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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 645, de 17/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 645
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 48
celebrada el miércoles, 17 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de Política Exterior para
África, Asia y Pacífico (Alabart Fernández-Cavada) para informar
sobre la celebración de las elecciones legislativas en Guinea
Ecuatorial el día 7 de marzo de 1999. Asolicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 212/001908) ... (Página 18794)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Exterior y
para la Unión Europea (De Miguel Egea) para informar sobre las
repercusiones para la política exterior de España de la decisión del
Parlamento Vasco de prestar su sede para una reunión de la
autodenominada Asamblea kurda en el exilio y de los acontecimientos
derivados de la detención del líder del PKK Abdalá Ocalan. Asolicitud
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
213/001014) ... (Página 18800)
Preguntas:
-Del señor Navas Amores (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida) sobre posición del Gobierno acerca de la inclusión de Colombia
en la próxima Comisión de derechos humanos, que se celebrará en
Ginebra en el mes de marzo de 1999. (Número de expediente 181/002285)
... (Página 18810)
-Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista del Congreso), sobre
garantías que ha obtenido el Gobierno español del Gobierno británico
sobre la aplicación de los acuerdos vigentes sobre pesca. (Número de
expediente 181/002237) ... (Página 18811)
-Del mismo señor diputado, sobre la forma en que el Gobierno va a
hacer patente a la población gibraltareña que, como Estado democrático,
no podemos concebir una solución al problema de la soberanía que sea
impuesta por la fuerza sobre la voluntad de los ciudadanos de
Gibraltar. (Número de expediente 181/002238) ... (Página 18813)
-Del mismo señor diputado, sobre mantenimiento por el ministro de
Asuntos Exteriores que Gibraltar es un «nido de contrabandistas»
(Número de expediente 181/002239)... (Página 18814)
-Del mismo señor diputado, sobre medidas que ha adoptado el Gobierno
para perseguir inversiones ilícitas realizadas en España desde
Gibraltar. (Número de expediente 181/002240) ... (Página 18816)
-Del mismo señor diputado, sobre posibilidad de que el ministro de
Asuntos Exteriores convierta sus propuestas de diciembre de 1997 sobre
Gibraltar en documento de trabajo. (Número de expediente 181/002241)
... (Página 18817)
-Del mismo señor diputado, sobre propuestas para desbloquear la actual
crisis sobre Gibraltar realizadas por el Gobierno en las recientes
reuniones con los señores Cook y Blair y avances producidos. (Número
de expediente 181/002327) ... (Página 18819)
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la celebración de las elecciones legislativas en Guinea
Ecuatorial el día 7 de marzo de 1999. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001406)...
(Página 18820)
-Por la que se insta a solicitar del Gobierno de Turquía el respeto al
Derecho internacional y los derechos humanos, así como la terminación
de las operaciones militares contra el pueblo kurdo. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/001397) ... (Página 18822)
-Relativa a garantías para un juicio justo a Abdalá Ocalan y a la
salida negociada a la dramática situación del Kurdistán. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001411)
... (Página 18822)
Dictamen sobre:
-Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba sobre
ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 23 de julio de
1998. (Número de expediente 110/000226) ... (Página 18825)
-Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Paraguay, hecho en Asunción el 27 de julio de 1998. (Número de
expediente 110/000227)... (Página 18825)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR PARA
ÁFRICA, ASIA Y PACÍFICO (ALABART FERNÁNDEZ- CAVADA) PARA INFORMAR
SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN GUINEA
ECUATORIAL EL DÍA 7 DE MARZO DE 1999. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001908.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, buenos días. Se abre la
sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores, la número 48 de esta
legislatura, según observo, que se va a celebrar con el orden del día
que ustedes conocen y algunas modificaciones que se han producido
sobre él y
que les voy a relatar. La primera modificación es que, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, se produce la comparecencia del
director general de África, del Ministerio de Asuntos Exteriores,
señor Alabart, para hablar de las elecciones recientemente celebradas
en Guinea. El GrupoParlamentario Mixto ha retirado la petición de
comparecencia que figuraba como el número 1 del orden del día.
Asimismo, han sido retirados por sus respectivos proponentes los
puntos del día que figuraban con los números 4, 5, 6, 7, 9 y 10, y el
resto está tal cual.
De manera que, sin más preámbulos, damos la bienvenida al señor
Alabart. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.) ¿Sí, señor
Estrella?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Pido la palabra para una cuestión de
orden.
Ayer, a petición del presidente, dije que hoy expresaría mi posición
con relación a las preguntas que estaban dirigidas al ministro, ante
su ausencia. Se han retirado unas iniciativas de comparecencias, y yo
entiendo que las preguntas son actividades de control del Gobierno y
que la actitud del ministro, que me parece censurable, no debe
llevamos a interrumpir la actividad de control del Gobierno. También
por respeto al secretario de Estado, un respeto que no ha tenido el
ministro hacia la Comisión, voy a mantener las preguntas y le voy a
hacer entrega, señor presidente, de un escrito de los grupos que
teníamos planteadas iniciativas en la sesión de hoy y que debería
haber contestado el ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, yo tengo un escrito suyo
diciendo: Retiro las preguntas números 2235 y 2236.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Eso era una modificación previa de las
preguntas.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, usted tiene el pleno derecho
sobre sus iniciativas, pero lo que le pido es que ahorre a la
Presidencia estas incertidumbres.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Es que hay otras preguntas mías que siguen
vivas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pero estas se retiran.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Esas fueron retiradas en su momento,
oportunamente. No tiene nada que ver con lo que he planteado.
El señor PRESIDENTE: Bien.
Pasamos, pues, a la comparecencia del director general de Asuntos
para África, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pedida por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las elecciones recientemente
celebradas en Guinea Ecuatorial y asuntos conexos.
Debo informar al señor director general que a partir de ayer mismo
esta Comisión decidió adoptar una cierta disciplina en la utilización
de los tiempos, tanto para los comparecientes como para los señores y
señoras diputados, que resultan en unas decisiones que, en el caso
concreto de las comparecencias, fija un máximo de 15 minutos para el
compareciente. Le rogaría que se atuviera a esos tiempos, que son
ampliamente suficientes, para que pudiéramos celebrar toda la sesión
de acuerdo con esa disciplina temporal.
Señor Alabart, bienvenido; tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR PARA ÁFRICA,
ASIA Y PACÍFICO (Alabart Fernández-Cavada): Señorías, es para mí un
honor comparecer una vez más ante esta Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados para informar sobre un tema relacionado
con Guinea Ecuatorial, país con el que nos unen tantos vínculos
históricos y culturales, pero con el que frecuentemente nuestras
relaciones bilaterales han estado salpicadas de incidentes.
No es necesario recordar a SS.SS. la importancia que este Gobierno
atribuye a dichas relaciones. Guinea ha sido, es y seguirá siendo
objetivo fundamental de nuestra acción exterior en el continente
africano. De ahí también el carácter de política de Estado que
pretendemos dar a estas relaciones y el consenso que precisamos
alcanzar con los grupos parlamentarios. Se trata de unas relaciones
que han de intentar responder a los intereses de España y de Guinea
Ecuatorial y que tratamos en los últimos años de canalizar a través
de un diálogo franco y abierto con las autoridades de dicho país.
Sería ocioso repetir con detalle lo que tanto el ministro, señor
Matutes, como el secretario de Estado, señor De Miguel, expusieron en
esta Cámara al respecto en sus intervenciones de mayo y de septiembre
del año pasado. Pero permítanme SS.SS. que haga un breve resumen de
los acontecimientos que han marcado las relaciones bilaterales en los
últimos tiempos. Los años 1996, 1997 y 1998 fueron años de diálogo
enmarcados en las entrevistas que el presidente Aznar mantuvo con el
presidente Obiang en Roma y en Nueva York. Fueron años de contactos
fluidos entre nuestros dos países, que tenían por nuestra parte
objetivos que podríamos denominar generales, estratégicos, pero
también concretos o coyunturales. Entre los objetivos generales debo
reiterar los grandes objetivos de nuestra política con Guinea:
promover el desarrollo político, económico y social de ese país sobre
la base del fortalecimiento del Estado de derecho y al progreso en el
proceso de transición democrática y fomentar el respeto de los
derechos humanos. Necesitamos, para ser eficaces, de ese diálogo
frecuente con el Gobierno ecuatoguineano.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, el Gobierno español se
enfrentó durante estos años a lo que podríamos denominar una triple
crisis. La primera estalló en la primavera de 1997 y hace referencia
a la intentona golpista en la que -según propia confesión- estuvo
involucrado el señor Moto en Angola. El hecho de que el propio
protagonista principal le diera gran relevancia a propósitos de
naturaleza violenta, gozando como lo hacía del Estatuto de refugiado
político en España, provocó un profundo recelo en las autoridades de
Malabo que, pese a nuestra postura condenatoria, creyó ver una cierta
ambigüedad en el tratamiento que le dábamos al opositor citado.
La segunda surgió a principios de 1998, cuando una revuelta armada
dirigida por bubis causó 11 muertos. El juicio correspondiente se
celebró en mayo, las sentencias pronunciadas en junio condenaban a
muerte a 15 personas; finalmente, el 9 de septiembre el presidente
Obiang conmutó esas penas por las de cadena perpetua.
Desgraciadamente -como saben ustedes-, hubo que lamentar la muerte
mientras estaba detenido del dirigente bubi, señor Martín Puye. En
todos estos nueve primeros meses de 1998 el Gobierno español se
empeñó en hacer llegar al régimen de Malabo la imperiosa necesidad de
que éste, primero, buscara la concordia interétnica y la
reconciliación entre todos los ecuatoguineanos, segundo, que tratara
dignamente, respetando los derechos humanos, a procesados y
eventuales encarcelados y, tercero, que no se ejecutaran las condenas
a la pena capital.
Finalmente, quiero referirme a un tercer motivo importante de
fricción que dificulta el diálogo entre ambos países:
las emisiones de nuestra Radio Exterior de España. Malabo sigue
considerando que sus programas distorsionan la realidad de su país y
le dan un protagonismo exagerado a la oposición, argumentos a los que
oponemos la necesaria libertad de expresión de un medio de
comunicación occidental.
Al iniciarse el otoño del año 1998, y tal y como les anunció en su
comparecencia del 23 de septiembre el secretario de Estado, señor De
Miguel, el Ministerio al que represento hoy concentró sus esfuerzos
en llegar a las elecciones legislativas, entonces de fecha incierta,
en las mejores condiciones democráticas posibles. Se trataba de
intentar concretar los compromisos que al respecto habían concluido
tanto el Gobierno como la oposición en abril de 1997 con la firma de
los denominados pactos políticos.
Se trataba también de devolver a ese proceso paz, calma, serenidad y
sosiego. Y durante este último trimestre de 1998 -al que me estoy
refiriendo- el diálogo fluido que tanto he mencionado existió tanto
entre Gobierno y oposición, como entre Malabo y Madrid. En el primer
caso, 10 partidos de la oposición y el Gobierno firmaron una serie de
acuerdos para la correcta celebración de sus elecciones, entre ellos
uno muy importante respecto a la elaboración y publicación del censo
electoral. En cuanto al diálogo bilateral, fueron muy frecuentes las
reuniones entre el embajador González Arnao y las autoridades
ecuatoguineanas y entre el que les habla y el embajador guineano en
Madrid, señor Nsobeya.
Paralelamente, y tras la visita de una misión de la Unión Europea a
finales de mayo de 1998 y su informe correspondiente, nuestro país
inició gestiones para que la Unión Europea y el Penud enviaran
observadores al proceso electoral guineano. Además, España no dejo de
pedir que fueran admitidos antes y durante el proceso tanto
observadores como periodistas españoles. Y así entramos en el
decisivo tramo del primer trimestre del año en curso, que lleva a
unas elecciones que tuvieron lugar hace tan sólo unos días, el 7 de
marzo. Su evaluación es objeto principal de mi comparecencia.
Los datos oficiales publicados ayer dan al partido gubernamental,
PDGE, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, 75 escaños,
correspondiéndole a la oposición tan sólo 5: 4 a UP, Unión Popular, y
1 al CPDS. Al respecto quisiera hacer dos consideraciones iniciales:
la alta participación electoral y la muy exigua presencia que le está
reservada a la oposición en el nuevo Parlamento, tan sólo 5 escaños
sobre un total de 80.
Ala vista de las informaciones preliminares que hemos ido recogiendo
tanto de nuestra embajada como de las otras acreditadas en Guinea,
así como de los observadores internacionales que han acudido,
nuestras impresiones se resumirían hoy de la forma siguiente. Los
comicios se han desarrollado sin incidentes violentos y en un clima
de tranquilidad generalizada. El acto de votar ha sido notoriamente
irregular, especialmente en el continente, y ello por varias razones:
por ejemplo, el censo electoral, que debía haber sido publicado a
finales de enero, no fue expuesto, en el mejor de los casos, hasta
escasas fechas antes de las elecciones. Consecuentemente, ni todos
los incluidos en el censo pudieron disponer a tiempo de sus carnés de
electores, ni los excluidos pudieron apelar. El voto en un número
significativo de circunscripciones fue público, contraviniendo las
propias disposiciones de la Constitución guineana al respecto.
Finalmente, diversos incidentes, como por ejemplo los que se refieren
a falta de papeletas para los partidos de la oposición o a
enfrentamientos entre los presidentes de mesas electorales e
interventores de la oposición, están aún sin aclarar. En la tarde de
ayer, y a la vista de lo que antecede, la OID hizo público un
comunicado cuyo texto es posible que conozcan ya SS.SS.
Así pues, una valoración de urgencia de estos comicios indica que, de
acuerdo con parámetros generalmente aceptados, estas elecciones han
dejado mucho que desear. Además de ser ésta la opinión unánime de la
oposición, así lo han dejado entrever asimismo los tres observadores
que ha enviado la Francofonía, así como los otros 3 que ha enviado la
OUA. Elogiosos han sido los observadores norteamericanos, pero su
pertenencia a una ONG que trabaja para el Gobierno de Malabo hace que
sus opiniones discrepantes sean desgraciadamente muy poco fiables.
¿Por qué fueron tan sólo 6 observadores a estas elecciones? Porque en
el caso español las autoridades de Malabo no consideraron conveniente
invitarlos, porque el Parlamento Europeo no contestó a la petición
guineana al respecto, como tampoco lo hizo la Unión Europea, pese a
que fue requerida para ello. España presionó a sus socios para enviar
observadores, pero estos consideraron que diversos condicionantes lo
desaconsejaban.
Es de destacar que la Unión Europea defiende la idea de que para
involucrarse en un proceso electoral se deben dar dos condiciones:
que el gobierno en cuestión lo solicite en buena y debida forma y que
puedan intervenir en el citado proceso desde el principio, desde la
elaboración del censo, desarrollo de la campaña electoral, etcétera.
En este caso concreto la Unión Europea llegó a la conclusión de que
ninguna de estas dos condiciones se daba.
Para completar el panorama de este primer trimestre de 1999, dos
impresiones adicionales. La primera, que durante enero y febrero la
oposición no fue totalmente crítica, admitiendo que el diálogo con el
Gobierno se mantenía, que tenían una relativa libertad de movimientos
y de dirección de sus respectivas campañas electorales y cierto
acceso a los medios de comunicación. No todo era, pues, negativo. La
segunda, que el diálogo que el Gobierno español venía manteniendo con
el ecuatoguineano bajó de nivel de forma muy alarmante, y ello por
decisión de los responsables de nuestra ex colonia. Quizá baste citar
como ejemplo que el embajador guineano en Madrid, Santiago Nsobeya
persona de gran influencia en su Gobierno e interlocutor privilegiado
del nuestro, se ausentó de Madrid y regresó a Malabo muy a principios
de año; hoy, día 17 de marzo, aún no ha regresado. En este período
último no hemos podido tener con Malabo el nivel de contactos que
habíamos tenido en los años anteriores.
Esta es, señorías, la situación al día de hoy. No se les oculta, con
toda certeza, el contexto africano en el que se desarrolla nuestra
historia, un contexto con luces, como son sin duda los casos de
Sudáfrica, Namibia o Nigeria, pero también de tremendas y trágicas
sombras, como son los casos que afectan a los países involucrados en
las crisis de los Grandes Lagos, entre ellos El Congo y Angola, y a
otros muchos, como los de Sierra Leona, Guinea-Bissau y tantos otros.
¿Qué hacer a partir de ahora, cómo enfocar nuestras relaciones con un
país cuyos ingresos pueden desarrollarse espectacularmente, al compás
de una explotación petrolífera que debe estar ya en tomo a los
100.000 barriles al día, es decir alrededor de 5.000.000 de toneladas
anuales, que por tanto es cada vez más autosuficiente, económicamente
hablando? A mi juicio, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, con la
paciencia que recomienda lo que debe ser una política estratégica y
con la persistencia de un corredor de fondo, mantener el diálogo lo
más fluido posible con las actuales autoridades de Malabo. Ello
implica intentar persuadir al Gobierno ecuatoguineano de que abra
espacios de participación a todos los actores políticos de su país.
En este orden de cosas y con objeto de obtener el más amplio respaldo
posible de SS.SS., me sigue pareciendo importante algo que, tanto el
ministro como el secretario de Estado como yo mismo, hemos propuesto
en el pasado reciente a esta Cámara: que ésta destaque una comisión
parlamentaria a nuestra ex colonia. En su día el propio presidente
Obiang me aseguró que les recibiría con los brazos abiertos. Espero
que ello siga siendo cierto hoy.
En segundo lugar, creo que ha llegado el momento de habilitar, en el
marco de nuestros presupuestos generales, un programa de
gobernabilidad del que se puedan beneficiar guineanos de todas las
tendencias políticas que quieran tener algo que decir en el futuro de
su país en ese siglo XXI que está tan próximo a despuntar.
Por último, propongo que reanudemos las conversaciones con Malabo
para un nuevo acuerdo de cooperación. Es fundamental, creo, que los
guineanos, pueblo en dificultades que nos necesita tanto, sobre todo
afectiva y moralmente, nos sientan cercanos. Ello debe estar por
encima de vicisitudes políticas. Si aceptamos que políticamente su
situación no es la mejor, por qué empeorar su situación
sociocultural. Debemos intentar negociar otro acuerdo, pues Malabo
rechaza el que tenemos ahora; un acuerdo que nos permita hacer algo
que difícilmente harán a corto plazo ni el Gobierno de Guinea
Ecuatorial ni ningún otro país: atender a sus necesidades educativas
y sanitarias.
En el primer caso, educativas, ese concepto amplio de hispanidad, del
que me declaro partidario, lo reclama; en el segundo, lo hace una
opinión pública como la nuestra, crecientemente imbuida de
sentimientos de solidaridad con los más desfavorecidos. Con la ayuda
de esta Cámara, y si -y digo bien, si- tuviéramos la aceptación del
régimen del presidente Obiang, propondría mantener una cooperación
bilateral, que hoy en día ocupa a unos 250 cooperantes, básicamente
en los citados sectores de educación y sanidad y que le cuesta al
erario público alrededor de 1.500 millones de pesetas anuales. Por
otro lado, no se les ocultará a SS.SS. la posible complementariedad
de este nuevo acuerdo de cooperación con el programa de
gobernabilidad al que me refería antes.
Termino y no quiero hacerlo sin reiterar que el Gobierno es, y
seguirá siéndolo, contrario a la utilización de métodos violentos
para obtener resultados políticos y que no puede considerar las
opciones de aquellos que no rechacen la violencia como elemento de su
acción política. La violencia, siempre criticable, es doblemente
peligrosa en
África. Por lo demás, tengan SS.SS. la seguridad de que todo cuanto
propongan en este tema de las relaciones hispanoguineanas será
ponderado con todo cuidado por mi Ministerio y que su interés y
dedicación a este asunto es de enorme valor para los que intentamos,
con mayor o menor fortuna, acertar en el enfoque a dar a las
relaciones hispanoguineanas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: En primer lugar, quiero dar las gracias al
señor Alabart por atender con presteza la petición del Grupo
Socialista para poder tener en fecha muy inmediata un debate sobre
las recientes sedicentes elecciones en Guinea.
Viendo las valoraciones que se hicieron en la tarde de ayer de los
resultados electorales que ha proclamado el Gobierno de Guinea, al
que supongo que algunos habrán felicitado, porque ha pasado de 68 a
75 escaños, creo que decir que estas elecciones se han celebrado sin
incidentes, pero que han sido notoriamente irregulares y que ha
habido problemas de censo y de voto público quizá sea decir poco,
porque la valoración que hace el Gobierno ecuatoguineano es que han
sido unas elecciones democráticas, transparentes, libres y justas.
Los dirigentes de la oposición afirman que las elecciones han sido un
golpe de Estado institucional, que no ha habido algo que se puedan
llamar elecciones, que no han sido elecciones sino una provocación.
Los informes de ese colectivo de observadores internacionales, cuyas
limitaciones usted mismo ha señalado, pertenecientes a la
Organización de la Unidad Africana y a la Organización de la
Francofonía, no pueden ser más expresivos, no exposición de las
listas electorales, práctica del voto público, falta de respeto a los
horarios de cierre de escrutinios, fuerzas de orden dentro de los
colegios, a lo cual podríamos añadir numerosos testimonios de
presiones, de coacciones, antes y después de la fecha de las
elecciones, algunas tan sutiles como la entrega de una etiqueta que
tenían que incorporar en determinados poblados con la papeleta de
voto, de manera que se sabía a quién había votado cada uno, con lo
que están plenamente indentificados.
A nosotros nos ha preocupado, y lo hemos dicho en el pasado, que
quizá el Gobierno estuviera siendo excesivamente complaciente con el
régimen del señor Obiang. Ha habido unos compromisos ante el Gobierno
español, ante la comunidad internacional, compromisos adquiridos
también con las fuerzas de oposición, y nuestra valoración, a la
vista de los datos que tenemos y de la propia información que usted
nos ofrece, es que se han incumplido absolutamente, que por el
Gobierno ecuatoguineano se ha practicado un auténtico engaño y un
incumplimiento hacia el Gobierno español, en la figura de su
presidente y también en la figura de usted como interlocutor, y hacia
la Unión Europea.
Estamos ahora en una situación sobre la que cabría preguntarse si no
es peor que la anterior. Por supuesto, si miramos el número de
escaños atribuidos, las fuerzas de oposición están peor. Pero al
margen de eso, que es un dato irrelevante, dada la naturaleza de
estas llamadas elecciones,
la realidad es que hoy las fuerzas y personas que se han atrevido a
alinearse en opciones políticas diferentes a las del presidente
Obiang están siendo acosadas; por ejemplo, a las fuerzas políticas se
les está cortando la luz, personas que han actuado como interventores
de esas fuerzas políticas en algunos poblados están huyendo y
refugiándose en países vecinos o en la selva, ante el temor de
represalias.
