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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 596, de 21/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 596
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 46
celebrada el lunes, 21 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps), para informar sobre el conjunto de medidas que el Gobierno
considera que deben adoptarse para profundizar en el proceso de
liberalización del sector eléctrico. (Número de expediente 214/
000097) ... (Página 17378)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (PIQUÉ I
CAMPS), PARA INFORMAR SOBRE EL CONJUNTO DE MEDIDAS QUE EL GOBIERNO
CONSIDERAQUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROFUNDIZAR EN EL PROCESO DE
LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 214/
000097)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Vamos a comenzar la
sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo correspondiente
al lunes día 21 de diciembre. El orden del día de la sesión de hoy es
atender la solicitud de comparecencia urgente del ministro de
Industria y Energía ante la Comisión para informar sobre el conjunto
de medidas que el Gobierno considera que deben adoptarse para
profundizar en el proceso de liberalización del sector eléctrico.
Esta iniciativa es del Gobierno y, por tanto, vamos a dar la palabra
al ministro para que nos haga su informe y, a continuación, vendrán
las intervenciones de los distintos portavoces.
Es intención de esta Presidencia conceder los plazos de tiempo para
fijar posición, de acuerdo con el Reglamento, y ruego, señorías, que
se ajusten en lo posible a las previsiones reglamentarias que hoy
están establecidas.
Señor ministro, bienvenido, y tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Señorías, efectivamente procedo a la comparecencia
ante esta Comisión de Industria para informar sobre el conjunto de
medidas que el Gobierno considera que deben adoptarse para
profundizar en el proceso de liberalización del sector eléctrico.
Sin perjuicio de que me centre en el conjunto de esas medidas, tal y
como se plantea en la petición de comparecencia, entiendo que puede
ser de utilidad para todos que empiece por el tema que ha suscitado
más polémica o más debate en las últimas semanas, que es el referido
al concepto, por una parte, de los llamados costes de transición a la
competencia, y la posibilidad de titulización de una parte de los
mismos por las empresas del sector eléctrico.
La discusión en el Senado de una enmienda a la disposición
transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, está
sirviendo, como digo, para crear una polémica que ha ido tomando
cuerpo día a día en los medios de comunicación y en la que, además,
desde mi punto de vista, de confundir determinados conceptos, muchas
veces se pierde la perspectiva histórica de los hechos.
La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, intenta poner fin a una década
de planificación eléctrica en la que las decisiones de inversión, la
fijación de las tarifas, la estandarización de los costes, el orden
de mérito de las centrales, es decir, el orden de incorporación a la
generación de electricidad, todo, prácticamente todo,
respondía a decisiones discrecionales que tomaba la Administración,
decisiones que estaban respaldadas por el Real Decreto 1538/1987
-déjenme que insista ahora en que era un Real Decreto-, por el que el
correspondiente Gobierno diseñó el denominado marco legal y estable y
que se consagró en 1994 a través de la Ley de Ordenación del Sector
Eléctrico Nacional.
En el convencimiento de que la discrecionalidad es enemiga de la
eficacia y de que el mercado es sinónimo de eficiencia, este Gobierno
decidió abordar por primera vez en nuestro país la transición desde
un régimen eléctrico planificado a uno totalmente en competencia.
Quiero decir con esto que, de no haber existido un régimen
planificado o integral y consolidado por el Gobierno anterior todavía
en 1994, hoy no estaríamos hablando de costes de transición a la
competencia pero, señorías, ya me hubiese gustado a mí que no
estuviéramos hablando de eso y desde luego a todos los consumidores
de energía eléctrica de nuestro país.
Por tanto, antes de empezar conviene que todos recuperemos la memoria
histórica, pues sólo así podremos valorar la trascendencia del nuevo
marco regulatorio y el sentido que dentro del mismo tienen los CTC.
¿De dónde surgen dichos CTC? Vayamos por partes.
Las empresas han hecho a lo largo del tiempo inversiones billonarias
durante el período de planificación energética, y obviamente las
hicieron con la garantía, que estaba recogida en la normativa vigente
en el momento, de que iban a poder amortizarlas en su totalidad. Con
la nueva ley se cambia el marco regulatorio y se pone fin a un
régimen que aseguraba a las empresas unos ingresos totales superiores
a los ocho billones de pesetas como retribución de la generación en
el período considerado.
En el nuevo marco en competencia sabemos positivamente que el mercado
permitirá recuperar una cuantía sustancialmente inferior. ¿Sería
razonable que el nuevo marco legal no hiciera un reconocimiento
explícito de la forma en que se va a compensar a las empresas por la
pérdida de unos ingresos que hasta entonces tenían asegurados? Desde
mi punto de vista creo que no. La propia Directiva eléctrica
comunitaria prevé, en su artículo 24, la posibilidad de acogerse a
regímenes transitorios, y es así como nace el concepto de costes de
transición a la competencia.
Pasemos ahora a los datos. Con el marco legal y estable, las empresas
tenían asegurados unos ingresos totales a lo largo de los próximos
quince años cifrados en unos siete billones 466.949 millones de
pesetas, cifra en la que no se incluyen una serie de inversiones
realizadas por las empresas y que también estaban garantizadas y que
están valoradas por más de 550.000 millones.
Los servicios técnicos del Ministerio de Industria y Energía estiman
que, bajo el régimen en competencia, puede haber unos ingresos
totales de cuatro billones 958.379 millones de pesetas y que están
calculados bajo un supuesto -bajo un precio sombra, en terminología
técnica- de seis pesetas por kilovatio/hora en generación. Restando,
obtenemos exactamente dos billones 508.570 millones, y ésta es la
cifra de ingresos que las empresas dejan de percibir con el cambio
normativo.
A esta cifra se le aplicó una primera quita por término de eficiencia
del 23,5 por ciento, que equivale a 815.285 millones de pesetas, y
obtenemos la compensación parcial que figura en la disposición
transitoria sexta de la ley y que, como SS.SS. saben, asciende a un
billón 693.285 millones de pesetas.
Es importante recordar que la ley recoge su carácter máximo para
evitar que las empresas ejerzan poder de mercado y fijen precios en
el pool, en el mercado de ofertas, por encima de las seis pesetas por
kilovatio/hora. Pero, dejando al margen esta cláusula de
salvaguardia, la memoria económica de la ley deja bien claro que, de
los 2,5 billones que las empresas dejan de percibir con el cambio
regulatorio, se les reconocen 1,7 billones, renunciando a cobrar más
de 815.000, más esos 550.000 de inversiones que ni siquiera se
incluyen en los cálculos. En total, nos ahorramos casi 1,4 billones
de pesetas. Ello ha permitido que, frente a los incrementos de años
pasados, ahora se produzcan por vez primera bajadas de la tarifa
eléctrica, en términos corrientes.
Vistos los números, quiero insistir en un aspecto de los costes de
transición a la competencia que a mí me parece fundamental y que ha
sido poco tenido en cuenta hasta el momento. Me refiero a la
necesidad de evitar que el reconocimiento de estos CTC pudiera
introducir dosis adicionales de incertidumbre, y con ello de
discrecionalidad, en el proceso de liberalización. Ello explica que,
tanto en el protocolo como en la ley, optásemos por introducir una
cifra -1,6 billones de pesetas iniciales, que ahora devendrán 1,3
billones, tras la aprobación de la enmienda- que, aunque es cierto
que es una cifra abierta puesto que es un máximo, ya he dicho que
constituye una referencia válida de lo que las empresas pueden llegar
a cobrar en condiciones normales.
Digo todo esto porque, frente a esta cifra de referencia, ha habido
valoraciones mucho más abiertas y mucho más inciertas de los CTC; por
ejemplo, las que ha ido realizando a lo largo del tiempo la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico. Inicialmente, la Comisión estimó que
los CTC podrían estar entre 400.000 millones de pesetas, en el caso
más desfavorable para las eléctricas, y 1,8 billones en el caso más
favorable. Por cierto, tanto los CTC que ahora reconocemos -los 1,3
billones- como la titulización -en torno al billón- son una cifra
intermedia de estas estimaciones iniciales de la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico. Posteriormente, el presidente de la Comisión
dijo en esta misma Cámara que sus últimas estimaciones de los CTC
arrojan cifras negativas espectaculares.
No sabemos muy bien qué significa esto. ¿Significa que los ingresos
por generación de las empresas eléctricas deberían ajustarse sin
transición a los niveles de competencia, es decir, bajar ya desde las
9 pesetas que estaban reconocidas en el marco legal y estable a 6
pesetas -una reducción del 33 por ciento-, mantenerse en este nivel
hasta el año 2007 y, llegado este año, habría que reclamar a las
eléctricas esas «cifras negativas espectaculares»? ¿Alguien cree no
sólo posible, sino serio y conveniente, embarcarse en un proceso de
liberalización con un grado de incertidumbre tan grande, donde los
CTC pueden oscilar entre casi 2
billones de pesetas positivos y cifras negativas igualmente
billonarias?
En mi opinión, claramente no. Un grado tan grande de incertidumbre no
sólo tendría efectos inmediatos muy nocivos sobre la cotización de
las empresas, sino que, además y sobre todo, introduciría enormes
dosis de discrecionalidad y de presión, pues la Administración
debería ajustar cada año las tarifas, al alza y a la baja, en función
de la última estimación de que se dispusiese en relación a los CTC.
Me parece por ello que tanta incertidumbre no es buena, no por el
mercado, sino por el marco regulatorio; no sólo por los argumentos
que ya he apuntado, sino también porque nada garantiza que,
transcurrido el período de transición en el año 2007, estemos en
disposición de obtener una estimación más ajustada, más consensuada y
menos abierta de los CTC. En definitiva, me parece que la opción que
se ha elegido es la más adecuada desde cualquier punto de vista.
En resumen, y para acabar este apartado, quiero volver a insistir en
que los costes de transición a la competencia no son ayudas a las
empresas, no son un regalo que les hagamos así porque sí; son la
compensación parcial por los ingresos que las empresas dejan de
percibir al derogarse el marco legal y estable y ponerse en marcha el
mercado en competencia.
En consecuencia, señorías, creo que es demagógico culpar al Gobierno
por los costes que se reconocen a las empresas, cuando lo
verdaderamente relevante es lo que nos hemos ahorrado. Dicho de otro
modo, el Gobierno anterior, con la Losen de 1994, aseguraba a las
compañías eléctricas más de 8 billones de pesetas por retribución de
la generación; con la Ley 54 se reduce esta cifra en, como máximo,
6,7 billones de pesetas. Por tanto, creo que es de justicia reconocer
que, con la nueva ley, los consumidores están mejor que antes y,
desde luego, para eso la aprobamos.
Reconocido el derecho a recibir una compensación parcial, que se
fundamenta, por otra parte, en lo que los juristas denominan la
confianza legítima, la ley eléctrica es un modelo a seguir en lo que
a liberalización se refiere. ¿Por qué? Se contempla la libertad de
establecimiento para la nueva generación, que ya no estará sometido a
planes energéticos ni a decisiones administrativas relativas al tipo
de central a construir, el tipo de combustible a utilizar, la
potencia o la ubicación. Se crea un mercado mayorista de energía
eléctrica, por otra parte organizado en un tiempo récord. Se
establece la libertad de aprovisionamiento de materias primas, aunque
con las restricciones que SS.SS. conocen para el caso del carbón
autóctono. Se hace un esfuerzo específico por apoyar el régimen
especial de autogeneradores de energía eléctrica, por sus efectos
beneficiosos sobre el medio ambiente. Finalmente, se establece para
los consumidores la libertad de elección del suministrador, con un
calendario de acceso que supera ampliamente lo exigido por la
directiva europea.
A título de recordatorio, quiero decirles que lo que prevé la
directiva europea para el presente año es que todos aquellos
consumidores que tengan una demanda
anual por encima de los 40 gigavatios/hora/año tienen posibilidad de
elegir libremente el suministrador, en cambio, en la ley española
esos 40 gigavatios se reducen exclusivamente a 15. La directiva
europea rebaja, en el año 2003, el umbral de demanda mínimo a 9
gigavatios/ año; la ley española fija ese umbral mínimo para el año
2000. Además, la ley española introduce sucesivas liberalizaciones y
mayores capacidades de acceso de los clientes a elegir suministrador,
de tal forma que en el año 2002 el umbral se baja a 5 gigavatios, en
el año 2004 a 1, y en el 2007 todos los consumidores tienen derecho a
elegir libremente el suministrador. Quisiera recordar que la
directiva europea no recoge esas posibilidades.
Transcurrido casi un año desde la aprobación de la ley, la valoración
que podemos hacer de los resultados es, en general, positiva. En
concreto, ha sido posible practicar rebajas de la tarifa, en
promedio, en términos nominales, del 3 por ciento en 1997 -ya con la
perspectiva de la ley sobre la base del protocolo- y del 3,63 por
ciento en 1998 y están previstas en el protocolo rebajas adicionales
para 1999, 2000 y 2001, del 1 por ciento como mínimo.
El mercado organizado de electricidad ha funcionado perfectamente, a
pesar, como he dicho antes, del corto plazo con que contábamos para
su puesta en marcha. Ya existen 42 comercializadores, dos de ellos
con capital extranjero, y otros 10 correspondientes a pequeñas
empresas que lo han solicitado y que están en proceso de tramitación
para su inscripción en el registro.
Por último, dos empresas han sido ya autorizadas para actuar como
agentes externos y están en trámite otras dos.
Tan sólo puede considerarse no suficientemente satisfactorio el
ejercicio del derecho que consagra la ley a los clientes
cualificados. En concreto sólo dos de ellos han recurrido
directamente al mercado de producción y lo hanhecho de forma
esporádica, para satisfacer sus necesidades incrementales de energía
eléctrica por encima de los consumos contratados a tarifa. Alrededor
de unos 40 han optado por la modalidad de establecer contratos
adicionales a través de comercializadoras para sus consumos
incrementales, permaneciendo en tarifa para su consumo normal, y sólo
unos pocos, unos 10, han contratado con comercializadores la
totalidad de sus consumos energéticos. Como resultado, sólo el 3 por
ciento de la energía total contratada en el mercado organizado hasta
el mes de octubre lo ha sido a través de consumidores cualificados y
comercializadores, y el resto corresponde a empresas distribuidoras.
En consecuencia, y dado el compromiso del Gobierno con el proceso de
liberalización, desde el Ministerio de Industria y Energía se diseña
un nuevo paquete de medidas destinadas a incrementar la apertura del
mercado, preservando siempre el equilibrio económico financiero de
las empresas, tal como habíamos conseguido en la elaboración de la
ley. Aunque SS.SS. ya lo conocen, porque no es la primera vez que
comparezco ante esta Cámara para hablar de los CTC, conviene que lo
recordemos.
A partir del 1 de enero de 1999 se acelera considerablemente el
calendario de elegibilidad de los consumidores cualificados,
pasándose de los 15 gigavatios/hora/año
actuales a 5 gigavatios/hora/año, que suponen 1.926
clientes -el 33 por ciento del mercado- en una primera etapa. Durante
1999 se irá abriendo la libertad de contratación hasta que el 1 de
octubre de ese año seancualificados todos aquellos consumidores que
demanden por encima de 1 gigavatio/hora/año, es decir, unos 8.274
clientes al día de hoy, que vienen a representar en torno al 42 por
ciento del mercado.
Esto significa que se llegará a la liberalización del mercado, a
nivel de 1 gigavatio/hora/año en octubre de 1999; téngase en cuenta
que esa previsión no está en absoluto recogida en la directiva
europea. Quiero recordar que la previsión de la directiva europea es
que en el año 2003 -dentro de cuatro años-, el umbral sea de 9
gigavatios; aquí estamos hablando de 1 gigavatio para el próximo 1 de
octubre y se mantiene la fecha del 2007 para que el 100 por cien del
mercado pueda acudir a elegir libremente al suministrador. Quiero
recordar también que el avance que supone a estos efectos respecto a
la actual situación, es que ese umbral de 1 gigavatio/hora/año se iba
a alcanzar en el año 2004; por tanto, se anticipa en más de cuatro
años la liberalización. Cabe destacar que en un país tan próximo como
Francia, el Gobierno sólo ha permitido la elegibilidad a consumidores
con demandas superiores a 40 gigavatios/hora/año, lo que representa
alrededor de 400 clientes.
Además de esa aceleración en el calendario de elegibilidad de los
consumidores cualificados, se reducen las tarifas de acceso, los
llamados peajes para la utilización de las redes de transporte y
distribución, en un 25 por ciento respecto a las actuales y se crea
una tarifa de acceso reducida para posibilitar los intercambios
internacionales de energía eléctrica. Asimismo, se reduce el pago de
garantía de potencia de 1,3 pesetas kilovatio/hora hasta una media de
0,3 pesetas kilovatio/ hora para los consumidores cualificados, los
comercializadores y los agentes externos que adquieran energía en el
mercado organizado de electricidad. Al mismo tiempo, el pago de la
citada garantía de potencia deja de estar sometido a incertidumbre,
estableciéndose claramente las horas en las que se debe pagar y en
las que no habrá cargo por dicho concepto. Se prosigue en la
reducción de la tarifa de aquellos consumidores que no tengan la
posibilidad de pactar las condiciones económicas de sus suministros;
en concreto, para 1999 su tarifa eléctrica se rebaja en promedio en
el 2,5 por ciento y para los años 2000 y 2001 la rebaja será del 1
por ciento. En los años posteriores al 2001 los cálculos realizados
prevén nuevas reducciones hasta el año 2007, en el que desaparecerá
ya definitivamente el sistema de tarifas.
Todo este paquete de medidas liberalizadoras significa obviamente una
reducción adicional de los ingresos de las empresas, no en vano los
consumidores se salen de la tarifa porque consiguen contratos fuera
de la misma en mejores condiciones económicas. Con el objetivo de
seguir avanzando en la liberalización del sector, sobre la base del
equilibrio económico financiero de las empresas, se decide en su
momento compensar este incremento del riesgo de mercado con una
reducciónde la incertidumbre asociada al cobro de los CTC, previa
renuncia expresa de las empresas a cobrar algo más de 257.000
millones de pesetas; es decir, en cierto modo es una prima que pagan
las empresas para poder anticipar el cobro. El saldo pendiente de
cobrar a 31 de diciembre de 1998, sin incluir los incentivos al
carbón y descontada la nueva quita, se percibirá en base a dos
mecanismos de recuperación distintos: alrededor de unos 320.000
millones de pesetas a través del sistema de diferencias que ya tenía
previstas la ley, y algo más de un billón a través de la titulización
de los derechos, para la cual se afecta un porcentaje de la tarifa
que en principio se fija en el 4,5 por ciento.
Quiero dejar muy claro que en ningún caso la enmienda que se
considera significa una alternación de lo que ya estaba previsto en
la ley. En efecto, la ley preveía que bajo ciertas condiciones las
empresas podrían cobrar un máximo de 1,7 billones de pesetas en
concepto de CTC; la enmienda lo único que hace es modificar el
calendario de cobro. La titulización no es más que un adelanto
debidamente descontado de unos ingresos que se iban a recibir a lo
largo de los próximos años y a través de la apelación al mercado
financiero. Para evitar posibles excesos, la propia enmienda incluye
una cláusula de salvaguardia que establece que en ningún caso la
cantidad que las empresas van a cobrar con el nuevo sistema, incluida
la titulización, será mayor hasta el año 2007 que el importe que
hubiesen cobrado de haberse mantenido el sistema de diferencias
originalmente previsto en la propia ley.
Antes de terminar, señorías, permítanme abordar un capítulo de
aclaraciones, porque este asunto de los CTC ha dado pie en las
últimas semanas a todo tipo de imprecisiones, o inexactitudes
tendentes a confundir a la opinión pública. Empiezo por el tema de
mayor actualidad: la situación de los CTC ante la Comisión Europea.
