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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 661, de 23/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 661
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 23 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la planta desaladora de Carboneras. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001389)
... (Página 19216)
- Relativa a la declaración de interés general de los riesgos del
bajo Ter y la regulación del Tordera.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001190)
... (Página 19219)
- Sobre actuaciones hidráulicas en el río Mero. Presentada por el
mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/001261)
... (Página 19221)
- Por la que se insta al Gobierno a la creación en el Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de una comisión técnica para la
realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental y sanitaria
del entorno de la ría de Huelva, a elaborar un plan de recuperación
integral de la misma y a poner en marcha en la ciudad de Huelva un
centro de I+D sobre contaminación industrial y procesos de corrección.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/001380) ... (Página 19224)
- Por la que se insta al Gobierno a realizar un nuevo plan de
actuaciones en las playas del litoral de Málaga. Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/001237) ... (Página 19228)
- Relativa a la concesión para la realización de obras en el dominio
público marítimo terrestre de la isla de A Creba, en el término
municipal de Muros (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/001190) ... (Página 19231)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
- RELATIVA A LA PLANTA DESALADORA DE CARBONERAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001389.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comienzo la sesión correspondiente al
día de hoy, que es la número 35, con el debate y votación de las
siguientes proposiciones no de ley. La primera es la relativa ala
planta desaladora de Carboneras. El autor de esta iniciativa es el
Grupo Socialista del Congreso. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz, doña Cristina Narbona.
Por cierto, señorías, las votaciones van a tener lugar no antes de la
una.
La señora NARBONA RUIZ: La proposición que hoy defiende mi grupo
tiene que ver con una situación de extrema gravedad en relación con
la disponibilidad de agua en la provincia de Almería, y en particular
en la comarca del Campo de Níjar, donde la extracción de este recurso
se lleva a cabo a partir de un acuífero de características muy
especiales, diferentes a las de otros acuíferos del litoral español
donde va contribuyendo paulatinamente a su destrucción en la medida
en que se compactan sus paredes y, por tanto, se inutiliza cara al
futuro en su capacidad de almacenamiento. (Rumores.) Esta
característica hace extremadamente grave la evolución reciente en
cuanto al incremento de las hectáreas de regadío y al aumento de la
población estacional, ligada a la actividad turística de la costa del
cabo de Gata, y desde hace algún tiempo está siendo...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Narbona. Señores diputados, les
ruego que hablen lo más bajo posible porque dificultan la exposición
de la portavoz socialista.
La señora NARBONA RUIZ: Como estaba diciendo, está siendo necesitada
de una actuación de carácter urgente, entre otras cosas, por la
progresiva contaminación y salinización de dicho acuífero. Quienes
tienen relación con la actividad agrícola y están preocupados, en
general, por la conservación del entorno del cabo de Gata se vieron
sorprendidos de forma grata cuando el Gobierno de la nación,
en diciembre de 1997, anunció un ambicioso plan de actuaciones
hídricas para la provincia de Almería. (Rumores.) En diciembre de
1997, el secretario de Estado de Aguas y Costas anunció que Almería,
provincia, recibiría...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Narbona. Señores diputados, les
ruego que mantengan silencio y ocupen sus asientos. Ya lo he tenido
que avisar dos veces y la portavoz socialista sólo lleva dos minutos
de intervención. Si tienen algo urgente que comentar pueden salir.
Continúe, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Estaba diciendo que la gravedad del problema
del Campo de Níjar en cuanto al abastecimiento de agua se vio en
alguna medida dentro de una expectativa favorable a partir de
diciembre de 1997 cuando el actual Gobierno anunció un ambicioso plan
hídrico para el conjunto de la provincia, inicialmente contemplado
una cuantía de inversiones de 72.000 millones de pesetas para
distintas obras y posteriormente con la clarificación en cuanto al
origen de esa inversión, de forma que la inversión quedaba situada en
el entorno de los 69.000 millones de pesetas con una aportación
pública que se veía compensada y complementada por una cuantía de
20.000 millones de pesetas con cargo a los usuarios del agua a través
de la creación de la empresa Acusur. Este plan hídrico para la
provincia de Almería, un año y medio prácticamente después, todavía
no ha conllevado ninguna inversión concreta, lo cual ha venido
generando la lógica tensión y las lógicas expectativas, hasta ahora
frustradas, en cuanto a la solución de los problemas más urgentes de
la provincia. En cualquier caso, en los últimos días incluso la
preocupación ha aumentado en la provincia de Almería al conocerse que
el Gobierno de la nación ha aprobado un acuerdo con la empresa Acusur
que reduce de manera significativa la inversión pública que se va a
destinar a la provincia de Almería en materia de agua, de forma que
la aportación de los usuarios privados pasa de los inicialmente
20.000 millones de pesetas a 29.000 millones de pesetas para el
conjunto de las obras hidráulicas y con una repercusión todavía
desconocida en términos de coste del agua, a pesar de que se ha
insistido, de forma reiterada por parte del Gobierno, que en ningún
caso la aportación privada llevaría consigo un incremento
significativo del precio del agua.
Pero lo que nos ocupa en esta proposición no de ley, aunque se
enmarque en ese contexto de lógica preocupación ante un plan que
todavía no se está desarrollando en
la práctica y que tiene, además, la referencia de otras actuaciones
de sociedades estatales en España donde tampoco se ha producido hasta
la fecha ninguna inversión con el modelo de cofinanciación que en
estos momentos propone el Gobierno para la inversión hidráulica, en
el caso concreto que nos ocupa de la planta desaladora de Carboneras,
esta es una iniciativa que se anuncia incluso con anterioridad a la
aprobación del plan hídrico para Almería, puesto que existe una
central eléctrica de Endesa que está capacitada para desalar agua de
mar en sus propias instalaciones por la vía de la cogeneración y de
la complementariedad de la generación de energía eléctrica. Este es
un proyecto largamente acariciado que, sin embargo, hasta la fecha no
se conoce en sus contenidos exactos, por lo que en estos momentos
parece urgente que Acusur dé a conocer a la opinión pública en
Almería el contenido del acuerdo con la empresa Endesa y, sobre todo,
cuáles van a ser sus consecuencias, puesto que, por supuesto, la
participación de la inversión privada en esta operación tendrá mucho
que ver en la repercusión en los costes del agua desalada que tendrán
que soportar los usuarios futuros. Hasta ahora sigue siendo una
incógnita y en los últimos días se ha conocido que en el diseño que
resulta del reciente acuerdo del Consejo de Ministros en relación con
el desarrollo de Acusur aparece la previsión de que el 75 por ciento
de las obras de la desaladora sea cubierto con fondos europeos.
Existe cierta duda sobre la viabilidad de ese porcentaje de
cobertura, teniendo en cuenta que ello significaría que la totalidad
de la aportación pública quedaría compensada con fondos europeos.
Hasta la fecha los fondos europeos han contribuido en un máximo del
75 por ciento, del 80 por ciento incluso en los fondos de cohesión,
pero respecto del importe soportado por las aportaciones públicas, no
respecto del conjunto de los costes de una actuación, como parece
anunciarse en las declaraciones del consejero delegado de Acusur.
En cualquier caso, nosotros pedimos al Gobierno en esta proposición
no de ley, en primer lugar, que se haga público de una vez el acuerdo
entre Acusur y Endesa, acuerdo que entendemos que debe ya existir
puesto que se han llevado a cabo los estudios previos para la
construcción de la planta desaladora y que hay un proceso de
negociaciones que, según el responsable de Acusur, permitiría dentro
de pocos meses el inicio de la planta desaladora. Por tanto, damos
por supuesto que existe ese acuerdo y que puede ser puesto en
conocimiento de los almerienses. En segundo lugar, pedimos que el
Gobierno lleve a cabo las actuaciones precisas, como parece ser su
voluntad, en cuanto a que bien con cargo a fondos europeos, bien con
cargo al Ministerio de Medio Ambiente, el precio del metro cúbico del
agua desalada sea tal que pueda ser incorporado al régimen de costes
de la agricultura de la comarca, sin perjuicio para los titulares de
concesiones de derechos del agua. Por tanto, lo que queremos
básicamente es que de una vez se aclara la situación de una inversión
largamente anunciada, sobre todo que se aclare en términos de precio
del metro cúbico del agua y de plazo de la ejecución de las obras; y
cuando digo plazo de la ejecución de las obras, por supuesto, no me
refiero sólo a la obra estricta de construcción de la planta
desaladora sino a las obras complementarias que permitirán que el
agua desalada sea aprovechada
por los agricultores, puesto que no basta con tener la planta para
que se beneficien del agua desalada. Estas dos son las cuestiones que
planteamos en nuestra proposición no de ley y que esperamos que
cuenten con el apoyo de los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Aesta proposición se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz don Manuel Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, voy a contestar a la proposición
no de ley del Grupo Socialista relativa a la planta desaladora de
Carboneras, Almería.
Haciendo un poco de historia, a finales de diciembre de 1997 el
Gobierno anunció la ejecución de un plan de actuaciones hídricas en
la provincia de Almería, a la vez que se dio un plazo de seis meses
para concretar en qué consistiría dicho plan, y a finales de junio de
1998 el Ministerio de Medio Ambiente, en una visita de doña Isabel
Tocino, presentó el plan hídrico específico de la provincia de
Almería. El plan de la Confederación Hidrográfica del Sur del que se
habla en el enunciado de la proposición no de ley, aprobado en 1995,
no fue puesto en marcha pero tenía un horizonte de realización entre
10 y 20 años, y el plan hídrico específico de la provincia de
Almería, puesto en marcha por el Gobierno popular, es más amplio y el
plazo de ejecución no sobrepasa los cuatro años. El Gobierno
presidido por José María Aznar anunció la constitución de la sociedad
Acusur, sociedad aprobada por Consejo de Ministros el 26 de junio de
1998 y constituida el 29 de julio del mismo año. Acusur, desde su
inicio, ha desarrollado un trabajo constante tendente a tener todo a
punto para actuar a la mayor prontitud para desarrollar el plan
hídrico de Almería. El Consejo de Ministros del pasado día 18 de
marzo de 1999 dio vía libre a la firma del convenio regulador de las
relaciones entre la Administración del Estado y la sociedad estatal
Aguas de la Cuenca del Sur. Dice bien la portavoz del Grupo
Socialista que se está ejecutando en esta legislatura un conjunto de
depuradoras de la zona del poniente almeriense; ello es debido, sin
duda, a que el Gobierno socialista se mostró inoperante y ha tenido
que ser el Gobierno del Partido Popular el que lo haga realidad. Es
curioso que los diputados socialistas de la provincia de Almería no
se hayan dado cuenta, hasta la llegada del Gobierno popular, de la
gravedad de los problemas hídricos de su provincia, máxime después de
haber estado trece años y medio gobernando España. Naturalmente que
el problema del agua en Almería exige respuestas urgentes, muy en
particular en el levante de la provincia y especialmente en el Campo
de Níjar, por eso es por lo que el diputado que está haciendo uso de
la palabra fue promotor, en la legislatura pasada, de la proposición
no de ley, que tenía por objeto instar al Gobierno de la nación a la
creación de plantas desaladoras en el litoral almeriense que paliaran
el déficit hídrico provincial y que deberían ubicarse una en
Carboneras y otra en el término municipal de Almería capital. Esta
proposición no de ley fue aprobada por unanimidad de la Comisión y
con una enmienda del Grupo Socialista que consistió nada más y nada
menos que en cambiar el verbo cubrir por el de paliar, pero ha tenido
que ser durante el Gobierno del Partido Popular cuando se ha
tomado en serio el hacer las dos citadas desaladoras. La de Almería
capital ya está en ejecución y está previsto que antes de un año
suministrará agua a su término municipal y dejará de beber 20
hectómetros cúbicos de los pozos de la Rambla Bernal del Campo de
Dalías. Se comprende el malestar de los agricultores del Campo de
Níjar y sorprende que esas reivindicaciones no se hayan realizado por
el Ayuntamiento de Níjar, si por su alcalde ni por alguna concejala
hoy día diputada por mi provincia durante, repito trece años y medio
de Gobierno socialista. Los gobernantes del Partido Popular y los
diputados populares sí han tenido y tienen muy en cuenta las
necesidades hídricas de la provincia, y es por ello que desde hace
tiempo venimos demandando soluciones, trasvases, embalses y
desaladoras, y ahora que gobierna el Partido Popular se están
acometiendo los proyectos necesarios para que en el transcurso de
cuatro años esté realizado el plan hídrico provincial y esté paliado
en gran parte el grave problema de la falta de agua en la provincia
de Almería.
