CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 666



POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 41



celebrada el miércoles, 14 de abril de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Relativa a la integración de los montepíos locales de Navarra en el
Régimen General de la Seguridad Social. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 161/001414)
... (Página 19330)



- Sobre creación de una red pública de telecentros de servicios
telemáticos compartidos. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/001382)
... (Página 19333)



- Sobre medidas en relación con el derecho de los transexuales a un
cambio de sexo. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 161/001238) ... (Página 19337)



- Sobre medidas para facilitar la integración de las mujeres emigrantes
retornadas en su nueva forma de vida. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/001240)
... (Página 19341)



- Sobre medidas para paliar la incidencia de la anorexia en las jóvenes
españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/001248) ... (Página 19344)



- Para que se suprima el párrafo segundo del apartado 2 de la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación de
los recursos del Sistema de la Seguridad Social. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/001281) ...

(Página 19350)

Página 19330



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY



- RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LOS MONTEPÍOS LOCALES DE NAVARRA EN EL
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001414).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se abre la sesión.

Les comunico, en primer lugar, que a solicitud del grupo proponente
ha sido aplazada la consideración del punto 1 del orden del día, de
forma que decae en este momento hasta nueva decisión de la Mesa y
Junta de Portavoces. En cuanto al resto de los temas, a petición de
varias señoras y señores diputados vamos a empezar por el
originariamente señalado con el número 7, a continuación trataremos
el número 6 y los demás se discutirán conforme a la ordenación
previamente establecida empezando por el punto 2, que pasa a ser
punto 3. Las votaciones se efectuarán a partir de las 13 horas.

Comenzamos con la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, relativa a la integración de los montepíos locales de
Navarra en el régimen general de la Seguridad Social.

Por el grupo proponente, tiene la palabra don Carlos Chivite.




El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, señorías, intervengo en
esta Comisión (de la que no formo parte, pero a la que hoy tengo el
honor de acudir) para defender, en nombre del Grupo Socialista, la
proposición no de ley sobre una cuestión que afecta de manera
especial a los ayuntamientos de Navarra, de uno de los cuales, el de
Cintruéñigo, tuve la satisfacción de ser alcalde durante ocho años.

El objeto de esta proposición es claro y concreto. Se trata de que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno de la nación para que,
respetando el principio de autonomía municipal y respetando también
las expectativas de derechos de los funcionarios, se proceda, con la
participación del Gobierno de Navarra, de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y de las fuerzas sindicales con representación
en el sector público de Navarra, a la integración de los montepíos de
la Administración local de Navarra -y aquí viene algo que es
fundamental- en las mismas condiciones y en los mismos términos en
que se realizó la integración de los funcionarios locales adscritos a
la Munpal en el año 1993.

La proposición que hoy traemos a esta Cámara tiene sus antecedentes
en la disposición final segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, que prescribe que los
funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma
protección social, en extensión e intensidad, que la que se dispense
a los funcionarios públicos de la Administración del Estado y estará
integrada en el sistema de la Seguridad Social. No obstante
lo anterior, la gestión de la protección social de los funcionarios
locales la realizaba la Munpal, adscrita orgánicamente al Ministerio
de Administraciones Públicas. Su difícil situación económica llevó a
que en la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado, se incluyese una disposición transitoria, la tercera, que
establecía la autorización al Gobierno para proceder a la integración
del colectivo incluido en el campo de aplicación del régimen especial
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración local
en el régimen general de la Seguridad Social. Recogida en el mandato
parlamentario la voluntad política, se procedió a una integración
directa a coste mínimo, materializada mediante el Real Decreto 480/
1993, que fue informado previamente de manera favorable por la
Federación Española de Municipios y Provincias y por el Consejo
General de la Munpal, contando asimismo con el voto unánime de los
representantes del Estado y de las entidades locales y de los
sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Cesif.

Señorías, a nuestro juicio, las mutualidades o montepíos constituían,
y constituyen todavía en el caso de Navarra, un sistema especial, un
sistema singular que ha servido en el pasado pero que ya no sirve
para el futuro. Rompen de alguna manera con la unidad de caja de la
Seguridad Social y su gestión hasta ahora no ha dado problemas
insalvables, salvo el excesivo coste que deben soportar los
ayuntamientos, pero la situación en Navarra puede complicarse
y quebrar de un momento a otro.

Tal y como he expuesto en los antecedentes, la Ley General de
Seguridad Social tiene un espíritu de convergencia de todos los
colectivos de protección social hacia un mismo sistema, y en esta
línea se avanzó y se resolvió en el año 1993 en el caso de la Munpal.

Sin embargo, las entidades locales de Navarra, quizá sea por su
régimen específico, no fueron contempladas en su momento dentro del
alcance del real decreto antes citado, manteniéndose al día de hoy en
la Comunidad Foral de Navarra cinco montepíos, tres municipales
propios -Pamplona, Tudela y Tafalla-, el montepío local general y el
montepío de la Administración foral de Navarra. La situación actual
es que Navarra es la única comunidad cuyos funcionarios locales, al
menos una gran parte de ellos, están fuera del régimen general de la
Seguridad Social. Se repite, señorías, el problema de la Munpal. Los
montepíos municipales de Navarra tienen -al igual que lo tenía la
Munpal- un grave problema: su abultado déficit anual, que debe ser
financiado por los propios ayuntamientos. Cada año, los ayuntamientos
de Navarra, al elaborar sus presupuestos, comprueban con desasosiego
la importante partida que deben destinar a pagar la cuota para
soportar la financiación del montepío municipal. Esta reserva
presupuestaria para atender obligaciones del pasado les impide en
muchos casos atender necesidades del presente.

Desde hace años, los ayuntamientos de Navarra, a través de su órgano
de representación, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al
igual que hiciera la Munpal a través de la Federación Española,
vienen reivindicando soluciones para este problema. Entre los
funcionarios de las administraciones locales de Navarra, dada su
evolución y desarrollo, se da la circunstancia de que unos cotizan al
sistema de montepíos y otros al sistema general de la Seguridad



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Social. Desde 1992, todos los funcionarios locales de Navarra que
ingresan en las distintas entidades locales son adscritos al régimen
general de la Seguridad Social, agravándose el desequilibrio que ya
existía. Cada vez son más los pasivos en el sistema especial y muchos
menos los activos, con el consiguiente riesgo de inviabilidad del
sistema. El mantenimiento de este doble sistema para un mismo
colectivo produce desigualdad en cuanto a protección social,
especialmente en lo que hace referencia a asistencia sanitaria y
pensiones. Por ello, creemos que es necesario y urgente corregir esta
disfunción actual y dar solución a la integración de los funcionarios
de Navarra en el sistema general de la Seguridad Social; una solución
que, por respeto a los principios de justicia y equidad, debe ser
igual o equivalente a la que en su día se dio para el resto de los
funcionarios de los ayuntamientos de España. Es cierto que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999 ya recoge en su
disposición adicional segunda que se autoriza al Gobierno, en el
plazo de seis meses, a la integración en el régimen general de la
Seguridad Social y en los términos -dice- que reglamentariamente se
establezcan al personal de la Administración de la comunidad foral y
de las entidades locales de Navarra, excluido, en su día, de la
extinguida Mutualidad nacional de previsión de la Administración
local. Es cierto que dice: en los términos que reglamentariamente se
establezcan, y de ahí la oportunidad de esta proposición, porque lo
que se pide sustancialmente es que sea en los mismos términos en que
se produjo en el año 1993.

Señorías, para los ayuntamientos de Navarra, para sus funcionarios,
la integración es necesaria para garantizarles una protección
adecuada y similar en alcance a la de los trabajadores afiliados al
régimen general de la Seguridad Social. La integración es una
cuestión de oportunidad y de viabilidad, pero también de igualdad y,
por ello, el proceso, a nuestro juicio, debe abordarse con criterios
de racionalidad económica, pero teniendo especialmente presente el
principio de igualdad y teniendo en cuenta que se trata de integrar a
funcionarios públicos en el sector público. La integración, si se
realiza en los mismos términos que en 1993, puede suponer para los
ayuntamientos de Navarra unos ahorros de entre 1.300 y 1.500 millones
de pesetas, lo que en términos relativos supondría incrementar en un
10 por ciento los recursos que perciben como participación de los
impuestos. Cifra no sólo importante sino imprescindible para avanzar
en el desarrollo de su autonomía competencial, cuya voluntad de
desarrollo e impulso aparece plasmada en los programas electorales y
en las declaraciones públicas de la mayoría de los partidos
políticos. Por supuesto, es voluntad inequívoca del Grupo Socialista
avanzar por este camino.

Señorías espero que compartirán conmigo que la máxima aspiración
municipalista es disponer de suficiencia financiera para poder
desarrollar las competencias reconocidas y otras que pudieran serle
transferidas en el proceso de descentralización que se avecina; sin
embargo, la realidad dista mucho de alcanzar la capacidad financiera
suficiente para atender los servicios que demandan los ciudadanos
y ciudadanas con un nivel de calidad óptimo. Hoy, en los ayuntamientos,
las ideas se multiplican -es cierto-, los proyectos se acumulan, pero
siguen existiendo
graves problemas de financiación, que en el caso de Navarra se ven
agravados por tener que soportar la carga de los montepíos. En
nuestras manos está, señorías, en este año en el que se conmemora el
XX aniversario de los ayuntamientos democráticos, dar respuesta y
solución a la integración de los montepíos de Navarra en la Seguridad
Social; una reivindicación histórica que ya fue resuelta de manera
adecuada en 1993 para los ayuntamientos del régimen común, pero que
quedó sin resolver en lo que a los de Navarra respecta.

Confiamos, señorías, en el apoyo que han de prestar a nuestra
iniciativa por cuatro razones -y voy concluyendo-: Primero, para
evitar la quiebra a corto plazo del sistema de montepíos, algo
inevitable si no se toman medidas, ya que los estudios actuariales
demuestran que en breve plazo podrían tener graves problemas por el
desequilibrio, antes mencionado, entre activos y pasivos. Segundo,
para satisfacer las pretensiones y expectativas de los funcionarios
locales de Navarra y garantizarles una protección social igual a la
del resto de los funcionarios, cerrando un período de cobertura
social diferenciada e insuficiente. A partir de la integración, los
funcionarios de Navarra tendrán una protección sanitaria y social
suficiente y similar a la de los demás funcionarios del Estado y a la
de los demás trabajadores. Esto supone la mejora del sistema de
cálculo de pensión y de revalorización. En tercer lugar, va a servir
para aligerar la carga económica de los ayuntamientos de Navarra, de
manera que puedan avanzar en su aspiración permanente de lograr una
mayor autonomía local a través de la suficiencia financiera. Por
ello, en la proposición -y hago de nuevo mención al apartado que me
interesa resaltar- se pide que sea en las mismas condiciones y
términos que la realizada en 1993. Si a la Munpal no se le hizo
reclamación del impacto de costes de integración, no sería justo que
a los montepíos locales de Navarra sí se les reclamase. Y en cuarto
lugar, este proceso de integración debe realizarse con participación
de los afectados, y en este caso, para garantizar el respeto de la
autonomía local, debe incluirse en el proceso de integración a los
sindicatos representativos del sector en Navarra, así como a la
Federación Navarra de Municipios y Concejos.

A modo de conclusión final, les digo que esto es muy sencillo: a
igual problema, igual solución. Eso es lo que reivindicamos.




El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta
proposición no de ley. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Voy a fijar la posición de nuestro grupo
en relación con esta proposición no de ley relativa a la integración
de montepíos locales de Navarra en el régimen general de la Seguridad
Social.

En primer lugar, no tenemos ningún inconveniente en que se produzca
esta integración de los montepíos locales, siempre y cuando se haga
de acuerdo con los procedimientos previstos en el régimen foral
navarro. En este sentido, estamos de acuerdo en que hay que corregir
disfuncionalidades actuales, que hay que actuar con criterios de
racionalidad,



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etcétera. Esta proposición no de ley, tal como se plantea, va en
contra del régimen foral de Navarra, puesto que debe existir una
negociación para esta integración entre el Gobierno de Navarra y el
del Estado. Finalmente, el acuerdo al que se llegue debe ser
refrendado por el Parlamento de Navarra.

Por todo ello, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Esta proposición no de ley es oportuna y
contiene un elemento que consideramos importante para conseguir los
objetivos que tanto la Ley de Presupuestos Generales del Estado como
la acción del Gobierno -que está haciendo gestiones para la
integración de los montepíos de Navarra en el régimen general, como
era su mandato- tienen que cumplir a partir de esos presupuestos. Es
importante para poder cumplimentar esta voluntad política en las
mejores condiciones y dar así satisfacción a las pretensiones de los
funcionarios y de los ayuntamientos de Navarra, que sin duda tienen
una preocupación muy justificada en función de la situación ya
descrita por el proponente.

Al margen de las razones que puedan avalar la resolución del problema
-evitar la posible quiebra de los montepíos, satisfacer las
pretensiones de los funcionarios, aligerar la carga de los
ayuntamientos, etcétera-, la novedad que introduce esta proposición
no de ley es que se haga en los términos de 1993, y eso es lo que hay
que considerar, si es oportuno y conveniente o no. Nosotros
entendemos que sí es necesario que haya una integración en el régimen
general, como se hizo en su día con el resto de los funcionarios de
la Administración local. Ante esta pretensión no hay motivación
alguna que pueda oponerse, en la medida en que no es contraria ni
puede presentarse como contraria a una negociación con la Comunidad
Foral de Navarra ni con los ayuntamientos. Lo que pretende es motivar
y asentar, desde el punto de vista de control del Gobierno que
ejercemos aquí, la obligación del Gobierno de que negocie con los
interesados. Por tanto, no afecta para nada a la autonomía del
régimen foral. No hay motivos en contra, no debe haberlos y sí hay
motivos a favor, porque se trata de limitar la potestad reglamentaria
de la acción del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Jaime del Burgo.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Anuncio desde ahora que nuestro grupo se
va a oponer y a rechazar con su voto, y espera que así lo haga esta
Comisión, la proposición no de ley que ha defendido el diputado
socialista por Navarra don Carlos Chivite.

Esta proposición no de ley no es oportuna, sino más bien oportunista,
y tal vez oportunista desde el punto de vista electoral, pero este es
un tema muy serio como para hacer electoralismo a estas alturas. ¿Por
qué digo esto? En primer lugar, porque la ley de acompañamiento, que
no la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya prevé que en
el plazo de seis meses se autorice al Gobierno para la integración en
el régimen general de la Seguridad Social, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, del personal de la Administración
de la Comunidad Foral y de las entidades locales de Navarra. Es
decir, estamos hablando aquí de dos clases de personal, uno
dependiente directamente de la Administración de la comunidad foral y
el otro dependiente de los ayuntamientos e integrado en los diversos
montepíos que existen en Navarra. Sin embargo, este personal está
sujeto al régimen estatutario de la Función pública foral y, en
consecuencia, sus condiciones de trabajo y sus condiciones básicas de
empleo, como ocurre con el tema de las prestaciones por la Seguridad
Social, pensiones, etcétera, no se pueden alterar, ni siquiera
reglamentariamente, por el Gobierno. Es decir, que requiere, en
primer lugar, tal como establece el amejoramiento del Fuero, un
acuerdo entre la Administración foral de Navarra y la Administración
general del Estado, acuerdo que además deberá plasmarse en una
modificación legislativa en el seno de la comunidad foral, puesto que
-insisto- afecta al régimen estatutario de los funcionarios, y eso no
se puede hacer simplemente por la vía del reglamento que, en su caso,
pudiera dictarse. Ese reglamento, repito, tiene que ser objeto del
previo acuerdo entre Navarra y el Estado; además, debe contener esas
modificaciones legislativas porque son absolutamente imprescindibles;
de lo contrario, no podría hacerse nada de lo que se prevé dentro de
esa disposición adicional segunda de la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos de 1999. A mayor abundamiento, la proposición no de ley
está formulada de una manera absolutamente incorrecta. Por una parte,
se dice: Se proceda, con la participación de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y las fuerzas sindicales con representación en
el sector público de Navarra, a la integración de los montepíos. Y a
continuación se dice: en las mismas condiciones y en los mismos
términos en que se realizó la integración de los funcionarios locales
adscritos a la Munpal. Por tanto, da la impresión de que aquí se está
intentando introducir la participación de los afectados en el ámbito
municipal, como es la Federación Navarra de Municipios y Concejos y
fuerzas sindicales, pero para conseguir un resultado que ya se prevé
con toda minuciosidad en la proposición no de ley, que es: en las
mismas condiciones y en los mismos términos con que se realizó la
integración de los funcionarios en 1993. Eso es imposible, puesto que
desde el año 1993 han cambiado las circunstancias. Esto no quiere
decir que esta integración no se inspire en los mismos principios que
inspiraron la integración de la Munpal en el régimen general de la
Seguridad Social, pero no se pueden trasladar miméticamente las
mismas condiciones puesto que ha habido cambios sustanciales como
consecuencia de los pactos de Toledo y de las modificaciones
legislativas introducidas en la normativa de la Seguridad Social. Por
tanto, tampoco se puede aprobar en estos términos, porque de aprobar
tal como está la proposición no de ley, conduciría a un resultado
probablemente de imposible cumplimiento.

