Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 608, de 02/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES Año 1999 VI Legislatura Núm. 608
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 34 celebrada el martes, 2 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a la creación de un consejo de las
culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en
materia cultural. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (número de expediente 161/000430) ... (Página 17704)
- Relativa a la realización de trámites por el Gobierno para declarar
la muralla de Lugo monumento perteneciente al patrimonio de la
humanidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de
expediente 161/000834) ... (Página 17708)
- Relativa a la dotación de recursos para la restauración y
conservación de la muralla de Lugo, y solicitud de que la misma sea
declarada patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente
161/001295) ... (Página 17708)
- Sobre declaración de la ciudad de Morella como patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso (número de expediente 161/001054) ... (Página 17713)
- Para garantizar la calidad de los centros de formación profesional
específica. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número
de expediente 161/001169) ... (Página 17715)
- Sobre la construcción de un centro de secundaria en Cabezuela del
Valle (Cáceres). Presentada por el Grupo anterior (número de
expediente 161/001171) ... (Página 17718)
- Relativa a la educación vial extraescolar de los niños y jóvenes
comprendidos en el segmento de cuatro y dieciocho años. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 161/001213) ... (Página 17721)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados,
bienvenidos.
Antes de empezar la sesión supongo que no tendrán inconveniente en
que, a propuesta de la Presidencia, de la Mesa y creo que de toda la
Comisión, dejemos constancia en acta de nuestro sentir por el
fallecimiento de don Gonzalo Torrente Ballester y que se dé traslado
a los familiares.
Asimismo, y sin perjuicio de las diferentes posiciones que
legítimamente mantiene cada grupo, creo obligado hacer una referencia
cordial, amable y cariñosa hacia quien ha sido, hasta hace poco
tiempo, titular del departamento de Educación y Cultura. Con ella ha
habido una colaboración -repito, sin perjuicio de las diferencias de
opiniones-, y creo que merece que quede constancia en acta de su paso
por el departamento y del apreció que despertó en todos y cada uno de
los miembros de la Comisión. ¿Les parece bien? (Asentimiento. La
señora Aramburu del Río: Señor presidente, en lo personal.) Siempre
en lo personal, doña María Jesús.
Esperaremos de la próxima comparecencia del nuevo titular para darle
la bienvenida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE LAS
CULTURAS COMO ÓRGANO CONSULTIVO Y DE CARÁCTER PARTICIPATIVO EN
MATERIA CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 161/000430).
El señor PRESIDENTE: Hechas estas introducciones, entramos en el
orden del día.
En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la creación de un consejo de las
culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en
materia cultural.
Para la defensa de dicha proposición no de ley, a la que no se ha
presentado enmienda alguna, tiene la palabra don José Luis Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Izquierda Unida presenta para su aprobación
esta proposición no de ley por la cual se instaría al Gobierno a la
creación de un consejo de las culturas. Lo hacemos porque en
Izquierda Unida estamos convencidos de que hoy por hoy las españolas
y los españoles nos encontramos ante una política cultura en la que
se prima de forma fundamental el carácter exhibicionista de la
cultura frente a un carácter más participativo y más descentralizado
que permitiría a las personas y a los colectivos sentirse
protagonistas del hecho cultural.
Esta situación se plasma, a nuestro modo de ver con toda crudeza, en
una dependencia cada vez mayor de nuestra cultura de las
multinacionales que nos imponen modas culturales como instrumento de
colonización. Esto se evidencia, sobre todo, en la creencia cada vez
más extendida de que la política cultural se debe basar en la
difusión de grandes acontecimientos culturales. Por otra parte, la
desconexión es total, cuando no enfrentamiento, entre la política
cultural estatal con la de otros ámbitos de nuestra realidad,
precisamente en un Estado como el nuestro que es plurinacional.
Para Izquierda Unida la cultura debe ser un motor de transformación
que debe estar basada en la creación de una conciencia crítica y de
una participación que dé acceso a la mayoría de los ciudadanos a los
bienes culturales y permita también la formación multidimensional de
la persona para dotar a los colectivos de la participación activa en
la vida de la comunidad desde la capacidad de asumir las realidades
del entorno.
A pesar de las carencias que señalamos sobre la sistemática cultural,
es una realidad que nuestro Estado posee un rico patrimonio cultural
basado en la diversidad de culturas, de pueblos y en una acumulación
histórica de riquezas culturales que debe servir de encuentro entre
los distintos pueblos del Estado español frente a otras tendencias
que lo que buscan y promueven es la confrontación entre culturas,
entre pueblos. Por esto, buscar un lugar de participación y encuentro
de las culturas del Estado español, como proponemos en esta
proposición no de ley, es también una aportación a la convivencia
pacífica de los españoles,
de reconocimiento y desde la potenciación de nuestra diversidad
cultural.
Desde esta perspectiva, señor presidente, queremos recordar que
nuestra Constitución en el artículo 44 reconoce como una obligación
inherente de los poderes públicos la promoción y la difusión de la
cultura, así como la creación de las condiciones adecuadas para que
se facilite el acceso a su producción y disfrute de todos los
ciudadanos, promoviendo además las condiciones que aseguren la
participación libre y eficaz dentro de su desarrollo. Por tanto,
creemos que una sociedad de este carácter debe llevar la necesidad
complementaria de transmitir la experiencia individual de los hechos
culturales mediante las actuaciones de índole colectiva que en la
mayor parte de los casos tienen que tener también un componente
industrial.
Por ello es imprescindible, a nuestro modo de ver, que los poderes
públicos se doten de los instrumentos adecuados para darse cuenta de
los cambios que se producen en la sociedad y, sobre todo, para
atender las nuevas demandas generadas tanto en el llamado mundo de la
cultura como entre la generalidad de los ciudadanos destinados a ser
protagonistas de la actividad cultural. De ahí que esto suponga una
mayor experiencia, un mayor interés en la creación del foro que
proponemos, donde confluyan los puntos de vista tanto de los
creadores y sujetos activos de la cultura como también de los que
tienen que pasar de ser meros consumidores a ser protagonistas del
hecho cultural. Ello permitiría la obtención de una visión de
conjunto de la experiencia cultural y supondría la puesta en marcha
de un instrumento imprescindible para la actuación, tanto de las
administraciones públicas como también del sector privado,
facilitando de esta manera unos criterios integrados y contrastados
para llevarla a cabo. Con el consejo que proponemos se crearía un
foro de encuentro, un lugar de convivencia, de participación entre
las diversas culturas de nuestro Estado y dentro de los diversos
sectores del mundo de la cultura, de manera que tengan la posibilidad
de exponer libremente sus ideas y opiniones y participar activamente
en el diseño de la política cultural.
Por ello presentamos una proposición no de ley en la cual planteamos
la creación de este consejo de las culturasque con un carácter
consultivo, participativo, tenga al menos seis funciones, dejando su
formación y composición a un desarrollo posterior por el Ministerio
de Educación y Cultura, eso sí respetando tanto la polaridad en su
composición como los objetivos que se les encomienda, objetivos que
sintetizamos en los siguientes elementos: Fomentar la diversidad
cultural del Estado y su conocimiento por el conjunto de los
habitantes del Estado español, así como su proyección exterior y la
cooperación con los pueblos que comparten raíces culturales con
España. Asesorar en cuestiones relacionadas con la cultura, así como
emitir dictámenes sobre proyectos de disposiciones de carácter
general, reguladores de cuestiones culturales que hayan de aprobarse
por el Consejo de Ministros. Estudiar y realizar, a instancias del
Ministerio competente en el ámbito cultural, cuantas cuestiones se
refieren al fomento de la cultura, así como informar de las
propuestas de concesión y participar en el seguimiento de las
subvenciones y ayudas que se establezcan para actividades de carácter
cultural. Proponer cuantas iniciativas en materia
cultural se consideren convenientes y cualquier otra de
naturaleza cultural que le fuera confiada expresamente por el
Gobierno.
En definitiva, ésta es una aportación importante que puede servir no
solamente para un mayor desarrollo de esta cultura, sino también para
un mayor desarrollo de la intercomunicación entre los pueblos del
Estado español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran manifestarse
al respecto?
Por su orden, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Desde el principio vamos a exponer que nuestro
grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley. El consejo
de las culturas no es una propuesta desdeñable, pero es simplemente
una propuesta en este momento utópica y ucrónica porque está fuera de
lugar y de tiempo. El Estado de hoy, mejor podríamos decir
culturalmente la España de hoy, es una España monocultural, todavía
lo es, y por ello no cabe este consejo que estaría pensado para un
Estado donde no existiera un Ministerio de Cultura y donde se fuera
muy riguroso con las competencias exclusivas que en cultura tienen
las autonomías.
Este consejo no cabe porque el Gobierno del Estado y los gobiernos
del Estado español han sido y son gobiernos monoculturales hasta
ahora. Mucho nos tememos que la diversidad cultural se podría
convertir en algo muy pintoresco y que el pluralismo cultural
nacional se vería siempre como un problema, como se ve ahora, y como
el origen también de la dispersión de una cierta unidad cultural que
es imaginaria absolutamente.
No podemos apoyar un nuevo órgano que se convertiría sin duda en una
pantalla o una excusa para cambiar por conceptos jerárquicos los de
fomento y coordinación. En este momento también tenemos en este
Estado, como elemento de coordinación cultural, si es que se puede
llamar así a la conferencia de consejeros de cultura.
Quiero decir al grupo proponente que la realidad político- cultural
de hoy no es la adecuada para su proposición. No creo que nos
encontremos en un jardín cultural, todo lo más en un oasis que hace
que por su misma naturaleza sea más evidente la existencia de un
desierto en este sentido. Por tanto, no vamos a votar a favor y
esperamos que en otro momento nosotros, o conjuntamente, podamos
presentar la creación de un consejo plurilingüe y pluricultural de
distinto tipo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la
palabra don Salvador Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Para el Grupo Socialista la iniciativa que
hoy nos presenta el Grupo de Izquierda Unida tiene una indudable
buena intención, que valoramos. Sin embargo, quiero anunciar desde ya
que nuestra posición no va a ser favorable, aunque tampoco vamos a
manifestarnos en contra de una iniciativa en la que apreciamos las
buenas intenciones, pero no tanto la materialidadde las propuestas y
algunas consideraciones que desearía
hacer sobre la situación actual en materia de competencias culturales
y la oportunidad en este momento, con un Gobierno de derechas que no
ha favorecido excesivamente la política cultural en nuestro país, de
presentar una iniciativa como ésta, que deja además en manos del
Gobierno que desarrollara la iniciativa que aquí se propone la
posibilidad de convertirlo más en una caja de resonancia de la
actividad del Gobierno que en un verdadero órgano de participación.
En la actualidad, señor presidente, desde la democracia, las
distintas administraciones, tanto el hoy Ministerio de Educación o
Secretaría de Estado de Cultura, como la de distintas comunidades
autónomas y las corporaciones locales desarrollan políticas
culturales bien basadas en un ordenamiento jurídico que desde la
Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Bases de Régimen
Local garantizan o fundamentan estas actividades.
El Tribunal Constitucional se ha referido en más de una sentencia al
carácter concurrencial de la competencia cultural, lo cual significa
-en esto discrepo de la intervención que acabamos de oír- que en
nuestro ordenamiento jurídico distintas administraciones pueden
desarrollar actividades y políticas culturales sin que tengan nada
privativo o exclusivo.
Un poco como preámbulo a lo que va a ser nuestra conclusión, quisiera
indicar que lo que en esta proposición se manifiesta como cultura
encierra cosas muy distintas, es decir, desde la actividad de los
creadores a la actividad de las industrias culturales. Eso implica
procesos e intereses de carácter muy diverso.
Por otra parte, la proposición no hace ninguna mención de los
organismos que ya existen de tipo consultivo y participativo; ya ha
dicho la representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) que existe, con mayor o menor eficacia, una conferencia que
reúne a los consejeros con el ministro. Además el Gobierno
socialista, desde el año 1982 creó muchos órganos de consulta y de
participación que siguen existiendo, de modo que esta iniciativa no
cae en un terreno donde no haya organismos de participación, de
consulta y asesoramiento, sino que, todo lo contrario, los hay y
desde luego sería previo analizar lo que cubren y lo que no cubren
los mismos.
Por todas estas razones consideramos que una propuesta como la que
hoy examinamos necesitaría previamente varios pasos que entendemos no
se han cumplido, tal como demuestra el texto que estamos analizando.
En primer lugar, una evaluación clarísima de la situación actual de
todos los organismos que existen en la Administración central, hoy en
la Secretaría de Estado, antes en el Ministerio de Cultura, que
constituyen elementos de participación a lo mejor más idóneos que una
comisión de las culturas que, como he dicho antes, parece reunir
todos los aspectos más diversos e incluso me atrevería a decir
contradictorios, del mundo cultural.
En segundo lugar, convendría ver y determinar con claridad cuáles son
las necesidades desde los distintos sectores industriales o desde los
distintos intereses de los creadores, para poner los dos extremos más
alejados del mundo cultural, analizar sus intereses y ver cuáles
deberían ser las funciones de esta comisión.
En tercer lugar, nos parece que sin consultar a las comunidades
autónomas y sin abrir incluso un cierto debate nacional una propuesta
como ésta, en un país que está dotado si no de un Ministerio de
Cultura, sí de un ministerio que lleva el nombre de Cultura, de una
Secretaría de Estado y de una Dirección General de Cooperación
Cultural que tiene alguna de las funciones que señala esta
iniciativa, nos parece que es actuar con una cierta precipitación y
quizá sin el consiguiente rigor.
Finalmente, señor presidente, diré que la proposición que analizamos
adolece de algunas deficiencias, me atrevería a decir, con todo
respeto, de fuertes deficiencias de forma. Me ha parecido que la
portavoz de Convergència i Unió también señalaba un poco la
posibilidad de que su propio título tenga una especie de lectura
pintoresca o indigenista; lo de la comisión de las culturas no sé si
sería el mejor nombre para un órgano de este tipo, pero incluso la
primera formulación, la de fomentar la pluralidad, tampoco sabemos si
quiere decir garantizarla o fomentarla, porque fomentar la pluralidad
no estoy seguro de que, llevado a sus extremos, sea una tarea
positiva. De lo que se trata es de garantizar la pluralidad que
existe más que de fomentar. Quizá esto son imprecisiones
terminológicas, pero lo que sí nos parece grave es la ambigüedad.
En la proposición no se dice ni cómo se elige ni cuáles son en
realidad las funciones más concretas, no se acaba de entender cómo se
integra en los órganos que hoy existen. Además, señor presidente, hay
una especie de naturaleza que no acabamos de entender entre lo que
podría ser un consejo de las culturas y un foro de discusión, de
contacto y de conversación, que nos parecen cosas realmente distintas
y que la proposición no aclara.
Como he dicho anteriormente, creemos que poner en marcha una
iniciativa de este tipo no sería una muestra de un órgano de
eficacia, sino más bien, como también he dicho al principio pero
quiero repetirlo, una caja de resonancia que el actual Gobierno
sabría utilizar en provecho propio, pero con escaso provecho para la
vida cultural y para los distintos agentes que la integran.