Entrando en los puntos de la proposición no de ley que estamos
debatiendo he de puntualizar que, sobre el acuerdo con Endesa, la
empresa Acusur, de capital social íntegramente público, está sometida
en la licitación de sus obras a las normas sobre publicidad y
concurrencia de la Ley de Contratos del Estado. Por tanto, en
cumplimiento de la legalidad vigente y cuando llegue el momento de
abordar las obras de la desaladora de Carboneras y la conducción de
las aguas desaladas a los puntos de consumo, la empresa Acusur
convocará concurso de proyecto y explotación, concurso de suministros
de equipos críticos de desalación, tecnología específica de la
desalación, concurso de obra civil de desaladora y de conducción a
impulsión, con las debidas garantías legales de publicidad y
concurrencia; además, los proyectos deben ser aprobados técnicamente
por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio
Ambiente. Respecto a la cuantía de agua desalada, está previsto
construir una desaladora de agua de mar cuya capacidad de producción
estará entre 42 y 84 hectómetros cúbicos/año. La capacidad de
producción que definitivamente se establezca depende de cuál sea la
demanda real, es decir, de los convenios que estén dispuestos a
firmar los potenciales usuarios constituidos en agrupaciones con
personalidad jurídica y con derecho de uso de aguas públicas
reconocido por la Administración. En cuanto al plazo de ejecución,
cuando se contraten las obras tras la resolución de los
correspondientes concursos, la propuesta de la mesa de contratación y
la adjudicación subsiguiente por el consejo de administración de
Acusur se establecerá un plazo de ejecución de las obras no superior
a un año. En relación con los requisitos medioambientales, se
realizarán todos los análisis ambientales y estudios de impacto
ambiental que sean precisos para cumplimentar la legislación vigente
de las administraciones autonómica y nacional y las directivas
europeas, cada una en el ámbito de su competencia. Conviene recordar
que la resolución positiva de los estudios de impacto ambiental es
requisito previo imprescindible para la redacción de los respectivos
proyectos de construcción. Respecto al precio del agua, he de
advertir a la señora diputada firmante de la proposición no de ley
que el agua en estado líquido se mide por unidades de volumen, es
decir en metros cúbicos, y que, por tanto, la
doble referencia al precio en metro cuadrado que se plantea en ambos
puntos de la proposición no de ley es tan sólo un error. En primer
lugar, hay que decir que Acusur no tiene entre sus fines sociales la
obtención de beneficios y, en consecuencia, el precio final del agua
que mediante su gestión se suministre a los usuarios ha de ser igual
o menor que el que resultaría de cualquier otro tipo de explotación.
En segundo lugar, no existe ningún precio de referencia de aguas
públicas en esa zona sencillamente porque no hay aguas públicas en
esa comarca, y precisamente por eso hay que recurrir a la desalación
de agua de mar. Las aguas privadas existentes en la zona tienen gran
dispersión de precios en función de su procedencia, de sus
características analíticas e incluso de la distinta época del año, y
en ningún caso son susceptibles de compararse por idoneidad para el
riego, uniformidad y garantía de suministro con las procedentes de la
desalación. Aclarado esto, hay que explicar que el precio del agua en
alta procedente de la desalación tiene dos componentes: uno, coste de
explotación, es decir, coste de desalación, elevación, transporte y
mantenimiento de instalaciones, que ha de salir del concurso de
explotación al que antes hice referencia. Esa debe ser la componente
más importante del precio del metro cúbico de agua. La segunda
componente es el de las obras, que varía sustancialmente en función
de los fondos europeos no amortizables que puedan asignarse al
proyecto de construcción, de forma que si no existiesen tales fondos
el precio del agua desalada estaría por encima de lo aceptable, pero
si se obtienen para este fin fondos de suficiente cuantía el importe
amortizable se reduce y puede imputarse en parte a cada hectárea con
garantía de suministro pesetas/hectárea/año y en parte al metro
cúbico suministrado, sin que represente un encarecimiento
considerable del precio de explotación dicho anteriormente. Por
tanto, no es posible en este momento determinar con exactitud el
precio por metro cúbico, pero se prevé que el precio final no
sobrepasará la cantidad de 70 pesetas/metro cúbico para la comarca de
Níjar, incluida Rambla Morales.
Para permitir nuevas aportaciones, tanto nacionales como de fondos
europeos, una enmienda del Partido Popular en el Senado a la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999
declaró esta actuación como obra de interés general del Estado; de
esta manera se reducirá considerablemente la inversión precisa y el
coste de capital soportado por el agua desalada.
Los dos puntos de la proposición no de ley entiendo que han quedado
sobradamente aclarados respecto del acuerdo entre Acusur y Endesa:
condiciones que podrán variar el precio del metro cúbico, la cuantía
de agua desalada, el plazo de ejecución de las obras y los requisitos
...
El señor PRESIDENTE: Señor Arqueros, le ruego que vaya resumiendo.
El señor ARQUEROS OROZCO: Ya estoy terminando.
Aparte de lo manifestado sobre el plan hídrico específico de la
provincia de Almería, en concreto sobre Carboneras, he de manifestar
que el Consejo de Ministros del 18 de marzo de 1999 fija la cantidad
de 65.000 millones de pesetas porque ya se ha restado el importe de
la desaladora de
Almería capital; por tanto, la cifra sigue siendo constante de 72.000
millones de pesetas. Por otro lado, he de puntualizar que los
usuarios de las aguas para riego no van a aportar cantidad alguna ni
van a adelantar dinero; ese tanto por ciento del que se habla en el
Consejo de Ministros del pasado 18 lo aportará totalmente Acusur, y
estas cantidades serán recuperables en el plazo de 25 años vía
tarifas.
No obstante lo expuesto y por la necesidad de seguir trabajando en
beneficio de Almería, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
modificación que consideramos una mejora técnica y, de ser aceptada,
el texto quedaría redactado como sigue: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que a través de la sociedad estatal Acusur
agilice al máximo los estudios previos para la construcción de la
planta desaladora de Carboneras y defina, en su caso, un precio de
metro cúbico de agua desalada para los usuarios en las mejores
condiciones de competitividad posibles.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? Alos efectos
de aceptar o no la enmienda tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: El señor Arqueros ha cometido alguna
imprecisión en su intervención. Simplemente recordaré que la
iniciativa de que la planta desaladora de Carboneras sea declarada
obra de interés general fue solicitada por el Grupo Socialista
bastante antes de que llegara al Senado y afortunadamente para ese
momento el Partido Popular hubiera cambiado su actitud inicial según
la cual una planta desaladora no tenía por qué declararse obra de
interés general. En ese momento nos manifestamos satisfechos de ese
cambio de actitud, pero las cosas hay que recordarlas como han sido y
no como hubiera sido deseable que fueran en su momento. Por otra
parte, en los tres años que el Gobierno actual lleva ejerciendo el
poder, efectivamente la única obra importante que se está haciendo en
la provincia es la referida de las depuradoras de poniente, cuya
construcción se inició el final del Gobierno socialista y que va
avanzando con extraordinario retraso. El resto son de momento
promesas y compromisos en lo que se refiere al desarrollo de Acusur,
que no ha puesto todavía una sola piedra y que, por tanto,
difícilmente en cuatro años, a contar del momento en que se anuncia
este plan ambicioso para la provincia de Almería, podrá haber
solucionado, como dice...
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, sólo tiene la palabra los
efectos de aceptar o no la enmienda.
La señora NARBONA RUIZ: Por supuesto, pero hay cuestiones que son
inexactas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pero el debate se va a eternizar.
La señora NARBONA RUIZ: En cualquier caso, para aceptar o no la
enmienda tiene mucho que ver, señor presidente, el hecho de
clarificar en qué contexto nos encontramos. Estamos en 1999 y la
planta desaladora de Carboneras,
según nos explica el portavoz, todavía tiene pendiente los
estudios correspondientes, que nos pide que aceptemos la enmienda de
sustitución, y todavía no se sabe cuál va a ser el precio definitivo
del metro cúbico; está pendiente el establecimiento de los convenios
con los usuarios, que son los que darán lugar a la cuantía efectiva
del agua desalada. Entiendo que hay que instar al Gobierno, como dice
el señor Arqueros, a que se agilice al máximo la obra de la planta
desaladora, a pesar de la rapidez que anunciaba el consejero de
Acusur.
Por lo que se refiere a la primera parte de la enmienda de
sustitución del señor Arqueros, no cabe más remedio que aceptarla
puesto que es evidente que todavía estamos en un momento muy
incipiente del diseño de la operación. Ahora bien, le pediría al
señor Arqueros que para poder aceptar su enmienda haya un acuerdo de
los grupos políticos de la Cámara sobre una actuación que es
extremadamente importante. En la segunda parte de su enmienda nos
pide que aceptemos una frase que dice: «y que el Gobierno defina, en
su caso, un precio del metro cúbico del agua desalada para los
usuarios en las mejores condiciones de competitividad posibles».
Señor Arqueros, yo le agradecería que en aras de un acuerdo retire la
expresión «en su caso», porque «defina, en su caso, un precio
competitivo» significa que puede no darse esa definición, algo que es
absolutamente intolerable para los usuarios del agua en la comarca de
Níjar. Si se retira la expresión «en su caso», y queda
suficientemente claro -que aquí no lo está-que el Gobierno hará todo
lo posible por que el precio del agua de la desaladora de Carboneras
sea competitivo, estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda de
sustitución.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué tiene usted que decir, señor Arqueros,
sobre esa precisión que plantea la portavoz socialista?
El señor ARQUEROS OROZCO: Respecto a la precisión, tengo que decir
que la enmienda que se aprobó en el Senado fue del Partido Popular,
no del Grupo Socialista. Y respecto a la expresión «en su caso»,
estoy de acuerdo con la portavoz socialista, doña Cristina Narbona, y
en suprimirla.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Queda aceptada la enmienda.
- RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LOS RIEGOS DEL BAJO
TER Y LA REGULACIÓN DEL TORDERA. PRESENTADAPOR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001190)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, les propongo un
cambio en el orden del día por iniciativa del señor Pérez de Tudela.
Si no hay ninguna oposición por parte de los portavoces de los grupos
parlamentarios, la proposición número 6, relativa a la declaración de
interés general de los riegos del bajo Ter y la regulación del
Tordera, presentada por el Grupo Socialista y que además notiene
enmiendas, pasaría a debatirse a continuación.
¿Algún portavoz no está de acuerdo con esta alteración del orden del
día? (Pausa.) No habiendo oposición a esta alteración, vamos a
debatir esta proposición. Para su defensa tiene la palabra el señor
Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en nombre del Grupo Socialista voy a defender la
proposición no de ley relativa a la declaración de interés general de
los riegos del bajo Ter y la regulación del Tordera.
El pasado 24 de febrero tratamos en esta Comisión una proposición no
de ley pareja a ésta que se refería a los ríos Besós y Llobregat en
la provincia de Barcelona. Hoy tratamos ésta sobre los riegos del
bajo Ter y la regulación del Tordera. Quedan pendientes dos
proposiciones más, que son parejas también, la 161/0001191 y la 161/
0001192, que se refieren a aspectos asimilables de las provincias de
Tarragona y Lérida, para las que nuestra propuesta era de tratamiento
conjunto por economía procesal de tiempo y por coherencia, pero sin
alcanzar a comprender el motivo por nuestra parte alguien en la Mesa
se negó a su tratamiento conjunto. Atendiendo a la resolución de la
Mesa, trataremos de la proposición que nos ocupa, con la esperanza de
que en el tiempo que transcurra entre el tratamiento de estas dos y
las siguientes el partido que sustenta el Gobierno y el partido que
le da soporte para gobernar lleguen a un acuerdo para incorporar
aquellos olvidos sobre Cataluña que se produjeron en el decreto de
declaración de obras hidráulicas de interés general.
Señor presidente, el 24 de febrero exponía en la Comisión unos
aspectos particulares que avalaban la propuesta y unos genéricos.
Éstos, que son válidos para todas y cada una de las propuestas, se
basan en las condiciones que pone el Ministerio de Medio Ambiente
para establecer la necesidad de declarar una obra de interés general,
y cabe destacar las obras necesarias para la regulación y conducción
al objeto de garantizar la disponibilidad y el aprovechamiento de las
aguas de la cuenca, las obras necesarias para hacer frente a
fenómenos catastróficos como inundaciones, sequías y otras
situaciones excepcionales que afectan al aprovechamiento, protección
o integridad de los bienes de dominio público hidráulico, y las obras
necesarias para la prevención de avenidas y para el encauzamiento y
defensa. Hecho este preámbulo, dejen que haga una referencia al
ámbito geográfico que abarca la proposición que hoy nos ocupa, ámbito
que se circunscribe a la provincia de Gerona y que trata de hacer
realidad los riegos de la margen derecha del río Ter y la regulación
del Tordera, para los que en su día se construyó la presa de Colomers
para la regulación de los canales de distribución de agua de riego.
Señor presidente, el día 24, al hablar de la proposición sobre los
ríos Besós y Llobregat, entiendo que por una rigurosa interpretación
del Reglamento usted no me concedió la palabra para hacer una
aclaración sobre las intervenciones de señor Sedó, de Convergència i
Unió, y del señor Posada, del Partido Popular. Ello me obliga, porque
viene a colación, a hablar de ello. El señor Sedó basaba su
argumentación en que la propuesta no contemplaba otras circunstancias
de Cataluña, y ponía el ejemplo de los ríos Francolí y Ter. En el
primer caso, el señor Sedó debería saber que habla de una...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, usted sabe que una
alusión a un interviniente en un debate anterior, que además no se
encuentra presente en la sala, está fuera de lugar y provoca
indefensión precisamente del señor Sedó, aparte de que se aparta de
la cuestión. Esta Presidencia siempre hace un estricto uso de
interpretación del Reglamento aplicado desde la forma más generosa
posible, y usted lo sabe, y hoy ha dado una prueba más con la
alteración del orden del día. Yo le ruego, señor Pérez de Tudela, que
se atenga al objeto de la cuestión, pues no me parece oportuno ni
elegante que se hagan referencias a diputados que no están presentes.
Señora Aramburu, le ruego que se mantenga en silencio porque en esta
sala hay dificultades de sonoridad y ello dificulta la intervención
de los portavoces.
