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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 663, de 13/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 663
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 50
celebrada el martes, 13 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
para informar sobre:
- La posición que mantendrá el Gobierno español en la próxima
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000920)
... (Página 19261)
- La posición española ante la celebración de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas del mes de marzo de 1999 en Ginebra. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/001015) ... (Página 19261)
- La posición del Gobierno español ante el período ordinario de
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente 213/001053) ... (Página 19261)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a salida democrática para el pueblo de Timor Leste y
gestiones para la excarcelación de los presos políticos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/
001068) ... (Página 19268)
- Sobre el proceso político para una solución pacífica y definitiva
al conflicto de Timor Oriental. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001456) ... (Página 19268)
- Sobre medidas para ayudar a resolver el conflicto que enfrenta al
Gobierno de Angola y al Grupo Unita. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 161/001407)
... (Página 19271)
Dictamen sobre:
- Enmiendas al convenio constitutivo de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y enmienda al acuerdo de
explotación de Inmarsat, adoptadas por la asamblea de Inmarsat el 24
de abril de 1998, en su duodécimo período de sesiones, celebrada en
Londres. (Número de expediente 110/000228) ... (Página 19273)
- Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y la República
de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998. (Número de
expediente 110/000229) ... (Página 19273)
- Convenio relativo a la adhesión de la República de Austria, de la
República de Finlandia y del Reino de Suecia al convenio relativo a
la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los
beneficioso de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 21 de
diciembre de 1995. (Número de expediente 110/000230) ... (Página 19273)
- Acuerdo entre España y Australia relativo a la entrada y estancia
en viajes de corta duración de australianos en España y españoles en
Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1998. (Número de
expediente 110/000231) ... (Página 19273)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania,
relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en
Madrid el 18 de noviembre de 1998. (Número de expediente 110/
000232) ... (Página 19273)
- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros, hecho ad referendum en Bruselas el
26 de julio de 1995. (Número de expediente 110/000233) ... (Página 19273)
- Acuerdo de aplicación provisional entre determinados estados
miembros de la Unión Europea del Convenio establecido sobre la base
del artículo K.3 del tratado de la Unión Europea, relativo a la
utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros,
hecho ad referendum en Bruselas el 26 de julio de 1995. (Número de
expediente 110/000234) ... (Página 19273)
- Protocolo, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado
de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter
prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
del convenio relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros, y declaración relativa a la adopción
simultánea del convenio relativo a la utilización de la tecnología de
la información a efectos aduaneros y del protocolo relativo a la
interpretación de dicho convenio, con carácter prejudicial, por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmados ad
referendum en Bruselas el 29 de noviembre de 1996. (Número de
expediente 110/000235) ... (Página 19273)
- Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los Estados
miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno del Japón, el
Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos
de América relativo a la cooperación sobre la estación espacial
civil internacional, e intercambio de cartas anejas al acuerdo sobre
la estación espacial internacional, hecho en Washington el 29 de
enero de 1998. (Número de expediente 110/000236) ... (Página 19273)
- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el
patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998.
(Número de expediente 110/000237) ... (Página 19274)
- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Bulgaria para la cooperación en la lucha contra la
delincuencia, hecho en Sofía el 21 de julio de 1998. (Número de
expediente 110/000238) ... (Página 19274)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
Popular China al convenio número XX sobre la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el
18 de marzo de 1970. (Número de expediente 110/000239) ... (Página 19274)
- Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Turkmenistán, por otra, y acta
final, hecho en Bruselas el 25 de mayo de 1998. (Número de expediente
110/000241) ... (Página 19274)
- Acuerdo de cooperación entre el Reino de Bélgica, la República
Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de
Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Italiana, el
Reino de España, la República Portuguesa, la República Helénica, la
República de Austria, el Reino de Dinamarca, la República de
Finlandia, el Reino de Suecia, partes contratantes del acuerdo y del
convenio de Schengen y la República de Islandia y el reino de
Noruega, relativo a la supresión de los controles de personas en las
fronteras comunes, hecho en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996.
(Número de expediente 110/000242) ... (Página 19274)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chipre sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Madrid el 20 de
enero de 1999. (Número de expediente 110/000243) ... (Página 19274)
- Instrumento de enmienda a la constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997.
(Número de expediente 110/000244) ... (Página 19274)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, buenos días.
Comenzamos esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que se
va a celebrar de acuerdo con el orden del día que todos ustedes
conocen y también -quiero recordárselo- con la interrupción que, en
torno a las doce, tendrá la sesión habitual de la Comisión para
recibir al secretario general de las Naciones Unidas, señor kofi
Annan. Les adelanto que la presencia del señor secretario general de
las Naciones Unidas tendrá lugar en esta misma sala ante todos los
miembros de la Comisión y, por supuesto, también abierta a los
miembros de la prensa.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN)
PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POSICIÓN QUE MANTENDRÁ EL GOBIERNO ESPAÑOL EN LA PRÓXIMA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000920).
- LA POSICIÓN ESPAÑOLA ANTE LA CELEBRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS DEL MES DE MARZO DE 1999 EN GINEBRA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 213/001015).
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE EL PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 213/001053).
El señor PRESIDENTE: En el orden del día, como saben ustedes, tenemos
tres comparecencias del señor ministro de Asuntos Exteriores, cuya
presencia saludo, y también dos preguntas que el mismo señor ministro
contestará. Las comparecencias se refieren a los desechos humanos y a
la sesión de la Comisión de Derechos Humanos que celebran actualmente
las Naciones Unidas en Ginebra. Las tres comparecencias, de cuya
solicitud son autores respectivamente el Grupo Parlamentario Mixto,
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo
Parlamentario Catalán, las celebraremos conjuntamente, si les parece
oportuno, dado que se refieren al mismo objeto.
Sin más preámbulo y dando de nuevo la bienvenida al señor ministro de
Asuntos Exteriores, le doy la palabra para que exponga los temas
relativos a la celebración de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en Ginebra.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena proclamó que los
derechos humanos son universales y que ningún Estado puede invocar
excepciones de legislación interna o peculiaridades regionales para
su desconocimiento. Las normas de derechos humanos no sólo obligan a
los Estados respecto a sus propios ciudadanos sino frente a la
comunidad internacional en su conjunto, que tiene un legítimo interés
en su respecto en todo el mundo. En los últimos años hemos
contemplado el genocidio de Camboya, el de Ruanda, los cruentos
conflictos balcánicos y otros crímenes de lesa humanidad y
violaciones sistemáticas del derecho humanitario, en los que la
comunidad internacional puede, y debe, arrogarse el derecho de
intervención y castigo de los responsables.
España está en vanguardia de los esfuerzos dirigidos a la entrada en
vigor de un tribunal penal internacional y tuvo una muy activa
participación en el establecimiento del tribunal de Arusha para el
enjuiciamiento del genocidio en
Ruanda durante nuestra última etapa en el Consejo de Seguridad de la
ONU.
Los acontecimientos que en estos mismos días se están produciendo en
torno a la cruel represión llevada a cabo por el régimen de Milosevic
sobre el territorio de Kosovo ponen de manifiesto lo señalado; estos
acontecimientos han encontrado un eco inmediato en los debates de la
Comisión, donde se está negociando el tipo de respuesta que la
Comisión de Derechos Humanos habrá de emitir. España, con el resto de
la Unión Europea, está activamente en este proceso. Si esas
situaciones trágicas han sido demasiado frecuentes, más aún lo son
las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que tal vez no
alcanzan el umbral del horror de los casos antes mencionados, pero
cuyas víctimas no son menos humanas ni sus verdugos menos crueles.
En los últimos años se abre paso la reflexión de que en la raíz de
muchos conflictos se hallan estas violaciones y de que su ocurrencia
constituye una alerta temprana, una indicación, imposible de
desconocer, sobre la posibilidad de que, posteriormente, graves
conflictos estallen. La prevención de violaciones de derechos humanos
se convierte así en prevención de conflictos. Por eso es tan
importante la educación para los derechos humanos, el desarrollo de
instituciones democráticos y la asistencia en materia normativa,
tanto en el campo de la prevención de conflictos como en el de la
reconstrucción postconflicto. Toda actividad de desarrollo tiene hoy
un componente de derechos humanos, tanto porque el desarrollo tiene
una vertiente social y política, además de económica, como porque
prevenir comportamientos antidemocráticos es mejor que lamentar su
proliferación. Esta ha sido siempre la actitud española, que ha
colaborado en este concepto en misiones tales como Minugua, en
Guatemala, Onusal, en El Salvador, o en Colombia, donde una española,
la embajadora Mazarrasa, ha dirigido la Oficina Internacional de
Derechos Humanos, por citar sólo algunos casos, en el marco de
Naciones Unidas.
España entiende que la asistencia y/o vigilancia en materia de
derechos humanos debe ajustarse a las necesidades de cada caso, en
función de la información disponible y según la que transmiten los
mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos. Nos parece crucial el
refuerzo de estos mecanismos e importante la batalla que se va a
librar en Ginebra en el contexto de su revisión. En el pasado período
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, ésta encomendó a su
Mesa que examinara la forma de actuar de estos mecanismos y elevara
recomendaciones para su eventual revisión. Algunos países entienden
que esta revisión debe hacerse eliminando la exposición pública de
determinadas violaciones o la capacidad de intervención de la
Comisión; favorecen un falso y, a nuestro juicio, interesado concepto
de la cooperación. Cada violación grave de derechos humanos se
justificaría en función de peculiaridades religiosas, culturales o
regionales, lo que frecuentemente ocurre con países que justifican la
imposición de la pena de muerte, en violación de estándares
internacionales mínimos.
Otros países, como España en este caso, entendemos algo muy
diferente. Estamos en favor de una cooperación real y a favor de
brindar a todo Estado el máximo nivel de diálogo y de participación
en toda clase de iniciativas que le puedan afectar. En el pasado
hemos defendido siempre la
necesidad de dialogar con Irán, por ejemplo, cuando otras
delegaciones de la propia Unión Europea preferían una actitud más
dirigida a la simple denuncia. Creemos que todos los proponentes de
acciones, ya se trate de resoluciones, decisiones o declaraciones del
presidente de la Comisión, deben dar cabida en el proceso negociador
a los Estados afectados y representantes cualificados de la sociedad
civil.
Análogamente, todos los mecanismos de la Comisión deben ser
consecuentes con la necesidad de vincular ab initio a los Estados en
el proceso de elaboración de sus informes y recomendaciones. Algunos
Estados que protestan de la unilateralidad de los mecanismos de la
Comisión -a su juicio, poco atentos a sus criterios y explicaciones-
son los que, en general, dificultan o impiden, incluso, esa
cooperación prohibiendo el acceso de los relatores, expertos y grupos
de trabajo a sus territorios o coaccionando a sus fuentes de
información y desoyendo las propias recomendaciones de la Comisión.
Ésta probablemente tenga que enfrentarse a la falta de cooperación de
ciertos países con estos mecanismos y tomar medidas dirigidas a un
seguimiento entre sesiones de estas situaciones, tanto para amparar
los mecanismos de la Comisión como para mantener la presión sobre los
Estados que no colaboran. En los últimos años se han estudiado
fórmulas tales como las visitas para establecer los hechos por parte
de relatores temáticos e incluso informes conjuntos de varios de
ellos -casos de Nigeria o Colombia-; también el nombramiento de
expertos con el doble mandato de asesorar al Gobierno y de supervisar
la situación en el país -caso de Guatemala-; se han creado oficinas
con estos propósitos -como en Camboya o Colombia- y se ha establecido
una mayor coordinación entre las instancias de la Comisión y otras
organizaciones sobre el terreno, como en el caso del Centro de
Coordinación de Derechos Humanos en Bosnia-Herzegovina. Esta es
justamente la línea que favorece España: el tratamiento específico de
situaciones específicas, el ensayo de las fórmulas no sólo más
efectivas sino también más viables y, desde luego, la utilización de
la firmeza cuando sea preciso. La actuación de la delegación española
está inspirada por esos principios.