Por tanto, creemos que estas iniciativas tan voluntaristas carecen de
capacidad operativa y, aunque apreciamos la buena intención, ya que
efectivamente algún día quizá tendremos que plantearnos algo respecto
a la cultura, cuya situación no nos satisface desde la supresión del
Ministerio de Cultura por parte del Gobierno Popular porque ha
quedado con muchos interrogantes, nos parece que la iniciativa
debería ser más sólida y por eso el Grupo Socialista se va a
abstener.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Fernando
Coquillat Durán tiene la palabra, al que le damos la bienvenida y
celebramos su restablecimiento total y absoluto, además invitarle a
que no vuelva a darnos otro susto porque no estaría nada bien.
Cuando quiera, señor Coquillat.
El señor COQUILLAT DURÁN: Muchas gracias.
Con respecto a esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida debo hacer una pequeña introducción, no sé si adjetivarla quizá
de anecdótica, y hago lectura del artículo 44.1 de la Constitución.
Los poderes públicos promoverán
y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho.
Nada más, son dos líneas muy escuetas, muy concretas y lo
suficientemente claras como para que cualquier interpretación pueda,
a partir de este punto, ser a lo mejor digna de una discusión.
El Grupo de Izquierda Unida hace una lectura muy peculiar del
artículo 44 en su introducción al tema. Dice que la Constitución
reconoce como una obligación inherente a los poderes públicos la
promoción y difusión de la cultura, así como la creación de las
condiciones adecuadas que facultan el acceso a su producción y
disfrute a todos los ciudadanos, promoviendo además las condiciones
que aseguren la participación libre y eficaz de éstos en su
desarrollo. Evidentemente, entre el texto constitucional y el texto
constitucional nuevamente redactado por el Grupo de Izquierda Unida
hay una diferencia sustancial que ya queda dentro de una libre
interpretación y, repito, con una adjetivación exclusivamente
anecdótica; no se me ocurre en este momento otra calificación.
Lo que llama la atención de la iniciativa formulada por los
proponentes es que en ella no se hace ni la más mínima referencia a
las comunidades autónomas, sino únicamente al Gobierno. Es evidente
que está respondiendo en buena medida a una propuesta programática
del Grupo de Izquierda Unida, donde habla de la interrelación
enriquecedora entre nuestras culturas y entre éstas y las foráneas,
así como la proyección de las nuestras en el extranjero, lo cual en
sí ya entraña un reconocimiento de la realidad de las comunidades
autónomas, y, sin embargo, en la proposición no hace prácticamente
referencia a esta situación e insiste en su propia declaración
programática en la promoción del conocimiento de las diversas
culturas de los pueblos de España entre los españoles. Por tanto, se
está planteando una contradicción entre su propuesta y su propia
propuesta programática.
Nuestra Constitución -volvemos nuevamente a ella- proclama en los
artículos 148 y 149 muy claramente la dualidad competencial en
materia de cultura. Esta fórmula fue expresamente buscada por la
Constitución. Aeste respecto, uno de los senadores intervinientes en
el debate del apartado 2 del artículo 149 manifestó: La cultura es
una realidad profunda y trascendente, cuyo fomento no puede
atribuirse en exclusividad al Estado ni a las comunidades autónomas.
Debo hacer referencia a cuestiones puramente legislativas y legales.
El Tribunal Constitucional ha expuesto la concurrencia competencial
en materia de cultura y ha anunciado, en su sentencia 491/1984, un
regla general para la ordenación territorial del complejo mundo
cultural, y dice así -estoy transcribiendo literalmente-: Una
reflexión sobre la vida cultural lleva a la conclusión de que la
cultura es algo de la competencia propia e institucional, tanto del
Estado como de las comunidades autónomas, y aún podríamos añadir de
otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad, existe, hay
una manifestación cultural respecto de la que las estructuras
públicas representativas pueden ostentar competencias dentro de lo
que, entendido en un sentido no necesariamente técnico-
administrativo, puede comprenderse dentro del fomento de la cultura.
Esta es la razón a la que obedece el artículo 149.2, en el que,
después de reconocer la competencia autonómica, afirma una
competencia estatal, poniendo el acento en
el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en
fin, una competencia estatal y una competencia autonómica, en el
sentido de que más que un reparto competencial vertical lo que se
produce es una concurrencia de competencia ordenada a la preservación
y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde
la instancia pública correspondiente. Hasta aquí la lectura del texto
constitucional.
El sistema dual de competencias en materia de cultura tiene en la
Constitución excepciones -no voy a leer ahora la Constitución, hago
referencia a ella-, concretamente en materia de educación, en el
artículo 149.1.3.a; en materia de investigación, en el 149.1.15.; en
materia de patrimonio cultural, en el 149.1.28.a; en medios de
comunicación social y propiedad intelectual, en el 149.1.27.a, las
cuales se encuentran sujetas a un sistema ordinario de reparto de
competencias. Esta doble vertiente favorece, insisto en esto, que
surjan problemas competenciales en materia de cultura, y por ello se
plantean serios conflictos entre el Estado y los gobiernos
autonómicos. Estos conflictos son generalmente resueltos por el
Tribunal Constitucional acudiendo a títulos singulares, como ocio,
espectáculos, etcétera, frente al general de cultura, y reclamando al
mismo tiempo la necesidad de colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas.
En un conflicto en materia de cinematografía, el Tribunal
Constitucional, en la sentencia 106/1987, expuso: La existencia de
competencias de ejecución autonómica supone la necesidad de
establecer instrumentos de coordinación y de colaboración entre las
administraciones públicas implicadas, en este caso el Ministerio de
Cultura y el órgano correspondiente en la Generalidad de Cataluña. La
cultura no es una realidad uniforme, sino que adquiere múltiples
variedades que la hacen diferente en cada territorio y con
características propias de cada comunidad. Concretamente en mi
comunidad existe el Consejo Valenciano de Cultura, que ejerce sus
competencias y desarrolla una actividad positiva e interesante,
reguladora en muchas ocasiones de estas actuaciones, sin que en sus
competencias interfiera con la actividad central del Estado, que para
eso tiene sus propios órganos, como el Grupo de Convergència i Unió
ha mencionado; por ejemplo, la conferencia de consejeros de cultura.
Debo plantear, por tanto, nuestra negativa a la creación de este
órgano, y rechazar de una forma rotunda y total esta expresión del
Grupo Socialista de que la creación de este órgano a la que nos
oponemos, pudiera constituir en algún momento una caja de resonancia
en provecho propio. Nada más lejos de la realidad del Gobierno en
estos momentos y de la realidad cultural de España, porque esa caja
de resonancia solamente está en la idea de un partido, como el Grupo
Socialista, que se negaría a la existencia de ella precisamente por
creer que esa caja de resonancia no fuera plural en su constitución,
y no estamos hablando de ese planteamiento.
Por consiguiente, insistiendo en todo lo indicado y, por supuesto, en
esa argumentación, tanto constitucional como de principio y de
comprensión de la realidad de las comunidades autónomas, este grupo
se va a oponer a esta creación del consejo de las culturas.
- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES POR EL GOBIERNO PARA DECLARAR
LA MURALLA DE LUGO MONUMENTO PERTENECIENTE AL PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de
expediente 161/000834).
- RELATIVA A LA DOTACIÓN DE RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA MURALLA DE LUGO, Y SOLICITUD DE QUE LA MISMA SEA
DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR PARTE DE LA UNESCO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente
161/001295).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del
orden del día, recordando que vamos a concentrar todas las votaciones
a la una, pues creo que para entonces habremos despachado el orden
del día.
Los puntos dos y tres se refieren a la declaración de la muralla de
Lugo como monumento perteneciente al patrimonio de la humanidad y lo
vamos a debatir conjuntamente: en primer lugar, la primera propuesta
del Grupo Parlamentario Mixto; en segundo lugar, la propuesta del
Grupo Socialista, luego una enmienda del Grupo Popular, y a
continuación manifestarán su opinión los restantes grupos presentes
en la sala.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Francisco Rodríguez tiene la
palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En nombre del Bloque Nacionalista Galego
me gustaría llevar al ánimo de la Comisión que hoy estamos celebrando
que nuestra propuesta no trata de banalizar o trivializar las
declaraciones de patrimonio de la humanidad o de buscar caprichos de
marketing para que el territorio o la nación a la que uno pertenece
cuente con monumentos patrimonio de la humanidad en una cantidad
considerable que le diese un cierto pedigrí. Es más bien la defensa
de un legado histórico que nos está contextualizando nada menos que
en el ámbito de la civilización romana, que se dice que es uno de los
sustratos de la actual Europa, y que además nos autodescubre a los
gallegos, respecto de nosotros mismos y en relación con el resto de
los pueblos del Estado español, con gran singularidad, con gran
especificidad y desde luego en una exclusividad arqueológica-
monumental que es digna de señalar.
La UNESCO tiene una tendencia, yo creo que acertada, a considerar
para la declaración de patrimonios de la humanidad los monumentos, no
solamente artísticos o arqueológicos sino también de la naturaleza,
de los países del Tercer Mundo. Sin duda esta idea, que es muy
acertada, hay que completarla también con que se realice una idea más
equilibrada en el ámbito de lo que se consideran hoy Estados
desarrollados, en concreto de la Unión Europea, y no cabe duda que la
visión que hay de la romanización, dentro de la actual Unión Europea
o de la Europa Geográfica y cultural en total su amplitud, no es una
idea equilibrada. Por eso, me gustaría dar unos cuantos datos, una
pequeña documentación,
siguiendo a los investigadores más recientes, en concreto los
señores Abel Vilela, Felipe Arias y Vázques Seixas, que, sin duda,
debieron también en las investigaciones anteriores sobre las
características del monumento que proponemos para su declaración como
patrimonio de la humanidad.
Se trata de un monumento, de una presencia monumental. Es un recinto
amurallado de una grandiosidad prácticamente sin parangón en Europa y
que además tiene su perímetro íntegro, es decir, que todo el trazado
original se mantiene vigente y actualmente. Fue construido de forma
continua, por supuesto a lo largo de varios años como una obra
monumental que es, pero no pertenece a diversos períodos históricos
diferenciados. Para darse una idea mantiene en su interior o rodea
nada menos que 34 hectáreas y tiene un perímetro con una longitud de
2.120 metros, es decir, más de dos kilómetros, con una altura media
de 10 metros y un ancho de cinco metros, siempre como media. Los
materiales utilizados son las pizarras características de la comarca
y también la cantera de granito que es característica del país. En
origen tenía 85 torres, todas ellas de planta semicircular y
relativamente próximas unas de otras. La muralla en la época medieval
no tuvo transformaciones importantes, pero sí las hubo en el siglo
XIX para eliminar precisamente los pisos altos con que contaban las
torres a las que aludí anteriormente y también con la apertura de
puertas, sobre todo entre 1853 y 1921, años que coinciden, como
ustedes pueden comprobar, con un desarrollo urbano o paraburgués o
preburgués de la ciudad. En todo caso, aún se sigue manteniendo las
primitivas puertas romanas, que fueron seis, en concreto, la más
prototípica es la llamada Porta Miña, que conducía por camino
apropiado al Miño y a toda la parte sur, en concreto, a Braga, que
era otro de los conventos importantes de las circunscripciones
administrativas del Imperio Romano; se conserva la Puerta Toledana,
que no es de Toledo, por supuesto, sino de Tolda, que es una pequeña
parroquia próxima a la ciudad, que comunicaba con Austúrica Augusta;
la Porta Nova, que posiblemente se llamase así porque venía a
reestructurar la muralla con algunas otras que existían en el alto
imperio; la Porta do Postigo y la Porta Falsa. todas ellas
naturalmente conducían a un lugar importante, desde el punto de vista
de la civilización romana, por ejemplo, a necrópolis. Es, sin duda,
en la última década cuando mejor se conoce otra serie de vericuetos o
vestigios que estaban prácticamente ocultos. Así, en los últimos diez
años hemos podido comprobar que existían caminos de acceso por detrás
de las torres, e incluso había un gran foso en la parte noroeste del
recinto, de 15 ó 20 metros de anchura y cuatro o cinco metros de
profundidad.
Cabe preguntarse ¿por qué razón una ciudad como Lugo mantiene hoy
actuante y vigente una muralla de tal importancia y por qué fue
construida? Todos los historiadores vinculan la construcción de esta
muralla romana en un momento crítico, desde el punto de vista
político, militar, social y económico del Imperio Romano, es decir,
en el siglo III, un momento en el que empezaba a haber la amenaza
externa de civilizaciones germánicas y más concretamente en el
interior, convulsiones derivadas incluso del proceso de
cristianización de la península ibérica y particularmentede la
Galaecia romana.
En todo caso hay más murallas, si bien hoy solamente quedan restos de
este estilo que fueron catalogados en 1931 por arqueólogos
importantes como Legionario Hispano, en concreto en León, en Astorga,
en Gijón, en Zaragoza. De todas maneras solamente queda en pie la
muralla romana de Lugo, aunque existía algo parecido pero de forma
residual, en la Galia, en Germania o en Britania. Para darnos una
idea de la importancia de la muralla de Lugo, por ejemplo en Roma,
que también tiene una muralla erigida por Aureliano, no se puede
completar en su trazado, tal como se puede contemplar la de Lugo, y
eso que las dos son coetáneas. Por tanto, podríamos situar la
construcción de esta muralla entre mediados del siglo III d.J.C. y
principios del siglo IV, entre la época del emperador Galieno (253) y
la de Constantino I, en el 337. Siguiendo las técnicas de Vitruvio,
a partir de aquí tenemos una larga historia que hoy está ya mejor
documentada, no exenta de agresiones desde dentro y desde fuera de la
propia ciudad, pero que no impidieron que el valor derivado de la
edad de la muralla, de su monumentalidad y de su significación la
conviertan en un ejemplo único en todo el vasto Imperio Romano. Y así
se refería Otero Pedraio en su Guía de Galicia en la década de los
veinte a este monumento: Monumento en su magnitud y simplicidad único
como conjunto en la arquitectura militar de los países sometidos al
Imperio Romano, en una ciudad que, desde Augusto, fue capital del
convento jurídico de la Galaecia norte y que prácticamente apareció
como ciudad fundada nuevamente a partir de restos o huellas
importantes de civilización castreña en el año 25 a.J.C.
En el año 1972, después de haber aparecido, por supuesto, desde
mediados del siglo XIX, período de desenvolvimiento de la ciudad,
importantes mosaicos, alguno conservado en Lugo y otros en el Museo
Arqueológico Nacional, índices de cloacas, de termas, de foros, de
necrópolis; en el año 1972, repito, se fueron derribando todos los
edificios anejos que impedían ver la impronta romana de la ciudad y
la gran muralla. Catorce años más tarde, en 1986, con las
excavaciones para realizar o construir plazas para unos polémicos
aparcamientos, apareció una ciudad con un sustrato arqueológico
impresionante; aún en estos días hay una información en la prensa
donde se dan todos los indicios de la existencia de un foro de
dimensiones considerables, prácticamente comparables a los más
importantes de todo el Imperio Romano en el sustrato de la ciudad.
