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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 658, de 17/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 658
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 37
celebrada el miércoles, 17 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y Desarrollo (Fernández Díaz) para
informar sobre:
- La política universitaria del Gobierno. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001731) ...
(Página 19122)
- Planes del Gobierno sobre la reforma de la Ley de reforma
universitaria. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 212/001209) ... (Página 19122)
- La política universitaria del Gobierno, especialmente en lo referido
a proyectos de reforma de la Ley de reforma universitaria. A solicitud
del Grupo anterior. (Número de expediente 212/000721)... (Página 19122)
Comparecencia del señor secretario de Estado para el Deporte y
presidente del Consejo Superior de Deportes (Villar García-Moreo) para
informar sobre:
- Evolución del Plan ADO en relación con los juegos olímpicos de Sidney
2000. Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 212/000529) ... (Página 19144)
- Programa de actuación del Consejo Superior de Deportes en el
período que resta de legislatura. A petición propia. (Número de
expediente 212/001481) ... (Página 19144)
- Política deportiva del Consejo Superior de Deportes. Asolicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001890)
... (Página 19144)
- Sobre la política del Gobierno en materia de deportes. Asolicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia y Unió) (Número de
expediente 212/001877) ... (Página 19144)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIADELSEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (FERNÁNDEZ DÍAZ)
PARAINFORMAR SOBRE:
- LA POLÍTICA UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001731)
- PLANES DEL GOBIERNO SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE REFORMA
UNIVERSITARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 212/001209)
- LA POLÍTICA UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO, ESPECIALMENTE EN LO
REFERIDO A PROYECTOS DE REFORMA DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/
000721)
El señor VICEPRESIDENTE (Clotas i Cierco): Buenos días, señoras
diputadas, señores diputados, señor secretario de Estado. Vamos a
iniciar la sesión de la Comisión de Educación y Cultura que en el día
de hoy, como SS.SS. saben, consta de varios puntos que se resumen en
dos, que son la comparecencia del secretario de Estado de Educación,
que nos acompaña ya, y la del secretario de Estado para el Deporte.
Antes de iniciar el orden del día y de dar la bienvenida al
secretario de Estado, debo someter a la consideración de los
presentes que existen dos peticiones de comparecencia que no se
incluyeron en el orden del día por no haber llegado a tiempo pero
que, si lo consideran así, podemos incluirlas. Una es de Convergència
i Unió y hace referencia a la comparecencia del señor secretario de
Estado de Deportes, y la otra es del Grupo Mixto, del señor
Rodríguez, y hace referencia a esta comparecencia. ¿Lo acuerdan así
SS.SS.? (Asentimiento). Pues se considera alterado mínimanente el
orden del día en este sentido.
Vamos a iniciar el primer punto. Existen, por tanto, tres peticiones
de comparecencia que hacen referencia al secretario de Estado de
Educación en materia de universidades. Yo quiero felicitar al
secretario de Estado por su nombramiento y darle la bienvenida a esta
Comisión, que es la
suya, en la que hoy interviene por primera vez pero que sin duda lo
hará muchas veces, lo cual digo a efectos de que tanto el secretario
de Estado como los señores portavoces no intenten agotar en el día de
hoy todos los temas.
Hecha esta salutación, que creo que comparten todas SS.SS., tiene la
palabra el secretario de Estado señor Fernández.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Muchas gracias por las
palabras de bienvenida y de afecto que me ha dirigido el señor
presidente de la Comisión y, si me lo permite mi buen amigo Salvador
Clotas, y a todos ustedes por la petición de comparecencia que me
permite volver a esta Cámara para mí muy querida porque, como saben
muchos de ustedes, hemos compartido escaño y labores parlamentarias
durante diversas legislaturas y, en definitiva, porque esta Cámara es
representante de la soberanía popular, por lo que siempre es bueno y
necesario comparecer ante la misma para, como es en este caso,
explicar a la Comisión la política universitaria del Gobierno, que es
el motivo que básicamente motiva mi comparecencia aquí a petición de
dos grupos parlamentarios.
Comparezco, pues, señor presidente, señorías, por primera vez ante
esta Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados
para exponer, como he dicho y como se me ha solicitado, la política
universitaria del Gobierno y referirme también a todas y cuantas
cuestiones SS.SS. quieran abordar, con la limitación de tiempo a la
que nos ha hecho referencia el señor presidente de la Comisión, y en
todo caso a todas aquellas que yo esté en condiciones de contestar.
Comprendo que la legislatura está muy avanzada pero hacía mis cuentas
y hoy no se cumplen los 100 días de gracias, sino 50, exactamente la
mitad. Pero antes permítanme que les diga que para el Gobierno la
política universitaria tiene la consideración de auténtica cuestión
de Estado, en el sentido más profundo y serio de la denominación.
Precisamente por ello, por esa consideración y por la importancia
estratégica que para el futuro de nuestro país tiene la política
universitaria y la institución universitaria, este secretario de
Estado, que cuenta como es lógico -porque si no no le hubieran
nombrado- con la confianza del ministro y del Gobierno, desearía
contar también con la confianza y con el apoyo de los grupos que
ustedes representan desde la oposición o dando apoyo al Gobierno y
desde diferentes posiciones políticas, como es lógico, legítimo,
bueno y conveniente, para conseguir entre todos definir la política
universitaria que nuestro país necesita en estos momentos, insisto,
desde esa concepción de
que la política universitaria es una auténtica cuestión de Estado, y
por lo mismo yo ofrezco a esta Cámara y a esta Comisión la mejor
disposición al diálogo para que podamos alcanzar entre todos el mayor
nivel de acuerdo y de consenso posible. Sé muy bien que antes de mí
SS.SS. han oído parecidas o iguales manifestaciones que éstas de
anteriores responsables de la política universitaria de este o de
anteriores gobiernos, y sé también por ello que la música les puede
sonar bien pero que esperan -es lógico- y desean sobre todo escuchar
el significado último de la letra. Quiero por ello que sepan -y lo
reitero en estas palabras iniciales- que el compromiso que acabo de
manifestar es profundo, que lo expreso con todas sus consecuencias y
que no regatearé esfuerzo alguno para, con su ayuda, mejorar la
calidad del sistema universitario español y contribuir de esta manera
a conseguir la universidad fuerte y competitiva que todos queremos y
necesitamos para adentrarnos en el nuevo milenio. Y hago esa
referencia al nuevo milenio, al siglo XXI, porque en la nueva
sociedad basada en el conocimiento, que ya se está configurando, la
información, la inteligencia y el saber constituyen la nueva materia
prima y el principal factor de producción y de valor añadido. En este
contexto la universidad debe pasar a ser algo más que el vértice del
saber o el peldaño superior de la educación. Necesariamente ha de
asumir una dimensión pública y una responsabilidad fundamental para
emitir criterios que ayuden a transformar los datos en información y
la información en conocimiento.
Tras este pequeño preámbulo, con el que he pretendido significar la
importancia que en las sociedades avanzadas tiene la institución
universitaria, permítanme contextualizar -vocablo horroroso pero que
en definitiva intenta expresar algo que todos conocemos y es que el
presente actualiza todo el pasado y potencializa todo el futuro- y,
por tanto, que sitúe la realidad actual de nuestro sistema
universitario con unas breves pinceladas, con algunos datos que, como
decía lord Kelvin, nos permiten sin duda medir de una manera más
concreta un concepto, una idea, en este caso una institución e
inclusive una política que estamos intentando definir. Permítanme,
por tanto, SS.SS. que les recuerde muy gráficamente unos datos
básicos que servirán para visualizar la evolución de la universidad
en España en los últimos años.
En primer lugar, el gasto público y privado en educación -este dato
incluye también la educación no universitaria, gasto público y
privado, como he dicho- es el 6,2 por ciento del PIB para una media
de la OCDE del 6 por ciento. El gasto público en educación -ya
excluimos el privado- en España alcanza el 4,9 por ciento del PIB,
por tanto muy similar a Alemania, que es del 4,8, a Italia, el 4,7
o Reino Unido, el 5,2, siendo la media OCDE del 5,3 por ciento del PIB.
Si se deduce del total lo destinado a becas, ayudas y préstamos, se
comprueba que el gasto público en instituciones educativas es del 4,8
por ciento del PIB, muy próximo al 4,9 por ciento PIB de media OCDE y
al 4,9 por ciento de media de la Unión Europea. Quizá sea más
realista la comparación en la medida en que, como saben ustedes, la
OCDE incluye países que están muy alejados de nuestro entorno y de
nuestro contexto geográfico, político y en definitiva natural. Los
datos que hasta ahora acabo de mencionar son los últimos de que
disponemos de este tipo con comparaciones que para ser válidas han de
ser homogéneas.
La fuente es la OCDE, Regards Sur in Education 1998 y
Eurostat para los países de la Unión Europea. Estos son datos, los
citados hasta aquí, hasta 1995. De 1995 a 1998 se ha mantenido el
gasto total en torno al 6,2 por ciento PIB, se ha mantenido el gasto
público en torno al 4,9 por ciento PIB, lo que unido al descenso de
estudiantes de enseñanza no universitaria y a la estabilización del
número de estudiantes universitarios ha provocado un aumento del
gasto por alumno que para estudiantes no universitarios ha crecido un
12 por ciento en términos reales en estos tres últimos años.
Tercer dato que me parece significativo: por lo que se refiere al
gasto total en enseñanza universitaria, en España alcanza un 1,1 por
ciento del PIB mientras que la media de la Unión Europea es del 1,15
del PIB también. No obstante, y para que esa comparación sea más
válida y por tanto más homogénea -desagregamos datos que permitan esa
comparación en términos homogéneos de las respectivas magnitudes-,
hemos de desglosar las ayudas públicas a las familias en forma de
becas y ayudas de matrícula, de transporte y de residencia, con lo
cual España se mantiene en un porcentaje del 1,1 por ciento del PIB
mientras que la media de la Unión Europea pasa a ser del 1,37. La
fuente es el informe de la OCDE Education at a glance, Educación de
un vistazo, OCDE indicadores 1998.
Cuarto dato. El número de estudiantes universitarios en España ha
pasado de 649.000 en el curso 1980/1981 a 1.559.000 en el curso
académico presente. A este respecto cabe señalar que en este curso
1998/1999 se ha producido por primera vez un descenso del número de
estudiantes universitarios en nuestro país, que ha pasado de
1.564.000 en el curso pasado, 1997/1998, como he dicho, a los
1.559.000 estudiantes universitarios del curso actual. El descenso es
pequeño pero pone de manifiesto que estamos ya en un punto de
inflexión que parece que confirmará esa tendencia a la baja en
función de las tendencias demográficas, calculándose que en un plazo
de 10 años el número de estudiantes universitarios en las aulas
españolas será sensiblemente menor que el actual. Hay proyecciones
-con todas las reservas las menciono, como es lógico- que aluden
inclusive a un descenso de en torno a un tercio del actual, con lo
cual pasaríamos del millón y medio aproximadamente, en números
redondos, al millón de universitarios en un espacio temporal de 10
años.
Quinto dato. En 1980 existían en España 26 universidades públicas y 4
universidades de la Iglesia, las llamadas concordatarias: las de
Deusto, Navarra, Pontificia de Comillas y Pontificia de Salamanca. En
la actualidad existen en España 48 universidades públicas, sin contar
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es pública pero con
otras características (con ella serían 49), 11 privadas y cinco
universidades de la Iglesia.
Sexto. Por lo que se refiere al profesorado, en el curso también
1980/1981 el número de profesores en la universidad española era de
23.000. En el curso 1997/1998 ese número ascendió -he hablado de
profesores numerarios, obviamente- a 40.989, distribuidos en los
cuerpos de catedráticos de universidad, profesores titulares de
universidad, catedráticos de escuelas universitarias y profesores
titulares de escuelas universitarias. En cuanto al profesorado
contratado, es decir profesorado no numerario, el totalasciende a más
de 25.000 en el presente curso académico,
entre asociados fundamentalmente, aunque no sólo, como saben ustedes,
asociados, doctores y no doctores, contratados a tiempo completo y a
tiempo parcial.
Una vez expuestos estos datos de partida, creo que se puede ya
señalar de una manera muy clara, y en la estela de lo que ya
manifestó el ministro de Educación y Cultura en su primera
comparecencia ante esta Comisión hace unas pocas semanas, que en
consecuencia los problemas que ha de afrontar la universidad española
hoy y de cara al futuro no son, lógicamente, los mismos que los que
tuvo que afrontar la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria. En 1983, repito han pasado 16 años, se
trataba, además de adaptar el régimen jurídico de la universidad
española a la Constitución, de impulsar el desarrollo de la
mentalidad y el espíritu científico en España y de responder a la
demanda social representada por un número creciente de estudiantes
que, como muy bien señala la exposición de motivos de la citada Ley
de Reforma Universitaria, la 11/1983, exigían un lugar en las aulas
universitarias bien para su formación profesional, bien simplemente
para satisfacer un creciente y loable interés por la cultura.
Transcurridos más de 15 años, casi 16, desde la promulgación de la
citada norma, nos encontramos con el hecho de que por primera vez,
como he señalado antes, en el presente curso académico ha disminuido
el número de estudiantes universitarios en relación con el curso
anterior, rompiendo, como sabemos, una serie estadística ya muy
consolidada de muchos años de creciente incorporación de estudiantes
no universitarios a las aulas de la universidad española. La demanda
social, como consecuencia, cambia y la universidad española ya no se
encuentra frente a un reto cuantitativo, sino ante un reto
cualitativo, ante el reto de la calidad; calidad en la docencia
universitaria, calidad en la investigación que se hace en las
universidades y calidad en la gestión del sistema universitario. Por
tanto, ese es a nuestro juicio el gran reto que ahora tenemos
planteado, el reto que tiene planteada toda la sociedad española y la
universidad española y que debemos afrontar para poder competir en
condiciones de igualdad con otros sistemas universitarios en una
sociedad ya definitivamente global: mejorar la calidad de la
docencia, como he dicho, la de la investigación y la de la gestión
del sistema. Ha llegado el momento, pues, y los indicadores emiten
señales inequívocas en este sentido, de implantar medidas que mejoren
la calidad del servicio público universitario, paso imprescindible
para aumentar la competitividad del conjunto de nuestro sistema de
enseñanza superior. Para articular estas medidas, señorías, es a
nuestro juicio prioritario fomentar y promover la movilidad de
estudiantes y profesores, evaluar la calidad de las instituciones y
establecer mecanismos competitivos de financiación, especialmente en
aquellos ámbitos de la enseñanza superior, como el tercer ciclo, que
lo permiten y lo facilitan. Igualmente es fundamental mejorar la
gestión del sistema universitario, de tal manera que para conseguir
mejorar la eficacia del gobierno de las universidades, que está, como
digo, íntimamente relacionado con esa mejora de gestión y con esa
mejora de la competitividad en el objetivo de incrementar la calidad
de nuestro sistema, es muy importante separar la capacidad de
decisión de los órganos unipersonales, reforzándolos, distinguiendo
con claridad lo que son órganos representativos de lo que son órganos
de decisión en nuestras universidades.
Hemos también de potenciar la relación entre las universidades y las
empresas mediante el impulso de las actividades de investigación y
desarrollo, la transferencia de tecnología y la innovación.
Antes de pasar al detalle de estos puntos, quiero insistir en un
aspecto fundamental en lo que es la política del Gobierno, lo que
pretende ser la política del Gobierno, para lo cual yo estoy
compareciendo ante SS.SS. esta mañana aquí. El diseño de la
universidad del año 2000, el horizonte de los próximos 10 o 15 años,
como lo fue la Ley de 1983 con el horizonte del año 2000 en el que ya
prácticamente estamos, no se debe realizar y no queremos que se
realice de manera unilateral y partidista. Por eso aludí al comienzo
de mi exposición a que la política universitaria merece, sin
exageración y sin caer en tópicos del discurso y del debate político,
la condición y la calificación de política del Estado. No queremos,
por tanto, que ese diseño universitario se realice -como he dicho- de
manera unilateral y partidista y, por el contrario, requerimos y
deseamos el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad
universitaria, de las comunidades autónomas y del conjunto de los
interlocutores sociales para adoptar entre todos las medidas a corto
y a medio plazo (no hablo ya de largo plazo porque no lo permite ni
la política ni nuestra universidad) que nuestras universidades
necesitan. Esta es la razón por la que ya el ministro de Educación y
Cultura, Mariano Rajoy, en su comparecencia ante esta Comisión
manifestó claramente que el Consejo de Universidades tiene que
convertirse en la piedra angular del sistema universitario español.
Yo me atrevería a decirles que si una institución como el Consejo de
Universidades no existiera habría que inventarla, o habría que
crearla, y que como está creada lo que hay que hacer entre todos es
procurar que cumpla el papel -insisto- que está previsto que cumpla
en lo que hace referencia a la coordinación y planificación de
nuestro sistema universitario, sin perjuicio también de las funciones
de ordenación, de asesoramiento y de propuesta que la ley y las
normas que la desarrollan le atribuyen. Por tanto, tenemos la
voluntad clara, que como he dicho expresó ya el ministro en esta
Comisión, de impulsar y potenciar el Consejo de Universidades para
que cumpla ese papel -insisto- en un foro, en una institución que,
por acoger a la comunidad académica y a todas las administraciones
públicas que son competentes desde diversos ámbitos competenciales en
el diseño y la definición de nuestro sistema universitario, de la
política universitaria, están allí presentes. Esto no significa,
obviamente, que el Gobierno vaya a hacer dejación de sus
obligaciones, de sus responsabilidades. Se da por supuesto que las
asume y las va a ejercer, va a ejercer sobre todo el liderazgo
político que le corresponde (entre otras cosas el ministro preside el
Consejo de Universidades), pero lo pretendemos hacer de manera
consensuada, razonada y dialogada para que nuestras universidades
mejoren y los estudiantes sean el centro de la actividad académica y
tengan acceso a la mejor docencia e investigación que como país
podemos y debemos ofrecerles. Esta es nuestra responsabilidad y
nuestro principal objetivo, y añado también nuestro compromiso,
porque, como SS.SS. saben muy bien, el futuro ya lo estamos
construyendo desde este momento.
Paso a reseñar algunas propuestas de a corto y medio plazo que deben
enmarcarse en la línea de lo que acabo de
señalar hasta este momento en relación con lo que es la política
universitaria del actual Gobierno y que le corresponde ejecutar y que
le corresponde decidir al Ministerio de Educación y Cultura, y dentro
del mismo de manera especial a la Secretaría de Estado que me honro
en dirigir en estos momentos. Sus señorías deben valorar si las
propuestas que a continuación voy a detallarles son dignas de ser
compartidas por esta Comisión y, por tanto, merecen una inicial
confianza. En todo caso, agradeceré sus sugerencias al respecto para
mejorar estas iniciativas y enriquecerlas en el proceso de diálogo
que necesariamente hemos de abrir desde aquí y desde ahora.
La movilidad de estudiantes y profesores y la formación de los
profesores -creo que compartirán conmigo este punto de partida-
juegan un papel central en el ámbito universitario. Respecto a la
movilidad de estudiantes, el Gobierno pretende a muy corto plazo
modificar el Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, regulador de los
procedimientos de ingreso en los centros universitarios, que ya ha
sido informado por el pleno del Consejo de Universidades
favorablemente y que se encuentran en estos momentos pendiente de
dictamen del Consejo de Estado. Este nuevo real decreto permitirá,
entre otras cuestiones, ofrecer a los alumnos mayores posibilidades
de acceder a los estudios de su preferencia, la denominada primera
opción, permitiéndoles repetir las pruebas de acceso a la universidad
para mejorar su calificación en cualquier nueva convocatoria y en
diferente universidad, inclusive si acreditara un cambio de
residencia, y no como hasta ahora, como SS.SS. saben, que sólo pueden
repetir las pruebas para mejorar nota en una única convocatoria en
junio del año siguiente y en la misma universidad. Por cierto, que se
recoge de esta manera también en este proyecto de real decreto una de
las conclusiones de la ponencia del Senado que se constituyó para la
consideración de las medidas que deberían regular las pruebas de
aptitud o de acceso a la universidad para los estudiantes españoles.
Actualmente también hay una realidad social -y se va a recoger en ese
proyecto de norma- que afecta a un colectivo con el que la sociedad
debe manifestar de una manera especial su solidaridad, que es el de
los estudiantes discapacitados que se sienten inclinados por los
estudios de educación física, para que puedan acceder a la
licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte y a que
las universidades puedan someterlos a pruebas especiales de
evaluación de sus aptitudes personales para la actividad física y
para el deporte. Con el nuevo proyecto se autoriza a las
universidades para adaptar a las especiales condiciones de esos
estudiantes discapacitados las indicadas pruebas especiales para el
acceso a dichos estudios. En el repetido proyecto, además, se
establecen unos porcentajes mínimos y máximos para las plazas a
reservar para determinados colectivos -formación profesional,
estudiantes extranjeros, deportistas de alto nivel, etcétera-,
encomendando a las comunidades autónomas, a propuesta de las
universidades de su territorio, la determinación concreta de dichos
porcentajes dentro de la banda que establezca del decreto, teniendo
en cuenta la demanda real de plazas existentes para esas enseñanzas
en los correspondientes distritos universitarios. De esta forma
podremos conseguir un incremento del porcentaje de plazas destinadas
a los alumnos procedentes de bachillerato, que no podemos ni debemos
olvidar que es el modo natural de
acceder a la universidad y que en la actualidad, precisamente por
esas reservas de plaza, disponen sólo del 54 por ciento, sin contar
con el distrito compartido; es decir, de cada 100 bachilleres sólo en
la práctica disponen de 54 plazas en nuestra universidad, insisto,
sin contar el 5 por ciento del distrito compartido. Creo que es un
dato que nos debe inducir a todos también a la reflexión colectiva.
Pretendemos también favorecer, como he dicho, porque nos parece un
elemento fundamental para mejorar la competitividad como instrumento
al servicio de la consecución del objetivo de mejorar la calidad de
nuestro sistema universitario español, la movilidad de los
estudiantes de un lado, ampliando a todas las comunidades autónomas
la posibilidad de que las universidades de su territorio o parte de
ellas, y respecto de enseñanzas y porcentajes que se establezcan,
sean consideradas como una sola universidad, es decir, como un
distrito autonómico, a los efectos de acceso a las enseñanzas
universitarias. Se admite en ese proyecto de norma que incluso esta
posibilidad pueda alcanzar a universidades del territorio de
distintas comunidades autónomas, previo acuerdo entre éstas, lo que
pudiéramos denominar distrito interautonómico. En todo caso, como
digo, debe hacerse por acuerdo de las comunidades autónomas y previa
conformidad de las correspondientes universidades. En todo caso esta
medida, señor presidente, señorías, quiero anunciarles que con ser a
corto plazo -ya insisto en que está informada favorablemente por el
Consejo de Universidades y pendiente de dictamen por el Consejo de
Estado-, pretendemos que sea meramente transitoria, es decir para el
curso 1999/2000, porque a medio plazo y por tanto a lo largo del
curso 1999/2000 pretendemos llevar a cabo una modificación más
profunda, con el consenso y el acuerdo de todos, en todo caso con el
mayor consenso posible, y, como he dicho, debatiéndolo profundamente
con las comunidades autónomas, la comunidad universitaria, los
agentes sociales y por supuesto ¡faltaría más! con esta Cámara, que
nos permita disponer para el curso 2000/2001 de un distrito abierto
para todo el sistema español universitario.
Otro factor fundamental para impulsar la movilidad de los estudiantes
son las becas. La política de becas y ayudas al estudio es
absolutamente indispensable para complementar esa movilidad que con
estas normas jurídicas pretendemos incrementar. También a corto plazo
-a finales de mayo es en principio nuestra voluntad- estará preparado
el real decreto que de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional debe permitir una gestión descentralizada de las becas
universitarias y que el Estado pueda impulsar con decisión las becas
intercomunidades, es decir, las becas para garantizar los
desplazamientos de estudiantes universitarios del territorio de una
comunidad autónoma, de una universidad de su comunidad autónoma a
otra universidad que esté radicada en otra comunidad autónoma, becas
que no son territorializables, para de esta manera, como decía, hacer
real la movilidad de los estudiantes universitarios. Además de las
becas y ayudas al estudio, de forma complementaria el Ministerio de
Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, va a
incrementar los préstamos dirigidos a apoyar financieramente a los
estudiantes universitarios que vayan a cursar el último año de su
diplomatura o licenciatura. Quiero darles a continuación
unos datos que creo que son enormemente esperanzadores en esta línea
de política.
Como SS.SS. saben, el Ministerio de Educación y Cultura financia la
mayor parte del interés de estos préstamos y estoy seguro de que la
convocatoria para el curso 1999/2000 será un éxito, como lo ha sido
la experimental del curso 1998/1999. Este ha sido un programa de
préstamos dirigidos a apoyar financieramente a los estudiantes
universitarios que cursan el último año de estudios de diplomatura,
licenciatura, ingeniería y arquitectura técnica, arquitectura e
ingeniería y que complementa el sistema general de becas y ayudas a
los estudiantes, permitiendo a cada uno de estos obtener créditos de
hasta 630.000 pesetas con un interés máximo y aproximado del 1,3 por
ciento, con un año de carencia y cinco años de devolución. Tengo que
decir que la convocatoria experimental de noviembre del pasado año,
con 50 millones de pesetas de dotación, en 20 días y con un capital
en principio disponible de 2.000 millones de pesetas, cubrió 1.300
millones de pesetas de solicitudes. Para este año hemos doblado la
dotación, 100 millones de pesetas, para cubrir un capital de 4.000
millones de pesetas. Debo decir que las tres instituciones
financieras que han colaborado en este programa experimental de
noviembre de 1998 para el curso presente están, como no podía ser de
otra manera, encantadas con la respuesta que ha tenido esta
iniciativa, de tal manera que prácticamente todo el sistema
financiero español se ha sumado y se ha dirigido al Ministerio
solicitando colaborar con este programa para el curso académico 1999/
2000. Como digo, tenemos prevista una dotación presupuestaria
doblada, de 100 millones de pesetas, y un capital de 4.000. Nuestra
idea es que esta convocatoria pueda salir simultáneamente con el
programa de becas y ayudas al estudio de carácter general, de
carácter especial, etcétera, en torno al mes de junio de este año,
para que puedan conocer los estudiantes las condiciones en que podrán
disfrutar u obtener en el momento de cursar sus estudios en el
siguiente curso académico, en el que empezará en septiembre u octubre
de este año. Pensamos que con esos créditos subvencionados, en
definitiva, los estudiantes, al hacerse conscientes del coste de su
educación, también se esfuerzan en sus estudios, se motivan mejor
(esa es la experiencia que se nos está poniendo de manifiesto) y
posteriormente, cuando ya son profesionales que se han incorporado
una vez acabados sus estudios al mundo del trabajo, pueden devolver
la financiación en unas condiciones muy generosas que la sociedad ha
puesto a su disposición. Tengo que decir, por otra parte, que con
estas convocatorias pretendemos dar cumplimiento a una de las
previsiones de la Ley de Reforma Universitaria, que data de 1983, que
establece que el Estado instrumentará, junto a una política general
de becas y ayudas a los estudiantes universitarios, una política de
créditos a los mismos.
Con toda sinceridad, señorías, y tal como vengo diciendo desde el
comienzo de mi exposición, o caminamos decididamente hacia la
movilidad dentro del sistema o nuestras expectativas de modernización
y de mejora se verán seriamente limitadas. La movilidad de los
estudiantes y de los profesores enriquece a los estudiantes, a los
profesores y, por tanto, al sistema universitario, a la universidad.
Sabemos que ello implica una mayor financiación, pero estamos
dispuestos a estudiar entre todos, lógicamente, y en el contexto de
lo que es la política presupuestaria del Gobierno
en el seno de un programa de convergencia y de un plan de
estabilidad y crecimiento que todos conocemos, aquellos esfuerzos que
para dar soporte a las iniciativas que se vayan consolidando permitan
que el sistema universitario se fortalezca y gane en competitividad.
No quiero poner adjetivos a nada, señorías, pero convendrán conmigo
-presumo- en lo paradójico que resulta que mientras que somos, por
ejemplo, el segundo país en movilidad de estudiantes en Europa a
través del programa Erasmus, nuestro sistema de distrito compartido,
que como saben reserva el cinco por ciento de las plazas de todas las
enseñanzas a alumnos de otras universidades, se queda sin cubrir.
Señorías, una razón más para apoyar este argumento es que la Ley
Orgánica de Reforma Universitaria dice en su artículo 25 que -y cito
literalmente- el estudio en la universidad de su elección es un
derecho de todos los españoles. Aestos efectos yo quiero recordar lo
que es un compromiso de Gobierno manifestado al máximo nivel del
mismo por el presidente del Gobierno, por el vicepresidente segundo
y ministro de Economía y por el propio ministro de Educación y Cultura
en este sentido. La movilidad de estudiantes y de profesores ha de
ser necesariamente una prioridad en nuestro sistema universitario
como instrumento al servicio, insisto, de la mejora de la
competitivad de nuestro sistema para mejorar su calidad, que es el
reto que tiene en el escenario ya del siglo XXI y no en el escenario
del prácticamente culminado siglo XX. El Gobierno, por lo mismo,
concede una importancia fundamental a esta cuestión y querría
trasladar a su ánimo la necesidad, casi diría la urgencia, de
trasladar también entre todos a la sociedad lo vital que es para el
futuro de nuestra universidad asumir e impregnar en la misma la
cultura de la movilidad. Tenemos que introducir factores, elementos
que faciliten la movilidad de los alumnos mientras cursan sus
estudios, lo que lograremos transitoriamente pero ya de manera
efectiva, como he dicho, a corto plazo con las modificaciones a las
que antes he hecho alusión, la reforma del Decreto 1005/1991 y
mediante un nuevo sistema de becas que cuente con la financiación
adecuada. A estos efectos, el Gobierno, el Ministerio, la Secretaría
de Estado se propone con su colaboración y con la de los responsables
universitarios de las comunidades autónomas y de las propias
universidades poner en marcha lo que pudiéramos denominar programa
Erasmus español; un programa que, en definitiva, pretendiera impulsar
fórmulas ya iniciadas por algunas universidades en los estudios de
medicina -el plan Cajal- y en contactos habidos entre universidades
politécnicas, en concreto la Politécnica de Madrid y la Politécnica
de Cataluña. Con este programa pretenderíamos conseguir la movilidad
de los estudiantes de los últimos cursos para una mejor
especialización en sus estudios. Por tanto, movilidad en el ingreso,
movilidad mientras cursan su carrera, especialmente en los últimos
años de sus estudios, de los primeros ciclos, diplomaturas terminales
o de licenciaturas e ingenierías, pero también movilidad de los
estudiantes cuando se gradúan, para lo que el Gobierno está
estudiando la introducción de elementos que favorezcan la movilidad
en los requisitos de las becas de posgrado de formación del personal
investigador, las FPI, y formación del profesorado universitario,
FPU. Asimismo pretendemos impulsar y favorecer la cultura de la
movilidad en los programas dedoctorado de calidad, incluyendo tanto a
los futuros doctores
como a los profesores que impartan esta docencia. El programa de
doctorado de calidad, señorías, que como ustedes saben se inició en
el año 1996, ha sido modificado sustancialmente en la convocatoria de
14 de mayo del año pasado y tiene por objetivo la concesión de ayudas
a la movilidad del profesorado universitario español y extranjero
para participar en programas de doctorado, tratando de estimular la
calidad y la excelencia de estas enseñanzas en las universidades
españolas. Nos proponemos completar esta iniciativa en la próxima
convocatoria de este programa con una política de ayudas destinada a
los estudiantes de doctorado, con el fin de facilitarles la
participación en programas impartidos en universidades ubicadas fuera
de su lugar de residencia habitual, estimulando también de esta
manera la movilidad interuniversitaria y la financiación competitiva
de la universidad en este ámbito.