Es cierto que la Comisión nos ha pedido notificación al respecto,
pero eso no significa que los CTC vayan a considerarse ayudas de
Estado incompatibles con la defensa de la competencia. En este
sentido, la posición del Gobierno está muy clara y así la vamos a
defender ante Bruselas; tenemos argumentos jurídicos que avalan
nuestra posición. En primer lugar, se alegará que no son ayudas sino
medidas transitorias, según lo previsto en el artículo 24 de la
Directiva eléctrica, y la Dirección General de la Energía en la
Comisión Europea está ya oportunamente informada. En segundo lugar,
se defiende que no son ayudas de Estado, porque no conceden a sus
receptores una situación de ventaja, sino que pretenden indemnizar
por inversiones efectuadas bajo planificación estatal y cuya
amortización total no sería posible bajo el régimen de mercado.
Estamos seguros de que finalmente la Comisión se pronunciará en favor
del esquema planteado. Por tanto, en este tema quisiera transmitir a
esta Cámara un mensaje tranquilizador.
De hecho, no puedo dejar de mencionar que el propio comisario Van
Miert la semana pasada en el Parlamento Europeo se refirió
reiteradamente en términos muy elogiosos al proceso de liberalización
emprendido en España, en contraste con los problemas que la Comisión
detecta en otros países, por ejemplo, en Francia.
En segundo lugar, quiero referirme también a las acusaciones de
opacidad y precipitación que se han venido lanzando persistentemente
en las últimas semanas. Señorías, el Gobierno viene insistiendo en
que la liberalización del sector eléctrico responde a un proceso de
prueba y error. Somos un país pionero; hay que decir que muy pocos
países han iniciado esta transición en el mundo, y en consecuencia
apenas contamos con experiencias que puedan resultarnos útiles de
forma concluyente. Ello hace que sin duda la política de
liberalización deba contar con un elemento de prudencia,
especialmente necesario cuando estamos hablando de un servicio
esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Sin embargo,
esta prudencia no justifica que no se reaccione con rapidez y
decisión cuando los resultados obtenidos se muestran insuficientes.
Ya en el mes de junio, a seis meses de la entrada en vigor de la ley,
tuve ocasión de manifestar ante esta Cámara que el Gobierno empezaba
a detectar esas insuficiencias y que se estaban estudiando nuevas
medidas que facilitaran el que los consumidores cualificados
ejercieran de una forma más efectiva su derecho a elegir
suministrador. Fue el 22 de septiembre cuando el Gobierno hizo
público el paquete de medidas que pensaba aprobar, y a partir del día
siguiente a esa misma fecha este ministro ha comparecido ante las
Cámaras en múltiples ocasiones, de hecho tantas como se me ha
solicitado; en total, seis entre preguntas orales, interpelaciones y
comparecencias, entre el 23 de septiembre y el 9 de diciembre, para
explicar el contenido del paquete. El propio presidente del Gobierno
contestó el miércoles pasado a una pregunta oral en el Pleno del
Congreso sobre este mismo tema.
En definitiva, señorías, me parece que el nuevo paquete liberalizador
no hace más que ahondar en la buena dirección, en la buena línea
emprendida hace algo más de dos años; una línea que, repito, porque
se olvida demasiado a menudo, que está permitiendo que por primera
vez en mucho tiempo, de hecho por primera vez desde que alcanza
nuestra memoria, estamos consiguiendo reducciones efectivas, caídas
nominales de las tarifas eléctricas, unas reducciones que prevemos
que se mantengan a lo largo de los próximos años.
Pero quiero reiterar también en esta ocasión que desde el Ministerio
somos conscientes de que todavía nos queda un largo camino por
recorrer. Como he dicho en numerosas ocasiones, lo novedoso de la
situación hace que nos encontremos ante un proceso de prueba y error,
y por tanto vamos avanzando a medida que vamos detectando ventajas y
defectos del nuevo sistema de competencia. De ahí que desde el
Ministerio seguiremos haciendo un seguimiento estrecho de la
evolución del sector e iremos introduciendo cambios a medida que lo
juzguemos conveniente. Como siempre, procuraremos que esos cambios
sean consensuados y que cuenten con el acuerdo de todos; pero si ello
no es posible, no duden de que el Ministerio impulsará cuantas
medidas sean necesarias para asegurar el mejor funcionamiento de
nuestro sistema eléctrico en beneficio último de todos los
consumidores.
Quiero decir también, por todo ello, que estamos ante un nuevo avance
en una reforma estructural clave como es
la liberalización del mercado de electricidad; una reforma
estructural en beneficio de nuestro tejido empresarial y de su
competitividad y en beneficio de todos los consumidores, que tienen
garantizadas rebajas en moneda corriente de los precios de
electricidad hasta el año 2007. Después, el mercado y la libre
competencia actuarán ya plenamente para todos. Mientras tanto, una
gran parte de nuestra industria disfrutará de la competencia en unos
pocos meses y el resto de consumidores verán rebajar sus tarifas. Se
pueden argumentar muchas cosas, pero al final, señorías, la verdad
resplandece y por ello creo que vale la pena el esfuerzo que estamos
haciendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Vamos a ordenar la sesión a partir de ahora conforme a la tradición y
costumbre parlamentaria de que intervengan de mayor a menor los
distintos grupos, cerrando el Grupo Parlamentario Popular las
intervenciones.
De acuerdo con lo que establece el artículo 203 del Reglamento, que
es el que regula estas comparecencias, concederemos 10 minutos a cada
portavoz para que fije su posición. Les ruego, señorías, que en la
medida en que sea posible se ciñan ustedes a estas previsiones.
Vamos a dar comienzo a la primera intervención, que es la del Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, intentaré también
ajustarme al horario para permitir que el señor ministro esta tarde
pueda cumplir su otra función ahora adecuada como ministro Portavoz.
¡Cuántas cosas hay que hacer, señor ministro!
Señor presidente, casi le miraría a usted para invitarle a hacer
memoria, a ver si recuerda usted alguna intervención más pintoresca
que esta que terminamos de tener en esta Comisión. Yo no sé
exactamente para qué ha pedido el Gobierno tan espasmódicamente
comparecer en esta Comisión a hacer, creo, el debate número 20 sobre
todo lo que nos ha explicado el señor ministro. Quizá no se acuerda
ya; con estas ocupaciones que tiene quizá no se acuerde, pero esto ya
lo debatimos con ocasión de la ley eléctrica, lo volvimos a debatir
en la ley de hidrocarburos; hace un mes tuvimos su última
comparecencia, donde cuando viene a hablar de estas cosas nos habla
de otras y ahora que no tiene nada de qué hablar nos viene a hablar
de esto. Hace tan sólo quince días hubo un debate en el Pleno del
Congreso de los Diputados con una interpelación que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista.
Yo creía que iba a traer argumentos de fondo aquí, pero no, ya hemos
visto lo que nos temíamos. Esta es una intervención un poco
desesperada de quien sabe que ha cometido un gravísimo error y
utiliza lo que en este momento tiene a su alcance, que es el
Congreso, pero no para informar. Yo creo que usted ha venido aquí a
hacer una utilización mediática del Congreso de los Diputados y a
hacer una especie de rueda de prensa que después, obviamente, los
medios afines al Gobierno, unos controlados y otros, gracias a las
privatizaciones, muy
próximos, sacarán y a ver si alguien consigue creerse alguno de los
argumentos. Lo que es evidente, después de su intervención hoy, es
que todo el Parlamento ya sabe que estamos ante lo que ha sido un
gravísimo error del Gobierno en un asunto como éste. Porque es
evidente que si viene a explicarnos hoy estas cosas, repito, con este
patético nivel de prisas, debe ser porque esto debíamos haberlo
discutido aquí antes, señor ministro; se lo hemos dicho. Si usted
creía que una enmienda como ésta iba a pasar -ya veo que no tiene
experiencia parlamentaria-, por meterla en el Senado, con una especie
de intento de nocturnidad y alevosía, y que no iba a tener
repercusión social, ya ve que se ha equivocado de medio a medio. Como
de medio a medio se está equivocando en tantas cosas, y también lo
dijimos hace algún tiempo.
Yo pensé que íbamos a empezar a asistir, desde sus pasos al frente en
política, a un análisis no sólo del sector eléctrico sino del
Ministerio, que se está viendo que es un gran bluff. Hoy estamos
comprobando cómo su falta de sentido, de criterio de lo que son las
cosas importantes y trascendentes, quizá el exceso de compromisos
políticos y económicos que tienen con otros grupos sociales, les hace
colocarnos en esta situación. Usted viene hoy absolutamente
acorralado, señor ministro, con críticas y ataques desde fuera e
incluso desde dentro de su propio partido, incluso desde dentro de su
propio Gobierno, lo cual nos lleva a tener una duda importante. ¿Qué
fuerza no tendrán los argumentos de los que le han obligado a tomar
esa decisión, qué no sabrán y qué compromisos no asumirían ustedes
para tener que llegar a esta situación con el nivel de soledad
-miento, con las compañías eléctricas- al que han llegado en este
momento. El señor presidente decía sí con la cabeza. Ahora le llegará
su turno al Grupo de Convergència i Unió, que es al que pertenece. He
dicho soledad hasta este momento. Hasta este momento está el Gobierno
sólo con las compañías eléctricas.
La verdad es que algunos piensan que un Gobierno que al final ha
tenido que tomar una decisión de estas características, con el calado
que tiene, simplemente porque en septiembre o en octubre llegó un fax
desde un despacho profesional, redactando textualmente la enmienda
que después nos encontramos en los presupuestos, dice muy poco del
nivel de autonomía política que este Gobierno tiene, y dice muy poco
a favor del nivel de convicción en las liberalizaciones y en las
iniciativas que el Gobierno tiene, porque el Gobierno sólo ha sido un
amanuense de alguien que pagó una muy suculenta asesoría para que eso
al final tuviera carta de naturaleza parlamentaria. Y yo no sé qué
nombre tiene eso, pero lo que no tiene es buena pinta, porque lo que
produce es todo menos transparencia, todo menos claridad política,
ésa que ustedes tanto se jactan de tener. Pues bien, sabemos que
estamos ante esta situación.
Yo he dicho en alguna ocasión que tengo la sensación de que estos
costes de transición a la competencia son más bien costes
electorales, de su última campaña electoral, de acuerdos que ustedes
debieron tomar con gentes que no sabíamos, pero que tarde o temprano
iban a aflorar. Éstos no son costes hundidos, éstos empiezan a
ser costes emergidos. Un billón 300.000 millones de pesetas. ¡Caray,
la cifra no es pequeña, verdad! Y ustedes han empezado a sacarlos
ahora, aunque también se lo he dicho en alguna ocasión: yo tengo la
absoluta convicción de que ustedes pactaron estos costes cuando
estábamos discutiendo la ley eléctrica en este Parlamento, pero
ustedes no tuvieron la gallardía suficiente, o no pensaron que el
momento era oportuno, o los interesados les recomendaron que no era
la ocasión adecuada y ustedes han retrasado este debate hasta este
momento, pero ustedes están atados y bien atados. Ustedes sí que
están atados y bien atados ante los que les han demandado esta
petición.
Aunque ya sé que a usted le parece sorprendente poder equivocarse en
algún momento, ¿no piensa que esto debe ser un error, señor Piqué?
Todos los grupos de esta Cámara hasta este momento -a partir de hoy
no lo sabemos, porque tampoco sabemos qué precio le ponen algunos
grupos a sus convicciones, pero ésa es otra cuestión-, es evidente
-se conoce que algunos aún no están satisfechos suficientemente con
el precio que les han puesto y no sé si ustedes están suficientemente
de acuerdo con el precio que están dispuestos a pagar-, han dicho que
ésta no es una medida razonable, y lo han dicho hasta en el «Diario
de Sesiones». Por lo tanto, no ha sido ningún secreto hasta este
momento. Repito, sin conocer el plus del precio, hasta este momento
están ustedes solitos. Están ustedes sin los sindicatos, están
ustedes radicalmente contra todos los consumidores de este país
-señor Piqué, viaja usted mucho y no se lo cuentan, pero están contra
todos los consumidores de este país-, están ustedes de espaldas a la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional -y ahora le dedicaremos un
momentín a este asunto-, que se creó por cierto, para servir de
árbitro, de órgano regulador, independiente, para tener opinión
institucional sobre los conflictos. La verdad es que las razones que
la Comisión ha esgrimido hasta este momento son de peso para toda
España menos para usted y para Unesa. Ya lo entiendo, pero esto es
así.
El Tribunal de Defensa de la Competencia, y supongo que coincidirá
conmigo, también está de espaldas a esta decisión, a no ser que esté
también dentro de la conjura judeomasónica para derribar al
Ministerio de Industria. Que yo sepa, hasta este momento sus
opiniones son francamente contrarias a esta decisión. Están en contra
de todos los miembros del consejo consultivo de la Comisión Nacional;
los agentes del sector menos, es verdad, los que cobran del sector
eléctrico, señor Piqué. No se sonría usted, pero sería masoquista que
quien cobra, lo mismo que usted, dijera lo contrario de quien le
paga, no parecería razonable. Exactamente igual pasa con los agentes
del sector: los comercializadores están en contra, los
distribuidores. ¿Sabe por qué? Porque les quieren endosar la
liberalización, porque la enmienda supone que al final pueden pagar
todos menos uno, que son los que van a cobrar, y los que van a cobrar
son las compañías generadoras eléctricas actuales. Yo oigo opiniones,
y supongo que a usted se las habrán hecho llegar, de su grupo -no
diré de su Gobierno para no contar confidencias-, y no está usted muy
acompañado porque se ha equivocado muchísimo en esta situación.
En cuanto a que usted interprete que es de apoyo la intervención del
señor Van Miert, comisario de Defensa de la Competencia, hace tan
sólo una semana en el Parlamento Europeo, la verdad es que usted es
un malabarista político. Usted -y yo sé que tiene el sentido del
pudor- se sonrojó ese día -y no por ira en esta ocasión- por la
vergüenza que, sin duda alguna, le tuvo que hacer pasar el señor
comisario cuando públicamente llegó a manifestar que le había rogado
que no tomara ese paso. No le conocía a usted, pero le había rogado
que no tomara esa decisión, simplemente porque era consciente de los
riesgos (de los que todos los que estamos aquí somos conscientes) de
una decisión como la que usted ha tomado, innecesaria e
inconveniente, que puede hacer caer no sólo al sector eléctrico, sino
al financiero también, al que le están poniendo sus prisas, y desde
mi punto de vista sus claros errores, en un serio aprieto. ¿No piensa
usted, señor Piqué, que ésta es una buena ocasión para decir que el
Gobierno, por una vez y sin que sirva de precedente, de verdad hace
uso de lo que usted dice pero no hace, que es escuchar y dialogar, y
que lo deja para mejor ocasión? ¿No piensa usted, señor Piqué, que
seguir con esa sensación de prepotencia, de sostenella y no
enmendalla, ni siquiera beneficia a las compañías que posiblemente
fueran beneficiarias de este asunto, si ni siquiera a sus amigos les
va a poder hacer el favor? Ha empantanado tanto el problema, ha
creado tal situación por quererlo hacer mal y demasiado pronto, que
yo creo que estamos ante una situación que tiene los días contados.
Señor presidente, intentaré acabar.
El señor PRESIDENTE: Simplemente quiero decirle que lleva veinte
minutos hablando.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
Le digo, señor Piqué, que es una buena oportunidad para que nos
anuncie que no va a tomar esa decisión porque, ¿sabe que no se van a
titulizar los CTC? Usted lo sabe perfectamente. La torpeza del
Gobierno es que ha subido tanto el precio de la titulización que lo
ha hecho absolutamente inviable. Ya no puede ser rentable. La prima
de riesgo que tiene que tener una operación de esas características
hace que esto ya sea pura literatura política. Ya le he dicho en
alguna ocasión que estas cosas no se pueden hacer así. Cuando dice
que tiene que dialogar, debe hacerlo. Ya sucedió con el protocolo
eléctrico, esa iniciativa política, histórica y trascendental para
este país. Usted sabe bien que este grupo parlamentario sólo tuvo la
oportunidad de conocerlo la noche anterior a la que se firmaba. Si
ésa es la forma que usted tiene de entender que éstos son los
diálogos y la manera de administrar estos problemas, la verdad es que
nosotros no la compartimos, señor Piqué.
Yo creo que estamos en un momento en el que las cosas tienen que
hacerse con otro talante bien distinto. Porque si usted cree, señor
Piqué, que la única manera de defender su posición es adoptar el
papel que ha adoptado en el sentido de crítica a las instituciones,
llegando a calificar de conjura o estrategia política para derribar
al
Gobierno las iniciativas que en el conjunto de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional ha hecho, la verdad es que creo que es una
forma de hacer política que yo no comparto. Aunque yo creo
sinceramente que esas salidas de tono, que sin duda alguna ha tenido
desde su Ministerio, a lo que ha sido la crítica más razonada y
razonable de esta iniciativa, ponen de manifiesto que por ahí no
deben ir los tiros. Yo creo que a usted en este caso -si me permite
la broma-, como al del cuento de los tres cerditos, se le está viendo
la patita. Cada vez que hay una posición crítica, cada vez que hay
una posición de confrontación, las salidas del Gobierno creo que no
son las más adecuadas.
Señor Piqué, creo que usted se ha refugiado en esta primera
intervención en un debate técnico que yo le quiero tomar, simplemente
para invitarle a reflexionar sobre lo que usted ha dicho. Porque los
CTC, el billón 300.000 millones de pesetas que los ciudadanos van a
pagar de más e innecesariamente en los próximos 15 años, no van a
liberalizar más el sector de lo que está. Si el sector ya está
liberalizado. No va a acelerar más el proceso de liberalización. La
actual ley permite que el Gobierno tome esas decisiones sin necesidad
de pagar más. Ustedes simplemente esconden, tras una decisión
arbitraria e innecesaria, la justificación de medidas que en este
momento la propia ley ya consiente. No habrá más inversiones de
generación por ese billón 300.000 millones de pesetas, porque hay
sobrecapacidad, señor ministro. ¿Usted está en condiciones de
garantizar que el billón 300.000 millones no va a ir a los sectores
de comunicación y que va a ir exclusivamente a los sectores de
generación? Nos tendría que explicar por qué. Porque en un país en el
que hay sobrecapacidad de producción, decir que las empresas van a
utilizar sus nuevos ingresos para seguir aumentando la capacidad de
generación, nos parece, cuando menos, un argumento pintoresco.
No va a bajar el precio de la luz los próximos años por el billón
300.000 millones de pesetas; va a subir. ¿Sabe por qué va a subir?
Porque en su argumento -también impropio de usted- llega a decir que
esta titulización es similar a la famosa titulización de la moratoria
nuclear en la que se incrementó el precio. A la hora de capacidad
adquisitiva, ¿es distinto aumentar el precio a que no baje? La verdad
es que habría descubierto un nuevo mecanismo de abaratar la vida de
los ciudadanos, simplemente no abaratando las cosas. Cuando menos
sería un mecanismo contradictorio, ¿verdad, señor Piqué? Pues bien,
en los próximos 15 años, los consumidores españoles, gracias a esa
pintoresca forma de entender la bajada del precio que usted tiene, no
van a poder abaratar la vida un cuatro y medio por ciento todos los
años. Además, señor Piqué, no va a aumentar la capacidad de
legibilidad. ¿Por qué? ¿O es que es la exigencia que las compañías le
han puesto a usted?
Ya le he dicho en alguna ocasión que ustedes suelen ser muy blandos
con los que son fuertes; suelen ser demasiado fuertes con los que son
débiles. Y en esta ocasión reconozca, señor Piqué, que si usted dice
esto para poner los CTC es que admite una exigencia de las compañías
eléctricas y este Parlamento está para velar
también por la dignidad política del Gobierno. Si usted necesita
cubrirse de esas presiones, hágalo con nosotros, pero no nos quiera
engañar, señor Piqué. Y desde luego reconózcame que con ese billón
300.000 millones de pesetas no se estabiliza precisamente la
seguridad del sector en ninguno de sus aspectos. Simplemente, señor
Piqué, esa decisión que usted hoy nos trae supone un abuso
parlamentario, puesto que es un debate que trae aquí porque se negó a
traerlo por la vía ordinaria y por la vía parlamentaria.