Pero si uno visita, por ejemplo, el museo de Lugo encontrará
mosaicos, lápidas, indicación de templos de termas, columnas,
piscinas, cerámicas, monedas, relieves e incluso, muy próximo a Lugo,
una villa romana, es decir, una explotación agraria con el nombre de
Santa Eulalia de Bóveda, donde, sin duda, empezaron a germinar los
primeros síntomas de un cristianismo contestatario que fue el
priscilianismo. Ytodo esto indica por qué razón Lugo llegó a ser en
la alta Edad Media la gran capital de la Galicia norte, de la Galicia
que aún hoy existe integrada en el Estado español, porque la Galicia
bracarense, como saben ustedes, fue la que dio origen al actual
Portugal.
Voy acabando, señor presidente. Convendría decir tres cosas sobre la
política administrativa o la política en relación con los monumentos.
Hoy la muralla de Lugo tiene como titular a la Xunta de Galicia,
después del Real Decreto 2167/1994, y goza de la protección jurídica
que pertenece
a los bienes de interés cultural, tal como fueron establecidas
estas protecciones en la Ley 16/1985. Lógicamente el monumento
contaba ya con una protección como formante del patrimonio histórico
español, con la catalogación de monumento del patrimonio histórico a
partir de la Real Orden de 16 de abril de 1921. Incluso la propia
ciudad en el año 1973, coincidiendo con la eliminación de los
edificios que estaban adosados a la muralla prácticamente desde el
siglo XVIII, recibió la catalogación de conjunto histórico por
Decreto del año 1973, ya que la muralla está cercando con todo su
perímetro un casco antiguo que, les vuelvo a repetir, contiene no
solamente edificios muy notables, valiosísimos, desde el punto de
vista de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, sino también
todo el sustrato de la civilización romana. Saben que la legislación
vigente obliga a proteger, a conservar y también a difundir y así,
siguiendo el espíritu de la Ley de 1985, es reconocido por la ley
autonómica respectiva del Parlamento de Galicia.
El municipio en el año 1997, a iniciativa del Bloque Nacionalista
Galego, por unanimidad instó a la Xunta a que solicitase a la UNESCO
la declaración de patrimonio de la humanidad. En este momento se
cuenta con un convenio efectivo que existe con el Ministerio de
Educación y Cultura para invertir 200 millones de pesetas (fifty-
fifty), es decir, 100 millones por parte de la Administración central
y 100 millones por parte de la Xunta. Las ciudades del Eixo
atlántico, además del concello de Lugo, pidieron al Gobierno esta
declaración de patrimonio de la humanidad. Las ciudades del Eixo
atlántico son no solamente las gallegas, sino las del norte de
Portugal, de la Galicia bracarense. La posición del Gobierno en
respuesta a este duplicado fue la siguiente: Probablemente sería un
estímulo, tanto la petición como la propia declaración, para
actuaciones y divulgación de su conocimiento internacional.
Créanme, señorías, que les tengo que decir, sin ningún tipo de
chovinismo, que posiblemente la visión artística del Estado español,
por motivos lógicos de cómo se fue conformando nuestra historia, está
ampliamente sesgada. Yo aún recuerdo como estudiante de filosofía y
letras que en la historia del arte del profesor Angulo no había
ninguna sola alusión nada menos que a la única muralla de toda la
civilización romana que permanece intacta, única y original. Por eso
les vuelvo a repetir que no se trata de un capricho sino de un
monumento vivo, actuante, presente, que además encierra grandes
vestigios de nuestro pasado que se irán descubriendo progresivamente,
e incluso las huellas de lo que fue una civilización prerromana
importantísima. Por eso a nosotros nos gustaría que esta Comisión
avalase consecuentemente esta petición de la declaración de la
muralla romana de Lugo como patrimonio de la humanidad, muralla
romana que desgraciadamente no solamente desconocen muchos de fuera
del Estado español, sin también muchos de nuestros conciudadanos,
algunos viviendo pegados a ella sin darle mayor importancia pero sí
conscientes de cómo forma parte del paisaje urbano hasta el extremo
de que no se derribó nunca a lo largo de toda la historia, aparte de
que sería un derribo costoso porque tiene una gran solidez, admirable
desde el punto de vista técnico, sino también porque consideraron que
Lugo era inseparablecomo ciudad milenaria de esta obra
importantísima,
cuya propuesta de declaración como patrimonio de la humanidad hacemos
hoy.
El señor PRESIDENTE: Como proponente también de la proposición no de
ley de idéntico contenido, por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra don José Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Hoy, sin lugar a dudas, señor presidente, es
uno de esos días en el que un parlamentario se siente satisfecho de
poder representar a su circunscripción para contribuir, para alzar su
voz, para impulsar el reconocimiento por parte de la UNESCO de un
importante monumento como patrimonio de la humanidad. Hoy damos un
paso más en el camino ya emprendido en su día por la corporación
municipal de Lugo que unánimemente acordó solicitar de la UNESCO este
reconocimiento, el camino también emprendido por la Administración
autonómica, el camino emprendido, en definitiva, por todos los que
siente y ven en la muralla de Lugo un monumento que, como dice el
polígrafo lucense Narciso Peinado, es un monumento único en el mundo
por conservarse en toda su integridad el recinto.
Seguramente si las nuevas tecnologías nos hubiesen posibilitado hoy
ilustrar con imágenes nuestra intervención hubieran sobrado las
palabras al ver las imágenes para conseguir el consenso de la
Comisión de Educación y Cultura para impulsar este reconocimiento, un
reconocimiento que, a nuestro juicio, es justo y es necesario. Es
justo porque, como dice el historiador lucense Adolfo de Abel Vilela,
es sin duda el edificio más característico de Lugo, es un monumento
apreciado y respetado por los lucenses a lo largo de la historia, no
sólo como elemento defensivo, sino también como timbre de la
antigüedad, eficaz cortavientos y extraordinario paso público. Es,
pues, la muralla de Lugo un monumento único al ser conservado de la
forma en que lo está, en toda su integridad, en el conjunto de un
recinto. Por tanto, es justo, insisto, el reconocimiento como
patrimonio de la humanidad, pero también es necesario.
Como ya se dijo por parte del anterior proponente, la muralla de Lugo
fue declarada monumento nacional por Real Decreto del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes el 16 de abril de 1901,
denominándose hoy, a tenor de la Ley de patrimonio histórico
artístico español de 1985, bien de interés cultura. Fueron muchas las
vicisitudes históricas y de todo tipo por las que pasó la muralla
después de dos mil años de existencia: A mediados del siglo XVII pasó
a depender del obispo por encargo del Rey y pasó luego al
Ayuntamiento, que se hizo cargo de su mantenimiento y reparaciones;
en 1972 se eliminaron 81 edificios que había adosados por el
exterior, que impedían observarla, procediéndose a su restauración
general, eliminándose los tendidos eléctricos que soportaba en las
zonas ocupadas por la construcción; en 1973, al tratarse de un bien
vacante sin dueño conocido, el Estado se posesionó de ella por vía
administrativa mediante acta de incautación, y en 1994, respondiendo
a un requerimiento de la Xunta de Galicia, fue transferida por parte
del Ministerio de Cultura a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Señorías, decía que era justo su reconocimiento, pero también es
necesario. Estoy convencido de que el impulso
de un reconocimiento de estas características va a ser, sin lugar a
dudas, un acicate también para el impulso y para el desarrollo de la
ciudad de Lugo, para el impulso desde el punto de vista turístico
pero también económico.
Por tanto, señorías, espero que hoy seamos capaces de lograr el
consenso en torno a esta propuesta, consenso que en su día fuimos
capaces de alcanzar cuando otras instituciones plantearon esta
iniciativa.
Además, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista pide que se establezca un nuevo convenio para garantizar
su restauración y su conservación, para dar respuesta a lo que en su
día fue un diseño de actuaciones en la muralla de Lugo que propició
la elaboración de un conocido plan director en el año 1989. Bien es
verdad que a partir de ese momento se vinieron haciendo numerosas
actuaciones para su conservación y restauración; bien es cierto que
hace tan sólo un año se estableció un convenio entre el Ministerio de
Cultura y la Xunta de Galicia, pero a juicio del grupo proponente es
insuficiente porque no se contemplan todas las actuaciones que en ese
plan director se tenían previstas. Por eso también plantamos que se
pueda establecer un nuevo convenio a partir de la finalización del ya
vigente que garantice todas las obras previstas en ese plan director
elaborado por un equipo multidisciplinar.
Señorías, estamos convencidos además de que las raíces gallegas y
también, sin lugar a dudas, la sensibilidad cultural del actual
ministro de Educación y Cultura va a ser positivo a la hora de
relanzar esta petición que hoy formulamos. No nos caben dudas al
respecto, y a ello también apelamos para que, con el concurso de
todos, lo que hoy nos proponemos se lleve a buen término.
Aprovecho señorías -permítanme la osadía-, para invitar a todos
aquellos que no conozcan la muralla de Lugo a visitarla -nos
ofrecemos los parlamentarios lucenses de guía-, y estoy seguro de que
se darán cuenta de que nuestras palabras fueron parcas cuando ustedes
visualicen tan importante monumento.
El señor PRESIDENTE: Por parte de la Mesa ya se acepta la invitación,
pero lógicamente en toda su extensión, no solamente en la oportunidad
que ofrece la visualización, sino también en la exoneración de toda
clase de costes. Que quede así en acta y procuraremos darle
cumplimiento cuanto antes.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa,
y dándole la bienvenida, damos la palabra a don Julio Padilla,
presidente de la Comisión de Justicia, que además pone de manifiesto
que no es incompatible la dedicación represora, en la que algunos
pueden pensar, de los cometidos de la justicia con la preocupación
cultural.
Señor Padilla, tiene usted la palabra por el Grupo Popular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente, por la
bienvenida y por la justificación de mi presencia, que por supuesto
S.S . pone de relieve en las muchas ocasiones en que, además de
presidir tan brillantemente esta Comisión de Educación, participa
como portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia e Interior,
mostrando
esa capacidad abierta que tienen casi todos los diputados, algunos
más que otros sin duda.
Como diputado también por la circunscripción de Lugo me siento
especialmente complacido de intervenir en este debate y agradezco la
proposición a los dos diputados que han intervenido previamente y a
los dos grupos en cuyo nombre han hablado.
Después de escuchar sus intervenciones, he de decir que,
naturalmente, para el grupo que apoya al Gobierno de la nación en la
política cultural -por ser justamente la minoría mayoritaria de la
Cámara, pero también el grupo que apoya al Gobierno de la Xunta de
Galicia en esa comunidad y el que apoya al gobierno del Ayuntamiento
de Lugo, por ser también el grupo mayoritario de esa corporación
local- es muy grande nuestra responsabilidad y, naturalmente también
debe ser muy clara nuestra posición, muy medido, muy justificado
nuestro criterio y ha de responder a todas esas responsabilidades que
el pueblo gallego puso en nuestras manos para administrarlas. Por
tanto, he de decir, desde luego no con mala intención, por lo menos
sin mala intención, que nosotros celebramos siempre este tipo de
iniciativas, en este caso en el ámbito de la política cultural, para
un monumento que efectivamente es emblemático de nuestra cultura, de
nuestro patrimonio monumental, en definitiva, del ser mismo de
Galicia y en este caso del ser mismo de Lugo; y lo celebramos y lo
celebraremos y lo agradecemos. Pero, repito, desde luego no con mala
intención, y sin mala intención pedimos que nunca se utilicen estos
elementos esenciales como instrumentos de la acción política que
pudiera tener alguna connotación interesada.
Dicho eso, esta pretensión, concretada en lo fundamental de las dos
proposiciones no de ley, tanto del Bloque Nacionalista Galego como
del Grupo Socialista, hace referencia a iniciar los trámites
oportunos para que la muralla de Lugo sea declarada monumento
perteneciente al patrimonio de la humanidad en la UNESCO; no menciona
los trámites populares, porque éstos están en el alma y en el ser
mismo de la ciudad de Lugo y de toda la provincia. Es decir, para
nosotros es un signo tan identificativo que, si alguna vez no somos
suficientemente activos en todo lo que concierne a su beneficio y
mejora, será por el ensimismamiento que nos produce la contemplación
de un monumento, pero no por otra razón.
Por tanto, estas iniciativas han de tener en cuenta -la del Bloque
Nacionalista Galego se produjo el 30 de enero de 1998, la del Grupo
Socialista en el mes de noviembre de dicho año- que ya el 20 de
febrero de 1998 -lo cual quiere decir que los trámites habían
comenzando antes, incluso con fax y medios de comunicación
activísimos-, y a iniciativa del Gobierno de la Xunta de Galicia, el
consejo de Patrimonio incluyó en el índice, que es el primer trámite
para el fin perseguido de impulsar por estas proposiciones no de ley,
la muralla de Lugo entre aquellos monumentos que el Estado español
pretende que sean objeto de esta declaración por parte de la UNESCO.
Están en trámite esas actuaciones, que necesitan la preparación de un
detallado expediente que concierne al Gobierno de la Xunta, y en ello
está. Precisamente en estas fechas tendrá que llevarlo para que
definitivamente se presente, si se recoge, como esperamos, deseamos,
como impulsaremos y como apoyamos,
este monumento como una de las candidaturas de este período,
porque en la armonización de estas iniciativas al Gobierno ha querido
que se pusiera fin a cierto desorden que se había ido produciendo por
la llegada anárquica de proposiciones, en unos casos de corporaciones
locales, en otros de comunidades autónomas, en otros por la vía
incluso del propio Ministerio; en definitiva, se ha entendido que
esto debía someterse a una racionalización que, naturalmente, ha de
impulsar la seguridad del buen fin de aquellos proyectos que sean
apoyados por el Gobierno de la nación, como en este caso sin duda lo
va a ser en el momento en que concluya esta tramitación. Fruto
también de una preocupación activa por parte del Gobierno de la Xunta
de Galicia y receptiva por parte del Gobierno de la nación es la
firma en 1997, bastante antes que estas iniciativas, de un convenio
de cooperación, de colaboración entre la Xunta de Galicia y el
Gobierno de la nación para las actuaciones a realizar en este
monumento. Ese convenio, como han recordado con anterioridad, supone
la dotación para estas actuaciones de 200 millones de pesetas, que
terminan en el año 2000. Pero sin duda el hecho de que nos
encontremos en el Congreso de los Diputados, por tanto en la Cámara
nacional, no implica que no pongamos las cosas en su sitio.
