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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 637, de 09/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTA D O S
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 637
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 9 de marzo de 1999
ORDEN DELDÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la publicidad engañosa en los productos de limpieza.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente
161/001256) ... (Página 18555)
- Relativa a la creación y potenciación de unidades de custodiados en
los hospitales del Sistema Nacional de Salud para recibir a la
población penitenciaria enferma. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 161/
001304) ... (Página 18557)
- Relativa al reciclaje formativo obligatorio para los médicos al
servicio de las distintas Administraciones al incorporarse al puesto
de trabajo anterior a su situación de excedencia especial.
Presentada por el Grupo anterior (número de expediente 161/001305)
... (Página 18558)
- Relativa al protocolo de trasplantes. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso (número de expediente 161/001315)
... (Página 18560)
- Por la que se insta al Gobierno a estudiar los apoyos públicos que
se pudieran dispensar para la adquisición de prótesis auditivas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número
de expediente 161/001356) ... 18563
- Sobre retirada de los alimentos manipulados genéticamente y rechazo
a la aprobación por la Unión Europea de la Directiva sobre patentes
biotecnológicas y liberación de organismos modificados genéticamente
en el medio ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida (número de expediente 161/001391) ... 18567
- Relativa a la comercialización y consumo de productos transgénicos
en el Estado español y medidas cautelares al respecto. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/001399) ...
18568
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la Comisión de
Sanidad y Consumo.
En primer lugar, vamos a someter a votación la propuesta hecha por
dos grupos parlamentarios, al amparo del artículo 68.2 del Reglamento
de la Cámara, sobre modificación del orden del día de la Comisión de
Sanidad y Consumo en su sesión del martes día 9 de marzo. Se solicita
cambiar el orden del día con la celebración de la comparecencia del
ministro de Sanidad y Consumo para informar acerca de los contenidos
y alcance del documento, potenciación de la autonomía de gestión.
Número de expediente 213/001010.
Habiendo quórum, sometemos a votación el cambio del orden del día.
(La señora Maestro Martín y el señor Corominas i Busqueta piden la
palabra.)
Señora Maestro, ¿para qué me solicita la palabra?
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, pido la palabra para
explicar las razones por las cuales el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, junto con otro grupo parlamentario que explicará sus
razones, ha tenido que tomar una decisión inusual en el
funcionamiento normal de las comisiones parlamentarias, como es
solicitar que se someta a votación previa -cosa que saben SS.SS. no
es habitual- el orden del día.
Para explicar esas razones es por lo que he pedido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Simplemente también para justificar las razones por las cuales hemos
presentado este escrito.
El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia estima que está
perfectamente claro el cumplimiento del Reglamento, que en su
artículo 68.2 dice: «El orden del día de una Comisión puede ser
alterado por acuerdo de ésta, a propuesta de su presidente o a
petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los
diputados miembros de la misma». Se cumple estrictamente el
Reglamento, en cuyo caso no estimo oportuno someter a debate la
justificación. Justificaciones caben las que se quieran exponer.
La señora MESTRO MARTÍN: No se trata de someterlo a debate.
El señor PRESIDENTE: En este momento creo que lo procedente es
someterlo a votación.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, no se trata de someterlo
a debate, eso será la votación; pero creo que se equivocaría de plano
el señor presidente si continuara en una labor de obstrucción del
funcionamiento de la Comisión de Sanidad, si negara que los grupos
parlamentarios puedan explicar en una sesión pública como es ésta, lo
que sucedió en una sesión no pública, que fue la reunión de Mesa y
Junta de Portavoces, que terminó con el abandono de dos grupos
parlamentarios de dicha reunión, que va a continuar con el abandono
de mi grupo parlamentario de la Comisión de Sanidad hasta tanto no se
restablezcan el funcionamiento democrático y las garantías de los
grupos parlamentarios en las comisiones del Congreso, y tuviéramos
que salir después a hacer una comparecencia ante los medios de
comunicación para que estas razones fueran públicas, impidiendo que
eso forme parte del debate parlamentario normal en un funcionamiento
democrático del Congreso.
Por tanto, señor presidente, solicito otra vez un turno -usted
estimará el tiempo pertinente- para explicar por qué razones mi grupo
parlamentario solicita el cambio
en el orden del día. (La señora Riera i Ben pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, ¿con qué objeto?
La señora RIERAI BEN: Quiero pedir a la Presidencia si lo estima
conveniente que me dé oportunidad de explicarme. Señor presidente,
señoras y señores diputados. (Rumores.) Pienso que vamos a hacer una
votación que no va a conseguir lo que algunos grupos creemos, desde
luego lo cree el mío, y es que el ministro tiene que venir a
comparecer a la Comisión de Sanidad. Por consiguiente, quisiera
proponer que si existe la posibilidad hablemos y solucionemos el tema
esta misma semana, porque me parece que es inviable pedir -y mi grupo
no lo puede hacer- que comparezca ya. Pedir la comparecencia en este
momento es desafortunado; pienso que es razonable y necesario que
acordemos que comparezca urgentemente.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Corominas.
Señora Maestro, quiero hacer una matización a su intervención
anterior. En la última reunión de Mesa y Portavoces se sometió a
votación, aplicando estrictamente el Reglamento, y hubo un resultado
de tres a uno. En aquel momento no habían abandonado la Comisión, por
lo menos los miembros de la Mesa que son los que tenían el derecho a
voto. Al efectuarse la votación, ustedes se levantaron porque
habíamos terminado el orden del día. (Rumores.) Lamento que la
aplicación del Reglamento no le beneficie a usted o a otros grupos
parlamentarios en un momento determinado. El Reglamento está para
cumplirse en la Cámara. Ustedes son muy respetuosos con el
Reglamento, y yo se lo agradezco. Ahora mismo le doy un minuto para
explicar por qué solicita la comparecencia y no acepta el orden del
día, acordado por la Mesa. Le doy un minuto de tiempo, señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Solicito formalmente al señor letrado y en
el tiempo más breve posible el acta de la reunión de la Mesa y
Portavoces, y espero que en ella se refleje lo contrario de lo que ha
dicho el señor presidente. Producida la votación acerca de la
propuesta de Izquierda Unida de comparecencia del ministro, los
grupos que votaron en contra de esa comparecencia del ministro para
explicar el documento de potenciación de la autonomía de gestión
fueron el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario Popular. El Grupo Socialista y el de Izquierda Unida
estimamos que ha habido obstrucción a las funciones de control del
Gobierno. La actitud del Grupo Popular expresó algo impropio de un
grupo parlamentario, y es que el Gobierno no iba a comparecer -ni el
ministro ni ningún cargo del Ministerio- para explicar el documento
en cuestión y que además el ministro no tenía intención de comparecer
en esta Comisión por ninguna de las 13 solicitudes de comparecencia
que se agolpan y a las que no se está dando viabilidad. Espero que
eso conste en acta, ya que fueron palabras de don César
Villalón, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros
entendemos que esta situación es insólita en las legislaturas y en
las Comisiones del Congreso. El orden del día se conforma respetuosa
y habitualmente de manera automática en función de la capacidad de
cada grupo parlamentario para determinar las prioridades de las
iniciativas que la Mesa del Congreso ha calificado. Por tanto, más
allá del tema concreto, la protesta que mi grupo parlamentario
plantea hoy aquí y que el miembro de la Mesa de Izquierda Unida y
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida planteará ante la
Mesa y Junta de Portavoces es la denuncia del Grupo Parlamentario
Popular, lamentablemente apoyado por Convergència i Unió, para
impedir el funcionamiento normal de las tareas de control, que no
solamente el Reglamento sino la Constitución Española atribuye a los
grupos parlamentarios. Para no formar parte de una farsa, consistente
en un orden del día de la Comisión conformado a espaldas de dos
grupos parlamentarios de la oposición, es por lo que mi grupo
parlamentario entiende que esta Comisión, de momento ha dejado de
cumplir las funciones que el Reglamento y la Constitución española,
insisto, atribuyen a las tareas de control de los grupos
parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Tengo que aclararle que en ningún momento se ha
vulnerado el Reglamento y que la Mesa ha votado en todas las
reuniones libremente. Comprendo perfectamente su problema, que acepte
o no mayorías o minorías; ésa es la democracia y ése es el
parlamentarismo.
La señora MAESTRO MARTÍN: No es eso. No es eso.
El señor PRESIDENTE: El Reglamento no se ha infringido en ningún
momento. Las actas de las reuniones de la Comisión están a
disposición de S.S.
Señor Corominas, por tiempo de un minuto tiene la palabra.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Nuestra protesta por la actuación que
se está produciendo en la Comisión de Sanidad, en el sentido de
boicotear la presencia sistemática de los miembros del Gobierno, en
concreto del ministro de Sanidad y de sus colaboradores en las
sesiones de control. Es cierto que en la Comisión se dijo
textualmente que el ministro de Sanidad no comparecería en ninguna de
las 13 peticiones que hay formuladas y que en relación con el tema
que hoy se plantea aquí ni el ministro ni nadie del departamento.
Esto nos parece que contradice cualquier afirmación que se haya
podido hacer de que el Parlamento será el centro del debate político
del país. Un tema de actualidad no puede soslayarse y posponerse al
infinito. Además, debo anunciar al señor presidente que nosotros cada
vez que no haya acuerdo en las votaciones y el orden del día no se
fije por acuerdo de la Mesa y Portavoces, vamos a pedir que se vote
el orden del día aquí para que todos los grupos políticos manifiesten
su opinión públicamente y conste en el «Diario de Sesiones» cuál es
la posición de los distintos grupos políticos.
En relación con lo que decía el portavoz...
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, ha sobrepasado el tiempo.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Un segundo, para contestar a Zoila
Riera. El problema que plantea la portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) nos parece muy satisfactorio. Ha dicho que es
necesario que el ministro comparezca, pero esto se podía haber
olvidado si el grupo de Convergència i Unió hubiese votado a favor de
la comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: En turno de réplica a las afirmaciones en
algún aspecto gratuitas que han manifestado algunos portavoces de los
grupos parlamentarios en esta Comisión, tengo que decir que el Grupo
Popular en ningún momento se opone a la comparecencia del ministro,
ni de los altos cargos. (Rumores y prot e stas.) El ministro de
Sanidad es uno de los miembros del gabinete que más ha comparecido en
las comisiones correspondientes. La labor que ha realizado esta
Comisión es de control, han sido escasas las veces que ha habido
función legislativa, y por eso nosotros propusimos en su momento que
la función legislativa, es decir el debate y votación de
proposiciones no de ley como es el orden del día, se estableciera
casi como excepción a lo largo es la regla de comparecencias del
ministro y los altos cargos. Por otra parte, cuando se hacen
afirmaciones como que hay no sé cuantas comparecencias pendientes, yo
creo necesario indicar que algunas de las comparecencias que hay
solicitadas ya se han debatido en el Pleno del Congreso de los
Diputados a través de interpelaciones. (Rumores.) A nosotros nos
llama la atención que algún grupo parlamentario solicite
comparecencia en esta Comisión para que el mismo día o al día
siguiente en el pleno se celebre una interpelación. (Risas.) Llama la
atención porque no puede ser que se haga el debate por la mañana y el
mismo debate por la tarde, como ya ha sucedido señor presidente en la
Comisión anterior, celebrada hace un mes aproximadamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón, termine.
El señor VILLALÓN RICO: Termino, señor presidente. Nosotros negamos
rotundamente que por parte del Grupo Popular haya intención de
bloquear u obstaculizar la labor de la oposición. Para ejemplo de
obstaculización, señor presidente, aquí tengo un documento de la
legislatura pasada, en la que la anterior presidenta de la Comisión
de Sanidad sí obstaculizaba y bloqueaba la actuación de los grupos de
la oposición. (Rumores y protestas.) Es un documento donde se
manifiesta la obstrucción por parte del grupo mayoritario en su
momento. Por tanto, niego todas las afirmaciones que se han realizado
a lo largo de esta mañana y rogaría al señor presidente que se
cumpliera el reglamento y que por tanto pasemos a votar si se
modifica el orden del día. (Rumores.- La señora Riera y Ben pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, quisiera insistir en la
propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el
sentido de reconducir esta lamentable situación y pactemos qué día
puede comparecer el ministro a la mayor brevedad, matizando que doy
por entendido que nuestro voto -si se solicita que venga ahora- va a
ser negativo; pero solicito una votación para acordar la posibilidad
de venir el miércoles o el jueves. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Cumpliendo el Reglamento, sometemos a votación
la solicitud realizada por el Grupo Socialista, y el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de cambio del orden
del día.
Pasamos al debate de las proposiciones no de ley. (La señora Riera i
Ben pide la palabra.)
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Perdón, señor presidente. ¿Debo entender que
la solicitud que he hecho no se somete a votación?
El señor PRESIDENTE: No. Estimo que no debemos someter a votación ese
tema y si S.S. lo considera oportuno, al finalizar el orden del día
de la Comisión se reúne la Mesa y Portavoces, que es como podríamos
llegar a algún acuerdo. (Rumores.)
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, he solicitado que se llegue
a un acuerdo, buscando que salgamos de este impasse. Pienso que es
necesario. De la misma manera que por coherencia he considerado que
en este momento debíamos votar en contra de que ahora comparezca el
ministro, por la misma coherencia y aceptando el comentario que ha
hecho el señor Corominas en el sentido de que la representante de
nuestro grupo en la Mesa y Junta Portavoces estuvo de acuerdo en que
hoy no compareciera, esta misma coherencia es la que hoy nos dice que
votemos no, lo cual no obsta para que mi grupo considere que el
ministro debe comparecer y a la mayor brevedad posible.
Por tanto, señor presidente, solicito que conste en acta.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, tengo que advertir a S.S. y a
todos los miembros de la Comisión que el órgano competente para hacer
lo que S.S. solicita es Mesa y Portavoces. Por tanto, convoco Mesa y
Portavoces a la finalización del orden del día. (Rumores. El señor
Corominas i Busqueta pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: respecto al resultado de la votación y
simplemente para que conste en acta, nuestros cálculos son 16 votos a
favor y no 15, como se ha dicho.