Usted había hecho una afrenta a esta Cámara y viene hoy a esconderse
del Congreso de los Diputados, no viene a informar. Usted lo sabe
perfectamente. Usted sabe que ha llegado muy lejos y que está en una
situación débil para defender estos argumentos; argumentos y decisión
que yo espero que este Congreso mañana impida. Sinceramente, aún
confío en que este Congreso mañana pueda impedir que se produzca ese
atropello a los ciudadanos de este país para que ustedes cumplan sus
compromisos, sus alianzas o defiendan sus propios intereses. Y para
eso apelo a los grupos parlamentarios que hasta ahora han creído
encontrar razones para no apoyar esa iniciativa y han defendido las
razones que hasta este momento habían encontrado. Yo espero -repito-
que las convicciones de los grupos políticos no estén a pública
subasta y que el Gobierno tampoco use del presupuesto de todos los
españoles para hacer operaciones políticas que deben ser
inconfensables, porque, si no, se confesarían hoy o mañana aquí, para
que se nos diga por qué lo que ayer era no, hoy es sí. Pero si este
Congreso no pudiera impedir ese atropello, estoy convencido que habrá
otras instancias.
Creo que usted se equivoca al pensar en los apoyos que va a tener en
la Comisión Europea; Comisión Europea que, por cierto, no coincide ni
siquiera con el concepto; Comisión Europea que hasta la saciedad,
política y jurídicamente, ha calificado como ayudas lo que usted,
para escamotear el debate, califica como derechos de las compañías
eléctricas. Por lo tanto, estoy convencido que la Unión Europea
atenderá también las opiniones de los ciudadanos y de los
consumidores. En cualquier caso, creo que el oído a los navegantes es
un buen consejo para uno no encallar. El Tribunal Constitucional,
probablemente, estará en condiciones también de evitar que se
produzca lo que no dudo en calificar como un abuso más de autoridad
por su parte.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, nuestro grupo no puede
más que observar con cierto asombro la situación que se está
produciendo en torno al famoso billón 300.000 millones para las
eléctricas. Entre otras cosas, porque creemos que forma parte ya de
un clásico en este país. Las eléctricas durante cien años han marcado
pautas a favor de sus intereses. Pensábamos que esto podía estar
cambiando en los últimos años, pero en nuestra opinión, la lectura
final es que las eléctricas siguen imponiendo la política industrial
que les interesa. Y es
curioso que en este país las eléctricas sean más importantes que las
empresas industriales. Si un observador ajeno a nuestro país, diera
una lectura sobre los titulares de los periódicos en los últimos
días, podría pensar que el sector eléctrico está atravesando una
grave crisis y que, por lo tanto, para reflotarlo, para impulsarlo y
mantenerlo es necesario aportarle 1,3 billones de pesetas, cantidades
que sectores que sufrieron de verdad graves crisis, como fue el
siderúrgico, el textil u otros, no hubieran alcanzado si computamos
todas las ayudas que han tenido a lo largo de los últimos años. La
verdad es que hay que preguntarse el porqué de esta situación y hay
que preguntarse también sobre el método.
En su intervención acaba de reconocer que hay valoraciones muy
dispares sobre los CTC, que van desde los dos billones que usted
planteaba como una de las valoraciones de las propias eléctricas
inicialmente, favorables en todo caso al propio Gobierno, y que
podrían ser también de un billón. Es decir, hay un abanico de casi
tres billones de pesetas en función de quién valore o quién haga las
estimaciones y los ejercicios teóricos de valoración sobre los costes
de transición a la competencia. Por tanto, es una razón de más para,
en lugar de tramitarlo como una enmienda en el Senado, que trajeran
un proyecto de ley o algo similar que desarrolle la ley anteriormente
aprobada para que pudiéramos discutir todos con tranquilidad y tener
diferentes visiones, con tiempo suficiente para poder aclararnos,
sobre cuál es la situación real de estos costes de transición a la
competencia, a quién benefician, a quién perjudican, etcétera. De lo
contrario, entramos en un debate muy confuso. Porque todo lo que
tiene compensaciones económicas, al final siempre tiene unos
beneficiados y unos perjudicados. Al mismo tiempo, el resto de
sectores empresariales tienen que asistir con cierto asombro a este
debate. A cualquier pequeña empresa también le gustaría que le
evaluaran sus costes de transición a la competencia precisamente en
un mercado cada vez más competitivo, en donde todos los sectores
tienen que hacer esfuerzos de modernización y de acoplamiento a las
nuevas situaciones del mercado en la propia Unión Europea.
Dice usted que no son ayudas, que son compensaciones parciales. Es un
bonito eufemismo, pero pensamos que son sinónimos. En todo caso,
pasaremos a analizar cuál es la diferencia entre las ayudas y
compensaciones. Lo que sí es cierto es que en el consejo consultivo
de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, celebrado el 23 de
noviembre de 1998, sólo estuvieron a favor de esta decisión Unesa y
el Ministerio de Industria, y en contra, la Asociación de grandes
consumidores del sector servicios, la Asociación de consumidores de
electricidad de la pequeña y mediana empresa, los representantes de
los consumidores domésticos y seis comunidades autónomas.
Curiosamente hay un informe, como usted conoce, que la propia
Comisión Nacional se encarga de distribuirnos a todos, de analistas
financieros que concluyen diciendo que el gran ganador en este debate
han sido las eléctricas. Y se encuentran sorprendidos en sus informes
de evaluación porque según sus estimaciones, con el perfil definitivo
de
la ley tal cual estaba, las compañías no hubieran podido recuperar
del orden de 580.000 millones de pesetas. Me sorprende, incluso, lo
reducida que es la bajada prevista de las tarifas del 2,5 para 1999,
y sólo del uno por ciento en los años siguientes, cuando esperaban
una reducción impuesta del tres por ciento para 1999 y dos por ciento
en los años siguientes.
También quiero llamar la atención sobre la competencia, que es uno de
los temas que más resalta usted. Incluso los informes de alguno de
esos analistas financieros dicen que la competencia queda limitada,
en primer lugar, porque Endesa tiene el 50 por ciento de la
producción y ayudará a aumentar los precios negociados en el mercado
mayorista, que, traducido al castellano, quiere decir que esta
compensación impuesta lo que va a permitir es el margen de
negociación, cuyo número teórico de consumidores que pueden acceder a
la competencia lo aumentan ustedes. Sin embargo, esa comptencia va a
quedar limitada porque las tarifas van a ser más elevadas que de no
existir esta compensación. Existen experiencias anteriores, por
ejemplo en Gran Bretaña, donde estas supuestas competencias suelen
terminar pagándolas las pequeñas y medianas empresas y los propios
consumidores. Los grandes acuerdos alcanzados con los grandes
consumidores suelen terminar recuperando beneficios, precisamente a
través de los consumidores cautivos, que son aquellos que no pueden
elegir ni compañía suministradora ni tampoco opinar sobre sus
tarifas.
En definitiva, esto es un impuesto excepcional, es un recargo, puesto
que el consumidor no va a poder evitar pagarlo, entre otras cosas,
como dice la propia comisión, porque siempre queda el último
mecanismo confiscatorio, que es en el caso de aquel consumidor que
esté en desacuerdo, que va a tener que enfrentarse, no ya con un
largo litigio en los tribunales, sino con el mecanismo que tienen más
a mano las eléctricas, que es precisamente cortar el suministro
eléctrico. Al mismo tiempo, es un impuesto finalista que se destina,
no a la caja del Estado, sino a la caja de las compañías eléctricas;
impuesto con el que gobiernos futuros también quedan hipotecados,
puesto que no va a poder ser variado. Es un impuesto que se cobra por
anticipado. Es una gran bicoca para las compañías eléctricas.
Insisto, no hay ningún sector en este país que tenga un tratamiento
similar, y tiene también características de arancel.
A las eléctricas, en definitiva, más incluso que la propia cantidad,
y es lo que está en discusión, les interesa que se les reconozcan los
llamados «derechos» para continuar manteniendo abierta la posibilidad
de discusión y de ir arrancando, poco a poco al propio Estado, nuevas
valoraciones. Los costes de transición a la competencia en los
ejercicios teóricos que hacen las eléctricas es muy curioso, puesto
que hacen uso de algo que es el valor neto contable del parque de
generación existente, pero no del valor de mercado de ese mismo
parque. No es lo mismo la evolución contable de ese valor del parque
de generación, que si en este momento se pusiera en el mercado ese
parque, que en algún caso puede estar obsoleto, pero en otros no lo
está.
Al mismo tiempo, dentro de ese parque hay que contemplar, por
ejemplo, toda la generación de energía hidráulica. Usted hablaba de
las seis pesetas kilowatio, y la energía hidráulica está en una
peseta o en una peseta y pico. Por tanto, en este caso, aquellas
compañías que tienen en su base de generación una carga importante de
la generación hidráulica, obtienen también importantes beneficios,
puesto que tienen más que amortizado su parque de generación, fruto
también de otros privilegios históricos de la época de inauguración
de pantanos. Es decir, consiguieron tener ese parque. Pensábamos que
nos estábamos alejando de aquellas viejas etapas donde el dictador
recibía, siempre en privado, al representante de las compañías
eléctricas.
Lo que está pidiendo nuestro grupo es que retiren la enmienda y que
vayamos a un debate tranquilo donde todos podamos poner sobre la mesa
la evaluación de los costes de transición a la competencia. También
nos preocupa otra cosa colateral, y es que ustedes para descalificar
al presidente de la Comisión Nacional Eléctrica digan que está
politizado. Conozco toda la gama de insultos, pero no pensaba que el
estar politizado en este país fuera también un insulto. Pensaba que
la política es algo digno y lo sigo creyendo. En todo caso, es lógico
que en la discusión de un problema importante todos tengamos
opiniones y valoraciones diferentes, pero como argumento
descalificatorio es el peor de los posibles, por lo menos para
nuestra propia función. Se puede decir que está equivocado o que
ustedes tienen otra opinión. Eso nos llevaría a otro tipo de
valoraciones, como que el Ministerio de Industria está siguiendo los
dictámenes de las compañías eléctricas o de quien manda en ellas, que
no son las propias compañías, sino curiosamente los propios bancos,
que van a ser los beneficiarios de esta operación, puesto que son los
que, al final, van a adquirir los derechos para cobrar a todos los
usuarios el 4,5 por ciento de la tarifa en los próximos 10 ó 15 años.
Es un negocio muy rentable, puesto que está claro que mientras no
inventen otra cosa, la luz es un bien de uso necesario e
imprescindible y, por lo tanto, es un negocio redondo para aquellos
bancos que en nuestra opinión hoy tienen un peso excesivo en las
compañías eléctricas.
Sigo insistiendo en la teoría de que no es bueno para un país que sus
proyectos industriales, y también sus proyectos eléctricos como tal
proyecto industrial, estén liderados básicamente por capital
financiero y no por empresarios o empresas dedicadas fundamentalmente
a esa actividad. Tienen que hacer una labor de acompañamiento, pero
en los últimos tiempos asistimos, de nuevo, al retorno de los bancos,
quizá porque a la caída de tipos de interés hay que buscar nuevos
negocios más estables en el tiempo. Nuestra opinión es que esto
impide la bajada de las tarifas por algo tan natural como adecuarlas
a la situación real que tienen en este momento los tipos de interés.
Si los tipos de interés, que han caído en los últimos cinco o seis
años casi diez puntos, cosa que nos parece muy bien, se hubieran
trasladado a las tarifas, hoy no estaríamos hablando de vender como
gran logro el dos por ciento o el uno por ciento de rebaja de la
tarifa eléctrica. Si los tipos de interés hubieran incidido
directamente sobre la tarifa eléctrica, estaríamos
hablando de una tarifa mucho más interesante y más atractiva.
La tarifa eléctrica podía haber evolucionado con un sistema mecánico
prácticamente, trasladando directamente los costes de los tipos de
interés, puesto que las propias compañías eléctricas hacían hincapié,
a la hora de reivindicar sus teóricos derechos, en estos costes de
los tipos de interés. Sin embargo, en prácticamente dos años nadie
habla de esto, sino que ahora volvemos a hablar del gran logro de
conseguir que para el próximo año baje un 2 por ciento y un 1 por
ciento, cuando los tipos de interés han bajado bastante más.
A nosotros nos gustaría despejar toda esta situación. Nos parece
lamentable, sobre todo porque la precipitación propicia también este
tipo de debate y leer titulares que yo espero que no tengan nada que
ver con la verdad. En relación con los grupos que son necesarios para
sacar adelante esta ley, se titula: El PNV apoyará porque va a
conseguir 3.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado. Yo
espero que esto no sea así, sino que sea porque de verdad se lo
estudian y tengan argumentos razonables, bien para apoyar o bien para
no apoyar esta enmienda. En otros titulares, uno lee: El señor Molins
considera que las compensaciones eléctricas están infladas en 700.000
millones. Esto me alegra, puesto que coincide con unas estimaciones
muy aproximadas que ha hecho nuestro grupo de trabajo en Izquierda
Unida. Espero que sea verdad este titular y no lo sea otro en el que
se dice que CIU pide 60.000 millones de compensación para apoyar la
ley.
El debatir todo esto acompañando a los Presupuestos Generales del
Estado hace que todos podamos especular (en todo caso, la foto final
se va a ver mañana) sobre si de verdad estamos discutiendo los costes
reales de transición a la competencia o si por debajo de la mesa se
discuten otras cosas. Por lo tanto, sería bueno que se retirara esta
enmienda y se discutiera en otro marco diferente donde nadie pueda
intuir que hay otro tipo de compensaciones. Si es así, ¿que más da
aprobarla ahora que dentro de un mes? ¿Qué compromisos se deben a
alguien, si es que se deben, para que tenga que hacerse
precipitadamente y en este marco de urgencia, donde no tenemos muy
claro cuál es la razón por la que sale adelante -si es que sale- esta
enmienda del Senado? Insisto que nuestro grupo reclama la retirada de
esta enmienda para que pueda ser discutida en un marco distinto -que
puede ser perfectamente en el mes de febrero-, en el que todo el
mundo pueda evaluar los famosos costes de transición a la competencia
de manera razonable. Al mismo tiempo, creo que también sería bueno
tener en cuenta otro elemento, que es Bruselas, donde el señor Van
Miert parece que no se sabe muy claramente si está a favor o en
contra o no tiene opinión, puesto que no conoce el problema en
detalle. Quizá sería prudente esperar (el propio señor Van Miert
tiene previsto sacar una directiva sobre cuáles serían los criterios
para aquellos países que tienen que afrontar esta situación) a que
concluya esa discusión a nivel europeo para, a partir de ahí, adaptar
la valoración de los costes en nuestro país y evitarnos un posible
conflicto con Bruselas.
Termino diciendo que, planteado de esta manera, nos parece que sigue
dando la impresión de que es, en definitiva, lo que ustedes quieren
negar: un regalo a las compañías eléctricas. Yo espero que no sea un
problema de otro tipo porque, si no, sinceramente, terminaremos como
hace cien años, es decir, que las eléctricas dictaminan qué es lo que
tiene que hacer el Ministerio de Industria de turno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor ministro, voy a centrar mi intervención
en dos motivos de reflexión: uno más bien descriptivo de la situación
anterior y otro, a partir del momento en que se produce todo el
desbarajuste actual. Haciendo una reflexión, vemos que hace menos de
un año, con la discusión y aprobación de la Ley del sector eléctrico
y con la participación activa de todos los grupos, se iniciaba un
proceso de transformación del sector eléctrico con el que se
conseguían objetivos en política energética y económica. Entre estos
objetivos podemos citar la mejora de la competitividad de nuestras
empresas, la protección de los intereses de los consumidores mediante
un servicio de calidad a un precio competitivo y con libre elección
de suministro en todo el territorio, la apuesta por un desarrollo
económico compatible con el medio ambiente; asimismo, en la ley se
resolvía la problemática de los costes, que no podrían ser
amortizados al pasar de un sistema eléctrico regulado a uno
liberalizado. En este sentido, se reconoció la existencia de unos
costes de transición a la competencia a las empresas eléctricas y, en
su desarrollo, se definió la metodología para que estos costes fueran
cobrados en un período no superior a diez años. Aquí hay que recordar
que la ley fue votada prácticamente por todo el arco parlamentario.
Ahora, el inicio del otoño, a través de los medios de comunicación y
por nota de prensa del Ministerio de Industria y Energía, salta al
debate público una propuesta de acuerdo para titulizar parte de los
costes de transición de la competencia y, por tanto, modificar la
metodología de cobro que se había establecido recientemente. Hay que
tener en cuenta que a partir de este momento se crea un cúmulo de
titulares, un cúmulo de opiniones de amplios sectores de oposición
-de oposición en todos los aspectos, no quiero decir de oposición en
esta casa- y se logra dejar la impresión en la calle de que se hace
un gran regalo -un regalo de un billón de pesetas- a las eléctricas.
Desde nuestro punto de vista, no es así del todo (Rumores.), no es
así, porque, en realidad, el regalo -quizá, tal como se tiene que
considerar un regalo- se habría producido en el momento en que
prácticamente todo el arco parlamentario reconoce que hay que pagar a
las compañías eléctricas los CTC. En todo caso, la cantidad que hay
que pagar se establece en aquel momento. (Rumores.)
La aceleración del proceso de liberalización y de competencia
establecido en la Ley del sector eléctrico -dado que ha ido mucho más
lento de lo que se esperaba- obliga al Ministerio de Industria y
Energía a
su actuación con el sector eléctrico. En este sentido, puede ser
favorable la aceleración del calendario de elegibilidad de los
clientes y una reducción importante de las tarifas de acceso a la
red, así como la garantía de potencia a pagar por los consumidores y
el establecimiento de una nueva senda de reducción de tarifas. De
todo ello se pueden sacar estas ventajas y otras, por ejemplo, todo
lo que signifique un incremento de la competencia, una mayor
liberalización del mercado, un correcto camino dirigido a acelerar
los niveles de elegibilidad de los consumidores y la reducción de los
costes de acceso a la red y también, por tanto, al mercado. También
puede considerarse ventaja para el sector eléctrico la nueva senda de
tarifas de los consumidores cualificados para los próximos años, que
es más acentuada que la prevista inicialmente, ya que todo ello
significará una mejora económica y financiera para las empresas
eléctricas, que repercutirá positivamente en sus clientes. Así pues,
puede considerarse un avance respecto al calendario y a los
mecanismos de liberalización inicialmente establecidos en la Ley del
sector eléctrico. Sin embargo, la consecución de estos objetivos con
sus citadas ventajas debe hacerse respetando los derechos del resto
de los agentes del sector eléctrico, especialmente los relativos a
los derechos de los consumidores a la libre elección, a precios
competitivos y a la calidad del suministro, así como a las energías
renovables y a la eficiencia energética.
Señor ministro, todo ello hubiese ido por buen camino si no se
hubiese hecho tan mal como se ha hecho. Creemos que el tema se ha
explicado muy mal -hasta ahora-, no ha tenido ningún esquema
didáctico y, por tanto, hemos pasado a este cúmulo de titulares, como
decía antes, que si uno hiciese la encuesta por la calle, sacaría la
impresión de que se está haciendo un regalo a las eléctricas cuando,
en todo caso, será una manera de asimilar lo que en derecho pueden
recibir las eléctricas, como aprobó la ley. (Rumores.) Ahora bien,
usted ha venido hoy aquí y yo le diría que tenía que haber empezado
por aquí. Hoy ha estado usted didáctico, ha explicado muchos
detalles, ha dado respuesta o, al menos, su opinión o ha expresado
sus consideraciones respecto a toda una serie de puntos que pone en
duda la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que al menos fue
favorable a los CTC en su momento. Hace unos días, en la
comparecencia en esta Comisión, el presidente no fue tan duro como ha
venido mostrándose en otros medios y en otras formas. Ello me hizo
dudar aquel día -así se lo dije- de su imparcialidad, aunque después
corrigió, pero ahí se presenta un enfrentamiento ente el Ministerio y
la Comisión del Sistema Eléctrico. Tenía que hacerle algunas
preguntas, pero usted ya ha dado su información y ha hecho referencia
a unos puntos que, contrastados con los que se dan en la Comisión del
Sistema Eléctrico, pueden aclararme el tema. Como digo, el aspecto
didáctico para mí ha sido muy malo.