El Gobierno de la nación, repito, ha sido sensible. Es una excepción
la dotación para un monumento transferido de las características del
recogido en ese convenio de 1997, y eso es fruto, sin duda, de la
sensibilidad, de la importancia que el Gobierno de la nación ha dado
a ese monumento. Quizá, si me lo permiten, se debe a insistencia y al
acierto por parte de quienes representamos a esa circunscripción en
el ámbito de nuestro grupo parlamentario de presentarlo, de apoyarlo
y de defenderlo. Pero, sin duda, un monumento transferido es
competencia de la comunidad que lo es, de la administración que lo
es. Un convenio de cooperación relativo a una actuación de una
competencia, en este caso de Galicia, debe ser promovida siempre por
Galicia. Debe ser propiciada, por tanto, en su foro, que no debe ser
otro, si en este caso el Grupo Socialista lo considera así, que el
Parlamento de Galicia. Por tanto, nosotros somos sensibles y estamos
abiertos, por lo menos en la parte que a mí me concierne; somos
entusiastas en acoger cualquier tipo de proposición que formulara
hacia el futuro un nuevo convenio al fin de éste, como se ha
referido, en forma muy ordenada, el señor Blanco, mi ilustre colega
en la representación política por la circunscripción de Lugo. Sin
embargo, entiendo que debe ser el Parlamento de Galicia en su caso el
que planteara esos criterios iniciales, puesto que el monumento está
atribuido como competencia de la Xunta de Galicia, y creo que no
debemos nunca, ni siquiera por fruto de nuestra pasión, invadir las
iniciativas que a otros corresponden, y que les corresponden por
nuestra propia voluntad y porque entendemos que así debe ser. Por esa
razón -porque, en primer lugar, el convenio está vigente, por las
intervenciones previstas, por las intervenciones posibles en este
momento, puesto que ese plan director todavía no ha terminado, ya que
aún siguen produciéndose algunas intervenciones; por los informes
técnicos de que disponemos, que nos aseguran que el monumento
esencialmente, teniendo en cuenta sus características, no ofrece
ninguna preocupación mayor, y sí hay la voluntad de irconsolidándolo,
conservándolo y mejorándolo en todos los
sentidos, que irían desde aquellas actuaciones materiales dentro de
él en su conservación y consolidación, y aquellas externas -incluso
de su ornato y mejora-, no existe ninguna situación preocupante.
Creemos que la intervención prevista está razonablemente dotada; si
no, sin duda no hubiera sido la propuesta por el Gobierno de la Xunta
de Galicia. Por tanto, consideramos que resulta extravagante a las
competencias del Gobierno de la nación que le formuláramos desde el
Congreso de los Diputados lo que constituye la segunda parte de la
proposición no de ley del Grupo Socialista.
En cuanto a la primera parte de ambas, por lo dicho, creo que todos
somos en este punto contestes. El Grupo Popular había hecho en
principio una enmienda a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, que matizamos ahora, contando con la generosidad y con
esa identificación que hemos mostrado respecto de los fines por todos
perseguidos. La enmienda se dirigía tanto al primer punto del Grupo
Socialista como al del Grupo del Bloque Nacionalista Galego, en
definitiva, para el Grupo Mixto. Yo sugeriría -como resumen de estas
intervenciones- un texto que finalmente, sobre el de nuestras
enmiendas y naturalmente sobre el de las iniciativas de ambos grupos,
dijera lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
impulsar y apoyar los trámites en curso iniciados ya a instancias de
la Xunta de Galicia en coordinación con dicho gobierno autónomo, en
orden a que la muralla de Lugo sea declarada monumento perteneciente
al patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Espero, señorías, que este texto merezca la aceptación por su parte.
Creo que es, en definitiva, el espíritu que recoge las intervenciones
tanto de los grupos proponentes como del grupo enmendante en este
punto, siempre con voluntad sólo de mejora, por las razones que creo
que no necesitan más explicitación que la que he indicado. En
definitiva, con esa disposición anunciamos nuestra voluntad de
conseguir este texto común de apoyo a la muralla de Lugo en este
trámite ya en curso desde hace más de un año para que, por fin, pueda
ser declarado patrimonio de la humanidad en ese catálogo admirable de
la UNESCO, y he de decir que por las razones, creemos que muy
justificadas, que hemos dejado patentes no apoyaremos el punto de la
proposición del Grupo Socialista en lo que se refiere a modificar
o propiciar un nuevo convenio de cooperación y colaboración del
Gobierno central con la Xunta, anunciándole al señor Blanco (porque
ciertamente en este tipo de menesteres siempre nos encontramos; no en
vano somos sólo dos grupos los que obtuvimos en la circunscripción de
Lugo el apoyo de los electores para estar en esta Cámara, aunque los
tres grupos que hemos intervenido hoy están en el Parlamento de
Galicia) que creo que es el Parlamento de Galicia el lugar oportuno
en su caso para una reflexión de este tipo, y le aseguro que
cualquier planteamiento que allí se pudiera hacer para mejorar de
manera razonable y en el momento oportuno para el futuro esta
iniciativa de cooperación contará también con el apoyo del Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar
posición? (Pausa.)
Señora Solsona, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene usted la palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor presidente, Lugo, la antigua Lucus
Augusta, tan importante en época romana por ser la capital de la
provincia Galaica, cuando ésta se constituyó separada de la
Tarraconense en tiempos de Diocleciano, tiene la imponente muralla de
más de 2.000 metros de circuito, cinco de espesor y entre 10 y 14
metros de altura, reforzada por cincuenta cubos y perforada por
varias puertas ya citadas, las más importantes, por el representante
del Bloque Nacionalista Galego. Ya empezó su destrucción en la
antigüedad con las primas invasiones de suevos y normandos y en la
actualidad, pese a que fue declarada monumento nacional en 1921 -y
tengo que rectificar esta fecha al representante del Grupo
Parlamentario Socialista- y declarada también bien de interés
cultural en 1985, su estado de conservación no es el más adecuado,
como se ha dicho, como tampoco su conocimiento y difusión, como
corresponde a un monumento de tal importancia.
Por ello, consideramos oportunas las dos proposiciones no de ley
presentadas y deseamos que el grupo enmendante y los grupos
proponentes lleguen a una transacción para poder votar por unanimidad
tan importante proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Es el momento de que manifiesten los grupos
proponentes si aceptan la enmienda, la rechazan y qué texto mantienen
para su votación.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
señor Rodríguez tiene la palabra para manifestarse sobre la enmienda.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a
aceptar la enmienda transaccional precisamente porque es importante
que haya unanimidad de criterios y porque sin duda alguna va en la
línea que planteamos en nuestra proposición no de Ley.
Solamente deseamos advertir que esta proposición no de ley fue
presentada, como ya se remarcó, hace un año cuando aún no se había
iniciado ningún tipo de trámites administrativos.
Para acabar, voy a leerles en concreto lo que dice el Gobierno a este
respecto a la altura del 1 de octubre de 1998: Como ya se ha señalado
debe de ser la Junta de Galicia la que busque la oportunidad de
presentar esta candidatura. Una vez presentada y elegida el Gobierno
la defenderá ante las instancias que considere necesario para que sea
declarada patrimonio de la humanidad, al igual que hará con el resto
de las candidaturas españolas elegidas. Es decir, a la altura de
octubre de 1998 aún no era un trámite formalizado. Iniciados los
trámites, nosotros participamos de ese criterio, lo admitimos, pero
que quede claro que es muy necesario este impulso para que se
formalice en el seno del consejo del Patrimonio Histórico.
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra para pronunciarse
con respecto a la enmienda lo más brevemente posible.
El señor BLANCO LÓPEZ: En un segundo.
Este grupo no va a cejar en su empeño de conseguir la financiación
que posibilite en su momento que el plan
director elaborado se pueda ejecutar en todos sus términos, pero, en
cualquier caso, esa posición no debe empañar el consenso en un tema
importante como es seguir impulsando la declaración de la muralla
como patrimonio de la humanidad, y en ese sentido aceptamos la
enmienda transaccional que se nos propone con el fin de que esta
Cámara logre el consenso ya conseguido en sus días en otras
instituciones como el Ayuntamiento de Lugo y el Parlamento
autonómico.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, esa enmienda será objeto de
votación en su momento oportuno, con retirada, evidentemente, de las
dos proposiciones no de ley que han resultado enmendadas.
- SOBRE DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE MORELLA COMO PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD POR LAUNESCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO (número de expediente 161/001054).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, declaración de
la ciudad de Morella como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
El Grupo Parlamentario Popular es el proponente de esta proposición
no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ramón
Calpe.
El señor CALPE SAERA: El Grupo Parlamentario Popular al presentar
esta proposición no de ley pretende dar un paso más en la ya larga
andadura que la ciudad de Morella lleva en su postulación como
patrimonio de la humanidad.
Desde finales de los dos años ochenta Morella figuraba ya en una
antigua lista indicativa, que ha sido reformada en la reunión del
consejo del Patrimonio Histórico que se celebró el pasado año en
Alcalá de Henares. Es una candidatura que lógicamente ha despertado
grandes ilusiones entre los habitantes de esta pequeña ciudad de la
comarca de Els Ports, al norte de la provincia de Castellón en la
Comunidad Valenciana y que también ha despertado ilusión entre sus
visitantes. De hecho es destacable que, pese a que es una ciudad de
no fácil acceso, que no goza todavía de las mejores comunicaciones,
una campaña de recogida de firmas organizada por su Ayuntamiento ha
logrado reunir ya, creo, más de 27.000, lo que parece una suma
destacada.
Nuestra proposición no de ley en su exposición de motivos decía que
la ciudad de Morella es un conjunto monumental único por su
estructura urbana y por su arquitectura civil, militar y eclesiástica
y conserva un notable acervo de tradiciones, fiestas, formas de vida,
manifestaciones folclóricas y usos artesanos que la hacen
excepcional.
Como han hecho quienes me han antecedido al defender la proposición
no de ley relativa a la muralla de Lugo, creo que es oportuno
referirse un poco a todo este conjunto monumental, cultural,
folclórico y artesanal que estamos postulando para que sea declarado
patrimonio de la humanidad.
Cuando nos aproximamos a Morella su primera visión nos sorprende por
la armónica imagen de sus murallas sobre las que aparecen torres de
iglesias y conventos, casas nobles y coronado el conjunto un
castillo. En el término municipal se hallan yacimientos arqueológicos
antiguos, entre otros hallamos pinturas rupestres en Morella la
Vella, que por cierto están encuadradas en un conjunto que
recientemente también ha sido declarado patrimonio de la humanidad y
sobre el que también presentó nuestro grupo ante esta misma Comisión
una proposición no de ley. La fundación de la ciudad actual, en
cualquier caso, se debe a los árabes y la perdieron definitivamente
al ser conquistada por don Blasco de Alagón, uno de los caballeros
del Rey Don Jaime I. Precisamente el volumen tercero de la crónica
del Rey Conquistador, al referirse a la conquista de Morella por don
Blasco de Alagón, ya nos la presenta como una importante ciudad y hay
una disputa entre don Blasco y el Rey porque ambos querían el señorío
de la ciudad y de hecho el Rey dice que éste es lugar tan fuerte y
renombrado que por más que merezcáis todo el bien que pudiéseis tener
no es adecuado para ningún hombre del mundo sino sólo para un rey. Al
final parece que llegaron a una transacción y don Blasco pudo poseer
la ciudad, aunque era de dominio real hasta su muerte.
Morella tiene 1.562 metros de murallas jalonadas por catorce torres
de defensa y a las que se puede acceder por las puertas de San Mateo,
de San Miguel, del Rey, de Ferrisa, de Forcall, de la Nevera y Dels
Estudis. Se construyeron en los siglos XIV y XV y se reformaron en
los siglos XVII y XVIII y en los últimos años han sido precisas
diversas actuaciones en ellas, y están siendo necesarias también en
este momento por lo que hay previsiones de inversiones futuras para
su mantenimiento y restauración.
El interior de la ciudad ya fue declarado conjunto histórico
artístico en 1965 por el entonces Ministerio de Educación. En él
destacan el castillo, ya famoso desde la Reconquista y a propósito
del cual hubo la disputa entre don Blasco y el Rey Don Jaime, que
tuvo un gran protagonismo en las guerras carlistas y que
desgraciadamente acabó con una parte importante destruida durante
estas guerras.
Entre sus monumentos religiosos destacan especialmente la basílica de
Santa María la Mayor, del siglo XIV, que es quizá el gótico más
importante de la Comunidad Valenciana, y del esplendor posterior de
la ciudad en los siglos siguientes da testimonio el órgano instalado
en ella, del constructor Torull, uno de los más importantes
constructores de órganos valencianos y de Europa en la primera mitad
del siglo XVIII. También es destacable el Real Convento de San
Francisco, con un claustro gótico del siglo XIII y el conjunto de
edificios de la calle Blasco de Alagón, con sus bajos porticados por
los palacios del Cardenal Ram, del siglo XVI, el Palacio de Ciurana,
del siglo XIV, la Cofradía de Labradores, del siglo XVII o el Palacio
de Piquer, del siglo XVI y el Ayuntamiento, de los siglos XIV y XV.
Morella tuvo una gran importancia en el comercio de la lana y en la
industria textil, sus principales aportaciones económicas que le
valieron para el desarrollo de la ciudad en la Edad Media y en los
siglos posteriores. De ello queda una de sus manifestaciones más
típicas y conocidas, como es la manta morellana, que ha alcanzado una
justa fama y
vestigios de todo ello constituyen hoy los telares que quedan y una
importante artesanía de punto.
También destaca su gastronomía, que es celebrada por los gourmets,
especialmente su trufa, la sopa morellana, el conejo con caracoles,
las populares vaquetes, las croquetas morellanas, la carne de toro
mechada, la tortilla en mullador, el ternasco o la gallina trufada y
también postres como la cuajada o repostería, en la que destaca un
pastel típico, els flaons, pasteles rellenos de requesón y almendra.
Sus fiestas también tienen un importantísimo valor antropológico, y
destaca entre ellas el sexeni, que se celebra cada seis años y hay
que asociar como tantas otras fiestas a la celebración de que en este
caso la Virgen de Vallivana libró a la ciudad según la tradición
popular de una peste en el siglo XVII. Estas fiestas dan lugar a que
se bailen danzas típicas de los diversos gremios de la ciudad durante
ellas y el año anterior al sexeni, precisamente en este año de 1999,
se proclama la fiesta que se va a celebrar el año siguiente con el
anuncio.
Hechas todas estas manifestaciones respecto a los valores de la
ciudad y que justifican su candidatura para ser proclamada como
patrimonio de la humanidad, he de insistir en que esta proposición
supone un paso más. Morella, como he dicho ya, fue incluida en la
lista indicativa de ciudades o lugares candidatos a ser declarados
patrimonio de la humanidad en el consejo del Patrimonio Histórico,
que se celebró en Alcalá de Henares el pasado año 1998. De todas
maneras, ahora es necesario que la Comunidad Autónoma Valenciana
presente expresamente esta candidatura, en cierto modo que la saque
de la lista para que pase a ser candidatura, que el consejo pueda
aceptarla y para que el Estado la presente ante la UNESCO para su
proclamación.
Por tanto, la aprobación de esta proposición no de ley sería un
importante refuerzo e impulso para que estos trámites se vayan
cumpliendo y cada vez nos acerquemos más al objetivo final, que es
como vengo diciendo la declaración como patrimonio de la humanidad.
Creo que no sólohay que tener en cuenta los valores que ya se han
mencionado, sino muy especialmente tener en cuenta que estamos
hablando, como ya he dicho, de una ciudad pequeña, situada en el
interior de la provincia de Castellón, no excesivamente lejos de la
costa pero sí a una altitud considerable, a 1.000 metros, a la que no
es fácil acceder por las actuales vías, pese a que actualmente
también se están mejorando las comunicaciones y las carreteras. Tiene
un clima muy duro, sin ir más lejos, ayer o anteayer se alcanzaron
temperaturas de 7 y 8 grados bajo cero, eso es frecuente en invierno,
muchas veces incluso con riesgo de quedar incomunicada. Su
declaración como patrimonio de la humanidad lógicamente reforzaría
mucho la vitalidad de la ciudad, de toda su comarca y de sus
riquezas, que hoy no son las que fueron antaño, porque la industria
textil hoy camina por otros derroteros y su principal expectativa de
desarrollo económico lo constituye actualmente, y lo ha de constituir
mucho más, el desarrollo turístico, especialmente ese turismo
cultural que cada vez tiene una mayor clientela y sería importante
que esta declaración que estamos pidiendo lo aumentase.