Yo no sé si se puede decir sobre esto que se tienen reservas o dudas,
como decía el primer comunicado de la OID; el segundo no lo conozco,
sinceramente, no sé cuál ha sido la valoración; nosotros haremos
nuestra propia valoración, a lo largo de esta mañana, en una
proposición no de ley que se debatirá, pero creo que hay que mandar
un mensaje claro de que no endosamos estas elecciones. Usted habla
del señor Moto, quien ha podido cometer una serie de irregularidades,
unos delitos en el marco de la legislación ecuatoguineana, pero eso
no legitima en absoluto la ilegalización de toda una fuerza política,
cosa que hizo el régimen del señor Obiang. ¿Qué hacer a partir de
aquí? Lo primero, no reconocer validez alguna ni credibilidad a estos
resultados electorales ni en parámetros europeos ni en parámetros
africanos, desde luego no reconocérsela en los parámetros en los que
el propio Gobierno ecuatoguineano se había comprometido a actuar, con
las fuerzas de la oposición y con España y la Unión Europea.
En segundo lugar, la cooperación. Hay que ser extremadamente
prudentes, porque hemos oído ya testimonios desde el Gobierno
ecuatoguineano de que, como ya han celebrado las elecciones, ahora lo
que tiene que hacer España es reanudar plenamente la cooperación sin
ningún tipo de cortapisas. Nosotros somos partidarios de mantener
determinadas líneas de cooperación; somos partidarios de mantener una
presencia de organizaciones no gubernamentales que sean las que
canalicen esa cooperación, por supuesto ninguna cooperación
canalizada a través del Gobierno del señor Obiang, al que
consideramos además corrupto, ya que Guinea Ecuatorial es un país con
enormes recursos naturales y no está llegando esa riqueza derivada
del petróleo al pueblo de Guinea; sí debía llegar la cooperación;
somos partidarios -y creo que existe un marco de diálogo entre el
Ministerio y las fuerzas políticas españolas para que se puedan
delimitar cuáles debieran ser esos ámbitos de cooperación, con el fin
de mantener un nivel no superior al actual y de garantizar que esa
cooperación, esa ayuda, llegue a los sectores más necesitados de la
sociedad ecuatoguineana- de que el Gobierno plantease, al margen de
las acciones que parece que no tienen especial éxito, porque aún
falta la debida sensibilidad, una acción concertada con otros países
de la Unión Europea que tienen intereses en Guinea Ecuatorial, o que
la consideran como un país al que desean prestar una atención
especial. El caso de Francia es evidente y yo creo que una reflexión
conjunta entre España y Francia sobre cómo actuar con relación a
Guinea puede ser positiva y puede provocar unos resultados bastante
más importantes que los que se han podido lograr hasta ahora, y somos
partidarios de introducir en cualquier acuerdo de cooperación unos
mínimos elementos de condicionalidad.
Nos gustaría que en esas respuestas de la Oficina de Información
Diplomática, aparte de dedicarse a hacer funciones que no tengo muy
claro que sean las de la OID -como salir en defensa del ministro de
Asuntos Exteriores cuando ha sido acusado, injustamente, por su
actuación en una función que no es la de ministro-, fuera también
rotunda en amparar y defender a las fuerzas políticas españolas,
concretamente a Izquierda Unida y al Partido Socialista, que han sido
acusadas públicamente por el ministro de Asuntos Exteriores de Guinea
Ecuatorial de estar ayudando e impulsando la desestabilización del
país. Usted sabe que eso es rigurosamente falso, que es una calumnia,
y nos gustaría recibir el amparo y la firmeza por parte del ministro
de Asuntos Exteriores.
El proceso político en Guinea -y con esto acabo, señor presidente- es
muy complejo, muy dificil. No puede haber mensajes que permitan
entender al señor Obiang que se va a seguir siendo complaciente con
él, no puede haber nuevos mensajes como aquel infausto comunicado de
la Oficina de Información Diplomática en el que se saludaba la
magnanimidad del señor Obiang al conmutar la sentencia de muerte -y
cito literalmente-, y tendremos que estar preparados para un proceso
donde a lo mejor nos encontramos con que el hijo del señor Obiang
pasa a ser presidente del nuevo Parlamento, con lo cual se convierte
automáticamente en el sucesor del presidente Obiang, en el caso de
que éste no pudiera ejercer sus funciones. Creo que hay que seguir el
debate y la cooperación entre el Gobierno y las fuerzas políticas,
pero hay que mantener una valoración de clara firmeza, y en la medida
de lo posible garantizar también la seguridad y los derechos civiles
de quienes han osado presentar una alternativa política diferente a
la del señor Obiang.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor de Cáceres.
El señor de CÁCERES BLANCO: La presencia española en África
subsahariana ha sido mínima y este mínimo fue precisamente el
conjunto de islas del golfo de Guinea a las que se añadió luego ese
pequeño recorte continental que hoy es la República de Guinea
Ecuatorial. Alargaría mucho el tema hacer una brevísima referencia a
la historia de la colonia española y a la descolonización posterior,
por lo que creo que debemos entrar directamente en la situación
actual, sobre todo después de que la exposición rápida pero muy
documentada del señor Alabart nos ha evitado hacer este planteamiento
inicial, este prólogo.
En el caso de gobiernos dictatoriales o cuyo sistema democrático es
por lo menos dudoso está claro que siempre que se plantea la opción
de condenar y apartar, o bien la de condenar sí, pero también
mantener abiertos todos los cauces posibles de diálogo y de ayuda a
la población. Por tanto, creemos que endurecer las posturas de
cualquier manera, sin ceder nunca en la imprescindible condena de las
desviaciones democráticas, es lo más acertado y a nuestro juicio es
lo que está haciendo actualmente el Gobierno. No se trata tanto de
cerrar del todo los cauces al Gobierno actual de Guinea Ecuatorial
sino de insistir en ampliar precisamente ese margen de expresión
libre de la oposición, que es lo más importante que tenemos que hacer
en este
momento, no ceder en esa condena, en esa reiterada presión que hace
el Gobierno de Malabo sobre las emisiones de Radio Exterior de
España, ni en las ayudas de cualquier tipo que sean, no sólo las de
las ONG, sino incluso aquellas de Cooperación, que evidentemente es
un organismo oficlal, porque de una manera u otra, estas contribuyen,
en primer lugar, a aliviar los males de la población, y en segundo
lugar, a ejercer la presencia de España, que creemos que en este
momento y frente al Gobierno de Guinea Ecuatorial es un recordatorio
permanente que debemos ejercer probablemente también en la otra
dirección. Se citaba antes la no asistencia a las elecciones de
alguna misión enviada por la Unión Europea. Creemos que es importante
involucrar a los demás países de la Unión Europea para que estén
presentes y contribuyan a ampliar ese espacio de diálogo democrático
y, en último término, a conseguir por fin una normalización
democrática en Guinea Ecuatorial.
Está claro -y no me importará repetirlo luego- que las explicaciones
del presidente de Guinea diciendo que, como se trata de un país
africano, las cosas no son como en Europa, es exactamente la
respuesta que hay que darle. De lo que se trata precisamente es de
normalizar, en el sentido más internacional posible, los modos y
maneras de la democracia en Guinea Ecuatorial que, por el hecho de
estar situada entre los paralelos que sean, no por ello tiene que ser
menos democrática que los demás, cuando -y me refiero a una cita del
señor Alabart- en el resto de África hay ejemplos muy recientes de
normalización democrática, aunque también por desgracia -y es
justamente lo contrario, en lo que no debemos caer jamás- tenemos
media docena de conflictos armados en curso, que sería lo último que
desearíamos para Guinea Ecuatorial: lograr una normalización por
medios violentos.
Por tanto, mantenimiento y ampliación de los cauces, mantenimiento y
respaldo de todas las fuerzas democráticas y presión suficiente,
firme pero flexible, sobre el Gobierno de aquella república para que
haga posible ese espacio democrático y esa normalización en el menor
tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Alabart.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR PARA ÁFRICA,
ASIA Y PACÍFICO (Alabart Fernández-Cavada): Una vez más agradezco la
presencia de los grupos parlamentarios y las intervenciones del señor
Estrella y del señor Cáceres porque, para alguien que se ocupa de
África con regularidad y de Guinea con gran intensidad es muy
gratificante seguir comprobando el interés permanente de la Cámara en
un problema tremendamente complejo y dificil en el que -como les he
venido diciendo en mis anteriores comparecencias, igual que el
ministro y el secretario de Estado- tenemos el profundo deseo de
acertar y de acer lo que sea más útil, más práctico y más conveniente
para el pueblo de Guinea Ecuatorial.
Tomo nota de las peticiones, objeciones y comentarios del señor
Estrella. Cuando he propuesto mantener la cooperación y eventualmente
negociar un acuerdo de nueva cooperación he hecho una reserva. He
dicho: si el Gobierno de Guinea Ecuatorial nos diera facilidades para
ello. Como he dicho en mi intervención, el Gobierno de Guinea
Ecuatorial rechaza el actual acuerdo, que está vigente en sus grandes
líneas desde 1980, quiere negociar uno nuevo. El Gobierno de Guinea
Ecuatorial básicamente no quiere que la cooperación bilateral se haga
a través de las ONG, y pretende, si se tuviera que hacer a través de
ellas, tener un control mucho más directo y estricto sobre sus
actividades. El Gobierno de Guinea Ecuatorial tiene la idea de que de
aceptar cooperación con España, sería básicamente la directa, la
gubernamental, basaso en una serie de argumentos con los que ahora,
por la premura del tiempo, no les quiero cargar.
Como contestación general a las intervenciones que he oído, además de
reiterar lo que he dicho en mi intervención, que creo que no va en
contra de lo que se ha dicho aquí, sino todo lo contrario, querría
leerles el comunicado de la OID de ayer por la tarde (no sé cuándo va
a ser publicado por la prensa, quizá llegaría tarde anoche y, por
tanto, algunos periódicos no lo hayan publicado), pero dice lo
siguiente: En relación a las elecciones legislativas celebradas el
pasado día 7 en Guinea Ecuatorial, publicados hoy los datos oficiales
y una vez recabadas las informaciones pertinentes, el Gobierno desea
comunicar lo siguiente: 1.° Lamenta que las mismas no se hayan
celebrado en condiciones suficientemente aceptables para que los
ciudadanos ecuatoguineanos pudieran expresar libremente su opinión.
El hecho de que en ocasiones se haya tratado de un voto público y no
secreto ha sido, entre otras causas, motivo de que estas elecciones
no hayan justificado las esperanzas que suscitaba el proceso
democratizador emprendido en Guinea Ecuatorial, en la línea de lo que
viene sucediendo en otros países de África. 2.° El Gobierno español,
por otro lado, considera que una mayor participación de la oposición
ecuatoguineana en la vida política nacional es condición esencial
para profundizar en la consolidación del Estado de derecho y en la
democratización de Guinea Ecuatorial. 3.° El Gobierno español hace,
pues, un llamamiento al de Guinea Ecuatorial a que abra espacios de
participación política acorde con las esperanzas y anhelos de su
pueblo, y reitera que en esa vía pacífica y democrática siempre
encontrará el apoyo del Gobierno y del pueblo español, dispuestos a
cooperar para la consecución de las cuotas de bienestar y progreso
que el pueblo guineano se merece.
Creo que este comunicado y el sentido general de mi intervención
reflejan claramente nuestra actual línea de pensamiento, que es
coherente con lo que venimos defendiendo desde hace tiempo, y que
creo que tampoco va, sino al revés, en contra de lo que aquí se ha
expresado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor director general.
Con ello llegamos al final de este punto.
Observo que el señor secretario de Estado no es habido todavía, de
manera que si no les parece mal a las señoras y señores diputados
podríamos procede al debate, y dejaríamos para un momento posterior
la votación, de la proposición no de ley sobre Guinea. ¿Tienen algún
inconveniente en ese sentido?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, la persona que en mi
grupo era responsable de esa proposición no de ley no se encuentra
presente. (Pausa.)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR
Y PARA LA UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL EGEA) PARA INFORMAR SOBRE LAS
REPERCUSIONES PARA LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA DE LA DECISIÓN
DEL PARLAMENTO VASCO DE PRESTAR SU SEDE PARA UNA REUNIÓN DE
LA AUTODENOMINADA ASAMBLEA KURDA EN EL EXILIO Y DE LOS ACONTECIMIENTOS
DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DEL LÍDER DEL PKK ABDALÁ OCALAN. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/001014)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con
nuestros trabajos, ya en presencia del señor secretario de Estado,
don Ramón de Miguel.
Retirada la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Mixto,
vamos a proceder a la comparecencia pedida por el Grupo Parlamentario
Popular del ministro, en este caso del secretario de Estado, para
explicar las repercusiones para la política exterior de España de la
decisión del Parlamento Vasco de prestar su sede para una reunión de
la autodenominada Asamblea kurda en el exilio y de los
acontecimientos derivados de la detención del líder del PKK Abdalá
Ocalan.
Sin más preámbulos, el señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel Egea): Buenos días señores diputados.
La situación de la población de origen kurdo es de una extremada
complejidad. La complejidad de este problema proviene en gran parte
de la extensión territorial. La población kurda, que es originaria de
una región interior de Oriente Medio, actualmente, después del
desmembramiento del imperio otomano, dividida en varios Estados, la
componen 25 millones de personas que se reparten entre Turquía, de 12
a 14 millones, norte de Irak, 4 millones, noroeste de Irán, 6
millones, norte de Siria, sudoeste de Armenia y sudoeste de
Azerbaijan, otras cantidades menores al millón. Sus regímenes
políticos no son equiparables, como no lo es el tratamiento que le
dan a sus pueblos, incluidas las minorías. De la misma forma la
influencia que la Unión Europea puede ejercer sobre ellos es dispar.
Otro hecho que aconseja evitar las simplificaciones al tratar la
cuestión kurda es la extremada dispersión y superposición de
poblaciones. La región, habitada principalmente por kurdos, acoge a
poblaciones con otras identidades culturales. Además esta región
padece una situación secular de subdesarrollo y pobreza, por la que
tradicionalmente sus habitantes han emigrado a otras zonas más
prósperas, dando lugar a un fenómeno de diáspora que tiene su
expresión en la gran concentración de poblaciones kurdas que hay en
ciertos países de Europa occidental, fundamentalmente
en Alemania, y también, por qué no decirlo, grandes
concentraciones de poblaciones kurdas en grandes ciudades de Turquía,
como Estambul, por ejemplo, bien lejos del territorio tradicional
kurdo.
Resulta muy dificil indicar con precisión el número de kurdos que
viven hoy en la Unión Europea, ya que el registro de orden étnico no
se practica en nuestros países, la verdad es que están todos
registrados como turcos; de los 2 millones de ciudadanos turcos que
viven en Alemania se dice que casi medio millón son de origen kurdo;
el resto de los países de la Unión acogen a comunidades que son menos
numerosas: Francia y Suecia con alrededor de 70.000 kurdos -cito
cifras totalmente estimativas, porque no hay ningún registro-, son
seguidas por Austria con 40.000, Países Bajos con 35.000, Reino Unido
con 25.000, Bélgica con 20.000, Dinamarca 15.000, y Grecia 10.000. En
España la población de origen kurdo es prácticamente insignificante;
no se tiene constancia de ningún número sustancial. La abrumadora
mayoría de los kurdos que viven en Europa occidental han emigrado,
dentro del gran contingente de turcos, fundamentalmente por razones
económicas y no por razones políticas.
Existe, de manera paralela, una diáspora interna de kurdos en
Turquía, como mencionaba antes. Se estima que la mitad de la
población de origen kurdo vive en el oeste del país. Estos ciudadanos
turcos de origen kurdo ocupan en numerosas ocasiones puestos
destacados en la administración pública y en la sociedad civil, a
diferencia de las actividades principalmente agrícolas que ejercen en
el este. En este momento, por ejemplo, el presidente del Parlamento
turco es un ciudadano de origen kurdo.
La heterogeneidad de la población kurda se refleja también en sus
afiliaciones políticas. Pese a que el Partido de Trabajadores del
Kurdistan, el PKK, y sus organizaciones paralelas pretendan
representar al pueblo kurdo, y sin prejuzgar su representatividad,
que sin duda la tienen, la realidad nos muestra que existe una
pluralidad de organizaciones kurdas de carácter político que están
enfrentadas.
Otro elemento que simplifica artificialmente el problema es la
confusión, tal vez inconsciente, entre las cuestiones ligadas a la
detención del líder Ocalan y el carácter terrorista del PKK y el
problema de fondo de las legítimas aspiraciones de la población de
origen kurdo a mantener su identidad cultural y a que sus derechos
humanos sean respetados. Esta mezcla entre la imagen negativa de
Ocalan y el terrorismo y la legítima aspiración que tiene un pueblo
al reconocimiento de su propia cultura hace que aparezca en los
medios de comunicación una visión distorsionada del tema kurdo. Se
olvidan las acciones violentas del PKK y sus campañas de terror
contra la propia población kurda para convertir a Ocalan en víctima y
al PKK en una organización democrática y comprometida en la lucha por
los derechos humanos.
El reconocimiento de la complejidad de la cuestión es, por tanto, el
punto de partida para que la Unión Europea y España adopten sus
posiciones de manera responsable y prudente. Los miembros de la Unión
Europea compartimos una visión universalista de los derechos humanos
y creemos que su protección no puede considerarse integrantede la
jurisdicción exclusiva de los Estados; por ello su
promoción en todo el mundo es parte del acervo de la política
exterior y de seguridad común de la Unión.
Desde esta concepción cívica de la convivencia y de los derechos
humanos como elemento informador de la política exterior y de
seguridad común, los miembros de la Unión Europea contemplamos la
cuestión de los derechos de las minorías en un marco más amplio, que
no es sino el de la democratización de los regímenes políticos y el
respeto a los derechos humanos. El Gobierno entiende que el
reconocimiento de los derechos de las minorías es un valor
perfectamente compatible con la integridad territorial de los Estados
que enriquece las sociedades. Estos son los mensajes que España y la
mayor parte de los miembros de la comunidad occidental a la que
pertenecemos han transmitido a los países de la zona; no solamente a
los kurdos, sino a otros pueblos que tienen problemas de identidad
cultural dentro de un problema general de integridad territorial.
El valor de la tolerancia no se improvisa. El desarrollo armonioso de
sociedades civiles plurales es un proceso laborioso en el que se
combinan factores políticos y socioeconómicos. La Unión Europea está
firmemente comprometida con este modelo, denunciando las violaciones
de los derechos humanos y la violencia política y concentrando su
cooperación en proyectos de fomento de la sociedad civil y de
desarrollo económico de zonas desfavorecidas.
En los últimos meses, con ocasión del caso Ocalan y la invitación al
autoproclamado Parlamento kurdo en el exilio a que se reúna en
España, la opinión pública española y la europea en general han
centrado la cuestión kurda en Turquía, cuando se trata de un asunto
que afecta, como he dicho al principio, a otros Estados y no
solamente a Turquía. Hay que decir que la singularización de Turquía
no es del todo arbitraria: Turquía es un país miembro del Consejo de
Europa, está ligado a la Unión Europea por medio de una unión
aduanera, es un Estado amigo y aliado y sus estrechas relaciones con
Europea y su inequívoca vocación europea y occidental hacen que se le
pueda exigir un nivel de respeto a los derechos humanos mayor que a
otros países.
Es preciso subrayar que, a pesar de todo y a pesar de las
imperfecciones que todavía padece, Turquía ha realizado en la última
década un destacable esfuerzo de profundización de su sistema
democrático. Es cierto que el llamado conflicto en el sudeste es un
urgente problema al que se enfrenta la democracia turca, y la
prioridad concedida a la lucha antiterrorista ha podido actuar como
freno para el proceso de democratización y de elevación de los
estándares de vida y de los niveles de respeto a los derechos
humanos.
Ciertamente a Turquía se le pide más que a sus vecinos, como decía
antes, en la perspectiva de su solicitud de adhesión a la Unión
Europea. La Unión Europea le plantea la cuestión del reconocimiento
de las especificidades culturales de las minorías de una manera clara
y franca. El Consejo Europeo de Luxemburgo afirmó en diciembre de
1997 que el respeto a las minorías y su protección en Turquía es un
elemento que habría de contribuir, junto con otros, al acercamiento
de este país a la Unión Europea. Más recientemente, el Consejo de
Viena, a finales del pasado mes de diciembre, ratificó las
conclusiones del Consejo de Asuntos Generales que señalaban la
necesidad de que Turquía realice importantes esfuerzos para
garantizar el Estado de
derecho dentro de una sociedad democrática, como lo exigen los
criterios de Copenhague y las conclusiones pertinentes de los
consejos europeos. El Consejo, se decía, recuerda la gran importancia
que atribuye al trato dado a las minorías, ámbito que exige atención
permanente.
La detención del señor Ocalan puede ser una ocasión para que Turquía
afronte con generosidad el fin de la violencia política en el
sudeste, que ha causado dolor y muerte durante muchos años, El
Gobierno español confía en que el señor Ocalan tendrá un juicio
justo, con todas las garantías procesales, y que no llegará, en su
caso, a aplicársele la pena de muerte. Hay que hacer notar que desde
el año 1984 no se aplica la pena de muerte en Turquía. En esta misma
línea se manifestaba la Unión, a través del Consejo de Asuntos
Generales, el día 22 de febrero, mediante una declaración específica
que SS.SS. conocen.
En el marco del diálogo amistoso que la Unión y sus Estados miembros
mantenemos con Turquía, España, como el resto de la Unión, ha enviado
reiteradamente a Turquía, a lo largo de los frecuentes encuentros
bilaterales, el mensaje de que entendemos que es preciso prestar a
esta especificidad cultural de los ciudadanos turcos de origen kurdo
la atención que merece.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
peticionario de la comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el
señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Yo no sabía que esta humilde iniciativa iba a
atraer a tantos diputados que normalmente desertan de los trabajos de
la Comisión de Asuntos Exteriores. Me alegro de que esta
comparecencia sea punto de interés para nuestros trabajos.
La comparecencia pretende, por una parte, que se nos expliquen las
repercusiones que tiene para la política exterior de España, desde el
punto de vista del Gobierno, la decisión del Parlamento vasco de
prestar su sede para una reunión de la autodenominada Asamblea kurda
en el exilio; y, por otra, las de los acontecimientos derivados de la
detención del líder del PKK, Abdalá Ocalan.
