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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 670, de 13/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 670
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 43
celebrada el martes, 13 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre anulación de los expedientes sancionadores abiertos como
consecuencia de las movilizaciones de los ganaderos de la Comunidad
Autónoma de Galicia los días 20 de enero y 6 y 7 de marzo de 1998 en
rechazo de la cuota láctea asignada por la Unión Europea al Estado
español. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001154) ... (Página 19440)
- Relativa a dejar sin efecto las sanciones con motivo de las
movilizaciones de ganaderos celebradas en Galicia los días 20 de
enero y 6 y 7 de marzo de 1998. Presentada por el Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 161/001396) ... (Página 19440)
- Por la que se insta al Gobierno a garantizar la calidad del producto
«yogur», tal como está establecido en la vigente norma general de
calidad para dicho producto. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/001464) ...
(Página 19444)
- Por la que se insta al Gobierno a mantener la normativa vigente que
reserva el calificativo de yogur para un producto lácteo perecedero
singular. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número de
expediente 161/001419) ... (Página 19444)
- Relativa a la modificación del Real Decreto 1486/1988, de 10 de
julio, sobre la modernización y mejora de la competitividad del
sector lácteo, para que la cuota láctea procedente del Fondo Nacional
Coordinado y la Reserva Nacional procedente de la cuota liberada por
los planes de abandono, se redistribuya atendiendo a criterios
sociales, y de forma gratuita entre los ganaderos.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/
001280) ... (Página 19445)
- Sobre el desarrollo de los estudios precisos para la elaboración de
un marco jurídico nacional adecuado para la ampliación del sector a
la pesca de los sistemas de garantías que, a través de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, ofrecen cobertura ante los riesgos
ocasionados por causas naturales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
001375) ... (Página 19449)
- Por la que se insta al Gobierno a que, en los futuros planes de
orientación de las actividades del Instituto Español de Oceanografía,
se contemple la creación de un departamento de tecnología de artes y
aparejos de pesca. Presentada por el Grupo anterior. (Número de
expediente 161/001434) ... (Página 19450)
- Sobre medidas para prohibir las importaciones y desembarques de
pescado procedente de buques o países que no cumplan con las
recomendaciones emitidas por la Comisión internacional para la
conservación del atún atlántico (Iccat). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
001263) ... (Página 19451)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE ANULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS COMO
CONSECUENCIA DE LAS MOVILIZACIONES DE LOS GANADEROS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA LOS DÍAS 20 DE ENERO Y 6 Y 7 DE MARZO DE 1998 EN
RECHAZO DE LA CUOTA LÁCTEA ASIGNADA POR LA UNIÓN EUROPEA AL ESTADO
ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001154)
- RELATIVA A DEJAR SIN EFECTO LAS SANCIONES CON MOTIVO DE LAS
MOVILIZACIONES DE GANADEROS CELEBRADAS EN GALICIA LOS DÍAS 20 DE
ENERO Y 6 Y 7 DE MARZO DE 1998. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001396).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 43 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Antes de proceder a los debates les
quisiera anunciar a SS.SS. que las votaciones se realizarán después
de la una de la tarde; es decir, una vez finalizados los debates.
También les quisiera comentar que comenzaremos los debates con la
proposición número 1. Rogaría a los señores portavoces que estuviesen
en la sala, porque vamos a ir alterando el orden del día debido a que
algunos tienen problemas
de viajes, como ustedes saben, con los retrasos que se están
produciendo en el aeropuerto de Barajas.
Empezamos con la primera proposición no de ley que figura en el orden
del día sobre anulación de los expedientes sancionadores abiertos
como consecuencia de las movilizaciones de ganaderos de la Comunidad
Autónoma de Galicia los días 20 de enero y 7 de marzo de 1998. Yvamos
a proceder también conjuntamente la proposición que figura en el
número 5 del orden del día, relativa a dejar sin efecto las sanciones
con motivo de las movilizaciones de ganaderos celebradas en Galicia
los días 20 de enero y 6 y 7 de marzo de 1998. Por lo tanto, haremos
un debate conjunto y, después de la una, unas votaciones
independientes y diferenciadas. Iniciamos este debate con el autor de
la primera proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Mixto,
Bloque Nacionalista Galego. Tiene la palabra su portavoz, señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): La proposición no de ley
que presenta el Bloque Nacionalista Galego pretende que este Congreso
de los Diputados... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vázquez. Les rogaría silencio.
Estamos en una sala con mala acústica y cualquier conversación que se
produzca puede alterar lo que es la intervención, incluso puede
distraer al orador. Por lo tanto, les rogaría silencio. Tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Decía que pretendíamos que
el Congreso reflexionase sobre hechos acontecidos hace más de un año,
a comienzos de 1998, con motivo de la protesta que los ganaderos
gallegos realizaron contra la aplicación de la supertasa, y
solicitábamos
al Gobierno la anulación de las sanciones, la retirada, en
definitiva, de los expedientes sancionadores, que fueron en aquella
ocasión, con motivo de las movilizaciones, muy numerosos y según
nuestro criterio claramente desproporcionados. También pediríamos a
los grupos parlamentarios que hicieran esa reflexión con una cierta
amplitud de miras, con el mismo cariño y atención que se presta
probablemente a actuaciones gubernativas a veces desproporcionadas en
otras latitudes geográficas.
Durante los últimos años es conocido por todos ustedes, y de esto
hemos hablado muchas veces, que el sector productor de leche sufrió
las consecuencias de una cuota absolutamente insuficiente, como todo
el mundo reconoce ya, incluido el propio Gobierno. Ello conllevó que
no sólo miles de ganaderos tuviesen forzosamente que abandonar la
producción, sino también que muchos ganaderos para poder sobrevivir,
para hacer rentable su trabajo, tuviesen necesariamente que superar
la cuota de producción asignada. Es decir, que los ganaderos, salvo
excepciones, no se saltan el marco legal existente por una voluntad
de defraudar o un afán de pillería o por el afán de enriquecerse
ilícitamente, sino por pura y simple necesidad, por simple necesidad
de subsistencia.
Desde nuestro punto de vista, la Administración, en definitiva el
Gobierno, siguiendo una política equivocada, en su afán de ajustar la
producción láctea a la cuota, decidió aplicar la supertasa, es decir,
la multa por exceso de producción, lo que de haberse efectivizado
llevaría sin duda a la ruina a muchos ganaderos y a aumentar el
cierre de explotaciones.
Nosotros pensamos que los ganaderos, una vez cerradas todas las vías
de diálogo con una administración, como digo, empeñada en meter en
cintura al sector lácteo, tuvieron que movilizarse, expresar su
rechazo a esta medida que comentamos y en consecuencia sacar los
tractores a la calle, pero como último recurso para defender sus
intereses, que nosotros consideramos absolutamente legítimos. En este
contexto se enmarca una actuación gubernativa, que nosotros
criticamos en su día y seguimos considerando también en este momento
equivocada, empeñada en impedir a toda costa la protesta mencionada.
Efectivamente, la primera tractorada tuvo lugar el 20 de enero de
1998. Nosotros creemos que era una protesta pacífica y razonable, y
se vio empañada por una actuación del delegado del Gobierno en
Galicia, sin duda -como decía- empeñado en evitar a toda costa que
los ganaderos mostrasen su disconformidad. Sería difícil resumir lo
acontecido en aquellos días, y además tampoco quizás sea el objeto de
debate en este momento. Nosotros ya presentamos en su momento una
proposición del delegado del Gobierno. Pero en esencia, para que SS.
SS. se hagan cargo, se hizo un uso arbitrario y desproporcionado de
la fuerza, lo que conllevó potentes cargas, impedimento de la
circulación y concentración de tractores, incluso agresiones a
diputados gallegos, etc.
En todo caso, también para que ustedes se den cuenta, este tipo de
actuación nada menos que conllevó que casi todas las fuerzas
políticas y sociales de Galicia, todas excepto el Partido Popular,
realizasen una manifestación conjunta el 14 de febrero de ese mismo
año en repulsa por esta actuación. Quiero hacerles ver que es muy
difícil que
una reacción de ese tipo se produzca si los hechos que denunciamos no
fuesen graves. Algunos podrían interpretar que se trataba de una
conspiración judeo-masónica contra un ejemplar cumplidor de la ley.
Pero también cabe otra interpretación, que es la respuesta -como
decía- nada frecuente, por cierto, ante una concepción poco
democrática y ponderada de un cargo público en lo que respecta al uso
de la fuerza pública de la que dispone.