El señor PRESIDENTE: Que conste en acta que son 16 votos a favor y 22
en contra. (Rumores.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA D EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001256).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos a debatir las proposiciones no de ley
que figuran en el orden del día. Si SS.SS. lo estiman oportuno las
votaciones serían al final de los debates de las proposiciones no de
ley.
Proposición no de ley relativa a la publicidad engañosa de los
productos de limpieza. Ha sido presentada por el Grupo Socialista y,
en su nombre, tiene la palabra el señor Blanco. (Rumores.-Varios
señores diputados abandonan el salón de sesiones.)
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, si la Presidencia lo estima
oportuno, convendría esperar un momento a que se despeje el murmullo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego ocupen sus escaños, o si lo
estiman oportuno abandonen la sala. (Pausa.)
Señor Blanco, cuando quiera tiene la palabra.
El señor BLANCO GARCÍA: Pretendo defender una proposición no de ley,
por la cual se insta al Gobierno a que en beneficio de los
consumidores y a través lógicamente del Instituto Nacional del
Consumo, se tomen las medidas oportunas para que industrias y
agencias no incurran en publicidad engañosa a la hora de promocionar
sus productos de limpieza en este caso.
Parecerá un tema menor, pero no lo es si consideramos la capacidad de
penetración que tiene la publicidad en los hogares españoles, a
través sobre todo de la televisión. Nuestro grupo puede catalogar
este tipo de publicidad -que luego comentaré- como una publicidad
engañosa, puesto que la vez que promocionan un producto de limpieza
están induciendo a un error en general a las amas de casa, pero en
definitiva a los ciudadanos responsables de la limpieza de cocinas y
cuartos de baño que realizan una desinfección con productos que no
solamente limpian, sino que matan todo tipo de gérmenes, inducen a
una desinformación sanitaria y también a un engaño, por lo que la ley
que regula la publicidad cataloga este tipo de actuaciones como
publicidad engañosa. (El señor vicepresidente, Alcalde Sánchez, ocupa
la Presidencia.)
Como todos tenemos posibilidad de ver la televisión en nuestras
casas, todos habremos visto algún anuncio de
este tipo. Empezaron con aquellos productos que además de limpiar los
suelos, los lavabos, los inodoros, etcétera, los desinfectaban. Eran
productos que protegían sobre todo a los menores de la familia, para
que pudiesen gatear por el suelo y no tuvieran posibilidad de
contagiarse con gérmenes saprofitos que pululan, en toda la casa y no
solamente en las cocinas o los cuartos de baño. Esto que en
definitiva se viene haciendo desde hace mucho tiempo con la
utilización de la lejía, es algo que usado siempre no tiene la menor
importancia, pero de ese primer escalón se pasa a otros productos en
los que ya la casa anunciante dice: cuidado señora, aquí hay
gérmenes. Lo primero que hay que decir es que hay gérmenes no
solamente en el cuarto de baño y en la cocina, los hay en el
dormitorio, en el salón, en la sala, en el hall, en fin en todos los
sitios de la casa, y por supuesto en la calle. De nada nos vale, y
esta es una consideración obvia, desinfectar un cuarto de baño y una
cocina si al paso siguiente estamos en otra habitación de la casa
donde existen prácticamente los mismos gérmenes.
Pues bien, esa recomendación de cuidado aquí hay gérmenes, seguida de
unas imágenes que a través del microscopio nos indican que hay unos
bichitos que no son precisamente gérmenes que se mueven, induce a los
ciudadanos al temor de que en algunas dependencias de la casa se
pueden contraer enfermedades. Esta publicidad, señoría, nos lleva a
la consideración de que en las casas debemos tener los baños y las
cocinas estériles, puesto que hay que matar a los gérmenes, y cuando
uno piensa en la dificultad que se tiene -y a los recientes hechos me
remito- para mantener estériles, por ejemplo los quirófanos, se ve
qué pretensión más inútil y más nociva es querer tener estériles
dependencias de la casa.
Para rizar el rizo, la última publicidad que yo he visto, y me
imagino que también SS.SS., es la de un spot publicitario en el que
una señora, se supone que ama de casa, señalando una batería de
cocina que está en el fregadero después de haber comido la familia,
por tanto con restos de comida, dice: el lavavajillas que se utiliza
habitualmente no sirve; aquí hay salmonella; ya no hay sólo gérmenes,
sino que el peligro es que hay salmonella. Esto ya no es publicidad
engañosa; es algo que choca contra la inteligencia de cualquier
persona que tenga un mínimo conocimiento de la sanidad pública.
Por tanto, señorías, esto parece una cuestión menor, pero ha ido
creciendo en escalada en muy pocos años -creo que en dos años- desde
decir que no solamente basta desinfectar hasta que hay salmonella, y
seguro que algunas personas no saben si es una especie de dragón
pequeño que corre por las tuberías y sale al fregadero de la cocina o
de qué demonios se trata, pero tienen que utilizar un producto
excesivamente corrosivo para matar a estos bichos que son
peligrosísimos.
Por ello, señorías, señor presidente, con esta proposición no de ley
se pretende dar una llamada de atención a las administraciones y en
este caso al Gobierno, para que a través del Instituto Nacional de
Consumo se proteja a los consumidores frente a la avalancha de
publicidad, que al menos en este campo que estoy comentando es a
nuestro juicio engañosa. Se pretende que a través del Instituto
Nacional de Consumo se pongan más cautelas a la
hora de controlar los campos en que se está induciendo a los
ciudadanos a comprar el producto que cada uno está promocionando, lo
cual es legítimo, pero sin inducir como he dicho a errores o
desinformación sanitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): No habiendo enmiendas a
esta proposición no de ley, ¿qué grupos quieren fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su
portavoz.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Intervengo con toda brevedad, señor
presidente.
Nosotros vamos a votar en contra de la proposición no de ley relativa
a publicidad engañosa en los productos de limpieza por entender que
existen organismos adecuados para hacer estas reclamaciones, como al
Asociación de Autocontrol de la Publicidad, el Consejo de
Consumidores y Usuarios, y sobre todo el Instituto Nacional de
Consumo que hasta la fecha no ha recibido ninguna denuncia. Que
funcionen los organismos, que para eso están creados en el Estado
español. Nosotros creemos que no es materia de la Comisión de Sanidad
aprobar esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Corroborando lo que ha dicho el
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, vamos a
votar en contra no porque consideramos que no sea necesario que la
publicidad corresponda a la realidad y que la publicidad engañosa no
tenga que sancionarse, sino porque ya existe una regulación para
hacer cumplir estas normas.
Por tanto, simplemente hacemos constar que debe aplicarse la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Popular, la señora Faraldo tiene la palabra.
La señora FARALDO BOTANA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista sobre la publicidad engañosa en
los productos de limpieza.
Una lectura del contenido de la proposición y de su motivación nos
lleva a establecer que quizá la inconcreción de los términos con que
se describen los hechos que sirven la base a la proposición no de
ley, imposibilita a juicio de mi grupo un análisis detallado de los
contenidos publicitarios que se califican como engañosos. En efecto,
y como su intervención ha puesto de manifiesto señor Blanco, en estos
momentos se están emitiendo diversos anuncios que realizan
alegaciones antisépticas, desconociéndose si todas ellas se califican
como engañosas por el Grupo Socialista, sólo algunas, o en su defecto
si lo engañoso es aludir a estas cualidades de los p roductos.
Por otra parte, la Ley General de Publicidad, del año 1988,
encomienda a los tribunales la decisión de calificar una publicidad
como engañosa, innovación que introduce precisamente respecto al
estatuto del año 1964, por razones obvias: las constitucionales que
se derivan del artículo 24.2 y las que se desprenden de la estructura
autonómica del Estado. Por eso nos parece una afirmación muy
categórica decir en la motivación que ésta es una publicidad
engañosa. Considera mi grupo que en todo caso se trataría de una
hipótesis que se debería argumentar.
Entrando ya en el contenido de la proposición no de ley hay que
decir, como ha puesto de manifiesto el representante del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que el Instituto Nacional de
Consumo no ha recibido denuncias de particulares ni de asociaciones
de consumidores sobre hechos similares a los señalados en la
iniciativa. Señorías, los productos de limpieza con propiedades
desinfectantes son una realidad, y responden a formulaciones
específicas a las que se ha añadido un ingrediente activo
desinfectante. No se puede considerar, por tanto, que la proclamación
de propiedades desinfectantes por ciertos productos de limpieza sea
por definición publicidad engañosa. Estos productos deben superar
unas pruebas de eficacia desinfectante que están establecidas para
Europa en una reciente directiva.
En lo que se refiere a la aplicación del artículo 25 de la Ley, por
el que se dice en la motivación que el Instituto Nacional de Consumo
podría haber solicitado el cese de dicha publicidad, hay que tener en
cuenta la competencia de las comunidades autónomas en esta materia.
La Administración general del Estado sólo puede ejercitar
directamente las acciones judiciales previstas en dicha disposición
en caso de urgencia o necesidad y ponderando cada caso concreto,
según informe de 23 de junio de 1994 de la Dirección General del
Servicio Jurídico del Estado.
Por último, señorías, pongo de manifiesto que es también preocupación
del Grupo Parlamentario Popular defender los derechos de los
consumidores y usuarios, pero creemos que en esta defensa y en el
ámbito de sus competencias viene actuando el Instituto Nacional de
Consumo a fin de valorar la legalidad de la publicidad, realizando
entre otras una serie de actuaciones que a continuación y brevemente
detallaré, en la línea de subvenciones del organismo, como por otra
parte viene siendo tradicional, y con la convicción de la eficacia en
las acciones que desarrollan los agentes sociales. Existe, pues, un
programa específico destinado a la mejora en los mensajes
publicitarios. También se ha iniciado la actividad en un campo
innovador como es Internet, participando por segundo año consecutivo
-1997 y 1998- en el Día mundial de seguimiento de Internet, y se ha
subvencionado un programa específico sobre Internet y derechos de los
usuarios.
Por último, hay que resaltar que para completar el espectro de
mecanismos de protección al consumidor existentes en el ámbito
estatal, considerando que con independencia de los procedimientos
legales los controles voluntarios ejercidos por organismos autónomos
para suprimir la publicidad engañosa pueden evitar el recurso
a una acción judicial con dilatación en el tiempo y que por ello
deberían fomentarse, el 13 de enero de este mismo año se firmó un
convenio entre el Instituto Nacional de Consumo y la Asociación de
autocontrol de la publicidad por el que se ha suscrito un compromiso
de colaboración entre ambas entidades, al que se ha adherido el
Consejo de consumidores y usuarios, para procurar una actividad
publicitaria ética y favorecer de esta manera los derechos de los
consumidores y usuarios.
Por todo ello, el voto de mi grupo será contrario a la proposición no
de ley.
- RELATIVA A LA CREACIÓN Y POTENCIACIÓN DE UNIDADES DE CUSTODIADOS EN
LOS HOSPITALES DELSISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA RECIBIR A LA
POBLACIÓN P ENITENCIARIA ENFERMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMEN
TARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001304).
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): Pasamos a continuación al
punto 2 del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular relativa a la creación y potenciación de
unidades de custodiados en los hospitales del Sistema Nacional de
Salud para recibir a la población penitenciaria enferma.
Tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para presentar la proposición no de ley
relativa a la creación y potenciación de unidades de custodiados en
los hospitales del Sistema Nacional de Salud a fin de dotarles de
dependencias específicamente adecuadas para recibir a la población
penitenciaria enferma que necesite recibir asistencia sanitaria, así
como los modelos de localización para que la ubicación no sea
aleatoria, la custodia esté garantizada y no vaya en detrimento de la
asistencia sanitaria que esta población puede tener en los hospitales
del Sistema Nacional de Salud. Esta proposición no de l ey, que ha
sido elaborada en colaboración con mi compañero de grupo el señor Gil
Melgarejo, tiene como motivo exponer ante la Comisión algo que
seguramente todos sabemos, pero que es bueno traer a colación en la
exposición de motivos, que es instar al Gobierno a lo que antes
decíamos.
Los hospitales de las antiguas diputaciones contaban con una unidad
de custodiados y es a partir del año 1986, a raíz de la aprobación de
la Ley General de Sanidad, cuando los recursos sanitarios de estos
centros pasan a formar parte del Sistema Nacional de Salud. Sin
embargo, no fue lo suficientemente buena o adecuada la coordinación
entre los ministerios y administraciones implicados. (El señor p
residente ocupa la Presidencia.) Bien es cierto que existe un
convenio entre el Ministerio de Justicia, en concreto la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias y el Instituto Nacional de la
Salud, pero a partir del año 1986 hemos asistido a la desaparición
y desamortización de gran parte de estas unidades.
En el período 1988-1996 los sucesivos informes del Defensor del
Pueblo ante las Cámaras han constatado la persistencia de algunas
disfunciones en relación a la asistencia sanitaria de la población
penitenciaria en los hospitales de la red pública.
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señor Blanco, porque los
taquígrafos tienen problemas.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Estas disfunciones las hemos puesto de
manifiesto en la exposición de motivos: lo aleatorio de la ubicación
y la falta de garantías específicas de una correcta asistencia
sanitaria. Ciertamente, hay un convenio entre la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través de su entidad gestora, el Instituto Nacional de la Salud, y si
la proposición no de ley se aprueba sería bueno que fuera puesto al
día no sólo con una reforma, sino con una ampliación, llenándolo de
contenido. Aunque en los centros sanitarios de ámbito competencial
del Instituto Nacional de la Salud hay hospitales que disponen de
zonas de custodia para el tratamiento de pacientes procedentes de
Instituciones Penitenciarias (por ejemplo, en Zaragoza, en Asturias,
en Valdecilla, en Ciudad Real, en Ávila, en León, en Valladolid,
etcétera), sin embargo otros hospitales en los que estaba previsto
incluir estas zonas específicas para custodiados, entre ellos el de
Melilla, tienen serios problemas de espacio y ocupación para la
ubicación de las unidades de custodiados.
Lo que nosotros pretendemos con esta proposición no de ley, como
decimos en la exposición de motivos y es bueno que se diga de nuevo,
es instar al Gobierno para que habilite de manera definitiva
dependencias específicamente adecuadas para recibir a la población
penitenciaria enferma a fin de que no tengan sólo los niveles de
custodia necesarios, sino también unos niveles asistenciales dignos
en los hospitales que hacen este tipo de asistencia sanitaria.