El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Señor presidente, no es una alusión
personal sino a las palabras que dijo y que hacen referencia a lo que
hoy hablamos, como usted verá. Si acaso, si usted quiere quito los
nombres. Se hablaba de una obra presupuestada que hoy debía estar
ejecutada, pero lamentablemente no se ha materializado todavía. El
segundo caso lo tratamos hoy. Si se hubieran estudiado las cuatro
proposiciones en una sola sesión, no se hubiera dado el caso, al
parecer, de desconocimiento que se produjo, porque si no fuera por
desconocimiento tendríamos que convenir en que había un cierto nivel
de mala fe en ese sentido, y no creo que fuera ese el caso, sabiendo
que después no había turno de réplica. En lo que a proyectos se
refiere, los hay, y si no fuera así, una respuesta con voluntad
política sería la de proponer la confección de los proyectos
correspondientes, bien sea por parte del Estado, bien sea por parte
de la Generalitat de Catalunya. El Partido Popular nos remitía a la
Ley de Aguas, la actual y la que está en borrador de proyecto o
proyecto de borrador, según se mire, y a la posible colaboración
entre fuerzas políticas para sacarla adelante. Otro aspecto que
planteaba era el competencial y el cariz voluntarista de la propuesta
que se traía a votación.
En lo que al primer punto se refiere, saben SS.SS. del esfuerzo que
está haciendo el Grupo Socialista para posibilitar el acuerdo.
Supongo que saben de las conversaciones y de las condiciones para que
ese pacto sea posible. Se lo resumiré. Ese pacto necesario, porque no
se puede ni se debe sacar adelante una ley de aguas sin consenso,
será posible si se atienden las necesidades de revisión de la ley
sobre la base de la normativa europea, planteando además las
especificidades y características de nuestro país, y si se eliminan
todas aquellas puertas que abren la privatización de un mercado del
agua. La cuestión de competencias y de voluntarismo o no de la
propuesta se resuelve con voluntad política, pero claro está, les
comprendo, si su socio no les achucha ¿por qué se van a molestar?
Señor presidente, comprenda que hago estas consideraciones para
evitar que hoy me remitan a los mismos argumentos, que como se puede
deducir se corresponden poco con lo que estamos tratando, ante el
planteamiento político de que se atiendan adecuadamente las
necesidades hidráulicas de Cataluña, cosa que no se hizo en el famoso
decreto y que no se quiso rectificar o complementar con la
tramitación por ley, por lo que no se pudo de esta forma dar res
puesta
positiva, añadiendo las necesidades que había. No se puede responder
con evasivas. Está claro que ni unos ni otros habían previsto las
necesidades de Cataluña, y les cuesta reconocerlo, pero no tardará
mucho en plantearse por parte del Gobierno una propuesta para
solucionar este agravio. Lo digo hoy, 23 de marzo de 1999. Sin ir más
lejos, el miércoles de la semana pasada en el Parlament de Catalunya
se trataron estos temas y se reconocieron algunas cosas importantes,
fruto sin duda de esta iniciativa del Partiti dels Socialistes de
Catalunya presentada por el Grupo Socialista en el Congreso que hemos
tratado, estamos tratando y seguiremos tratando, como se puede
deducir de lo que les voy a relatar. Se dijo también que por parte de
la Generalitat se está negociando la declaración de interés general
para un paquete de obras hidráulicas de las cuencas internas de
Cataluña, y se reconoció que previo a la redacción del decreto no se
habían movido, no se habían enterado.
Señor presidente, bien está si bien acaba. Nuestra propuesta es clara
y abierta. Si hay voluntad política, podemos buscar y encontrar forma
y manera de dar solución al agravio que plantea resolver nuestra
propuesta.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición con respecto a
esta iniciativa? Por parte del Grupo Popular tiene la palabra su
portavoz, don Antonio Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Decía don Alfredo Pérez de Tudela que el
Partido Popular tenía sumido en un cierto olvido a Cataluña. Yo creo
que no. Lo que es evidente es que el señor Pérez de Tudela expone sus
argumentos ahora casi en soledad, sin la presencia de personas del
Grupo Parlamentario Socialista, y en el momento de empezar su
intervención absoluta soledad. Es decir, que esto de la preocupación
por Cataluña va por barrios, depende del momento oportuno.
Mi intervención va a ser breve porque estamos en presencia de una
proposición no de ley de las que podríamos llamar de campanario o
para quedar bien con aquellas personas que se mueven bien en su
circunscripción electoral, pero hay un asunto fundamental, y es que
la ejecución de las actuaciones en materia de prevención de riadas y
en asuntos de riegos, concretamente del Baix Ter y la regulación del
Tordera, en virtud del ordenamiento legal vigente es competencia de
la Comunidad Autónoma de Cataluña, y no está previsto, como no podía
ser de otra manera, que el Ministerio de Medio Ambiente, ejerciendo
una especie de despotismo ilustrado, se meta en todas las cuestiones
en las que las comunidades autónomas tienen facultades en uso de su
autogobierno por la Constitución española y el desarrollo
reglamentario posterior. Es fácil adivinar por mis palabras que el
Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a esta proposición no de
ley, como no podía ser de otra forma. Señor presidente, señorías, hay
una permanente ida y vuelta, parece como si esto fuese un flujo y
reflujo de las aguas por los procedimientos de regulación de
avenidas, que vienen muy al caso; hay un intento permanente de
ejercer esa especie de despotismo ilustrado, esa especie de tutela
sobre la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas por
parte del Grupo Parlamentario Socialista. España es el Estado de las
autonomías, y no el Estado de
las autonomías vigiladas o tuteladas; por tanto, en el momento en que
se transfieren unas ciertas competencias, las comunidades autónomas
tienen la responsabilidad y la capacidad de llevar adelante sus
políticas en aquellas materias que tienen transferidas. De hecho así
es, lo cual no obsta para que exista una coordinación y un acuerdo
entre las comunidades autónomas y la Administración central del
Estado. Y pongo el caso de Canarias. Cuando se hace un catálogo de
todas las obras, que en Canarias todavía es más complicado pues por
la fragmentación insular existen obras de interés general del Estado,
obras de interés regional y obras de interés insular, una vez se
analizan las necesidades y se hace un catálogo de las obras, a través
de un acuerdo o de un convenio se define qué obras van a ser objeto
de interés en cada una de las esferas de actuación de la
Administración y se ejecutan. Eso está ocurriendo ahora en Canarias y
puede ocurrir, de hecho estoy convencido de que ocurre exactamente
igual en Cataluña. Por tanto, ese intento de que la Administración
del Estado, en este caso particular el Ministerio de Medio Ambiente,
sea una especie de responsable subsidiario de la política de
conservación de la naturaleza, de la política hidráulica, de todas
las políticas que afectan al Ministerio, revela que no se ha
entendido bien la España de las autonomías y un cierto afán
intervencionista del PSOE que siempre manifestó en el pasado, sólo
que siempre ha sabido disimularlo con una cierta habilidad.
Por consiguiente, es absolutamente evidente que tal proposición de
ley no procede. Estoy convencido de que la Generalitat de Cataluña no
aceptaría una intromisión de ese calibre. Donde tiene que actuar el
Partido Socialista es justamente en la comunidad autónoma para
conseguir que se consensúen las obras de interés general y que deben
ser responsabilidad directa de la Generalitat. Esa es la acción
política en Cataluña, y lo otro son simplemente habilidosas
manifestaciones para quedar bien con los electores de la
circunscripción.
- SOBRE ACTUACIONES HIDRÁULICAS EN EL RÍO MERO. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001261)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora al debate de la
proposición no de ley sobre actuaciones hidráulicas en el río Mero,
cuyo autor es el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra
doña Carmen Marón, Portavoz del Grupo Socialista.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, el tema que traemos hoy a debate,
relativo al saneamiento integral del río Mero y recuperación de sus
márgenes y riberas, lleva ya un largo camino recorrido -tres largos
años de gestiones entre las distintas administraciones, un amplio
dossier de prensa, una gran sensibilización social-, pero la realidad
es que el ambicioso proyecto impulsado por los alcaldes de la
Mancomunidad de municipios de A Coruña, con el peso específico -hay
que decirlo- del alcalde de Cambre, está todavía sin realizar. Para
situarnos, el río Mero junto con el Barces, a través del embalse de
Cecebre y de la estación de
tratamiento de La Telva, abastecen el suministro de agua a la ciudad
de ACoruña y a toda la mancomunidad de municipios, un total de 10 con
una población de cerca de 400.000 habitantes. En febrero de 1996 se
inician los trámites para la solicitud de ayuda de fondos de
cohesión, que se concretan en el programa operativo de medioambiente
local, los programas Pomal. Se elaboran proyectos y se ponen en
marcha los mecanismos entre administraciones (ayuntamientos de la
Mancomunidad, Junta de Galicia, Confederación Hidrográfica del
Norte), proyectos que se concretan en dos actuaciones: una,
denominada saneamiento y recuperación de márgenes y riberas, que
incluye varios colectores, la estación de bombeo y conducción de
impulsión desde Barcala al Burgo, enlazando con el saneamiento de A
Coruña hasta el emisario de Bens, recuperación de márgenes y riberas,
con limpieza de cauces, restauración de puentes y pasarelas, así como
recuperación de sendas peatonales. Y una segunda actuación de
ordenación hidráulica del Mero desde la presa de Cecebre a la
desembocadura en el mar de la ría del Burgo, respetando el cauce
actual y sus riberas, un tramo aproximado de 10 kilómetros para
protección y defensa de inundaciones en caso de fuertes avenidas.
En diciembre del año 1996, y en virtud de la Ley 13/1996, de medidas
fiscales, administrativas y de orden Social, se declaran de interés
general del Estado estas obras, asumiendo el Ministerio de Medio
Ambiente su realización a través de la Confederación Hidrográfica del
Norte, a cuyo organismo el Ministerio de Medio Ambiente autoriza para
la redacción y tramitación de la asistencia técnica necesaria para
este proyecto de acondicionamiento hidráulico del Mero desde Cecebre
hasta su desembocadura, con un presupuesto, según concreta dicho
organismo, de 2.500 millones de pesetas. La autorización del proyecto
de saneamiento y recuperación de márgenes y riberas, que corresponde
a la Xunta de Galicia, también es remitida a dicha Confederación
Hidrográfica, ya que la confluencia de ambos proyectos requieren una
coordinación imprescindible en base a su compatibilidad. La clara
indefinición y demora de los proyectos entre la Xunta de Galicia y la
Confederación Hidrográfica del Norte hace que la diputada que les
habla formulara una pregunta escrita, y la respuesta del Gobierno
confirma lo expuesto concretando que la compatibilidad está pendiente
de dicha asistencia técnica, que debe hacer, como he dicho, la
Confederación Hidrográfica del Norte, y no tenemos conocimiento de
que se haya materializado todavía. También el Grupo Socialista, a la
vista de las demoras, ha presentado una enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado de 1.000 millones de pesetas, que no fue
admitida, pese a que tanto el consejero de Política Territorial, que
en esos días del debate presupuestario visitaba el río con los
alcaldes, como el mismo presidente de la Xunta de Galicia anunciaron
enmiendas a los presupuestos de su partido para poder materializar
este proyecto, que, como es evidente y natural, sólo se ha
materializado en excelentes declaraciones recogidas en los medios de
comunicación pero ninguna conclusión práctica hemos tenido.
Señorías, es lamentable que un proyecto de esta envergadura, que
tenía una financiación de los programas Pomal de 750 millones de
pesetas, se haya perdido porque el plazo para certificación de obras
terminaba en este año que estamos,
en el año 1999. Es lamentable que la falta de coordinación entre
administraciones mantenga sin saneamiento, sin red de colectores y
sin bombeo todo el cauce del río, con muchísimos núcleos urbanos en
su entorno cuyos vertidos van a sus aguas. Es también lamentable que
una zona de una belleza natural extraordinaria, con infinidad de
especies arbóreas, con interesantes colonias de aves, con humedales
de gran riqueza ornitológica, situada al borde de la masa marina del
Atlántico, no se recupere de un modo integral, primero, por
salubridad y, segundo, para disfrute de los ciudadanos.
Por tanto, pido el voto favorable para esta proposición no de ley en
sus tres puntos concretos que resumo: Primero, definir la
compatibilidad o no de los proyectos. Segundo, realizar de manera
coordinada Xunta de Galicia y Confederación Hidrográfica los
proyectos referidos. Y tercero, que se arbitre la dotación
presupuestaria adecuada que permita su materialización. Estoy segura,
señorías, de que los 10 alcaldes afectados -cinco del Partido
Socialista, cuatro del Partido Popular y uno independiente-
agradecerán el apoyo de SS.SS., pero mucho más los ciudadanos que
esperan con ansiedad la realización de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado tres
enmiendas, dos del Grupo Mixto y una del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Como suele pasar muchas veces con los
nombres de lugares y de ríos de Galicia, el anonimato encubre una
importancia crucial que no es suficientemente conocida por la opinión
pública, especialmente la del Estado español. El río Mero puede
parecer un río anónimo y pequeño a los aquí presentes, pero no es ni
más ni menos que el río que conforma la ría de O Burgo, que da lugar
a la amplia bahía de A Coruña. Además pasa por una zona que será
recordada por los lectores de Wenceslao Fernández Flórez, en concreto
en lo referido a aquel bosque animado que fue objeto de una
realización cinematográfica, y como se situó la presa de Cecebre, de
donde bebe prácticamente toda la mancomunidad de ACoruña y que habla
del gran caudal hídrico de este río anónimo.
Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego sólo tienen dos
intenciones, que no son ni contradictorias ni siquiera modificativas
del aspecto sustancial de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista. La primera -y hace poco acabamos de
escuchar al representante del Grupo Popular hablar del marco
competencial de las comunidades autónomas- va destinada a dejar
claro, sin ningún tipo de ambigüedades, que el río Mero, que
transcurre enteramente por Galicia y que es una cuenca en la que
tiene total marco competencial la Xunta de Galicia, debe estar
determinado prioritariamente por ésta en cuanto a todas las
actuaciones que allí se realicen. En este sentido es por lo que en el
punto primero pensamos que ganaría la proposición no de ley en cuanto
a la vehiculación de la coordinación de las dos administraciones si
se pudiese la expresión «y a través del diálogo con la Xunta de
Galiciallegue a un acuerdo con ésta sobre el carácter complementario
y compatible de ambos proyectos y sus posibilidades de coordinación».
Pensamos que, al margen de que la Confederación Hidrográfica del
Norte pueda tener competencia en obras que se declaren de interés
general, no es nada dudoso que estas obras se realizarían en lugares
y medios que son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. En
este sentido queremos recordar que esta obra de interés general debía
haber figurado ya en muchos de los presupuestos que de forma graciosa
y amplia el Gobierno español concedió prácticamente a todas las
partes del Estado, excepción hecha de Galicia. La cifra de 250.000
millones de pesetas que tuvimos que aprobar en los plenos de la
Cámara son ilustrativos de la marginación de Galicia en ese sentido.
La última cuestión que planteamos es una enmienda de adición para que
quede claro que, en todo caso, el tercer punto va en función de que
las obras puedan comenzar lo antes posible, por dos argumentos que el
grupo proponente da en su exposición de motivos: primero, el carácter
urgente desde el punto de vista medioambiental y, segundo, que gran
parte de la financiación provendría de fondos de la Unión Europea.
Por todo ello presentamos las dos enmiendas que, vuelvo a repetir, no
cambian para nada el carácter sustancial de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista y esperamos que esta iniciativa sea apoyada
unánimemente por la Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra don Ángel Pintado para defender las enmiendas presentadas
a esta proposición.
El señor PINTADO BARBANOJ: Con la máxima brevedad voy a exponer la
enmienda que nuestro grupo plantea a la iniciativa del Grupo
Socialista sobre las actuaciones en el río Mero. En el fondo, esta
iniciativa del Grupo Socialista parte lógicamente de dos principios.
Uno es la necesidad de esa actuación, importante por lo que los
portavoces y la propia documentación que nos ha sido facilitada por
el Ministerio tiene en esas actuaciones en el río Mero. La otra
cuestión de fondo, que es la que en definitiva condiciona la
posibilidad del desarrollo del mismo proyecto, es la compatibilidad
entre los dos proyectos, uno perteneciente a la Xunta de Galicia y
otro al marco competencial en este caso del Ministerio de Medio
Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Norte. En
cualquier caso, nos parece que aprobar la iniciativa tal como viene
reflejada por el Grupo Socialista sería un acto de voluntarismo, y
creo que desde el punto de vista político puede ser perfectamente
asumible pero no desde el punto de vista técnico. La señora Marón ha
reconocido que la Dirección General de Obras Hidráulicas tiene
encargada el pliego de base para la asistencia técnica de la
redacción del proyecto que en este caso nos ocupa. Nuestra postura,
que se plasma en la enmienda que presentamos, es que se continúe con
la mayor celeridad posible la redacción definitiva de este proyecto
para que, a partir de ese momento, se pueda definir el régimen de
compatibilidad en cuanto a su ejecución material. De otra manera, con
independencia de que se pueda hablar de una mayor o menor urgencia en
la redacción definitiva de ese proyecto, no entenderíamos que pudiera
salir adelante.
Paso a leer directamente nuestra iniciativa en cuanto a la enmienda:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe con la
máxima celeridad las acciones emprendidas por la Confederación
Hidrográfica del Norte para contratar la asistencia técnica necesaria
para elaborar el proyecto de acondicionamiento hidráulico del río
Mero entre la presa de Cecebre y su desembocadura, necesario para
poder desarrollar posteriormente dicho acondicionamiento y determinar
en todos sus aspectos la compatibilidad de este proyecto con el de
saneamiento integral del río Mero, que es competencia de la Xunta de
Galicia.
El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Marón tiene la palabra a los efectos
de aceptar o rechazar las enmiendas que han presentado el Grupo Mixto
y el Grupo Popular.
La señora MARÓN BELTRÁN: Yo quisiera hacer una breve mención a las
enmiendas que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. La
relativa al primer apartado nos parece bastante lógica. El señor
Rodríguez, como buen lingüista, ha conseguido una mejor redacción en
el apartado que trata de la compatibilidad, por lo que no habría
inconveniente en aceptarla. En cuanto a la segunda, al mismo punto,
que habla de coordinación con la Xunta de Galicia, nos parece que ya
está recogida en el sentido de los apartados de la proposición no de
ley. Por lo que se refiere al punto tercero, también de adición,
relativo a que comiencen lo antes posible las obras, no hay ningún
inconveniente en aceptarlo puesto que es el deseo que tenemos todos y
se podrían arbitrar cauces para lograr una redacción que así lo
expresara.
En cuanto a la enmienda que presenta el Partido Popular quiero dejar
aquí constancia de la preocupación de mi grupo porque algún diputado
conocedor de la realidad del medio gallego, ya no digo de la
provincia de A Coruña, defienda este tema. Tengo que decir que parece
lamentable, puesto que se habla de él como si no interesara, como si
no fuera preocupación del Gobierno que en este momento rige los
intereses del Estado y también los de Galicia. Con todos mis respetos
al señor diputado que ha tenido que defender este tema, quiero
mostrar mi queja.
Por la enmienda presentada compruebo que la asistencia técnica está
sin contratar, lo que nos suponíamos. Yo me pregunto: ¿cuánto tiempo
más tenemos que esperar para que esta asistencia técnica se contrate
por los cauces adecuados, pueda materializarse y así contabilizar los
proyectos? Esa pregunta ha quedado en el aire, nadie la ha contestado
ni nadie ha hablado de tiempos.
Como es cierto que la fuerza de los votos es imprescindible para
sacar adelante los proyectos, yo le pediría al ponente que concretara
en este caso los tiempos para contratar la asistencia técnica con lo
que no habría duda en aceptar la enmienda que presenta. Espero su
respuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Pintado, por la
contrapropuesta de doña Carmen Marón.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, lo único que pediría es
que en el transcurso de la Comisión pudiéramos entablar conversación
con la señora Marón para llegar a un acuerdo en esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, el diálogo siempre es bueno y más
en esta ocasión donde el acuerdo parece tan cercano.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN EN EL CENTRO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) DE UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA
REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y
SANITARIA DEL ENTORNO DE LA RÍA DE HUELVA, A ELABORAR UN PLAN DE
RECUPERACIÓN INTEGRALDE LA MISMAYAPONER EN MARCHA EN LA CIUDAD DE
HUELVA UN CENTRO DE I+D SOBRE CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y PROCESOS DE
CORRECCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001380)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
relativo a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
la creación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de una comisión técnica para la realización de un diagnóstico
sobre la situación ambiental y sanitaria del entorno de la ría de
Huelva, a elaborar un plan de recuperación integral de la misma y a
poner en marcha en la ciudad de Huelva un centro de I+D sobre
contaminación industrial y procesos de corrección. (La señora Urán
González pide la palabra.)
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, la diputada de mi grupo
parlamentario que va a hacer las veces de portavoz en esta iniciativa
ha tenido que salir un momento. Le pediría a la Mesa y al resto de
los grupos, si no hay inconveniente y tienen aquí a los ponentes, que
viéramos el punto siguiente, que también es de nuestro grupo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo tiene algún inconveniente en la
alteración del orden del día? Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Yo voy a ser el ponente en esta
proposición no de ley y, como el señor presidente sabe, no soy
miembro de esta Comisión, quiere decirse que he venido exclusivamente
a defender este tema. Ya se cambió el orden del día en una ocasión,
alterándolo y retrasando la proposición, ahora nuevamente se propone
otro retraso, pero yo tengo que asistir a otra Comisión. A mí no me
importaría en absoluto esperar, pero tengo también otras
obligaciones, me imagino que como las de la señora Aramburu que no ha
comparecido. Pediría que se pospusiera la iniciativa para otra
ocasión y que no nos tuviera aquí entretenidos, porque la señora
diputada habrá tenido tiempo de venir, como todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, la señora Aramburu ha
comparecido.
El señor PRESIDENTE: Yo estimo que es procedente la formulación que
ha hecho el señor Marquínez, y sólo quedan dos cuestiones: que la
defienda S.S. en sustitución de su compañera que no está, o que se
posponga y decaiga para otra Comisión, pero tiene todo el derecho el
señor Marquínez. Yo siempre he dicho que si no hay ningún grupo que
se oponga a la alteración se puede hacer, pero, en caso contrario, el
orden del día se tiene que respetar. Todas SS.SS. saben que eso es
así. Señora Urán, me tiene que decir qué es lo que decide su grupo en
estos momentos.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Mi grupo parlamentario decide mantenerla,
señor presidente, y en todo caso intervendré yo en nombre de la
señora Aramburu, que sí ha estado presente en la sala.
El señor PRESIDENTE: Pero no lo está ahora, en la hora de su defensa.
Repito que pasamos al punto número 3, proposición no de ley por la
que se insta al Gobierno a la creación en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de una comisión técnica para la
realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental y
sanitaria del entorno de la ría de Huelva, a elaborar un plan de
recuperación integral de la misma y a poner en marcha en la ciudad de
Huelva un centro de I+D sobre contaminación industrial y procesos de
corrección.
Para su defensa tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida, doña
Presentación Urán. (Pausa.) Como la señora Aramburu acaba de
incorporarse, tiene la palabra la señora diputada.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenos días. Quiero expresar algo que
viene revoloteando en esta Cámara desde hace tiempo, cuestiones
incumplidas y alguna pendiente, a la luz de los últimos
acontecimientos que se han producido en Huelva y en su entorno.
Ustedes saben perfectamente (la mayoría de los aquí presentes lo
conocen, y, quienes no, a través de los medios de comunicación, dada
su relevancia) lo que está sucediendo en el vertedero del sur de la
península Ibérica, en concreto en Andalucía, y más específicamente en
Doñana y en el caso que hoy se trae aquí a colación, en Huelva.
Saben ustedes que la producción de superácido fosfórico en la
provincia de Huelva es una actividad industrial que se viene
realizando desde hace varias décadas por las empresas Fertiberia y
Foret y que ha dado lugar a la acumulación, en las marismas del río
Tinto, de más de 80 millones de toneladas de residuos denominados
fosfoyesos en terrenos situados a poco más de 500 metros de la
barriada onubense de Pérez Cubillas y Los Rosales. Saben ustedes
también que en diciembre de 1995 la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía otorgó la autorización al proyecto de
reordenación de vertidos de yesos en las marismas del Rincón
(Huelva), que contempla el apilamiento de un volumen de más de 40
millones de metros cúbicos de fosfoyesos, con una densidad media de
1,35 toneladas por metro cúbico, suponiendo un peso aproximado
de 55 millones de toneladas. Saben ustedes, por último, que el pasado
31 de diciembre se produjo la rotura de una de las balsas
reordenadas, teniendo como consecuencia el vertido al río Tinto, y
según las cifras oficiales, de aproximadamente 50.000 metros cúbicos
de aguas ácidas. Este lamentable episodio ha traído consigo la
liberación al río Tinto de considerables cantidades de metales
pesados saben ustedes que son floruro, fosfato y arsénico-, así como
un posible incremento de la radioactividad en la ría, según
declaraciones de la coordinadora del proyecto europeo Toro, que es el
estudio oceánico de los ríos Tinto y Odiel. Esta liberación de
sustancias contaminantes al medio ha supuesto repercusiones en zonas
aledañas y en el medio natural fluvial y marino, así como en la salud
de las personas en cuanto a la incorporación de estas sustancias a la
cadena trófica.
Señorías, este episodio sólo puede ser considerado como uno más de la
problemática ambiental global del entorno de Huelva, centrada en la
contaminación atmosférica en una ría y unas marismas que acumulan
cientos de millones de toneladas de sustancias peligrosas procedentes
de la actividad de la industria del polo y de la cuenca pirítica, en
gran parte a causa de la nefasta o nula gestión ambiental realizada
en la actividad industrial y minera.
El entorno de Huelva constituye, según publicaciones de la propia
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, uno de los
mayores desastres ecológicos a nivel mundial. En este contexto el
proyecto de reordenación del vertido de fosfoyesos no se muestra como
una solución que respete el equilibrio medioambiental ni que vaya a
contribuir de manera significativa a paliar las negativas
consecuencias de la actividad industrial.