En fechas posteriores, los días 6 y 7 de marzo, tuvo lugar una nueva
tractorada, por cierto, esta vez con mayor participación de ganaderos
y con menos incidentes con las fuerzas de orden público, seguramente
debido al cambio de actitud precisamente del señor delegado del
Gobierno.
En todo caso, como resultado de estas movilizaciones se procedió a la
apertura de un sinnúmero de expedientes sancionadores que figuran en
una respuesta que el Gobierno daba a este diputado, pero que
resumidos quedan así: Por la tractorada del famoso 20 de enero se
abrieron 104 expedientes por infracción de la Ley 1/1992, con amenaza
de multa, de sanción, por 17.950.000 pesetas, y 248 expedientes por
infracción del Reglamento de la Circulación, con sanciones probables
de 8 millones. Yen las de 6 y 7 de marzo se abrieron 22 expedientes
por infracción de la Ley 1/1992, por 2.750.000 pesetas, y 179 por
infracción del Reglamento de la Circulación, por seis millones y pico
de pesetas. Como ven, a más de 500 personas se les abrió expedientes
sancionadores por estos hechos, lo que desde luego a mí me parece que
resulta absolutamente sorprendente y desproporcionado. Nosotros
seguimos pensando que son expedientes políticos. Basta ver que con la
mayor participación en marzo sin embargo se produce una apertura de
menos expedientes, y, como decía antes, también hubo menos
incidentes; fue todo mucho más normal. Nosotros seguimos creyendo que
la protesta era justa contra una multa injusta y que las sanciones
son desproporcionadas, por lo que lo normal sería que fuesen
retiradas de oficio.
A nosotros nos parece más que evidente que los ganaderos, y en
concreto los ganaderos en Galicia, han tenido que pagar las
consecuencias de una política injusta, como decía, con miles de
abandonos, y sólo falta también que tengan que sufrir las
consecuencias desmesuradas de sanciones a mayores simplemente por
defender su derecho a producir, su derecho a vivir de su trabajo o
incluso, como está aconteciendo en este momento y también para
información de SS.SS., tengan que ir a la cárcel por el mismo motivo.
Recientemente fue condenado, por hechos acontecidos esos días, un
ganadero a dos años y siete meses de prisión, por unos hechos que yo
estoy seguro que no se hubieran producido si no estuviera el ambiente
tan crispado como estuvo desde la Delegación del Gobierno, con
tensiones, absolutamente innecesarias. También les tengo que decir
que en los juzgados se están viendo algunas de estas multas por
procedimiento abreviado, multas de tráfico de estos hechos, y están
siendo dejadas sin efecto.
Reconocemos que la cuota láctea era discriminatoria, como ya lo ha
hecho el Gobierno y yo creo que todos los grupos políticos, así como
que la aplicación de la supertasa significaba, en definitiva, la
aplicación de las consecuencias de una norma injusta. Por lo tanto,
nosotros, desde ese punto de vista, yo creo que es fácil, y ustedes
también lo
comprenderán, que la protesta que llevaban a cabo los ganaderos era
lógica. Una protesta que además, y contra todo lo que se diga a lo
mejor por otras fuentes, no creó alteraciones graves en la vida
ciudadana, más bien incluso muchos ciudadanos la vieron con simpatía.
Deberíamos por tanto concluir que lo más razonable sería retirar de
oficio los expedientes sancionadores abiertos. En ese sentido va
nuestra proposición no de ley, que dice lo siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para
que, tras la ponderación de los hechos acontecidos como consecuencia
de las movilizaciones de ganaderos en la Comunidad Autónoma de
Galicia los pasados días 20 de enero y 6 y 7 de marzo, proceda a
aceptar los recursos y a anular por tanto los expedientes
sancionadores abiertos con ese motivo.
El señor PRESIDENTE: La proposición que figura en el orden del día
con el número 5 ha sido presentada por el Grupo Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra su portavoz señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: En efecto, presentamos una proposición no de
ley para tratar que se dejen sin efecto las sanciones que, con motivo
de la movilización de ganaderos celebradas el día 20 de enero y los
días 6 y 7 de marzo de 1998, se han tramitado por parte del Gobierno.
Señorías, es innecesario argumentar de nuevo las razones por las que
hubo unas importantes movilizaciones de ganaderos en Galicia en
defensa de un sector importante para la economía de nuestro país,
unas reivindicaciones que a nuestro juicio eran justas y se
correspondían, además, con la inquietud de una buena parte de la
población gallega.
No es menos cierto que el Gobierno de la comunidad autónoma, con la
ayuda del delegado del Gobierno, trataba de evitar por todos los
medios que aquellas movilizaciones pudieran tener éxito, y para ello
no tuvieron inconveniente en amedrentar a los ciudadanos con
declaraciones previas del delegado del Gobierno, que están
transcritas en los medios de comunicación. No tuvieron inconveniente
en utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dando
instrucciones precisas para que dificultaran incluso la salida a la
calle de los propios tractores.
En definitiva, se trataba de una movilización en defensa de un
sector, del sector lácteo, en defensa de la necesidad de ampliar la
cuota para tratar de garantizar que en la Comunidad Autónoma de
Galicia hubiera unas explotaciones rentables y competitivas. Se
trataba de reivindicar que no se hiciera efectiva la supertasa, que
de llevarse a cabo supondría un grave problemas para muchas
explotaciones y, sobre todo, para las explotaciones más pequeñas,
para las explotaciones familiares, que son una buena parte del
sustento de sectores importantes de la economía gallega.
Es verdad que este es un debate que ya se produce hace más de un año.
Y es verdad que el Grupo Parlamentario Socialista vino insistiendo en
la necesidad de que se pasara una página en relación a estos hechos,
en relación también a una actuación, que por cierto era reiterada, de
una forma de entender el orden y la democracia por parte del delegado
del Gobierno de Galicia.
Con motivo de la comparecencia del ministro del Interior, el 21 de
mayo de 1998, en la Comisión de Interior y Justicia de este Congreso
de los Diputados, el parlamentario que les está hablando le planteó
que era conveniente superar una situación, y la forma de superar esta
situación era dejar sin efecto las sanciones que se habían producido.
En definitiva, le pedíamos al ministro que contribuyera a pasar una
página de una historia que nunca se debía haber producido y que, por
lo tanto, tratáramos de resolver un problema que nunca se tenía que
haber creado.
Es verdad que en aquella comparecencia (yo no sé si por la forma que
tiene siempre el ministro del Interior, de condescendencia, aunque
luego, por otro lado, va haciendo lo que cree oportuno) me manifestó
que le trasladara esta petición formalmente, que él la estudiaría y
que haría todo lo posible -así figura en el Diario de Sesiones del 21
de mayo de 1998-para dejar sin efecto estas sanciones.
El día siguiente de la comparecencia del ministro, el diputado que
les habla le trasladó por escrito lo que había planteado en la
Comisión de Justicia e Interior. Es cierto que ha transcurrido casi
un año. Y es cierto que el ministro del Interior no ha respondido, ni
él ni nadie de su departamento, a la solicitud que se había
comprometido a estudiar en sede parlamentaria. Lo que sabemos es que
hace dos o tres meses les ha llegado la comunicación a los ganaderos
de esas sanciones. Es decir, el ministro no solamente no ha
respondido a la petición que se le había formulado para dejar sin
efecto las sanciones, sino que la respuesta fue clara con la
comunicación de los propios expedientes.
Fue esta razón la que ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a
presentar esta proposición no de ley. Es decir, transcurrido casi un
año de aquel debate, el 21 de mayo, y al ver que la respuesta nada
tenía que ver con la esperanza que se abrió en ese debate
parlamentario, hemos presentado la proposición no de ley. Esta
proposición tiene como objeto dejar sin efecto los expedientes
sancionadores abiertos, tratar de normalizar una situación que
preocupa a los ganaderos afectados, pero preocupa solidariamente
también al conjunto de ganaderos, que entiende que no hicieron nada
desproporcionado para merecer esas sanciones.