Hoy se nos da información, pero en una comparecencia con prisas, con
tensión, que ya no tiene el efecto que se podía esperar en un
principio. También se nos dice que para evitar todo el desgaste
político de este
sentir del regalo del billón, se presenta la enmienda a la ley de
acompañamiento de Presupuestos Generales del Estado en el Senado. Si
no existiese la ley de acompañamiento, que permite que algunas leyes
se modifiquen -ley que se creó hace unos años por quien hoy en alguna
comunidad autónoma la rechaza-, no se hubiese originado esto porque
usted no hubiese podido presentar esta enmienda y hubiese tenido que
hacer un debate específico en esta Cámara.
Por otra parte, señor ministro, nos preocupa la temática del informe
de la Comisión Europea. Aunque lo ha explicado en líneas generales,
nos gustaría saber si hubiese sido favorable la consulta previa antes
de proceder a los recuerdos que han llevado a este desaguisado,
porque si hubiésemos conocido el resultado de la consulta quizá
hubiésemos eliminado alguna de las pegas que van saliendo.
Usted nos ha hablado ya de la cláusula de salvaguarda o de reversión,
según nosotros. Quisiera hacer constar que fue uno de los puntos que
imponía nuestro grupo, Convergència i Unió. No estaría de más que lo
volviese a repetir para que quede constancia en el «Diario de
Sesiones». Buscar soluciones para los consumidores sería un precio a
nuestras convicciones y, por tanto, un beneficio no de pública
subasta de nuestras convicciones por interés propio, sino por interés
ajeno.
Nuestro grupo, señor ministro, tiene unas condiciones previas y
esperamos su cumplimiento, como era el decreto del régimen especial y
el decreto de la retribución de la distribución. Todo ello nos lleva
a pensar que el tema se ha llevado muy mal, podía haberse realizado
de otras maneras. Nos dice que hay un largo camino por recorrer, que
tiene que haber cambios consensuados y esperamos que sea así y que no
tengamos que leer en algunos medios frases respecto de las que usted
sabe si son verdaderas o no. Se refieren a que no se conoce en la
reciente historia de la democracia española un desastre de marketing
político tan importante como el de las tarifas eléctricas. Eso está
escrito y usted sabrá a quién las atribuyen. Para Convergència i Unió
el regalo no es tan grande como dicen, sino que es el proceso de
llevar adelante una forma de hacer las cosas, pero si se hacen mal,
da la impresión de que se ha hecho mucho peor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Voy a intentar fijar la
postura del Grupo Parlamentario Vasco en relación al tema que nos
ocupa. Tengo que reconocer, señor presidente, que cuando tuve
conocimiento de la posibilidad de existencia de esta comparecencia mi
grupo entendió que era oportuno para fijar la posición y tener
conocimiento de los verdaderos objetivos y propósitos del Gobierno en
relación a este tema, máxime cuando desde el Grupo Parlamentario
Vasco, dígase lo que se diga en titulares, hemos conocido en los
últimos meses un auténtico paréntesis de relación con el Ministerio.
Se aboga por el señor ministro por el consenso y se hace los
llamamientos nominales. La verdad
es que desde que se han producido ciertos cambios en su Ministerio, y
conoce usted otras ocupaciones, es difícil mantener una relación, y
no lo es porque nuestro grupo parlamentario no quiera conocer ni
disfrutar de dicha posición. Como en los últimos años se han
producido ciertos relevos en su Ministerio, y concretamente en la
Secretaría de Estado para la Energía, se han dificultado las
relaciones.
Antes aplaudíamos la fluidez en la relación y ahora nos vemos en la
obligación de constatar que existe un alejamiento que nos es difícil
de entender y compartir. Por ello, al tener noticia de esta
comparecencia nos parecía oportuno conocer de primera mano el por qué
el Gobierno y, en concreto el Ministerio, ha utilizado en este
momento este procedimiento para hincar el diente a la titulización de
estos costes de transición a la competencia de las empresas
eléctricas.
Nos hubiera gustado oír en esta primera intervención suya un cierto
nivel de autocrítica para poder compartir con usted que el
procedimiento arbitrado no ha sido el más adecuado. Nos ha privado,
señor ministro, de poder enmendar en el Congreso un tema que, como
han dicho anteriores portavoces, fue apoyado en su momento por este
grupo parlamentario. En principio, podía pensarse que si las cosas se
hubieran hecho razonablemente y hubiese habido un compartir posturas,
filtrarlas previamente, tampoco debían existir especiales
dificultades para poder compartirlas. Sin embargo, nos ha extrañado
que en esta primera intervención suya no haya existido ni un mínimo
de autocrítica o de explicación del fondo de lo que nos ocupa, porque
de los demás aspectos técnicos, tanto por un lado como por otro,
hemos tenido suficiente información en los últimos días.
En relación al procedimiento, ¿por qué el Gobierno utiliza este
momento para hincar el diente, cuando no estaba obligado a hacerlo
ahora? ¿Por qué ha sido éste el procedimiento, por qué se ha hurtado
el debate al Congreso y se ha recurrido al Senado? En definitiva, el
quid de la cuestión está ahí y lo podemos sostener con más autoridad
si cabe, desde el dato de que el Grupo Parlamentario Vasco suscribió
en su momento el que estos costes a la transición de la competencia
pudieran ser objetivados y, en consecuencia, podía esperarse que si
las cosas se hubieran hecho razonablemente esa medida podía contar
con el apoyo de este grupo parlamentario.
Sin embargo, en vez de haber sido consultados, ni siquiera
previamente informados, nos hemos encontrado con la sorpresa de que
el Ministerio, unilateralmente por lo que a nosotros se refiere, ha
optado por presentar esta enmienda en el Senado. Dado que se están
haciendo consideraciones en relación a supuestas prebendas, que
respecto al apoyo de esta enmienda pudieran disfrutarse también por
parte del Grupo Parlamentario Vasco, quisiera significar brevemente
cuál fue entonces y cuál es ahora la postura del Grupo Parlamentario
Vasco en relación a este tema. Nosotros entendemos que la postura que
sostiene el Ministerio puede ser razonable, depende del marco de
actuación de la liberación del proceso, de sus ritmos y de sus
cuantificaciones. Yo quisiera que en su segunda intervención, señor
ministro, pudiera incidir
más en este marco, porque nosotros, que estamos dispuestos a admitir
que lo que usted propone puede ser razonable, entendemos que lo es
dependiendo de las otras variables. A pesar de que hoy se ha
explayado mucho más y hemos tenido, como ha dicho el señor Sedó, más
información en relación con ese tema, estas variables relativas a lo
que va a ser el desarrollo de la liberalización del sector en los
próximos meses no están suficientemente claras, o no lo están para
nosotros por lo menos.
Nosotros hemos sostenido en esta Cámara y en los debates que se han
producido acerca de este tema que cualquier acuerdo en cuanto a las
medidas que sobre titulización de los costes de restricción a la
competencia pudiera tomar el Gobierno pasaba necesariamente por
continuar poniendo otros condicionantes y cambiando otras variables
del marco de la liberalización. Nosotros hemos venido trabajando por
la liberalización -léanse las enmiendas o los «Diarios de Sesiones»
sobre la ley anterior a la reforma de la nueva ley- y hemos seguido
haciendo propuestas al tema. Lo que observamos es que, cuando se
necesitan los apoyos parlamentarios, se recurre a ellos, después se
habla de que va a existir esa misma disposición en lo que se refiere
a sus desarrollos reglamentarios, pero esa relación de continuidad,
por lo que sea, se rompe en un momento determinado. Estamos ahora en
disposición de preguntarle, señor ministro, por qué se rompe esa
relación de continuidad en el cumplimiento de una serie de
compromisos que este grupo parlamentario se honra en compartir con el
Gobierno; sin embargo, se da una ruptura. Que ésta coincida con un
cambio de personas tampoco hablaría excesivamente bien del
Ministerio. Nosotros entendemos que las personas son importantes y
cada una imprime un estilo, pero estamos hablando de compartir
objetivos políticos y programas sobre estos temas. Hemos observado
estos últimos meses que esta relación se está llevando con
dificultad, porque incluso las personas no cogen el teléfono. Como
experiencia personal, le podré significar que llevo tres semanas
queriendo hablar con una directora general de su Ministerio y es
imposible; ni siquiera devuelve las llamadas, y no será por no
insistir, porque uno es constante; no se trata de que un diputado de
un grupo, cuando al Gobierno le pueda interesar que apoye ciertas
iniciativas, deba conocer mayor fluidez en el trato con los
secretarios de Estado o con los directores generales, sino que a un
diputado no se le coge el teléfono, lo cual, en el funcionamiento de
un Estado moderno, llama la atención.
La postura que en el Pleno de mañana pueda adoptar el Grupo
Parlamentario Vasco sobre estos temas no depende de presupuestos, de
transferencias ni de otro tipo de recursos, como usted sabe bien,
señor ministro, sino del establecimiento del marco o del proceso de
liberalización del sector energético en su conjunto, y eso está más
en sus manos. Con la claridad y transparencia que tiene esta Cámara y
que se plasma en el «Diario de Sesiones», así lo quiero significar en
el día de hoy. Nosotros, a estas alturas de la semana, cuando va a
ser la una y media del mediodía del lunes, no hemos adoptado todavía
posición al respecto. Nos gustaría que hubiese autocrítica por parte
del Ministerio y que se explicara
con claridad el conjunto de variables con las que se va a desarrollar
el marco de liberalización del sector, ni más ni menos. Ésas son las
cuestiones que nos preocupan, ésas son las preguntas que nos hacemos
a nosotros mismos. Como le he indicado al principio, estamos
dispuestos a compartir que le asiste la razón, que puede ser
razonable lo que usted está exponiendo, tratando de convencer al
conjunto de la Cámara, siempre que esté dispuesto a compartir con
nosotros cuáles son las reglas del juego para el futuro. Llevamos más
de siete meses desconociéndolas y el reglamento anterior se nos ha
quedado obsoleto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Yo creo que nosotros, los diputados y
diputadas de la Comisión y los miembros asistentes a ella, siempre
somos conscientes de la importancia de un sistema democrático, porque
padecimos un régimen dictatorial, pero hay momentos en que cobra
realce. Yo creo que en la comparecencia de hoy del ministro Piqué
cobra realce la gran bondad del sistema democrático, donde la opinión
pública condena un atropello como el que se piensa cometer. Sé que
luego el señor Piqué me dirá que quién soy yo para saber lo que dice
la opinión pública. Yo creo que no estaría mal que el Gobierno
incluyera en la próxima encuesta del CIS una pregunta sobre qué
piensa la sociedad española de esto, si se cree que es un regalo o
no.
Quiero decir en todo caso que un sistema democrático es algo más que
el sistema parlamentario; es la opinión de los medios de
comunicación, de las organizaciones sociales, y está claro que hoy la
gran mayoría de la población piensa que se está haciendo un regalo
sin precedentes a las empresas eléctricas, lo que motiva la necesidad
de que hoy el ministro Piqué venga aquí a explicar lo inexplicable.
Por esa razón, cuando ha acabado de intervenir, me he apuntado:
escandalosamente sorprendente que no haya dado una sola razón. Pero
me equivocaba; no es escandalosamente sorprendente, es normal, porque
no hay explicación a esto. Lo que ha hecho hoy el señor Piqué ha sido
-a mí me gusta practicar la pesca submarina, pero no pesco pulpos- lo
que hacen los pulpos, sacar tinta para intentar confundir y que no se
les vea. (Rumores.) Los calamares y las sepias también lo hacen.
Señor Piqué, ¿qué tiene que ver lo que usted propone con la reducción
de tarifas? Eso ya está aprobado. El Gobierno está obligado a hacer
la reducción de tarifas por la Ley 54/1997 y no se necesita ninguna
modificación de ley. Simplemente, por ejemplo, se reducen si bajan
los tipos de interés o aumenta la demanda. ¿Qué tiene que ver la
elegibilidad con esta modificación que ustedes nos plantean? Esto
está regulado en la disposición transitoria trece; no hace falta.
Pero además usted ha introducido hoy sibilinamente -públicamente lo
ha dicho con mayor rotundidad- que parece que hay sectores que no son
favorables a las CTC. Eso no es cierto. ¿Quién ha dicho eso? Usted
hoy ha llegado a decir una cosa más grave, a mi entender. Ha puesto
en boca del informe de la Comisión Nacional del Servicio Eléctrico,
algo que no
dice. Usted ha manifestado en su intervención: es que ahora nos dice
la Comisión Nacional del Servicio Eléctrico que los costes pueden ser
negativos, y ha hecho una larga perorata argumentando que esto
introduce incertidumbres. Decir esto sólo así no es contar toda la
verdad -no voy a indicar que es mentir-, porque usted sabe
perfectamente que lo que expone la Comisión Nacional del Servicio
Eléctrico en el informe 6 es que, a pesar de que, si los calculáramos
ahora, los costes serían negativos, están por que se aplique la Ley
54/1997. Por tanto, la pregunta es: ¿con quién está usted debatiendo?
¿Está echando más tinta? Está atribuyendo a la Comisión una cosa que
no dice. ¿Por qué lo hace? Ante este tema, la pregunta es: en el
fondo de la modificación de esta ley, ¿qué hay? ¿Qué se está haciendo
con la modificación de esta ley? ¿Es que ustedes están asegurando que
con esta modificación se va a poder reducir las tarifas? No, con esta
modificación las tarifas se van a reducir menos de lo que se puede.
Por tanto, no estamos ante una ley que mejora la reducción de
tarifas. ¿Con esta ley va a ser posible aumentar la elegibilidad? No
hace falta. ¿Es que la ley anterior no contempla las CTC? Claro que
lo contempla. ¿Dónde está el problema y qué significa esta ley? Dicho
muy simplemente, el problema es que esta ley concede unos derechos de
un billón 300.000 millones de pesetas a las empresas eléctricas que
hoy no tienen. Éste es el núcleo de esta ley. ¿Qué dice la Ley 54/
1977? Reconoce los costes y hoy nadie los discute, pero, ¿qué hace?
Fija un procedimiento. ¿Cómo vamos a calcular cuáles son los costes
de transición si no sabemos qué tarifas va a haber el año que viene,
ni el otro, ni el otro? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Esta modificación
de ley que hace? Sustituye un procedimiento que se ha de hacer cada
año en función de cómo evolucionen los tipos de interés, de cómo
evolucione la demanda, de cómo evolucione la situación de las
empresas. ¿Por qué sustituye el procedimiento? Por un coste de
transición, por un derecho de un billón 300.000 millones de pesetas.
Es por esto precisamente por lo que la palabra clave en la enmienda
es derecho.
Ustedes intentaron ya en la discusión sobre las empresas eléctricas,
en la Ley 54/1977, introducir la palabra derechos, y tuvieron un
informe negativo de la Comisión que les propuso sustituir la palabra
derechos por costes, y en la Ley 54/1996 existe el coste. Por tanto,
lo que estamos discutiendo hoy aquí no es un regalo; yo creo que es
el mayor regalo, con menor discusión, la enmienda más cara
posiblemente de la democracia española. No lo sé, igual me equivoco,
pero no sé si debe haber una enmienda en todo el sistema democrático
español que sea más cara para los consumidores y que haya tenido
menos argumentos.
Señor Piqué, ¿es posible que si usted hace un año presentó una ley,
ahora nos la modifique con un billón 300.000 sin un sólo número? ¿Es
posible que Unesa envíe hace unos días a la Comisión un informe de
nueve paginitas para justificar un billón 300.000? ¿Ha pasado esto
alguna vez? ¿Esto qué es? El señor Sedó decía que no es un gran
regalo, no sé si quería decir que era mediano o pequeñito. Yo creo
que es un excepcional regalo, y si esto es un castigo, castígueme,
señor Piqué, mándeme castigos,
pero no digan ustedes que esto no es un regalo.
Lo que ustedes están haciendo es reconocer a las empresas un derecho
que hoy no tienen, quitándole al Gobierno la capacidad de decidir
cada año, como la Ley 54 establece hoy, imponiendo a los consumidores
un recargo del 4,5 durante quince años. Pero es más grave aún, si en
el año 2008 hay un consumidor que cambia de empresa, la nueva empresa
va a tener que facturarle también un recargo para las empresas
actuales. ¡Viva la competencia! Los nuevos sistemas que puedan
competir con los actuales van a tener que facturar también a los
nuevos consumidores el 4,5 por ciento. Esto es gravísimo. ¡Viva la
competencia!
Los argumentos que se han dado desde la Comisión Nacional del
Servicio Eléctrico a mí me parece que son apabullantes. Dicen
claramente que la cantidad no está justificada -no me voy a
extender-; que la forma de cambiarla no está justificada; que se
trata de un impuesto; que hay otras experiencias internacionales que
no dicen precisamente que se deba hacer esto; pero fundamentalmente
insiste en el tema del derecho y en el de la evolución de los costes
de transición. ¿Por qué las empresas piden esto ahora? Porque la
evolución y el procedimiento aprobado hacen que sea cierto que en
1998 los costes serán prácticamente del 11 por ciento; esto es
cierto, señor Piqué, pero el año que viene con el método actual sería
el 2 por ciento, con el que usted propone será del 4,5, y a partir
del otro con el método actual siempre sería el cero por ciento, y
usted nos propone siempre el 4,5 por ciento. Éste es el problema de
fondo, y usted no trae aquí ni un solo número. ¿Usted cree que puede
venir aquí, decirnos tres números sin un informe previo ante un tema
de un billón 300.000 e irse tan tranquilo? (La señora López i
Chamosa: Sí puede, porque lo hace.) ¿Qué nos está pidiendo a los
diputados? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que nos pide? Que le creamos.
¿En base a qué?
Ayer en algunos periódicos, y hoy el señor Piqué lo ha dicho más
sibilinamente, asistimos a un anuncio de las empresas eléctricas en
el que algunas de las cuestiones que el señor Piqué mencionaba hoy
también se incluían. Las empresas decían ayer que las anteriores
reducciones -punto 4- de tarifa han supuesto para las empresas
eléctricas, a pesar del incremento del consumo, una importante
reducción de sus ingresos por venta de energía. Usted lo ha dicho hoy
de otra manera. Es verdad que ha habido disminución de ingresos, pero
lo que no dicen es que los resultados han mejorado espectacularmente,
es verdad; lo que no dicen es que de todas las empresas importantes
del mundo Endesa es la segunda en beneficios, exactamente el 13 por
ciento de la facturación: 166.000 millones de pesetas; lo que no
dicen es que la mayor empresa eléctrica alemana tiene el 2 por ciento
de beneficio, que aplicado a Endesa sería bajar de 166.000 a 16.000;
lo que no dicen es que la mayor empresa norteamericana saca
beneficios del 6 por ciento. Esto no lo dicen. Cuando las empresas
eléctricas y usted señalan hoy que se ha producido una reducción de
ingresos, ¿qué es lo que están diciendo? Ya lo sabíamos. ¿Y qué pasa
con los beneficios? Hoy las empresas eléctricas tienen una situación
económica buena, no tienen una situación
económica mala.
