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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 600, de 15/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 600
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión núm. 56
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para evitar los problemas ocasionados por la
situación de la presa de Marmolejo (Jaén) en dicha zona,
especialmente, con ocasión de las lluvias. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 161/000623) ... (Página 17492)
- Sobre la situación del transporte ferroviario en Andalucía.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 161/000829) ... (Página 17495)
- Sobre la entrada en funcionamiento del denominado «Puerto
Seco» de Madrid. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/000956)
... (Página 17498)
- Relativa a la construcción de la línea férrea Gandía-Denia.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001186) ... (Página 17500)
- De modificación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley
12/1998, de 18 de septiembre, a fin de que la dotación que
contiene de 41.995 millones de pesetas para Catalunya sea
destinada a financiar nuevas
inversiones de competencia del Estado en obras pendientes
correspondientes al Plan de carreteras de Catalunya. (Número de
expediente 161/001188) ... (Página 17503)
- Relativa al cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable
a actividades subacuáticas. Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/001203) ... (Página 17507)
- Relativa a la gratuidad del servicio de información 1003.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001229) ... (Página 17511)
- Relativa a la gratuidad de los servicios telefónicos de interés
social. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001230) ... (Página 17511)
- Relativa al establecimiento de tarifas telefónicas reducidas en
días festivos nacionales, autonómicos y locales. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001231)
... (Página 17511)
- Relativa a la aplicación del sistema de tarificación por segundos
a las llamadas desde cabinas y apertura de este servicio a otros
operadores en competencia. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001232) ... (Página 17511)
- Relativa a la consideración de servicio mínimo de la cuota mensual
de abono del servicio telefónico y del coste del inicio de la llamada.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001233) ... (Página 17511)
- Sobre la realización de las vías de servicio de Madrigalejo del
Monte (Burgos) en la carretera N-I. Presentada por el Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 161/001175) ... (Página 17518)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA
SITUACIÓN DE LA PRESA DE MARMOLEJO (JAÉN) EN DICHA ZONA,
ESPECIALMENTE, CON OCASIÓN DE LAS LLUVIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000623.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a comenzar esta Comisión de
Infraestructuras, cuyo orden del día se compone de una serie de
proposiciones no de ley. La votación, como es habitual en esta
Comisión, será no antes de la una y media.
La primera proposición no de ley se refiere a medidas para evitar los
problemas ocasionados por la situación de la presa de Marmolejo
(Jaén) en dicha zona, especialmente con ocasión de las lluvias. Ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y para su defensa tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, el tema que nos ocupa hoy con
esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, es la situación que genera la presa de
Marmolejo, que desde el año 1962 es una concesión a la compañía
Sevillana de Electricidad, que tiene licencia para construir
y explotar esa presa en la localidad jienense de Marmolejo, en aguas
del río Guadalquivir, y en la que se produce un
volumen de energía eléctrica importante. Actualmente, sin embargo, su
uso es apenas efectivo, a pesar de lo cual esta presa genera
problemas de inundación muy importantes y reiterados a lo largo de
los años; hubo inundaciones en 1995 -el año 1963 fue el de la gran
riada-, pero durante los últimos años, motivo por el cual presentamos
esta proposición no de ley, se han generado inundaciones en las
tierras de la Ropera, el Sotillo, la Isla y las poblaciones cercanas
a los contornos de esta presa, dando lugar a importantes pérdidas en
la agricultura, que a lo largo de estos años se han ido valorando en
distintas cantidades: 100 millones en 1996, unos 300 en 1997 y unos
130 en el año 1998, pese a que -añado como dato- esta proposición no
de ley está fechada con anterioridad a la última inundación que se ha
producido. Las inundaciones no sólo han afectado a la zona antedicha,
sino también a los cultivos de la margen izquierda del Guadalquivir.
Asimismo han dañado seriamente la depuradora para la ciudad de
Andújar inundando también los polígonos industriales de las riberas
del río y una vía de comunicación. El nivel del lodo que se va
acumulando en cada riada genera un peligro inminente para diversas
zonas de la ciudad de Andújar, como son dichos polígonos
industriales, las tierras agrícolas, el polideportivo municipal y
hasta el propio puente de la autovía de Andalucía, que puede quedar
amenazado a medio plazo.
Señorías, les voy a dar un dato para que comprendan la magnitud del
problema. La presa actualmente tiene un volumen de 15 hectómetros
cúbicos, de los cuales la ocupación de agua es de un hectómetro, y
probablemente, salvo que un estudio, el que nosotros solicitamos,
modifique el dato, solamente un hectómetro cúbico es de agua y el
resto es lodo. El problema es que hay un efecto acumulativo de los
lodos en función de distintas causas. Por ejemplo, en la gran riada a
la que he aludido antes del año 1963
fluía el agua a 3.000 metros cúbicos por segundo y, sin embargo, las
inundaciones fueron menores -ese es el dato que me han dado- que las
acacecidas durante las riadas de estos últimos años. Quiere decirse
que, efectivamente, hay una acumulación de lodos muy importante y por
tanto, lógicamente, lo que corresponde es lo que nosotros solicitamos
en esta proposición no de ley, que dice textualmente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a: 1.o Promulgación inmediata del
decreto de expropiación de los terrenos previstos para su posterior
utilización como receptores de los lodos que habrán de sacarse del
cauce del río. 2.o Limpieza urgente del cauce del río, con
anterioridad a las próximas lluvias, comenzando por la barra, que es
la confluencia del río Jándula con el Guadalquivir, sin renunciar
a la limpieza total del cauce. 3.o En relación a la incidencia de la
presa de Marmolejo, se urge al Ministerio de Fomento o al organismo
que proceda a que se concluyan los estudios técnicos en curso para
que se resuelva de forma definitiva el problema de las sucesivas y
crecientes inundaciones que históricamente viene provocando el río
Guadalquivir sobre las zonas de la comarca de Andújar.
Señorías, como es lógico, desde junio de 1997 hasta la fecha se han
producido acontecimientos que convierten en nada actual el punto
número 1, que habla del decreto de expropiación, que ya se ha
producido, y, consiguientemente, nosotros retiramos este punto,
porque no tiene ya sentido, dado el retraso con el que se está
debatiendo en esta Comisión de Infraestructuras del Congreso nuestra
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado unas enmiendas por el Grupo
Socialista a esta proposición no de ley. Para su defensa tiene la
palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a este tema de la presa de
Marmolejo y a defender efectivamente las enmiendas presentadas, que
no afectan al fondo de la proposición y que como esta se debate 18
meses después de su presentación, lo que hacen es situar las
iniciativas a tomar en el tiempo concreto en el que nos encontramos.
Quiero decir que, después de 18 meses, persiste íntegramente el fondo
del problema, si bien ha habido algunas variaciones.
Este tema no es nuevo, ya ha tenido un recorrido parlamentario.
Concretamente, en marzo de 1997 en la Comisión de Agricultura se
debatió una proposición no de ley de Izquierda Unida sobre lo mismo.
En marzo de 1998, un año después, en la Comisión de Medio Ambiente se
debatió una proposición no de ley del PSOE, que fue negociada
y pactada con el Ayuntamiento de Andújar y con los afectados en la
plataforma que han constituido. Ambas fueron rechazadas por el Grupo
Parlamentario Popular y el problema con el que nos encontramos al día
de hoy es que en la presa de Marmolejo, por una deficiente ubicación
en su construcción, por unas nulas condiciones de mantenimiento y por
un aterramiento del cauce debido a los múltiples años en que no se ha
actuado ni se ha hecho nada, en un trayecto de 15 kilómetros, desde
el casco urbano de Andújar hasta la propia presa, por dicho
aterramiento y con pluviometrías normales se producen unas
inundaciones que están ocasionando daños importantes, no solamente en
los
cultivos, como decía el portavoz de Izquierda Unida, sino también en
zonas ya del casco urbano de Andújar, afectando a polígonos
industriales, vías de comunicación, depuradora, etcétera. Es urgente
corregir esta situación. Desde que se vio nuestra proposición no de
ley en marzo de 1998, insisto, no se ha atacado el fondo del
problema, y sirva como ejemplo que en el invierno del año 1995-1996
se anegaron 200 hectáreas de terreno y en el año 1997-1998, con una
pluviometría equivalente, se han anegado 600, es decir, tres veces
más. Por tanto, es una espiral que hay que cortar rápidamente porque
sus efectos cada año son bastante perjudiciales para decenas de
agricultores, pequeños propietarios de 2 ó 3 hectáreas que viven de
estos recursos que les da la agricultura en esta zona.
Entrando a comentar las emniendas que hemos presentado, la primera ya
no tiene sentido, en tanto en cuanto el punto a que hace referencia
ha sido retirado por el propio portavoz de Izquierda Unida;
efectivamente solicitábamos retirar ese primer punto porque se ha
procedido al pago de las expropiaciones, si bien casi 3 años después
de que no hayan podido utilizar las tierras, pero afortunadamente en
abril de 1998 se produjo el pago.
Al segundo punto, el de la limpieza urgente del cauce del río,
nosotros añadimos una enmienda diciendo que en cuanto a la limpieza
urgente, hace 3 años, cuando empezamos a hablar de este tema,
probablemente hubiera sido suficiente limpiar lo que se denomina la
barra, que es la confluencia del Jándula con el Guadalquivir. Hoy
día, con el grado de aterramiento, no es suficiente y lo que pedimos
es que los trabajos -que por fin se han iniciado en octubre de 1998,
si bien no han empezado a limpiar los lodos todavía, y estamos en
diciembre- se realicen en el trayecto de 15 kilómetros que hay entre
el casco urbano de la ciudad de Andújar y la propia presa de
Marmolejo, que es la zona afectada, y en todo ese tramo hay
aterramientos y se producen inundaciones.
En tercer lugar, se habla de algo que ya pedimos, que el Ministerio
de Medio Ambiente o el organismo que proceda haga un estudio técnico
que evalúe cuál es el problema y cuáles son las soluciones al mismo,
y a partir de ahí negociemos en un plazo razonable de tiempo hacer
frente a esas soluciones. Como en marzo de 1998, por razones
difíciles de entender, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra
de esta propuesta, creemos que a estas alturas del curso estamos para
poca filosofía y sí para muchos hechos. Por tanto, el matiz que le
añadimos como enmienda es que ese estudio se presente en un plazo de
3 meses, al objeto de que no tengamos que conformarnos con que este
otoño está siendo seco y por tanto el problema no se está
reproduciendo, pero, claro, no podemos depender tanto de la
benevolencia de los dioses cuanto de que las lluvias lleguen o no
lleguen.
Finalmente, añadiríamos un cuarto punto que nos parece muy
importante. En el año 1995-1996 los daños causados por las
inundaciones ascendieron a noventa y tantos millones de pesetas, que
fueron pagados como indemnización a los afectados. Pues bien, en los
años 1996-1997 y 1997-1998 los daños producidos por las mismas
inundaciones son de más de 300 millones de pesetas. Los afectados, ya
cansados de recurrir a la Administración, han ido a los tribunales, y
desde luego no nos parece la vía más adecuada.
Creemos que el Gobierno, aclarando con la companía Sevillana a quién
corresponde el pago de esos daños, debe hacer las gestiones oportunas
para hacer frente al pago de estas indemnizaciones, insisto,
haciéndole a la Sevillana cumplir sus compromisos, los que fueren.
Nosotros lo que solicitamos es que estos daños se paguen a los
afectados sin necesidad de que tengan que recurrir a los tribunales,
como, insisto, ya lo han hecho y está pendiente de resolución.
Estas son nuestras enmiendas y esperamos que sean votadas
afirmativamente porque creemos que hacen frente de una manera lógica
y razonable al problema que hay presentado, que está afectando a más
de 150 pequeños agricultores, cuyo único recurso, insisto, son los
cultivos en torno a esta zona afectada por las inundaciones de la
presa de Marmolejo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
De Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: La verdad es que el tema viene siendo ya
excesivamente recurrente, yo diría que hasta la terquedad, por cuanto
que está ya solucionado. El 18 de marzo de 1997 por parte de
Izquierda Unida se presentó una proposición y otra el 30 de julio de
1997, a la que se formuló por parte del Partido Popular una
transaccional, que consistía en urgir al Gobierno a que hiciera algo
que ya estaba haciendo. En cuanto a la tercera proposición, que se
presentó el 10 de marzo de 1998, del Partido Socialista Obrero
Español, se votó en contra por cuanto nos parecía poco razonable que
también se instara al Gobierno a que hiciera una cosa que ya estaba
haciendo, y en su consecuencia se votó en contra precisamente por
eso.
De esta proposición, que, como digo, ya viene siendo más que
recurrente, hasta la terquedad, de los tres puntos han retirado el
primero, porque, claro, es que se llegó por fin a materializar ese
trabajo que estaba realizando el Gobierno, y que era por lo que no se
aprobaba, en el acto de promulgar el decreto de expropiación de las
150 hectáreas, que se han pagado a razón de unos 800 millones, unos 4
millones y pico la hectárea, precio en el que, concordado ya con los
mismos colonos, iban incluidos los daños de las inundaciones. Otra
cosa muy distinta es que se quieran meter aquí las inundaciones del
Sotillo. Señorías, yo quiero decir que el tema lo conozco muy bien
porque he sido alcalde de la ciudad; en consecuencia el tema me lo
conozco estupendamente. Las inundaciones del Sotillo son cosa aparte
y entran dentro de un decreto de regulación general. Además debo
decir que el señor portavoz de Izquierda Unida está muy equivocado,
por cuanto que la riada de 1963 fue la más grande que se ha
registrado en toda la historia de Andújar y no existía la mencionada
presa de Marmolejo.
En cuanto al resto de los daños ocasionados, en depuradoras, en el
polideportivo y en el puente de la autovía, debo decir que la
depuradora y el polideportivo están hechos por los alcaldes del
Partido Socialista en terrenos de dominio público, concediendo
licencia, que han cobrado -repito, en terrenos de dominio público-, y
para evitar en lo sucesivo toda esta serie de reclamaciones, el
Partido Popular
está tomando una medida que es muy normal, que es deslinde del
dominio público. Obviamente, si alguien proyecta una depuradora en un
cauce de dominio público, lo menos que puede esperar es que en su día
se inunde, como efectivamente ha sucedido, y que los mil y pico
millones que se han gastado en la depuradora hayan sido papel mojado.
De manera que en ese aspecto debe usted informarse y mucho me temo
que alguien lo tenga a usted engañado.
Por lo que respecta a la limpieza urgente del cauce del río, debo
decirle que basta un simple paseo para ver que toda la zona de la
Ropera está llena de bulldozers, de camiones y de palas excavadoras
-por cierto, anteayer se cayó una al río-, que han sacado ya más de
un millón de metros cúbicos de lodo, por lo cual eso también queda
arreglado. En relación con la barra, señor Pliego, no es la barra, es
una isleta que había muy pequeña en la confluencia del Guadalquivir
con el Jándula y que, a medida que se han ido acumulando lodos, ha
ido creciendo y esa isla, si se molesta usted un poquito en ir por
allí, en vez de a otras cosas, a cumplir con su obligación como
diputado, verá que se está quitando con un enorme y gran esfuerzo.
(Rumores.)
Sevillana pagó 135 millones de pesetas y las expropiaciones han
costado al Gobierno de la nación más de 800, con lo cual todo el tema
está más que arreglado. Además, una vez que se han retirado los
lodos, por parte de la Confederación Hidrográfica se está haciendo
una batimetría, que va a permitir entender el curso de las aguas en
el río Guadalquivir y saber cómo se van a comportar. Una vez que se
tengan esos estudios, se decidirá si la concesión de Sevillana se
rescata, si no se rescata y si la causa verdadera es la presa de
Marmolejo, y se procederá en consecuencia.
Dado que todas estas actuaciones se han realizado y dado que en 13
años de Gobierno socialista no han llevado a cabo ni una sola
intervención, habiéndose producido esas inundaciones, con los efectos
señalados en las explotaciones de esos colonos cuyas tierras tanto le
duele al señor Pliego que se hayan inundado, y que no es cierto,
porque se inundan normalmente, como toda Andalucía se inundó el año
pasado con la lluvia, una vez que se hayan hecho todos estos
estudios, repito, se verá si procede el derribo de la presa y el
rescate de la concesión de Sevillana o no.
En consecuencia, como todo esto es añejo, está ya más que debatido y
no solamente debatido, sino solucionado el problema, votaremos en
contra de cualquier proposición o enmienda que haya presentado el
Grupo Socialista o Izquierda Unida. (El señor Pliego Cubero pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pliego, ¿a qué efectos me pide la palabra?
El señor PLIEGO CUBERO: Señor presidente, a los efectos de cualquier
artículo del Reglamento que me ampare para poder contestar a la
alusión indebida de que he sido objeto por el diputado Luis de
Torres.
El señor PRESIDENTE: Como usted sabe, en estas discusiones de
proposiciones no de ley no hay réplica. Ha sido usted en efecto
aludido y entonces tiene un minuto para contestar a esa alusión, pero
no para replicar al tema que estamos tratando.
El señor PLIEGO CUBERO: Me parece extraordinariamente burdo,
desagradable y desde luego de poca cortesía parlamentaria que para
defender las ideas o el posicionamiento político de un grupo
parlamentario un diputado utilice alusiones que no aclara. Por tanto,
cuando dice que me dedique a otras cosas -no se referirá
evidentemente al caso Zamora porque nunca he estado en esa
provincia-, sí le rogaría que aclarara ante esta Comisión lo que es
para poder defenderme de manera suficiente, y si se refiere a algo de
mayor entidad, como él sabe dónde están los tribunales, lo suyo sería
recurrir y no dejar en el aire esas entelequias que solamente
responden a la falta de capacidad, como mínimo personal, cuanto no
política, para poder hacer frente a las propias responsabilidades.
(El señor De Torres Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor De Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Yo lamento que el señor Pliego haya
entendido esto como una maldad, porque lo que sí debo de reconocer es
que la vez pasada el único que cometió maldades, por lo menos en lo
que respecta a mi persona, y no le dije nada, fue él conmigo, que me
dijo que estaba haciendo un papelón. Ahora me parece que el que está
haciendo el papelón es él.
Cuando yo le he dicho eso, señor Pliego, si usted lo ha tomado por
otro sitio, lo siento, le pido excusas, todas las que haya que pedir,
porque no ha sido esa mi intención. Yo me refería a que si va usted
por allí, a Andújar, se dedique a visitar estos sitios, en vez de ir
a hacer demagogia y hacer declaraciones que faltan total y
absolutamente a la verdad, y eso se lo puedo demostrar con la prensa
en cuanto usted lo decida.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, tiene la palabra para que
manifieste si acepta las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor VAQUERO DEL POZO: Con la terquedad que los hechos avalan, yo
acepto las enmiendas del Grupo Socialista y mantengo la proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: ~ será votada con la incorporación de las
emniendas del Grupo Socialista.
- SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN ANDALUCÍA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000829.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley,
sobre la situación del transporte ferroviario en Andalucía, de la que
es autor el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su
defensa tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: La situación del transporte ferroviario en
Andalucía, tanto de mercancías como de viajeros, es sin duda alguna
una demanda del pueblo andaluz y no responde a las necesidades que
tenemos,
económicas y de todo tipo. La política ferroviaria que se viene
aplicando en Andalucía no responde a los criterios de desarrollo
armónico de las infraestructuras que permitan una potenciación del
desarrollo sostenible y equilibrado de esta zona del Estado español
que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, tan amplia como el
territorio de todo Portugal. (Rumores.) A la situación de
insuficiencia que estructuralmente ha tenido siempre el ferrocarril
en las provincias de Almería, Granada y Jaén
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio para que pueda intervenir el
señor portavoz.
Continúe, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Me estaba refiriendo a que a esta
situación de insuficiencia que han tenido estas provincias de
Almería, Granada y Jaén se ha venido a sumar el grave deterioro y el
desmantelamiento propiciado por las políticas de restricción del
gasto público y la privatización que se viene llevando a cabo, que
imponen al servicio ferroviario el inadecuado criterio de la
rentabilidad económica.