Hay que tener en cuenta que esos montepíos, que están en una
situación complicada desde el punto de vista económico, se nutren
fundamentalmente no sólo de las cuotas de los funcionarios, de los
empleados y de las aportaciones



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propias de los municipios sino, además, de los propios Presupuestos
Generales de Navarra. Es lógico, por ese mismo motivo que también
haya una participación y conversaciones directas entre el Estado, el
Gobierno y el Gobierno de la Comunidad Foral, cosa que no está
prevista, en absoluto, en la proposición no de ley; por eso hemos
podido calificarla, y en esto coincido con el representante del
Partido Nacionalista Vasco, como una proposición que dudosamente se
ajusta a lo que es el régimen foral, yo creo que, incluso, es poco
o nada respetuosa con las exigencias del régimen foral que exige esa
bilateralidad de trato entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno del
Estado, teniendo en cuenta, además, que se trata de una materia que
es competencia exclusiva de la comunidad foral histórica, porque aquí
no se piense que estamos ante un agravio disfuncional producido por
la incomprensión del Estado, ni por la falta de sensibilidad de la
comunidad foral. Lo que ocurre es que la Comunidad foral tiene su
propio sistema estatutario de funcionarios, era un régimen cerrado en
sí mismo, por consiguiente cumplía todos los requisitos de un régimen
estatutario y la Seguridad Social la cubrían directamente a través de
los montepíos y de las aportaciones de la propia comunidad. Ahora
ocurre que se ha entendido, y es más razonable, que los principios de
igualdad, y habida cuenta de la extensión de la Seguridad Social a
todo el colectivo de los ciudadanos españoles, también los
funcionarios, tanto de la Diputación Foral de Navarra como de las
administraciones locales de Navarra deben estar en la Seguridad
Social. Pero quiero dar un dato: en los primeros cálculos actuariales
que se han hecho, eso significa ni más ni menos que Navarra tendría
que hacer una aportación de 100.000 millones de pesetas
aproximadamente -ésta es una cifra que se ha barajado ya-, y 100.000
millones de pesetas es una cifra evidentemente importante como para
negociar un aplazamiento adecuado. Hay veinte años de plazo en la
Munpal en el año 1993. Nosotros no tenemos por qué pensar en veinte
años, podemos pensar en alguna cifra mayor. Desde el punto de vista
de Navarra podríamos negociar condiciones diferentes a las de la
Munpal; teniendo en cuenta, además, que la Munpal tenía una serie de
bienes que no tienen los montepíos navarros, ni el foral ni el de los
ayuntamientos.

Por todas estas razones, señor presidente, entendemos que no hay
motivos para dar nuestro apoyo a esta proposición. Si el señor
Chivite, o el Grupo Parlamentario Socialista hubieran estado
coordinados, como debieran estar o supongo que lo están con el Grupo
Socialista del Parlamento de Navarra -no quiero hacer ningún tipo de
intenciones- (El señor Chivite Cornago: No lo hagas), hubiera visto
cómo en el Parlamento de Navarra este tema ha sido objeto de varias
comparecencias por parte del consejo de Presidencia del Gobierno de
Navarra. El Grupo Socialista se ha conformado en el Parlamento de
Navarra con todas las explicaciones que ha dado al respecto el
Consejero de Presidencia de Navarra anunciando y concretando los
términos en que se está produciendo esta negociación que ya existe;
negociación que ya existió, primero para que la Ley de acompañamiento
de 1999 introdujera esa disposición adicional de la que estamos
hablando, y segundo, para concretar los términos en que ésta debe
producirse. Simplemente tengo que decir que en alguna de las
comparecencias recientes el Consejero de Presidencia, después de
anunciar todo lo que se está haciendo, dice que informará de las
propuestas a los representantes sindicales de los funcionarios
y responsables de los montepíos municipales autónomos, a la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, a la ponencia o comisión
correspondiente del Parlamento de Navarra y a los funcionarios que lo
soliciten. Dice que hará una propuesta concreta al Gobierno de
Navarra de la alternativa al actual régimen de pasivos y que
finalmente tramitará ante el Parlamento de Navarra la iniciativa
legislativa correspondiente, reclamando el más amplio consenso.

Cuando concluye en esa intervención el Consejero dice que las
actuaciones a desarrollar tendrán en cuenta el pleno respeto a la
autonomía municipal, el respeto máximo de las expectativas de derecho
de los funcionarios, el respeto absoluto de la cláusula de
voluntariedad en la incorporación a un régimen distinto, la máxima
transparencia de la información de representantes de trabajadores
y patronales, la búsqueda de un amplio consenso sindical y
parlamentario a través de participación y negociación y la
salvaguarda de la viabilidad económica y financiera de los
presupuestos públicos.

Por tanto y concluyendo, éste es un tema que está en vías de solución
a través del cauce que está establecido, tanto en el Amejoramiento
del Fuero, como en la disposición adicional segunda, y en
consecuencia entendemos que la aprobación de esta proposición no de
ley, en lugar de contribuir a impulsar el proceso a lo único que
contribuiría es a introducir un elemento de perturbación que sería
contrario precisamente al objetivo que todos decimos compartir.




El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley,
dejamos para el momento oportuno su votación.




- SOBRE CREACIÓN DE UNA RED PÚBLICA DE TELECENTROS DE SERVICIOS
TELEMÁTICOS COMPARTIDOS. PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001382)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto del orden del día relativo
a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre creación de una red pública de telecentros de
servicios telemáticos compartidos.

Para su defensa tiene la palabra don Pedro Vaquero. (Rumores.)
Señoras diputadas, la negociación de las enmiendas háganla en
silencio o fuera de la Comisión, por favor. (La señora López i
Chamosa pide la palabra.) ¿Es para una cuestión de orden?
(Asentimiento.)
Puede hacer uso de la palabra.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, ¿pasamos ahora a la
proposición no de ley número 6?



El señor PRESIDENTE: Así es, señora López i Chamosa.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, la diputada del Grupo
Socialista que tiene que intervenir no



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ha llegado todavía porque, como era la penúltima, pensaba que se
trataría más tarde.




El señor PRESIDENTE: Habíamos quedado que íbamos a empezar por las
dos últimas, cosa que fue aceptada en el orden del día. Que asuma la
defensa de la enmienda quien proceda.

Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Espero que a lo largo de mi parlamento,
que quizá sea menos breve de lo que hubiera de esperar, se incorpore
la compañera del Grupo Socialista que ha presentado una enmienda que
tendré ocasión de comentar.

Satisfecha una inicial turbación que tenía este diputado por
contemplar que no nos amparaba la bandera constitucional y temer que
hubiera sido un osado republicano que celebrase el día de hoy 14 de
abril, habiendo sustraído de esta sala dicha bandera, empiezo mi
intervención para defender una iniciativa que sinceramente considero
interesante de cara al desarrollo de lo que es la realidad productiva
de nuestro país en plena transformación hacia una realidad ya
presente y que en cualquier caso va a seguir evolucionando en cuanto
a la economía industrial.

Sin duda alguna, el concepto de teletrabajo que sirve para designar
todas aquellas clases de interacciones electrónicas dentro del ámbito
laboral que se realizan mediante sistemas de telecomunicaciones, es
hoy una realidad quizá no suficientemente desarrollada, pero que de
forma inexorable se va incrementando en nuestro país en la medida que
vamos accediendo a la economía de la información y de la
comunicación. Hoy nuestra sociedad es una sociedad de la
comunicación, y la informática y la telemática están obteniendo
resultados muy importantes de cara a conseguir que un buen número de
actividades de las relaciones laborales de la economía industrial se
puedan desarrollar a través del teletrabajo.

Nosotros hacemos en la exposición de motivos una enumeración de
determinadas actividades que pueden realizar las empresas a través
del teletrabajo como son por ejemplo, los contactos de las empresas
con su agentes, con clientes, con proveedores; los trabajos de
secretaría, de asesoría jurídica, de contabilidad, de traducción, de
mecanografía, de consultoría especializada, de arquitectura,
ingeniería, edición, enseñanza, promociones y venta de productos
telefónicos, de marketing, estudios de mercado, vigilancia de bosques
y medio ambiente, realización de trámites, seguimiento de valores
bursátiles, diseño gráfico, investigación científica. Todo esto es un
pequeño recuento de multitud de actividades que el teletrabajo puede
realizar satisfactoriamente de cara por un lado al buen desarrollo de
la empresa, y por otro a la agilización de las relaciones laborales
que están en plena transformación y que como saben SS. SS. a veces no
son del agrado de este grupo parlamentario en función de los
intereses de los trabajadores. En cualquier caso es una facilidad
para las empresas y para los trabajadores que se pueda potenciar la
realidad del teletrabajo que va a ser una realidad cada vez más
presente en la economía industrial. Para ello se están estableciendo
redes telemáticas que abren la posibilidad de un trabajo productivo a
distancia, que tiene un gran valor en el mercado y en la sociedad
en general. Sin embargo, hay informes como el reciente de la Comisión
Europea sobre el teletrabajo, que ponen de manifiesto que en Europa
hay una falta de infraestructuras plenamente desarrolladas en
tecnologías adecuadas para la explotación de la información y para
dotar de facilidades para la realización y la capacitación del
teletrabajo.

Entre las dificultades para el desarrollo del teletrabajo, una muy
importante es la inexistencia de telecentros públicos de servicios
telemáticos compartidos. Estos telecentros pueden cubrir no tanto el
desarrollo de las nuevas tecnologías, que eso depende de otras
variables y de otros factores, sino el uso y la integración de las
que ya existen. Estas nuevas tecnologías van a multiplicarse en
progresión geométrica. La realidad que hoy contemplamos puede quedar
desbordada claramente en el futuro, pero es un elemento que no
entramos a considerar ahora. En el uso e integración de estas nuevas
tecnologías las redes de telecentros públicos pueden fomentar e
impulsar las economías locales, promoviendo la creación de nuevos
empleos a través del telecentro y ofreciendo formación de estas
nuevas tecnologías a las pequeñas y medianas empresas emplazadas
allí. También pueden facilitar el acceso a ordenadores y a las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación a teletrabajadores
autónomos, así como al resto de habitantes de las localidades
respectivas. En este sentido, el teletrabajo puede convertirse en una
herramienta útil para estimular el desarrollo socioeconómico y la
creación de empleo, donde los teletrabajos se pueden considerar como
incubadoras de nuevas oportunidades de trabajo. Por todo ello hemos
planteado esta proposición no de ley, que consiste en instar al
Gobierno a poner en marcha la creación de una red pública de
telecentros de servicios telemáticos compartidos, por supuesto en
coordinación con las comunidades autónomas, y cuya finalidad sea
poner al alcance de la población las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y abrir posibilidades para el
teletrabajo. Planteamos que esta red pública de telecentros se ajuste
a una serie de criterios básicos que rápidamente paso a enumerar.

La utilización de estos recursos telemáticos tendrá que ser de
carácter público general, considerados por tanto como servicios de
utilidad pública accesibles a los trabajadores de las empresas
privadas, autónomos o usuarios de Internet, obviamente a bajo coste o
gratis, depende de qué servicios y en qué casos. El acceso a dichos
telecentros públicos debe constituirse en una especie de cibertecas
que además abran las vías para el teletrabajo. Las dos facetas se
podrán conseguir en esta red pública de telecentros. Por otro lado,
estos servicios telemáticos de los telecentros tendrán que disponer
de un equipamiento informático y de telecomunicaciones suficientes
para ser empleado tanto por teletrabajadores de una empresa privada
como por profesionales independientes de pequeñas empresas o público
en general. Al mismo tiempo, esa red pública tendrá que cubrir los
municipios de al menos 25.000 habitantes, criterio que nos parece
razonable, y que estén en las zonas más deprimidas o en reconversión
y rurales, porque son los que pueden estar más necesitados de este
tipo de servicios en función de la creación de empleo, ya que
fundamentalmente se trata de eso entre otras cosas.

En el punto 4 de nuestra proposición no de ley planteamos que en
estos telecentros se orientará de manera general



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la creación de nuevas oportunidades de empleo a todos los
trabajadores en paro, en particular jóvenes licenciados,
profesionales, mujeres y discapacitados. Para ello, cada telecentro
de la red dispondrá de un aula formativa donde se impartirán cursos
de familiarización con el entorno telemático, así como de un servicio
de tutoría a distancia para el mejor aprovechamiento del telecentro.

Respecto a la gestión de telecentros, planteamos que se haga en
función de acuerdos con las distintas administraciones y la sociedad,
a través de instituciones, universidades, fundaciones, sindicatos,
empresas, asociaciones, y ONG. Finalmente, en el punto 6 planteamos
que su financiación se realice anualmente en función de los fondos
presupuestarios necesarios para su desarrollo y extensión, y que se
habiliten edificios públicos de las distintas administraciones para
ubicar los telecentros comprendidos en la red pública que pretendemos
se instaure a través de esta proposición no de ley.

Conscientes de que este proyecto es ambicioso pero necesario, y que
en cualquier caso la prudencia gestora del Gobierno tiene que
acometer esta cuestión que nosotros consideramos inaplazable e
ineludible, insisto, por la urgencia que imprime el desarrollo de
estas nuevas tecnologías y de esta realidad que nos está desbordando,
entendemos que la enmienda que plantea el Grupo Socialista recorta
nuestras ambiciones iniciales en la proposición no de ley, pero
podría abrir la vía de un consenso en la Comisión para conseguir la
realización de esta aspiración que en síntesis consideramos justa y
oportuna. Por supuesto no voy a explicar la enmienda del Grupo
Socialista, porque ya lo hará mi compañera, felizmente incorporada a
la Comisión, pero sí voy a anunciar que en aras de este consenso y
para que pueda salir adelante nuestra proposición no de ley, vamos a
aceptar esta enmienda y solicitamos del resto de los grupos que así
lo hagan con nosotros.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente hay una enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, y para su presentación y defensa
tiene la palabra doña Elvira Cortajarena.




La señora CORTAJARENAITURRIOZ: Por lo visto ha habido bastantes
cambios en cuanto al orden del día. Por fin me he incorporado, y
quiero decir que el Grupo Socialista valora positivamente la
presentación en nuestra Comisión de esta iniciativa parlamentaria
relacionada con la creación de una red de centros telemáticos para
impulsar prioritariamente el acercamiento de la información y el
conocimiento a la población en general, y en un segundo término para
facilitar y favorecer el teletrabajo.

La iniciativa nos parece innovadora: sin embargo, imbuidos -supongo-
de las responsabilidades que genera la acción del Gobierno, al
estudiarla pensamos que era ambiciosa pero muy costosa. Por otro
lado, tampoco definía muy claramente las funciones ni el personal
adscrito y nos parecía que era excesivamente amplia en relación con
los potenciales usuarios de la red. Se podía dar la contradicción,
por ejemplo, de que empresas pequeñas, autónomos, fueran
automáticamente al centro y dejaran de comprar, establecer o
instituir una serie de redes y programas que tenían que adquirir,
generando así un agravio comparativo entre unos y otros.

Desconocemos cuál puede ser la demanda de estos telecentros, la mejor
gestión para los mismos y los horarios adscritos a ellos. Por fin,
desconocemos si la formación tiene que ocupar un papel preponderante
o si la sociedad actual ya está formada y familiarizada con la
utilización de estos sistemas informáticos, en cuyo caso no serían
precios estos procesos de formación.