Yo he sido testigo -no lo he leído, podía haberlo leído o lo podía
haber escuchado- de cómo dificultaban más el tráfico los propios
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que bloqueaban
literalmente los arcenes para que no avanzaran los tractores, que
dificultaban la marcha de los propios tractores que ordenadamente se
manisfestaban en los arcenes de las carreteras, por lo que no había
razón alguna para montar, si me lo permite muy coloquialmente, aquel
lío. Incluso recuerdo que yo mismo he sido zarandeado, en un ataque
de disciplina, por el delegado del Gobierno en aquellas
concentraciones. Por lo tanto, deberíamos pasar esa página, dejando
sin efecto estas sanciones y retirando estos expedientes
sancionadores.
Espero que el Grupo Popular vote a favor de estas iniciativas. De lo
contrario, no nos creeremos los compromisos de buenas palabras que a
veces reiteran, pero que los hechos al final no se corresponden con
las actitudes. Corresponde en exclusiva al Gobierno Popular
determinar si los ganaderos van a tener que pagar esas sanciones,
fruto de esas movilizaciones, o si, por el contrario, podemos hoy
hacer borrón y cuenta nueva y sacar una página que nunca se tenía que
haber producido. La historia de los ganaderos de Galicia es la
historia de la actuación de un delegado del Gobierno que ya, por
cierto, tiene en su haber bastantes actuaciones que ponen en
entredicho su talante democrático, de conciliación, etc., que le
debería caracterizar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Me da la impresión de que aquí no estamos
hoy debatiendo sobre la cuota láctea, ni siquiera sobre el aumento de
la cuota. Y también me da la impresión de que tampoco estamos
discutiendo aquí sobre el delegado del Gobierno de Galicia, ni
muchísimo menos.
Yo también quisiera comenzar mi argumento de la misma manera que
empezó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: es innecesario
recordar las circunstancias por las cuales se producen estas
movilizaciones que conducen a la situación en la que hoy nos
encontramos. Es innecesario recordarlo, porque todos los que tengamos
un poco de memoria histórica sabemos quién ha propiciado la situación
en la que los ganaderos se encontraban en aquel momento.
Metidos en el fragor de la batalla, que viene tan a cuento, parece
que se quiere dar la impresión de que todos los manifestantes son
absolutamente violentos y que los que asistieron a aquellas
movilizaciones fueron también violentos, cuando la realidad es
justamente lo contrario, que la minoría es la que ha sido sancionada
porque ha alterado el orden público. Yesto no lo digo yo, esto lo
dice justamente quien tiene que decirlo, que son las instituciones
que tienen competencias para ello. Pero sí es verdad, y hay que
puntualizarlo, que de las más de 2.500 convocatorias de
manifestaciones que hubo en Galicia en el año 1997, en esta es donde
se ha levantado el mayor número de expedientes y también es la que la
mayor cantidad de manifestantes ha transgredido una serie de normas
que luego relataré. Los Cuerpos de Seguridad del Estado no han hecho
más que cumplir con su obligación, en muchos casos cuando han sido
ellos mismos los agredidos por los manifestantes. Yo lo vi en la
televisión, no asistí a la manifestación.
Yo creo que llevar a efecto una suspensión en los términos en los que
se solicita en esta Comisión no sólo sería injusto para los que cada
día cumplimos con las normas de tráfico y de seguridad vial, sino que
además no sería ni siquiera solidario. Estoy convencido de que
legitimar en esta Cámara ciertos comportamientos de personas
objetivamente agresivas sería un precedente del cual yo no quiero
formar parte de ninguna manera.
Los que estamos informados de la situación y del desarrollo de
aquella manifestación, tenemos que decir que hubo dos convocatorias
en dos meses: una, el 20 de enero; y otra, el 6 y 7 de marzo.
Efectivamente, la primera estuvo más fuera de las normas que la
segunda. Yo no quiero preguntarme el porqué tampoco; pero sí es
verdad que hubo un cambio radical de actitud entre ambas
convocatorias. En la segunda de ellas apenas se tiene conocimiento de
que existiera algún altercado, y tanto los manifestantes como
los Cuerpos de Seguridad del Estado intentaron compatibilizar el
libre ejercicio de un derecho a manifestarse con el respeto a los
demás derechos de los que en aquel momento no se estaban
manifestando, es decir, del resto de los ciudadanos. Por lo que dejar
sin efecto dicha sanción -repitopodría favorecer incluso la presencia
en hipotéticas futuras convocatorias de actitudes violentas.
De cualquier manera, quiero insistir, en que el ejercicio de un
derecho no debe entrar siquiera en conflicto frontal con otros
derechos que tienen todos los ciudadanos, por lo que creo que debe
existir un criterio general que marque la pauta y que muestre
patentemente el respeto al ejercicio de su derecho a los que desean
circular libremente por las vías públicas.
No quiero recordar lo que dice el Código de Circulación sobre la
posibilidad que tienen ciertos vehículos de entrar o no en cierto
tipo de vías. Lo que sí puedo decir es que la sociedad gallega ha
demostrado cualitativa y suficientemente el ánimo con el que afronta
estos tipos de manifestaciones, porque hemos tenido que sufrir
multitud de ellas, no en el año 1997, sino muchísimos años atrás.
Creo que ha tolerado y respetado todas y cada una de las
reivindicaciones públicas que se han hecho. Pero también es verdad
que, en no menos ocasiones que todas estas que se pueden citar, la
sociedad gallega ha manifestado también su contrariedad por la
cantidad de problemas que estaban surgiendo a ciudadanos que en
cierto modo pueden ser llamados inocentes de la situación y que han
salido notablemente perjudicados por este tipo de convocatorias. Los
cortes en vías de comunicación son habituales, impidiendo el acceso
a los puestos de trabajo y a sus propios domicilios a multitud de
personas, incluso en el reparto de leche de algunos otros productores
menores. Creo que esta sociedad ha demostrado sobradamente su
solidaridad y también su rechazo a ciertos modos y a ciertos
comportamientos.
En el mismo sentido argumental tengo que decir también que, de esa
multitud de convocatorias de manifestación o de expresión libre de la
opinión, la inmensa mayoría, por no decir la práctica unanimidad, ha
sido respetuosa con las normas, y eso que en la gran mayoría no se
disponía de permiso para ejercer el derecho de manifestación. Que se
diga ahora aquí que son expedientes políticos, a mí me parece, cuando
menos, excesivo y fuera de lugar. No es posible inferir que exista
una persecución institucional a aquellos colectivos que deseen
expresar sus reivindicaciones a través de las convocatorias de
manifestaciones o de expresiones libre se opinión, sino la simple
aplicación de una legalidad vigente que tenemos la obligación de
respetar todos los ciudadanos de este país.
La mayor parte de estas convocatorias a las que hemos aludido antes
han terminado en la autodisolución, algunas no lo han hecho. Y en
ésas, que son la menor parte de los casos, son en las que los Cuerpos
de Seguridad del Estado han tenido que levantar expedientes
sancionadores para hacer cumplir la legalidad vigente y para
proteger, además, los derechos del resto de los ciudadanos, que en
ningún caso pueden ser violentados tampoco.
Nosotros de verdad que sentimos enormemente no poder apoyar unas
proposiciones no de ley en estos términos, porque el Partido Popular
está trabajando en estos expedientes, porque el Partido Popular cree
también que
desde las instituciones no se debe presionar en este caso al
Ministerio, que ha de desarrollar su labor dentro de los parámetros
legales en los que pueda desenvolverse. Lamentamos todavía más que
haya ciertos sectores que con su actitud instiguen que se violente la
legalidad vigente y que luego aspiren a que estos comportamientos
queden sin su castigo correspondiente. Por lo tanto, reitero que no
podemos apoyar esta proposición en los términos en los que se ha
presentado.
Respecto a la proposición del Grupo Socialista, tengo que decir, como
el Ministerio ya ha informado, se está estudiando la situación desde
el punto de vista legal y que se adoptarán todas las medidas posibles
dentro de los marcos legales en los que se circunscribe la actuación
por la cual se levantaron los expedientes sancionadores.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO «YOGUR», TAL COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN LA VIGENTE NORMA
GENERAL DE CALIDAD PARA DICHO PRODUCTO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/001464)
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A MANTENER LA NORMATIVA VIGENTE QUE
RESERVA EL CALIFICATIVO DE YOGUR PARAUN PRODUCTO LÁCTEO PERECEDERO
SINGULAR. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001419)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate conjunto de las
proposiciones que figuran con los números 2 y 3. Comenzaremos por la
primera, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Para su defensa, tiene la palabra su portavoz señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Como todas SS. SS. saben, el yogur es un
alimento obtenido por fermentación láctica de leche completa o
descremada por medio de inoculación de las bacterias Lactobacillus
bulgaricus o Streptococcus thermophilus.