No quisiera concluir sin llamar la atención sobre la parquedad de los
recursos de que dispone Naciones Unidas para atender las actividades
de derechos humanos. Dichos recurso rara vez han superado el 2 por
ciento del presupuesto ordinario de la organización España viene
luchando por que de ese presupuesto se destinen más recursos a
actividades que consideramos fundamentales. Ésta es una de ellas: no
sólo debe haber más recursos, sino que las actividades de derechos
humanos deben integrarse en todas las actividades de desarrollo de la
organización y sus agencias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios tal como figuran en
el orden del día.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Alcaraz, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ALCARAZ RAMOS: He escuchado con atención, en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, al señor ministro, pero he de decirle francamente que me
ha parecido una intervención que ha defraudado. Más allá de la parte
simbólica o retórica, de la que difícilmente se puede discrepar,
sobre la prioridad de los derechos humanos, y esas breves alusiones a
la necesidad de mejorar los mecanismos de control y al incremento de
fondos en Naciones Unidas para la vigilancia de los derechos humanos,
que también compartimos aunque no sabemos exactamente qué propuestas
formula el Gobierno español, el objeto de esta comparecencia, en
definitiva, tenía una vocación de ir a lo sustantivo y no solamente a
los grandes principios generales, en los que -insisto- seguro que
íbamos a coincidir. Queríamos conocer exactamente cuál es la posición
que la delegación española está defendiendo o va a defender en la 55.
a sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre
todo en aquellos temas más conflictivos. En aquellas cuestiones en
las que el consenso es sencillo no se requiere mucho debate
parlamentario ni mucha acción de control, pero sí en algunos temas
especialmente complejos.
Sin duda, el catálogo de Estados que violan los derechos humanos es
amplio. Se podría hablar de Arabia Saudí, de Camboya, de China (donde
parece que va a haber una propuesta de resolución proveniente de
Estados Unidos y nos gustaría conocer la opinión del Gobierno), de la
Federación Rusa, de Indonesia en su relación con Timor (sobre lo que
luego hay una proposición no de ley y, por lo tanto, no me
extenderé), de la región de los Grandes Lagos o de Turquía, que es un
tema ya más complicado para España.
Sin embargo, yo quisiera centrar mi intervención en cuatro Estados
que, no por casualidad -y lo digo con toda rotundidad-, han sido
también asumidos por importantes organizaciones no gubernamentales,
especialmente Amnistía Internacional, como ejemplos de violaciones de
derechos humanos. Colombia, Argelia, Méjico y Estados Unidos son
países con los que, por diversas circunstancias -geográficas,
históricas o políticas-, España mantiene una relación especialmente
intensa; sin embargo, se aprecian violaciones y nos gustaría saber
cuál va a ser la posición del Gobierno español ante las situaciones
de violaciones de derechos humanos en estos Estados.
Me permitirá el señor ministro que comience precisamente con
Colombia, valorando muy positivamente la actitud que desempeña
nuestro embajador allí. Ha sido reconocido públicamente por parte de
organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos como
un elemento de referencia importante en la defensa de estos derechos
humanos. Le ruego que le transmita nuestra felicitación y que esta
embajada perservere en esta ciudad. A partir de ahí hay una serie de
cuestiones que me gustaría poner de relevancia para que el Gobierno
tome nota y, en la medida de lo posible, conteste el señor ministro.
La Oficina del Alto Comisionado acaba sus funciones en abril.
Últimamente se han recibido críticas; sin embargo pensamos que debe
continuar con más dotaciones y con más competencias. Esta sería una
primera cuestión.
En cuanto al proceso de paz, recientemente hemos tenido en esta casa
al presidente del Gobierno colombiano y todos brindamos y apoyamos el
desarrollo de ese proceso de paz, pero existe un peligro: que se
configure la idea falsa de que sólo esperando la conclusión del
proceso de paz se
van a poder defender los derechos humanos. Es cierto que la
finalización de las hostilidades facilitaría la solución de los
derechos humanos, pero no se puede decir simplemente que hay una
relación total, porque hay violaciones que no están relacionadas con
ese proceso bélico.
Se ha calculado que, a cargo de paramilitares y militares, en el año
1998 hubo 101 masacres con niveles altísimos de impunidad. Hay una
ausencia por parte del Gobierno colombiano de cumplimiento sobre
derechos humanos, a partir de recomendaciones concretas de Naciones
Unidas y de diversas ONG en esta materia, con casos de desaparecidos,
torturas, crisis del sistema judicial, etcétera. Me gustaría conocer
qué posición va a defender el Gobierno español en el caso de Colombia
en las sesiones que se están celebrando en Ginebra. Igual ocurre con
los desplazados de guerra, hay unos dos millones se está generando
una especie de criminalización de dichos desplazados. En muchos de
esos casos inciden intereses económicos, y hay que recordar que el
Gobierno colombiano actual ha reducido la intervención e incumplido
compromisos anteriores sobre proyectos para el realojo. Hay que
elogiar aquí el papel de las ONG, pero es insuficiente. Finalmente,
también se constata en Colombia un acoso, que en muchas ocasiones
llega al asesinato, a los defensores de derechos humanos, y nos
gustaría escuchar del señor ministro un apoyo explícito por parte del
Gobierno español a estas personas.
En cuanto a Argelia, es difícil cuantificar la cantidad de víctimas.
Se habla de 100.000 muertos y 3.000 desaparecidos. En este caso ya
hemos reiterado diversos grupos parlamentarios en otros debates en
esta Cámara la pasividad del Gobierno, que parte de una premisa:
mejorar por el Gobierno lucha antiterrorista, lo cual se reitera en
vísperas de las elecciones. Sin embargo no basta con estas
afirmaciones ni con mostrar una solidaridad genérica. De nuevo
exigiríamos una actuación mucho más activa del Gobierno español y que
se demuestre también en Ginebra.
Hay un manto de silencio y no se sabe qué pasa en muchos momentos en
Argelia. Hay problemas con el Comité Internacional de la Cruz Roja,
Amnistía Internacional no puede entrar desde 1997, se aceptó la
existencia de relatores temáticos sobre tortura y ejecuciones
extrajudiciales, pero no se ha practicado y nosotros creemos que el
Gobierno español debería insistir en el nombramiento de un relator
especial. Hay que recordar que en el anterior período de sesiones de
Ginebra España tuvo un papel muy restrictivo que entendemos debe
cambiar. Al menos habría que insistir en que el Gobierno argelino se
comprometiera a fijar una fecha para la visita de los relatores
especiales.
En el caso de Méjico hay un incumplimiento abundante de derechos
humanos, con desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Hay también una crisis de la tutela judicial efectiva para amplios
sectores de la población más débil, fundamentalmente para algunos
grupos indígenas, y una sensación de creciente impunidad para la
policía, fuerzas armadas y paramilitares, sobre todo en los Estados
de Chiapas, de Guerrero y Oaxaca. Existen también trabas a
observadores de derechos humanos, incluyendo expulsiones, en algún
caso, de ciudadanos españoles.
De nuevo aquí la posición del Gobierno parece bastante pasiva. Es
cierto que Méjico es un país con el que tenemos lazos tradicionales y
que atraviesa una situación política
compleja que invita a la prudencia; pero ello no significa, en el
marco y en la dinámica de las propias palabras con las que el señor
ministro empezaba su intervención, que pueda haber una posición de
pasividad. Por tanto, entendemos que debería, al menos, aprobarse la
existencia de relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales
y sobre la independencia del sistema judicial, así como una
vigilancia del cumplimiento de las resoluciones del Comité contra la
tortura, aprobadas en abril de 1997.
Finalmente, sería un ejemplo muy positivo para todo el mundo que
Estados Unidos, que tantas veces hemos oído decir al señor ministro
que es nuestro principal aliado -o somos nosotros su principal
aliado, no sabemos si aquí sirve la relación de reciprocidad, sin
entrar en el papel de alianza concreta que estos días vivimos en una
situación puntual, porque no viene al caso, y no hace falta recordar
la existencia de pena de muerte que se aplica incluso a menores y a
discapacitados-, y que suele presentarse como gran garante de la
democracia y de los derechos humanos en el mundo cuando le interesa,
estuviera dispuesto a asumirla y sobre todo que sus aliados, y
también España, estuvieran dispuestos a presionar en estas materias.
En ese sentido, habría que pedir a Estados Unidos que al menos retire
las reservas al Pacto de derechos civiles en estas materias sobre la
pena de muerte y que ratifique la Convención de derechos del niño
-hay que recordar que sólo quedan por ratificarla Estados Unidos y
Somalia- y la Convención sobre eliminación de todas formas de
discriminación de la mujer.
Nos gustaría que en su réplica o en su próxima intervención
concretara, descendiera del olimpo de los derechos humanos a la
tangibilidad de los derechos humanos, que al final y al cabo afectan
siempre a personas, a hombres, a mujeres y a niños en lugares muy
concretos del planeta. España tiene especiales relaciones e intereses
con algunos Estados, por eso no puede practicar la política del
avestruz, sino que tiene que ser mucho más dinámica, con propuestas
mucho más concretas que comprometan de verdad a estos Estados en la
defensa de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Veo que no hay ningún representante de Izquierda Unida en este
momento. Pasamos, pues, al representante del Grupo Parlamentario
Catalán, Convergència i Unió, señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia y por sus manifestaciones respecto a la posición del
Gobierno español al inicio del período ordinario de sesiones de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.
Señor ministro, nosotros compartimos en general los objetivos del
Gobierno, que quisiera entender que combinan la firmeza con un
tratamiento específico en situaciones concretas. Hemos visto en los
últimos tiempos cómo se han producido hechos significativos a nivel
internacional que han removido los cimientos de muchas conciencias y
que han hecho llegar al gran público a actitudes respecto a temas
jurídicos y políticos de clara posición en la lucha contra la
vulneración de los derechos humanos y su impunidad. Este es el caso
de los sumarios por los desaparecidos
en las dictaduras chilena o argentina, o la misma intervención en
Yugoslavia ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
invocando el principio de injerencia humanitaria.
Por otro lado, valoramos la posición del Gobierno español en la
Conferencia de Roma sobre la creación de una corte internacional
penal que juzgue los crímenes contra la humanidad y no deje sin
castigo el genocidio. También queremos valorar positivamente la
aplicación de la declaración universal y de otros convenios en
aspectos tan importantes de la política exterior española como la
política de cooperación internacional para el desarrollo o la
política de armamento de ventas de armas.
Nuestro grupo entiende que deberíamos profundizar en ese camino y que
deberíamos aprovechar los últimos acontecimientos y la celebración
del 55 período ordinario de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para lanzar al mundo un mensaje claro
y nítido en la apuesta por los derechos humanos. Deberíamos
aprovechar el episodio que actualmente vivimos tristemente en la ex-
Yugoslavia, el principio de injerencia humanitaria al que me volveré
a referir, para reforzar los instrumentos jurídicos y políticos que
nos permitan actuar en todas las zonas del mundo donde se producen
vulneraciones de los derechos humanos, sobre todo en aspectos
preventivos de violaciones y de conflictos, y esa política debe ir
estrechamente unida a nuestro entender, con la política de
cooperación. Señor ministro, en eso coincidimos.
Quisiéramos hacerle llegar nuestra preocupación en aspectos concretos
de la posición española y por eso, señor ministro, nos gustaría
conocer la postura que va a mantener el Gobierno español ante la
proposición de prolongar el mandato de la Oficina de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Colombia. Creemos que la situación
en Colombia no ha evolucionado lo suficiente como para no tener que
seguir necesitando de la presencia y el reforzamiento del papel de
Naciones Unidas en esa zona.
Señor ministro, deseamos conocer la posición sobre las vulneraciones
de derechos humanos en Argelia, Méjico, Marruecos, Turquía, y no voy
a repetir otras manifestaciones que ha hecho el portavoz que me ha
antedicho en el uso de la palabra porque coincidimos con él en
algunos aspectos.