Nosotros sostenemos que el ferrocarril es un servicio público cuya
rentabilidad en cualquier caso debería ser siempre contemplada desde
el punto de vista social y del equilibrio interterritorial que presta
dicho modo de transporte. Asimismo, consideramos importante el uso
del ferrocarril dadas las ventajas ecológicas que tiene sobre
cualquier otro tipo de transporte. Sin embargo, esta política de
restricción de gasto público ha primado hasta el presente los
criterios de tipo economicista respecto a los que anteriormente he
citado. Así, se han cerrado líneas ferroviarios de conexión con el
levante y con otras provincias andaluzas desde el oriente andaluz,
con la excusa de la escasa rentabilidad económica, y se han empeorado
o deteriorado algunos servicios de líneas provinciales, mientras que
por otro lado la política de comunicaciones se reducía a potenciar la
conexión de las distintas provincias andaluzas con la capital
andaluza, Sevilla, mediante una red radial de autovías, y la conexión
de Sevilla y Andalucía occidental con Madrid mediante la línea
ferroviaria de alta velocidad, el AVE. De este modo, las cuantiosas
inversiones que se han producido destinadas a la red de
comunicaciones se han aplicado de forma desequilibrada y con ello se
ha conseguido que en este diseño quedara postergado el servicio
ferroviario de las provincias más orientales de Andalucía, las que he
citado. Ello viene siendo un obstáculo para el desarrollo económico
de estas provincias, que son precisamente unas de las que más bajo
nivel de renta tienen de toda España, a excepción de Almería, por
razones de la muy reciente prosperidad económica en función de la
implantación de las nuevas técnicas de cultivos, fundamentalmente en
la costa.
La Plataforma del ferrocarril del oriente andaluz, donde se integran
representantes de los sindicatos, la patronal, cámaras de comercio y
de todos los partidos que componen el arco parlamentario andaluz -es
decir, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español de
Andalucía, Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y
Partido Andalucista-, además de numerosos ayuntamientos y de las tres
diputaciones provinciales, han convocado en numerosas ocasiones a la
movilización en las tres provincias, a
fin de reivindicar una solución al problema. Es, por tanto, un
problema muy sentido que no traemos aquí de forma gratuita. Sin
embargo, estas exigencias siguen sin ser atendidas y sin rectificarse
consiguientemente los criterios economicistas a los que he aludido y,
por contra, se anuncian nuevas e importantes inversiones que van a
seguir el mismo criterio de dejar sin cubrir las necesidades de
infraestructuras en esta deprimida zona del Estado español y de
Andalucía. Por ello se convierte en necesidad de primer orden que
tanto el Gobierno del Estado como el de la Junta de Andalucía sean
urgidos por el Congreso de los Diputados y el Parlamento andaluz,
respectivamente, a fin de que asuman la prioridad que deben conceder
a las exigencias antedichas.
Señorías, no nos cabe la menor duda que el presupuesto del Estado es
una manta que difícilmente tapa a todos y que cuando se tira de una
esquina hay otros que se quedan destapados. Ese es el problema con el
que nos estamos encontrando en Andalucía. Si se producen aves por
otros lados, vuelan nuestras esperanzas de que haya un ferrocarril
digno y adecuado en estas provincias citadas.
Por todo ello, nosotros presentamos la siguiente proposición no de
ley, que leo porque es muy compleja y porque sus puntos son muy
exactos y muy concretos: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que adopte las siguientes medidas: 1.o Que ordene a la
empresa nacional Renfe que se abstenga de restringir los servicios
ferroviarios tanto de viajeros como de mercancías que actualmente
presta a las provincias de Almería, Granada y Jaén. 2.o Que suscriba
con la Junta de Andalucía un protocolo o convenio a fin de concertar,
financiar y acometer, entre otras, las siguientes realizaciones: 1.
Mejora del trazado y electrificación de las redes provinciales de
Almería, Granada y Jaén que permita velocidades de 200-220
kilómetros/hora. 2. Nueva conexión de Granada y Almería con el
levante. 3. Desdoblamiento de la línea Granada-Despeñaperros y
adecuación y mejora para alcanzar velocidades de 200-220 kilómetros/
hora con tecnología Talgo en el itinerario Almería-Granada-Moreda-
Linares-DespeñaperrosMadrid, mejorando el horario a fin de obtener
una utilización intensiva del servicio. Señorías, permítanme la
anécdota, yo esta mañana creía que no iba a llegar a punto a esta
Comisión para defender esta proposición no de ley, después de haber
estado en el tren, viniendo desde Granada, desde las once y cuarto de
la noche hasta las nueve menos cuarto de la mañana exactamente. 4.
Mejora del eje transversal Sevilla-Bobadilla-Granada-Moreda,
adecuando los tramos Utrera-La Roda y Bobadilla-Granada, para
alcanzar velocidades de 200-220 kilómetros/hora y posibilitar una
mejor conexión entre el oriente andaluz y las provincias occidentales
de Andalucía, y por tanto una mejora de la articulación territorial
de Andalucía del servicio público ferroviario. 5. Creación de la red
Málaga-Motril-AdraAlmería- Murcia. 6. Finalizar el acondicionamiento
y creación de un by-pass en Espeluy para mejorar la comunicación
directa entre Jaén-Linares-Baeza y Jaén-EspeluyAlcolea, para alcanzar
una velocidad de 200-220 kilómetros/ hora y con ella una mejor
conexión entre el área nororiental de Andalucía con la parte más
occidental. 7. Construcción de un terminal de tráfico intermodal en
Andújar, en el polígono de Olivareros de Jaén, así como la apertura
del ramal entre Linares y los Salidos, la reapertura de la
estación de Vilches al tráfico para productos agroalimentarios
y otras que permitan la potenciación del transporte ferroviario de
mercancías en zonas de desarrollo endógeno preferencial. 8. Creación
de la conexión ferroviaria del puerto de Motril con Granada. 9.
Mantener y abaratar al coste el servicio del transporte ferroviario
del mineral de hierro de la mina de Alquife hasta el puerto de
Almería. 10. Potenciar intercambiadores modales de transporte, al
objeto de facilitar el intercambio de mercancías y viajeros,
priorizando entre otros los que conecten los puertos de Motril y
Almería, así como los centros de transportes de mercancías (CTM) de
las áreas metropolitanas antes del año 2000. 11. Reactivación y
viabilidad de futuro para las líneas en desuso o con serias
posibilidades de ser cerradas.
Señorías, Andalucía es una tierra que sin duda alguna es paciente, es
en esto senequista, pero en cualquier caso la paciencia tiene siempre
un límite, sobre todo cuando hay agravios comparativos como el que,
si no he citado, sí al menos he insinuado.
El señor PRESIDENTE: Han sido presentadas a esta proposición no de
ley enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que
llama el propio grupo de modificación pero que yo entiendo más que es
de sustitución de la moción, tiene la palabra el señor García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar la posición sobre la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. He leído y oído atentamente dicha proposición no de ley y la
verdad es que me han venido a la memoria tiempos pasados, historia,
situaciones desagradables, investigaciones, tribunales decuentas,
etcétera, situaciones en relación con las cuales, en definitiva, ni
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ni el Grupo Popular somos
culpables de la política ferroviaria seguida en España en los últimos
años, y más concretamente en Andalucía. La situación del tren en una
parte de Andalucía ha carecido del más mínimo interés por parte de
los gobiernos anteriores, dejándola en el mayor de los olvidos, si
bien sí se hace una pequeña referencia en el PDI (Plan director de
infraestructuras) 1993-2007, aprobado, por cierto, en diciembre de
1995.
La política ferroviaria del Gobierno hasta el momento es la correcta
y va muy ligada a la política presupuestaria: 356.000 millones
presupuestados para el año 1999 es una cantidad importante y la de
mayor cuantía de los últimos años. De hecho, y entrando en la
proposición, se están realizando voluntades no sólo políticas sino
materializadas,como las que a continuación explicaré.
Se hace notar que varios de los apartados que Izquierda Unida pide en
su proposición no de ley ya se han tratado en esta misma Comisión.
Concretamente, el pasado día 24 seaprobó una proposición no de ley
del Grupo Popular para enlazar Almería con levante. Otros se están
realizando, como el by-pass de Espeluy, en la provincia de Jaén,
obras que suponen una reducción del tiempo de viaje evitando el
retroceso de trenes y que se han licitado este mismo mes de
diciembre, estando previsto que se inicien en el mes de
abril de 1999 y con plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto
de 920 millones de pesetas. Otros son de difícil realización por
parte del Gobierno, como la línea Sevilla- Bobadilla-Granada,
habiendo sido suscrito un convenio con la Junta de Andalucía, en el
que se incluyen varias obras de infraestructura que realiza ésta.
Una vez estudiados estos puntos, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda en la que queda recogido el resto de la
proposición no de ley y que creo que puede ser aceptada por el grupo
proponente, así como por el resto de los grupos parlamentarios. Esta
enmienda viene como sigue: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a: 1. Mantener en su actual estado los servicios
ferroviarios tanto de viajeros como de mercancías que presta en las
provincias de Almería, Granada y Jaén. 2. Elaborar los estudios
pertinentes que permitan la modernización y mejora de las redes
ferroviarias provinciales de Almería, Granada y Jaén, contemplando en
ellas las instalaciones técnicas necesarias que faciliten la
captación e intercambio de tráfico tanto de viajeros como de
mercancías.
Con esta enmienda desde el Grupo Popular queremos prestar el máximo
apoyo a la red ferroviaria de Andalucía, sobre todo de la parte
oriental, que durante tanto tiempo ha sido olvidada y que poco a poco
tendremos la obligación de ir poniéndola otra vez en el estado que
necesitan las provincias de Almería, Jaén y Granada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista se ha presentado también
otra enmienda de modificación y para su defensa tiene la palabra el
señor García de Viana.
El señor GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS: Tomo la palabra para expresar la
posición del Grupo Socialista sobre la proposición no de ley
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida en relación con la
situación del transporte ferroviario en Andalucía.
La implantación del ferrocarril en Andalucía, como prácticamente en
el resto de la nación, tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX,
desarrollándose sobre todo en la primera mitad del siglo XX, cuando
aún no existían las competencias del automóvil. Las líneas
ferroviarias que se muestran desde nuestra comunidad se crean
asociadas a las extracciones mineras y a las explotaciones agrarias
enfocadas a las exportaciones, estando muy condicionadas por el
relieve del terreno y los emplazamientos portuarios.
Con la constitución de Renfe en los años cuarenta, la red andaluza se
integra en el conjunto de la red nacional, al unificarse su gestión y
explotación por el Estado. La red se mantiene con la misma
configuración prácticamente hasta los años noventa. La falta de
acondicionamiento de los trazados y de la modernización de los
servicios, unida a la competencia del transporte por carretera, tiene
como consecuencia un proceso continuado de pérdida de cuota de
mercado y de rentabilidad económica que desemboca en el cierre de más
de 400 kilómetros de línea entre las décadas de los sesenta y los
noventa.
Aunque la función de la carretera como modo de transporte
predominante es clara, el ferrocarril posee características que
aconsejan ampliar su participación en el sistema general de
transporte, pudiendo afirmarse que este sistema es el que ocupa menos
espacio y es el más eficiente técnica
y económicamente en cuanto a volumen de pasajeros y mercancía
transportada, teniendo una mayor eficacia energética y un menor
impacto medioambiental.
Por ello, en los años noventa se inicia un período de potenciación
del ferrocarril, efectuándose las grandes obras de electrificación y
nuevo acceso a Andalucía, destacando la construcción del AVE Sevilla-
Córdoba-Madrid, y con las actuaciones que la Junta de Andalucía
realiza y está realizando en el eje ferroviario transversal de
Andalucía, consistentes en la mejora de trazados y variantes donde se
pueden alcanzar velocidades del orden de los 200 kilómetros/hora, la
renovación de vías, actuaciones de reparaciones y restitución y
mejora de los sistemas de seguridad, se ha conseguido que desde 1993
a 1997 se haya pasado de 2,05 millones de viajeros al año a 3,50
millones, es decir, un 70 por ciento más; y en el año en curso se
espera transportar más de 4 millones de pasajeros, duplicándose
prácticamente la demanda del año 1993. Esto pone de manifiesto la
vitalidad del ferrocarril y de su utilización, siempre que las
infraestructuras se modernicen, los servicios se mejoren y los
horarios se adecuen a las necesidades de los usuarios. Para ello es
imprescindible que el Gobierno también efectúe las inversiones
necesarias para mejorar las redes de su competencia en Andalucía, que
sirvan para vertebrar todo el territorio andaluz y conectarlo,
mediante un ferrocarril moderno y competitivo, con las comunidades
limítrofes y, a través del arco mediterráneo, con los demás países
miembros de la Unión Europea.
Esos son los objetivos de esta proposición no de ley a la que el
Grupo Socialista ha presentado unas enmiendas que esperamos sean
aceptadas por el grupo proponente. La primera afecta a la medida
número 1 y consiste en incluir la provincia de Huelva, que aunque se
encuentra justo en el otro extremo -es la provincia más occidental de
Andalucía-, tiene los mismos problemas que las provincias de Almería,
Granada y Jaén, e incluso en estos momentos se ve amenazada con el
cierre de la línea Huelva-Zafra, que puede tener una gran
repercusión, fundamentalmente en el transporte de mercancías desde
Huelva a la comunidad extremeña.
La segunda es una enmienda técnica al número 2.2 y tiene como
finalidad recoger la necesidad de conectar la conexión de Granada y
Almería con el arco mediterráneo mediante el servicio Euromed,
utilizando los mismos términos empleados en la proposición no de ley
número 9 de la Comisión del día 24 de noviembre, presentada por el
Grupo Popular y aprobada por unanimidad, y en la proposición no de
ley número 5 de la Comisión del día 9 de diciembre, presentada por el
Grupo Mixto y aprobada por mayoría.
Las emniendas a los puntos 5 y 8 son de sustitución y están motivadas
porque debido a la envergadura de los nuevos trazados, a la
complejidad de los mismos y a lo accidentado del terreno, creemos más
conveniente proponer que se realicen los estudios necesarios como
paso previo a la realización de las obras.
Por último, desearíamos presentar una enmienda in voce para incluir
en el apartado 7 la creación de una terminal de tráfico intermodal en
Bobadilla que facilite la potenciación del tráfico ferroviario de
toda la comunidad andaluza por su situación estratégica con relación
al puerto de Algeciras y al resto de la red de interés general
regional.
El señor PRESIDENTE: Voy a dar ahora la palabra al señor Vaquero para
que se pronuncie sobre las enmiendas presentadas, incluida esa
enmienda in voce que ahora se hace, si no hay oposición por ningún
otro grupo.
Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DELPOZO: Nosotros creemos que la propuesta de
enmiendas que hace el Grupo Socialista es enormemente constructiva y
además de mejorar técnicamente el punto 2, sin duda alguna completa
nuestra proposición no de ley, en la medida en que incluye la
provincia de Huelva.
En nuestra proposición no de ley nunca hemos tenido la intención de
segregar ninguna provincia andaluza y creemos que efectivamente es
correcto, que Huelva tiene los mismos problemas que las provincias
que nosotros hemos incluido en nuestra proposición no de ley y, por
tanto, la aceptamos, al igual que aceptamos también nuestro olvido,
que incluso se nos había hecho notar por parte de aquellos sectores
sociales a los que nosotros representábamos en esta proposición no de
ley, del centro intermodal de Bobadilla. Efectivamente es importante
la enmienda que sobre el punto 7 también plantea el Grupo Socialista.
Respecto a las enmiendas de sustitución del punto 5 y 8 para eliminar
el carácter categórico de nuestra formulación y plantear que se hagan
los estudios previos a la creación de las redes que nosotros
proponemos, sin duda alguna, aunque de alguna forma rebajan el nivel
de aspiraciones nuestro, entendemos que es también razonable lo que
se plantea por parte del Grupo Socialista. Aceptamos, pues, el
conjunto de las propuestas del Grupo Socialista.
No así ocurre, sin embargo, con la enmienda del Grupo Popular, porque
comprendemos, por un lado, que dicho grupo tiene que apoyar al
Gobierno y que por tanto es normal que le evite compromisos
concretos, pero en cualquier caso nosotros estamos aquí para plantear
soluciones y compromisos concretos que deben venir del Gobierno y que
de ninguna forma pueden quedarse en papel mojado en función de
aprobar entre todos buenas intenciones sin más. Nosotros lo
entendemos pero no podemos asumirlo.
El señor PRESIDENTE: Ruego al señor García de Viana que nos haga
llegar la enmienda in voce para incorporarla, ya que esta proposición
no de ley se votará con las enmiendas del Grupo Socialista aceptadas
por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
- SOBRE LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL DENOMINADO «PUERTO SECO» DE
MADRID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000956.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley sobre
la entrada en funcionamiento del denominado «Puerto Seco» de Madrid,
que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para cuya
defensa tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Señorías, no es esta la primera vez que el
Grupo Parlamentario Popular muestra su interés por la construcción
del «Puerto Seco» de Coslada que, como se recoge en la exposición de
motivos que acompaña nuestra proposición no de ley, pretende enlazar
Madrid a través de la línea férrea con los cuatro principales puertos
españoles: Barcelona, Bilbao, Algeciras y Valencia. Las previsiones
iniciales hablan del paso de entre 75.000 y 120.000 contenedores al
año, que a buen seguro se incrementarán en el momento en que se
incorporen a esa iniciativa otros puertos nacionales o extranjeros.
No cabe duda de que la creación y desarrollo de zonas de actividades
logísticas que favorecen la intermodalidad entre los distintos medios
de transporte son, cada vez más, una pieza fundamental para el
intercambio y movimiento de mercancías en el mundo competitivo
actual. Ello incide en la importancia de acelerar su construcción
para consolidar el «Puerto Seco» de Madrid como la pieza básica de la
red intermodal interportuaria española. Además, como diputado por
Madrid, quiero manifestar mi especial satisfacción por el impacto
económico y social tan importante que este proyecto va a tener sobre
el corredor del Henares, zona que, como SS.SS. conocen, está incluida
en el Objetivo 2 de los fondos Feder de la Unión Europea. Por ello
merece una especial atención. Este proyecto, que está creando una
gran expectación social en su entorno, se suma a otros del mismo tipo
existentes en la zona, como el centro integral de tansportes
internacionales de Coslada, el polígono de actividades logísticas, la
estación ferroviaria de Vicálvaro o los polígonos industriales de la
zona especializados en gran medida en actividades logísticas y de
transporte. Ello refuerza y consolida el área de Coslada como
plataforma logística dentro de la Comunidad de Madrid, y también
-quizá lo más importante- como foco de generación de empleo. Por
último, y no menos importante, es necesario destacar el impulso dado
con este proyecto al tráfico ferroviario frente al de carretera, con
lo que implica respecto al incremento de seguridad vial y a la rebaja
de los costes en el transporte.
Por todo ello, señorías, presentamos esta proposición no de ley
encaminada a acelerar lo máximo posible la entrada en funcionamiento
del «Puerto Seco» de Madrid, iniciativa para la que solicitamos el
apoyo de los restantes grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Aunque a esta proposición no de ley no se ha
presentado por escrito ninguna enmienda, la Presidencia de la Mesa
tiene conocimiento de que hay una enmienda in voce que presenta el
Grupo Socialista. Para su defensa y para exponer su posición ante la
proposición no de ley, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, esta proposición no de ley
la vemos con la naturalidad con que vemos iniciativas parlamentarias
o proposiciones no de ley que los diferentes grupos plantean en el
sentido de instar al Gobierno a que los organismos de él dependientes
dinamicen o impriman un ritmo superior a la ejecución de obras o a la
adjudicación de servicios. En ese sentido nos parece que debe ser
apoyada por el grupo Parlamentario Socialista, habida cuenta de que
se trata de una iniciativa que viene de varios años atrás. Empezó a
gestarse en el año 1995, si
bien podemos remontarnos a etapas anteriores, pero no es menester
hacerlo en la defensa de esta posición de grupo. Nos parece que en el
proceso que se ha seguido en los últimos tiempos ha habido falta de
dinamismo, o quizá el ente gestor se ha encontrado con dificultades a
las que nosotros no hemos tenido acceso. De ahí que presentemos una
enmienda in voce añadida al proyecto de resolución de la proposición
no de ley y que, en el supuesto de que fuese aceptada, diría: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se aceleren las
gestiones con el fin de que en el menor tiempo posible entre en
funcionamiento el «Puerto Seco» de Madrid; que asimismo se remita a
los grupos parlamentarios información detallada del expediente del
concurso de adjudicación de la explotación del mismo, selección de
cuadros directivos y del concurso de construcción del nuevo conjunto
terminal. Las razones son las siguientes.