Por todo ello, pediría el voto unánime de la Comisión, como se ha
hecho en otras iniciativas de este tipo, como va a ocurrir al parecer
con las relativas a la muralla de Lugo,
que acabamos de debatir y no quisiera ser menos que el señor Blanco e
invitar a todos los miembros de la Comisión a que conozcan la ciudad
de Morella. Sé que los diputados castellonenses estamos dispuestos a
colaborar en ello y a enseñarla y estoy seguro de que quienes la
conozcan comprenderán lo justificado que está respaldar esta
iniciativa y apoyar la candidatura de Morella para ser patrimonio de
la humanidad.
El señor PRESIDENTE: Tras la exposición que ha hecho de los
atractivos no sólo de la ciudad sino de su gastronomía, ya puedo
adelantarle que la Mesa acepta la invitación, evidentemente con todo
lo que comporta respecto a su patrimonio. ¿Hay algún grupo
parlamentario que quiera manifestar su opinión al respecto, porque no
hay presentada ninguna enmienda? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Solsona
tiene la palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: El núcleo urbano de Morella, rodeado de
murallas y construido en el siglo XIV, por orden del Rey Pere III,
con un perímetro de 2.500 metros, 14 torres, siendo las principales
las de San Mateo y San Miquel y los portales del Estudis del Rey y el
Forcadell; tenemos que destacar también, aunque sea insistir en ello,
la plaza de San Francesc, con un convento gótico, sede hoy del Museo
Etnológico, y la iglesia arciprestal de Santa María, de factura
gótica como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario
Popular. La antigua calle del Almodí o del mercado, también
porticada, muchos palacios y casas de los siglos XIV y XVIII, la Casa
de la Vila, del siglo XIV al XVIII, y sobre todo su castillo de época
islámica reforzada en el siglo XIX, y el trazado característico de la
ciudad, formada por tres recintos concéntricos. Todo ello merece la
consideración de ser declarado un conjunto de incalculable valor, y
así fue que en 1963 fue declarado conjunto histórico- artístico.
Debemos constatar, como ya ha hecho mención el grupo proponente, que
ya desde finales de los años ochenta Morella está incluida en las
listas de selección de candidaturas a la declaración como patrimonio
de la humanidad. Sin embargo, si insistir en ello sirve para logar el
objetivo, nuestro grupo avalará esta proposición no de ley, como no
podría ser de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Olga Mulet.
La señora MULET TORRES: Mi grupo parlamentario apoyará esta
proposición no de ley, aunque el texto de la misma se insta al
Gobierno a que se dirija a la Generalidad Valenciana para que
presente al Consejo del Patrimonio Histórico el proyecto ciudad de
Morella con la finalidad de ser aprobado y elevado a la UNESCO para
su declaración como patrimonio de la humanidad. Posiblemente por la
tardanza en su inclusión en el orden del día en esta Comisión, éste
es un trámite ya superado por la aspirante ciudad de Morella y los
ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y comarca han sido en todo
momento los promotores
de esta iniciativa, convirtiéndose en una iniciativa popular apoyada
e impulsada por el Ayuntamiento.
En documentación aportada por el propio Ayuntamiento, queda
constancia de que la Consejería de Cultura de la Generalidad
Valenciana ha vuelto a incluir la ciudad de Morella dentro de la
lista indicativa previa para la elección y que ésta ha quedado ya
cerrada por diez años. Representar en este momento a mi grupo
parlamentario para votar y que quede constancia del trabajo realizado
por las gentes de Morella y de la comarca de Els Ports para declarar
la ciudad patrimonio de la humanidad es un honor para mí, y es al
mismo tiempo un orgullo poder reiterar su carácter, ensalzar el
atractivo de esta ciudad maravillosa en la que perviven y conviven su
patrimonio artístico y cultural junto al buen hacer de sus gentes,
sus tradiciones y costumbres.
Todo ello convive y perdura porque han apostado desde siempre por una
activa y sensible defensa de su patrimonio. Poder resaltar el
entusiasmo de sus ciudadanos por compartir, dejando atrás actitudes
posesivas, para que este valor extraordinario pueda abrirse
universalmente y la historia que en su ciudad se esconde sea
patrimonio y bien no sólo de sus gentes, de los valencianos, de
España, sino que forme parte también del resto de la humanidad.
Morella es un claro ejemplo de ciudad gótica, en la que se combinan
la arquitectura militar, religiosa civil y tradicional. La iglesia
arciprestal de Santa María la Mayor, su retablo del altar mayor
configuran junto al Real Convento de San Francisco parte de su
arquitectura religiosa. El acuerdo de 1276, la Casa del Común, Cort
de Justicia i Presó, actual ayuntamiento, y el palacio del cardenal
Ram o el barrio judío y el barrio de Soldevila representan un ejemplo
de la arquitectura civil y tradicional.
Por Morella han pasado en el transcurso del tiempo diferentes
culturas y civilizaciones. Alo largo de la historia ha sido un
enclave idóneo para controlar el Mediterráneo. Su ubicación geológica
y geográfica la sitúan como un lugar privilegiado. Desde íberos y
romanos hasta carlistas y cristianos han sido los morellanos quienes
casi siempre han ido reconstruyendo lo que la guerra destruía. El
castillo, sus murallas y las torres han participado de las
realidades, leyendas y fantasías de su historia, viendo pasar reyes
y papas, caballeros, santos, poetas. El Cid, don Blasco de Alagón, el
Rey Jaime I, el Papa Luna, San Vicente Ferrer son sólo algunos de sus
protagonistas. Es obligado recordar que el mismo Rey Jaime I, en su
libro Crónicas de Jaime I, la describió como lugar sólo digno de un
rey y de ningún hombre del mundo.
Esta iniciativa que cuenta con el unánime entusiasmo de la ciudadanía
de Morella, cuenta también con el máximo apoyo de gentes de distintos
lugares y países del mundo como lo demuestra la recogida de firmas en
apoyo del manifiesto de adhesión iniciada por el ayuntamiento en
septiembre de 1997 que bajo el lema Tu firma hará historia ha
recogido sus frutos. En estos momentos, hasta el 7 de enero de 1999,
son 26.514 firmas de todas las instituciones más relevantes de
nuestra comunidad autónoma, políticos, periodistas y medios de
comunicación, personajes del mundo de la educación, investigación y
ciencia, de economía, de artes, gastronomía, justicia y otras
instituciones. Quiero reiterar aquí que es fruto del consenso de
todas las fuerzas políticas, que está aprobada por el Pleno de las
Cortes
Valencianas y presentada por la Consellería de Cultura de la
Generalitat Valenciana en la lista indicativa, cerrada ya por diez
años.
Señor presidente, me gustaría invitar a los miembros de la Mesa y de
esta Comisión de Educación y Cultura a la que pertenecen a que
firmaran el manifiesto en defensa de Morella patrimonio de la
humanidad; se lo trasladaré al secretario de la Mesa para que pueda
facilitarlo a los señores diputados. Por tanto, en nombre del Grupo
Socialista nuestro más sincero apoyo a la ciudad de Morella y a sus
ciudadanos y representantes municipales que con su tesón, deseamos
logren por fin que Morella sea reconocida como patrimonio de la
humanidad.
Al mismo tiempo y para finalizar, me gustaría invitar a todos los
grupos parlamentarios a que siguiendo el consenso que desde el primer
momento ha perseguido esta iniciativa, presenten una proposición no
de ley en el sentido de dar un paso más importante: Que se inste al
Gobierno a que ayude técnica y económicamente al Ayuntamiento de
Morella y a la Generalitat Valenciana en el proyecto que en estos
momentos se está ya redactando y preparando para su presentación a la
UNESCO, y que por fin Morella sea declarada patrimonio de la
humanidad.
- PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO (número de
expediente 161/001169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día:
Proposición no de ley para garantizar la claridad de los centros de
formación profesional específica, presentada por el Grupo Socialista
del Congreso. Por tanto, para su defensa tiene la palabra doña Amparo
Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista somete
hoy a la consideración de esta Comisión de Educación una proposición
no de ley que pretende llamar la atención sobre la calidad de los
centros de formación profesional específica porque el Gobierno ha
aprobado en el año 1998 el Real Decreto 777/1998, en cuyo capítulo IV
y en sus artículos 18 a 21, modifica sustancialmente las previsiones
de la LOGSE, en concreto del Real Decreto 1004, que regula los
requisitos mínimos de los centros educativos. Este Real Decreto
modifica el anterior en un sentido que supone retroceso, y desde
luego una agresión a la calidad de la enseñanza. Eso es debido a que
modifican los criterios de calidad de la formación profesional,
reduciendo hasta el 30 por 100 las condiciones que deben reunir nada
menos que los laboratorios, las aulas, las bibliotecas o las salas de
informática de los centros de formación profesional. Además tiene
previsto que un centro que tiene autorizado el grado medio de la
formación profesional, sin modificar esos requisitos, pueda impartir
también el grado superior. Hay más; también tiene previsto en el caso
de los centros concertados y los centros privados que se pueda
impartir la formación profesional en edificios que no sean de uso
exclusivo escolar. Todo esto supone unretroceso en lo que está
sucediendo hasta el año 1998. Además,
las previsiones de este Real Decreto no constituyen materia básica,
lo que supone por tanto que sólo afecta al territorio llamado
territorio MEC que es de competencia directa del Ministerio de
Educación y Cultura, y por tanto no afecta a las comunidades con
competencias propias en materia de educación. Con ello lo que se hace
es romper un principio para nosotros desde luego básico que es la
garantía de que todos los españoles pueden tener la seguridad de que
los centros educativos responden a unos requisitos mínimos de
calidad. Por tanto, la ruptura de este principio básico puede
conducir, y de hecho así sucederá, a diferencias de calidad; además,
supone una discriminación entre territorios. No hay más explicación
para esta reducción en los criterios de calidad de los centros de
formación profesional que las condiciones de implantación de la
formación profesional y también las condiciones de transferencia en
materia de educación a las comunidades autónomas del artículo 143 que
todavía no disponen de ella. Como seguramente SS.SS. saben, la
implantación de la formación profesional ha sido retrasada en dos
años, por tanto no será completada hasta el año 2002. En la
actualidad, en el llamado territorio MEC algo menos del 50 por 100 de
los ciclos formativos de grado medio y superior han sido implantados.
Por tanto, más de la mitad lo harán en diferentes condiciones de
calidad; pero hay comunidades autónomas como, por ejemplo, la
Comunidad Valenciana, donde sólo ha sido implantado un 35 por 100.
Por tanto, estas comunidades autónomas y también el territorio MEC
implantarán la formación profesional con una notable diferencia de
calidad.
Para nosotros es además muy importante señalar que las siete
comunidades que todavía no tienen la transferencia en materia de
educación recibirán la transferencia en materia de formación
profesional con unos recursos muy inferiores a los que les habría
permitido alcanzar el anterior Real Decreto 1004/1991, de requisitos
mínimos.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere
hacerse aquí eco de la preocupación que existe en toda la comunidad
educativa y también de las reiteradas peticiones de los sindicatos de
la enseñanza y de todos los grupos representativos de la formación
profesional para solicitar el apoyo a esta proposición no de ley que
tiene como objetivo garantizar en todo el territorio español, y por
tanto para todos los ciudadanos españoles, que los centros educativos
que impartan la formación profesional específica lo harán con unos
requisitos mínimos de calidad y también que los objetivos y los
indicadores de calidad de la formación profesional que se imparte en
toda España serán homologables con el marco europeo.
Para nosotros no sería comprensible que mientras se hacen
afirmaciones retóricas en apoyo a la formación profesional, que según
ha manifestado el Gobierno se sitúa como estrategia básica a la hora
del empleo y también a la hora de ofrecer oportunidades a los jóvenes
españoles, el grupo mayoritario no apoyase esta proposición no de
ley; no se entendería que manifestaciones retóricas en las cuales se
defiende la formación profesional no fueran seguidas de unos hechos
en pro de la formación profesional en vez de retroceder clara y
flagrantemente como suponen las medidas adoptadas por el Gobierno en
este Real Decreto 777/1998.
Nada más. Esperando el apoyo de todos los grupos parlamentarios,
agradezco la atención prestada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra doña Carme Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Anuestro parecer, la proposición no de ley del
Grupo Socialista es una muestra recidiva de identificación entre
calidad y normativa de espacios e instalaciones. El desacuerdo de
nuestro Gobierno y de nuestro grupo con carácter detallista e
hiperregulador del Real Decreto 1004 era ya anterior a su
promulgación en el año 1991, y proviene de la experiencia secular de
que el concepto de calidad no es inmutable, sino que por su
naturaleza es variable y con frecuencia coyuntural. Cuando el
Gobierno socialista utilizó la fórmula del real decreto sabía también
que esta fórmula permite una ágil modificación de la norma, lo que no
sucede si se establece por ley formal. No se puede considerar los
parámetros administrativoburocráticos y el cálculo en centímetros
cuadrados o metros cuadrados como criterios básicos de la calidad; a
nuestro entender, no son ningún criterio cierto de calidad. El real
decreto fue ya cuestionado desde su gestación, hasta el punto que una
modificación con perceptible aire de familia a la formulada por el
Gobierno popular se encontraba ya antes del mes de marzo de 1996 en
puertas de su publicación, consensuado con las asociaciones y
federaciones de titulares de la enseñanza privada, como usted señora
proponente quizá sabe.
Un apunte más, que en realidad es una pregunta a mí misma: Me
gustaría saber si los espacios e instalaciones de los centros de
educación primaria de ayer son los requeridos normativamente para los
centros de enseñanza secundaria obligatoria de hoy; si los espacios e
instalaciones de los institutos de enseñanza secundaria de hoy, que
eran los de bachillerato de ayer, son los requeridos para los centros
de formación profesional. ¿Minoraría la respuesta la calidad de los
centros públicos? De ninguna manera; no lo creemos en absoluto porque
la calidad no se puede medir en centímetros cuadrados.
También querría recordar a la proponente que en la actualidad existen
movimientos revolucionarios sobre la concepción arquitectónica
pedagógica escolar. Las ideas sobresalientes del mañana, que hoy se
gestan especialmente en Estados Unidos lideradas por el prestigioso
arquitecto de escuelas Paul Hansen y un equipo de educadores, rompen
con el pasado y extienden la escuela más allá de la escuela a
espacios que no son de uso escolar hoy. Éste es el movimiento que
propugna que los centros escolares deben ser como la vida: Espacios
cambiantes, abiertos, flexibles, adaptables y pluridisciplinarios.
Con ello sólo quiero indicar que todo criterio pasado fue mejor y que
la garantía de la calidad no viene dada por un real decreto, sino por
una evaluación de la consecución formativa de alumnas y alumnos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María Jesús Aramburu, por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Quiero mostrar una vez más nuestra
preocupación respecto a la proposición planteada; nuestra
preocupación por el hecho de que haya de recurrir permanentemente a
la reiniciativa de cumplimientos, en este caso de reales decretos o
legislación en general, lo que demuestra que los poderes
correspondientes no acaban de cumplir con sus responsabilidades.