Recientemente han aparecido en los medios de difusión ciertas
informaciones referidas a la pretensión de considerar como yogures a
determinados fermentos lácticos que no precisan de conservación a
temperaturas comprendidas entre 1 y 8 grados centígrados y tienen un
período válido de consumo muy superior a los 28 días siguientes a los
de su fabricación, características determinantes de la definición de
yogur incluidas en la norma general de calidad para este producto.
Dado que, de acuerdo con la legislación actualmente en vigor, está
prohibido el empleo de la palabra yogur en la denominación de
cualquier producto si no cumplen los requisitos contenidos en la
norma de calidad del yogur, la aparición de estas informaciones puede
comportar un grado de confusión elevado para los consumidores de este
tipo de productos, por lo que en opinión de nuestro grupo,
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, debe acabarse cuanto
antes con esa polémica que no beneficia nada al mercado interior de
productos lácteos.
En consecuencia, nuestro grupo ha presentado la presente proposición
no de ley en la cual se insta al Gobierno a que siga manteniendo la
calidad del yogur solamente para unos productos determinados y así lo
ponemos en consideración de SS. SS.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición que figura en
el orden del día con el número 3, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, su portavoz señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: En primer lugar, y muy brevemente,
quisiera manifestar la alegría que tenemos por la coincidencia en la
presentación de estas iniciativas de diversos grupos. Creemos que si
aprobamos esta proposición no de ley vamos a resolver problemas que
están todavía en la fase embrionaria; pero si damos una solución
antes todo esto habremos adelantado.
La resolución a que hacemos referencia, la Orden ministerial de 1 de
julio de 1987, especificaba claramente los aspectos que definen el
producto que todos conocemos como yogur. Y lo definen muy
específicamente, desde aspectos como la higiene hasta la
responsabilidad de los fabricantes, el envasado, etiquetado,
etcétera. Hace referencia también, tanto nuestra proposición no de
ley como la del Grupo Convergència i Unió, a la modificación que se
produjo en el año 1994. Creemos que es importante que eso se refleje,
porque ahí las modificaciones que se producen en este tiempo se deben
a que la evolución tecnológica ha significado de hecho unas mejoras
en el proceso de fabricación, distribución y comercialización, que se
vieron tanto en la fecha de ampliación de la caducidad como en las
nuevas condiciones del mercado.
Toda esta regulación que se ha hecho del yogur deja muy claro cuáles
son las características de ese producto -ingredientes, etiquetado,
envasado- y ello hace imposible que se le pueda confundir con otros
productos que se podrán considerar derivados lácteos o productos
lácteos, pero que no son yogures. Desde nuestro grupo entendemos que
el yogur es el producto derivado lácteo que precisa mantenerse a
temperatura entre 1 y 8 grados centígrados desde su fabricación hasta
su adquisición por el consumidor, así como que la fecha de caducidad
es de 28 días.
Las órdenes anteriores, tanto a la que hacíamos referencia de 1987
como la de 1994, se refieren pura y exclusivamente al yogur. Es por
ello que nosotros presentamos esa iniciativa para dar también una
respuesta a los nuevos productos que se están introduciendo en los
últimos tiempos en el mercado, que tienen características distintas
al yogur y cuyos requisitos, por tanto, deben ser también distintos.
Nosotros no estaríamos en contra de que esos nuevos productos
tuvieran su regulación distinta; pero entendemos que es beneficioso
que quede claro cuál es la regulación del yogur. Ése es el motivo de
la presentación por nuestro grupo de esta iniciativa. En aras a que
podamos votar una proposición no de ley, nosotros hemos pedido al
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió transformar en más
positivo
el redactado de su proposición no de ley, y le pediríamos que se
suprimiera la frase que dice: ante la posibilidad de ampliar la
consideración como yogures a determinados productos lácteos de
características diferentes. En ese caso el texto sería así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la calidad
del producto yogur, tal como establece la vigente norma general de
calidad de dicho producto, aprobada por Orden del Ministerio de
Relaciones con las Cortes el 1 de julio de 1987, y posteriormente
modificada por Orden del Ministerio de la Presidencia de 6 de
septiembre de 1994, a los efectos de evitar confusiones al consumidor
relativas a productos diferentes. De esta forma se recoge
suficientemente el efecto que se pretendía con esta proposición. Por
un lado, que continúe igual de clara que estaba la definición del
producto yogur en relación a otros productos que podrían entrar en
colisión en cuanto a estas conclusiones. Los consumidores verían de
esta manera claramente delimitada cuál es la característica de un
producto y cuál es la característica de otro.
Si ese redactado fuera el definitivo, nosotros retiraríamos nuestro
texto y votaríamos el de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Esperamos esa transacción si de hecho se aprueba
entre los grupos parlamentarios. ¿Grupos parlamentarios que deseen
fijar su posición?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su
portavoz señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: La posición de mi grupo es apoyar
ampliamente las iniciativas que han traído aquí tanto el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) como el Grupo Parlamentario Socialista.
Nos congratulamos de lo que acaba de decir la portavoz del Grupo
Socialista en el sentido de llegar a un texto transaccional, al que
nosotros también nos sumamos, suprimiendo en el texto del Grupo
Catalán la expresión: ante la posibilidad... ¿Por qué damos este
apoyo? Porque nos parecería verdaderamente un disparate técnico,
sanitario y de consumo, la posibilidad de que se pudiera abrir una
brecha en el código alimentario español, en la protección de las
leyes del Estado emanadas de este Parlamento y los reglamentos (de
los que son competentes en ejecución tanto el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación como el Ministerio de Sanidad y
Consumo), manipulando las condiciones organolépticas de determinados
productos, en este caso del yogur, mediante intereses puramente
comerciales empresariales, legítimos en otro terreno, pero no en
éste.
Esto en Canarias, señor presidente, ha producido una tremenda alarma.
El yogur está perfectamente tipificado como un producto que no está
sometido a un proceso de esterilización absoluta por métodos
térmicos. Es un producto dietético, también utilizado como
medicamento en la sanidad después de los tratamientos intestinales de
antibióticos para reponer flora intestinal. ¿Por qué? Porque el yogur
lleva un producto vivo, que es el lactobacillus, que lo tipifica
fundamentalmente. De ahí las exigencias de una temperatura de 1 a 8
grados de conservación y de un período de validez de 28 días.
¿Qué significaría conculcar y modificar esta norma en Canarias? Pues
bien, Canarias, por sus leyes comerciales, se podría convertir en un
vertedero de productos estériles, engañando al consumidor con la
palabra yogur. Los que lo comercialicen desde áreas externas a
Canarias y no lo quieran fabricar allí podrían recurrir a un
subterfugio de llamar yogur a una cosa que no lo es con la
legislación no solamente española, sino europea e internacional en la
mano. Cuando se habla de yogur en cualquier centro de alimentación
biológica no se está refiriendo al requesón, a la cuajada ni a otros
productos lácteos esterilizados por tratamientos térmicos o físico-
químicos.
Nosotros nos posicionamos de esta manera porque Canarias juega en la
defensa de legítimos intereses de acuerdo con la legislación, por
ejemplo, con el período de 28 días. El mercado está abierto al yogur
en Canarias, pero el que lo fabrique fuera de allí que corra el
riesgo de transportarlo en las condiciones que señala la legislación
española y que no caduque el plazo de los 28 días, porque si no
estaríamos haciendo un fraude al consumidor, que tiene el legítimo
derecho, constitucionalmente amparado, de ser protegido por los
poderes del Estado, tanto los administrativos como los legislativos,
como los judiciales.
En esa línea, apoyando estas dos iniciativas, nosotros pretendemos
que se mantenga en toda su integridad lo que la legislación española
establece como yogur: un producto que tiene que llevar en su
composición gérmenes, lactobacillus vivos, para permitir, junto a sus
usos dietéticos y nutricionales, sus usos también en la medicina. De
legalizarse una situación de este tipo, creo que tendrían toda la
razón los organismos de defensa de los consumidores, las autoridades
sanitarias, los colegios de médicos, de dietetas, en España, de
solicitar el amparo constitucional y oponerse a un intento de
modificación tan burdo de un producto con características biológicas,
que no hace, por tanto, señor presidente, tomar esta posición,
esperando que no se pueda realizar este disparate de tipo técnico, de
tipo nutricional y de tipo legislativo.
