principios: uno, el de la suficiencia financiera y, otro, el de
equidad.Estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que,
efectivamente, España tiene un déficit de financiación muy
importante. En este momento en España el gasto total, público y
privado, es de un 1,1 por ciento del PIB, mientras que los países
desarrollados de la OCDE dedican un 1,5 por ciento de su PIB. Por
tanto, estamos ante un déficit importante que supone cuatro décimas y
es urgente y prioritario que nosotros tendamos a conseguir por lo
menos una financiación equiparable a la de los países más
desarrollados de nuestro entorno.
Hay otro dato muy importante que usted ha señalado. El gasto por
estudiante y año en las universidades españolas
es aproximadamente la mitad que el de los países de la OCDE;
mientras que en España estamos cerca de los 5.000 dólares por
estudiante y año, concretamente. 4.949, en los países de la OCDE la
media está en torno a los 10.500 dólares. Pero si, además, este dato
lo unimos a otro también muy importante, y es que España tiene una
tasa de escolarización universitaria muy elevada con respecto a la
media de los países desarrollados de nuestro entorno -me refiero a
los estudiantes entre 18 y 21 años-, nos encontramos con un dato
verdaderamente preocupante y es que en España el gasto por estudiante
y año está muy por debajo del de los países de nuestro entorno. Esto
es muy importante y usted ha puesto el dedo en la llaga al decir que
tenemos que encontrar un pacto de financiación para conseguir
incrementar el dinero que se estime a las universidades públicas en
España. No hacerlo significa que las comunidades autónomas tendrán
que detraer recursos de sus propios presupuestos, cosa que será muy
difícil. Hacer este pacto por incrementar la financiación resulta
crucial, porque es verdad que en la universidad española el único
problema no es la financiación, pero con una financiación
insuficiente no podrán ser resueltos de manera satisfactoria muchos
otros problemas relacionados con la calidad. Sabe usted que el 10 de
noviembre del año pasado presentamos una moción en la que
solicitábamos precisamente hacer un marco plurianual de financiación,
una financiación a cinco años, para conseguir situar el gasto
universitario en España en el 1,5 por ciento del PIB, que permitiera
asegurar unos mínimos de calidad a partir de unos criterios objetivos
que nos ayudaran a superar no solamente los desequilibrios sociales y
territoriales existentes sino, sobre todo, a garantizar ese otro
principio indispensable que es el de la equidad.
Relacionando este punto con el siguiente, usted decía que es
importante la equidad. Verdaderamente el sistema universitario
español tiene un déficit muy importante en las ayudas y becas
concedidas a estudiantes. Usted ha dicho que el gasto es muy bajo,
concretamente un 0,06 por ciento del PIB, aproximadamente la mitad de
los países de nuestro entorno. Estamos a la cola directamente del
gasto que se destina en los países de la Unión Europea a becas y
ayudas a estudiantes. Además, hay datos sumamente preocupantes. No sé
si usted conoce este dato, porque es reciente: en una contestación
del Gobierno a una pregunta escrita sobre cómo han ido evolucionando
las becas, que tiene entrada en el Congreso y se publicó el 18 de
marzo de este año, nos encontramos con que el número de becas
concedidas en el curso 1994- 1995 fue de 263.319; en el curso 1997-
1998, las becas concedidas fueron 255.742. Hay, por tanto, un recorte
importantísimo de becas. Pero si a esto sumamos que en los
indicadores de los presupuestos de este año para el curso que viene
habrá 23.000 becarios menos previstos, nos encontramos con que el
número de becarios universitarios en España, aproximadamente en cinco
años, ha descendido en unos 50.000, algo verdaderamente grave, porque
desde el curso 1994-1995 al curso 1997-1998 hay un recorte en torno a
los 6.000 millones de pesetas en becas y ayudas. Este panorama es
triste,decepcionante, desolador y me alegra que usted diga
que hay que incrementar las becas como un sistema para conseguir la
equidad.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado sendas proposiciones
no de ley, una para incrementar las becas y ayudas Erasmus -ha dicho
usted que ahora mismo sólo puede salir al extranjero la gente que
tiene más recursos económicos porque las ayudas son muy bajas- en
25.000 pesetas al mes y otra, que será debatida próximamente, para
incrementar becas específicas que fomenten la movilidad estudiantil.