Estos son los motivos, señor Presidente, por los que mi grupo tiene
hoy el honor de presentar ante esta Comisión la proposición no de ley
relativa a la creación y potenciación, en aquellos sitios donde ya
existieran, de estas unidades de custodiados en los hospitales del
Sistema Nacional de Salud, y después del debate correspondiente
esperamos tener la aprobación de los grupos que forman parte de esta
Comisión de Sanidad y Consumo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: A mi grupo le parece oportuno que se
debata este tema porque la atención sanitaria a la población reclusa
es de máximo interés; por tanto, nos parece adecuado. Lo que sucede
es que vemos que en esta proposición no de ley se entra en una cierta
contradicción tanto en el texto como en la explicación que acaba de
dar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Como señala en su
exposición de
motivos y ha recalcado reiteradas veces el citado portavoz,
antiguamente en los hospitales de las diputaciones -con un hospital
por provincia- había unidades de custodiados. En el texto de la
proposición no de ley se propone que se habiliten dependencias
específicas en todos los hospitales públicos, lo cual entra en una
cierta contradicción sobre si debe haber uno o varios centros
hospitalarios que tengan unidades de custodiados.
El problema de la atención sanitaria de la población reclusa es que
ésta debe tener todas las garantías sanitarias. Por ello pensamos que
lo que debe hacerse es que la mayor parte de los tratamientos que no
requieran hospitalización se lleve a cabo en las unidades de
enfermería, y sólo en aquellos casos que requieran un tratamiento de
internamiento hospitalario puedan trasladarse a un centro que tenga
una unidad específica penitenciaria a fin de evitar distorsiones.
Muchas de estas ocupaciones que había antiguamente en los hospitales
producían graves distorsiones no sólo en la atención sanitaria de los
pacientes penitenciarios, sino en el resto. Estamos de acuerdo en que
se estudie la posibilidad de que se construyan unidades de atención
penitenciaria específicas que, teniendo el dispositivo general del
hospital, no interfieran la labor sanitaria global, y también habría
que determinar si deben hacerse dentro de los centros públicos.
Nosotros creemos que no en todos los centros públicos debe haber
unidades específicas para recibir a la población penitenciaria.
Habría que ver las necesidades en función de la población reclusa, la
incidencia que esto tiene y, a partir de ese estudio estadístico,
elaborar un programa de reforma y de modificación.
Si bien la proposición no de ley, como decía, tiene una buena
intención, que nosotros compartimos, nos parece poco adecuada. Tal
como está presentada en estos momentos, nuestro grupo no puede votar
a favor, pero por las razones que decía tampoco votará en contra; es
d ecir, se producirá la abstención porque creemos que es muy mejorable
este texto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señorías, intervengo con toda brevedad para
decir que nuestro criterio es muy favorable a esta proposición no de
ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular para la potenciación
de unidades de custodiados en los hospitales del Sistema Nacional de
Salud, incluyendo, por tanto, a las autonomías con competencias
sanitarias transferidas.
Es cierto que en las antiguas diputaciones y cabildos insulares
existían unidades de custodiados y, aunque sea una paradoja, con la
promulgación de la Ley General Sanitaria se han ido debilitando estos
servicios que, como se ha dicho aquí por los dos portavoces de los
grupos que me han precedido en el uso de la palabra, son muy
necesarios en la sociedad. Ahora bien, tampoco se pueden establecer
unidades de custodiados en todos los hospitales públicos. Habrá que
hacerlo teniendo en cuenta las necesidades de cada zona.
Quizá se ha producido un lapsus verbi por parte del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista cuando ha
hablado de la desamortización. Lo que se ha producido ha sido una
verdadera amortización del servicio de penitenciaría en los
hospitales públicos.
Lo que sí está claro es que hay que habilitar y potenciar los que
existen actualmente, ya que tienen servicios muy deficientes. Si
instamos al Gobierno, como creo que todos estamos de acuerdo -el
señor Corominas ha dicho que en el fondo también está de acuerdo-,
pero no ponemos la coletilla para que se habiliten los créditos
presupuestarios inmediatamente, será una declaración muy bonita, que
nos recordará a nuestros grandes penitenciarios defensores de los
derechos humanos de la población reclusa, pero no tendrá eficacia
jurídica, dado que no hay consignación presupuestaria adecuada para
ello.
- RELATIVA AL RECICLAJE FORMATIVO O BLIGATORIO PARA LOS MÉDICOS AL
SERVICIO DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES A L INCORPORARSE AL PUESTO
DE TRABAJO ANTERIOR A SU SITUACIÓN DE E XCEDENCIA ESPECIAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001305.)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de
ley, pasamos a la tercera, relativa al reciclaje formativo
obligatorio para los médicos al servicio de las distintas
administraciones, al incorporarse al puesto de trabajo anterior a su
situación de excedencia especial. Esta proposición no de ley es a
petición del Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación y
defensa tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para exponerles la proposición no de ley
relativa al reciclaje formativo obligatorio para los médicos al
servicio de las distintas administraciones, al incorporarse al puesto
de trabajo anterior a su situación de excedencia especial.
Quisiera comenzar mi exposición haciendo una reflexión sobre lo que
la Administración Pública, cuando un ciudadano o ciudadana decide
realizar los estudios de medicina, invierte en esa persona. Todos
sabemos que la carrera de medicina consta de seis años, que después
hay que hacer una especialidad, que oscila entre los tres y los cinco
años, que en ocasiones hay que completar la labor con un doctorado o
con un master específico, que lleva uno o dos años más, lo que viene
a significar que la Administración invierte de nueve a 14 años para
que el ciudadano o ciudadana que haya decidido realizar los estudios
de medicina pueda estar preparado para el ejercicio de la medicina en
su correspondiente especialidad. Vaya por delante que aunque mi
exposición la concreto en la carrera de medicina, va dirigida a todo
el espectro de la profesión sanitaria.
Si a esta realidad sumamos los avances científicos y tecnológicos que
se vienen produciendo, yo diría que a velocidad de vértigo, desde los
últimos 50 años acá, que obligan al profesional sanitario a una
permanente actualización
en sus estudios, a una formación continuada a c argo o no del Sistema
Nacional de Salud, al realizar tareas diarias como sesiones clínicas
o de otro tipo, para que vaya acumulando la experiencia y la
sabiduría suficientes que demanda este tipo de profesiones, estaremos
de acuerdo en que cuando menos es una realidad que la Administración
y la profesión necesitan un tiempo extremadamente amplio para
realizar esta tarea y devolverle a la sociedad lo que ésta ha
invertido en esta persona. Si, además, como viene a decir esta
proposición no de ley, va dirigida a los que ya tienen la plaza en
propiedad, podríamos sumarle un tiempo más de inversión en
conocimientos y habilidades.
Por lo tanto, ante esta situación, cabe preguntarse -y esta es la
razón de la proposición no de ley- si la Administración sanitaria
tiene prevista al día de hoy la recuperación de los conocimientos, de
las habilidades, de las capacidades y el adiestramiento que estos
profesionales ya poseían antes de pasar a la situación de excedencia
especial y las añadidas durante el tiempo que han permanecido estos
profesionales en esa situación administrativa. Ante esto, la
respuesta, señorías, señor presidente, podríamos encontrarla de
manera tangencial en el estatuto jurídico del personal médico, que
dice que será nombrado para el c argo público al servicio de la
Administración, que conlleva la no labor asistencial y la
incompatibilidad. Asimismo, dice que cuando cese en el largo que
motivó dicha situación se reintegrará en el plazo de un mes.
La respuesta que da a este hecho concreto es graciable y lo que
pretende el Grupo Parlamentario Popular es que este hecho graciable
sea un derecho consolidado. Ahora bien, este derecho consolidado
exige que tenga un rango de ley específico y que se limite a lo que
el Estado tiene capacidad, y es que en el ámbito de este derecho
consolidado de estos profesionales, cuando vuelven a su puesto
activo, el Estado se atenga a la capacidad normativa dentro de lo que
todos conocemos como la doctrina básica. El desarrollo legislativo y
la aplicación de esa doctrina básica corresponde a las comunidades
autónomas, como bien sabemos todos, en función de sus intereses
concretos.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular se ha preguntado
qué es lo que dice la Constitución española, cómo define el Tribunal
Constitucional la doctrina básica y lo que la Ley General de Sanidad
recoge sobre esta cuestión. La contestación es la siguiente: La
Constitución española reserva al Estado, como todos sabemos, la
competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación y a las
comunidades autónomas, como hemos dicho, el desarrollo y la ejecución
de la legislación básica. La Ley General de Sanidad prevé que quien
desempeñe su trabajo en los servicios de salud de las comunidades
autónomas se regirá por lo establecido en el estatutomarco, que
aprobará el Gobierno en desarrollo de esta ley, y que contendrá la
normativa básica aplicable.
El Tribunal Constitucional define en unas sentencias concretas el
marco exacto y estricto de competencias a nivel estatal y a nivel
comunitario. Dice que le corresponde al legislador estatal definir lo
básico, observando estrictamente las prescripciones constitucionales
y estatutarias.
Dado que nos encontramos ante una proposición no de ley que necesita
rango de ley para tener la condición de un derecho consolidado y que
la Administración es competente para legislar sobre doctrina básica,
el Grupo Parlamentario Popular ha considerado que esta proposición no
de ley, mediante una autoenmienda que ha presentado, lo que hace es
simplemente introducir esa resolución en el ámbito de una futura e
inmediata ley de estatuto-marco, para que de esta manera podamos dar
contenido a esta proposición no de ley.
De ahí, señor presidente, que la resolución que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular en la autoenmienda es la que se deberá
votar, aunque manteniendo la exposición de motivos de la proposición
no de ley.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Nos encontramos ante una proposición
no de ley a la que el propio Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda de modificación del texto que había
preparado, en la cual nos encontramos con una situación parecida a la
proposición no de ley que hemos debatido hace unos momentos.
Se trata de una proposición no de ley que creo que tiene una
preocupación importante respecto a que los médicos del sistema
público sanitario que hayan gozado de situación de excedencia
especial y, por tanto, durante un tiempo hayan abandonado su
ejercicio profesional, puedan adquirir los avances técnicos que se
han producido durante este período de excedencia especial. Por tanto,
la finalidad parecería correcta, pero nos encontramos con una
dificultad de formulación de la proposición no de ley.
La situación queremos que se plantee exclusivamente en aquellos
profesionales sanitarios que tienen dedicación exclusiva al sistema
público, porque las profesionales que no tienen dicha dedicación
exclusiva al sistema público continúan ejerciendo sus labores
asistenciales en el sector privado, en las mutuas patronales, en las
compañías de seguros y en su consulta privada. Que estos
profesionales, que sí tienen en su puesto de trabajo público
excedencia especial, además, cuando se reincorporen sean financiados
por el sistema público con un reciclaje -cuando en teoría no han
perdido porque continúan ejerciendo- nos parece que no sería adecuado
y que habría que centrarlo exclusivamente en aquellos profesionales
que tienen dedicación exclusiva al sistema público. (El señor Gil
Melgarejo: Está en la exposición de motivos.) Pero la proposición no
de ley no dice esto. Por tanto, si se admite esta modificación
nosotros estaríamos de acuerdo.
Hay otra cuestión que querríamos plantear al Grupo P opular, dado que
tienen interés en que esto funcione y que se resuelva este problema.
Nosotros pensamos que la preocupación última del Partido Popular es
que los profesionales del sistema tengan la máxima cualificación
profesional y que puedan prestar la máxima asistencia, por lo que es
urgente este tema, pero no lo dejaríamos al
albur de la enmienda que ha presentado el propio Grupo P opular, es
decir, que esto se regule a través del estatuto marco del personal
del Sistema Nacional de Salud. Ya que se va a debatir el tema de la
selección de personal de las instituciones del sistema público,
podríamos ver la fórmula de presentar una enmienda a este proyecto de
ley -que se tramita por el procedimiento de urgencia- para solventar
el problema, dado que si lo dejamos como ha quedado redactado por el
propio Grupo Popular, en el sentido de que se haga en el estatuto
marco, en fase de elaboración, que difícilmente va a ser aprobado en
esta legislatura, no se soluciona la cuestión que ellos mismos
plantean.
Nosotros haríamos estas dos sugerencias: una, limitar esta opción a
los médicos y al personal sanitario no médico con dedicación
exclusiva al sistema sanitario público, y que se pudiera introducir
esto no en el estatuto marco sino en el proyecto de ley que se está
estudiando sobre formas de selección y de entrada, con una
disposición transitoria, adicional o como se estime jurídicamente. Si
no se hace así, nos veremos obligados a abstenernos, porque creemos
que no solventa el problema y va crear más dificultades que
soluciones. Si se aceptan estas cuestiones votaríamos a favor.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Melgarejo tiene la palabra.
El señor GIL MELGAREJO: Contestando a la solicitud del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, quisiera hacerle una sola propuesta,
porque la recomendación que me ha hecho, en el sentido de que se
regule la reincorporación del personal sanitario del Sistema Nacional
de Salud, se puede incluir perfectamente en el estatuto marco,
actualmente en fase de elaboración. (El señor Corominas i Busqueta:
Con dedicación e xclusiva). Por tanto, en el Sistema Nacional de
Salud...
El señor PRESIDENTE: Les ruego no establezcan diálogo. Después le
puedo dar la palabra al señor Corominas para aclarar estas
cuestiones.
El señor GIL MELGAREJO: La propia definición ya exige
incompatibilidad. Si pertenece el facultativo al Sistema Nacional de
Salud está incompatibilizado; dentro de la Administración pública
está imposibilitado para el ejercicio de la medicina y la asistencia
pública, en su ámbito o puesto de trabajo determinado.
En cuanto a la otra cuestión, referente a la alteración de la
ubicación de esta proposición no de ley en el estatuto marco o en el
proyecto de ley que se va a debatir dentro de unos días, solicitaría
un esfuerzo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La
ubicación en el estatuto marco -no he dicho que no vaya a venir a
esta Cámara antes de que acabe esta legislatura sino todo lo
contrario- se debe a que consideramos que es el ámbito más adecuado
para el respeto, por ley, a las competencias sobre legislación de las
comunidades autónomas.