He hablado al comienzo de mi exposición del reto de la calidad en la
docencia, en la investigación y en la gestión del sistema
universitario, y he hablado de la competitividad como instrumento al
servicio de la consecución de ese objetivo y de la movilidad al
servicio de la competitividad y de, también, la evaluación de la
calidad de las universidades para que estemos en condiciones de tener
las ratio, los datos que nos permitan ser objetivos a la hora de
valorar la calidad de esa docencia y de esa investigación que se
imparte en nuestras universidades, para que de esa manera
objetivamente la competitividad sea posible y de esa competitividad,
también en condiciones de objetividad adecuada por su evaluación,
podamos mejorar la calidad. Por eso vamos a impulsar una modificación
del vigente Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, que regula el
Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, para
posibilitar convenios entre el Ministerio de Educación y Cultura y
las comunidades autónomas, de tal manera que éstas puedan asumir la
gestión de los proyectos de evaluación de calidad de las
universidades de su territorio, la resolución y el seguimiento de
esos planes de evaluación. Señorías, no podemos olvidar lo obvio. Ni
los responsables educativos ni los políticos podemos permitirnos
cerrar los ojos y hablar con frases bien estructuradas de conceptos
que no tienen correspondencia con la realidad. No podemos de forma
voluntarista pedir o pretender movilidad a personas que no han tenido
oportunidad de moverse durante su carrera y que ya están establecidas
casi de manera definitiva. La movilidad es una oportunidad docente y
científica, es una actividad de querer conocer más y enseñar mejor,
es un reto personal y profesional y es, en definitiva, una ocasión
para perfeccionarse y competir sin ninguna limitación que genere
desigualdad. Es una cultura por el contrario ésta, la de la
movilidad, que si queremos ser realistas y conseguir que prenda, que
arraigue en el sistema, se debe practicar y no sólo predicar, como
decía antes, en las primeras etapas de la formación. Si nuestros
universitarios asumen desde su entrada a las facultades y centros de
investigación la cultura de la movilidad, la asumirán de forma
permanente durante toda su carrera docente e investigadora y no como
algo excepcional, como está sucediendo en estos momentos. Señorías,
estas propuestas referidas tanto a actuaciones a corto como a medio
plazo forman parte del reto que la universidad española debe afrontar
en estos momentos y a cuya superación todos debemos contribuir, y por
supuesto el Gobierno está dispuesto a contribuir
asumiendo su responsabilidad, a la que me he referido. En este marco,
señor presidente, señorías, consideramos que una mera modificación
parcial de la Ley de Reforma Universitaria, me refiero al título V de
la misma, no da respuesta suficiente al desafío que la universidad
tiene ahora planteado. Entendemos que es más conveniente proceder en
el seno del Consejo de Universidades y a través del máximo diálogo
posible al que la comunidad universitaria y las comunidades autónomas
son proclives -y nos consta ya- a una modificación más amplia, más
global, de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (entendemos que
existe una general coincidencia en este punto) y proceder a una
modificación, en consecuencia, del conjunto de la ley, sin perjuicio
de que algunos aspectos que ya han sido asumidos de manera muy
consensuada relativos al título V puedan incorporarse a ese consenso
más amplio y que afecte a una reforma más global de esa Ley de
Reforma Universitaria. Esa es, pues, la disposición del Gobierno, que
a estos efectos hará un llamamiento a los rectores, a los
responsables de las comunidades autónomas, a los representantes del
Parlamento, que tiene cinco elegidos por el Congreso y cinco elegidos
por el Senado en el Consejo de Universidades, y a los agentes
sociales para, conjuntamente con el Gobierno y en el foro del Consejo
de Universidades, sostener el debate que de mediar el acuerdo y el
consenso deseables nos permita plantear en la siguiente legislatura
la modificación amplia y global de la ley que nos debe permitir, en
definitiva, definir la universidad española para los próximos 10 ó 15
años. A esos efectos, el próximo día 25 de marzo el ministro de
Educación y Cultura planteará en el pleno del Consejo de
Universidades estos objetivos a la comunidad universitaria, a las
comunidades autónomas y a los representantes del Parlamento, y
expondrá las iniciativas del Gobierno que estoy brevemente exponiendo
para definir e impulsar esa política universitaria haciendo
referencia a los métodos de trabajo y a los objetivos para la actual
legislatura. Pretendemos que sea este un debate abierto, impulsado
por el Consejo de Universidades, y donde el ministro, el Ministerio
buscará el consenso, como he dicho también, con los agentes sociales,
con los sindicatos, antes de proceder a las iniciativas legislativas
que de ese consenso pudieran derivarse. Señorías, he aludido a
medidas de corto y medidas de medio plazo, y por tanto, aun pensando
que como medida a medio plazo, pues he estado hoy hablando de los
próximos meses y el comienzo de una próxima legislatura para la que
estamos en puertas, falta un año aproximadamente, digo que aun
pensando que estamos hablando de medio plazo para esa modificación
global de la LRU, somos conscientes también que hay algunos problemas
que requieren respuestas en el corto plazo. Somos conscientes de que
hay problemas que afectan a algunos colectivos docentes,
fundamentalmente su falta de estabilidad. El Ministerio va a negociar
con las comunidades autónomas y con la comunidad universitaria
y agentes sociales las líneas básicas de lo que pudiéramos denominar
programa de promoción y estabilidad del profesorado, que el ministro
planteará en la sesión plenaria de la semana que viene, el día 25,
ante el Consejo de Universidades. Este programa pretende dar
respuesta a la situación creada en las universidades,
fundamentalmente, como ustedes saben, por la utilización que se ha
hecho de la figura de los profesores asociados a tiempo completo, y
pretende ser
plurianual, cofinanciado con las comunidades autónomas y consensuado
con éstas. Estoy convencido de que este programa permitirá a las
universidades resolver su problema urgente en el corto plazo de
estabilidad del profesorado y pensamos que inclusive, si se diera el
consenso necesario, podría llevarse a cabo en el corto plazo y con
normas con rango inferior al del ley.
Paso a un siguiente punto en mi exposición, para ir terminando, que
es el relativo al de la investigación. Señorías, hablar de política
universitaria y no de investigación es hablar de una política que no
se sustenta en la realidad. La investigación es uno de los pilares de
la universidad y el Gobierno, en consecuencia, trabajará, junto con
las universidades, para estimular aún más la actividad científica de
los departamentos universitarios. Nos proponemos articular
sólidamente los tres vértices de un triángulo de un alto valor
estratégico para nuestro país, el triángulo universidad- ciencia-
empresa, cuya finalidad es el aumento del bienestar social, la
generación de riqueza y la generación de empleo por la vía de la
generación de valor añadido. El Gobierno considera fundamental la
tarea investigadora de las universidades, no sólo por su valor para
las actividades del momento sino por su proyección de futuro. No
parece acertada la contraposición entre tareas docentes e
investigadoras de la universidad, no sólo porque ambas, como ustedes
saben, sean esenciales, sino porque las dos se potencian mutuamente,
la docente y la investigadora. Además, estamos convencidos de que por
la vía de la investigación es por donde puede y debe discurrir con
mayor eficacia la proyección de la tarea universitaria en el ámbito
de la empresa y, en general, en el sistema productivo español. Es
evidente que la actividad investigadora está basada en las
capacidades y experiencia de los grupos de investigación que
pertenecen a cada institución, sea ésta universitaria o puramente
investigadora, por lo que cada institución, en uso precisamente de su
autonomía, tiene un notable margen para valorar la investigación de
los grupos que la integran, estimular la mejora de su calidad y
competitividad científica y promover, en definitiva, un ambiente
adecuado para el cultivo de la ciencia. La Secretaría de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo tiene la
responsabilidad, dentro del Ministerio de Educación y Cultura y del
Gobierno, de programas básicos para la actividad investigadora en el
sector público, dentro de las competencias de investigación que
conciernen a la Administración general del Estado, por lo que voy a
señalarles algunos de los objetivos más salientes de las políticas
que pretendemos desarrollar.
Hay que destacar previamente que la participación del conjunto del
sistema universitario en la actividad investigadora, científica y
tecnológica, el porcentaje de los recursos de investigación que se
aplica desde las universidades y la producción científica de las
instituciones de enseñanza superior han experimentado un incremento
notable en nuestro país en los últimos años, incremento que continúa
produciéndose de forma consolidada. Quiero recordarles, por tanto
-por eso decía que no podemos hablar de política universitaria sin
hablar de política de investigación y política científica-, que en la
universidad trabaja cerca del 90 por ciento de los investigadores del
sector público español; cerca del 90 por ciento de los investigadores
del sector público español trabajan en las universidades españolas y,
lo que es más importante, del ámbito fundamental para la formación
del personal científico trabajan los que van a ser los investigadores
del futuro, aquellos que tendrán la tarea fundamental de expansionar
el sistema de investigación y desarrollo y hacerlo más eficaz y más
eficiente, como demandan los tiempos que se avecinan. Por tanto,
nuestras políticas se inscriben naturalmente en el marco del
crecimiento de la tarea de investigación y desarrollo, el I+D, que de
manera realista y teniendo en cuenta los criterios de convergencia y
control del gasto público el Gobierno pretende lograr, según han
expresado en numerosas ocasiones sus máximos responsables en la
materia. Quisiera resaltar que el logro de este objetivo no lo
basamos exclusivamente en un sistema de gasto meramente
incrementalista, sino en una forma de gastar y de gestionar que
genere los mejores resultados a través de las acciones que prioricen
aquellosaspectos del sistema de I+D que más convienen a la realidad
de nuestro país. Creemos, en definitiva, que la expansión de nuestro
sistema científico y tecnológico pasa por lograr la mejor
articulación entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado del
sistema industrial de manera que ambos se potencien. Por la vía de
los recursos, esta Secretaría de Estado promoverá una utilización
eficaz de los programas que gestiona para proyectos y otras acciones
de formación. La evaluación científica y tecnológica de las
propuestas de investigación, proyectos, etcétera, nos parece
esencial, por lo que nos proponemos reforzar y potenciar la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), complementando aquellos
aspectos en los que es más deficitaria, la pe de prospectiva y la ese
de seguimiento. Es decir, está muy desarrollada y con una alta
consideración, como ustedes saben, en nuestro país y en el exterior,
en el ámbito público y en el sector privado en nuestro país, la
calidad de las evaluaciones de la ANEP, pero debe desarrollarse en el
ámbito del seguimiento de aquellos proyectos de investigación que por
haber sido evaluados positivamente por la misma han sido
subvencionados desde el sector público y, al mismo tiempo,
desarrollar la línea de prospectiva para ir priorizando aquellas
líneas de investigación que más demanda la realidad de nuestro país.
Actualmente está en marcha la elaboración del Plan Nacional de I+D
para el cuatrienio 2000-2003. La Secretaría de Estado, de la que soy
titular en estos momentos, colabora activamente en la elaboración de
las líneas maestras de este plan bajo la coordinación de la Oficina
de Ciencia y Tecnología (OCYT), dependiente de Presidencia del
Gobierno, junto con otros agentes con competencias en esta cuestión.
Una de las líneas directrices de los planes que se elaboran tiende
a conectar la investigación del mundo académico, del mundo
universitario, con la del sector empresarial, por lo que la
investigación universitaria encontrará precisamente en este ámbito
una oportunidad de reforzar esos lazos a los que me vengo refiriendo
desde hace unos instantes. Nos proponemos también reforzar acciones
en marcha incluidas en los programas que financia la Secretaría de
Estado, como el programa de incorporación de doctores a la empresa
y la acción MIT para trabajos de investigadores en empresas.
En definitiva, señorías, estamos convencidos de que manteniendo la
exigencia de calidad y competitividad que inspira la gestión de
recursos del programa general del conocimiento y del plan nacional se
puede estimular cada
vez más la rentabilidad de la investigación, entendiendo por supuesto
la palabra rentabilidad en toda su extensión, es decir, que la
sociedad española reciba a través de la investigación que financia y
apoya los frutos que de ella deben derivarse, es decir, aumento del
conocimiento, aplicaciones para el sistema productivo y soluciones
para muchos de los problemas que nuestra sociedad tiene planteados en
estos momentos. La imposibilidad de cubrir todos los asuntos
relacionados con la investigación en esta mi primera comparecencia
ante esta Comisión no me impedirá comentar muy sucintamente que a
través del organismo público de investigación dependiente de esta
Secretaría de Estado, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, pretendemos también contribuir a la investigación
universitaria potenciando la vía de las unidades asociadas y los
centros mixtos con universidades. Esta política está dando buenos
frutos porque los centros de titularidad compartida suelen suponer
una vía para la mutua potenciación de las universidades, y en este
caso del CSIC, y por tanto son algo más que una suma de esfuerzos;
significa aprovechar las sinergias. Por ello el CSIC ha promovido un
buen número de centros mixtos con diversas universidades que han
estado interesadas y en las que los recursos así lo han hecho
posible, y vamos a continuar con esta política. Puedo citar como
ejemplos los centros mixtos con la Universidad de Castilla-La Mancha
y añadir que pronto habrá otros similares con la Universidad Pública
de Navarra, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad
Politécnica de Valencia.
Concluyo, señor presidente, señorías, pero no puedo dejar de hacer
mención a los programas de la Secretaría de Estado de contratación de
doctores de reincorporación y los planteamientos que a nuestro juicio
merecen. No cabe duda de que se trata de personal cualificado que
debe encontrar la posibilidad de desarrollar sus capacidades tanto en
el sector público como en el privado. La mejora de nuestro sistema
científico tiene que suponer un número creciente de oportunidades
para este personal, cuya ubicación en nuestro sistema no puede eludir
la posibilidad de que obtengan plazas en las universidades o en los
OPIS, los organismos públicos de investigación, a través, eso sí, de
procesos competitivos, o que se incorporen -y es deseable que se
incorporen crecientemente- al sector privado, a las empresas
interesadas en su contratación o a cualquier otra tarea. Mientras
tanto, desde el sector público y desde el Ministerio -la Secretaría
de Estado- apostamos por una apertura en los procesos de selección de
profesorado de las universidades que permita optar a los más
cualificados a un puesto de esta naturaleza. Apostamos también por un
incremento del personal investigador -así lo hemos hecho, lo ha hecho
el Gobierno para el caso del CSIC- incrementando su plantilla
científica en un 7 por ciento en 1998, cuando llevaba varios años
estancada esa plantilla, y con un incremento parecido para este año
1999, lo que va a suponer y está suponiendo sin duda unas
oportunidades crecientes para este personal. Yapostamos también por
una mejora de las posibilidades de investigación industrial, aunque
ya no es mi ámbito, como la que está preparando el Gobierno con la
futura ley de innovación industrial.
Termino ya, señor presidente, señorías, manifestando mi
agradecimiento por su petición de comparecencia, que me permite
plantear a ustedes las cuestiones que acabo de
reseñar relativas a algo tan importante para el futuro de nuestro
país como es la política universitaria y reiterándoles que estoy a su
disposición para atender las cuestiones que en relación con lo que yo
les he expuesto, o aquellas otras que sean de su interés y yo no haya
planteado, ustedes quieran exponerme y que yo esté en condiciones de
responder.
El señor VICEPRESIDENTE: La primera solicitud de comparecencia es la
del Grupo Socialista; por tanto le corresponde el primer turno a su
portavoz la señora Díez de Baldeón, quien tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Bienvenido, señor Fernández Díaz.
Vuelve usted a esta casa donde ha estado muchos años y de verdad le
deseo éxito en su gestión. Me alegra muchísimo oírle. No sé si es
consciente de la loa que ha hecho a la gestión del Gobierno
socialista en el tema universitario con los datos que ha ido
desglosando. Por eso resulta sorprendente que ahora diga, después de
casi tres años de gestión de su partido en esta legislatura que ha
llegado el momento de plantear el tema universitario como una
política de Estado. Ojalá a partir de ahora -tienen poco tiempo-
entiendan que la universidad es una política de Estado y usted
contribuya a desbloquear la parálisis que existió con la anterior
ministra de Educación. Nos pide consenso y ayuda, y estamos
dispuestos a ofrecérselo, pero también le pedimos lealtad y
transparencia y, por supuesto, que reconozca a esta Cámara trayendo
aquí los problemas y evitando prácticas perniciosas de otros momentos
en los que nos hemos podido enterar a través de la prensa de lo que
pensaba el Ministerio de Educación sin un debate ni un diálogo sereno
y sin contar con este grupo parlamentario ni con otros. Por tanto,
gracias por esta oferta de diálogo, pero espero que supere las buenas
palabras y así contará con nosotros si juega de forma limpia y leal.
Decía usted que el Consejo de Universidades va a ser la piedra
angular y que pretenden impulsarlo y potenciarlo. Lo mismo dijo
también aquí el señor Rajoy en su primera comparecencia pública. Dijo
literalmente que la primera decisión que había que tomar era la de
potenciar el funcionamiento del Consejo de Universidades. Decían que
es una primera decisión urgente y clave potenciar el Consejo y
convertirlo en punto de encuentro con la finalidad de abordar los
importantes desafíos que tiene la universidad española. Pues bien,
van a tener ustedes ocasión de poner a prueba el Consejo de
Universidades y estrenarlo, porque tienen sobre la mesa un tema
verdaderamente candente y problemático. Me refiero a un hecho
insólito que está pasando en estos días y que, desde luego, si tienen
intención de potenciar el Consejo, no deberían permitir, no deberían
tolerar. El Gobierno del Partido Popular ha procedido, como ustedes
saben, a aprobar la creación de la universidad privada Cardenal
Herrera Oria en la Comunidad Valenciana, y lo ha hecho sin contar con
el preceptivo informe del Consejo de Universidades. No sólo se saltan
este trámite preceptivo, sino que lo más sorprendente es que su
aprobación se hace a través del Consejo JurídicoAdministrativo
valenciano, consejo que emite un informe favorable basado en que el
Consejo de Universidades no se había pronunciado en el plazo de tres
meses marcado por la ley; es decir, lo informan favorablemente porque
alegan
silencio administrativo. A su vez, el Consejo de Universidades dice
que no había emitido este informe porque no se le había remitido la
documentación suficiente para hacer un dictamen riguroso. Por tanto,
señor secretario de Estado, estamos ante un caso clamoroso de
ninguneo a un órgano que ustedes dicen que tiene que ser de máximo
nivel y que va a ser la piedra angular de coordinación del sistema
universitario. ¿Cómo es posible que el Gobierno valenciano desprecie
de este modo un informe que es preceptivo del Consejo de
Universidades? ¿Cómo es posible que se ningunee desde el Gobierno
valenciano al Consejo de Universidades dependiente del Ministerio de
Educación? Amí me gustaría saber qué van a hacer ustedes. ¿Es
consciente el ministro Rajoy de lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo
van a reaccionar? Me gustaría que me contestara claramente qué van a
hacer en este caso.
Pero hay más, señor Fernández. La universidad privada Cardenal
Herrera Oria pretende impartir dos titulaciones que aún no existen en
la oferta de la universidad pública en Valencia, concretamente:
investigación y teorías de mercado y ciencias políticas y de la
administración. Si el Gobierno valenciano justifica la creación de
esta universidad precisamente en la existencia de titulaciones de
interés, cómo es posible, nos preguntamos, que no las incorporara a
la oferta de las universidades públicas y esté favoreciendo a una
universidad privada, saltándose además todos los trámites legales que
permiten su creación. Éste es sólo uno de los ejemplos que ponen de
manifiesto cómo el Consejo de Universidades ha dejado de ser un
órgano competente; y además ha dejado de serlo sobre todo desde que
está en manos del Gobierno del Partido Popular. Su descrédito es
evidente, no sólo por las tensiones existentes entre la comisión
académica y la de planificación, de las que hubo ya anteriores
ejemplos también en la Comunidad Valenciana, sino también porque,
lejos de ser un eficaz instrumento de coordinación, es un órgano
caduco de respuestas lentas e inoperativas.
Otro ejemplo de esta afirmación: ayer mismo un medio de comunicación
ponía el dedo en la llaga al denunciar la demora en la homologación,
convalidación o reconocimiento de los títulos universitarios
extranjeros. El consejo está incumpliendo de forma sistemática el
tiempo que fija la orden para dar una respuesta. Por tanto, no sólo
resuelve tarde y mal, sino que está siendo claramente ineficaz en sus
tareas de coordinación y supervisión de los planes de estudio.
La falta de liderazgo de la ministra Aguirre ha ocasionado que España
no suscribiera en mayo del pasado año la llamada: declaración de la
Sorbona, por la que países como Alemania, Francia, Reino Unido e
Italia acordaron crear un marco común para conseguir el
reconocimiento de los títulos académicos y fomentar la movilidad de
los estudiantes. Fíjese que ustedes también están diciendo que la
movilidad de los estudiantes va a ser otra pieza vital de su gestión
universitaria. ¿Por qué no se hizo, por qué no se suscribió esta
declaración de la Sorbona? Desde luego, primero, porque la ministra
Aguirre no ha demostrado tener mucha iniciativa, pero el Consejo de
Universidades tampoco parecía suficientemente engrasado para acometer
esta tarea, máxime cuando ni siquiera coordina de forma eficaz los
planes de estudios entre las distintas universidades españolas y ha
renunciado a realizar una necesaria tarea de supervisión de
los parámetros de calidad de las distintas facultades y centros
universitarios tanto públicos como privados.
Nos dice usted ahora que están pensando en modificar la normativa que
permita además hacer que la evaluación de calidad de las
universidades, su gestión, dependa de las propias comunidades
autónomas. Señor Fernández Díaz, me parece muy bien que las
comunidades autónomas se impliquen en su gestión, pero desde luego el
Ministerio de Educación no puede inhibirse; no debe dejar únicamente
que la evaluación de la calidad la hagan las propias comunidades
autónomas, porque esto plantea problemas muy serios.
Fíjese usted, por ejemplo, si una comunidad autónoma tiene que
evaluar de forma interna a sus propias universidades, a las que paga,
lógicamente tenderá a beneficiarlas, porque si dice que están mal,
ellas le reclamarán a renglón seguido más financiación; luego,
estamos ante una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que su
gestión tiene que ser muy determinada por las propias comunidades
autónomas, pero debe existir alguna evaluación externa, entre otras
cosas porque tiene que haber unos parámetros comparativos entre unas
universidades y otras; si la comunidad autónoma respectiva sólo
compara sus universidades internas, tendremos un mapa de evaluación
por comunidades autónomas, pero difícilmente será posible que la
evaluación se haga comparativamente entre unas universidades y otras.
Le decía que esta tarea de coordinación y de supervisión es
imprescindible si pretendemos que los títulos universitarios superen
la acreditación profesional que permita a nuestros titulados ejercer
su profesión en otros países europeos, y hay toques de atención que
no se deberían perder de vista. Por ejemplo, es muy grave que la
mayoría de las facultades de veterinaria en España presenten
deficiencias graves e incumplan la directiva europea en aspectos
tales como la deficiencia en los planes de estudio, la falta de
asignaturas importantes o falta de prácticas e instalaciones
deficientes, según han puesto de manifiesto las conclusiones de las
inspecciones que se llevan a cabo por encargo del comité consultivo
para la formación de veterinarios de la Unión Europea.
El consejo de universidades no puede, no debe renunciar a esta
importantísima misión de inspección y garantía de los parámetros de
calidad de nuestras universidades ni renunciar a la imprescindible
tarea de coordinación entre sus universidades si no queremos
encontrarnos, como estamos ahora, con 17 subsistemas universitarios
cerrados e inconexos que dificultan enormemente la necesaria
movilidad de alumnos y profesores.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, ha sobrepasado ya el
tiempo.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, yo le rogaría,
por favor, si no va a haber turno de réplica, que me dejara o fuera
generoso, teniendo en cuenta que es la primera comparecencia del
secretario de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE: Lo tendrá en cuenta la Presidencia, pero hay
que pensar también que no es la única comparecencia esta mañana.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Yo le rogaría, por favor, que me
dejara continuar.
El señor VICEPRESIDENTE: Le daré un tiempo superior al que es
habitual, pero yo le ruego también que sea usted moderada en el uso
de esa tolerancia.
Por otra parte, quería rogar a todos los presentes en la Comisión,
señoras diputadas y diputados y otras personas, que mantuvieran el
máximo silencio.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Le agradecería enormemente que nos
dejara más tiempo porque, si no, va a ser difícil que podamos
contestar al señor secretario de Estado en esta primera
comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Prosiga, prosiga.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: En otro orden de cosas, nos
gustaría también que usted se comprometiera a traer a esta Comisión
la actualización del estudio sobre financiación y mejora de la
calidad y competitividad de las universidades. Supongo que usted
sabrá que la elaboración de este estudio fue aprobado en el año 1994
por el Consejo de Universidades. El estudio está hecho pero no
sabemos qué ha ocurrido con él, y sería realmente útil como punto de
partida para afrontar el problema de la universidad española.
Le dije el otro día al ministro Rajoy, y se lo repito ahora a usted,
que, si bien el problema fundamental es la falta de financiación, es
cierto que no es el único; desde luego, mientras no exista una
financiación suficiente, no podrán resolverse muchas cuestiones
pendientes, entre ellas la reforma del profesorado universitario
interino.
España tiene en este momento un déficit de 0,4 puntos del PIB para
homologarse con los países de nuestro entorno, y este déficit, unido
a la alta escolarización universitaria, ocasiona en España que el
gasto por estudiante y año sea justamente la mitad del que destinan
los países de la OCDE. Concretamente, España gasta 4.944 dólares por
estudiante y año, frente a los 10.900 dólares que destina por ejemplo
Estados Unidos.
Los rectores han pedido reiteradamente un estudio sobre financiación
y un pacto entre las distintas administraciones para conseguir
solucionar este desajuste, ya que en el momento actual resulta
difícil, por no decir imposible, que todas las comunidades autónomas
con sus propios recursos puedan asumir este reto. Por ello,
resultaría decisivo que el Ministerio de Educación se implicase de
una vez en este proyecto destinado a garantizar un horizonte de
suficiencia financiera para el sistema universitario, tal como ya
hizo el Reino Unido con el informe Dearing.
El Grupo Parlamentario Socialista considera imprescindible este plan
de financiación, por eso presentó el pasado 10 de noviembre una
moción, que contó con el respaldo de otros grupos parlamentarios, en
la que proponíamos un incremento de la financiación pública para
poder alcanzar en el plazo de cinco ejercicios presupuestarios un
nivel de gasto universitario del 1,5 por ciento del PIB, con el
objetivo de crear un marco de mínimos de calidad a partir de
criterios objetivos sobre el principio de igualdad e incentivación
a la competencia que contribuya a superar los desequilibrios sociales y
territoriales existentes.
La financiación del sistema universitario resulta crucial para
solucionar otros problemas urgentes de la universidad española, como
es el incremento de ayudas y becas al estudio. También dicen ustedes
que lo van a hacer; fíjese, España no sólo es el país de la Unión
Europea que menos dinero destina a becas y ayudas a estudiantes, sino
que, sobre este desalentador panorama, los Presupuestos Generales del
Estado de este año han procedido a recortar las becas, de forma que
en este próximo curso habrá 23.000 becarios universitarios menos.
Pero sin financiación adicional difícilmente podrán resolverse otros
problemas acuciantes de la universidad española, como es la
precariedad laboral de un 36 por ciento del profesorado
universitario. Había, unos datos, que son conocidos, del curso
pasado: más de 21.000 profesores interinos, de los cuales 7.000 eran
doctores y 8.500 eran asociados a tiempo completo.
Dicen ustedes ahora que van a proceder, con un rango inferior al de
ley, a hacer unas líneas básicas para elaborar un programa de
estabilidad del profesorado. Señor secretario de Estado, me gustaría
hacer sólo una pregunta, y es: por qué, por ejemplo, si hay 8.500
profesores asociados a tiempo completo, de los cuales 7.000 son ya
doctores, estos profesores no son titulares de universidad. La
respuesta es evidente: no son titulares de universidad porque no hay
financiación suficiente para convocar las plazas. Ésta es la
realidad, y sin financiación suficiente o deficitaria difícilmente
podrá resolverse un problema crucial, porque las universidades sin
financiación tenderán a hacer contrataciones más baratas de
profesorado. Me gustaría, por tanto, que me dijera usted claramente
qué cantidad suplementaria están considerando para abordar la reforma
del profesorado asociado. Si es así, me gustaría que me dijera qué
cantidad y qué incrementos salariales se están contemplando y también
si han previsto algún sistema de reparto por universidades
o comunidades autónomas.
Otro tema también importante es el referente a la reforma de la
selectividad. El ministro Rajoy ha dicho públicamente que le gustaría
tomar las medidas necesarias para que los alumnos puedan cursar la
carrera deseada sin depender de unas décimas.
Como bien sabe, la ministra Aguirre planteó una reforma, salió en el
Senado, y se propuso hacer una reforma de la selectividad o dejar una
selectividad para febrero que no ha podido llevarse a la práctica,
porque yo creo que era una idea descabellada, completamente
inoperativa. Ustedes están diciendo ahora que pretenden flexibilizar
las reservas de plaza, lo que me preocupa extraordinariamente. Se lo
digo, señor secretario de Estado, porque sé de lo que hablo. He
estado 8 años como vicerrectora de alumnos adjudicando plazas a
estudiantes universitarios y le puedo asegurar que la mejor garantía
de equidad es que precisamente se sienten unos parámetros objetivos y
que de forma objetiva y transparente las correcciones tengan un
máximo de calidad y de eficacia. Añadiré que es fundamental que las
plazas se concedan según parámetros de objetividad. Si se
flexibilizan esos criterios por lo que se llaman vocaciones enormes,
¿quién determina que es una vocación extraordinaria? ¿Quién determina
que un estudiante tiene una vocación más fuerte que otro para hacer,
por ejemplo, telecomunicaciones o fisioterapia, que son carreras de
gran demanda? ¿Cómo van a poder argumentar que por unas décimas les
gustaría no dejar de satisfacer a los estudiantes?
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, le ruego que vaya
terminando.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya.
El tema es muy complejo y yo creo que ustedes todavía no han entrado
en él. Desde luego deberían garantizar un máximo de objetividad para
adjudicar las plazas. No es cierto que el 54 por ciento de las plazas
sean para bachilleres y el resto para otras personas, no es así. No
sé qué dato tiene usted pero desde luego no es correcto.
Y me gustaría finalmente -gracias por su amabilidad, señor
presidente- muy brevemente hacer una pequeña reflexión, no tengo más
tiempo, sobre el tema de investigación. Dice usted que en los
departamentos de la Universidad española o vinculados a ella se
concentra el 90 por ciento de los investigadores. Sin embargo, fíjese
usted qué paradoja tan fuerte, porque si se produce toda la
investigación española en un 90 por ciento en el ámbito
universitario, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación
gestione únicamente un tercio de los gastos de investigación y
desarrollo? ¿Dónde van a parar los otros dos tercios restantes? Yo se
lo digo: a Industria, a otros programas. Ustedes están confundiendo a
la opinión pública porque los gastos de investigación están desviados
a otras partidas. Si quieren fomentar la investigación, tendrían que
recuperar liderazgo, porque es cierto que la investigación está
vinculada a la universidad y los gastos para investigación ha
decrecido de forma alarmante para los investigadores.
Muchas gracias, ánimo y suerte.
El señor VICEPRESIDENTE: La segunda solicitud de comparecencia es la
del señor Alcaraz, del Grupo Mixto, al que le doy la palabra,
rogándole que, dentro de la tolerancia que voy a seguir manteniendo,
se haga cargo de que la hora avanza y nos queda mucho trabajo por
delante. Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Evidentemente también las primeras palabras,
en nombre de Nueva IzquierdaIniciativa per Catalunya deben ser para
felicitarle y agradecerle su más que exhaustiva información.