Por todo ello, señorías, mi grupo parlamentario presenta la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los diputados insta al Gobierno
a crear en el seno del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) una comisión técnica para la realización de un diagnóstico
sobre la situación ambiental y sanitaria del entorno de la ría de
Huelva que trate al menos los siguientes aspectos: a) un estudio
geológico de la situación actual de las marismas del Rincón y
Mendaña, en Huelva, en el que se especifique la incidencia que tiene
el vertido de fosfoyesos en su configuración actual; b) las
consecuencias en el medio natural en general, y específicamente en el
río Tinto y su fauna, de la rotura del embalse de decantación el
pasado 31 de diciembre; c) las consecuencias medioambientales en el
entorno de la ría de Huelva de la contaminación acumulada durante
décadas a causa de los vertidos industriales y el arrastre de
contaminantes desde la cuenca pirítica; d) la repercusión, en su
caso, en la salud de las personas por la incorporación de las
sustancias liberadas a la cadena trófica, tanto por el vertido
producido desde este embalse de decantación como por los vertidos,
incluidos los atmosféricos, que históricamente se han venido
produciendo; e) un informe sobre el estado de ejecución del proyecto
de reordenación del vertido de yesos a las marismas del Rincón de
Huelva y sobre la adecuación de las obras y vertidos realizados con
el citado proyecto.
En segundo lugar, solicitamos que se inicien los contactos necesarios
con la Unión Europea, al objeto de elaborar y poner en marcha un plan
de recuperación integral de la
ría de Huelva y su entorno que contemple al menos los siguientes
programas: a) un programa de estudio y diagnóstico de la situación
ambiental y sanitaria de la ría de Huelva y su entorno, con la
participación del CSIC y de la Universidad de Huelva; b) un programa
de recuperación medioambiental integral de la ría de Huelva, con al
menos los siguientes subprogramas: subprograma de control y
restauración ambiental de las áreas mineras situadas en la cuenca
hidrográfica del río Tinto y del Odiel; un subprograma de
investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías productivas y
para una gestión óptima de los residuos generados por el complejo
químico de Huelva; un subprograma para la reducción al máximo posible
de los riesgos e impactos de las balsas de fosfoyesos y para su
recuperación para la ciudad de Huelva; un subprograma de restauración
para la ciudad de Huelva; un subprograma de restauración ambiental de
la ría de Huelva y otro subprograma para la recuperación integral de
los terrenos ocupados por el polo químico, junto a un programa de
desarrollo y uso socioeconómico.
En tercer y último lugar, señorías, solicitamos adoptar las medidas
necesarias para, en el marco del Plan nacional de I+D (investigación
y desarrollo), poner en marcha en la ciudad de Huelva un centro de I+
D sobre contaminación industrial y procesos de corrección, el cual
deberá tenerlo como uno de sus objetivos.
Estas serían, en síntesis, las propuestas que hacemos y que, a la luz
de las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, no alteran ni
modifican el texto que hoy vamos a someter a su aprobación, por lo
que prácticamente quedan incorporadas tanto las enmiendas del Partido
Popular como las del Partido Socialista, nunca en clave de
sustitución sino siempre de adición.
El señor PRESIDENTE: Aesta iniciativa ha presentado dos enmiendas el
Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Estoy plenamente de acuerdo con la
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cuando
manifiesta que el entorno de Huelva constituye uno de los mayores
desastres ecológicos a nivel mundial.
Para comprender por qué se ha llegado a este nivel hay que remontarse
a finales de los años sesenta y principios de los setenta, cuando se
creó en Huelva, que por entonces era una de las provincias más
deprimidas de España, un polo de promoción industrial con la
intención de atraer la instalación de industrias a su territorio con
sustanciales ventajas económicas de orden diverso. De este modo se
creó el polígono industrial de la Punta del Cebo, adosado a la ría de
Huelva y muy cerca de la ciudad, constituido por una central térmica,
una fundición de cobre y varias plantas de fabricación de
fertilizantes y derivados, entre ellas las actuales Fertiberia y
Foret, entre cuyas actividades figura la fabricación de productos
fosforados a partir del ácido fosfórico; también se fabrica ácido
sulfúrico a partir de la pirita.
La empresa «Foret, S. A.» obtuvo información del Ministerio de
Industria para, previo informe favorable del Instituto Español de
Oceanografía, verter estos residuos a
la propia ría del Odiel, mediante el cumplimiento de algunas
condiciones impuestas. El vertido se realizaba impulsando los
líquidos desde fábrica, a través de un emisario que llegaba al centro
de la ría. Para evitar la colmatación de ésta, periódicamente la
empresa retiraba los sólidos depositados en el fondo y los trasladaba
al mar.
Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el
floruro cálcico, por sus características, se disuelve en el agua del
mar lentamente y, al parecer, no ocasiona daños. El yeso es la sal
cuantitativamente más importante, pues actualmente se vierten unas
700 toneladas al día y podrían existir problemas de depósito,
precipitación de sulfatos. Estos últimos no son tóxicos para la flora
y fauna marina y no se han encontrado trabajos sobre los efectos de
los mismos sobre el ecosistema biológico.
En cuanto a Fertiberia, obtuvo autorización de la Dirección General
de Puertos para ocupar diversas parcelas de la zona marítimo
terrestre. Sobre aquella superficie de dominio público marítimo
terrestre que constituían parte de las marismas del río Tinto,
realiza Fertiberia sus vertidos líquidos, portando los fosfoyesos
como sólidos en suspensión. Los sólidos quedan decantados y los
líquidos retornan a la ría de Huelva. El proceso se viene realizando
desde 1969, y durante este largo período se calcula que se habrán
depositado cantidades próximas a 60 millones de toneladas de yeso
sobre una superficie superior a unas 1.000 hectáreas.
La recuperación de este espacio se inscribió dentro de las medidas
complementarias del plan corrector de vertidos propuesto por la
Agencia de Medio Ambiente, antecesora de la Consejería. Este plan
consistía en reducir al máximo la contaminación de la ría de Huelva,
que había alcanzado importantes niveles por el escaso control que
sobre el medio ambiente había ejercido tradicionalmente la
Administración. Posteriormente, se redactó un proyecto de
reordenación de vertidos que implicaba que ambas empresas realizaran
un solo vertido que contuviera todo el fosfoyeso producido y que
Foret dejara de vertir este fosfoyeso a la ría. Implica también que
no se ocupen nuevas superficies de marismas virgen para deposición de
fosfoyesos, sino que se vierta sobre las antiguas marismas ya
degradadas continuando los depósitos en altura, pero obligando a las
empresas a la recuperación de estos terrenos mediante la revegetación
de los mismos y el establecimiento de pantallas vegetales. El agua
necesaria para la suspensión del fosfoyeso no debe retornar a la ría,
sino que se establecerá un circuito cerrado para realizar en continuo
esta operación, por lo que a la ría llega solamente el agua de
regeneración.
Recogiendo todas esas nuevas circunstancias se otorgó una nueva
autorización de vertidos. El día 31 de diciembre, como bien dice la
proposición de ley presentada, un temporal de lluvia y tiempo que ese
desató en Huelva provocó importantes desperfectos en la balsa que
recibe los vertidos de fosfoyesos producidos en las plantas de
fosfóricos de las dos empresas. Esta balsa, de forma rectangular y de
unas 70 hectáreas de superficie, está llena de agua que contiene la
suspensión del fosfoyeso. El oleaje que se produjo en ella como
consecuencia del viento, que alcanzó más o menos una velocidad de 119
kilómetros/hora, provocó una fuerte erosión en el muro, que llegó a
agrietarse en su parte superior, determinando la salida de un
importante caudal de agua por esta grieta. El agua vertida, de
carácter fuertemente
ácido, llegó al estero del Rincón y después al río Tinto, para
finalmente desembocar en la ría de Huelva. Se calcula que el volumen
total de agua vertida ascendió a 50.000 metros cúbicos.
En líneas generales, estamos de acuerdo con los tres apartados en los
que se divide la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque no estemos
convencidos del todo de la viabilidad de alguna, como, por ejemplo,
la del estudio geológico de la situación actual de las marismas del
Rincón y Mendaña, en Huelva, ya que, debido a la deposición de
fosfoyesos, hace tiempo que perdieron su configuración actual. La
situación actual, según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, es irreversible y sería casi imposible su restauración
para devolverle los valores ecológicos primitivos. También
consideramos la dificultad de evaluar los efectos que sobre la fauna
y el medio natural ha tenido la rotura del embalse de fosfoyesos,
sobre todo por el tiempo transcurrido desde el incidente. En cambio,
nos parece sumamente interesante el subprograma de control
y restauración ambiental de las áreas mineras situadas en la cuenca
hidrográfica del Tinto y del Odiel, ya que tienen una influencia
fundamental en la calidad del agua de dichos ríos y, por lo tanto,
afecta decisivamente a la ría de Huelva.
La Consejería de Medio Ambiente ha realizado inversiones de
aproximadamente 2.000 millones de pesetas en este tipo de actuaciones
y sería interesante continuar con estas acciones. Las actuaciones
anteriores se inscriben dentro de las medidas complementarias del
plan corrector de vertidos que ya mencioné, que se denomina «proyecto
de restauración de vertidos de yeso a las marismas del Rincón, y que
lleva incorporado en su desarrollo la restauración sucesiva de la
zona a costa de las empresas. En este punto final de la actuación la
totalidad del territorio tendría realizada esta restauración.
Hemos presentado a esta proposición no de ley dos enmiendas de
adición porque ambas completan el plan de recuperación integral de la
ría de Huelva. La primera hace referencia a una propuesta de
actuaciones para la recuperación y mejoramiento de la ría de Huelva y
su entorno. Esta propuesta nace en 1997, a través de un acuerdo entre
la autoridad portuaria de Huelva con la Dirección General de Costas
para solicitar fondos de cohesión mediambientales a través del
Ministerio de Medio Ambiente.
Con fecha 24 de noviembre del mismo año, el puerto de Huelva envía a
la Dirección General de Costas la relación de obras. Las inversiones
propuestas son acogidas favorablemente por la Dirección General de
Costas, agrupándose todas ellas en una sola actuación, que se detalla
en el documento, de recuperación y mejora ambiental de las rías de
Huelva y su entorno, redactado con la colaboración del Cedex y que se
envía a la Dirección General de Costas el 23 de diciembre de 1997,
quien manifestó posteriormente su inicial conformidad con el mismo.
El secretario de Estado manifestó su intención de incluir el puerto
de Huelva en el primer lugar de la segunda relación de puertos a
beneficiarse del Fondo de Cohesión, ya que la primera estaba completa
con los puertos de Ferrol, Bilbao y Cartagena. En estos momentos se
está a la esperade noticias. La propuesta cuenta con las siguientes
actuaciones:
regeneraciones de las playas de Levante, dragado de la ría de Huelva
y su confinamiento de los materiales contaminados; recuperación y
acondicionamiento de la margen izquierda del río Odiel y
acondicionamiento margen izquierda desde el muelle pertrecho hasta la
punta del Cebo.
La segunda enmienda de adición propone como punto número 5 del
adoptar, a través del Ministerio de Medio Ambiente, los oportunos
convenios de colaboración y medidas de actuación coordinadas con la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva para la
realización de las actuaciones de investigación y desarrollo
y recuperación integral de las rías propuestas. La aprobación de esta
enmienda posibilitaría, entre otras cosas, el que se lleve a cabo el
subprograma para la recuperación integral de los terrenos ocupados
por el polo químico propuesto en la proposición, ya que es
competencia municipal. Con la reciente aprobación del Plan general de
ordenación urbana con los votos favorables del PP e Izquierda Unida
se ha cedido el suelo donde están ubicadas las empresas del polo
químico a las mismas. Un acercamiento de las tres administraciones
abrirá sin duda un camino de colaboración y entendimiento para
recuperar ese entorno tan deteriorado como es la ría de Huelva.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado también una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la
palabra su portavoz, don Luis Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: El Grupo Popular está de acuerdo, como
no podría ser de otra manera, en el fondo de esta proposición no de
ley de Izquierda Unida. Todos estamos de acuerdo en que cualquier
contaminación que pueda darse en cualquier rincón de España -insisto
en lo de cualquier rincón de España-, es digna de tratamiento,
estudio y, por supuesto, de una mejora de forma inmediata y
contundente. Pero no estamos de acuerdo en la forma.
Yo le pediría a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida algo que ha
he hecho en otras ocasiones cuando he tenido la oportunidad de
debatir con ella, persona a la que tengo un particular afecto, y es
que no sea tan catastrofista. Ha empezado diciendo que es otra de las
circunstancias que concurren en el vertedero del sur, y ha llamado a
Andalucía el vertedero del sur. Ha añadido que Doñana, Andalucía,
Huelva, todo aquello es una catástrofe, un vertedero, y ha hablado de
suciedad, contaminación, etcétera, lo cual no nos beneficia nada, no
beneficia en nada a los andaluces. Yo la considero andaluza y pienso
que su interés en esta proposición no de ley está en beneficiar a
Andalucía, pero no beneficia a Andalucía decir que somos un vertedero
porque no lo somos y, muchos menos, Huelva. Y voy a decir por qué. En
Huelva ha existido y probablamente existirá a lo largo del tiempo un
problema de contaminación que se está corrigiendo y que ha mejorado
ostensiblemente. Lo que tenemos que hacer en poner los medios para
que siga mejorando y no echar tierra negra encima.
El Grupo Popular no quiere crear el alarmismo que permanentemente
esgrime Izquierda Unida, ni hacer electoralismo con estos temas, como
permanentemente realiza también
Izquierda Unida, ni saltarnos la Constitución, como se propone
en esta proposición no de ley al intentar eludir las competencias de
otras administraciones. Lo que se pide en la proposición no de ley
son competencias claras que tiene asumidas la Junta de Andalucía y
también competencias del ayuntamiento. ¿Cómo vamos a resolver el
problema de estar de acuerdo en el fondo pero no en la forma? Lo
vamos a intentar con esta enmienda en la que podremos resolver el
problema sin saltarnos estos tres requisitos que he mencionado
anteriormente. Admitimos que la proposición no de ley lleva una buena
finalidad, admitimos la buena voluntad del grupo que la propone y
queremos llegar a un consenso.