Entiendo que es absolutamente inaceptable comprobar la inutilidad o
la incapacidad de un gabinete que ni siquiera presta la debida
consideración a los temas estrella, como éste. Y con mucha brevedad,
quiero decir lo siguiente: Estamos hablando de conseguir hacer de la
educación un instrumento para la igualdad y para ello no basta con
proporcionar oportunidades formales, sino que es preciso aplicar
políticas más correctoras y expansivas en el seguimiento de la
educación en aquellos sectores en que suelen acceder prioritariamente
los más desfavorecidos socialmente, como es el caso de la formación
profesional. En ese sentido entiendo que lo prioritario debe ser
facilitarles, dotarles de lo indispensable y en este caso estamos
hablando, entre otras cosas, de recibir una enseñanza de calidad.
Por tanto, se trata de completar la implantación de la LOGSE, de que
las transferencias se hagan con recursos; en definitiva, estamos
hablando de financiación para conseguir no sólo un sistema educativo,
sino un mejor sistema educativo. Por supuesto, en esta sintonía
siempre encontrarán a Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Adolfo Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Adelanto el voto negativo del Grupo
Parlamentario Popular a la proposición no de ley que hoy presenta el
Grupo Socialista. En primer lugar quiero manifestar que el Partido
Popular y el Gobierno que sustenta siempre han hecho una defensa viva
de la formación profesional, apostando por ella como auténtico motor
de creación de empleo, mejora de la cualificación profesional de los
trabajadores, y buena muestra de ello son el nuevo plan de formación
profesional 1998-2001, que cuenta con una Memoria económica de 2,5
billones de pesetas; la potenciación del Consejo General de la
Formación Profesional; la finalización del Real Decreto que diseña
los currículos de los nada menos que 135 títulos que componen el
repertorio de la nueva formación profesional, y en los que por cierto
participó de forma importante el ex Gobierno socialista; la
aceleración del ritmo de implantación de los ciclos formativos de
grado medio y grado superior con criterios de calidad, es decir,
realizándose las construcciones nuevas o adaptaciones, así como las
dotaciones de equipamiento necesario, y por último la elaboración del
Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, que regula aspectos pendientes
y reclamados desde distintos sectores de la sociedad sobre formación
profesional en el ámbito del sistema educativo, real decreto que nos
ocupa y que al parecer preocupa al Grupo Socialista. La aprobación y
publicación del Real Decreto 777/1998, que fue objeto de informe o
dictamen por la Conferencia de Educación, la Comisión Permanente del
Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación
Profesional y finalmente por el Consejo de Estado, no supone merma
alguna en las condiciones
de calidad de impartición de la formación profesional; es más,
ocurre todo lo contrario: Representa la posibilidad cierta de
optimizar los recursos del centro, permitiendo la adaptación de los
espacios formativos definidos al número real de estudiantes que los
ocupa. Restringir -como ha dicho la compañera que me ha antecedido en
el uso de la palabra- el concepto de calidad de formación profesional
a un mero ejercicio de medidas superficiales, es cuando menos
empobrecer dicho concepto, a la vez que confundir calidad de
enseñanza con calidad de las estructuras materiales y minusvalora
todo un conjunto de elementos activos, receptivos e instrumentales
que intervienen en el proceso, aprendizaje y calidad de estas
enseñanzas. Se da la paradoja de que lo que hoy preocupa al Grupo
Socialista son varios de los reales decretos de títulos que ustedes
mismos legislaron cuando gobernaban. Como conoce la portavoz del
Grupo Socialista, en los años 1994 y 1995 los reales decretos de
títulos no se ajustaban a los mínimos de los centros que imparten FP
y que venían en el Real Decreto 1004.
Vamos a hacer un pequeño análisis según los artículos que hoy se
cuestionan. Los artículos 32 y 39 regulan los requisitos mínimos de
los centros de FP, diciendo que se necesita un espacio de cinco
metros cuadrados por puesto escolar, que en ningún caso sea inferior
a 180 metros cuadrados si se trata de ciclos formativos del grupo A,
o un espacio de ocho metros cuadrados por puesto escolar, que en
ningún caso será inferior a 280 metros cuadrados si se trata de
ciclos formativos del grupo B. Posteriormente, el Gobierno socialista
no entendió al legislar, ni tampoco lo ha hecho el Gobierno popular,
que los 135 ciclos formativos que componen todo el repertorio
tuvieran que estar encuadrados en sólo dos categorías, A y B; al
contrario, entendieron que cada ciclo formativo debía tener unos
espacios concretos según sus características. Así lo constatamos en
algunos de los reales decretos diseñados por el ex Gobierno
socialista, con espacios inferiores a los 180 metros cuadrados,
espacio mínimo del artículo 32 del Real Decreto 1004, como, por
ejemplo, en documentación sanitaria (150), higiene bucodental (150),
desarrollo de aplicaciones informáticas (120), técnico superior en
agencias de viaje (150), información y comercialización turística
(150), y así un largo etcétera.
El Real Decreto 777 tiene la ventaja de recopilar en un solo
documento los espacios mínimos necesarios para impartir todos los
títulos de FP, partiendo de los 135 reales decretos que los
desarrollan y que en algún caso incrementan los espacios. Podríamos
poner como ejemplo la higiene bucodental y alojamiento. Hasta la
llegada de este real decreto los espacios se diseñaban para un máximo
de 30 alumnos, mientras que éste posibilita ciclos formativos para un
máximo de 20 alumnos, con la lógica reducción proporcional al número
de alumnos en sus espacios necesarios.
Por otra parte, hay que significar que se sigue aplicando el
principio de autorización administrativa, tal como establece el
artículo 19.5, que textualmente dice que la autorización concedida a
un centro para impartir un determinado ciclo a solicitud del mismo
podrá ser extensiva a otros ciclos formativos de la misma familia
profesional y delmismo grado del que ya tenga autorizado, y aquí sí
que se
añade, previa comprobación por la Administración educativa competente
de que los espacios formativos cumplen los requisitos para el nuevo
ciclo, como no podía ser de otra manera ya que recoge lo establecido
en la disposición adicional sexta de la LOGSE. Que preocupe el hecho
de que la formación profesional específica pueda ser impartida en los
centros que ya tienen autorizada la ESO o el bachillerato es negar
una realidad que está sucediendo en los centros públicos, pues
existen innumerables institutos de educación secundaria que imparten
enseñanzas de ESO, bachillerato y FP específica de grado medio y
superior que comparten estos estudios en instalaciones, recursos y
profesorado. Dado que los requisitos mínimos para impartir los ciclos
de grado medio son los mismos que para impartir los ciclos de grado
superior era lógico que el nuevo articulado fundiera los dos
artículos diciendo que la formación profesional de grado medio y
grado superior podría impartirse en centros en los que se imparte
actualmente la educación secundaria obligatoria o el bachillerato. En
este supuesto, las enseñanzas de formación profesional se organizarán
independientemente de las otras enseñanzas, si bien podrán disponer
de recursos materiales y humanos comunes.
Resumiendo, la mayor parte de las innovaciones del Real Decreto 777
sobre el 1004 ya venían recogidas en los reales decretos que
desarrollan los 135 títulos de formación profesional de la LOGSE;
además, este Real Decreto salvaguarda los principios básicos en que
se asienta la calidad formativa, permite optimizar los recursos de
los centros y supone una adaptación en las expectativas reales que se
dan en los centros de FP. Por todo ello, nuestro voto será negativo.
Agradezco al señor presidente que me haya permitido un poquito más de
tiempo, pero creo que la ocasión lo merecía en pro de muchos jóvenes
que en formación profesional realmente esperan de nosotros muchas
cosas.
- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SECUNDARIA EN CABEZUELA DEL
VALLE (CÁCERES). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(número de expediente 161/001171.)
El señor PRESIDENTE: Punto 6 del orden del día, sobre la construcción
de un centro de secundaria en Cabezuela del Valle, presentada por el
Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra doña Inmaculada Fernández.
La señora FERNÁNDEZ RAMIRO: El tema de la red de centros, señorías,
ocupa un lugar destacado desde el momento que consideramos que la
educación es un derecho básico de todos los ciudadanos y constituye
un servicio público prioritario. Por tanto, impulsar una educación de
calidad para todos, basada en la compensación de las desigualdades,
es una línea preferente de actuación para este grupo. En este
sentido, entendemos que es necesario conjugar la calidad de la
enseñanza con la necesidad de apoyo que tienen las zonas rurales.
La etapa de educación secundaria obligatoria se debe impartir en los
institutos de educación secundaria, como está regulado, si bien
provisionalmente y hasta su pleno desarrollo se pueda impartir el
primer ciclo en los centros de educación primaria. La razón
fundamental es la entidad propia y la unidad con que fue concebida
esta etapa, precisamente para evitar la ruptura que supone el paso de
EGB a BUP en una edad tan crítica como son los catorce años. Por
tanto, señorías, el primer ciclo de secundaria no debe permanecer en
los centros de primaria más que el tiempo estrictamente necesario
para completar la red de centros de secundaria puesto que, como hemos
dicho, seguiría existiendo la ruptura de la etapa y además se
perdería en calidad de enseñanza, por cuanto estos centros carecen de
infraestructuras y servicios contemplados en la LOGSE para impartir
secundaria, tales como aulas de música, plástica, laboratorios, aulas
taller de tecnología, departamentos de orientación, etcétera, además
de las dificultades de coordinación entre ambos ciclos o
empobrecimiento de la oferta en materias optativas.
Como todos sabemos, Extremadura presenta unos caracteres muy
diferenciados en cuanto a la orografía del terreno y a la densidad de
población, por tanto cada zona ha sido y debe ser objeto de un
tratamiento específico dentro de la generalidad. Esto hace que los
criterios generales establecidos por el MEC necesiten una adaptación
a las características propias de la comunidad extremeña en sus
distintas zonas. Creemos que la flexibilidad en la aplicación de
estos criterios posibilita una verdadera adaptación a las
peculiaridades de nuestra población y es donde debemos manifestar
nuestra solidaridad con algunas zonas que mediante una aplicación
estricta de lo establecido con carácter general posiblemente
quedarían marginadas o precariamente atendidas. Éste es un tema de
gran sensibilidad social y entendemos perfectamente la preocupación
de los padres por conocer el camino que va a seguir el proceso
educativo de sus hijos e hijas, especialmente cuando a una localidad
se le ha comunicado la creación de un centro y después se incumple.
Éste es el caso de Cabezuela del Valle y de los municipios de Jerte,
Tornavacas y Valdastillas, en los que se vienen produciendo
importantes conflictos en relación con la creación del IES programado
para la primera de estas localidades.
En la red de centros 2000 del MEC se contemplaba la creación de un
instituto de 16 + 6 unidades en Cabezuela del Valle; así se le
comunica al Ayuntamiento en 1994, quien hace las gestiones para la
cesión de los terrenos. Sin embargo, en diciembre de 1997 el MEC
comunica de nuevo que se pretende construir un instituto en esta
localidad pero de 8 + 4 unidades, con una inversión de 293 millones
de pesetas para los presupuestos de 1998 y 1999. Apesar de esta
reducción se acepta la decisión por parte de los ciudadanos
afectados, que son sorprendidos por segunda vez en abril de 1998 con
un nuevo recorte que deja el instituto convertido en un centro de
secundaria obligatoria de ocho unidades, sin bachillerato ni
formación profesional, todo ello sin otra justificación por parte del
MEC que la prepotente actuación, puramente partidista desde nuestro
punto de vista, de satisfacer la demanda del único alcalde del
Partido Popular en esta zona.
Si se observan los datos del número de alumnos por curso resulta
curioso comprobar cómo va disminuyendo en Navaconcejo, municipio
donde se pretende ubicar el instituto, mientras aumenta en Cabezuela
en la misma proporción. Además, señorías, geográficamente, Cabezuela
del Valle está situado en medio de la zona; crear el instituto en
Navaconcejo supone tener que trasladar más de 50 alumnos por curso,
pasando más de la mitad por la propia localidad de Cabezuela, en
tanto que desde las localidades del otro extremo, es decir el caso
contrario, son sólo tres los alumnos, que además tienen la
posibilidad si lo desean de ir a Plasencia, como se contempla en la
red de centros de Extremadura. No tiene por tanto mucho sentido la
creación de dos centros en localidades que están a tan corta
distancia. Además, señorías, si tenemos presente el deseo de todos
los ciudadanos y ciudadanas de los municipios afectados, como se está
poniendo de manifiesto en las repetidas medidas de protesta, así como
en la realidad objetiva de los datos del alumnado, la orografía de la
zona y la situación de las localidades no tenemos más salida que
calificar esta decisión de auténtica burla y tomadura de pelo a todos
los ciudadanos de esta zona por parte del Ministerio. Esta comarca
-seguramente el presidente de esta Comisión lo conoce muy bien-,
desde diferentes ámbitos ha trabajado tradicionalmente con un fuerte
sentimiento de unidad y desde luego también en el terreno educativo;
así lo manifestaron las asociaciones del Valle del Jerte en su día.
A estas alturas de legislatura, señorías, lo absolutamente lamentable
es que este Gobierno sigue mareando la perdiz, amparándose en
procesos administrativos, por cierto procesos administrativos
complicados según el Ministerio, que alega problemas con los terrenos
y que curiosamente queda resuelto en un abrir y cerrar de ojos
sacando a licitación las obras para aulas de secundaria obligatoria
el pasado viernes, seguramente motivado por la campaña electoral que
se avecina y las presiones ejercidas por parte de los ciudadanos y
también por parte de este grupo parlamentario.
En definitiva, lo único que ha propiciado todo ello es la
inexistencia de la red de centros de secundaria en toda la comarca,
probablemente dando tiempo para enviar la pelota al tejado de la
Junta de Extremadura, cuando asuma las competencias de educación,
después de haber destrozado la unidad de todos los municipios del
Valle del Jerte.
Es posible, señorías, que la única verdad de todo esto sea la pobreza
de argumentos del propio jefe de gabinete de ex ministra de
Educación, cuando manifestaba a la coordinadora de los municipios
afectados hace poco más de un mes que ahora que gobierna al Partido
Popular el Ministerio tiene que tener contento a sus alcaldes, aunque
con ello se hayan cargado la planificación de la enseñanza en toda
una comarca.
Por todo ello, este grupo parlamentario propone para su toma en
consideración la siguiente proposición no de ley: La construcción
inmediata de un instituto de secundaria de 16 más 6 unidades en
Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, como única
posibilidad de tener una oferta adecuada de enseñanza tanto de
bachillerato como de formación profesional.
Retiro el segundo punto de esta proposición no de ley, teniendo en
cuenta el momento en que se está debatiendo en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Amador Álvarez.
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, la iniciativa que ha defendido la
portavoz del Grupo Socialista, que se presentó el 23 de septiembre,
sobre la construcción del IES en Cabezuela del Valle debería haberla
retirado el grupo proponente puesto que el viernes pasado, el 29 de
enero, se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la
licitación del citado proyecto de construcción de este IES por
trámite de urgencia, procedimiento abierto y concurso público, por
una cuantía de 246 millones.