Asimismo, queremos saber la posición del Gobierno respecto a otros
temas que no ha citado pero que nos preocupan, como pueden ser los
derechos humanos relacionados con la conservación del medio ambiente
e incluso con aspectos como las nuevas tecnologías de la información;
es decir, aspectos novedosos que quizá pudieran empezar a tener
interés para todos nosotros; para nuestro grupo al menos, señor
ministro, lo tiene. Aun compartiendo básicamente las posiciones que
usted ha manifestado, entendemos que deberíamos mantener una posición
absolutamente firme y clara en cuanto al principio de universalidad y
la aplicación del principio de la injerencia humanitaria.
Quisiera recordar las palabras del francés Robert Badinter cuando
dice que en todas partes se debe respetar la integridad personal y
que en todas partes los seres humanos tienen el derecho a no ser
torturados, asesinados, mutilados y en todas partes deben poder
pensar y expresarse libremente. De ahí se desprende un conjunto de
derechos válidos par cualquiera en cualquier sociedad. Por eso
coincidimos
en sus apreciaciones, señor ministro, respecto a la extensión
universal, independientemente de otros aspectos culturales,
religiosos, políticos, etcétera, que pudieran justificar de alguna
manera el vulnerar derechos humanos. Nuestro grupo no comparte este
principio, pero sí el principio de universalidad.
En cuanto al principio de injerencia humanitaria, está en cuestión;
esa nueva doctrina necesita, a nuestro entender una opinio iuris, es
decir, un amplio apoyo, cuanto más social y universal, mejor, porque
nuestro objetivo es, como decía hace bien poco la comisaria para
Ayuda Humanitaria, Consumo y Pesca, Emma Bonino, que la ayuda
humanitaria no debe ser politizada, sino más bien que la política
exterior de los Estados ha de ser más humanitaria. Por eso, mientras
evitamos esto, dejemos que el derecho de injerencia siga su curso y
que como ya lo hicieran otras costumbres internacionales, fuentes del
derecho internacional, intentemos crear una opinio iuris
suficientemente fuerte y dilatada en el tiempo como para convertirse
en unas normas de derecho internacional contempladas por toda la
comunidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir en
el debate?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Quiero también dar las gracias al señor
ministro por su comparecencia en un día un poco ajetreado en estas
materias.
Lo lamento, pero debo manifestarle mi frustración. Venía quizá con
mayores expectativas, porque estamos hablando nada menos que de una
información del Gobierno sobre la postura y el informe que llevará al
55 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos
acostumbrados a la brevedad y a la concisión de las exposiciones del
señor ministro, pero me ha parecido -si me permite cariñosamente la
expresión- excesivamente rácana.
Nos ha expuesto una teoría, señor ministro, sobre cuál es la postura
española con respecto a los temas de derechos humanos. Pocos temas
habrá en este Parlamento y en esta Comisión de más consenso que la
teoría, que el contenido de la defensa de los derechos humanos. Está
impregnando por lo menos los principios de nuestra política de
cooperación, los principios de nuestra política exterior y, además,
este año acabamos de constituir con motivo del 50 aniversario de su
declaración, una subcomisión en esta Cámara también con absoluto
consenso, en la que todos estamos dispuestos a trabajar conjuntamente
y con la mejor colaboración.
Todo eso es lo que nos ha contado, pero no se ha referido
a actuaciones concretas, denuncias concretas, posturas concretas ante
violaciones que conocemos por los informes de otros países. Espero
que en el siguiente turno de palabra que tiene el ministro nos
informe un poco más, nos diga algo más.
Estamos de acuerdo con el señor ministro en que vamos a ese 55
período de sesiones con el ánimo de revisar las recomendaciones
hechas en años anteriores, con el ánimo de hacer una asistencia y una
vigilancia de los derechos humanos, con el ánimo de reforzar
mecanismos e incluso
con el ánimo de dar un tratamiento específico ante situaciones
específicas. Le apoyamos, estamos de acuerdo, pero digamos algo más
concreto. Por ejemplo, qué vamos a hacer ante países que figuran
exactamente igual que el año anterior en el informe de la Oficina de
Derechos Humanos del año 1998. Son países como Colombia, Argelia,
Nigeria, Méjico, Guinea, la situación de los países de los Grandes
Lagos. La lista sería interminable y bastante trabajo van a tener
ustedes en el 55 período de sesiones para analizar todos y cada uno
de los países que están sujetos a informes que han de debatir en
cuanto a la situación de los derechos humanos, al grado de
cumplimiento de las recomendaciones hechas en años anteriores y que
no han cumplido. Sin embargo, pongamos algunos casos en los cuales
España va a significarse expresamente, va a tener una postura activa
y una exigencia amistosa, desde luego, pero exigencia.
En cuanto a incumplimientos de nombramientos de relatores,
incumplimiento de temas importantes que no se han hecho, no quiero
reiterar los que ya han dicho los intervinientes que me han precedido
en el uso de la palabra, pero, señor ministro, sí me voy a detener en
una o dos de las situaciones. Una de ellas es la de Colombia, aunque
ya ha sido citada por anteriores intervinientes. Lo hemos visto aquí
hace apenas unas semanas con motivo de la visita del presidente
Pastrana y es verdad que lo que pretendíamos era que se llevara -cosa
curiosa, por otra parte, en la historia de este Parlamento- un regalo
en una carpeta de piel, en medio de un plenario, con una proposición
no de ley diciendo que le apoyamos en el proceso de paz. Está muy
bien que le apoyemos, pero quedaron sueltos muchos cabos muy
importantes de amarrar. Es importante amarrar el compromiso del
presidente Pastrana para la defensa de derechos humanos que él sabe
que se están violando por todas las partes en conflicto. Debe
amarrarse también la adopción de un plan de prevención global e
integral de la población desplazada, y esto hay que decirlo. El
apoyar a la Oficina de Derechos Humanos de Colombia para que tenga un
mayor mandato sí quedó recogido en la proposición no de ley que
aprobamos, precisamente por una enmienda del Grupo Socialista. Por
tanto, sólo quiero reiterarle que la vigilancia se cumpla, porque no
hacemos nada yendo a estas reuniones, haciendo grandes declaraciones,
quedando como personas, grupos y países a los que preocupa
enormemente la situación de los derechos humanos, que nosotros los
defendemos. No obstante, si al mismo tiempo tenemos una gran
comprensión que puede ser traducida casi en condescencia con esos
países, no avanzamos nada. Yo creo que la comprensión está bien ante
las dificultades que puedan tener los países para el cumplimiento
escrupuloso de los derechos humanos, en cuanto a dificultades que no
dependan de los gobiernos, evidentemente, pero esa exigencia y esa
firmeza debe acompañar también a nuestra preocupación y apoyo a esos
países.
Por tanto, señor ministro, tal como dice el título de las
comparecencias que se le han solicitado, nos gustaría que concretase
un poquito más cuál va a ser la posición del Gobierno, cuáles van a
ser los temas que va a priorizar y en qué va a consistir nuestra
presencia en el 55 período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Empezaré agradeciendo al señor ministro su
comparecencia, que es habitual en este debate general sobre la
situación de los derechos humanos en el mundo, que se produce cada
año con motivo del período ordinario de sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El debate sobre la situación de los derechos humanos suele aparecer
en cada ocasión en la que discutimos la política o el estado de las
cosas en una zona del mundo determinada, y normalmente existe la
tentación en estos debates de hablar del país que no toca. Esto es,
cuando hablamos de Kosovo hay alguien que habla en Turquía; cuando
hablamos de Turquía, alguien habla de Palestina; cuando alguien habla
de Palestina, alguien habla de Cuba; cuando alguien habla de Cuba,
alguien sale hablando de Timor Oriental; y cuando se habla de Timor
Oriental, alguien habla de Chile. Ese es un método como otro
cualquiera, pero no acabamos nunca de discutir sobre el fondo del
asunto, y esta es la ocasión anual que tenemos para hablar del fondo
del asunto. Aquí no podemos dejar de hablar de todos los países a la
vez, ni podemos centrarnos tampoco en el que más nos conviene. Este,
en cualquier caso, es un debate no ideológico. Entiendo que todos
compartimos la ideología de los derechos humanos, que está en la base
misma de nuestra convivencia democrática y nuestro sistema
constitucional. Veo que hay algún ilustre grupo que no ha venido y,
por tanto, se perderá esta reflexión que, si duda, es útil e
interesante.
El respeto a los derechos humanos, como muy bien ha dicho el
ministro, obliga en primer lugar a los Estados con sus propios
ciudadanos y obliga a las propias instituciones de cada país; pero es
también un compromiso que los Estados han venido asumiendo desde el
principio del sistema de Naciones Unidas, desde la Carta, con la
comunidad internacional. Hay que decir que este compromiso ha tenido
un importante y largo período que venía condicionado por la
existencia de una división del mundo en bloques y pro la
imposibilidad de aplicar una política de derechos humanos, de
desarrollar el derecho de injerencia humanitaria o incluso de aplicar
las propias convenciones como, por ejemplo, la Convención para la
prevención y castigo del delito de genocidio, del año 1947. Pero
ahora que ese período histórico ha sido afortunadamente superado y
estamos en otro en el que el derecho internacional y las normas
elementales de la sociedad mundial evolucionan a gran velocidad y en
el que los Estados modernos tienen que asumir responsabilidades
globales, responsabilidades que tienen que ver con el mantenimiento
de la paz y la seguridad, basadas en el efectivo respeto a los
derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona, debemos
afirmar, y afirmamos, como ya hemos hecho en muchos debates
anteriores a este, que existen principios humanitarios que superan,
que están por encima, que desbordan la soberanía ilimitada de los
Estados, que los Estados no son soberanos absolutos sobre la vida y
los bienes de sus ciudadanos y que, por tanto, los demás Estados
miembros de la comunidad internacional, en virtud de ese compromiso,
asumido por cada uno de nosotros, tienen derechos de injerencia en
materia de derechos humanos, en materia de respeto de esos principios
humanitarios
que son la base misma de una convivencia internacional
medianamente organizada.
Eso nos lleva a reiterar por parte del Grupo Popular la validez del
mecanismo, la validez de la Comisión de Derechos Humanos, de los
instrumentos de que ella dispone y de la necesidad, como ha sido
dicho, de reforzarlos de revisarlos, de tal forma que se mejoren los
métodos, que se hagan más efectivos los sistemas por los que la
Comisión de Derechos Humanos y los Estados que la integran puedan
vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y puedan prevenir y
evitar sus incumplimientos. Este mecanismo multilateral ha demostrado
su eficacia en muchas ocasiones. También es verdad que la resistencia
de los Estados que violan sistemáticamente los derechos humanos se ha
venido produciendo por distintas vías, algunas de las cuales han sido
mencionadas por el señor ministro.
En segundo lugar, me permitirán afirmar que la política de derechos
humanos no es una política sectorial, no es algo, ni siquiera, que
deba ser considerado fuera del marco general de la política exterior;
forma parte de la esencia misma de la política exterior de un estado
democrático, como es el Estado español y naturalmente de los países
de nuestro entorno, de nuestros aliados, socios y amigos como son,
sobre todo, los países de la Unión Europea. Es parte de la política
exterior, no es solamente algo que dejamos en manos de los humores de
la opinión pública o de las actividades benéficas y necesarias de las
organizaciones no gubernamentales o que solamente aparece en la
página de sucesos de la realidad internacional. Esta debe ser la
preocupación principal y uno de los componentes primeros de la acción
exterior de un estado moderno, avanzado, que cree en el desarrollo de
las relaciones en beneficio de la paz, la seguridad y el progreso de
nuestro entorno y naturalmente de todo el mundo.