Hay que empezar diciendo que, además de la contaminación, las
fábricas que la producen en Huelva han sido y son un elemento
importantísimo para su desarrollo. En concreto, aquella a las que se
hace mención y que producen ácido fosfórico. Somos, en este caso, los
primeros productores del mundo, no estamos hablando de una fábrica
cualquiera sino de la que tiene la primera producción del mundo, y
naturalmente la producción de esta sustancia provoca la aparición de
elementos que hay que tratar, que cuando empezó la producción de
estas fábricas se trataban de una forma mucho menos precisa pero que
en la actualidad se están tratando con el método universalmente
reconocido como más moderno y mejor de todos. Se puede seguir
profundizando en esta materia, pero no hay por qué afirmar que esto
es un desastre y que no se hace nada. No son competencias del
Gobierno central, pero hay que reconocer que la situación ha mejorado
ostensiblemente.
Ahora mismo, el sistema más avanzado para el tratamiento de estos
residuos es el que se está empleando. En el año 1995 la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de
regeneración de vertidos a las marismas de Rincón e instaló un
circuito cerrado, que era lo que podía provocar algunos afluentes a
la ría, para que estos residuos se quedaran en las marismas, marismas
que, como ya se ha dicho, estaban degeneradas anteriormente y que
ahora están siendo tratadas y cualquiera que vaya por Huelva puede
ver el avance que se ha hecho en este sentido. No sólo se ha hecho
ese avance, sino que en la provincia de Huelva, a lo largo del
desarrollo de esta actividad industrial, se han hecho distintos
planes que han supuesto una inversión copiosísima para mejorar la
situación medioambiental de Huelva: en 1979 se elaboró el plan de
medidas urgentes contra la contaminación, que supuso una inversión de
1.200 millones de pesetas; en 1987 se aprobó el plan corrector de
vertidos líquidos, que supuso una inversión de 11.000 millones de
pesetas; en 1990, el plan de mejora y corrección de emisiones
atmosféricas, que supuso una inversión de 9.500 millones de pesetas;
en 1996, el plan de normalización ambiental; en 1997 se puso en
marcha el plan de regeneración de los vertidos de las marismas del
Rincón; y en la actualidad, las empresas que conforman este grupo de
actuación en Huelva se encuentran integradas en un compromiso que
sigue la Directiva 9661 de la Unión Europea, dictada por el Consejo,
para la prevención y control integrado de la contaminación. Quiere
decirse que se sigue actuando, se sigue invirtiendo y se sigue
trabajando. Eso no quiere decir que novayamos a seguir haciéndolo,
debemos continuar con rigor
y con sensatez pero proponiendo actuaciones que salen del marco de la
Constitución al no contar con las instancias autonómicas y locales,
como es preceptivo.
Hay que evitar ese catastrofismo del que hablábamos antes, el
alarmismo no conduce a nada, y hay que se rigurosos en las
actuaciones. Concretamente respecto a la radiactividad y al incidente
que se ha nombrado aquí, de diciembre de 1998, los resultados fueron
analizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía -en el caso del incidente-, quien manifestó que la
incidencia sobre la ría de Huelva había sido nula. Suponemos que la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía es competente y
suponemos también que las personas que han elaborado ese informe han
hecho un informe exhaustivo y riguroso y han llegado a esa
conclusión. No hay que ser catastrofistas ni alarmistas, repito, en
esa situación.
En cuanto al episodio de la radiactividad, se han hecho tres
informes. Uno en 1988, donde se detectó que no había ningún riesgo de
contaminación de radiactividad que pudiera emitir esa balsa de
fosfoyesos. Ese informe se repitió por el Consejo de Seguridad
Nuclear en 1989, ratificando la situación, y se ha vuelto a realizar
en 1998, diciendo que se mantiene sin riesgos para la salud
(afortunadamente, lo tengo que decir con rotundidad puesto que yo
vivo en Huelva, mal estaría si no lo defendiera), y que la situación
actual es mucho mejor que la anterior. Incluso se dice en el informe
que los niveles son inferiores a los que contiene el agua posible,
cosa curiosa que a mí me ha llamado la atención.
Dejémonos de catastrofismos, de alarmismos, y sigamos con rigor estas
actuaciones, para lo cual proponemos al grupo proponente y a los
enmendantes una enmienda que podría ser la refundición de todo lo
dicho: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
promueva, con la participación de las administraciones públicas
responsables» -incidimos aquí en la competencia que tiene cada
administración y en el respeto a la misma-, «la constitución de un
grupo de trabajo» -es lo único posible que se podría hacer en este
caso con el consenso de todos, porque la Administración estatal no
puede actuar exclusivamente donde no tiene competencias- «para la
realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental y
sanitaria del entorno de la ría de Huelva» -que es lo que se pide en
la proposición- «e iniciar los contactos necesarios con la Unión
Europea para lograr su colaboración en la recuperación integral de la
ría de Huelva y de su entorno» -que es lo que se pide en el punto
segundo de la proposición no de ley-.
El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, tiene la palabra a los efectos
tan sólo de aceptar o rechazar la enmienda transaccional que propone
la portavoz del Grupo Popular y decir, en su caso, cuál es la
posición respecto a las enmiendas que ha presentado la señora
Camacho, por el Grupo Socialista.
La señora ARAMBURU DELRÍO: Ya informé al inicio de mi intervención de
que no ha sido modificada por el portavoz del PP, es decir, que me
voy a dar por aludida,
como no lo he hecho nunca. Por lo tanto, mantengo la misma posición
política.
Para demostrar que no pretendemos hacer electoralismo, y en aras al
consenso y a que los ciudadanos y ciudadanas de Huelva entiendan que
todas las fuerzas políticas apuestan por la recuperación de Huelva,
yo le brindo la posibilidad de aunar voluntades, lo cual significa
asumir todas las enmiendas, pero como adición y no como sustitución,
puesto que se está de acuerdo con el fondo del texto.
Compartimos la enmienda del Partido Socialista y, por lo que se
refiere a la del Partido Popular, no podría ser de sustitución sino
que se tendría en cuenta como una aportación más.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Me gustaría apelar al consenso y al
diálogo y mantener una breve charla con la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida y con la portavoz socialista si quieren que lleguemos
a un acuerdo, pero no podrían ser enmiendas de adición, no porque no
haya voluntad sino porque no son lo mismo; el fondo es el mismo, pero
no lo es el tratamiento. Las enmiendas del PSOE son otra proposición
no de ley nueva, aunque la señora Aramburu quiera reconocerla como de
adición. Por otra parte en la proposición de Izquierda Unida se habla
concretamente de quién, cuándo y cómo tiene que actuar y no es
posible actuar de esa manera. Es posible con el consenso, pero no
directamente por medio del Centro de Investigaciones Científicas
porque no es competencia estatal, por lo que habría contradicción en
la propia proposición. Trataremos de llegar a un acuerdo con un texto
común, pero desde luego no es posible semánticamente la adición.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez, queda abierta la posibilidad,
de aquí a que se celebren las votaciones, de que los diversos
portavoces se pongan de acuerdo. Muchas gracias por su colaboración.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A REALIZAR UN NUEVO PLAN DE
ACTUACIONES EN LAS PLAYAS DEL LITORAL DE MÁLAGA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001237)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden
del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
realizar un nuevo plan de actuaciones en las playas del litoral de
Málaga. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Las playas del litoral malagueño fueron
objeto de una serie de actuaciones durante los años 1989 y 1990,
actuaciones que tuvieron resultados más que aceptables en aquel
momento, aunque se emplearon técnicas no apropiadas que supusieron en
muchos casos el dragado del fondo del mar par sustraer la arena que
se necesitaba en aquel momento, con lo que esto supone para las
costas, sobre todo, para litorales como el malagueño que tiene arena
en cantidades muy limitadas.
Señorías, ya lo denunció Izquierda Unida en su día. Créanme que no
fue fácil, ya que significaba en aquel momento navegar contra
corriente y que fuera presentado como una obstrucción al propio
desarrollo de la zona. Como decía, ya en 1990 Izquierda Unida señaló
que la utilización sin más de estos métodos conduciría al agotamiento
de las reservas de arena y, como también denunciaban los propios
pescadores de las zonas afectadas, incidiría negativamente en la
pesca, a la vez que desequilibraba el medio marino.
Izquierda Unida ha denunciado también la construcción indiscriminada
de puertos. Señorías, en la costa del Sol malagueña existen en la
actualidad unos 10 puertos deportivos en 80 kilómetros. Como decía,
esto supone un grave peligro para el mantenimiento de la playa, al
igual que la construcción de una barrera de edificios que interfieren
los procesos sedimentarios. Venimos denunciando este hecho en la
práctica oponiéndonos, los grupos municipales de Izquierda Unida y
grupos en otras instituciones, a este tipo de actuaciones, porque es
una realidad que los puertos deportivos, que los bloques de pisos no
crecen por generación espontánea, sino que están ahí porque han sido
aprobados en los respectivos planes generales de ordenación urbana.
Ytambién nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a determinadas
obras hidráulicas que suponen una disminución de los aportes de
áridos a las playas por los cauces de las playas. Si alguna fuerza
política tiene autoridad moral para hablar de gestión integral de los
recursos costeros como la base de un desarrollo sostenible del
litoral es Izquierda Unida, que viene defendiendo lo mismo desde 1989
en todas las instituciones donde estamos presentes. Cuando ahora
denunciamos que en algunos puntos de las playas del litoral malagueño
que fueron regeneradas en su día -en bastantes, diríamos nosotros-
las aportaciones de arena han desaparecido o se encuentran en estos
momentos muy mermadas, como el propio Gobierno ha reconocido por
parte en alguna respuesta parlamentaria, no lo hacemos para que se
repitan las actuaciones del pasado, porque, aunque la regeneración de
las playas sea una técnica experimental y necesite de una periódica
revisión, hubiera bastado con preguntar y hacer caso a los habitantes
de lugar para no haber cometido los errores y no haber malgastado,
por ejemplo, más de 100 millones de pesetas en la playa llamada de
las Gaviotas, en Benalmádena, en actuaciones que no han servido casi
para nada.
Nuestra proposición no de ley pretende que se tome conciencia de la
necesidad de realizar una actuación integral sobre el litoral
malagueño lo más urgente posible si queremos mantener la materia
prima de nuestra principal industria, el sector turístico, porque no
basta, como el Gobierno en respuestas parlamentarias a éste y otros
diputados de la provincia de Málaga, con denunciar los problemas que
causan los puertos deportivos, sino que hay que denunciar qué puertos
deportivos en concreto causan problemas y qué medidas se están
tomando para corregirlos porque no basta tampoco con la simple
denuncia. En estos momentos hay proyectos para ampliar los puertos
deportivos
de Marbella, Estepona y Benalmádena, provocando la ampliación de
éste último, no ya la preocupación, sino yo diría el pánico de la
población vecina de la Carihuela que ve cómo puede peligrar
definitivamente la continuidad de sus playas. (El señor
vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
Hacemos nuestra propuesta con la conciencia de que la arena es un
recurso imprescindible para la industria turística de sol y playa,
porque hay que realizar un plan de actuaciones en el litoral
malagueño que tiene que partir, como dice nuestra proposición o de
ley, de un estudio previo de la situación de cada playa en
comparación con la regeneración de 1990, comparación que no se tiene
que hacer sólo de la superficie de arena sino sobre todo, del
comportamiento de los elementos que antes hemos citado y de otros que
inciden directamente en la continuidad de las aportaciones de arena,
de manera que se corrijan de una vez por todas los errores cometidos
y que el estudio determine también las actuaciones a llevar a cabo
para recuperar las playas.
Por otra parte, tenemos una enmienda que señala que las actuaciones
que se lleven a cabo se deberán realizar contemplando prácticas que
no sean dañinas al medio marino. Pretendemos que ese estudio permita
detectar con claridad los elementos a corregir. Hay responsables
concretos, grupos políticos responsables, que aprueban planes
generales de ordenación urbana o recalificaciones que suponen un
claro atentado al litoral. Aquí no hay grupos neutrales, hay gente
que ha tomado partido en un sentido o en otro y que ahora sufre las
consecuencias directas. Podríamos citar bastantes ejemplos desde
Manilva hasta Nerja, por limitarse solamente a la provincia
malagueña. Por desgracia, no estamos hablando de un caso único sino
que es un hecho común en el urbanismo de todo el litoral de nuestro
país. Entendemos que se deben globalizar las actuaciones y no
resolver los problemas playa a playa.
Por si todavía alguien no ha comprendido la propuesta, se concreta en
los siguientes puntos: primero, la realización de un estudio que
determine la situación de cada playa y los elementos que las
condicionan, así como las actuaciones a llevar a cabo; y segundo, la
ejecución de un nuevo plan de actuaciones que tiene que tener un
horizonte, que serían los próximos Presupuestos Generales del Estado,
aunque no concretamos esto en esta proposición no de ley.
Si todos coincidimos en la necesidad de actuar en las playas del
litoral malagueño, nuestra iniciativa, con las mejoras que estamos
dispuestos a admitir y que puede introducir el resto de grupo
parlamentarios, sería un buen instrumento para ello. Si lo que se
quiere es no hacer nada, el desarrollo sostenible supone aceptar que
debemos legar a las futuras generaciones un territorio y unas
posibilidades de desarrollo al menos iguales a las que hemos recibido
y, si es posible, acrecentarlas y mejorarlas.