Nos encontramos ante un hecho sin precedentes en la Unión Europea, y
me gustaría que el señor secretario de Estado confirmase si esta
información es correcta. Se trata de una institución del Estado, como
es una cámara autonómica, que como institución decide ceder sus
locales, su sede a un parlamento que no es un parlamento, formado por
notables vinculados al brazo político de un grupo terrorista, y todo
ello bajo el ambiente opresivo de actividades perfectamente
organizadas en toda Europa, salvo en España, donde, por cierto, no
teníamos ese problema de los que apoyan a un grupo, como es el PKK,
responsable de atentados terroristas en Turquía y fuera de ella, en
otros países de la Unión Europea -entre los cuales, por cierto, hay
una víctima vasca- y con el resultado, desde el punto de vista de mi
grupo tan sorprendente como inaceptable, de confundir la cuestión del
desarrollo de la democracia en Turquía, del respeto a los derechos
humanos -entre los cuales, naturalmente, la identidad cultural de las
minorías-, del afianzamiento del Estado de derecho con la suerte
personal de un jefe de una banda terrorista internacional, hasta hace
poco afincado en Siria bajo la protección de los servicios
secretos sirios que, después de dar tumbos por el mundo siendo
rechazado en todos los países donde pretendió asilarse, acaba siendo
detenido y procesado por las autoridades de Turquía. El hecho no es
en sí nuevo en la historia europea, es la confusión entre la
situación de los ciudadanos kurdos con el destino personal de quien
pretende, mediante la fuerza, la violencia, la extorsión, asumir esa
representatividad a los ojos de la comunidad internacional. Sin
embargo, ese es un error en el que entiendo que esta Comisión no debe
caer mucho menos este Parlamento.
En segundo lugar, esa confusión, esa decisión del Parlamento vasco
incide en las competencias constitucionales del Estado sobre la
dirección de la política exterior de este país. Incide porque, en
contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los
términos de sus sentencias, ninguna institución autonómica puede
actuar en contradicción con las directrices establecidas por el
Parlamento y el Gobierno de nación en materia de política exterior.
En tercer lugar -no entraré en ello, pero conviene recordarlo- todo
eso en el seno de un debate político interno en el País Vasco en el
que parece que algunos buscan la internacionalización disparatada del
conflicto político del País Vasco.
Por último, esa decisión, que en sí constituye un grave error, sirve
para producir repercusiones en la política y en los intereses de
nuestro país, que son de todo tipo; afectan a las relaciones
políticas con un país socio y aliado como es Turquía; de España con
la Unión Europea y con los países miembros de la Alianza Atlántica;
perjudican nuestra presencia económica y comercial; afectan a la
cooperación internacional contra toda forma de terrorismo y, por
tanto, constituyen un grave daño contra una de las constantes de la
política exterior e interior de España, como es la búsqueda de los
mayores acuerdos posibles con otros países para luchar contra quienes
utilizan la violencia como instrumento de acción política. Eso sí,
hemos conseguido tener un problema que hasta ahora no teníamos, que
es el problema kurdo en su versión más radical, más violenta, como es
la versión del Partido de los Trabajadores Kurdos.
En definitiva, señor secretario de Estado, creo que este debate debía
ser traído a esta Comisión. Esta es la Comisión en la que estas
discusiones deben producirse. Este es el Parlamento en el que estos
debates pueden producirse y este es el lugar para que SS.SS. puedan
interesarse por los derechos humanos en Turquía, la democratización
en el mundo, la lucha contra la pena de muerte, la defensa de los
derechos de las minorías, el establecimiento de lazos con
determinadas zonas del inundo, el desarrollo económico y comercial de
nuestro país, por tanto, la garantía y afianzamiento del empleo,
crecimiento y riqueza de los españoles, etcétera. Este es el lugar y
no otro, por eso me alegro mucho de que tantas señorías normalmente
ausentes estén hoy presentes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Señora Lasagabaster, señor Zabalía, solamente les hago un pequeño
apunte. Ayer tomamos una decisión relativamente drástica para esta
Comisión sobre la utilización de los tiempos, porque, si no, no
llegamos a ninguna parte, y es que en las comparecencias el
compareciente tiene un
máximo de 15 minutos, el autor de la comparecencia un máximo de 10
minutos y el resto de los grupos un máximo de 5 minutos. Les rogaría
que, en la medida de lo posible, se atuvieran a esos tiempos.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias al secretario de
Estado por su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado. La
exposición general del problema del pueblo kurdo lógicamente la
tenemos que compartir. Existe una situación dificil en cuanto a que
están en diferentes territorios, en distintos Estados, con un nivel
de pobreza realmente dramático. Solamente haremos unos matices a la
parte final de la exposición.
Permítame que haga referencia a la intervención que me ha precedido
del señor Robles Fraga. Como introducción, me gustaría reseñar que lo
mínimo que se puede hacer es tener un cierto compañerismo y no decir
cosas que no son verdad. No desertamos de comisiones, y le reto al
señor Robles Fraga a que vaya a tantas como las que yo voy. Sólo en
ese momento le permitiré que me dirija la palabra diciendo que
deserto de comisiones. Además de las mías, voy a otras muchas, cosa
que no hace el señor Robles Fraga.
Entrando en la materia, señalaré que hay varias cuestiones que
aparecen confusas y no desde el punto de vista de formaciones
políticas que hemos avalado la decisión de ceder las infraestructuras
del Parlamento vasco a la Asamblea kurda en el exilio. Es evidente
que no hemos cometido ningún tipo de error cuando hemos defendido en
muchas ocasiones que el pueblo kurdo tiene diferentes situaciones en
cuanto se sitúen en Irak, Irán, Turquía, Siria, etcétera, y no
solamente eso sino que el propio Parlamento vasco, con el apoyo
unánime de todos los grupos parlamentarios, ya desde el año 1991 -y
me remito a los archivos de la Cámara vasca- ha hecho referencia al
problema kurdo en sus diferentes vertientes, sobre todo a la de Irak
-que si recuerdan ustedes, el año 1991 se organizó una misión
denominada humanitaria para la cuestión de empleo de armas químicas
contra el pueblo kurdo en Irak-, donde la Cámara vasca reseñó como
cuestión unánime que había un problema grave con el pueblo kurdo, y
solicitaba que en esa conferencia de paz que se celebraba en Madrid
se tuviera en cuenta esta situación.
No estamos confundidos respecto a cuál es la compleja problemática
del pueblo kurdo. Simplemente decimos que en ocasiones ha habido más
énfasis, porque los problemas, que ya eran graves, se han agravado
más en diferentes territorios y distintos momentos, so fue en el año
1991. En otras ocasiones se ha hecho referencia al pueblo kurdo o a
los problemas del mismo en sus variadas versiones. Ha habido
diferentes declaraciones institucionales, por supuesto apoyadas por
todos los grupos políticos, y ahora nos sorprende que se haya
producido esta terrible crítica cuando en otras ocasiones, repito, y
sin ningún tipo de problema, se han avalado cuestiones que diría que
han sido del mismo tenor. Tan en el mismo tenor, señores y señoras
diputadas, que curiosamente en la visita que hizo la Comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento vasco a Bruselas los días 25 y 26
de marzo de 1996, todos los representantes de las formaciones
políticas -y resalto todos, incluidos los del Partido
Popular, Partido Socialista u otro tipo de formaciones que hoy no han
avalado- acudieron a visitar a la Asamblea kurda en el exilio en sus
propios locales, en sus propias sedes y hablaron con todos sus
representantes, actitud que nosotros elogiamos y nos parecía
correcta. Por esto nos parece realmente difícil entender por qué se
produce este cambio, ¿qué es lo que ha cambiado? No parece que el
contenido de la política o de lo que debe ser una política coherente
al cabo de los años, sino que han intervenido otras circunstancias
que quizá se han utilizado para temas que nada tienen que ver con el
pueblo kurdo.
Creemos que en este tema no se produce ningún tipo de contradicción
con ningún tipo de competencia, y voy al segundo punto. Se ha
hablado, en primer lugar, de que se iba en contra de la competencia
de política internacional que tiene el Estado. Pensamos que no. Somos
terriblemente respetuosos con las competencias de política
internacional que corresponden al Gobierno central, pero entendemos
que en este caso no estamos dentro de ese ámbito de competencia. El
Tribunal Constitucional ha avalado, con una sentencia de mayo de
1994. la diferencia entre lo que es política internacional strictu
sensu y lo que es los efectos externos de determinadas competencias
propias, y esta decisión puede estar en ese marco. Y lo expresaba
claramente: no se pude decir que cualquier decisión que tenga efectos
externos -y esta tiene efectos externos- sea política internacional.
Por tanto, ahí, sin perjuicio de cualquier tipo de discusión jurídica
en los más altos niveles, creemos que desde el punto de vista
jurídico hay una sentencia que avala esta posición.
Estamos hablando de la utilización de nuestros propios recursos,
mejor dicho del Parlamento vasco. En cualquier caso, es evidente que
es una decisión de autonomía funcional propia, que tendrá efectos
externos ciertamente, pero que no van en contra de la política
internacional. Esta cuestión se ha planteado en diversas ocasiones,
llámese la visita del Dalai Lama, llámese cuestiones del Sahara,
llámese otro tipo de temas, y se han hecho las mismas reflexiones.
Curiosamente no ha pasado nada, nadie ha contradicho que esto fuera
una cuestión que pudiera tener efectos externos, pero no era de
política internacional. Por consiguiente, discrepamos desde el punto
de vista jurídico, sin perjuicio de que el más alto tribunal, si lo
consideran oportuno los que estén legitimados, decida otra cosa.
Como tercera cuestión y para no extraviarme en el tiempo, se ha
hablado de los graves problemas que se iban a ocasionar, problemas
desde el punto de vista político, económico y de imagen. Yo creo,
permítanme, que es exagerado y esa es la palabra. No dudamos de que
este tipo de decisiones puede crear una cierta polémica, como han
creado muchas decisiones polémicas y preocupación, cómo no decirlo,
pero que, en definitiva, se han mantenido porque lo que subyacía y lo
que subyace en este tema responde a intereses que tenemos que tener
en sociedades que nos denominamos humanitarias, sociedades que
defienden los derechos humanos. ¿Que puede haber un problema con el
Gobierno turco? Ciertamente. Esto se ha estudiado por parte del
Parlamento vasco, pero ha habido otros precedentes en los cuales la
Asamblea kurda en el exilio ha estado en Parlamentos de Estados tan
democráticos y tan relacionados con Turquía como Dinamarca, Noruega,
Italia o
Moscú, y sin perjuicio de los rifirrafes, valga la expresión
coloquial, que ha podido haber, no ha habido problemas. Ha habido en
otros Estados, no en parlamentos, pero en concreto en esas sedes
parlamentarias sí han estado.
Respecto a la cuestión económica, de la que aquí no se ha hablado -me
alegro que se haya retraído ese tipo de argumentación-, las cifras
demostrarían lo equivocado de ese tema, porque no ha sido así. Todos
sabemos que problemas con Cuba, con Chile con el caso Pinochet, y de
otro tipo han entrado en esa dinámica y al final los intereses
económicos van por un lado y los políticos por otro.
En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados,
pensamos, y máxime con la detención del señor Ocalan y su
procedimiento en este momento en Turquía, que se ha reavivado un tema
al que al menos vamos a buscarle el lado positivo; se ha reavivado el
problema del pueblo kurdo, que subyace y está ahí, y sería el
momento, desde nuestro punto de vista, de establecer una conferencia
internacional en la cual se pudiera intervenir para resolver de una
vez por todas la problemática en su globalidad de todo este pueblo
que no merece que tenga el trato que tiene. No estamos exigiendo nada
más que lo que nos gustaría para con nosotros mismos. Creemos que no
hay ningún tipo de perjuicio y que hacemos lo que coherentemente
hemos hecho a lo largo de mucho tiempo y lo que muchos partidos
políticos han preconizado, pero a la hora de la verdad parece que
hablar es muy fácil, pero actuar es más dificil. Sin más, cedo la
palabra a otro portavoz para abreviar en estas intervenciones.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra
el señor Zubía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Es Zabalía el apellido. Ante todo, quiero
agradecer al secretario de Estado las explicaciones que nos ha dado
sobre este asunto, sobre este punto del orden del día. No me di por
aludido, señor Robles, porque yo no he desertado nunca de esta
Comisión, es la primera vez que vengo. No soy miembro de la misma,
vengo en sustitución del titular y, por tanto, todavía no he tenido
ocasión de desertar. En cualquier caso, tenemos poco tiempo para
intervenir y es un asunto importante y complicado. Yo creo que no
hacía falta ni exponer nada porque -si no lo he entendido mal- el
segundo punto, que es el que estamos tratando, dice que el ministro
de Asuntos Exteriores, en este caso representado por el secretario de
Estado, viene para explicar las repercusiones para la política
exterior de España de la decisión del Parlamento vasco de prestar su
sede a una reunión de la autodenominada Asamblea kurda en el exilio y
de los acontecimientos derivados de la detención del líder del PKK,
Abdalá Ocalan. Después de oírle a usted, las repercusiones son
ninguna. Otra cosa es si le oímos al señor Robles Fraga, pero yo no
he venido aquí a escuchar al señor Robles, sino a usted y, según lo
que ha dicho, yo no he visto ninguna repercusión para España ni para
el Gobierno español.
Pero no voy a perder la oportunidad de decir unas cuantas cosas, ya
que tampoco se nos quiso contestar en otra sede parlamentaria cuando
preguntamos por esto al Gobierno y se nos eludió la pregunta. Voy a
tener la oportunidad de intervenir, aunque sea muy brevemente.
Lo que aquí subyace es agresividad, tanto del señor Robles como de
las manifestaciones y no de su departamento, sino del Gobierno, donde
han intervenido en relación a este tema y han hecho declaraciones
absolutamente todos los ministros porque las repercusiones eran en
todos los sectores de la sociedad y la economía de este país. Hay,
repito, una inusitada agresividad. Iba a haber graves consecuencias,
que se han puesto de manifiesto, y una ruptura de relaciones
diplomáticas y suspensión de relaciones comerciales, no íbamos a
poder celebrar la Expotecnia en Estambul, en fin, esto era el caos.
Yera el caos porque había habido una declaración del Parlamento
vasco, no la primera por supuesto, como ya se ha dicho, en la que se
cedían unos locales a los representantes en el exilio del pueblo
kurdo. En definitiva, lo que el Grupo Popular, no me refiero al
Gobierno, ha diseñado con la habilidad que le caracteriza, o más bien
con el desprecio de que hace gala en muchas ocasiones cuando intentan
denigrar a sus contrincantes políticos, es un panorama caótico sobre
la base de una decisión del Parlamento vasco, y han reducido sus
críticas al hecho de que vamos a albergar a terroristas.
La verdad es que la intervención del señor Robles Fraga ha sido
elocuente. Vamos a tener un problema que antes no teníamos. Es que al
señor Robles Fraga el tema kurdo le trae sin cuidado; le traen sin
cuidado 30 millones de personas diseminadas por el mundo; le traen
sin cuidado las vejaciones que están sufriendo, pero no les tienen
sin cuidado a otros parlamentarios populares del País Vasco, donde
han hecho intervenciones en defensa de los intereses del pueblo
kurdo. Yo les remito a todos los acuerdos del Parlamento vasco, donde
se han expresado representantes del Partido Popular, que parece que
no comulgan con la opinión del señor Robles Fraga.
Yo no sé cuál es la opinión del Partido Popular en este aspecto
porque estoy oyendo muchas cosas. Pero lo que a mí me interesa oír
hoy es al secretario de Estado y me quedo tranquilo, porque después
de oírle a usted estoy seguro de que no hay ningún problema grave que
pueda romper las relaciones entre España y Turquía, ningún problema
que pueda romper las relaciones comerciales, que entre otras cosas,
tienen tanto interés para España como para Turquía; creo que más para
Turquía que para España, y todos sabemos cómo funcionan las
relaciones comerciales entre las empresas; no creo que esto sea un
problema de cara al futuro.
Al final, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando algo que creo que
es muy significativo: que la irritación de algunos representantes del
Gobierno español y del Partido Popular es mayor que el problema que
tiene el Gobierno turco. El Gobierno turco -lo ha dicho claramente y
ha salido allí en la prensa- sabe perfectamente cuál es el problema
y dónde se toman las decisiones y, desde luego, a partir de ahí no se
ha visto que haya podido trasladar ningún problema al Gobierno
español. Por tanto, ¿por qué esa irritación del Gobierno español o
del Partido Popular con este asunto?, ¿cuál es el problema de fondo?
El problema de fondo es claro: que ésta ha sido una decisión tomada
en un momento determinado por el Parlamento vasco, donde hay mayoría
nacionalista. Ese es el problema. Todo esto es lo que está llevando a
esta acción deliberada del Partido Popular contra las decisiones del
Parlamento vasco; contra
ésta y contra cualquier otra. ¿Por qué? Porque son decisiones tomadas
por una mayoría del Parlamento vasco que es nacionalista, ni más ni
menos. Desgraciadamente, este asunto se está utilizando políticamente
de forma deliberada para consumo en época de precampaña.
Termino diciendo lo que decía al principio. Podía haber expresado
muchas más razones por las cuales queda claro que no existen esos
problemas de diplomacia internacional, pero, como digo, para mí han
sido muy elocuentes las intervenciones del secretario de Estado, por
la que veo que no hay ningún problema en las relaciones españolas, y
del portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía, y perdóneme por mi error
al identificarle, seguramente debido a que es la primera vez que
viene a esta Comisión. Estoy seguro de que la próxima vez no cometeré
ese error.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Cuando hablamos de la decisión adoptada por el
Parlamento vasco de posibilitar la reunión del Parlamento kurdo en el
exilio, no tenemos que olvidar en qué ámbito institucional español se
toma esa decisión. Estamos hablando de un parlamento autonómico.
Dentro de las distintas autonomías que tiene nuestro Estado, estamos
hablando de una de las nacionalidades históricas que tiene este país,
y subrayo la palabra nacionalidades, que no necesariamente son
nacionalistas. Las nacionalidades, dentro de esa pluralidad social
que tiene Euskadi, abarcan absolutamente todas las opciones
políticas. No debemos olvidar esta cuestión y, a partir de ahí,
entender la especial sensibilidad que se tiene desde ese parlamento,
y quizá también desde otros parlamentos nacionales, sobre la
situación en la que viven algunos de los pueblos sin Estado que hay
en el mundo.
En concreto, todo esto tiene una especial significación por cuanto
que este Parlamento ha tenido una relación regular con distintos
pueblos del inundo. Como ya se ha mencionado, allí ha intervenido y
ha tenido reuniones al más alto nivel el presidente del Frente
Polisario, ha intervenido el Dalai Lama, al que no sólo se le ha
prestado el Parlamento para una reunión, sino que en el orden del día
de una sesión parlamentaría ha habido un punto en el que se incluía
la intervención, repito del Dalai Lama, con honores prácticamente
similares a los de un jefe de Estado. Es decir, que hay una tradición
de especial preocupación del Parlamento vasco por la situación en la
que se encuentran distintos pueblos del mundo y también hay una
especial sensibilización por la trayectoria, por el pasado, presente
y futuro del pueblo kurdo. Por tanto, se está prestando la sede del
Parlamento vasco para una reunión de unos representantes de los
kurdos en el exilio, porque los kurdos, en Turquía no tienen
representantes institucionales. La famosa «democracia turca» -entre
comillas- impide a los kurdos tener parlamentarios. Apesar de que en
todas las regiones kurdas de Turquía son mayoría absoluta y en
algunas de las regiones suponen prácticamente el 90 por ciento de los
votos escrutados, de los votos válidos, eso significa no tener
representación. Democracia, país aliado, como nos recuerda
permanentemente el Gobierno, y, como país aliado,
miembro de la OTAN y solidario con nosotros en la política de defensa
común, el pueblo kurdo de Turquía no tiene representantes
institucionales. Por cierto, en las ocasiones en las que los ha
tenido -antes de la modificación de la ley electoral para que la
circunscripción sea la de todo el Estado y el 5 por ciento de
resultados mínimos pase al 10 por ciento para evitar esa
repreesentación-, los diputados que ha habido de procedencia kurda
han rellenado regularmente las cárceles de Turquía. En estos
momentos, Leyla Zana, premio Sajarov de derechos humanos, una ex
diputada de Hader, partido kurdo, permanece encarcelada bajo la
acusación de separatismo.
Así como el señor Robles Fraga no se cansa de llamar a los kurdos
terroristas, yo tampoco me voy a cansar de intentar romper esa
vinculación y quiero subrayar que los kurdos no son terroristas;
habrá kurdos terroristas, pero eso no tiene nada que ver con la
necesidad de dar una solución política al pueblo kurdo. Por tanto, el
hecho de que se envicie el discurso alrededor de kurdo-terrorista,
rompe la razón, el derecho de ese pueblo a reivindicar un tratamiento
democrático, justo, conforme al derecho humanitario internacional de
lo que son sus demandas. Por eso, creemos que es fundamental que
donde hay una representación política de los kurdos se les deje una
línea de actuación política, no terrorista, y en la línea en la que
la misma Unión Europea hizo su comunicado de marzo de este año, de
que los legítimos intereses kurdos se deben expresar por la vía
política y no por la violencia, cuestión que nosotros subrayamos y
creemos que es fundamental -todo lo que se aleje de este principio va
a hacer imposible el desarrollo de esas legítimas reivindicaciones-,
el Parlamento vasco ofrece, en concordancia -insisto- con la Unión
Europea, una salida, una línea política de expresión de los
representantes de los kurdos en el exilio.
Tengo que recordar que este Parlamento se ha reunido en vanos países
de la Unión Europea y en algunos que no son de la Unión Europea pero
son de Europa y, desde luego, eso no ha imposibilitado en ningún
momento la relación económica y política entre esos países y Turquía.
Turquía sabe perfectamente cuál es la posición de la Unión Europea,
el órgano multilateral en que España se encuentra en estos momentos;
sabe cuál es la posición de la Unión Europea respecto a su actitud
sobre los derechos humanos y el tratamiento de la minoría kurda y,
por tanto, eso no debe aislarse de esas relaciones naturales que
Turquía pretende alcanzar en el ámbito de la Unión Europea. Si quiere
que la Unión Europea sea su socia, evidentemente tiene que tener
asumido, interiorizado cuál es el discurso de la Unión Europea sobre
sus actuaciones internas.