He dicho al comienzo que yo no estaba escandalosamente sorprendido
sino que encontraba coherente su explicación: la tinta, sin decir por
qué hay que modificar esta ley e intentando esconder qué significa
esta ley. Desde ese punto de vista creo, y quiero apuntarlo desde
aquí, que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, como un
instrumento democrático importantísimo, ha jugado un papel
democráticamente fundamental en este tema. Encuentro mezquino y ruin
por parte del Gobierno que hayan intentado hacer descalificaciones al
presidente de la Comisión, descalificaciones sin números, saltándose
las formas, sin argumentos. Ustedes no sólo regalan un billón 300.000
sino que hacen juicios morales de los que intentan cumplir con su
obligación democrática. Me parece escandaloso y grave que el Gobierno
no sólo argumente sino que lance juicios morales y éticos sobre
aquellos que están desempeñando el cometido para el que están
nombrados.
Quiero acabar matizando dos cosas. Algún portavoz decía que estábamos
ante un error. Yo no creo que estemos ante un error. Puedo tener
muchas opiniones del señor Piqué pero de inepto no, en absoluto;
considero que el señor Piqué es una persona muy capaz, muy eficaz y,
por tanto, no creo que estemos delante de un error. Es tan capaz que
me extraña que en una ley que prácticamente se acaba de aplicar se
haya cometido un error de bulto tan grande hace un año que ahora haya
que modificarla; me extraña mucho, porque en ese caso sería incluso
para pedirle la dimisión. ¿Cómo es posible que una ley que empieza a
aplicarse este año ahora necesite una modificación que supone,
insisto, un billón 300.000? Yo creo que estamos ante una política
económica que tiene como eje fundamental favorecer los intereses de
los más poderosos, y en este país entre ellos están las compañías
eléctricas.
Le quiero decir al señor Sedó que no va a haber una gran mayoría que
vote a favor de esto; en el peor de los casos se va a producir una
votación ajustada que en Cataluña, lo quiero apuntar, si CiU lo vota
finalmente a favor, supone que de este billón 300.000 hay 280.000
millones que los consumidores de Cataluña van a pasar a las empresas
del sector y, por tanto, esta opción no beneficia a Cataluña, sino
que perjudica a los consumidores en un valor superior a un cuarto de
billón.
Tengo aquí la transcripción de lo que dijo el comisario Van Miert, y
no lo que usted manifiesta. Dice literalmente, está en francés, que
no se ha podido verificar esta ayuda y llama la atención del riesgo
que corren tanto las autoridades como las compañías respectivas en el
caso de que esto vaya adelante, e invita a que se profundice en su
posible ilegalidad.
Señor Piqué, éste es un gran regalo, un gran aguinaldo. Ustedes no
están defendiendo el interés general. Esta ley no hacía falta
modificarla, sino sólo para hacer lo que ustedes quieren hacer: para
sustituir un procedimiento anual de revisión de costes a una
concesión de un billón 300.000 que ni los consumidores ni el Gobierno
van a poder modificar en los próximos años.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra
el Grupo Parlamentario Popular, señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, señorías, señor ministro,
sinceramente tildaría como pintoresca la intervención del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández Moltó, dicho sea
con respeto. Es pintoresca porque es la misma de siempre; la que
repite hasta el infinito con los mismos argumentos, y -como diría un
castizo- le vale igual para un roto que para un descosido. La
pregunta que viene ahora es: y de los CTC ¿qué? No ha argumentado
sobre el problema de fondo de los CTC. Nos conviene hacerlo en este
momento, y creo que lo merecen intervenciones como la del señor
Santiso y la del señor Saura, que intentan entrar al fondo y rebatir
y argumentar cuestiones, que pueden ser discutibles, que pueden estar
equivocadas, pero en las que hay un intento de debatir aportando luz
y claridad. No ha sido ésa la postura del Grupo Parlamentario
Socialista y créame, señor presidente, que lo deploro.
Mi intervención intentará en lo posible ayudar -después de una
exposición clara, amplia y argumentada como la del señor ministro-
poniendo el acento con palabras sencillas, en aquellos aspectos que
han resultado más controvertidos tanto en el debate de hoy aquí, como
en el debate en la prensa durante los días precedentes. Aquí se
olvida una primera cuestión, referente previo y básico para poder
entender qué ha ocurrido: el Gobierno del Partido Popular no ha
realizado la liberalización del sector eléctrico a través del
procedimiento de ordeno y mando, sino que lo ha hecho previa consulta
a todos los sectores interesados, a través de un protocolo pactado
-el protocolo eléctrico- del que deriva la Ley 54/1997.
En 1999 se va a desarrollar un nuevo impulso liberalizador que emana
de la voluntad política del Gobierno. La clave está en que ese
proceso liberalizador altera sustancialmente las condiciones pactadas
en el protocolo. Por tanto, si bien es obvio que el Gobierno tenía y
tiene la facultad de acelerar el proceso de liberalización, y así lo
dice la ley, en ningún sitio está escrito que ese proceso se deba
hacer en contra del equilibrio financiero de las empresas eléctricas
españolas. Lo único que hace el Gobierno es seguir actuando como
antes: negocia, mediante un proceso de concertación, una novación del
pacto para conceder la titulización parcial de los CTC a las
compañías, después de una nueva rebaja del importe de los mismos y
una disminución de tarifas mayor de la inicialmente prevista y
pactada, pero con las debidas garantías de que en el ajuste final se
mantendrá siempre en los estrictos términos en los que la ley
contempla los CTC a trueque de una gran aceleración y apertura del
mercado eléctrico a la competencia.
Sería bastante largo de explicar -no procede hacerlo aquí, y esto es
una afirmación personal- pero estoy absolutamente seguro de que la
titulización va a ser la llave de una renovación del parque de
generación y de una mayor eficiencia en la generación eléctrica del
sistema español. Hay síntomas en el mercado que así lo indican. Al
final, ese proceso va a redundar en beneficio de todos los
consumidores y, lejos de perjudicarse, tanto consumidores
cualificados como consumidores a tarifa regulada
van a beneficiarse de nuevas bajadas.
De la intervención del señor ministro se pueden extraer unas
conclusiones muy simples y clarificadoras: primero y principal, los
CTC no son un regalo a las eléctricas, a pesar de que se empeñe la
oposición, no es así; son, simplemente, la forma de garantizar el
derecho que tienen las empresas eléctricas, reconocido en la ley del
sector, a recuperar la inversión en centrales construidas o
autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual.
Haciendo uso de la diálectica gestual que tanto gusta a SS.SS.
socialistas desde los escaños, exhibiendo el documento para que se
vea claro, el cálculo de los CTC ya se realizó en la ley; lo que pasa
es que los documentos hay que leérselos. En la memoria económica que
acompañaba al proyecto de ley de la Ley 54/1997 está especificado
todo; ésta es la mejor prueba de que el proceso ha sido absolutamente
claro y transparente. Está aquí desde 1997 y no ha cambiado nada en
el cálculo de los CTC. Las acusaciones de opacidad, nocturnidad,
alevosía e incluso la más grosera que ha aparecido por ahí de
tapadillo sólo muestran ciertos excesos de la oposición que, en mi
opinión, está literalmente electrocutada y con total falta de
alternativa. En realidad, y éste es uno de los nudos gordianos de la
gran confusión que se ha puesto en marcha estos días en la prensa,
aquí no está en tela de juicio el importe de los CTC; el cálculo ya
estaba hecho. Por muy ilustrada, muy capaz y respetable que sea
cualquier persona que opine sobre este asunto, no está facultada para
establecer unas nuevas bases de cálculo de los CTC en función de su
criterio.
El segundo aspecto es que este derecho no es nuevo, dimana de la
Losen; estaba concedido por la Losen. Por el mismo concepto -como ha
dicho claramente el ministro-, si hubiésemos hecho los cálculos, la
compensación habría sido de 3 billones de pesetas y no de 1; es
decir, hemos ahorrado 2 billones de pesetas a los consumidores. Esto
habrá que decirlo hasta la saciedad. No se trata de pagar algo nuevo
y diferente porque el concepto de los CTC estaba incluido en la
tarifa de 1998, donde representaba el 11 por ciento de la tarifa y no
el 4,5 como será en el futuro.
Por tanto, la titulización que ahora se discute y la polvareda que se
ha levantado en torno a ella lo único que hace es facultar a las
eléctricas para negociar con ese derecho y obtener de los bancos un
dinero anticipadamente, pero sin el aval del Estado como ocurrió con
la moratoria nuclear, aparte de otras interpretaciones laxas sobre
qué es el aval del Estado en cuanto a una titulización. Es verdad que
los consumidores van a seguir pagando los CTC, pero poco a poco a lo
largo de los años, igual que ahora, en una cantidad total menor y con
la garantía de que nada va a variar respecto a lo previsto en la ley,
sujeto a un proceso de control y ajuste final.
Satisfacer la petición de titulizar que han hecho las eléctricas es
la moneda de cambio -dicho en el sentido honorable- para conseguir
una liberalización más rápida e intensa del sector. Es negar la
evidencia no darse cuenta de que en 1999 se conseguirá una apertura
de tal calibre que prácticamente el 50 por ciento del consumo
eléctrico en España podrá pactar un precio libre, logrando en un año
lo que estaba previsto conseguir en
cinco. Si esto no es una aceleración del proceso de liberalización,
que venga Dios y lo vea. Todo esto se hace sin poner en riesgo el
equilibrio económico financiero de las empresas exportadoras, como
las eléctricas, que son muy importantes en España.
Con los gobiernos del PSOE las tarifas eléctricas en España no hacían
más que subir; con el Gobierno del PP, antes de la titulización de
los CTC, no han hecho otra cosa que bajar, más incluso de lo
inicialmente previsto.
En el futuro, después de la titulización, seguirán bajando tanto las
tarifas como los precios libres de la electricidad, que
frecuentemente se confunden tratándose de dos cosas diferentes.
Me ha gustado la intervención del señor Saura hasta un determinado
momento; creo que ha hecho un esfuerzo notable de comprensión, pero
ha habido un momento en que se ha perdido y no ha entendido
claramente lo que son los CTC. Ha llegado a decir que el ministro ha
venido aquí a explicarnos este asunto sin un papel; es que no hace
falta. Desde 1997, había una memoria donde todo eso estaba
perfectamente explicado. Insisto: no hay que hacer un discurso fácil,
sino enterarse a fondo de lo que estamos hablando. Se está diciendo
que la afectación del 4,5 por ciento de la tarifa por los CTC es un
recargo adicional o un impuesto; es una imprecisión como la copa de
un pino. Las tarifas bajan nuevamente, no un 1, sino un 2,5 por
ciento más de lo que estaba previsto, y aprovecho para recordar que
aquí dice también -y eso no se lo han leído- que en el año 2002 el
sistema en su globalidad será sujeto a revisión. El ministro se
permite afirmar que vendrán bajadas de tarifas posteriores porque
está contemplado en los propios términos de la ley.
De la tarifa ya disminuida, una parte de ellas, en vez de gastarla en
otras cosas, como se hacía en el pasado, el Gobierno indica que vaya
a la titulización de los CTC. Es cierto que los consumidores a tarifa
y los cualificados pagan como coste del sistema los CTC; pero no es
menos cierto que las tarifas y los precios de la electricidad son
cada vez menores y cada vez los consumidores pagan menos por ellos.
Para finalizar esta primera parte del resumen diré que creo que al
tema europeo valdría la pena dedicarle casi una sesión monográfica,
porque es curioso, pero el contenido de los CTC estaba en la ley, el
tema era conocido por Bruselas, era conocido por los detractores
actuales, y la realidad es que nadie se llamó a engaño, porque
efectivamente no están contemplados en los Presupuestos Generales del
Estado, no son una ayuda del Estado a las eléctricas, los pagan los
consumidores en los términos que antes habíamos citado.
Hay una parte, en la que entro ahora, que me preocupa sinceramente, y
es que se ha querido dar la impresión de que el ministro Piqué ha
descalificado a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y a su
presidente. Eso es rigurosamente falso. He mirado todas las
hemerotecas y lógicamente no hay en ningún momento ninguna
descalificación ni hacia la Comisión ni hacia su presidente. Por ello
creo que debemos hacer algunas precisiones al respecto.
Valoro la capacidad y la inteligencia del señor Fernández Ordóñez y
tengo un gran respeto personal por
él, pero ya indiqué a SS.SS. socialistas, con motivo de la
comparecencia del señor Petitbó, presidente del Tribunal de Defensa
de la Competencia, que es un mal asunto que los políticos oscilemos
entre la condición de fan y la de detractor a ultranza de alguien que
está al frente de un organismo regulador independiente en función de
que sus postulados y sus tesis estén de acuerdo con nuestros
intereses políticos inmediatos. Ustedes elevan a los altares o
descienden a los infiernos a quien les conviene en función de que lo
que dice les valga o no. Creo que las opiniones del presidente de la
Comisión deben ser tenidas en cuenta, pero no constituyen dogma de fe
eléctrico y no creo que se deban asumir incondicionalmente, entre
otras cosas porque no estamos en un tiempo de competencia plena, sino
en un tiempo de transición a la competencia, donde el equilibrio
entre los legítimos derechos adquiridos y las nuevas reglas del juego
exige más bien de un juicio político que de rígidos planteamientos
reglamentarios. Más aún, a mí me gusta mucho recordarles que los
gobiernos socialistas jamás asumieron incondicionalmente las
recomendaciones y opiniones del señor Fernández Ordóñez; todo lo
contrario. Ustedes ahora entusiásticamente admiten sus postulados,
los defienden y los propagan, pero cuando estaban en el Gobierno mire
usted lo que ocurría; congelaron las tarifas eléctricas en el año
1996, cuando la Comisión les pedía que las bajaran un uno por ciento;
no desarrollaron reglamentariamente la Losen e hicieron nulos
esfuerzos de liberalización del sector con un sistema independiente,
literalmente aplastado por el marco legal y estable. Sin embargo,
personalmente no quiero rehuir un juicio, del cual me hago
responsable solamente yo -y no actúo en esta materia como portavoz ni
inspirado por ningún Gobierno ni ningún grupo parlamentario-, sobre
cuál es el fondo del problema de lo que está ocurriendo con la
Comisión.
En mi opinión, algunos juicios y actuaciones del presidente de la
Comisión en el tema de los CTC, y en general en el proceso de
liberalización y su ritmo hacia la competencia plena, han sobrepasado
sus estrictas competencias, pero no por razones político partidistas
como pudiera parecer a primera vista -creo que es un desenfoque y un
error del cual tienen ustedes la culpa y les explicaré por qué-, sino
por una interpretación personal del presidente inadecuada,
excesivamente amplia y filosóficamente errónea de cuál es el papel
del presidente de un organismo regulador independiente, especialmente
durante el proceso de transición a la competencia plena. Es el PSOE
el que proyecta una imagen de actuación partidista sobre el señor
Fernández Ordóñez cuando asume ahora incondicionalmente todos sus
postulados sin haberle hecho ningún caso, repito, ningún caso en el
pasado; es decir, no es que el señor Fernández Ordóñez copie al PSOE,
es que el PSOE copia literalmente al señor Fernández Ordóñez.
Como ponente de la ley de 1997, sobre el sector eléctrico,
personalmente quien les habla está muy satisfecho de una enmienda que
el Grupo Parlamentario Popular introdujo en el apartado 6.1 de la
ley. Dice así: Las competencias de la Comisión se ejercen en
beneficio de todos los sujetos que operan en el sistema y de los
consumidores, y no en beneficio exclusivo de los consumidores, como
estaba reflejado inicialmente en la ley.
Señorías, curiosamente durante la tramitación de la ley algunas
asociaciones de consumidores que constantemente manifiestan su
adhesión incondicional al señor Fernández Ordóñez protestaron por la
enmienda y por el texto definitivo. Lo expuesto me parece relevante
porque indica que conceptualmente el presidente de la Comisión tiene
papeles importantes que desarrollar: tiene y debe actuar como árbitro
y mediador de conflictos entre todos los agentes, incluso velar por
la pureza del sistema de competencia frente a actuaciones
restrictivas de cualquier administración pública. Sin embargo -y aquí
está la fuente del problema-, parece que su papel se circunscribe
únicamente a actuar como una especie de Robin Hood de los
consumidores, donde el villano a batir son las empresas eléctricas.
Afirmaciones de una persona u organismo independiente fuera de
contexto, como la cita de Adam Smith aquí en este Congreso, me
parecen altamente peligrosas, porque vienen a decir poco más o menos
que empresario es sinónimo de José María el Tempranillo. Ésas son
cuestiones que un regulador independiente no puede ni debe jamás
manifestar públicamente.
Me gustaría hacer una precisión -y voy acabando, señor presidente-
sobre un tema de capital importancia respecto a los consumidores, y
viene a cuento de lo que se ha comentado anteriormente de las
tarifas. Ahora todo el mundo es defensor de los consumidores. Pero
fíjense ustedes, el concepto de consumidor como estamento protegible
no es homogéneo en absoluto. Los consumidores domésticos
industriales, y dentro de los industriales los pequeños, medianos y
grandes consumidores, tienen problemas absolutamente diferentes,
incluso diría yo que en ocasiones contradictorios. Por ejemplo,
durante años las tarifas de los consumidores domésticos, de los
pequeños consumidores comerciales e industriales han estado
subvencionando internamente las tarifas de los grandes consumidores
industriales, pero no sólo de ellos sino también de los de tipo
medio, sin que al parecer eso interesase en absoluto a los gobiernos
socialistas. Ésa es la razón y la causa profunda, no un fracaso del
Ministerio ni del ministro, es la causa profunda -y no se ría, señor
Hernández Moltó- de que existan tan pocos consumidores que hayan
decidido pasarse a cualificados y pactar precios libres de
electricidad. Tenían tarifas tan buenas que no les convenía pasarse.
Pero ésas no las inventamos nosotros, vienen desde ustedes.
Extender la liberalización en 1999 hasta 8.000 empresas tiene un
efecto absolutamente beneficioso y va a permitir futuras bajadas de
tarifas, no sólo tarifas sino precios libres, porque el sistema se
hace claramente más y más transparente y no va a haber margen para
subvencionar unas tarifas respecto de otras.
Señor presidente, para acabar con este apartado -y termino
brevemente- del presidente de la Comisión, diré que en ocasiones
intenta llevar a la práctica modelos teóricos que elabora con
coherencia intelectual, no lo niego, pero que en nuestra opinión van
en un sentido
opuesto a los dictados de la prudencia, a la necesidad de preservar
la estabilidad económico-financiera de las empresas y la
competitividad de esas mismas empresas españolas, a la práctica
empresarial cotidiana e incluso a la realidad económica que nos
rodea. Le voy a poner un brevísimo ejemplo. A nivel mundial tendemos
a un marco competitivo global, y todo lo que estamos hablando de la
Unión Europea tampoco es casual, porque hay una directiva que lo que
intenta es propugnar un mercado eléctrico a nivel europeo. Pues bien,
el señor Fernández Ordóñez está empeñado en fragmentar a las empresas
eléctricas españolas en aras de una competencia doméstica o de
mercado interior y eso va en contra precisamente de las empresas
españolas porque debilita su dimensión y debilita su posición, que
son necesarias para competir con las grandes empresas extranjeras,
tanto en España como en el exterior.
Finalmente, señor presidente, señorías, señor Hernández Moltó, y esto
va dedicado especialmente a usted, aun a riesgo de que después me
diga que quiere contestar por alusiones, a usted le consta que a este
portavoz que le habla le gusta debatir desde los argumentos de fondo,
más o menos razonables, equivocados o no, y no mediante los
chascarrillos y la retórica hueca. Pero usted también sabe que yo no
rehuyo debatir en ese terreno si fuese menester. Sinceramente
entiendo que la ironía, el sentido del humor no están reñidos con la
seriedad de los debates parlamentarios, pero hay ciertas barreras que
creo que no se deben pasar; por tanto, ruego que entienda mis propias
palabras en los términos en que se lo estoy diciendo. A SS.SS.
socialistas les gusta zaherir a nuestro Gobierno calificando muchas
de sus políticas -usted lo ha hecho en esta Comisión- y sus acciones
de Gobierno de vuelo gallináceo -se lo he escuchado a usted y a
algunos inspirados por usted-, pretendido sinónimo de corto vuelo
rasante, de cortos objetivos políticos y de nula visión de futuro.