Tal como ha manifestado el interviniente por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Herrera, el «Puerto Seco» de Madrid es una estación
ferroviaria para el tráfico de contenedores con conexiones rápidas y
accesos directos a los servicios marítimos desde los puertos de
Bilbao, Algeciras, Valencia y Barcelona. Se trata de una iniciativa
que en mayo de 1995 se plasmó documentalmente como un primer acuerdo,
como un convenio entre el en aquel momento Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Coslada, el Sepes y Puertos del Estado. En ese
convenio se establecieron las condiciones en las que el Ayuntamiento
de Coslada aportaba el suelo necesario para desarrollar el proyecto,
mediante una concesión a 50 años y el pago de un canon reducido. El
siguiente paso se produjo en diciembre de 1995, es decir, unos siete
meses después. El Consejo de Ministros en aquel momento autorizó la
constitución de la sociedad «Puerto Seco» de Madrid, promotora del
proyecto. Allá por el mes de marzo o abril de 1996 (dato que no tengo
y no puedo expresar con rigor absoluto) se abrió un concurso para
adjudicación de la explotación de la administración de la sociedad
«Puerto Seco» de Madrid, concurso que se resolvió el 14 de septiembre
de 1998. Por eso yo entiendo que el Grupo Parlamentario Popular esté
preocupado, porque desde el mes de abril de 1996 se abrió un concurso
y no se produce su resolución hasta dos años y medio después, hasta
septiembre de 1998. Por eso creer que o los nuevos gestores son muy
rigurosos o -acépteseme el término cordial que no suelo utilizar-
patosos -para que rime-, es decir, muy lentos en la gestión.
Señorías, yo creo que convendría al señor Herrera y a los miembros
del Grupo Parlamentario Popular que ejerzan también la labor de
fiscalización de la acción del Gobierno como quieren hacer ahora con
esta proposición no de ley, de un gobierno que ellos sustentan y que
me parece muy bien que fiscalicen. La revista TRANSPORTE XXI, una
revista muy seria, muy rigurosa en sus contenidos y monográfica en
temas de transportes, en el número del 15 de marzo de 1998 habla de
una cierta opacidad y dice textualmente en un artículo: La
resurrección del «Puerto Seco» de Coslada -lo califica así porque la
revista especializada en tema de transportes no entiende cómo es
posible que durante dos años y medio no se supiese nada de esta
historia- constituye todo un ejemplo de falta de
transparencia y coordinación impropio en una Administración que ha
llegado ya al ecuador de su legislatura (en aquel momento, es decir,
en marzo de 1998). Tras la adjudicación de un ya en su día polémico
concurso (con impugnación pendiente de resolución judicial),
convocado hace dos años, se ha mantenido un mutismo absoluto durante
tres semanas. Tampoco conocemos las razones de la autorización
concedida a Renfe y a la sociedad Spain Rail para incorporarse a la
UTE adjudicataria del concurso de explotación, contra la que
compitieron en su día con ofertas diferenciadas. Responsables de
comunicación de Renfe desconocían que ésta se hubiese incorporado a
la UTE Transfesa-Urbaser, mientras Fomento daba cuenta de ello...,
etcétera. La Comunidad de Madrid tampoco ha aportado el uso de un
proyecto descalificado en su día por los colectivos empresariales. Es
decir, esta es una adjudicación en la que, según fuentes de Fetcomar
CC.OO., se produjo una impugnación, presentada en su momento por la
federación sindical a la que estoy haciendo referencia, que
permanecía en marzo de 1998 en trámites ante el Tribunal Supremo. La
adjudicación de la construcción tampoco en aquel momento se había
hecho; se hizo precisamente el 29 de septiembre pasado. El consejo de
administración de la sociedad «Puerto Seco» de Madrid, celebrado
-repito- el 29 de septiembre de 1998, ha adjudicado el concurso de
construcción a la empresa Necso por un importe de 1.341 millones de
pesetas y un plazo de ejecución de ocho meses.
En suma, señor presidente y señoras y señores diputados, la
intermodalidad en el transporte y la logística constituyen dos
columnas vertebrales alrededor de las cuales pivota hoy en día todo
un enfoque moderno del transporte intermodal. No es este el momento
de un debate de estas características, pero la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista termina reiterando lo siguiente. Primero,
creemos muy seriamente en este proyecto; segundo, tiene su origen en
el año 1995 con una secuencia temporal, a la que he hecho referencia,
que, por razones que a nosotros se nos escapan, durante dos años y
medio ha tenido una dilación, una ralentización en la ejecución
administrativa y en la toma de decisiones. Cierto es que la
proposición no de ley se publicó el 21 de abril de 1998, luego parece
más razonable la preocupación en aquel momento que en éste. Hoy
podemos decir con satisfacción que se han roto cadenas en la gestión
y parece ser que avanza a buen ritmo. Y haciendo referencia a la
revista TRANSPORTE XXI, de fecha 15 de noviembre, el actual
presidente de «Puerto Seco» de Madrid, don José Luis Estrada,
director de planificación de Puertos del Estado y también presidente
en funciones de «Puerto Seco» de Madrid, habla de que a mediados del
año próximo estará terminada la infraestructura y que previsiblemente
se generarán del orden de 600 empleos, que es un buen tema no sólo
para la Comunidad de Madrid sino para la distribución radial de
mercancías que procedentes de islas o de otros países arriban por
barco a los puertos de referencia, Algeciras, Barcelona, Bilbao,
Valencia, y al transportar esas mercancías por ferrocarril se va a
disminuir el tráfico de camiones, aumentará la seguridad vial y se
acelerará la distribución de las mercancías.
Parece ser que en estos momentos tiene luz verde y están aceleradas
las actuaciones. De ahí que nosotros votemos a favor de esta
proposición no de ley, con el ruego a
los diferentes grupos de que analicen la conveniencia de incorporar
el proyecto de resolución que el Grupo Parlamentario Socialista hace
en concepto de enmienda de adición a la resolución que plantea el
grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? Por
el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Con brevedad he de manifestar nuestro apoyo
a este proyecto y a la necesidad de agilizarlo, que en definitiva es
el objetivo de esta proposición no de ley. Quiero manifestar también
nuestro acuerdo con la enmienda de adición que ha presentado el Grupo
Socialista.
Para nuestro grupo potenciar e intervenir en la zona del corredor del
Henares y sus alrededores, y a su vez impulsar el tráfico ferroviario
y causar un menor impacto en el tráfico de carretera, son dos
objetivos estratégicos para el conjunto de la Comunidad Autónoma de
Madrid, más específicamente para esta zona, por lo que supone de
mejora de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida,
en este caso también y de forma clara de generación de empleo, y
fundamentalmente por lo que en los últimos tiempos sufren estas zonas
como añadido negativo con los impactos del aeropuerto de Barajas y de
la puesta en funcionamiento de la tercera pista. Por tanto,
anunciamos nuestro voto a favor y nos sumamos al consenso que se va
a generar alrededor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para expresar la opinión sobre esta enmienda in
voce del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Herrera, del
Grupo Popular.
El señor HERRERAANTONAYA: Nuestro grupo no tiene inconveniente en
manifestar el voto favorable a la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, pues si bien no está en la línea básica de la presentada
por nuestro grupo, sí insiste en aspectos a los que siempre nos hemos
mostrado abiertos, como la transparencia y la claridad en las
actuaciones de la Administración. En cualquier caso, quiero
puntualizar que en los dos últimos años el proyecto ha tenido el
impulso que no había tenido en los años anteriores, pues el proyecto
nace en el año 1991 -cito el diario EL PAÍS que tengo aquí delante- y
no en el año 1995; lo que ocurre es que la anterior Administración
tuvo el proyecto en hibernación durante esos cuatro años. Por tanto,
los dos últimos años el proyecto ha tenido el impulso necesario que
no tuvo en los cuatro años anteriores.
El señor PRESIDENTE: Voy a leer el texto exacto de la enmienda de
adición que se ha dado a esta Presidencia: «Que asimismo se remita a
los grupos parlamentarios información detallada del expediente del
concurso de adjudicación de la explotación del mismo, selección de
cuadros directivos y del -y yo interpreto- concurso de construcción
del nuevo conjunto terminal». Ésa sería la enmienda de adición.
Por acuerdo de los grupos y por faltar algunos portavoces que iban a
defenderla, la proposición no de ley número 4 pasará a discutirse
después de la número 7.
Vamos a suspender durante cinco minutos para que lleguen todos los
portavoces y puedan defender la siguiente proposición no de ley.
(Pausa.)
- RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE LA LINEA FÉRREA GANDÍA-DENIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001186.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en la proposición no de ley
número 5, relativa a la construcción de la línea férrea Gandía-Denia,
cuyo autor es el Grupo Socialista del Congreso. Tiene la palabra para
su defensa el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Gracias, señor presidente, y disculpen el
retraso.
Señorías, mediante esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario
Socialista quiere instar al Gobierno a convertir en una realidad uno
de los proyectos de infraestructuras más importantes no sólo para los
valenciano sino para el desarrollo equilibrado de nuestro territorio.
En 1974 se decidió cerrar la línea férrea que unía las localidades de
Gandía y Denia, que desapareció debido fundamentalmente a los cambios
bruscos de la forma de vida de los años sesenta y principios de los
setenta, y sobre todo a la falta de visión y abandono de los
responsables de la época. Así se cierra una línea que se inauguró
hace más de cien años y que vertebraba dos comarcas interrelacionadas
desde hace siglos: la Marina Alta y la Safor. En la actualidad son
múltiples los argumentos que podemos esgrimir para justificar el
interés por recuperar la línea de ferrocarril Gandía-Denia,
argumentos que abarcan desde el interés social, los turísticos
y comunitarios, por no nombrar los intereses económicos que
posibilitarían un mayor desarrollo a estas comarcas de la Comunidad
Valenciana. Las personas progresistas del País Valenciano hemos
considerado siempre como una prioridad el restablecimiento de esta
línea, especialmente por su gran repercusión vertebradora de unas
comarcas con grandes vinculaciones naturales y por los valores que
aporta el transporte público frente a las dinámicas de uso masivo de
los transportes privados y sus grandes repercusiones para nuestro
territorio. Las comarcas centrales valencianas necesitan el tren como
eje de conexión comarcal. Esta consideración se plasmó, a propuesta
del Grupo Socialista, en las Cortes Valencianas y por unanimidad de
las diferentes fuerzas políticas se instó al Gobierno valenciano a
firmar con el Ministerio de Fomento un acuerdo que iniciara los
trámites necesarios para la construcción de la mencionada línea
férrea. Nuestro grupo es conocedor de que el estudio de viabilidad
encargado por el Ministerio de Fomento debería entregarse a finales
de este mes, pero también conocemos las declaraciones realizadas por
el señor conseller de Obras Públicas de la Generalitat valenciana, el
pasado 26 de noviembre, en las que el señor García Antón afirmaba que
la rentabilidad de esta línea quedaba manifestada claramente en el
futuro informe. Nuestro grupo entiende así que en los presupuestos de
la Generalitat valenciana para 1999 y producto de la resolución
aprobada por las Cortes Valencianas aparezca una partida dotada con
200 millones de
pesetas para la redacción del proyecto de prolongación de la línea
Valencia-Gandía. Lo que nuestro grupo entiende un poco menos es por
qué se retrasa la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento y
el Gobierno valenciano, o por qué el Partido Popular se opuso en los
Presupuestos Generales del Estado para 1999 a una enmienda presentada
por el Grupo Socialista que hacía referencia a este mismo proyecto
y que ascendía a la cantidad de 400 millones de pesetas. No obstante,
quiero destacar que todos los grupos cívicos y políticos exigen en la
actualidad la restitución de esta vía férrea que unía hasta 1974
ambas comarcas. Todos coincidimos en que la prolongación de esta vía
hasta la Marina Alta propiciará la recuperación de los vínculos
comarcales históricos, la descongestión de la N-332 y la conexión con
el eje ferroviario y con el mercado turístico europeo. Todos
coincidimos en que este tramo sería uno de los más rentables. Quiero
apuntar unos datos que creo interesante que podamos compartir
relativos a la previsión de pasajeros. En el año 1995 fueron 4,5
millones de pasajeros los que utilizaron la línea Valencia-Gandía; la
estimación para 1998 está en 5 millones de pasajeros aproximadamente.
Termino, señorías, reiterando la necesidad de agilizar los diversos
trámites por parte del Ministerio de Fomento para que la prolongación
de la línea Valencia-Gandía llegue lo antes posible hasta la ciudad
de Denia. Esto sólo es posible si existe una verdadera voluntad
política por parte del Gobierno, y el primer paso, la primera acción
es aprobar esta proposición no de ley que presentamos, a la cual se
han presentado una serie de enmiendas por parte de diversos grupos.
Adelanto lo que será nuestra postura a esas enmiendas. Como hemos
intentado que esta proposición saliera adelante, hemos estado
hablando con el Grupo Popular y con el Grupo Mixto, concretamente con
el señor Alcaraz, para poder llegar a una enmienda, que luego leerá
la representante del Grupo Popular, para que la prolongación de la
línea Valencia-Gandía sea una realidad lo antes posible, que en
definitiva es a lo que insta esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Agradezco su postura constructiva de aceptar
enmiendas y buscar puntos comunes, pero rogaría que en las
discusiones que tengamos en Comisión cada grupo vaya actuando
ordenadamente en defensa de sus posiciones. Hay dos enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto, una del señor Chiquillo y otra del
señor Alcaraz. Como sólo está presente el señor Alcaraz, tiene la
palabra para que defienda las que le parezcan adecuadas.
El señor ALCARAZ RAMOS: Como es tradición en el Grupo Mixto, por
relaciones de buena vecindad, doy por defendidas todas las enmiendas
del Grupo Mixto, y por tanto sirva este trámite para dar por
defendida la del señor Chiquillo, aunque, como se deducirá de mis
palabras, sin mucho entusiasmo porque no la comparto.
Quisiera reiterar las palabras del señor portavoz del Grupo
Socialista, que ha glosado la indudable importancia de la
prolongación de la línea que en este momento llega hasta Gandía y
Denia desde Valencia. Efectivamente, nos encontramos con una obra
urgente por razones de utilidad social, desde esa idea de que los
servicios ferroviarios, los servicios de infraestructuras en general
deben atender a criterios prioritarios de servicio público. No cabe
duda de que
por razones demográficas, por razones económicas fundamentalmente,
por la relación que se establecería entre dos comarcas de gran
impacto turístico, incluso no hay que olvidar la importancia que
Denia tiene como puerto de conexión turística con las Islas Baleares,
desde todos esos puntos de vista parece aconsejable. Igualmente, la
otra gran función que creemos que deben desarrollar las
infraestructuras se cumple en este caso, pues serviría de línea
vertebradora de eso que muchos colectivos sociales han dado en llamar
comarcas centrales del País Valenciano, por lo que desde este punto
de vista también parece muy oportuno.
En definitiva, nos encontramos con una actuación necesaria que, como
ya se ha dicho, ha dado lugar a un amplio consenso en la sociedad
valenciana, sobre todo entre las ciudadanas y ciudadanos de las
comarcas de la Marina Alta y la Safor. Es una intervención útil y
necesaria, seguramente no demasiado cara en comparación con otras
multimillonarias que se anuncian, y muy urgente -insisto en esta
idea- en comparación con otras políticas de escaparate que el
Ministerio de Fomento y la Generalitat valenciana anuncian
reiteradamente en aquella comunidad, aunque dilatando tanto sus
plazos de ejecución y ampliando ese concepto -que parece ya una goma-
de «en función de las disponibilidades presupuestarias» que está
convirtiendo la política de infraestructuras en la Comunidad
Valenciana, en muchos casos, en anuncios reiterados que no suponen
ningún compromiso real. La verdad es que no se acaba de entender la
falta de previsión que en muchos momentos el Gobierno de la
Generalitat valenciana está manteniendo en torno al corredor
mediterráneo y a las infraestructuras de ferrocarril paralelas a la
costa en el sur de la provincia de Valencia y en la provincia de
Alicante. Ha habido reiterados anuncios que no se sabe muy bien en
qué han acabado, tanto en el tema que hoy discutimos como también en
la ampliación de vía ancha hasta Benidorm, sobre todo bajo ese manto
que todo lo cubre de beneficiar al parque de ocio Terra Mítica. No se
sabe muy bien en qué va a quedar todo esto, pero bienvenida sea al
menos una actuación en la que parece que el consenso que se da.
Tampoco entendemos por qué entonces se rechazaron enmiendas que mi
grupo, Nueva Izquierda, reiteradamente ha presentado en los diversos
proyectos de Presupuestos Generales del Estado.
La enmienda que nosotros presentamos pretende solamente una cosa, y
es dejar clara la idea de prolongación, ya que si se deja en la
ambigüedad de construcción de una nueva línea podríamos encontrarnos
con una situación en la cual, efectivamente, se construyera una nueva
línea pero no fuera prolongación; podría entrar en el concepto de vía
estrecha o en concepto distinto de lo que supone que la línea desde
Valencia hacia el sur se prolongue hasta Denia.
Comparto la satisfacción expresada por el portavoz del Grupo
Socialista porque parece que vamos a llegar a un consenso, lo que sin
duda será una buena noticia para los habitantes y los usuarios
potenciales del ferrocarril en estas comarcas a las que he hecho
alusión.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, como acaba de llegar, si quiere
intervenir ahora mismo puede hacerlo, pero si necesita o le parece
oportuno oír algo más le doy la palabra a la portavoz del Grupo
Popular. (Denegaciones.) Pues tiene usted la palabra por cinco
minutos.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente, pero es que
vengo de la Comisión de Defensa, en la que había solicitado una
comparecencia. Este ha sido el motivo del retraso. No podía venir
hasta que concluyera la contestación del compareciente.
Intervengo para defender la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, a la que he presentado una enmienda que
también voy a defender muy rápidamente. He presentado una enmienda
para que haya un segundo punto de una cuestión de la que voy a
intentar explicar tanto el porqué del apoyo a esta iniciativa, en
consonancia con los reiterados acuerdos que las Cortes Valencianas
han adoptado, solicitando y reivindicando el ferrocarril Valencia-
Gandía-Denia, para que sea una realidad la conexión por la costa, y
las demandas continuas de los colectivos sociales y económicos de las
comarcas de la Safor y la Marina pidiendo esta infraestructura
ferroviaria fundamental para el desarrollo socioeconómico no sólo de
ellas, sino de todo el litoral de la Comunidad Valenciana, por su
atractivo turístico, comercial y de todo tipo.
La iniciativa del Grupo Socialista es prácticamente la misma que se
presentó a las Cortes Valencianas, apoyada por los grupos
parlamentarios, pidiendo que por parte del Ministerio se agilizaran
los trámites para poder hacer realidad la construcción de la
infraestructura de la línea férrea entre Gandía y Denia, a través de
un convenio entre el Gobierno central -Ministerio de Fomento- y la
Generalitat valenciana. Es una cuestión de la que se lleva hablando
ya muchos años; es una reivindicación histórica en las dos comarcas
que atraviesa esta infraestructura, si llega un día a ejecutarse.
Tradicionalmente ha sido una de las enmiendas que Unión Valenciana ha
presentado en el debate de Presupuestos Generales del Estado en los
últimos seis años, demandando que por parte del Ministerio de Fomento
se acometiera esta inversión, dado que se había tomado ya la decisión
en julio de 1996 y se había establecido que la comunicación férrea
entre las dos capitales de esas dos comarcas, Gandía y Denia, era
totalmente rentable; ya había unos informes que la valoraban
positivamente en lo económico y daban viabilidad para que esa
infraestructura pudiera hacerse realidad. Como digo, desde 1996,
1997, 1998 y 1999, en sus respectivos debates presupuestarios, Unió
Valenciana ha reivindicado con firmeza que el proyecto de esa línea
ferroviaria Valencia-Gandía-Denia pudiera hacerse realidad.