Por consiguiente, yo incorporaría una de las frases con la que el
Gobierno del Partido Popular me respondió a una pregunta relacionada
con este tema. Leo literalmente: La voluntad del Gobierno español es
considerar especialmente importante que Turquía favorezca la
actuación de portavoces que puedan canalizar parlamentariamente las
aspiraciones de la población kurda. Le recomiendo al Grupo
Parlamentario Popular que se alíe con la actitud del Gobierno y que
huya del discurso frentista contra representantes políticos de los
kurdos, no los terroristas, facilite esa reunión en el País Vasco o
donde sea y deje de criminalizar las legítimas
reivindicaciones del pueblo kurdo acusándolas de todos los males
habidos y por haber.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: Estamos hablando muchísimo sobre el pueblo kurdo,
pero hablamos poco de Turquía. Y este problema hay que enfocarlo
teniendo en cuenta la situación del pueblo turco. Turquía es una
sociedad muy compleja, que se debate con su propia historia. Una
historia en la que se pasó de un imperio en decadencia a un sistema
jacobino liderado por militares que impusieron el laicismo, y hablo
del laicismo porque es un tema clave en la política y en la cultura
turca. Es una sociedad laica que se debate hoy frente a problemas muy
serios de fundamentalismo, de integrismo, y eso le crea una gran
complejidad y una gran inestabilidad. Hay una situación política
interna compleja; por un lado, es un país extremadamente democrático,
hay un sistema de partidos políticos que funciona, pero, al mismo
tiempo, hay una presencia militar muy fuerte que domina gran parte de
la vida política y además hay terrorismo interno. De modo que no es
una sociedad compleja que pueda resolver sus problemas y que pueda
explicar su entidad con cuatro palabras.
No cabe duda de que el tema kurdo es fundamental, pero no sólo de
Turquía. El pueblo kurdo es un pueblo muy específico, que está
esparcido en varios Estados, y en cada Estado cumple funciones
diferentes. Por ejemplo, la minoría kurda del norte de Irak, aparte
de estar muy enfrentada desde sus diversas fracciones, cumple en este
momento un papel de apoyo a la política occidental contra Irak. Por
consiguiente, hay un pueblo kurdo en Irak, otro pueblo kurdo en Irán,
en Azerbaiján, en Armenia, etcétera.
El problema que plantea Turquía es si realmente es como los turcos
dicen, un país único, con una sola identidad, o bien necesita que se
reconozca una autonomía a los kurdos, que debería ser circunscrita a
Turquía. Ese es uno de los puntos clave del problema de la autonomía,
porque nadie puede garantizar que una autonomía dada al pueblo kurdo
en Turquía no se pueda convertir después en algo más que los propios
turcos no controlen. Sobre este aspecto generalmente se pasa página y
no se dice nada, pero no se pueden simplificar estos problemas y
decir que ahí están los malos, que son los turcos, y ahí están los
buenos, que son los kurdos. No hay buenos ni malos, son situaciones
diferentes, pero si no entendemos la estructura y los problemas
internos del pueblo turco, en este momento es muy difícil entender lo
que pueda pasar.
Desde las instancias europeas ese tema se analiza con mucha
intensidad, entre otras cosas porque en el complejo militar
internacional y en las complejidades de aquella zona Turquía
desempeña un papel muy importante desde el punto de vista militar. No
obstante en las organizaciones europeas se insiste muchísimo -y yo lo
comparto- en que es necesario abrir un camino que hasta ahora está
cerrado, por ejemplo, el de la autonomía del pueblo kurdo. Aquí es
donde vienen los escollos, porque yo no he visto ninguna fuerza
política turca, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda o
por lo menos hasta el socialismo queesté a favor de esto. Sin
embargo, insisten muchísimo en la
necesidad de mantener como sea un país centralizado y laico. De modo
que entrar en el terreno de la autonomía es importante, creo que
debemos presionar en ese sentido, pero definir una autonomía que sea
clara y limpia de un país llamado Turquía y sólo de Turquía y que
pueda convivir con el resto; esto es importante, sobre todo teniendo
en cuenta que hasta ahora la máxima expresión de la política
autonómica kurda ha sido el terrorismo.
Enfrentados ante el problema del integrismo, que es la principal
amenaza política del sistema turco, y ante la eventualidad de una
autonomía no controlable que hasta ahora se expresa, sobre todo, por
la vía terrorista -insisto- no es un problema fácil. Ni nosotros ni
nadie lo podemos resolver con cuatro frases, ni lo podemos resolver,
insisto, diciendo que ahí están los buenos y ahí los malos, es más
complejo. Cuando los turcos dicen que hay muchos kurdos en este
momento que están ocupando posiciones importantes en el sistema
político y social turco es verdad. Como decía el señor secretario de
Estado, el presidente del Parlamento en este momento es kurdo y no
sólo él.
Desde la comunidad internacional, en la que nosotros participamos, el
mensaje tendría que ser: avancen ustedes en la democratización,
porque les quedan muchos aspectos por resolver; avancen ustedes en la
concesión de una autonomía de verdad para el pueblo kurdo, avancen
ustedes en un claro desarrollo de los derechos humanos. En ese
sentido, conceptos básicos como son el de autonomía o el de la pena
de muerte exigen que haya una gran presión internacional.
Turquía no ha abolido todavía la pena de muerte en su legislación
penal, pero aplica una moratoria de no ejecución desde hace 15 años
-si no me equivoco desde 1984-. Por consiguiente, habrá que seguir
muy de cerca el caso de Abdalá Ocalan para que esto siga funcionando
así y, sobre todo, presionándole más para que acelere la reforma del
Código Penal, que ya está en marcha, puesto que si no me equivoco el
texto del nuevo Código Penal está ya en el Parlamento, para que quede
abolida definitivamente la pena de muerte que es una exigencia sine
qua non, por ejemplo, del Consejo de Europa. Estos puntos de vista
hemos de tenerlos en cuenta.
Entiendo perfectamente que los partidos y las formaciones
nacionalistas quieran hacer un gesto de apoyo a los kurdos, pero hay
dos problemas que quiero señalar. Uno es que el Parlamento kurdo no
es propiamente un parlamento, nadie lo ha elegido. Por consiguiente,
es una entidad que expresa una determinada tendencia dentro de la
emigración kurda y que tiene derecho a funcionar, sin ninguna clase
de dudas, pero no es una entidad parlamentaria en el sentido pleno de
la palabra. En cuanto al Parlamento vasco, entiendo perfectamente que
los partidos nacionalistas quieran hacer el gesto que han hecho, pero
sería más útil hacerlo ellos solos, por tanto, no utilizar un
Parlamento que es patrimonio de todas las fuerzas políticas, entre
ellas algunas que están en contra para no mezclar una cosa con otra.
Tienen perfecto derecho a que el llamado Parlamnento kurdo, con lo
que pueda tener de representatividad o no, pueda estar en el País
Vasco o donde quiera y moverse como quiera y organizar lo que quiera,
pero no es bueno mezclar las instituciones parlamentarias, porque se
produce una profunda división que al final desluce el intento de
aproximarse a ellos. (El señor Robles Fraga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, calculo que me pedirá la palabra
por alusiones.
El señor ROBLES FRAGA: Es solamente para despejar dos dudas.
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto, señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: El señor Zabalía ha hablado de mi agresividad.
Si eso es lo que él ha entendido de mis palabras o del tono de las
mismas, lo lamento. Luego me ha llamado elocuente, lo cual en sede
parlamentaria es un elogio. En cualquier caso, se han dicho dos cosas
que creo que no se corresponden con la verdad. En primer lugar, que a
mí me tiene sin cuidado el pueblo kurdo. Yo pertenezco a la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y soy miembro de la Comisión de
Asuntos Jurídicos de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y le
puedo asegurar que el respeto a los derechos humanos en cualquier
país miembro, incluyendo Turquía, es una de mis preocupaciones más
importantes en la vida pública. En segundo lugar, se ha dicho que yo
identifico a kurdos con terroristas. Eso es rigurosamente falso. Yo
no he dicho ni pienso semejante cosa. Sin embargo, sí creo que se
comete un grave error confundiendo a los turcos con un grupo que
practica el terrorismo o con el brazo político que justifica esa
práctica del terrorisimo.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): La saga del terrorista Ocalan, su
detención rocambolesca en Kenia y toda la atención que ha tenido en
los medios de comunicación la invitación del Parlamento vasco al
autoproclamado Parlamento kurdo en el exilio, han dado al tema kurdo
un protagonismo excesivo, quizá porque, de alguna manera, ha habido
deformaciones. Yo creo que siempre es bueno que los medios de
comunicación sacudan la conciencia de las sociedades y, en ese
sentido, esto ha sido bueno porque ha puesto el problema kurdo encima
de la mesa de muchas personas que ni siquiera tenían una conciencia
clara de lo que estaba pasando, pero también ha dado lugar a
confusiones y a deformaciones que, en una sede parlamentaria que
tiene el deber de hacer la reflexión sobre estos temas, precisamente
deberíamos evitar. El hecho de que se haya obtenido este protagonismo
no nos debe llevar a la confusión entre las cuestiones ligadas a la
detención del señor Ocalan, las acciones criminales -repito, acciones
criminales- del PKK y el problema de fondo. El portavoz del Partido
Popular, y también el portavoz del Partido Socialista, así como los
otros señores diputados que han intervenido, han hablado de las
legítimas aspiraciones de la población de origen kurdo, en Turquía y
en otros países, a mantener su identidad cultural y a que sus
derechos humanos sean respetados, que yo creo
que son dos derechos de base. Otras evoluciones -como las que nos
decía el señor Solé Tura- son deseables, pero de momento creo que la
aspiración míninia es el reconocimiento de la identidad cultural de
los kurdos como pueblo y que se respeten sus derechos humanos.
Si hacemos esta confusión, estamos convirtiendo al señor Ocalan y a
la organización PKK en víctimas y productos de la represión turca y,
nos estamos olvidando de las responsabilidades que tienen en una
violencia criminal que ha costado la vida a mucha gente: turcos,
kurdos y personas de otras nacionalidades. Cuando personalizamos en
el señor Ocalan las aspiraciones kurdas, yo creo que estamos
cometiendo un gravísimo error y una injusticia hacia el pueblo kurdo,
y esto lo quiero dejar muy claro porque esa es la posición del
Gobierno. Esta distinción que debe efectuarse entre, por una parte,
las aspiraciones de los kurdos y, por otra, los fines que persigue el
PKK es lo que ha determinado la posición del Gobierno español ante el
anuncio de que el autoproclamado Parlamento kurdo en el exilio se
reúna en la sede del Parlamento vasco. Esa es la clave. Este llamado
«Parlamento» -y, como hacía el señor Navas, abro y cierro comillas-,
pese a su nombre, no es una asamblea elegida, que pueda reclamar una
legitimidad democrática. Esta asamblea, el autoproclamado Parlamento
kurdo, lejos de acoger en su seno a la totalidad de las
organizaciones kurdas (no estoy hablando de la totalidad de los
kurdos, hablo de la totalidad de las organizaciones políticas que de
alguna manera están por ahí organizadas), es, simplemente, un grupo
de notables de una facción muy concreta de esas organizaciones.
Se ha hablado y se ha especulado sobre los intereses económicos y
políticos bilaterales que pudieran verse afectados por la citada
reunión. El Gobierno ha valorado los perjuicios que acarrearía para
nuestras relaciones bilaterales con Turquía el que se vaya a celebrar
la reunión propuesta en España, y créame, señor Zabalía, que no ha
sido tarea diplomática fácil el sujetar de momento reacciones que
podían haber tenido consecuencias muy negativas para los intereses de
todos los españoles, incluidos los vascos. De momento, usted dice que
aquí no pasa nada y yo simplemente quiero decirle que una de las
razones por las que estamos en una situación de relativa normalidad
es porque el Gobierno, y su diplomacia, han tenido que desplegar
todos los medios que tienen a su alcance para tratar de limitar esa
reacción que en otros casos ha sido absolutamente terrible contra
otros países. Estos perjuicios no son solamente económicos; no crea
usted que aquí estamos hablando únicamente del comercio. Para España,
Turquía es un país mediterráneo, es un país amigo, es un país con el
que compartimos una alianza militar, con el que aspiramos a compartir
el que sea miembro, algún día, de la Unión Europea y, desde luego,
con el que hemos mantenido y mantenemos ahora excelentes relaciones
de amistad.
Quiero decir, señor Zabalía (usted dice que no me ha escuchado, pero
escúcheme ahora), que lo que ha motivado principalmente la posición
del Gobierno ante el anuncio de esta invitación es la estrecha
vinculación de este autoproclamado Parlamento con el PKK, responsable
de numerosos atentados terroristas, tanto en Turquía como en los
Estados de la Unión Europea. Este Parlamento está controlado por el
Frente Nacional de Liberación del Kurdistán,
ERNK, brazo político del PKK. La fundación de esta Asamblea kurda y
sus posteriores reuniones se enmarcan en una estrategia, que el
Gobierno español rechaza, de legitimar las acciones terroristas del
PKK. La celebración en España de una reunión, de una asamblea de este
tipo supondría que una institución pública de la relevancia de un
parlamento autonómico, que además es de todos -como decía el señor
Solé Tura-, invite a un grupo que sigue justificando la violencia
política como objetivo. El Parlamento vasco, si consuma esta
invitación, va a servir de caja de resonancia de una más o menos
directa apología del terrorismo, que estaría presente en todo caso en
cualquier tipo de debate, dadas las características del Parlamento
kurdo en el exilio y del PKK.
Sabemos que esta asamblea se ha reunido en otros países europeos. En
ninguno de ellos ha sido bienvenida por parte de los gobiernos ni ha
sido invitada por ninguna institución pública. En su última reunión
en Roma no fue el Parlamento italiano el que invitó al Parlamento
kurdo en el exilio, sino un grupo de diputados a título individual, y
no me voy a extender sobre las consecuencias que eso tuvo en las
relaciones de Italia con Turquía y la dificilísima situación en la
que se encontró el Gobierno italiano frente a sus socios y frente a
Turquía.
Por último, simplemente diré que por respeto a figuras políticas con
las cuales yo, personalmente, tengo una cierta consideración, me
parece que equiparar al Dalai Lama con el PKK y el señor Ocalan raya
en lo insólito, lo mismo que comparar al PKK, con todos los respetos,
con el Frente Polisario. Por tanto, quisiera dejar, por lo menos a
nivel personal, constancia de mi sorpresa de que se hayan hecho ese
tipo de afirmaciones.
El señor PRESIDENTE: Va a haber un turno de réplica, por un tiempo
limitado, naturalmente, para todos los grupos.
En el mismo orden, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En esta segunda intervención del
secretario de Estado, y con las manifestaciones que se han sucedido,
me gustaría dejar claro -voy a empezar por el final- que yo no he
comparado nada. Simplemente, en la cuestión relativa a aspectos de
competencia de política internacional o a aspectos externos, he hecho
alusión a otros casos en los que ha habido divergencias en cuanto a
las intervenciones de uno u otro. No he hecho ninguna comparación,
repito, ni para un lado ni para otro. Si me he explicado
incorrectamente, ruego se clarifique, no hay ninguna comparación.
En segundo lugar, yo diría que somos perfectamente conscientes, en
cuanto a formación política que ha adoptado determinadas decisiones
en el Parlamento vasco, quién es el PKK, quién es el denominado ERNK,
quién es el pueblo kurdo y quiénes son los diferentes movimientos
políticos, y no estamos para nada haciendo una uniformización de
todos ellos.
Como SS.SS. saben, nosotros siempre hemos rechazado, por activa y por
pasiva, cualquier ejercicio de la violencia, porque además de los
sufrimientos humanos no es bueno en política, ni aquí ni en ningún
lado. Por tanto, que
quede bien claro. Ni pretendemos con ningún tipo de decisión
reivindicar, proteger o no sabría cómo señalar este tipo de
cuestiones.
Se dice que la Asamblea kurda no es tal asamblea. Es cierto. También
habría que pensar por qué no es tal asamblea, porque lógicamente no
se puede votar a una asamblea que está en el exilio, y están en el
exilio porque muchas de esas personas, de esos diez diputados
individuales o representantes de los dieciocho partidos que conforman
la Asamblea kurda han sido diputados elegidos originariamente,
y luego ilegalizados, si me permiten la expresión, con lo cual yo creo
que no es una asamblea, como nos gustaría, pero quizás también hay
que decir el porqué no lo es y el porqué no puede ser. Yo creo que
eso es muy importante.
Me limitaría a decir que cuando antaño, en la época de la dictadura,
a personas en el exilio también les hubieran podido hacer la misma
alusión; era verdad. Pero también es cierto que en esta vida hay que
decir el porqué es así. Nosotros estaríamos encantados de que en ese
Parlamento kurdo estuviesen los verdaderos representantes, pero hasta
este momento no tenemos más opciones que las que hay.
En cualquier caso, señalaría una cuestión, y es que nos gustaría el
mayor consenso en todos los foros, en el Parlamento vasco y en el
Congreso de los Diputados, así como en otros foros parlamentarios.
Pero hay ocasiones que es imposible llegar a ese consenso, y hay
decisiones que tienen que ser por mayoría. Nosotros respetamos las
mayorías. Normalmente, aquí estamos en minoría, en otros lugares no
es así. Por eso, yo quería decir que lo que ha habido es una decisión
mayoritaria, que es posible que no se haya alcanzado el consenso,
pero es respetuosa por ser mayoritaria, y en democracia, que nosotros
separamos, mejores sistemas que el de las mayorías a lo mejor no se
pueden encontrar.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, tiene la palabra.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Desde el Grupo Parlamentario Vasco queremos
dejar claras dos cuestiones. Una, que lo que se está pretendiendo es
mezclar una decisión del Parlamento vasco con una acogida a
terroristas. Por lo visto todos estamos de acuerdo en que al pueblo
kurdo hay que respetarle sus derechos, hay que buscar una salida a
nivel internacional, el pueblo kurdo tiene unos problemas, pero no
debe de ser el problema que estamos analizando sino una decisión del
Parlamento vasco, que además es para acoger a terroristas.
Todo esto quiere decir, con perdón de SS.SS., que no tienen ni idea
de las relaciones que el Parlamento vasco ha tenido durante tantos
años con representantes del pueblo kurdo, no lo conocen y no tengo
tiempo de detallarlo. Pero a mí sí me gustaría que fuesen a las actas
del Parlamento vasco para ver las veces que, con otra composición
distinta de la actual, pero siempre por mayoría ha tomado decisiones
creo que las mayorías hay que respetarlas, porque si no se puede en
este momento presentar esa decisión porque hay una parte del
Parlmento vasco que no lo acepta y tienen que hacerlo fuera,
entonces, aquí, decisiones en el Parlamento español en que no estemos
de acuerdo las minorías,
tendrían que tomarlas fuera también del Parlamento. Aquí hay que
llevar un respeto a las mayorías, siempre, en todos los parlamentos.
Con lo anterior quiero decir que las relaciones que ha tenido el
Gobierno vasco, el Parlamento vasco con todos los representantes,
absolutamente con todos, de todas las fuerzas políticas, con
representantes del pueblo kurdo, con representantes de esta Asamblea
kurda en el exilio, han sido numerosísimas, y están ahí en las actas
del Parlamento. Pero es que, además, el Parlamento kurdo en el exilio
-que desgraciadamente tiene que ser en el exilio porque no puede ser
de otra forma- no es el PKK exclusivamente. El PKK puede ser
representantes de un brazo armado, de un grupo, pero el Parlamento
kurdo en el exilio, que se constituyó en La Haya en el año 1995, está
integrado por cuatro partidos, por representantes de comunidades
religiosas, por asociaciones, por sindicatos, por organizaciones de
periodistas, por mujeres, hasta 65 escaños. ¿Que no es la
representación de todo el pueblo kurdo? Lógicamente, como creo que
ningún partido que hemos estado en el exilio hemos podido tener
representaciones de todo el pueblo en aquel momento, ni el español ni
el vasco en su momento. Por tanto, no vayamos a hacer análisis,
porque esos análisis igual nos iban a llevar a situaciones que a
nadie le gustaría ahora comentar.
Aquí, esta decisión del Parlamento vasco es una decisión que no es
puntual, que está tomada durante muchos años, las relaciones del
Parlamento vasco son muy antiguas con el pueblo kurdo, y todos
ustedes han estado de acuerdo con esas relaciones, todos los grupos
parlamentarios, y desde luego no es cuestión de acoger a ningún
terrorista. Parece mentira que ustedes pongan en cuestión ahora cuál
es la opinión de los partidos nacionalistas democráticos vascos con
respecto al terrorismo, y desde luego esta mezcla interesada que
están haciendo no favorece para nada no sólo al pueblo kurdo sino a
otras situaciones que en estos momentos podemos tener.
Por tanto, que queden claras estas dos cosas. Aquí no se está
hablando de un problema puntual de recibir al PKK, esto es algo que
viene tradicionalmente ya establecido en las relaciones entre el
Parlamento y el Gobierno vasco con el Parlamento kurdo en el exilio,
y desde luego nosotros no venimos aquí a dar cabida a ningún
terrorista de ningún país.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Está bien, incluso es saludable, que
discrepemos en los posicionamientos de los distintos grupos, del
Gobierno con los distintos grupos, lo que ya no viene a ser una pauta
de comportamiento normal en la Comisión es que el Gobierno ponga en
boca de la oposición expresiones, ideas que no ha pronunciado. En
ningún momento la referencia a las anteriores celebraciones en la
sede parlamentaria vasca de intervenciones, recepciones, reuniones de
representantes de minorías que están asentadas en otros países
suponía hacer una comparación entre ellos. Ahora me permito subrayar
la coincidencia que hay entre las distintas comparecencias que se han
celebrado enel Parlamento vasco respecto a las justas
reivindicaciones
del pueblo tibetano en relación con la intransigencia y la ocupación
de China; tienen un eco, una resonancia y una presencia en el
Parlamento vasco las justas reivindicaciones del Frente Polisario,
con su presidente, para poder desarrollar su referéndum de
autodeterminación; y las justas reivindiaciones del pueblo kurdo, que
sólo se pueden vehicular en estos momentos por este Parlamento en el
exilio, que no está hecho exclusivamente por exiliados, sino por
kurdos que viven fuera de Turquía y que, por la situación económica
que se vive en ese país, no sólo de política, se ven obligados a
tenerse que desplazar a otros países en los que sí hay una
posibilidad real de hacer ese proceso electoral tan sui géneris -y
subrayo sui géneris porque no puede ser de otra forma- respecto a la
posibilidad de tener una interlocución política, porque repito que la
única solución al problema kurdo es mediante una salida política, y
la salida política no puede ser entre personas ajenas a los propios
kurdos. Los kurdos van a tener que vehicularse política e
institucionalmente de alguna forma y, hoy por hoy, la única
posibilidad de una representación institucional sui generis es el
Parlamento kurdo. En el Parlamento vasco lo que se va a celebrar es
una reunión del Parlamento kurdo en el exilio, que no deja de ser más
que una expresión de una voluntad política. Estamos haciendo hincapié
en que lo que quiere la Unión Europea y también de alguna forma lo
que desea el Gobierno español: que esa solución se dé mediante estas
vías y el rechazo absoluto a cualquier violencia, a cualquier acto
terrorista que se haga en nombre de estos ideales. Porque eso, como
he dicho antes, lo único que va a provocar es el alejamiento de todos
los que rechazamos esos métodos para defender cualquier ideal
político.