Por eso tenemos que preocuparnos un poco por todo el mundo y
preguntar al ministro por una serie de países que, sin duda, están
también en la lista de preocupaciones del señor ministro. Entiendo
que este debate debe de ser encauzado de esta manera y que hay que
poner la situación concreta de cada uno de los países de las zonas
del mundo que nos ocupan hoy dentro de ese debate general sobre el
modelo, la reforma, la revisión del mecanismo y de los instrumentos
de la Comisión de Derechos Humanos. Por ello creo que el debate está
bien encauzado así, como lo ha puesto en suerte el señor ministro.
Por tanto, disiento de algunas opiniones críticas sobre el esquema
establecido en la intervención primera del señor ministro de Asuntos
Exteriores.
En primer lugar, habría que preguntarle al señor ministro cómo queda
Kosovo dentro de los posibles rumbos que siga la Comisión de Derechos
Humanos. Por dónde va el proyecto de resolución. Cuál es su tono y
cuál es el papel de España y de los países de la Unión Europea, en
esa importantísima y urgentísima cuestión. Ha sido citado el caso de
Colombia, que creo que está en el ánimo de todo, no solamente porque
nos hemos ocupado y debatido, lo cual es bueno y razonable que lo
hayamos hecho con motivo de la visita del presidente de Colombia, don
Andrés Pastrana. Hay otros países que también podrían ser
mencionados: el caso de Argelia, con elecciones presidenciales en
estos días, país en el que hemos estado presentes y que siempre ha
estadoen el ánimo de esta Comisión y que, a pesar de mejoras,
sigue teniendo graves deficiencias, sobre todo porque existen una
serie de casos sin resolver, de ejecuciones sin el debido proceso
legal, desapariciones, etcétera.
Hoy mismo debatimos, señor ministro, una proposición no de ley de dos
grupos: del Grupo Mixto, presentada por el señor Rodríguez, y del
Grupo Popular sobre Timor Oriental, en el que el secretario general
de Naciones Unidas, al que luego veremos (hoy estamos en el centro de
la cuestión) tiene un papel importantísimo y en el que España, vecina
y amiga de Portugal, que es uno de los países claves en este viejo
conflicto de descolonización, ha alentado y promovido un creciente
papel de la Unión Europea para ayudar a la resolución de esta
cuestión.
El diálogo con Irán ha sido uno de las constantes de la política de
este Gobierno y de la política de la Unión Europea. Existen
últimamente malas noticias sobre asesinatos de intelectuales,
represión selectiva, sobre las que sería bueno tener alguna
información. Irak, país al que creo que todo podemos poner el
calificativo de uno de los peores países en materia de derechos
humanos, con violaciones sistemáticas gravísimas, reconocidas no
solamente por la comunidad internacional organizada, sino por las
ONG, desde Amnistía Internacional, etcétera, país que, por otra
parte, en este como en otros asuntos no colabora con la comunidad
internacional y con Naciones Unidas.
Cuba, señor ministro, objeto constante de preocupación por parte de
mi grupo parlamentario, sobre todo con motivo del juicio a la
disidencia interna y las condenas por delitos de opinión de
dirigentes moderados de la oposición al régimen de Castro, que ha
sido objeto de una declaración de la Unión Europea muy seria y muy
equilibrada, que sin duda será objeto de un debate. Me gustaría
conocer la opinión del ministro sobre esa posible resolución y sobre
las acciones que la Comisión de Derechos Humanos piensa emprender con
respecto a Cuba.
Naturalmente, China, que acaba de firmar los pactos internacionales
sobre derechos civiles, políticos y derechos económicos-sociales y
culturales con la que la Unión Europea y también los Estados Unidos
mantienen un diálogo no siempre fácil.
Por último, un tema que ha sido objeto de debate en las Cámaras
españolas. Concretamente en el Senado hace poco había una resolución
sobre la pena de muerte en el mundo, y a mí me gustaría conocer en
qué momento está el debate sobre la pena de muerte en el mundo en la
Comisión de Derechos Humanos, sobre la moratoria exigida a muchos
países que todavía la practican, sobre los estándares mínimos que se
deben exigir en cualquier caso a los países que mantienen la pena
capital.
Creo que el señor ministro tiene un catálogo importante de países, de
temas y de asuntos que es el momento de abordarlos todos y yo me
felicito de que todos los años, con la ausencia de algunos grupos,
sin duda muy interesados por los derechos humanos, podamos continuar
reuniéndonos para hacer estos análisis globales en los que sin
apriorismos de ningún tipo, sobre todo de carácter ideológico,
podamos hacer una reflexión serena, y sin duda interesante, sobre la
situación de los derechos humanos en nuestro planeta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos
Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero
agradecer las distintas intervenciones que se han producido y hacer
una reflexión previa, y es que de alguna de las intervenciones parece
deducirse, seguramente no es así, que se ignora que en este período
España es observadora y no miembro de la Comisión de Derechos
Humanos. Es de todos conocido que la permanencia de los países en las
comisiones, en esa en particular, al igual que ocurre con el Consejo
de Seguridad, va rotando. Hemos sido miembros en el período anterior,
hemos vuelto a presentar nuestra candidatura para el período 2000-
2002, y en este período no somos miembros, somos observadores. ¿Qué
quiere decir? Que no podemos presentar iniciativas ni votar, y parece
que alguno lo ignora. Podemos intervenir, y lo hacemos, y podemos
copatrocinar resoluciones, y también lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos?
y es el criterio que seguimos: con los socios de la Unión Europea,
previo debate en el Consejo de Asuntos Generales, decidimos
copatrocinar un determinado proyecto de resolución. Pero, al no ser
miembros en ese período, la mayoría de las demandas que se me han
formulado son pura y simplemente imposibles de atender. A la vista de
esas intervenciones hacía falta recordar ese punto que algún portavoz
parecía ignorar. Con todos los respetos, el planteamiento que procede
en esas intervenciones consiste en defender los principios que rige
nuestra actuación, y cuando hay demanda sobre países concretos,
contestarla, y así lo vamos a hacer, pero con las limitaciones que
tiene el que justamente en ese período no seamos miembros de pleno
derecho de la Comisión, sino observadores, como viene ocurriendo
además intermitentemente.
Comparto los análisis del señor Burballa y del señor Robles Fraga de
que la mejor forma de actuar es la de compatibilizar la firmeza con
le diálogo, cuando éste puede dar frutos. Quiero citar el caso de
Irán, mencionado por el señor Robles Fraga, donde frente a los
Estados Unidos, que proponía una condena y una exclusión absoluta, la
Unión Europea decidió mantener el llamado diálogo crítico, que tan
buenos resultados ha dado, entre otros, ayudar a la victoria en las
últimas elecciones de los moderados, que están demostrando, a pesar
de las dificultades y obstáculos que están venciendo cada día, que lo
son. Lo mismo hicimos con China. Frente a propuestas de exclusión y
condena absoluta, logramos arrancarles compromisos de firmas de
convenios de un año para otro. Yo mismo viví este proceso en 1996 y
en 1997, siendo miembros, y también ha arrojado muy buenos
resultados. Comparto también las afirmaciones que se han hecho, y así
lo practicamos, de vincular nuestra política de cooperación a la
política de derechos humanos y a la propia política de medio
ambiente. Yo he defendido en muchas ocasiones ante esta Comisión la
legitimidad de la llamada injerencia humanitaria.
Pasando a los países sobre los que se me ha solicitado información
concreta, en relación con Kosovo, la precipitación de los
acontecimientos en torno a la trágica situación de aquel territorio
está encontrando inmediato reflejo en las reuniones de la Comisión de
Derechos Humanos. El pasado día 1 de abril la Comisión mantuvo una
reunión especial para tratar la situación en Kosovo, con la
información y denuncias contenidas en voces tan autorizadas como la
propia presidenta de este período de sesiones, la alta comisionada de
Naciones Unidas para los derechos humanos, señora Robinson, el
relator especial sobre los países de la ex Yugoslavia, el señor
Dienstbiert, y el adjunto de la Acnur, señor Jessen Petersen. En
estos momentos, la comisión está preparando el texto de la que habrá
de constituirse su respuesta ante la terrible situación y las
horrendas violaciones de los derechos humanos perpetrados por el
presidente Milosevic. España, con el resto de los socios de la Unión
Europea, está participando en estas negociaciones para lograr un
texto que responda a la realidad de los graves acontecimientos en
Kosovo.
En relación con Colombia, desde 1997 funciona la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está
funcionando en Bogotá, recibe comunicaciones de particulares, asiste
al Gobierno en materias institucionales y legislativas en informe a
la Comisión sobre el desarrollo de la situación en Colombia. Su
establecimiento fue negociado con el Gobierno colombiano, negociación
en la que la delegación española, como sabrán SS.SS., tuvo un papel
central. Respondiendo a la pregunta que me ha formulado el señor
Buballa, España, junto con la Unión Europea, coincide en la necesidad
del mantenimiento de la Oficina por un año más, al menos, período por
el que se renuevan los diferentes mandatos en la Comisión, en
atención a la situación ciertamente grave. También emplazaremos al
Gobierno colombiano a continuar sus esfuerzos por el resto de todos
los derechos humanos de los colombianos y a intensificarlos, de forma
que sean más efectivos que hasta ahora, aun reconociendo las muchas
dificultades a las que hacen frente el Gobierno colombiano y su
presidente.
En relación con Argelia, como SS.SS. saben, próximamente tendrán
lugar elecciones presidenciales con amplia participación de los
diferentes sectores políticos. Las cifras de muertos en el curso de
este año son muy inferiores a las de años anteriores, aunque la
situación sigue siendo muy preocupante, y no podemos olvidar la
existencia de desaparecidos, por lo que España y la Unión Europea van
a continuar suscitando esa cuestión en sus contactos bilaterales con
el Gobierno argelino, ya que estimamos que ésta es la vía más
efectiva para una respuesta positiva de sus autoridades.
En cuanto a Cuba, la Unión Europea y España han defendido siempre el
respeto hacia los derechos civiles y políticos del pueblo cubano. Por
otra parte, en sus intervenciones ante la Comisión, se ha instado a
la parte cubana a la colaboración con los mecanismos de la Comisión
y a la aceptación de la asistencia técnica que estos le puedan brindar.
Existe la posibilidad de que la Comisión tenga que pronunciarse en un
nuevo proyecto de resolución sobre la situación de los derechos
humanos en Cuba. España decidirá su posición respecto al mismo en
atención a los elementos que en su texto final se contengan.
Existen otras muchas situaciones que son objeto de preocupación de la
comunidad internacional, muy por delante de las de Estados Unidos y
Méjico. Sobre ésta última, ya veremos si la Unión Europea presenta
resolución finalmente; en estos momentos no está previsto. Entre
ellas, podría citar la de Myannmar, que ha tenido
recientemente un enfrentamiento con la Unión Europea, o la Unión
Europea lo ha tenido con Myannmar por cuanto hemos cancelado la
reunión ministerial prevista con los países Asean -Este asiático-,
reunión muy importante que se viene celebrando desde hace decenios,
justamente porque no queríamos la presencia de Myannmar, que
recientemente se ha incorporado al grupo de países Asean. Está Sudán,
está Ruanda, está Afganistán.
Tenemos el convencimiento de que se producirán actuaciones de la
Comisión de Derechos Humanos sobre todas estas situaciones. En unos
casos, la observancia de esos derechos es una exigencia obligada de
la reconstrucción del tejido social y político en la estela de
conflictos; en otros, la propia debilidad de los tejidos
institucionales genera una situación de impunidad.
España y la Unión Europea estarán presentes en la adopción de
decisiones en esos y otros casos con las limitaciones que impone la
situación de observador a que me he referido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Concluye con esto el espacio dedicado a las comparecencias del
Gobierno.
Pasamos a las preguntas. Hay dos que contestará el señor ministro.
Observo que el señor Martínez, autor de la primera, no está presente.
No sé si el Grupo Socialista desearía encontrar alguna fórmula
alternativa o aplazarla hasta que el señor Martínez esté presente.
(Pausa.) Queda aplazada hasta que el señor Martínez esté presente.