Como valoramos positivamente la presentación de la iniciativa, todas
estas incógnitas nos han llevado a estudiar la cuestión en
profundidad y hacer una serie de propuestas que nos parecen
importantes de las que quisiera dejar constancia en esta Comisión. En
primer lugar, el teletrabajo presenta algunas lagunas en relación con
las personas; no está considerado una profesión como tal, es una
forma de ejercer una actividad. En segundo lugar, los proyectos de
teletrabajo en las grandes empresas se limitan hoy por hoy a la misma
plantilla, es decir no salen, no hay subcontratación por parte
grandes empresas a través de trabajo. Tercer aspecto importante: la
demanda por parte de las pequeñas y medianas empresas es hoy muy
reducida no porque no necesiten el teletrabajo, sino porque lo
desconocen; un elemento digno de tenerse en cuenta.

En cuanto a la legislación, hemos tenido varias reuniones con UGT y
con la Fundación María Eulalia Campmany, y hemos creado una comisión
y un grupo de trabajo para estudiar esta actividad. En el V programa
marco de la Comisión Europea se planteaba el estudio de la
legislación actual del teletrabajo. Es cierto que no existe una
legislación específica para teletrabajo, pero analizadas todas las
variables que inciden en él parece que es prematuro acometer una
reforma legislativa para tipificarlo porque todavía no se sabe muy
bien cuál puede ser la oferta, la demanda o qué tipo de relaciones se
pueden suscitar. Sería importante seguir avanzando en este estudio y
en la constitución de la red yo diría que con carácter experimental.

Hay un último aspecto que no podemos dejar pasar y es el coste fiscal
que tendría para los autónomos por parte de la empresa que los va a
subcontratar; si la contratación es temporal, si es fija, si genera
obligaciones para la empresa o no las genera.

Estos grandes parámetros hacen que la modalidad de teletrabajo, que
puede ofrecer grandes ventajas a empresas y trabajadores, nos haga
reflexionar y caminar con cierta prudencia.

En cuanto a la Comisión Europea, nos sentimos gratificados porque
España, a través de la Fundación Universidad- empresa de Valladolid,
ha obtenido el premio a la mejor iniciativa pública en la Semana
europea del teletrabajo que tuvo lugar en Bruselas el viernes 6 de
noviembre, como colofón a todas las actividades que ha realizado
Europa durante dicha Semana europea del teletrabajo. El proyecto se
ha realizado en colaboración con la Junta de Castilla y León;
quedaron seleccionados 22 finalistas de distintos países europeos y
en ellos han participado otras universidades. La creación de un CD
ROM multimedia ha permitido dirigirse a empresas y trabajadores,
sindicatos y organizaciones públicas y privadas, y va a servir como
tutoría de información y consulta para sensibilizar a todos los
agentes en el uso del teletrabajo. Esta es una buena noticia para el
teletrabajo en España.




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Seguidamente, señor presidente, paso a defender la enmienda que
presentamos a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. En el párrafo primero del texto de la
iniciativa legislativa se dice: en coordinación con las distintas
comunidades autónomas. Pensamos que la red pública debe tener
carácter experimental y que debe estar adscrita al Inem -al servicio
público de empleo-, que es el órgano por excelencia que representa
los intereses de trabajadores y empleadores; es decir el órgano que
tiene la vinculación más directa con ellos en coordinación y
colaboración con las Comunidades Autónomas, por supuesto.

En el punto número 2 de nuestro escrito hay un error por el que pido
excusas a la Presidencia. Dice: enmienda de supresión parcial, pero
hablamos del último párrafo y hemos puesto el primero. El texto que
proponemos como enmienda debe decir: «Los telecentros de servicios
telemáticos compartidos de carácter experimental dispondrán del
equipamiento informático y de telecomunicaciones suficiente para los
servicios que puedan demandárseles». El resto quedaría suprimido.

En tercer lugar, proponemos la siguiente enmienda de sustitución del
párrafo número 3: «La red pública experimental de telecentros se
pondrá en marcha en las diecisiete comunidades autónomas y en las dos
ciudades autónomas, creándose en la primera fase los diecinueve
centros antes señalados. Transcurridos dos años de funcionamiento, se
efectuará una evaluación global que permita avanzar en su creación,
mejorar su funcionamiento, ampliar sus cometidos y verificar su
demanda».

Por último, proponemos que se suprima de la iniciativa el punto 5.

Esta es la propuesta que hace el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Cristóbal Pons.




El señor PONS FRANCO: Si bien desde el Grupo Parlamentario Popular
consideramos que las valoraciones contenidas en la exposición de
motivos de la proposición no de ley son compartidas prácticamente en
su totalidad tanto por este grupo parlamentario como por el Gobierno,
y lo mismo podemos decir de los objetivos generales que se pretende
conseguir con la medida propuesta, tengo que adelantar que vamos a
votar en contra, aunque estemos de acuerdo con el espíritu de dicha
proposición no de ley, por los motivos que intentaré explicar de la
forma más breve posible.

El desarrollo de la sociedad de la información en España y la
aplicación de nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones al trabajo, a la educación, a la cultura, a la sanidad
y al ocio, es una de las prioridades del Gobierno. Todo ello desde el
convencimiento de que estas nuevas tecnologías constituyen un factor
estratégico para el progreso económico y social de nuestro país, por
lo cual existe el decidido compromiso de reforzar el carácter de
instrumento de cohesión social que poseen evitando la exclusión de
algún sector de la sociedad.

En este contexto, la proposición que presenta Izquierda Unida plantea
la creación de telecentros públicos de servicios telemáticos
compartidos por el objetivo básico de promover
y facilitar el trabajo y el acceso del conjunto de la sociedad
a las tecnologías de la información. Aeste respecto cabe señalar que
la propuesta está en línea con las principales recomendaciones de
países y expertos a nivel mundial de emprender acciones tendentes a
no generar sectores o colectivos excluidos de la sociedad de
información, los denominados out of before computer, lo que generaría
la marginalidad tecnológica. El informe de recomendaciones del grupo
asesor sobre las industrias de la sociedad de la información,
realizado a petición del Ministerio de Industria y Energía y fechado
el 22 de julio de 1998, recoge iniciativas en esta misma dirección, y
en la reciente reunión de la UIT, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos,
esbozó lo que ha denominado declaración de independencia digital, un
programa de cinco puntos cuyo objetivo finalista es dotar a cada
individuo del planeta de servicios básicos de voz y datos, objetivo
ambicioso si se tiene en cuenta que en estos momentos se estima que
el 65 por ciento de los hogares del mundo no disponen de servicio
telefónico. Creo que ésta es también la línea de trabajo que está
siguiendo actualmente el Gobierno español, por lo que se comparte,
como ya he dicho, la motivación que lleva a Izquierda Unida a
formular su proposición no de ley, si bien se considera que su
redacción es quizá precipitada para responder adecuadamente a este
objetivo.

Así, aun cuando se pudieran aprovechar sinergias del sector privado y
del sector público y crear una red pública privada de telecentros
para uso multidisciplinar, se generarían problemas de gestión y
compartición de recursos importantes, máxime teniendo en cuenta que
harían uso de los mismos colectivos muy diferentes. De este modo y
aunque el objetivo finalista fuese común, creemos que deberían
distinguirse claramente centros dedicados al ocio y a la información,
con especial orientación a colectivos como pensionistas, centros
dedicados a la formación dirigidos especialmente a estudiantes, tanto
del ciclo escolar como universitario, y centros dirigidos a la
formación profesional y al teletrabajo dirigidos a empleados,
trabajadores por cuenta propia, así como pequeña y mediana empresa.

En el caso de los telecentros orientados a la teleformación
profesional y el teletrabajo, podrían aprovecharse sinergias con el
sector privado a través de asociaciones empresariales, cámaras de
comercio, incluso empresas privadas. En este caso debería participar
activamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Ministerio de Economía y Hacienda. El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de la Mujer y con la idea de
facilitar las posibilidades de trabajo de las mujeres y atendiendo
a las dificultades y a las circunstancias familiares con que estas se
encuentran, lleva a cabo desde el año 1998 un proyecto Cetes, de
centro de teletrabajo para mujeres, que encaja perfectamente en esta
idea, proyecto que se ha llevado a cabo a lo largo de 1998 y 1999 y
que se inscribe en la iniciativa comunitaria de empleo NOW, con la
finalidad de evaluar la incidencia del teletrabajo en las mujeres y
formarlas en esta materia. En todo caso, y con carácter previo a todo
esto, creemos que deberían analizarse las políticas de formación
necesarias y estudiar las implicaciones y adaptaciones que requeriría
la generalización del teletrabajo.En el caso de los telecentros
orientados a estudiantes,



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igualmente se debería contar con el Ministerio de Educación
y Cultura, el Consejo de Universidades y las comunidades autónomas, con
el fin de no redundar en esfuerzos. Por último, quizá el sector más
desatendido en este sentido sea el área de la tercera edad, en la que
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conjuntamente con
comunidades autónomas y con la participación de asociaciones y ONG,
debiera enmarcar las acciones pertinentes.

Precisamente también en esta línea, el Ministerio de Fomento se
propone profundizar en este tipo de actividades, abordando desde el
sector de las telecomunicaciones nuevas actuaciones de mayor
envergadura y con un mayor calado social. Con objeto de definir estas
actuaciones de forma coordinada entre los diferentes organismos de la
Administración, diversos ministerios y distintos niveles
territoriales de la misma y contando con las aportaciones de los
agentes del sector, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, en su
última reunión celebrada el 26 de enero de 1999 bajo la presidencia
del señor Ministro de Fomento, acordó la creación de una ponencia
para la regulación y el impulso de las redes y servicios avanzados de
telecomunicaciones en el marco de la convergencia tecnológica. Además
de las funciones relativas al estudio, propuesta y coordinación de
medidas reguladoras, se recogen expresamente las de definir
iniciativas que supongan un impulso significativo de los servicios
derivados de la convergencia y de la red de servicios avanzados de
telecomunicaciones, así como proponer actuaciones concretas que
contribuyan a llevarlas a la práctica. Para llevar a cabo esta
función, la ponencia tomará en consideración entre otros los
siguientes objetivos, y estoy leyendo textualmente del acuerdo de
creación de la ponencia la extensión de las redes de acceso de gran
capacidad y los servicios e implicaciones más avanzados; el acceso de
los usuarios de las zonas menos favorecidas económicamente, de las
zonas con población dispersa y de las áreas geográficamente aisladas
de estos servicios; la promoción del uso de los servicios derivados
de la convergencia tecnológica en los sectores de interés público
tales como administraciones públicas, la sanidad, la educación, el
medio ambiente y el patrimonio cultural.

Creemos que la proposición no de ley objeto de este documento se
inscribe pues plenamente en los objetivos de esta ponencia y no
representa sino algunas de las medidas posibles cuya definición de un
modo coordinado entre la Administración y los agentes interesados va
a abordarse en ese marco. Una vez sentado el interés de la
Administración no sólo en los objetivos de esta proposición no de ley
sino también en la conveniencia de emprender acciones del tipo de las
indicadas, quizá no nos parece el método más oportuno aprobar
aisladamente una medida sin valorar su mayor o menor prioridad frente
a otras de parecido significado que sin duda van a plantearse en esta
ponencia. Antes de tomar la decisión de ponerla en marcha, será
necesario asimismo valorar sus implicaciones presupuestarias para el
erario público y estimar la colaboración con que contarían desde el
ámbito privado, así como el posible efecto dinamizador que tendrían.

No es tampoco un asunto menor estudiar el modo práctico en que estas
acciones se llevarían a efecto.

En conclusión debe señalarse que compartiendo plenamente el espíritu
de la proposición no de ley, como ya he
indicado, quizá la misma no responde adecuadamente a las necesidades
de la sociedad a este respecto. Creemos que esta cuestión debe
abordarse más en profundidad, distinguiendo en todo caso siempre
entre centros de teleinformación, centros de teleocio y teletrabajo y
centros de teleformación, que por las peculiaridades de cada uno de
sus destinatarios creemos no son susceptibles de un tratamiento
uniforme. Por ello, nuestro grupo propone considerar las propuestas
de actuación contenidas en esta proposición no de ley y las
actuaciones concretas que deben ser debatidas en el seno de la
ponencia anteriormente mencionada.

Por tanto, compartiendo plenamente el espíritu de la proposición no
de ley, creemos que sería sesgado o quizá precipitado entrar en la
aprobación de una proposición no de ley que sólo contemplaría parte
de lo que el objetivo incluye. Por ello en principio la vamos a
rechazar, aunque teniendo en cuenta que vamos a poner en marcha todas
las actuaciones a las que me he referido para poder estudiar así con
mayor profundidad su contenido.




- SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE LOS TRANSEXUALES A UN
CAMBIO DE SEXO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001238)



El señor PRESIDENTE: Concluimos el debate y pasamos al punto
siguiente del orden del día: proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular de Izquierda Unida sobre medidas en
relación con el derecho de los transexuales a un cambio de sexo.

Para su defensa, tiene la palabra doña Inés Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Señorías, voy a intervenir en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar la
proposición no de ley que desarrolla diversos aspectos sobre
transexualidad.

No pienso, señorías -lo digo de antemano-, basar mi intervención en
el dramatismo y en la angustia de los transexuales, tanto por respeto
a los colectivos como por respeto a las personas, ni profundizar de
forma excesiva en las tesis que hacen mimética y única base de
argumentación la identificación de transexualidad, enfermedad,
trastorno, patología, operación quirúrgica. Tenemos en nuestro país y
en nuestro entorno europeo suficientes precedentes jurídicos para
fundamentar el debate de hoy en el marco de la interpretación de
preceptos constitucionales y fundamentalmente el derecho al libre
desarrollo de la personalidad y a la no discriminación. Tenemos
suficientes elementos para hacer este debate hoy en sede
parlamentaria basado en el derecho del individuo al cambio de sexo
con mayor perspectiva, que incluye evidentemente aspectos sanitarios,
pero no únicamente. Las situaciones de derechos civiles y de derechos
jurídicos no son en este contexto de menor importancia.

Incluso desde el punto de vista sanitario, la petición de la
inclusión del proceso de reasignación de sexo en la sanidad pública
no debe enmarcarse con tanta exclusividad en la curación de un
trastorno como en el marco del derecho positivo a la salud y al
bienestar físico y mental de la persona, en el sentido de la
evolución que han seguido las legislaciones



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y los conceptos en los países de nuestro entorno. Si tenemos la
voluntad política -yo creo que la tenemos-, bastaría el
reconocimiento dentro del marco legal existente, el Real Decreto 63/
1995, del proceso de reasignación de sexo en la sanidad pública, como
una importante necesidad social sin necesidad de fundamentarla desde
una óptica de enfermos trastornados o personalidades profundamente
patológicas.

Señorías, el punto de análisis entre una situación patológica o las
consecuencias patológicas derivadas del rechazo, la incomprensión y
la discriminación social ya fueron puestas de manifiesto hace 10 años
en el debate del Parlamento Europeo, y se vislumbra en nuestro país,
en nuestro entorno, en las sentencias que he aludido y que superan en
mucho en su concepción y configuración a los debates que hemos
conseguido transmitir hasta la fecha a la sociedad. Mi grupo está a
favor de buscar elementos de consenso capaces de encontrar una
formulación que pueda ser asumida por el conjunto de los grupos.

Merece la pena que hagamos un esfuerzo, merece la pena hablar menos
del fenómeno de la transexualidad y profundizar mucho más en el
derecho del individuo al cambio de sexo con todo lo que ello
conlleva, porque tantos años sin un debate político sobre este tema
nos debe alejar hoy de demagogias, efectivas pero en definitiva
demagogias, que hacen una similitud o que confrontan los derechos del
cambio de sexo con otras prestaciones y otros servicios que
inequívocamente mi grupo defiende y ha defendido en el contexto de la
sanidad pública.

Hoy hablamos de derechos y de lo que significan estos derechos: el
libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, el derecho
positivo a la salud y al equilibrio, la igualdad, la protección de
los grupos más vulnerables, de necesidades sociales y de prevención.

Todo ello nos debe llevar a un debate riguroso y en profundidad, no
de cuánto vale, sino de qué significan para todos nosotros estos
derechos. Hay quien ha culpabilizado en los últimos tiempos a
determinada prensa de contribuir a hacer espectáculo de estas
cuestiones. Posiblemente se han dado demasiadas facilidades para
trivializar un debate que no puede esperar otros 10 años para que lo
abordemos con carácter integral y sin buscar puertas falsas para su
resolución. La gran mayoría de elaboraciones legislativas al respecto
se sitúa en los años ochenta. La mayoría de leyes de cambios de sexo,
las sentencias del Tribunal Europeo, la resolución del Parlamento
Europeo, las sentencias del Tribunal Supremo, nos conceden
información más que suficiente para asumir compromisos de reformas
con mayor perspectiva y con menos prejuicios. Sería muy de lamentar
que los debates parlamentarios quedaran absolutamente desdibujados
frente a un camino ya recorrido por otras instancias.