El Gobierno acaba de hacer pública su intención de incrementar la
movilidad, pero esto no dejará de ser mera retórica si verdaderamente
no se toman las medidas oportunas, primero, porque la movilidad
estudiantil en España es muy escasa. Sabe usted que los estudiantes
que se acogen al distrito compartido raramente salen de su comunidad
autónoma respectiva, sólo se cubre aproximadamente la mitad de las
plazas. Hay que preguntare por qué está ocurriendo esto. Desde mi
punto de vista, esto ocurre por dos cuestiones: primero, porque falla
la coordinación del sistema. Ha fallado el Consejo de Universidades
en su tarea de coordinación de planes de estudio, por ejemplo; es
dificilísimo que un estudiante pase de una universidad a otra con
planes de estudios que no tienen absolutamente nada que ver, pero
sobre todo, señor de la Plaza, creo que no es posible la movilidad
estudiantil en España si no va acompañada de un sistema de ayudas y
becas específico, porque eso significará que únicamente puedan
moverse aquellos estudiantes procedentes de familias con más recursos
económicos, que sus padres puedan costear los gastos derivados de su
desplazamiento; lo contrario será imposible.
Aprovecho para hablar algo sobre la selectividad en este punto. El
Gobierno ha anunciado su intención de hacer una reforma de
selectividad y habla de abrir los distritos universitarios, algo que,
como digo, suena bien pero no deja de ser retórico si no se conceden
becas, porque lo que nos podrá ocurrir si se abren los distritos
universitarios y no hay becas que lo faciliten será que los
estudiantes pertenecientes a familias con más recursos podrán acudir
a universidades distintas donde la nota de corte sea más baja y esos
estudiantes terminarán quitando plaza a los pertenecientes a la
comunidad autónoma donde está implantada esa universidad que no
tengan dinero sus familias para poder pagar los desplazamientos
y solicitar otra. Un ejemplo claro: un chico de Madrid que no tenga
nota de corte suficiente para poder hacer medicina, si su familia
tiene recursos, a lo mejor puede irse a Salamanca, Cádiz o Granada.
Pero aquel estudiante, por ejemplo, de Granada, que su familia no
tenga recursos para poder solicitar la autónoma de Barcelona o la de
Madrid, no podrá hacerlo.
Me gustaría que usted se pronunciara sobre la reforma de selectividad
que acaba de poner sobre la mesa el Gobierno, una reforma que
nosotros consideramos papel mojado. Nos parece que es una oferta
publicitaria más ante las elecciones, porque no creemos que las
medidas que proponen garanticen algo que se ha publicado de forma -yo
creo- engañosa para los estudiantes y sus familias, y es que a partir
de ahora todos los estudiantes podrán hacer aquella carrera que
deseen. Esto dicho de
esta forma supone ni más ni menos que la oferta de plazas
universitarias tendrá que ser igual a la demanda, lo cual significa
multiplicar el número de plazas de forma extraordinaria en carreras
como medicina, telecomunicaciones, etcétera, que son muy demandadas.
A mí me gustaría saber su opinión al respecto, porque yo creo que
ustedes deberían aclarar -me refiero a los rectores españoles- a la
opinión pública qué piensan de las medidas que ha puesto sobre el
tapete el Gobierno, porque -fíjese- si ustedes callan y el Gobierno
dice que los estudiantes podrán hacer las carreras que deseen, las
familias les pedirán a ustedes responsabilidades. Y si ustedes no son
capaces de dar una plaza a todos los alumnos que deseen hacer
telecomunicaciones o medicina, les dirán a ustedes que dónde está el
problema, que cómo han sido capaces de hacerlo.
Por tanto, quisiera que usted -si es tan amable- nos dijera qué
piensa sobre la selectividad y también sobre la movilidad
estudiantil. ¿Considera usted que las medidas que se toman son de
verdad? ¿Lleva razón el Gobierno cuando dice que todos los
estudiantes podrán hacer la carrera que deseen? ¿Considera que la
medidas que se han tomado van a permitir esto? Me gustaría que usted
respondiera.
Ha hablado de la coordinación del sistema como otro de los problemas.
Es verdad. Hemos dicho reiteradamente en esta Comisión que el Consejo
de Universidades, lejos de ser un órgano eficaz, un instrumento útil
para la coordinación, la orientación y la planificación, es un órgano
que ha venido languideciendo, de respuestas lentas y muy inoperativo.