Ocurre lo propio con la pregunta del señor Navas Amores, relativa a
las elecciones celebradas en Guinea Ecuatorial. El señor Navas Amores
está ausente. Someteré su ausencia a la Mesa y Junta de Portavoces y
veremos si la pregunta queda decaída o simplemente aplazada.
En cualquier caso, constato que, por ausencia de los dos
preguntantes, el señor ministro tiene una tarea un poco breve esta
mañana.
Señor ministro, gracias de nuevo por su presencia. Estoy seguro de
que contaremos con ella dentro de poco tiempo.
Se suspende la sesión durante un minuto estrictamente. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY
- RELATIVA A SALIDA DEMOCRÁTICA PARA EL PUEBLO DE TIMOR ESTE Y
GESTIONES PARA LA EXCARLEACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001068)
- SOBRE EL PROCESO POLÍTICO PARA UNA SOLUCIÓN PACÍFICA Y DEFINITIVAAL
CONFLICTO DE TIMOR ORIENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/0001456)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley que
figuran en los puntos seis, siete y ocho.
Como SS.SS. saben, la seis y la ocho, que tratan de la situación en
Timor Oriental, las podremos considerar conjuntamente a todos los
efectos y, posteriormente, consideraremos la número siete, relativa a
Angola y el Grupo Unita.
Para la exposición relativa a la proposición no de ley sobre el
pueblo de Timor Oriental, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
De forma breve quería llevar al ánimo de la Comisión un caso, aunque
pequeño desde el punto de vista de su dimensión poblacional y desde
el punto de visto de que no es un caso especial en el mundo,
indicativo de cómo los regímenes políticos dictatoriales pueden durar
en el mundo muchísimos años y con amplia protección por parte de
aquellos que dicen defender los derechos humanos. Me estoy refiriendo
nada menos que al régimen de Suharto, que posiblemente fue una de las
dictaduras más espantosas que vivió Asia en todo el siglo XX. Cabe
recordar que este régimen político de larga duración acabó
descomponiéndose, sin duda por motivos de carácter económico, de
carácter estratégico y también posiblemente porque era inevitable un
cierto cambio formal si no queríamos vernos abocados a una explosión
de carácter mucho más violento. Efectivamente, el régimen de Yakarta,
que se caracterizó por una férrea dictadura e incluso por anexionar
territorios que no le pertenecían, prácticamente está
reconvirtiéndose en estos años problemáticos que vivimos a escala
mundial.
Entre los antecedentes de anexiones ilegítimas y de violencias
armadas figura la invasión de Timor Leste en 1975, que saben ustedes
que era una colonia portuguesa. Desde entonces, la comunidad
internacional, representada genuina y exclusivamente por Naciones
Unidas, ha denunciado el genocidio del pueblo timorense y hecho
balance de miles de víctimas. Pero, a pesar de este espectáculo, las
condenas nunca dejaron de ser formales y no pasaron a la vía de los
hechos. Afortunadamente, ahora hay una situación mejor, desde el
punto de vista del propio régimen y desde el punto de vista
internacional. Por tanto, estamos en el momento oportuno para poder
restituir el derecho internacional, en el caso de Indonesia, y además
intentar que el proceso democratizador, aún controlado hoy en este
Estado, acabe por reconocer el derecho democrático de
autodeterminación para Timor Leste. Y decimos derecho de
autodeterminación que no quiere decir siquiera independencia, sino la
libertad real del pueblo de Timor Leste a decidir en un proceso, en
este caso inevitablmente en las urnas, cuál es su posición y qué
quiere respecto del futuro.
La comunidad internacional, en este momento mucho más comprometida,
más plural desde el punto de vista de la violación de los derechos
humanos, hizo posible que el premio Nobel recayese sobre alguna
autoridad que era proclive a una salida pacífica pero democrática del
conflicto de Timor Leste. Concretamente, son dos personajes
importantes, que tienen un nombre en la cultura portuguesa -no quiere
decir que ésta sea la cultura base de Timor Leste,
sino, como pasa en muchas colonias españolas, que es el idioma
occidental que dejan como otro valor cultural más añadido a estas
zonas-, me estoy refiriendo a don José Ramos-Horta y don Carlos
Felipe Ximénez Belo, cuyos esfuerzos por la paz les llevaron a ser
reconocidos con el premio Nobel en 1996.
Recordarán también que con motivo de la visita del primer ministro
portugués, Antonio Guterres, a este Congreso de los Diputados,
tuvimos ocasión, curiosamente, de escuchar en su discurso la proclama
a favor del derecho de autodeterminación y una salida negociada para
Timor Leste. Quedan, además, el problema del sector independentista y
más vinculado en la lucha armada, que es el del señor Xanana Gusmao,
que está pendiente también de gozar de todos los derechos y
libertades democráticas que corresponden a individuos que fueron
represaliados precisamente en una época dictatorial.
En este contexto, sería bueno que las instituciones del Estado
español se habituasen a ser el mundo en su pluralidad; posiblemente
es normal y legítimo que tengamos una cierta tendencia a lo que
fueron excolonias o lugares en los que la cultura y la civilización
de lengua castellana fue importante, pero ya que estamos en un mundo
cada vez más transnacionalizado y más evidentemente plural aunque
censurado, sería bueno que atendiésemos también a los casos sobre
todo en los que Estados próximos, como el portugués, están empeñados
en hacer un papel a la altura de las circunstancias y paliar cuando
menos los muchos años de colonización que ejercieron sobre estos
países ayudándolos ahora a levantar cabeza.
Nuestra proposición no de ley, por tanto, tiene dos objetivos, que
son, en primer lugar, que los organismos internacionales presionen al
nuevo gobierno de Indonesia que formalmente se presta como más
democrático, más proclive a una salida negociada al conflicto de
Timor Leste, que lleve implícito como derecho democrático el derecho
de autodeterminación, lo cual no sería más que aplicar los mandatos
de Naciones Unidas, vuelvo a repetir, único organismo legitimado
internacionalmente; en segundo lugar, que se hagan las gestiones
posibles para que el nuevo gobierno excarcele a todos los presos
políticos y de forma particular también al líder independentista.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CORTÁZAR ECHEVERRÍA: Señor presidente, el Grupo
Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley y se hizo
una pequeña enmienda técnica en el día de ayer, pero es una
proposición viva.
El señor PRESIDENTE: El grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda sobre su propia proposición. Perdón por el error.
El señor Cortázar tiene la palabra para la exposición de ambas.
El señor CORTÁZAR ECHEVERRÍA: Señor presidente, celebro la
coincidencia básica con la exposición hecha previamente por el
representante del Grupo Mixto;
los argumentos están muy bien traídos, son muy completos y la verdad
es que, repito, la coincidencia es plena y estoy convencido de que el
conjunto de la Comisión va a votar favorablemente esta petición en
defensa de los derechos humanos en Timor Oriental.
Efectivamente, Timor lleva padeciendo un drama más de treinta años en
un proceso típico de descolonización que ha tenido la desgracia de
caer bajo el dominio de un poder dictatorial en un país
extremadamente poderoso, con 117 millones de habitantes, frente a una
pequeña isla que contaba con 800.000 habitantes aproximadamente. Hay
que decir que la política de represión, de expulsiones, de muertes,
de prisión, probablemente ha costado la vida o la desaparición de uno
de cada cuatro ciudadanos del antiguo Timor Leste. En este sentido
hay que señalar que estamos ante una campaña de ocupación y ante una
situación francamente insostenible en la isla.
Es cierto que la opinión pública internacional, promovida en gran
medida por la acción de la antigua colonia que fue desplazada de
Timor, en este caso Portugal, que es quien tiene todavía los títulos
internacionales de soberanía sobre la isla, según la resolución de
Naciones Unidas, ha hecho que este tema no haya caído en el olvido,
así como el sacrificio de los propios pobladores de la isla de Timor.
Tal es así que se ha conseguido el premio Nobel de la paz, como se ha
señalado anteriormente, y hoy día digamos que hay una posición de
alta presión para la resolución pacífica del conflicto en la isla.
En este tema hay tres actores: uno es Portugal, y eso explica que
realmente sea Portugal quien haya llevado más el protagonismo en este
tema como antigua potencia colonizadora; otro actor es Indonesia, que
llevó a cabo una ocupación militar al hilo de la crisis de la
política portuguesa del año 1975, y el tercer actor -que más que
actor es paciente de la situación- es el pueblo de Timor. El fin del
régimen de Suharto abre la posibilidad y la perspectiva de una
solución del conflicto. Parece ser que en Indonesia se ha iniciado
una transición. Esperamos que sea feliz transición hacia la
democracia, y si bien es cierto que todavía continúan unas
limitaciones extraordinarias a las libertades dentro de Indonesia y
en la isla de Timor.
Por eso, nuestra proposición, en coincidencia en lo fundamental con
lo que se ha expresado anteriormente, es algo más completa y abarca
algunos otros puntos que, si les parece, les leo rápidamente. Son
cinco puntos que vienen a decir lo mismo, pero insisto en que abarcan
otros aspectos de una manera más global. Tiene una redacción que a mí
me parece más acorde con las pretensiones que tenemos. El texto
quedaría redactado de la siguiente forma, en los términos de la
proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a seguir ofreciendo su pleno apoyo al secretario general de Naciones
Unidas en sus esfuerzos para conseguir una solución definitiva,
pacífica y democrática al conflicto de Timor Oriental.
Segundo. Ofrecer su asistencia para garantizar una consulta libre,
justa y global a la población de Timor Oriental.
Tercero. Solicitar a las autoridades indonesias la liberación
inmediata e incondicional del líder independentista Xanana Gusmao y
de todos los demás prisioneros políticos timorenses.
Cuarto. Urgir al Gobierno indonesio a reducir su presencia militar en
Timor Oriental y a proceder al desarme y a la disolución de las
milicias civiles para evitar actos de violencia que pudieran poner en
peligro las posibilidades de encontrar una solución pacífica al
conflicto.
Quinto. Hacer un llamamiento a las partes implicadas, abstenerse de
ejercer cualquier tipo de violencia y respetar los derechos humanos y
las libertades fundamentales de la persona.
El punto seis lo considerábamos en nuestra proposición originaria
redundante con el punto primero y, por una mejora técnica, lo hemos
enmendado en el día de ayer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Balletbó tiene la palabra.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Mi grupo encuentra muy oportunas las dos
proposiciones no de ley, pero quiere señalar dos cuestiones. Este es
un tema antiguo, desgraciadamente, y quiero sólo traer a título
documental que el 14 de febrero de 1995, quien nos está presidiendo
en este momento, el señor Rupérez, hacía una pregunta sobre esta
situación en el momento en que se había iniciado una ronda
negociadora en Ginebra que entonces presidía el anterior secretario
general Brutos Brutos-Gali. ¿Por qué traigo esto a colación? Lo
traigo para hacer reflexionar conjuntamente a mis compañeros de que
ese es un tema antiguo. En esos tres años, desgraciadamente, el
número de muertos ha aumentado, la situación ha empeorado y, aunque
es verdad que el sucesor de Suharto, Yusuf Habibie, ha relajado un
poco la situación, también es verdad que estos grupos, llamémosle
paramilitares o como les queramos llamar, que actúan por su cuenta,
están haciendo tremendos estragos.
Después de la presentación de estas dos proposiciones no de ley,
todos los presentes habremos leído en el periódico que el pasado día
7 se produjeron unas cargas tremendas y que el número de víctimas
supera las 25. Por tanto, es una situación absolutamente urgente,
absolutamente patética. En este sentido, sólo quiero añadir que
nosotros, como grupos parlamentarios, mal podríamos desatender una
situación como la de Timor Oriental cuando, por otro lado, estamos
interesados y presionando en otros temas tan razonables, como pueden
ser los temas de Kosovo y de Guinea. No los quiero comparar, todos
tienen sus matices y sus diferencias, pero hay un común denominador
en todos ellos, que es la violación tremenda de los derechos humanos.