Si la preocupación del Grupo Socialista, que creo que debe ser la de
todos, era garantizar una enseñanza de calidad y acercarla a la
población del valle del Jerte, con esta licitación se han disipado
las dudas. Cabezuela tendrá un IES próximamente. Lamentablemente,
creemos que no eran esos los objetivos que preocupaban al Grupo
Socialista; parece que al Grupo Socialista le interesaba crea un
clima de enfrentamiento entre la comunidad educativa de una comarca,
haciendo demagogia y utilizando la educación de nuestros jóvenes como
pura mercadería política. Es verdaderamente increíble que
representantes de un grupo político con experiencia de Gobierno
actúen a veces con tanta falta de coherencia como en esta ocasión.
Nunca en el MEC se ocultó a la opinión pública un documento con tanto
celo y misterio como la red de centros -a la que se ha hecho
referencia- que elaboró el PSOE estando en el Gobierno, sin lugar a
dudas porque no se quería que la opinión pública conociera los
intereses partidistas y la falta de objetividad de aquel mapa
escolar. Al inaugurarse algunos centros previstos en aquella
programación han sobrado aulas por falta de alumnos, y por eso el
Gobierno del Partido Popular ha tenido que hacer de manera
responsable y con todo rigor una redefinición y adaptar a las
necesidades reales las nuevas construcciones escolares. Si la
aplicación de la LOGSE está careciendo de servicios es justamente
porque el Grupo Socialista, que aprobó esta ley, fue contrario a que
se aprobara una ley de financiación que la desarrollara perfectamente
en el momento de su aplicación, en cuyo caso no hubieran existido las
deficiencias que hay.
El MEC ha estudiado las necesidades de escolarización de la ESO y
bachillerato en todo el valle del Jerte, con el fin de que los
alumnos de esta comarca reciban la enseñanza en las debidas
condiciones de calidad. Para eso, lógicamente, ha evaluado todos los
recursos materiales y constructivos ya existentes con el objetivo de
hacer las inversiones necesarias. De ese estudio de la comarca se
detecta que en el municipio de Navaconcejo ya existe un colegio de
bachillerato municipal desde hace más de treinta años. Eso no es un
invento de ayer ni de antes de ayer; además, este ayuntamiento ha
estado gobernando por otros grupos políticos. Por tanto, no se puede
achacar partidismo al Ministerio ni al Gobierno. Hay una tradición de
enseñanza postobligatoria en esta comarca desde hace muchos
años. Cuando lo plantean los ayuntamientos que están en la misma
situación que el de Navaconcejo, el MEC está sustituyendo estos
centros municipales por centros de secundaria dependientes del
Ministerio, porque hay que advertir que estos centros están
sostenidos con fondos públicos. Se transforman en centros de
secundaria con objeto de mantener la escolarización que ya existe en
estas localidades en las condiciones más idóneas para la implantación
del nuevo sistema educativo, y, además, supone una ventaja al no ser
necesarias grandes inversiones en este caso. Decir que el Ministerio
ha hecho una transformación y que ha roto el esquema previsto en la
red de centros, no es exacto, porque el MEC estimó que debiera haber
dos centros en esta comarca; en el año 1995 ya se preveía construir
otro centro. El ministro del Gobierno socialista Jerónimo Saavedra
Acevedo decía en una carta al alcalde de Navaconcejo: A través de mi
director de gabinete fui informado en su día de los argumentos a
favor de que el centro municipal de Navaconcejo se convirtiera en un
instituto de secundaria. Y dice el ministro el 11 de enero de 1996:
Una vez estudiadas las distintas posibilidades por las unidades
competentes del Ministerio, tengo el gusto de poner en tu
conocimiento que hemos incluido en la programación la adaptación del
citado centro para ocho unidades de ESO. No se puede tachar a la FEMP
partidista, porque cuando estaba gobernada por el Partido Socialista
dice don José María Velázquez Andrés, secretario de la Comisión de
Educación, que, siguiendo instrucciones del presidente de la Comisión
de Educación y Cultura, don José Antonio González Caviedes -por
cierto, fallecido-, te informo acerca del informe que nos remite la
directora general de Centros del Ministerio de Educación y Ciencia:
Navaconcejo. Se puede dar contestación sobre la decisión de dejar el
colegio municipal de bachillerato existente para centros de
secundaria con ocho unidades, para lo cual se realizarán obras de
adaptación del mismo. Conviene aclarar que desde que se inició el
proceso de planificación de la red de centros nunca ha influido en
modo alguno a la hora de tomar decisiones la afiliación política de
los responsables.
Si éstas son actuaciones del Gobierno anterior, ahora no podemos
estar rasgándonos las vestiduras diciendo que es este Gobierno el que
ha roto el consenso, el que ha roto un equilibrio. No hay tal rotura
de equilibrio, hay una postura demagógica de estar incitando a un
enfrentamiento entre esas localidades, porque la evolución del
alumnado será determinante a la hora de ampliar estos IES, y ésta es
la línea en la que va a ir la enmienda. La enmienda que nosotros
presentamos pretende la construcción inmediata de un instituto de
secundaria en Cabezuela del Valle de ocho más cero unidades,
ampliable en el futuro si las necesidades de escolarización lo
hicieran necesario.
El MEC no ha podido cumplir con la construcción del centro durante el
año 1998, porque desde el día 2 de junio, en que se pidieron los
primeros datos al ayuntamiento para que diera contestación
certificada de que los terrenos estaban libres de carga, se descubre
que los terrenos están considerados -así lo dice el documento
urbanístico- como suelo no urbanizable con protección. Desde el 2 de
junio se han seguido dirigiendo escritos al director general de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, a la Consejería
del Medio Ambiente, para que se arregle esta
situación, y así hemos llegado a escritos en una dirección y en la
otra. El 4 de diciembre, la Consejería dice que el Pleno de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura
acordó, en sesión del día 2 de diciembre de 1998, dejar en suspenso
la aprobación definitiva de las normas subsidiarias municipales de
Cabezuela del Valle. No se puede pretender que un Ministerio
construya en un terreno que tiene la consideración de terreno no
urbanizable con protección, y esto es lo que parece que está
pretendiendo en este momento el Grupo Socialista con su proposición.
A pesar de eso, el día 27 de enero de 1999, desde la Consejería de
Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo se envía el siguiente escrito al
Servicio del Patrimonio de la Gerencia de Infraestructuras del
Ministerio de Educación y Cultura: En relación con el expediente del
centro de enseñanza secundaria sito en Nave del Vadillo, promotor el
Ministerio de Educación y Ciencia, en Cabezuela del Valle, y en base
a la información requerida, fue publicado en el «Diario Oficial de
Extremadura» número 147, de 24 de diciembre, fecha a partir de la
cual dio comienzo el trámite de información pública, que finalizó el
día 20 de enero de 1999, no habiéndose recibido hasta la fecha de hoy
alegación al mismo.
Sólo con este escrito, y sin haber resuelto la calificación de suelo
que está pendiente en la Junta de Extremadura, el Ministerio y la
Gerencia, el día 29 de enero, justamente cuarenta y ocho horas
después de haberse dado esta comunicación y para ir adelantando los
plazos en los que dar satisfacción a Cabezuela del Valle y a su
entorno, ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la
licitación de estas obras con carácter urgente y a través de concurso
abierto. Esto demuestra la intención del Ministerio de que las
necesidades educativas del Valle del Jerte estén atendidas
perfectamente. Lo que sí es cierto es que establecer en este momento
dos centros de secundaria no es ninguna aberración, sino que es lo
que ha venido sucediendo hasta ahora, puesto que ese colegio que
impartía bachillerato venía haciéndolo hace más de treinta años, y el
utilizar unos recursos materiales, en este caso unas instalaciones,
no es ningún desdoro para ninguna administración que se precie de
hacer una buena utilización de los recursos públicos.
Al haberse retirado el segundo punto de la proposición, la enmienda
iría en la dirección de que esta construcción sea inmediata y se
apruebe definitivamente la calificación de suelo urbano. Por lo
tanto, tendría el siguiente tenor: La construcción inmediata de un
instituto de secundaria en Cabezuela del Valle de ocho más cero
unidades, que es lo que ya está licitado, ampliable en el futuro si
las necesidades de escolarización lo hicieran necesario.
El señor PRESIDENTE: Haga el favor de hacer llegar a la Mesa la
corrección y, sobre todo, a la proponente, para que, a la vista del
texto, manifieste si esa enmienda le da satisfacción de modo tal que
retira su proposición no de ley para que sea objeto de votación por
consenso o, por el contrario, no acepta la enmienda manteniendo su
proposición no de ley.
Doña Inmaculada Fernández tiene la palabra para manifestar sobre tal
punto.
La señora FERNÁNDEZ RAMIRO: El señor diputado conoce perfectamente la
situación, exactamente igual que yo, y es una obviedad la enmienda
que él plantea, porque sabe perfectamente que por el número de
alumnos que tiene Cabezuela del Valle y su entorno es absolutamente
imposible que los alumnos entren en ocho aulas, con lo cual es una
obviedad el plantear que se van a hacer más aulas, es que van a ser
absolutamente imprescindibles. Lógicamente, no aceptamos la enmienda.
(El señor Álvarez Álvarez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Tengo que decir que en este instituto...
El señor PRESIDENTE: El debate ha acabado. Usted ha presentado una
enmienda, la enmienda no ha gozado de la adhesión por parte de la
proponente, y ya está. La proposición no de ley será objeto de
votación.
- RELATIVA A LA EDUCACIÓN VIAL EXTRAESCOLAR DE LOS NIÑOS Y JÓVENES
COMPRENDIDOS EN EL SEGMENTO DE CUATRO A DIECIOCHO AÑOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de
expediente 161/001213.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley,
relativa a la educación vial extraescolar de los niños y jóvenes
comprendidos en el segmento de cuatro a dieciocho años, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, para cuya defensa damos la
palabra a don Manuel Seco.
El señor SECO GORDILLO: Comenzaré afirmando que me parece un hecho
social y unánimemente aceptado que la siniestralidad vial es un
problema que preocupa tremendamente a toda la sociedad española y que
preocupa también al Gobierno de la nación, como lo demuestra que en
su día creó una Comisión interministerial para el estudio de este
tema concreto.
Dentro de las medidas que contribuyen a mejorar la seguridad vial
está sin duda la de la educación vial, porque las medidas más
tradicionales, que serían las que actúan sobre la carretera o las que
actúan sobre los vehículos, parecen estar acercándose a un límite de
eficacia que aconseja buscar otras medidas alternativas,
complementarias, que incidan sobre la seguridad vial, y aquí entra
con firmeza la educación vial como una medida que contribuye
decididamente a mejorar la seguridad vial en nuestro país. Ahora
bien, lejos de focalizar o concretar la educación vial sobre la mera
reducción de los accidentes de tráfico, la educación vial debería ser
más bien formal en cuento a sus contenidos, de manera que una vez
implantada de forma efectiva permitiera a los ciudadanos disfrutar de
una mejor calidad de vida dentro del ámbito de la circulación.
Tenemos que hacer notar que la educación vial, dado su entorno
cambiante, es un concepto temporal, al menos en cuanto a los
conocimientos, habilidades y a los hábitos, y
en este sentido, aunque los hábitos, conocimientos y habilidades son
importantes, el Grupo Parlamentario Popular cree que lo primordial en
materia de educación vial sería reforzar las actividades de los
ciudadanos en materia de circulación; así, básicamente invariables
dentro del entorno cambiante a que me refería, debemos tender a
potenciar las actitudes de respeto, de sometimiento a las normas y de
aceptación de las libertades de los demás.
La educación vial tiene como objetivo final crear comportamientos más
que proporcionar conocimientos, pero no es menos cierto que la
consecución de estos conocimientos, habilidades y hábitos no
garantiza que los usuarios que los hayan alcanzados se comporten como
habría de esperarse de ellos y, por tanto, los apliquen en toda su
extensión. Puede decirse que la seguridad vial (de la que, como antes
decíamos, forma parte esencial la educación vial) considerada en su
conjunto es algo que a todo el mundo le gustaría comprar, pero
tratada individualmente es algo que nadie desea comprar, y este
rechazo a nivel individual fomenta una curiosa complicidad social que
se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando un conductor avisa a otro
de la presencia de una patrulla de la Guardia Civil, o cuando los
conductores se dan mutuamente consejos sobre cómo se pueden evitar
los controles de alcoholemia, complicidad que actúa en una sociedad
que anteriormente ha aceptado con carácter teórico y de un modo
general la bondad de las medidas que la Administración adopta para
mejorar la seguridad vial de todos los conductores, y con esta
complicidad social hay que contar y hay que luchar contra ella en
todo lo que haga referencia a la educación vial.
Por no alargar mucho esta intervención, simplemente diré que son
tres, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, los sectores de
población sobre los que habría que actuar, partiendo de la premisa
que toda actuación en materia de educación vial será tanto o más
efectiva cuanto más limitado, cuanto más concreto sea el ámbito
poblacional sobre el que se actúe. Así, habría que distinguir tres
niveles según se trate de los niños en edad escolar, de las personas
adultas que son ya conductores y que al mismo tiempo deben ser
educadores en esta materia de la educación vial y un tercer grupo
prioritario que sería el de las personas mayores, el de la tercera
edad.
Nótese, señor presidente, lo digo a título meramente informativo, que
no se trata de un problema nuevo y que ya el Código de la Circulación
en su redacción de 1934 señalaba en su artículo 7 que el profesorado
de todas las escuelas y colegios, tanto oficiales como particulares,
está obligado a enseñar a sus alumnos las reglas generales de la
circulación y la conveniencia de su perfecta observancia, es decir,
no se trata de un problema antiguo, aunque afortunadamente en la
actualidad está mucho mejor enfocado desde su incorporación a los
criterios generales de la Ley de ordenación general del sistema
educativo.
Seguramente podría atribuirse puramente a la casualidad el hecho de
que en este primer acto parlamentario de este período de sesiones del
año 1999 estemos tratando de una iniciativa que los duendes
parlamentarios hicieron que no se debatiera en la última sesión del
anterior período sino precisamente en esta primera sesión de 1999. Lo
digo porque 1999 fue declarado por la Comisión interministerial
para la seguridad vial como el año de la educación vial, y en ese
sentido me parece sumamente importante y oportuno que también desde
el Congreso de los Diputados podamos implicarnos en la previsión y en
la resolución de los problemas que encuentra la implantación
generalizada y la extensión de la educación y formación vial a todas
las capas de la población, porque, por un lado, el campo de la
educación vial extraescolar está atendido desde muy distintos ámbitos
y muy distintas instancias, desde la propia Administración, la
Dirección General de Tráfico, desde las comunidades autónomas,
corporaciones locales, empresas y entidades privadas, etcétera, que
no siempre están sujetas a la sistematización, la coordinación y el
rigor que este tema merece y que a veces solapan sus esfuerzos sobre
los mismos grupos de alumnado, sobre los mismos centros o sobre las
mismas zonas. Por otra parte, esta asignatura está considerada como
una materia transversal en nuestro sistema educativo, lo que no
siempre permite asegurar el dominio de todos los contenidos
implícitos en la misma ni que se realice o se asegure la llamada
educación vial familiar, tan fundamental como consideramos que es en
esta materia.