Es urgentísimo revitalizarlo, y en eso coincidimos con ustedes, y nos
gustaría también que nos dijera cómo piensan que sería útil que se
hiciera, porque los problemas devienen no solamente de la
confrontación existente entre la comisión académica y la de
planificación y las decisiones encontradas, por ejemplo, para crear
universidades y la polémica que hubo con la creación de la
Universidad de Elche o tantas otras, la última la de la universidad
privada Cardenal Herrera, en la comunidad valenciana, donde ha habido
un fuerte enfrentamiento entre la comisión académica y la de
planificación con el Gobierno valenciano.
Nos gustaría que el Consejo de Universidades fuera este eficaz
instrumento de coordinación, porque si no lo que nos ocurre es lo que
tenemos en la actualidad y lo que ha potenciado el Gobierno del
Partido Popular, que son 17 subsistemas, cada uno encerrado en una
esfera aislada e inconexa. Esto es muy grave, porque en los países de
nuestro entorno el sistema universitario tiene -con el respeto a toda
la autonomía universitaria establecida en la ley- instrumentos de
coordinación eficaces y útiles, ya que lo contrario significará que
no puede haber movilidad estudiantil ni de profesorado, e incluso
significa que nosotros estemos perdiendo el tren del futuro y que
España, por ejemplo, no suscribiera la declaración de la Sorbona,
como han hecho otros países de nuestro entorno.
Tema del profesorado. Me gustaría que usted nos aclarase...
El señor VICEPRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
Me gustaría que usted nos aclarase lo siguiente. De su intervención
deduzco que a ustedes no les gustaría un real decreto y, sin embargo,
ustedes serían partidarios de un decreto-ley de medidas urgentes.
En la anterior comparecencia del señor secretario de Estado de
Universidades se dijo que ahora mismo la reforma del profesorado
universitario la estaban estudiando con una forma jurídica de rango
inferior al de ley. Fíjese en las diferencias. El real decreto
implica que se haga un decreto que no modifica sino que complementa
la LRU y, sin embargo, el decreto-ley de medidas urgentes nos
permitiría algo muy importante que nosotros estamos reclamando. El
Gobierno pone sobre la mesa el decreto-ley, viene a esta Cámara y es
debatido por los grupos políticos. Nos gustaría que se hiciera con la
máxima transparencia y acuerdo para que también los rectores y toda
la comunidad universitaria puedan opinar y, finalmente, que ese
decreto-ley de medidas urgentes terminase modificando la ley pero con
todo un debate, porque si no se produce el debate parlamentario nos
podemos encontrar con lo que parece que está preparando el Gobierno,
que es un real decreto, que, por sus palabras, entiendo que a usted
no le gusta. Quisiera, por tanto, que aclarase este tema. Además, si
se hace el real decreto sin una aportación suficiente de los grupos
parlamentarios y con una opacidad grande, no sabremos cuestiones como
las que aquí le preguntábamos al secretario de Estado de
Universidades -si iba a haber financiación complementaria, qué
criterios de reparto se iban a hacer entre las comunidades autónomas,
si la financiación seria también entre comunidades autónomas y dinero
procedente del Estado central- sobre las que no nos contestaron. Por
tanto, ésta es una cuestión muy importante porque, de hacer un real
decreto que suponga únicamente un cambio nominativo sin asegurar
financiación suficiente, el problema no se va a resolver. El problema
afecta a 21.000 asociados en este momento, su magnitud es enorme y,
verdaderamente, si las comunidades autónomas ni las propias
universidades tendrán financiación suficiente para afrontar este
reto. Por tanto, me gustaría que nos contestara a esta cuestión.
No dispongo de más tiempo. Quiero volver a reiterarle nuestra
satisfacción por tenerle hoy aquí. Quiero decirle también que nos
agrada que ustedes digan que el dinero destinado a la investigación
en la universidad es insuficiente -el porcentaje del PIB con respecto
a otros países de nuestro entorno es muy insuficiente-. Dijo también
el secretario de Estado de Universidades algo importante que quiero
repetir, y con esto termino. Dijo que cerca del 90 por ciento de la
investigación que se hace en España se produce en la universidad. Sin
embargo yo le recordaba una paradoja muy fuerte y es que únicamente
un tercio del dinero que gestiona el ministerio está en las
universidades, el resto está en otras partidas -en industria,
etcétera-. Por tanto, aquí hay un desajuste fuerte; si el 90 por
ciento de la investigación se produce en la universidad, .ésta tiene
que tener muchos más fondos de investigación.