Esa ha sido y es la intención de nuestra iniciativa, que esperamos
sea mejorada y completada por otros grupos, de manera que se
convierta a partir de hoy en una señal de optimismo y positiva hacia
una zona, como es el litoral malagueño, que lleva muchos años
contribuyendo, al igual que el resto de zonas turísticas, al
desarrollo de este país y que se merece esta serie de ayudas, de
mejoras para seguircontribuyendo a la economía de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): El mismo grupo que ha
defendido esta proposición no de ley había presentado una enmienda.
Supongo que en su intervención está subsumida la defensa de la
enmienda que usted mismo presenta.
El señor CENTELLAGÓMEZ: Así lo hemos explicitado en la propia
intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): De acuerdo, muchas
gracias.
Hay una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular comparte con
el Gobierno el objetivo de mantener los recursos naturales en las
mejoras condiciones al asumir, en sus propios términos, el principio
de desarrollo sostenible. Por eso comprendemos -y debo decir que
hasta nos tranquiliza- que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
se haya posicionado ante su propia iniciativa, antes incluso de que
tuviéramos ocasión de debatirla, enmendándola, mostrando con ello su
propia prevención ante la redacción resultante de su primitiva
propuesta.
La razón que ha llevado al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a
sentir la necesidad de aclarar con una enmienda que con las
actuaciones que solicita no debe dañarse el ecosistema es la que
sembró la inquietud en el Grupo Parlamentario Popular, al entender
que de lo pretendido por el grupo proponente se derivaba una
actuación agresiva para el ecosistema de la zona. De ahí que hayamos
formulado nuestra enmienda con la intención de no perder la ocasión
que nos da el debate abierto en esta Comisión de Medio Ambiente del
Congreso, con presencia de representantes de los grupos
parlamentarios que precisamente encuentran su representación en
Málaga, y que podamos avanzar en algo que estoy seguro que a todos
los grupos nos preocupa.
No sólo se trata de respetar el medio natural, aunque con ello ya es
suficiente, sino de resaltar la importancia de un recurso como la
arena en una provincia como la de Málaga, en la que el turismo de sol
y playa es uno de sus elementos determinantes de la economía, y de
tener en cuenta al mismo tiempo el valor añadido que para una
industria como la turística supone respetar el medio ambiente. Eso es
lo queremos que se tenga en cuenta a la hora de tomar hay aquí una
decisión y ese el sentido de la enmienda que hemos presentado y que
tiene la Mesa. Con ella queda suficientemente garantizado que el
Gobierno se interesa por un asunto de la importancia que tiene para
la economía malagueña con un criterio de racionalidad y de estudio
previo que no ayude a garantizar que nada se va a hacer desde una
agresión al medio ambiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Grupos que quieren fijar
posición? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Sánchez.
La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Voy a fijar la posición de mi grupo respecto
a esta proposición no de ley, que iba a ser positiva en los términos
en los que estaba planteada,
incluso aceptando la autoenmienda del grupo proponente, pero existe
una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que, como el portavoz
del Grupo Popular en la proposición no de ley anterior le reprochaba
a Izquierda Unida incide en una visión, excesivamente catastrofista.
Nos parece negativo que en un texto del Congreso de los Diputados
aprobado por los grupos políticos necesarios se dé la impresión de
que el litoral malagueño y las playas de la Costa del Sol están en un
estado deplorable y catastrofista, lo cual es negativo para el
desarrollo económico de la zona y, por otro lado, no se comparece con
la realidad -los parlamentarios diputados de la provincia de Málaga
lo saben perfectamente-, por lo que espero que acepten una enmienda
transaccional que presento en este momento a la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, que diría: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a finalizar, a la mayor brevedad, el estudio que permita
determinar el estado de las playas del litoral malagueño y las
medidas a adoptar para garantizar su conservación y mantenimiento. Es
una enmienda transaccional que mejora técnicamente la del Grupo
Popular. Si Izquierda Unida la aceptará, como ha manifestado en
privado, nos gustaría que la admitiera también con nuestra
modificación.
Para terminar mi intervención quiero decir que cada vez que se habla
del litoral malagueño y de las playas se olvida sistemáticamente
mencionar el enorme esfuerzo de inversión que durante los gobiernos
socialistas se realizó, enorme esfuerzo que no tiene paralelismo con
lo invertido en toda la Historia (con mayúsculas) en nuestra
provincia. Posiblemente se haya cometido algún error. Los que el
señor Centella ha señalado han sido errores consecuencia del
desarrollo tecnológico que en el momento en el que se aplicaban las
técnicas de regeneración suponían el mayor avance tecnológico, pero
que con los años se han visto superados. La experiencia nos ha
demostrado cuáles han sido las consecuencias de algunas actuaciones,
pero las repercusiones negativas han sido mínimas en relación con las
positivas que ha tenido la enorme inversión realizada por los
gobiernos socialistas en el litoral malagueño durante la década de
los noventa. Nos parece importante recordar cosas tales como que
antes de los gobiernos socialistas las playas del litoral malagueño
no tenían prácticamente ninguna bandera azul y que, a partir de 1992,
todas tienen la bandera azul de la Unión Europea, lo cual significa
que algo positivo se ha hecho y yo creo que mucho, porque muchas de
las cosas que se han hecho han sido positivas.
El señor Centella decía que no hay grupos neutrales. Señor Centella,
no hay un solo grupo neutral en lo que se haya podido hacer mal en la
Costa del Sol. Ningún grupo municipal es neutral. Usted ha nombrado
la zona que va desde Manilva hasta Néjar, pero Manilva ha gobernado
durante ocho años el Grupo de Izquierda Unida; en otros municipios
han gobernado grupos independientes; el Grupo Popular ha gobernado en
otros, y el Grupo Socialista en otros; por lo tanto, no hay grupos
neutrales.
Nos parece importante esta proposición no de ley porque hay que
llamar la atención del Gobierno de que, a pesar de lo invertido, se
siguen necesitando inversiones en la Costa del Sol porque, desde
nuestro punto de vista, se han paralizado en los últimos tres años de
manera importante.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley en los términos de la
enmienda socialista, si se acepta.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Antes de aclarar los
términos en los cuales la señora Sánchez ha expresado su enmienda,
¿hay algún otro grupo que quiera intervenir sobre esta proposición no
de ley? (Pausa.)
Hay dos cuestiones, la primera es que la señora Sánchez ha presentado
una iniciativa que se puede entender como enmienda in voce, que, de
acuerdo con el Reglamento no corresponde. Si los demás grupos de la
Comisión están de acuerdo en que se acepte se puede admitir, pero si
los grupos no la aceptan porque no se ha presentado según el
procedimiento reglamentario, no podría ser admitida. Pregunto, en
primer lugar, al portavoz de Izquierda Unida si acepta la enmienda
del señor Souvirón, del Grupo Popular; y, en segunda lugar, si está
de acuerdo con la enmienda que ha presentado in voce por el Grupo
Socialista la diputado Sánchez.
Tiene usted la palabra, señor Centella.
CENTELLA GÓMEZ:
El señor Señor presidente, las prevenciones que han existido en esta
proposición no de ley habrían desaparecido con sólo haber visto el
comportamiento de Izquierda Unida en los últimos diez años en la
provincia de Málaga.
Por otro lado, he entendido la intervención de la portavoz del Grupo
Socialista no tanto como una enmienda in voce, sino como una
aportación a una transaccional que podemos concluir los tres grupos.
Sería posible alcanzar un acuerdo, porque su postura encaja
perfectamente en una enmienda transaccional que incluiría como base
nuestra proposición no de ley y la enmienda del Grupo Popular,
añadiendo la enmienda de nuestro grupo para dejar claro que no se
contemplen prácticas dañinas para el ecosistema.
La enmienda transaccional diría: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a finalizar, a la mayor brevedad, el estudio que permita
determinar la situación de las playas del litoral malagueño,
determinando las causas y las medidas a adoptar para garantizar su
conservación y mantenimiento. En todo caso, las actuaciones a
realizar no deberán contemplar prácticas dañinas para el ecosistema.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Popular, señor Souvirón, para ver si acepta la
propuesta de Izquierda Unida.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, bien sabemos que hay
palabras que traicionan el pensamiento e incluso algunas,
lamentablemente, los sentimientos por lo que haya que tener mucho
cuidado con ellas. Nos parece que la aportación de la representante
del Grupo Socialista es muy acertada y que se ajusta mejor a la
realidad de la situación del litoral malagueño y a la idea del
Gobierno sobre el propio litoral que, en ningún caso, es una visión
catastrofista. Nos felicitamos de su aportación y aceptamos también
la redacción final que nos acaba de proponer el representante del
Grupo de Izquierda Unida, porque es un acuerdo bastante razonable.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Señores diputados, si se
ha producido esta amor universal entre los distintos grupos
representantes, procede que la portavoz del Grupo Socialista nos
entregue el escrito, junto con la redacción final que ha redactado el
señor Centella, representante de Izquierda Unida.
El señor CENTELLAGÓMEZ: De inmediato la traslado a la Mesa tal y como
la he leído.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Muy bien, pero sería
conveniente, para que el propio letrado y la Mesa tuvieran constancia
de la misma, que nos la hiciera pasar por escrito.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Se la trasladaré por escrito tal y como la
he leído.
- RELATIVAA LA CONCESIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN EL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE DE LA ISLA DE A CREBA, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MUROS (A CORUÑA). GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000997)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Pasamos a la quinta y
última proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la concesión para la realización de obras en el
dominio público marítimo terrestre de la isla de A Creba, en el
término municipal de Muros (A Coruña).
Señor Rodríguez, tiene S.S. la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Asistiremos ahora a la exposición de un
caso ejemplar de lucha en defensa de la zona marítima terrestre como
zona de dominio público y de interés de carácter general. Digo un
caso ejemplar porque en esta ocasión, tanto el vecindario de la zona,
especialmente de la más limítrofe que es la zona de Esteiro en el
municipio de Muro (A Coruña), y las instituciones respectivas, en
concreto los ayuntamientos de Noya y de Muros, manifestaron una
posición acorde con la ley y con el medio ambiente.
Estamos refiriéndonos a un caso que, desde el punto de vista de la
información pública y del conflicto, está latente desde el 7 de
febrero de 1990, cuando un particular pidió la concesión de 1.870
metros cuadrados de ocupación en zona marítimo terrestre, al objeto
de construir en zona de dominio público una rampa de atraque prevista
de pantalán flotante y protegida por dos espigones de defensa en la
isla de A Creba (A Coruña). Desde entonces, la polémica y las
movilizaciones vecinales durante la fase de información -es decir,
que no fueron torpes ni se produjeron retrasos por la opinión pública
o las instituciones- llevaron a que los ayuntamientos ya citados se
posicionasen de manera beligerante e institucional, con papeles por
medio. Tanto es así que hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente
posee en su seno, prácticamente desde principios de enero de 1998, un
informe negativo de la propia comunidad autónoma
sobre esta concesión y, desde 1990, los papeles del ayuntamiento de
Noya y de Muros, de sendas votaciones plenarias en la corporación,
así como los escritos de los vecinos de Esteiro, donde presentan su
oposición, que también comentaremos.
Pero no es desde 1990, es que con antelación, ya en los años ochenta,
en concreto en 1987, el mencionado particular solicitó, la concesión
precisamente para una granja marina de rodaballo, solicitud que le
fue concedida aunque no llegó a construirse nunca y hoy es totalmente
caduca, lo cual indica que de so capa la explotación de carácter
pesquero escondía simple y puramente una intención urbanística.
Nosotros somos conscientes, después de todos los papeles examinados,
que hoy día la Administración central tiene claro que en el peor de
los casos habría que realizar una nueva información pública y todo un
trámite oficial por los años pasados, y en el mejor de los casos la
Administración central tiene claro que no se justifica el interés
público de esta solicitud.
Para que no parezcan argumentaciones ad hominem, voy a dar lectura a
tres textos de carácter oficial, empezando por el del servicio
provincial de Costas del a Consellería de Ordenación del Territorio
de la Xunta de Galicia. En concreto en este documento, que data de
septiembre de 1997, la Administración autonómica se expresaba en este
sentido, dirigiéndose al Ministerio de Medio Ambiente, Dirección
General de Costas. En concreto el servicio provincial de Costas de la
Consellería decía lo siguiente: A la vista de la documentación
remitida, se solicitó informe a la Consellería de Pesca, Marisquería
y Acuicultura, cuyo delegado provincial ha remitido un informe de 24
de abril de 1997 en el que se indica que la única concesión
administrativa (y dice el nombre del peticionario, que voy a obviar)
para la instalación de una granja marítima de cultivo de rodaballo,
con una ocupación de dominio público de 3.799 metros cuadrados.
Adicha concesión se ha incoado expediente de caducidad por no haber
realizado las obras proyectadas, encontrándose tal expediente en
tramitación. Posteriormente, con fecha 29 de julio de 1997, se ha
remitido por el propio delegado de la Consellería de Pesca otro
informe, reiterando que no se han iniciado las obras de la concesión
otorgada e 9 de julio de 1987, cuando el plazo máximo para su
terminación eran dos años, condición segunda. Asimismo, se señala que
los dos espigones de escollera formando una ensenada hacia la parte
norte de la isla pueden incidir negativamente sobre las corrientes de
la zona, y principalmente sobre el banco de almeja babosa de ACreba.