Por tanto, como el Grupo Parlamentario Popular, que no quiere
interferir sobre competencias que no le corresponden, ni mucho menos,
considera que el proyecto de
estatuto marco, con una normativa básica, es el lugar adecuado,
solicito su voto para poder llevar esta proposición no de ley
adelante.
El señor PRESIDENTE: El señor Corominas tiene la palabra.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: A ver si concretamos, para podernos
poder de acuerdo.
La enmienda in voce -después hablaremos del estatuto marco- pretende
que se añada: del Sistema Nacional de Salud en régimen de dedicación
exclusiva.
El señor GIL MELGAREJO: Y después ya viene la frase: desde la
situación de excedencia especial.
El señor PRESIDENTE: Señorías yo les agradecería, si van a seguir con
el debate cruzado, que se pongan de acuerdo, a título personal, y
trasmitan a la Mesa el acuerdo que se haya alcanzado.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: En segundo l ugar, estando de acuerdo
con el ponente del Grupo Popular en que el lugar idóneo es el
estatuto marco, creemos que vale la pena avanzar y que, sin
detrimento de lo que en su momento se discuta en el estatuto marco,
se puede incluir transitoriamente una cláusula en la ley que estamos
discutiendo, de forma que recoja esto para que esté vigente. Esto no
figura en esta proposición de ley y no lo incluimos, lo digo sólo
como enmienda al proyecto de ley. Porque debo señalar que este
proyecto de ley también tiene aspectos básicos que afecten a todas
las comunidades y, por tanto, tendría el mismo valor que el estatuto
marco.
Además, quiero señalar que el personal, indistintamente del lugar en
que trabaje, estén o no transferidas las competencias sanitarias,
sigue perteneciendo al Sistema Nacional de Salud, por lo que le
afectaría de igual modo, pero este es un tema que podremos debatir
cuando hablemos del proyecto de ley. Con la introducción de esta
enmienda in voce que le comentaba, votaríamos a favor. En todo caso,
ahora la redactamos y se la pasamos a la Presidencia.
- RELATIVAAL PROTOCOLO DE TRASPLANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIAL
I STA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001315.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la exposición y debate de la cuarta
proposición no de ley, relativa al protocolo de trasplantes. Está
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual tiene
la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Señorías, se trata de una proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno a que se actualice, revise y
flexibilice, en su caso, el protocolo sobre trasplantes, de forma que
no se puedan repetir
casos como el que se describe en la exposición de motivos y que luego
comentaré.
Como preámbulo, creo que todos los comisionados, y la sociedad
española en su conjunto, están de acuerdo en que el sistema de
trasplantes de órganos en España, que se organiza en 1989, creándose
la Organización Nacional de Trasplantes, ha funcionado y funciona
bien en todas sus fases.
Lejos de mi ánimo está inducir a SS.SS., el pensamiento de que esta
proposición no de ley va en contra del trabajo que se está realizando
por la Organización Nacional de Trasplantes y todos sus miembros,
sino muy al contrario, lo que quiero es poner de manifiesto un hecho
ocurrido que puede dar lugar a pensar que, como toda o rganización
humana, en algún momento determinado puede tener algún fallo. Yo creo
que la Organización Nacional de Trasplantes y este tipo de actividad
biomédica está funcionando bien, tanto en los aspectos de
coordinación como en los de lista de espera para los trasplantes, así
como en el transporte de los órganos y de los equipos que realizan
los propios trasplantes. Dicho esto como preámbulo, la excepción
puede marcar una regla, y creo que es una excepción que nos debe
hacer reflexionar por qué se pueden producir algunos casos de esta
naturaleza.
Creo que fue en el mes de noviembre del año pasado cuando un paciente
no fue incluido en la lista de espera para efectuarle un trasplante
de hígado en un centro médico de mi comunidad, el centro
universitario Marqués de Valdecilla, por otra parte muy reconocido en
toda su actividad médica, y no quiero hacer ninguna crítica en esta
línea al equipo que allí realiza y coordina los trasplantes.
Ateniéndose al protocolo de trasplantes, consideraron que este
paciente, que a su vez sufre -porque está vivo después de haberle
realizado el trasplante- de una esquizofrenia, no era idóneo para
estar en lista de espera y, por tanto, ser susceptible de un
trasplante hepático.
El paciente estaba realmente grave, de tal manera que el trasplante
se podía catalogar de urgente. Ante la negativa del equipo de
trasplantes del centro por estas razones médicas o por indicación
médico-quirúrgica, la familia traslada al paciente a la Clínica
Universitaria de Navarra donde sí le realizan el trasplante hepático.
En los días transcurridos entre uno y otro hospital se produce a la
vez una sentencia, porque la familia apela al Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, en la que se reconoce el derecho del enfermo a
ser incluido en la lista de espera.
Desde el punto de vista de los derechos individuales, está claro, y
así lo reconoce la sentencia, que ha habido, cuando menos, un fallo
en la indicación de selección de un paciente para ser incluido en la
lista de espera. Otra cosa es desde el punto de vista médico-
quirúrgico, donde es más discutible y cada equipo tiene criterios que
en general son coincidentes, pero que en algún caso como este no lo
son. Los comisionados, los médicos y los profesionales sanitarios
podemos entender este tipo de disquisiciones, pero no así la
sociedad, el conjunto de los españoles, que, teniendo como tienen ese
criterio alto de funcionamiento del Organismo Nacional de Trasplantes
en España, ven cómo un paciente es rechazado en un
hospital y es admitido en otro hospital para la misma cosa, que es
trasplantarle el hígado.
La primera reflexión que quiero hacer es que lo grave no es que no
entre un paciente en una lista de espera de trasplantes, sino que a
continuación sea admitido para lo mismo en otro hospital. Esto es lo
importante a resaltar en este momento.
La segunda reflexión es que el hospital que le admite es de pago, no
es por tanto a través de la Seguridad Social como se le realiza esta
operación. Por cierto, rogaría, y esto es un inciso, a los miembros
del Grupo Popular que, puesto que a este paciente se le ha realizado
el trasplante en una clínica de pago, se haga todo lo posible para
que el Insalud le facilite esos recursos, porque no tiene recursos
económicos suficientes para costearse esta intervención. La reflexión
que la ciudadanía puede hacer de este hecho es que en un centro
público no se le efectúa el trasplante y sí se le realiza pagando, lo
cual puede dar la sensación de que pagando se puede conseguir
cualquier cosa y el que no tiene medios económicos no está cubierto
por un Sistema Nacional de Salud que sí cubre todo este tipo de
actuaciones.
En tercer lugar, la coordinación entre los distintos hospitales no ha
funcionado. La Organización Nacional de Trasplantes es la encargada
de coordinar, junto con los distintos gobiernos de las comunidades
autónomas, el plan de trasplantes y los criterios médicos para
llevarlos a cabo, y no es posible que en una comunidad se tenga un
criterio para realizar un trasplante y en otra comunidad se tenga
otro. Esto induce a pensar que hay que flexibilizar estos criterios o
que hay que coordinarlos u homogeneizarlos mejor. Puede surgir en la
ciudadanía y en la opinión pública el temor de que el sistema
sanitario público no funciona correctamente, y esta es mi
preocupación fundamental, después de señalar que mi primera
preocupación es que a una persona se la ha dejado desasistida en un
centro y se le ha asistido en otro.
No es verdad que no funcione bien la salud pública -lo he dicho antes
sobre la Organización Nacional de Trasplantes, y lo reitero ahora-,
está lejos de la realidad y por eso quiero despejar cualquier idea o
temor que pudiera haber en la opinión pública sobre el
funcionamiento, la coordinación y la eficacia del sistema de
trasplantes en nuestro país.
Lo que ha ocurrido, por lo que yo sé, señorías, es que en el
protocolo de trasplantes hay cinco situaciones en las que está
contraindicada el trasplante hepático. Uno de ellos es el que afecta
a este paciente y que es motivo de discusión, que es la insuficiencia
o disfunción grave de otro parénquima que no sea tributario de
tratamiento curativo. Una disfunción grave de un parénquima que no es
curativo es padecer una esquizofrenia porque, en definitiva, afecta
al cerebro y no parece que tenga un tratamiento curativo. Si esto lo
interpretamos al pie de la letra, el primer equipo que rechaza al
paciente tiene razón, pero si interpretamos esto pensando que no es
lógico hacer un trasplante hepático a un paciente que tiene un cáncer
de páncreas, que tiene una disfunción gravísima de otro parénquima
-en este caso sería el páncreas-, en este caso es la letra y el
espíritu de la letra. Pero lo que está ocurriendo es que el enfermo
tiene
una esquizofrenia con sus brotes más o menos agudos, con sus momentos
de recuperación -entre comillas- y que afecta a un parénquima. Eso no
puede ser motivo, ni mucho menos, para rechazarle en una lista de
espera y no pueden ser tan taxativos los criterios que en este
momento se establecen por el sistema nacional de trasplantes.
Para resumir, reconociendo que la Organización Nacional de
Trasplantes ha funcionado y sigue funcionando y que tiene la
credibilidad y el apoyo de la opinión pública y sobre todo de todo el
sistema y del personal sanitario en España, se debe reflexionar en un
doble sentido. Primero, no puede ocurrir que haya una descoordinación
entre clínicas que están acogidas al mismo sistema para acoger o
rechazar a un enfermo que sea susceptible de trasplante, sea
hepático, corazón, renal - en este caso era hepático-. Segundo, esta
misma reflexión nos lleva a que se revise -se hace todos los años- el
protocolo de trasplantes y a que se flexibilice y se coordine más
exhaustivamente, si es necesario, que parece que sí lo es, toda la
acción de trasplantes.
Por último, quiero decir que es una buena ocasión para presentar esta
proposición no de ley porque coincide en el tiempo con un proyecto de
protocolo sobre trasplantes de órganos que se está haciendo en la
Unión Europea. El Consejo de Europa tiene ya elaborado un borrador de
proyecto sobre trasplantes de órganos; borrador de proyecto que
estará estudiando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España y
que aparecerá, cuando haya acuerdo entre los distintos gobiernos de
la Unión, como una directiva para el conjunto de Europa. Insisto en
que el ejemplo que traigo aquí a colación no puede emborronar al
trayectoria ni la actuación de la O rganización Nacional de
Trasplantes y sus profesionales, pero sí nos debe hacer meditar sobre
que algunas cosas deben de tener una interpretación más flexible para
que no se produzcan casos de este tipo.
El señor PRESIDENTE: A dicha proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular para cuya
presentación y defensa tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Quiero, en primer l ugar, agradecer el tono
utilizado por el portavoz del Grupo Socialista en la defensa de la
proposición no de ley que sobre el tema de trasplantes acaba de
realizar. Comparto bastantes de sus criterios, fundamentalmente los
concernientes a la imagen, la bondad y la eficacia de la Organización
Nacional de Trasplantes a todo lo largo y lo ancho del territorio
nacional. Quiero recalcar, porque me parece de una gran importancia,
que la coordinación de todos los equipos de trabajo de trasplante
hepático que tenemos en España, y de cuya profesionalidad y capacidad
están llenas las revistas internacionales de gastroenterología,
patología y cirugía, está reconocida en el mundo entero por su gran
capacitación científica, a lo cual también ha hecho alusión al señor
Blanco.
En segundo lugar, lo expuesto por el señor Blanco poco tiene que ver
con la exposición de motivos de la proposición no de ley, lo cual le
agradezco. Para que un trasplante hepático se realice en España tiene
que estar
en lista de espera y ésta la hace la Organización Nacional de
Trasplantes. El señor Blanco ha pedido que un caso particular no
descalifique a toda una organización y en eso coincidimos plenamente.
El que un equipo de trasplantes indique si un enfermo entra o no en
la lista de espera no es, a mi juicio, señor Blanco, y creo que usted
lo comparte conmigo, por un criterio de globalidad, sino por un
criterio de indicación específica en un momento determinado. Este
enfermo fue descartado por el equipo de trasplantes, no porque
tuviera una esquizofrenia, sino porque la esquizofrenia estaba en una
fase activa que desaconsejaba en ese momento el trasplante y por eso
no fue enviado a la Organización Nacional de Trasplantes para
incluirse en la lista de espera. Otro equipo de trasplantes de la
Universidad de Navarra entiende que debe ser incluido. Sin embargo,
como dato que creo que tiene valor no se lleva a cabo la intervención
quirúrgica hasta transcurrido un año, a pesar de que hay otros
momentos en los que puede ser realizada la intervención quirúrgica,
y no la hacen porque están esperando, con buen criterio, a tratar la
esquizofrenia.
Así, pues, lo que quiero aclarar con estos datos, señor presidente,
es que los criterios son personales, son de la enfermedad y del
momento, y los correspondientes equipos de trasplante son los que
tienen autoridad científica y técnica para indicar cuándo tiene que
ser enviado a la O rganización Nacional de Trasplantes para su
inclusión en la lista quirúrgica. Las administraciones sanitarias no
han excluido a nadie de la lista de espera, en este caso. La
Organización Nacional de Trasplantes han incluido al portador futuro
en la lista de espera cuando el equipo de trasplante le ha hecho
llegar esa indicación.
En tercer lugar, y según la defensa de la proposición del señor
Blanco, quiero decirle que comparto con él la preocupación de que se
pueda anclar en la sociedad, en un momento determinado, el criterio
de que la sanidad privada soluciona problemas que la sanidad pública
no solventa. Creo rotundamente en la sanidad pública. El Gobierno del
Partido Popular cree, y lo está demostrando todos los días, en la
sanidad pública y, sobre todo, en la calidad y en la equidad en la
sanidad pública. Ahí es donde, señor Blanco, va dirigida la enmienda
que presenta el Grupo Popular: en insistir en la equidad y en la
calidad. Le ruego que si no puede aceptar la enmienda que el Partido
Popular le propone, formule una transaccional que recoja estos
aspectos: que tiene que haber equidad en el acceso a la Organización
Nacional de Trasplantes y que tiene que hacerse con criterios
técnicos y científicos. Es verdad que para el acceso de un enfermo a
la donación de un órgano tiene que haber criterios de globalidad,
pero fundamentalmente la decisión tiene que ser personalizada por los
distintos equipos de trasplantes. Estos equipos de trasplante están
coordinados y todos los meses de enero, en la Comisión de Trasplantes
del Consejo Interterritorial se reúnen un hepatólogo gastroenterólogo
especializado en hepatología y un cirujano especializado en
trasplantes hepáticos para manifestar las distintas discrepancias que
haya, porque las hay, bien es cierto que en menor cuantía. En este
sentido, quiero informar a esta Cámara de que en el año 1997 hubo
aproximadamente 800 trasplantes hepáticos en España y en el
año 1998 aproximadamente 900, y que los casos en los que había que
aglutinar las discrepancias en la decisión de trasplantar fueron
escasos. Sin embargo, todos los años se producen, en virtud de las
innovaciones científicas y en virtud de la experiencia de estos
grupos de trabajo modificaciones en el criterio. Por tanto, después
de oir la intervención del señor Blanco, propongo que se acepte
nuestra enmienda y, si no es así, que se presente una transaccional
que contenga, repito, equidad, criterios técnicos y de calidad
profesional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco a los efectos
de aceptar o no la enmienda del Grupo Popular.