El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: Voy a ser muy breve, sólo voy a insistir en lo
que antes he dicho.
No podemos abordar el problema kurdo sólo como problema kurdo, sino
que tenemos que abordarlo en función del desarrollo democrático de
Turquía. Cualquier línea que nos desvíe de este esquema y acabe
creando dos entidades enfrentadas en las cuales nosotros nos ponemos
al lado de una o al lado de la otra, es falso y conduce a una pésima
solución. La autonomía kurda sólo se alcanzará si al mismo tiempo
conseguimos que aumente el nivel democrático de Turquía y, por
consiguiente, que desaparezcan las amenazas a la democracia, sea el
integrismo por un lado, sea el terrorismo por el otro.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Cualquier propuesta democráticamente
presentada y defendida en un debate es perfectamente legítima y
razonable; sin embargo, si hablamos de las consecuencias que tiene
para España la decisión del Parlamento autónomo vasco de ceder su
sede al autodenominado Parlamento kurdo en el exilio, habrá que
leerse los documentos y los debates. El problema es que cuando se
habla del PKK, de su brazo político o del Parlamento kurdo en el
exilio, quienes proponen, quienes defienden, confundiendo el debate
general sobre el pueblo kurdo, la situación en Turquía, los derechos
humanos, el respeto a
las minorías, etcétera, con las actividades y la estrategia de esta
organización concreta, se olvidan en todos y cada uno de sus
documentos y propuestas -y me refiero al texto del documento por el
que finalmente se aprobó en el Parlamento vasco la cesión de su muy
venerable sede- de condenar el terrorismo del PKK. Y naturalmente,
cualquier análisis de la cuestión de los kurdos en Turquía debe
pasar, desde el punto de vista europeo y democrático, por una condena
del terrorismo en todas sus formas y, muy especialmente, del PKK,
organización criminal internacional responsable de delitos de toda
especie; organización que ha decidido utilizar la violencia
indiscriminada contra civiles, los asesinatos de maestros, las bombas
a centros comerciales, con resultados de numerosas muertes inocentes,
como método de acción política. Mientras no se incluya esa explícita
y expresa condena al terrorismo del PKK cualquier otra consideración
sobra.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Seré muy breve.
Estamos en este debate de nuevo ante la confusión, que yo había
mencionado desde el principio, entre los legítimos derechos del
pueblo kurdo y el hecho de que quien ahora se arroga su
representación no es otra cosa que el brazo político de una
organización terrorista llamada PKK. Lamento que haya habido una
confusión y pido mis disculpas a la señora Lasagabaster y al señor
Navas, pero lo que reprocho es que pongan en el mismo grado de
comparación, al mismo nivel representantes tan dignos de causas tan
importantes como es el Dalai Lama, de la causa tibetana, o el señor
Abdelaziz, de la causa del Frente Polisario, con unos señores que
representarán la causa del pueblo kurdo, pero su estilo de
representarla, que es el terrorismo activo, no es precisamente la
mejor tarjeta de representación política en el mundo en el que
vivimos y, desde luego, es totalmente rechazable por el Gobierno
español. No se hagan ilusiones, este autoproclamado Parlamento kurdo
está controlado por el Frente Nacional de Liberación del Kurdistán,
que es el brazo político del PKK. Una institución pública de la
relevancia de un Parlamento autonómico invita a ese grupo y
proporciona su sede a ese Parlamento, que es de todas las fuerzas
políticas que están ahí, no solamente de la mayoría nacionalista. Si
la mayoría nacionalista quiere darle esa caja de resonancia al brazo
político del PKK, que lo haga en el foro que quiera, pero el
Parlamento vasco no solamente es de las mayorías nacionalistas, es de
todas las fuerzas políticas representadas en ese Parlamento, como
decía el señor Solé Tura, y hay muchas fuerzas políticas en este país
-desde luego, entre ellas, el Partido Popular que está en el
Gobierno- que no desean que una institución autonómica sirva de caja
de resonancia política a una organización que no es más que el brazo
político de una banda terrorista autora de crímenes contra los
propios kurdos y contra otros muchos ciudadanos de otras
nacionalidades, para conseguir sus fines políticos, que es el PKK.
Esa es la posición del Gobierno y a mí me gustaría que constara en
acta que es precisamente eso lo que el Gobierno no desea, que al
brazo político de una rama terrorista se
le dé una caja de resonancia y de proyección política en un
Parlamento autonómico que no es solamente de las fuerzas
nacionalistas que tienen mayoría, sino de todas las fuerzas políticas
que están representadas en el País Vasco. (El señor Zabalia Lezamiz
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido el examen del II punto del orden
del día. Señor Zabalia, ahora sí hemos concluido.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Es para hacer una precisión, si no el
secretario de Estado va a dejar constancia en el «Diario de Sesiones»
de que ha confundido el Parlamento kurdo con el Parlamento vasco. Yo
creo que el inconsciente le ha traicionado. En cualquier caso, es
para que conste. Yo creo interpretarle, porque, si no, tendría que
preguntarle si cuando hablaba del Parlamento vasco quería decir
Parlamento kurdo.
El señor PRESIDENTE: El magnífico equipo de taquígrafos que tiene
esta casa, siempre se ocupa de ese tipo de errores, que son evidentes
errores de hecho y sin más trascendencia.
El señor Alcaraz, integrante del Grupo Mixto, me ha pedido que se
aplace la consideración del punto tercero, de ese pregunta, hasta que
pueda volver de sus otras ocupaciones en otras comisiones y así lo
haremos.
Como antes les indicaba, los puntos 4, 5, 6 y 7 han sido retirados.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR NAVAS AMORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA INCLUSIÓN
DE COLOMBIA EN LA PRÓXIMA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, QUE SE
CELEBRARÁ EN GINEBRA EN EL MES DE MARZO DE 1999. (Número de
expediente 181/002285.)
El señor PRESIDENTE: Tenemos la pregunta número 8, del señor Navas,
sobre la posición del Gobierno acerca de la inclusión de Colombia en
la próxima Comisión de Derechos Humanos.
Es evidente que he utilizado mis poderes presidenciales con una
cierta laxitud, ahora volveré a los tiempos estrictos. Pediría al
señor Navas y al señor secretario de Estado que recordaran que las
preguntas tienen un tiempo total, entre el preguntante y el que
responde, de cinco minutos.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: La doy por formulada en los términos en los
que está recogida en el acta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): La Comisión de Derechos
Humanos estableció hace ya dos años una oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el mandato de
prestar asistencia técnica al Gobierno colombiano en los esfuerzos de
éste por mejorar la situación de los derechos humanos en el país,
recibir comunicaciones de particulares sobre posibles violaciones,
excitando, en su caso, el celo de los poderes públicos para la
protección y compensación de dichos particulares y, por fin,
supervisar la situación e informar a la propia Comisión sobre su
evolución.
La iniciativa de este esquema partió de la Unión Europea, que elaboró
el oportuno proyecto de decisión, en consulta con una delegación
colombiana y España tuvo una participación muy destacada en la
gestación y negociación de dicho proyecto. Como el diputado Navas
conoce, la primera titular de esa oficina fue una diplomática
española, la embajadora Almudena Mazarrasa, que ha dirigido la
oficina durante todo el primer período hasta finales del año pasado.
En aquel momento, la situación generalizada de violaciones de
derechos humanos por parte de los diferentes grupos armados había
desembocado en una situación caracterizada por ejecuciones
extrajudiciales, secuestros y detenciones arbitrarias, desapariciones
forzadas, en un clima de impunidad derivado de la impotencia del
Gobierno para hacer frente a estas amenazas al Estado de Derecho. El
propio Gobierno colombiano, consciente de esta situación, pidió
asistencia a Naciones Unidas y, como consecuencia, se culminó el
esquema que he descrito.
El Gobierno Samper, entre tanto, ha dejado paso al nuevo Gobierno del
presidente Pastrana, actualmente presente en España. Este nuevo
presidente ha hecho esfuerzos encomiables para mejorar la situación
de los derechos humanos y por atajar las causas de sus violaciones,
concentrándose en la negociación de acuerdos de paz con la guerrilla
y adoptando medidas legislativas para controlar la actuación de los
llamados grupos de autodefensa, cuya naturaleza es a veces
indistinguible de los grupos paramilitares.
Desafortunadamente, el nivel de violencia no ha descendido hasta
ahora ni tampoco el número de asesinatos, homicidios comunes y de
motivación política y ejecuciones extrajudiciales. El clima de
intimidación hacia los defensores de los derechos humanos continúa y
la reforma de la justicia aún necesita de un impulso muy decidido.
Aunque esta oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha
desarrollado una labor importante, en muchos casos con riesgos, de
momento no ha podido lograr ningún objetivo tangible. Hay que pensar
en qué es lo que hubiera pasado si no hubiera existido ese mediador,
esa oficina; pero la realidad es que la situación en este momento
sigue con un altísimo nivel de violencia. Es de esperar que las
nuevas iniciativas del Gobierno del presidente Pastrana lleven a una
mejora de la situación, pero naturalmente sabemos que esa mejora no
será innediata, tendrá que ser a medio, quizás a largo plazo, y en
esta evolución la labor de esa oficina del Alto Comisionado tendrá un
papel importante que jugar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: En el tiempo que le quede de intervención
quisiera que me contestase no sólo sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, sino sobre el auténtico sentido de la pregunta,
que es cuál va a ser la postura del Gobierno español en la casi a
punto de iniciarse ya Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en
relación con este mismo país.
Ayer tuvimos ocasión en esta Comisión de discutir sobre Colombia y de
aprobar por unanimidad una proposición no de ley en la que se recoge
claramente la voluntad de este Parlamento de mostrar nuestro apoyo,
nuestra solidaridad, nuestro deseo, nuestro ánimo al conjunto del
pueblo colombiano para superar el actual clima de violencia y
situarlo lógicamente en las lanzaderas del desarrollo económico,
social, profundización política, democrática y, en concreto, superar
el actual déficit, ya casi crónico, de violación permanente de los
derechos humanos. Ese ánimo lo mantendremos y ese consenso será
permanente en esta Comisión.
Tras señalar esto, ante esta realidad -yo coincido totalmente en el
análisis que usted ha hecho en esta intervención-, tenemos que seguir
insistiendo en la necesidad de progresar en los actuales déficit que
ya están perfectamente recogidos en distintos informes. Centrándome
también, como usted ha hecho, en la oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creo que el trabajo que ha
hecho es importantísimo; ya ayer recogimos en las conclusiones de la
proposición no de ley la necesidad de su continuidad. Pero sobre
todo, quiero subrayar la necesidad del cumplimiento de sus
recomendaciones; son recomendaciones pero, lógicamente también, son
peticiones que se hacen en base a ese conocimiento sobre el terreno
de cuál es la situación, la legalidad internacional humanitaria. Como
usted dice, hay medidas para aplicar en el corto, medio y largo
plazo.
Transcurridos ya varios meses de la toma de posesión del Gobierno del
señor Pastrana tengo el deber de evaluar ese período. Así como mi
voluntad de apoyar al Gobierno en su ánimo por superar estos déficit
es muy positiva, tengo que decir claramente que la evaluación que mi
grupo hace de lo conseguido hasta ahora es muy pequeña, muy escasa.
Creo que ha transcurrido tiempo suficiente para que el Gobierno
Pastrana pudiese presentar un resultado en acciones concretas -como
digo, las del corto plazo- que hiciese ver que el discurso de mejora
de su déficit se empieza a concretar. S.S. coincidirá conmigo en que
en Colombia, en reiteradas ocasiones, con distintos gobiernos, ya se
han producido discursos similares. Ningún presidente llega al
Gobierno de Colombia diciendo: No voy a hacer nada por los derechos
humanos, no voy a hacer nada por mejorar el conflicto interno, la
impunidad, etcétera. Nadie lo va a decir, nadie lo ha dicho. Por
tanto, no quisiéramos que este fuese un discurso más de los habidos
anteriormente.
Difícilmente se puede criticar alguna de las medidas que tiene
previsto el Gobierno para la solución del conflicto, porque están
pensadas, en cuanto a sus orígenes, para solucionar los problemas que
posibilitaron el levantamiento en armas; hacen un análisis concreto
de cuáles son las partes de la sociedad que más están sufriendo las
consecuencias del conflicto -usted ha enumerado prácticamente
todas-...
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, las preguntas son preguntas.
El señor NAVAS AMORES: Estoy totalmente de acuerdo. No tenía
conciencia del tiempo.
Nuestro grupo quiere manifestar que hasta que no se consigan
progresos sustanciales y se puedan visualizar en ese corto y medio
plazo propuestas concretas todavía debemos seguir manteniendo nuestro
esfuerzo por que el Gobierno colombiano, las autoridades colombianas,
puedan estar apoyadas y ayudadas por organizaciones como Naciones
Unidas en el objetivo de superan los actuales déficit de derechos
humanos que tiene el país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Telegráficamente, señor presidente.
En primer lugar, España, con sus socios de la Unión Europea, y en
contacto con la delegación colombiana, va a defender la renovación
del mandato de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos por un año más para que se la dote de los medios necesarios.
En segundo lugar, vamos a mantener nuestra presión amistosa, pero
presión, sobre el Gobierno colombiano. Ya se ha hecho con ocasión de
la vista del presidente Pastrana, que está dejando hoy Madrid.
Durante estos dos días, tanto el ministro Matutes como el presidente
español, y me consta que nuestro Jefe del Estado también, han
transmitido al Presidente Pastrana esa inquietud. Le estamos pidiendo
que hagan un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones de esta
oficina del Alto Comisionado y de la Comisión de Derechos Humanos.
Por otra parte, con los socios de la Unión Europea estamos trabajando
con respecto a la declaración del presidente de la Comisión de
Derechos Humanos. Naturalmente, el balance de los últimos años dista
de ser positivo, y eso se debe dejar bien claramente expuesto en esa
declaración. Como tenemos la convicción de que los esfuerzos del
Gobierno y de la sociedad colombiana, con la asistencia de la
comunidad internacional, pueden provocar actuaciones de toda índole
que deben abrir un futuro más esperanzador, queremos mandar un
mensaje de esperanza y de apoyo para que el Gobierno colombiano siga
en esa vía. No se puede soslayar la situación actual y se debe
denunciar pero, al mismo tiempo, debe darse un mensaje de esperanza.
Yo también coincido con el señor Navas en que hemos oído ese discurso
varias veces, pero esperemos que ésta sea la buena, porque nos parece
que el Gobierno Pastrana ha hecho ya algunos gestos muy
significativos, que tiene una determinación muy particular y una
legitimidad democrática más fuerte que la de su predecesor para
llevar a cabo todas estas reformas que son necesarias para el respeto
de los derechos humanos en Colombia.
-DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, SOBRE GARANTÍAS QUE HA
OBTENIDO EL GOBIERNO ESPAÑOL DEL GOBIERNO BRITÁNICO SOBRE LA
APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS VIGENTES SOBRE PESCA. (Número de
expediente 181/002237.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas todas ellas sobre
Gibraltar, de las que es autor el señor Estrella. Vamos a ir una a
una, porque es más sencillo.
Pregunta número 11, del señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Antes de darla por defendida tengo que
lamentar que no sea el ministro quien la conteste, porque en este
tema el ministro Matutes ha tenido un enorme protagonismo. Dentro del
Gobierno ha sido el que ha llevado la voz cantante -si se me permite
la expresión- y la solidaridad del Gobierno con el ministro Matutes,
si existe, es bastante silenciosa. Aprovecho la ocasión para decir
algo que me gustaría que se lo transmitiera el señor secretario de
Estado -yo se lo hubiera querido decir personalmente al ministro- y
es que nuestra solidaridad y nuestra plena confianza en su
honorabilidad personal, en su ejecutoria como comisario europeo ante
un informeen el que no ha podido ser escuchado, lo cual nos parece
absolutamente injusto.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): En primer lugar, debo agradecer esta
mención del diputado señor Estrella a la honorabilidad del ministro
de Asuntos Exteriores, sobre la cual personalmente no tengo ninguna
duda ni creo que la tenga nadie. Su responsabilidad en los temas
imputados se reduce únicamente a haber lanzado las iniciativas,
puesto que era imposible que los programas que se empezaron en
octubre de 1992 y muchos de los proyectos de 1993 pudieran ser
evaluados en su mandato, puesto que se necesita un año de proyecto
piloto para que puedan ser evaluados. Creo que tampoco se le pueden
hacer reproches al comisario español que le siguió en su quehacer al
frente de la política mediterránea. Lo único que debe quedar de
manifiesto en nuestra patria y en esta Comisión de Asuntos Exteriores
es el mérito que han tenido tanto el comisario Matutes como el
comisario Marín en poner la política mediterránea a un nivel que
nunca tuvo en las relaciones exteriores de la Unión Europea.
Ahora se trata de contestar la primera pregunta...
El señor PRESIDENTE: Versa sobre garantías que ha obtenido e Gobierno
español del Gobierno británico sobre la aplicación de los acuerdos
vigentes sobre pesca.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): El 5 de octubre de 1998, los ministros de
Asuntos Exteriores ratificaron en Luxemburgo un acuerdo sobre pesca,
en las aguas próximas a la colonia, que posteriormente fue
confirmnado por el presidente del Gobierno y el primer ministro
británico, señor Blair, en el encuentro que tuvieron en Londres el 2
de noviembre.
Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos solicitado al Reino
Unido que diera garantías de que había que respetar este acuerdo. La
última vez que pedimos dichas garantías fue el 29 de enero, dos días
después del apresamiento del Piraña. Ese día, el ministro de Asuntos
Exteriores llamó al ministro Cook para urgirle que públicamente
reconociera de manera inequívoca, la existencia del acuerdo hispano-
británico y manifestara su voluntad de cumplirlo. El comunicado
británico llegó al día siguiente, como S.S. recordará, pero en unos
términos muy distintos a los pedidos por España. En síntesis, se
limitaba a solicitar la vuelta a una situación de armonía en el Peñón
y, respecto del acuerdo de octubre, se manifestaba en términos
ambiguos y, desde luego, no satisfactorios. En suma, el
comportamiento de las autoridades británicas durante toda la crisis
pesquera no ha sido satisfactorio dada ambigüedad de sus mensajes, no
solamente los que han hecho llegar a la colonia, sino también su
falta de voluntad para hacer cumplir en la colonia de Gibraltar el
acuerdo al que se llegó con España el pasado 5 de octubre.
En este contexto, el señor Caruana ha hecho y deshecho a su antojo,
como todos sabemos. Ignoró el acuerdo hispano- británico, continuó
con la política de hostigamiento a nuestro sector pesquero y, llegado
el momento, no dudó en negociar personalmente y suscribir un
entendimiento con nuestros pescadores. Se negó a que Londres le
impusiera un acuerdo en el que no había intervenido, pero no tuvo
reparos en suspender la aplicación de la ley gibraltareña, la Ley de
protección de la naturaleza de 1991, en el acuerdo al que llegó con
nuestros pescadores el 1 de febrero. (El señor vicepresidente, Milián
Mestre, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno español no puede reconocer oficialmente el acuerdo entre
Caruana y los pescadores, ya que afecta a cuestiones de la soberanía
entre el Reino Unido y España, en unas aguas en litigio sobre las que
no reconocemos jurisdicción al Reino Unido y mucho menos a Gibraltar,
que no es una entidad separada.
El ministro principal de la colonia tampoco puede erigirse en temas
de soberanía en interlocutor del Gobierno español, pues carece de
legitimidad para ello. En cualquier caso, y como ya he afirmado en
diferentes ocasiones, el Gobierno no obstaculiza la puesta en
aplicación de este arreglo si permite faenar a nuestros pescadores y
pone fin a la política de hostigamiento de la que han sido objeto los
barcos que tradicionalmente faenaban en el área.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): El señor Estrella tiene la
palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El secretario de Estado ha descrito los
hechos de una manera bastante ajustada.
He de señalar que la fórmula que se acordó -no suscribieron porque si
lo hubieran suscrito lo hubieran firmado y, desgraciadamente, no lo
firmaron- entre los dos ministros -el entendimiento o el acuerdo- era
muy positiva, muy imaginativa, porque eludía el componente de
soberanía y permitía que nuestros pescadores pudieran seguir faenando
como lo habían hecho históricamente.
Nos seguimos preguntando, señor secretario de Estado, por qué el
Gobierno, durante dos días, permitió que se produjera una negociación
entre los pescadores y el señor Caruana, que era evidente, si daba
resultados, nos colocaría en una situación en la que el señor Caruana
se convertía en garante de la posibilidad de que los pescadores
españoles pudieran faenar. ¿Por qué el Gobierno prometió, a través
del delegado del Gobierno en Andalucía, protección de la Guardia
Civil para al día siguiente decir que no iba a prestar tal
protección? ¿Por qué el Gobierno permitió, en definitiva, que los
pescadores se echaran en brazos de Caruana? No sé si fue error,
torpeza, falta de previsión o un acto deliberado.
Eso me lleva a una segunda reflexión. Probablemente -usted lo conoce
tan bien como yo-, el nudo gordiano que está en todo esto es un
choque de concepciones y de interpretaciones. España tiene una
posición clarísima en materia de soberanía, respaldada unánimemente
en esta Cámara y el Reino Unido tiene una posición que se basa en los
compromisos que entiende adquiridos con el pueblo gibraltareño a
través del preámbulo de la Constitución de 1969, por la transferencia
-por llamarlo de alguna manera- de responsabilidades o de
competencias que han realizado a esas autoridades.
La ausencia de una reflexión interna en el Reino Unido -y el ministro
lo ha puesto de manifiesto en alguna ocasión-, la ausencia de una
visión y de una información ajustada en los Comunes sobre cómo
acercar esas interpretaciones, que son absolutamente incompatibles
pero hay elementos que podrían acercarlas, nos ha llevado a que un
ministro incumpla su compromiso con otro ministro y eso parezca
coherente a los ojos de su Parlamento, porque entiende que está
obligado a que eso tenga el refrendo de las autoridades
gibraltareñas.
No sé, señor secretario de Estado -me gustaría conocerlo-, si el
Gobierno tiene conocimiento de que en estos días la Comisión de
Asuntos Exteriores de los Comunes ha iniciado una investigación sobre
Gibraltar. Porque esa falta de comunicación, esa falta de acceso, esa
incomprensión y desconocimiento en muchos casos del Parlamento
británico forma parte también de estas situaciones que llevan al
ministro británico a incumplir y a quedar como una persona que no es
creíble a los ojos de los ciudadanos españoles y de la opinión
pública española.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Señor presidente, muy brevemente, por las
limitaciones de tiempo. Mi respuesta es más un argumento dialéctico,
porque coincido plenamente con el señor Estrella en la apreciación de
este tema.