El obispo de Bili, Carlos Ximénez Belo, ha hecho un llamamiento en
este sentido, que creo que tenemos que recoger. Yo tuve la
oportunidad de conocer a José RamosHorta, en cuyo libro explica el
drama de más de 30 años de Timor Oriental. Estoy segura de que todos
lo han leído pero si no, yo lo recomiendo. En todo caso, la única
afirmación que yo hago es que me encantaría votar las dos
proposiciones no de ley. Me gustaría que de una forma u otra
tuviéramos un mecanismo para que los dos grupos parlamentarios que
han tenido esta iniciativa pudieran aportar, en una resolución
conjunta, un comunicado que pudiéramos votar todos.
El señor PRESIDENTE: Quería dirigirme a los dos grupos autores de las
correspondientes proposicones no de
ley para preguntarles sobre el particular. Señor Rodríguez, señor
Gortázar, ¿estaríamos en situación de contar con un texto
consolidado, que pudiera recibir el consenso de todos los grupos? Si
no están dispuestos todavía, podemos contar con un cierto tiempo,
pasar al tema siguiente y verlo al final.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nuestra disposición es total a buscar un
texto de consenso y que se llegase a un resultado global, aunque
fuese a partir del texto del Partido Popular. No hay inconveniente
alguno.
El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar.
El señor CORTÁZAR ECHEVERRÍA: Agradezco la disposición de S.S. El
contenido es el mismo. El nuestro es un poco más amplio, pero si
quiere hacer alguna observación, lo vemos en un momento; si no,
procedemos a la votación.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la siguiente manera: como
seguramente tendremos tiempo de acabar con el contenido de esta
sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores antes de la llegada del
secretario general, podemos proceder a las votaciones de todos los
temas pendientes, de éste y de los demás, hacia las doce menos diez o
menos. Entre tanto, rogaría a los representantes de los dos grupos,
en consulta con el Grupo Socialista, que llegaran a un texto que
someteríamos a votación en su momento.
- SOBRE MEDIDAS PARA AYUDAR A RESOLVER EL CONFLICTO QUE ENFRENTA AL
GOBIERNO DE ANGOLAYAL GRUPO UNITA.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001407.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura
con el número 7, de la que es autor el Grupo Socialista del Congreso,
sobre medidas para ayudar a resolver el conflicto que enfrenta al
Gobierno de Angola y al Grupo Unita, para cuya presentación tiene la
palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Hace no muchos días tuve la oportunidad de
exponer en esta misma Comisión la situación de Angola con objeto de
una pregunta realizada al Gobierno, por lo que voy a intentar resumir
de nuevo esta situación sin repetir demasiado los datos. Angola sufre
una confrontación militar con graves consecuencias humanitarias desde
la ruptura del acuerdo de Lusaka. El diálogo entre el Gobierno del
señor Dos Santos, del MPLA, y la Unita, del señor Savimbi, quedó
interrumpido en junio del año pasado, cuando esta última se negó a
cumplir uno de sus compromisos en el acuerdo. La misión de Naciones
Unidas para Angola, Monua, no ha podido realizar sus tareas de
mediación. Las partes se han comprometido públicamente a neutralizar
a su contrario o, si no lo consiguen, a aumentar el enfrentamiento
militar. Se ha hecho caso
omiso de numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, en las que se insta a Unita y al Gobierno a poner fin a la
lucha y volver al proceso de paz. Se han pasado por alto los
esfuerzos regionales y las gestiones bilaterales de mediación. Las
causas inmediatas de este estado de cosas son bien conocidas: están
en la negativa de Unita a cumplir con las disposiciones fundamentales
del protocolo de Lusaka, en el que se exigía que desmilitarizara su
fuerza y permitiera que la administración estatal se extendiera por
todo el territorio nacional. Por su parte, el Gobierno no ha sido
tampoco capaz de ganar apoyo político mejorando las condiciones de
vida de la población. Estas son las causas recientes de una guerra
heredada de la guerra colonial contra Portugal y de un conflicto
alentado por las superpotencias durnate la guerra fría, que ha
derivado, según muchos analistas, en un conflicto éctnico entre los
ovimbundus de la Unita y los imbundus y criollos mulatos del NPLA,
que al parecer sólo están siendo capaces de llegar a un acuerdo
tácito, eso sí, sobre el reparto de la riqueza: el petróleo para unos
y los diamantes para otros.
Este conflicto, que está enquireciendo a mucha gente dentro y fuera
del país, está, a su vez, arruinando la economía del mismo y las
esperanzas de paz de uno de los países potencialmente más ricos del
África subsahariana. Las consecuencias del conflicto son,
desgraciadamente, las mismas que en la mayoría de las guerras de este
fin de siglo. Es una catástrofe humanitaria más. Cientos de miles de
desplazados internos y de refugiados, miles de muertos, víctimas de
la guerra, de las epidemias y del hambre y graves violaciones de los
derechos humanos entre la población civil. De nada han servido los
trabajos, los esfuerzos de Naciones Unidas, los 1.500 millones de
dólares gastados en cuatro años desde el acuerdo de Lusaka y los
esfuerzos de la Unión Europea en el desminado del terreno, programa
que no sólo se ha paralizado sino que hoy se están sembrando
nuevamente los campos de minas antipersonas y además se utiliza el
hambre y la muerte como arma contra el enemigo.
Ante esta situación no podemos quedarnos de brazos cruzados. España
tiene la oportunidad, y desde nuestro punto de vista el deber, de
llenar el vacío de medidadore que ha quedado tras el fracaso de la
misión de Naciones Unidas y el fracaso de la troika mediadora surgida
del acuerdo de Lusaka.
Por esto, presentamos esta proposición no de ley. Queremos que
nuestro país juegue un papel importante en los organismos
internacionales a los que pertenece en relación con la reanudación
del diálogo entre las partes y que la Unión Europea defienda ante
Naciones Unidas la realización de un plan global de actuación en la
zona, puesto que se puede decir que ésta es una región en conflicto
y, además, Angola tiene la posibilidad y el deseo de ser una potencia
regional. Por eso, repito, presentamos esta proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda -lo
adelanto para no tener que tomar la palabra con posterioridad- a
nuestra proposición no de ley, enmienda que vamos a aceptar, ya que
es cierto que, tal y como está redactado el punto 2 de nuestra
proposición, se le daría carta de naturaleza a algo que realmente no
existe con esa terminología, aunque sí existe: el código de conducta
de la Unión Europea sobre el tráfico y venta de armas a los países en
guerra. Es verdad que no es vinculante, sino que es un código de
conducta asumido por la Unión, pero también asumido por los países
individualmente. En todo caso, vamos a aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tal y como la ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que,
efectivamente, ha presentado una enmienda a la proposición no de ley
del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ricoma.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Siempre es interesante que esta
Comisión aborde las problemáticas y conflictos internos que
atraviesan otros países. Su recuerdo constante, la revisión periódica
de los acontecimientos que se van produciendo y el análisis de las
nuevas situaciones que se generan sin duda colaboran a la
sensibilización y a la predisposición a encontrar soluciones,
respuestas a dichos problemas. Antes hemos hablado de Timos y,
desgraciadamente, Angola también es uno de estos países con alto
grado de inestabilidad, y, por tanto, celebramos la presentación de
esta proposición no de ley.
Sentada esta premisa, entendemos que lo que corresponde es intentar
concretar, complementar y rectificar en aquellos puntos de la
proposición que así lo requieran, a fin de poder aprobar un texto lo
más objetivo posible y con el mayor grado de consenso posible. Por
ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta enmienda de
modificación, que la señora Sánchez ya ha dicho que acepta. Le
agradezco este gesto, ya que es una enmienda de modificación que,
basada en el texto original de la proposición que ella ha presentado,
pretende corregir algún matiz de forma y favorecer la interpretación
más objetiva posible de los hechos que sean sucediendo actualmente en
Angola.
Debo empezar a hacer el análisis del texto haciendo una precisión,
dado que el primer punto de la proposición que nos ofrecía el grupo
proponente, quizá por su afán de síntesis, puede conllevar la
asunción de una realidad desvirtuada sobre lo que está ocurriendo en
el país africano, y digo esto porque simplemente se limita a
solicitar al Gobierno que España defienda en el seno de la Unión
Europea un mayor esfuerzo para forzar a las partes en conflicto
a retomar las negociaciones. En primer lugar, diré que España ya viene
tratando de sensibilizar a sus socios comunitarios sobre el deterioro
de la situación en Angola y la necesidad de tomar medidas eficaces al
respecto, si bien nunca está de más redundar en lo que es positivo y,
en segundo lugar -y éste es el apartado que no contenía el texto
original de la proposición-, que la violación de los acuerdos de
Lusaka de 1994 viene siendo ejercida sistemática y unilaterlamente
por la Unita de Savimbi, quien todavía no ha procedido a la
desmilitarización de su ejército ni ha permitido la extensión de la
Administración estatal al territorio ocupado por dicha organización;
contrariamente, el Gobierno de Lusaka sí que ha venido cumpliendo
satisfactoriamente los compromisos asumidos en dicho acuerdo. Esta
circunstancia tiene la suficiente importancia como para que sea
reflejada en la proposición, de modo que entendemos que el primer
punto ganaría en objetividad y fidelidad a la realidad actual, si, al
final de lo propuesto, añadiéramos que los esfuerzos también deben
centrarse en la Unita de Savimbi; para que cumpla inexcusablemente
con las obligaciones asumidas en el protocolo de Lusaka.
Seguidamente, la proposición solicita al Gobierno que inste a la
Unión Europea a que vigile el cumplimiento de la legislación que
prohíbe la exportación de armamento o material de doble uso a países
en guerra. Sinceramente, el comercio y la exportación de armamento no
es algo que levante pasiones en mi grupo ni en mí, personalmente,
pero lo cierto es que no se están produciendo violaciones del
cumplimiento de la legislación en esta materia, entre otras, porque
no existe legislación en esta materia, entre otras cosas, porque no
existe legislación española ni europea ni internacional que prohíba
la exportación de armamento. Por tanto, difícilmente vamos a vigilar
el cumplimiento de una legislación si ésta no existe, y si fuera así,
tal prohibición iría en contra del derecho inmanente a la legítima
defensa individual o colectiva, recogido en el artículo 51 de la
Carta de Naciones Unidas. Lo que sí existen, y sin duda a eso se
refería la señora diputada, son, por un lado, las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU -la 834, de 1 de junio, y la 864, de
15 de septiembre, de 1993-, que prohíben toda venta o suministro de
armas a la Unita, además de otras cosas y, por otro lado, una
declaración del Conejo de la Unión Europea, de 8 de junio del año
pasado -y en ella insistía quizá con mayor esfuerzo-, aprobando un
código de conducta en materia de exportación de armas; pero, como tal
declaración, y como muy bien ha expuesto la señora diputada,
jurídicamente no tiene carácter vinculante. En consecuencia, este
segundo punto de la proposición nos parece, por la forma, inaplicable
y, por tanto, consideramos que no debe figurar en el redactado final
del texto. Por eso, en nuestra enmienda ya lo suprimíamos y volvemos
a agradecer la aceptación que ha tenido por parte del Grupo
Socialista.
Finalmente, quiero manifestar nuestro pleno acuerdo con el tercer
punto, pidiendo al Gobierno que promueva en los organismos
internacionales un plan global de estabilización en la región de los
Grandes Lagos y del África austral. Está claro que el recrudecimiento
de los combates en varias zonas del país, la profunda animosidad y
desconfianza entre el Gobierno y la Unita, la crítica situación
humanitaria, a la que también se ha hecho referencia, con más de
550.000 desplazados interiores, y el hecho de que el pasado 26 de
febrero expirase el mandato de la misión de Naciones Unidas en el
país, con la consecuente retirada de la mayor parte del personal
civil, militar y de policías de esta misión, exigen con mayor fuerza
e intensidad que nunca la celebración de la conferencia de los
Grandes Lagos para elaborar un plan global para la zona e intentar
reducir la situación y poner fin a los conflictos que asolan la
región, si bien hay que matizar la desconfianza por parte de muchos
países que tienen que ser protagonistas en esta conferencia. De todos
modos, obligados estamos a intentar salvar estas dificultades.