Teniendo en cuenta que la concesión que se solicita hace referencia a
unas obras de acondicionamiento y reparación de otras respecto de las
que no consta la existencia de título alguno que las ampare, deberán
legalizarse en su totalidad, lo que se considera improcedente por no
apreciarse la concurrencia de interés público que lo justifique. Al
contrario, las finalidades que en principio se invocaron para
justificar su realización no se han cumplido, ya que no se vienen
realizando las actividades de acuicultura, como acreditan los
informes de la Consellería de Pesca. Las instalaciones existentes
únicamente servirían a intereses particulares. Se aprecia la
existencia de una edificación en la
isla de la que no ose tiene antecedente alguno, y por otra parte no
se acomoda a la clasificación como espacio natural protegido que se
atribuye a la isla de A Creba en el anexo número 2 de las normas
complementarias y subsidiarias de la provincia de ACoruña.
Por fin, el otro informe de carácter oficial que conviene tener en
cuenta, señorías, es la contestación que da al Ministerio de Medio
Ambiente. Precisamente para rectificar un primer amago de la
Dirección de Costas en Galicia de querer acceder a la solicitud, el
Concello de Muros vuelve a repetir al Ministerio de Medio Ambiente
que disiente, de forma respetuosa pero radical, de los argumentos
expuestos por la demarcación de costas de Galicia que nos parecen
esencialmente desacertados. Y pasa a decir lo siguiente: El
peticionario construyó ilegalmente en una isla que es espacio natural
protegido, invoca un título de propiedad que no es reconocido por e
vecindario de Esteiro, que siempre consideró la isla como un bien
común al que se accedía y se poseía libremente. Impide el acceso a la
isla y pone todas las dificultades posibles, incluso para tripular
por su zona marítimo-terrestre. No reconoce la competencia de este
ayuntamiento sobre una isla que sin ningún género de dudas forma arte
de nuestro territorio municipal, y alegó como justificante para la
construcción del puerto unos cultivos marinos que no existen, como
pudieran ustedes comprobar anteriormente.
Por todo esto, es inadmisible que se estime como interés público
facilitar el acceso a un chalé privado, construido ilegalmente en un
espacio natural protegido y que incluso resulta disconforme con la
actual legislación de costas, solicitamos que se deniegue la
concesión y se oblique al solicitante a reponer la costa a su estado
natural, ya que ha realizado parte de las obras que son objeto de
petición y otras más que alteran la ribera de la isla.
Como les digo, el Gobierno contestó a este diputado en abril de 1998
diciendo que efectivamente era competente el Ministerio de Medio
Ambiente y la Dirección General de Costas para tomar una decisión y
en septiembre de 1998 reconocía que efectivamente se trata de un
espacio no urbanizable, protegido por las normas subsidiarias de la
provincia de A Coruña de la Xunta de Galicia, y además argumentaba
diciendo que en todo caso el Ministerio de Medio Ambiente debe
vigilar especialmente el uso en la protección del dominio público
marítimo-terrestre para la resolución del expediente y todos los
aspectos medioambientales que la Ley de Costas protege y promueve.
Como ven, señorías, se trata de un caso que en todo el proceso queda
clara cuál es la posición colectiva, la posición pública, y nosotros
pensamos que es elemental que haya una decisión rápida y urgente por
el mucho tiempo transcurrido, por los muchos afectados, porque sería
ejemplar la decisión para inhibir de este tipo de actuaciones
fraudulentas en el dominio público marítimo-terrestre, y además
porque se trata de muchas instituciones que están comprometidas con
sus posicionamientos claros e inequívocos al respecto de la defensa
de todo el borde litoral, que como saben ustedes buena falta hace
frente a todos los desmanes de tipo urbanístico.
Como lo público no puede ser expoliado a capricho de lo privado,
pensamos que una decisión o una instancia al Gobierno por parte del
Congreso de los Diputados sería
una buena cobertura para que éste actuase diligentemente a través del
Ministerio de Medio Ambiente para bien de los municipios afectados,
de las personas en particular que lo consideran un área de
esparcimiento y de trabajo al servicio de la inmensa mayoría y para
que los ayuntamientos puedan estar tranquilos de que han obrado en
consecuencia y son cuando menos premiados con aplicación de la
legalidad vigente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Después de las intervenciones, me referiré a la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: El Grupo Socialista está totalmente de
acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto,
en concreto por el Bloque Nacionalista Galego, y la enmienda que
presentamos viene a completar de alguna manera la petición formulada
en el sentido de denegar la concesión solicitada para la realización
de obras en el dominio público marítimo terrestre de la isla de A
Creba, en el término municipal de Muros, añadiendo la obligación de
reponer la totalidad del dominio público marítimo-terrestre a su
estado natural.
Con esta enmienda tratamos de recoger íntegramente el acuerdo del
Ayuntamiento de Muros, de 16 de abril de 1998, y el informe amplio,
detallado y contundente en que se resumen las actuaciones e informes
de las distintas instituciones que tratan este tema tan preocupante.
Para no entrar en el detalle de las instituciones que han informado,
las citaré brevemente, puesto que ya el señor Rodríguez lo ha hecho,
y me referiré al informe de la Consejería de Pesca, que entre otras
razones habla de la caducidad de la concesión, habla de la incidencia
negativa de los espigones en los bancos de almejas; las
construcciones de la isla que se hicieron sin autorización; que las
instalaciones sólo servirían a intereses particulares y no tienen
antecedentes administrativos; las instalaciones no son compatibles
con la clasificación de la isla como espacio natural protegido.
También es interesante el informe de la Consejería de Política
Territorial de 26 de septiembre de 1997, que informa casi en los
mismos términos pero que también añade que las edificaciones no
tienen antecedente alguno y sólo sirven a intereses particulares. Así
podría seguir citando informes y acuerdos negativos, tanto de
colectivos vecinales, como de cofradías de pescadores, e
instituciones.
La reapertura de este expediente por el promotor y propietario de la
vivienda alega en su solicitud dificultades del acceso a la vivienda
y solicita claramente la construcción de una rampa de atraque y
pantalán para acceder a la misma.
Ante esto, la demarcación de Costas de Galicia, curiosamente en un
informe de noviembre de 1997, en un gesto quizá de comprensión y de
curiosa benevolencia, alega que se trata de obras en gran parte
ejecutadas y que por tanto considera oportuna la concesión. Desde
luego el informe del Ayuntamiento de Muros es contundente no
reconociendo la propiedad privada de la isla y que la vivienda fue
construida de forma ilegal, que altera gravemente el medioambiente
natural, y otras razones como el interés público, impidiendo
el acceso de los vecinos. Por todo ellos, se opone a la concesión
solicitada y se reclama la reposición al dominio público terrestre en
su estado natural, y en ese sentido va la enmienda.
Me pregunto si se puede considerar dominio público el interés de una
sola persona. Consideramos que sólo se beneficia un particular que
pretende construir un puerto privado para acceder a una vivienda
privada, por cierto y los documentos gráficos que tengo en mi poder
lo avalan, construida en un lugar privilegiado.
Solicitamos por tanto se deniegue la concesión y se reponga el
dominio público a su estado natural. Votaremos a favor de la
iniciativa presentada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ángel
Mario Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: La isla de ACreba en Esteiro
está sometida periódicamente a peticiones de tramitación de
expedientes administrativos ante la Administración competente, antes
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y ahora el Ministerio de
Medio Ambiente.
El expediente actual a que hace referencia la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto se está tramitando en este momento,
como se ha indicado, en la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, y actualmente se encuentra en fase de audiencia
como trámite previo a dictar resolución, conforme al artículo 84 de
la Ley de régimen jurídico de las administrativas públicas y del
procedimiento administrativo común, que otorga a los interesados esa
facultad en el expediente.
Hay ya una propuesta de resolución elaborada por la Dirección General
de Costas para concluir el expediente, y propone la denegación de la
petición por aspectos formales relativos a la ubicación del objeto de
la petición en término municipal diferente al que pertenece y al
tiempo transcurrido desde su inicio; ya se ha indicado que fue en el
año 1990, después de desistir de otra petición de concesión de una
piscifactoría para cultivo de rodaballo en la misma isla.
Propone la denegación de la petición por aspectos formales, como he
dicho, y en cuanto a los aspectos materiales, de la información
pública y oficial se deduce la falta de interés público de la
petición, elemento fundamental para aplicar el margen de
discrecionalidad de la administración en el otorgamiento de títulos
de ocupación del dominio público marítimo-terrestre cuando éste no se
encuentra reglado.
Por otro lado, de la documentación referida se deduce que la
actuación prevista desde el punto de vista medioambiental presenta
problemas, expuestos como ya ha dicho el señor Rodríguez por los
ayuntamientos de Muro y Noya, por los vecinos de Esteiro, y además
por la Xunta de Galicia.
Por todo ello, nuestro grupo, el Popular, apoya la iniciativa del
Grupo Mixto. La enmienda del Grupo Socialista, entiendo que obligar a
reponer la totalidad del términomarítimo-terrestre a su estado
natural no es nunca competencia,
no puede ser competencia de este Congreso, y creo que tampoco del
Gobierno central.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tiene la palabra para
pronunciarse sobre las enmiendas presentadas.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Efectivamente, aceptamos la intención de
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que sigue
efectivamente una solicitud del propio ayuntamiento de Muros en el
documento al que yo hice referencia, en el que además de denegar la
concesión dice que se obligue al solicitante a reponer la costa a su
estado natural, ya que ha realizado parte de las obras que son objeto
de petición y otras más que alteran la ribera de la isla. Únicamente
decir que en caso de que el Partido Popular tenga algún problema con
la enmienda, habría una solución, que es mantener esta enmienda
haciendo un pequeño cambio, y en vez de poner obligando a reponer la
totalidad del dominio marítimo-terrestre a su estado natural, se
podría poner para que se pueda obligar a reponer la totalidad del
dominio marítimo-terrestre a su estado natural, con lo cual quedaría
implicada la Administración autonómica supuestamente, la central y el
propio Ayuntamiento, con la legalidad de su parte.
El señor PRESIDENTE: Quisiera saber la opinión del portavoz del Grupo
Socialista doña Carmen Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Sí, me parece correcta la matización que ha
hecho el señor Rodríguez y estamos dispuestos a aceptarla en los
términos que acaba de expresar.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Sí, también aceptamos esa
modificación.
El señor PRESIDENTE: Entonces les ruego que se pongan de acuerdo para
facilitar a la Mesa el texto definitivo de esta enmienda
transaccional.
Señoras y señores diputados, el punto número 6, como ustedes saben,
ha sido debatido en segundo lugar, y como se ha anunciado
reiteradamente a SS.SS., algunas de ellas ausentes, las votaciones no
van a tener lugar antes de las 13 horas, por lo tanto se suspende la
sesión y ruego a todos ustedes, señoras y señores diputados, que se
personen a las 13 horas para proceder a las votaciones de las
proposiciones no de ley.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a la una y cinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, antes de proceder a
las votaciones cada portavoz de grupo parlamentario debe comunicar a
la Mesa, como viene siendo
habitual en todas las sesiones, las sustituciones y el número de
asistentes a esta reunión. (Pausa.)Señorías, vamos a proceder a las
votaciones. La primera corresponde al primer punto del orden del día,
proposición no de ley relativa a la planta desaladora de Carboneras,
cuyo autor es el Grupo Socialista. Se ha presentado a esta iniciativa
una enmienda del Grupo Popular que ha sido aceptada por el grupo
proponente, por lo que vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La segunda proposición no de ley es sobre actuaciones hidráulicas en
el río Mero. El autor de esta iniciativa ha sido el Grupo Socialista.
A esta proposición se han presentado varias enmiendas, dos del Grupo
Mixto y una del Grupo Popular, y finalmente se ha llegado a una
enmienda transaccional que han suscrito todos los grupos y que, por
tanto, es la que se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La tercera es la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a la creación en el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de una comisión técnica para la realización de un
diagnóstico sobre la situación ambiental y sanitaria del entorno de
la ría de Huelva, a elaborar un plan de recuperación integral de la
misma y a poner en marcha en la ciudad de Huelva un centro de I+D
sobre contaminación industrial y procesos de corrección. El autor de
esta iniciativa ha sido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y se han presentado a la misma dos enmiendas del Grupo
Socialista y una del Grupo Popular. Finalmente, todos los grupos han
acordado una enmienda transaccional que, salvo algún grupo pida su
lectura expresa, excuso a los asistentes y la someto a votación.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La cuarta es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno
a realizar un nuevo plan de actuaciones en las playas del litoral de
Málaga. Aesta iniciativa también se ha presentado la correspondiente
enmienda transaccional que ha sido objeto de acuerdo de los grupos
enmendantes y del que ha presentado la iniciativa y que, sin más
trámite, someto a votación.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La quinta es la proposición no de ley relativa a la concesión para la
realización de obras en el dominio público marítimo terrestre de la
isla de A Creba, en el términomunicipal de Muros (A Coruña). El autor
ha sido el Grupo
Parlamentario Mixto y a esta iniciativa ha presentado una enmienda el
Grupo Socialista que ha sido aceptada por el grupo proponente de la
iniciativa.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, se somete a votación la proposición no de ley número 6,
relativa a la declaración de interés general de los riegos del bajo
Ter y la regulación del Tordera. El autor de esta iniciativa es el
Grupo Socialista y no se han presentado enmiendas, por lo que se
somete a votación tal y como se ha presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del martes, 23 de marzo de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones», ya elaborados.