Usted ha empezado, como seguramente es exigencia ritual en estos
casos, invocando la cuestión de Estado, y para ello pide contar con
consenso y apoyo. Por parte de nuestro grupo no va a faltar, el
problema es que hasta ahora la política llevada por el ministerio ha
consistido en no dejarse consensuar ni con las universidades ni con
los agentes sociales (sindicatos) ni en el Parlamento. Esperemos que
esto cambie, aunque a tenor de algunas cosas de las que he oído hoy
aquí me parece que en realidad va a ser bastante innecesario que
procuremos buscar muchos consensos. Para procurar el consenso hace
falta un cambio de concepto mismo de la función social de la
universidad. Usted ha dicho hoy cosas sobre el futuro de la
universidad que al menos me han gustado bastante más que las que
venía oyendo. Al menos no hemos oído la retahíla de tópicos de que
ése es el lugar sacrosanto para formar a los jóvenes que serán el
futuro, etcétera. Hemos visto otra concepción más moderna de la
universidad, y esto se lo digo sin ningún empacho por entender que
supone un avance, pero luego habrá que convertirlos pasar de los
gestos a los hechos o, como decía usted, pasar de los datos a la
información
para que ésta se convierta en conocimiento. De acuerdo. Ya sabrá
usted el dicho, que yo voy a moderar en aras a la cortesía
parlamentaria, de que la estadística es la forma más sofisticada de
distorsión de la realidad. Usted ha ofrecido unos datos que,
escuchados sin contraste, ofrecen una imagen que no se compadece con
la realidad de la universidad española en cuanto a financiación y
otros aspectos.
Algún dato se ha dicho por la portavoz del Grupo Socialista; el gasto
por estudiante universitario es casi la mitad del promedio de la
OCDE. Se ha indicado por el Gobierno reiteradamente que era por la
masificación, cuando la evidencia empírica no apoya estos supuestos
porque el porcentaje de la población que está en las universidades es
semejante o incluso inferior al promedio de la Unión Europea. En el
caso concreto de la universidad, el número de estudiantes por
profesor académico en España es casi el doble. Ésos son datos mucho
más reales que los globales de gasto público y privado y otros
complementarios que usted ha añadido para el conjunto de la
enseñanza. Por lo tanto, me parece muy bien que se venga con el
aporte de datos, pero cuando sean especialmente relevantes para lo
que vamos a hablar, es decir, para buscar soluciones a problemas que
ustedes mismos reconocen, y no a otros que pueden servir para
enturbiar la cuestión de fondo.
Yusted ha manifestado posteriormente que quería saber nuestra
posición y cuáles son nuestras propuestas. Bien, no nos desagrada por
principio alguna de las cosas que ha dicho; veremos las normas
concretas. En las becas, la gestión descentralizada, etcétera, ya lo
veremos. Por cierto, ya que ha hecho alusión, que sin duda también es
litúrgica cuando se habla de universidades, al famoso Erasmus, las
cantidades que se aportan siguen siendo ridículas. Sobre esto no ha
dicho si de verdad va a haber un esfuerzo. Eso sí que es movilidad
europea, y las cantidades son ridículas.
La movilidad es uno de esos grandes principios; quién puede oponerse
a esa idea tan magníficamente expresada por usted. Incluso, si me
permite la broma, será interesante contar en el acta las veces que ha
utilizado la palabra movilidad. Me recordaba cierto suceso de un
investigador ingenuo, quizás ignorante de las leyes de la
termodinámica, que decidió inventar la perpetum móvil, aquella
máquina, aquella quimera que nunca se pararía y que, tras 30 años de
estudio y trabajo, la fabricó para que funcionara 3 minutos. La
movilidad está muy bien, y usted ha empleado un tiempo
desproporcionado en su intervención -bastante larga, por cierto- para
hablar de la movilidad, pero no pretenda atribuirle unas funciones
taumatúrgicas a esta idea. La movilidad por sí misma, o esa política
de becas que veremos en qué se concreta, no puede ser el mensaje que
ahora el nuevo equipo ministerial utilice -convirtiendo lo que en el
anterior era la reforma del tercer ciclo y los planes de estudio- con
toda una fraseología muy interesante y en muchos casos irrebatible.
Porque alegando que nadie puede estar en contra del principio de la
movilidad no aparecen de verdad apuestas estructurales en los dos
grandes principios en nuestras -si me permite de nuevo la broma-
leyes de la termodinámica, que son la financiación y la reforma de la
Ley de Reforma Universitaria. Ustedes podrán pasarse de aquí al final
de la legislatura moviendo estas propuestas; nos van a hablar de
movilidad mucho, estoy convencido, y de becas, etcétera, porque
además es difícil casar las cifras, se puede interpretar, etcétera.
La verdad es que de financiación usted no ha hablado. El problema de
fondo, que ya se ha apuntado -en aras a la brevedad no insistiré en
él-, es que sigue sin definirse un proyecto que debe ser liderado por
el Gobierno, por el ministerio y por su secretaría del Estado, en
cooperación, no en confrontación, con comunidades autónomas y
universidades para que los déficits reales en datos comparativos con
OCDE y Unión Europea se sufraguen y, de verdad, los grandes
principios se proyecten al futuro. Sin financiación, sin ideas claras
sobre financiación, sin fondos, sin fuertes inversiones, eso no va a
ser posible, y de ello no nos ha dicho nada.
En cuanto a esta cooperación con comunidades autónomas, insisto mucho
en esta idea, a mí me parece bien lo de la transferencia de los
planes de evaluación; podríamos matizarlo -supongo que habrá
ocasiones- pero explíqueselo a todos los presidentes de comunidades
autónomas de su partido, porque hemos tenido que escuchar a algún
presidente de comunidades autónomas decirle a los rectores de
universidad algo tan sencillo y respetuoso con la autonomía
universitaria, como aquello de: quien paga, manda. Es decir, cuidado
con el arma terrible en que se puede convertir de manipulación de la
autonomía universitaria, principio fundamental, sobre el cual, por
cierto, no me hubiera importado escuchar una reflexión mínimamente
teórica en su primera intervención, su primera comparecencia.
Ha hablado sobre investigación. Me parece bien -no hay tiempo de
entrar en este tema- y anuncia algunos planes de cooperación del
CSIC. También sería interesante conocer en su momento con qué
criterios se hace con unas universidades y con otras no. Hace unos
días ha habido una reunión en una universidad española de
representantes de parques científicos y tecnológicos universitarios,
que van a ser seguramente el gran instrumento de futuro de
transferencia tecnológica, de cooperación entre la empresa y las
estructuras universitarias u otras estructuras públicas de
investigación. Se anuncian proyectos; en poco tiempo han aparecido
proyectos (alguno de la Comunidad de Madrid, otros en Murcia, otros
en Alicante, etcétera). Me gustaría saber exactamente, por ejemplo,
cuál es la apuesta del Gobierno ante esta dinámica tan europea y con
experiencias interesantes en Estados Unidos, si va a haber un apoyo,
si va a haber unas líneas concretas de apoyo a estos parques
científicos y tecnológicos, por ejemplo.
No le pregunto nada más sobre financiación porque no ha dicho nada y,
por lo tanto, no quisiera salirme de su propio guión, pero sí que
quiero dejar clara constancia de que el problema número uno sigue sin
abordarse por ese nuevo equipo ministerial.
Y vamos a la reforma de la LRU. No tengo más remedio que recordarle
que hace ya bastantes meses Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya,
por un lado, y también Izquierda Unida presentamos sendas
proposiciones de ley, que fueron derrotadas por el Grupo Popular en
esta Cámara, para la reforma de aquello que entendíamos más urgente,
que era el título V. Usted dice que hace falta una reforma más
amplia, y estamos de acuerdo con usted; si quiere cambiamos toda la
ley, empezando desde cero; coincido en el diagnóstico de la necesidad
del Consejo de Universidades, más el título V, etcétera.
Se rechazó, como digo, estas proposiciones de ley. He de recordarle
que el 19 de mayo el portavoz del Grupo Popular reconocía la urgencia
y pedía consenso; que el 7 de octubre de 1998, en interpelación, la
ministra Aguirre hablaba del proyecto de ley de reforma de la LRU,
diciendo que vendría a esta Cámara próximamente; el 10 de octubre
-quizá he bailado alguna fecha o me haya equivocado en alguna- hubo
una moción, a la que el Grupo Popular presentó una enmienda. Su
portavoz decía en esa enmienda, cito textualmente: nos comprometemos
a que antes de terminar el período de sesiones se traiga el proyecto
de ley. Éste se convirtió en el discurso oficial del Gobierno: antes
del período de sesiones; si mis conocimientos no fallan, concluyó el
pasado mes de diciembre. Se habló incluso de un anteproyecto para no
ir al Consejo de Ministros; hubo filtraciones. La realidad al día de
hoy, y usted, aunque sea de un nuevo equipo ministerial no puede
eludirla porque la responsabilidad política sigue estando en el mismo
Gobierno, es que el Gobierno del Partido Popular ha incumplido su
promesa de traer, antes de que concluyera el período de sesiones, un
proyecto de reforma de la LRU, y eso en una primera comparecencia
tenemos derecho a que usted nos lo explique.
La primera intervención del señor Rajoy fue ambigua...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Alcaraz, le recuerdo que hay otra
petición del Grupo Mixto. Aunque no esté presente todavía su portavoz
se puede incorporar en cualquier momento. Además ha sobrepasado
bastante su tiempo.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor presidente, lo que pasa es que, con
independencia de los matices reglamentarios, ante intervenciones del
compareciente de la longitud que ha tenido ésta, es imposible hacer
intervenciones tan breves.
El señor VICEPRESIDENTE: Yo me hago cargo; no ha sido más larga que
otras comparecencias, pero ha sido importante...
El señor ALCARAZ RAMOS: Lo digo en un tono de agradecimiento al
compareciente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor diputado, le voy a conceder algo más
de tiempo, pero no tanto que convierta esta sesión en algo imposible.
Prosiga, pero le ruego que termine en el tiempo más breve posible.
El señor ALCARAZ RAMOS: Ante la intervención del señor Rajoy me
permití formular al Gobierno una pregunta por escrito sobre sus
planes acerca de la modificación de la LRU. Lógicamente, ha habido
una coincidencia entre la respuesta y lo que hoy aquí ha dicho el
secretario de Estado. Decía esta respuesta, que es brevísima: El
Ministerio de Educación y Cultura tiene intención de abordar la
reforma, no sólo del título V, relativo al profesorado, sino también
otros títulos que hacen referencia a los órganos de gobierno, a medio
plazo. Y dice: A más corto plazo el Ministerio de Educación y Cultura
tratará de revisar aquellos desarrollos normativos que sean
necesarios para la resolución de algunos problemas urgentes.
Muy bien; agarrémonos a esa respuesta más a lo que hoy ha dicho.
Las preguntas que a partir de ahora le formulo son las siguientes:
¿Es que no han servido los trabajos que realizó el anterior equipo
ministerial? ¿Nos podría decir por qué? Si había todo un trabajo
hecho para que antes de que acabara el período de sesiones, ¿por qué
el cambio de ministro lo ha aconsejado? Siempre podrá decir que por
discrecionalidad política del nuevo ministro. De acuerdo, pero
díganoslo; indique que lo que ha hecho la anterior ministra no
servía. ¿Qué había de malo, en este caso, en lo que se había hecho?
Le iba a preguntar qué significa a medio plazo, pero lo guardo para
el final, ¿Qué significa el último párrafo de esta respuesta? ¿Qué se
va a hacer con el profesorado precario? Concrételo. ¿Ha habido ya
reuniones con los sindicatos? Es decir, ¿qué se va a hacer con el
profesorado precario para el próximo curso de manera inminente? ¿Nos
puede adelantar alguna idea, una sola idea de qué piensa el Gobierno,
su ministerio, de por dónde deben ir las líneas de reforma? Nos ha
hablado del Consejo de Universidades. Está muy bien lo del consenso,
pero que también el Gobierno sea una pieza en él. Díganos aquí qué
piensa hacer.
La última pregunta que tenía anotada con una cierta ingenuidad cuando
me preparaba mi intervención ayer era si cree que alguien piensa que
antes del fin de la legislatura habrá reforma de la LRU. Ya no se la
hago, la ha contestado usted; ha dicho la siguiente legislatura. Es
decir, que aparte de las buenas intenciones, que nadie se las niega,
e incluso cierta simpatía que hace más agradables estas
comparecencias que con el equipo anterior, hemos de apreciar que en
el tema fundamental de la LRU hay un atraso respecto al anterior
equipo ministerial; el Gobierno renuncia a la reforma de la LRU.
¡Hombre!, aparte de esto, usted me dirá que sí, que renuncia a medio
plazo. Pero no puedo dejar de decirle que siento, incluso como
persona demócrata, persona de la oposición, un cierto temblor cuando
el Gobierno se atreve a decir que el medio plazo es la siguiente
legislatura, dando por supuesto quién va a ganar, quién va a gobernar
y quién va a tener la mayoría parlamentaria. Si eso es el medio
plazo La respuesta dice a medio plazo y ya ha hablado de la próxima
legislatura. Miedo me da si llega usted a decir que sería a largo
plazo.
En definitiva, nadie le puede quitar su buena voluntad, pero han
quedado tantas zonas de sombra, de preocupación, que, volviendo a lo
de la movilidad, me da la impresión de que es una intervención
gatopardesca, es que se mueva todo para que en lo fundamental nada
cambie de aquí al final de la legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE: No estando presente la otra persona que ha
solicitado la comparecencia por el Grupo Mixto, entre los grupos que
no la han solicitado, el primero que tiene la palabra, por hallarse
presente su portavoz, es el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Bienvenido, señor secretario. He escuchado con
atención la exposición de su programa de trabajo sobre la
universidad, que en líneas generales debo decir que nos parece
razonablemente adecuado, aunque la concreción de algunos temas sin
duda alguna va a originar nuestra discrepancia.
Yo celebro que no haya hecho usted pronósticos sobre el futuro de la
universidad, simplemente porque profetizar es función de poetas y
personas visionarias, y usted, aunque es mucho, es sólo secretario de
Estado y nosotros simples diputadas y diputados. Sin duda se debe
afrontar el nuevo futuro de la universidad, y ello requiere un
proceso de reflexión colectivo que debe originarse, nos parece, en su
autoobservación y no puede sustituirse ni por acciones dispersas ni
por discursos formales. Por esta razón nos parece acertada la
predisposición del Ministerio a auspiciar un proceso de discusión y
estudio al respecto de las finalidades de la universidad, del
significado de lo que es servicio público, de la transformación, en
suma, de esta institución como elemento estratégico de progreso
económico, cultural y social de este país. Sin aviso y sin tiempo
suficiente para la reflexión, las universidades, como ustedes saben,
se encuentran en una encrucijada hecha de paradojas y de antinomias:
un crecimiento acelerado e improvisado para acoger alumnado
convencional salido de la enseñanza secundaria, como usted ha dicho,
frente a una reducción súbita y acelerada, aunque prevista, de este
mismo alumnado; una extremada fragmentación del saber en la era
globalizada; una estructura tradicional y conservadora de la propia
institución, frente a la diversificación de demandas de los muchos
mundos exteriores; una estructura monopolizadora del saber ante la
multiplicación de acceso a las posibilidades de información y de
conocimientos; y una pobre o escasa atención a la función
investigadora ante una demanda imparable de desarrollo científico y
tecnológico.
La preocupación por el futuro no debe ocultar, como usted lo ha
hecho, los problemas que sufre la universidad en general y cada
universidad en particular, ni puede obviar su cuidado y solución por
parte del ministerio. Estos problemas, por una parte, tienen su
origen en la propia angustia que promueve la intuición fundamentada
de una transformación radical, y por otra, en la inflexibilidad de
una ley reguladora, que fue innovadora en su momento pero que es
obsoleta y desacorde con la situación actual, con la autonomía de los
gobiernos titulares y responsables de las universidades de su
territorio y está en desacuerdo con la propia autonomía de las
universidades.
Los obstáculos legales han imposibilitado superar la rigidez
homogénea y uniforme del funcionariado y dar respuestas ágiles a
necesidades nuevas del profesorado, lo que ha originado efectos
repetidos de situaciones precarias y anómalas. La obsesión por el
igualitarismo organizativo ha consolidado estructuras inadaptables al
cambio. La determinación de plantillas preestablecidas y permanentes
ha impedido la asunción de estrategias imprescindibles en la gestión
de los servicios de empresas públicas y privadas, como por ejemplo la
posibilidad de jubilaciones voluntarias anticipadas o la
reorganización y optimización de los recursos humanos.
Coincidimos con usted en el diagnóstico de los puntos que requieren
una rápida actuación y que no pueden esperar a la redefinición de una
nueva ley, pero que precisan a su vez el mayor grado de consenso
posible con las mismas universidades y con los colectivos afectados
en su caso, y, desde luego, obviamente, con los gobiernos
autonómicos: el dar una solución o soluciones a la situación en que
se halla el colectivo de profesores asociados; estimular la
transformación del Consejo de Universidades en un órgano
de referencia de cualidad, de planificación y asesor, y asegurar el
incremento competitivo de su extraordinaria función investigadora y
su imprescindible función educadora y directora del progreso de la
sociedad. Aestos puntos añadimos uno, el de posibilitar la
transformación de plantillas y su adecuación al próximo futuro
mediante fórmulas flexibles, distintas y diversas.
Nos satisface su voluntad expresa y reiterada de escuchar a los
gobiernos, y me permito sugerirle que recuerde que aunque los
problemas pueden parecer por extensión iguales en la universidad, son
distintos en cada una de las universidades, porque son distintas sus
necesidades de profesorado, de recursos, distinta su historia y
distinto su futuro. El problema de la universidad es uno, pero los de
las universidades son plurales y no pueden ser objeto de tratamiento
ni solución igual. Éste es el principal reto de su Ministerio:
promover y establecer vías flexibles que posibiliten que los
gobiernos autonómicos responsables de sus universidades sean los que
ofrezcan a cada una de ellas el tratamiento que precisan para ejercer
su función con plena autonomía. Ello además puede ser un ejercicio
pedagógico útil para la necesaria incorporación conceptual del
discurso de algún partido político aquí presente a una nueva
modernidad y realidad consolidada.
Tendrá usted, señor secretario, en esta tarea y con estos parámetros
la colaboración de nuestro grupo parlamentario. Pero no querría
omitir, antes de finalizar, que nos sorprende, como a un compañero
que ha hablado anteriormente que, al hablar de los problemas de hoy
de la universidad y de su futuro, los cubra con un concepto estrella,
el de la movilidad, concepto que aunque tenga raíces europeas usted
ha repetido excesivamente y lo ha definido como signo de la calidad y
la competitividad. A usted no le pasa desapercibido que este
concepto, concepto electoral en el programa de algún partido
político, puede entenderse también como un mensaje de intenciones
políticas obvias. Yo desearía que, como usted ha anunciado, ésta no
fuera la definición de la nueva cultura universitaria.
Yo he dicho ya que va a tener la colaboración de nuestro grupo
parlamentario, lo que no significa, como usted sin duda también
intuye, que esta colaboración por el bien común vaya a excluir
pareceres distintos e incluso también contrarios, que la negociación,
esperamos, en su momento pueda transformar si es necesario en
acuerdos. Quizá sí vamos a lograr hacer realidad aquella vieja
aspiración escolástica de la consecución de la extraña armonía
discordante.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenos días, ya casi buenas tardes.
Señor presidente, don Jorge, es un placer tenerle entre nosotros,
sobre todo por lo que puede albergar de cambio, aunque esté todo
atado, bien atado, por un programa y por unos presupuestos. Yo le
deseo menor interinidad que a los anteriores, y espero de su talante
normalización de las relaciones y mucho diálogo, pero del creíble,
para afrontar un sistema educativo a nivel universitario complicado,
complejo y desatendido, al menos hasta el día de hoy. Me congratulo
de la nueva consideración de política universitaria como política de
Estado al final de esta legislatura. Ala vez
también, por iniciar una andadura de honestidad política en mi
relación con usted, quiero decirle que me preocupa profundamente su
macrotesis sobre la movilidad casi estructuralizante como un
principio general y generalizador, más quizás por necesidades del
guión universitario que de los propios alumnos.
Hay temas que están en la UVI y necesitan un tratamiento rápido y
solvente, como el desplazamiento de la financiación de la
investigación, o la masiva eventualidad del profesorado al que usted
ha aludido, las becas y la modificación irrenunciable de la reforma
universitaria, cenicientas del gabinete Aznar.
Yo creo rigurosa y contrastada la tesis que mantiene que lo que no
está en los presupuestos no existe, y lo aprobado, don Jorge, en la
Sección 18, programa 422.2, de enseñanzas universitarias no dejó de
mantener una tendencia continuista de sistemática despreocupación, a
pesar de que solamente quedan bajo la directa responsabilidad del
Ministerio la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Internacional Menéndez Pelayo, después de transferir las
universidades autónomas. Yo creo que lo preocupante es la no
suficiente consideración, y permanentemente hay que recurrir a lo que
pasa, y lo que pasa, desde la óptica no de teoría política sino de
plasmación de la realidad, es que no hay una suficiente consideración
de los desequilibrios y de las desigualdades que tiene el conjunto
del sistema público de la enseñanza superior, que sigue siendo
responsabilidad del Estado. Y por aterrizar, don Jorge, deseo decirle
lo siguiente, algunas cuestiones.
Yo entiendo que el tratamiento, por ejemplo, que recibe la UNED es
altamente discriminatorio. Es una polémica casi cavernícola y antigua
pero que me parece pertinente recurrir a ella para resolverlo bien.
Digo que es altamente discriminatoria con respecto al resto de las
universidades porque no se suele sobrepasar la cuantía de 50.000
pesetas por estudiante, mientras que en el resto el coste medio se
aproxima a 200.000 en las presenciales.
Yo entiendo también que el proceso expansivo que han vivido las
universidades, acompasado relativamente con el proceso desarrollista
de implantación de los nuevos planes de estudio, contrasta con el
coste cero resultante, lo cual parece una distorsión del objetivo. Sí
sería buena la aclaración pertinente, cuando sea posible.
Igualmente preocupante, entiendo, aparece la baja consideración
mantenida en este último período, que no sé si es continuista o
rupturista, con el elevado, elevadísimo porcentaje de profesores
eventuales que soportan la carga docente investigadora que tendrían
que llevar profesores estructurales, dada la no compensación de los
interinos, evidenciado en la política presupuestaria profundamente
restrictiva en lo público, manteniendo plantillas de administración
y servicios absolutamente insuficientes.
Los precarios planes de evaluación de calidad, sin proyección
financiera, que no nos acerquen a un modelo de suficiencia económica,
nos aleja del modelo que debe tener como prioridad fundamental marcar
el criterio de convergencia financiera para la enseñanza superior en
una cuantía nunca, nunca, don Jorge, por debajo del 1,5 por ciento
del producto interior bruto. Yo entiendo que la apuesta -y en ello
estamos- debería ir encaminada a acabar con la gestión de la escasez
en lo público fundamentalmente y avanzar de forma equilibrada hacia
criterios de convergencia
prioritarios, como es la inversión del sistema educativo que permita
un desarrollo sostenible integrado, pero no dependiente.
Hay temas que, aunque abordados de forma prolija, tienen una cierta
nota de insuficiencia en su información, como es qué hacer con la
ponencia de selectividad en cuanto a la ponderación de expedientes,
criterios disciplinarios o a las mismas becas. Me interesa
profundamente, igual que a la mayoría de los ciudadanos, saber si se
piensa mantener las políticas que doña Esperanza aplicaba de aumentar
beneficiarios a costa de la reducción de las mismas. Decía, se han
ampliado muchísimo, muchísimo, decía siempre ella, y se reducía
muchísimo, muchísimo la cuantía. Era un poco el discurso habitual. Es
necesario saber si hay ruptura o continuidad en este tema y si se va
a mantener la temporalidad en la concesión con un criterio mercantil
en cuanto a la demora concerniente. Tardan meses y meses, se piden
créditos y los intereses de la banca suben y suben (Varios señores
diputados: Ahora bajan y bajan.Risas); ahora bajan y bajan.
Hay otros asuntos que tampoco conocemos suficientemente, y ya saben
el señor ministro y don Jorge de mi preocupación porque así se lo he
hecho llegar, qué planes tiene su departamento, por ejemplo, para el
segundo ciclo de relaciones laborales, o para los dietistas, o para
enfermería, o con la homologación de los títulos, o para el mismo
abordaje de un tema absolutamente tabú que es el de los MIR.
Y voy concluyendo, don Jorge, con algunas consideraciones del
siguiente tenor: la posibilidad de crear una Comisión parlamentaria
para la detección consensuada de las cuestiones que se deben abordar
para la reforma global de la LRU. En principio no debo dudar de sus
palabras, creo que debería abordarse en estos términos con la
coordinación estrecha con el grupo de trabajo creado por la
conferencia de rectores, con el informe Bricall, presidente de la
Conferencia de Rectores Europeos. Aeste respecto yo ya le comuniqué a
don Mariano mi consideración de que la reforma global abarca desde el
título preliminar hasta el VIII así como probablemente la
incorporación de dos nuevos títulos que yo veo difícilmente
incorporables a los actuales. Igualmente habría que modificar las
disposiciones adicionales y posiblemente sustituir las transitorias.
Yo entiendo, don Jorge, que sería bueno conocer con cierta exactitud,
cuándo, cómo se va a acometer el proceso de estabilización de los
asociados. Usted ha dicho la fecha mágica; ha dicho que habrá un
plan, pero no ha dicho el resto: el cómo, con cuánto, inyecciones
financieras, etcétera, la sustancia. También deberíamos conocer
cuándo se van a renovar los miembros del Consejo de Universidades
electos por esta Cámara, ya que parece que el ministro tiene la
intención de reforzar el papel del consejo; así también le he
entendido.
Y termino con la convicción, don Jorge, de que es posible recabar más
información, no sólo estadística, no sólo numérica, sino
fundamentalmente política, una información más detallada, más
temporalizada, más transparente.
Esta portavoz, por lo tanto, le agradecería, por el bien de la
comunidad universitaria y del sistema público español universitario,
que haga política contando con el conjunto de la misma, y sin cheques
en blanco, y así nos tendrá a su absoluta disposición. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE: La última intervención por parte de los
grupos corresponde al Grupo Popular y a su portavoz, el señor Guerra
Zunzunegui. Tiene la palabra.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Sean mis primeras palabras para dar la
bienvenida a don Jorge Fernández, que vuelve a su casa, porque
después de tantos años yo le considero primero parlamentario y luego
político ejecutivo.
También tengo que decir, y así lo indiqué al señor ministro, que este
grupo cree que ha sido oportuna la unión de la Secretaría general de
Educación y la de Universidades, de la que en estos momentos se ha
hecho cargo don Jorge Fernández, puesto que es un todo, un conjunto,
máxime cuando la línea general de las universidades la tiene que
fijar el Estado, el ministerio y, sin embargo, las competencias están
todas ya transferidas a las comunidades autónomas.
Quiero decir también, como así se indicó en la comparecencia del
ministro, que el secretario de Estado ha expuesto una realidad, que
es que nuestra universidad tiene que pasar de cuantitativa a
cualitativa. Tenemos un número de universitarios, proporcional a
nuestra población; somos el segundo país de la Unión Europea, después
de Finlandia en número de universitarios, pero es indudable que va a
bajar. Incluso cuando en la anterior comparecencia del ministro algún
representante de la oposición alegaba que no iba a ser cierto que en
los próximos 10 años iba a bajar el número de universitarios, esto va
a ser un hecho probado por la demografía.
Señor secretario de Estado, efectivamente ha resaltado mucho como
medidas a corto y medio plazo la movilidad. Es indudable; yo creo que
además todos estamos de acuerdo. El otro día con la intervención del
ministro y hoy con la intervención del secretario de Estado yo podría
interpretar, creo, el 80 por ciento de su línea argumental.
Cualquiera que sea el próximo Gobierno que salga de las urnas
españolas -y eso lo entronco con algún comentario que se ha hecho
respecto de la reforma de la LRU- es indudable que va a reformar la
LRU. ¿Por qué? No por buena o por mala, no vamos a entrar en
detalles; ha tenido una parte positiva y una parte negativa, pero es
indudable que lleva ya muchos años y hay que modificarla. Yo creo que
eso lo hará cualquier gobierno en el futuro.
Yo quiero indicar aquí que se ha hecho un esfuerzo en materia de
universidad en lo que respecta a la única universidad que depende del
Ministerio directamente, quitando la Menéndez Pelayo por sus
características, la Universidad a Distancia. También se ha hecho
alusión aquí a que los presupuestos han subido en estos dos últimos
años como nunca, el 9 por ciento, por recordarles a ustedes el
último. La comparecencia del rector de la Universidad a Distancia
aquí fue realmente positiva. Indicó indudablemente que necesitaría
más dinero, pero fue positiva por el gran esfuerzo que se había
hecho.
Señor presidente, yo quiero decir que en lo que respecta a las
medidas a corto y a medio plazo estamos totalmente de acuerdo con las
que ha indicado el señor secretario de Estado. Me alegro enormemente.
En cuestión de becas una vez más vamos a tener que repetir que no han
descendido. El importe de las becas ha subido un 24 por ciento. Yo
creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír o más ciego
que el que no quiere leer los presupuestos. El conjunto de becas ha
subido el 24 por ciento, lo que pasa es que ha disminuido el número
de universitarios. Los chicos y chicas de 15 y 16 años ya no acceden
a las becas, también se dijo y se explicó aquí en diferentes
ocasiones que había una serie de pequeñas trampas en las becas
(declaración de la renta y complementarias, etcétera) que se han
suprimido. Pero en conjunto en becas se ha subido el 24 por ciento.
Nos alegramos enormemente también del éxito de los préstamos para los
alumnos de los últimos cursos, tanto de diplomaturas como de
licenciaturas y de otros estudios. Nos alegramos enormemente y
emplazamos al nuevo equipo para que, en el presupuesto que presentará
antes del 30 de septiembre, suba la cantidad de 100 millones de
pesetas, si puede hacer un esfuerzo, a una cifra mayor. Yo creo que
ésa es una vía muy positiva.
Queremos también hacer alusión al refuerzo del Consejo de
Universidades; lo dijo desde el primer momento el ministro, y habrá
una reunión del próximo día 25 de marzo.
Yo también quiero hacer alusión a que tanto el ministro como el
secretario de Estado han dicho que en algunos temas hay que hacer una
política de Estado. Yo repito frecuentemente que en muchos temas de
educación no hagamos banderías, señores. ¿Qué quiere la oposición?
¿Que reconozcamos que en la universidad española se ha hecho un
esfuerzo de cantidad? Pues eso es un hecho; si no hace falta decirlo.
¿Ahora tenemos que hacer un esfuerzo de calidad? Eso es otra cosa que
tiene que reconocer todo el mundo. ¿Que las políticas universitarias
tienen que estar acordadas especialmente con las comunidades
autónomas? Pues, cómo no, si tienen las competencias.
Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Lo que no se puede es
llamar al Estado central y decirle que se necesita siempre más
financiación cuando se tienen las competencias y ello, por una razón,
porque cada comunidad autónoma, máxime con la financiación actual,
decide en dónde invierte más o menos; lo dijo el señor ministro y lo
aclaró perfectamente. No se puede, por una parte, decir: Yo quiero
más universidades, yo inauguro campus -todos desearíamos cortar la
cinta inaugurando un campus- y añadir: No tengo suficiente dinero
para las universidades. Hay que dar un toque de atención a las
responsabilidades de las comunidades autónomas, indudablemente, pero
hay que recordar toda la política educativa relativa a universidades
-y yo añadiría: a todas- con las comunidades autónomas; es algo
obvio.