El señor Estrella conoce que no es la primera vez que el Gobierno
británico, jugando con el elemento gibraltareño, ignora acuerdos
soberana y legítimamente alcanzados con el Gobierno español. Ha
habido algunos casos, por ejemplo, el del aeropuerto, que se negoció
en el año 1987, como el señor Estrella conoce, que es un acuerdo
internacional no sólo negociado libremente y firmado, sino ratificado
por
los dos Parlamentos, el británico y el español, y no se ha aplicado
porque el Gobierno británico tiene aquí un juego muy sutil: dice
ejercer su soberanía sobre el territorio de Gibraltar, pero, al mismo
tiempo, pretende ir legitimando Gibraltar como una entidad separada,
porque le interesa que se vaya consolidando como una entidad separada
y, en nombre de la democracia, arroga a la Asamblea y al Gobierno
local de Gibraltar una cierta soberanía, entre comillas, para decidir
su propio destino. Nosotros no podemos estar de acuerdo, porque eso
es totalmente contrario a los principios básicos de esta relación,
que es el Tratado de Utrecht y a los principios consagrados por la
Asamblea General de Naciones Unidas respecto al futuro de este
territorio, que habla claramente de integración territorial y no de
autodeterminación. Por lo tanto, cualquier elemento que sirva para
consolidar esa entidad separada que pretende el Reino Unido, nosotros
la rechazamos de pleno.
Respecto a cómo el Gobierno español ha admitido que pueda haber un
acuerdo entre el Gobierno local de Gibraltar y los pescadores, el
Gobierno lo ha hecho con un espíritu positivo. A pesar de que es
absolutamente contrario a nuestra concepción general, si los
intereses de unos pobres pescadores, que son la parte más débil de la
cadena pero que estaban en juego, podían resolverse mediante un
arreglo que no tuviera estatuto pero quepor lo menos les permitiera
la convivencia y la continuación de sus faenas, estimamos que no
deberíamos llevar el rigor total de nuestra posición con Gibraltar
hasta el extremo de sacrificar los intereses de unos pobres
pescadores. El Gobierno ha permitido este arreglo y esperamos que
dure, pero naturalmente no nos sentimos vinculados por este arreglo
práctico y, en ningún caso, entre gobiernos porque el acuerdo entre
gobiernos sólo podría serlo entre el Reino Unido y España.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO SOBRE
LAFORMAEN QUE ELGOBIERNO VAAHACER PATENTE A LA POBLACIÓN GIBRALTAREÑA
QUE, COMO ESTADO DEMOCRÁTICO, NO PODEMOS CONCEBIR UNA SOLUCIÓN AL
PROBLEMADE LA SOBERANÍAQUE SEA IMPUESTAPOR LA FUERZASOBRE LAVOLUNTAD
DE LOS CIUDADANOS DE GIBRALTAR. (Número de expediente 181/002238.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): De nuevo, el señor Estrella
tiene la palabra para formular la pregunta número 12.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, el texto que aparece en
la pregunta es el siguiente. ¿De qué forma el Gobierno va a hacer
patente a la población gibraltareña que, como Estado democrático, no
podemos concebir una solución al problema de la soberanía que sea
impuesta por la fuerza sobre la voluntad de los ciudadanos de
Gibraltar? (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El secretario de Estado conoce perfectamente cuál es la procedencia
de esta frase, está en la declaración oficial del ministro de Asuntos
Exteriores en la reunión del proceso de Bruselas de Londres, de
diciembre de 1997, forma parte del conjunto del documento, y es
políticamente relevante y
está vinculado con el debate que teníamos anteriormente, sobre el
quería decirle que, si es eso lo que ha hecho el Gobierno, nos parece
irresponsable lo que antes ha dicho el secretario de Estado. Dejar
que se produzca un acuerdo para, a continuación, pasar a la más grave
crisis en nuestra democracia en la relación entre España y el Reino
Unido y que el ministro amenace con que no se va a ver con el
ministro británico si no es para que le devuelva la soberanía sobre
Gibraltar, es pasar a un escenario de mayor conflicto de una manera
bastante irresponsable; si fuera como el señor secretario de Estado
ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Voy a responder a la pregunta que S.S. me
ha formulado.
En torno a Gibraltar existen dos contenciosos de soberanía que
enfrentan a España con el Reino Unido: el contencioso de soberanía
sobre la zona sur del istmo, ocupado ilegalmente por los británicos a
lo largo del siglo XIX y el contencioso sobre la fortaleza y el Peñón
de Gibraltar, cedido por el Tratado de Utrecht. No hace falta decir
que la solución del contencioso de soberanía del istmo, ocupado
ilegalmente, debe ser su restitución, sin más, a España, sin que esta
cuestión pueda ser objeto de transacciones. En cuanto al Peñón y la
fortaleza, existe una doctrina clara y asentada de Naciones Unidas
basada en dos puntos. El primero, el problema de Gibraltar no es un
problema de autodeterminación de un grupo humano, sino de restitución
de la integridad de un territorio sobre el que se ha implantado una
colonia, por lo tanto, resolución 15.14.XV, principio de integración
territorial. Segundo, la descolonización del territorio debe lograrse
mediante conversaciones entre el Reino Unido y España, para alcanzar
una solución que tenga en cuenta los intereses de los actuales
habitantes del territorio.
De conformidad con esto, el ministro de Asuntos Exteriores realizó
una propuesta -la famosa propuesta Matutes-, en diciembre de 1997,
que tiene como objetivo proteger de manera adecuada los intereses de
los gibraltareños. La población, a la que se respetaría su lengua,
costumbres, cultura, instituciones pecuniarias y economía legítima,
puede seguir siendo británica o, si lo desea, española, proponiéndose
asimismo arbitrar la posibilidad de acceder a la doble nacionalidad
británica y española. Se ofrece también disponer, en el marco de la
Constitución española, de instituciones de autogobierno similares a
las que disfrutan nuestras comunidades autónomas que tienen el mayor
grado de autogobierno de cualquier otro gobierno autonómico en
Europa.
Los habitantes de Gibraltar, con todos sus derechos garantizados por
España y por el Reino Unido, no se verían afectados por la solución
de los contenciosos de soberanía territorial que le son ajenos.
Apesar de esto, se ha propuesto, con objeto de mantener la
vinculación con la corona británica, que al parecer desean conservar
muchos gibraltareños, un período de duración no definida, de
cosoberanía hispano-británica, es decir, si hubiera algún problema,
se
ha propuesto un largo período de transición sobre el territorio de
cosoberanía hispano-británica.
En resumen, está claro que para el Gobierno español existen unos
intereses perfectamente legítimos de la población, que estamos
dispuestos a proteger y garantizar, y en este sentido nunca nos hemos
opuesto al diálogo con los gibraltareños como sujetos de derechos
individuales. Ahora bien, los gibraltareños no tiene capacidad para
decidir acerca del futuro del territorio de Gibraltar, la soberanía
la ejerce el Reino Unido y ni el Tratado de Utrecht ni la doctrina
establecida por Naciones Unidas les permiten a esta población decidir
sobre su autodeterminación. No se trata, por tanto, de imponer una
solución a los habitantes de Gibraltar, sino de impedir que se les
siga utilizando como impedimento insalvable para alcanzar una
solución a unos contenciosos de soberanía territorial, sin tener en
cuenta que éstos conciernen exclusivamente a España y al Reino Unido,
que son los únicos sujetos de derecho internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Estoy totalmente de acuerdo con lo que
acaba de decir el señor secretario de Estado. Me da la impresión de
que el Gobierno británico, con las diferencias que existen en cuanto
a la importancia que ellos atribuyen al preámbulo de la llamada
Constitución de Gibraltar, que es una diferencia notable que nos
separa profundamente y un grave obstáculo, es partidario de la tesis
de que, incluso en su interpretación, no hay posibilidad de ejercicio
de autodeterminación que no sea para proceder a la integración en
España de Gibraltar. Incluso la interpretación, que evidentemente no
podemos compartir, del Gobiemo británico, le lleva a situarse en el
marco estricto del Tratado de Utrecht y le lleva por tanto a la
interpretación de que o bien Gibraltar permanece como una colonia o
bien se reintegra a España. Dentro de las divergencias, existen
algunos elementos comunes en la interpretación que usted ha dado y la
que el Gobierno británico hace, lo que a lo mejor haría falta es que
eso también fuese compartido por su Parlamento. De ahí mi pregunta
anterior sobre si usted conocía que se está produciendo en estas
fechas una investigación en la Cámara de los Comunes y si nuestra
Embajada en Londres le ha informado sobre el tema.
También quería decir que la frase que yo acabo de reproducir, que
figura en la declaración oficial del ministro, es plenamente
compatible con la posición tradicional de España de que no existe un
derecho individual de los gibraltareños desde la posición española,
pero que somos los primeros que queremos contemplar y proteger sus
intereses. Es otra manera de expresarlo, a lo mejor con un lenguaje
no excesivamente afortunado. Alguien debía haber leído quizá este
documento, parece ser que no lo hicieron, pero en eso no hay grandes
diferencias.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO,
SOBRE MANTENIMIENTO POR ELMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES QUE
GIBRALTAR
ES UN «NIDO DE CONTRABANDISTAS». (Número de expediente 181/002239.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): La pregunta es. ¿Mantiene el ministro de
Asuntos Exteriores que Gibraltar es un nido de contrabandistas? Desde
el Tratado de Utrecht, la colonia de Gibraltar ha estado siempre
envuelta en actividades de contrabando, tanto por tierra como por
mar; sólo los períodos de asedio durante el siglo XVIII constituyen
una limitación para las actividades contrabandistas. En la época
actual, esas actividades ilícitas se centran principalmente en el
tráfico de estupefacientes y en las actividades financieras
vinculadas al blanqueo de dinero. Aunque desde 1995 se registra una
mayor cooperación con el Reino Unido en la erradicación de estos
tráficos, los progresos que se han registrado en este campo han sido
hasta ahora insuficientes.
Gibraltar es base de organizaciones de contrabandistas que evitan los
controles establecidos en territorio español, dada la proximidad
existente. Además, las infraestructuras en Gibraltar, no sólo de
transportes sino las más importantes (financiera y de organización),
se utilizan también para el narcotráfico. Todo ello ha propiciado que
la colonia se vea involucrada por diversas vías en el problema del
contrabando narcotráfico. En primer lugar, hay participación activa
probada de ciudadanos gibraltareños en las organizaciones
contrabandistas y narcotraficantes. En segundo lugar, hay una
utilización del sistema financiero gibraltareño por dichas redes. No
debemos olvidar la existencia de sociedades exentas registradas en
Gibraltar en número de muchos miles que no sólo no pagan impuestos,
sino que además apenas se ven sometidas a controles eficaces en
cuanto al origen de sus capitales y a la utilización de sus bienes.
En tercer lugar, el puerto de Gibraltar se utiliza regularmente por
barcos dedicados al contrabando de narcotráfico; también se utiliza
Gibraltar como base desde la cual se planifican operaciones de
contrabando de narcotráfico.
El narcotráfico, prácticamente inexistente antes de 1990, es una
lacra casi imposible de erradicar. A pesar de las informaciones de
las autoridades de la colonia, se mantiene la implicación de
Gibraltar en este tipo de operaciones. Debemos destacar la magnitud
de los alijos capturados, así como el hecho de que la mayoría de las
embarcaciones implicadas son yates de recreo, y no precisamente esas
planeadoras que ya desaparecieron y que cuando lo hicieron las
autoridades británicas dijeron que ya se había erradicado el
contrabando en la colonia.
Durante los primeros 10 meses de 1998, se aprehendieron más de 35
toneladas de droga relacionada con Gibraltar, en las que se incluyen
cantidades significativas de cocaína y psicotrópicos de diseño. En
materia de blanqueo de dinero, en el segundo semestre de 1998 se
produjeron dos casos muy significativos que pusieron de manifiesto la
relación del centro financiero de la colonia con operaciones de
lavado de dinero procedentes del narcotráfico. Por lo
que respecta al tabaco, el caso más reciente de contrabando
relacionado directamente con Gibraltar se ha denominado operación
Carillón, que se ha llevado a cabo este mismo mes. El pasado día 8,
la Guardia Civil, con la colaboración de las policías de Portugal,
Italia, Irlanda y Reino Unido, han procedido a la inculpación de
cinco personas en España, entre las que se encuentran tres
gibraltareños y a la aprehensión de 700.000 cajetillas de tabaco de
contrabando.
Junto a este contrabando, que podríamos denominar profesional en
manos de bandas organizadas, hay otro contrabando cuyo volumen
económico es muy dificil de cuantificar, que es consecuencia del
abuso de la franquicia, abuso sistemático, reiterado y diario de la
franquicia, fundamentalmente de productos que se utilizan en estas
operaciones de franquicia, que son tabaco, alcohol y combustible.
Para conseguir la erradicación de estos tráficos estamos actuando en
este momento en una doble dirección, en primer lugar, poniendo fin a
la permisividad y tolerancia con Gibraltar -en esta línea se
inscriben rigurosos controles en la verja, controles que les recuerdo
a S.S. que la Comisión Europea considera totalmente legítimos-; y, en
segundo lugar, estamos tratando de terminar con la opacidad
financiera gibraltareña, que está en la raíz de estos tráficos. Por
eso estamos insistiendo tanto en que se traspongan y se hagan cumplir
todas las directivas que integran la legislación financiera y
societaria comunitaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El secretario de Estado ha hecho
referencia a los orígenes históricos del contrabando en Gibraltar.
Hay textos del siglo XVIII que hablan ya de las matuteras -una
expresión que, sin duda, le habrá costado alguna broma al ministro-,
que eran las mujeres de la parte española que pasaban la frontera
escondiendo contrabando entre sus ropas.
Estamos ante hechos de bastante más dimensión. No parece que el
contrabando actual esté llegando a través de la verja, no parece que
la verja sea el cauce de las grandes operaciones de contrabando.
Quiero decir una cosa: la historia parece demostrar que, desde que la
verja se abrió en 1982, se ha producido una cierta interdependencia
entre las dos partes, de ahí las consecuencias, a veces no buscadas,
que tiene la utilización de la verja como elemento de presión.
Yo no sé si estas operaciones de contrabando son específicas de
Gibraltar, pero es evidente que no ha habido hasta ahora diligencia
ni interés por parte de las autoridades gibraltareñas, ni lo hubo
tampoco en el momento en que se utilizaban las planeadoras. El
contrabando y la delincuencia van buscando siempre nuevos métodos,
con lo cual hay que seguir desarrollando también nuevas técnicas de
persecución. No sé si es homologable al caso de Andorra y a la gran
operación policial que se estableció, pero parece que losparaísos
fiscales favorece esta situación y cuando uno es fronterizo con
ellos, se produce. Creemos que hay que seguir con la investigación
dentro de España porque en muchas de esas operaciones están
implicados ciudadanos españoles.
Antes le he preguntado dos veces si conocía un informe que está
elaborando en el Parlamento británico una Comisión de investigación
que ha pedido incluso que se envíen memorándum. De su silencio
interpreto que no. Le querría preguntar si conoce el informe que
aprobó, en mayo del año pasado, el Public Account Committee, el
Comité de cuentas públicas de la Cámara de los Comunes, que aborda
algunas de estas cuestiones de las que estamos hablando en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): De mi silencio no deduzca, señoría, que
no conozco lo que pasa en el Parlamento británico sobre Gibraltar,
pero no me parece relevante mencionarlo porque, entre otras cosas, no
tengo más información que ésa; que hay una comisión de investigación
que está empezando a hablar de Gibraltar. No es nada extraordinario
que un parlamento lo haga, ni es la primera vez que lo ha hecho. Es
una iniciativa de diversos grupos políticos al reciente deterioro de
las relaciones y al problema de los controles. Es una especie de
reacción a la nueva actitud que está adoptando el Gobierno español
con respecto a Gibraltar de eliminar la permisividad.
No puedo decirle más de lo que sé, de lo que usted nos ha dicho a
todos los presentes. Creo que es bueno que todos tengamos aquí esa
información. Quizá en una posterior sesión, cuando tengamos más
conocimiento de lo que está pasando allí, podríamos compartir la
información con esta Cámara.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA PERSEGUIR INVERSIONES
ILÍCITAS REALIZADAS EN ESPAÑA DESDE GIBRALTAR. (Número de expediente
181/002240.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, medidas que ha adoptado el
Gobierno para perseguir inversiones ilícitas realizadas en España
desde Gibraltar.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Todo lo que se refiere al tema financiero
compete al Ministerio de Economía y Hacienda y a Interior. Con gran
respeto a las competencias de cada Ministerio, quiero decir que son
ellos los que tendrían que responder. Yo puedo responder a esta
Cámara diciendo que el Gobierno está impulsando la adopción de
medidas, tanto en el ámbito penal -no debemos olvidar que ciertas
conductas de blanqueo de dinero están tipificadas como delito- como
en el administrativo, velando por la estricta aplicación de la Ley
19/1993 y su reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 925/
1995, por los que se regulan diferentes medidas de prevención de
blanqueo de capitales. Esta regulación es consecuencia de la
exigencia
impuesta a los Estados miembros de la Unión por la Directiva 91/3808.
El Gobierno español ha llamado la atención al Reino Unido, y en
algunos casos lo ha denunciado ante la Comisión Europea, por la no
trasposición y la no aplicación de diversas directivas reguladoras de
la constitución de sociedades, presentación de cuentas,
representación, que afectan a estas sociedades opacas de Gibraltar,
cuyos estatutos en algunos casos permiten una opacidad que favorece
las inversiones ilícitas.
En otros terrenos, junto con nuestros socios europeos, el Gobierno
está luchando por la adopción de medidas fiscales, necesarias para
reducir los efectos nocivos de la competencia desleal que supone la
existencia de Gibraltar como paraíso fiscal y centro financiero
offshore, de carácter opaco, que, en nuestra opinión, parasita la
economía española, muy especialmente el entorno más cercano que es el
Campo de Gibraltar.
Las llamadas sociedades exentas, además de su favorable régimen
fiscal, suelen ser sociedades instrumentales que permiten a sus
accionistas escudarse detrás de testaferros. Por supuesto, no se
concede el estatus de sociedad exenta a las compañías que hacen
negocios en el Reino Unido y cuyos propietarios sean residentes en el
Reino Unido. Se concede precisamente a los no residentes en el Reino
Unido y para hacer negocios en un territorio que es fundamentalmente
español. España presenta periódicamente el problema de Gibraltar ante
los organismos internacionales dedicados a la prevención de blanqueo
de capitales, como es el caso de Interpol o del Grupo de Acción
Financiera Internacional, el famoso GAFI. Recientemente, España ha
ratificado el Convenio de Estrasburgo, de noviembre de 1990, relativo
al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del
delito. Ello nos proporciona un nuevo instrumento de cooperación
internacional en la lucha contra las inversiones ilícitas.
En suma, el verdadero problema estriba, como hemos resaltado siempre,
en la opacidad del entramado financiero de la colonia, que permite la
existencia de sociedades que en la práctica se convierten, como ha
denunciado el Banco de España, en auténticas cajas negras
susceptibles de recibir fondos de diversa procedencia, incluida la
evasión fiscal española -no nos olvidemos- para ser lavados en
inversiones en el extranjero y sirviendo, además, para efectuar pagos
en cualquier lugar del mundo y con cualquier finalidad, sea o no
delictiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Ha citado S.S. un documento del Banco de
España. Me imagino que no se refiere a uno reciente sino a uno de
1988. Nos gustaría tener algunos informes más recientes.
Ayer, en el debate de una proposición no de ley sobre Gibraltar, el
señor Guardans se refería en su intervención a la la necesidad de que
la Comisión pueda conocer en profundidad qué está haciendo el
Gobierno para perseguir, a través del Ministerio de Hacienda, del
Banco de España, de la Policía española, de la cooperación policial,
esos fraudes en lo que se refiere a las inversiones en España, pues
en muchos casos, como usted mismo señalaba, son inversiones
que proceden de España, pasan a Gibraltar y después vuelven a España.
Le he preguntado si conocía el informe del Public Account Committee,
que en su día hice llegar al entonces director general para Europa,
porque me parece relevante. Las irregularidades derivadas del estatus
especial de Gibraltar, del incumplimiento de directivas, no son sólo
una preocupación del Gobierno español y no puede escudarse el
Gobierno británico en que es sólo una preocupación del Gobierno
español porque es una responsabilidad exigida por una comisión
parlamentaria de los Comunes, en mayo del año pasado, donde denuncian
y señalan que hay una serie de incumplimientos de directivas y
recuerdan que es necesario poner en aplicación un paquete de
legislación que pueda ser compatible con los estándares
internacionales y medidas amplias para combatir el lavado de dinero
que se extiendan a todas las instituciones financieras. Eso lo dicen
los Comunes. El Gobierno español debería saber utilizar este
argumento para obtener una respuesta coherente, seria, creíble, del
Gobierno británico ante las reclamaciones que se están realizando
ahora por parte española.
Por no conocer, ni siquiera conocemos ninguna decisión que haya
adoptado esa comisión que ha creado el Gobierno. En el Campo de
Gibraltar están esperando inversiones y actuaciones para paliar la
crisis actual derivada de las decisiones del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Estoy totalmente de acuerdo con que esa
obligación de trasposición de directivas le compete al Gobierno
británico. Yo no conocía ese documento del que me habla el diputado,
pero es un documento público y está claro que exige al Gobierno
responsabilidades en la trasposición de directivas. El Gobierno
británico no ha tenido la suficiente diligencia no solamente respecto
a la trasposición sino también a la exigencia de cumplimiento. Por
utilizar una palabra muy característica del derecho anglosajón: no
basta con trasponer, lo importante es el enforeement. Lo hemos
repetido siempre en nuestros contactos con el Gobierno británico.
Con respecto a la comisión a la que S.S. alude, solamente puedo
decirle que es un grupo de coordinación. Sus decisiones tienen como
objetivo coordinar la política de todos los departamentos, alertar a
todos los departamentos sobre la necesidad de unir los esfuerzos en
todos los terrenos para tener una política coherente respecto a
Gibraltar. Además, desde cada uno de los departamentos y a la luz de
las informaciones que reciben de los demás, lograr soluciones,
objetivos, proyectos, que sirvan no solamente para un mayor
desarrollo del Campo de Gibraltar, como S. S. mencionaba, sino
también para atajar todos estos problemas, ejercer un control
efectivo sobre los tráficos ilícitos, las operaciones financieras,
etcétera. No se debe crear una falsa expectativa en el sentido de
que, inmediatamente después de una reunión, la comisión va a
encontrar soluciones al día siguiente. La verdad es que integrar una
política coherente sobre Gibraltar en todos sus aspectos requiere
mucha reflexión y un gran esfuerzo de coordinación. Los informes de
esta comisión se someten al Gobierno y es el Gobierno el que tiene
que tomar las medidas necesarias en el momento en que lo estime
oportuno. Lo único que quiero decirle es que el mensaje más claro que
sale del esfuerzo que está haciendo el Gobierno en este momento, es
que el Gobierno tiene la determinación de tener una política
coordinada, coherente y comprensiva de todos los temas que afectan a
Gibraltar. Esto redundará en beneficio de una mayor efectividad en
todos los campos, no sólo en el campo de creación de elementos
positivos sino también en el campo de control de actividades
ilícitas.