Por estas razones damos nuestra conformidad a un texto de consenso en
las dos afortunadas iniciativas que han traído aquí el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: La normativa española, así como la
normativa de otros miembros de la Unión Europea, reserva la
denominación yogur exclusivamente para leche fermentada por acción de
bacterias lácticas específicas, siendo su elemento caracterizante la
presencia de estas bacterias vivas en el producto final. No es menos
cierto que diversos países miembros de la Unión Europea tienen una
legislación que autoriza el uso de esta denominación para productos
obtenidos a partir de éste mediante tratamiento térmico por el calor
posterior a la fermentación, lo que implica la ausencia de bacterias
vivas en el producto comercializado. Es bien sabido que como
consecuencia de la evolución del sector lácteo durante los últimos
años, y también por el creciente comercio intracomunitario y con
terceros países, se ha solicitado la
modificación de la norma de calidad yogur, en el sentido de autorizar
el uso del término yogur para estos productos tratados térmicamente.
Como bien conocen SS. SS. por sus exposiciones, las posiciones en el
Estado español están encontradas entre distintos miembros del mismo
sector, entre los que defienden la modificación y los que se oponen a
cualquier modificación. De ahí que nos haya sorprendido la iniciativa
del Grupo Socialista en cuanto a instar al Gobierno a una cuestión
que claramente y con diligencia por parte del mismo Ministerio se
está realizando a la hora de prohibir cualquier comercialización,
tanto de productos realizados en España como de productos importados,
con la denominación yogur a aquellos que no contengan bacterias
vivas.
Voy a hacer una referencia a la normativa actualmente comunitaria,
aparte de la española, que ha quedado claramente reflejada en la
exposición de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. En ella se establece que el elemento que
caracteriza al producto comercializado como yogur es la abundante
presencia de bacterias lácteas vivas. Y también otra referencia a la
comunicación interpretativa de la Comisión Europea. La Comisión
estima que un Estado miembro determinado podrá denegar legítimamente
a un producto que tras haber sido sometido a un tratamiento, ya no
contenga bacterias vivas la denominación de yogur o cualquier otra
denominación que incluya una referencia al yogur. Efectivamente, una
simple referencia podrá igualmente confundir al consumidor sobre la
auténtica naturaleza del producto, sin que un etiquetado corrector
adicional sea suficiente a este respecto.
La iniciativa presentada por Convergència i Unió, con esta matización
que se ha hecho tanto por el Grupo de Coalición Canaria como por el
propio Grupo Socialista, sería aprobada por nuestra parte sin ningún
problema porque consideramos que lo que está por encima de todo es la
garantía del consumidor, que tiene derecho a conocer cuál es el
producto que se está comercializando y que la inclusión de la palabra
yogur hoy supondría realmente una merma en cuanto a los intereses
legítimos que tiene este consumidor.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1486/1988, DE 10 DE
JULIO, SOBRE LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
LÁCTEO, PARA QUE LA CUOTA LÁCTEA PROCEDENTE DEL FONDO NACIONAL
COORDINADO Y LA RESERVA NACIONAL PROCEDENTE DE LA CUOTA LIBERADA POR
LOS PLANES DE ABANDONO, SE REDISTRIBUYA ATENDIENDO A CRITERIOS
SOCIALES, Y DE FORMA GRATUITA ENTRE LOS GANADEROS. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001280)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de las proposiciones 2 y 3,
pasamos a continuación al debate de la proposición que figura en el
orden del día como número 4, relativa a una modificación del Real
Decreto 1486/1988,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra su portavoz señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado en el mes de noviembre una proposición no de ley
preocupado por el Decreto 1486/1988, sobre modernización y mejora de
la competitividad del sector lácteo.
Nosotros venimos insistiendo en que más que mejorar, modernizar y
hacer competitivo el sector lácteo, lo que se trata es de un decreto
encubierto de reestructuración y de reconversión del sector lácteo.
Ahora, cuando se están produciendo los repartos de cuota procedentes
de la reserva nacional, nuestra intuición se va convirtiendo en
realidad.
El Decreto de 11 de julio, sobre modernización y mejora de la
competitividad del sector lácteo, que así se denomina, no favorece a
las pequeñas y medianas explotaciones agrarias al seguir incentivando
no solamente lo que está sucediendo como consecuencia de las fuerzas
del mercado, sino que también incentiva la concentración productiva
en el sector lácteo español. Y esto, para territorios, para países
como el gallego o de la cornisa cantábrica, supone un duro golpe. Es
cierto que es atenuado en el tiempo, pero en todo caso supone un duro
golpe para las medianas explotaciones familiares, que por cierto,
como decía en la anterior proposición no de ley, son una base
importante del sustento de las economías de muchas explotaciones
agrarias. Vamos a tener oportunidad, y ya lo anuncio, en los próximos
tiempos, de discutir cuáles han de ser los criterios que a juicio del
Grupo Socialista deben prevalecer para el reparto de la cuota láctea
como consecuencia del incremento que se produce en la negociación de
la Agenda 2000.
Estamos en contra de criterios de aumentos lineales. Creo que el
reparto de cuota tiene que servir para reequilibrar la producción
dentro del territorio y, por lo tanto, para tratar de favorecer que
aquellas explotaciones que tienen garantizada su continuidad, pero
que tienen un déficit de cuota importante, puedan aumentar más que
aquellas que ya están por encima de la media de producción de la
Unión Europea. Es decir, el reparto de la cuota láctea tiene que
favorecer sobre todo a aquellas explotaciones que tienen más
dificultades para tratar de que sean rentables y competitivas. En
definitiva, debe servir para que los que menos tiene (pero está
garantizada su continuidad en el campo si tienen una producción que
se vaya acercando a la media de los países europeos) sean los más
favorecidos a la hora del reparto de esta cuota. Estamos hablando de
criterios socioeconómicos. Pues son los mismos criterios, señorías,
que tratamos de reivindicar para la distribución de la reserva
nacional. Nosotros estamos en contra -lo hemos manifestado y hoy
tengo la oportunidad de reiterarlo- de que la reserva nacional, que
se produce como consecuencia de aquellas personas que abandonan la
producción láctea, tiene que servir, debe de servir también con este
objetivo.
A mi juicio, no tiene lógica que un agricultor joven gallego que
tiene una explotación de 40.000 kilos vaya a aumentar su capacidad de
producir, como consecuencia de la reserva nacional, en 5.000 kilos, y
la misma proporción se le pueda adjudicar a un joven agricultor de
otro punto del territorio, pero que tiene una explotación de 140.00
kilos.
No es lógico ni es razonable. Porque el que tiene una explotación
mediana necesita aumentar más para que su explotación sea rentable y
sea competitiva. Y si además sucediese que en el futuro asistiésemos
a una liberalización, en el sentido de que pudieran desaparecer las
cuotas (eso puede ocurrir por que quedó el camino abierto a que en el
año 2007 pudiera suceder), desde luego tenemos la obligación de
tratar de redimensionar adecuadamente estas explotaciones. Por eso
tenemos que posibilitar desde ya esas políticas que puedan ayudar a
ese fin. De lo contrario, las explotaciones familiares medianas, y
las más pequeñas con mayor grado, no podrían resistir los efectos de
la liberalización y los efectos de la competencia.
Como se venía haciendo hasta ahora, decimos que el Ministerio de
Agricultura, el Fondo de Garantía, etc., no sea un banco comercial,
que no se dedique a vender una parte de la reserva nacional. Con los
criterios de venta y compra, indudablemente pueden comprar aquellos
que tienen más recursos, que tienen unas explotaciones más
competitivas, más grandes, etc., y dificultamos la compra aquellos
que precisamente tienen más dificultades, más necesidad de poder
aumentar su producción, como por primera vez se introduce en este
decreto, es decir, que una parte de la reserva nacional se
distribuya, se venda por parte del organismo correspondiente.
Por eso nuestra proposición no de ley tiene dos objetivos: Que se
modifique con carácter general el Real Decreto 1486/1988, de 10 de
julio, para que en base a criterios de orden social, que se deben
compatibilizar obviamente con los de viabilidad económica, tanto las
cantidades del fondo nacional coordinado como las procedentes de la
reserva nacional de leche sean distribuidas de forma gratuita entre
los ganaderos, discriminando positivamente a las explotaciones de
tipo medio o bajo cuya continuidad está garantizada, y a los
ganaderos jóvenes, a fin de que alcancen la dimensión acorde con las
exigencias del mercado y también con los criterios de fijación de
población rural, que es un criterio que venimos defendiendo desde el
Grupo Socialista y desde otros grupos de esta Cámara.