Merece la pena leerse el contenido de muchas de las sentencias que ya
se han dictado en nuestro país y en los países de nuestro entorno.

Qué menos se puede pedir a este Parlamento que transmitamos
rigurosamente la problemática. Conociendo una buena predisposición de
antemano, pido a todos los grupos un esfuerzo para buscar elementos
de consenso razonables. Nuestra proposición no de ley se basa
fundamentalmente en cuatro puntos: en el conocimiento de la situación
de que en los últimos años se han empezado a presentar en los
juzgados demandas de cambio
de sexo y nombre por personas cuyo proceso de transexualización no ha
concluido: demandas que en algunos casos han tenido como resultado
sentencias favorables a la solicitud de los/las interesados. En la
mayoría de los casos, se trataba de personas que por razones médicas
y económicas no habían concluido su proceso de transexualización, y
sólo en contados casos se entraba de lleno en el tema y se daba por
parte de los jueces un argumento importante, como es el de dar
prioridad al sexo social y psicológico sobre el mero aspecto
morfológico, basado -si lo consideramos con objetividad- en que la
irreversibilidad física es imposible por no poderse variar hasta la
fecha el código genético.

Desde los planteamientos y la perspectiva que Izquierda Unida tiene a
la hora de enfocar el problema, hemos elaborado, una parte
propositiva en la proposición no de ley que pueda concitar un debate
y ciertos niveles de consenso. Así, el primer punto insta al Gobierno
a dictar disposiciones legales, en el plazo más breve, sobre el
derecho de los transexuales a un cambio de sexo, entendiendo todo lo
que significa el proceso: el diagnóstico, el período de consulta, el
control diario, la operación quirúrgica, la posterior asistencia
psicoterapéutica y médica y el reconocimiento jurídico del cambio de
nombre, la corrección de la inscripción de sexo en la partida de
nacimiento y en el documento nacional de identidad. En la segunda
parte tratamos un elemento de no menor importancia, como es emitir
una circular a Instituciones Penitenciarias para que los transexuales
a los que no se les haya reconocido su cambio de sexo en documento
oficial acreditativo de identidad sean ingresados, en caso de condena
por comisión de delitos, en la prisión correspondiente según el sexo
socialmente reconocido y por el que desarrollan su vida. El tercer
punto aborda que los costes de tratamiento completo del proceso
corran a cargo de la Seguridad Social y de la sanidad pública. El
último propone conceder prestaciones sociales a los transexuales que
inmerecidamente hayan perdido su trabajo o su vivienda, por su
adaptación social, así como crear elementos que, de una forma clara,
puedan favorecer la integración social y el desarrollo pleno de los
transexuales en la sociedad.

Estos son los elementos más importantes de la proposición no de ley.

Es la posición de Izquierda Unida en cuanto a lo que debería ser hoy
la parte más importante del debate. Agradezco por anticipado el
esfuerzo que estamos intentando hacer todos los grupos parlamentarios
para acercar posiciones y llegar a niveles importantes de consenso.

Sea cual fuere el resultado final, con toda seguridad no se recogerán
todos y cada uno de los extremos de la proposición, pero iniciamos
hoy un debate de enorme importancia que no se cierra.

Respecto a los puntos que no se contemplen en estos momentos, tiene
que existir el compromiso de avanzar en un debate que está más
presente en la sociedad y en las diversas sentencias que ya se han
dictado que en el Parlamento. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Damián
Caneda.




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El señor CANEDA MORALES: Señor presidente, aprovecharé el turno
también para fijar la posición de mi grupo en este tema, además de
defender las enmiendas presentadas.




El Grupo Parlamentario Popular ve oportuna esta iniciativa que trae
al Parlamento los problemas de una minoría, ciertamente, pero unos
problemas graves que no siempre son tratados con el debido rigor.

Somos conscientes de que las personas que los sufren tienen graves
disfunciones sociales y, a veces, graves estados psicológicos y
psiquiátricos. Estas personas que desde lo anecdótico y la frivolidad
han recibido en muchas ocasiones cierta relevancia en lo social y en
lo sanitario, sin duda necesitan mayor atención a sus necesidades.

Por complejo que sea, hay que abordar el debate y por eso nos parece
oportuno. Ya ha expuesto la portavoz de Izquierda Unida en qué
consiste su proposición, en consecuencia me limitaré a fijar nuestra
postura en cada uno de sus puntos.

No compartimos exactamente las soluciones al problema que recoge la
proposición de Izquierda Unida. Así, no estimamos necesario que se
apruebe el punto 1, que solicita disposiciones legales sobre el
derecho de los transexuales a un cambio de sexo y la prohibición de
su discriminación, porque en España no existe ninguna norma que
penalice a los transexuales. Se pueden someter a tratamiento médico-
quirúrgico, a fin de lograr el cambio de sexo. La normativa vigente
garantiza, por otra parte, que los transexuales, al margen de que se
hayan sometido o no a un cambio de sexo, tienen los mismos derechos y
deberes que cualquier ciudadano. La discriminación en todo caso, que
existe evidentemente en muchos estratos sociales, es un problema
social, básicamente cultural o incultural, pero no legal. En
consecuencia, no vamos a apoyar este punto.

Con el punto 2 sí estamos de acuerdo y comprendemos que existe este
problema. Cuando se comete delito que requiere internamiento en un
centro penitenciario, los transexuales que no tienen reconocido el
cambio legal de sexo se encuentran en la realidad con problemas
manifiestos. Estamos de acuerdo, si bien presentamos una enmienda in
voce, que ya he pasado a la Mesa y sobre la que he hablado con el
resto de los grupos, en la que se pide a Instituciones Penitenciarias
que busque fórmulas para resolver este problema que pueden ir desde
la adaptación de módulos en algunas prisiones hasta su internamiento
en determinados centros de mujeres, pero teniendo en cuenta que no
alteren el normal funcionamiento de los centros receptores. Existe el
problema y hay que solucionarlo, pero no es tan sencillo como que
vayan en estos estados intermedios a las prisiones de mujeres. Con la
enmienda mencionada, apoyaremos este punto.

En cuanto al punto 3, que en gran parte engloba el número 1 en sus
aspectos sanitarios, estamos totalmente de acuerdo. Presentamos esta
enmienda porque en ella se especifica que tiene que ser en el seno
del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud donde se
estudien tanto los problemas de cirugía como los asistenciales que
pueda tener este colectivo. El Real Decreto 63/1995, que recoge el
acuerdo de todas las comunidades, el consenso de todos sobre la
ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud,
ya preveía un procedimiento de evaluación continuada que permitía la
introducción
ordenada de nuevas prestaciones. Es ahí donde debe recogerse -porque
así lo preveía- cualquier nueva prestación. De hecho, determinadas
enfermedades y síndromes ya están incluidos y tienen garantizado el
tratamiento médico- quirúrgico de corrección de sexo, con lo cual
estaríamos hablando de estudiar su ampliación como consecuencia de
los avances sociales y médicos que se han producido en estos años.

Nos parece correcto este planteamiento, pero en ese seno. Cualquier
modificación unilateral que rompa este consenso en un tema de tanto
calado lo consideraríamos una irresponsabilidad política y social.

No vamos a apoyar el punto 4 porque aun estando de acuerdo,
obviamente, que estos problemas existen, se basan en el
reconocimiento de unas discriminaciones y lo que hay que evitar es
que ocurran, ya que en algunos casos son incluso delictivas. Dar
subsidios especiales a este colectivo sería una discriminación social
respecto a otros colectivos de riesgo que están igualmente
necesitados. No vemos por qué tiene que haber una diferenciación tan
específica con uno de ellos.

Básicamente, esas son nuestras consideraciones a esta proposición no
de ley. No obstante, antes de acabar quisiera matizar dos puntos.

Cuando se hace referencia a la resolución del Parlamento Europeo en
la exposición de motivos, parece que fuera una directiva vinculante,
cuando no es así. Es una resolución de 1989 que no genera
obligaciones para los Estados miembros y que se refiere a la dignidad
de la persona y a que las legislaciones no contemplen
discriminaciones. La española, como ya me he referido antes, no
establece ninguna discriminación. En el punto 4, que habla
concretamente de las intervenciones quirúrgicas o del cambio de sexo,
se aconseja que los Estados miembros estudien la viabilidad -pero en
ningún caso que lo hagan- de que se puedan hacer con cargo a la
Seguridad Social, que en definitiva es lo que en este día estamos
aprobando y que es continuidad de lo que figura en el Decreto de 1995
mencionado.

Por último, quiero hacer referencia a algo que ha destacado la
portavoz de Izquierda Unida, que es todo lo que se refiere al aspecto
civil, al reconocimiento jurídico del cambio de nombre, del documento
nacional de identidad, etcétera. Estamos de acuerdo en que existe y
que hay que estudiar este problema y nos brindamos, como ha dicho a
hacer un estudio conjunto de estos temas, al objeto de alcanzar un
consenso para solucionar un problema de indefinición que en este
momento sufre este colectivo de ciudadanos.

Me resta decir que aunque he entregado a la Mesa la enmienda al punto
3, a la transaccional se han añadido las palabras «transexuales e»,
que está acordado con el resto de los grupos.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posiciones? (Pausa).

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra don Carlos Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Intervengo brevemente para fijar la
posición del Grupo Nacionalista Vasco con motivo de la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en
relación con el derecho de los transexuales a un cambio de sexo.




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En primer lugar, he de decir que nos parece muy oportuna esta
iniciativa ante situaciones que grupos minoritarios, es cierto, pero
grupos sociales al fin y al cabo, están viviendo fundamentalmente en
dos aspectos; el primero, el global sanitario en relación con la
posibilidad del cambio de sexo y, el segundo, el ligado con la
marginalidad, problemas familiares derivados de las situaciones que
viven y también aspectos legales, porque tenemos que decir que sí
existen situaciones de discriminación legal. Tengo aquí delante una
sentencia de un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria que declara
un cambio de sexo, pero, al aludir al cambio de nombre, se añade la
frase: Sin que esta modificación pueda tener efectos para contraer
matrimonio ni para otros actos en que lo impida la legislación
vigente. Luego, sí existen situaciones de discriminación legal.

Para no extenderme más, he de manifestar que estamos de acuerdo con
la proposición presentada en sus cuatro puntos y que, en aras a un
consenso, apoyaríamos una nueva proposición con las enmiendas que
sean asumidas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, la señora Amorós tiene la
palabra.




La señora AMORÓS I SANS: Voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentari Catalá, que nos parece oportuna, pues toda necesidad de
los ciudadanos debe tenerse en cuenta siempre en este Parlamento.

Esta proposición no de ley, presentada en esta Comisión por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, es muy similar a otra proposición
no de ley presentada por este mismo grupo en fechas anteriores. Tal y
como refleja la exposición de motivos de la proposición, no hay
normativa legal en el Estado español que regule el cambio voluntario
de sexo. Algunas sentencias puntuales han hecho jurisprudencia en
relación con los aspectos relativos al Registro civil. Este es un
problema social y sanitario relativamente reciente y, por lo que
parece, solamente cuatro países de la Unión Europea tienen regulación
legal, en diferentes grados, sobre el cambio de sexo.

Entre las medidas propuestas en esta proposición no de ley hay dos de
interés especial, por el impacto que pueden tener sobre los recursos
sanitarios. Tenemos la propuesta de estudiar la posibilidad de que
los costos de tratamiento psicológico, endocrinológico, quirúrgico
plástico y quirúrgico estético de los transexuales corran a cargo de
la Seguridad Social, que se creen consultorios para transexuales y
que se protejan financieramente las relaciones de autoayuda, todo lo
cual debe estudiarse en el marco de la subcomisión de Sanidad.

Señorías, el proceso de cambio de sexo comporta una serie de fases
clínicas, durante un período de más de un año, que afectan a diversos
dispositivos asistenciales. En estos momentos no disponemos de
estudios específicos sobre los costes de estos servicios, y hasta el
momento los gastos derivados de esta asistencia han corrido a cargo
de las personas afectadas, mediante dispositivos asistenciales
privados. Es cierto que en algunos países han empezado a producirse
movimientos de inclusión de estos servicios entre las prestaciones
del sistema sanitario público. El Real Decreto sobre la ordenación de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, elaborado por
el Ministerio de
Sanidad y Consumo y vigente en el Estado español, indica en sus
anexos que entre las prestaciones que no son financiables a cargo de
la Seguridad social u otros fondos destinados a la asistencia
sanitaria está el de la cirugía de cambio de sexo, excepto cuando se
trata de cirugía reparadora, en estados intersexuales patológicos. Es
decir, actualmente el sistema sanitario público ofrece servicios
exclusivamente dirigidos a resolver patologías sexuales, orgánicas,
causadas por anomalías congénitas.

Por estos motivos, señorías, y en relación al contenido de la
proposición no de ley, creemos acertada esta enmienda transaccional,
sobre todo en el tema de las prisiones, pues es cierto que este
colectivo sufre conflictos en el Estado cuando está privado de
libertad. Esta enmienda transaccional entre el grupo proponente, el
de Izquierda Unida, y el Grupo Parlamentario Popular, para dar
solución a este problema de indefinición que sufre este colectivo nos
parece acertada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Díaz Sol.




El señor DÍAZ SOL: Señorías, intervengo para fijar la posición del
Grupo Socialista respecto a la proposición no de ley de Izquierda
Unida, relativa a la problemática de los transexuales en nuestra
sociedad.

Me gustaría iniciar mi intervención marcando una posición importante:
hay que concebir que ser diferente no significa ser desigual en
nuestra sociedad. El derecho a la diferencia no tiene por qué ser un
menoscabo de los derechos que cualquier ciudadano tiene en el plano
general respecto a los servicios, a los principios jurídicos y a la
vida en su conjunto.

La de la transexualidad es una problemática en la que hay que
realizar alguna clarificación. El hecho de que se haya intentado en
días y Plenos anteriores, en la sesión de control de preguntas al
Gobierno, implicar los estados intersexuales con los transexuales, en
respuestas que ha dado el ministro a preguntas de los diputados
señora Fernández de Capel y señor Villalón Rico, demuestra el
confusionismo con que el partido del Gobierno se ha acercado a este
asunto.

A mí me gustaría sentar algunos criterios de personas que han
estudiado en profundidad esta situación y que dejan claro que no
estamos hablando de un tema genético, embrionario o somático, sino de
algo mucho más profundo y que afecta, en todos los aspectos de la
vida, a las personas que lo padecen.

Existe un profesor de derecho, el señor González Galiacho, que ha
hecho una monografía exhaustiva sobre este tema. Después de comparar
las sentencias y definiciones, establece una definición que me parece
importante desde el punto de vista jurídico. Entiende que la
transexualidad es un síndrome psicosexual sufrido por quien presenta
una discordancia entre el sexo que psicológicamente siente como
propio y el que anatómica y registralmente le corresponde por sus
orígenes, lo que generalmente le hace recurrir a un tratamiento
médico-quirúrgico, para corregir aquella discordancia, procurando
posteriormente que su nueva realidad sexual, psicosomática, cobre
carta de naturaleza en el Registro Civil.




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Esta es la problemática jurídica con la que se encuentran las
personas que sufren esta situación. Primero tienen problemas de
aceptación de su propio sexo; después tienen problemas de corrección
del sexo y de reconocimiento legal, a través de Registro Civil, de
esa corrección. El manual de diagnóstico y estadística Desórdenes
mentales, que es el documento de máxima autoridad en este campo en el
mundo, y así está reconocido, establece que la transexualidad, la
diforia de género como la califica, es un trastorno fuerte y
persistente que afecta a la identificación sexual con el género
cruzado. Es una persistente incomodidad con su sexo, con
características tales como la perturbación que causa angustia o la
afección clínicamente significativa en lo social, laboral y en otras
áreas importantes del funcionamiento.