El señor BLANCO GARCÍA: Quiero agradecer al Grupo Popular y al
ponente la actitud que ha tenido con respecto a la proposición no de
ley porque creo que estamos hablando de las mismas cosas y si ninguno
de los grupos -como nos consta y así lo hemos dicho- estamos
criticando a la Organización Nacional de Trasplantes ni a los
profesionales de cada comunidad autónoma que coordinan la misma, ni
tampoco estamos imponiendo a estos profesionales los criterios con
los cuales deben de funcionar, está claro que tenemos que solventar
que evitar casos como éste que inducen a la opinión pública a pensar
que con el dinero se soluciona todo -lo cual no es verdad- y que el
sistema público hace dejación de este tipo de actuaciones.
Por tanto, la enmienda tiene aspectos positivos. Voy a leer un texto
de enmienda transaccional, porque el Congreso de los Diputados no
debe instar a las administraciones sanitarias, sino al Gobierno, ya
que administraciones sanitarias son las de las comunidades autónomas,
que tienen sus propios parlamentos que controlan a esos ejecutivos
y a esas administraciones. Por tanto, la proposición no de ley diría lo
siguiente: Se insta al Gobierno para que, a través de la Organización
Nacional de Trasplantes, se actualice y flexibilice el protocolo de
los mismos, a fin de garantizar la máxima equidad en el acceso -algo
en lo que ha hecho hincapié el ponente del Grupo Popular- al
trasplante de órganos a los pacientes que lo precisan, en base a
criterios técnicos refrendados por el estado de los conocimientos
científicos. Esto no podría ser de otra manera. Por tanto, ésta es la
redacción que paso a la Mesa para que, si lo acepta el Grupo Popular,
se someta a votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: El caso concreto que se plantea en esta
proposición no de ley es el de un enfermo candidato a trasplante
hepático, que además padecía una enfermedad mental y que no fue
incluido en la lista de espera. Las enfermedades mentales no son por
sí solas excluyentes para llevar a término un trasplante. Las
contraindicaciones para incluir a un paciente en lista de espera
vienen dadas tanto por criterios clínicos como
por otros condicionantes que pueden conducir a un fracaso de
trasplante, como por ejemplo el hecho de no tener la seguridad de que
las pautas terapéuticas por trasplantes se seguirán correctamente,
como es en el caso de este paciente. El problema en este caso se
ocasiona por la deficiente información que se dio a la familia del
paciente sobre las contraindicaciones del trasplante.
En el futuro las razones por las que no se acepta a un paciente
tendrían que ser expuestas con toda claridad a sus familiares. En
este sentido, nos parece que sería altamente positivo establecer los
contenidos que deberían tener los informes que se den a pacientes y
familiares, lo que aseguraría que la información se trasmitiera
correctamente. Hay que recordar, sin embargo, que los criterios de
inclusión y exclusión de pacientes en listas de espera para
trasplantes, así como las revisiones periódicas de los mismos, los
establecen los profesionales que intervienen en el proceso de
trasplantes, es decir, la Organización Nacional de Trasplantes,
profesionales en los que debemos continuar teniendo plena confianza.
Nuestro grupo votará a favor de esta transacción.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTUDIAR LOS APOYOS PÚBLICOS QUE
SE PUDIERAN DISPENSAR PARA LAADQUISICIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVAS.
PRESENTAD A POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Núme
ro de expediente 161/001356.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
por la que se insta al Gobierno a estudiar los apoyos públicos que se
pudieran dispensar para la adquisición de prótesis auditivas. Dicha
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, para someter a debate de la Comisión y esperar
el apoyo de la misma, una proposición no de ley presentada en enero
de 1999, que pretende que se remita a la Cámara un informe, antes de
que concluya el año en curso, para que se determinen cuáles son las
necesidades reales existentes en relación al tema de los audífonos
destinados al colectivo de sordos y cuáles son las disponibilidades
de créditos para atender o poder apoyar con fondos públicos la
adquisición de estos aparatos.
Durante toda esta legislatura, en estos tres años en los que el Grupo
Popular ha apoyado al Gobierno de nuestro país, nos hemos lanzado a
una activa labor parlamentaria en distintos frentes para conseguir
que los minusválidos, y concretamente el colectivo de sordos, vean
satisfecha una de sus grandes aspiraciones, que era el cumplimiento
del artículo 49 de la Constitución. El colectivo de sordos -cuya
estadística está siendo objeto de actualización, ya que la única
fuente de datos fiable que se tenía era de 1988- es muy importante y
tenía como principal motivo de reivindicación ante las instancias
públicas, ante los
gestores públicos, la eliminación de unas barreras de comunicación
que dificultaban notablemente los distintos aspectos que le llevaban
a la integración social: dificultaban su fase educativa, su fase de
formación, también sus posibilidades de empleo, sus relaciones con el
entorno con el que tienen que vivir y, al final, mermaban muy
notablemente su calidad de vida. Como he dicho antes, mi grupo
parlamentario consciente de esta situación, se ha puesto a la tarea
en estos tres últimos años y hemos hecho una labor muy completa y muy
coherente, que esperamos culmine muy pronto de forma satisfactoria
para los afectados.
Por otra parte, el Gobierno -y no se puede negar que la sensibilidad
del Gobierno queda demostrada por la receptividad a las iniciativas
de nuestro grupo- ha adoptado dos planteamientos de carácter general
que indudablemente benefician al colectivo de minusválidos y, por
tanto, también al colectivo de sordos; uno, es el plan de empleo, que
quedó aprobado en su momento y, otro, una preocupación notable por
los aspectos de formación y la capacidad de empleo de la mano de obra
española y fundamentalmente de aquellas personas que tienen una
minusvalía, de tal forma que ha conseguido incrementar muy
notablemente el número de trabajadores de este colectivo que, con
contrato fijo, han entrado en el mercado de trabajo.
En respuesta a una pregunta escrita mía en relación a la posibilidad
de empleo de los sordos y de los minusválidos en general, se puede
decir que en 1996 el total de minusválidos que habían tenido un
contrato indefinido estaba en 3.775, en 1997 llegaba a los 5.800 y
hasta mayo de 1998 el número de empleos fijos que habían sido
ocupados por personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales
estaba en 3.006. Esto quiere decir que la tendencia iba en aumento,
un aumento muy notable, y al final del ejercicio 1998 probablemente
habremos dado un paso muy importante en este capítulo.
Otro planteamiento general que aborda el Gobierno donde también se
contempla un tratamiento muy favorable para el colectivo de
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, es en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, que ha sido muy bien acogido por el
sector.
Mi grupo parlamentario, sin embargo, también preocupado por lo que
significa el incumplimiento de la Lismi en lo que a empleo se
refiere, y el incumplimiento de la Ley de la Función Pública, ha
presentado tanto preguntas escritas como orales en Comisión, incluso
una proposición no de ley, que ha dado lugar a que el Gobierno revise
los mecanismos de acceso a la Función pública y al empleo público
para el colectivo de minusválidos. Esto naturalmente se ha traducido,
entre otras cosas, en cumplir una vieja reivindicación del colectivo,
como es la de adaptar las pruebas de acceso al empleo público a las
especiales condiciones de este grupo de personas.
No contentos con esta labor, hemos continuado también presionando al
Ministerio de Educación y Cultura y, por tanto, una vez más al
Gobierno, para que se dote al colectivo de jóvenes que se encuentra
en período formativo del conveniente apoyo y que su rendimiento
escolar y de formación sea lo suficientemente positivo como para que
estén en condiciones de acceder a un puesto de
trabajo. Esto naturalmente también ha sido respondido por el Gobierno
a iniciativas de mi grupo parlamentario. Ha habido un incremento de
créditos destinados a este fin y también un incremento de personas
dedicadas a este cometido en los distintos niveles de enseñanza, que
ha dado una gran satisfacción a los afectados. No contentos con esto
y dirigido más específicamente al colectivo de los sordos, también
hemos impulsado el que se continúe con el programa de facilitar lo
que son las comunicaciones interpersonales. Ha habido un programa muy
ambicioso, desarrollado con apoyo presupuestario del Imserso, que ha
hecho posible la adquisición de teléfonos de comunicación
interpersonal y también la instalación en lugares públicos de
teléfonos destinados al colectivo de sordos, hasta el punto de que en
1997 se instalaron 1.680 teléfonos, en 1998 las previsiones de
instalación eran de 2.800, con un incremento muy notable de créditos,
saltando de 39 millones en 1997 a 131 millones de pesetas para este
cometido el año pasado.
La última reivindicación en la que ha venido trabajando mi grupo
parlamentario ha sido una que no fue atendida por los responsables
antes de 1996. Los primeros contactos que mi grupo mantuvo en esta
legislatura mostraban que el colectivo de sordos tenía como
reivindicación fundamental el hecho de que Televisión Española, según
la opinión de los afectados, no asumía las responsabilidades que eran
de su competencia en lo que a subtitulación se refiere, estando muy
lejos la subtitulación en Televisión de la de otras compañías
públicas de televisión en el ámbito europeo. Cada vez que nosotros
reclamábamos en legislaturas anteriores la necesidad de incrementar
los tiempos de subtitulación, los responsables de la Dirección
General -y me refiero a aquellos responsables que tenían este
cometido antes de 1996- siempre respondían que carecían de medios
materiales y de presupuesto suficiente para incrementar las
instalaciones técnicas y conseguir un aumento del tiempo de
subtitulación. Naturalmente las presiones de este grupo han sido
atendidas por los responsables de Radiotelevisión Española y en este
momento podemos decir que en 1998 las horas de subtitulación están
por encima de las 400; existe un programa de media hora dedicado al
colectivo que tiene un total de 48 horas de emisión a la semana; se
comienza a subtitular los informativos, que era otra reivindicación
no atendida en legislaturas anteriores. Esto ha hecho que otras
empresas que compiten con Televisión Española en el mercado se lancen
también a la carrera, con lo cual se ha conseguido para el colectivo
de sordos no solamente que la televisión pública ofrezca emisiones
subtituladas, sino que la oferta aumente con la participación de
empresas de carácter privado.
Todos estos antecedentes lo único que pretenden es señalar nuestra
constante y coherente preocupación por c onseguir, como decía,
eliminar las barreras que dificultan la integración de los sordos. En
estos momentos mi grupo tiene dos preocupaciones, que creemos que
significarían un paso muy notable para aumentar las oportunidades de
este grupo de personas que, como he dicho antes, es muy numeroso, y
que son las siguientes. Por un lado, estamos absolutamente
convencidos de que es imprescindible algo que no se ha hecho hasta
ahora, que
esperamos que se pueda poner en marcha en un momento determinado, con
cierta urgencia, que es un plan de detección precoz de la sordera.
Existe una proposición no de ley de mi grupo parlamentario, que será
sometida a su aprobación por el Pleno de la Cámara en el menor tiempo
posible y que pretende que en efecto se ponga en marcha este
procedimiento que es fundamental para la recuperación y
rehabilitación de los afectados. El otro asunto, que es el que nos
ocupa en esta Comisión, es precisamente poder incluir apoyo público
para la adquisición de audífonos, siempre bajo prescripción
facultativa y en los casos en que se considere necesario.
El régimen de apoyos públicos a los aparatos ortoprotésicos está
regulado por una orden ministerial del mes de enero de 1996.
Sorprendentemente, aun cuando los colectivos y los técnicos
especialistas en la materia consideran que los audífonos en muchos
casos pueden ser un elemento determinante para conseguir, como luego
veremos, la plena integración de las personas afectadas y
facilitarles su formación, su empleo y su comunicación con el entorno
que les rodea, no están incluidos en este catálogo de prótesis a
financiar, en sus distintas modalidades, con cargo a los fondos
públicos.
Entendemos que esta deficiencia debe ser corregida, entre otras
razones, porque según los colectivos a los que nos hemos dirigido y
con los que hemos mantenido un contacto se entiende que una prótesis
auditiva, bajo la indicación de un especialista y según los
determinados casos, es fundamental, entre otras cosas, para conseguir
la maduración y el estímulo constante de las vías auditivas,
aprovecha los restos auditivos del paciente, favorece indudablemente
el desarrollo de sus capacidades y habilidades auditivas y contribuye
a la madurez neurológica y también al conocimiento del sujeto, cosas
fundamentales a los efectos de integrarle plenamente en el entorno y
en la sociedad. Además, también se ha podido determinar que la
prótesis auditiva en muchas ocasiones es un elemento determinante
para el sordo en lo que al desarrollo del lenguaje se refiere, porque
naturalmente el desarrollo del lenguaje le facilitan su comunicación.
Si tenemos en cuenta el mandato de la Constitución, los derechos que
asisten a todos los ciudadanos, y no olvidamos un factor que, desde
luego, como miembro del grupo del Gobierno me resulta muy digno de
consideración, que es que por desgracia las disponibilidades de
crédito son las que son, parece conveniente que, en efecto, por parte
del Gobierno se realice un estudio para ver cuáles son los casos más
urgentes o prioritarios, aquéllos en los que la implantación de un
audífono puede ser determinante para conseguir el objetivo de
integración deseado y que de acuerdo con las disponibilidades de
crédito se puedan adoptar medidas en este sentido.
Creo que si se conjugan las necesidades del paciente con las
disponibilidades de crédito público y otra serie de factores, sería
muy positivo que se desarrollara esta línea de trabajo de forma
responsable tanto por parte de la Cámara como por parte de la propia
Administración.