Ahora debo pedir disculpas a los miembros de esta Comisión si el
lenguaje que utilizo no es el más adecuado en este ámbito de la
Comisión de Educación, mis escasos conocimientos en esta materia me
hacen caer en este tipo de errores, debo reconocer que únicamente
entiendo poquito aunque algo de seguridad vial y no de educación,
pero no tengo más remedio que decir que la eficacia de la educación
vial viene determinada por su implantación o porque sea impartida
precisamente desde el ámbito escolar, y éste es un hecho constatado
en la mayoría de los países europeos. La justificación parece
evidente: La necesidad de asistir a las aulas, la necesaria presencia
de los alumnos en el colegio que garantiza la transmisión de este
mensaje a todo el segmento de población. Sin embargo, en aras a
garantizar la eficacia de esta educación vial, parece cada vez más
limitada la versatilidad y disponibilidad del campo escolar, porque
la aparición de nuevas obligaciones académicas y la implantación de
otras materias no tan nuevas, como, por ejemplo, la educación
medioambiental, la informática, etcétera, limitan la posibilidad de
incrementar el número de iniciativas que en materia de educación vial
se podrían llevar a cabo. Esto, que en principio podría ser un grave
problema, sobre todo a medio y largo plazo, considera el Grupo
Parlamentario Popular que es todo lo contrario, es decir, una
excelente oportunidad para reorganizar, para implantar y para
potenciar la educación vial fuera del ámbito escolar.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
iniciativa y dispenso a SS.SS. de la lectura de su parte dispositiva,
en aras a la brevedad y teniendo en cuenta la hora.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa hay presentada una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para cuya
defensa damos la palabra a doña Carme Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Nuestra enmienda tiene dos partes, en la
primera se quiere hacer patente, como siempre,
que la iniciativa propuesta se circunscribe al ámbito de gestión
territorial del Ministerio de Educación y Cultura. La segunda parte
de nuestra enmienda responde, sin duda alguna, a una deficiencia de
la diputada que ahora interviene y la podemos retirar sin ningún
esfuerzo, si así lo sugiere el proponente del Grupo Popular. En
realidad, los principios que, de acuerdo con la proposición, han de
regir la política del Gobierno respecto de la educación vial me han
resultado ininteligibles y, sobre todo, el que trata de la
reciprocidad, pero reitero que la causa está en mi capacidad de
comprensión.
Por otro lado, de la redacción también creo que se podría inferir que
los principios que se proponen se confunden con los directores de las
posibles conclusiones, con lo que anularían la eficacia de éstos.
Esta segunda parte, como digo, podemos retirarla, si así lo quiere el
Grupo Popular, pero de ninguna manera retiraríamos la primera.
Querría apuntar algo más brevemente y es que ya existen programas al
respecto en las comunidades autónomas con competencias en materia
educativa que están avalados por una experiencia satisfactoria desde
hace muchos años, y tengo también entendido que los hay en el ámbito
de gestión ministerial. Es sólo por ello que me pregunto si es que
ahora es el centro el punto desde donde se puede descubrir el
Mediterráneo.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Creo que estamos ante una iniciativa de
esas llamadas blandas o parcialmente insuficientes. Tengo la
impresión de que la iniciativa respira una cierta resignación en el
sentido de más vale algo que nada; pero entiendo que, si hay
voluntad, y parece manifiesta por parte del partido del Gobierno y
presupongo que del resto, deberíamos meternos a resolver la parte
posible y más relevante del problema, que yo creo que es de una gran
magnitud.
Con mucha brevedad voy a decir lo siguiente. Esta propuesta que hoy
nos trae el Partido Popular tiene que ver con muchas más cosas. Tiene
que ver con las normas de circulación, con el sistema educativo,
entre otras cosas; con la normativa sobre seguridad, con el diseño de
obras públicas sobre carreteras, con el comercio automovilístico.
Pero, sobre todo, tiene que ver con los valores en uso y al alza, que
son, por ejemplo, la competitividad, la violencia, la agresividad,
etcétera. Esos son los paradigmas contrarios a los comportamientos
cívicos que deberían ser constitutivos de las normas básicas y
universales entre todos los ciclos, los géneros y los lugares. Creo
que ese es uno de los orígenes y enmarca la centralidad del problema,
además de la subsidiariedad de las normas y de la iniciativa
planteada. Obviamente, no se trata de intensificar para nada, o al
menos no sólo, información escolar; ni siquiera académica, ni
siquiera formal, ni siquiera una formación al uso. Creo que estamos
hablando de que se está construyendo una sociedad irrespetuosa e
irrespetable, desintegradora, donde el todo vale, fundamentalmente en
la conducción, tiene un gran valor comercial, personal, etcétera. Lo
que trato de decir es que la iniciativa es parcial, importante pero
parcial, y que es sólo parte del problema, por lo que sería aconseja
ble
ampliar, reformular y, sobre todo, reforzar en todas las direcciones
afectadas los mecanismos que hagan que la educación vial extraescolar
en los niños y en los jóvenes sea una garantía para circular con
seguridad y sin miedo a la supervivencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Montserrat Palma i Muñoz.
La señora PALMA I MUÑOZ: Vaya por delante que el Grupo Socialista no
duda en ningún momento de la bondad de las intenciones de esta
iniciativa, producto evidentemente de una preocupación social
patente. Supongo que compartimos la necesidad de favorecer al máximo
las actuaciones preventivas en un ámbito directamente relacionado con
la seguridad personal y la lucha contra los accidentes de circulación
que golpean demasiado a menudo a segmentos jóvenes de la población.
Pero no sólo son los temas de seguridad vial los que preocupan,
también hay que tener en cuenta el estrecho vínculo que los hábitos
en la conducción tienen con el desarrollo de pautas de comportamiento
relacionados con el medio ambiente.
La educación vial es un eje transversal del currículum y la
proposición no de ley que trae hoy aquí el Partido Popular ignora y
en algunas partes de su redactado puede incluso parecer un
menosprecio a la importancia que la educación vial tiene dentro del
sistema educativo. Como eje transversal significa que está incluida
en diversas áreas del currículum, concretamente en conocimiento del
medio en educación primaria y en ciencias sociales en educación
secundaria obligatoria, pero también, y así lo especifican los
diferentes diseños curriculares, en lenguaje, matemáticas, en
educación física, etcétera. Esto en ningún caso conlleva añadir
contenidos adicionales, como se puede entender a partir del redactado
de la proposición no de ley del Grupo Popular, sino que significa
perfilar aquellos contenidos de tipo conceptual, procedimental,
valores, actitudes y normas que tengan una relación directa con la
educación vial. Por tanto, cuando estamos hablando de la inclusión de
la educación vial como un eje transversal del currículum en ningún
caso estamos hablando de añadidos, sino de contenidos de todo tipo
que se relacionan con muchas áreas del currículum.
Es evidente, por otra parte, que la escuela no es el único agente
educativo y que el medio social ofrece multitud de oportunidades y de
condiciones para el desarrollo personal y naturalmente para la
adquisición de pautas y hábitos de comportamiento que determinan las
relaciones de convivencia y, entre ellas, las pautas de
comportamiento como conductores y como peatones. Pero la escuela
puede, y así lo ha hecho y lo está haciendo, colaborar con otros
agentes sociales e instituciones para conseguir los principales
objetivos de la educación vial, que se resumen, a nuestro entender,
en dos fundamentales: Por una parte, aprender los procedimientos
vinculados a la actividad de circular y, por otra, desarrollar la
capacidad de compartir con los demás un espacio común considerado
como un bien público, capacidad de claro carácter socializador.
La colaboración de los centros escolares con las administraciones
e instituciones es antigua. Podríamos citar una
lista importante de actividades que se llevan a cabo a través de
estas colaboraciones. Los ayuntamientos, con sus servicios de
policías locales, llevan a cabo dentro de los propios centros
escolares programas y actividades de educación vial que vienen de
antiguo. Las administraciones educativas autonómicas han desarrollado
materiales específicos sobre educación vial como soporte a las
actividades que los profesores llevan a cabo en sus aulas. La propia
Administración del Estado, a través de la Dirección General de
Tráfico, desarrolla actividades y materiales sobre educación vial.
Quiero citar aquí las actividades interesantes que lleva a cabo el
Centro Superior de Educación Vial, situado en Salamanca, que es un
punto de referencia importante para la formación en este ámbito. Este
centro funciona en gran parte como centro de recursos pedagógicos al
que acuden otras administraciones y las propias policías locales
aportando materiales, intercambiando experiencias y llevando a cabo
actividades de formación.
Además, la consideración de la educación vial en los programas
educativos no es reciente, su incorporación definitiva como eje
transversal viene de la LOGSE, de la reforma educativa. Quiero
recordar aquí que la publicación del Código de Circulación en 1934 ya
indicaba la necesidad de incluir en las enseñanzas escolares
instrucciones, consejos, normas en relación con el tráfico, y que los
diferentes textos legislativos referidos a educación a lo largo de
los años han ido conteniendo, de forma reiterada, referencias a la
educación vial. Los contenidos de los programas renovados para
preescolar y EGB de 1980 incorporan ya la educación vial. Con todo
ello quiero decir, finalmente, que la educación vial no puede
llevarse a cabo al margen del proceso educativo que se desarrolla en
el marco escolar. Entiendo que la proposición del Grupo Popular
tampoco pretende esto pero, al insistir en la necesidad de dar un
carácter extraescolar a la educación vial, creemos que el enfoque es
quizá el que proporciona todas estas dudas que estoy planteando. Si
queremos reforzar la educación vial que se lleva a cabo dentro del
marco escolar, deberíamos proporcionar seguramente más recursos
dentro del propio marco escolar y, en cualquier caso, si hay que
complementar el esfuerzo de la institución escolar, deberíamos tener
en cuenta aquellas actividades que proporcionan modelos de actuación
respecto a los comportamientos y pautas en la circulación. Me refiero
concretamente a los colectivos de padres, a los medios de
comunicación, a las autoridades que diseñan infraestructuras, a los
propios agentes y policías de tráfico que llevan a cabo estas
colaboraciones, incluso a los publicistas y a los fabricantes de todo
tipo de instrumentos y de vehículos que tienen que ver con el
comportamiento vial.
En definitiva, creemos que la proposición no de ley del Grupo Popular
tiene buenas intenciones pero están mal orientadas. En cualquier
caso, no la podemos votar en contra, por la bondad del objetivo, pero
tampoco la vamos a votar a favor, por lo confuso y erróneo del
planteamiento. Entiéndase la abstención del Grupo Socialista como una
reserva de la posibilidad de presentar alternativas y propuestas en
la orientación que consideramos adecuada.
El señor PRESIDENTE: Con respecto a la enmienda, y entendiendo que ha
quedado retirada la segunda parte de
la misma y que, por tanto, en la introducción se trataría de acotar
expresamente que se insta al Gobierno para que actúe de determinada
manera en el ámbito territorial propio de la gestión del Ministerio
de Educación Cultura, tiene la palabra el señor Seco para
manifestarse sobre la misma.
El señor SECO GORDILLO: Quiero señalar que esta iniciativa va
dirigida al Gobierno, que habrá de actuar a través de la Comisión
interministerial, y concretamente del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial, en el que participan las
comunidades autónomas. En ese sentido, no me cabe la menor duda de
que el Gobierno buscará la colaboración de las comunidades autónomas
para conseguir los objetivos que se persiguen en esta iniciativa. Si,
como señalaba la señora Gil i Miró, el centro político es lo que
mueve esta iniciativa, tengo que decirle que es una actitud
dialogante y tolerante, de la que quiero hacer gala en este momento,
la que me impulsa a aceptar su enmienda, reconociendo la omisión en
que había caído.
Por último, si me permite, señor presidente, con toda brevedad,
quiero señalar a la representante del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: No, son las reglas del juego. Se lo diré en otro
lenguaje: Eso ahora no toca; ahora sólo toca pronunciarse sobre la
enmienda. Se lo digo para que las buenas costumbres que teníamos de
anteriores períodos de sesiones las guardemos en éste.
El señor SECO GORDILLO: Pido disculpas al señor Presidente por no ser
vocal de esta Comisión, y si no ha quedado suficientemente claro,
reiteraré que aceptamos la primera parte y que la segunda la
consideramos retirada.
El señor PRESIDENTE: Acabado el correspondiente orden del día, hemos
anunciado a los componentes de la Comisión que a la una se
celebrarían las votaciones. Por tanto, suspendemos momentáneamente la
sesión hasta la una. Mientras tanto, si están todos los portavoces,
les agradecería que se aproximaran a la Mesa para ver cómo ganamos
tiempo de cara a futuras convocatorias.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la
sesión. ¿Los grupos parlamentarios, quieren manifestar a la Mesa las
sustituciones que se han producido a efectos de valoración?
Señor Guerra Zunzunegui,
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Don Julio Padilla sustituye a don Juan
Carlos Ruiz López y don Jesús Posada sustituye a doña Elena García-
Alcañiz.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: El señor Centella sustituye a doña Inés
Sabanés.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista hay
alguna sustitución?
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Doña Inmaculada Fernández sustituye
a don Joaquín Leguina; doña Blanca García Manzanares a doña Carmen
Romero y don José Blanco sustituye a don Joan Romero. El señor
Padilla Carballada pide la palabra.
El señor PRESIDENTE: Don Julio Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Le pediría la palabra por un minuto.
Su señoría, en su intervención en el debate en el que participé, hizo
la indicación de que no solamente quedaba en la Mesa y, por supuesto,
en la Comisión, el deseo de visitar la muralla de Lugo sino que
esperaba que también hubiera una acogida gastronómica. Antes de que
se produzca la votación, quiero decirle, señor presidente, que muy
gustoso acojo el guante que S. S. deslizó y están invitados todos,
como es natural, además de a visitar el monumento, a la mejor
gastronomía de Galicia, probablemente de España y hasta de gran parte
del mundo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Las invitaciones son siempre excitantes, pero no
deben llegar a tanto. (La señora Díez de Baldeón García pide la
palabra.)
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Don Joaquín Leguina se ha
incorporado. La persona que le sustituía sustituirá a doña María
Sacramento Cánovas.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la proposición por la
cual se instaba al Gobierno a la creación de un consejo de las
culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en
materia cultural, que fue presentada y defendida por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor,
tres; en contra, 22; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda transaccional relativa a los
puntos 2 y 3 del orden del día que, en consecuencia, sustituye a sus
proposiciones no de ley y se entiende que como tal enmienda
transaccional es suscrita por los dos proponentes y por el
enmendante; por tanto, es un texto atribuible al Grupo Mixto, Grupo
Socialista y Grupo Popular, sobre la muralla de Lugo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por unanimidad.
A continuación, votamos el punto 4 del orden del día, sobre
declaración de la ciudad de Morella como patrimonio de la humanidad
por la UNESCO.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, votamos el punto 5 del orden del día, proposición no
de ley para garantizar la calidad de los centros de formación
profesional, del Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el punto 6 del orden del día, relativo a la
construcción de un centro de educación secundaria en Cabezuela del
Valle, Cáceres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votamos la relativa a la educación vial extraescolar de
los niños jóvenes, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
con la enmienda introducida por Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en la forma resultante de la
aceptación de la enmienda de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Doy las gracias a los
servicios de la Cámara.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.