Por tanto, no estamos ante unos errores que pueden ser corregidos,
como establece el Decreto 63/1995, a través de una cirugía
reparadora. Estamos ante una problemática globalizada en donde el
ciudadano necesita no sólo asistencia sanitaria sino toda una serie
de medidas complementarias, algunas de las cuales, si no de una forma
muy afortunada en cuanto a su concreción, sí figuraban en la
proposición de Izquierda Unida. Lamentablemente, vamos a tener que
aprobar una enmienda que, si no es un avance importante, por lo
menos, sí abre la puerta a que en algunos aspectos podamos considerar
que esta sociedad empieza a reconocer los derechos de las minorías.

Me gustaría que nos diéramos cuenta de que un transexual, incluso
cuando va a comprar a una tienda, hace una reserva en un hotel, abre
una cuenta corriente en un banco o hace miles de cosas que hacen los
ciudadanos normales, siempre encuentra problemas y situaciones de
discriminación. Como he dicho antes, los derechos de las minorías, el
derecho a la diferencia no quiere decir que seamos desiguales.

Tenemos que corregir esa desigualdad. Pero reconocer los derechos de
las minorías tampoco supone arrebatar derechos a las mayorías. Por
tanto, no se puede hablar de problemas económicos a la hora de los
reconocimientos sanitarios. Nuestra Ley General de Sanidad y nuestra
Constitución reconocen el derecho a la asistencia sanitaria a todos
los ciudadanos; un transexual es un ciudadano español y no hay nadie
que lo pueda rebatir. Y sus derechos a una asistencia sanitaria
gratuita y a una atención sanitaria reparadora son inalienables. Pero
también son derechos inalienables todos los aspectos civiles y
sociales, por lo que nosotros anunciamos, hoy y aquí, que el Grupo
Socialista presentará, en un plazo no muy lejano, un proyecto de ley
que cubra este vacío normativo, este vacío social, y que le dé carta
de naturaleza a una minoría que felizmente -de eso sí me felicito- ha
traído su problemática a este Parlamento y la hemos analizado.

Ala vista de la proposición no de ley y de que se remita al Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud parte de la
problemática, me felicito de que en el Parlamento andaluz el Grupo
Socialista y, por tanto, la Junta de Andalucía, hayan asumido, sin
ningún reparo, todos los aspectos de atención a estas personas.

Espero que esa postura sea luego respaldada por el resto de las
autonomías en el Consejo interterritorial.




El señor PRESIDENTE: La proponente, señora Sabanés, ¿acepta las
enmiendas transaccionales?



La señora SABANÉS NADAL: Señor presidente, en primer lugar, quiero
decir que el grupo proponente, Izquierda Unida, está medianamente
satisfecho con lo que hayamos podido conseguir. Respecto a las
enmiendas, quiero decir que retiraríamos el punto 1, que queda
subsumido en la transaccional que se ha presentado a la Mesa y que
hace referencia -si no recuerdo mal- al punto 3 inicial de la
proposición no de ley de Izquierda Unida, pero también quiero señalar
que nos dejamos un punto esencial por tratar, que es el
reconocimiento de los derechos jurídicos. Mi grupo (agradezco el
apoyo que me han manifestado todos los grupos en nuestras
conversaciones) asume el compromiso del Partido Popular en el sentido
de que el reconocimiento de los derechos jurídicos -DNI, inscripción
registral, etcétera-, es un elemento de enorme importancia que hay
que tratar. Nosotros plantearemos iniciativas parlamentarias pero, en
todo caso, creo que sería conveniente convocar a la Comisión con
carácter urgente para hablar del reconocimiento de los derechos
jurídicos, porque lo estamos dejando a sentencias y nos parece una
discriminación importante que tenemos que resolver.

Por tanto, retiraríamos el punto 1, que queda subsumido en el 3. En
cuanto al punto 2, aceptamos la transaccional respecto a remitir una
circular a Instituciones Penitenciarias, que quedaría redactada en
los términos de dicha enmienda. En el último punto, el número 4, no
hay consenso pero, en todo caso, lo mantenemos para la votación. ¿Ha
quedado claro?



El señor PRESIDENTE: Muy claro, señora Sabanés. Muchas gracias.




- SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES
EMIGRANTES RETORNADAS EN SU NUEVA FORMA DE VIDA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/
001240).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4, que es la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para
facilitar la integración de las mujeres emigrantes retornadas en su
nueva forma de vida.

Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para presentar esta proposición no de ley en
relación con la mujer emigrante retornada.

Señorías, todos sabemos que durante las décadas de los cincuenta y
sesenta, los españoles se vieron en la necesidad de salir de su país
y buscar mejores oportunidades laborales en otros lugares,
principalmente en Iberoamérica y Centroamérica. Las mujeres, unas
veces, marchaban solas para buscar una nueva oportunidad; otras, con
sus maridos, padres o hermanos, tratando de mantener la familia e
integrarse



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en un nuevo mundo laboral. En cualquier caso, si salían al extranjero
o permanecían en el país esos años de emigración, la propia realidad
de la emigración generaba efectos negativos. El nivel cultural de las
mujeres que emigraban y su cualificación profesional eran bajos. En
muchas ocasiones procedían del mundo rural o era su segunda
emigración, ya que procedían de una capital a la que habían emigrado
en primer lugar. Muchas marcharon sin saber leer o escribir, tampoco
conocían el país al que iban, al que en ocasiones ni habían elegido
como destino, sino que eran asignadas por acuerdo del antiguo
Instituto de Emigración, por lo que su incorporación a la nueva
sociedad era muy difícil, principalmente en países de Centroeuropa.




Estas circunstancias hicieron que se aislaran en un círculo reducido
en el que se idealizaba a España y en el que sólo se pensaba en el
retorno, en donde se tendría el cariño, la comprensión y la
estabilidad que allí no habían encontrado. Viven en un círculo muy
cerrado, limitado al ambiente familiar y sus recuerdos y añoranzas de
España les hacen centrar todas sus ilusiones en la vuelta. En el
seminario celebrado en Ginebra en 1981, bajo el patrocinio de varios
países, que tuvo por objeto la situación y función de la mujer
emigrante, se pone de relieve que la mujer era objeto de una
discriminación triple: como mujer, como trabajadora desconocedora de
sus derechos y como emigrante.

Es difícil conocer con exactitud el número de mujeres emigrantes que
volvieron, ya que durante años las cifras no se facilitaban por sexo
sino globalizadas. El retorno es muy duro. Esta segunda o tercera
emigración es más difícil porque ya no existen las ilusiones ni la
juventud que en las anteriores. Según la doctora Mechthild Zeul en su
libro «Regreso al pasado», en el que hace un estudio detenido de los
problemas psicológicos de la mujer emigrante que retorna a España, se
comprueba que la mujer, en muchos casos, vuelve con una serie de
problemas familiares: separación matrimonial o adaptación de los
hijos. El retorno es una parte integral de la emigración, es un nuevo
movimiento migratorio que marca el final, pero la idealización del
lugar de origen y las falsas expectativas pueden originar en sí
mismas una decepción. El retorno, en otras ocasiones, se debe al
deseo de pasar los últimos años de su vida en la tierra de origen,
pero la sociedad española ha cambiado y los trámites burocráticos
para el cobro de pensiones, para recibir los servicios sanitarios o
para solucionar problemas familiares se hacen difíciles de resolver.

Las ONG son cauces de fácil acceso porque conocen sus problemas; en
general, están atendidas por mujeres emigrantes que comprenden sus
problemas y comparten sus sentimientos.

El Consejo General de la Emigración, en su reunión de julio del
pasado año, llegó al siguiente acuerdo: El Consejo General de la
Emigración recomienda a los consejos residentes españoles realizar
las actuaciones necesarias para tomar conocimiento de los problemas
que puedan afectar a la mujer emigrante para que, mediante la
formalización de las oportunas propuestas, se puedan hacer llegar por
el cauce de este Consejo a las instancias correspondientes.

Posteriormente, en los plenos celebrados los días 16, 17 y 18 del
pasado mes de noviembre, se tomó por el Consejo el siguiente acuerdo:
Ayuda a las familias monoparentales sin recursos. Los miembros del
Consejo General de la Emigración
ponen de manifiesto su preocupación por la situación en que se
encuentran las familias monoparentales con hijos e hijas a cargo y
con escasos recursos. Aunque para dichas situaciones pueden
reconocerse las ayudas reguladas en el programa 2 de la orden de las
ayudas a la emigración, se considera conveniente recoger expresamente
este supuesto en el mencionado programa con ocasión de la próxima
modificación.

En esta línea, la Dirección General de Ordenación de las Migraciones
tiene previsto realizar actuaciones concretas que lleguen a la mujer
emigrante y a la mujer emigrante retornada. Aunque en la actualidad
no existe ninguna asociación de mujeres emigrantes retornadas, las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector o bien
tienen departamentos de la mujer o reconocen que los problemas de
pensiones por no haber cotizado, las separaciones familiares y los
problemas sanitarios requieren un tratamiento específico y
psicológico.

Según el informe de la subcomisión de esta Cámara para estudiar la
situación de los españoles que viven fuera, así como la de los
inmigrantes, presentado recientemente, todos los poderes públicos del
Estado deben establecer en los próximos años un plan coordinado para
posibilitar el retorno de los españoles y sus familias, lo que deseen
y lo que necesiten. Este plan debe cuidar específicamente la
problemática de la mujer emigrante retornada.

Con fecha 10 de marzo, se firmó una resolución de desarrollo de la
Orden de 30 de diciembre de 1997 por la que se establecen y regulan
los programas de actuación a favor de los emigrantes, en la que por
vez primera se contemplan actuaciones frente a estados de necesidad
que, si bien no son específicos para las mujeres emigrantes, sí
pueden afectar de forma importante a este colectivo. Estas nuevas
situaciones que se regulan ocurren en el contexto de la familia, como
es el caso de las familias monoparentales a las que antes me refería
o de aquéllas que se producen como consecuencia de la violencia
doméstica. Asimismo, está pendiente de remisión al Consejo de
Ministros, para su aprobación, un texto de real decreto, que modifica
el Real Decreto 528/1993, por el que se establecen las pensiones
asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles.

Introduce la posibilidad de que los beneficiarios de este tipo de
pensiones asistenciales, que retornen a España y no tengan derecho a
una pensión del sistema de la Seguridad Social ni tengan ingresos
suficientes, puedan continuar percibiendo la pensión asistencial de
la que eran beneficiarios en el extranjero hasta que alcancen el
derecho a otra pensión del sistema español. Al igual que en el punto
anterior, esta medida afecta a las mujeres al estar dirigida a
emigrantes retornados en general.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta
proposición no de ley en la que insta al Gobierno a: en primer lugar,
promover los estudios y trabajos dirigidos a conocer la problemática
de la mujer emigrante retornada y, en segundo lugar, fomentar las
asociaciones de mujeres emigrantes retornadas y los proyectos que
desarrollen actividades.




El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda.¿Grupos que deseen fijar
posición?



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Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Como anteriormente ha recordado el
compañero de Izquierda Unida, me gustaría también hacer un pequeño
recordatorio al día de hoy, 68 aniversario de la proclamación de la
II República, fecha de grato recuerdo para todos los demócratas.

Dicho esto, paso a fijar nuestra posición. Nos parece oportuna esta
proposición no de ley sobre medidas que faciliten integración de las
mujeres inmigrantes retornadas en su nueva forma de vida. Promover
los estudios es el primer paso para, a continuación, poder tomar
medidas que corrijan situaciones que vayan permitiendo una adaptación
digna a todas las mujeres emigrantes retornadas. En este sentido,
además de todas las mujeres fundamentalmente procedentes del mundo
rural a las que ha aludido la proponente de esta proposición no de
ley, me gustaría recordar la situación de un pequeño grupo de mujeres
con bastante edad que en estos últimos años está retornando a nuestro
país y que precisamente en el día de hoy merecen un especial
recuerdo. Me refiero a este grupo de mujeres procedentes de la
antigua Unión Soviética que van regresando y que se encuentran en la
situación muy especial de no tener ningún derecho, ninguna pensión ni
en su país de adopción ni en su país de origen, mujeres que de niñas
tuvieron que abandonar su país en unas condiciones que todos
conocemos.




Por todo ello, vamos, sin más detalles, a aprobar esta proposición no
de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: Señorías, el Estado velará por la
salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores
y trabajadoras españolas en el extranjero y orientará su política
hacia su retorno. Este es el mandato del artículo 42 de nuestra
Constitución.

La proposición no de Ley que nos presenta el Grupo Popular va
encaminada a dar el primer paso para poder hacer efectivo este
mandato constitucional. Hemos de tener en cuenta que el retorno de
esas ciudadanas, que en su mayoría son jubiladas, presenta unas
necesidades específicas que debemos conocer para poder actuar con la
eficacia y rapidez a la que tienen derecho. Estas mujeres, por sus
circunstancias de dependencia económica y familiar y dada su baja
cualificación profesional, ven más dificultoso este retorno que se
convierte en muchas ocasiones en una segunda inmigración.

Es obligación de todos los ámbitos de la sociedad procurar que este
retorno no sea traumático ni dificultoso y para ello deben elaborarse
las políticas activas más idóneas para la resolución de este
problema. El fomento de las asociaciones de mujeres siempre es
positivo, puesto que la oportunidad de compartir inquietudes y
experiencias conlleva encontrar soluciones rápidas y positivas, son
un antídoto eficaz contra el aislamiento y son la aportación
necesaria para la consecución del cambio de estructura social,
de igualdad de oportunidades, por el que tanto estamos luchando las
asociaciones de mujeres.

Un tejido asociativo activo es una sociedad marcada por la
posibilidad de elección y la diversidad, la cohesión y la
solidaridad, que está preparada para reaccionar ante las nuevas
necesidades sociales y económicas y que ofrece a sus miembros la
posibilidad de influir en la orientación en el cambio social.

Estimular la actividad asociativa es vital para tomar medidas
innovadoras que fomenten la participación activa de las mujeres en la
vida económica, social y política de la comunidad. Poner en marcha la
sociedad activa exige un compromiso a largo plazo para crear hoy las
estructuras con que queremos funcionar el día de mañana.

Señorías, por estos motivos, el grupo Parlamentario Catalán dará su
pleno apoyo a la proposición no de ley del Grupo Popular, encaminada
a procurar el feliz retorno e integración de las ciudadanas españolas
emigradas que desean, y deseamos, retornar a su hogar con todas las
garantías establecidas en nuestra Constitución.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Elvira Cortajarena.




La señora CORTAJARENAITURRIOZ: Voy a intervenir en nombre del Grupo
Socialista para manifestar, en primer lugar, nuestra sorpresa por la
presentación de esta iniciativa. Lo digo porque estamos hablando de
un contingente de personas que según nos dicen los datos de la
sucinta iniciativa legislativa, abarca a 126.830 mujeres que en un
decenio, desde el año 1985 a 1994, han retornado a España. Es decir,
supone el 49 por ciento de los retornos.

El trabajo que están haciendo los grupos parlamentarios en relación a
la problemática del colectivo de extranjeros es interesante, es
ingente, es importante. Hay dos iniciativas para modificar la
adquisición de la nacionalidad y otras dos de otros grupos
parlamentarios, para la prestación sanitaria. Tenemos también
denuncias que tienden a favorecer que el Ministerio de Educación
asuma como menores de garantía social, es decir, como menores que
pueden integrarse en el proceso educativo aunque no tengan los
papeles en regla, porque no todo se arregla con unas documentaciones,
sino que también tenemos que intentar impulsar, auspiciar y avalar
todo lo que son las políticas de integración social desde los
gobiernos.

Los extranjeros tienen una doble condición negativa, el
desconocimiento del idioma y el desconocimiento de las raíces, las
costumbres, los valores y la cultura de la sociedad a la que van como
emigrantes, mientras que los retornados españoles revelan dos
configuraciones, los que fueron a la emigración con edades avanzadas,
adultas y los que se vieron abocados a acudir a la emigración con
motivo de nuestra Guerra Civil -por cierto, hoy es el 68 aniversario
de la Segunda República y quiero hacer mención-. Tenemos que dejar
constancia de que la definición que se daba a los niños que emigraron
en la Guerra Civil española fue la de los niños de la guerra, es
decir, las niñas no aparecían por ningún lado, y nos consta y me
consta porque he tenido cantidad de reuniones con ellas, que eran
niños y niñas de la guerra.