Entiendo que la defensa de estos criterios debería de ser suficiente
para que el grupo que apoya al Gobierno, teniendo en cuenta que es en
los territorios de mayor producción láctea donde más dificultades y
más explotaciones de las características que yo trato de describir
hay, apruebe esta proposición no de ley. También anuncio una
siguiente que tiene que ver con la distribución de cuota en el
futuro, para tratar de que muchas explotaciones agrarias,
fundamentalmente las que tienen más dificultades -en Galicia hay
muchas de ellas- puedan conseguir un equilibrio mayor, puedan avanzar
en su capacidad de producir para ser rentables y competitivas, en
definitiva, avanzar para que su nivel de renta se vaya equiparando y
no separando, como se desprende de las políticas que está
emprendiendo e impulsando el Ministerio de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Antes de fijar la posición de los grupos, yo
quisiera hacer una indicación, habida cuenta de que tanto en el
Boletín del Congreso como en el orden del día figuran hasta tres
cifras diferentes, en concreto: 1486/1988, 1486/1998 y 1468/1998. En
ese sentido, para que quede bien claro en la proposición no de ley,
solicito
que se subsane este error material y nos comuniquen, exactamente
cuáles son las cifras del número y el año de aprobación.
El señor BLANCO LÓPEZ: Es el 1486/1998.
El señor PRESIDENTE: El 1486/1998. De acuerdo. ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra su portavoz el
señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Efectivamente, el Real
Decreto 1486/1998, sobre modernización y mejora de la competitividad
en el sector lácteo, tenía como uno de sus objetivos promocionar el
abandono de la producción láctea y redistribuir la cuota liberada
entre los ganaderos mediante la venta de parte de esa cuota. Por
cierto, por citar algunos datos en cuanto a la promoción de los
abandonos, el 55,6 por cuento de los ganaderos que abandonaron por
esta vía en el conjunto del Estado era de Galicia, y la cuota la
abandonaron el 41,5 por 100, previsiones que nosotros ya hacíamos en
su momento.
Otra de las previsiones era la de redistribuir esta cuota, y son
precisamente los ganaderos con menor capacidad económica los que
tendrían más dificultad para acceder a la cuota liberada. Por lo
tanto, en general, las explotaciones pequeñas y medianas, con menor
capacidad de endeudamiento, tiene menos posibilidad de acceder, y
menos aún en un contexto, a mí me parece que de absoluta
incertidumbre respecto a la vigencia del sistema de cuotas más allá
del 2006.
La proposición no de ley del Grupo Socialista pretende abordar en
parte una solución a este problema, planteando que se fomente la
distribución gratuita entre los ganaderos pequeños y medianos, a lo
que habría que añadir, así lo hizo también el portavoz del Grupo
Socialista, que esa distribución se haga en función de la importancia
del sector en las economías de las distintas zonas. Por lo tanto, en
función de esto, nosotros vamos a votar favorablemente esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Está claro para mi grupo, señor presidente,
que es el Real Decreto 1486/1998, de 10 de julio, sobre modernización
y mejora de la competitividad del sector lácteo, que en sus capítulos
2 y 4 crea y regula el funcionamiento del Fondo nacional coordinado
de cuotas lácteas, así como la asignación de cuotas liberadas por los
programas de abandonos.
De una manera un tanto pedagógica, y puesto que este tema ha venido
reiteradas veces a esta Comisión, mi grupo tiene que decir que el
Fondo de cuotas -y si alguien no lo sabe, se lo recordamos- se
contempla en la reglamentación comunitaria entre las medidas de
reestructuración de la producción láctea y se ha puesto en práctica
en Estados como Bélgica, Dinamarca o Irlanda. Consiste -y lo
reiteramos una vez más para que, a ser posible, no se vuelva a
incidir, y si se vuelve a incidir contestaremos de la misma
manera- en la asignación a los productores que lo soliciten de
cantidades de referencia, lo que llamamos cuotas liberadas por otros
productores, previo pago de una cantidad igual a la cuantía de la
indemnización de las cantidades liberadas. En España conviven así el
Fondo de cuotas, siempre a precio tasado, y la asignación de reserva
nacional gratuita, que se pretende incidan conjuntamente sobre los
productores y que, junto a las transferencias entre particulares,
constituyen, como es sabido, los mecanismos de reestructuración del
sector productor lácteo en nuestro país.
Entiende mi grupo, señor presidente, que, ante la tentación que pueda
haber por parte de un sector y también de algún grupo político de
magnificar la importancia de la distribución gratuita de cuota,
conviene recordar que desde el período 1992-1993, primero en que se
aplicó el régimen de cuotas en España, la cantidad que se ha
repartido gratuitamente desde la reserva nacional ha sido un total de
482.500 toneladas, de las cuales solamente 57.000 fueron adquiridas
con cargo a los presupuestos nacionales; el resto, bien ha sido
financiado por el Feoga, bien ha procedido de la aplicación de la
normativa relativa a la no comercialización de leche, el Real Decreto
174/1998. A ese respecto debe señalarse además la activa
participación de ciertas comunidades autónomas, que han dedicado
medios económicos a la reestructuración del sector lácteo y cuya
aportación se sumaría a las 57.000 toneladas ya citadas. Estaríamos,
pues, hablando de que hasta la promulgación de este Real Decreto
1486/1998 y desde el año 1993 se adquirieron con fondos nacionales
aproximadamente 200.000 toneladas de cuota para su reparto gratuito.
Es decir, el mayor esfuerzo de la reestructuración que ha venido
sufriendo el sector ha sido soportado por los ganaderos, que han
adquirido cuota mediante el procedimiento de las transferencias entre
particulares, establecido en el Real Decreto 2307/1994.
Hechas estas precisiones de tipo técnico-legal, es necesario por
parte de mi grupo añadir que en un sector afectado por un régimen de
contingentación tan estricto como es el régimen de la tasa
suplementaria, en una situación presupuestaria restrictiva y dado que
la cuota es un bien escaso, el propio sector lo exige, pero es además
obligación de los gestores públicos su administración de la forma más
justa y al mismo tiempo más eficiente posible. Ahí puede haber
discrepancias, pero la experiencia ha puesto de manifiesto que una
buena parte de las explotaciones que en alguna ocasión han recibido
asignaciones de cuotas gratuitas de la reserva nacional han
transferido luego su cuota por diversas razones, en las cuales
nosotros no entramos. Quizá una parte de estos casos se explique
porque, movidos por exigencias de orden político y no económico, en
su momento, se adoptaron criterios de reparto que no tuvieron
suficientemente en cuenta las posibilidades reales de rentabilidad de
las explotaciones.
Asimismo, cuando se hace bandera de las explotaciones medias y medias
bajas, quizá haya que determinar qué se entiende por una explotación
de tipo medio-bajo. Efectivamente, señorías, una explotación puede
ser grande, pequeña o mediana, dependiendo de con qué se la compare;
pero la cuestión principal es qué se considera una explotación
lechera rentable y si el tamaño de la explotación tiene o no relación
con este concepto y de qué otros parámetros depende. Así, por
ejemplo, la rentabilidad de una
explotación de 60.000 kilos de cuota en Galicia no es comparable con
la de otra explotación del mismo tamaño en Cataluña o Andalucía;
estamos juzgando con parámetros distintos. Entendemos que es el
legítimo propietario o el gerente de la explotación quien decide, en
razón de su rentabilidad y no de su tamaño, si desea permanecer en el
sector o abandonarlo, efectuar inversiones, etcétera.