En lo que respecta a investigación, yo quiero decir nada más que
celebro también las cifras que ha dado el secretario de Estado de
aumento en 1998 de un 7 por ciento de la plantilla del CSIC, en 1999
ha indicado que será una cifra parecida. Yo creo que esto muestra el
esfuerzo que se está haciendo, también en cuanto a presupuesto en el
conjunto de investigación, así como que el 90 por ciento de los
investigadores españoles están en la universidad pública. Eso es algo
de lo que realmente nos congratulamos.
Flexibilidad. Yo creo que también en esto hemos coincidido todos
incluso la Comisión del Senado. No se puede dejar a un chico o a una
chica por unas décimas sin que vaya a la carrera que vocacionalmente
quiere. Se decía aquí: ¿Cómo se mide la vocación? Una manera de
medirla la ha dicho el secretario de Estado. Manifiesta que están
estudiando la posibilidad de un examen, aunque nunca en
febrero -ni siquiera se incluyó en los diferentes estudios que se
hicieron- sino en el mes de septiembre; sería un segundo examen para
subir nota, pudiendo el chico o la chica alcanzar esas décimas que le
separan de poder llegar a su vocación definitiva. En esto todos
estaremos de acuerdo. Yo me congratulo, nuestro grupo se congratula
enormemente de la indicación que ha hecho el señor secretario de
Estado acerca de la modificación del Decreto 1005, que estará para
1999-2000. Yo creo que de esto nos tenemos que congratular todos.
Quiero referirme finalmente a lo que respecta a la LRU. Conocen SS.
SS. que con un Gobierno que estuvo 14 años gobernando en dos
ocasiones fracasó la reforma de la LRU, una vez porque aquí durmió el
sueño de los justos y la otra porque se disolvió la Cámara.
Con toda honestidad he de decirle al señor Alcaraz que efectivamente
yo fui el portavoz que dijo que estaría listo antes de que terminara
este período de sesiones. Pero también indicamos que se haría de
acuerdo no solamente con las fuerzas políticas sino también con el
conjunto de rectores, etcétera. Esto no ha sido posible hoy por hoy,
pero, por lo que he oído al secretario de Estado, se está incidiendo
en este aspecto. Yo creo que un retraso de algunos meses no es
comparable con los años que estuvo en la anterior legislatura un
Gobierno, una vez teniendo mayoría absoluta y otra mayoría relativa.
Termino, señor secretario de Estado, diciendo que es obvio que este
Gobierno apoya al señor ministro y al señor secretario de Estado. Las
líneas que usted nos ha expuesto hoy respecto a la política
universitaria, en su 80 por ciento, son las que cualquier gobierno,
cualquier ministro de Educación y secretario de Estado de
Universidades seguiría en estos momentos para la mejora de la calidad
de la universidad cara al siglo XXI.
El señor VICEPRESIDENTE: Antes de darle la palabra para la
intervención que cerrará esta comparecencia al secretario de Estado,
quiero significarle que, si a alguna de las preguntas no puede
contestar en este momento por no disponer de los datos, puede hacerlo
por escrito.
También quisiera sugerirle que, dado que hay otra comparecencia,
procure ser lo más breve posible. Su anterior intervención ha sido
extensa, creo que los temas están muy claramente planteados, y ahora
se trata de contestar a las preguntas concretas que han formulado los
portavoces. Tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Intentaré cumplir con su
ruego.
Señora Baldeón, por ir al grano, que yo creo que lo agradeceremos
todos, había empezado planteándome un tema que afecta a la
Generalitat Valenciana y a la universidad privada Cardenal Herrera
Oria.
Yo voy a hacerle, en primer lugar, una declaración de principios. La
oposición a alguna comunidad autónoma no la tiene que hacer el
Gobierno, la hace el Parlamento autonómico correspondiente. Por lo
tanto, cuando en su caso tome una decisión la comunidad autónoma, si
es una decisión que va contra las leyes y es susceptible de
interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias, se hará,
como se ha venido haciendo siempre, con independencia, por supuesto,
del color político del partido que gobierna la comunidad autónoma.
Por mi anterior responsabilidad le puedo dar alguna estadística en
ese sentido. Reitero que los argumentos que usted ha expresado aquí
me parecen, con todos los respetos, más propios de las Cortes
Valencianas que del Congreso de los Diputados.
Y dicho eso, añadiré que usted tiene un déficit de información que yo
le voy a aclarar. El informe del Consejo de Universidades para la
creación de una universidad privada, según la literalidad del
artículo 58 de la LRU, no exige, como es en el caso, por el
contrario, de las universidades públicas, según el artículo 5.2 de la
LRU, preceptivamente informe del Consejo de Universidades; no lo
exige. En ningún caso además el informe del Consejo de Universidades,
como usted sabe, es vinculante. Es evidente que tiene un profundo
significado político, pero no es vinculante. Después de todo lo que
le he dicho, a pesar de no ser preceptivo, está informado por la
subcomisión de centros de la comisión académica del Consejo de
Universidades el informe relativo a la creación de la universidad
Cardenal Herrera Oria y se eleva a informe de la comisión académica
el próximo día 24. Por lo tanto, creo que le he contestado concisa
y claramente en términos administrativos de tramitación del expediente
y en términos políticos.
Segundo. Usted, por cierto, me ha dicho -aprovecho para rebatirlo
porque hay temas tan claros que no son discutibles- que me
cuestionaba que quedara sólo para los alumnos de bachillerato el 54
por ciento de las plazas. Ha dicho: eso, simplemente, no es cierto.
Pues, simplemente, es cierto; basta con que usted se mire el artículo
que ahora le voy a decir del Decreto 1005/1999 con las reservas de
cupo de plaza. Mire usted, artículo 7 de Real Decreto 1005/1991:
titulados o equivalentes, 5 por ciento; formación profesional... (La
señora Díez de Baldeón García: No pueden ir a las superiores).
El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, señora Díez de Baldeón, no
establezca un diálogo que no es reglamentario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Yo le digo las reservas
de cupo de plazas que están en la norma jurídica en vigor (La señora
Díez de Baldeón García pronuncia palabras que no se perciben).
El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, ruego la mayor colaboración con
la Mesa para que la Comisión pueda desarrollarse con toda normalidad,
de manera que solicito que los comentarios sean los mínimos, en voz
baja, y, sobre todo, que no se establezca ningún tipo de diálogo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Como me ha dicho el
señor presidente que intente ser lo más rápido y escueto posible, voy
a intentar contestar
El señor VICEPRESIDENTE: Y se lo agradezco, señor Fernández.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Si no me interrumpen,
intentaré ser más rápido porque, si no, pierdo el hilo, como es
lógico.
Real Decreto 1005/1991, artículo 7: titulados o equivalentes, reserva
de plaza el 5 por ciento; formación profesional, 30 por ciento;
minusválidos, 3 por ciento; deportistas, 3 por ciento; extranjeros, 5
por ciento. Suma, 46 por ciento; yo creo que de 46 a 100 van 54; si
no es así, rectifico lo que he dicho. Precisamente, para modificarlo,
según las conclusiones y recomendaciones de la ponencia del Senado, y
previo informe favorable del Consejo de Universidades, estamos
tramitando un decreto -ya lo he dicho, señora Baldeón- de reforma del
Decreto 1005/1991, para establecer una franja, conscientes de que
esos cupos no se cubrían y conscientes de que la universidad conoce
mejor que el Gobierno, que la propia comunidad autónoma y que el
Consejo de Universidades la realidad en cada una de esas
universidades, así como las demandas y los deseos de los estudiantes
para acceder a unas u otras enseñanzas. Por tanto, en lugar de un
cupo estricto, fijo, que en muchas ocasiones no se cubre, nos parece
que es más razonable dar una banda, según, insisto, las
recomendaciones de la ponencia del Senado y con el informe favorable
del Consejo de Universidades; son bandas que normalmente van a ser
del 1 al 3 por ciento en los casos en los que en lugar de un cupo
fijo se flexibiliza.
Me parece que eso es bueno para todos porque, en función de la
demanda, dentro de esa banda del 1 al 3 por ciento, por ejemplo, en
lugar de un 5 por ciento que no se cubría y que obligaba a que
estudiantes que tenían como primera opción esa enseñanza no pudieran
cursar esos estudios porque había un cupo fijo, no cubierto, las
universidades pueden establecer las reservas. Por lo tanto, me
reitero en lo que acabo de decir, y si usted quiere, seguimos
discutiendo si 46 y 54 suman 100, pero en base 10, en base decimal,
yo creo que suman 100.
Tercer tema. Me ha hablado usted de que el Consejo de Universidades
está desacreditado, que es un órgano caduco, de respuestas lentas.
Bueno, yo no voy a entrar en ese juicio de valor; en todo caso dijo
el ministro, y yo he reiterado ahora, que nosotros pretendemos
convertir el Consejo de Universidades, es cierto, en la piedra
angular del sistema, y se han tomado algunas medidas: se ha nombrado
un nuevo secretario general del Consejo de Universidades, que creo
que ha gozado de bastante consenso en la comunidad educativa y en el
conjunto de las comunidades autónomas que gestionan sus competencias
en el ámbito universitario, que se ha hecho con un criterio muy
institucional y es una persona que tiene unos profundos conocimientos
académicos y de gestión política en el ámbito de las universidades,
precisamente porque el secretario general del Consejo de
Universidades es el gestor más inmediato del Consejo y sobre él debe
pivotar la gestión diaria y ordinaria, para que efectivamente no sea
eso que usted dice que es, un órgano caduco y lento. Esperamos que
inclusive con una reforma del reglamento lo más consensuada posible y
despejándolo de gestiones burocráticas innecesarias, el
Consejo pueda efectivamente centrarse en los temas fundamentales en
los que debe centrarse, que son los de ordenación, planificación,
coordinación, asesoramiento, propuesta y vertebración del sistema
universitario español. Eso es lo que pretendemos hacer.
Usted me ha aludido a una noticia de prensa que salió ayer en el
diario El País, la hemos leído todos. Efectivamente, la homologación
de los títulos que se obtienen en el extranjero va lenta, tarda en
promedio 9 meses, más de lo que sería deseable y, en todo caso, más
de lo que prevé la norma, y en eso estamos. Es una competencia
compartida entre el propio Ministerio de Educación, la Secretaría
General Técnica y el Consejo de Universidades, y tengo que decir
también que ahí hay de todo, como en botica. Es decir, que en muchas
ocasiones, como no se le oculta a usted, se dan situaciones, que
también recogía la información periodística, en las que se presentan
supuestos diplomas, supuestos títulos que no existen. Quiero decir
que la labor previa que se ha de hacer para tramitar el
correspondiente expediente, es muy laboriosa, lo cual no justifica en
ningún caso los retrasos. Nosotros somos conscientes de esa situación
y vamos a intentar corregir eso, para que en todo caso se cumpla algo
que es absolutamente obvio en un Estado de derecho, para que se
cumpla la ley. Por lo tanto, vamos a intentar agilizar y potenciar el
Consejo de Universidades, y yo espero que dentro de unos meses usted
no tenga que hacernos ese reproche que nos ha hecho en estos
momentos; por cierto, que no arranca del año 1996. Si hiciéramos una
serie estadística de los tiempos que se tarda en tramitar ese tipo de
expedientes, vería usted que no hay precisamente un gap diferencial
sustancial entre antes y después de 1996. Es decir, no todo lo malo
empezó a partir de llegar el Partido Popular al Gobierno, tampoco en
la universidad, por cierto.
Me ha hablado usted del Plan nacional de calidad de las
universidades. No nos vamos a inhibir, no me haga juicio de
intenciones, señora Baldeón, que no están en absoluto en la realidad
de las cosas. Nosotros, por el contrario, pretendemos que el Plan
nacional de evaluación de la calidad de las universidades sea eficaz,
y para que lo sea le voy a decir una cosa: no podemos obviar una
realidad, y son las competencias que tienen las comunidades
autónomas; que se impliquen las comunidades autónomas, no para que se
inhiba el Estado ni para que se inhiba el Consejo de Universidades,
por supuesto, sino para que cooperen y colaboren para una mejor
evaluación de la calidad de la enseñanza que se presta en las
diferentes universidades españolas. Yo creo que debemos dejar ese
discurso según el cual cuando entran a colaborar las comunidades
autónomas el Estado se está inhibiendo. No. Un Estado descentralizado
como el nuestro, el que diseña y define el bloque de
constitucionalidad español, es un Estado que ha de funcionar teniendo
en cuenta la distribución competencial y, sobre todo, pues se da de
manera especialmente concurrente y compartida en el ámbito
competencial universitario, hemos de actuar bajo el principio de la
cooperación; y actuar bajo el principio de la cooperación significa,
entre otras cosas, que no hagamos decretos que después son llevados
al Tribunal Constitucional porque en su dicción literal no tienen ni
siquiera en cuenta que existen comunidades autónomas que tienen
transferidas la gestión de las universidades y que tienen
importantísimas competencias en la definición y en la gestión del
sistema universitario.
¿Y qué prevemos hacer con esa reforma de decreto? Pues incorporar a
la gestión de ese sistema a las comunidades autónomas, precisamente
para hacerlo eficaz de verdad, porque la proximidad en este caso no
debe llevar necesariamente a esa maldad que puede darse, no se me
oculta, porque seré muchas cosas pero ingenuo no; no se me oculta que
alguien pueda interpretar que el que paga, manda, pero también puedo
pensar en ese otro refrán de que el ojo del amo engorda al caballo y
que a lo mejor la proximidad permite un mayor y un mejor conocimiento
de la situación y, en consecuencia, esa evaluación es necesaria para
que después, cuando hablemos de financiación, lo hagamos sobre datos
reales y contrastados. Yeso es lo que pretendemos. Tenga usted la
tranquilidad de que esa cooperación entre el Estado y las comunidades
autónomas no va a ir en descrédito de la evaluación ni del Plan de
evaluación, sino todo lo contrario. Como le he dicho, no se va a
desplazar el Estado, porque al final esa información se va a
trasladar al Consejo de Universidades, y el Consejo de Universidades
la va a agregar a nivel nacional y la va a publicar a nivel nacional.
Por lo tanto, seguirá existiendo un sistema de evaluación que será
susceptible de conocimiento a nivel nacional, susceptible de
comparación con parámetros objetivos y homogéneos a nivel nacional, y
no como está sucediendo ahora que, precisamente porque las
comunidades autónomas no se ven integradas en ese sistema de
evaluación, en estos momentos no ha dado todos los resultados que
todos desearíamos.
Le contestaré por escrito, señora Baldeón, al tema de las facultades
universitarias de veterinaria, porque reconozco que en estos momentos
no puedo hacerlo.
Sí que le puedo asegurar, ya que ha aludido usted a lo de los 17
subsistemas cerrados e inconexos, que esto es precisamente lo que
nosotros pretendemos evitar, no ya que haya 17 subsistemas inconexos
y cerrados, sino que haya 49 subsistemas inconexos y cerrados, porque
en función de la autonomía universitaria a la que hacía referencia el
señor Alcaraz, usted sabe que aquí podríamos correr el riesgo no ya
de 17 subsistemas inconexos y cerrados, sino de 63 subsistemas
inconexos y cerrados. De ahí precisamente la idea de que una
institución como el Consejo de Universidades, con el liderazgo
político que le corresponde al Gobierno a través del Ministerio de
Educación y Cultura, sea el foro que vertebre realmente el sistema
universitario español, para eso, para que pueda hablarse precisamente
de un sistema universitario español y que pueda hablarse de una
universidad española, y no de unas universidades españolas, de unas
universidades castellanas, de unas universidades andaluzas, de unas
universidades catalanas; que se pueda hablar de un sistema
universitario español en el que concurren competencias del Estado, de
las comunidades autónomas y también la autonomía universitaria, que
no es la mera garantía institucional, sino que es un derecho
fundamental reconocido por la Constitución y avalado por la doctrina
del Tribunal Constitucional, señor Alcaraz.
Por tanto, más que en ningún otro ámbito, insisto, de la acción
pública y de la gestión política, en el ámbito universitario es
preciso una política de Estado, porque aunar voluntades políticas de
las comunidades autónomas, del Gobierno central, en los términos del
149.1 de la Constitución, y aunar voluntades de la comunidad
académica, de los rectores, es hacer política de Estado, y por
supuesto
cada uno tiene la obligación y tiene el derecho de incorporar a esa
política de Estado su punto de vista y su percepción política, y el
Gobierno evidentemente lo va a hacer. Yo he pretendido, en la estela
de la comparecencia del señor ministro, dejar aquí la impronta de
esas iniciativas y esos puntos de vista del Gobierno.
Me han reprochado que haya hablado mucho de la movilidad, yo me
felicito de ello, porque yo pretendía, efectivamente, que uno de los
mensajes que cuajara hoy aquí es el de que la política universitaria
del Gobierno va a tener como uno de sus ejes definidores el de la
movilidad. Por lo tanto, créanme que ese reproche yo lo tomo como un
halago, porque no lo he hecho por desconocimiento. Conscientemente he
incluido el tema de la movilidad de forma reiterada porque me parecía
que era bueno aplicar ese dicho de plusieurs marteaux pour le mÍme
clou (varios martillos para el mismo clavo), y quería remachar el
clavo de la movilidad como un elemento fundamental para incrementar
la competitividad de nuestro sistema universitario, precisamente,
señora Baldeón, para que no haya 17 subsistemas estancos y cerrados,
como usted ha dicho. No me haga una contradicción en sus términos,
porque si no incidimos de manera notoria e importante en el ámbito de
la movilidad, repito, no tendremos 17 subsistemas cerrados e
inconexos, tendremos 63. Ya ve usted los ejemplos que tenemos: la
tentación de todo el mundo de crear universidades, cuando en estos
momentos el reto no es el de cantidad, como hemos puesto de relieve,
sino que el reto es de la calidad. En los próximos 10 años vamos a
tener un descenso significativo de la población universitaria
española y habría que reflexionar conjuntamente, en un auténtico
debate sobre política de Estado, acerca de dónde está colocado el
punto de equilibrio entre la autonomía universitaria, la autonomía
política de las comunidades autónomas y lo que necesita la sociedad
española, porque si están disminuyendo los universitarios y los
recursos por definición siempre serán escasos para las necesidades
existentes, podemos de manera absolutamente descontrolada ir
generando más titulaciones y más centros universitarios. Es una
reflexión que yo dejo sobre la mesa pero que me parece que exige, por
la dimensión del problema y de la evolución previsible de la
situación, que hagamos más que nunca una política de Estado. Repito
que no me cabe en la cabeza que pueda significar, en aras del
consenso, que todos tengamos que renunciar a nuestros planteamientos.
No, al contrario, es una política que he de integrar con voluntad de
diálogo y de acercamiento y partiendo de la premisa de que en esto,
como en nada, nadie está en posesión de la verdad absoluta; hay que
acercar posiciones porque, como decía el ministro, es fácil que uno
se equivoque, es muy difícil que todos juntos nos equivoquemos y
podríamos remontarnos a pactos tan importantes para nuestra reciente
historia como el pacto constitucional, donde precisamente, por no ser
esa Constitución la de nadie en particular, todos la podemos
considerar como nuestra. Algo así nos gustaría hacer a nosotros en la
definición de la política universitaria.
He aludido a la financiación. Luego me han vuelto a reprochar que yo
no he hablado para nada de la financiación. Bueno, yo creo que he
dicho algo, pero puesto que dicen que no he dicho nada, voy a decir
algo más; por ejemplo, el gasto total en enseñanza superior como
porcentaje del PIB. Yo dije antes y reitero ahora, lo digo con toda
cortesía y con todo cariño, que una comparecencia parlamentaria
tampoco es un patio de colegio y, por tanto, desde el respeto y la
cortesía institucional, hemos de decir las cosas con la claridad con
la que ustedes me las han dicho a mí y con la que yo tengo que
decírselas a ustedes también.
En gasto total en enseñanza superior estamos en el 1,1 del PIB y la
media en la Unión Europea es el 1,15. Yo lo reitero, eso es así.
¿Quiere que le diga más datos? Pues se los voy a decir. En cuanto al
gasto público en enseñanza superior como porcentaje del gasto público
total -no lo dije antes, lo digo ahora-, que tiene mucho que ver con
la riqueza del país y tiene mucho que ver con lo que un país
considera que debe aportarle al sector público para que lo gaste el
sector público, la media en la Unión Europea es del 1,98. ¿Sabe cuál
es la media en España del gasto público en enseñanza superior? El
2,2. Estadísticas OCDE: Alemania, 2; Bélgica, 1,7; Dinamarca, 2,1;
España, 2,2; Finlandia 2,8; Francia, 1,8. Gasto público en enseñanza
superior como porcentaje del gasto público total: media europea 1,98;
España, 2,2. Y yo si quiere ahora le empiezo a hablar de miles de
millones de pesetas y del esfuerzo que hemos hecho en los últimos
años, pero me llamaría con razón el señor presidente al orden.
Le voy a dar algunos datos más. Gasto por estudiante y tasa de
escolarización. Es verdad que el gasto por estudiante es más bajo que
la media europea, ustedes lo han dicho y es cierto, pero tengamos en
cuenta que España es, después de Finlandia, el país con más tasa de
universitarios de la OCDE. Entonces, cuando hablamos de gasto por
alumno, el denominador es el alumno, y si tenemos muchos más alumnos
que los demás países, con excepción de Finlandia, y no somos el país
de renta per cápita mayor de Europa precisamente, porque sólo nos
siguen, que yo sepa, Grecia, Irlanda y Portugal, si el numerador es
inferior a todos menos tres y el denominador es superior a todos
menos uno, lo lógico es que la tasa por alumno sea por debajo de la
media. Evidentemente.
Le voy a dar otro dato muy interesante, el de relación alumnos por
profesor, que tiene algo que ver con la calidad de nuestro sistema
universitario y con dónde está nuestra universidad. Esta ratio
alumno/profesor parece que es interesante porque todos la utilizan,
todos los que entienden de estas cuestiones. Pues mire usted, la
media europea es de 19, la media española es 17,6. O sea, que tenemos
17,6 alumnos por profesor en España en la universidad cuando la media
es 19. Si quiere, sigo, pero me parece a mí que son unos datos
suficientemente relevantes que hablan de la situación actual de la
universidad española. Pero ya que hablan de financiación, yo quiero
decir algo más también, porque me han insistido diversos portavoces
de los grupos parlamentarios en el tema de la financiación.
Yo creo que en algunos aspectos podemos todos tener la tentación
desde el subconsciente o el inconsciente, no lo sé, de hablar de la
financiación como si no tuviéramos presente que las universidades han
sido transferidas a las comunidades autónomas, que sólo quedaba una
universidad por transferir, la de las Illes Balears, que realizó el
actual Gobierno en septiembre de 1996. La transferencia de las
universidades, al igual que las demás transferencias de funciones y
servicios para que las comunidades autónomas ejerzan las competencias
que tienen atribuidas, se hace mediante una metodología de valoración
del coste efectivo,
metodología aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
y salvo la financiación condicionada o finalista, como es por ejemplo
la del Insalud, es financiación incondicionada; por tanto, esa
financiación es de las comunidades autónomas y es incondicionada. Por
tanto, si hablamos de un pacto para la financiación, igual que un
gobierno de una comunidad autónoma tiene la obligación de velar por
los intereses generales de su comunidad autónoma, el Gobierno de
España tiene que velar por los intereses generales de toda España y
de todos los territorios de España, y tengo que decir que si esa es
financiación incondicionada de las comunidades autónomas, en
principio el Gobierno no tiene obligación, ya sea del Partido Popular
o del Partido Socialista; no tiene obligación -por principio, digo-
de aportar financiación porque es financiación incondicionada.
Si se hace un pacto, por definición ya estamos en presencia de un
pacto, no estamos en presencia de una obligación. Por eso yo he
aludido al pacto, en el contexto de la promoción y la estabilidad del
profesorado universitario no numerario o no funcionario. Cuando
hablamos de pacto ya estamos hablando de otras cosas, porque
entendemos que hay una situación que conviene resolver, que es
necesario resolver y que todos podemos y debemos aportar algo, pero
la financiación de las universidades ha sido transferida a las
comunidades autónomas y el Gobierno no presenta recursos de
inconstitucionalidad sobre las leyes de presupuestos de las
comunidades autónomas en virtud de que destinen más o menos dinero
del que en su día, en el momento del traspaso, recibieron para
financiar las universidades, porque eso forma parte de la autonomía
financiera y de la autonomía política de las comunidades autónomas.
Esa crítica la tendrán que hacer los grupos parlamentarios de ese
Parlamento autonómico cuando se debata la ley de presupuestos de ese
Parlamento autonómico. ¿Cañones o mantequilla? Mire usted, que hagan
las cuentas de lo que tienen por financiación incondicionada para
universidades, en ese caso, o para educación no universitaria, en ese
caso, y que después vean, en la traducción presupuestaria de esa ley
de presupuestos de la comunidad autónoma, si se están destinando
todos los recursos a esas políticas o se están destinando a otras
políticas, pero no le corresponde al Gobierno hacer esa crítica.
Ahora, si hablamos a partir de ahí de que se necesitan más recursos,
yo le tengo que decir que no se puede decir se necesitan más recursos
porque sí, porque yo puedo discrepar de esa opinión, y además muy
razonablemente, desde un punto de vista competencial político, y
desde el punto de vista de los datos reales.
En estos momentos no es un problema de financiación en general el que
tiene la universidad española, ya he dicho que no era un problema de
cantidad, sino de calidad. Tendrá que haber financiación competitiva
en algunos ámbitos, y lo he dicho.
Sí que estoy de acuerdo en que todo lo que hagamos por mejorar las
becas y ayudas al estudio será poco, y ya he dicho que la voluntad
del Gobierno es mejorar en ese ámbito. También he dicho, hablando de
la situación de los profesores, fundamentalmente ayudantes doctores,
algo menos de 2.000, y asociados a tiempo completo, que no son las
cifras que usted dice, señora Baldeón, yo las tengo aquí, tanto de
doctores como no doctores a tiempo completo y a
tiempo parcial. En fin, no vamos a discutir sobre eso. Estamos
hablando de algo menos de 2.000 ayudantes doctores y en torno a 9.000
asociados a tiempo completo que no son responsabilidad del Gobierno,
porque la LRU permitía una contratación de asociados a tiempo
completo y no la hizo este Gobierno. Después, en uso de su autonomía,
y con las competencias de las comunidades autónomas correspondientes
en cada caso y en su caso, las universidades la han ido aplicando de
una manera desigual, por ser muy suave en mi expresión. Quiero decir
que yo he escuchado a rectores que me han dicho que no quieren ser
penalizados por haber cumplido el espíritu y la letra de la LRU, por
ejemplo, y supongo que usted me está entendiendo. O sea, que si
hablamos de ese asunto, vamos a hablar y lo vamos a hacer con
seriedad y con rigor, que es lo que pretendemos hacer.
Estamos dispuestos desde el Gobierno a llegar a un pacto, y he
hablado de un pacto que ha de ser necesariamente plurianual,
obviamente, que ha de partir de la premisa de la cofinanciación,
porque no es en principio responsabilidad del Gobierno aunque no se
va a inhibir de ese problema, y que, evidentemente, ha de ser
consensuado y convenido con las comunidades autónomas, previo acuerdo
con las universidades correspondientes y con una auditoría que habrá
que hacer de la situación de cada universidad, porque hay situaciones
muy diversas. Y sobre esto, ya que me preguntaba la señora Aramburu o
el señor Alcaraz, no sé cuál de los dos, el día 23 tenemos previsto
reunirnos con las centrales sindicales, con UGT, con Comisiones
Obreras y con CSIF, para avanzarles las ideas básicas que el ministro
planteará, en su condición de presidente del Consejo de
Universidades, el próximo día 25, en la estela también de la mesa
sectorial de universidades, donde mantenemos un diálogo social con
las centrales sindicales y donde sin lugar a dudas éste es uno de los
temas que vamos a tener que tratar.
Por supuesto que no pensamos, señora Baldeón, en ninguna
idoneización, no lo pensamos, ni es justo ni lo necesita la
universidad española, sería el peor favor que le podríamos hacer. Por
tanto, tendremos que definir ahí también qué evaluaciones externas se
hacen y de qué forma y manera articulamos jurídica y
presupuestariamente esta cuestión, pero sepa que la cuestión de la
promoción y estabilidad de ese profesorado nos preocupa y nos ocupa,
y en eso estamos. Ahí, señora Baldeón, pocas lecciones podemos
aceptar, porque yo le podría decir a usted que en ese tema hay
algunos precedentes no precisamente ejemplares por parte de la
anterior Administración. Yo pretendía elevarme de las disputas
partidistas en la medida de lo posible y usted ha empezado lanzándome
un misil exocet diciendo que yo había empezado haciendo una loa al
Gobierno socialista y que eso es lo que vale.
Mire usted, hay unos profesores que tienen un conflicto planteado
ante la Administración desde hace muchos años, el de los titulares de
escuelas universitarias, porque estos profesores titulares de
escuelas universitarias, que son, si no recuerdo mal, en torno a
12.000, que tienen el grupo Ay nivel 26, igual que los profesores de
secundaria que tienen la condición de catedráticos, con el mismo
grupo y el mismo nivel, cobran 17.000 pesetas menos al mes, y esto es
fruto de un decreto de 1989, cuando gobernaba el Partido Socialista,
y de un acuerdo del Consejo de Ministros del
año 1991, cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Pero sabe a dónde
voy a parar? A que el 31 de enero de 1996, a un mes de las elecciones
generales, el director general de Enseñanza Superior e Investigación
Científica pactó con las centrales sindicales la resolución de ese
problema. O sea, un decreto de 1989 del Gobierno y un acuerdo del
Consejo de Ministros de 1991 generan el problema, y cuando falta un
mes para las elecciones generales, un director general pacta con las
centrales sindicales la resolución del problema. Esto es algo así
como lo que se hizo con la disposición adicional segunda del Estatuto
de Extremadura y Andalucía, la llamada deuda histórica, que a 5 días
de las elecciones generales se reconoció lo que se había negado
durante 13 años de Gobierno. Y eso ahora este Gobierno tiene que
afrontarlo, pero no aceptamos lecciones de quienes han actuado así,
es decir, que crearon el problema, no lo resolvieron y llegaron a un
acuerdo político a un mes de las elecciones.
Señora Baldeón, en relación con las becas y ayudas al estudio me hago
solidario con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, y no creo que se extrañe, con lo que ha dicho el señor
Guerra Zunzunegui. Yo no voy a repetir las cifras porque las que ha
dado él son las mismas que tengo yo, pero, insisto, estamos
dispuestos a avanzar todo lo que podamos y no tenga usted la menor
duda de que, precisamente porque hemos insistido mucho en la
movilidad, sabemos que la movilidad exige dos cosas: primero, reforma
del marco jurídico que la haga posible, y, después, becas y ayudas al
estudio que la hagan real y efectiva.
Por tanto, vamos a trabajar en el corto y medio plazo, como he
señalado, en la reforma del marco jurídico y también en el medio,
corto y medio plazo en implementar programas de becas y ayudas al
estudio con mayores dotaciones, para que ese derecho a la movilidad
sea real. Seríamos contradictorios si insistiéramos tanto en la
movilidad, que creemos que es una de las cosas que más necesita la
universidad española en estos momentos, si al mismo tiempo,
efectivamente, no hubiera una política de becas y ayudas al estudio
enormemente potenciada, porque es verdad que lo necesita la
universidad española.
Me ha hablado de la selectividad. Sobre esto ya le dije lo del 54 por
ciento, que con 46 suma 100. Y en cuanto a flexibilizar la reserva de
plazas, es lo que le he dicho, e insisto que tiene nada menos que el
aval, que me parece muy significativo, de las recomendaciones de la
ponencia del Senado y del Consejo de Universidades. Por tanto, lo que
vamos a hacer es eso, flexibilizar la reserva de plazas para
precisamente favorecer la primera opción, entre otras cosas.