En el iter ha habido diversos retrasos, diversas maniobras para dejar
esta demanda en el último cajón. En contestación parlamentaria al
diputado que les habla, a una iniciativa presentada a finales del año
1996 -hace ahora dos años-, respecto a esta infraestructura de la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles entre Gandía y Denia, el
Ministerio de Fomento contestó que se estaba planteando estudiar la
viabilidad de la conexión ferroviaria Gandía-Denia: «El Ministerio de
Fomento tiene previsto redactar durante el año 1997 un estudio que
contemple tanto los posibles tráficos de viajeros y mercancías y sus
flujos como una estimación de las inversiones necesarias, en función
de los distintos tipos de soluciones que pudieran adoptarse». En una
contestación posterior también al Grupo Parlamentario Mixto, más
recientemente, en septiembre de 1998, respecto a las previsiones del
enlace ferroviario Valencia-GandíaDenia,
el mismo Ministerio contesta que la redacción del estudio de
viabilidad de la conexión ferroviaria GandíaDenia, aquel que iba a
redactarse durante el año 1997 según la primera contestación, se
fundamenta en que se ha adjudicado ya por el Ministerio, se inicia el
día 29 de diciembre de 1997 (prácticamente el último día hábil dentro
de la posibilidad), siendo su plazo de ejecución de un año, por lo
las previsiones actuales son que finaliza el 29 de diciembre de 1998,
de aquí a 15 días.
Como he dicho, creo que ha habido ciertas maniobras dilatorias. Lo
importante es escuchar a los ciudadanos, a los principales
ayuntamientos que se ven afectados por estalínea de cerca de 40
kilómetros, Gandía, Denia y los municipios limítrofes, por la
importancia que tienen en el entramado socioeconómico de la comarca,
y sobre todo debe escucharse a las Cortes Valencianas. Por tanto,
visto que desde junio del año 1996 hay un informe que valora la
rentabilidad y la viabilidad económica de esta infraestructura, no se
entiende el retraso por parte del Ministerio de Fomento, que viene a
contradecir no sólo los acuerdos de las Cortes Valencianas sino la
voluntad manifestada por el presidente de la Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana, quien aseguró que las obras del tren irían en los
Presupuestos Generales del Estado para 1998, y nos hemos encontrado
con que ni aparecen en los de 1998, a pesar de las enmiendas de Unió
Valenciana, ni han aparecido en los presupuestos del año 1999, a
pesar de las enmiendas de Unió Valenciana, porque nadie ponía en duda
su viabilidad en el Ministerio de Fomento, que había dictaminado la
rentabilidad económica de esta infraestructura en un estudio
semejante y sus técnicos daban luz verde a la línea GandíaDenia,
tanto por el perfil socioeconómico de las dos comarcas como por las
características técnicas de un trazado de 30 kilómetros de línea
ferroviaria.
Nuestro apoyo total a la primera iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, porque creo que es una razón más que
justificada atender el mandato de los ayuntamientos, de los
ciudadanos y de las Cortes Valencianas. El Ministerio de Transportes
en septiembre de 1995 mencionaba el enlace ferroviario Carcagente-
GandíaDenia hacia Benidorm y Alicante, porque -repito- en esa fecha
anunció la creación de una línea férrea por la costa entre Valencia y
Alicante que ingresaría en el corredor de velocidad alta del
Mediterráneo, recuperando y mejorando el antiguo trazado,
convirtiéndolo en la vía ancha ibérica del antiguo trazado que unía
Carcagente, en la comarca de la Ribera Alta, y Denia, pasando por
Gandía, amén de ese ramal que significaría acometer esa
infraestructura y que podría tener un punto de unión a la altura del
término municipal de Tabernes de Valldigna, entre Tabernes de
Valldigna y Gandía, que pudiera conectar con el eje que saliera desde
Valencia para ingresar después en Gandía, conectar Gandía-Denia en el
futuro con Benidorm y Alicante, que es, repito, una demanda de gran
importancia para lanzar de manera importante la economía de la
comarca y que es una infraestructura necesaria para el desarrollo
socioeconómico -repito- no sólo de esas dos comarcas, de los
municipios afectados, sino de toda la mitad sur del litoral de la
provincia de Valencia y el norte y la costa de la provincia de
Alicante. Esta es la enmienda de Unió Valenciana,que hemos presentado
con ánimo de enriquecer, a la
espera de que sea aprobada la iniciativa en primera instancia, que
sería lo importante, y de que se viera considerada la demanda de Unió
Valenciana en el debate de hoy.
El señor PRESIDENTE: Para presentar la enmienda a la proposición no
de ley tiene la palabra la señora Díez de la Lastra, en
representación del Grupo Popular.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Respecto al proyecto que se
trata en esta proposición no de ley aquí se ha hablado por distintos
grupos que recientemente, desde hace 4 años para atrás, había un
deseo y una necesidad por parte de las instituciones, sobre todo las
valencianas, de que se llevara a cabo, pero yo me quiero remontar
más. El señor Sendra, compañero de partido del señor Boix, en las
Cortes, en el año 1997, hace una historia exhaustiva y dice que casi
desde el año 1923 se está intentando que se ejecute ese proyecto.
Después de distintas promesas, en el año 1974 se produce el
estancamiento definitivo del ferrocarril de vía estrecha, sin que se
elabore un proyecto de vía ancha. Ese estudio de viabilidad fue
prometido en la época en que el señor Borrell estaba en el Ministerio
de Obras Públicas.
Como estamos todos convencidos de esa necesidad, en aras a un
consenso, nosotros habíamos presentado una enmienda en la que se
hablaba (también se ha dicho aquí creo que por todos) de que se está
elaborando un estudio de viabilidad que acaba a finales de año.
Incluso en los acuerdos que se han tomado en Cortes Valencianas se
habla que, una vez finalizado el estudio de viabilidad, se tomen las
medidas oportunas para firmar un convenio con el Gobierno de la
Generalitat valenciana. Está claro que el Ministerio de Fomento está
redactando y está a punto de finalizar ese estudio de viabilidad, con
conocimiento de la Generalitat, siguiendo el mandato de las Cortes
Valencianas, y hasta tanto no finalice la redacción y se conozcan y
analicen sus resultados no es posible adoptar una decisión sobre la
citada conexión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que después
de los resultados del estudio de viabilidad, que serán favorables
porque la realidad económica y social así lo indica, será necesario
redactar un estudio informativo para someter el trazado a la
información pública y oficial que preceptúa la legislación vigente, y
hará falta la formulación de la declaración de impacto ambiental y la
aprobación del trazado, por lo que en la enmienda que hemos
presentado se habla de esperar al resultado del estudio de
viabilidad. Como bien ha dicho el señor Boix, faltan unos días para
que finalice el estudio de viabilidad.
La enmienda del señor Alcaraz es lógica porque es más técnica, pero
en la proposición no de ley del señor Boix no se hace mucha
referencia a la prolongación sino a la construcción de una nueva vía;
los que vivimos allí damos por supuesto que es la continuación.
Después de unas conversaciones y en aras a que salga por unanimidad
algo por lo que la Generalitat valenciana ha apostado, y que incluso
en sus presupuestos hay una partida de 200 millones para la redacción
del proyecto y la colaboración que ha sido mantenida durante todos
estos años por parte del Gobierno del presidente Zaplana y el
Ministerio de Fomento, nosotros hemos llegado a un acuerdo (dejo al
margen el segundo
punto del señor Chiquillo porque no viene a cuento mezclar esta
proposición no de ley y quizá lo que propone sea motivo de otra
proposición no de ley) y estamos en situación de aprobar una
transaccional a la enmienda que ha presentado el señor Alcaraz, que
pasamos a la Mesa y que dice así: «El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que en colaboración con la Generalitat valenciana,
adopte, una vez finalizado el estudio de viabilidad y según sus
resultados, todas las medidas necesarias para la prolongación de la
vía férrea Valencia-Gandía hasta Denia».
El señor PRESIDENTE: El señor Boix tiene la palabra.
El señor BOIX PASTOR: Señor presidente, ya he anticipado por error
cuál iba a ser nuestra postura como artífices de esta proposición no
de ley. Quiero reiterar simplemente que el esfuerzo que hemos
realizado irá en beneficio de que no exista ninguna excusa para
iniciar cuanto antes las obras y los procedimientos necesarios para
que los ciudadanos de las comarcas de la Marina Alta y de la Safor
tengan la prolongación (para no caer en ningún error) de la línea
Valencia-Gandía hasta Denia, porque estamos todos convencidos de que
servirá muy positivamente a los intereses económicos, sociales y
turísticos de la zona.
El señor PRESIDENTE: Pasen a esta Presidencia la enmienda
transaccional, que yo leeré antes de la votación para que sepamos
exactamente lo que se vota.
- DE MODIFICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO-LEY 12/1998, DE
18 DE SEPTIEMBRE, A FIN DE QUE LA DOTACIÓN QUE CONTIENE DE 41.995
MILLONES DE PESETAS PARACATALUNYASEA DESTINADAAFINANCIAR NUEVAS
INVERSIONES DE COMPETENCIA DEL ESTADO EN OBRAS PENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL PLAN DE CARRETERAS DE CATALUNYA (1994-2001).
PRESENTADAPOR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente
161/001188.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 6, de
modificación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 12/1998, de 18 de
septiembre, a fin de que la dotación que contiene de 41.995 millones
de pesetas para Cataluña sea destinada a financiar nuevas inversiones
de competencia del Estado en obras pendientes correspondientes al
Plan de Carreteras de Cataluña (1994-2001). Es autor de esta
iniciativa el Grupo Socialista del Congreso y para su defensa tiene
la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Señor presidente, quizá sea este el último
cartucho para deshacer un despropósito sin precedentes al cual nos
hemos referido en numerosas ocasiones. Lo hicimos con ocasión de la
convalidación del real decreto-ley, lo hicimos también en la Comisión
de Presupuestos en el trámite de discusión de los Presupuestos
Generales del Estado para 1999, y quizá sea innecesario repetir
demasiados argumentos.
En nuestra exposición de motivos ya señalamos que el real decreto-ley
al que hacemos referencia, el 12/1998, de 18 de septiembre, establece
una dotación extraordinaria para Cataluña de 41.995 millones de
pesetas destinadas a pagar parte del eje transversal de Cataluña y de
la autovía Mataró-Granollers, la B-40. Ambas obras -hay que repetirlo
hoy- son de competencia de la Generalitat de Cataluña; ambas obras ya
han sido realizadas y funcionan desde 1997 y desde 1995,
respectivamente. Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado tiene
pendiente el cumplimiento de obras de su competencia dentro del Plan
de Carreteras de Cataluña 1994-2001, valorado en 200.000 millones de
pesetas. Por todo ello, ha de considerarse prioritario el
cumplimiento del mencionado plan, y los recursos extraordinarios
contemplados en el Real Decreto-Ley 12/1998, desde nuestro punto de
vista, deben destinarse a financiar un nuevo programa del Estado de
inversiones en carreteras pendientes de ejecutar, y no, por tanto, a
pagar obra ya realizada. Por ello la inversión en obras nuevas en
infraestructura resulta básica para mantener el crecimiento económico
y la competitividad en nuestro país. Por todo ello, se insta al
Gobierno a modificar el real decreto-ley al que hemos hecho
reiteradamente referencia, destinando la dotación que en él se
establece para Cataluña, por importe de los mencionados 41.995
millones, como transferencia a la Generalitat de Cataluña por obras
de competencia de esta Administración ya ejecutadas, a la
financiación de un programa de inversión en carreteras de ámbito de
competencia de la Administración del Estado, a fin de dar
cumplimiento a las obras pendientes de ejecutar y finalizar en el
Plan de Carreteras de Cataluña 1994-2001.
Mi compañera Mercedes Aroz decía en la Comisión de Presupuestos que
la propuesta del Grupo Socialista -y hoy lo reiteramos aquí- resulta
coherente con la posición mantenida por nuestro grupo en la
tramitación del decreto en el que se acordó una transferencia al
Gobierno de Cataluña por esa cantidad, supuestamente -decía ella, y
es mucho decir- destinada a pagar parte de las obras del eje
transversal de Cataluña y de la autovía Mataró-Granollers. Por tanto,
señorías, ese crédito no financiará nuevas inversiones sino la
abultada deuda acumulada por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña.
En el anexo de nuestra propuesta citamos unas cuantas obras que desde
nuestro punto de vista son de urgente realización. Voy a hacer
referencia, para acabar, a dos de ellas, muy importantes por su
actualidad. La N-340, en los tramos Tarragona-Altafulla y Tarragona-
Vilaseca, que durante estos días aparece reiteradamente en los medios
de comunicación con propuestas diversas, con declaraciones del señor
Vilalta, con declaraciones del director general de Acesa, que ahora
ofrece que el desdoblamiento de esos tramos a los que hacemos
referencia se hagan en terrenos propios de la concesionaria. En fin,
desde nuestro punto de vista, incrementar la cantidad destinada a
estos tramos sería muy pertinente porque parece que se está hablando
de que esa variante tenga sólo dos carriles, con lo cual
colaboraríamos a que con ese incremento se pudiera llevar a cabo el
desdoblamiento con cuatro carriles, tal como hoy aparece en los
medios de comunicación que pide el propio Ayuntamiento de Tarragona y
la N-420, Coll Negre y Coll de la Teixeta, que desgraciadamente en el
trámite presupuestario de esta Cámara ha sufrido una merma de más de
600 millones de pesetas por los acuerdos del Partido Popular y de
Convergència i Unió. En fin, no me voy a referir a las otras que
figuran en el anexo de nuestra proposición no de ley porque sería muy
larga mi exposición, pero todas ellas las creemos igualmente de
urgente realización.
Señor presidente, ahí está nuestra exposición y yo espero que sea
considerada y aprobada por parte de todos los grupos, aunque me temo
que va a correr la misma suerte que en los trámites anteriores.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han
presentado enmiendas. ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? Por
el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señorías, nuestro grupo votará
categóricamente en contra de la proposición no de ley que hoy el
Grupo Socialista nos presenta.
Desde la fecha de promulgación y posterior convalidación del Real
Decreto 12/1998, es continuada la presentación de iniciativas contra
parte del mismo, en concreto con la que establece una dotación para
Cataluña de 41.995 millones de pesetas. Iniciativas de todo tipo, con
alusiones en muchos debates y medios de comunicación, enmiendas (la
448 a los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y la
enmienda 730 en el Senado), la proposición no de ley que hoy
debatimos y alguna otra que deberá aparecer, curiosamente con el
patrocinio de diputados socialistas catalanes del PSC-PSOE en la
firma de la proposición no de ley y hoy en la presentación de la
misma en Comisión.
Hay que explicar para que se entienda -el que verdaderamente esté
interesado en saber- que la dotación para Cataluña corresponde a la
parte de cofinanciación comprometida y que alguien no cumplió en su
momento. La misma exposición de motivos ya lo declara así. Dice que
las obras a que hace referencia fueron realizadas y funcionando desde
1997 la del eje transversal y desde 1995 la autovía Mataró-
Granollers. Es fácil comprender en dónde hay que situar el compromiso
inicial de cofinanciación, o sea el Ministerio de Obras Públicas
socialista, que no se cumplió. El decreto viene a restituir lo no
cumplido. De incumplimientos de este tipo nosotros sabemos bastante y
lamentamos que algunos de ellos fuesen durante una época que dábamos
apoyo parlamentario al Grupo Socialista, aunque en Obras Públicas
nuestro apoyo parece ser que no era considerado. Así, podríamos
hablar de un decreto desde los años 1992-1993 por resoluciones de
tribunales de muchos años atrás para un enlace de la autopista A-7
con la Ampolla y muchos otros que algún día tendremos que explicar
porque se está entrando en unas líneas demagógicas. Ahora, vía
enmiendas en el Congreso y en el Senado, a los presupuestos generales
se pretende, desde el Grupo Socialista, que la cantidad que se
refería a Cataluña en el decreto se destine a obras que prácticamente
todas están incluidas ya en los Presupuestos Generales del Estado y
están en trámite con consignaciones incluso para el año 1999, y
algunas de ellas lo tenían para el año anterior y han sido empezadas
ya o licitadas.
Se pretende que la Generalitat de Cataluña no recupere los recursos
que en su momento anticipó y cuyo destino, pasando provisionalmente
por ayudar al cofinanciador que no hizo su trabajo, debe ser otro que
el de obras del Estado en Cataluña. No vemos por qué y francamente no
sé si voy a tener mucho más tiempo, pero nosotros quisiéramos
comentar alguna que otra cosa, porque decir que va contra las obras
que ha hecho la Generalitat o, en todo caso, pretender confundir con
este tema y otros relativos a las inversiones del Estado en Cataluña,
a no muy tardar se tendrá que explicar con todo detalle. Como decía,
en este detalle tendrán que salir incumplimientos del Ministerio de
Obras Públicas socialista, no sólo en obras realizadas, sino también
en las mal realizadas y también en el colapso en negativo de no haber
hecho los estudios informativos y proyectos que ahora se reivindican
como urgentes desde las líneas socialistas. Acaba de verse o de oírse
en esta Comisión respecto a la N-340. Se pone como obras de gran
prioridad que están en Presupuestos Generales del Estado para 1999,
el desdoblamiento de la N-340, en los tramos de TarragonaAltafulla
y el de Tarragona-Vilaseca, y curiosamente entre los dos hay un tramo
hecho desde hace más de 15 años con cuatro carriles, y hecho por el
Gobierno socialista, pero entonces nos encontramos con que no hay
proyectos ni estudios informativos de los tramos que ahora se
reivindican.
Es totalmente incoherente que se hayan olvidado de toda esta función,
y que ahora estén discutiendo y reivindicando al máximo todas estas
obras. Que alguien recapacite, que mire años atrás, también nuestro
grupo, porque nuestro grupo también ha tenido sus responsabilidades
en el Ayuntamiento de Tarragona. Habrá que analizar muy a fondo desde
dónde vienen las responsabilidades por los atrasos que hay. No se
puede venir aquí hablando ahora de que al Coll Negre y al de la
Teixeta se les ha quitado en presupuestos una cantidad de dinero que
no podía gastarse durante el año 1999 cuando sí está ya la obra
licitada, sí está la obra en funcionamiento, y es la dotación de las
anualidades lo que va a permitir que la obra pueda acabarse, teniendo
en cuenta además que parte de la consignación que se ha quitado al
Coll de la Teixeta se ha situado en la travesía de Falset, cosa que
nunca se comenta por ninguno de los intervinientes socialistas en los
distintos foros que nos encontramos.
Verdaderamente es lamentable esta situación, creo que habrá que
analizar muy a fondo todas las dificultades en lo que son las obras
de inversiones del Estado en Cataluña, pero no desde ahora, sino
desde su origen, porque aquí también encontraríamos una gran
reivindicación, que es la variante de Cervelló, que ahora se ha
licitado, o que es la variante de la Vallirana, y en ninguna de ellas
hemos encontrado el proyecto realizado para que pudiese ir hacia
adelante la obra en un tiempo adecuado. La realización de esos
proyectos, esos estudios informativos tarda años, por eso encontramos
en muchas de las inversiones de Cataluña un gran parón al no poder
licitar obras, ya que anteriormente, en los últimos años en el
Ministerio de Obras Públicas el señor Borrell, pasó de trabajar en la
redacción de proyectos sobre las inversiones de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Quiero manifestar cuál es la posición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al respecto de esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Como bien
ha dicho el señor Sedó, esta es una cuestión que hemos debatido ya en
diversas ocasiones.
Lógicamente, tengo que reiterar que nosotros nos hemos manifestado en
contra de cómo se ha producido y de qué métodos se han utilizado para
pagar las obras que contemplaba el Real Decreto-Ley 12/1998, obras en
la Comunidad Autónoma de Cataluña, y la verdad es que ante las
palabras del señor Sedó, que habla de incumplimientos por parte del
Partido Socialista, tengo que recordarle que Convergència i Unió fue
socio también del anterior Gobierno y que, por lo tanto, tuvo la
oportunidad en su momento de hacer cumplir los acuerdos que tuviera
con ese Gobierno. Nos parece que destinar casi 42.000 millones a
financiar obras inauguradas no es el método más oportuno. Este tipo
de sistemas siempre levanta sospechas de que no se está actuando con
total claridad, que una financiación tan importante para obras que
están inauguradas se haga a través de un real decreto-ley no nos
parece que sea una posición correcta.