Por todo lo expuesto, convencidos de que, en el fondo, coincidimos en
los planteamientos y sabiendo de la aceptación de nuestra enmienda
por parte del grupo proponente, sólo solicitaremos a los demás grupos
que se adhieran a este consenso.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, el texto que será sometido a votación
será el presentado por el Grupo Popular en forma de enmienda a la
proposición original del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No quiero dejar pasar la oportunidad de
manifestar públicamente el apoyo del Bloque Nacionalista Galego,
sobre todo a esta enmienda transaccional. Lo hacemos conscientes de
que estamos ante un caso en el que, afortunadamente, el Gobierno
español mantiene, por los motivos que sea, una posición correcta, una
posición de acuerdo con lo que debe ser una línea de actuación
internacional, conforme al derecho y conforme, sobre todo, a los
resultados electorales.
Quiero recordar que el régimen del presidente Dos Santos tiene
incluso el aval democrático de unas elecciones controladas
internacionalmente. Por tanto, no es de recibo que el sector del
señor Savimbi lleve manteniendo una guerra civil cruenta durante
muchísimos años, que fue amparada por Occidente precisamente para
deteriorar un régimen que era pro socialista, cuando existía la Unión
Soviética; ahora, que en absoluto existe una economía planificada
stricto sensu, sería bueno que las urnas, si hablan, fuesen
respetadas. Respecto de los acuerdos de Lusaka, celebro que se deje
claro que por quien son violados es por Savimbi. El conflicto no se
puede extraer de algo más amplio que está ocurriendo en el centro de
África y que, desgraciadamente, lleva a que no se consientan
fácilmente los regímenes políticos dispuestos al diálogo e incluso a
la sumisión a muchos Estados occidentales, sino que se quiere el
acoso y derribo y poner prácticamente títeres en muchos Estados de
África. Por tanto, bienvenida sea esta proposición no de ley, que
mantiene la mínima objetividad requerible en política internacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
DICTAMEN SOBRE:
- ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE Y ENMIENDA AL ACUERDO DE
EXPLOTACIÓN DE INMARSAT, ADOPTADAS POR LAASAMBLEA DE INMARSAT EL 24
DE ABRILDE 1998, EN SU DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES, CELEBRADA EN
LONDRES. (Número de expediente 110/000228.)
- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
DE ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE JULIO DE 1998. (Número de
expediente 110/000229.)
- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO RELATIVO A
LA SUPRESIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN EN CASO DE CORRECCIÓN DE LOS
BENEFICIOS
DE EMPRESAS ASOCIADAS, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE DICIEMBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000230.)
- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y AUSTRALIA RELATIVO A LA ENTRADA Y ESTANCIA
EN VIAJES DE CORTA DURACIÓN DE AUSTRALIANOS EN ESPAÑA Y ESPAÑOLES EN
AUSTRALIA, HECHO EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número de
expediente 110/000231.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LITUANIA,
RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN
MADRID EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número de expediente 110/000232.)
- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, HECHO AD REFERENDUM EN BRUSELAS EL
26 DE JULIO DE 1995. (Número de expediente 110/000233.)
- ACUERDO DE APLICACIÓN PROVISIONAL ENTRE DETERMINADOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DEL CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE
DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA
UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS,
HECHO AD REFERENDUM EN BRUSELAS EL 26 DE JULIO DE 1995. (Número de
expediente 110/000234.)
- PROTOCOLO, ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DELARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LAUNIÓN EUROPEA, RELATIVO ALAINTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER
PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DEL CONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS, Y DECLARACIÓN RELATIVAA LAADOPCIÓN
SIMULTÁNEADELCONVENIO RELATIVO A LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN A EFECTOS ADUANEROS Y DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA
INTERPRETACIÓN DE DICHO CONVENIO, CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL
TRIBUNALDE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, FIRMADOS AD
REFERENDUM EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de
expediente 110/000235.)
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE CANADÁ, LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA, EL GOBIERNO DEL JAPÓN, EL
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN RUSA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA RELATIVO A LA COOPERACIÓN SOBRE LA ESTACIÓN ESPACIAL CIVIL
INTERNACIONAL, E INTERCAMBIO DE CARTAS ANEJAS ALACUERDO SOBRE LA
ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL, HECHO EN WASHINGTON EL 29 DE ENERO
DE 1998. (Número de expediente 110/000236.)
- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
FEDERACIÓN RUSA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
YPROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 16 DE DICIEMBRE DE 1998. (Número de
expediente 110/000237.)
- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE BULGARIA PARA LA COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN SOFÍA EL 21 DE JULIO DE 1998. (Número de
expediente 110/000238.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA AL CONVENIO NÚMERO XX SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN
EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE
MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000239.)
- ACUERDO DE COLABORACIÓN YCOOPERACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
COLABORACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS,
POR UNAPARTE, YLAREPÚBLICADE TURKMENISTÁN, POR OTRA, Y ACTA FINAL,
HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE MAYO DE 1998. (Número de expediente 110/
000241.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE BÉLGICA, LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, LA REPÚBLICA FRANCESA, EL GRAN DUCADO DE
LUXEMBURGO, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL
REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA HELÉNICA, LA
REPÚBLICA DE AUSTRALIA, EL REINO DE DINAMARCA, LA REPÚBLICA DE
FINLANDIA, EL REINO DE SUECIA, PARTES CONTRATANTES DEL ACUERDO Y DEL
CONVENIO DE SCHENGEN
Y LA REPÚBLICA DE ISLANDIA Y EL REINO DE NORUEGA, RELATIVO A LA
SUPRESIÓN DE LOS CONTROLES DE PERSONAS EN LAS FRONTERAS COMUNES,
HECHO EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996. (Número de expediente
110/000242.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHIPRE SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MADRID EL 20 DE
ENERO DE 1999. (Número de expediente 110/000243.)
- INSTRUMENTO DE ENMIENDAALACONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONALDELTRABAJO, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE JUNIO DE 1997
(Número de expediente 110/000244).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la discusión, votación y eventual
aprobación de los dictámenes sobre convenios internacionales, que
cubren, como SS.SS. habrán observado de los puntos 9 al 24, ambos
inclusive. En primer lugar, invito a los grupos parlamentarios que
indiquen sobre cuáles de los dictámenes que figuran en el orden del
día van a pedir la palabra.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Señor presidente, en el dictamen
sobre las enmiendas al convenio constitutivo de la organización del
Inmarsat (punto número 9) y muy brevemente sobre los puntos 10 y 17.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señor presidente, yo agruparía de la manera
más breve posible los puntos 13, 14, 15 y 16; sobre todo, los tres
últimos de manera global.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación adicional? (Pausa.)
Yo invitaría al señor Solé Tura a hablar sobre Turkmenistán. ¿Le
parece bien?
El señor SOLÉ TURA: Faltaría más.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación adicional? (Pausa.)
El señor DE CÁCERES BLANCO: Haría una referencia muy breve al
convenio sobre Kazajstán, quizá por alusión al tema de Turkmenistán,
que es interesante; los otros versan sobre el convenio de transporte
internacional por carretera con Chipre y la adhesión a los Tratados
de Schengen por parte de los países escandinavos que no son miembros
de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: ¿Dónde está Kazajstán? Yo había visto
Turkmenistán, pero no había visto Kazajstán.
El señor DE CÁCERES BLANCO: No tengo la lista.
El señor PRESIDENTE: Señor Cáceres, no está en el orden del día, pero
en el momento en el que aparezca Kazajstán le invitaré a usted a que
tome la palabra.
La Presidencia piensa humildemente que el punto número 22 tiene su
importancia por cuanto se establecen una serie de medidas de
flexibilización de fronteras entre Islandia, Noruega y el resto de
los países miembros de la Unión Europea. No sé si algún grupo querría
ilustrar a la Comisión sobre el contenido de la enmienda a la
constitución de la Organización Internacional del Trabajo, hecho en
Ginebra el 19 de junio de 1977. Pero como es el último punto, tenemos
tiempo para que SS.SS. consideren y mediten si vale la pena tomar la
palabra sobre ese último punto.
Comenzamos con los puntos 9, 10 y 17.
Tiene la palabra el señor soriano para su exposición.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Intervendrá muy brevemente. En
referencia al punto número 9, el 5 de septiembre de 1978 España
ratificó el convenio constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite, Inmarsat, así como el
acuerdo de explotación de la organización Inmarsat, hecho en Londres
el 3 de septiembre de 1976. Este convenio originario ha tenido
sucesivas enmiendas en los años 1985, 1989 y 1994. En estos momentos
ha sido objeto del debate sobre las enmiendas del año 1998 adoptadas
y confirmadas en la asamblea de Inmarsat en su duodécimo período de
sesiones, celebrado en Londres el 20 de abril de 1998. Las enmiendas
adoptadas en esa fecha suponen una importantísima modificación en la
organización de Inmarsat, dado que, en un entorno crecientemente
competitivo, con varios sistemas de comunicaciones personales por
satélite en avanzado estado de gestión, se estimó que la estructura
actual de Inmarsat estaba desfasada, por lo cual el objeto de estas
enmiendas es desarrollar las futuras actividades de Inmarsat como una
empresa de responsabilidad limitada sujeta a la legislación del Reino
Unido y supervisada por una pequeña estructura intergubernamental. Se
pretende por ello, en definitiva, una mayor flexibilidad en la
estructura de esta compañía, lo cual lleva a una nueva estructura
constituida en dos órganos fundamentales que son la asamblea y la
secretaría, dirigida por un director. La entrada en vigor de las
enmiendas se producirá 120 días después de que el depositario haya
recibido notificaciones de aceptación de dos tercios de los Estados
que fuesen partes y representara dos tercios cuando menos de la
participación de la inversión total. En consecuencia, y tratándose de
unas enmiendas que van a posibilitar una mayor flexibilidad en el
funcionamiento de este organismo, es por lo que solicitamos el voto
favorable.
Por lo que se refiere al punto número 10, acuerdo de transporte aéreo
entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid
el 15 de julio de 1998, será aún más breve, señor presidente, puesto
que en el anejo de este convenio (que en sí trata de las líneas
generales de lo que son los convenios aéreos que se adoptan
normalmente con arreglo a unos patrones en los que están de acuerdo
todas las partes) se especifican unas rutas que pueden operar
servicios desde puntos en España a Ljubljana y viceversa, y las
empresas aéreas eslovenias podrán operar servicios desde puntos de
Eslovenia a Madrid o Barcelona y
viceversa. En base a ello, la compañía Adria Airways, que comenzó sus
servicios a España en la temporada del verano de 1995, realiza
actualmente dos vuelos semanales entre Ljubljana y Barcelona. En
definitiva, se trata de un convenio más de tráfico aéreo con arreglo,
como he dicho, a los patrones legalmente aceptados en los demás
convenios.
Por último, respecto al punto número 17, se trata del acuerdo entre
el Gobierno de Canadá y los gobiernos de los Estados miembros de la
Agencia Espacial Europea, el Gobierno del Japón, el Gobierno de la
Federación Rusa y el Gobierno de los Estados Unidos de América
relativo a la cooperación sobre la Estación Espacial Civil
Internacional e intercambio de cartas anejas al acuerdo sobre la
Estación Espacial Internacional, hecho en Washington el 29 de enero
de 1998. Fundamentalmente, se trata de incorporar a tres nuevos
invitados, Rusia y dos Estados miembros de la Agencia Espacial
Europea que no habían participado en 1988, Suecia y Suiza. Las
observaciones que en el curso de las negociaciones hicieron los
representantes españoles fueron tenidas en cuenta, y en el nuevo
texto del acuerdo sobre la Estación Espacial Internacional, el
acuerdo de aplicación provisional anejo al mismo, así como el
intercambio de cartas entre los jefes de las delegaciones
negociadoras europea, rusa y norteamericana sobre la interpretación
que estas partes en el acuerdo dan al término fines pacíficos, fueron
hallados conformes con el derecho internacional vigente y con las
normas de derecho interno relativas a los tratados internacionales.