Muchas gracias por contar con su presencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz, el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En nombre del Grupo Popular quiero
agradecer al presidente de la CRUE, al magnífico rector, su
comparecencia hoy aquí. Además, yo creo que coincidimos
indudablemente en la mayoría de los temas que ha planteado en la
exposición que ha hecho; es decir, en el análisis de la financiación
de la universidad pública estamos de acuerdo en que se tiene que ir
alcanzando una financiación mayor. Es indudable que en estos momentos
la competencia plena en esta materia es de las comunidades autónomas
y que con el nuevo sistema de financiación cada una de las
comunidades tendrá efectivamente -porque la autonomía lo comporta
también- que responsabilizarse de a dónde quiere llevar sus gastos.
Es decir, hay comunidades, y no quiero citarlas para que no parezca
que es un tema político, que indudablemente tienen plena competencia
sobre la universidad, que en estos momentos están haciendo un
esfuerzo en favor de la universidad y han anunciado hace escasamente
un mes, una cosa así, que van a seguir en ese empeño.
Es indudable también, y esto hay que reconocerlo, que, al haber
aumentado la universidad española, que yo creo que ha sido positivo,
en más de un millón y medio de estudiantes, lo que se dedica en
conjunto a universidades baja por estudiante. El rector indicaba que
en los países de la Unión Europea aproximadamente se estaba pasando
de los 5.000 dólares por estudiante a los 7.000 dólares por
estudiante, y es indudable que va a ir avanzando.
Sin embargo, también quiero decir aquí que en muchos de estos países,
por ejemplo en el caso alemán, que tiene una magnífica universidad,
únicamente dejan acceder a ella a los que sacan notable, y los demás
se encauzan hacia la formación profesional. Yo soy un gran defensor
de la formación profesional. Es verdad que decimos siempre que hay
que dignificarla; luego van pasando unos y otros ministros -me
refiero a los últimos 20 años-, no vemos que se haga, y va bajando el
número de alumnos que pasan a formación profesional, porque parece
que en este país hemos creído en la filosofía de que la formación
profesional es como de segunda categoría.
Respecto a la movilidad de los estudiantes también estamos totalmente
de acuerdo. Creo que esto lo han expuesto tanto el ministro como el
secretario de Estado y hemos traído una proposición no de ley para
que se inste al Gobierno para que se vaya estudiando el tema de la
movilidad de los estudiantes. Sin embargo, es más difícil la
movilidad del profesorado.
En lo que respecta a la movilidad de los programas Erasmus, quiero
poner una nota positiva. Somos el segundo país de la Unión Europea en
el número de estudiantes que está, mediante el programa Erasmus,
siguiendo estudios en diferentes países. Me parece que son doce mil y
pico estudiantes en estos momentos. Habrá que seguir en este camino,
pero éste no es de los aspectos que han ido ni van peor.
Calidad y evaluación institucional. Efectivamente, coincido
plenamente con el magnífico rector al respecto. Y se ha parado en un
tema que yo creo que ha sido un poco el meollo -no de su
planteamiento, que ha sido muy general- de algo que en estos momentos
preocupa a las universidades, a la sociedad española en general y
concretamente a los 20.000 asociados: se hizo una utilización no
exacta de la LRU, porque la LRU, como bien ha dicho el señor rector,
planteaba fundamentalmente -o quería plantear- en su espíritu el
profesor a tiempo parcial, que existe en todas las universidades de
Europa y no digamos en las americanas, que son los profesionales.
Pero se hizo un uso a tiempo completo. ¿Por qué? Porque, cuando
todavía las competencias no se habían traspasado a las comunidades
autónomas, no se llevó a cabo la suficiente dotación de titulares,
etcétera, para ese crecimiento de la universidad.
Por tanto, nos encontramos con un problema. Problema que no es de hoy
sino que por dos veces ha venido al Parlamento, aunque una vez durmió
el sueño de los justos y la otra vez se disolvieron las Cámaras.
Pero, efectivamente, este Gobierno ha estado intentando ver cómo da
una salida a ese problema. Y habrá que darle una salida, porque hay
que reconocer que gran parte de estos profesores han dedicado
bastantes años de su vida a la universidad, prorrogándose sus
contratos mediante unos decretos, cada tres años, e incluso el propio
Consejo de Estado decía que, jurídicamente, eso estaba casi al filo
de la navaja.
Creo que en este sentido y en ese tema concreto va a haber que
estudiar una solución en la cual participen las comunidades autónomas
y también tiene que participar el presupuesto del Estado central.