Por eso entendemos que la proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista, al final lo que hace es relacionar una serie de obras
para las cuales se pudiera invertir esta cantidad de dinero, y nos
parece más correcto que el método utilizado tanto por el Grupo
Popular como por Convergència i Unió. Por lo tanto, nuestro grupo va
a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar la
posición respecto a la proposición no de ley del Grupo Socialista de
modificación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 12/1998,
pretendiendo que la dotación que contiene de 41.995 millones se
destine a obras pendientes correspondientes al Plan de carreteras de
Cataluña.
Como ya han dicho otros intervinientes, este es un tema ampliamente
debatido en el cual hay una decisión mayoritaria de esta Cámara que
naturalmente hay que respetar, y por tanto mi grupo votará que no a
la proposición no de ley del Grupo Socialista. Pero es que además
esta proposición no de ley del Grupo Socialista es de cumplimiento
imposible, en tanto en cuanto que el objeto al que se destina no
existe, puesto que no existe ni ha existido un Plan de carreteras de
Cataluña 1994-2001. No existe y no ha existido, y esta afirmación no
la hace el Grupo Popular, sino que figura en un informe elaborado por
la Dirección General de Carreteras y firmado por el actual director
general que, por cierto, era subdirector general en la época del
Gobierno socialista, y que dice textualmente: «No existe ni ha
existido un Plan de carreteras de Cataluña 1994-2001. Los programas
del Ministerio de Fomento en materia de infraestructuras son de
ámbito estatal y no por comunidades autónomas, con independencia de
que para una mejor comprensión del mismo se agrupen por identidad
geográfica.
Los programas desarrollados como tales han sido el Plan General de
Carreteras, con un período inicial de vigencia de 1984 a 1991, y el
Programa de actuaciones prioritarias en carreteras, con un período
inicialmente comprendido entre 1993 y 1994». Por tanto, llevar a cabo
el Plan de carreteras de Cataluña era un cumplimiento imposible.
En el punto 2 de su proposición no de ley, el Grupo Socialista fija
una serie de obras que debería contemplar el programa de inversión en
carreteras consideradas como prioritarias. Nuestro grupo comparte el
criterio de que efectivamente son obras prioritarias, y celebramos
que el PSOE se incorpore a esta sensibilidad inversora, nunca es
tarde si la dicha es buena. No se preocupen, señores socialistas,
nosotros combatiremos eficazmente la sequía inversora de los
gobiernos socialistas tras los fastos de 1992, y la pregunta que se
hace todo el mundo y que ya se ha hecho en esta Cámara es por qué no
lo hicieron antes. ¿Cómo están las obras por las que se interesa la
proposición no de ley en su punto segundo? También me lo indica la
Dirección General de Carreteras, todas tienen en común tres rasgos:
En primer lugar, se trata de obras en distintas fases de
planificación y programación: unas están en curso, otras en fase de
información pública, otras a punto de licitar, y algunas han sido
adjudicadas. En segundo lugar, la mayor parte de ellas, por no decir
todas, están dotadas en los Presupuestos Generales del Estado para
1999 y mediante programaciones plurianuales, es decir, son
inversiones que continuarán hasta su finalización. Esto es fácil de
ver en el anexo a los Presupuestos Generales del Estado, en lo que
son anexo de inversiones reales. Yen tercer lugar, en el Senado se
han introducido también enmiendas que mejoran o incrementan las
inversiones previstas aprobadas por el Pleno de Congreso.
Esperamos, por tanto, de esta nueva sensibilidad que manifiesta el
Grupo Socialista, que cuando vuelvan del Senado los presupuestos,
ustedes ratifiquen, junto con nosotros, las enmiendas que se aprueben
en el Senado. Pondré a disposición de todos los grupos el informe de
la Dirección General de Carreteras sobre el estado actual de todas y
cada una de las obras y no las expongo aquí para no cansar a sus
señorías.
Por tanto, nosotros votaremos que no para respetar la decisión
mayoritaria de esta Cámara, que decidió ratificar el decreto-ley en
cuanto a la forma y en cuanto al fondo, porque estamos satisfechos de
haber podido dedicar en estos presupuestos más dinero a la inversión
pública, dada la buena marcha de la economía, y por creer que los
importes y los destinos son los adecuados.
Quisiera añadir, señor presidente, para finalizar, que siempre
acogeremos de buen grado y estudiaremos con suma atención todas
aquellas propuestas de inversión en infraestructuras, ya sea en
Cataluña o en otras zonas de España, que vayan encaminadas a
incrementar o mantener el crecimiento económico, la vertebración del
territorio y la competitividad, siempre y cuando sean realistas y
compatibles con el cumplimiento de nuestros compromisos de déficit
público y rigor presupuestario. (El señor Sabaté Ibarz pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté, ¿a qué efectos me pide la palabra?
El señor SABATÉ IBARZ: De réplica por las alusiones reiteradas que se
me han hecho.
El señor PRESIDENTE: Creo que no ha habido alusiones, pero, siendo un
tema de gran importancia, en el que han intervenido todos los grupos,
y en el que no ha habido enmiendas, tiene usted tres minutos para
replicar, y luego, por supuesto, podrán replicar a sus palabras los
grupos parlamentarios que quieran intervenir. Tres minutos, se lo
ruego.
El señor SABATÉ IBARZ: En cuanto al compromiso de cofinanciación al
que se ha hecho referencia, voy a dar lectura a una respuesta del
Gobierno de fecha 23 de noviembre a una pregunta del senador don
Ramón Aleu. Decía lo siguiente: ¿En qué fecha ha sido declarada de
interés general la autovía comprendida entre Mataró y Granollers en
la provincia de Barcelona? Y la respuesta, firmada por el secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes, dice: Con fecha 15 de junio
de 1998 (15 de junio de 1998, es decir, este año, yo creo que ya no
gobernábamos los socialistas en esta fecha) se ha firmado un
protocolo de intenciones relativo a la financiación de las obras
viarias de interés general del eje transversal de Cataluña y de la
autovía Mataró-Granollers, suscrito por los secretarios de Estado de
Presupuestos y Gastos y de Infraestructuras y Transportes de los
Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento, y por el consejero de
Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña. Fecha 15 de junio
de 1998, un protocolo de intenciones. En dicho protocolo -continúa-
se hace referencia al acuerdo entre la Administración General del
Estado y la Generalitat de Cataluña para promover los instrumentos de
cooperación necesarios para la financiación conjunta de
infraestructuras de transportes que mejoren la accesibilidad a los
países centrales europeos, condiciones que reúnen las dos
infraestructuras citadas, toda vez que el eje transversal, además de
estructurar la Cataluña interior, es también una alternativa a la N-
II por fuera del entorno metropolitano de Barcelona (expresión
curiosa ésta) y la autovía Mataró-Granollers forma parte del
incipiente cuarto cinturón de Barcelona. Fecha 15 de junio de 1998,
no sé dónde están los compromisos. (El señor vicepresidente, Morlán
Gracia, ocupa la Presidencia.)
Las referencias al pasado a mí me parece que sólo se utilizan cuando
no se tienen argumentos para justificar el presente, de manera que
podemos hablar del pasado, decir si hay responsabilidades o no, el
representante de Convergència ya ha dicho que en todo caso son
compartidas y por lo tanto se echa piedras a su tejado también, pero
yo creo que lo que hay que mirar es al futuro. Este decreto no tiene
precedentes en la historia de la democracia española, lo tenemos que
repetir otra vez, es para pagar obras ya realizadas, pagadas por la
Generalitat de Cataluña, inauguradas, y por lo tanto estos 41.000
millones no son ninguna nueva sensibilidad, como dice el
representante del Grupo Popular.
Desde nuestro punto de vista hay que restablecer el nivel inversor
del Estado en el conjunto de España, especialmente ahora que estamos
haciendo referencia a Cataluña, después de la caída que se ha
producido desde 1995 que ha supuesto en Cataluña una reducción del
nivel inversor
del Estado en un 35 por ciento y que ha situado la inversión pública
del conjunto de las administraciones en esta comunidad en un 2 por
ciento de su producto interior bruto, por debajo de la situación en
el conjunto de España cuando el nivel inversor del conjunto de las
administraciones públicas es del 3 por ciento del producto interior
bruto español.
Para terminar, es verdad que las consignaciones que nosotros
establecemos están previstas para este año, lo que hacemos es quizá
incrementarlas, en algunos casos para compensar lo que, ya lo he
dicho en mi primera intervención, se ha producido de rebaja de
algunas partidas en el trámite de esta Cámara. No tenemos ninguna
animadversión, como aquí se ha dicho textualmente, contra las obras
que ha hecho la Generalitat de Cataluña; ¡vaya disparate! Yo creía
que ya se iba a decir contra Cataluña; de ahí a decir lo otro iba un
paso, como en muchas ocasiones se nos ha dicho.
Lamentamos que no salga adelante esta proposición no de ley que,
desde nuestro punto de vista, insisto, hubiera servido para deshacer
un despropósito sin precedentes que esperemos no vuelva a repetirse
más.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Tiene la palabra el señor
Sedó. Les agradecería que fueran breves todos.
El señor SEDÓ I MARSAL: En primer lugar voy a decir que en este
momento nos acaban de leer una respuesta a un senador de la
demarcación de Tarragona, y sí, está fechada en 1998, que es cuando
se articulan los papeles para poder arresglar el desaguisado que hubo
antes, el desaguisado. Cuando yo me he referido a compromisos no
cumplidos, ya he dicho también de cuándo eran, quién estaba en el
Ministerio en aquellos momentos. Igualmente he dicho que nosotros
reconocíamos que habíamos dado el apoyo, pero no teníamos ninguna
satisfacción con las actitudes del entonces ministro, señor Borrell.
También se nos habla, veo que venía muy preparado para una segunda
intervención el señor Sabaté, de todos los números estadísticos. Con
los números se sacan las estadísticas que se quieren. Todo lo que
explica él aquí de que ha bajado la inversión en Cataluña y tantos
por cientos arriba y abajo, verdaderamente para nosotros es falso. No
le puedo rebatir, no lo tengo preparado porque hoy no era éste el
debate, pero no tengo ningún inconveniente en que celebremos un
debate y le demostraré que los números que él da son demagógicamente
falsos.
Respecto a la delimitación de responsabilidades y a la demarcación de
la N-340, quisiera pedirle que analice profundamente y valore quién
tenía las responsabilidades cuando se hizo el primer tramo a cuatro
carriles, cómo es que ahora los tramos tienen que hacerse enlazando
tramos hechos, porque la N-340, en la zona de Tarragona, es un
intermitente: ahora hay carretera, ahora hay variante, ahora no hay
variante, ahora hay variante, ahora no hay variante, etcétera, y así
en cinco o seis tramos. Todos estos tramos, prácticamente, excepto
uno, se construyeron en época del ministro socialista. Decimos que si
nos referimos a cosas pasadas es que no tenemos para el presente,
pero es que a veces no se quiere hablar de las cosas pasadas, sobre
todo en infraestructuras donde las obras duran tantos años, porque
el bagaje a presentar de años pasados es verdaderamente aire, no
hay nada positivo. Por lo tanto es preferible hablar de futuro y de
presente sin pensar que muchas de las obras que ahora se están
discutiendo en Tarragona, ahora se enteran, o nos enteramos, si
quiere, también lo aceptaré yo, de que son vías a dos carriles, pero
la responsabilidad de las personas que tuvieron cargos en el
Ayuntamiento mientras su partido tenía mayoría absoluta en el
Gobierno estata, es muchísimo mayor que la nuestra.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señor Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Muy brevemente, señor presidente, sólo para
tratar dos puntos. Nosotros no vamos a mirar hacia atrás, señor
portavoz del Grupo Socialista. La pregunta de por qué no lo hicieron
no nos la tendrá que contestar a nosotros, se la tendrá que contestar
a los ciudadanos. La realidad es que con nosotros, y con el apoyo de
Convergència i Unió, este año el incremento en la inversión en los
Presupuestos Generales del Estado ha subido un 80 por ciento en
Cataluña. Esto es la realidad, decir otra cosa no es.
Por otra parte, aunque ya está ampliamente debatido y está en el
«Diario de Sesiones», quisiera decir, que este es un gasto necesario,
es un gasto bien explicitado, con un procedimiento ajustado al
ordenamiento jurídico, y para ello está el dictamen del Consejo de
Estado, que le recomiendo que se lo lea.
- RELATIVAAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLE
AACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/001203.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Debatida esta proposición no
de ley, vamos a pasar a la siguiente, la relativa al cumplimiento de
la normativa de seguridad aplicable a actividades subacuáticas.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa
tiene la palabra don Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista
Galego.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Esta iniciativa que presentamos, relativa
al cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable a actividades
subacuáticas, va destinada a las actividades del buceo profesional,
actividades que están muy relacionadas con todo lo que sea salvamento
y seguridad, pero no solamente búsquedas o puestas a salvo de
personas, sino también realización de las grandes obras de
infraestructura.
Por lo tanto, las aguas continentales del Estado español, las aguas
territoriales, es decir, todo aquello que está relacionado con los
puertos, están muy afectadas por las actividades a las que nos vamos
a referir. Tanto es así que su gran peligro, al estar vinculadas a un
tipo de actuación tremendamente sensible, llevó al Ministerio de
Fomento hace un año a publicar una orden que aprobara precisamente
lasnormas de seguridad para la práctica de estas actividades
subacuáticas. De todas maneras, después de un año de experiencia de
lo que posibilitó la orden del 14 de octubre, sigue habiendo una gran
precariedad en el desempeño de estas funciones profesionales cuando
no se han empeorado las mismas condiciones.
En todo caso, como en muchas otras profesiones, hay una tensión entre
lo que es la normativa de seguridad y el coste o el precio de esta
actividad, que se intenta que sea lo más bajo posible, sobre todo
cuando se trata de actuaciones vinculadas a las obras de
infraestructuras.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de las actividades
subacuáticas de carácter profesional se realizan pagadas por grandes
empresas pero que no forman parte de su staff, sino que son empresas
subcontratistas o subcontratadas y personas que individualmente
venden sus servicios de una forma precaria.
Sin embargo, parece que hay un contexto legal al que alude la orden
de 14 de octubre de 1997 que vincula esta orden a un grado de
profesionalización claro, es decir, a una actividad que debe estar
reglada y para la que se necesitan determinado tipo de títulos, y
además una vinculación, lo cual ya es mucho más interesante, a la Ley
27/1992, de Puertos del Estado. Por lo tanto, habría que hacer un
esfuerzo por darle coherencia a la orden publicada y a todo tipo de
normativa que vaya dirigida a regular esta actividad que, vuelvo a
repetir, es sumamente importante y tan importante como peligrosa.
El Gobierno sigue echando balones fuera si piensa que una profesión
de este tipo puede estar desregulada o poco clarificada, si piensa
que existe un suficiente grado de control y de inspección, y lo que
es más importante, de sanción cuando se viola la norma, si no tiene
en cuenta que hay un vacío legal claro en algunas respuestas del
propio Gobierno al diputado que está hablando, e incluso una cierta
dificultad a la hora de esgrimir cuáles son las competencias de las
comunidades autónomas y cuáles las del Estado, por lo menos en un
sitio como Galicia, donde no se acaba de clarificar para nada, no sé
si será porque la Xunta de Galicia no tiene una policía autonómica
destinada de forma relevante a funciones de este tipo, no sé si
porque las capitanías marítimas no están interesadas, pero en todo
caso sí hay observaciones del Seprona, incluso de la Guardia Civil
del Mar, en el sentido de que ellos no tendrían inconveniente en
controlar in situ esta actividad si tuviesen una disposición
clarificada o bien una voluntad favorable de sus superiores al
respecto.
En todo caso, señorías, lo que intentamos con la parte resolutiva son
cinco cosas que tienen un nivel muy diferente, que tienen una
intencionalidad y un alcance también diferenciado, pero que intenta
poner orden en esta especie de confusión a la que antes me referí. El
primer punto lógicamente puede parecer obvio, pero como no se hace,
las cosas obvias que no se hacen hay que recordárselas al Gobierno
para que por lo menos intente que se cumpla la normativa que publicó
hace un año. Sería hacer cumplir la normativa de seguridad publicada
por el Ministerio de Fomento. Para hacer cumplir una norma,
lógicamente hay que tener los funcionarios o los organismos
competentes encargados de vigilar que se cumpla, y a ese fin va
destinado el punto número 4, que sería que se llegase a un acuerdo
con la Guardia Civil del Mar y el Seprona para el control in
situ de la actividad. En caso de que, por supuesto, hubiese
comunidades autónomas que tuviesen un marco competencial o un
desarrollo estatutario que posibilitase contar con un cuerpo propio a
tal fin, mejor que mejor. No parece ser así, por lo menos las
informaciones de todas las asociaciones profesionales que pertenecen
a las comunidades autónomas que tienen mar o que tienen costa. En el
segundo punto, hay la intención de clarificar el régimen sancionador,
de forma que sea aquel que figura en todos los artículos de la Ley de
puertos del año 1992, y por lo tanto que se aplicase este régimen
sancionador a la normativa de seguridad del buceo profesional y que
el encargado de hacer esta aplicación fuese un organismo de la marina
mercante y del conjunto de lo que es la legalidad establecida por la
Ley de puertos, que son las capitanías marítimas.
Y por fin, una cuestión, y última, que puede parecer beneficiosa para
las empresas, pero que se trata siempre de pequeñas empresas que
están subcontratadas, no las grandes empresas constructoras, o bien
de empresarios individuales, y hay que reconocer que, en caso de que
se aplicasen todos los requisitos de las normas de seguridad, muchas
de sus plantas y equipos de buceo no las cumplirían. Por lo tanto,
para que esto pudiese ser práctico, eficaz, y sobre todo que la
legalidad se pudiese aplicar en todo su carácter incisivo, habría que
modernizar estos equipos y estas plantas, para lo cual se pide que se
faciliten ayudas que -repito- serían para personas que realicen
trabajos como autónomos o bien para pequeñas empresas que son
subarrendadas.
En todo caso, ya acabo, se trata de prestar coherencia a la actividad
del buceo profesional, porque, vuelvo a repetir, que todas las
respuestas del Gobierno a este diputado se caracterizan cuando menos
por su parquedad o por una falta de clarificación indicativa de que
el sector tiene problemas, y sobre todo problemas de falta de
clarificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURACLAVELL: Señoría, el Grupo Parlamentario Socialista se
felicita de que una vez más en esta Comisión de Infraestructuras
hablemos de temas vinculados a la seguridad del hombre en la mar, a
la seguridad en la mar.
Recordarán SS.SS. que en la Comisión de Infraestructuras última, la
que se celebró precisamente hace una semana, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una proposición no de ley, cuya resolución fue
desestimada por la mayoría de esta Comisión, en la que indicábamos
que, habida cuenta del enorme crecimiento del número de embarcaciones
deportivas que navegan por nuestras aguas litorales, la
responsabilidad competencial en lo que al control de la seguridad de
los navegantes se refiere le compete al Ministerio de Fomento,
concretamente a la Dirección General de Marina Mercante, y de forma
más concreta a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Hoy
estudiamos una iniciativa que en su globalidad responde a una
filosofía que nosotros compartimos, responde a una preocupación que
nosotros compartimos, pero también le hemos indicado al diputado
proponente que el proyecto de
resolución que ofrece para su aprobación o desestimación, si así se
considerase, está articulado en una serie de puntos que, si se
aprobasen tal y como vienen en el proyecto de resolución, podríamos
encontrarnos con dificultades operativas.
En suma, nosotros estimamos que la iniciativa es oportuna. Nosotros
estimamos que la iniciativa es oportuna porque el Congreso de los
Diputados no puede dar la espalda a un problema que tienen
fundamentalmente las empresas dedicadas a actividades subacuáticas.