Sin embargo, no es menos cierto que constituye un objetivo
prioritario de nuestro Gobierno el fomento de la innovación
tecnológica, y ese esfuerzo lo lidera el ministro señor Piqué y ha
conseguido que lo lidere mucho más arriba el presidente del Gobierno.
No nos equivoquemos, su discurso aquí hoy tiene un objetivo que yo
conozco de viejo, y es destruir la imagen del ministro señor Piqué.
(Varios señores diputados socialistas: No.) Sí, y además se quieren
llevar por delante -es una técnica que yo conozco, antigua, la he
vivido, la he visto, se la he visto ejercer a ustedes en otros
tiempos y con otros políticos- y de paso al presidente Aznar. Ésa es
la verdadera cuestión de fondo. Sin embargo, la ofensiva política y
mediática del PSOE ha fracasado totalmente sobre el asunto de los
CTC, y el discurso político de S.S hoy aquí es un ejemplo claro de
que no van a lograrla. Pero el Gobierno está ganando la batalla de la
innovación, incluso en el discurso y en el comportamiento de la
oposición. El grupo parlamentario y el PSOE han sido los auténticos
innovadores y tienen la gloria de haber inventado el vuelo
pingüináceo, que ni siquiera es un vuelo. No es un vuelo, sino que
significa transitar por el debate político, haciéndose
intencionadamente confuso,
bamboleándose entre argumentos nulos, carentes de contenido técnico,
jurídico y político, para acabar tirándose de cabeza a un mar de
descalificaciones personales, donde literalmente se les han congelado
las ideas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a dar la palabra al ministro para
este segundo turno. Pero antes, voy a suspender dos minutos la
sesión.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Pido la palabra porque me ha aludido
claramente el señor Medina.
El señor PRESIDENTE: Va a tener usted derecho a un turno de réplica.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Sí, pero probablemente después no tenga el
mismo sentido.
El señor PRESIDENTE: Sí lo va a tener. Si usted sabe ser inteligente,
podrá tener el mismo sentido.
Se suspende la sesión por dos minutos. (Pausa.)
Señorías, se reanuda la sesión.
Señor Hernández Moltó, tiene la palabra.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: No está el diputado que forzó el turno de
alusiones.
El señor PRESIDENTE: Está entrando por la puerta.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Era sólo para hacerle una pequeña réplica
en el sentido de que parece que traía además del discurso escrito, la
consigna de traer el debate a este lado de la orilla. Obviamente, no
acuso como falta que este grupo parlamentario y este diputado entre
sus funciones tenga la de deteriorar la imagen del Gobierno, y en
este caso, ya me lo disculpará, señor ministro, la suya propia. Es
función del juego político y parlamentario. Es verdad que últimamente
le cuesta poco a este grupo hacer esa función, porque el ministro y
el propio Gobierno contribuyen de una forma muy positiva a cumplirla,
de hecho su presencia aquí hoy claramente es la manifestación de que
usted está seriamente deteriorado. Pero la referencia era al señor
Medina, siempre habrá una diferencia entre usted y yo -digo usted y
yo-, y es que yo vengo aquí libre a defender los intereses de mis
votantes y de mi partido y usted no viene libre a defender los
intereses generales del país, sino que viene -como usted sabe
perfectamente- a defender sus intereses personales y los de las
compañías eléctricas. En este sentido, señor Medina, es una lástima
que usted haya caído en esa representación y, por tanto, en ese
error.
El señor PRESIDENTE: No le puedo dar las gracias. Quiero pedirle que
haga usted el favor de replantearse la última expresión. No creo que
deba dirigirse usted en esos términos a un diputado, diciendo que
viene a defender sus intereses personales. Me gustaría, señor
Hernández Moltó, que reconsiderara esta frase, puesto que
pueden estar equivocadas las posiciones políticas, pueden ser
desacertadas, pero en ningún momento pienso que ninguna de SS.SS.,
incluso usted, estén interviniendo en esta sesión defendiendo sus
intereses personales. Pueden coincidir las posiciones teóricas o
políticas que se defienden con las de otras instituciones o entidades
de la sociedad, es legítimo, pero acusar de defender sus intereses
personales aquí es excederse en la valoración que ha hecho de las
palabras del señor Medina.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente, por su
lección moral, pero como sé perfectamente lo que estoy diciendo, no
retiraré ni una sola palabra de las que he dicho.
El señor PRESIDENTE: Señor Medina, tiene la palabra.
El señor MEDINA TOLEDO: Yo, que tengo a gala, señor presidente,
llevarme bien con el señor Hernández Moltó, quiero pedirle disculpas
por si en algún momento de mi intervención -que simplemente ha
pretendido ser jocosa, siguiendo el mismo estilo que él tiene- le he
podido ofender. No era mi intención. Eso demuestra que en la vida
política, como en la vida personal, si se quiere ejercer de
determinada manera tiene uno que estar en condiciones de aguantar que
el adversario haga exactamente lo mismo. No tengo en cuenta sus
palabras, son absolutamente indemostrables, porque mi trayectoria
personal es limpia, la pasada, la presente y la futura. Solamente
quiero decirle, señor Hernández Moltó, que la previsibilidad de su
discurso -siempre es el mismo, como decía- es lo que hace -en aras de
la brevedad que siempre me demanda, a pesar de su generosidad, el
presidente- que tenga un guión de mi intervención. Pero le digo
sinceramente que la patente del vuelo que mencioné con toda
cordialidad es de este diputado que le habla y que, afortunadamente,
ni personal ni profesionalmente necesito ser sicario de nadie. Mi
historia me avala, sin embargo, yo no sé, si miramos al pasado -y
este partido y este Gobierno no quiere mirar al pasado-, si todo el
mundo estaría en condiciones de decir exactamente lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Corresponde al señor ministro su segundo turno
de intervención para responder a todas las cuestiones que le han
planteado los distintos portavoces.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA (Piqué i Camps): Señor
presidente, intentaré dar respuesta a todas las preguntas, aunque no
sé si voy a ser capaz, porque han surgido múltiples elementos a lo
largo del debate.
Quisiera empezar constatando alguna insuficiencia por mi parte. Creo
que, efectivamente, estamos ante un tema de una enorme complejidad,
de un gran contenido técnico, y yo posiblemente he sobrevalorado los
esfuerzos que a veces, desde otros ámbitos, deben hacerse cuando se
trata de aproximarse a temas de estas características. Por ello,
voy a otra insuficiencia. Creo que es bueno reconocer -y así lo hago-
que hubiéramos debido hacer un mayor esfuerzo pedagógico y
explicarnos todavía más -yo creo que lo hemos hecho, lo estamos
haciendo y la comparecencia de hoy es una prueba adicional-, pero
probablemente éste es un tema, repito, en el que la utilización de la
demagogia y la aportación de argumentos falsos o desenfocados puede
llevar a una apreciación por parte de la opinión pública que debiera
haber sido contestada con mayor contundencia en su momento, por mi
parte y por parte del Gobierno. Por tanto, constato esta situación,
la asumo y hago la correspondiente autocrítica.
También tengo que decir que, a raíz del debate -la verdad es que yo
estaba muy convencido de mis argumentos-, mi convicción es absoluta y
plena. Creo que han ido saliendo determinados elementos en las
diferentes intervenciones que permiten hacer esa afirmación con toda
claridad. Esos elementos los iré desgranando a medida que vaya
intentando dar respuesta a lo que han dicho los diferentes
portavoces. Por supuesto me adhiero y comparto todos los argumentos
ofrecidos por el portavoz del Grupo Popular, señor Medina; me han
parecido muy ajustados en razón y han dado respuesta a muchos de los
temas que se han planteado.
Respecto a la intervención del señor Saura, en nombre del Grupo Mixto
-dejo aparte los adjetivos ditirámbicos que supongo que tienen
legítimamente la pretensión de buscar un hueco mediático, pero me
parece bien, no todos actuamos en este sentido-, creo que no debe
empezar diciendo que yo no he dado razones en mi intervención, no es
cierto. Sólo he dado razones, no he expresado opiniones personales ni
he hecho valoraciones subjetivas. He dado razones y están en el
«Diario de Sesiones» para comprobarlo, y seguiremos en ese camino. Es
verdad que a veces eso dificulta que determinadas cosas lleguen a la
opinión pública, ya que a veces llegan expresiones como que si son
regalos, que si el sector eléctrico está demonizado, etcétera. Todo
esto puede generar una cierta simpatía irracional e inmediata en la
opinión pública, pero es mucho más difícil hablar desde la
racionalidad, desde la serenidad y desde el rigor intelectual, pero
eso no nos tiene que desanimar, hay que seguir haciéndolo, y desde
luego el Gobierno -y yo personalmente- va a intentar hacerlo.
Parto también de otra afirmación que ha hecho el señor Saura. Ha
dicho que los CTC -lo he anotado y creo que lo digo de forma literal-
hoy no los discute nadie. Están reconocidos en la ley. Me alegra que
eso se diga, porque muchas veces parece que lo que se está
discutiendo son los CTC o lo que se identifica como regalo es
simplemente la instrumentación financiera de un anticipo de algo que,
teóricamente, ya no discute nadie. Porque después volveré a hablar de
lo que significa la titularización, a ver si somos capaces entre
todos de ponernos de acuerdo en conceptos que a mí me parecen
elementales, pero que seguramente no explico suficientemente bien.
Los CTC no los discute nadie; están en la ley, están en la memoria
económica, se cuantifican de una determinada forma de acuerdo con los
criterios y ahí están. Es verdad -y usted lo ha dicho- que en este
primer año la recuperación de CTC, de acuerdo con el procedimiento
establecido, va a estar en torno a los 200.000 millones. Yo ya sé que
usted me diría que no es riguroso que yo hiciera una especie de
traslación o de proyección de esos 200.000 millones y asegurará, sin
más, que los CTC se van a recuperar en su totalidad -yo creo que en
buena medida sí, pero no sería riguroso que lo hiciera en esos
términos-, pero tampoco veo por ninguna parte el rigor a la hora de
afirmar que este año que viene van a ser el 2 por ciento de la tarifa
y los otros años el cero por ciento, porque los CTC lo que recogen es
la diferencia entre lo que venía percibiendo el sector en función de
la retribución a la actividad de la generación que estaba situando
siempre en torno a las nueve pesetas, y lo que perciben a través del
precio que se determina en el mercado de ofertas, que, como usted
sabe, en estos momentos está por debajo de las seis pesetas. Y en la
medida en que esté por encima de las seis pesetas, que es el famoso
precio sombra que hemos establecido para el coste de generación, la
recuperación de los CTC será completa.
En cualquier caso da igual una cosa que otra. Estamos de acuerdo en
que la ley fija un procedimiento para la determinación de los CTC. Y
yo le digo que ese procedimiento lo vamos a seguir utilizando, claro
que sí, porque debemos ir liquidando tal y como vaya el proceso.
Tendremos que ir viendo qué parte de CTC se consume. ¿Por qué? Porque
nosotros mismos, en nuestra enmienda, que es simplemente una enmienda
a una disposición transitoria (muchas veces he oído decir que se
aprovecha con opacidad y esas cosas que se dicen para cambiar una
ley), introducimos una modificación en una ley que en su globalidad
sigue siendo vigente. Pero si en esa enmienda lo que se dice es que,
en el caso -que a nosotros nos parece una hipótesis remota- de que al
final la recuperación de los CTC que correspondan al sector eléctrico
en el período considerado sea inferior a la parte que en estos
momentos se autoriza a anticipar por la vía de la apelación a los
mercados financieros, se establecerán mecanismos de compensación. ¿Y
eso cómo se hace? Simplemente liquidando y calculando los CTC
correspondientes y después se va viendo y se irá ajustando.
(Rumores.)
En este contexto conviene recordar de qué estamos hablando en
relación con la titulización, y con ello paso a responder a algunos
comentarios de otros intervinientes. Si la titulización se hiciera en
base a un recargo sobre la tarifa, y además hubiera garantía del
Estado, es verdad que eso sería muy difícil recuperarlo, entre otras
cosas porque si hubiera un recargo lo pagaría el Estado, es un
recargo sobre la tarifa y los consumidores tendrían que pagar más.
Eso es exactamente lo que se hizo con la moratoria nuclear, y yo soy
partidario de lo que se hizo con la moratoria nuclear; creo que se
hizo una buena operación, no la pongo en discusión. Lo que digo es
que esa titulización sí supuso un recargo sobre la tarifa y sí supuso
una garantía del Estado, tanto sobre el principal como sobre los
intereses y sobre el período de recuperación. Pero ahora estamos
hablando de otra cosa, estamos hablando de un porcentaje de
afectación de la tarifa, y dentro de la tarifa hay múltiples
conceptos. Con el marco legal y estable había también varios
conceptos, muchos de ellos iguales a los que ahora existen, y a
través de la tarifa hay que remunerar las actividades de generación
que antes se hacían en base a la recuperación de las inversiones por
el inmovilizado en generación existente en las compañías y que
respondía a decisiones que se tomaban en base a la planificación
energética y después la remuneración, que siguen siendo monopolios
naturales como pueden ser la distribución o el transporte de la
energía eléctrica, más otra serie de externalidades como la moratoria
nuclear, el primero y segundo ciclo del combustible nuclear, las
subvenciones a la utilización del carbón autóctono, la financiación
de la Comisión del Sistema Eléctrico y así sucesivamente.
Dentro de ese paquete de tarifas, antes la retribución de la
generación importaba nueve pesetas y ahora lo que se hace es que,
como el precio de la generación lo va a dictaminar el mercado y va a
ser sustancialmente inferior, dentro de ese apartado se reconocen
unos determinados costes de transición a la competencia que son
sustancialmente inferiores a los que se hubieran percibido por parte
del sector eléctrico si el marco legal y estable hubiera seguido. Lo
que hacemos ahora es que, dentro de esos porcentajes, que este año
van a ser del 12 por ciento, hay un margen que es el 4,5, que se
afecta a lo largo de los años. Pero si ese 4,5 al final es superior
-insisto, hipótesis poco probable- a la que implicaría la
recuperación real de los CTC en función de las condiciones del
mercado, tenemos el 95,5 por ciento de la tarifa restante y, en
particular, la parte correspondiente a los ingresos por generación,
que permitirá recuperar eso en beneficio de los consumidores. Yo ya
sé que eso es abstruso, que es complicado, que es difícil de
entender, pero es exactamente así. Me pregunta: ¿qué tiene que ver
con otras cosas? Tiene que ver todo, y, no lo duden, este Gobierno lo
va a seguir haciendo. Cada vez que introducimos un esquema de este
tipo de reforma estructural, porque es una reforma estructural, lo
que pretendemos es hacerlo a través del diálogo con los sectores
implicados. Se podría hacer de otra manera, las cosas se podrían
imponer sin más. Pero lo hemos hecho así en cualquier ámbito de la
política económica, y en general de la política, y en este caso, lo
hacemos también. Nos parece lógico, de acuerdo con lo que nos
atribuye la ley, y ahora haré un comentario sobre eso, que si
queremos acelerar extraordinaria y espectacularmente el calendario de
liberalización en términos relativos -y no creo que eso se atreva a
discutirlo nadie, porque el gigavatio/hora el 1 de octubre de 1999
está ahí- ahí-, si hacemos eso, si rebajamos de un golpe un 25 por
ciento el precio de los peajes, si rebajamos de un golpe una peseta
en el término de potencia, si ampliamos la facilidad para los
intercambios internacionales de energía, si ..., si ..., si ..., si
hacemos todas estas cosas que nos atribuye la ley, nos parece lógico
también hacer una propuesta equilibrada conforme a unos planteamientos
que se nos pueden hacer desde el sector, que nunca pueden ir en contra
de los intereses generales. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.
Se habla de un recargo del 4,5 por ciento, y eso no se puede decir
porque no es verdad. El recargo es el de la moratoria, pero no éste.
Éste no es un recargo, es la
afectación de un porcentaje que permite que eventualmente las
empresas eléctricas puedan emitir unos títulos al mercado, y, por lo
tanto irán las entidades financieras, irán los ciudadanos y
adelantarán el dinero a las compañías eléctricas, de la misma forma
que si emitieran una emisión de obligaciones. Y lo harán si les
interesa. Y a lo mejor no lo podrán hacer porque hay una serie de
problemáticas jurídicas asociadas a ese movimiento que, desde mi
punto de vista, algunas de ellas están planteadas de forma
irresponsable. Pero es responsabilidad de las compañías. Lo que sí va
a hacer el gobierno, y se lo digo con toda rotundidad, es llevar
adelante la liberalización y profundizar en ella. Y si vemos que este
avance, que es sustancial y que es espectacular, sigue sin ser
suficiente desde el punto de vista de la ambición que tenemos de
introducción de competencias en el sector eléctrico, seguiremos
insistiendo en ese camino. Desde nuestro punto de vista y desde
nuestra responsabilidad hemos posibilitado una estricta y pura
operación financiera. Lo ha dicho el señor Sedó: lo único que se
cambia con la enmienda es la metodología de cobro de esos CTC, porque
se permiten anticipar. Pero no se cobran anticipadamente de los
consumidores, como parece interpretarse también. No. Se va al mercado
y se recaban unos recursos, respecto a los que a lo mejor alguien se
olvida que hay que devolver. ¡Resulta que hay que devolver! No es que
el sector eléctrico coja un billón de pesetas y se lo quede. No.
Anticipa un billón de pesetas, pero lo tiene que devolver a lo largo
de los años con los correspondientes intereses. Por lo tanto, estamos
hablando de una mera operación financiera. Sé que a veces es difícil
de entender si no se gastan tres minutos en intentar comprender
determinadas cosas. Vuelvo a atribuirme la insuficiencia en la
explicación. Creo que es la enésima vez que cuento esto, pero voy a
seguir insistiendo. Cada vez que tenga ocasión, y ahora tengo muchas
de estar ante un micrófono, a poco que me venga bien, volveré a
explicar lo de los CTC y volveré a explicar qué significa la
titulización, hasta que, al final, pueda tener algún tipo de eco
racional y no simplemente de carácter demagógico.
Decía el señor Saura que el Gobierno está obligado a bajar todos los
años las tarifas. No. El Gobierno tiene la clara determinación de
bajar todos los años las tarifas, y lo va a hacer. No está obligado.
La ley no dice que haya que bajar las tarifas todos los años. La ley,
en virtud de la introducción de un esquema de competencia, posibilita
que las tarifas bajen todos los años. Y yo digo aquí solemnemente
que, en función del esquema en el que nos encontramos, las tarifas
van a seguir bajando por lo menos hasta el año 2007. Ésa es la
realidad, pero obligación desde el punto de vista conceptual legal
jurídico, no. Es consecuencia de una clara voluntad de liberalización
y de reforma estructural.
La ley habla de derechos, pero es verdad que habla de unos derechos
máximos. Cuando se dice que ya se les garantiza 1,3, se entra en una
contradicción en los términos. Porque 300.000 millones corresponden
al mismo esquema que existía hasta ahora, que todo el mundo había
aceptado y que ya contaba con ese
planteamiento. En todo caso, debería hablarse del billón de pesetas.
De nuevo se introduce una nueva confusión. Por eso, no se puede
hablar en ningún momento de regalo. Es como si dice: envíeme usted
estos regalos o estos castigos. No es un castigo, es un planteamiento
racional, de utilización de la normalidad que debe presidir el
funcionamiento moderno de unos mercados financieros. Y no hay más.