En este planteamiento, si dividimos el contingente del que estamos
hablando por las comunidades autónomas,



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estaríamos hablando de 249 ó 250 mujeres retornadas por año a nuestro
país. Los estudios se han realizado desde diversas instancias. Yo,
que trabajé en Mutualidades laborales, puedo garantizar que cuando
empezaron a llegar los retornados españoles en los años ochenta se
hicieron varias reuniones, varios trabajos, etcétera, para ver en qué
condiciones se podía favorecer el acceso a las pensiones, sobre todo
de jubilación, porque los convenios internacionales dificultaban
muchísimo su acceso y a veces se concedía la pensión cuando el
retornado o la retornada ya había fallecido. Éste es un hecho que se
ha subsanado por parte de nuestro sistema público de pensiones.

Tampoco se ha hecho ninguna mención, y me parece un error o una
omisión imperdonable, a que con la aprobación de las leyes de
servicios sociales de los diecisiete parlamentos autónomos en nuestro
país se cuenta con una red asistencial importante y que cuando
existen retornos con problemas de vivienda, de pensiones, de
domiciliación, de obtención de documentación, etcétera, los servicios
sociales municipales son el primer eslabón, la primera entrada a los
programas asistenciales que se prestan en nuestro país y que
impulsamos desde los gobiernos socialistas.

Además, hay otra cosa de la iniciativa que me llama la atención
profundamente. Dice: fomentar las asociaciones de mujeres. El
movimiento asociativo se crea por sí mismo. El fomento puede ser de
carácter económico, pero no conozco ninguna organización social que
se cree si no hay un entramado de intereses colectivos que aúne,
auspicie, avale y genere una dinámica de participación, una dinámica
de compromiso por parte de todas las personas afectadas que tienen un
mismo problema o una misma carencia y ellas mismas son las que van
generando su organización. Es decir, el movimiento asociativo nace de
abajo arriba, no conozco yo movimientos asociativos de arriba abajo y
si existen habría que ponerles algún tipo de reparo.

Por tanto, el Grupo Socialista se va a abstener ante esa proposición
no de ley.




- SOBRE MEDIDAS PARAPALIAR LA INCIDENCIA DE LA ANOREXIA EN LAS
JÓVENES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

(Número de expediente 161/001248)



El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate de esta proposición no de
ley y pasamos al punto 5 del orden del día, proposición no de ley
presentada por el Grupo Mixto, sobre medidas para paliar la
incidencia de la anorexia en las jóvenes españolas.

Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLAGRACIA: En nombre de Iniciativa per Catalunya-
Nueva Izquierda, voy a defender esta proposición no de ley.

En primer lugar, quisiera decir que todos nosotros, conjuntamente con
los familiares de las personas, sobre todo, chicas, y chicas muy
jóvenes, que padecen esta enfermedad, podemos felicitarnos porque el
Congreso de los Diputados esté tratando ampliamente este asunto que
afecta a numerosas familias que hoy se van a sentir más arropadas
por parte de esta Cámara que al fin y al cabo es la sede donde reside
la soberanía popular y donde les representamos a todos ellos.

Quisiera decir que, aunque esta proposición no de ley fue registrada
el 5 de noviembre de 1998, por tanto ha llovido mucho desde que la
presentamos y a veces nos preocupamos porque tardan en verse en las
comisiones las iniciativas parlamentarias, en este caso me quiero
felicitar porque ha dado lugar, desde que se presentó el 5 de
noviembre, a un amplio debate en el que han participado todos los
sectores que nosotros pensamos que están implicados. La prueba de que
era y es realmente un problema es que los medios de comunicación se
han hecho eco de una forma muy extensa. Hemos recibido, y quiero que
el Congreso de los Diputados lo sepa, por parte del Congreso de los
Diputados de la República de Argentina la solicitud para que esta
proposición no de ley que presentamos el 5 de noviembre les fuera
remitida, porque al pertenecer los diputados que me la pedían a un
partido del Gobierno, esta proposición no de ley puede convertirse en
una ley en la República Argentina. Eso significa, señorías, que el
eco que ha suscitado esta iniciativa es importante. Las familias han
visto que en este momento se ha vuelto a poner sobre el tapete lo que
significa esta enfermedad y hemos implicado a muchos sectores.

Quisiera anunciarles, señorías, que tengo la satisfacción de decir
que prácticamente esta proposición no de ley ha triunfado antes de
ser debatida porque el Gobierno en el mes de marzo, cuatro meses
después de la presentación de la misma, ha recogido exactamente lo
que nosotros pedíamos en el punto 1 de nuestra proposición no de ley,
en la idea de que no debíamos ir tanto por la vía coercitiva, de
prohibición, sino por la de concertación. Me felicito de que el
Gobierno haya empezado por esta vía porque significa la plasmación de
lo que nosotros estábamos pidiendo en esta iniciativa.

También quiero decir que ha tenido eco en otros partidos,
concretamente en el Partido Socialista, que en el mes de marzo ha
presentado también una proposición no de ley en la misma línea que
hoy se está debatiendo en la Comisión de Sanidad.

Esta iniciativa ha tenido antecedentes. En marzo de 1997 el Grupo
Popular trajo a la Cámara una proposición no de ley que incidía más
sobre los aspectos sanitarios y de forma tangencial hablaba de la
incidencia que la moda y la publicidad pueden tener sobre esta
enfermedad. Viendo que la proposición no de ley se aprobó en marzo de
1997 y que habían pasado ya ampliamente los seis meses que se daba de
plazo al Gobierno para presentar medidas, a los ochos meses
presentamos una proposición no de ley en la que queríamos centrarnos,
sobre todo, en la incidencia, la presión mediática que la moda y la
publicidad pueden tener en esta enfermedad.

No queremos simplificar el problema, señorías, sabemos que la
enfermedad tiene múltiples causas, no sólo una, y existen elementos
biológicos, psicológicos y sociales que predisponen a padecerla o la
desencadenan directamente, pero pensamos que los factores sociales
que predisponen la enfermedad e incluso la desencadenan son muchos y
muy complejos. La presión social y mediática que existe en torno a la
línea y el adelgazamiento tiene un papel decisivo



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en la aparición y desarrollo de la enfermedad. La moda y la
publicidad consideramos que incitan más frecuentemente a adelgazar
que a mantener una buena salud.

Quisiera decirles, señorías, que todo el mundo sabe lo que es esta
enfermedad, afortunadamente. Hasta hace unos años las familias tenían
que estar padeciendo en solitario lo que significaba tener una chica
-porque normalmente eran chicas muy jóvenes- en su casa con manías de
no querer comer, sin que estuviera diagnosticado que ésto era una
enfermedad, y una enfermedad muy grave, que sabemos ya que afecta a
una de cada 100 adolescentes, y la bulimia, que es otro aspecto, a
dos o tres de cada 100 adolescentes. Por tanto, es una enfermedad con
una gran incidencia. También quiero recordarles que uno de cada 20
jóvenes con anorexia muere a causa de esta enfermedad y otro 30 por
ciento de los que la padecen no pueden superarla.

Los médicos se han implicado también en esta batalla y están hablando
de un trastorno alimentario que se extiende, y se extiende sin
solución. El presidente de la Fundación Española de Nutrición,
Gregorio Varela, señala que es la patología moderna en mayor
expansión después del sida. El psicólogo barcelonés Ángel Aguirre
señala que la anorexia es una enfermedad cultural, como ya habíamos
dichos en nuestra exposición de motivo y ya se estaba hablando en
todos los medios científicos, sin un motivo físico que la provoque,
por lo que no tiene una medicación específica. Afecta a las chicas
occidentales, por eso estamos diciendo que es una enfermedad
cultural, y está ligada a la estética de la belleza como definición
de la feminidad y a la presión de los estereotipos culturales, el
modelo tipo de la enferma de anorexia es una chica que estudia, no
come, rechaza a los chicos y rechaza la sexualidad.

La situación es tan grave, señorías, que determinados jueces se han
visto obligados a aplicar una serie de medidas como es el ingreso
forzoso de estas enfermas en los hospitales. Entre todos hemos
llegado a una situación en la que la sociedad está satanizando la
obesidad y la vejez. Si eres gordo o gorda, no te quieren. Sabemos
que hay otros aspectos en los que incidir, y además de forma muy
rotunda, porque en las escuelas, en los institutos, hemos visto cómo
el calificativo de gorda es peyorativo y lo sentimos fundamentalmente
las mujeres. Además, señorías, los dibujos animados están planteando
ya personajes esqueléticos. El mundo de la moda no plantea ya mujeres
delgadas, sino mujeres espectrales. Yo les quería enseñar, aunque
todo el mundo las ha visto, a estas mujeres enfermizas, espectrales.

En algunos casos se está haciendo publicidad no directamente con
mujeres sino con radiografías. Esto nos parece que es una pasada y es
algo contra lo que tenemos que luchar a fondo como lo estamos
haciendo ahora.

Araíz de esta proposición no de ley del 5 de noviembre se abrió un
gran debate social en el que nadie ha querido asumir la
responsabilidad: los diseñadores han dicho que ellos no tienen la
moda, que son los modistos; los modistos dicen que ellos tampoco, que
son los fabricantes; los fabricantes dicen que no, que son las
agencias de modelos y de esta forma todo el mundo se ha ido tirando
la pelota de unos a otros. Pero lo cierto es que a mí me llamó mucho
la atención, porque es muy ilustrativo, cómo lo definía una
periodista de El País, Lucía Argós: Como las antiguas chinas
que vendaban sus pies hasta la tortura, se meten las jóvenes en
ropas extremadamente pequeñas.

Todas las que estamos aquí, las que tenemos hijas o sobrinas, hemos
visto cómo las chicas se ven desubicadas al no encontrar ropa en las
secciones que son para ellas y se ven obligadas a ir a las tiendas o
a las secciones de ropa considerada, increíblemente, de tallas
grandes, y hablamos de chicas que tienen una talla 44 ó 46, que están
en época de desarrollo y empiezan a tener sus formas de mujer, que es
algo que algunos diseñadores no admiten, ya que tenemos que tener
forma asexuada.

La verdad es que estas chicas no pueden encontrar su ropa en esas
plantas maravillosas donde hay música, donde todo es color y juventud
y se ven obligadas a ir a otras tiendas, y ahí es donde empieza uno
de los problemas que las angustia y, aunque no digo yo que haya una
relación directa causa-efecto, puede ser un factor importante en el
desencadenante de la enfermedad.

La verdad es que algunos diseñadores han llegado a decir que la
selección de los modelos se realiza de forma cruel, brutal y
espantosa; que las modelos que se ven en los casting parecen enfermas
salidas de los hospitales. (Y todo ésto lo estoy sacando de la prensa
de estos últimos días.) Es un fenómeno mundial, en las pasarelas de
París, Milán o Nueva York ya no se habla de la talla 36, sino de la
talla 34, y los diseñadores, cuando hacen los casting no quieren
saber cómo se ha conseguido esa talla, cierran los ojos a un problema
que pueden intuir que es gravísimo. Una directora de agencia de
modelos, la directora de Maroe, Francisca Hernández, dice que ésto no
es un fenómeno que sea exclusivo de la moda, sino que hasta para un
trabajo de recepcionista el empresario exige que la mujer sea alta,
guapa y, por supuesto delgada. Hemos podido leer cosas que de alguna
manera nos han aterrorizado. El director de una agencia de modelos,
Jaime Montoya, dice: la talla 42 es la de mi mamá, de una señora
mayor, esas tallas, desde luego, no están en los desfiles, y la 40,
pues no sé.

La verdad es que se ha despertado la sensibilidad de muchos sectores.

En la pasarela Gaudí, su director Paco Flaqué, ha llegado a decir que
no iban a admitir modelos más abajo de la talla 40, otros han hablado
de la talla 38. Eso ha suscitado también la respuesta de modelos que
dicen: Y las mujeres que tenemos la talla 36 y 38, ¿nos vamos a
quedar sin trabajo? Tendríamos que ir al punto medio en el sentido de
ver que no estamos hablando de que las mujeres no puedan tener la
talla 36 ó 38, porque yo tengo aquí fotografías de modelos que
seguramente tienen la talla 36 y 38, pero son mujeres sanas. No son
mujeres espectrales como la que les estoy enseñando en este momento.

Por tanto, vayamos a una postura que sea equitativa y por la que
consigamos que desde estos sectores se puedan paliar las
consecuencias que está teniendo este paradigma de belleza que,
además, es ajeno a nuestra cultura.




Nuestra proposición no de ley iba en el siguiente tenor: 1. El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que por parte de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, con la colaboración y
participación del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Secretaría de
Comercio, se tomen las medidas oportunas para: En primer lugar,
concertar con lasempresas y agentes económicos y sociales de los
sectores



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de la moda y la publicidad el cumplimiento de principios y códigos
comerciales y publicitarios, que eviten la fuerte presión social que
las actuales tendencias de la moda suponen para los y las jóvenes,
especialmente las comprendidas entre los doce y los dieciocho años.

Específicamente y, entre otras, se adoptarán medidas dirigidas a
garantizar en los comercios de ropa juvenil la existencia suficiente
de artículos correspondientes a tallas adecuadas, así como la
regulación y normalización de éstas. Igualmente, se estudiarán
acciones y medidas destinadas a prohibir la contratación de modelos
menores de dieciséis años para la exhibición de ropa o artículos de
modas no destinados exclusivamente a la infancia. Esto lo ponemos,
porque hemos leído en estos días que en este intento de buscar
modelos cada vez más asexuados, se está convirtiendo en una práctica
habitual contratar modelos menores de edad porque sus cuerpos, aún
sin desarrollar, se adaptan mejor a cánones de belleza de
determinados diseñadores. Patricia Velázquez, una top model dice: Es
cierto que cada vez son más frecuentes los modelos de trece o catorce
años y que los diseñadores tienen responsabilidad por contratarlas. Y
ella dice: Pero, ¿y las familias? y yo digo: ¿y los poderes públicos?
Pensamos que los poderes públicos también tienen que intervenir para
evitar o restringir al máximo el que jovencitas de trece o catorce
años vayan a las pasarelas de ropa para adultas y adultos.

En segundo lugar, constituir órganos muldisciplinares que propongan
la adopción de medidas, tanto legislativas como reglamentarias o
administrativas, tributarias o de cualquier otra naturaleza, que
favorezcan la disminución de los factores sociales que predisponen a
este colectivo a padecer, o desencadenar, directamente la anorexia
nerviosa y otras enfermedades similares. Como ven, señorías, no estoy
hablando de prohibición, estoy hablando de concertación. He tenido la
oportunidad de leer las medidas que el día 26 de marzo que han ido
proponiendo los colectivos que se reunieron con el ministro de
Sanidad, y me satisface muchísimo ver que estas medidas, que se
producen cuatro meses después de la publicación de esta proposición
no de ley, sean las que se estén planteando.

En tercer lugar, la prohibición y la persecución eficaz de las
informaciones fraudulentas sobre dietas milagrosas y planes
vertiginosos de adelgazamiento y la regulación estricta de la
publicidad y venta de alimentos dietéticos, productos diuréticos y
laxantes, que es una de las preocupaciones que han planteado las
asociaciones de familiares que padecen esta enfermedad.

Por último, en el punto 2 el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que por parte de la Inspección de Trabajo se realicen
actuaciones tendentes a inspeccionar y, en su caso, sancionar
posibles conductas de los empleadores que favorezcan, directa o
indirectamente, el incremento de la anorexia nerviosa y otras
enfermedades similares, tales como la exigencia injustificada a
jóvenes demandantes de empleo de unas determinadas medidas
corporales, un peso manifiestamente inferior a lo normal. Porque,
señorías, a esta diputada, como me imagino que a otras diputadas que
están en esta sala, le han llegado denuncias e informes de
determinadas cadenas en las que, o bien no contratan a jóvenes que se
presentan como demandantes de empleo por ir más allá de la talla 38 ó
40, y de chicas jóvenes
que han sido despedidas porque su físico no correspondía con el
estándar de belleza que esas cadenas comerciales proponen.

Por todo ello, espero que esta proposición no de ley tenga el
consenso de los grupos parlamentarios de la Cámara. Sería una manera
de que triunfara, no una proposición no de ley, sino las aspiraciones
de las familias que están esperando que haya medidas claras y
eficaces para luchar contra esta enfermedad. Quedan todas las medidas
sanitarias y las medidas en los centros educativos. Nosotros sólo nos
hemos centrado en el mundo de la moda y la publicidad, pero pensamos
que también ése sería un paso muy eficaz.




El señor PRESIDENTE: Entendemos, señor Rivadulla, que S. S. ha
defendido la enmienda que había presentado posteriormente a la
iniciativa y que sería de sustitución. (Asentimiento.) De forma que
sólo tenemos una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.

Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez García.




La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Hoy, como acaban de decir, debatimos una
proposición no de ley presentada en esta comisión por el Grupo
Parlamentario Mixto sobre la anorexia, tema que ha tenido un amplio
debate en la Comisión de Sanidad. En la actual legislatura este tema
ha sido motivo de varias iniciativas parlamentarias presentadas por
los diferentes grupos. Concretamente en 1997, el Grupo Parlamentario
Popular presentó una proposición no de ley en la Comisión de Sanidad,
aprobada unánimemente con la enmienda presentada por el Grupo
Socialista. Ese mismo año, esta Cámara, dentro del informe de la
subcomisión para el estudio sobre la familia, aprobó una resolución
que recoge también la campaña informativa para mejorar los hábitos
alimentarios y prevenir la anorexia y la bulimia. En el Senado se han
debatido también mociones sobre ello -la última ha sido presentada
por el Grupo Parlamentario Popular el pasado mes de marzo-, con la
propuesta de una ponencia en el Senado, dentro de la Comisión de
Educación y Cultura, que estudia los condicionantes extrasanitarios
que concurren en el incremento de ambas enfermedades, además de las
correspondientes comparecencias y preguntas que se han realizado
durante toda la legislatura.

Esto pone de manifiesto la sensibilidad y la preocupación de todos
ante un problema que escapa ya del ámbito privado, puesto que no sólo
afecta a quien lo padece, sino que se refleja en la familia, en el
trabajo y también en los estudios. Diría que nos afecta a toda la
sociedad en su conjunto. Consciente de todo ello, el Gobierno del
Partido Popular viene realizando una serie de acciones dirigidas a la
información, sensibilización y prevención de la anorexia y bulimia no
sólo a través de lo que han podido poner en marcha diferentes
ministerios, sino en colaboración con todas las comunidades
autónomas, con los ayuntamientos, con el Ministerio de Educación y
Cultura y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por
ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, hace tiempo que en
las escuelas, concretamente en los ciclos de educación infantil
y primaria, se imparte un proyecto denominado Salud en la



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Escuela, que es paralelo a la formación de padres y alumnos, con unas
guías y unos materiales didácticos que puedan hacerlo más
comprensible. Incluso el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
el año 1997, dentro del convenio marco con Sanidad, editó una guía
sobre anorexia y bulimia, dirigida especialmente a las jóvenes,
puesto que, como saben SS. SS., las mujeres son las más afectadas.

Como verán, el Gobierno actual ha sido ágil en dar soluciones a este
problema, que no es nuevo y que hace muchos años se venía padeciendo,
sin que hasta entonces se hubiera dado ninguna solución al respecto.

Por tanto, tenemos que felicitarnos, ya que desde el año 1997 se han
puesto en marcha toda una serie de iniciativas coordinadas con las
diferentes administraciones, que parecen no sólo haber sensibilizado
a la opinión pública, sin que los medios de comunicación han hecho un
trabajo extraordinario durante este tiempo. Todas estas iniciativas
demuestran el interés que hay por algo que nos afecta a todos y que
en un momento determinado produce auténticos dramas en las familias
que lo padecen.

Coincidimos en la necesidad de la erradicación de esta lacra que
afecta de manera muy especial a jóvenes con edades comprendidas entre
los doce y los veinticinco años -según las asociaciones, esa edad
está descendiendo hasta los nueve y diez años-, mujeres en el 95 por
100 de los casos, que tiene -como bien se ha dicho aquí- varios
factores desencadenantes.

Me gustaría resaltar lo que el Gobierno hizo el día 26, en la mesa
sectorial, y que ha sido importante. Sentó a la misma mesa a varios
sectores que de otro modo quizá no habrían coincidido. Esto puede
haber ocurrido gracias a las iniciativas parlamentarias y, sobre
todo, al alto grado de sensibilización existente incluso entre
personas que, como bien acaba de decir la compañera que ha
intervenido antes que yo, estaban alejadas de estos asuntos y hoy
saben y hablan de la anorexia y de la bulimia. Todas estas
iniciativas son buenas porque abundan en algo que nos afecta a todos,
y lo que abunda no daña.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos enmiendas a esta
iniciativa: una que tiene la Mesa, a la que hay que añadir un nuevo
párrafo que luego leeré, y otra in voce, de acuerdo con la proponente
y a la que espero dé su conformidad, que pretende enmendar el segundo
párrafo que ella misma ha leído. ¿Por qué presentamos estas
enmiendas? Porque no se puede instar al Gobierno a que haga algo que
ya está haciendo y que ya está puesto en práctica. Además de todos
estos programas y actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno, el
día 26 se creó una mesa sectorial sobre estos trastornos. Acudieron
los representantes del Colegio General de Farmacéuticos de España,
las asociaciones de modelos, las de agencias de publicidad, las de
autocontrol de la publicidad, la Federación de Empresarios de la
Confección -que es de lo que estamos tratando y que también tienen
mucho que decir-, las asociaciones de anunciantes y las asociaciones
de padres de enfermos de anorexia, además del Consejo de Consumidores
y Usuarios. El objetivo está claro: Analizar los problemas de estos
dos trastornos alimentarios.




Como resultado de esta reunión, se logró que todos los sectores
adoptaran de modo voluntario una serie de iniciativas
que paso a reseñar. El Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos se comprometió a extremar la vigilancia para que el
despacho de diuréticos se efectúe con receta médica, así como a dar
consejo sanitario a las personas sobre el riesgo que corren por
solicitar laxantes.

La Asociación de Agencias de Modelos de España, a la correspondiente
vigilancia médica de los modelos, a no colaborar con las empresas que
manipulen la numeración de las tallas y a alejarse de las imágenes de
extrema delgadez; una cosa es una enferma de anorexia y otra distinta
una persona que morfológicamente, durante toda su vida necesite una
talla 36, aunque esté en la pasarela. Esto es algo que también se ha
señalado.

Las agencias de publicidad dijeron que elaborarían unas directrices y
recomendaciones para todos sus asociados y ofrecieron una campaña
general de información. La Asociación de Autocontrol de la Publicidad
propondrá a la asamblea de asociados introducir un nuevo artículo en
el código que haga referencia a no participar en cualquier tipo de
promoción que pudiera fomentar el desarrollo de estos trastornos
alimentarios.

La Federación de Empresarios de la Confección -esto es importante-
ofreció hacer un llamamiento a la industria de la confección para que
ponga a disposición del consumidor un amplio abanico de tallas en las
distintas líneas de moda, realizando un estudio antropométrico de la
población que sirva de base para elaborar unas tallas que respondan
mejor a las medidas del consumidor español -hombre, mujer, jóvenes o
niños- y organizar unas jornadas técnicas sobre la actualización de
tallas y su repercusión en la sociedad española. Las tallas no se han
reformado desde hace tiempo -se lo digo con conocimiento de causa
porque llevo veinticinco años en esto- y en este tiempo nuestra
juventud ha crecido, tiene otras formas, otras tallas y otro peso. De
modo que tenemos a la Federación de Empresarios de la Confección
comprometida en esta mesa para tratar de rectificarlo.

En cuanto a la Asociación de Consumidores y Usuarios, como no podía
ser de otra forma, se comprometió a realizar una activa labor de
denuncia de todas aquellas situaciones relacionadas con este tipo de
actividad.

Por su parte, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
ha mandado una circular para que los farmacéuticos extremen la
exigencia de la receta médica en la dispensación de diuréticos y
ejerzan el consejo sanitario en la dispensación de laxantes.

En conclusión, todas estas medidas y acciones forman juntas un
programa de acción frente a la anorexia y a la bulimia. Además, algo
muy importante, es que no se trata de formar una mesa, hacerse la
foto, iniciar los primeros contactos y olvidarse; no, los integrantes
de la mesa acordaron reunirse con periodicidad trimestral para hacer
el seguimiento de las acciones desarrolladas y, en su caso, emprender
nuevas iniciativas.

La proposición no de ley del Grupo Mixto pide en uno de los puntos a
que se ha hecho referencia la prohibición y la persecución eficaz de
las informaciones fraudulentas sobre dietas milagrosas y planes
vertiginosos. Existe un Real Decreto de 1996, de 2 de agosto, sobre
publicidad y promoción comercial de productos, actividades o
servicioscon una finalidad sanitaria, que está demostrándose eficaz



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en la práctica; persigue las transgresiones contempladas en la citada
disposición. Se ha identificado y perseguido la publicidad ilegal
vinculada a los soportes más variados: desde el etiquetado
facultativo a la promoción vía Internet, pasando por la
radiodifusión, televisión, revistas, folletos y otras publicaciones.

Son los especialistas en nutrición, dietética y ordenación
alimentaria de la Dirección General de la Salud Pública los
encargados de gestionar la aplicación del repetido Real Decreto, en
consonancia con los aspectos científicos que esta gestión implica. Se
han desarrollado 104 actuaciones con retirada de productos que no
estaban de acuerdo con la normativa.

Señorías, repetimos de nuevo que todo lo que abunda en esta materia
no daña, todos queremos llegar a un acuerdo. Sin embargo, aun estando
de acuerdo con el fondo de la propuesta, no lo estamos con la forma y
por ello hemos presentado estas enmiendas. Con el permiso del
presidente, aparte de la primera enmienda que ya tiene, paso a leer
el párrafo adicional a que me he referido y ahora se lo haré llegar.

En nuestra primera enmienda de modificación al punto número 1 de la
propuesta del Grupo Mixto decimos: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que continúe impulsando acciones concretas en
coordinación con los sectores implicados. Asociaciones de Agencias de
Modelos, Asociación de Agencias de Publicidad, Federación de
Empresarios de la Confección, etcétera, que permitan hacer frente a
los problemas de salud pública denominados trastornos de la
alimentación, entre los que se incluyen la anorexia y la bulimia. Yse
añade: Igualmente, estudiarán acciones y medidas destinadas a evitar
la contratación de modelos menores de dieciséis años para la
exhibición de ropa o artículos de moda no destinada exclusivamente a
la infancia y que pueda vincularse a prácticas de publicidad
engañosa. Esto último está regulado por ley. Además, claro que por
ley es imposible que puedan trabajar menores de dieciséis años; cosa
distinta es que haya un consentimiento expreso de los padres con un
acuerdo de trabajo. Esa sería la enmienda de modificación al primer
punto.

La enmienda al segundo punto que presentamos in voce después de
pactar con el grupo proponente, dice: Para que la Inspección de
Trabajo, en el marco de sus funciones, vigile que no se produzca
ninguna discriminación relativa a las exigencias de unas determinadas
medidas o peso inferiores a lo normal. Trata de corregir términos
-repito que hablamos del fondo no de la forma- destinados a prohibir
que, como bien ha dicho la proponente, son coercitivos y, por tanto,
no tienen razón de ser. Aquí estamos para dar respuesta a los
problemas de la sociedad y este es uno de los que en estos momentos
está ocupando más tiempo en esta Cámara, afortunadamente para
nosotros.

Me gustaría que el grupo proponente aceptara estas enmiendas en aras
del consenso que creo que todos vamos a poner de manifiesto en este
debate.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? Por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: La felicidad por la delgadez es el objetivos
de miles de jóvenes, niñas y niños que
en el Estado español colman listas de espera en los pocos hospitales
que tratan los trastornos, llamados alimentarios, de anorexia y
bulimia. Su empeño por demostrar que podían ser más bellas y bellos,
más delgados, más inteligentes y domar su propio cuerpo se les fue de
la mano. El 43 por ciento de las adolescentes se ven gordas. Tres de
cada cuatro adolescentes, según estudios médicos, se someten en este
momento a una dieta y, de éstas, entre el 0,5 y el 1 por 100 acabarán
padeciendo anorexia o bulimia. La enfermedad está avanzando en un 20
por ciento anual. La población de máximo riesgo es la de edad
adolescente y de sexo femenino, pero el patrón de la enfermedad
desarrolla cada vez más variables, se está diversificando, y la edad
de inicio está descendiendo. La prevalencia en la enfermedad es de
entre el medio punto y el 1 por ciento, y su mortalidad, señorías, es
del 6 por ciento. La duración del tratamiento hasta conseguir el alta
médica definitiva tiene una media de dos años y medio. La prevalencia
de la bulimia es de un 2 por ciento. Estos trastornos alimentarios
coinciden con el desarrollo de los países. En Cataluña tuvo su origen
en el litoral catalán, pasando después a las comarcas interiores; el
hecho de mostrar el cuerpo es muy diferente en la Costa Brava que en
el Vall d’Aran. Cataluña, con respecto al Estado español,
desgraciadamente fue pionera, pero por suerte ahora también lo somos
en iniciativas tanto preventivas como paliativas de la enfermedad.

Tratamos de unas enfermedades que si es cierto que hace tiempo que
tienen una incidencia importante en nuestra sociedad, muchas veces
han estado ocultas por las mismas familias. La anorexia nerviosa se
daba hace 20 años con mucha mayor frecuencia cuanto más alto era el
nivel socioeconómico, pero se extiende por todas las capas sociales a
partir de los años ochenta, de forma que evolucionan normalmente las
modas en pirámide social de arriba abajo. Existen, es cierto, unos
factores biológicos que predisponen al padecimiento de estos
trastornos, pero los factores socioculturales son de una radical
importancia: un modelo corporal delgado que no se corresponde con un
cuerpo en consonancia con la realidad. La pubertad comporta cambios
en el cuerpo, volumen y silueta que originan una nueva evaluación del
cuerpo que en la mayoría de los casos no es aceptada por la
adolescente. La valoración del cuerpo es tan desconocida por la
adolescente como su propio cuerpo, y la adolescente es muy frágil
ante las presiones externas del canon de belleza. Un estudio
realizado en la ciudad de Barcelona aporta unos datos que deben
hacernos reflexionar. El 19 por ciento de las niñas de 9 años están
en estos momentos haciendo algún régimen de adelgazamiento y un 12
por ciento en el caso de los niños. De éstos, algunos lo hacen sin
control y en otros casos son las madres las que han decidido que su
hijo o hija ha de estar delgado. Un 82 por ciento de las chicas
encuestadas dicen que en este momento hay al menos una persona
sometiéndose a un régimen de adelgazamiento por razones no médicas en
su casa. El eslogan mundial de que la felicidad se alcanza siendo
joven, ágil y delgado, y con ello el triunfo social y laboral, está
asegurado, está en la mente de los adolescentes. La enfermedad, como
los mismos afectados y afectadas la describen, está en sus
pensamientos y en el manejo de sus sentimientos, pero el problema
está en todas partes, desde los probadores de las tiendas de moda,
con tallas minúsculas, al patrón estético sin



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formas presentado por los medios de comunicación, pasando por la
preocupación paternal por ese niño con tendencia a engordar y tan
poco amante del deporte. La Federación de Usuarios y Consumidores de
España a recibido 513 quejas en lo que va de año por la inexistencia
en las tiendas de moda de tallas mayores de la 40. Se da la
circunstancia de que empleadas de tiendas juveniles ven desestimada
su renovación de contrato o son despedidas si engordan o no les sirve
la ropa que venden en las tiendas. Vivimos tiempos en que a través de
la moda la sociedad poco más o menos ha satanizado el sobrepeso y el
envejecimiento; sólo hay que mirar los anuncios de televisión. La
presión social para que los cuerpos sean perfectos es enorme. En
pocos años ha cambiado la percepción del cuerpo, del aspecto físico.

La presión de la moda y los arquetipos que los diseñadores y modistos
proponen a través de unas modelos sin formas supone la entronización
de una talla inalcanzable para la mayoría de las mujeres. Hay modas
que matan, y no tendría que ser objeto de ningún reconocimiento
social incitar a conseguir cuerpos no alcanzables por sus ridículas
medidas. A un adolescente de 12 o 14 años no se le puede pedir que
analice el riesgo que comporta para su salud el dejar de comer o que
pondere el desequilibrio físico y hormonal al que se somete su cuerpo
con ayunos hasta la extenuación. Esto no lo pueden ver; ven sólo la
imagen inolvidable de una modelo extremadamente delgada, de cuerpo
minúsculo, con la mirada perdida, a la que quieren por todos los
medios parecerse.

Señorías, señor presidente, debemos luchar contra esta enfermedad no
sólo con criterios médicos, sino también revisando los valores
humanos y personales de nuestra sociedad. Hay 3.000 millones de
mujeres en el mundo, y nos estamos rigiendo por ocho supermodelos a
las cuales eligen un grupo de diseñadores preocupados por destacar e
innovar, olvidándose de vestir a la moda a la mayoría de las mujeres.