Empresas dedicadas a actividades subacuáticas que en un país ribereño
como el nuestro, con tanto litoral, con tantos puertos de interés
general, con tantos puertos deportivos y con una flota mercante nada
desdeñable, son muy importantes en número, y en lo que a la
funcionalidad se refiere, todo el conjunto de empresas privadas que,
como ha dicho el señor proponente de la iniciativa, son empresas que
normalmente actúan como subcontratas de grandes empresas. Cuando hay
que hacer un dique de abrigo de un puerto, cuando hay que construir
un espigón para puntos de atraque de ampliación de cualquiera de los
puertos, naturalmente las grandes empresas constructoras, han de
subcontratar empresas especializadas en trabajos subacuáticos.
También las empresas transportistas, para calafatear sus barcos sin
necesidad de provocar su varado, han de ayudarse de empresas
subcontratadas de estas características.
En consecuencia, se trata de una actividad normalmente no reconocida
por la sociedad, o no conocida suficientemente por la sociedad, que
tiene un conjunto de problemas de operatividad, y quienes tenemos
cierta sensibilidad y a lo largo de nuestra vida profesional hemos
tenido algunos que otros contactos con la misma, sabemos que operan
con una falta de apoyo institucional innegable. Y, para ser honestos
políticamente, he de decir que no es un tema de este momento, es un
tema histórico en nuestro país.
En efecto, la Ley de Puertos del Estado, aprobada en el año 1992, se
hace eco de este grave problema y dedica un número muy elevado de
artículos al análisis de las funciones que debe desempeñar la
Sociedad de salvamento y seguridad marítima, a la funcionalidad en su
conjunto, a un régimen reglamentario que pretendía ser riguroso, pero
que en el transcurso del tiempo ha demostrado que la praxis de la
necesidad del apoyo del profesional y de la empresa que realiza
actividades subacuáticas no se ve correspondido con la funcionalidad
por parte de la Administración, en cierto modo porque la
Administración a veces carece de los medios suficientes.
Señorías, en desarrollo precisamente de esa normativa, a nosotros nos
sorprendió que la modificación de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, que propuso este Gobierno como consecuencia del
pacto de gobernabilidad con el Grupo Parlamentario de CiU y de los
nacionalistas vascos, no introdujera ninguna modificación en el
articulado de la ley de 1992. Lo que sí ha hecho la Dirección General
de Marina Mercante ha sido publicar una orden ministerial, de 14 de
octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para
el ejercicio de actividades subacuáticas. Es una orden ministerial
con un artículo único, que conviene leerlo, por el cual se aprueban
las normas de seguridad para el ejercicio de las actividades
subacuáticas, con una disposición adicional primera que
justifica el proyecto de enmienda in voce que vamos a presentar a la
consideración de esta Comisión, que textualmente dice: Se autoriza al
director general de la Marina Mercante para actuar periódicamente la
adjunta norma de seguridad al objeto exclusivo de acomodarla a las
innovaciones tecnológicas que se produzcan en este sector.
Señorías, conviene tener muy presente que las normas de seguridad
para el ejercicio de las actividades subacuáticas recogidas en el
anexo son complejísimas. El articulado es muy complejo. A modo de
curiosidad, el artículo 2.o, fíjense ustedes, trata de empresas de
buceo profesional, escuelas, centros turísticos de buceos y clubes de
buceo. En el artículo 3.o habla de los gases respirados. En el
artículo 4.o sobre la duración máxima de la exposición diaria de los
trabajadores al medio hiperbárico, es decir, el período de tiempo
clásico máximo que se permite a un trabajador que ejerza labores de
buceo, es de una hora y media, y con una regulación según las
características de la mar, según sea una mar tendida, una mar gruesa;
o el artículo 5.o, sobre el número de personas mínimo que deben
intervenir en un trabajo de buceo, es decir, los que deben estar en
la superficie protegiendo y preocupándose de la salud y del estado de
operatividad del buceador.
En suma, señorías, les puedo seguir leyendo los artículos de esa
orden ministerial, a sabiendas de que cualquier diputado o diputada
de esta Comisión con acudir al Boletín Oficial del Estado puede
conocerlas, pero para aquellos que por razones profesionales o de
voluntad política o de vocación política no se adentran en estos
sistemas, es bueno que dediquemos a esa exposición 3 ó 4 minutos, tal
como he consumido, a efectos, reitero, de incrementar la motivación y
el sentido de respeto que las Cortes Generales y esta Comisión
específica tienen que tener hacia estos profesionales.
Señor presidente, en consecuencia, dada la importancia social de un
sector muy reducido de profesionales de este país que ejercen su
función en un medio que no les es propio, qué duda cabe que las
administraciones públicas, las autonómicas, han sido receptoras del
trasvase competencial de funciones que en materia de seguridad en la
mar y salvamento marítimo les son propios de la Administración del
Estado, y que, fruto de convenios, se han ido produciendo
determinados niveles de competencias transferidos. Además, dadas las
complejas tecnologías que permanentemente van apareciendo en el
mercado y que mejoran la seguridad del trabajador, parece razonable
lo que dice la disposición final primera de esa orden ministerial,
que autoriza al director general de Marina Mercante a actualizar
periódicamente las normas de seguridad al objeto exclusivo de
acomodarlas a las innovaciones tecnológicas.
Por ello, con la mayor consideración desde luego a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Mixto, y concretamente al interés demostrado por
el diputado señor Rodríguez Sánchez que la ha defendido, nosotros
hemos querido entender que aquí hay una preocupación que este grupo
parlamentario nos trae a la Comisión. Con el mayor rigor posible
hemos analizado los cinco puntos de resolución que nos propone, que
no consideramos viables porque son mejorables en su articulación,
pero creemos que tienen una componente muy positiva, y es que abre un
proceso de debate, de análisis y de propuestas de resolución. Por
ello, elevaremos
a la Mesa en unos minutos esta enmienda in voce que diría lo
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a efectos
de que informe en el plazo de tres meses, ante la Comisión de
Infraestructuras, de las medidas adoptadas a lo largo del último año
en desarrollo de los contenidos del anexo que sobre normas de
seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas se recogen en
la orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre de 1997; que
también se referencie el grado de siniestralidad habido hasta la
fecha y se sugieran indicaciones complementarias que por el Gobierno
se estimasen necesarias adoptar.
Nos parece que esa resolución puede ser adoptada consensuadamente en
la Comisión, por cuanto demostraría una voluntad positiva de conocer
la realidad del sector, ya que simplemente con la exposición de
motivos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto no
podemos acceder a ello.
En consecuencia, hay una propuesta donde, primero, decimos que en
tres meses el Ministerio responsable informe a esta Comisión, en un
punto correspondiente del orden del día, sobre la situación de este
sector en nuestro país, ya que hasta estos momentos en la actual
legislatura las Cortes Generales no conocen qué es lo que ocurre.
Segundo, decimos que tal como dice la disposición final primera de
esa orden ministerial, que también se referencie, y lo reitero, el
grado de siniestralidad habido hasta la fecha desde el momento en que
se publicó la orden ministerial, hace un año, qué medidas se han
venido adoptando y cuáles el Gobierno estima que se deben adoptar.
Este es un proyecto de resolución que nosotros queremos elevar a la
consideración de esta Cámara, en el supuesto de que lo aceptase el
diputado proponente, señor Rodríguez Sánchez.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Le agradecería que nos
pasara por escrito el texto de la enmienda in voce que presenta y se
la ofreceremos a los otros grupos para ver si, en principio si
aceptan que se tramite como tal enmienda in voce y, después, para su
consideración por el grupo proponente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar en contra de la aprobación de la proposición no de ley que
ahora mismo nos ocupa y también de la enmienda in voce que ha
anunciado el Grupo Parlamentario Socialista, en el caso de que el
grupo proponente la acepte. Si me permiten establecer un orden
metodológico, empezaré por esta enmienda in voce y daré las razones
por las que no vamos a votar a favor, por las que no la vamos a
aceptar. Tal como la ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista, a
este diputado y a este grupo parlamentario le parece mucho más
materia de una comparecencia de la autoridad correspondiente ante la
Cámara del Congreso de los Diputados para que explique esa
valoración, esas actuaciones del Gobierno en esa materia, que de una
proposición no de ley. Sus señorías saben que este Gobierno comparece
gustosamente ante la Cámara para dar las explicaciones oportunas, no
sólo por cuestiones de mera cortesía sino porque además es su
obligación.
Por lo que se refiere a la preocupación que manifestaba el portavoz
del Grupo Socialista por este tema, realmente la sorpresa es la de
este grupo parlamentario, por cuanto que, efectivamente, la Ley de
1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye
competencias al Ministerio de Fomento en materia de seguridad de la
vida humana en el mar, pero esta ley del año 1992 ha tenido que
esperar cinco años, hasta el año 1997, hasta que el Gobierno del
Partido Popular se decide a desarrollarla reglamentariamente, tal y
como se desarrollan todas las leyes, y así este Gobierno ha sido el
autor del reglamento ejecutivo que está contenido en la orden
ministerial de 14 de octubre de 1997, por el que se regulan las
normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas.
Como ya ha explicado y expresado el portavoz del Grupo Mixto, el
señor Rodríguez Sánchez, es una materia con una amplia dispersión
competencial. Una amplia dispersión competencial, común a otras
actividades, a otras materias, pero que en ningún caso dificulta el
seguimiento, el control por parte de las autoridades sobre este tipo
de actividades. Efectivamente, la seguridad de la vida humana en el
mar corresponde, como he dicho, al Ministerio de Fomento, pero hay
que contemplar la interacción que se produce con otros órganos
administrativos, como el Ministerio de Educación, en lo que se
refiere a los contenidos formativos y a los títulos de formación
profesional en la materia, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y sobre todo a las competencias que corresponden a las
comunidades autónomas en el ámbito de cada territorio. Y así, por lo
que se refiere a mi comunidad y a la comunidad del portavoz del grupo
proponente, la comunidad gallega, esta materia ha sido transferida a
Galicia mediante el Real Decreto 1377/1997, de fecha 29 de agosto.
Delimitado de esta forma el marco que compete al Ministerio de
Fomento, el establecimiento exclusivamente de las normas de seguridad
que han de cumplir estas actividades, en la orden ministerial de 14
de octubre de 1997 se establece un sistema encaminado a garantizar su
observancia. Así se determina que en temas de buceo profesional las
solicitudes de obra o trabajo se presentarán en el organismo
correspondiente de la comunidad autónoma responsable, acompañadas de
la documentación que se exija en cada caso para este tipo de
solicitud, siendo estudiada y autorizada, si procede, por el citado
organismo. A las capitanías marítimas sólo les corresponde dar su
aprobación a efectos de seguridad a la autorización que ya haya
concedido la comunidad autónoma competente para la realización de
estos trabajos subacuáticos.
Por todo lo anteriormente expuesto, la vulneración de las normas de
seguridad supondrían una infracción de lo dispuesto en el título IV
de la Ley de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y
concretamente del artículo 116.2, h), que califica como infracción
muy grave el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre
la seguridad marítima que ocasione accidentes con daño para las
personas. Alo que hay que añadir que, según el artículo 119.1, las
acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción serán
sancionadas según las disposiciones contenidas en esta ley.
No parecen apropiados entonces los tres primeros puntos de la
proposición no de ley, por cuanto que su contenido
se reduce a solicitar que se observen y se cumplan las leyes, lo que
evidentemente se realiza siempre y en todo caso con la mayor
diligencia y celeridad.
Se nos habla también en el punto 4 de llegar a acuerdos con la
Guardia Civil del Mar y del Seprona para el control in situ. El
servicio marítimo de la Guardia Civil tramita, como SS.SS. saben, las
denuncias pertinentes por pesca submarina sin licencia con equipos
autónomos de inmersión, las referentes a normas de seguridad de
actividades subacuáticas y la pesca submarina en zona prohibida y sin
licencia. Se inspecciona también por la Guardia Civil las
instalaciones de carga de aire en clubes, empresas, organizaciones,
etcétera, para comprobar que poseen las correspondientes
autorizaciones de Industria para estas operaciones, prestando
especial atención a las instalaciones de nitrox, de acuerdo con la
legislación vigente sobre aparatos y recipientes a presión a nivel
nacional y las ampliaciones autonómicas a que afecte en este campo.
Se han producido numerosas infracciones que han sido denunciadas por
el citado servicio marítimo de la Guardia Civil durante los años
1996, 1997 y 1998, que considero ocioso reproducir a sus señorías. De
igual manera, y de acuerdo con la Ley 42 de 1997, de 14 de noviembre,
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la
colaboración del cuerpo de la Guardia Civil con los funcionarios del
cuerpo superior de inspectores de Trabajo y Seguridad Social está
permanentemente abierta y se fomenta la misma en todo lo necesario
para reforzar la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la
legislación vigente.
Por lo que se refiere a las ayudas para que las empresas adecuen sus
equipos y las plantas, estas ayudas corresponden más al Ministerio de
Industria y a las consejerías de industria de las diferentes
comunidades autónomas, que tienen sus correspondientes líneas de
ayuda a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas y
autónomos.
Por último, por que se refiere al comentario que el señor Segura ha
hecho respecto a la disposición adicional de la orden ministerial de
14 de diciembre, hay que decir que en una materia tan sujeta a
cambios tecnológicos, a cambios técnicos, es absolutamente lógico que
se faculte a la autoridad competente para que la vaya adaptando a
esos cambios tecnológicos que se van produciendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señor Rodríguez, a los
efectos de indicar si acepta o no la enmienda presentada por el señor
Segura.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, habida cuenta de que el
texto inicial no cuenta con el aval o la predisposición de por lo
menos una parte sustancial de la Comisión, vamos a aceptar la
enmienda in voce para que se pase a la votación, más que nada por
iniciar un camino cuando menos de clarificación de la situación por
parte del Gobierno.
- RELATIVA A LA GRATUIDAD DEL SERVICIO DE INFORMACION 1003. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001229.)
- RELATIVA A LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS DE INTERÉS
SOCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001230.)
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS TELEFÓNICAS REDUCIDAS EN DÍAS
FESTIVOS NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001231.)
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE TARIFICACIÓN POR SEGUNDOS A
LAS LLAMADAS DESDE CABINAS Y APERTURA DE ESTE SERVICIO A OTROS
OPERADORES EN COMPETENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001232.)
- RELATIVA A LA CONSIDERACION DE SERVICIO MÍNIMO DE LA CUOTA MENSUAL
DE ABONO DEL SERVICIO TELEFÓNICO Y DEL COSTE DEL INICIO DE LA
LLAMADA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001233.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a pasar a continuación
al debate de las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo
Socialista y que hacen referencia a los siguientes temas: la primera
de ellas relativa a la gratuidad del servicio de inforrnación 1003;
la segunda relativa a la gratuidad de los servicios telefónicos de
interés social; la tercera relativa al establecimiento de tarifas
telefónicas reducidas en días festivos nacionales, autonómicos y
locales; la cuarta relativa a la aplicación del sistema de
tarificación por segundos a las llamadas desde cabinas y apertura de
este servicio a otros operadores en competencia; y la quinta relativa
a la consideración de servicio mínimo de la cuota mensual de abono
del servicio telefónico y del coste del inicio de la llamada, que en
el orden del día llevan las números 8 a 12, ambos inclusive.
Como he dicho, son proposiciones no de ley presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra don Jesús
Caldera.
El señor CALDERAYSÁNCHEZ CAPITÁN: Como bien indica su señoría, en un
mismo trámite acumulado defendemos cinco proposiciones no de ley. Que
el proceso de liberalización de las telecomunicaciones es positivo -
mejor dicho, debería ser positivo- en términos de mejora de la
calidad del servicio y de abaratamiento del mismo para los usuarios y
los consumidores, está fuera de duda. Lamentablemente en España no
está siendo así, y no lo está siendo por un comportamiento de índole
política que el Gobierno viene manifestando, protegiendo, de forma
contraria a los intereses públicos y a los intereses de los
consumidores y usuarios, al operador dominante, es decir, a la
compañía Telefónica. Incluso así se pone de manifiesto por parte de
los órganos pertinentes de la Unión Europea, cuando
en su último informe, saludando lo positivo de este proceso, indica
que España es uno de los países, me parece que el penúltimo, o está
entre los tres últimos, donde menos se ha notado la bajada de los
precios en el servicio telefónico. Repito, ello es así porque el
Gobierno ha tomado partido, y lo ha tomado de forma impropia, de
forma injusta además, de forma que atenta contra los intereses de los
consumidores y usuarios. Y si es verdad que en determinadas
actividades de la telefonía, como la telefonía internacional o la
nacional, se han producido importantes rebajas, esto lo ha sido sin
duda alguna sólo debido a la posibilidad de que otras empresas
compitieran con la compañía Telefónica y prestaran así, tiraran los
precios hacia abajo en estos segmentos, utilizando un argot vulgar,
pero no ha ocurrido así en los restantes.
Por eso aquí presentamos una serie de iniciativas parciales, algunas
de las cuales pueden, debido a la fecha de su presentación, tener
algunos aspectos desfasados, muy pocos, y en consecuencia les
prevengo a ustedes de esos hechos, pero en todo caso las defiendo
rápidamente.
La primera tiene que ver con la gratuidad del servicio de información
1003, dado que la orden ministerial, como explico en la exposición de
motivos, de 31 de julio de 1998 sobre el llamado reequilibrio
tarifario de servicios prestados por Telefónica, Sociedad Anónima,
multiplicó el precio de estos servicios para los usuarios, y además
lo ha multiplicado de una forma muy elevada. Antes de que entrara en
vigor esta norma, debido a la voluntad del Gobierno de la nación, del
Gobierno del Partido Popular, el precio de las llamadas ascendía a
45,6 pesetas más IVA, además se podían solicitar dos números de
teléfono, y adicionalmente sólo se facturaba la información sobre los
números de teléfono que las guías recogieran perfectamente. Ahora,
¿qué ocurre? Pues miren, señorías, las nuevas tarifas se van a 115
más IVA el coste del primer minuto y 50 pesetas cada minuto
adicional, y lo más grave es que sólo se puede obtener información
sobre un número en cada llamada. Y adicionalmente, ahora sí, a partir
de este momento se facturan todas las llamadas, excepto, eso sí, las
realizadas desde cabinas, aunque la información no esté recogida en
la guía o en las guías telefónicas. Por todo ello, la parte
dispositiva de esta proposición no de ley lo que solicita es que se
modifique esa orden, la orden de 31 de julio, estableciendo la
gratuidad del servicio de información 1003.
La segunda tiene que ver con los servicios telefónicos de interés
social. He de advertir que el conjunto de estas iniciativas, las
cinco que estoy defendiendo, no se dirigen a un solo operador,
fíjense SS.SS. que tienen que ver con todos los operadores, como es
lógico, que presten ya o hayan de prestar, esperemos que en un futuro
lo más inmediato posible, este tipo de servicios. Pues bien, los de
interés social son o resultan esenciales, creo que nadie lo
discutirá, para garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos.
Hay otros servicios de interés social que contribuyen a una rápida y
eficaz prestación de servicios públicos que así evitan la consumación
de siniestros que en ocasiones pueden derivar, de no darse esta
pronta intervención, en tragedias. Lamentablemente algunas no se
pueden evitar, pero nuestros servicios de emergencia sí son capaces
de paralizar otras muchas y de obtener un notable éxito en una parte
importante de estas situaciones siniestrales a las que hay que
atender. La protección, por tanto, de personas y bienes también queda
garantizada a través de los mismos, y por supuesto su salud, su salud
cuando se produce una emergencia que debe ser rápidamente atendida.
He de decirles que la evolución histórica de la entrada en
funcionamiento de estos servicios a través del hilo telefónico ha
dado origen a un cierto caos de tarificación existente.
Hoy no discutiremos que el servicio telefónico es el más rápido,
cómodo y extendido, y por ello no es razonable que existan las
situaciones siguientes: servicios por los cuales Telefónica cobra 15
pesetas, 14,96, los 3 minutos, por ejemplo, urgencias de Insalud y
Guardia Civil; otros se cobran a una cantidad inferior, a 6,61,
bomberos, policía nacional, policía autónoma; otros son gratuitos,
bomberos provinciales y policía autonómica; y en fin, tenemos ahora
ya o tenemos en ciernes el 112, servicio de emergencia europea, que
aún no tiene fijada la tarifa. Por todo ello, lo que propone mi grupo
es muy sencillo, la unificación, pero la unificación en atención al
interés social de estas actividades, unificación con tarificación
gratuita de los servicios de interés social, y describimos cuáles
pensamos que en este momento deben ser: urgencias del Insalud,
Guardia Civil, bomberos, policía nacional, policía municipal,
bomberos provinciales, policía autónoma, servicio de emergencia
europeo, y aquellos que fueren así declarados y que deban entrar en
el concepto de servicio universal.