Por cierto, que también a través del Decreto 1005/1999, como les
dije, vamos a favorecer la primera opción, permitiendo que para
incrementar nota puedan repetir la prueba de acceso a la universidad
no sólo en junio del año siguiente y por una sola vez y en la misma
universidad, sino que puedan hacerlo en diversas convocatorias; en
septiembre y junio, y junio y julio, inclusive en distinta
universidad si se acredita cambio de residencia, para favorecer
precisamente la primera opción por la vía, en este caso, de mejorar
nota y de esa manera que puedan realizar la carrera que desean.
Porque al final, tampoco nos engañemos, y en esto estoy seguro que
estaremos todos de acuerdo, muchos fracasos
escolares son debidos precisamente a que no se ha cursado la carrera
que se quería cursar. En esa línea, insisto, en el corto plazo ya
vamos a implementar medidas como las que he señalado.
En cuanto a la investigación, hasta el año 1992 los presupuestos en
materia de investigación estaban bastante congelados y han empezado a
incrementarse notablemente a partir del año 1992, y eso tiene mucho
que ver, entre otras cosas, con lo que está sucediendo respecto de
los retornos de los doctores y tecnólogos que usted conoce. Es decir,
que al final, personas con una magnífica preparación, personas que
han salido al extranjero a formarse, a investigar, que son
reconocidos por la comunidad científica, retornan a España y no
encuentran ni en el sector público ni en el sector privado un puesto
de trabajo adecuado a su formación y a los méritos que han contraído
con esa labor docente, investigadora y científica, en definitiva. En
el sector público, ya he aludido a las plantillas del CSIC, se está
haciendo algo importante, y luego tiene que tirar mucho de ahí el
sector privado. Si analiza series estadísticas históricas, verá usted
cómo hasta el año 1990 la política científica y la política
industrial iban paralelas y a partir de 1990 se empezó a producir un
punto de inflexión en la política industrial, y no es ajeno a eso el
que se definiera por alguien que la mejor política industrial era la
que no existía, comenzándose a producir un desfase entre la recepción
por parte del sector privado de esos doctores y tecnólogos y la que
hasta ese momento se había producido. Nosotros intentamos ahora
rectificar ese desacierto, para que vayan en paralelo la política
industrial y la política científica, y, en consecuencia, estos
magníficos profesionales, esos investigadores, esos científicos,
tengan en el sector público y en el sector privado la oportunidad de
desarrollar sus conocimientos para generar efectivamente innovación,
valor añadido, más riqueza, más bienestar y más empleo a nuestro
país, que ha invertido en su formación muchos recursos.
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, señor secretario de Estado.
Comprendo que ha habido muchísimas cuestiones y que su deseo es
contestar a todas, pero yo le ruego un esfuerzo de brevedad que será
absolutamente comprendido por todos los portavoces, y también en
solidaridad hacia su compañero de Gobierno, que puede tener la
comparecencia un poco limitada si no logramos que ésta transcurra en
el tiempo convenido.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Fernández Díaz): Llevo 28 minutos y me
han interpelado cuatro grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE: Lo comprendo y encarezco su buena voluntad
en contestar a todas las preguntas, pero mi función es que la
Comisión se desarrolle de la mejor manera posible y el tiempo está
transcurriendo e imposibilitando que la próxima comparecencia se
produzca con normalidad. De manera que yo le ruego que haga un
esfuerzo y que conteste por escrito si no le da tiempo a hacerlo esta
mañana.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO (Fernández Díaz): Voy a intentar ser muy breve, señor
presidente, pero me parece, por cortesía, que alguna cosa tengo que
decir sobre algunas intervenciones.
El señor Alcaraz, del Grupo Mixto Nueva IzquierdaIniciativa per
Catalunya, aludió a los centros tecnológicos y parques tecnológicos y
también a los convenios que establece el CSIC. La red de centros
tecnológicos es consultada intensamente y participa de la elaboración
del futuro plan nacional, y el apoyo a sus actividades puedo
asegurarle que es real y se enmarca en el esfuerzo de todos por
mejorar transferencia tecnológica y rentabilidad de la investigación,
y se va a notar pronto.
En cuanto a los convenios, creo que los datos avalan la objetividad,
porque he hablado de Universidad de Elche, he hablado de Universidad
de Castilla-La Mancha, he hablado de Universidad pública de Navarra,
y le podría hablar de otras iniciativas que están en marcha, pero voy
a intentar ceñirme a lo que me dice el señor presidente.
Hay un tema que me parece importante. Usted ha dicho: «No cumplen el
compromiso de reformar la LRU». Bueno, yo ya he dicho lo que tenía
que decir. No hemos encontrado ni un solo grupo parlamentario, no
hemos encontrado consenso en la comunidad académica ni en las
comunidades autónomas para tirar adelante con ese proyecto de reforma
de la LRU. ¿Eso quiere decir que ese trabajo no sirve para nada? No
es verdad, yo también dije que consensos importantes relativos al
título quinto se pueden y se deben incorporar al trabajo de
elaboración de esa más amplia reforma de la LRU que vamos a impulsar
desde el Consejo de Universidades. Sin duda, la de una tercera
prueba, como mínimo, adicional para el acceso a las plazas de
titulares de escuelas universitarias y de universitarios; sin duda,
el tema de los tribunales, de su composición: dos, tres, cuatro, uno.
Son unos consensos que derivan ya del informe Seara, que básicamente
están consolidados y que yo creo que se pueden y se deben mantener.
Por tanto, hay trabajos muy buenos en la elaboración de ese
anteproyecto de ley que por supuesto se van a incorporar, y estamos
en contacto con la CRUE para que sus conclusiones en el denominado
Informe Brical se puedan incorporar también, como no puede ser de
otra manera, a ese trabajo que vamos a impulsar desde el Consejo de
Universidades.
Yo no he dicho lo que usted dice que yo he dicho, supongo que me
cree, señor Alcaraz. Yo siempre he dicho que el corto plazo es estos
meses de este mismo año y que el medio plazo es el comienzo de la
próxima legislatura. Es decir, he situado el medio plazo en un año y
no he dicho: «quien gobernará»; he dicho que el propósito de este
Gobierno es ése. Evidentemente, hay unas elecciones generales
entremedias y estaremos a resultas de esas elecciones, ¡faltaría
más!, pero no me haga usted un juego de palabras con esto ni tampoco
con las estadísticas, que todos sabemos efectivamente que, claro,
usted tiene dos pollos, yo ninguno, y tenemos uno cada uno. He dicho
que el corto plazo es este año, son estos meses, y que el medio plazo
es de aquí a un año, comienzo de la próxima legislatura, y yo creo
que estará de acuerdo que hablar en esos términos es bastante
razonable: medio plazo, un año; corto plazo, dos, tres, cuatro o
cinco meses. Ese es en el ámbito en el que nos movemos.
Estoy de acuerdo con usted en que sería todavía mejor que hubiera más
becas Erasmus, pero somos de los países que tienen más becas Erasmus
de la Unión Europea -estamos en torno a 12.000-. Lo significativo es
que, como le digo, haya más movilidad de universitarios españoles en
el ámbito de la Unión Europea que con las universidades españolas.
Por eso aludía al Erasmus español y por eso hablé tanto, señor
Alcaraz, de la movilidad, porque es un contrasentido, pero que tiene
mucho que ver con ese sistema estanco e incomunicado al que aludía
como riesgo la señora Baldeón en su exposición.
En cuanto a la evaluación y autonomía universitaria, ya dije algo.
Permítame, señor Alcaraz, que por economía temporal no insista más.
Me ha hecho varias preguntas, a alguna de las cuales ya he
contestado. El día 23 nos vemos con los sindicatos para aludir a las
líneas generales que expondrá el ministro el día 25 en relación con
esa propuesta de pacto para la promoción y estabilidad del
profesorado. También le he contestado en cuanto a si han servido o no
los trabajos preparatorios del anteproyecto de ley. En cuanto a las
líneas de reforma, evidentemente nosotros las asumimos. Tiene usted
razón cuando dice que el consenso no puede significar que el Gobierno
se inhiba. No, yo le he dicho algunas. Yo creo que hablar de LRU,
hablar de ley universitaria significa entre otras muchas cosas hablar
de tres cosas, significa hablar de órganos de gobierno y
representación, del sistema de gestión de la universidad, significa
hablar de carrera docente y significa hablar del Consejo de
Universidades, y he dicho algo de las tres cosas.
En cuanto al sistema de gobierno y representación, tampoco queremos
prejuzgar ese debate. Si hablamos de consenso, no creemos que sea
razonable que el Gobierno vaya con una posición preconcebida,
precisamente para dar pie a que ese consenso se pueda decantar
mayoritariamente, pero sí que nos parece desde el Gobierno que una
distinción más clara entre lo que son órganos de representación y de
gobierno en universidades y el reforzamiento de los órganos
unipersonales de gobierno favorecería la gestión del sistema,
mejoraría la competitivad del sistema universitario español. Le
avanzo una posición que está sometida evidentemente al consenso,
evidentemente.
Del Consejo de Universidades también le he hablado. En cuanto a la
carrera docente, en ese plan de promoción y estabilidad, lógicamente,
avanzaremos algunas cosas más, pero en todo caso la carrera docente
que está definida en estos momentos en la LRU sigue vigente y
estaremos a resultas del consenso que obtengamos en ese nuevo
anteproyecto de ley, sin perjuicio de ese plan de promoción y
estabilidad que debe permitir dotar más plazas y al mismo tiempo
también otra figura de contratación con todos los controles de
evaluación y garantías que sean precisos, porque no estamos hablando,
insisto, de una idoneización.
A la señora Carme Laura Gil, por economía procesal y ya que ella me
hace gracia de contestarla, comparto muchos de sus planteamientos. No
tenga miedo, en términos coloquiales, señora Carme Laura Gil, que en
la cultura de la movilidad hay ninguna trampa ni cartón. Usted me
está entendiendo y creo que nos entendemos todos.
A la señora Aramburu, de Izquierda Unida, en cuanto a la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), efectivamente, sin
perjuicio de que el rector de la universidad
comparece habitualmente ante esta Comisión, le diré que me parece
importante y que además me parece justo que usted lo plantee, porque
es la única universidad regular, aunque no sea presencial, que tiene
el Estado, y por tanto tenemos obligación de ocuparnos de todas, pero
evidentemente y de manera especial por ella y también de la
Internacional Menéndez y Pelayo. La subvención a la UNED ascendió en
1998 a un total de más de 5.400 millones de pesetas, que representó
un incremento del 6,83 por ciento respecto al ejercicio de 1997. Para
este año 1999 la subvención es de casi 6.000 millones de pesetas, más
de 5.900 millones, y el incremento del 9,22 sobre el año anterior. En
relación con lo que ha dicho de datos, creo que es importante
recordar, señora Aramburu, que no se deben comparar índices en
enseñanza presencial con no presencial, obviamente, y sobre las
plantillas de administración y servicios en general son muy variadas,
pero están alrededor de la mitad del personal docente, que es la
media de la Unión Europea en estos momentos.
Ha aludido a algunas titulaciones y a algunos asuntos que están en la
UVI, aparte del tema del profesorado, al que ya me he referido, y en
relación con algunas enseñanzas y titulaciones que se han pedido,
entre ellas la de relaciones laborales. Quiero decirle que lleva
mucho tiempo en el Consejo de Universidades, pero en todo caso debo
garantizarle que es propósito del Gobierno, a través de la Secretaría
de Estado, de la Secretaría General del Consejo, que la subcomisión
correspondiente a la comisión académica vaya en el mes de abril, para
que se pueda pronunciar la académica y la de planificación y
coordinación en el mes de mayo y que vaya al pleno del Consejo de
Universidades en el mes de julio de este año, para que a continuación
y en función de cuál sea el informe del Consejo de Universidades, el
Gobierno, puesto que se trata de una nueva carrera, un nuevo ciclo,
adopte la decisión que proceda.
Yo no sé si ya debo concluir aquí, aunque me dejo temas sin
contestar, pero, insisto, el señor presidente me ha rogado que
abrevie lo más posible, y yo quiero simplemente terminar
agradeciéndoles a ustedes sus intervenciones, a pesar de sus
críticas, que son las que proceden, porque eso es lo que enriquece el
debate, reiterar esa oferta de colaboración por parte del Ministerio
y de búsqueda de consenso. Espero que las diferencias que existen y
existirán no nos hagan perder de vista la conveniencia, de verdad, de
buscar concurrencia de voluntades en una cuestión como esta, como
saben todos ustedes, señorías, sin duda mejor que yo porque llevan
más tiempo en este oficio y con más experiencia, pero yo tengo una
especial responsabilidad, y esto me hace que tenga lógicamente que
decírselo a ustedes. Nos va mucho en el futuro de todos que acertemos
en la definición y en el diseño de la universidad española de los
próximos años, y ese no es ni puede ser objetivo ni de los rectores
por su lado, ni de este partido ni de aquel otro. Ha de ser un
objetivo que compartamos entre todos y por eso hago ese ofrecimiento
de consenso que estoy seguro que será bien acogido por parte de
ustedes, reiterándoles la oferta y la disposición al diálogo y a
cuanta información sea precisa para conseguir ese objetivo.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
sobre todo por su esfuerzo de brevedad en este último trámite.
Señores diputados, voy a levantar la sesión un momento, pero antes
quiero despedir al secretario de Estado, reiterarle nuestro
agradecimiento por su presencia aquí y nuestra felicitación por su
nombramiento, sabiendo que esa oferta de diálogo es exactamente lo
que los grupos parlamentarios desean y que esta Comisión va a
garantizar en sus futuras sesiones de comparecencias.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (VILLAR GARCÍA-MORENO) PARA
INFORMAR SOBRE:
- EVOLUCIÓN DEL PLAN ADO EN RELACIÓN CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE
SIDNEY 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 212/000529)
- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN EL
PERÍODO QUE RESTA DE LEGISLATURA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 212/001481)
- POLÍTICA DEPORTIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente 212/001890)
- SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DEPORTES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 212/001877)
El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, vamos a proseguir la sesión con la
segunda comparecencia de esta mañana, que es la del secretario de
Estado para el Deporte, a quien le damos la bienvenida y expresamos
la felicitación por su nombramiento. Esta es su Comisión, a la que
seguramente tendrá ocasión de asistir muchas veces, y por tanto, como
lo he hecho con su antecesor en esta mañana, le digo a él y a
ustedes, a los señores diputados, que no es necesario agotar los
temas en esta ocasión, porque habrá otras.
Les agradeceré a todos, al compareciente y a los portavoces, un
esfuerzo, ya que la hora es muy avanzada y a las cuatro tenemos el
Pleno. Que yo evoque lo de las cuatro de la tarde no es que invite a
prolongar esta Comisión hasta esa hora, pero ese es el peligro que
corremos todos; por tanto les ruego un gran esfuerzo de síntesis, que
siempre es bienvenido y redunda en calidad de la intervención y de la
Comisión.
Muchas gracias anticipadas y reiterando nuestro agradecimiento
y nuestra felicitación, le doy la palabra al secretario de Estado, que
comparece también a petición propia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPERIOR
DE DEPORTES (Villar García-Moreno): Señor presidente, señorías,
muchas gracias por las palabras de bienvenida y los deseos de que
esta no sea la última comparecencia, espero que no. Para mí es una
satisfacción comparecer en esta Comisión por primera vez y procuraré
seguir las indicaciones del presidente. Yo ya me he dedicado,
mientras el otro secretario de Estado hablaba, a tachar hojas, pero
procuraré ir bastante deprisa y no prolongarme mucho.
El pasado 18 de febrero el ministro de Educación y Cultura comparecía
en esta Comisión para informar sobre los proyectos y líneas generales
del departamento durante su mandato, y en esta comparecencia se
informó, entre otras cuestiones, de las actuaciones de la
Administración del Estado en el ámbito deportivo y de cuáles eran las
líneas generales de las que se iba a tratar.
Las líneas de actuación del Consejo Superior de Deportes van a estar
fundamentalmente basadas en un diálogo permanente, como no podía ser
de otra forma, con todas las instituciones y entidades relacionadas
con el deporte. Proseguiremos con el impulso al deporte de alto
nivel. Procuraremos un reequilibrio territorial con el fin de que los
ciudadanos puedan desarrollar todas sus capacidades en el ámbito
deportivo. Haremos una coordinación de las políticas deportivas en el
marco competencial que nos configura la Constitución. Mantendremos el
apoyo a las federaciones deportivas españolas y el apoyo al deporte
español en el ámbito internacional. A continuación expondré el
programa de actuación del Consejo basado en estos principios.
En el ámbito normativo me gustaría destacar, en primer lugar, la
modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, a
través de la Ley 50/1998, de medidas, que han introducido en su
artículo 109 un conjunto de modificaciones que han afectado a
aspectos sustanciales de la misma y con ello se ha proporcionado un
nuevo marco para el deporte profesional. No obstante al avance
producido por la Ley del Deporte en esta materia, el tiempo
transcurrido desde su promulgación y la evolución de la actividad
deportiva en el ámbito del deporte profesional han justificado una
nueva regulación, ya que, dadas sus peculiaridades, cada día aumentan
más sus diferencias respecto al deporte aficionado.
Se ha abordado la aproximación del régimen jurídico de las sociedades
anónimas deportivas al régimen común de las sociedades anónimas, a
fin de conseguir que las mismas puedan desarrollar su función en
condiciones semejantes a las del resto de las entidades que adoptan
esta forma estatutaria, permitiéndoles el acceso a otras fuentes de
financiación en condiciones de igualdad con otras sociedades
mercantiles, posibilitando con ello su salida al mercado de valores.
Se ha tratado de reducir el intervencionismo existente debido tanto a
la madurez del proceso como a la eliminación de la financiación
pública, una vez consolidado el proceso de transformación en
sociedades anónimas de la mayor parte de los clubes que participaban
en competiciones de carácter profesional, y cancelado el plan de
saneamiento con los medios propios de la Liga de fútbol profesional.
Con el fin de velar por la pureza de la competición, se ha incluido
igualmente la obligación para las sociedades anónimas deportivas de
declarar las participaciones significativas que puedan producirse en
su accionariado, de forma similar a lo establecido en la Ley del
Mercado de
Valores. Con la actualización de la Ley del Deporte se ha querido
confirmar la madurez y responsabilidad del deporte profesional. Una
vez que coticen en Bolsa, el sometimiento a las reglas y controles de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores reforzará la condición
económica que conlleva esta actividad, garantizando su solvencia y
trazando el camino futuro por el que deberá discurrir una vez
consolidado su carácter profesional.
La primera consecuencia de la modificación de la Ley del Deporte ha
sido la reorganización interna del Consejo Superior de Deportes, que
ya hemos hecho a través de la publicación del Decreto 286/1999, de 22
de febrero, sobre estructura orgánica y funcionamiento del Consejo
Superior de Deportes, adaptando el organigrama de este organismo
a sus necesidades para la consecución de una mayor eficacia en la
gestión. Con esta reorganización se ha pretendido adaptar las
referencias legales a la naturaleza y régimen jurídico del organismo,
de conformidad con lo establecido en la Lofage, y ajustar la
estructura del Consejo a la creciente importancia del deporte
profesional en nuestro país.
El Consejo tiene dos direcciones generales como tenía antes, de
Deportes y de Infraestructuras Deportivas. La Dirección General de
Deportes mantendrá las competencias sobre el deporte no profesional:
federaciones deportivas, asociaciones deportivas, promoción del
deporte y cooperación internacional; y la Dirección General de
Infraestructuras Deportivas, mantiene las funciones que viene
ejerciendo en materia de servicios comunes, infraestructuras
deportivas y gestión económica, pero al ejercicio de estas
competencias se unirá el de aquellas relacionadas con el deporte
profesional: ligas, sociedades y sociedades anónimas deportivas.
Otra consecuencia de esta modificación de la Ley del Deporte es la
exigencia de un profundo cambio normativo que debe plasmarse también
en la modificación de la normativa de desarrollo de la misma, en
concreto el Real Decreto 1084/1991, sobre sociedades anónimas
deportivas, que habrá que reformar; el Real Decreto 1835/1991, sobre
federaciones deportivas; y el Real Decreto 1591/1992, sobre
disciplina deportiva. En el primero de los reales decretos citados,
el de sociedades anónimas deportivas, se regularán los plazos,
términos y condiciones en que se deben comunicar la adquisición y
enajenación de participaciones significativas en el accionariado de
las sociedades anónimas deportivas y las obligaciones contables de
estas sociedades. El segundo de estos reales decretos, el de
federaciones, se modificará para dar una nueva regulación al registro
de asociaciones deportivas, creando las oportunas secciones para las
sociedades anónimas deportivas y sus participaciones más
significativas. Y en el tercero de estos reales decretos se
introducirá sólo una modificación para poder sancionar las
declaraciones de los administradores de las sociedades anónimas
deportivas que inciten a la violencia.
También en el ámbito normativo es de destacar la extraordinaria
importancia de las enseñanzas y titulaciones de técnicos deportivos.
Hasta el momento la formación de los técnicos deportivos
correspondía, como SS.SS. saben, a las federaciones, que definían las
titulaciones correspondientes a cada una de ellas. Con la aprobación
del Real Decreto 1913/1997, el Ministerio de Educación y Cultura, a
través del Consejo, está empeñado en una de las tareas yo creo de
mayor trascendencia para el futuro de la cualificación de los
técnicos deportivos españoles. Dicha actuación es garante al mismo
tiempo de que las competencias en el ámbito de la iniciación y
perfeccionamiento o entrenamiento de los deportistas sean ejercidas
por personas con una adecuada preparación y formación.
Como saben SS.SS., este real decreto fue dictado al amparo de la
competencia exclusiva que sobre titulaciones atribuye al Estado el
artículo 149.1.30a, de la Constitución, y en desarrollo del artículo
55 y la disposición transitoria segunda de la Ley del Deporte, y de
la inclusión de estas enseñanzas en el ámbito de aplicación del
artículo 3.4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, como
enseñanzas de régimen especial, de acuerdo con la habilitación legal
que dicho artículo confiere al Gobierno. Actualmente el objetivo está
centrado en la implantación de las enseñanzas de técnicos deportivos
y en desarrollar el proceso de homologación y convalidación de los
diplomas de entrenadores ya emitidos por las federaciones deportivas,
de conformidad con los distintos aspectos que recoge el Real Decreto
1913/1997. En el proceso de implantación de las enseñanzas de
técnicos deportivos destacaría el protagonismo que corresponde al
ámbito educativo en el que estas están insertadas. Se trata
esencialmente de una apuesta educativa dentro del marco de la Logse
que viene a responder a unas necesidades generadas por el aumento de
practicantes deportivos, que a su vez ha impulsado y desarrollado el
empleo en el sector deportivo. Actualmente ya se han elaborado
y remitido a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
para su tramitación los proyectos de reales decretos que establecen
los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de las
modalidades de deportes de montaña y escalada y deportes de invierno
y fútbol. En pocos días se remitirán otros tres reales decretos
referidos a las modalidades de atletismo, balonmano y voleibol y
están finalizándose los trabajos de elaboración de los proyectos
relativos a las modalidades deportivas de judo, hípica, actividades
subacuáticas, baloncesto, ciclismo y remo. Todos estos reales
decretos tienen una parte dispositiva común en la que se establece el
catálogo de títulos de grado medio y grado superior de la modalidad
deportiva correspondiente y una parte específica donde se regulan las
enseñanzas mínimas a que corresponderá el currículo y las
disposiciones relativas a los centros y al profesorado.
Simultáneamente a los trabajos de ordenación de las enseñanzas de
técnicos deportivos, se han elaborado y está ya tramitándose para su
aprobación, una vez completado el preceptivo informe de todas las
partes afectadas, las órdenes ministeriales que facilitarán el
proceso de homologación y convalidación de las formaciones de
entrenadores, que se han llevado a cabo por las federaciones
deportivas. En concreto se encuentran a punto las siguientes órdenes
ministeriales: la que crea la comisión para la homologación,
convalidación y equivalencia de las formaciones de entrenadores
deportivos; la que establece el procedimiento para el reconocimiento
de las formaciones de entrenadores deportivos a las que se refiere el
artículo 42 del Decreto 1913; y la que completa los aspectos
curriculares y los requisitos de las formaciones en materia deportiva
durante el período transitorio hasta la implantación de las
enseñanzas y títulos que se establezcan en el desarrollo del decreto.
Debo señalar que la actividad normativa que vamos a llevar a cabo es
importante cuantitativamente, ya que afecta a muchas modalidades
deportivas, pero me gustaría destacar la complejidad de la misma,
dado que están afectadas miles de personas que han obtenido a través
de los años alguna formación impartida por las federaciones
deportivas, y aun siendo desigual la incidencia de estas formaciones
en el empleo deportivo, se ha convertido en un sector considerado
como de crecimiento potencial.
Por último, en el ámbito normativo estamos elaborando un proyecto de
real decreto por el que se crea algo que a mí me parece de mucha
importancia, que es, la comisión nacional para la protección de la
salud de los deportistas, que contará lógicamente con la
representación de todos los sectores afectados y cuyo objetivo se
enmarca en el establecimiento de acciones preventivas y divulgativas
sobre la salud del deportista. En un contexto como el actual, de
generalizada mejoría del deporte de alto nivel, la búsqueda acelerada
por parte del deportista de conseguir cada vez mejores resultados
conlleva situaciones que comprometen seriamente su salud, poniendo en
ocasiones en peligro su vida.
Quiero manifestar, en otro orden de cosas, que las ayudas
y subvenciones -y voy a pasar así muy por encima; luego, si hay alguna
pregunta, la contestaré- para la construcción y mejora de
instalaciones deportivas tendrán un carácter técnico y de
especialización o como consecuencia de la celebración de
acontecimientos de carácter internacional. Asimismo, se destinará una
ayuda adicional de 132 millones de pesetas a las comunidades
autónomas para gastos de gestión, de equipamiento y de
infraestructuras de nuevos centros de alto rendimiento y centros de
tecnificación deportiva.
En función del esfuerzo realizado en los últimos años para dotar a
España de una red de infraestructuras deportivas adecuadas a las
necesidades de nuestro tiempo, también cabe destacar que se ha
elaborado el segundo censo nacional que recoge las instalaciones
deportivas cuya titularidad patrimonial y gestión son públicas, así
como el mayor número posible de las privadas de uso público. La
utilización de este censo es de decisiva importancia porque permitirá
objetivar al máximo la necesaria planificación de obras de mejora de
las instalaciones ya existentes y la construcción de nuevas
instalaciones aplicando criterios de racionalidad y permitiendo con
ello llegar a hacer inversiones allí donde sea necesario.
Una vez dicho lo anterior, pasaré a hacer mención de las formas y
modos cómo algunas de estas líneas de actuación se sustanciarán a
través de hechos concretos. En la base de todas nuestras actuaciones
se hallan el niño y el joven que practica deporte y por ello no puedo
obviar de manera alguna la importancia que tiene en cualquier sistema
educativo el papel que desempeña la actividad física general y la
práctica deportiva en particular en el desarrollo de la infancia y la
juventud. Existe una plena unanimidad en la actitud positiva de todos
los padres respecto a que sus hijos practiquen alguna actividad
deportiva, y a ello se une el interés creciente y progresivo
experimentado en las últimas décadas hacia el deporte. Por ello, la
tarea de fomento y promoción del deporte en la infancia y en la
juventud se continuará promoviendo a través de la organización de
cinco programas que competencialmente nos corresponden.
En primer lugar, está el Campeonato de España Escolar, que viene
congregando a más de 2.600 participantes de centros educativos y en
él están representadas todas las comunidades. Ello supone, junto con
el Campeonato de España de la Juventud, la mayor concentración
numérica de deportistas. La diversidad de su procedencia y el número
de especialidades deportivas representan un gran esfuerzo
organizativo, que cuenta de forma muy importante con la colaboración
de las comunidades autónomas y de las federaciones, y en este
campeonato también pretendemos potenciar el programa cultural que
tendrá lugar paralelamente al deportivo y cuyas actividades son
realizadas en la misma semana de competición deportiva, viniendo a
enriquecer la experiencia de los participantes. En el segundo tramo
de la competición en la edad escolar, se disputa el Campeonato de
España de la Juventud, que acoge a 2.500 jóvenes entre 15 y 16 años y
que es la culminación de las fases celebradas en sus respectivas
comunidades autónomas. En este aspecto se continuará apoyando la
celebración de estos campeonatos, si bien tendremos un diálogo
permanente, como no podía ser de otra forma, con los representantes
de las comunidades autónomas, con el fin de estudiar la actualización
de normas de participación y reglamentos, contando también con las
federaciones deportivas.
En cuanto a las competiciones internacionales escolares, que es el
tercer apartado, España, como país miembro fundador de la Federación
Internacional de Deporte Escolar, participa en el presente año en la
actividad internacional de esquí, gimnasia y atletismo, que son
aquellas modalidades convocadas por la federación internacional que
tienen una relación con el programa deportivo nacional en estas
edades.
El cuarto programa es el de detección de talentos deportivos. Como
saben SS.SS., el deporte de alta competición exige cada vez más un
más y mayor rendimiento deportivo, y ello condiciona el proceso de
desarrollo del deportista desde el inicio de su formación. La
improvisación no reporta éxitos en ninguna actividad humana y menos
aún en el mundo del deporte de alta competición. Como continuación
del programa deportivo escolar y con el fin de mejorar la preparación
de los futuros deportistas españoles de élite, se seguirá realizando
el programa de detección de talentos deportivos, cuyo objetivo final
es descubrir aquellos deportistas que pueden llegar a destacar en sus
respectivas modalidades y dotarles de medios y recursos adecuados
para que desarrollen todas sus potencialidades deportivas a través de
un seguimiento y entrenamiento adaptados a sus condiciones
individuales. Este programa se basa en una serie de concentraciones
en las que se favorece la mejora de la formación deportiva de los
jóvenes en edad escolar que han destacado en sus respectivas
modalidades y cuyas cualidades específicas hacen que potencialmente
puedan ser considerados como futuros campeones. Este programa es
selectivo y con un número de participantes por concentración
reducido, lo que permite una mayor atención personal, junto con la
mejora de la calidad del trabajo desarrollado. Las edades de los
deportistas varían en función de los deportes y van entre 13 y 14
años para el infantil, y entre 15 y 16 en el cadete. Las
concentraciones se desarrollan durante la actual temporada deportiva,
si bien el mayor número de ellas se hacen en verano y en períodos
vacacionales
de Semana Santa y Navidad. Los programas de actividades de
estas concentraciones están diseñados por las respectivas
federaciones en colaboración con el Consejo y son desarrolladas por
estas entidades y los respectivos órganos deportivos de las
comunidades autónomas. La detección de talentos debe estar secundada
por un trabajo de continuo seguimiento y perfeccionamiento. Este
trabajo estará coordinado con los planes de alta competición de las
respectivas federaciones y de las comunidades autónomas. El Consejo
Superior de Deportes, a través de una subvención anual de 180
millones de pesetas a las federaciones, está contribuyendo a la
realización del programa en el que las federaciones implicadas
muestran un creciente interés.
Por último, el quinto programa, que es el de cooperación deportiva.
El Consejo Superior de Deportes participa en el ámbito internacional
a través del programa de cooperación deportiva e intercambios,
visitas de compromisos bilaterales y multilaterales y asistencia a
reuniones como miembros de organismos europeos e internacionales.
En el ámbito del deporte universitario, las competencias del Consejo
Superior de Deportes consisten en coordinar las actividades
deportivas y universitarias a nivel nacional, en colaboración con las
universidades españolas y en la representación de España en el ámbito
internacional. La parte principal del deporte universitario es la que
se realiza en sus propios campus e instalaciones deportivas, cuyas
actividades están dirigidas y programadas por los servicios de
deporte universitario de las universidades tanto públicas como
privadas.