En consecuencia, el objeto de este acuerdo es establecer un marco de
cooperación internacional a largo plazo entre los Estados firmantes
para el diseño detallado, desarrollo y utilización de una estación
espacial civil internacional permanente, tripulada con fines
pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.
La participación española en al Estación Espacial Internacional se
inscribe dentro de la participación de la Agencia Espacial Europea en
la misma y supone el 2 por ciento de ella. Para que SS.SS. tengan un
mayor conocimiento, les diré que las participaciones más grandes son
las de Alemania, con un 31 por ciento; Francia, 27,6, e Italia, 18,9.
Las aportaciones económicas se realizarán en un período que se
extiende desde 1996 hasta el año 2004 y ascienden a 2.651,2 millones
de unidades de cuenta, MAU en sus siglas inglesas. En condiciones
económicas constantes de 1995, un MAU equivale a 159 pesetas.
Por consiguiente, la partida presupuestaria correspondiente a la
contribución anual española a la agencia Espacial Europea se incluye
todos los años en los presupuestos del Ministerio de Industria y
Energía, siendo de 17.578 millones de pesetas en el presente año.
Sin más, y recabando el voto favorable de SS.SS. a estos tres
tratados internacionales, finalizo mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Para los números 13, 14, 15 y 16 entiendo que
era el señor Gil Melgarejo el que quería intervenir.
El señor GIL MELGAREJO: El punto 13 habla del acuerdo entre el Reino
de España y la República de Lituania, relativo a la readmisión de
personas en situación irregular. Este acuerdo responde al interés
mutuo en regular de
forma vinculante la inmigración, fundamentalmente entre LItuania y
España.
Este acuerdo se enmarca dentro del convenio de aplicación del Acuerdo
de Scengen, en el que, como bien se sabe, la lucha contra la
inmigración ilegal constituye la prioridad básica, siendo este tipo
de acuerdo uno de los instrumentos jurídicos más eficaces para
desarrollar dicha prioridad.
Los puntos 14, 15 y 16 hacen referencia a un convenio establecido
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea,
relativo a la utilización de la tecnología de la información a
efectos aduaneros.
El punto 15 habla de una aplicación provisional mientras no surta
efecto el convenio y el punto 16 se refiere al protocolo relativo a
la interpretación, con carácter prejudicial, por parte del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, de este convenio; convenio
que en su esencia viene a significar una colaboración clara entre los
países de la Unión Europea para dotarse de un sistema tecnológico de
información centralizado con terminales en todos y cada uno de los
países de la Unión Europea, con unos condicionantes que se establecen
a lo largo del desarrollo normativo de estos convenios.
Esto es todo, señor presidente, señorías, para lo que les pido el
voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Para los puntos 11, 12 y 18, el señor Milián
tiene la palabra.
El señor MILIÁN MESTRE: El primer punto versa sobre el convenio
relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de
Finlandia y del Reino de Suecia al convenio relativo a la supresión
de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de
empresas asociadas. Forma parte simplemente de la formación de los
convenios anteriores como miembros de la Comunidad Europea para
eliminar esta supresión de imposición en caso de corrección de
beneficios de estas empresas. En este caso supone simplemente la
ampliación a tres países que no estaban cuando se hizo el convenio,
el 3 de julio de 1990. Por lo tanto, se añaden el Reino de Austria,
de Finlandia y de Suecia, nuevos miembros de la Comunidad Europea.
Esta adhesión se ha formalizado mediante convenio el 12 de diciembre
del año 1995, suprimiendo, pues, la doble imposición en caso de
corrección de beneficios y poniéndose a la par de lo que son los
otros Estados participantes de la Unión Europea. Por lo tanto, es un
convenio de trámite.
El segundo se trata de un acuerdo entre España y Australia por el que
se concuerdan una serie de acuerdos y ventajas respecto a la
movilidad de los viajeros españoles y australianos en los países
respectivos. Se aprobó el 28 de octubre de 1998 por el Consejo de
Ministros y lo que, en definitiva, establece es el régimen de
supresión de visados, tanto para españoles como para australianos en
uno y otro país. Cosa curiosa es que el Estado español, al ser
miembro del Acuerdo de Schengen, aplica el convenio en los primeros
tres meses de exención de visado. Sin embargo, en el supuesto de que
su permanencia sea de seis meses o bien que la permanencia sea de
personas afectadas a negocios e intereses, se exige el visado
correspondiente; es decir, se amplía una serie de ventajas existentes
entre otros países con respecto a España y de España con otros países
y de
alguna manera se facilita a los australianos su presencia entre
nosotros, dado el creciente negocio e interés que se da entre las
partes.
Por último, el tercer convenio afecta al Gobierno del Reino de España
y al Gobierno de la Federación Rusa para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio. El protocolo está hecho el 16 de diciembre de
1998 y es uno de los más completos e interesantes que se han
realizado por convenio entre nuestro país y Rusia, aunque ya existían
casos anteriores en tratamientos de materias parejas. Concretamente
en circulación aérea, en circulación por transporte, etcétera. Pero
en este caso es un documento muy completo, en el cual España pone en
conocimiento de Rusia y Rusia en conocimiento de España aquellos
ciudadanos de cada una de las respectivas naciones que operan en
negocios e intereses en los países correspondientes. En el caso de
España, afecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al
impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre el patrimonio, a los
impuestos locales sobre renta y patrimonio, etcétera, denominados en
el documento impuestos españoles. Por lo que se refiere a Rusia,
afectan a los impuestos sobre rentas o beneficios de empresas y
organizaciones, al impuesto sobre la renta de las personas físicas,
al impuesto sobre patrimonio y sociedades y al impuesto sobre el
patrimonio a través de las personas físicas. Se establecen una serie
de condiciones para los que son residentes o no, para las rentas
inmobiliarias, para el ajuste de los beneficios de las empresas
asociadas, para los que son propiamente beneficios empresariales,
para lo que son dividendos extraídos de esos beneficios dadas las
inversiones e intereses correspondientes a créditos, para ganancias
del capital, para rentas derivadas de servicios personales
independientes, para participaciones en consejos de administración,
etcétera, al objeto de que no tengan discriminación alguna con
respecto al tratamiento en terceros países donde existen convenios
parecidos y dada la presencia constante y progresiva de lo que son
los intereses comunes en negocios, tanto por parte de los rusos en
España como de los españoles en Rusia.
Estos son los tres tratados para los que pido la aquiescencia de
todas SS.SS.
El señor PRESIDENTE: El señor Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: En relación con el punto 21 del orden del día,
que se refiere al acuerdo de colaboración y cooperación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de
Turkmenistán, el Grupo Socialista anuncia que votará a favor porque
considera, por un lado, que este acuerdo cubre un vacío existente
después de la disolución de la Unión Soviética y, por otro lado,
porque entra en un terreno de novedad, entendiendo que va a cooperar
para que la República de Turkmenistán supere sus puntos oscuros y
entre en un terreno nuevo de cooperación, tanto en el económico como
en el político, puesto que el acuerdo habla muy explícitamente de la
necesidad de una democracia con elecciones libres, de apertura, de
modernización tecnológica y de cooperación para la prevención y
control de migración legal, del crimen organizado y del tráfico de
drogas. Por consiguiente, desde ese punto de vista,
creemos que es un paso adelante, que además está en la línea de los
acuerdos que están estableciendo sistemáticamente las Comunidades
Europeas y desde ese punto de vista creo que interesa también a
nuestro país. Por eso votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna intervención más sobre esto?
(Pausa.)
Con ello llegamos al final de los debates sobre los dictámenes de
convenios internacionales y nos quedan las votaciones. Habíamos
quedado en que votaríamos sobre las doce menos diez, pero creo que no
es estrictamente necesario esperar, ya que estamos aquí básicamente
todos los que somos. Vamos a proceder a la votación.
Querría preguntar previamente a los grupos Mixto y Popular si han
llegado a ponerse de acuerdo sobre un texto para el Timor oriental.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, llegamos al acuerdo de
una transaccional entre las dos proposiciones no de ley, que es el
texto formulado por el Grupo Popular como enmienda a su propia
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Será ése el texto que pongamos a votación.
Procedemos a las votaciones.
En primer lugar, votación de la proposición no de ley relativa al
pueblo de Timor oriental, con el texto sometido a la consideración de
la Comisión por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre la proposición no de ley de la que originariamente era
autor el Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para ayudar a
resolver el conflicto que enfrenta al Gobierno de Angola y al grupo
Unita, en la versión de la enmienda a dicha proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre el punto número 9 del orden del día, enmiendas al
Convenio constitutivo de la Organización Internacional de
Telecomunicaciones Móviles por Satélite y enmienda al Acuerdo de
explotación de Inmarsat, adoptadas por la Asamblea de Inmarsat el 24
de abril de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con una abstención.
Punto número 10, Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España
y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 11, Convenio relativo a la adhesión de la República de
Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al
Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de
corrección de los beneficios de empresas asociadas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 12, Acuerdo entre España y Australia relativo a la
entrada y estancia en viajes de corta duración de australianos en
España y españoles en Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre
de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 13, Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Lituania, relativo a la readmisión de personas en situación
irregular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 14, Convenio establecido sobre la base dell artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la
tecnología de la informacion a efectos aduaneros.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 15, Acuerdo de aplicación provisional entre determinados
Estados miembros de la Unión Europea del Convenio establecido sobre
la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a
la utilización de la tecnología de la información a efectos
aduaneros.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 16, Protocolo relativo a la interpretación por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio
relativo a la utilización de la tecnología de la información a
efectos aduaneros y la declaración relativa a la adopción simultánea
del Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la
información a efectos aduaneros y del Protocolo relativo a la
interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 17, Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los gobiernos
de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno
de Japón, el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de los
Estados Unidos de América, relativo a la cooperación sobre la
estación espacial civil internacional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 18, Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la Federación Rusa, para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 19, Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la República de Bulgaria, para la cooperación en la lucha
contra la delincuencia.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 20, Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República Popular China al Convenio número XX, sobre la
obtención de pruebas en el extranjero, en materia civil o mercantil.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 21, Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se
establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Turkmenistán, por
otra.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 22, Acuerdo de cooperación entre Bélgica, Alemania,
Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España, Portugal, Grecia,
Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia, países contratantes del
Acuerdo y del Convenio de
Schengen, y la República de Islandia y el Reino de Noruega, relativo
a la supresión de los controles de personas en las fronteras comunes.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 23, Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Chipre, sobre transporte internacional por carretera, hecho en Madrid
el 20 de enero de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 24, instrumento de enmienda a la constitución de la
Organizacion Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de
junio de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Así llegamos al final del orden del día de esta sesión de la Comisión
de Asuntos Exteriores.
Les pediría que a las doce menos diez, más o menos, ocuparan sus
asientos, para recibir al secretario general de las Naciones Unidas,
que llegará al rededor de las doce. Tendremos una sesión con él, que
consistirá en unas palabras del secretario general de las Naciones
Unidas y posteriormente un diálogo con los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios. Originariamente estaba prevista la
sesión únicamente con la Mesa y los portavoces, pero me parece que la
ocasión merece que sea toda la Comisión la que reciba al secretario
general de las Naciones Unidas. Por tanto, pediría a todas SS.SS. que
estuvieran presentes y que incluso aquéllas que en este momento no
están fueran invitadas a participar en esta importante sesión. (El
señor Robles Fraga pide la palabra.)
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: ¿Qué duración tiene prevista esta sesión?
El señor PRESIDENTE: Como mucho, calculo que a la una y cuarto, si no
antes, la sesión con el secretario general habrá acabado.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cuarenta minutos de la mañana.