Unas compañías emiten unos títulos, la gente que quiere comprarlos da
el dinero, y esas empresas tienen después la obligación de
devolverlo. ¡Y eso nos parece un regalo excepcional! A lo mejor es
que usted no ha necesitado nunca un préstamo hipotecario. También lo
tiene que devolver, igual que las empresas eléctricas van a tener que
devolver los títulos. (Rumores.-El señor Saura Laporta: El Estado no
avala esto.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, van a tener posibilidad de replicar.
Tengan la bondad por favor, de dejar intervenir al ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Además, deben aprender, señorías. Escúchenme con
atención, porque es verdad que el Estado no avala. Lo único que hace
el Estado es decir: un porcentaje de los ingresos que van a tener las
compañías eléctricas debe destinarse a pagar esos títulos. Nada más.
Pero eso no es un aval del Estado. El aval del Estado es el que
existe en la titulización de la moratoria nuclear. De nuevo se pueden
confundir los términos, pero, insisto, también se confunden cuando se
dice que es un impuesto. Y hay que decir hasta la saciedad que ni es
recargo, ni es un impuesto. Lo que era un recargo fue lo que se tuvo
que hacer para poder titulizar la moratoria nuclear, por ejemplo.
Estoy de acuerdo con el señor González de Txabarri, y ya se lo he
dicho, en que hemos tenido problemas de procedimiento y de
explicación. Lo único que le puedo decir es que intentaremos
corregirlos, por mi parte, desde luego, y por parte de todo el equipo
del Ministerio. Lamento que se hayan producido esas disfunciones en
la comunicación. Le aseguro que haré todo lo necesario para que eso
no se vuelva a repetir, aunque estoy seguro que debe haber sus
motivaciones y sus causas.
Lo que no he entendido muy bien es lo de hurtar el debate en el
Congreso, y ése es otro tema. No hace falta que explique la
experiencia de los últimos años en relación a la ley de
acompañamiento y la introducción de enmiendas en el Senado. Me parece
una cosa elemental. Aparte de que supone poner en cuestión la
legitimidad del propio Senado para discutir determinadas cosas, no
porque las presente el Gobierno, sino porque las plantean los grupos
parlamentarios. Si no, puede parecer que algunos grupos
parlamentarios pueden presentar enmiendas, y eso es perfectamente
legítimo, normal y constitucional, y, en cambio, cuando otros grupos
parlamentarios presentan enmiendas, eso puede llegar a ser incluso
inconstitucional. La inconsistencia del argumento es tal que es
difícil de entender. Pero no ha habido ánimo de hurtar el debate. La
presentación de este esquema es en el mes de septiembre, de manera
absolutamente pública.
Es verdad que se hace después de unas conversaciones con el sector,
como se hizo con el protocolo. Primero hablamos con el sector y
después llevamos el tema al Parlamento, y de ahí salió la actual Ley
del Sector Eléctrico, y se debatió hasta la saciedad. Aquí estamos
debatiendo una enmienda a una disposición transitoria. La estamos
debatiendo hoy también. La hemos debatido en el pasado. Una vez
hecha, estoy dispuesto a seguir debatiéndola en el futuro, entre
otras cosas por si sirve para que, poco a poco, se vayan entendiendo
las cosas que estamos planteando.
Sí creo que tiene sentido seguir hablando de cuál es el esquema o las
variables de la liberalización que el Gobierno está intentando
impulsar. En estos momentos he definido las variables. Se trata de
que, a la vista de la constatación de una cierta insuficiencia en
acudir al mercado por parte de los consumidores que tienen derecho a
ser cualificados, y sobre lo que el señor Medina ha explicado muy
bien las causas, hemos decidido dar un paso más, sustancial, un paso
muy complejo que supone disminuir enormemente el umbral de acceso al
mercado por parte de los consumidores cualificados. No creo que nadie
pueda pensar que un porcentaje de un 25 por ciento de disminución en
el coste de los peajes es algo baladí, o disminuir una peseta sobre
1,30 pesetas el factor de potencia. ¿Para qué? Para que más de 8.000
empresas se incorporen al mercado de aquí al 1 de octubre del próximo
año. Lo que le puedo anticipar es que estoy dispuesto a considerar en
cualquier momento sugerencias para acelerar todavía más ese proceso,
si vemos que no funciona suficientemente. Ése es el espíritu del
Gobierno respecto a cuáles son las variables de liberalización y
sobre esta base creo que podemos seguir trabajando.
En relación con los comentarios del señor Sedó, a muchos de ellos les
he dado ya respuesta. Puedo asumir mi escasa capacidad didáctica (uno
no vale para todo, pero voy a seguir intentándolo), pero le puedo
confirmar esa cláusula de salvaguardia que me parece absolutamente
elemental, aunque es verdad también que, en el marco de una relación
normal entre grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno y el
Gobierno, se puede hablar de muchas otras cosas, y claro que hemos
hablado. Sabe el señor Sedó que tenemos también acuerdos en otros
temas y que, desde luego, vamos a ser consecuentes con esos acuerdos,
pero no sé bajo qué concepto eso se puede interpretar como una
especie de chalaneo o compadreo. Entre grupos parlamentarios que
normalmente dan apoyo al Gobierno se tiene que hablar de todo y se
tiene que procurar llegar a acuerdos en el mayor número de cuestiones
posibles, cosa que nosotros normalmente hacemos y que, desde luego,
vamos a seguir haciendo.
El señor Santiso ha repetido también lo del 1,3 billones para las
eléctricas. Ya he dicho que no es eso. La tarifa es algo complejo,
que tiene muchos conceptos y que, por lo tanto, permite el juego
suficiente como para que la introducción de competencia en generación
y en comercialización pueda ser compatible con una rebaja continuada
de las tarifas. A mí me hace una cierta gracia
-si no fuera a veces un poco chusca- que todos los que ahora se
rasgan las vestiduras porque bajamos las tarifas demasiado poco,
hayan sido incapaces de bajarlas nunca en la historia. Me causa
estupefacción. Claro, a todos nos gustaría bajar las tarifas, hasta
incluso nos gustaría, si fuésemos tan irresponsables como a veces
algunos son, dar la electricidad gratis -fíjese-, pero de verdad que
no se puede. Eso lo puede entender cualquiera. Tenemos que ir
haciendo un esfuerzo para que bajen las tarifas en términos
razonables, y si tan fácil era bajar las tarifas, si resulta que el
año pasado tenían que bajar un 8; este año, otro 8 y en unos cuantos
años se nos acaban, ¿por qué no se hizo? Dice: No, liguémoslo a los
tipos de interés. Tengo aquí un cuadrito que creo que podrá
interesar. Los dos únicos años -y le añado que 1999 no está en el
cuadro, pero estará- en los que es compatible una bajada de los tipos
de interés y una bajada de las tarifas, ¿sabe qué años son? Los años
1997 y 1998. (El señor Santiso del Valle: ¿Cuál es la cuantía?) ¿La
cuantía? Después le pasaré el cuadro, y también al resto de SS.SS.,
porque creo que les puede interesar a todos. Por tanto, es verdad.
Claro que hay que acompasar la bajada de las tarifas a la bajada de
los tipos de interés, pero es la primera vez que se ha hecho, fíjese
usted.
Otra cuestión: la adaptación a la competencia. Es verdad que se puede
discutir largamente, y además es un excitante ejercicio intelectual.
¿Qué es lo que hay que hacer para que los diferentes sectores
económicos de una economía puedan pasar, desde mercados muy
intervenidos o poco competitivos, a mercados realmente competitivos?
Eso da para varios tratados. Se dice: la industria española ha tenido
que acomodarse a la competencia sin apoyos de este tipo. Bueno,
depende de cómo se mire, porque alguien podría decir que en los
últimos años hemos manejado profusamente el tipo de cambio, o alguien
podría decir que ha habido sectores enteros que han recibido
ingentísimos apoyos de la Administración, en el bien entendido que
probablemente estaban bien dados. ¿O es que cuando se le da más de un
billón a la siderurgia o se le dan nueve pesetas por generación al
sector eléctrico o se subvenciona el carbón, cada año más, eso no es
un regalo y, en cambio, emitir unos títulos para que la gente dé el
dinero y después devolvérselo, eso sí es un regalo? Es algo
absolutamente incomprensible. Aquello sí que se podría considerar un
regalo, porque eran a fondo perdido; fíjese, no eran a devolver, eran
a fondo perdido. A partir de ahí, muchísimas cosas. Al sector textil
se le ha ayudado mucho a través de los planes de reconversión y a la
construcción naval la seguimos ayudando todavía, ¿y qué? Y dice: Y en
las telecomunicaciones ustedes no lo han hecho de la misma manera.
No, porque es un esquema de liberalización distinto, que se ha hecho
porque hay un espacio radioeléctrico y sobre la base de ir
introduciendo nuevas licencias, en las que la compensación de la
transición a la competencia se hace a través del juego de tarifas y
de las tarifas de interconexión. De nuevo, seguro que es un tema
sobre el que deberíamos hablar largo rato porque ahí también se
pueden decir muchas cosas y muchas tonterías, pero son esquemas
distintos y no nos tienen que sorprender. Es como si alguien se
atreviera a decir que la transición a la
competencia en el mercado del gas natural es tímida. Claro que se
puede decir, evidente; pero que lo diga quien consolidó un monopolio
privado en el mercado de gas natural, resulta un tanto fuera de
lugar. (Rumores.) Así podríamos ir poniendo muchísimos ejemplos en el
sentido de que estamos ante un planteamiento que, además, en la
literatura de las liberalizaciones energéticas en todo el mundo está
perfectamente recogido. Insisto, si de la mera instrumentación
financiera de unos anticipos de cobro que después se tienen que
devolver al mercado se sacan todas estas conclusiones completamente
fuera de lugar, tengo que reconocer, de nuevo, que o nosotros nos
hemos explicado mal -cosa que puedo asumir- o que no hay voluntad de
entender y, por lo tanto, cuando no hay voluntad de entender, nunca
lo vamos a conseguir. En cualquier caso, seguiremos insistiendo.
Señor Santiso, sabe usted que le tengo -y además es verdad- un gran
respeto y aprecio porque, aunque discrepamos casi en todo siempre,
normalmente lo hacemos de manera muy civilizada y muy correcta, y he
tomado nota para esta tarde, porque tengo otra comparecencia, como
usted sabe, en la subcomisión de la financiación y del nuevo modelo
de Radiotelevisión Española. Cuando usted dice que no vayamos a otro
conflicto con la Comisión Europea, me gustará ver la coherencia de su
grupo en este tema. Es un comentario, de pasada, que estoy seguro que
me disculpará. Después, ha hablado usted -y también el señor Saura-
de las pretendidas descalificaciones al presidente de la Comisión y
a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico; incluso, ha dicho:
¡Hombre, decir que está politizada! Yo nunca he hablado de
politización. He dicho que alguien podría pensar, por los argumentos
que se utilizan y por las circunstancias concretas, que puede haber
un planteamiento de politización, en el sentido partidista del
término, por parte del presidente de la Comisión. Alguien podría
llegar a pensarlo y razones las hay, como para lo contrario. Desde
aquí le reitero mi respeto personal e intelectual al señor Fernández
Ordóñez, pero también le digo que, de la misma manera que hemos hecho
caso a la Comisión en múltiples ocasiones, creo tenemos también el
derecho a discrepar de las mismas y hacer aquello que consideramos
pertinente. En este caso concreto estamos seguros de que hemos
actuado con corrección; después habrá otras aportaciones de la
Comisión y ya las tendremos en cuenta -o no, dependerá-, pero no creo
que merezca la pena ir más allá en esta cuestión en estos momentos.
Para contestar al señor Hernández Moltó, creo que muchas de las cosas
que ha comentado de alguna forma he podido tratarlas, pero en este
caso me resulta muy difícil porque no he visto ningún argumento
técnico o riguroso en su exposición. Ha sido una retahíla de
descalificaciones. Habla del Senado con nocturnidad y alevosía, de
los compromisos electorales con el sector eléctrico, de la redacción
textual de la enmienda; en fin, eso no vale la pena ni que se lo
conteste porque lo que hace es precisamente reproducir un trozo de la
ley. No quisiera -digamos- utilizar más fuerzas de las necesarias y
dejaría mi respuesta aquí. Gracias. (Varios señores diputados piden
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿hay algún grupo que desee hacer un
turno de réplica, breve, por supuesto? (Pausa.)
Vamos a utilizar el mismo orden que el seguido anteriormente.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: A ver si ahora conseguimos que el Gobierno
y que el señor ministro entienda lo que nosotros entendemos, que,
aunque no es lo mismo que él cree, pensamos que estamos en razón.
Vamos a ver. Lo que ha sucedido ha sido lo siguiente. Hace un año
entró en vigor una ley, que las circunstancias han puesto de
manifiesto que era insuficiente para satisfacer lo que el Gobierno y
las compañías eléctricas pretendían de esa ley. El Gobierno pretende
romper ahora aquella especie de equilibro que se produjo en su
momento entre los distintos agentes, los distintos grupos
parlamentarios y las distintas instituciones.
En aquella ley lo que se ponía de manifiesto era algo que no sé
cuándo entenderá el señor ministro que no era un derecho a las
compañías eléctricas, sino una posibilidad, un hecho que podía
acontecer a lo largo del tiempo. Las compañías eléctricas podían, en
virtud de la liberalización, perder rentabilidad en algunos activos
que ya no fueran competitivos porque entraran otros en acción, otros
que por cierto no entran, y a partir de ese momento hasta el Grupo
Socialista, señor ministro, llegó a coincidir en la posibilidad de
que pudiera haber costes de transición a la competencia. ¿Qué es lo
que sucede ahora? Que las instancias beneficiarias, no satisfechas,
instan al Gobierno para que rompan aquella situación y nos traen un
cambio de aquella ley, de aquel marco. Han roto una especie de
consenso sobre los primeros pasos de liberalización del sector
eléctrico y reconocen como un derecho lo que era una posibilidad. La
prueba de que eso es así es que si no tuvieran la necesidad de darle
categoría de derecho a lo que era un hecho, usted no estaría pasando
el mal trago que está pasando en estas semanas. Eso es una evidencia.
Además, ustedes argumentan como que este reconocimiento de una
cantidad es un ahorro para el sistema y era una cantidad
sustancialmente inferior a los tres billones, que dicen que el sector
hubiera percibido caso de que siguiera funcionando el antiguo marco
legal. No es cierto y le voy a hacer una observación. Sabe usted que
el marco legal se rompió con la Lose. ¿Sabe usted que las compañías
eléctricas recurrieron la Losen? Es curioso que hayamos tenido un
marco legal tan favorable para las compañías eléctricas y que las
mismas lo recurran. Sirva este argumento simplemente para que no
vuelva usted a entrar más en el ahorro del billón y pico de pesetas
para el sector, que era tan beneficioso para las compañías
eléctricas, que lo recurrieron.
A partir de este momento, estamos en una situación en la que usted
pretende que las compañías eléctricas hagan uso del Parlamento para
reforzar una posición que a partir de ahora será asimétrica, en la
que hay alguien que gana:
las compañías eléctricas, el PP y algunos miembros de este Parlamento
que van a apoyar una enmienda, y pierde el resto del país.
Nosotros decimos: si lo de las compañías eléctricas es normal, ¿que
quieren hacer una operación financiera? Que la hagan, pueden hacerla
perfectamente. Si fuera un derecho no tienen porqué recurrir a ningún
cambio legislativo. Además, señor ministro, usted sabe que lo que va
a hacer es conceder el derecho que no tienen y garantizárselo. Es un
eufemismo. Usted dice que el Estado no avala. Si se le incorpora a la
tarifa, si lo anexiona a la tarifa, ¿cómo se llama?, ¿un aval o una
garantía? Una garantía que percibirán de una cantidad que nadie es
capaz de reconocerle que va a tener.
Ya entiendo, señor ministro, que cuando no se coincide con usted
parece que lo que hay es una cierta falta de rigor y de formación
política. Pues no, simplemente es una cosa de sentido común: a partir
de este momento, los ciudadanos pagarán algo que no deben pagar, que
no es seguro que tuvieran que pagar. Es como si alguien pidiera un
crédito acorde con su puesto de trabajo. Imagínese que usted como
ministro pide un crédito a tres años, lo tituliza según su actual
situación y lo cesan dentro de tres meses -no estoy haciendo ningún
pronóstico-, pero, ¿quién asume esos riesgos de la operación? Eso es
lo que está sucediendo, es como si alguien asegurase un siniestro y
cobrase por anticipado suceda el siniestro o no. ¿No le parece
desproporcionado?
Se lo diré de otra manera, ¿no le parece innecesario? Si las
compañías eléctricas quieren hacer un plan de financiación para
nuevas inversiones, tienen un marco legislativo suficientemente claro
como para que vayan a las entidades de crédito y hagan su proyección
de ingresos para los próximos años. Pero, ¿quién se lo prohibe?
Ustedes con esto, señor ministro -no sé si con falta de pedagogía o
no, en cualquier caso sin razón-, quieren hacer algo que sólo va a
perjudicar al conjunto de los españoles; ustedes con la famosa tinta
del calamar o con los argumentos que más que científicos son
barrocos, intentan dar la sensación de que es para beneficiar al
sector, para liberalizar, para disminuir el precio de la tarifa. Nada
de eso -se lo hemos dicho al revés y al derecho- va a suceder. Lo
único que ciertamente va a suceder es que a partir de mañana, si
Convergència i Unió no lo impide -sin duda otras instancias habrá que
lo puedan impedir en el futuro-, todos los españoles sabrán que se
les ha hecho un regalo o un aguinaldo a las compañías eléctricas, que
ustedes han hecho un trato de favor en perjuicio de todos los
españoles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, tengo el tono
habitualmente tranquilo porque creo que las cosas se pueden decir de
muchas formas, pero no por ello son más o menos duras.
Lo que me preocupa es el fondo de la cuestión. Ustedes hablan de que
no hay un aval del Estado, que es una operación por la que se les
anticipa esta cantidad a las compañías eléctricas a través de la
intermediación
bancaria, pero la única similitud que encuentro es una especie de
pignoración. Es decir, que las compañías eléctricas van a poder
pignorar el 4,5 por ciento de la tarifa, obligadamente, eso sí, y
porque el Estado lo permite, a través de las entidades bancarias que
cobren esos recibos. Esto es, el banco tiene una garantía de que se
va a quedar directamente con el 4,5 por ciento de todos los recibos
de la luz en los próximos quince años. A cambio de eso, le anticipan
a las eléctricas la cantidad, según los acuerdos a los que se llegue
con ellas.
Usted dice que tiene la convicción de que esos anticipos van a volver
al sector. Yo no la tengo. Vamos a suponer que se pueda garantizar
que esos anticipos de equis miles de millones, según la compañía, van
a ser destinados a construir centrales de cogeneración como
inversiones para modernizar el parque de generación. ¿Quién me dice
que esos anticipos no van para comprar acciones en los medios, ya que
usted ha citado antes la comparecencia de esta tarde? Porque puede
ser muy atractivo hacer una operación financiera y a través de esto
conseguir mil, dos mil, veinte millones de pesetas, como Endesa o
Fenosa, y meterse en otros negocios. ¿Qué garantías hay de que esos
anticipos son verdaderamente finalistas para modernizar el sector y
que a la larga pueda haber una bajada de tarifas porque el coste real
de generación es más económico? Porque ése debería ser en todo caso
el fin, sin entrar ahora en las cuantías y cantidades de los famosos
costes de transición a la competencia.