La tercera de ellas tiene que ver con el establecimiento de tarifas
telefónicas reducidas en días festivos, tanto nacionales como
autonómicos y locales. Tiene una clara explicación esta demanda de mi
grupo parlamentario, por cierto, demanda masiva, multiplicada hasta
el infinito por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios,
porque se sabe que los días festivos tienen una aplicación reducida,
pero sólo los de carácter nacional, y el Gobierno sólo autoriza a que
esta consideración se aplique a esas fiestas concretas, las
nacionales. Pues bien, nosotros consideramos que no hay motivos, ni
de carácter técnico, ni mucho menos político, menos aún social, para
que las autonómicas y locales, teniendo en cuenta que los calendarios
se establecen con una periodicidad, con una antelación suficiente,
y se recogen en boletines oficiales de festivos tanto autonómicos como
locales, no debería hoy existir dificultad técnica alguna ni
administrativa para aplicar estas tarifas reducidas. Por eso lo que
demandamos, a Telefónica y al resto de los operadores es el
establecimiento de esta aplicación en los festivos reconocidos
oficialmente, tanto nacionales como autonómicos y locales.
La cuarta tiene que ver, señorías, con la aplicación del sistema de
tarificación por segundos a las llamadas desde cabinas y también la
apertura de este servicio a otros operadores. La orden ya citada de
31 de julio de 1998, nosotros la llamamos comúnmente el TARIFAZO, que
tanta protesta ha levantado, especialmente entre los consumidores,
por la subida injusta y desproporcionada de las tarifas de carácter
local, y las protestas de los usuarios de Internet, porque esta
medida dificulta gravemente el desarrollo de la sociedad de la
información. Pues bien, es verdad que esta orden ministerial recogió
una reivindicación, que era el paso, valga la redundancia, de la
tarificación por pasos a la tarificación por segundos, pero excluyó a
las cabinas, y nosotros entendemos
que no hay ninguna causa tecnológica que lo justifique.
Sin embargo, no acaban aquí los problemas, bien al contrario. Esta
orden ministerial ha suprimido además, en un totum revolutum, las
tarifas reducidas para las llamadas metropolitanas que se efectúen
desde cabinas, es decir aquellas que se realizaban antes de esa orden
ministerial desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana,
produciendo así una elevación discriminatoria e injustificada del
precio de este servicio.
Tengan SS.SS. en cuenta que estas cabinas vienen siendo consideradas
como un negocio muy rentable, por eso la segunda parte de nuestra
petitio, de nuestra petición, es que este servicio se abra a la
apertura de la competencia a otros operadores. Esto es difícil de
evitar por parte del consumidor en determinadas circunstancia, es
decir, no cabe libertad de elección por parte del consumidor, en
especial para jóvenes o personas que al encontrarse fuera de su
domicilio se encuentren con algún problema, o para llamadas de media
o larga distancia de no residentes, turistas o emigrantes. Hoy no
puede considerarse, lo ha demostrado así la OCU, la Organización de
Consumidores y Usuarios, que haya problemas técnicos para este tipo
de tarificación por segundo, pues los aparatos actuales, señorías,
son capaces de medir exactamente el tiempo de llamada y, en
consecuencia, con una no muy difícil manipulación de orden técnico,
deberían poder tarifar por unidad de tiempo medida en segundos. Eso
es lo que reivindicamos en esta proposición no de ley.
Por último, una proposición no de ley relativa a la consideración de
servicio mínimo de la cuota mensual de abono del servicio telefónico
y del quantum de inicio de la llamada. He de decir con amplia
satisfacción que, debido a que esta iniciativa lleva ya casi tres
meses en la Cámara, lo que aquí pedimos ha sido ya puesto en
práctica, o se ha anunciado su puesta en práctica por una de las
nuevas operadoras de la telefonía, Uni 2. Me explico.
Históricamente las compañías telefónicas han cargado a sus llamadas
una tarifa inicial en razón de la conexión, justificado ello por el
coste que produce el hecho del inicio del servicio. Sin embargo, hoy,
con la elevada mejora de la productividad a causa de las nuevas
tecnologías, no parece tan justificado este sobrecoste. Una simple
mirada a la situación de nuestros homólogos, o de nuestros
competidores, o de los países similares al nuestro de la Unión
Europea, abona la iniciativa que presenta el Grupo Socialista, en
casi ninguno de ellos se paga una cantidad por inicio del servicio,
por el simple hecho de levantar el teléfono y efectuar una llamada.
Es lo que Uni 2, la nueva operadora, está ofreciendo a los ciudadanos
y consumidores españoles, que no cobrará un quantum, una cantidad
fija, simplemente por el inicio del concepto de levantar el teléfono
y realizar una llamada telefónica.
Lo correcto, por tanto, sería, o bien eliminar ese coste inicial, o
bien establecer que esa cantidad descontara de la facturación en
segundos de la duración de cada llamada, y circunstancia similar se
produce, aunque con un efecto económico muy, muy superior -y desde
luego en perjuicio del usuario- con las llamadas cuotas de abono.
Aquí existen clientes con bajo consumo, lo que permite a Telefónica
garantizar unos ingresos mínimos que compensan los costes
estructurales de las operadoras de telecomunicación, pero que,
siendo así, a partir de este momento, a partir de este proceso de
liberalización, cada vez tiene esta justificación menos sentido, y
además la cuota de abono, señorías, se percibe por períodos
adelantados, como forma de garantizar la disminución de morosos,
práctica que puede considerarse en parte abusiva y de posición
dominante.
Por todo ello, nosotros presentamos la proposición no de ley que pide
que se modifique otra vez la citada orden de 31 de julio de 1998
sobre reequilibrio tarifario, para que el coste inicial del servicio
de llamadas dé lugar a un servicio equivalente en segundos, de
acuerdo con las diversas tarifas establecidas, y determinar también
que la cuota de abono mensual se descuente del importe del servicio
consumido y se impida la práctica de percibir la misma por períodos
de cobro adelantado. Es decir, que no tendríamos inconveniente en que
la cuota de abono mensual se entendiera como precio mínimo, por tanto
esto no va a afectar gravemente a la cuenta de resultados de la
compañía Telefónica, porque todo usuario que utilice estos servicios
tendrá que pagar la cantidad mínima, pero eso sí, esa cantidad de
abono mensual ha de dar lugar al descuento en la factura del consumo
telefónico de los dos meses contemplados.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): A estas proposiciones no de
ley se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Popular, y están relacionadas con las consignadas con el número 9,
relativa a la gratuidad de los servicios telefónicos de interés
social, y la número 11, relativa a la aplicación del sistema de
tarificación por segundos en las llamadas desde cabinas y apertura de
este servicio a otros operadores en competencia.
Para su defensa, y para fijar posición respecto al conjunto de las
iniciativas, tiene la palabra doña Ana Mato.
La señora MATO ADROVER: En primer lugar, agradecerle al señor Caldera
el que por una vez en esta Cámara le he oído decir que es positivo el
proceso de liberalización de las telecomunicaciones para los
ciudadanos, porque es cierto que es un proceso positivo, y me alegra
escuchárselo, aunque luego haya dicho que el proceso en España no
está siendo positivo. Me alegra escuchárselo porque el señor Borrell
ha tenido mucho tiempo para decirlo y no lo consideró oportuno,
porque estimó que no sería tan positivo, tanto es así que se acogió a
la moratoria que teníamos. Por tanto, hasta el año 2003, si hubieran
ustedes seguido gobernando, no tendríamos la liberalización de las
telecomunicaciones, o sea, con 5 años de anticipación a su propuesta,
a la propuesta del señor Borrell, nosotros tenemos liberalización de
las telecomunicaciones en España.
Yaprovecho para decirle que buena parte de sus proposiciones no de
ley están basadas, y se lo he comentado antes, pero usted ha
reincidido en leer las cifras, ha reincidido en leer el texto exacto
de sus proposiciones; están basadas, repito, en hechos que, no es que
no sean reales, es que son absolutamente falsos, como voy a tener
oportunidad de demostrar en esta breve intervención y en las
enmiendas que voy a presentar.
El día 1 de diciembre de 1998 celebramos todos los quetenemos interés
en que haya competencia, todos los que
creemos que la competencia siempre ofrece mejores servicios, mejores
precios, y es buena para los usuarios; celebramos, insisto, la
liberalización de las telecomunicaciones en España. En ese mismo día,
el comisario Van Miert estuvo en España, y me refiero a eso porque
usted dice que estamos entre los países que están a la cola de Europa
en materia de liberalización, estamos a la cola de Europa porque
hemos liberalizado más tarde, eso sí, lo hemos liberalizado en dos
años, y el comisario Van Miert reconoció, decía, que había sido una
apuesta muy importante del Gobierno español el renunciar a la
moratoria completa e intentar llegar a la liberalización en el año
1998, como así ha sido. Es más, él insistía: Creíamos que ustedes no
lo iban a conseguir, pero lo han conseguido, y lo han conseguido
bien, por lo cual nos felicitamos todos los europeos en este momento.
Estas palabras no son mías, no son textuales tampoco, pero son del
comisario Van Miert el día que se celebró la liberalización de las
telecomunicaciones, que fue el día 1 de diciembre de 1998.
La liberalización de las telecomunicaciones, como ustedes saben,
permite que no solamente opere Telefónica, que era el operador
público, el monopolio que hemos tenido hasta hace exactamente dos
años y medio, sino que operen otros muchos operadores. En este
momento en España están operando Retevisión y Lince -Uni-2, como
decía el señor Caldera- que ya está ofreciendo condiciones más
ventajosas, unas condiciones que harán sin ninguna duda que los otros
operadores tengan que rebajar tarifas, tengan que renunciar a algunos
ingresos y, por tanto, mejorarán los precios para los ciudadanos,
porque eso es la competencia, esa es la esencia de la competencia: se
ofrecen servicios, unos los mejoran, otros los ofrecen nuevos, otros
mejor calidad y otros mejores precios; el ciudadano compara y elige
lo que cree más conveniente. Eso lo tenemos ahora y no lo teníamos
hace tres años. Señorías, yo creo que es bueno que el Grupo
Socialista también reconozca lo que ha significado la liberalización.
Ahora bien, entramos en las proposiciones, que son proposiciones en
este caso, como he dicho al principio, que no tienen ningún sentido,
porque yo entiendo que se busque justificación para presentar unas
proposiciones, entiendo que se justifique y creo que deberían estar
basadas en datos reales. Entiendo que cuando uno hace una exposición
dialéctica utilice datos que no son comparables entre sí y que pueden
llevar a algunas dudas, pero lo que no entiendo, no puedo comprender
y no comparto, es que se utilicen datos que son falsos para
justificar la necesidad de una proposición no de ley.
Y entro directamente a la proposición no de ley del número del
servicio de información 1003 que presentan. En la exposición de
motivos dice el Grupo Parlamentario Socialista: La Orden Ministerial
de 31 de julio sobre reequilibrio tarifario (orden ministerial que
tengo aquí y que está publicada en el BOE del 7 de agosto, por tanto
todos los señores diputados lo pueden justificar) ha multiplicado el
precio de este servicio -del 1003 se refiere- a los usuarios. Antes
de la entrada en vigor el precio de la llamada ascendía a 45,6
pesetas más IVA, pudiendo solicitar información sobre dos números, en
eso tiene usted razón, señor Caldera. Y después dice: Las nuevas
tarifas elevan a 115 pesetas más IVAel coste del primer minuto y 50
pesetas
cada minuto adicional. Pues bien, si nos vamos a la orden a la
que hace referencia, a la orden tarifaria, se lo puedo explicar: los
cambios introducidos no son respecto a los números, a la cantidad que
se cobra, sino a la terminología, se traduce el precio de unidades de
tarificación a pesetas/llamada, pero al final, si usted lee, son 8
unidades de tarificación, a 5,7 pesetas, se traduce en 45,6 pesetas.
Servicios especiales, artículo 9.1. Servicios de información.
Información, conceptos. Número 1003, pesetas por llamada, 45,6;
asterisco uno y asterisco dos. Asterisco uno: de aplicación en todos
los casos excepto cuando las llamadas sean efectuadas desde cabinas,
que serán gratuitas. Asterisco dos: se computarán a razón de una
consulta por llamada. Ni se habla de tiempo ni se habla de 115
pesetas, se habla de 45,6 pesetas. Esto está recogido en la orden
ministerial publicada en el BOE de 7 de agosto de 1998. Y además le
diré que esta tarifa de 45,6 pesetas, a la que usted hace referencia
como que es la que se ha multiplicado - pero que no se ha
multiplicado, como le acabo de demostrar- es la tarifa que permanece
invariable desde el año 1994.
En cualquier caso, también le digo que Telefónica presta, como es su
obligación -porque además así se ha recogido en la Ley General de
Telecomunicación-, el servicio gratuito de guía telefónica, y la
gratuidad en las cabinas es precisamente porque no se puede disponer
en ellas de las guías telefónicas, por tanto, si un señor tiene en su
casa la guía telefónica que le facilita todos los números de
información gratuitamente, porque las guías se facilitan
gratuitamente, pues se supone que puede pagar un precio asequible si
quiere no utilizar la guía telefónica. En las cabinas, sin embargo,
donde no tiene otra opción, porque no puede ser gratuito ya que no
tiene la guía disponible, se le ofrecen las llamadas gratuitas. El
precio de este servicio está sensiblemente por debajo del de otros
países de nuestro entorno, como pueden ser Italia, Francia, Reino
Unido, Holanda, y de todo esto tengo los datos a su disposición.
La Ley General de Telecomunicaciones obliga a que este servicio se
preste a un precio asequible, y eso está garantizado en la ley, pero
yo, si usted quiere, le puedo presentar una enmienda en la que
diríamos: Se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para
que las llamadas al 1003 se rijan por el principio de precio
asequible. Creo que no hace ninguna falta, porque el precio asequible
es el que rige todos los servicios, el servicio universal de
telecomunicaciones, y el servicio de información sería uno de ellos.
Por tanto, si usted quiere, lo podemos poner que sea el principio de
precio asequible, pero en cualquier caso creo que eso ya está
recogido y no haría ninguna falta.
En la segunda proposición, y no sé si voy bien por el orden, ruego me
disculpen, hablaríamos del sistema de tarificación por segundos en
las llamadas desde cabinas y apertura de este servicio a otros
operadores en competencia. Decía el señor Caldera que había dos
puntos: en primer lugar, que había que tarificar las llamadas en las
cabinas que se hiciera por segundos, también es verdad que pide un
horario reducido, y en segundo lugar, que se abriera a la
competencia.
El punto 2 de la proposición, y ahí seguimos con la falta de rigor o
la mala fe, dice: Instar al Gobierno a permitir laprestación de este
servicio por parte de otros operadores.
Señorías, desde el día 1 de diciembre de 1998 -es verdad que esta
proposición se ha presentado antes, por tanto eso puede ser una
excusa, pero es que usted lo ha mantenido hoy- están liberalizadas
las cabinas. El Gobierno ha impulsado la liberalización total de las
telecomunicaciones. Estamos en otra etapa diferente, aunque sus
esquemas anticuados no les permitan hacerse a la idea de ello, y en
la actualidad, cualquier operador de telecomunicaciones con
habilitación para prestar servicio telefónico fijo, puede prestar
telefonía de uso público. De hecho, en el País Vasco ya hay cabinas
en competencia con las cabinas de Telefónica.
En cuanto al punto 1.o, la orden ministerial establece un período
transitorio para la tarificación por segundos en las cabinas. La
orden ministerial no ha dicho que aquí manos libres, Telefónica deja
las cabinas para toda la vida y tarifica por pasos en vez de por
segundos. Esto no es así. Las cabinas telefónicas, que le recuerdo
que son 65.000 en estos momentos las que existen en España, no están
tecnológicamente preparadas para tarificar por segundos. Es verdad
que tienen información de la duración real, eso ya existe, en estos
momentos la duración real sí existe, pero no están metidos los
segundos, el precio de cada uno de los segundos en cada uno de los
sitios, en cada uno de los horarios, al tipo de comunicación que se
realiza en cada una de las cabinas. Por tanto, habría que meter un
aparato, que se llama un aparato de tarificación, si no me equivoco,
que tiene que sustituir a las cabinas actuales. Quiere eso decir que
hay que sustituir 65.000 cabinas telefónicas. ¿Que hay que hacerlo?
Sin ninguna duda, y por eso el Gobierno, en la orden ministerial, ha
dado un período transitorio de 3 años, que probablemente será menor.
¿Y por qué será menor? Por lo que usted dice, porque en cuanto
empieza a haber cabinas, que es el punto 2 en el que usted instaba al
Gobierno a que haya otras cabinas de otra compañía, ya pondrán el
sistema nuevo, y por tanto Telefónica se precipitará a mejorar o a
modificar las cabinas telefónicas actuales para permitir que se cobre
lo antes posible por segundos. De todas formas, hemos presentado una
enmienda en la que pedimos -ustedes ya la conocen- que lo antes
posible, cuando sea técnicamente posible, si puede ser antes de los 3
años, se lleven a cabo las modificaciones necesarias para que se
cobre por segundos en las cabinas telefónicas.
Gratuidad de los servicios telefónicos de interés social. Parece una
práctica habitual en ésta, y yo creo que es que no las han pensado
ustedes mucho o solamente su obsesión por atacar a Telefónica les ha
llevado a presentar unas proposiciones sin haber leído muy a fondo el
contenido de las mismas simplemente por presentar una batería de
ellas, y no digo en favor de los usuarios, porque no lo son, en favor
de los usuarios es que ustedes apoyaran la competencia y apoyaran a
la propia compañía Telefónica, que es una compañía importante que
tiene que competir, no sólo con las españolas que el Gobierno ha
posibilitado que estén hoy en marcha, sino con las que van a venir de
fuera, de otros países, que a partir del 1 de diciembre pueden entrar
en las demarcaciones a competir también con Telefónica. Por tanto,
Telefónica, que además es una compañía que, como usted sabe, tiene
muchísimos trabajadores y que además más de un millón de españoles
son accionistas de ella, yo
creo que es una empresa que no convendría o no deberíamos atacar y
tratar de perjudicar, sino todo lo contrario, deberíamos tratar de
defender por ser una empresa eminentemente española.
En cuanto a lo que decía, gratuidad de los servicios de interés
social, utilizan ustedes en la exposición de motivos unos datos que
por lo menos no son muy rigurosos; los precios que facilita dice que
son precios BOE, no son precios BOE porque ustedes han incluido el
IVA. Los precios para el 061 y 062 que ustedes mencionan son los que
corresponden al horario de hora punta, no facilitan ustedes que
también hay horario de hora reducida. Y por empezar por el final, las
llamadas al servicio de emergencia europeo. Usted dice: las llamadas
al servicio de emergencia europeo 112 todavía, no sé cómo ha dicho
usted, me parece que ha dicho que no tienen todavía fijada tarifa.
Pues sí, señorías, las llamadas al servicio europeo de emergencia 112
son ya gratuitas para el usuario en todas las comunidades autónomas
en las que se está prestando ese servicio y son la vía directa de
acceso para solicitar cualquier servicio de emergencia.
La Ley General de Telecomunicaciones, que ustedes pretenden obviar
pero que es una ley que garantiza una serie de derechos, muchos de
ellos, el 90 por ciento, relativos al servicio telefónico, encamina
las llamadas a los servicios de emergencia, dice que las llamadas a
los servicios de emergencia será a cargo de los operadores y que
inicialmente esta obligación se impondrá a los operadores respecto
a las llamadas dirigidas al número 112 de atención de urgencias.