El físico ha sido siempre una tarjeta de presentación útil y muy
importante, pero para ser feliz y tener éxito en nuestras vidas no
basta. Hace falta ante todo calidad humana y personalidad, que no
caducan sino que mejoran con el tiempo y, por el contrario, los
cuerpos yogur sí que caducan. Señorías, es por este motivo que el
Grupo Parlamentari Catalá dará su aprobación a la transaccional que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular para poder paliar entre
todos y todas, en la medida de lo posible, unos trastornos tan
incidentes en la población juvenil como son la anorexia y la bulimia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida celebra la oportunidad de la iniciativa presentada por el Grupo
Mixto-Iniciativa per Catalunya en noviembre de 1998. En realidad,
nuestro grupo considera que hasta que las cifras de los jóvenes y las
jóvenes víctimas de anorexia no han rozado porcentajes preocupantes
no hemos sido capaces de establecer la alerta a propósito de una
enfermedad que mayoritariamente afecta a nuestra población juvenil y
que lleva varios años anunciando sus devastadores efectos entre
sectores de nuestra población que son vulnerables y sobre los que
es necesario extremar todas y cada una de las precauciones. El miedo
a ganar peso y la formación de una imagen distorsionada del cuerpo
conducen a un proceso radical y sin retorno de adelgazamiento que
lleva años poniendo en serio riesgo la salud de un colectivo
posiblemente poco informado y altamente vulnerable a las presiones
psicológicas derivadas de la sociedad de consumo. El mensaje y la
presión que la moda y otros valores que ponen en marcha la maquinaria
publicitaria son contundentes y la respuesta de los jóvenes
preocupante, pues conduce a un incremento de los trastornos de la
alimentación, con serios y graves riesgos para la salud.

Nuestro grupo está de acuerdo con las reflexiones que se han venido
planteando en todos los aspectos de la proposición no de ley, y
solamente quisiera insistir en el mensaje que estamos transmitiendo
fundamentalmente a los adolescentes respecto a lo que piensan que la
sociedad espera de ellos y también en el motivo por el que se produce
una búsqueda tan importante de un estereotipo. Queremos -y entendemos
que del texto de la proposición no de ley se puede desprender- buscar
responsabilidades no sólo en aquellos que contribuyen a la
consolidación de esta imagen, es decir, al mundo de la moda y algunos
sectores de la alimentación, sino entre las administraciones
responsables de aplicar tanto estrictas políticas de prevención e
información entre los posibles afectados como el tratamiento médico
adecuado a la enfermedad en sí.

Las autoridades sanitarias serían responsables del tratamiento
médico, y las educativas fundamentalmente de lo que afecta a la
información y a la prevención. Nuestros jóvenes seguramente carecen
de la información suficiente sobre su sexualidad y otros problemas
como la droga, y la anorexia queda también relegada en su información
a un término próximo a la inexistencia. Nosotros planteamos que
deberíamos sustituir las tradicionales polémicas que se producen en
el seno de la educación entre la religión y la ética por una variante
importante como la salud para que los adolescentes, desde el mundo
educativo, pudieran estar rigurosamente informados de los graves
riesgos que les afectan en lo que respecta al consumo de drogas, la
sexualidad, la anorexia, los trastornos de la alimentación y los
elementos que son indispensables e imprescindibles para su desarrollo
posterior. Entendemos que estos elementos vienen recogidos con
carácter general en la proposición no de ley de Iniciativa per
Catalunya; la vamos a votar favorablemente y vamos a participar del
consenso, si se produce, en los términos que el grupo proponente nos
manifieste.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña
Margarita Pin.




La señora PIN ARBOLEDA: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Socialista para fijar la posición de mi grupo en la
proposición no de ley sobre medidas para paliar la incidencia de la
anorexia en los jóvenes españoles. Lo primero que quiero decir es que
hoy todos los grupos parlamentarios debemos felicitarnos porque en el
Congreso, pared con pared, hemos debatido ampliamente en dos
comisiones



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el tema de la anorexia. Pero lo más importante no es eso; lo más
importante es que hemos aprobado y espero que se aprueben medidas
legislativas esenciales para la sociedad. La segunda cuestión a la
que quiero referirme es la oportunidad de esta proposición no de ley
presentada por Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda. Mucho se
ha escrito desde que esta iniciativa fue presentada en el Parlamento.

Tanto es así que en el Senado se aprobó, hace 20 días, la creación de
una ponencia que estudie las condiciones extraordinarias que provocan
el incremento de la incidencia de la anorexia y la bulimia en la
población y proponga medidas para acabar con este problema. Pero esto
no es suficiente. La enfermedad de la anorexia, que se caracteriza
por un gran temor a ganar peso, a convertirse en obeso y por la
reducción, generalmente voluntaria, de más del 15 por ciento del peso
corporal normal, necesita medidas legislativas como la que hoy se
presenta en esta Comisión de Política Social y Empleo.

El Grupo Socialista en el Senado presentó el 1 de diciembre ante la
Cámara Alta una moción en la que instaba al Gobierno a la creación y
dotación de unidades específicas de tratamiento y atención de la
anorexia y la bulimia en los hospitales y centros de salud, así como
a poner en marcha campañas de prevención y políticas encaminadas al
estudio e información de la anorexia y la bulimia en los jóvenes. A
dicha moción fue presentada una enmienda firmada por todos los grupos
políticos de la Cámara y, según la información de que dispone la
diputada que les habla, el Gobierno no ha puesto nada en marcha. En
dicha enmienda se instaba a que se desarrollasen estrategias de
educación para la salud en el ámbito escolar, toda vez que es el
medio más adecuado para lograr la máxima efectividad en la
adquisición de hábitos de alimentación saludable. Asimismo se instaba
a realizar estudios y análisis epidemiológicos e impulsar políticas
de prevención sobre la anorexia y la bulimia, así como a mantener e
impulsar las acciones dirigidas a controlar la publicidad y
comercialización de los denominados productos milagrosos y, con
carácter inmediato, a que el Insalud pusiese en funcionamiento un
programa específico en atención y tratamiento para este tipo de
enfermedades. Señorías, he querido indicar este hecho de la Cámara
Alta para reforzar la necesidad de aprobar esta iniciativa
parlamentaria; pero no sólo aprobarla sino hacer el seguimiento para
que se pongan las medidas y mecanismos necesarios a fin de que el
Gobierno ejecute las medidas legislativas aprobadas en ambas Cámaras.




El señor PRESIDENTE: Manifieste el grupo proponente su posición
respecto de las enmiendas.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, Iniciativa per
Catalunya-Nueva Izquierda va a aceptar la enmienda al punto número
uno que presenta el Grupo Parlamentario Popular porque queremos dar
un voto de confianza y también porque queremos ser respetuosos con
las asociaciones que se reunieron el día 26 de marzo, en el bien
entendido de que si su reunión será trimestral, trimestralmente
pediremos al Gobierno que comparezca
en esta Cámara para dar cuenta de los avances que se van produciendo.

Y en cuanto al punto número dos, sobre la prohibición de contratación
de modelos menores de 16 años y la necesidad de que intervenga la
Inspección de Trabajo para evitar que se produzcan discriminaciones
por la constitución física de las jóvenes que demandan empleo,
entendiendo que el espíritu de nuestra proposición se mantiene,
también vamos a aceptar la enmienda.




- PARA QUE SE SUPRIMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL APARTADO 2 DE LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO 1637/1995, DE 6 DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN
DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001281.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día:
Proposición no de ley para que se suprima el párrafo segundo del
apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1637/
1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social,
presentada por el Grupo Socialista del Congreso. Para su defensa
tiene la palabra doña Marisa Bartolomé.




La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Señor presidente, tal como recoge nuestra
exposición de motivos, el Real Decreto 2032/1998, de 25 de
septiembre, ha modificado varias disposiciones que estaban contenidas
en el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. Entre dichas
modificaciones se encuentra la disposición adicional sexta, por la
que se establece que los profesionales colegiados y demás personas
que en el ejercicio de su actividad cumplimenten y presenten
documentos de cotización a la Seguridad Social de los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán
incorporarse al sistema de remisión electrónica de datos, es decir,
el sistema RED. Esta incorporación al mencionado sistema da derecho a
dichos profesionales a percibir una contraprestación económica que
hasta 1995 era de un 3 por ciento y desde 1996 se estima en un 2 por
ciento. Este real decreto dice en su apartado segundo que la
incorporación al sistema RED para la remisión electrónica de datos
que se establecen en el apartado anterior será determinante para la
percepción de la contraprestación establecida en la disposición
adicional cuarta del Reglamento sobre colaboración de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aprobado por el
Real Decreto 93/1995, de 7 de diciembre. Pero este real decreto añade
que, no obstante, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrá
establecer la percepción de un porcentaje mínimo de dicha
contraprestación en el supuesto de no incorporación al sistema RED de
los profesionales y demás personas a que se refiere el apartado
anterior. Es aquí, señorías, donde no estamos de acuerdo.




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Consideramos que los recursos del sistema de la Seguridad Social no
pueden verse mermados por este tipo de contraprestaciones. Pensamos
que las empresas pueden permitirse el pago de los gastos que ocasione
la presentación de documentación de su propia empresa y que para la
Seguridad Social puede ser una carga añadida y de importancia; se
calcula que podría ascender a varios miles de millones de pesetas.

Nosotros consideramos que este dinero podría destinarse a otro tipo
de prestaciones de la Seguridad Social. Entendemos que una cosa es
colaborar en la mejora de la gestión corriendo con los costes para
primar la presentación de la documentación de cotizaciones por medios
electrónicos, mejorando también el control de los recursos económicos
del sistema, y otra muy distinta asumir unos costes que
perfectamente, de una forma proporcionada, pueden asumir las
empresas. De ahí nuestra propuesta de supresión de este párrafo que
aparece en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1637/1995,
de 6 de octubre, por la que se permite que los profesionales
colegiados puedan percibir una contraprestación económica de las
cotizaciones sociales incluso en el supuesto de no incorporación al
sistema RED. Creo que en la exposición de motivos está
suficientemente justificada nuestra propuesta y, por tanto, pedimos
el voto favorable de los distintos grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: No hay presentada ninguna enmienda a esta
proposición. ¿Grupos que desean fijar su posición? Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señorías, el asunto que nos ocupa, la
presente proposición no de ley, en el fondo tiene un cierto carácter
demagógico y discriminatorio para ciertos colegiados que contribuyen
y sustituyen a las mutuas patronales en esa gestión administrativa de
la que hablaba la ponente. Tendría que hacer un poco de historia de
lo que ha sido esa colaboración por parte de las mutuas, cuya labor
en esa sustitución venían realizando con el reconocimiento desde
1976, cuando se reguló el primer Reglamento general de colaboración
de mutuas patronales. Se estableció que esa sustitución en tareas
administrativas por parte de agentes de seguros en aquel entonces
tuviera una retribución porcentual con cargo a las cuotas que se
ingresaban en las mutuas patronales. Es evidente que la sociedad
moderna y el mundo tecnológico han evolucionado y, lo que antes
llevaban a cabo determinados agentes de seguros, con el tiempo lo
hicieron colegiados profesionales de los distintos sectores
reconocidos por los diferentes colegios profesionales. Por tanto, no
se trata de una retribución que perciban dichos colegiados
profesionales, sino de una colaboración complementaria en la gestión
de los recursos del sistema de la Seguridad Social. Hasta 1995, los
porcentajes podían sufrir modificaciones con arreglo a las
disposiciones que pudiera dictar en su momento el Ministerio de
Trabajo, en la actualidad denominado también de Asuntos Sociales. Si
los porcentajes aplicables para esos profesionales que colaboran en
la gestión de la administración
de la Seguridad Social eran en 1995 de un 3 por ciento y de un 7
en esa misma gestión cuando se trataba de colaborar en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social, a partir de enero de 1996 se
redujeron esos porcentajes respectivamente en un 2 y en un 5 por
ciento. Yo entiendo que la exposición de motivos no es totalmente
correcta por cuanto ya el Gobierno anterior estuvo haciendo gestiones
con determinados colegios profesionales encaminadas a que los
distintos colegiados profesionales pudieran colaborar en lo que
denominaremos en la actualidad sistema RED, sistema de remisión
electrónica de datos de la Seguridad Social, al que se acogió buena
parte de dichos colegiados profesionales, en gran número graduados
sociales. Reconocer la posibilidad de tener ese porcentaje en esa
gestión complementaria administrativa, en sustitución de las mutuas,
por parte de los colegiados profesionales y no extenderlo a otros
profesionales que hacen esa misma actividad y gestión administrativa
complementaria por no estar incorporados al sistema RED fue
precisamente lo que mejoró el Gobierno al entender que podía ser
hasta cierto punto inconstitucional por no primarse esa colaboración
en el sistema RED y que, por tanto, atentaría contra la legislación
aplicable. Es más, el Grupo Mixto presentó una proposición no de ley
en ese mismo sentido que fue rechazada en Comisión el 29 de
septiembre de 1998. Entendemos, como conclusión, que sería atentar
contra la regulación actual esa colaboración de los colegiados
profesionales en la gestión de la Seguridad Social de forma
complementaria. Suprimir el párrafo que propone el grupo proponente
sería vulnerar los más elementales principios jurídicos reconocidos
en la legislación vigente. Hemos defendido que los colegiados
profesionales se puedan incorporar al sistema RED porque supone una
mejora del control y el fraude en la morosidad en cuanto al ingreso
de cuotas en el sistema de la Seguridad Social, pero no podemos
discriminar a aquellos que no se han ofrecido voluntariamente a
incorporarse a dicho sistema. Como lo que estamos tratando es una
forma de retribuir a las personas que colaboran en esa gestión
complementaria en el sistema de Seguridad Social, deberíamos
remontarnos al año 1976 y al Reglamento general de los recursos de
los sistemas de la Seguridad Social del año 1986, que también lo
contempló, y a posteriores modificaciones que se han ido adecuando a
los tiempos actuales de ese mismo reglamento en 1993 y en 1995.

Por todo ello, el grupo parlamentario al que represento no podrá
apoyar ni votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día y tal como
anunciamos, vamos a proceder a las votaciones, ya que las 13 horas
han sido superadas, esperando que se reincorporen inmediatamente las
señoras y señores diputados.

Antes quería hacer una propuesta a la portavoz de la proposición no
de ley relativa a la anorexia, y es que del tenor de las
intervenciones veo que se ajustaría mejor en el título sustituir las
por los. Todos los grupos parlamentarios han hablado del problema de
la anorexiade las jóvenes y de los jóvenes. Sugeriría que el título



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se correspondiera a la preocupación expresada por todos los grupos.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Podíamos poner «en las jóvenes y los
jóvenes españoles» o «en la juventud española», con lo cual abarcamos
todo.




El señor PRESIDENTE: Entonces ponemos «en la juventud española».




Comenzamos las votaciones conforme al debate que hemos desarrollado
en el orden del día. En primer lugar, se somete a votación la
proposición del Grupo Socialista relativa a la integración de los
montepíos locales de Navarra en el régimen general de la Seguridad
Social.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre creación de una red pública de
telecentros de servicios telemáticos compartidos.s Se da por
sobreentendido que todas las enmiendas han sido incorporadas en las
correspondientes proposiciones no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley
mencionada.

Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre medidas en relación con el derecho de los
transexuales a un cambio de sexo. ¿Algún grupo solicita votación
separada? (Pausa.)



La señora SABANÉS NADAL: Solicitamos votación separada del número 1,
que hace referencia a Instituciones Penitenciarias, del número 2, del
mandato al Consejo Interterritorial de Salud, y del número 3,
prestaciones sociales, que es como queda con la transaccional
incorporada del Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el número 1.




Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Votación del número 2.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Votación del número 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el número 3 de la proposición.

Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, sobre medidas para facilitar la integración de las mujeres
emigrantes retornadas, en su nueva forma de vida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre medidas para paliar la incidencia de la anorexia en la
juventud española, con las correspondientes enmiendas incorporadas.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Finalmente, votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, para que se suprima el párrafo segundo del apartado 2, de
la disposición adicional sexta, del Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, por el que se aprueba el reglamento general de recaudación
de los recursos del sistema de la Seguridad Social.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley, con lo
cual hemos terminado el orden del día.




Se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.