Esta actividad del deporte universitario culmina en la realización de
los campeonatos de España universitarios y torneos
interuniversitarios, que congregan a más de 5.000 deportistas. En el
presente año los campeonatos de España universitarios son organizados
por la Universidad de Valencia, coincidiendo con el V centenario de
su constitución. Pero la línea de colaboración con las universidades
no se limita sólo a la práctica deportiva de sus alumnos, sino que
también posee una vertiente que desarrolla programas de ayuda a las
propias universidades que faciliten el acceso y posterior desarrollo
de los deportistas de alto nivel en la universidad, a través de
tutorías, cupos de plazas en residencias, facilidades horarias y
temporales para la realización de exámenes y otras posibilidades que
permitan al deportista cursar sus estudios sin detrimento de sus
planes específicos de preparación deportiva.
En el plano internacional el deporte universitario en este año ha
protagonizado dos grandes acontecimientos: la universidad de
invierno, que ha tenido lugar en Eslovaquia y en la que España ha
estado representada; y la universidad de verano, que tendrá lugar en
el mes de julio en Palma de Mallorca. Este evento deportivo será la
gran fiesta del deporte universitario mundial y uno de los grandes
acontecimientos deportivos que se celebren en España y en los que el
Gobierno ha estado y está presente prestando su ayuda financiera y
colaboración institucional. El esfuerzo realizado para su
organización es merecedor -estoy seguro de que así lo será- de un
éxito rotundo. Para que todas estas realidades sean posibles y que
inciden en el fomento y promoción del deporte en las universidades
españolas, existe un órgano, que es el Comité Español de Deporte
Universitario, que desarrolla las funciones y las competenciasque el
Consejo Superior de Deportes tiene atribuidas
en materia de actividad deportiva. Actualmente se está debatiendo
conjuntamente con universidades y comunidades autónomas el modelo
deportivo universitario español, así como las competiciones o eventos
deportivos a realizar en los próximos años.
En la reciente modificación de la Ley del Deporte, a la que he hecho
referencia, el Comité Parolímpico Español ha sido reconocido como
entidad de utilidad pública, con la misma naturaleza y funciones que
el Comité Olímpico Español, y cuya labor se desarrolla con
deportistas con discapacidades físicas, sensoriales, psíquicas y
cerebrales. Ello supone un gran impulso a favor de los deportistas
discapacitados, cuyos éxitos en las dos últimas parolimpiadas,
Barcelona y Atlanta, han situado a España en el quinto puesto mundial
sobre un total de 59 países participantes, sólo superada en este
puesto por naciones con una gran tradición deportiva, como Estados
Unidos, Australia, Alemania y Gran Bretaña. Estos grandes éxitos
vaticinan un gran futuro para los deportistas de alto nivel
discapacitados, y por lo tanto se seguirá apoyando la labor
desarrollada por las instituciones que velan, fomentan y promocionan
el deporte entre discapacitados y que colaboran con el Comité
Parolímpico Español.
Otro ámbito importante es el deporte federado, que constituye el
marco organizativo en el que se desarrollan actividades deportivas
con ánimo de participar en las diversas competiciones de carácter
nacional e internacional y que las federaciones deportivas españolas
realizan de acuerdo con sus calendarios y programas de actuación.
La Ley del Deporte y el Real Decreto 1835 de desarrollo regulan el
régimen jurídico de las federaciones deportivas, quedando definidas
éstas como entidades asociativas sin ánimo de lucro que ejercen un
conjunto de competencias propias en el campo deportivo y que ejercen
por delegación funciones públicas de carácter administrativo. El
Consejo ejerce la tutela de dichas entidades, acordando tanto su
constitución como el ejercicio de determinadas actividades, y
acordando con las mismas tanto su programación deportiva como
económica. Actualmente existen un total de 60 federaciones,
incluyendo las 5 polideportivas de minusválidos y discapacitados, que
agrupan a más de dos millones y medio de deportistas federados.
El Consejo realiza una intensa colaboración con las federaciones para
mejorar nuestro nivel deportivo, que se materializa tanto en el
asesoramiento y acuerdo con los técnicos sobre la planificación anual
como en el seguimiento de todas sus actividades.
Desde el punto de vista económico, el Consejo Superior de Deportes
realiza un gran esfuerzo en la financiación de las federaciones. En
el año 1999 se han asignado más de 8.500 millones de pesetas, lo que
supone más del 60 por ciento de sus ingresos si descontamos la Real
Federación de Fútbol, cuyos ingresos se acercan a 8.000 millones de
pesetas y que sólo supone el 9 por ciento, aproximadamente. Estas
subvenciones se asignan de acuerdo con criterios objetivos
previamente establecidos y en base a una valoración técnica sobre la
planificación anual, financiándose principalmente la alta
competición. En este aspecto se ha realizado un enorme esfuerzo de
objetivación en los criterios aplicados.
Además de la fuente de financiación anterior, las federaciones
reciben un apoyo para la mejora de su gestión
federativa, pretendiéndose con ello tanto el fomento de utilización
de herramientas que la faciliten como la homogeneización de
criterios. En este sentido, se ha puesto en marcha un plan de
informatización contable y presupuestaria que permitirá no sólo la
simplificación de procesos, sino el intercambio de información por
medios telemáticos. En este proceso de modernización y puesta al día
se hallan acogidas para este año 15 federaciones deportivas, de las
cuales 6 son federaciones pilotos, siendo el objetivo final su
implantación generalizada para el año 2000.
Asimismo, el control del dinero público exige unos mecanismos de
seguimiento y justificación, y por ello el Consejo está poniendo en
marcha otra aplicación informática para mejorar esto que permitirá
revisar las cuentas justificativas presentadas por las federaciones,
acortando los plazos y pudiendo examinar con mayor rapidez la
adecuación del gasto a la finalidad específica de la subvención.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 776/1998, por el que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información
presupuestaria a estas entidades, se está procediendo a adaptar el
modelo presupuestario de las federaciones deportivas españolas al
establecido en este citado real decreto. Además de lo anteriormente
mencionado, se seguirá trabajando para potenciar progresivamente sus
propios recursos, facilitando a las federaciones el acceso a
patrocinios y tratando de incrementar el número de retransmisiones
televisivas de sus respectivas modalidades deportivas, en la medida
de lo posible.
La necesaria colaboración y cooperación deportiva con las comunidades
autónomas a la hora de llevar a cabo las políticas deportivas tanto
en el ámbito estatal como en el autonómico, hace que los contactos
con ellas sean permanentes. Una prueba de ello es la celebración
periódica de reuniones con los responsables de las mismas y en las
que se analizan los asuntos de interés común, uno de los cuales es la
utilización de los centros de alto rendimiento y tecnificación por
parte de los deportistas de alto nivel. En este aspecto, la fluidez
en la relación diaria nos permite conocer y resolver problemas
comunes. Piensen que en el ámbito deportivo los acontecimientos,
tanto nacionales como internacionales, se suceden con enorme rapidez,
lo que nos obliga a colaborar intensamente con los responsables de
las políticas deportivas de cada comunidad autónoma e, incluso,
a multiplicar nuestra presencia para manifestar el interés del
Gobierno
en determinados acontecimientos y eventos deportivos. Yo ya he tenido
ocasión de asistir a una reunión de éstas hace aproximadamente tres
semanas en Valencia con los responsables deportivos de todas las
comunidades autónomas.
Un aspecto de la labor de la política deportiva son las relaciones
internacionales que alcanzan cada día una significación propia en
nuestro contexto cultural. En función de este hecho, y dada la
creciente intensidad de las relaciones con otros países, es necesario
asegurar y potenciar la presencia del Consejo en todos los foros
internacionales y organismos deportivos del Consejo de Europa y
Consejo Iberoamericano de Deportes y facilitar y colaborar con las
federaciones deportivas para asegurar la presencia de sus miembros en
las federaciones internacionales.
Igualmente, he de destacar el programa de cooperación internacional e
intercambio deportivo, en el que, mediante
convenios con gobiernos de otros países, se apoya el desplazamiento
de deportistas y técnicos españoles a países con un nivel superior o
similar al nuestro para conseguir el aprendizaje e intercambio
técnico. También se incluye, dentro del principio de reciprocidad
mutua, la venida de deportistas y técnicos extranjeros a nuestro
país.
Nosotros cada vez somos un lugar de interés para la celebración de
eventos deportivos de carácter internacional, y por ello el Gobierno
seguirá prestando su apoyo institucional a las ciudades en cuyo
ámbito puedan celebrarse algunos de los grandes eventos deportivos
internacionales, si bien su apoyo económico y financiero quedará
condicionado a la nominación de la sede oficial de la ciudad
aspirante a realizar el evento de que se trate en cada caso.
Alguna de estas candidaturas son ya una realidad. Hablábamos antes de
la Universidad de Palma de Mallorca, del Campeonato del Mundo en
Sevilla, que se celebrará en el mes de agosto; de los Juegos
Mundiales Ecuestres, en Jerez de la Frontera, en el año 2002, y
alguna otra que esperamos confirmar en breve, como la candidatura de
España a la Copa de Europa de Fútbol en el 2004, que se sabrá en el
mes de julio; y de los Juegos del Mediterráneo, a celebrar en el
2005, que se adjudican el 27 de abril en Túnez.
Después del éxito deportivo y de organización de los Juegos Olímpicos
de Barcelona el nivel del deporte de alto nivel no sólo se ha
consolidado en cuanto a cantidad y calidad de resultados obtenidos en
acontecimientos de máximo nivel; quiero destacar que sólo en el año
1998 se han alcanzado éxitos deportivos que han superado con mucho
las expectativas iniciales, habiéndose conseguido alrededor de 330
medallas en campeonatos mundiales y de Europa, muchas de ellas en
especialidades en las que España nunca tuvo un gran nivel. Ello no ha
sido ni es fruto de la casualidad, sino de una adecuada programación
a través de un conjunto de programas y medidas que expondré a
continuación.
El programa de Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) que, como
complemento de las subvenciones que el Estado concede a las
federaciones deportivas españolas, financia la dedicación de los
deportistas de alto nivel al entrenamiento y la competición mediante
el otorgamiento de becas de carácter finalista. Su mantenimiento y,
si es posible, su mejora resulta decisiva para el mantenimiento del
nivel deportivo alcanzado por España.
Permítanme SS.SS. extenderme, aunque no sé si me va a dejar el señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: De momento, puede todavía usar el tiempo,
pero le agradeceré que vaya finalizando.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Villar García-Moreno): Se lo agradezco,
porque así puedo dar respuesta a una comparecencia solicitada por un
grupo de esta Cámara para que informe sobre la evolución del plan ADO
en relación con los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000.
Como todos ustedes saben no voy a contar lo que es el ADO ni quién la
integra, el punto clave del primer ADO fue el ofrecimiento novedoso
que se le hizo a las empresas, aparte de otra serie de beneficios,
como fue la inclusión de
un tercer socio, la televisión, y una serie de contraprestaciones que
pudieron favorecer el interés de las empresas en participar en esta
asociación.
Sidney 2000 se está financiando por 17 empresas patrocinadoras, cuya
aportación a lo largo de estos cuatro años del ciclo olímpico será
aproximadamente de 6.900 millones de pesetas. En el período olímpico
de Sidney se ha establecido un sistema en el que hay unos
patrocinadores con exclusividad, cuya aportación es de 125 millones
de pesetas anuales, y otros no exclusivos que aportan 75 millones.
Las ayudas van destinadas fundamentalmente a becas para deportistas y
entrenadores. En los casos en los que una federación no tenga
recursos suficientes para realizar concentraciones se destinan
partidas a este efecto, así como pequeñas partidas para actividades
de apoyo: médicos, seguros, etcétera.
Existen dos tipos de becas: las becas A, que se consiguen por
resultados deportivos en Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo y de
Europa y ranking mundial; y las becas B, que son becas para
deportistas sin resultados en campeonatos del mundo o de Europa pero
que tienen grandes posibilidades de conseguirlas en un futuro
inmediato, o bien deportistas cuya actuación es necesaria para la
preparación de becarios, por ejemplo, los sparring en boxeo. Existen
diferencias de criterios para la concesión de ayudas según las
características del deporte y la competición donde se consiguen, por
ejemplo, existe la distinción entre deportes individuales o de
equipo. En deportes individuales los entrenadores personales reciben
el 50 por ciento de la beca que obtiene el deportista. En algunos
deportes profesionalizados, tales como el fútbol, tenis o ciclismo,
se realizan planteamientos que varían con respecto a los criterios
generales de concesión de ayudas, estableciéndose remanentes como
compensación para los deportistas una vez que éstos obtienen su
clasificación para los juegos. Los deportes de equipo que están
dentro del plan por resultados en Juegos Olímpicos tienen garantizado
su presupuesto como mínimo hasta la fase de clasificación de los
siguientes juegos, para facilitar la renovación del equipo. Prevalece
el criterio de cumplir objetivos en una sola competición al año, a
ser posible en el campeonato del mundo. A aquellos deportistas que
hubieran obtenido medalla en los Juegos Olímpicos se les concede un
año de permanencia sin tener que cumplir objetivos. En este último
año las becas individuales de nivel Ason 119, a las que habría que
añadir las que corresponden a los deportes de equipo, que
generalmente son ayudas que se dan a los diferentes componentes en
función del número de días que sean convocados a concentraciones
y competiciones.
En cuanto a la organización, la comisión técnica es el órgano que
tiene como cometido establecer los criterios que hay que cumplir para
la concesión de las ayudas y acordar con las federaciones la
planificación, y está compuesta por tres miembros del Consejo, tres
del Comité Olímpico y tres de televisión. La distribución de
subvenciones se realiza mediante la presentación de proyecto
deportivo por la federación. En él se presenta la relación de
deportistas que han cumplido objetivos y se plantean las propuestas
de las becas de tipo B. Asimismo, se discuten aquellos casos en los
cuales pudiera existir duda en cuanto a las competiciones a valorar o
deportistas que, aun no habiendo cumplido los criterios, pudieran ser
susceptibles de ser becados, como,
por ejemplo, deportistas lesionados o aquellos que, aunque con
posibilidades, no puedan participar en los campeonatos exigidos
debido a limitaciones reglamentarias de las federaciones
internacionales o modificaciones de calendario.
Refiriéndome a la financiación del deporte de alta competición, se
realizará a través de varias vías: primero, la subvención pública
mediante las ayudas finalistas que da el Consejo a las federaciones
para programas de alta competición; recursos propios que obtienen las
federaciones mediante patrocinadores privados o ingresos de diversas
fuentes, cuotas de clubes, licencias, etcétera; y otras ayudas
públicas, como puede ser la utilización de centros de alto
rendimiento para sus concentraciones o servicios que éstos
proporcionan, como médicos, biomecánicos, psicólogos, etcétera. ADO
es, consecuentemente, otra de las fuentes de financiación de nuestra
alta competición, aunque se diferencia de los otros programas en que
su finalidad es la consecución de resultados puntuales en los Juegos
Olímpicos.
Como información a SS.SS., la inversión total en la preparación
olímpica desde su creación ha sido de 54.294 millones, de los cuales
37.656 han sido de subvención del Consejo y 16.638 de las empresas
patrocinadoras de ADO.
El plan ADO está dirigido, como decíamos, hacia la consecución de
medallas olímpicas. Podríamos decir que es un programa elitista ya
que se están pidiendo resultados al máximo nivel. Su objetivo no es
ni siquiera los campeonatos del mundo y de Europa, además de que para
revalidar la beca hay que conseguir el resultado año tras año. El
plan está basado en la concentración de recursos sobre un número muy
reducido de modalidades deportivas y deportistas cuya única
flexibilización se produce en los principios de los períodos o ciclos
olímpicos en los que se apuesta por un grupo de deportistas no
consagrados, pero con posibilidades a medio y corto plazo. Es
importante dejar claro que las ayudas que reciben los deportistas no
son un premio, sino una ayuda para poder realizar la preparación con
las máximas garantías y obtener buenos resultados.
El programa de exigencia para obtener las ayudas de ADO ha
significado sobre todo una concienciación de cara a las federaciones
de que no se debían contentar con resultados medios. El programa
creaba la ambición de que solamente servía estar entre los primeros
del mundo, y para ello se garantizaba que el deportista con
posibilidades recibía la ayuda de forma finalista, lo cual le
permitía entrenar con la máxima dedicación, sabiendo que el resultado
final era, en gran medida, su propio esfuerzo.
También habría que destacar que el programa ADO no sólo era un
planteamiento de ayudas económicas, sino que paralelamente se
planteaba un programa deportivo que necesitaba un asesoramiento
técnico que permitiera optimizar los recursos y que éstos se
utilizaran mejor en la preparación. Para llevar a cabo este
planteamiento se contó con un equipo de especialistas para su control
y seguimiento, que después de Barcelona fue asumido por el equipo
técnico del Consejo.
Aparte de no relatarles el número de medallas conseguidas en
Barcelona y Atlanta, no me atrevo a presentar datos fiables de cuáles
pueden ser las perspectivas de los resultados que se van a obtener en
Sidney. Las previsiones sólo se podrán realizar una vez que se tengan
los datos de modalidades y deportistas que obtengan su clasificación
para los Juegos, ya que ésta es una criba que en muchos
casos entraña más dificultad que la obtención de una medalla en los
Juegos Olímpicos; prácticamente todos los torneos que dan paso a la
clasificación se celebran en este año y en el 2000. No obstante, un
buen dato son los resultados obtenidos en los campeonatos del mundo
en pruebas o modalidades olímpicas absolutas durante el año 1998, en
los que se han alcanzado 7 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce.
Esta cifra, 16 medallas, es importante si tenemos en cuenta que no se
han celebrado campeonatos del mundo de todas las especialidades.
Considero que el plan ADO debe seguir en un futuro con la cohesión y
el buen entendimiento que hasta este momento han demostrado todas las
partes implicadas.
Por último, quería decir que estamos en la recta final en este año
preolímpico, que gran parte del trabajo está hecho pero que estamos
en un año decisivo: el 80 por ciento de los deportes y modalidades
tienen sus fases clasificatorias y es necesario culminar este
trabajo. Así pues, el programa ADO ha quedado plenamente justificado
y por eso, el Consejo, el Comité y televisión, junto con todas las
empresas patrocinadoras, han renovado su confianza en el mismo,
mereciendo su total apoyo de cara a los próximos Juegos.
Me referiré, a continuación, a alguna de las distintas medidas
fiscales adoptadas recientemente para favorecer la promoción y el
desarrollo del deporte, en general, y el deporte de alta competición,
en particular. Por lo que se refiere a los beneficios fiscales para
la promoción del deporte, la Ley 50/1998, de Medidas, ha establecido
una exención total del Impuesto del Valor Añadido para los servicios
prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación
física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo se
realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente
relacionados con dichas prácticas y sean prestados por las siguientes
personas o entidades: entidades de derecho público, federaciones,
COE, Comité Parolímpico y entidades o establecimientos deportivos
privados de carácter social. Asimismo, al reconocerse por esta ley el
carácter de entidad de utilidad pública al Comité Parolímpico
Español, como ya hemos señalado, se equipara a las ventajas fiscales
de las que ya gozaban las federaciones deportivas y el COE.
Por lo que respecta a las ventajas fiscales del deporte de alta
competición, la reciente Ley 40/1998, de 9 de diciembre, de impuesto
sobre las personas físicas, desarrollada por un decreto del 5 de
febrero, regula la exención del impuesto del IRPF hasta la cuantía de
5 millones de pesetas en las ayudas económicas de formación y
tecnificación deportiva a deportistas de alto nivel si las mismas
están financiadas directa o indirectamente por el Consejo, ADO,
Comité Olímpico Español y Comité Parolímpico Español. Antes de la
aplicación de esta ley, las becas y ayudas a los deportistas estaban
sujetas al Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Las especiales circunstancias en que se desenvuelve el entrenamiento
de un deportista de alto nivel hizo necesaria la construcción de
centros de preparación y de entrenamiento que dispongan de las
mejores instalaciones y servicios y medios técnicos posibles. Con el
fin de atender esta necesidad, y no sólo para el deporte de alto
nivel sino también para la preparación y detección de futuras
promesas deportivas, se han ido construyendo los centros de alto
rendimiento, los centros especializados y los centros de tecni
ficación.
El objetivo principal de estos centros es proporcionar a los
deportistas las mejores condiciones de entrenamiento para que puedan
preparar a fondo su participación en las competiciones programadas en
cada caso.
El Consejo gestiona y mantiene los centros de alto rendimiento de
Madrid y Sierra Nevada, cuya dependencia es directa, y a su vez
contribuye al mantenimiento del centro de alto rendimiento de San
Cugat, en cuyo consejo de gobierno y comisión delegada está
representado.
Los objetivos deportivos de estos centros son fundamentalmente tres.
En primer lugar, mejorar las condiciones de entrenamiento de nuestros
deportistas. Para ello, además de disponer de las mejores
instalaciones, deben tener un acceso al equipamiento deportivo más
adecuado, así como disponer de un correcto sistema de actualización.
Segundo, unificar los programas de las federaciones con los de la
dirección de los centros. Para ello habrá que actualizar los
criterios de selección de deportistas y coordinar con las
federaciones los sistemas de entrenamiento, horarios, necesidades de
equipo técnico, disponibilidad de residencias, concentraciones,
etcétera. Y tercero, reforzar los sistemas de tutoría y estudios en
los centros gestionados por el Consejo Superior de Deportes.
Dado el interés que para el deporte tiene este tipo de instalaciones,
se seguirán actualizando los criterios de clasificación en función de
las experiencias que el paso del tiempo vaya deparando y se
potenciará el estudio de las características de los mismos para
adecuarlas a sus clientes potenciales, las federaciones, en función
de sus necesidades, y de la oferta de instalaciones.
En 1999, el Consejo firmará acuerdos con las comunidades autónomas
para sufragar gastos de gestión, equipamiento e infraestructuras de
centros especializados de tecnificación deportiva y centros
especializados de alto rendimiento ubicados en sus respectivos
ámbitos territoriales.
Uno de los aspectos que inciden muy negativamente en el deporte de
alta competición es el dopaje, que ocupa en la actualidad no pocas
páginas de la prensa hablada y escrita. Dada su realidad, tengo que
hacer un breve balance de las actuaciones que en este aspecto el
Consejo Superior de Deportes está realizando. En la actualidad las
medidas para controlar el dopaje, adoptadas tanto por las autoridades
nacionales como internacionales, han tomado dos direcciones; por un
lado, programación de campañas de información y divulgación sobre los
peligros que entraña el dopaje para la salud de los deportistas -este
tipo de actuaciones tiene un carácter eminentemente educativo y
preventivo-; y, por otro lado, se sigue perfeccionando la normativa
vigente mediante la introducción de nuevas categorías de sustancias
en las listas de productos y métodos prohibidos.
La creación en diversos países de comisiones antidopaje, la
ampliación y perfeccionamiento de los medios tecnológicos
y personales en los laboratorios donde se realizan los análisis, la
introducción de nuevos medios de control, como son los controles sin
previo aviso y durante los entrenamientos, son otras tantas medidas e
iniciativas que están ayudando también a reprimir estas prácticas
antideportivas. Las recomendaciones de los organismos deportivos
contra la represión del dopaje han puesto de manifiesto que la
utilización de fármacos en el deporte sólo es admisible cuando su
aplicación se realiza bajo supervisión médica y con
un propósito clínico justificado. En el ámbito interno pretendemos
establecer un mayor número de controles antidopaje y los vamos a
extender a otros deportes, entre los que destacan los de fuera de
competición.
Se contempla, asimismo, una modificación del Real Decreto 255/1996,
del 16 de febrero, sobre infracciones y sanciones para la represión
del dopaje, para incluir a los médicos, técnicos y personal sanitario
con licencia deportiva, así como aplicar en los centros de alto
rendimiento y centros de tecnificación deportiva los controles por
sorpresa que permita la normativa vigente. Todo ello manteniendo la
confianza en la labor que realiza la Comisión Nacional Antidopaje,
haciendo cumplir lo establecido y, al mismo tiempo, exigiendo a la
totalidad de las federaciones deportivas españolas el estricto
cumplimiento de la normativa y acuerdos adoptados.
En la labor de la Comisión me gustaría destacar tres cosas: primero,
la revisión y actualización anual de la lista de sustancias y métodos
prohibidos, en el momento actual se encuentra pendiente de
publicación la correspondiente a 1999; segundo, el acuerdo sobre el
incremento notable de los contrales en competición y fuera de
competición sin preaviso, pasando de 2.852, en el año 1998, a 5.111
que vamos a realizar en 1999; y, tercero, la realización de controles
en los centros de alto rendimiento y en los de tecnificación
deportiva, de conformidad con el nuevo reglamento aprobado el 15 de
abril de 1998.
En la lucha contra la erradicación del dopaje en el deporte, otros de
los objetivos a lograr es la armonización del régimen sancionador
establecido por las distintas federaciones internacionales en las
diferentes modalidades deportivas, así como impulsar la cooperación
internacional en la lucha contra el tráfico y utilización indebida de
anabolizantes.
España es uno de los países pioneros en la lucha contra el dopaje,
desde el año 1963 ha participado activamente en las reuniones
celebradas en el marco de organismos internacionales y en 1969, año
en que se creó el actual laboratorio del Consejo, los controles
nacionales e internacionales de las pruebas y competiciones
celebradas en nuestro país.
La prevención es la base de la lucha contra el dopaje. Los elementos
esenciales de prevención son la formación y la información; ambos
resultan imprescindibles en la disuasión del dopaje, ya que se basan
en proporcionar a los deportistas y a su entorno científico y
técnico, así como a otros grupos constituidos por jóvenes y
educadores, la formación que les ayude a conocer los peligros del
dopaje sobre la salud y su atentado a los principios de la ética
deportiva. Para ello se hace necesario facilitar la información
actualizada sobre las sustancias y métodos prohibidos, así como las
alternativas de ayudas suplementarias al deportista.
Todas las campañas proyectadas de cara al futuro recogen estas
actuaciones imprescindibles y mantienen cierto paralelismo con las
que se realizan en un gran número de países de nuestro entorno
cultural europeo y en los que las campañas de información realizadas
por España han servido de ejemplo en muchos casos.
Actualmente, un tema prioritario es asegurar la calidad de los
laboratorios, ya que con ello se garantizan los derechos de los
responsables y de los sujetos del control. También es importante que
el sistema de trabajo y su aplicación
esté garantizado y genere una confianza absoluta en todas las partes
implicadas.
Las mejoras que tenemos previstas son: la ampliación y
perfeccionamiento de los medios tecnológicos personales del
laboratorio del Consejo, entre las que puedo destacar, aunque es un
poco técnico, la adquisición de un espectómetro de masas por
ionización, la adquisición de un espectómetro de masas por resolución
isotópica y la introducción del control de calidad de acuerdo con las
normas de acreditación; la introducción de controles a todas las
modalidades olímpicas y la mayoría de las no olímpicas; la mejora de
la formación de los responsables de la recogida de muestras, y en
este sentido se ha ampliado el currículo de formación de los cursos
de habilitación para la recogida de muestras, territorializando los
mismos, con el consiguiente aumento del número de profesionales
disponibles para esta tarea. Las campañas de formación e información
se han diversificado y se pretende ampliar a sectores generales de la
población.
Por su parte, la Comisión nacional antidopaje ha iniciado un programa
de seguimiento de las decisiones federativas a este respecto,
consiguiéndose un alto porcentaje de regularidad en los controles y
una mayor rigurosidad en la aplicación del régimen disciplinario
establecido en esta materia.
En el ámbito internacional, las acciones desarrolladas en la lucha
contra el dopaje en el deporte se centran en las siguientes áreas de
actuación: estudio y seguimiento de la normativa legal que adoptan
los países europeos y de las iniciativas de los organismos
internacionales implicados. En este aspecto es de señalar la labor
desarrollada por el grupo de seguimiento del dopaje del Consejo de
Europa.
Un nuevo elemento en este ámbito ha surgido a raíz de la Conferencia
Mundial del Dopaje, convocada por el CIO en Lausanne en el mes de
febrero, y a raíz de la misma los países de la Unión Europea se
comprometieron a remitir al CIO una contrapropuesta de constitución
de la Agencia Internacional del Dopaje basada en criterios de
independencia, transparencia y representatividad de todos los actores
implicados y cuyas principales misiones me gustaría enumerar:
unificar y revisar la lista de sustancias prohibidas, los
medicamentos que las contienen y los métodos antidopaje; armonizar
los controles antidopaje, tanto en competición como fuera de ella en
todos los deportes y federaciones deportivas; unificar las sanciones
y su aplicación para proteger la salud de los deportistas y evitar
las mejoras artificiales de su rendimiento.
A estos fines se han celebrado diversas reuniones de trabajo en el
seno de la Unión que deberán presentar un proyecto de posición común
de la Unión Europea para su aprobación en la cumbre informal de
ministros que se celebrará en Paderborn (Alemania) el 31 de mayo y
que posteriormente será presentada al CIO.
El día 19 de febrero tuvo lugar en Bruselas la primera reunión de
trabajo con los miembros de la Unión Europea a el fin de concretar
acciones de cara a establecer los principios generales de la Agencia,
y el próximo día 19 de este mes, también en Bruselas, tendrá lugar
una nueva reunión de directores generales para concretar un poco las
propuestas de los distintos países; posteriormente, el próximo día
25, el Consejo de Europa ha convocado a delegados de los
países firmantes de la Convención contra el dopaje en el deporte, que
se reunirán en Estrasburgo con el mismo objetivo.
España es solidaria con el criterio mantenido por distintos países en
el sentido de aunar esfuerzos en la lucha contra estas prácticas, y
homogeneizar en la medida de lo posible las diferentes normativas.
La función de tutela y el control del deporte de alto nivel está
encomendado al Consejo, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley del
Deporte, y en ejercicio de esta importante función, desde el Consejo
se prestan los servicios de apoyo científico al rendimiento de los
deportistas y se realizan las necesarias prestaciones médico-
deportivas.
La actividad de apoyo científico se ha visto enriquecida
e incrementada en los últimos años, tanto por el aumento de deportistas
y modalidades deportivas que acceden a las prestaciones como por la
incorporación de nuevas tecnologías y especialidades que han
desarrollado instrumentos y metodologías adecuadas, como por ejemplo
la psicología y la biomecánica.
Para que este apoyo científico al deporte de alto nivel aumente en
eficacia y alcance a la totalidad de la población de deportistas, se
apoyará la formación de expertos y la coordinación entre diferentes
centros de alto rendimiento y grupos de expertos de universidades o
centros de investigación.
He de señalar la enorme importancia que el Consejo va a conceder a la
protección de la salud de los deportistas, y en este sentido también
puedo anunciar que vamos a poner en marcha una actuación cuyo
objetivo será la ampliación de los actuales servicios médicos
integrados en el centro de alto rendimiento de Madrid para dar
respuesta a las necesidades de atención asistencial a los deportistas
y mejorar los servicios de readaptación física al entrenamiento de
los deportistas.
No se nos oculta que el ejercicio de 1999, o si quieren SS.SS. la
temporada 1998-99, va a estar llena de una intensa actividad
deportiva que va a necesitar un apoyo científico importante;
hablábamos antes de la Universidad de Palma, del Campeonato Mundial
de Sevilla y la proximidad de la Olimpiada de Sidney.
Quiero manifestarles que estamos realizando un importante esfuerzo
para conseguir ganar en eficacia y coordinación, de forma que todos
los instrumentos que las administraciones públicas tienen al servicio
del deporte puedan ser utilizados de forma racional. Fruto de este
empeño y una de las partes es la redistribución de funciones que se
ha hecho en el Consejo.
Otro aspecto altamente significativo es la labor de investigación de
las ciencias del deporte. Las actuaciones que en esta materia ejerce
directamente el Consejo Superior de Deportes se instrumenta a través
de las unidades en que se estructura el centro de alto rendimiento e
investigación en ciencias del deporte, de Madrid.