El nuevo enfoque del Decreto de modernización y mejora de la
competitividad con la creación del Fondo ce cuotas implica una
consideración especial hacia las explotaciones familiares que han
realizado un esfuerzo económico, lo que de algún modo pone de
manifiesto su intención de permanencia en el sector y, por tanto, su
fe en las posibilidades de futuro. La sensibilidad, que se dice echar
en falta, se refleja principalmente en que, por primera vez, se
contempla la regularidad y continuidad de los programas indemnizables
de abandono y, por tanto, la puesta a disposición de los productores
que permanecen en el sector de cuota en condiciones ventajosas, a
precios inferiores a los del mercado de transferencias. Se establece
asimismo, como factor limitante del acceso al Fondo, el tamaño de la
explotación, excluyéndose del mismo las explotaciones con cuota
superior a 300.000 kilos. Repetimos: quedan fuera las explotaciones
con cuota superior a 300.000 kilos. En cuanto al límite de las
cantidades que puedan ser adquiridas, parece razonable relacionarlas
con el tamaño de la explotación, ya que no es muy lógico pensar que
un productor pueda estar en condiciones de incrementar su producción
en más de un 50 por cien en un año, por poner un ejemplo. Señor
presidente, parece que no ha sido entendido que el objetivo
prioritario del decreto son las explotaciones con cuota entre 25.000
y 150.000 kilos, y que a partir de este límite y hasta los 300.000
kilos de cuota las posibilidades de compra al Fondo y, por
consiguiente, las asignaciones gratuitas van disminuyendo.
Asimismo (hay que repetirlo nuevamente porque parece ser que alguien
no quiera enterarse), los productores beneficiarios de la asignación
de cuotas del Fondo nacional deben cumplir las condiciones sanitarias
exigibles a la producción y comercialización de leche, y además
tienen que estar incluidos en alguna de las siguientes
circunstancias: 1) que tenga condición de agricultor a título
principal; 2) que sea agricultor joven; 3) que se trate de
agrupaciones de productores agrarios; 4) que su explotación esté
ubicada en zonas agrícolas desfavorecidas o en zonas de recogida con
problemas específicos. En definitiva, las condiciones que se exigen a
las explotaciones, así como el tipo de explotación beneficiada,
cumplen los fines de la política agraria comunitaria en todos sus
objetivos. Por ello entendemos que no es procedente aceptar esta
iniciativa que el Grupo Socialista nos propone. Y al margen de
criterios más o menos academicistas, más o menos legales y más o
menos pedagógicos, yo le diría al portavoz del Grupo Socialista que
emplee estos argumentos más adelante y fuera de este foro, que las
elecciones son el 13 de junio, que sea un poco más cauteloso a la
hora de traer a esta Comisión ciertas iniciativas, sobre todo
relativas a la leche, porque siempre que se producen, y se lo digo
con el máximo afecto al señor Blanco, nos obliga a recordarle que de
la época del Partido Socialista tenemos muy claro que la famosa
herencia es que se liquidó una buena parte de la ganadería, que se
obtuvo
una cuota absolutamente insuficiente, bastante menor que la cantidad
que consumimos en España, y además que todavía no hemos acabado de
pagar la famosa multa de los 200.000 millones de pesetas.
Por el contrario, aparte de la cautela, yo le pido no un voto de
confianza, que eso sería sobredosis para un ilustre componente del
Grupo Socialista, pero sí por lo menos el beneficio de la duda
respecto a las actuaciones del Gobierno y de nuestro partido, del
Partido Popular. Cuando ha venido de Bruselas la señora ministra nos
anuncia que no hay que quitar una sola vaca, que además no hay multas
y que además se aumenta la prima a terneros, lo que significa una
capitalización extra de las explotaciones y además una ampliación de
la cuota en las próximas campañas de hasta 550.000 toneladas. Esto,
que son hechos, lo contraponemos al pomposo anuncio urbi el orbe que
nos hace de cómo hay que repartir esa cuota de 550.000 toneladas, esa
cuota suplementaria, ese aumento logrado en las instancias europeas.
Yo, señor Blanco, le pediría -repito- un mínimo de confianza, porque
quien ha sabido conseguir ese aumento estoy seguro que también sabrá
hacer un reparto equitativo y justo. Ni se trata de una
reestructuración encubierta, ni Galicia va a recibir un duro golpe,
ni nada de nada. Si las cosas van como tiene prevista esta
Administración, como tiene planificado el Ministerio de Agricultura,
estoy seguro de que el sector lácteo en breve se verá muy
beneficiado. Por tanto, esta iniciativa no es procedente y anuncio
nuestro voto negativo.
- SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS PRECISOS PARA LA ELABORACIÓN DE
UN MARCO JURÍDICO NACIONAL ADECUADO PARA LA AMPLIACIÓN AL SECTOR DE
LA PESCA DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍAS QUE, ATRAVÉS DE LA ENTIDAD
ESTATALDE SEGUROS AGRARIOS, OFRECEN COBERTURAANTE LOS RIESGOS
OCASIONADOS POR CAUSAS NATURALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001375.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la
proposición que figura en el orden del día con el número 7, sobre
desarrollo de los estudios precisos para la elaboración de un marco
jurídico nacional adecuado para la ampliación al sector de la pesca
de los sistemas de garantías que, a través de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios, ofrecen cobertura ante los riesgos ocasionados por
causas naturales. El autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene
la palabra su portavoz, el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Efectivamente, el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno
a realizar estudios para la ampliación al sector de la pesca de un
sistema de garantía ante los riesgos naturales.
La Ley 97/1978, de seguros agrarios, da cobertura a una serie de
situaciones anómalas que puede tener el sector primario, en concreto,
a lo referente a la agricultura. Así, en ese sector el seguro ampara
aquella situaciones anómalas o catastróficas como puede ser sequía
incendios o cualquier
situación que pueda causar perjuicios en la economía de los
agricultores.
Como bien saben SS.SS., ya por parte de este Parlamento se habían
tomado distintas iniciativas intentando ampliar la cobertura de los
seguros agrarios a parte de la pesca. En los presupuestos de 1998 y
de 1999 se han dotado unas determinadas cantidades para que los
acuicultores pesqueros también tengan acceso a la cobertura de estos
seguros agrarios, en especial los mejilloneros, que tienen gravísimos
problemas con sus producciones. Tenemos que recordar que año tras año
la acuicultura padece determinados riesgos, como puede ser la peste
de los peces o, por ejemplo, ciertas mareas rojas que afecten
especialmente al cultivo del mejillón; sin embargo, los armadores
pesqueros no tienen ningún tipo de cobertura.
Por tanto, la pretensión del Grupo Popular es que por parte del
Gobierno se hagan todos los estudios pertinentes. Sabemos que es
difícil dar cobertura a todos los riesgos que puedan tener los
pesqueros, desde el apresamiento de buques a la falta de stocks, por
ejemplo, tenemos una falta alarmante de stock de sardinas, es
bastante difícil cubrir todos los riesgos que se pueden dar en este
sector, pero estamos totalmente convencidos de que por parte del
Gobierno hay una inclinación positiva a que esto se haga.
Por tanto, el Grupo Popular solicita, y estoy absolutamente
convencido de que lo obtendremos, de los demás grupos su apoyo
unánime a esta proposición no de ley, para que el Gobierno haga
extensibles los seguros agrarios a todo el sector pesquero.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar
posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz el señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Ciertamente compartimos el planteamiento que
se hace desde el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de
extender y dar cobertura a los riesgos que se produzcan en el seno de
la pesca, incluso dentro del propio planteamiento de los seguros
agrarios combinados previsto en la Ley 87/1978.
A mí me hubiera gustado, como portavoz del Grupo Socialista, que hoy
nos anunciara el señor Mantilla que se iba a dar cobertura, no que se
instara al Gobierno para que hiciera los estudios para, en función de
dicha realización, ver si era posible o no que se realizara tal y
cual cosa. Bueno, comprenderá que es una cierta perversión de las
cosas, porque quien gobierna es el Grupo Popular. Por lo tanto, lo
más conveniente sería que, en lugar de traernos estas proposiciones
no de ley indicando que se hicieran estudios, nos trajeran
compromisos a esta Cámara para que nosotros, sobre propuestas
concretas que se iban a hacer, pudiéramos fijar nuestra posición. En
cualquier caso, no dudamos de la buena voluntad que existe detrás de
la proposición no de ley en orden a dar garantías al sector pesquero.
Esperemos que esta buena voluntad que hoy se refleja en la iniciativa
se traslade en el futuro a hechos ciertos. En este sentido, saludamos
la iniciativa, la vamos a apoyar, pero nos hubiera gustado que fuera
un compromiso concreto, una exigencia concreta y que pudiera
plasmarse en una realidad concreta, más allá de la realización de los
estudios correspondientes.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE, EN LOS FUTUROS PLANES DE
ORIENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA,
SE CONTEMPLE LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ARTES
YAPAREJOS DE PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001434)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la
proposición que figura en el orden del día con el número 8, por la
que se insta al Gobierno a que, en los futuros planes de orientación
de las actividades del Instituto Español de Oceanografía, se
contemple la creación de un departamento de tecnología de artes y
aparejos de pesca. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y para
su defensa tiene la palabra su portavoz el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Creo que cada día que pasa se demuestra
que el Ministerio de Agricultura y Pesca está volcado totalmente en
la investigación pesquera.