- POSIBILIDAD DE QUE EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES CONVIERTA SUS
PROPUESTAS DE DICIEMBRE DE 1997 SOBRE GIBRALTAR EN DOCUMENTO DE
TRABAJO. (Número de expediente 181/0002241.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, sobre posibilidad de que el
ministro de Asuntos Exteriores convierta sus propuestas de diciembre
de 1997 sobre Gibraltar en documento de trabajo.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Señor presidente, entiendo que al hacer
referencia a la conversión de la propuesta Matutes de diciembre de
1997 en documento de trabajo, se está refiriendo a considerar dichas
propuestas como un marco abierto para la negociación. Para la
resolución del contencioso de Gibraltar, España apuesta decididamente
por la negociación y el diálogo. En este sentido, en la última
reunión del proceso de Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores
presentó una oferta cuyas líneas generales son bien conocidas.
Por lo que respecta al régimen competencial, ya las he mencionado.
Los gibraltareños gozarían de un amplísimo régimen de autogobierno.
Se reconocerían los derechos y libertades demográficos enunciados en
la Constitución española y en la gibraltareña. Se protegería la
singularidad lingüística y cultural de Gibraltar y su peculiar
tradición jurisdiccional y se contemplarían las especialidades sobre
el régimen económico y fiscal. No existiría inconveniente en aceptar
las actuales características que se derivan de su régimen especial
dentro de la Unión Europea, siempre y cuando se diera pleno
cumplimiento a la normativa comunitaria.
Por lo que respecta al estatuto personal, los gibraltareños
mantendrían su nacionalidad británica, si lo prefirieran podrían
obtener la doble nacionalidad, o la española, si esa es su opción.
Como garantía de los gibraltareños habría un período transitorio en
el que la soberanía en cuestiones de defensa y relaciones
internacionales sería ejercida conjuntamente por España y el Reino
Unido, al final de cuyo período se completaría el traspaso a España.
El tiempo y las modalidades de este período transitorio así como la
posibilidad de estudiar otra fórmula similar estarían abiertas a
negociación.
Esta propuesta es un documento de trabajo ya en sí, y sobre todo es
un documento de trabajo abierto; no es una oferta cerrada, es un
punto de partida, un marco de negociación abierto a cualquier otra
sugerencia o contrapropuesta, puesto que nosotros queremos abrir una
vía de diálogo. Lamentamos que esa mano tendida al diálogo no haya
sido aceptada. La propuesta fue hecha con un deseo genuino y sincero
de dinamizar el proceso de Bruselas. Puesto que S.S. recuerda que la
Declaración de Bruselas es de 1984 -todavía con el ministro Morán-,
los británicos se comprometieron a avanzar en paralelo a los temas de
cooperación en cuestiones de soberanía. Hasta ahora, y han pasado
quince años, no se ha registrado ningún avance sustancial.
Precisamente para poner fin a esta situación de total estancamiento y
de inmovilismo el ministro Matutes se lanzó a presentar esta
propuesta en diciembre de 1997, con el deseo de tender una mano, de
abrir el diálogo y hacer avances en el espíritu del proceso de
evolucionar. Todos sabemos lo que ha pasado. La propuesta ha sido
rechazada de plano por el ministro principal Caruana, y por su parte
el Reino Unido y a pesar de la presión gibraltareña, ha mantenido la
propuesta sobre la mesa de negociaciones.
El Reino Unido continúa haciendo el juego del que hablábamos antes de
su autoimpuesta vinculación con los deseos de los gibraltareños que
asumió con la llamada Constitución de 1969. Nos parece que el Reino
Unido debería dejar de escudarse en la defensa de los deseos de los
gibraltareños, ya que el otorgamiento por el Reino Unido de esta
Constitución obedecía a un contexto histórico concreto que hoy está
totalmente superado.
No es el objetivo del Gobierno español que Gibraltar se constituya en
un permanente foco de tensión con crisis puntuales que como la
expreriencia nos demuestra son siempre de dificil gestión, como hemos
visto en los últimos meses. Nos parece que sería mucho más
constructivo que el Reino Unido diera una señal inequívoca de su
voluntad de negociar con España y con seriedad la solución del
contencioso, lo que nunca ha hecho hasta ahora. El Reino Unido
debería comprometerse en la búsqueda de una solución negociada que
satisfaga nuestros derechos legítimos y la propuesta Matutes
constituye un generoso punto de partida, para esta andadura y nos
parece un buen documento de trabajo en esta dirección. Redundaría en
beneficio de los gibraltareños, pues a largo plazo Gibraltar debe
comprender que no existe alternativa viable para la población de
Gibraltar que no pase por un entendimiento con España.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: La propuesta, como ha dicho el secretario
de Estado, es muy positiva y está bien planteada en términos
generales, y aunque pueda tener discrepancia con algún aspecto
específico, en términos generales es un desarrollo, una actualización
muy correcta de lo que en su día fueron las propuestas que hacía el
entonces ministro Fernando Morán. Que los británicos la tengan sobre
la mesa, sólo dice que no la han rechazado, pero sobre la mesa está
todavía un documento que hizo el entonces ministro Castiella que
también fue aceptado para su consideración; o sea que eso no sirve de
mucho.
Hay algo importante en lo que ha dicho el señor secretario de Estado
y es esa noción de cierto paralelismo entre cooperación y abordar las
cuestiones de soberanía, paralelismo que entiendo no tiene por qué
ser estrictamente simétrico. Cabría aceptar algunas asimetrías, una
cierta geometría variable, partiendo de la base de que la soberanía
al final hay que abordarla y que es inaceptable cualquier cambio en
el statu quo actual de la colonia, incluido un intento de ir haciendo
ejercicio del derecho a la autodeterminación con la excusa de que
Gibraltar deje de ser menos colonia siendo más británica. Ahí el
Grupo Socialista va a estar absolutamente en contra, creemos que
junto con el Gobierno, estoy completamente seguro de ello. ¿Por qué
planteo que la propuesta del ministro Matutes se convierta en
documento de trabajo o se dé el mensaje de que es básicamente un
documento de trabajo? Usted ha hecho ese ejercicio hoy. Lo planteo
porque con todo lo bueno que tenía, el único elemento negativo fue
que al ser entendido como una propuesta que se debía aceptar o
rechazar, fue rechazada por los gibraltareños, los británicos se
sienten obligados y eso tiene unas consecuencias inmediatas; hay que
crear un escenario nuevo donde podamos abordar de nuevo el futuro de
Gibraltar. Hay que tener en cuenta estos elementos y algunos otros,
quizá eliminar algunos escenarios que se definen excesivamente en la
propuesta como el de la cosoberanía, puede ser esa fórmula o puede
ser otra pues a lo mejor ésa no es la más afortunada. Yo haría un
ejercicio en esa línea.
Quiero recordarle una cosa, señor secretario de Estado. Ya se ha
cumplido un mes desde que en esta Comisión el ministro de Asuntos
Exteriores hiciera el anuncio público de que tenía un documento, un
informe encargado por el señor Caruana a un despacho de abogados en
el que se sacaban unas conclusiones sobre el futuro de Gibraltar.
Hace ya un mes que amparándome en el Reglamento pedí ese informe que
anunció y glosó aquí el señor ministro y están en falta ustedes con
ese diputado. Se lo recuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Tomo nota de esa petición, señor
Estrella.
En segundo lugar, quisiera decirle que me parece sensata la
consideración de esta propuesta como documento de trabajo. Así lo
hemos considerado nosotros. Su señoría puede imaginar que tenemos un
diálogo permanente con el señor Caruana, diálogo no oficial, pero es
una persona con la que hablamos; es decir, el señor Caruana sabe
cuáles son las características de la propuesta Matutes y sabe que es
un documento de trabajo, un punto de partida y sabe que es una mano
tendida. Que se escude detrás de un formalimo diciendo que es una
propuesta y que él no la rechaza, no es más que una argucia para
salvaguardar su posición de negociación, que tiene unos objetivos que
él conoce mejor que nosotros. No le quepa la menor duda que los
detalles y los pormenores de este documento han sido comentados ya
por vías distintas a la negociación, porque nosotros no estamos en
negociación con Gibraltar, corno sabe S.S. El señor Caruana conoce
todos los términos de este documento y si
él deseara entrar en negociación sobre este tema podría utilizarlo
como punto de partida, y nosotros tendríamos mucho gusto en escuchar
las observaciones que pudiera hacer a diferentes puntos del mismo.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
PROPUESTAS PARA DESBLOQUEAR LAACTUAL CRISIS SOBRE GIBRALTAR
REALIZADAS POR ELGOBIERNO EN LAS RECIENTES REUNIONES CON LOS SEÑORES
COOK YBLAAIR Y AVANCES PRODUCIDOS. (Número de expediente 181/002327.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16: propuestas para desbloquear
la actual crisis sobre Gibraltar, realizadas por el Gobierno en las
recientes reuniones con los señores Cook y Blair, y avances
producidos.
Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): El 21 de febrero el ministro de Asuntos
Exteriores mantuvo una reunión en Luxemburgo, a la que asistí
personalmente, con el secretario del Foreing Office, señor Cook, para
tratar de la tensión creada a raíz del apresamiento del buque español
Piraña el 27 de enero. Este apresamiento, según nuestra opinión se
realizó en clara violación del acuerdo hispano-británico sobre pesca
en aguas próximas al peñón, de 5 de octubre de 1998. En esta reunión
se abordaron un gran número de temas, y los términos esenciales en
que se desarrolló dicho encuentro que duró más de una hora, fueron
los siguientes. En primer lugar, reiteración por parte del ministro
de Asuntos Exteriores de la necesidad del levantamiento de los cargos
a los pescadores del Piraña, por cierto tema de actualidad porque
están siendo juzgados en el día de hoy, y una inmediata devolución de
las artes de pesca y de las fianzas depositadas por la tripulación
del Piraña. Asimismo, el señor ministro Matutes reiteró al señor Cook
la preocupación española por la situación de los tráficos ilícitos y
las actividades ilícitas en la colonia, y por la trasposición y
efectivo cumplimiento en Gibraltar de la normativa comunitaria,
especialmente en materia financiera y de medio ambiente. En virtud de
lo dispuesto en el artículo 227.4 del Tratado de la CEE, el Reino
Unido es responsable de la correcta trasposición y aplicación del
derecho comunitario en su colonia de Gibraltar. Ante esto, el
ministro señor Cook reafirmó el compromiso del Gobierno británico con
la trasposición y aplicación efectiva de la normativa comunitaria en
el plazo más breve posible; sin embargo, hizo una salvedad que creo
es demasiado compleja como para que la tratemos en profundidad en
esta Cámara.
El Reino Unido no considera aplicables a Gibraltar las directivas de
medio ambiente. Esto podría ser objeto de un debate en el que estoy
dispuesto a entrar, pero el tiempo no nos lo permite, aunque es
extraordinariamente interesante. Basado en una interpretación errónea
del artículo 100 Adel Tratado considera que las directivas de medio
ambiente no se aplican a Gibraltar, con las consecuencias que eso
tiene puesto que Gibraltar está enclavado en un medio ambiente
que es español, y cualquier violación o no trasposición de las normas
comunitarias sobre residuos, sobre ruidos y tantas otras cosas tiene
una incidencia inmediata sobre el territorio español. Es otro
problema de interpretación jurídica que estamos tratando
adecuadamente con el servicio jurídico de la Comisión.
El señor Cook expresó también su preocupación por los controles en la
verja, y el señor Matutes le hizo ver, como ha reconocido la Comisión
Europea, que España está habilitada para ejercer estos controles sin
que ello suponga un menoscabo del derecho a la libre circulación de
personas y mercancías consagrado en la normativa comunitaria. Aunque
España como el Reino Unido forman parte de la Unión Europea, hay que
recordar que el Reino Unido, y por ende Gibraltar, al no haberse
integrado en el grupo Schengen y al haber hecho su excepción respecto
a la incorporación del acervo Schengen al Tratado de Amsterdam, no
están dentro de la libre circulación de personas comprendidas en el
convenio Schengen, y como todos sabernos Gibraltar no está en la
Unión Aduanera. Después de este intercambio, ambos ministros
insistieron en que tendrían que seguir encontrándose regularmente
para tratar estos problemas. Quiero informar a S.S. que va a haber un
nuevo encuentro el domingo próximo con ocasión del cónclave que
tendrá lugar en Bruselas.
El ministro español insistió en la necesidad de lograr avances en el
proceso de Bruselas. El tema del Piraña es un problema de gestión de
crisis puntuales, pero el proceso de Bruselas es lo fundamental
porque llevamos muchas reuniones desde 1984 sin progresar en el tema
de soberanía. Además insistió en poner freno al fortalecimiento de
las autoridades locales gibraltareñas como autoridades competentes,
cosa que el Reino Unido está haciendo sistemáticamente. Ésa es la
razón por la cual muchas directivas comunitarias, particularmente en
temas de transporte aéreo, no están siendo aprobadas por España.
Posteriormente a este encuentro entre el señor Cook y el señor
Matutes, el presidente del Gobierno se reunió con el señor Blair en
Petersberg, con ocasión de la cumbre extraordinaria, y en esta
reunión el señor Aznar repitió las mismas tesis al primer ministro
británico.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Cuanto acaba de decir el secretario de
Estado sobre las directivas es claro. El propio informe de mayo de
1998, al que me he referido y del que le entregaré una copia, plantea
que había 101 directivas que estaban redactándose. A fecha de hoy,
algunas estarán redactadas y otras no, pero hay 350 directivas
relativas al mercado único que están en disputa entre el Reino Unido
y la Comisión Europea en cuanto a su necesidad de aplicación en
Gibraltar. Por eso insisto en que es importante que el Gobierno
utilice este informe. Aquí hay armas para la posición del Gobierno,
armas que deberían tener un escenario para plantearse; no estar
lanzándose pedradas a través de los periódicos, sino que ya debía
haberse constituido una comisión conjunta -a menos que los británicos
no quieran hacerlo-, para trabajar sobre las cuestiones que estamos
hablando. Qué directivas se están aplicando y cuáles no, las que se
deberían aplicar, qué interpretación Jurídica hace
cada uno. Esa comisión es ya imprescindible. Sería la manera de que
los británicos demostraran la voluntad de abordar las
reivindicaciones que está planteando el Gobierno español, que insisto
coinciden básicamente con las exigencias planteadas desde la Cámara
de los Comunes. Siempre se nos ha dicho desde el Gobibierno británico
que teníamos que ganarnos las almas de los gibraltareños. Ya no se
puede avanzar mucho más y la crisis actual ha dejado bastante
heridas, afectando incluso a personas que no compartían las
posiciones del señor Caruana y a las que de alguna manera se las ha
empujado en la radicalización que ha habido en los últimos meses. Ya
es hora de que el Gobierno británico y su Parlamento reflexionen
sobre el futuro de Gibraltar en un mundo donde las colonias se tienen
que acabar, y creo que son conscientes de ello. Que provoquen también
un debate interno en Gibraltar sobre su propio futuro, para que
puedan emerger otras voces en un debate que hoy está dominado
totalmente por la intransigencia y por el discurso de la soberanía en
cualquier aspecto de la vida cotidiana. Es un debate en el que los
españoles poco podemos hacer. No sería bueno que interfiriéramos,
pero podemos acompañar con nuestras reflexiones y con medidas de
confianza, en la medida que se produzcan avances.
En ese sentido, quería informarle que a título individual y después
de consultar con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
de la Cámara de los Comunes británica, me he acogido al derecho que
ofrecía y le he remitido un memorándum. En dicho memorándum recojo
las posiciones que son básicamente las expresadas por los grupos
parlamentarios en nuestros debates en la proposición no de ley sobre
Gibraltar y algunas ideas y reflexiones también en la línea y en la
necesidad de que se aborde una reflexión seria y en profundidad sobre
el futuro de Gibraltar, partiendo del principio de que no existe
ninguna otra opción para Gibraltar que mantenerse como colonia, por
supuesto cumpliendo todas las exigencias de la legislación
comunitaria, o la integración en España. Ésa ha sido la conclusión y
quería que lo supiera el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Con esto llegamos al final del trámite sobre
preguntas. Quiero agradecer al señor Secretario de Estado su
presencia y la contestación a las mismas y expresar mi deseo, como
seguramente se hará realidad, de que contemos con su presencia
pronto.
Gracias, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Gracias, señor presidente, gracias,
señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVAALACELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN GUINEA
ECUATORIAL EL DÍA 7 DE MARZO DE 1999. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001406.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos la
sesión de la Comisión, y entramos en el
debate y votación de las proposiciones no de ley, puntos 17, 18 y 19;
los puntos 18 y 19 se considerarán conjuntamente, y en el punto 17
vamos a entrar inmediatamente.
Es una proposición no de ley relativa a la celebración de las
elecciones legislativas en Guinea Ecuatorial el 7 de marzo de 1999.
Es autor el Grupo Socialista del Congreso. Quiero recordar que el
mismo Grupo Socialista ha autoenmendado la proposición hasta
presentar de hecho una proposición nueva en función del cambio de las
circunstancias. Para su presentación doy la palabra a la señora
Balletbó. Rogaría a todos los portavoces que fueran lo más concisos
posible, porque ya hemos tenido un debate sobre este mismo tema, de
manera que bastaría pura y simplemente con presentar las líneas
fundamentales de sus propuestas y de sus reacciones.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor presidente, me remitiré a hacer una
brevísima cita. Estamos en una fase de verdadera democracia, declaró
hace poco el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; se han
tomado todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia
de las elecciones, aseguró al inicio de esta reciente campaña.
Ustedes comprenderán que a la vista de los resultados yo me remito a
esta lectura y a leerles algo más.
Los observadores internacionales enviados a Guinea Ecuatorial por la
Organización de la Unidad Africana y la Organización Internacional de
la Francofonía emitieron un informe en el que dicen haber detectado
numerosas irregularidades. Los seis observadores de ambos grupos que
visitaron alrededor de un centenar de colegios electorales detectaron
numerosos casos en los que no se respetó la ley, como la no
exposición de las listas electorales, práctica del voto público,
falta de respeto a los horarios de cierre del escrutinio y fuerzas de
orden dentro de los colegios.
Señor presidente, quiero leer estos dos textos y añadir brevemente la
opinión del ministro de Asuntos Exteriores y para la Cooperación
Internacional de Guinea, don Miguel Oyono, que dijo que el Gobierno
iba a sacar un resultado electoral espléndido y que las elecciones en
Guinea habían sido absolutamente transparentes y nítidas.
Como ustedes saben el resultado electoral del día 7 de marzo ha
superado en escaños el del año 1993; es decir, en el año 1993 el
partido del Gobierno sacó 68 diputados y en este último domingo sacó
75 de 80, unas mayorías absolutamente espectaculares. Visto como ha
ido el proceso electoral mi grupo parlamentario, como muy bien decía
el presidente, ha modificado la proposición no de ley... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados; señor Moragues,
señor Moya, podría pedir de todos respeto y silencio.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor presidente, mi grupo parlamentario
pretendía que hubiera existido una delegación o que se hubiera
observado este proceso en su momento, la vista de que esta
proposición no de ley no se pudo discutir en esta Comisión dentro del
plazo, ha propuesto dos enmiendas, una a su misma redacción que dice:
La Comisión de Asuntos Exteriores expresa su profunda
preocupación por las irregularidades constatadas en la convocatoria
electoral del pasado domingo día 7 de marzo y basadas en la detención
de interventores, graves irregularidades en el censo electoral y
coacción con presencia militar armada a pie de urna exigiendo el voto
público para el partido del Gobierno, lo que evidencia que éstas no
han sido unas elecciones democráticas.
En esta proposición no de ley hay un segundo punto que dice: La
Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias en el ámbito bilateral y en el de la Unión Europea
para que a la vista de las condiciones en que se ha realizado dicha
convocatoria, mantenga una política coherente con los compromisos
adquiridos en su día por el presidente Obiang con la Unión Europea y
con el presidente del Gobierno español.
Como saben SS.SS. en las puertas de este proceso el presidente Obiang
se comprometió a hacer una transición en un proceso democrático,
naturalmente a cambio no sólo de ayuda humanitaria de cooperación,
sino también la cooperación bilateral. Mi grupo no pretende que se
interrumpa la cooperación de ayuda humanitaria, pero sí la
cooperación bilateral en cuanto que la contraparte no ha cumplido.
Si me permite, quería señalar sólo dos cosas más. Señor presidente,
esta diputada está intentando organizar unas breves jornadas sobre
Guinea y ha tenido conocimiento justamente esta mañana de que uno de
los asistentes a dichas jornadas, don Inocencio Beta, nacionalista
bubi, falleció el pasado viernes en Madrid. Al parecer la autopsia
detecta una alta posibilidad de que haya fallecido envenenado. Por
tanto, es de una gran preocupación para todos y tenemos que asumir un
amplio compromiso en relación con esto, porque las últimas
informaciones son que se está produciendo una situación muy dramática
con los representantes que estuvieron como interventores en este
proceso electoral e incluso que se vuelva a perseguir a los
representantes de la etnia bubi.
Ante todo este cúmulo de rumores y ante la imposibilidad de poderlos
comprobar desde aquí, porque además el último comunicado que nos
tenía que llegar esta mañana no ha podido llegar porque han cortado
la luz en la oficina donde se había celebrado la reunión de los
partidos de la oposición, me permitiría presentar in voce (la
presento al presidente para que le dé la forma que reglamentariamente
estime más conveniente, y me parece que los demás grupos están de
acuerdo con ello) un tercer punto a nuestras propias enmiendas que
diría: Instar a la Mesa del Congreso de los Diputados para que
impulse la creación de una delegación parlamentaría que viaje a
Guinea en calidad de observador internacional para analizar los
recientes acontecimientos. Eso entroncaría un poco con la sugerencia
que ha hecho el señor Alabart en la Comisión esta mañana. El
representante del Grupo Popular me parece que estaba de acuerdo e
igualmente el de Izquierda Unida, pero dejo señor presidente a su
mejor saber y entender qué tipo de formulación habría que hacer a
esta propuesta para que desde el punto de vista reglamentario cumpla
con los requisitos que el presidente de la Mesa de esta Comisión
estime pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, ahora veremos esa cuestión.