Espero que por las razones que he expuesto la proposición no de ley
que he tenido el honor de presentar sea apoyada por los grupos
representados en la Comisión y de esta forma demos un paso adelante,
un paso firme,
serio, dentro de las posibilidades que existen en nuestro país, para
trabajar y para conseguir un mayor grado de integración de los sordos
en la sociedad, cumpliendo así el mandato constitucional y
recuperando, por cierto, el tiempo perdido durante los muchos años en
los que este tipo de reivindicaciones no fueron escuchadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, intervengo con toda
brevedad para manifestar que nuestro grupo va a apoyar esta
proposición no de ley de Grupo Popular, por cuanto que supone el
desarrollo de una política tuitiva de la Constitución española hacia
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, prestando atención
y apoyo a estas personas que precisan prótesis auditivas, y cuya
necesidad ya deberíamos haber resuelto con la reforma de la sanidad.
Como se ha dicho aquí anteriormente, estas prótesis auditivas
constituyen un instrumento fundamental para que estas personas salgan
de su sordera profunda, siendo la más preocupante la sordera
infantil, para la que en la Comunidad Autónoma de Canarias ya tenemos
previsto que a los niños de hasta ocho años y hasta 90.000 pesetas
les suministramos las prótesis auditivas. Por esa razón y como aquí
estamos hablando de un tema que afecta a todo el Estado, vamos
a votar favorablemente esta proposición. No obstante, y como decíamos
también respecto a una anterior proposición no de ley, deseamos que
ésta no sea un brindis al sol sino que creemos que debería venir
acompañada de una petición de financiación adecuada para que, ya que
no está recogido ni en la orden de 1996 ni en la anterior - no está
recogido en ninguna de las dos-, antes de que finalice este año, se
consiga la concesión de prótesis auditivas para los disminuidos
físicos y sensoriales, tal como se pide en la proposición no de ley
del Grupo Popular que, repito, vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: En relación con la proposición no de ley
para la elaboración de un informe de necesidades y financiación de
prótesis auditivas, pensamos que conviene disponer de una visión
global de la cuestión, de la que en estos momentos se carece, por lo
que el estudio propuesto nos parece oportuno.
No obstante se debe evitar, por adelantado, que el estudio, por un
posible sesgo en la elección de sus miembros u otras consideraciones,
cargue las responsabilidades sobre el sector sanitario. En este
sentido, nuestro criterio es que las ayudas deben tener su origen en
los servicios sociales y en el ámbito educativo para aquellos
afectados en edad escolar y según diversos baremos económicos. Sin
perjuicio de reconocer la necesidad del favorecer en lo posible la
integración social de las personas con problemas auditivos a través
de una actuación intersectorial, pensamos y creemos que el reparto
tradicional de papeles
que se aplica en todo Estado progresista consiste en tres partes: En
primer lugar, por parte de sanidad, aplicar el diagnóstico precoz, el
tratamiento prematuro, etcétera, de las lesiones susceptibles de
tratamiento, es decir, diagnosticar y resolver en lo posible desde el
área clínica la patología que puede dar lugar a la hipoacusia; en
segundo l ugar, por parte del ámbito de educación, aplicar técnicas de
educación especial destinadas a potenciar las capacidades de los
efectos de hipoacusia, y, en tercer lugar, por parte de los servicios
sociales, facilitar la adquisición de los dispositivos oportunos de
acuerdo con los baremos que tengan establecidos según niveles de
ingreso y otras circunstancias de los afectados.
Entendemos que este tradicional reparto de papeles, reseñado de forma
esquemática, cumple razonablemente bien su misión y que no hay
razones suficientes para modificarlo en cuanto a que alguna posible
alternativa aportara mejoras sustanciales frente al problema; es
decir, la sanidad debe prevenir las deficiencias, diagnosticar
precozmente las lesiones susceptibles de tratamiento y tratar los
casos que las tuvieren, mientras que compensar limitaciones,
adiestrar y potenciar las capacidades residuales es sin duda un tema
de interés social pero que excede el ámbito sanitario. En nuestra
opinión, la financiación de los audífonos es antes una prestación
social que sanitaria, pudiendo tener amparo ya en el artículo 56 del
Texto Refundido de la Ley 1/1994, General de Seguridad Social. Además
, las actuales vías de copago en el ámbito de los servicios sociales
reflejan un criterio de justicia material más equitativo que el que
se podría habilitar desde el sector sanitario al dirigir la ayuda
pública a los discapacitados y al estar modulada según baremo de
ingresos económicos.
De todas maneras, como he dicho al principio, vamos a apoyar esta
proposición no de ley en el sentido de realizar un estudio que
permita conocer todas estas necesidades a las que hemos aludido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, intervengo muy brevemente para
manifestar nuestro apoyo a la iniciativa parlamentaria presentada por
el Grupo Popular, encaminada a desarrollar un estudio que permita
conocer las necesidades anuales de prótesis auditivas por parte de
las personas con dificultades sensoriales auditivas.
Señorías, señor presidente, no olvidemos que afortunadamente la vida
de las personas es más larga y esto nos obliga a que no solamente sea
cuidada la longevidad, sino también a que debemos tener en cuenta la
calidad de vida que debemos prestar al colectivo de personas mayores
que se ven privadas de su capacidad auditiva, todo esto,
indudablemente, prestando una especial atención a todas aquellas
personas con problemas auditivos y, en p articular, al colectivo de
los niños, a los cuales estas prótesis y estos adelantos científicos
les permitirá tener las mismas oportunidades educativas y sociales.
Como puede desprenderse de esta proposición no de l ey, es el primer
paso, acertado, para conocer las necesidades, las condiciones y los
medios disponibles antes de
elaborar un programa efectivo y propulsar las medidas más idóneas que
contribuyan a una buena calidad de vida de este colectivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Nuestro grupo se congratula de la
extraordinaria preocupación social que manifiesta el Grupo Popular y
de la coherencia que ha demostrado con su proposición no de ley, que
hoy estamos debatiendo aquí y con todas las explicaciones
complementarias que ha hecho. Lo que sucede es que mucho nos tememos
que este acto sea uno más y quede como un brindis al sol, tal como no
quería llegar a calificarlo el representante de Coalición Canaria.
Realmente nosotros entendemos que esta proposición no de ley es un
brindis al sol por varias razones.
Estaríamos de acuerdo totalmente con la exposición de motivos donde
se pone de manifiesto y se recogen algunas de las reivindicaciones de
estos discapacitados sensoriales para después llegar a la conclusión
de que la coherencia y la preocupación de Grupo Popular consiste en
instar al Gobierno, al cual dan soporte, para que haga un estudio. Me
parece que para este viaje hacen falta muy pocas alforjas, porque el
estudio se puede realizar ya por preocupación del propio Ejecutivo,
sin necesidad de que se le inste desde el Parlamento. Creemos que el
Parlamento debería instar al Gobierno a que fuera más avanzado en
algunas de estas cuestiones, si es que es cierto que manifiestan esta
preocupación social; preocupación social que se pone de manifiesto en
otras cuestiones como, por ejemplo, en la limpieza que están haciendo
de invalideces absolutas, en otros tipos de invalidez y en otras
cuestiones sociales, aunque no sea ahora el momento de debatirlo.
Esta proposición no de ley, en contra de lo que se ha argumentado, no
sirve para poder dar cumplimiento a los artículos correspondientes a
la Constitución española ni a los derechos que recoge la misma porque
lo único que se pide en esta proposición no de ley es que se haga un
estudio. Entenderíamos que si el Grupo Popular que apoya al Gobierno
tiene estas preocupaciones sociales, instara al Gobierno a que
incluyera en el catálogo de prestaciones sanitarias, si este es su
deseo, las prótesis auditivas los audífonos. Estaríamos de acuerdo
con lo manifestado por el representante del Grupo Vasco en cuanto a
que habría que discutir previamente si esta es o no una prestación
sanitaria para incluirla o no en el catálogo de prestaciones
sanitarias. Parece que tendría más cabida en las prestaciones
sociales que no en las sanitarias como manifestaba. Por tanto,
entendemos que el alcance de esta proposición no de ley es el
oportunismo, simplemente quedar bien frente a la Federación Española
de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos que son los que
están tirando hacia adelante esta iniciativa. Quería decir que ya se
ha cumplido, encargando al Gobierno a que realice un estudio, pero
sin dar una solución definitiva. Si se considera que es realmente una
prestación sanitaria, habría que proponer al Gobierno que se
incluyera en el catálogo de prestaciones y debería
darse de forma universal y gratuita; si es una prestación social,
deberían tenerse en cuenta las disponibilidades económicas de cada
una de las familias para las ayudas de acuerdo a los ingresos
económicos, como manifestaba el representante del Grupo Vasco.
Nosotros no podemos dar soporte a esta proposición no de ley porque
no vemos que vaya a ninguna parte, simplemente es un elemento de
propaganda que se hace a costa de un colectivo que tiene graves
dificultades. Pediríamos al Grupo Popular que retirara esta
proposición no de ley, que se planteara en serio la solución del
problema de los discapacitados y que aportara soluciones concretas en
el terreno sanitario o en el terreno social para solventar estos
problemas, dado que, como bien se indica en la exposición de motivos,
se considera que es una prestación básica, fundamental y definitiva
-dice- en la sordera infantil, pero que precisamente como no está
regulada por la orden ministerial, no se presta esta atención
sanitaria -los audífonos-, para terminar solicitando que, por la
importancia, por la necesidad y por la gran ayuda que los audífonos
prestan en las sorderas profundas, en definitiva, en la sordera
infantil, como dicen ellos, la Administración nos diga cuánto dinero
puede destinar a este tema.
En relación con las prestaciones sanitarias, quiero indicar que es un
tema que está en estudio en el Consejo Interterritorial, que afecta a
todas las comunidades autónomas y a la financiación del sistema
sanitario. Por tanto, no ose pueden hacer afirmaciones con las que se
quiera dar la impresión de que se quieren solventar los problemas,
aunque sin solventarlos, para, decía, quedar bien y hacer un brindis
al sol. Por esta razón nuestro grupo no puede apoyar esta proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De Luis,
exclusivamente en relación con alguna propuesta que han hecho
distintos los grupos parlamentarios.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Intervengo muy brevemente respecto a las
sugerencias que me hace el representante del Grupo Socialista.
Quiero precisarle, primero, que naturalmente nosotros no vamos a
retirar la proposición no de ley, que entendemos es perfectamente
coherente y responsable con lo que debe ser la labor del grupo
parlamentario que apoya al Gobierno. Comprendo que desde la
oposición, sin tener responsabilidad de gobierno, se vaya a un
planteamiento quizás más demagógico, sin preocuparse de saber si, en
efecto, existen disponibilidades y bajo qué condiciones se puede
prestar apoyo a la adquisición de prótesis auditivas. Segundo, los
grupos de la oposición tienen que ser coherentes con su propia
historia. Al final la política no es una ciencia exacta, pero desde
luego sí contribuye de forma muy decidida a la historia del país.
Esta Cámara tiene «Diarios de Sesiones» que constituyen piezas
históricas de la actividad parlamentaria. Lo que siento es que otros
grupos que hoy en día no comparten con el Grupo Popular las
responsabilidades de gobernar no hayan sido tan coherentes ni tan
decididos durante el tiempo que tuvieron la responsabilidad de apoyar
al Gobierno, a la hora de trabajar con coherencia y de
forma completa por la integración de los colectivos de disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales. Todos los asuntos que he expuesto
habían sido absolutamente desatendidos por los gestores del Gobierno
anterior. Nosotros, de una forma coherente y responsable, sin entrar
en demagogia, hemos intentado ir satisfaciendo sus demandas y creemos
que durante esta legislatura se ha dado un paso firme y positivo para
la plena integración del colectivo de sordos.
Por otra parte, quiero aclarar, a efectos de que conste en el «Diario
de Sesiones», un concepto que el representante del Grupo Socialista
tiene equivocado. Los grupos parlamentarios, apoyen al Gobierno o
estén en la oposición, están plenamente facultados para proponer en
esta Cámara mandatos al Ejecutivo. En ocasiones, esos mandatos al
Ejecutivo son para que adopte determinadas medidas y otras veces son
para que el Ejecutivo desarrolle determinadas líneas de trabajo. Por
lo tanto, carece completamente de base formal, de base reglamentaria
y de base política la posición que ha mantenido el representante del
Grupo Socialista. Si él no está dispuesto a apoyar esta iniciativa,
que pretende conseguir algo muy importante para el colectivo de
sordos, supongo que asume su propia responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Intervengo muy brevemente, señor
presidente, para decir que nosotros estamos dispuestos a asumir
nuestras responsabilidades; las hemos asumido siempre. A lo que no
estamos dispuestos es a lavar la cara... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento señor Corominas.
Señores parlamentarios, les ruego silencio.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: En ningún momento -lo digo también
para aclararlo y para que conste en el «Diario de Sesiones»- hemos
puesto en duda la legalidad y el ajuste reglamentario de la
proposición no de ley. Lo que decimos es que no es muy coherente una
proposición no de ley que se limita, después de las grandilocuencias
sobre preocupaciones sociales, a e ncargar al Gobierno que haga un
estudio. Es nuestra opinión. Si e tratara de una proposición no de
ley que solventara los problemas de esta colectivo de discapacitados,
nuestro grupo la apoyaría. No para hacer un estudio porque aquí no
ose solventa nada.
- SOBRE RETIRADA DE LOS ALIMENTOS MANIPULADOS GENÉTICAMENTE Y RECHAZO
A LA APROBACIÓN POR LA UNIÓN EUROPEADE LA DIRECTIVA SOBRE PATENTES
BIOTECNOLÓGICAS Y LIBERACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
EN EL MEDIO AMBIENTE. PRESENTA D A POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERALDE IZQUIERDAUNIDA. (Número de expediente 161/1391.)