Habrá que estudiar una fórmula, que no puede llevarse a cabo en un
año pero quizá si en tres o cuatro años, pero es verdad que eso -y
creo que el rector también lo ha indicado- hay que hacerlo con la
idoneidad suficiente y con unas pruebas concretas, porque no podemos
hacer lo que se hizo con los PNN, con todos los respetos para los
PNN.
Investigación e I+D. Todos queremos más y esperemos que en los
próximos siete u ocho años lleguemos al 1,5 del PIB. Pero yo tengo
que decir aquí, no al señor rector, sino por algunas cosas que he
oído, que se ha hecho un esfuerzo. Si no recuerdo mal, en el
presupuesto de este año se ha subido, en conjunto, un 7 por ciento.
Es un esfuerzo, no podemos pedir al país que, de la noche a la
mañana, se resuelvan los problemas que, por desgracia, vienen de
antiguo.
Querría felicitarle por el informe Universidad 2000. Lo hice cuando
se anunció y cuando el presidente de la CRUE estuvo con el presidente
del Congreso. El rector ha citado que, aunque lo dirige un ex rector,
es un estudio de amplia consulta con participación de la sociedad. No
es que quiera halagar al señor rector de la Politécni ca, pero este
estudio, además de reflejar la cooperación entre empresa y
universidad, refleja también la cooperación con la sociedad, porque
tengo entendido que una o varias entidades de crédito van a ayudar a
su financiación. Esperamos este informe con verdadera ilusión y vamos
a ver cuándo se puede entregar, aunque comprendo que no se puede
hacer en veinte días ni en un mes.
Ha dicho algo el señor rector que este grupo suscribe totalmente, que
es llegar a un pacto de Estado. Él ha indicado que los rectores son
partidarios de una reforma de la LRU, no porque no cumpliese su papel
en su momento, sino porque han pasado trece o catorce años y es
indudable que se ha quedado obsoleta. En vez de reformar solamente el
titulo V, hay que ir a una reforma en profundidad. Comprendemos que
en esta legislatura no es posible pero, de cara a la próxima
legislatura, cualquiera que sea el Gobierno que elijan los españoles,
sería conveniente que, por lo menos llegáramos al compromiso de que
la reforma de la LRU sea pactada por todos los grupos. Creo que la
cuestión de la educación, fundamentalmente de la universitaria, de la
que estamos hablando, hay que separarla de la contienda política. Si
en la LRU no se llega al cien por cien de coincidencia de los grupos,
sería deseable que al menos hubiese una gran coincidencia de los
grupos mayoritarios y de los nacionalistas.
Finalmente, puesto que no tengo que formular preguntas al señor
rector, porque coincido con la exposición que nos ha hecho, querría
aclarar una cosa que he oído. Aquí se ha hablado de la Universidad
Herrera Oria, de Valencia, y de preguntas que se hicieron al
secretario de Estado, que las contestó; cuantas veces pidan los
grupos de la oposición que se les conteste, se les contestará.
Sobre la selectividad, no quiero que se saque de aquí una conclusión
que no es exacta. Es decir, aunque lo he leído en algún sitio, no se
ha dicho que se vaya a una reforma de la selectividad por la que cada
chico pueda estudiar lo que quiera. De hacer una reforma en este
sentido, un decreto al respecto, será ajustándose a los acuerdos
a que se llegó por unanimidad en el Senado, donde hubo una comisión
sobre la selectividad. Por no sacar los diez puntos del acuerdo,
porque ni es el momento ni tenemos tiempo, el punto cuarto decía:
Proporcionar a los estudiantes que hayan sido excluidos de su opción
preferente nuevas posibilidades de acceder a los estudios deseados,
flexibilizando el procedimiento de mejora de notas en las prueba de
acceso. Puesto que la normativa vigente contempla únicamente la
posibilidad de repetirlas una sola vez en el mes de junio siguiente,
se debe dar al estudiante la posibilidad de presentarse a tantas
convocatorias como desee. Recogiendo la unanimidad de todos los
grupos del Senado, creo que ésta debe ser la base para un decreto. Si
un chico saca un 6,8 ó un 7,1 la primera vez que se presenta y con
eso no accede a teleco o a medicina, por citar las dos carreras que
se han indicado antes, es preferible no frustrar su vocación y que
ese chico pueda volver a presentarse, pues no pasa nada. En mi
experiencia con chicos, prefieren incluso perder un curso -yo no
diría que lo pierden- y poder presentarse a más pruebas de
selectividad. Si tiene verdadera vocación, les aseguro a ustedes que
intentará sacar mejores notas para conseguir alcanzar esa carrera.