En cualquier caso, lo que quiero recordar a todos los grupos es que
el debate se celebra sobre la versión revisada y no sobre la versión
primera, por lo que pediría que todos se manifestaran al respecto. He
de presumir que el propio Grupo Socialista autoriza la tramitación de
su propia enmienda. ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Les pediría la máxima precisión y brevedad.
Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, simplemente quiero dejar
constancia del posicionamiento favorable de mi grupo con respecto a
la proposición no de ley corregida y modificada, lógicamente en base
a que en la fecha en que se registra no se ha celebrado la
convocatoria electoral y en este momento sí.
Coincidimos con la filosofía de la proposición no de ley. Entendemos
que esto ha sido una farsa, una burla a la democracia y que no ha
sido más que la culminación de un proceso anterior. Al faltar todos
los elementos que componen un proceso democrático y un Estado de
derecho, lógicamente los procesos electorales vienen a convertirse en
la confirmación de esa burla a la democracia. Por lo tanto, el hecho
de que a las tres de la madrugada se hubiesen contabilizado más votos
que los que corresponden al censo electoral que tiene la ciudad nos
hace pensar cómo será el resto de las circunstancias que van parejas
a lo que es un proceso electoral.
España debe plantearse seriamente, no sólo en la relación bilateral,
como se ha comentado, sino también en la multilateral con la Unión
Europea, el papel político que tiene que desempeñar en relación con
Guinea. Evidentemente, la cooperación es un elemento importantísimo y
fundamental de nuestra acción exterior para con este país y la Unión
Europea, pero lógicamente no puede ahogar la necesidad de una acción
política para con Guinea. Por lo tanto, con el deseo de que no sólo
desde esa relación bilateral, sino también desde la Unión Europea
podamos mantener una propuesta política coherente con respecto a
nuestras relaciones y nuestros deseos respecto a la transformación
política que se debe desarrollar en Guinea, vamos a votar a favor de
esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: A mí me gustaría que la proponente aceptara
unos pequeños y sencillos cambios en su texto.
El punto 1 me gustaría que dijera lo siguiente: Expresa su profunda
preocupación por las irregularidades constatadas por observadores
internacionales en la convocatoria electoral del pasado domingo, día
7 de marzo, en Guinea Ecuatorial -convendría citar el país- y basadas
en la detección de graves irregularidades en el censo electoral y
coacción con presencia militar armada a pie de urna exigiendo el voto
público por el partido del Gobierno. Quisiera que el punto se pusiera
aquí.
Con respecto al punto 2, que termine diciendo que se insta al
Gobierno a adoptar medidas necesarias en el ámbito bilateral y en la
Unión Europea para que, a la vista de las condiciones en que se ha
realizado dicha convocatoria,
mantenga una política coherente con los compromisos adquiridos en su
día por el presidente Obiang. Punto. Estos compromisos no son
solamente con la Unión Europea o con el presidente del Gobierno, sino
que son también con España, con otros países de la comunidad
internacional y, naturalmente, con su propio pueblo. De forma que
donde habría que poner el punto es después de donde dice Obiang.
Si le parece bien a la proponente, estaríamos dispuestos a votar
favorablemente su proposición.
El señor PRESIDENTE: Voy a pedir la atención de todos los portavoces
un momento.
Señora Balletbó, en cuanto al tercer párrafo, por mi parte no hay
ningún inconveniente en que se tramite si a su vez no hay ningún
inconveniente por parte de los portavoces ni de los señores
diputados. Lo único que yo sugeriría es que se adoptara una fórmula
por la cual se diga que se reitera, porque al fin y al cabo no es la
primera vez que esta Comisión de Asuntos Exteriores se dirige a la
Presidencia de la Cámara pidiendo el envío de esa Comisión. (El señor
Estrella Pedrola pide la palabra.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Para una cuestión de orden.
Sin entrar en la cuestión del debate sobre las elecciones en Guinea,
quisiera recordar que en el pasado la Comisión ha tenido algunos
problemas con la Mesa de la Cámara por incorporar en proposiciones no
de ley, según acuerdo de la Comisión, cuestiones que afectaban a las
competencias de la Mesa o del Pleno, siendo la más reciente la
creación de la subcomisión de Derechos Humanos. Sugeriría simplemente
que, en prevención, a lo mejor convendría -quizás el letrado pueda
asesoramos- adoptarlo como un acuerdo separado de la proposición,
aunque vaya en un mismo paquete, por si plantea problemas con la Mesa
y ésta nos lo devuelve.
El señor PRESIDENTE: Mi opinión personal es que no estamos invadiendo
ninguna competencia de la Mesa porque no estamos diciendo que vamos a
ir, sino que estamos pidiendo permiso a la Mesa para ir. Me parece
que ésa era la intención de la señora Balletbó, si no he oído mal.
Señora Balletbó, lo que usted hace es pedir a la Mesa que nos deje
ir, ¿no es así?
La señora BALLETBÓ I PUIG: Lo que estamos diciendo es que vamos a
tomar en cuenta esa propuesta que esta mañana se ha sugerido aquí:
vayamos a Guinea a hacer esto. Entonces, naturalmente, la fórmula que
sea mejor la tiene que arbitrar la Presidencia de la Mesa de la
Comisión de Asuntos Exteriores a la Mesa del Congreso. Yo creo que lo
de «reitera» está muy bien.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere usted leer de nuevo la fórmula del
párrafo tercero?
La señora BALLETBÓ I PUIG: Con la enmienda del presidente es: Reitera
a la Mesa del Congreso de los Diputados que impulse la creación de
una delegación parlamentaria para viajar a Guinea en calidad de
observadores internacionales
para analizar los recientes acontecimientos. Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún inconveniente en ese sentido? (Pausa.)
Señora Balletbó, ¿estaría usted de acuerdo con las mínimas
alteraciones que le ha propuesto el señor Robles?
La señora BALLETBÓ I PUIG: La posición de mi grupo es que bueno es lo
que la mayoría consensua. La única cosa que lamento es no haber
podido hablar un poquito antes con el señor Robles.
En cuanto al primer punto, me parece bien remitir que estas
informaciones se han recabado en las delegaciones internacionales y
no entrar en la valoración, aunque esa valoración está en el ánimo de
todos y estoy segura que incluso en el ánimo del señor Robles.
Con respecto al segundo punto, yo no sé cuáles han sido los
compromisos del presidente Obiang con el pueblo guineano, pero lo que
sí me consta son los compromisos que asumió con el presidente Aznar y
por eso yo me permitiría decirle, señor Robles, que podríamos poner:
con los compromisos adquiridos por el presidente Obiang con su
pueblo, con la Unión Europea y con el presidente del Gobierno
español. Se lo digo porque creo que está fallando en todos los
ámbitos, no sólo con su pueblo, sino con toda la comunidad
internacional.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, la propuesta de la Presidencia
es la siguiente. El primer párrafo diría: Por las irregularidades
constatadas por observadores internacionales el pasado 7 de marzo en
Guinea Ecuatorial... por el partido del Gobierno. Punto y aparte.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Acepto.
El señor PRESIDENTE: El segundo se leería tal cual: Adquiridas en su
día por el presidente Obiang, con la Unión Europea, con el presidente
del Gobierno español, con España y con su propio pueblo.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Aceptado.
El señor PRESIDENTE: Yel tercero se leería según la fórmula de que
antes hemos hablado. ¿Le parece bien, señora Balletbó?
(Asentimiento.)
Pues bien, este texto será el que se someta a votación al final de
todas las votaciones, que, en cualquier caso, tendrán lugar a partir
de la una y media y no antes.
- POR LA QUE SE INSTA A SOLICITAR DEL GOBIERNO DE TURQUÍA EL RESPETO
AL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA
TERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES MILITARES CONTRA EL PUEBLO KURDO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente161/001397.)
- RELATIVA A GARANTÍAS PARA UN JUICIO JUSTO A ABDALÁ OCALAN Y A LA
SALIDA NEGOCIADAA LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DEL KURDISTÁN. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001411.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
que es el debate y votación de las proposiciones no de ley que
figuran con los números 18 y 19, ambas referidas a diversos aspectos
del tema turco-kurdo. La primera ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y la segunda por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Repito lo que antes dije. Creo que tenemos suficientemente debatido
el tema, de manera que pediría la máxima concisión y brevedad en la
presentación de estos textos.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Navas para la presentación de esta proposición no
de ley.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, voy a intervenir con ese
ánimo de brevedad, primero haciendo referencia a la peculiar
detención de Ocalan... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Navas, señor Madero, señor Milián.
En esta sala las conversaciones se oyen mucho.
Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, tras la peculiar detención
del líder del PKK, señor Ocalan, por parte de las autoridades turcas
cuando se encontraba en la embajada griega en Kenia y después de
conocer los comentarios que organizaciones internacionales de
derechos humanos han hecho sobre el método de aplicar la justicia y
de cumplir penas en Turquía, proponemos la necesidad de que, no sólo
en España sino en el marco de la Unión Europea, se exija a Turquía un
juicio realmente transparente sobre las distintas acusaciones que
puedan recaer sobre Ocalan.
Hasta ahora, por lo que sabemos, ha habido una dificultad importante
por parte de la asistencia letrada que él ha elegido para poder
realizar su defensa. Se ha podido sólo reunir en una ocasión con
presencia militar. Por lo tanto, entendemos que hay una clara
vulneración de la propia legislación turca sobre este tipo de
cuestiones y de ahí la incorporación de un punto por nuestra parte
relacionado con la necesidad de que también observadores
internacionales puedan estar presentes en el desarrollo de este
proceso.
Respecto al problema turco-kurdo, debemos subrayar la necesidad de
que se rompa el silencio que hay sobre este conflicto y sobre las
graves consecuencias que está originando, pero sobre todo debemos
entender que el Gobierno turco debe aplicar una serie de
transformaciones para profundizar en aquellas cuestiones democráticas
que actualmente no están contempladas -desde lo que es uno de los
elementos fundamentales de la lucha contra los kurdos, que es la ley
antiterrorista, que recoge definiciones tan ambiguas como la de que
no se va a tolerar ninguna propaganda, reunión o manifestación que
atente a la unidad indivisible del Estado- para aplicárselas a
cualquier tipo de
valoración respecto a la necesidad de que el pueblo kurdo tenga
reconocidas las características de su etnia y, a la vez, uniéndonos a
la voluntad comúnmente expresada por parte de la Unión Europea, de
que debemos seguir insistiendo en la necesidad de que Turquía cumpla
sus compromisos internacionales respecto a la preservación del
derecho a la vida y del cumplimiento de la aplicación de los derechos
humanos, sobre todo la necesidad de que aplique una solución política
al problema de los derechos de las minorías que actualmente tiene
Turquía. De ahí que nosotros hayamos incorporado una serie de
referencias en nuestra proposición no de ley y que también distintos
grupos parlamentarios hayamos coincidido en la necesidad de refundir
para esta iniciativa cinco puntos que para nuestro grupo
parlamentario vienen a recoger básicamente una parte sustancial de lo
que era nuestra propuesta, pero aplicando un criterio que muchas
veces repetimos y que a veces no podemos concretar, que es el
criterio del consenso para poder llegar a un acuerdo sobre una
propuesta común en la cual se recojan, como digo, los elementos
fundamentales de nuestra iniciativa.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Presento esta iniciativa, que ha
sido firmada y presentada por el diputado don Francisco Rodríguez, de
la formación política Bloque Nacionalista Gallego, y por esta
diputada de Eusko Alkartasuna.
Es cierto que esta mañana hemos realizado un largo debate respecto a
la situación del pueblo kurdo y quizás es éste uno de los múltiples
aspectos que han presidido estos debates y una de las cuestiones
claves que hay que solventar.
Creo que estaremos todos de acuerdo, en cualquier caso, en que la
solución a las diferentes situaciones y complicaciones del pueblo
kurdo y, en concreto, también a los que se encuentran en el seno del
Estado de Turquía tiene que ser política. En este sentido, creo que
uno de los ejes de esta proposición es que la solución política y
negociada sea la que determine cuál puede ser el futuro de la
dramática situación que al día de hoy está viviendo el pueblo kurdo.
Alo largo de los últimos días ha confluido también otra
circunstancia, que ha sido la detención del señor Ocalan, una
detención que probablemente se estudiará si se han cumplido o no los
principios de derecho internacional público a la hora de proceder a
su detención, que ha sido aquí mencionada. En cualquier caso,
nosotros creemos que, sin perjuicio de cualquier consideración a los
actos que hubiera realizado el señor Ocalan, lo que sí es cierto es
que, como cualquier otro ciudadano, tiene que tener derecho a unas
garantías procesales, a la integridad personal y, en definitiva, a lo
que denominamos coloquialmente un juicio justo. Estas situaciones o
circunstancias no parece que en este momento existan a la hora de
proceder al enjuiciamiento del señor Ocalan. Estas no son palabras de
esta diputada, sino comentarios que se han realizado en la comunidad
internacional. En definitiva, es la preocupación que existe hoy por
hoy en toda la comunidad internacional sobre la situación, tanto
personal como física como jurídica, del señor Ocalan a la hora de
confrontarse con un juicio
respecto a las acusaciones que se le realizan. Por eso, nosotros en
nuestra primera precisión en esta proposición no de ley establecíamos
una cuestión clave, una cuestión que ya está recogida por la propia
Unión Europea, y es la presencia de observadores internacionales que
pudieran verificar en Turquía las garantías, sobre las que hemos
hablado anteriormente, de seguridad e integridad personal del señor
Ocalan y de que se cumplan todos los requisitos necesarios para ese
juicio justo.
Hablábamos de un tribunal independiente, hay otros foros en los que
se habla de tribunales internacionales. En cualquier caso, nosotros
creemos que toda esa serie de cuestiones tienen que existir porque es
la única manera de que realmente podamos avanzar en la solución del
problema kurdo.
En definitiva, creemos que todo lo que tenemos que hacer, cada uno
desde su ámbito y con el mayor consenso posible, es tratar de
conseguir que en Turquía exista un cumplimiento estricto de todos los
derechos y libertades fundamentales, tanto para el pueblo kurdo como
para cualquier otro ciudadano. Esto es muy importante no sólo para
los propios ciudadanos que están en el Estado kurdo, que habitan en
Turquía, sino porque es uno de los requisitos claves que se
establecieron para que entrara a formar parte de lo que se denomina
la Unión Europea. Esos son los tres puntos que hemos querido plantear
en esta proposición no de ley y adelanto ya que, en aras a ese
consenso que creemos que siempre hay que intentar en todos los temas,
que se consigue o no pero que en este caso creo que se podrá
conseguir, estamos abiertos a enmiendas transaccionales, que siempre
tienen que ir en el sentido de conseguir estas cuestiones: respeto a
los derechos y libertades fundamentales en Turquía, compromisos para
exigir a Turquía una mayor garantía de estos derechos, garantías de
un Juicio justo para el señor Ocalan y, en definitiva, buscar una
solución política y negociada al grave problema y a la dramática
situación en que se encuentra el pueblo kurdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Intervengo simplemente para anunciar desde
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) nuestro apoyo al texto que se
ha consensuado a estas proposiciones no de ley que se han presentado.
Creemos que es un paso importante que el Parlamento español tome por
fin una iniciativa en aras al reconocimiento de la identidad del
pueblo kurdo, de la defensa de los derechos humanos de este pueblo y
que, de forma puntual, se garantice el proceso judicial -un proceso
judicial justo- para el señor Ocalan. Es la vía que ya hace tiempo,
como he dicho a lo largo de esta mañana, viene realizándose desde el
Parlamento vasco. Por lo tanto, vemos muy positivo que el Parlamento
español empiece por la vía que ya el Parlamento vasco inició desde
hace tiempo.
Hay que superar el planteamiento de asociar terrorismo con los
problemas de un pueblo; un pueblo sin patria, diseminado y que, como
hemos visto, está sufriendo la violación de sus derechos más
elementales. Por lo tanto, consideramos que esta iniciativa es
importante y, desde luego,
vamos a apoyar el texto que, como digo, al final, creo que es
consensuado a estos dos proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: El señor García-Santesmases, por el Grupo
Socialista.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Intervengo para decir
que, efectivamente, nos sumamos al acuerdo y yo creo que deberíamos
felicitarnos todos por la sesión que hemos tenido hoy, que yo creo
que ha sido una de las más interesantes de nuestra Comisión. Pienso
que el señor presidente la ha llevado con sumo acierto al permitir la
réplica de los distintos portavoces, porque nos ha consentido superar
una situación muy mala que se produjo con la aparición de las
primeras noticias tanto en relación a la precisión del Parlamento
vasco como la propia detención de Ocalan. Me parece que, encerrados
en nuestro debate, que es muy angustioso por el problema de la
violencia de baja intensidad en el País Vasco y por el problema de
las competencias de un Parlamento autonómico, aparecía un principio
que iba en contra de todo lo que hemos defendido en esta Comisión en
los últimos años. Recordarán que en los primeros telediarios
aparecieron manifestaciones de oposición radical entre los intereses
económicos empresariales y las competencias de los distintos
Parlamentos autonómicos o nacionales a la hora de defender los
derechos humanos. Con esta resolución intentamos superar ese asunto.
Hubo declaraciones aquellos días de responsables políticos, que es
preferible no repetir, sobre que uno no puede ir contra su propio
nido ni golpearlo, y parecía que el único problema eran los puestos
de trabajo. Sabemos que esto nos va a afectar con Turquía, con
Marruecos, con Argelia, como cuando hacemos declaraciones en relación
con Cuba. Siempre vamos a tener el problema de la injerencia, pero el
principio de la universalidad en la defensa de los derechos humanos
es decisivo. Ese principio se recoge bien aquí al defender las
garantías procesales, al reiterar la oposición a la pena de muerte y
al incluir en la defensa de los derechos humanos la de la identidad
cultural de las minorías y el esfuerzo por alcanzar instituciones
autonómicas que permitan expresar dicha identidad. Creo que es una
buena resolución y que es bueno que en el Parlamento hayamos tenido
este debate y hayamos eliminado del mismo problemas más
específicamente nuestros, para situarlo en la universalización de los
derechos humanos.
Agradecemos la presencia de todos y felicitamos en particular al
Grupo Parlamentario Mixto por su intervención y por habernos traído,
con Izquierda Unida, esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Hemos hablado ya mucho de este asunto. Sin
embargo, creo que podremos llegar a un acuerdo sobre un texto que
puede ser aprobado por unanimidad. En este texto, que pasaré a leer y
que entregaré al señor presidente, se recoge la posición de la Unión
Europea, que consiste, por una parte, en condenar el terrorismo y,
por otra, en señalar a Turquía la necesidad de que el juicio al señor
Ocalan, sobre cuya persona y su trayectoria este portavoz ha tenido
ya la ocasión de explayarse
anteriormente, se celebre de forma que reúna las garantías procesales
que consideramos justas y razonables en cualquier país democrático.
Reiteramos nuestra oposición a la pena de muerte y pedimos que se
siga abogando por la continuidad del proceso de democratización en
Turquía, el desarrollo de las relaciones de Turquía con la Unión
Europea, su integridad territorial, el respeto pleno a los derechos
del hombre, incluyendo el reconocimiento de la identidad cultural de
las minorías y el derecho de los kurdos a instituciones autónomas que
la promuevan y garanticen. Terminamos recordando, como no podía ser
de otra manera y como hacía la declaración de la Unión Europea a este
respecto, la necesidad de que Turquía cumpla sus compromisos como
miembro del Consejo de Europa. No podía ser de otra manera, y es
evidente y razonable.
Termino señalando, antes de entregar el acuerdo al señor presidente,
que cualquier mención de los intereses españoles que no se refiera a
todos los intereses, a los políticos, a los estratégicos, a los
intereses en materia económica, a los intereses sociales, a los
intereses culturales, será sin duda limitada y desequilibrada, como
señalaba el portavoz socialista, señor García-Santesmases, que me ha
precedido. Es cierto que también cualquier alusión a Turquía que no
contenga una condena firme a cualquier forma de terrorismo quedaría
privada de sentido, y sobre eso creo que ya he tenido ocasión de
hablar anteriormente.
Creo que el acuerdo es bueno, que es un buen consenso, y estoy seguro
de que será valorado y será apreciado por el resto de la Cámara.
Entrego al señor presidente el documento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Para que no quede ninguna duda, leo la literalidad del texto, que
dice: Uno, continuar señalando a Turquía, junto con los demás países
de la Unión Europea, la necesidad de que se aseguren las necesarias
garantías procesales en el juicio al señor Ocalan, así como de un
juicio justo y abierto, de acuerdo con el imperio de la ley, ante un
tribunal independiente, con presencia de observadores internacionales
y con acceso del acusado a los abogados de su elección. Dos, reiterar
la oposición española y europea a la pena de muerte. Tres, continuar
condenando todas las formas del terrorismo. Cuatro, seguir abogando
por la continuidad del proceso de democratización en Turquía, el
desarrollo de las relaciones con la Unión Europea, su integridad
territorial y pleno respeto a los derechos humanos, incluyendo el
reconocimiento de la identidad cultural de las minorías y el derecho
de los kurdos a instituciones autónomas que la promuevan y
garanticen. Y cinco, recordar al Gobierno turco la necesidad del
cumplimiento de sus compromisos como miembro del Consejo de Europa en
materia de derechos humanos y libertades democráticas.
Este es el texto que entiendo que recoge el consenso de SS.SS. Así
será sometido a votación.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES, HECHO EN MADRID
EL 23 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000226.)
- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY, HECHO EN ASUNCIÓN EL 27 DE JULIO DE 1998. (Número de
expediente 110/000227.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dos últimos puntos del orden del
día, dictámenes sobre convenios internacionales, puntos 20 y 21.
¿Algún grupo parlamentario desearía hacer uso de la palabra sobre
alguno de los dos dictámenes que vamos a poner a votación? (Pausa.)
No es así, por lo que los pondremos a votación directamente.
Pasamos, pues, a las votaciones de las dos proposiciones no de ley y
de los dos dictámenes sobre convenios internacionales. En primer
lugar, la proposición no de ley relativa a la celebración de las
elecciones legislativas en Guinea Ecuatorial el día 7 de marzo de
1999, tal como ha sido enmendada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, proposición no de ley tanto del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida como del Grupo Parlamentario Mixto, en los
términos en que acabo de dar lectura según el acuerdo de los diversos
grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba sobre
ejecución de sentencias penales, hecho en Madrid el 23 de julio de
1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente, el Tratado de Extradición entre el Reino de España y la
República del Paraguay, hecho en Asunción el 27 de julio de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Con ello llegamos al final de la sesión de hoy. Quiero agradecer a
todos y cada uno de los componentes de la Comisión su participación
en esta sesión.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.