- RELATIVAA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS EN
EL ESTADO ESPAÑOL Y MEDIDAS CAUTELARES A L RESPECTO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001399.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a siguiente punto del orden del día:
debate de la proposición no de ley sobre retirada de los alimentos
manipulados genéticamente y rechazo a la aprobación por la Unión
Europea de la directiva sobre patentes biotecnológicas y liberación
de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
que, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Mixto, se acumula con la
proposición no de ley relativa a la comercialización y consumo de
productos transgénicos en el Estado español y medidas cautelares al
respecto.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En lo que ya empieza a ser un debate
repetido, pero no por ello menos necesario y desde luego importante,
están apareciendo una serie de cuestiones que parecen unir las
perspectivas de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En primer lugar, nadie duda de la importancia de ser precavidos, de
tener cautela y sobre todo de salvaguardar el medio ambiente y
principalmente la salud humana. Como nadie duda, en segundo lugar, de
la necesaria información que debe poseer la sociedad para
posicionarse con conocimiento de causa respecto de un problema que
puede tener graves consecuencias para el futuro. Y, en tercer lugar,
tampoco duda nadie de que la investigación científica en toda la
cuestión de los transgénicos puede hacerse, lógicamente, vinculada a
grandes intereses económicos. No es, por lo tanto, puesto en duda por
nadie que grandes empresas de comercialización de productos
transgénicos, como Novartis o Monsanto, hoy controlan no solamente
esta comercialización, sino también gran parte de la investigación
privada que se hace en la mayoría de los países del mundo.
Quiero aprovechar esta ocasión para dejar bien sentado que cuando
comparecieron en esta Cámara los señores Albert, Puig Domenech y
Vidal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no
dudaron tampoco, a pesar de su posicionamiento implícitamente
favorable a los productos transgénicos, en reconocer que en efecto
había grandes intereses económicos en juego, que la expansión de los
cultivos transgénicos era un hecho, principalmente y de forma clara
en el Estado español, y que no cabía duda de que la opinión pública
estaba interesada en que todos los organismos transgénicos fueran
etiquetados. Por lo tanto, desde este punto de vista, nada tenían que
objetar a esta demanda social. Si analizamos la comparecencia de los
tres científicos españoles, vemos que el último argumento de fondo,
en palabras del señor Vidal, para justificar la posición favorable a
los productos transgénicos, aunque con cautela y con precaución,
fue la siguiente frase textual: Habría que confiar en las
multinacionales en el sentido de que se juegan mucho.
Ustedes saben que últimamente la alarma cundió de una forma más
notoria en muchos Estados desarrollados de la Unión Europea, en
concreto en el caso de Gran Bretaña. También con antelación hubo
debates importantes en el grupo de bioseguridad del Convenio de
Biodiversidad de la ONU y por parte de algún científico cualificado,
que llegó a enfrentarse con el establishment, perdiendo incluso su
trabajo, sobre las posibles afectaciones que podría sufrir el sistema
inmunológico humano, al menos con cierto tipo de manipulaciones de
carácter genético. Hasta tal extremo la autoridad considera que no se
conocen bien los efectos, que el Estado español está dispuesto
a imponer una normativa estableciendo seguros de 15.000 millones de
dólares para precaver cualquier tipo de consecuencias negativas que
puedan llevar acarreadas la comercialización y el consumo de este
tipo de productos. En todo caso, lo que importa es que el propio
Gobierno reconocía en 1997, en respuesta a este diputado, que el
Gobierno español puede invocar la cláusula de salvaguarda contenida
en el artículo 16 de la mencionada Directiva 90/220 CEE si existen
nuevos elementos que objetivamente permitan concluir la existencia
real o potencia de un riesgo para la salud humana o el medio
ambiente. Además, dejaba claro que la materia en cuestión corresponde
al ámbito de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta esto, nosotros presentamos una proposición no de
ley que propone en primer lugar que, en nombre de la cautela, se haga
uso de la cláusula de salvaguarda, estableciendo prácticamente una
moratoria en la importación de productos transgénicos y limitando el
número de toneladas de los actualmente permitidos. En segundo lugar,
que se aplique la normativa vigente para que sea obligatorio el
etiquetado de estos productos transgénicos y de forma especial de los
alimentos de origen transgénicos, con indicación expresa de sus
componentes y, como dije antes, en riguroso cumplimiento de la
normativa. En tercer lugar, que habría que garantizar que los
organismos pertinentes de ámbito estatal valoren y analicen
debidamente, desde el punto de vista sanitario y medioambiental, los
productos transgénicos autorizados para su comercialización. En
cuarto lugar, que los ensayos de campo de estos productos que, de
forma un tanto anglosajona, se califican de liberados en el ambiente
-la palabra liberación es muy positiva en español, por lo que sería
interesante buscar otra-, no produzcan daños a la salud humana y al
medio ambiente. Deben recordar que se está triplicando cada año el
número de ensayos de campo y que sería bueno que hubiese una
vigilancia rigurosa sobre ellos. En quinto lugar, respecto a la
Comisión Nacional de Bioseguridad, que hay debates, que son legítimos
además, sobre si está suficientemente dotada de medios y de personal
para poder hacer una evaluación de los productos transgénicos. Y como
defiende el Gobierno que esta es una materia reservada al ámbito de
la Unión Europea, al menos el marco general, proponemos que se
defienda en este marco una política en la que se primer el derecho a
la protección de la salud humana por encima de cualquier otro, sin
menoscabo de la necesaria investigación científica.
Por último, señor presidente, quisiera decir que a esta proposición
no de ley se han presentado enmiendas que han dado como resultado una
transaccional que después daremos a conocer.
El señor PRESIDENTE: Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Mixto,
se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista para cuya
defensa tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, de nuevo entramos a debatir
hoy en esta comisión -esta tarde tendrá lugar un debate similar en el
Pleno de la Cámara- acerca de la comercialización del uso alimentario
de los productos y alimentos modificados genéticamente, así como de
los controles, análisis y evaluaciones que deben ponerse en vigor o
tenerse en cuenta en las fases previas de investigación y desarrollo
y necesarios para la autorización de su comercialización y consumo.
También volvemos a discutir sobre el derecho que asiste a los
consumidores y a la obligación de las autoridades sanitarias a estar
informados y a informar debidamente mediante el correcto etiquetado
de los productos y de los alimentos modificados genéticamente.
Considerábamos ayer y hoy que lo transgénico no puede ser considerado
como lo contrario de lo natural, que no se puede dar la categoría
metafísica del principio de todos los males que pueden caer sobre la
naturaleza y el ser humano, que no se puede blandir el miedo a lo
desconocido o lo que queda por venir, que en nombre de la defensa de
la naturaleza no se pueden defender principios inamovibles, obsoletos
y falsos cuando de lo que estamos tratado es de investigación
científica, de desarrollo, de avances imparables en el mundo de la
ciencia y de mejoras en las condiciones de vida de los seres humanos
y del medio ambiente. Hay que ser serios y rigurosos y no plantear el
debate en los términos de productos transgénicos sí o productos
transgénicos no, porque sería un debate irreal que no nos llevaría a
ningún sitio por una razón básica: la biotecnología ha permitido
avances espectaculares en el ámbito científico y en su aplicación
médico-farmacológica, en el ámbito industrial y agroalimentario, y la
sociedad no está dispuesta, nunca lo ha estado históricamente, a
renunciar a los avances conseguidos por el hombre para mantener los
principios ideológicos de ningún grupo. ¿Vamos a pedir a los
diabéticos -lo pongo como ejemplo- que no se inyecten insulina porque
es una sustancia transgénica? ¿O por qué se considera menos seguro el
maíz o el tomate transgénico que inyectarse esa insulina? ¿O quién
considera hoy que es una violación de la naturaleza la fertilización
in vitro y las diferentes manipulaciones genéticas en la reproducción
asistida? No hay un solo producto o especie cultivados que no estén
manipulados por el hombre; si no fuera así, no habría un solo cultivo
que viviera por sí mismo. Si hablamos en puridad de cultivos
naturales, sólo podríamos hablar de cultivos silvestres. Por otra
parte, no cabe duda de que los alimentos transgénicos, la
incorporación de nuevas tecnologías permitirán aumentar la
productividad y la simplificación de los sistemas de cultivo, de
manera que pueda abrirse una esperanza cierta en la mejora de las
condiciones de vida de los países infradesarrollados.
Por todo ello, el Grupo Socialista cree que debemos centrarnos en los
problemas reales, en analizar cuáles son las circunstancias que
tenemos en Europa, en el mundo y especialmente en nuestro país, y en
adoptar las medidas de precaución y cautela necesarias. Tenemos una
legislación, una ley desde el año 1994, un decreto que la desarrolla,
un reglamento y unas directivas europeas que hay que cumplir,
exigiendo también su cumplimiento al Gobierno.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que
pretende recoger de manera concreta y específica todos los aspectos a
los cuales voy a hacer referencia a continuación. Por fortuna,
previamente al debate de este punto del orden del día de la Comisión,
ante la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, se ha producido un
acuerdo entre el conjunto de los grupos políticos de esta Cámara y la
enmienda de sustitución que había presentado el Grupo Socialista y se
ha llegado a una redacción de consenso que ya conocerá la Mesa. En
esa redacción de consenso se pide al Gobierno que continúe cumpliendo
de manera estricta los requisitos y las normas de seguridad
establecidas en las directivas europeas y en el Real Decreto 951/
1997, de 20 de junio, que desarrolla y reglamenta la Ley 15, para la
concesión de autorización de utilización confinada y liberación
voluntaria con fines de investigación y desarrollo de los o rganismos
modificados genéticamente así como para la autorización de la
comercialización de estos organismos o productos que los contengan.
En segundo lugar, se pide que se cumplan las normativas europeas y
las propias españolas sobre normas de etiquetado, para que la
información que tengan los consumidores sea estricta y rigurosa. Se
pide también que se extreme la vigilancia y se incrementen los
controles en las actividades de utilización confinadas y liberación
en el medio ambiente cuando los programas de investigación sean
desarrollados por instituciones y órganos del propio Estado y que se
establezcan al mismo tiempo los mecanismos necesarios de coordinación
y asistencia administrativa técnica y científica con las comunidades
autónomas que tienen transferidas las competencias, a fin de que
puedan cumplir adecuadamente con las obligaciones de vigilancia y
control que les confiere la Ley 15, de 3 de junio.
Solicitamos también al Gobierno que, en cumplimiento de lo que
establece la ley, en concreto la disposición adicional séptima, se
elabore un informe -y pedimos que se presente en el Congreso de los
Diputados- sobre cuál es la situación de los organismos modificados
genéticamente en nuestro país. Pedimos igualmente que el Instituto
Nacional de Consumo realice una campaña informativa amplia y rigurosa
para que el conjunto de los ciudadanos conozca lo que son los
productos y los alimentos transgénicos y cuál es su situación en
nuestro país. Decimos asimismo que el Gobierno se asegure de que la
Comisión Nacional de Bioseguridad cuenta con los medios técnicos,
administrativos y científicos suficientes para garantizar el
desarrollo de las funciones consultivas que le confiere la ley con
total eficiencia e independencia. Y por último se pide al Gobierno
que, en el marco de la Unión Europea, siga defendiendo los principios
del derecho de la protección a la salud humana por
encima de cualquier otro, sin menoscabo de la necesaria continuación
de las investigaciones científicas.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, entiendo que usted acepta las
enmiendas propuestas por los distintos grupos en los términos en que
se han pasado a la Mesa.
Tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, claro que las
acepto. Además, quisiera decir que es el producto de un trabajo
conjunto del grupo proponente, el Bloque Nacionalista Galego, del
Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), habiendo colaborado, por supuesto, la señora Blanca Fernández
de Capel, del Partido Popular, y Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy a ser muy breve, señor presidente,
porque se ha llegado a un acuerdo de consenso y, por lo tanto, no
quiero insistir.
Tengo que manifestar que esta cuestión preocupa mucho en Canarias. Sé
que también preocupa a todos los grupos políticos, pero es que en
Canarias el consumo de productos transgénicos tiene una base popular
muy extensa a través del millo, el maíz y el gofio, que se preparan
de diversas formas. Podemos asegurar que Canarias es la comunidad
autónoma que tiene un mayor índice de consumo de maíz. Tenemos
también el tomate y la patata o la papa. Y la preocupación se hizo
más intensa en nosotros más el fracaso de la conferencia que se
celebró en Cartagena de Indias, Colombia.
Nosotros creemos que esta iniciativa del Grupo Mixto, iniciativa
acertada con esa redacción consensuada a que se ha llegado, viene a
resolver o por lo menos a mantener la vigilancia y exigencia de lo
que pudiera afectar el producto transgénico, no solamente en medio
ambiente, sino lo que es más importante, en la vida de las personas.
Nosotros formulamos una pregunta sobre este aspecto al ministro de
Sanidad y Consumo hace dos semanas y nos dio una respuesta
tranquilizadora. Pero no es suficiente. Creemos que hay que
profundizar y vamos a votar favorablemente ese acuerdo de consenso al
que hemos dado anuencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene
la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señor presidente, señorías, se han
presentado y figuran en el orden del día dos proposiciones no de ley
sobre la retirada de alimentos manipulados genéticamente y
comercialización y consumo de los mismos. La primera, que es de
Izquierda Unida, sobre alimentos manipulados genéticamente, no puede
ser apoyada por nuestro grupo en ninguno de sus dos puntos. Respecto
del primero cabe decir
que los datos actualmente disponibles permiten asegurar la inocuidad
de los productos transgénicos autorizados, pues la obtención de tal
autorización requiere el cumplimiento de una serie de garantías que
entendemos que son suficientes al día de hoy. Del segundo punto se
puede afirmar que los ensayos de campo están debidamente regulados,
por lo que la presunta liberación al medio ambiente de organismos
modificados genéticamente no entraña riesgo alguno con el
conocimiento científico disponible.
Resumiendo, repito, no podemos apoyar esta proposición no de ley.
Con relación a la segunda proposición no de ley, presentada por el
Bloque Nacionalista Galego, sobre productos transgénicos, su primer
punto, a la luz de condiciones de seguridad a las que ya me he
referido en el punto anterior, parece que no sería muy de invocar la
salvaguardia aludida en la proposición, de hecho, por lo que
conocemos, puesto que sería el primer Estado miembro de la Unión
Europea en hacerlo. Coincidimos plenamente con los puntos segundo y
tercero. El punto cuarto entendemos que podía haberse redactado de
otra forma, en el sentido de establecer una planificación y normas de
control adecuadas sobre los productos transgénicos autorizados,
incluyendo como parte de los mismos la realización de controles
rigurosos sobre los ensayos de campo de estos productos, de forma que
no se produzcan daños a la salud humana ni al medio ambiente.