En la búsqueda de ganar eficacia y acometer nuevos proyectos, se ha
abierto una línea de colaboración con investigadores o grupos de
investigación de áreas científicas afines que va a permitir a medio
plazo una mayor utilización de las infraestructuras y equipamientos y
llevar a cabo proyectos que requieran una gran dedicación de recursos
humanos.
En este sentido, los convenios con universidades y otros centros de
investigación serán el instrumento jurídico que canalice los
diferentes proyectos que se realizarán en su mayor parte en las
instalaciones del Consejo. Entre ellos, puede señalarse los proyectos
de investigación sobre entrenamiento deportivo en altura, para lo que
contamos con el centro de Sierra Nevada; respuestas y adaptaciones al
ejercicio de resistencia en relación con el rendimiento; seguimiento
de la salud del deportista de alta competición a largo plazo; dosis
terapéuticas en sustancias incluidas en las listas de sustancias
prohibidas o de su uso restringido, son algunos de los proyectos que
esperamos se conviertan en realidad a lo largo de este año.
Cabe indicar que las unidades del Consejo Superior de Deportes,
además de la capacidad y actividad de investigación que llevan a
cabo, realizan una no menos interesante labor de formación de
posgrado en aquellas especialidades que preste servicios de apoyo
científico. Como tales hay que señalar la convocatoria de becas y de
formación práctica de posgrado en el Consejo por las que pasan
anualmente alrededor de 60 titulados. Debe valorarse, por tanto, el
valor añadido que supone la investigación y la formación de posgrado
a las propias funciones de prestación de servicio y de apoyo
científico a los deportistas.
Actualmente, el Consejo Superior de Deportes, además de las
convocatorias anuales de ayudas de estudios, realiza investigaciones
y otras investigaciones afines de I+D, una importante labor de
coordinación y fomento de la actividad investigadora, promoviendo una
mayor actividad de grupos científicos interesados en el deporte,
facilitando y canalizando información a empresas del sector y
propiciando el encuentro de los investigadores y los centros de
investigación con las empresas y las propias federaciones deportivas
interesadas en la aplicación de conocimientos.
Cabe señalar que en este aspecto el Consejo ha iniciado la
organización de grupos científicos, realizándose una con un grupo de
ciencias sociales aplicadas al deporte, estando convocados los grupos
de biomecánica, documentación y fisiología del esfuerzo, que se
complementarán a lo largo de lo que resta del año con reuniones de no
menos de otros 12 grupos.
Haré caso a las indicaciones del presidente; y cerraré la
intervención diciendo nada más que ya me imagino que con cierto
alivio cogerán SS.SS. que al terminar me ponga a disposición para
cualquier cosa que estimen oportuno y conveniente, y manifestar que
espero contar con la colaboración de todos ustedes -estoy seguro- en
el objetivo de lograr mejorar y desarrollar el deporte en este país.
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a iniciar los turnos de los grupos que
han solicitado la comparecencia del secretario de Estado de Deportes.
En primer lugar el Grupo Popular, y en su nombre el señor González
Pérez tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: En primer lugar dar la bienvenida a esta
Comisión al secretario de Estado para el Deporte y presidente del
Consejo Superior de Deportes.
En principio debo decir que nosotros habíamos solicitado la
comparecencia, que estaba pedida ya hace bastante tiempo, para el
tema ADO. Se ha subsumido lógicamente dentro de lo que es la
comparecencia general del proyecto
del Consejo Superior de Deportes en los próximos meses, en todo caso,
y manifestar inicialmente que no puedo por menos que calificar de
exhaustiva la relación de datos que nos ha manifestado el secretario
de Estado para el Deporte, cosa que por otro lado e
independientemente de la hora, he de decir que yo personalmente, y en
nombre de mi grupo agradezco, porque siempre es bueno ahondar en los
textos, en este caso en las intervenciones del secretario de Estado,
para que así no existen luego dudas o preguntas que siempre quedan en
el aire. En este caso creo que pocas han podido quedar por no decir
ninguna, por lo menos preguntas racionales en todo caso, a no ser que
alguna se haya quedado olvidada en este exhaustivo repaso al deporte
español y a la previsión para el deporte español. Él ha hecho
referencia a muchos temas, yo voy a centrarme en algunos, y siguiendo
también las instrucciones que se me dieron por parte de la
Presidencia antes de iniciar esta comparecencia, intentaré ser no muy
extenso por aquello de que a ciertas horas posiblemente, y lo he
repetido en alguna otra Comisión, los jugos gástricos acaban
impidiendo oír la propia voz de uno y para que así mis compañeros
tampoco me aborrezcan mucho después de la intervención.
Efectivamente, mucho se ha hecho en estos últimos tiempos en el
ámbito del deporte, mucho y bueno, y eso quiero remarcarlo con
absoluta claridad. Dije en una ocasión, y mantengo ahora, que el
secretario de Estado para el Deporte, el Gobierno en general, no
tiene otro juez que el de la propia fiscalización por parte de los
grupos, pero hay uno que está por encima de todos nosotros, y es el
tiempo. El tiempo da y quita razones y además es inapelable, no hay
posibilidad de recurso ante lo que el tiempo marca o manifiesta
respecto a las actividades desarrolladas por parte de los
responsables deportivos en nuestro país, y el tiempo ha venido a
decirnos que la actividad deportiva en este país funciona, y funciona
bien. Funciona bien no solamente porque el desarrollo de las
políticas que se han venido llevando a cabo ha sido bueno y notorio,
sino porque los auténticos protagonistas del deporte nos han dejado
claro que esto se ha hecho bien; son los deportistas los que con su
esfuerzo, su sudor, su entrenamiento y su capacidad diaria de
sacrificio, han venido a demostrar que el deporte español, podemos
decirlo sin ninguna duda, está en la élite y se va a mantener.
Atodo esto hacemos referencia a las expresiones que el secretario de
Estado para el Deporte ha mantenido en esta Comisión, como por
ejemplo las profundas modificaciones de la propia ley del Deporte,
que han sido realizadas en la Ley de acompañamiento de este último
año, respecto a las propias sociedades anónimas deportivas. La no
intervención, o la menor intervención por parte de las
administraciones respecto a estas sociedades; serán lógicamente las
leyes, las propias leyes del mercado a través de sus instituciones
u organismos las que en un futuro controlen ese tema; y la exhaustiva
revisión de todo lo que han significado en los últimos tiempos las
propias sociedades anónimas deportivas.
Ha habido un tema de todo el conjunto, y quizá sea un poco
desordenado en el concepto o en la intervención que voy a tener, pero
sí hay un tema que me ha gustado, y me ha gustado mucho porque creo
que era necesario desde hace mucho tiempo. La creación de una
Comisión nacional para la protección de salud de los deportistas es
importantísima.
Creo que ahí ha habido un olvido generalizado por parte de todos,
aquí no vamos a acusar a nadie en ningún momento, pero es fundamental
que esa Comisión nacional para la protección de la salud de los
deportistas exista, exista y funcione, porque realmente el deportista
es fundamentalmente un ser humano, un ser humano que está sometido
a todas las alegrías o tristezas de los seres humanos, como no podía
ser de otra manera, y es fundamental que tengan algo donde apoyarse,
que tengan una regulación, que tengan un apoyo por parte de la
Administración para que esa comisión funcione lógicamente y funcione
en beneficio de los propios deportistas.
Se ha hecho referencia también al deporte universitario; voy a ir
saltando y también voy a intentar ser muy breve, pues no quiero
alargarme mucho en mi intervención.
Aquí en esta Comisión durante las comparecencias de los anteriores
secretarios de Estado se han dicho muchas cosas, y muchas cosas que
el tiempo, como el juez que antes he manifestado, ha venido a
desmentir.
Se ha potenciado el deporte universitario. Al secretario de Estado en
su exhaustiva comparecencia se le ha olvidado decir algo que para mí
resulta importante; el convenio que se ha venido realizando con las
universidades españolas respecto a los deportistas de alto nivel se
ha incrementado sustancialmente. Las ayudas de las propias
universidades a aquellas personas que dedican un gran tiempo de su
labor precisamente a la preparación, al exhaustivo entrenamiento,
tenía una deficiencia, y era que estas personas, por la dedicación
exclusiva que tenían al deporte, veían restringidas mucho sus
posibilidades de preparar el salto posterior a la vida cotidiana,
lógicamente a su trabajo o su propia formación académica. Va a
favorecer muchísimo que estas personas, independientemente de su
labor deportiva, de su labor exhaustiva en el deporte, tengan
posibilidad de participar dentro de estas universidades en lo que va
a ser su preparación académica para el salto posterior cuando el
deportista no tenga edad para seguir manteniendo ese alto rendimiento
del que estábamos hablando anteriormente.
Eso para mí ha sido fundamental, y creo que el incremento que han
sufrido estos convenios con las universidades -y sufrir no es la
palabra adecuada-, va a ir en incremento, porque son las propias
universidades las que se han dado cuenta que esta posición que
mantuvo el Consejo Superior de Deportes es beneficiosa para el
deportista, para la sociedad deportiva y fundamentalmente para las
propias universidades. El hecho de que esos deportistas participen en
sus aulas significa sin ningún género de dudas mayor prestigio para
estas universidades, no solamente en el ámbito deportivo sino en el
ámbito académico.
Fundamentalmente, y ya centrándome un poco en lo que ha sido la
petición de comparecencia por parte del Grupo Popular, me he quedado
muy satisfecho, señor secretario de Estado para el Deporte, porque
hemos comprobado grosso modo después de las cifras que ha dado de lo
que ha significado las inversiones del ADO a lo largo de estos
últimos diez años, que además en este ejercicio que es preolímpico va
a haber una inversión superior si cabe a la media que hemos venido
manteniendo durante los últimos años. Estos 6.800 millones de pesetas
a los que hacía referencia el secretario de Estado vienen a demostrar
que el Plan ADO funciona, funciona bien, y si se me permite quizá una
petulancia, se está haciendo que funcione mejor,
y eso es importante. Todo lo que se crea bueno siempre es mejorable,
y en este caso se está consiguiendo superar precisamente el
rendimiento del propio Plan ADO.
Un tema con relación al Plan ADO que ha hecho referencia el
secretario de Estado ha sido precisamente la exención fiscal respecto
a los deportistas que se ha conseguido también en la Ley de
acompañamiento. Es fundamental que aquellas personas que tengan
recursos, los deportistas de alto nivel que tienen lógicamente como
recursos económicos las ayudas financiadas por el ADO, sean ayudas
reales y no ayudas ficticias. Me explico. No es lo mismo la
percepción de los 5 millones que estábamos hablando y que van al
bolsillo del deportista, con lo cual le permiten mucho más a tiempo
completo participar y entrenarse respecto a las competiciones
internacionales, en este caso al deporte olímpico, sino que es mucho
más razonable que no haya ninguna implicación fiscal para que no
tenga que reducir ese dinero, que todos quisiéramos fuera mayor pero
entendemos que en estos momentos es suficiente.
Otro de los temas que ha tocado, y que citaré de pasada, con el cual
nos sentimos muy satisfechos respecto a la política deportiva que se
ha llevado desde el Gobierno, en este caso desde el Consejo Superior
de Deportes, fue lógicamente la declaración de utilidad pública del
Comité paralímpico. Era una asignatura pendiente que tenía la
sociedad española, no ningún partido político sino la sociedad
española. Hemos visto que nuestros deportistas paralímpicos son de
los mejores del mundo, estamos hablando de la quinta potencia en el
deporte paralímpico, que han demostrado con la acumulación en este
caso de medallas en cada competición deportiva en la que han
participado.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor González, agradecería no solamente a
usted que está en el uso de la palabra sino también a los que van a
seguir, a los portavoces que van a seguirle, que no sobrepasara los
diez minutos reglamentarios.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Intentaré conseguirlo, señor presidente. Me
pide usted un milagro, pero conseguiré el milagro.
El señor VICEPRESIDENTE: Absolutamente milagroso porque ya los ha
consumido usted, de modo que le ruego vaya terminando.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Precisamente, señor presidente, y siguiendo
sus instrucciones, el milagro se realizará. Simplemente hacer tres
enunciaciones.
Creo que el resultado de la aplicación de las subvenciones a las
federaciones deportistas con carácter finalista ha sido un objetivo
que ha mejorado el rendimiento de las propias federaciones. El dinero
va al deportista, el dinero va a la preparación de las competiciones
deportivas, y no nos hemos encontrado, como sucedía anteriormente,
competiciones deportivas que estaban planificadas por federaciones
y que no se podían realizar por falta de presupuesto; al tener carácter
finalista, no cabe más remedio que utilizar precisamente el dinero
con ese carácter final.
Hablando de los centros de alto rendimiento, decir de pasada, que
tenemos unos centros de alto rendimiento que son la envidia de muchos
países europeos.
Respecto al tema del dopaje, creo que España ha demostrado siempre y
permítaseme la expresión que es un país limpio en todo su ámbito
deportivo, porque cuando ha habido algún caso excepcional, se ha
acometido con la dureza necesaria para que esto no se siga
repitiendo.
Por último, decir una cosa nada más. No sé si los compañeros
parlamentarios de otros grupos políticos han tenido acceso o han
leído la publicación que se realizó por parte de varios ministerios,
en este caso promocionada o impulsada por parte del Consejo Superior
de Deportes, que es el Libro Blanco del I+D. Es una publicación
interesantísima, creo que ése es el objetivo, creo que son los
objetivos que nos tenemos que marcar de potenciar precisamente la
investigación y el desarrollo porque el deporte es algo muy
importante para la sociedad, no solamente como hobby, no solamente
como atractivo en la presión que ejerce el corazón cuando vemos a
nuestros deportistas conseguir objetivos para todos deseables, sino
que precisamente la investigación y el desarrollo, si se sigue
potenciando, conseguirá al final que estos deportistas, que nuestro
deporte siga en las más altas cotas del deporte internacional.
Nada más, muchas gracias, y espero haber cumplido con ese milagro que
me pedía el presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor González, agradezco su
colaboración con este presidente.
La segunda solicitud de comparecencia es del Grupo Socialista, y en
su nombre tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En primer lugar, a título personal y en
nombre de mi grupo, quisiera felicitarle, señor Villar, por su
nombramiento como secretario de Estado para el Deporte, y no
solamente felicitarle, que es una fórmula de cortesía que siempre
utilizamos, sino también desearle éxito en la gestión; además se lo
deseo por el bien del deporte español y porque lo va a necesitar.
Tiene poco tiempo para llevar a cabo su gestión, y evidentemente me
gustaría que lo que no se ha hecho hasta ahora en mucho tiempo
pudiera usted hacerlo, como decía, en beneficio del deporte español.
En relación con la política deportiva que usted lleva a cabo a través
del Consejo Superior de Deportes, no vamos a ejercer una crítica por
la crítica, nos va a tener a su lado para implementar aquellas
medidas favorecedoras del deporte; le diremos que están bien hechas
cuando así lo consideremos, pero también quiero decirle que nos
tendrá en contra cuando lo haga mal o cuando no lleve a cabo aquellas
promesas o aquellos compromisos que desde el Consejo Superior de
Deportes ustedes lanzan o proponen a la sociedad.
Así se lo dijimos a sus antecesores, tanto el señor Martín como el
señor Fisas, y teniendo en cuenta que hoy nos ha presentado usted
unas líneas generales de la política deportiva que es continuidad o
continuista, como usted quiera entenderlo, en relación con la de sus
antecesores, le insisto que tiene poco tiempo y debe trabajar deprisa
para conseguir los múltiples compromisos que tienen con la ciudadanía
española en este área del deporte. Es verdad que el señor Fisas pudo
hacer poco por falta de tiempo, estuvo poco tiempo en la secretaría
de Estado, no sabemos qué hubiera podido hacer si hubiera estado más
tiempo, pero es verdad que ahí el tiempo justifica lo poco que se
hizo. El
señor Martín estuvo más tiempo, pero es verdad que cuando había
problemas flotaba sobre ellos, dando la sensación de que estaba un
poco de paso en el Consejo huyendo hacia otros lugares, y por tanto
la gestión que se ha realizado en este largo período de tiempo desde
que se celebraron las elecciones hasta ahora, deja que los
compromisos electorales que ustedes adquirieron en la campaña
electoral y en la presentación del programa del Gobierno estén sin
cumplir. Por tanto, le animo a que trabaje deprisa para cumplir esos
objetivos.
Usted ha señalado algunos, otros los ha ocultado; permítame que le
recuerde los que considero esenciales, que fueron compromisos de su
programa electoral y de su programa de Gobierno en materia deportiva,
y esencialmente decían ustedes que las líneas básicas -usted ha
insistido en alguna de ellas también hoy- de su trabajo en el campo
deportivo iba a ser rechazar cualquier instrumentalización de la
actividad deportiva, ya fuera de tipo político, económico
o territorial, que iban a practicar el no intervencionismo; que iban a
apoyar a las federaciones; que iban a impulsar el deporte español a
nivel internacional. Se marcaban y ustedes se siguen marcando una
serie de objetivos, como es la modificación de la Ley del Deporte; el
fomento del deporte escolar y universitario; consolidar el plan de
extensión de la educación física en los centros escolares; apoyar
seriamente a las federaciones. Incluso decían que tenían un proyecto,
que me gustaría saber cómo está, luego me lo responde en su réplica,
de un museo del deporte. Una idea muy bonita que se nos lanzó aquí en
el programa de Gobierno hace tres años y que no lo vemos por ningún
sitio. Estaban también muy ilusionados, y así lo plantearon en su
programa de Gobierno, en consolidar el Plan ADO 2000, pensando en la
Olimpiada de Sidney. Algunos datos me gustaría que me aclarase en
relación con este programa.
Pero vayamos a cada una de las cuestiones a que usted ha hecho
referencia y que sus antecesores también nos plantearon como
objetivos o como líneas de actuación por parte del Gobierno popular
en materia de deporte. ¡Hombre! sobre el no intervencionismo, me
gustaría que a partir de ahora usted rebajase el intervencionismo que
se ha tenido en materia de política deportiva en relación con las
federaciones, y que por ejemplo cuando haya elecciones en cualquier
federación, como las que ha habido de forma abundante en el año 1998
que acaba de concluir, como ha sido la Federación de gimnasia, o el
deporte de invierno, automovilismo, balonmano, hockey hierba, no se
interviniera, no se interfiriera desde el Consejo Superior de
Deportes y ahí se cortase una línea de intervencionismo descarada que
ha habido a lo largo de este año.
En relación con el apoyo a las federaciones y siguiendo, aparte del
no intervencionismo en las mismas, ya me explicará usted cómo se
apoya a las federaciones cuando el presupuesto se ha ido reduciendo
sistemáticamente. La subvención que aparece en el presupuesto
destinada a las federaciones se ha venido reduciendo de forma
sistemática, bien es verdad que algunas federaciones han sufrido unos
incrementos muy importantes en su subvención.
Le puedo citar dos de las que a mí me ha llamado mucho la atención el
incremento que tienen de subvención en el año 1999 en relación con el
año 1998. Son: esgrima, más del 10 por ciento, y paddle, más del 50
por ciento. Yo le preguntaría, y me gustaría que me contestara,
cuáles han
sido los criterios para distribuir durante el año 1999 las
subvenciones a las diversas federaciones deportivas.
Otro de los compromisos que ustedes tenían, incluso con los grupos
parlamentarios, porque nos plantearon participar en el proceso, es la
modificación de la Ley del Deporte o su actualización, como ustedes
decían en los inicios de la legislatura. Se comprometieron a enviar a
esta Cámara a lo largo del año 1997 un proyecto de modificación y,
curiosamente, han modificado la ley, pero lo han hecho solamente en
los aspectos fiscales, a través de una enmienda presentada en el
Senado el último día para la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos para 1999. Por lo tanto, se ha hecho a hurtadillas, por
la puerta de atrás, para que no hubiese debate, y modificando sólo
una parte de la Ley del Deporte, que es la que se refiere a ciertos
aspectos fiscales. ¿Pero dónde están las otras modificaciones en las
que han insistido en esta Comisión, en la calle, en su programa, en
todos los sitios? Me gustaría saber si ustedes van a cumplir esta
promesa de modificación de la Ley del Deporte, no solamente como lo
han hecho a través de la Ley de acompañamiento, sino en todas las
vertientes a las que siempre hicieron referencia, cuándo lo va a
hacer y cómo. Le agradecería que me contestara a estas preguntas.
El plan de extensión de la educación física en centros escolares, al
que también se ha referido, hablaron de ampliarlo y de completarlo.
Por los datos que yo tengo, no se han ampliado las previsiones de
intervención que había en esta materia y tampoco se ha terminado. Me
gustaría saber por qué.
Hicieron también una promesa ante esta Cámara, al presentar el
programa del Gobierno en temas deportivos, que era elaborar un nuevo
plan concertado con las comunidades autónomas para crear nuevas
instalaciones deportivas. Y se nos decía que estas nuevas
instalaciones deportivas iban fundamentalmente a favorecer las
instalaciones que sirvieran para la práctica de la natación, con el
objetivo de favorecer la natación en nuestro país. Como supongo que
será un plan que tienen elaborado, le pregunto: ¿en qué situación se
encuentra? ¿O, por el contrario, han abandonado ya la idea de ponerlo
en marcha? Tenemos asimismo pendiente que ustedes concreten otra de
las promesas. Usted no ha hecho referencia a ella y me hubiera
gustado que lo hiciera. Se comprometieron a la creación de un museo
del deporte. Le pregunto que cómo está, cuándo lo van a hacer, dónde,
con qué contenido, etcétera. Hubo una actuación que nos pareció bien,
que aplaudimos, cuando se llevó a cabo, en las intervenciones que
tuvimos en esta Cámara y ante la opinión pública. Ustedes, a través
del Consejo Superior de Deportes, elaboraron un código de ética
deportiva. Supongo que habrán hecho un seguimiento del mismo y me
gustaría saber cómo se encuentra la aplicación de ese código de ética
deportiva elaborado por el Consejo y al que ustedes dieron una
tremenda difusión.
Señor Villar, hay una cuestión sobre la que también quisiera
preguntarle para ver qué respuesta puede tener. De la llamada Ley del
Fútbol, que tanta polémica despertó en su momento, ¿van a proponer
ustedes su derogación o su modificación? Y esto lo saco a colación
como consecuencia de la última reunión del Consejo para las emisiones
y retransmisiones deportivas, que usted presidió, donde se discutía
si era de interés general o no la retransmisión del partido
Barcelona-Madrid. Ustedes lo declararon de interés
general, pero fue una resolución que demostró su inutilidad, porque
no sirvió absolutamente para nada. Yo he llegado a la conclusión -ya
lo dije cuando debatimos este proyecto de ley- de que la ley servía
para muy poco. Servía para otras cosas, para una guerra mediática en
la que estaba metido el Gobierno, pero en relación con el deporte
y el fútbol no servía para nada y los acontecimientos me han venido a
demostrar que así es. Yo le pregunto: ¿Van ustedes a enviarnos un
proyecto de ley para derogar esta llamada Ley del Fútbol? Y si no es
así -supongo que seguirán adelante con ella-, le haré una pregunta
que en todo caso debería contestarme, porque aunque la deroguemos
tendrá que pasar cierto tiempo.
Pienso que se volverán a reunir ustedes ahora en el Consejo para las
emisiones y retransmisiones deportivas para preparar el catálogo de
acontecimientos deportivos de interés general para la próxima
temporada y me gustaría saber en qué situación se encuentra esta
elaboración del catálogo, teniendo en cuenta que usted preside esta
comisión.
En relación con la universidad de Palma, a la que usted ha hecho
referencia, supongo que saldrá bien. El Gobierno nos viene diciendo
de forma continuada que es un asunto de gran interés deportivo y que
están colaborando de una forma generosa desde el punto de vista
económico para su buen fin. Yno lo dudo, pero sí preguntaría al señor
secretario de Estado -y, si no tiene los datos, puede contestarme por
escrito- cuánto dinero ha invertido la Administración central en la
universidad de Palma y de qué partidas presupuestarias ha salido ese
dinero.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Nieto, tiene que terminar. ha superado
su tiempo con creces. Con toda brevedad.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Me quedan dos asuntos y termino. Un minuto.
El Gobierno aprobó, usted se ha referido a ello, en el mes de
diciembre de 1997, el decreto sobre la formación de los técnicos
deportivos. Usted ha hecho una enumeración de decretos específicos
para cada uno de los deportes que se van a aprobar próximamente. Lo
que pasa es que en ese decreto se daba un período de un año para la
elaboración de todo esto que usted ha dicho ahora y para iniciar el
plan de formación. Mi pregunta es: ¿cuándo se empezarán a formar
estos técnicos deportivos? Ustedes aprobaron un decreto con toda
urgencia, criticando mucho el anterior, el que estaba en vigor, lo
hicieron en diciembre de 1997, utilizaron el argumento de la urgencia
en la aprobación de este decreto, y estamos a la fecha en que
estamos, y que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, no se ha
empezado a formar a ningún técnico deportivo, de acuerdo con lo que
dice el decreto. Por eso pregunto que cuándo se va a empezar a
aplicar este decreto.
También se va a celebrar próximamente, durante este año, el
campeonato del mundo de atletismo en España. Se va a celebrar en
Sevilla. En Sevilla se ha construido un estadio olímpico o se está
construyendo y se concluirá para la fecha en que se deba celebrar el
campeonato. Me gustaría saber el dinero que se ha invertido,
procedente de la Administración central, en la ejecución de esta obra
y fundamentalmente, señor secretario de Estado, qué utilización
prevén ustedes, prevé el Consejo Superior de Deportes, que tendrá
este estadio tras la celebración del campeonato del mundo de
atletismo, sabiendo que tanto el Betis como el Sevilla están
remodelando sus estadios y evidentemente no van a hacer uso de él
después de la celebración del campeonato.
Y la última cuestión, señor presidente. En relación con el ADO 2000,
que es lo último a lo que el secretario de Estado ha hecho
referencia, yo creo que es un buen programa, lo fue en origen, lo ha
sido en el intermedio, lo está siendo en estos momentos, ha sido una
buena forma de obtener dinero privado para el deporte de alta
competición, Usted ha hablado de más cifras que se van a recaudar a
través de este programa y, que se van a poner a disposición del
deporte de alta competición, pensando en la olimpiada de Sidney del
2000. yo lo aplaudo, cuanto más se consiga, mejor, pero sí me
gustaría conocer -y, como evidentemente los datos no los tiene ahí,
le pido que me los envié por escrito- los contratos con las empresas,
los contratos con las federaciones y los contratos con los
deportistas.
El señor VICEPRESIDENTE: La Comisión acordó incluir en su orden del
día la petición de comparecencia del Grupo Catalán de Convergència i
Unió, en cuyo nombre tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Voy a intentar, señor secretario de
Estado, hacer un esfuerzo de concreción, de síntesis, en la línea de
lo que han sido las anteriores intervenciones, pero primero quiero
darle la bienvenida en nombre de nuestro grupo, felicitarle por su
nombramiento, desearle éxito en su singladura y ofrecerle nuestra
colaboración, como es normal.
Agradecemos sus palabras, señor secretario de Estado, porque de ellas
se deduce la trascendencia que usted y su Gobierno dan al deporte, en
lo que coincidimos plenamente, porque entendemos que el deporte tiene
conexión con prácticamente todos los sectores de la sociedad, que
contribuye cada día más a la riqueza, a la creación de empleo y en
definitiva a un factor hoy día importantísimo como es el producto
interior bruto. La valoración que hacemos en general de la gestión
del Consejo Superior de Deportes es positiva. Usted viene además de
una casa donde ha tenido oportunidad de conectar con la realidad de
la organización del Estado y por lo tanto es especialmente sensible a
cosas que yo le voy a plantear ahora, más como repaso que como
cuestiones novedosas, aunque quizá alguna sí lo sea.
No voy a incidir en muchas de las cosas que usted ha dicho con las
cuales estamos completamente de acuerdo. No voy a descubrir ningún
secreto al decir que el Partido Popular en el momento de hacerse
cargo del Gobierno del Estado planteó inmediatamente la reforma de la
Ley 10/1990, del Deporte. Nuestra posición fue entonces la
recomendación de prudencia. Nosotros pensábamos que era mejor
terminar el desarrollo legislativo pendiente de la ley, cosa que por
cierto se ha hecho con el real decreto de titulaciones al cual ya ha
hecho usted referencia, y que avanzáramos en aquello que fuera más
urgente. Usted ha hablado de ello. Nosotros hemos impulsado la
reforma de la Ley del Deporte en aquellos aspectos que considerábamos
más urgentes y en los que estábamos de acuerdo: el régimen de las
sociedades anónimas deportivas y la posible
salida a Bolsa de las sociedades anónimas deportivas. Nuestro grupo,
usted lo conoce perfectamente, ha impulsado esa reforma y nos
congratulamos de ello porque creemos que puede servir positivamente a
la consolidación del deporte profesional. Hay otros aspectos de la
reforma de la Ley del Deporte que afectan al marco competencial y en
este terreno es donde todavía no nos hemos puesto de acuerdo, en
aquellos temas donde, a nuestro entender, si hay que hacerlo, debería
ser con un espíritu decidido de afrontar lo que es la adaptación de
la estructura del deporte en España a la realidad de un Estado
plurinacional.
Yo quiero citarle a usted, y lo conoce perfectamente, aspectos
jurídicos que dimanan del mandato constitucional de fomento, del
tratamiento de las competencias públicas delegadas y de la publicidad
del deporte, de la interpretación o lectura que se hace de las
competencias exclusivas, de la forma de entender el Estado que
tenemos. En definitiva, son temas de calado que seguramente necesitan
de la reflexión y del debate. Ahora voy a hablar de otra cuestión que
en su momento suscitó un amplio debate en el seno de la sociedad, y
ya se lo planteamos a su antecesor, don Pedro Antonio Martín, el 6 de
noviembre de 1996, que es el tema de la representación internacional.
En ese momento motivó y suscitó un gran debate, un debate muy
crispado y muy visceral inicialmente, con muchas incomprensiones, con
algún tratamiento muy alegre de la cuestión y algunas veces, a
nuestro juicio, absolutamente irresponsable. Afortunadamente el
tiempo ha llevado ese debate a una situación, que es la que tenemos
ahora ubicada donde debe estar, que es en el ámbito del deporte y del
mundo del deporte. Ha habido iniciativas parlamentarias, ha habido
una ley vasca nueva del deporte -por cierto, recurrida por su
Gobierno, a pesar de que nuestro grupo les pidió que no lo hicieran-,
hay una ley andaluza. Ambas crean selecciones autonómicas. Por lo
tanto, desde el punto de vista normativo, ha habido novedades.
Usted conoce perfectamente que en Cataluña esta cuestión no es el
anhelo de un día, no es flor de un día, que esto es una aspiración
largamente anhelada, en algunos casos históricamente a punto de
conseguir. Me voy a los años veinte. En este momento lo que sí
constatamos, señor secretario de Estado, es que el sentimiento
popular de apoyo a esa esperanza, ese anhelo de tener selección
propia y que represente internacionalmente a Cataluña se incrementa
cada día. Sabe que ha habido un acontecimiento deportivo muy
importante en el mes de diciembre, un partido de fútbol de la
selección catalana con la selección de Nigeria, que ha habido 53.000
espectadores en el estadio; el anterior fue con la selección de
Bulgaria el año anterior, con 35.000 espectadores. Cifras
importantes, cada vez mayores. Otras selecciones están haciendo
exactamente lo mismo en otros lugares de España. Para entendernos, se
está normalizando una situación y se está quitando esa trascendencia
y esa visceralidad. En el ámbito legislativo hay una iniciativa
parlamentaria, que usted conoce, del gobierno de Cataluña y
paralelamente hay una iniciativa popular, a la cual ha dado su apoyo
la práctica totalidad de las formaciones políticas de Cataluña y que
en este momento, a día de hoy, tiene recogidas ya 261.000 firmas.