Por favor, no hagamos -no me atrevo a decir demagogia- una
intervención sobre lo que todavía no ha salido y que, por lo que yo
tengo oído, en general, está en línea con las consideraciones que se
hicieron -repito, por unanimidad- en el Senado.
Termino, señor presidente, excusándome -porque me he alargado un
poco- y diciéndole al señor rector
que cuanta colaboración sea necesaria respecto al Grupo Popular con
la CRUE es indudable que la tendrá. Además, nos satisface muchísimo
el que exponga -más que con carácter crítico- lo que sucede en estos
momentos en la universidad española y las medidas y medios que
podríamos poner en marcha para solucionar las posibles deficiencias
que tenga la universidad española.
No quiero entrar en lo que respecta a la Universidad Politécnica
porque no es el momento, pero sí me va a permitir, señor presidente,
que felicite al rector de la Universidad Politécnica de Madrid porque
es una de las que tiene mayor nivel y mayor calidad. Además, me
consta que algunas universidades extranjeras (incluso americanas,
porque estuve en el MIT americano, en Boston, hace unos meses y lo
pude comprobar) citan la Politécnica como una de las universidades
españolas de calidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Para concluir esta -yo creo muy fructífera-
comparecencia, tiene la palabra el señor rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, MIEMBRO DEL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES Y PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE RECTORES
DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE) (De la Plaza Pérez): Muchas
gracias, señor presidente.
Quizá como frontispicio de mi intervención en este momento, tengo que
decir algo que probablemente produzca cierta insatisfacción, pero que
es un hecho cierto, y es que yo estoy aquí como presidente de la
Conferencia de Rectores, que trabaja como órgano colegiado en donde
se adoptan determinadas posiciones, de las cuales yo tengo que hacer
de portavoz. Por lo tanto, en muchas de las preguntas que se me han
hecho, es muy difícil que yo diera la contestación sin tener en
cuenta esta consideración previa. Es decir, en determinados puntos
concretos en los que la Conferencia de Rectores no se ha posicionado
-lo que no quiere decir que no lo haga en un determinado momento-, a
mí me resultaría muy difícil dar una contestación en nombre de la
CRUE. Siempre podría dar una opinión personal sobre el punto
concreto, pero quizá no debería ser lo que tendría que hacer, sino
trasladar aquí lo que ha sido el sentir de un órgano que no tiene
competencias ejecutivas ni responsabilidades de llevar a cabo una
política, como las que puede tener un miembro del Gobierno.
El señor Alcaraz me ha preguntado si el criterio que se tiene es el
de hacer una reforma amplia y total de la LRU. Creo que no me
equivoco si digo que el sentir de las universidades es que se debería
hacer una reforma amplia y no restringida a determinados títulos,
como ha sido la que se ha producido desde el año 1993. Cuando se
produzca este debate parlamentario (yo comparto con ustedes que sería
deseable que una ley de reforma universitaria tuviera el más amplio
consenso parlamentario, porque debería tener una cierta vocación de
continuidad; una ley que no estuviera pendiente de las propias
elecciones generales), creo que sería muy bueno para la universidad
española lograr el más amplio consenso en los puntos importantes de
la próxima ley. Ésta debe contemplar
lo que hoy en día es un movimiento irrefrenable, la aparición de
la Europa del conocimiento, que se suscribe en la denominada
Declaración de la Sorbona, más técnicamente la Declaración para la
armonización de la arquitectura del sistema curricular en Europa,
mediante la cual es posible que en los próximos tiempos se den
avances por parte de los gobiernos, según los cuales para propiciar
la movilidad y la Europa del conocimiento se deben perfilar
determinados sistemas de organización de las enseñanzas, y no cabe
duda de que los países van a tener que hacer serios esfuerzos y van a
tener serias dificultades para poder lograr esa armonización. La
palabra armonización es muy adecuada, y no homogeneización de los
sistemas, que sería bastante dificultosa, pero es cierto que para
propiciar esa movilidad en el ámbito europeo se tendrán que poner de
acuerdo los gobiernos sobre cómo deberían irse adaptando, aun con
ciertas dificultades, los diversos sistemas universitarios. Este
puede ser un punto importante a establecer en una reforma de la
legislación española, que es la estructura de la educación superior
en España y de la educación universitaria.