Finalmente, coincidimos plenamente en el contenido del punto sexto,
que se refiere al criterio, a nuestro juicio fundamental, de la
protección de la salud humana por encima de cualquier otro interés
que pueda concurrir.
Como ya se ha señalado, existe una enmienda transaccional, que supone
un consenso de casi todos los grupos, que en buena parte da solución
a los puntos que he planteado, por lo que la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, en la Unión Europea la
comercialización de los organismos modificados genéticamente es
regulada por la directriz del Consejo 90/220, de abril de 1990, sobre
la liberalización intencionada al medio ambiente de organismos
modificados genéticamente. Esta norma fue traspasada al derecho
interno del Estado español mediante la Ley 15/1994, del 3 de junio,
por la cual se establece el régimen jurídico de la autorización,
liberalización voluntaria y comercialización de organismos dificados
genéticamente, con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente.
En el artículo 16 de esta directiva se explicita que cuando un Estado
miembro tenga razones suficientes para considerar que un producto,
que ha sido debidamente modificado y autorizado por escrito, de
conformidad con la presente directiva, constituya un riesgo para la
salud humana o el medio ambiente podrá restringir o prohibir
provisionalmente el uso y/o la venta de dicho producto en su
territorio, de lo cual informará inmediatamente
a la Comisión y a los demás Estados miembros, exponiendo un informe
científico que avale la decisión. Y este último requisito, señorías,
es el que el Grupo Parlamentario Catalán encuentra que falta en la
petición del grupo proponente. Estaríamos de acuerdo en el segundo
punto, puesto que si es cierto que el Reglamento 1.139/98 de la
Comunidad Económica Europea, en su artículo 2.o, ya explicita la
obligación del correcto etiquetado de los productos que contengan
algún elemento transgénico en su elaboración, no es desconocido por
este grupo parlamentario la dificultad científica que hoy por hoy
hace muy costoso y largo el proceso de análisis y el control
pertinentes para detectar estos organismos modificados genéticamente
en los alimentos.
Por este motivo, estando claro, pues, ya he dicho antes que está
regulado, creemos que instar al Gobierno a que obligue a cumplir con
la ley es reforzar el criterio de esta Comisión, en el convencimiento
de que el etiquetado es una garantía a los consumidores y a las
consumidoras para poder ejercer en libertad la elección de consumir
estos alimentos. En esta misma línea están los puntos tercero y
cuarto de la propuesta, pero discrepamos en la petición de una
moratoria cautelar. No está justificada, por el mismo criterio que en
el punto primero ya hemos argumentado.
Una vez más, señorías, el buen criterio de esta Comisión,
representada por los ponentes del tema, ha propiciado un acercamiento
en nuestras posturas y en nuestros criterios, hecho que quisiera
hacer constar en el «Diario de Sesiones», pues este acto de
responsabilidad política, en un tema tan candente como es el de los
transgénicos, hace que también una vez más esta diputada se sienta
orgullosa de estar en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario P opular, tiene la
palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, la proposición no de
ley presentada por el Grupo Mixto, a lo largo de diversas
conversaciones entre los ponentes de este grupo, ha sido sometida a
una serie de enmiendas que constan en la Mesa y que han reflejado en
cierta medida el sentir de todos los grupos en este aspecto.
Sin embargo, tal como ha quedado la proposición no de ley, quiero
decir que no es en sí misma una declaración de intenciones sino el
reconocimiento de la actitud de precaución, de evaluación y de
rectitud en la que en este momento España se está moviendo, con la
cautela en la información científica y el rigor necesario para tratar
de un tema tan delicado en algunos aspectos, sobre todo porque al
ciudadano muchas veces no le interesan tanto las cuestiones a las que
está sometido -como señala el dicho vulgar- como lo que come; no
quiere juegos con las cosas de comer.
Evidentemente, en esta enmienda ha quedado reflejado el consenso con
que los grupos parlamentarios apoyan esta actitud de precaución y de
evaluación rigurosa que se viene teniendo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Fernández de Capel.
Ruego a SS.SS. que mantengan un discreto silencio.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Queda reflejado también el
derecho de los ciudadanos y de la sociedad de estar informados y del
Gobierno a informar. Yo vuelvo a decir que la información se hace a
diario y que cualquier ciudadano, de cualquier sitio, puede acceder a
esa información, que tiene todas las medidas de control y de
precaución que el Gobierno adopta, en plazos, campos de
experimentación y diferentes organismos modificados genéticamente.
Esa actitud de precaución y cautela no es únicamente el Gobierno
español. Todos los gobiernos de la Unión Europea tienen esta actitud
de precaución, porque la sociedad europea es rigurosa con estos
controles y el humanismo que implica a todos los Estados europeos
hace que el hombre no esté al servicio de nada, sino que la ciencia,
la agricultura y los avances tecnológicos se pongan al servicio del
hombre; no al contrario. Esa cautela y esa precaución han hecho que
durante mucho tiempo todas y cada una de las modificaciones
autorizadas hasta la fecha, tanto en las que España pueda ser país
proponente como en las presentadas por otros Estados miembros de la
Unión Europea, hayan sido sometidas a una evaluación rigurosa de
riesgos, para el medio ambiente y para la salud humana.
Señorías, cualquier avance científico, también de los que se hacen en
materia de biotecnología, siempre son sometidos a una evaluación de
riesgo-beneficio. Por ejemplo, nadie nos asustamos hoy por ir en
coche, a pesar de que todos sabemos los enormes riesgos a que estamos
sometidos en ese aspecto. Siguiendo los procedimientos establecidos
por la Unión Europea, por sus normativas, las directivas 219 y 220,
de 1990, cuyas trasposiciones dieron lugar a la Ley 15/1994, y a los
desarrollos posteriores, España en este momento cumple todos los
requisitos y estas enmiendas que se han presentado son el
reconocimiento de que todos los grupos apoyamos esta situación de
precaución y de cautela con que el Gobierno está llevando a efecto
todas y cada una de las alegaciones que se pueden producir en España
al amparo de las directivas internacionales.
Por otro lado, se habla en alguna enmienda de que el Gobierno debe
garantizar, como ya lo hace, porque nos va mucho en ello, que la
Comisión Nacional de Bioseguridad tenga todos los medios necesarios,
que pueda pedir informes a diferentes organismos e instituciones y
que pueda solicitar la presencia de cuantos técnicos fueran
necesarios.
Lo que sí queremos decir, señorías, es que en esto España no es un
francotirador ni actúa por libre, sino que actúa dentro de una
normativa internacional tan rigurosamente establecida que a veces
algunas de las liberaciones duran decenas de años. Lo que sí es
peligroso son las campañas de desinformación, porque todo el mundo
habla de todo, y desgraciadamente no puede ser así, todo el mundo no
podemos hablar de todo, ni de cine, ni de música ni de biotecnología.
En las tertulias radiofónicas y en programas de televisión yo oigo
que a veces se habla
de problemas que no existen; se está a favor, se está en contra. Son
situaciones que no se pueden tratar de esa manera, cuando comités
científicos internacionales, formados por lo más granado y lo más
importante de todos los países, con un rigor excesivo, analizan cada
una de las decisiones que los Estados adoptan, no de forma individual
sino en el seno de la Unión Europea, valorando siempre y ponderando,
con toda serenidad, con toda eficacia y eficiencia y con toda
información los riesgos y los beneficios que los avances científicos,
en el aspecto agrícola y en el aspecto alimentario, tienen para la
salud humana.
Se dice que debería ser buena una campaña de información.
Naturalmente. Porque esa información sería veraz, científica y
rigurosa, no cayendo en algunas charlatanerías que se oyen en algunos
medios de información, en los que cualquiera habla de todo. Sería muy
osado por parte de algunos de nosotros hablar en un momento dado de
cosas que no entendemos. Por eso creo que es acertado el consenso al
que hemos llegado de que se haga una campaña rigurosa de información,
porque una información auténtica disipa muchas dudas y hace que la
gente sea reflexiva a la hora de adoptar posturas.
La última de las cuestiones que se mencionan es que la Unión Europea
siga defendiendo la salud humana. Naturalmente no podemos poner en
duda que, dentro del seno de la Unión Europea, los organismos a los
que son sometidos estos controles, que son nada menos que el Comité
sobre alimentación humana, el Comité de pesticidas y el de
alimentación animal, han hecho posible la autorización de algunas
modificaciones genéticamente introducidas en el maíz o en la soja, la
forma en que han de ir experimentándose y cómo ha de cultivarse. Y ah
í tenemos la Directiva 98/1944, del Parlamento Europeo, relativa a la
protección de invenciones biotecnológicas. Todo esto se hace con el
control y el rigor necesarios, lo que hace que los países nos podamos
sentir seguros de que los gobiernos están actuando con todas las
cautelas.
En fechas próximas e van a reunir en la Unión Europea los comités de
expertos para analizar estos puntos, como consecuencia de ciertas
noticias que en estos días hacían dudar a los ciudadanos del rigor
con que se venía haciendo. Sabemos que España está dentro de la
legalidad vigente y tanto desde el punto de vista económico como
medioambiental estamos obteniendo unos beneficios que no tienen
ningún problema en nuestra sociedad. Nos felicitamos de haber llegado
a un consenso en esta especie de declaración de intenciones, que no
es ni más ni menos que una ratificación de que la postura española en
la Unión Europea es acertada y rigurosa y que es una postura que
cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, como hemos
visto.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de las distintas
proposiciones no de ley, vamos a proceder a la votación.
En primer lugar, votación de la proposición no de ley relativa a la
publicidad engañosa en los productos de limpieza.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la proposición no de ley relativa a la creación
y potenciación de unidades de custodiados en los hospitales del Sistema
Nacional de Salud para recibir a la población penitenciaria enferma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a la votación de la proposición no de ley
relativa al reciclaje formativo obligatorio para los médicos al
servicio de las distintas administraciones, al incorporarse al puesto
de trabajo anterior a su situación de excedencia especial.
La votación será en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda. Ruego al señor secretario, señor Blanco, que lea los
términos en que queda redactada.
El señor SECRETARIO (Blanco García): El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que a través del estatuto marco del personal del
Sistema Nacional de Salud, actualmente en fase de elaboración, se
regule la reincorporación del personal sanitario perteneciente a este
Sistema Nacional de Salud en situación de dedicación exclusiva desde
la situación de excedencia especial a su puesto de trabajo anterior,
pudiendo en el caso de que se trate de puestos asistenciales suponer
la realización por el interesado de un programa específico de
formación complementaria o de actualización de los conocimientos,
técnicas, habilidades y aptitudes necesarias para ejercer
adecuadamente. Este período de formación complementaria tendrá una
duración de seis meses o un año, dependiendo de las circunstancias
que concurran en cada caso, y durante el mismo se procurará que no s e
produzca merma en el poder adquisitivo de los afectados.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa al
protocolo de trasplantes.
Ruego al señor secretario que lea la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular a esta proposición no de ley en los términos
consensuados con el Grupo Socialista.
El señor SECRETARIO (Bueno García): Con mucho gusto, presidente. Es
una enmienda transaccional del Grupo Socialista consensuada con el
Grupo Popular.
Se insta al Gobierno para que, a través de la Organización Nacional
de Trasplantes, actualice y flexibilice el protocolo de los mimos a
fin de garantizar la máxima equidad en el acceso al trasplante de
órganos a los pacientes que lo precisan en base a criterios técnicos
refrendados por el estado de los conocimientos científicos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley por la que se insta
al Gobierno a estudiar los apoyos públicos que se pudieran dispensar
para la adquisición de prótesis auditivas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, pasamos a votar la proposición no de ley relativa a
comercialización y consumo de productos transgénicos en el Estado
español y medidas cautelares al respecto, en los términos del acuerdo
a que han llegado los distintos grupos parlamentarios que han
intervenido.
Tiene la palabra el señor secretario.
El señor SECRETARIO (Blanco García): El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a: 1. Continuar cumpliendo de manera estricta los
requisitos y normas de seguridad establecidos en las directivas
europeas 219/220/90 y en el Real Decreto 951/920, de 20 de junio, que
desarrolla y reglamenta la Ley 15/1994, para la concesión de
autorización de utilización confinada y liberación voluntaria con
fines de investigación y desarrollo de organismos modificados
genéticamente, así como para la autorización de la comercialización
de estos organismos y productos que los contengan. 2. Obligan, para
su comercialización en el Estado español, en el etiquetado de todos
los productos transgénicos y de forma especial en los alimentos de
origen transgénico a la indicación expresa de esta condición, así
como de sus componentes, en riguroso cumplimiento de la normativa
europea. 3. Seguir garantizando, a través de los organismos
pertinentes del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Ministerio de
Medio Ambiente y en colaboración con las comunidades autónomas, que
los productos transgénicos
autorizados para su comercialización son debidamente evaluados y
analizados desde el punto de vista sanitario y medioambiental. 4.
Extremar la vigilancia e incrementar los controles en las actividades
de utilización confinada y liberación en el medio ambiente cuando los
programas de investigación sean desarrollados por instituciones,
entes u órganos del propio Estado; establecer los necesarios
mecanismos de coordinación y asistencia administrativa, técnica y
científica con las comunidades autónomas, a fin de que éstas puedan
cumplir adecuadamente con las obligaciones de vigilancia y control
que les confiere la Ley 15/1994, de 3 de junio. 5. Dar cumplimiento
en el plazo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley
15/1994 para que el Gobierno elabore y presente en el Congreso de los
Diputados el informe sobre la situación en España de los organismos
modificados genéticamente. 6. Elaborar una amplia y rigurosa campaña
informativa por parte del Instituto Nacional de Consumo sobre qué son
los alimentos transgénicos y cuál es la situación de ellos en nuestro
país. 7. Supervisar que la Comisión Nacional de Bioseguridad tenga
los medios técnicos y materiales necesarios para garantizar el
desarrollo de sus funciones consultivas con total eficiencia e
independencia. 8. Garantizar que en el marco de la Unión Europea siga
primando el derecho a la protección de la salud humana por encima de
cualquier otro, sin menoscabo de la necesaria investigación
científica.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.