Este debate, por lo tanto, y lo cito porque en su momento era uno de
los elementos de referencia para nuestro grupo en la relación con el
Gobierno, hoy está donde debe
estar, en el ámbito de la iniciativa parlamentaria y en el ámbito de
la iniciativa popular, y sobre todo en el ámbito del mundo del
deporte.
Nuestro grupo nunca propondrá nada, lo hemos dicho repetidamente, que
vaya contra el deporte ni contra la cohesión que el deporte debe
aportar a la sociedad. Yo le tengo que decir que personalmente estoy
convencido de que el día en que su Gobierno y el nuestro, su Gobierno
o el que sea, cuando podamos llegar con el Gobierno de Cataluña a un
acuerdo sobre esta cuestión, acuerdo que además sea reflejo de lo que
desea el mundo del deporte y reflejo de lo que desea la sociedad, no
habrá ningún reparo para reconocimientos internacionales de
federaciones internacionales y del propio Comité Olímpico
Internacional. Por lo tanto, este tema, que en su día también suscitó
un amplio debate, hoy lo tenemos ubicado, a nuestro entender, donde
debe estar.
Tampoco deberíamos centrar nuestra atención solamente sobre estas
cuestiones. Aunque para nosotros, señor secretario de Estado, son
importantes, hay otras que también creemos que deberían merecer
nuestra atención. Y me voy a referir a ellas muy brevemente. Usted ha
hablado del impulso al tratamiento fiscal que sea más beneficioso
para el deporte y se ha referido a cosas concretas. Ésta es una
preocupación de nuestro grupo desde siempre y nos gustaría impulsar
desde un nuevo marco legal un tratamiento fiscal más beneficioso para
el deporte; para el deporte, por ejemplo, que integra a los
ciudadanos y ciudadanas con minusvalías físicas o psíquicas, para las
empresas de servicios deportivos y para las empresas que fabrican
material deportivo, para aquellas empresas que en definitiva cran
riqueza y puestos de trabajo. Me estoy refiriendo al IVA reducido,
por ejemplo. Sobre todo para los clubes, para las asociaciones
deportivas, para las entidades que se dedican a la promoción del
deporte. En este sentido, reiteramos la necesidad urgente de
modificar la Ley 30/1994, de fundaciones e incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general, para que sea
realmente un instrumento útil para el deporte.
Hay otra cuestión, que es la dimensión mediática que ha adquirido el
deporte y ciertas especialidades deportivas o modalidades,
concretamente el fútbol, y las consecuencias del debate sobre la
utilidad o no de la Ley de emisiones y retransmisiones deportivas,
debate que se suscitó últimamente sobre todo con motivo de la no
retransmisión en abierto de acontecimientos como la 22a jornada de
liga entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid o anteriormente
la Copa Intercontinental, oficialmente llamada Copa Toyota. La
cuestión es qué debemos hacer, señor secretario de Estado, para
garantizar que podamos seguir viendo los acontecimientos deportivos
que susciten gran interés sin tener que pagar, teniendo en cuenta que
la dinámica propia del deporte puede hacer, en todo caso, desplazar
los centros de atención de los aficionados a las distintas
modalidades y especialidades, como hemos visto recientemente con la
Fórmula 1 o con el tenis. Esto es algo que nosotros le planteamos.
Hay una cosa más, que es la imagen corporativa del deporte. Nuestro
grupo parlamentario le va a apoyar, señor secretario de Estado, y
también al Gobierno, en todo lo que sea devolver esta imagen de
regeneración ética y de lucha contra las prácticas incorrectas que
pueden darse con motivo de los hechos de dopaje, la campaña que está
en estos momentos sufriendo el Comité Olímpico Internacional,
con acusaciones que afectan a alguno de sus miembros,
y fenómenos que hemos tenido de violencia en el deporte absolutamente
rechazables. En este esfuerzo, señor secretario de Estado, repito que
vamos a estar con usted y con el Gobierno. Y por último le voy a
pedir sensibilidad y le voy a ofrecer colaboración. Es lo que nuestro
grupo tradicionalmente hace cuando está dando apoyo a un Gobierno.
Hay algunos casos, y le voy a poner tres ejemplos, en los cuales
hemos tenido fricciones en aspectos que quizá no deberían haberla
suscitado. Uno es la distribución de los recursos económicos
provenientes de las quinielas y su asignación a las diputaciones.
Nosotros siempre hemos sido partidarios, y así lo hemos pedido, de
una territorialización de los recursos de las quinielas que van a
través del Onlae.
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego que vaya finalizando, señor
Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Acabo ya, señor presidente. Usted
hablaba de tecnificación deportiva y nosotros le pedimos una especial
sensibilidad en esto, en la adjudicación y la utilización de estos
recursos y en su territorialización.
Yme voy a referir al plan de equipamientos deportivos, que usted sabe
que fue objeto de un requerimiento de incompetencia por parte del
Gobierno de la Generalitat, parcialmente estimado por el Consejo de
Ministros y que ustedes han derivado en este presupuesto de 1999 a
eventos internacionales. Son cuestiones que no entorpecen, al menos
no lo han hecho hasta el momento, esa colaboración que mantenemos con
el Gobierno.
Dos aspectos más. Usted ha hablado de este real decreto que están
preparando sobre ese programa de salud. Yo quiero decirle que la
Generalitat de Catalunya y su gobierno han sido pioneros, y usted lo
sabe perfectamente, en el establecimiento de centros de medicina
deportiva en Cataluña, que tienen un gran prestigio internacional y
que han estado al servicio de los deportistas y de todas las
entidades deportivas. Y también hubiéramos querido escuchar, y se lo
apunto, una mención especial de lo que es la promoción del deporte en
la mujer. Nosotros creemos que sigue siendo una de las asignaturas
pendientes en lo que es la práctica deportiva, está muy generalizada
a nivel de la sociedad, pero todavía sigue teniendo en ese punto un
aspecto a mejorar.
El señor VICEPRESIDENTE: Como ustedes saben, todos los grupos
presentes tiene derecho a intervenir, aunque no hayan solicitado la
comparecencia, y éste es el caso del Grupo Federal de Izquierda
Unida, en cuyo nombre va a intervenir la señora Sabanés. Tiene la
palabra.
La señora SABANÉS NADAL: Agradezco en primer lugar la comparecencia
del presidente del Consejo Superior de Deportes y le felicito por su
nombramiento. Y quisiera iniciar esta comparecencia recordando -y yo
creo que todos los grupos presentes lo recordarán- el debate de la
Ley del Deporte de 1990, donde se pusieron de manifiesto dos
elementos de una enorme importancia por parte fundamentalmente en
aquel momento de los grupos de laoposición, pese a que la ley recabó
un importante nivel de
consenso. Los elementos claves que ya se planteaban era la poca
adecuación a la realidad autonómica y a la realidad competencial de
nuestro modelo de Estado en aquel momento con esa Ley del Deporte y
la escasa profundización en la realidad compleja del deporte
profesional, fundamentalmente centrado en la resolución del problema
de una parte del deporte profesional. Estos dos elementos se
abordaban ya en el debate de la Ley de 1990. Todos los grupos
hicieron un esfuerzo de consenso, sabiendo que tenía que tener un
recorrido y que había que ir corrigiendo en el tiempo toda esta serie
de elementos, para tener un marco normativo y un marco jurídico mucho
más acorde con la realidad de nuestro Estado y con la realidad de
nuestra organización deportiva, con ambas cosas.
Apartir de ahí, en 1996, lo han planteado otros grupos y yo lo
reitero, el compromiso fue la modificación de la ley del Deporte,
tanto por parte de la ministra como por parte del entonces presidente
del Consejo Superior de Deportes, el señor Martín Marín. Con plazos,
hablábamos del año 1997, y ha habido modificaciones. Esencialmente,
ha habido un decreto que ha significado la liquidación de la deuda,
el plan de saneamiento del fútbol profesional con un incremento de
participación en las quinielas, y ha habido una modificación del
régimen de derechos de imagen con efectos retroactivos.
Yo quería hacer ahora la primera matización a su intervención. No es
cierto que se haya resuelto el plan de saneamiento del fútbol por sus
propios medios. Hay un incremento en la participación de las
quinielas, por un lado, hay lo que nuestro grupo en su momento
denominó una condonación fiscal de más de 10.000 millones; se aprobó
con efectos retroactivos en la anterior Ley de acompañamiento de los
presupuestos y afectó a determinados clubes de fútbol que tenían
levantadas actas de Hacienda por este valor. Y fundamentalmente
afectaba al fútbol. Por tanto, el primer elemento de reflexión que yo
le hago es que la negociación y la liquidación del plan de
saneamiento no se ha hecho con un esfuerzo que solamente afectara a
la propia Liga de fútbol profesional o a los propios clubes de
fútbol.
Son dos reformas importantes que se han hecho a través de la Ley de
acompañamiento de los presupuestos en dos años diferentes. Además de
eso, se han hecho modificaciones en el IRPF, se han hecho decretos
para formación, y nos ha anunciado usted tres decretos más que se
tienen que hacer para adecuar lo que se ha modificado, la propia Ley
de acompañamiento, a la realidad de los decretos que se derivaban de
la aplicación de la Ley de 1990.
Nuestra valoración es que ante lo que nos encontramos hoy es ante un
puzzle de diversas normativas que afectan a diferentes sectores, pero
que en el fondo no afectan a lo que debería ser la línea estratégica
a seguir y a las modificaciones necesarias en el ámbito del deporte,
tanto territoriales como organizativas, que se está planteando Europa
entera y el conjunto del mundo deportivo. Por cierto, el modelo
deportivo y el mundo del deporte no acaba con el entendimiento del
Partido Popular y de Convergència i Unió, sino que nos afecta a
todos. Y desde luego mi grupo no da por válidas en absoluto las
modificaciones y lo que han significado los incumplimientos de los
compromisos de una modificación de la Ley del Deporte. No nos
oponemos a que en ese marco de modificación puedan entrar todos y
cada uno de los debates, incluido el de las selecciones
autonómicas, sobre todo teniendo en cuenta que, como el mundo del
deporte ha cambiado tanto en su organización, ese debate, más allá de
que se le quiera dar un componente de determinadas características,
puede celebrarse perfectamente en los términos de modificación de la
Ley del Deporte, como no podía ser de otra manera.
Esta es la situación. Y en la realidad nos encontramos con esta
especie de puzzle normativo en el que no ha existido ni
participación, ni consenso, ni transparencia, ni debate público, ni
siquiera debate político. Eso es un error por parte del Ejecutivo, es
un error grave por parte de este Gobierno, porque, evidentemente, las
reformas que han de afrontarse no son de menor cuantía, son reformas
importantes, y hubiera sido necesario caminar por otra senda a la
hora de afrontarlos. Porque con todas estas modificaciones que hemos
hecho, ¿a qué hemos atendido fundamentalmente? Se ha atendido a
reivindicaciones del mundo del fútbol, demasiadas reuniones con
presidentes del fútbol, demasiados intercambios de reivindicaciones
con lo que afecta al mundo del fútbol y poca atención al modelo
deportivo, que es lo que realmente desde los poderes públicos y en un
modelo posconstitucional tenemos que hacer. Por tanto, demasiado
escorada está esta reforma a intereses particulares de grupos
particulares, hay poca participación, poca transparencia, y asesores
inciertos. Yo creo que no se debería haber sustraído nunca un debate
parlamentario -ya ha expuesto el Grupo Socialista cómo se hizo la
reforma en el Senado en el último momento- y está claro que la
participación en el debate ha sido nula. Sin embargo, tenemos
elementos de una enorme preocupación de los que no se ha hablado o se
ha hablado parcialmente. No hemos hablado nada de lo que está
significando toda una crisis del movimiento olímpico, con acusaciones
muy graves de corrupción, ni de cuál es nuestra posición con respecto
a nuestro propio Comité Olímpico Español y a lo que significan como
estructuras tanto el Comité Olímpico Internacional como el propio
Comité Olímpico Español. Ydigo yo que, desde una política de Estado,
algo tendremos que decir y algo tendremos que aportar en la exigencia
de democratización y adecuación de esas estructuras, que
evidentemente no responden ya a las necesidades de un movimiento
mucho más comercializado o con muchos más intereses económicos que en
el momento de su diseño, de su creación.
Hemos hablado del dopping y hemos hablado como si en el intermedio no
hubieran ocurrido graves acontecimientos en el Tour de Francia, donde
ha sido necesario y va a serlo tener muy clara nuestra posición a la
hora de plantear una posición en el ámbito internacional, sobre todo
cuando hablamos de armonización. Yyo le voy a decir una corrección,
la primera y muy importante, el objeto de prevención es el
deportista. El deportista no es el que fuerza un elemento, no es al
que se le ocurre el elemento de dopping para obtener mejores
resultados. Le condiciona el sistema, evidentemente. Hablamos de
prevención. El deportista no es el que tiende a sobrepasar sus
propios límites. Quien le hace sobrepasar y tender a sobrepasar sus
propios límites es un sistema que no establece límites, ni
cualitativos ni cuantitativos. Es decir, hay que prevenir. También
tenemos que tener en cuenta el lugar de protección del deportista.
Para centrarnos, para que el Tour de Francia sea atractivo y pueda
mover el volumen de negocio que mueve y
tenga el atractivo que tiene y suponga todo lo que significa
económicamente y socialmente, precisa una programación cada vez -lo
digo en términos prudentes- más efectiva; es decir, programaciones,
en las que no se tiene en cuenta en multitud de ocasiones los propios
límites del deportista a la hora de afrontar esas pruebas, y ese
elemento lo tenemos que introducir nosotros en el debate. Además de
la prevención, de los controles, de todo el esfuerzo de
investigación, de nuevos controles dirigidos a deportistas y a
médicos, tendremos que plantear de fondo qué está significando la
evolución de un modelo deportivo que ya no sabe cuántas competiciones
se pueden soportar y cuáles son los límites en la propia organización
de los eventos deportivos. Toda es una cuestión muy importante, y no
está habiendo un buen debate parlamentario.
La violencia. Era un elemento vital en la reforma de la Ley del
deporte afrontar con un pacto lo que significa cierta resolución. Un
aspecto que también planea sobre todo el sistema deportivo, en este
caso más sobre el fútbol, pero también en el deporte profesional, es
la participación de jugadores comunitarios, de jugadores extranjeros
y todo lo que significa una nueva composición a raíz de los
diferentes modelos de organización deportiva.
Curiosamente, España se ha convertido, después de todos los
esfuerzos, en un país -no me gusta utilizar estos términos-, en todo
caso, importador, pese a todo lo que decimos que hacemos para tener
nuestro deporte con una buena salud, con un buen nivel, pero en algún
aspecto...
El señor VICEPRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señora
Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Eso es lo que tenemos que plantear; éstos
son los debates que tenemos que realizar en el marco de una reforma
del modelo. Lo que se ha venido advirtiendo es lo que está pasando
hoy. La gestión del Partido Popular en este momento en todo el
sistema deportivo demuestra que está condicionando todo el modelo
deportivo, tanto la evolución del deporte profesional como la del
deporte espectáculo más que cualquier otra cuestión. Esto es lo que
está ocurriendo. De eso ya han advertido de forma sistemática los
pensadores y la gente que realmente ha reflexionado sobre los
peligros que supone que vayamos en esa dirección. Y eso es lo que
teníamos que haber hecho con la reforma legal de un modelo que tenía
que haber intentado resolver todos estos aspectos.
Para terminar, me sumo a la petición de datos que ha solicitado el
Grupo Socialista en algunas cuestiones. Pido una explicación de los
criterios de subvenciones a federaciones: sobre la formación de
técnicos deportivos, que es inaplicable en algunas comunidades
autónomas, quisiera saber en qué situación nos encontraríamos, porque
por ese camino de reformas puntuales, complejas, en este puzzle
normativo no va a avanzar conveniente la solución que tenemos que dar
al mundo de deporte, que ha de ser grande y urgente.
El señor VICEPRESIDENTE: Ahora, antes de pedirle al secretario de
Estado que haga el milagro de contestar a todas estas preguntas en un
tiempo muy breve, como el que por ejemplo han consumido los distintos
portavoces, quiero recordarle la facultad que le asiste de contestar
por escrito
a aquellas preguntas que, por la razón que sea, considere que
quedarán más claras mediante ese procedimiento. Y, sin más, le doy la
palabra, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Villar García-Moreno): Aparte de
gallego y creer en los milagros, pocas oportunidades me da. Yo tengo
que contestar a algunas de las cosas porque no me queda más remedio.
En primer lugar, yo agradezco al portavoz del Grupo Popular su
intervención; tampoco me esperaba otra cosa más que nos apoyara, pero
se lo agradezco. Sólo he de decir como detalle que, efectivamente, ha
recordado lo del libro del I+D. Si algún miembro de la Comisión tiene
interés en él, con que me lo diga se lo enviamos.
En cuanto al portavoz del PSOE, también debo agradecerle el apoyo y
la felicitación, porque siempre es importante tenerlos. Respecto al
poco tiempo para la gestión, ya comprendo que tiene la ilusión de
ganar las elecciones, pero no me la quite a mí. Tendré poco o un poco
más de tiempo, dependerá del resultado que haya en marzo del año que
viene, pero no me deje tan poco tiempo; déjeme un poco más. Si
perdemos, yo también estaré encantado... (El señor Nieto González:
Los compromisos son de legislatura.) Un poquito más. Me estaba
sonriendo porque me daba la impresión de que se había cambiado el
puesto con el portavoz del PP, de quien yo esperaba que me recordara
lo no incumplido de los compromisos de nuestro Libro Blanco del
Deporte; pero no dejaba de sorprenderme que me lo recordase el
portavoz del PSOE, aunque me parece bien.
En cuanto al museo del deporte efectivamente existe un compromiso.
Está constituido el patronato y está hecho incluso el pliego de
condiciones. Los terrenos están al lado del Comité Olímpico Español:
están cedidos por el ayuntamiento, y la única duda que se planteaba
en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas es que no
teníamos una idea clara de la magnitud de lo que decía S.S. que iba a
ir dentro. Si el tiempo me lo permite, el 23 del mes que viene yo
tengo programado hacer una visita al único museo actual que está
abierto en el mundo, que es el de Munich. Este dato por lo menos le
da una idea del interés que tenemos en movilizarlo, en sacarlo del
impasse.
En cuanto a los datos del ADO, del dinero, se los mandaré, para no
entretenernos ahora.
En cuanto a las federaciones, no deja sorprenderme que me hable de
intervención en las elecciones. Yo me imagino, y tengo que suponer
que nadie interviene en unas elecciones democráticas. (El señor
Guerra Zunzunegui: En Jaén.) Tampoco; no. Prefiero no tenerlo en
cuenta porque me parece que no es así; creo que no hay nadie, ni de
este partido ni del suyo ni de ninguno que intervenga manipulando
ninguna elección democrática, por lo menos yo prefiero no pensarlo.
Del presupuesto me llama la atención manifiestamente que me diga que
no ha aumentado y que le aclare qué apoyo es. El presupuesto de las
federaciones del Consejo Superior de Deportes del año 1999 con
respecto a 1998 sube un 6,16 por ciento. En un presupuesto como el
nuestro es una barbaridad; lo que no puede negar es que les apoyamos
mucho más que antes, y le voy a decir por qué es
una barbaridad. Su señoría ha asistido a los debates de presupuestos.
Los Presupuestos Generales del Estado han subido un 3,8. Su señoría
sabe que las tres partidas presupuestarias en las que este Gobierno
ha dicho que se iba a tomar especial interés han sido: sanidad, 5,5;
educación, 6,4; y las subvenciones a comunidades autónomas y entes
locales, PIB nominal, 6 por ciento. No me diga S.S. que no hemos
mostrado un apoyo decidido a las subvenciones de las federaciones;
hemos subido el 6,16 por ciento, más que la subvención a comunidades
autónomas y ayuntamientos, más que a la sanidad y un poco menos que a
la educación. Yo no tengo ningún problema en aclararlo. No me diga
que no, porque yo le doy los datos; los saco de esta carpeta y sin
ningún problema se los lleva, Repito, se trata de un 6,16 por ciento;
no me diga que no es cierto.
En cuanto al presupuesto del paddle ya está bien de estas bromas. La
subvención al paddle y al kickboxing se dispuso el año pasado; es del
50 por ciento, son 6 millones. Yo creo que esto es demagogia que no
tiene sentido; es una cosa absurda. Son 6 millones de pesetas y es
para que funcione porque se estableció el año pasado. Como chiste
está bien, pero yo creo que no tiene mucho sentido. En cuanto a los
criterios establecidos, mejor se los remito para no meternos ahora en
el asunto.
En cuanto a la modificación de la ley del deporte, y ya aprovecho
para contestar a otro interpelante, estoy de acuerdo. Lo que pienso
es que de momento -yo no digo ni que tengamos que hacer algo ni que
esté previsto o no- yo necesito saber. No puedo decidir en este
momento, sacar la conclusión de si vamos a hacer una modificación o
no, más desarrollada, de la Ley del deporte. Lo que sí me parece
importante es que vayamos haciendo las cosas que son más urgentes y
necesarias. Es muy importante acabar de desarrollar ciertas partes de
la Ley del deporte, y ahí es donde tenemos que centrarnos. Yo no era
responsable en ese momento del que usted habla del Consejo Superior
de Deportes, pero tengo que presuponer que no había ninguna intención
malévola, y no la había, en meter en la Ley de medidas el cambio o la
modificación de aspectos parciales de la Ley de deporte. Este tema
era prioritario, se tuvo que debatir mucho con la Comisión nacional
del Mercado de Valores. Cuando se tuvo el resultado y los
conocimientos y se consideró conveniente se metió en la Ley de
medidas. Siempre es muy fácil la acusación de que la Ley de medidas
se utiliza para meter algo como si fuese un embudo. En este caso no
hemos intentado meter nada.
En el plan MEC, como sabe S.S., se ha decidido hacer frente sólo a
los compromisos ya adquiridos, que se acaban en el 2002. Hay una
partida que se acaba aproximadamente, si no me falla la memoria, con
alrededor de 2.417 millones de pesetas.
En cuanto a los planes de instalaciones de las comunidades autónomas,
que también me lo recordaba el portavoz de Convergència i Unió,
nosotros nos hemos centrado en financiar, en tratar de ayudar a los
centros de alto rendimiento y de tecnificación en las comunidades
autónomas. Creemos que es mejor que financiar la construcción, no
indiscriminada, de infraestructuras deportivas, cuya competencia, por
cierto, también está transferida a las comunidades autónomas. Nos
parecía más adecuado dedicarnos a colaborar, que no a financiar
totalmente, en la financiación de aquellos centros que luego pudieran
servir
para la formación de deportistas de alto nivel, y éste es el
objetivo.
En cuanto a la Ley de fútbol, yo no asistí; yo creo que S.S. estaba
aquí cuando se discutió la Ley de retransmisiones; no hay que
confundir. En la última reunión del consejo no decide el interés
general. Una cosa es el artículo 4 de la ley, por el que tiene que
elaborarse un catálogo de acontecimientos de interés general, lo dice
el artículo 4; y ya aprovecho para decir que lo tiene que hacer cada
año antes de julio, y lo haremos, estamos en ello, y se decidirá qué
acontecimientos son de interés general, y otra el artículo 5, que es
el del problema. El artículo 5 dice que se considerará de interés
general un encuentro por cada jornada -se lo leo literalmente- y que
deberá ser retransmitido en directo en abierto y para todo el
territorio nacional, siempre que haya algún operador o programador
interesado en hacerlo, pero el legislador no precisa quién dice qué
acontecimientos son de interés general. Por lo tanto, no me exija S.S
que lo diga yo. De momento yo soy el ejecutivo y mi función es
cumplir con lo que me manda el legislativo, y éste no me ha dado
instrucciones para que yo diga quién es... Se lo digo como
comentario. En cuanto al catálogo, ya le contesto que lo haremos en
julio.
Sobre la Universiada le mando sin ningún problema la información.
Llevamos 2.300 millones; le mandaré detalladamente cada partida,
porque los tengo en un cuadro; no supone ningún problema.
En cuanto a los decretos de formación efectivamente hay un retraso
con respecto a lo que se había dicho que se iba a desarrollar. Yo le
he dado fechas concretas ya; me va a poder exigir también las fechas.
Yo le he dicho en concreto qué decretos y cuándo van a salir.
En cuanto a Sevilla 99 haré lo mismo, le mandaré datos del dinero que
se ha invertido, y lo relativo a la utilización yo creo que habría
que preguntárselo a alguien más que a nosotros. El Estado como tal
apoya una iniciativa de crear un evento internacional en un
determinado ayuntamiento. El Estado apoya esa iniciativa tanto a
nivel institucional como económico, pero hay otra serie de
instituciones a las que habrá que preguntarle qué va a pasar con el
estadio, no sólo a nosotros, porque yo no soy el responsable ni de la
petición del evento, ni de la organización, aunque sí de la
colaboración, como no podría ser de otra forma. Yen cuanto a los
rumores del Betis y del Sevilla, yo tampoco estoy tan seguro de lo
que va a hacer el Betis, si va a construir al final su estadio, ni de
lo que va a hacer el Sevilla, si no se va a trasladar allí. Creo, por
lo que sé de conversaciones informales, que tienen previsto ya alguna
utilización del estadio.
En cuanto a ADO, aparte de que es una organización privada, intentaré
darle la información que me pedía.
A la portavoz de Convergència i Unió le agradezco mucho la
felicitación y la colaboración. Desde luego, en cuanto a la petición
que hacía al final de mostrar sensibilidad, nosotros mostraremos toda
la que sea posible dentro del límite que S.S. sabe perfectamente que
existe. Hay un límite, una raya, que está entre la sensibilidad
autonómica y otra cosa. Cuente S.S. con que por parte de este
secretario de Estado tiene la máxima sensibilidad dentro de ese
límite.
En cuanto a la reforma, ya lo hemos hablado; coincido con S.S. en que
lo mejor es acabar primero con su desarrollo.
En cuanto a las selecciones nacionales la postura es bastante clara.
Yo no estoy en contra de que haya una selección autonómica, pero la
representación internacional oficial de este país es una. Como además
sabe S.S. que de hecho, está recurrida la ley vasca, vale la pena que
todos tengamos un poco de paciencia y veamos lo que el Tribunal
Constitucional nos cuenta.
Para el impulso fiscal al deporte cuente con nosotros en cualquier
cosa que permita que se mejore y se favorezca su desarrollo. Hemos
conseguido unas cosas y estamos dispuestos a..., pero depende;
también habría que preguntarle al Ministerio de Economía y Hacienda
si está de acuerdo con que se haga, pero desde luego cuente con
nosotros. El Consejo Superior de Deportes va a estar el primero al
frente de cualquier petición.
En cuanto a la Ley de emisiones nosotros estamos valorando
actualmente -efectivamente tendremos que volver a reunir al Consejo
de Retransmisiones- la posibilidad de emitir el informe de que habla
la adicional. Va a tener la oportunidad -ya aprovecho también para
contestar a la portavoz de Izquierda Unida- la Cámara de debatir con
el informe si procede algún tipo de modificación o no.
En cuanto al dopaje le agradezco el apoyo, como no podía ser menos, y
me imagino que en ello estaremos todos de acuerdo.
En cuanto a la territorialización y los recursos ya dije antes, al
contestar al portavoz del Grupo Socialista, que nosotros hemos
centrado las inversiones que había en comunidades autónomas y
entidades locales; la de entidades locales para eventos
internacionales y las de comunidades autónomas para los centros de
alto rendimiento y tecnificación.
Respecto al programa que tenemos de la Comisión de protección de
salud del deportista, efectivamente yo sé que en Cataluña hay una
experiencia de este tipo y contaremos, como no podía ser menos, con
cualquier experto, con cualquier persona que nos pueda dar ayuda en
su elaboración, no le quepa ninguna duda a S.S.
Ala portavoz de Izquierda Unida muy brevemente también le agradezco
la felicitación. De la Ley del deporte ya hemos hablado. El
saneamiento del fútbol ha sido un esfuerzo de todos, no sólo de una
parte; yo sólo dije que estaba acabado; terminado no quiere decir que
se haya apagado, pero sí que hemos acabado con el programa de
saneamiento; yo sólo dije eso.
Acerca del dopping en el Tour de Francia que comentaba S.S., ha
salido en toda la prensa que yo estuve anteayer en Francia con la
ministra francesa. Para nosotros es un enorme motivo de preocupación.
Nos hemos reunido con los equipos ciclistas, no sólo por la
preocupación por el ciclismo en concreto, aunque puede ocurrir en
cualquier deporte.
Francia tiene una legislación que ha desempolvado, por así decirlo;
ya existía y ahora la quiere desarrollar y lo va a hacer y nosotros
tampoco podemos impedir a un país soberano que desarrolle una
legislación. Yo lo único que le dije a la ministra, y así hemos
quedado, es que me interesaba que no volviera a darse -a ellos
también les interesa- el espectáculo del Tour del año pasado, y que
podíamos definir el campo de juego donde nos íbamos a mover. Hemos
quedado en tener una reunión con los técnicos de los equipos
ciclistas y con las federaciones en París, incluida la Agencia del
Medicamento para que nos especificara qué tipo de medicamentos no se
puede llevar, cuál se puede llevar, cómo se puede llevar, qué hace el
médico. También va a ir la Federación de Tenis, porque no nos
olvidemos que tenemos el Roland Garros, así como la Federación de
Baloncesto, porque tenemos el Europeo de baloncesto.
Aprovecho para decirle a S.S. que el 14 de abril, me parece voy a ver
al secretario de Estado portugués y el 21 a la ministra italiana de
Deportes. Vamos a cerrar unas rondas de conversaciones ante un hecho
que es preocupante para todos y que puede interferir en una de las
manifestaciones deportivas más importantes.
Yo creo que no ha entendido bien, lo de la prevención del deportista.
Si hay alguien a quien defiendo es al deportista, no le quepa ninguna
duda; a mí no me preocupa el resto, a mí el que me preocupa -por eso
vamos a hacer la comisión nacional de protección de la salud del
deportista- es el deportista; eso por encima de todo, no le quepa
ninguna duda.
Ya acabo. En cuanto a lo de los extranjeros, no es un problema sólo
de este país, no nos hemos convertido en importadores; anteayer la
ministra francesa me lo decía en la reunión, todos están igual de
preocupados. La situación es la que es. Hay una proposición no de ley
que está encima de la mesa; veremos si logramos llegar a un acuerdo
entre federaciones, Liga y la AFE. Veremos, si no llegan a un
acuerdo, qué hacemos; veremos qué se puede hacer para apoyar esto. Y
no hay ninguna duda por mi parte y por la de cualquier persona
sensata de que sería necesario reducir un poco el número de
extranjeros. Dado que el asunto de los comunitarios de momento está
así y no parece que sea reversible, por lo menos que podamos rebajar
un poco la cantidad de los extranjeros no comunitarios. Éste es el
panorama en el que nos encontramos.
Les agradezco de nuevo su petición de comparecencia y estoy dispuesto
a venir cuando SS.SS. lo estimen oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE: Agradecemos su comparecencia y su
disposición.
Al haberse agotado el orden del día, agradeciendo a todas SS.SS., a
los servicios de la Cámara y a los medios de comunicación, su
colaboración, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
CORRECIÓN DE ERROR.-En el «Diario de Sesiones» número 623,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 18 de
febrero de 1999, figura en la portada que dicha sesión tuvo lugar el
miércoles, 18 de febrero, cuando la fecha correcta es el jueves, 18
de febrero.
NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión Educación y
Cultura, del miércoles, 17 de marzo de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.