Otro aspecto dentro del ámbito del Gobierno y de las propias
universidades es cómo se configura el binomio autonomía
universitaria-responsabilidad social y con qué mecanismos se debe
establecer porque es cierto que la legislación tiene que revisar el
órgano de coordinación del sistema. El Consejo de Universidades en
estos momentos no tiene un problema reglamentario, tiene un problema
legislativo, es la propia LRU la que establece cómo debe funcionar
ese sistema que produce insatisfacción en el seno académico del
Consejo de Universidades. Cuando hay discrepancia entre los dos
órganos, lo lógico es que haya una definición del conjunto del órgano
y que no parezca, como parece -y así está reglamentado para la
creación de las universidades públicas o privadas- que la voz del
Consejo de Universidades es la de una de sus comisiones, aún oída la
otra. Creemos que este problema sólo puede resolverse con la reforma
legislativa.
En cuanto al profesorado hay expectativas en el sentido de que la ley
debería establecer una carrera docente menos rígida de la que en
estos momentos está establecida en la propia LRU, e incluso debería
abrirse una posibilidad, que no existe hoy en día, que es la carrera
investigadora como una medida necesaria en el ámbito de la
universidad, que cada vez dedica más atención al tema de la
investigación y el desarrollo.
En cuanto a la selectividad, que ha sido una cuestión planteada por
los tres portavoces, en estos momentos lo que está encima de la mesa
es la reforma del Decreto 1005, que no revisa las pruebas, que no
revisa el sistema de acceso a la universidad, sino que perfila los
diversos cupos y abre una vía, que es la posibilidad de distrito
interautonómico, suponiendo que haya convenio entre las propias
comunidades autónomas y en el que, según se anuncia, se prevé la
posibilidad de que los estudiantes que no hayan sacado nota puedan
repetir las pruebas en el mismo curso, en septiembre. No sé si en
estos momentos está trabajándose en lo que es la ley, porque la
modificación de las pruebas de acceso es materia de rango legislativo
y no de decreto. El decreto desarrolla unaserie de temas parciales,
pero éste es un asunto que exige
ley. En ese sentido, hay dos cosas que sería interesante hacer. No sé
si en estos momentos se está analizando o estudiando la reforma de
las pruebas de acceso en su conjunto o simplemente se trata de la
reforma del Decreto 1005 que fue informado favorablemente por el
Conjunto de Universidades en junio o julio del año pasado.
Respecto a la selectividad sería conveniente que las pruebas fuesen
modificadas en su concepción, sería bueno que se resolviera un
problema al que ya hice mención en la Comisión correspondiente del
Senado. Si un estudiante por una centésima, como ocurre en mi propia
universidad, no puede acceder al tipo de estudios para el que tiene
vocación e ilusión, se causa una enorme insatisfacción y preocupa a
los rectores. Por eso propuse en aquella época la posibilidad de que
existiera un cierto cupo de recuperación para dar una segunda
oportunidad. Siempre es bueno tener una segunda oportunidad y que
algunos estudiantes se pudieran reenganchar de acuerdo con sus
aptitudes y deseos de tipo vocacional. En cualquier caso, es bueno
que se dé una segunda oportunidad. La posibilidad de examinarse en
septiembre, que antes no existía, puede resolver algunas situaciones
y no va a resolver otras. Hay universidades donde el cupo está
completamente agotado en la convocatoria de junio y no hay
posibilidades de admitir alumnos en septiembre.
El esquema de la Comisión del Senado, que compartoglobalmente,
perfilaba un buen diseño de lo que deberían ser las pruebas de la
selectividad en cuanto a que se tuvieran en cuenta las actitudes de
los estudiantes según el tipo de estudios a los que iba a conducirse
y hubiera una cierta ponderación que ajuste más la realidad que no lo
que ocurre en estos momentos.
Finalmente, el señor Alcaraz comentaba respecto de la investigación y
la posibilidad de colaboración, quizá hoy un poco escasa e
insuficiente, con los organismos públicos de investigación y con el
Consejo. No me atrevería a decir cuál debería ser el modelo del
sistema público de investigación en España respecto a los diversos
organismos que lo hacen. En cualquier caso, sería conveniente que
existiera esa colaboración entre las OPI y la propia universidad y
que se reforzara fuertemente. Las universidades a lo largo de los
años han tenido un fuerte crecimiento en investigación, más que otros
organismos públicos de investigación, porque hoy día no se entiende
una universidad que no investiga, sobre todo que no investiga para
gestionar la generación de conocimientos y se puedan incorporar a las
enseñanzas.