Tenemos que recordar a SS.SS. que hace poco el Gobierno aprobó la
creación de una nueva sede del IEO en Asturias, una región que la
venía demandando, y consideramos que era también necesario para la
actividad pesquera. Es decir, que estamos totalmente convencidos de
que esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Popular, en la cual se insta a la creación de un departamento de
tecnología de artes y de aparejos de pesca en el IEO, será
contemplada y aceptada de buen grado por parte del Gobierno.
No le queda duda al portavoz del Grupo Socialista de que todas las
iniciativas aprobadas en esta Cámara, por parte del Ministerio de
Agricultura, digo de Agricultura y también de Pesca, siempre han
tenido buena acogida. No ocurre como en otros tiempos, cuando aquí se
aprobaban temas por unanimidad y después por parte del Gobierno no
tenían buena acogida y eran rechazados totalmente. Por tanto, tanto
la proposición no de ley anterior, que esperamos que se apruebe por
unanimidad, como la que estamos debatiendo en estos momentos, si es
que se aprueba por unanimidad también, estoy totalmente convencido y
casi le podría asegurar que tendrá una respuesta totalmente positiva
por parte de los responsables del Gobierno. El Gobierno no es el
Partido Popular, el Partido Popular tan sólo sustenta al Gobierno de
la nación en este momento, no gobierna el Partido Popular. Eso
también lo quisiera dejar de manifiesto. Por tanto, estamos
totalmente convencidos de que no solamente esta proposición no de ley
referente al IEO, sino que varias propuestas de este grupo
parlamentario serán todas aprobadas por esta Cámara, sin duda, y
serán todas llevadas a la realidad.
En este caso lo que queremos es la creación de un departamento de
artes y aparejos de pesca. Esto es tremendamente importante de cara a
la propia rentabilidad del sector. Ustedes saben, señorías, que hay
una maldición, por decirlo de alguna manera, en la pesca, y es que
debido a los aparejos que se utilizan muchas veces se produce una
serie de descartes. Los descartes son peces que no tienen los tamaños
mínimos y que tienen que ser devueltos al mar,
muchos de ellos ya muertos, es decir, que no tienen ninguna utilidad
práctica. Estamos totalmente convencidos de que eso se puede
solventar utilizando artes y aparejos adecuados. Nuestra pretensión
es que este departamento sirva de apoyo al sector pesquero, sirva de
apoyo a una mejora rentabilidad y, lógicamente, sirva de apoyo a un
mejor aprovechamiento económico de los sectores pesqueros, que, como
sabemos, en determinadas especies están tremendamente limitados.
Tengo que rogar a los señores portavoces y las señorías que conforman
esta Comisión su apoyo unánime para que, no le quepa la menor duda al
portavoz socialista, tenga buena acogida por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz el señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: En efecto, no me cabe duda, señor Mantilla, de
que existe una sintonía entre la proposición que usted plantea y el
Gobierno, porque el propio Gobierno y el Ministerio ya ha anunciado
que iba a crea un departamento de tecnología de artes y aparejos de
pesca. Por lo tanto, si usted hoy lo que hace es instarle a que se
cree cuando ya conocemos su anuncio, aunque no oficial, sí oficioso,
estamos en el cierto de que existe una sintonía entre lo que ustedes
proponen y lo que el Ministerio piensa hacer.
Yo parto del convencimiento de que el Ministerio de Agricultura les
sugiere a ustedes las proposiciones de ley que se deben plantear con
el objetivo de que exista, sobre temas a veces no de demasiada
trascendencia, prácticamente de funcionamiento y administrativos,
como es el tema que nos ocupa, un debate artificial, tratando de
amortiguar los debates sobre los verdaderos problemas que existen en
la pesca, que tienen su importancia y que nos están llevando a que en
este momento exista una gran incertidumbre en el sector por la falta
de perspectivas de pesca. Aquí estamos haciendo debates de carácter
administrativo, que tienen su importancia, pero que desde luego no
representan la preocupación fundamental que tiene en estos momentos
el sector.
Los resultados de la actividad pesquera no dependen solamente de los
esfuerzos de pesca ni de los sistemas de captura empleados. Los
resultados de la actividad pesquera dependen en el futuro de que
seamos capaces de tener caladeros suficientes para que la gente pueda
pescar, precisamente caladeros que en este momento están en
entredicho porque hay importantes acuerdos que van a concluir y no
existen perspectivas ni horizontes de futuro claros para que nuestra
flota pueda seguir pescando en las condiciones que tiene que
hacerlos. Son ejemplos Argentina y Marruecos, pero tampoco existen
otras perspectivas halag¸eñas en el sentido de que tengamos nuevos
caladeros o que este Gobierno haya impulsado políticas tendentes a la
consecución de nuevos caladeros.
Dicho esto, el Instituto Español de Oceanografía está haciendo -lo
viene haciendo desde hace tiempo- una importante labor en el ámbito
de la investigación, en el ámbito de la búsqueda de alternativas. En
definitiva, lo que ustedes plantean es contribuir a que de una forma
específica, con un departamento nuevo, se pueda estudiar todo lo que
tiene que ver con la tecnología de artes y aparejos de
pesca. En ese sentido, obviamente, nosotros no vamos a poner ni una
pega a lo que se plantea, porque se debe de hacer, y en todo caso
contará con el voto favorable del Grupo Socialista.
- SOBRE MEDIDAS PARA PROHIBIR LAS IMPORTACIONES Y DESEMBARQUES DE
PESCADO PROCEDENTE DE BUQUES O PAÍSES QUE NO CUMPLAN CON LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARALA
CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO (ICCAT).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001263)
El señor PRESIDENTE: Les comunico a los señores portavoces que la
proposición que figura con el número 6 en el orden del día ha sido
retirada. Por lo tanto, una vez debatidas todas las proposiciones no
de ley, vamos a suspender la sesión hasta la una, hora en que
procederemos a las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a las votaciones siguiendo el mismo orden del día.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, sobre anulación de
los expedientes sancionadores abiertos como consecuencia de las
movilizaciones de los ganaderos de la Comunidad Autónoma de Galicia
los días 20 de enero y 6 y 7 de marzo de 1998 en rechazo de la cuota
láctea asignada asignada por la Unión Europea al Estado español.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley que
transacciona a la número 2 y 3 y que paso a leer: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a garantizar la calidad del producto
yogur tal como establece la vigente norma general de calidad para
dicho producto, aprobada por Orden del Ministerio de Relaciones con
las Cortes de 1 de julio de 1987 y posteriormente modificada por
Orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de septiembre de 1994, a
los efectos de evitar confusiones al consumidor relativas a productos
diferentes.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta transacción por unanimidad.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura en
el orden del día con el número 4, relativa a las modificaciones del
Real Decreto 1486/1998 (corregimos ese error material, 1998), de 10
de julio, sobre la modernización y mejora de la competitividad del
sector lácteo para que la cuota láctea procedentes del fondo nacional
coordinado y la reserva nacional procedente de la cuota liberada por
los planes de abandono se redistribuya atendiendo a criterios
sociales y de forma gratuita entre los ganaderos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, ninguna.
El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la proposición no de ley.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Socialista
relativa a dejar sin efecto las sanciones con motivo de las
movilizaciones de ganaderos celebradas en Galicia en las mismas
fechas que la proposición no de ley votada con el número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones ninguna.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura en
el orden del día con el número 7, sobre desarrollo de los estudios
precisos para la elaboración de un marco jurídico nacional adecuado
para la ampliación al sector de la pesca de los sistemas de garantías
que, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ofrecen
cobertura de los riesgos ocasionados por causas naturales, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura
con el número 8 en el orden del día, del Grupo Parlamentario Popular,
por la que se insta al Gobierno a que en los futuros planes de
orientación de las actividades del IEO se contemple la creación de un
departamento de tecnología de artes y aparejos de pesca.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Una vez finalizado el orden del día, levantamos la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, del martes, 13 de abril de 1999, no
guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.