Para mí sigue siendo la gran incógnita. No veo ninguna garantía de
que esos anticipos vayan destinados claramente a mejorar el sector,
un sector en el que hay sobrecapacidad de producción, como usted
mismo conoce. Habla de competencia, pero el único mecanismo final que
se me ocurre es romper el pool que actualmente existe en la
competencia, porque en el fondo lo que se le está garantizando es que
en la minicompetencia actual de las seis pesetas, ustedes garantizan
nueve, paguen lo que paguen. Ésa es la traducción simplista, pero en
el fondo es decir: ustedes compitan, me ofrecen el pool diario a
cinco, a 1,20 que sale como decíamos antes, la hidráulica que va a
llegar a cinco y como le cuesta nueve, la ofrece a seis. Al final, la
resultante es que ustedes compensan la diferencia sobre las nueve que
tenía garantizadas anteriormente. No veo la competencia, porque
cuanto peor lo haga una compañía, mayores son sus costes de
transición a la competencia. Ése es el problema que le generaba
también a Hidrocantábrico en su momento el no haber firmado
inicialmente, ya que su evaluación era que aquellas compañías que
tienen mayores costes es porque lo han hecho peor, traduciéndolo al
castellano.
El aval del Estado viene indirectamente en que ustedes garantizan a
los bancos, que al final son los dueños del negocio, que va a
recuperar directamente de la cartera del consumidor, porque se lo van
a quitar del recibo todos los meses y directamente, pase lo que pase,
el 4,5 por ciento. Es una buena garantía para hacer inversiones a
medio y largo plazo. Le hago por tanto, la pregunta: ¿Tienen
garantías de que esos anticipos van a revertir de verdad al sector?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor Piqué, yo voy a incidir nuevamente en
lo de didáctico. No me refiero a usted, sino en general, quizá por
deformación propia mía, porque hace años yo era profesor de
matemáticas en centros de formación profesional, donde había que dar
una enseñanza muy elemental dados los grados del alumnado al que uno
tenía que enseñar. Yo tengo muy claro que el pago del valor de los
CTC se reconoció en la Ley 54/1997, en el párrafo tercero de la
transitoria sexta, donde dice que los costes que se deriven de esta
retribución serán repercutidos a todos los consumidores de energía
eléctrica como costes permanentes del sistema en los términos que
reglamentariamente se establezcan, y su importe nunca podrá superar
el billón 988.000 millones de pesetas. Por tanto, se reconoce aquí ya
que quien paga es el consumidor, reglamentariamente a lo largo de
unos años, y que asciende como máximo, según salgan las valoraciones,
a más un billón 900.000 millones. Entonces uno piensa, y permítame
expresarlo de forma elemental, que en estos momentos se está
vendiendo por todas partes un eslogan: regalo de un billón. Yo voy a
intentar deshacer esto, y eso se hace diciendo que el señor Antonio,
que vive en el cuarto, segunda, de cualquier calle de cualquier
ciudad española, pueda saber que él ya tenía que pagar y ya pagaba
una cantidad. Por tanto, actualmente lo único que pasa es que el pago
se comprometió y definió entonces, y lo que se estableció fue una
garantía de ingresos para las compañías.
Hoy estamos ante una operación -usted lo ha dicho antes- crediticia-
financiera. Las empresas solicitan emitir títulos y, por tanto,
solicitan crédito al sector bancario con garantía, no la nómina, que
es lo que se pide a un particular cuando va a pedir su crédito
personal, sino que como garantía está el cobro de lo aprobado por la
ley del año 1997 como crédito a devolver. Así pues, es sólo una
operación financiera que el gobierno autoriza, pero, eso sí -ahí está
nuestro pero-, que puede tener alguna secuela, que es lo que ha
intentado y lo que intenta paliar nuestro grupo, en bien de respetar
los derechos de los consumidores, de pequeños productores, o que haya
un reparto más correcto, según nosotros, en la distribución de la
retribución.
Por tanto, quede bien claro que nosotros consideramos que no existe
el regalo del billón y que no se paga dos veces, en contra de lo que
hoy vemos que quiere dejar entrever un artículo del presidente de la
Comisión del Sistema Eléctrico. No se paga dos veces, es un
compromiso, que en realidad es financiero, de las compañías
eléctricas con las empresas de banca. Yo creo que, explicado
llanamente a la gente, esto se podía entender. Hemos caído en una
vorágine de mala explicación, y perdone que yo haya insistido en lo
de didáctico, no me refería como crítica a falsos didactas o
pedagogos que puedan tener ustedes, pero no les ha salido muy bien el
tema, que digamos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Tres cosas nada más. Primera, en relación al
intento del señor Piqué de contraponer su rigor intelectual a la
demagogia de los demás y su capacidad o inteligencia ante la
incapacidad de los demás, usted podrá reclamar mucho rigor
intelectual, pero precisamente en este caso usted no puede mostrar
rigor intelectual. Incluso sus aliados le acaban de decir que
precisamente lo que ha faltado es rigor: una enmienda de un billón
300.000 millones y su propia comparecencia ya son una muestra de que
no ha habido rigor intelectual. En esto creo que hay consenso de todo
el mundo, excepto de usted.
Segundo, repetidamente usted habla de la complejidad del tema. Yo
creo que usted no debe hacer esto. Le podría poner dos ejemplos y una
conclusión. Ejemplo: posiblemente las personas que saben más de esto
son las de la Comisión Nacional, que son los que se oponen más; los
que saben más son los que se oponen más. A nivel personal -no sé si
lo debo decir porque nunca hago referencias personales-, yo trabajé
catorce años en Fecsa, hice muchas cosas y me dediqué durante tres o
cuatro años a estudiar tarifas y estudios internacionales y a dar
clases de esto a los empleados. Seguro que usted sabe mucho más, pero
esto del kilovatio/hora me suena. (Risas.) No es una cuestión
personal. Permítame un consejo: no vaya usted por el mundo diciendo
que los demás son tontos y usted listo. Si es un recurso, vale; pero
si se lo cree, la gente que se cree esto acaba mal. Y como no quiero
que usted acabe mal, si es un recurso, ya está; pero no intente usted
decir que la complejidad hace que la gente no entienda lo que usted
dice. Esta era la primera cuestión.
La segunda cuestión es lo que discutimos y lo que no discutimos.
Insisto en que aquí hoy no discutimos la liberalización ni de las
tarifas ni la elegibilidad. Todo esto ya está discutido y el Gobierno
en la ley puede hacer muchas cosas distintas como quiera. No hay nada
que no pueda hacer. Sólo hay un cosa que no puede hacer con esta ley:
reconocer a las empresas eléctricas un billón 300.000 millones de
derechos reconocidos. Usted ha dicho una cosa importante: este año
son 200.000 y nadie puede aventurar lo que pase al año que viene. Es
decir, si nadie lo puede aventurar, ¿cómo sale la cifra de un billón
300.000? Si usted no ha dicho eso, lo retiro, yo lo había entendido
así.
Pero, ¿por qué razón en la ley del sector eléctrico no se cuantifican
los costes de transición? Porque, como se dijo entonces y se dice
ahora, esto es prácticamente imposible saberlo. La prueba es que este
año hay 200.000 y el año que viene bajará al 2 o al 4,5 por ciento.
El procedimiento que se aprobó es que como es un coste de transición
que va a depender de muchas cosas -como usted decía, de la diferencia
entre el nivel tarifario y el nivel de producción- y esto ahora no lo
podemos saber, hagamos la diferencia cada año y démoslos. Esto es lo
que se aprobó y ustedes hoy lo que deciden es cuál es esa diferencia
durante los próximos 15 años. Y, señor Piqué, tengo que decirle que
en la ley actual no consta el derecho de los empresarios. Ésa fue una
batalla entre la Comisión Nacional y el Ministerio de Industria.
Consta con coste. Ahora, que ustedes reconozcan mañana, si lo
aprueban,
como proponen, el derecho de las compañías eléctricas, esto a las
compañías eléctricas no se lo podrá quitar nadie. Usted puede hacer
otras compensaciones, pero a las compañías eléctricas no se lo podrá
quitar nadie. Le pregunto, señor Piqué, si todo el mundo está de
acuerdo en asumir los costes de transición, si tenemos un
procedimiento que funciona, ¿por qué lo cambian? Ésta es la pregunta.
Usted me dice: es que las empresas quieren invertir. Oiga, el
mercado ... yo también quiero invertir, pero por eso no voy a hacer el
recargo de la tarifa eléctrica, sin entrar en argumentos que se han
dado en relación a la sobreproducción. Por tanto, la pregunta que
ustedes no pueden responder es por qué, a pesar de que la actual ley
contempla el pago de los costes de transición y contempla un
procedimiento porque es imposible cuantificar, ustedes cuantifican y
dan derechos. Éste es el problema de fondo.
La tercera cuestión es en relación al tema de la Comisión del Sistema
Eléctrico. Yo no quiero sacar aquí el recorte de prensa que tengo en
relación a que no están fundados, a que son partidistas, etcétera. He
de decir que he podido leerme la memoria de 1997, los seis informes
de ahora y los tres de antes de la Comisión Nacional, que la Comisión
Nacional no argumenta su propuesta -y eso sí que es no habérselo
leído-, sobre todo cuál es la argumentación de las empresas y del
Gobierno para esto. Estamos ante informes completos con números
y ante una ausencia de informes y un intento de colar la ley.
Señor Piqué, si a pesar de todo el problema es que somos tontos y no
entendemos, dénos una oportunidad: retire la ley, tramítela
normalmente y le prometemos que estudiaremos para poder aprender.
El señor PRESIDENTE: Señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, me sobra con un minuto
porque se sobra y se basta el ministro solo para dar contestación a
lo dicho. Hago mío el título de un artículo del ministro Piqué de
hace muy poco tiempo que decía: Ante la evidencia, niega. Es decir,
esto ya está explicado hasta tales extremos y con tal lujo de detalle
que, evidentemente, quien no se ha querido enterar no se enterará. Yo
discuto y no hago mía la frase de que la didáctica ha sido mala.
Quizá lo que podíamos decir es que el mensaje divulgador ha sido
tardío, pero en cada foro, y concretamente en el foro parlamentario y
en donde alguien tiene una capacidad para poder entender las cosas
que son intrínsecamente complicadas, se han dicho con suficiente
tiempo, suficiente número de veces y con suficiente rigor. Ahora
bien, señor presidente, por mucho que se explique, entender algo que
es intrínsecamente complicado exige un esfuerzo de comprensión y unas
ganas de enterarse de qué es lo que se está hablando.
Pero a mí, y con esto acabo, lo que sí me ha llamado la atención es
algo que ha aparecido súbitamente dos veces en el debate, y es la
manifestación del temor a que la vuelta del dinero de los CTC vaya a
los medios de comunicación y a las telecomunicaciones. Eso ha
aparecido dos veces y, a pesar de que el señor Saura lo niegue,
léanlo en el «Diario de Sesiones» y lo verán. Eso a
mí me explica clarísimamente por qué razón y de dónde proceden
determinadas ofensivas mediáticas para que se titulicen los CTC.
Creo que ése es un aspecto no trivial que valdría la pena pensar, y
en ese sentido, si en otro momento procede, también me gustaría
profundizar en el debate de por qué a la larga el sector español,
aunque tenga en ese momento sobrecapacidad de generación por razones
de eficiencia energética y por razones medioambientales, se va a ver
obligado a renovar su parque y a jubilar anticipadamente una serie de
centrales, con lo cual de alguna manera volvemos a alterar los
presupuestos sobre los cuales los CTC estaban calculados. Perdóneme
que se lo vuelva a decir. (El señor diputado muestra unos papeles.)
Está todo aquí, la base de cálculo está toda aquí, está todo
explicado en la memoria desde el año 1997, pero insisto en que hay
que leérselo. Yo no dudo de la capacidad del señor Saura para
calcular tarifas, ni de su experiencia profesional, pero el tener una
experiencia profesional, ni la suya ni la mía, nos avala para que
tengamos siempre razón en lo que decimos; tanto usted como yo podemos
estar durante diez años haciendo las cosas equivocadamente.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): También con toda la brevedad de la que pueda ser
capaz, porque ha habido cuatro intervenciones.
Primero, quiero reiterarme en algo que me parece que es elemental que
yo haga, y es que nosotros consideramos que la Ley del Sector
Eléctrico es un instrumento potente, que está cambiando radicalmente
el funcionamiento del sector eléctrico, que lo va a seguir haciendo,
que todos estos procesos son largos y complejos, pero se ha ido a la
raíz del funcionamiento de un sistema, por tanto es una auténtica
reforma estructural y, por consiguiente, es una ley absolutamente
suficiente. No se puede decir que ahora pensamos que la ley es
insuficiente porque se introduzca una enmienda en una disposición
transitoria, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Es verdad
que todas las cosas que estamos planteando aquí, excepto la de la
afectación y todo lo relacionado con la eventual titulización, lo
permite hacer la ley vigente; por tanto quiere decir que la ley es
válida, y la seguiremos utilizando, y he mostrado antes mi
disposición, a raíz de la intervención del señor González de
Txábarri, a seguir profundizando en esa dirección en la medida en que
sea necesario. En consecuencia, clara defensa de la vigencia de la
ley y desde luego de su virtualidad.
Algunos comentarios muy concretos a algunas de las cosas que se han
dicho. La afectación es como si fuera un aval. Quizá la palabra
pignoración fuera más adecuada, eso sí podía ser más afín al
concepto, pero cuando alguien avala una cosa y el deudor principal no
paga, el avalador directamente paga, sin más. En este caso no estamos
hablando de eso, estamos hablando del aval del Estado no de lo que
paga o deja de pagar el consumidor.
En cuanto a los recursos, es verdad que hubo muchos recursos, pero es
que las eléctricas querían todavía más y esos recursos los hubiera
perdido el Gobierno. Por eso, en la negociación con el sector
eléctrico que dio lugar al protocolo se llegó al acuerdo de que todas
las partes retiraran sus recursos porque, entre otras cosas, una
simple congelación de tarifas -insisto en que nunca se habían bajado
hasta que nosotros llegamos al Gobierno- era claramente contraria a
lo que establecía el marco legal y estable, que hablaba siempre de
incrementos.
Respecto a la intervención del señor Santiso, no es que les
compensemos hasta 9, lo que les estamos diciendo es que puedan pasar
de las 9 a las 6 en condiciones asumibles. Es lo que les estamos
diciendo, y por eso hay unos recortes en los CTC iniciales, la
introducción de un factor de eficiencia de un 32,5 primero, una nueva
rebaja ahora de 250.000 millones. Por tanto, aquí lo que estamos
discutiendo es cómo se puede adaptar un sector que está recibiendo 9
pesetas a recibir 6 de una sola vez. Démosle un tiempo para que pueda
pasar de 9 a 6 de manera razonable. A lo mejor ahora estoy intentando
ya utilizar la didáctica propia de los segundos niveles de enseñanza,
pero el rigor tiene que existir siempre. Es verdad que nadie puede
atribuirse ni toda la verdad ni todo el rigor, y si en algún momento
he dado esa impresión, ruego a SS.SS. que me disculpen, y en
particular el señor Saura, pero el señor Saura ha vuelto a hablar de
recargo y, perdóneme, pero tengo que volver a decir que no es un
recargo. Si eso puede parecer que yo tengo soberbia intelectual, pues
lo siento. Retiro esa apreciación en torno a la frase «no es un
recargo», pero tengo que repetir: no es un recargo.
Por otra parte, que se permita anticipar unos ingresos que, insisto,
hay que devolver al mercado, en determinadas circunstancias es algo
perfectamente entendible, pero es que además hemos puesto los
elementos suficientes -y antes hacía referencia el señor Sedó a eso-
como para que eso no pueda ser en ningún momento irreversible. (El
señor Saura Laporta: Eso no es verdad.) Yo quiero argumentos, no
simplemente decir: no es verdad. (El señor Saura Laporta: Derechos,
la palabra derechos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, si luego quiere usted intervenir,
tendrá la palabra. (El señor Peón Torre pide la palabra.)
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Podemos seguir esta discusión eternamente, pero si
sólo se dice: no es verdad, pues difícilmente llegaremos a alguna
conclusión. (Rumores.) Léanse la enmienda. Dice claramente que si al
final el importe de la titulización es superior a los derechos que
correspondieren en función de los CTC liquidados, el Gobierno
arbitrará el sistema como para que en ningún momento el consumidor
resulte afectado. (El señor Saura Laporta pronuncia palabras que no
se perciben.) ¿Quién paga las tarifas? (El señor Hernández Moltó: Los
consumidores.) Los consumidores. ¿Y quién las cobra? Las empresas.
Pues si los
consumidores pagan menos por una tarifa cobrarán menos las empresas.
Los esfuerzos inútiles generan melancolía, señor presidente, y yo no
voy a seguir por ese camino. Insisto en que nuestra voluntad es
seguir profundizando en la liberalización del sector eléctrico, en
seguir insistiendo en que las tarifas van a seguir bajando en los
próximos años, que nunca antes habían bajado las tarifas, que la
competitividad de nuestros sectores productivos está mejorando y que
la capacidad de mejorar, también desde el punto de vista de los
consumidores, me parece absolutamente clara. En cualquier caso, no
tengo ningún inconveniente en seguir debatiendo este tema ad
infinitum, pero nosotros seguiremos haciendo nuestra política
también.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Peón?
El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, había hecho un ademán para
intervenir como portavoz del Grupo Popular porque me parecía que era
inusitado el sistema de debate por parte de los demás portavoces con
el ministro, cuando ya no era su turno. Pero visto que se ha
reconducido la situación, creo que no es necesaria nuestra
intervención. (El señor Santiso del Valle pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Santiso?
El señor SANTISO DEL VALLE: Se ha olvidado el señor ministro de
contestarme a una pregunta, en el sentido de si hay alguna garantía
de que ese anticipo que pueden percibir las empresas sea finalista
para el sector y no para otras cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Las empresas eléctricas son empresas eléctricas y
muchas de ellas están en un proceso de diversificación de sus
actividades productivas, y desde luego no está en el ánimo del
Gobierno restringir que puedan hacer esa diversificación e ir hacia
otros sectores. Son decisiones empresariales, deben responder ante
sus accionistas. Lo que sí le digo es que tal y como está yendo y va
a ir la competencia, si no invierten en nueva capacidad de generación
lo van a pasar muy mal en el apartado eléctrico de su negocio y, por
tanto, ellas verán; que inviertan allí donde consideren oportuno,
pero desde luego mi recomendación sería que tomaran muy en serio la
necesidad de modernizar completamente su capacidad de generación.
Y de paso, señor presidente, ya que me ha devuelto el uso de la
palabra para contestar una pregunta, también le aclaro algo al señor
Saura. Yo había hablado de que era muy difícil hacer, al día de hoy,
una proyección a diez años más allá de lo que se recoge en la memoria
económica; pero sí le puedo anticipar que si el precio del kilovatio/
hora del próximo año se mueve en torno al que ha habido este año en
el mercado de ofertas -unas
5,7 pesetas-, la recuperación de los CTC del año 1999 estará en torno
a los 150.000 millones. De esos 150.000 millones, el 4,5 por ciento
del total de la tarifa suponen 85.000, y eso es lo que irá destinado
a la titulización, se anticipará la totalidad y será devuelto a los
bancos, entidades y ciudadanos que hayan adelantado el dinero a las
eléctricas, y todavía queda un remanente de 65.000 millones de
pesetas, que sigue siendo el colchón incluido en esos trescientos y
pico mil millones de pesetas que todavía quedan por encima del billón
de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señorías, quisiera darles las gracias, en primer lugar, por su
presencia en la sesión que hemos tenido esta mañana. Habrán podido
comprobar los medios de
comunicación que, cuando menos, el debate ha podido ser exhaustivo y
democrático; hemos podido conocer las posiciones de todos los grupos
políticos y, a partir de ahora, está ya echada la suerte para que
cada uno de ustedes juzgue cuál debe ser la posición final a adoptar
en esta medida que se ha sometido a debate esta mañana.
Antes de levantar la sesión, quisiera desearles a todos ustedes,
incluso a los medios de comunicación, unas felices fiestas. Creo que
para los diputados y diputadas y también para ustedes, los medios de
comunicación, son merecidas, las buenas fiestas de Navidad.
A los servicios que nos asisten siempre en los trabajos de esta
Comisión quisiera desearles también, en nombre de la Mesa y de todos
los diputados y diputadas, unas muy buenas fiestas de Navidad.