La señora Díez de Baldeón me preguntaba sobre la selectividad y creo
que lo he contestado. Hablaba, también lo he dicho, de la movilidad
de los estudiantes en las universidades, que entendemos como buena en
principio, y de la posibilidad de que España fuese un distrito
abierto, e indicaba que sólo sería justo si hubiera una política de
apoyos y becas más fuerte por parte de las administraciones. Es un
tema que todos compartimos y a los rectores a veces se nos dice que
parecemos de la orden de mendicantes, siempre pidiendo dinero, pero
es nuestra obligación. Nosotros hemos sido muy críticos y muy
contundentes al plantar el tema de la financiación del sistema
universitario porque creemos que es nuestra obligación
y porque creemos que debe ser para mejorar la calidad de las
enseñanzas, para la incorporación de las nuevas tecnologías, para
reforzar la enseñanza práctica, para mantener el enorme patrimonio
que tienen las universidades, y además, sobre todo, teniendo en
cuenta que los gastos corrientes en la universidad más que un gasto
es una inversión a medio y largo plazo y quizá la que tiene mayor
rentabilidad, y eso lo dicen los expertos y no lo digo yo.
Los rectores sabemos, por qué gestionamos nuestros propios
presupuestos, que se tienen dificultades de financiación, que hay
muchas iniciativas en las universidades que hay que cercenar porque
no hay los recursos suficientes y porque normalmente muchos de los
problemas que se han producido en el tema del profesorado ha sido por
unos insuficientes recursos. Por lo tanto, insistimos y lo pedimos, y
después están los responsables que tienen que marcar prioridades a
nivel de la política nacional.
Finalmente, me preguntaba nuestra posición sobre un decreto-ley.
Realmente, no se ha pronunciado la CRUE sobre este tema en concreto.
Sí se ha pronunciado sobre que, unas vez anunciado que la reforma de
la LRU no iba delante en esta legislatura, se tomaran las medidas que
resolvieran los problemas presentados.
Entiendo que hay una serie de problemas que precisarían de una
reforma de la ley y que eso exigiría un decreto- ley. Comprendo
también que un decreto-ley es una figura legislativa que exige su
convalidación, sus acuerdos y sus pactos entre diversos grupos
parlamentarios, pero la creación de nuevas figuras del profesorado o
la situación de tipo contractual o algunas otras de las medidas que
se pudieran tomar, probablemente exigirían una reforma legislativa e
incluso la solución de algunos problemas pendientes que desde el
primero borrador del año 1993 no se han podido resolver, porque
aunque no sean significativos y generales en toda la universidad
española, sí hay grupos de personas con expectativas rotas desde
entonces, como puede ser el grupo de profesores titulares de escuela
universitaria que, habiéndose funcionarizado y siendo doctores, están
impartiendo enseñanzas en los segundos ciclos, o como es el cuerpo de
maestros de taller y laboratorio, minoritario, pero hay personas
detrás, que fue declarado a extinguir por la LRU, y al que se le
viene prometiendo una solución mediante la incorporación e
integración en el cuerpo de profesores titulares de escuela
universitaria, o los profesores numerarios de las escuelas oficiales
de náutica. Como vemos, hay una serie de medidas que están anunciadas
desde hace tiempo y que iban a resolver el problema de estos
colectivos minoritarios.
El decreto tiene los límites que marca un propio decreto, es decir,
abrirá unas posibilidades complementarias, que indiscutiblemente
ahora no existen, y en cualquier caso, sea el rango de la norma que
sea, sólo se podrá llevar a efecto si se produce esa financiación
complementaria, porque las universidades no están en disposición con
sus capítulos presupuestarios actuales de abordar cualquier otra
medida.
Si la figura es, como se anuncia, la posibilidad de un convenio con
las comunidades autónomas de cofinanciación,no estamos nosotros para
definir la fórmula,
pero lo que sí decimos es que, cualquiera que sea la fórmula, debería
ser de urgente aplicación y que su virtualidad pudiera tener
consecuencias incluso en el inicio del último curso.
No tengo anotadas por aquí más cuestiones, aunque me habré dejado
seguro alguna en el tintero, y no querría terminar sin agradecer al
señor Guerra las amables palabras que ha tenido referentes a la
Universidad Politécnica de Madrid, de la que soy rector.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Plaza.
Hemos agotado el orden del día y con el agradecimiento a todas SS.
SS., a los medios de comunicación, a los servicios de la Cámara y de
una manera muy especial al rector de la Politécnica y presidente de
la CRUE, levantamos la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.