El número único de llamadas de urgencia, el 112, tiene como finalidad
el poder acceder, en cualquier país de la Unión Europea, a todos los
servicios de urgencias (sanitarias -que usted hacía referencia-,
incendios, salvamento, seguridad ciudadana y protección civil) de
cualquier Administración de forma gratuita y con un número fácilmente
memorizable, como es el número 112. El acceso a este servicio,
señoría, y le ruego tome nota, está regulado en España mediante el
Real Decreto 903/1997, está en funcionamiento en la mayor parte de
las comunidades autónomas y en el resto está en proceso de
implantación. Además, son gratuitas también las llamadas a los
bomberos, a la policía y al servicio de emergencia provincial.
Yo entiendo su preocupación, porque la comparto, por que los
ciudadanos puedan evitar situaciones de emergencia, situaciones no
deseables, y sea de la mejor manera posible y a precio gratuito. En
cualquier caso, yo creo que con el número de urgencia 112 y con estos
números que son gratuitos tiene facilitado su acceso, pero aun así
hemos presentado una enmienda, que ya está previsto también, como le
digo, en la Ley General de Telecomunicaciones y en el desarrollo de
la misma, en los reglamentos, en la que pedimos que los servicios
obligatorios que tiene previsto acometer el Gobierno en los próximos
meses, y en base a los estudios pertinentes, determine qué números de
servicios deben de ser gratuitos para los usuarios.
La tercera proposición se refiere a tarifas reducidas en días
festivos nacionales, autonómicos y locales. Dice usted que no hay
ningún motivo técnico para que no haya tarifas, pues bien, tiene un
error, y lo voy a destacar, más que nada para que se vea lo poco
estudiadas que han sido las proposiciones
no de ley. Usted dice en la exposición de motivos, aunque no lo ha
dicho en su intervención: la tarifa reducida para los días festivos
sólo está autorizada a las llamadas de carácter nacional. No es así,
es incorrecto, porque la tarifa reducida es a todo tipo de llamadas.
Es verdad que sólo en las fiestas nacionales, pero no es sólo para
las llamadas nacionales, sino para todo tipo de llamadas: las
locales, las no locales, las provinciales y las internacionales.
En cualquier caso dice: No hay motivos técnicos. Pero le diré que
existen en España 8.097, según el censo de 1996, que a lo mejor es un
dato un poco anticuado, 8.097 municipios en toda España. Establecer
la tarifa local yo creo que sí es una complicación en la gestión,
porque las fiestas de más de 8.000 municipios no creo que sea tan
fácil como usted plantea el llevarlas. Además, hay una imposibilidad
técnica, que la red de división territorial de Telefónica no se
ajusta a la red de división administrativa, existen algunos núcleos
de población que tienen una dependencia de Telefónica distinta, y es
más, hay algunas redes telefónicas que valen para 2 ó 3 municipios al
mismo tiempo; por tanto, sí que hay complicaciones técnicas, y muy
graves. Es verdad que se publican las fechas, pero saber los días
festivos todos los años de 8.097 municipios y ajustarlos sin que haya
ninguna complicación técnica, es difícil de pensar. Ahí le recuerdo
que estamos en etapa de competencia, ya hay algunos operadores que en
comunidades autónomas están dando tarifas especiales, no solamente
porque sean días festivos, pero también porque son días festivos en
las comunidades autónomas, y sin duda lo harán para fiestas locales
en algunos determinados sitios. Por tanto, señorías, yo creo que esa
posibilidad también habría que dejarla en manos de la competencia.
Yla última proposición dice: Consideración de servicio mínimo de la
cuota mensual de abono y del quantum de inicio de la llamada.
En primer lugar, y como ya he señalado respecto a todas las demás
proposiciones -la verdad es que parece que me estoy poniendo un poco
pesada pero las cosas son así-, dice en su exposición de motivos, que
tampoco es correcta, que los principales operadores no tienen una
cantidad al inicio de las llamadas. Pues es una prática usual de los
operadores de telecomunicaciones europeos, y lo hacen así France
Telecom, British Telecom, Telecom Italia, Portugal Telecom, que
facturan una cantidad al inicio de las llamadas. La propuesta que
ustedes realizan de ofrecer segundos de conversación asociados al
quantum ya existe en las llamadas metropolitanas en España. Las
llamadas que más se utilizan por los usuarios residenciales, por
tanto las que usted ha considerado conveniente que tengan un
tratamiento especial, disfrutan de un coste inicial que incluye 160
segundos de conversación.
Y respecto de la cuota de abono, tiene usted razón que existe una
cuota de acceso, hay unos servicios que se ofrecen directamente al
ciudadano, sin perjuicio de que realice o no realice llamadas, que
esos son los que se cuotan. Eso viene del déficit de acceso de
Telefónica, déficit de acceso que hay que solucionar y que se está
haciendo con el reequilibrio tarifario. Reequilibrio tarifario que
ustedes iniciaron, lo que pasa es que cuando ustedes lo iniciaron, en
su época, la factura media del usuario al final subía, del año 1991
al 1995, un 12,71 por ciento, y cuando nosotros lo
estamos tratando de completar hay más reequilibrio tarifario, porque
además obliga la Unión Europea y es imprescindible para que exista
competencia en todos los ámbitos porque si no, como las tarifas son
artificialmente bajas en telefonía local, nunca tendríamos
competencia, y el ciudadano nunca tendría mejores servicios en
telefonía local. La bajada de la factura media mensual, digo la
bajada en vez de la subida, de la factura media en la etapa del
Gobierno del Partido Popular ha sido una bajada de 4,23. Ustedes
subieron una media de 12,71, nosotros hemos bajado un 4,23, a pesar
de la subida para lograr el reequilibrio, que sin duda ha sido una
subida que ojalá no hubiera habido que hacerla, pero que era
imprescindible para que hoy tengamos la competencia que tenemos y
mañana tengamos la competencia que vamos a tener también en telefonía
local. Por tanto, señorías, tampoco podemos aceptar esta proposición.
El pago por adelantado se corresponde a una práctica habitual en
todos los arrendamientos de servicio. Ahí también le digo que la
competencia que hemos logrado, que ya existe y que usted ha
reconocido es buena, va a solucionar ese problema, porque ya hay
fórmulas, mejores prácticas comerciales, utilización distinta,
tarifas distintas, que permitirán al usuario sin ninguna duda mejorar
los servicios.
Yya finalizo, señorías, si de verdad lo que ustedes quieren es
defender el interés de los usuarios, yo creo que lo que tienen que
hacer es defender a la competencia, intentar que haya competencia
leal, apoyar las instituciones que defienden y no atacar a una
empresa de telecomunicaciones, como es Telefónica, que es una empresa
importante y que además está haciendo un esfuerzo muy importante
también, y valga la redundancia, porque ha pasado de una etapa de
monopolio público en 2 años a una etapa de liberalización total de
las telecomunicaciones, lo cual es un paso muy importante para una
empresa que lo está haciendo de la mejor manera posible. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir. (Pausa.) Por el
Grupo Mixto, por Nueva Izquierda, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: De manera muy breve voy a intervenir para
fijar la posición de Nueva IzquierdaIniciativa per Catalunya
favorable a las proposiciones no de ley que plantea el Grupo
Socialista. Entendemos que tienen un denominador común que para
nosotros sería ya suficiente para apoyar, y es el deseo de asegurar,
de garantizar los derechos de los usuarios, y no es tampoco
casualidad que estas iniciativas se inscriban en demandas, como ya
resaltaba el señor Caldera, diversas de asociaciones de usuarios y
consumidores.
Entendemos, y ha sido una línea permanente de nuestro grupo, que la
comunicación telefónica, en este caso no es un capricho, sino que es
una necesidad básica en nuestra sociedad. Por tanto, contemplar los
servicios telefónicos sólo como ocasión de negocio es egoísta y
podríamos decir que antidemocrático, ya que el acceso a teléfonos y
sus diversas aplicaciones no puede convertirse de ninguna manera en
ocasión de desigualdad, ni desigualdad para las empresas, ni para los
usuarios individuales o para uso familiar,
y desde luego mucho menos para aquellas situaciones de emergencia, o
que se requiere información, o para personas con problemas, etcétera.
Desde ese punto de vista, la liberalización, en confrontación con lo
que opinan otros grupos, para nosotros no es la panacea. No es que
digamos que deba ser rechazada por principio, pero no asegura por sí
misma esa benéfica situación social que algunos defienden.
Por todo ello entendemos que son razonables estas propuestas. Es
cierto que afectan a todos los operadores, pero no cabe duda que sin
la voracidad de Telefónica, consentida, a nuestro modo de ver, en
muchos casos por razones de amistad política del Gobierno, quizás no
fueran necesarias. Con estas proposiciones desde luego no se
resuelven todos los problemas, pero sí afectan a elementos
particulares de gran interés público. Por todo ello reitero que Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya las votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Intervengo para manifestar nuestra
posición favorable ante las distintas proposiciones no de ley que
presenta el Grupo Socialista en esta Comisión. Entendemos que las
distintas proposiciones ayudan a mejorar el servicio de la telefonía
fija para facilitar a los usuarios este servicio.
Tengo que recordar que, a la vista de las palabras de la señora Mato,
me da la ligera impresión de que parece ser que los usuarios de la
telefonía fija están muy contentos con los servicios que prestan las
distintas compañías y que no hay nada que mejorar en absoluto. Yo
quiero recordarle a la señora Mato que el año pasado, en abril de
1997, ya discutimos sobre estos asuntos en un Pleno del Congreso de
los Diputados y la señora Mato se opuso a todas las medidas que el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida propuso en ese
momento.
Nosotros intentamos, ante la Orden Ministerial de 18 de marzo de
1997, tratar de evitar que el Gobierno tomara decisiones que creíamos
que eran lesivas para los usuarios de la telefonía, y también
proponíamos en aquella ocasión alguna de las medidas que se contienen
en las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista
hoy en este acto. Debo recordar que la Orden Ministerial de 18 de
marzo empeoraba la situación de los usuarios de la telefonía, y que
unido también a que la Orden Ministerial de 31/7/1998 vuelve a
reincidir en los aspectos negativos de este servicio que debiera ser
básico para todos los ciudadanos.
En este sentido, quiero recordar que entonces, en el año 1997,
nuestro grupo proponía el eliminar aquellas subidas, que luego se han
materializado, en cuanto a las llamadas metropolitanas, que es la
llamada más usual y la que más encarece el uso del teléfono. El
Gobierno dio luz verde a esta subida y hoy se está aplicando.
También nosotros decíamos que no era lógico aquella subida que se
proponía de la cuota del servicio de alquiler, se ha subido 200
pesetas la utilización de este servicio, y de alguna manera decíamos
que la cuota de conexión que tiene, es decir, cuando una persona
quiere darse de alta en
el servicio de telefonía paga una cuota de conexión, a nosotros nos
parecía que se estaban utilizando valores exagerados y que habría que
equiparar la conexión a los valores medios europeos, cosa que
lógicamente no se ha hecho. Tenemos unas cuotas de conexión de las
más altas de nuestro entorno europeo y en esa situación estamos.
Igualmente decíamos que habría que eliminar la cuota inicial que se
aplica por el mero hecho de establecer una comunicación, es decir, el
que se contabilice un paso solamente por establecer una comunicación.
Eso no se ha hecho por parte del Gobierno, pero sí por parte de
alguna compañía privada que ya está proponiendo eliminar esa cuota de
establecimiento de llamada, cosa que es, por otra parte, totalmente
justa, pero insisto en que esta medida ha sido realizada por una
compañía privada sin que el Gobierno haya tratado de incidir para
evitar esta injusticia que es el cobrar solamente por descolgar el
teléfono.
Nosotros decíamos en aquel momento que habría que propiciar un nuevo
sistema de tarificación para que la unidad pasara de minuto a
segundo, cosa que están haciendo las compañías pero que en aquel
momento el Gobierno y el Partido Popular rechazó. Hoy la realidad nos
demuestra que nuestro grupo tenía razón en este planteamiento porque
ya se está realizando, con la excepción de las cabinas telefónicas.
Por tanto, lo que quiero en definitiva manifestar es que a veces la
oposición tenemos razón en nuestros planteamientos pero que nuestras
razones no son atendidas por el grupo que gobierna.
He leído las transacciones que presenta el Grupo Popular a las
proposiciones del Grupo Socialista, y la verdad es que entiendo que
no suponen ningún tipo de avance, porque instar al Gobierno a que
tome medidas para que en las cabinas telefónicas se aplique el
sistema de tarificación por segundos a mí me parece totalmente
insuficiente, teniendo en cuenta que las cabinas telefónicas siguen
siendo unas máquinas que no se han dotado todavía con la tecnología
suficiente para que devuelvan el importe de la llamada no consumida,
es decir, que cuando se mete 100 pesetas y consumas 30, que esa
cabina te devuelva las 70 restantes pesetas. Por parte de
organizaciones de consumidores hay algunos estudios realizados al
respecto que dicen que el 30 por ciento del ingreso de las cabinas
telefónicas se produce de esta manera poco adecuada, es decir, que se
quedan con el cambio del usuario. Nosotros no entendemos cómo en esta
era de la tecnología todavía las compañías y el propio Gobierno no
ampara al usuario en este sentido, es decir, no vemos ninguna razón
objetiva para que las cabinas telefónicas no devuelvan los cambios,
teniendo en cuenta que hay otro tipo de máquinas que ofrecen
productos que sí revierten esas cantidades.
Creemos que no hay ninguna voluntad de avanzar en este sentido,
esperamos que el Partido Popular deje de ser un fiel servidor de las
compañías telefónicas para ser un servidor de la ciudadanía, que es
lo que yo creo que es el servicio público que aquí deberíamos de
prestar todos, y por nuestra parte vamos a presentar, si se nos
admite por parte del grupo proponente, una enmienda in voce a la
proposición no de ley 1.232, que es la que trata sobre la aplicación
del sistema de tarificación por segundos de las llamadas desde las
cabinas telefónicas.
Nosotros proponemos incluir un tercer punto que diría lo siguiente:
Aplicar la tecnología existente para dotar a los teléfonos de uso
público, en especial a las cabinas telefónicas, de sistemas que
permitan la devolución en metálico del dinero introducido en las
mismas para hacer uso del servicio no consumido por el cliente y de
sistemas que permitan llamadas gratuitas para los usuarios de
teléfonos de urgencia y de consulta de guía telefónica.
Esperamos que esta enmienda de adición o de inclusión de un punto
tercero en la proposición no de ley del Grupo Socialista sea
admitida, porque consideramos que complementa los dos puntos
propuestos por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar ahora la palabra al señor Caldera,
del Grupo Socialista, para que establezca su postura.
Desde el momento en que vamos a votar por separado cada una de las
proposiciones no de ley, yo le rogaría al señor Caldera que dejara
muy clara a esta Presidencia cuál es la posición en cada una de las
proposiciones no de ley para saber luego qué vamos a votar.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Tengo urgencia en intervenir porque
me tengo que marchar a otra Comisión. Acepto las enmiendas defendidas
por Izquierda Unida, las enmiendas in voce que acaba de explicar el
señor Fernández, pero no puedo admitir las del Grupo Parlamentario
Popular. Si me permite medio minuto, quiero remachar algunas de las
tesis que he defendido en mi intervención. Que la liberalización es
positiva, ¿a quién le cabe la más mínima duda? ¿Cómo que el Grupo
Parlamentario Socialista no lo ha reconocido siempre? Otra cosa es
que este proceso de liberalización, por el comportamiento del
Gobierno, como han indicado los representantes del Partido
Democrático de Nueva Izquierda y de Izquierda Unida, está suponiendo
un claro mecanismo de protección a la compañía dominante, Telefónica,
contra la que no tenemos absolutamente nada; es una gran compañía,
con una importantísima proyección internacional y una fuerte
presencia en el mercado local. Estamos, por lo tanto, a favor de la
compañía Telefónica, tan a favor que nosotros quisimos que se
mantuviera un cierto control por parte del sector público, cosa que
no ha hecho el Partido Popular.
Ya que habla de la liberalización, debería haberse recorrido el día 1
de diciembre todas las cadenas de radio y todos los medios de
comunicación donde se preguntaba a los ciudadanos españoles en qué se
había manifestado en su situación personal este proceso de
liberalización. Yaquí, no es que no hayan bajado las tarifas, es que
han subido. Quizá la señora Mato se dedique todas las semanas a
llamar a Nueva York, pero la mayor parte de los ciudadanos españoles
llaman a convecinos, a amigos que viven en su propio municipio, y ahí
ha habido una subida injusta y desproporcionada de las tarifas
telefónicas. Aquí, en términos reales, el proceso de liberalización
de la competencia ha provocado que los españoles de a pie, es decir
la inmensa mayoría, pagamos más por el servicio telefónico, y lo que
queremos es corregir este hecho. ¿Que en determinadas comunidades
autónomas se está poniendo en marcha alguna petición contenida en las
proposiciones no de ley?
Claro, justamente donde no depende de la voluntad del Gobierno de la
nación, donde el Gobierno de la nación no tiene competencia alguna.
Por eso queremos que se extienda al resto de las mismas.
Por último, acabo porque me tengo que marchar, señor presidente,
diciendo lo siguiente: aquí venimos a hablar de derechos de usuarios
y consumidores, de política, no venimos a afilar el lápiz ni a leer
un papel que nos hacen en la compañía Telefónica intentando sacar el
hilito de algún pequeño dato que pueda estar equivocado. Se nota el
comportamiento del Grupo Popular porque, sabiendo que le va a ser muy
difícil justificar su voto en contra de estas iniciativas, procura
acercarse sinuosamente con enmiendas transaccionales que no
comprometen a nada ni garantizan los derechos de los consumidores.
Por lo tanto no acepto ninguna de sus enmiendas.
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE LAS VÍAS DE SERVICIO DE MADRIGALEJO DEL
MONTE (BURGOS) EN LA CARRETERA N-I. PRESENTADAPOR EL GRUPO
SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente 161/001175.)
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a tratar la última proposición no de
ley, aunque cuando se vote lo será en el orden que estaba establecido
en el orden del día. Se trata de la número 4, sobre la realización de
las vías de servicio en Madrigalejo del Monte (Burgos), en la
carretera N-I, de la que es autor el Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra para su defensa el señor Simón de la Torre.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: La población de Madrigalejo del Monte,
situada a unos 24 kilómetros de la ciudad de Burgos, en una planicie
que facilita enormemente cualquier vía de comunicación, encuentra en
este momento paralizado su posible desarrollo industrial, por lo que
parece, bien dejadez o un estricto cumplimiento de unas normas del
Ministerio de Fomento. Desde hace unos años la Corporación local ha
instado a la Administración central, por distintos conductos y
repetidas veces, del necesario permiso para adecuar la vía de acceso
desde la carretera N-I al polígono industrial que el Ayuntamiento
está desarrollando.
Dada la ubicación geográfica de Madrigalejo así como su topografía,
parece evidente que es un lugar de fácil desarrollo industrial. Las
dos condiciones son fácilmente comprobables por las peticiones que en
estos momentos tienen para situarse allá 8 empresas, con una
inversión superior a los 500 millones de pesetas y la creación de 20
puestos de trabajo para una población de 185 habitantes. Algunas de
estas empresas ya están instaladas provisionalmente, mientras otras
están a la espera de salvar la necesidad del acceso directo a la
carretera N-I. Es tal el interés de las empresas de ubicarse y la
facilidad de la adecuación de ese acceso que las mismas han
comprometido y se siguen comprometiendo, junto con el Ayuntamiento, a
sufragar todos los gastos de ejecución del vial. No parece lógico,
por tanto, que la Administración siga esgrimiendo razones tales como
que en un futuro más o menos lejano pudiese marcarse un precedente
para otros lugares cercanos, porque si así fuera se
estaría demostrando que la falta de ubicación de empresas en esta
zona era esencialmente debido a una ausencia de adecuación técnica de
las vías de acceso a la vía principal. En un momento como el actual
en el que se pretende favorecer al máximo la instalación de
industrias con la consiguiente creación de puestos de trabajo, no es
lógico que la Administración, cuyo principal deber sería el de
impulsar esta creación, alegue otras razones de carácter técnico y de
respeto a determinadas normas que debieran ser tenidas en cuenta
esencialmente para favorecer el desarrollo de las zonas por las
cuales circula la vía principal y no para impedírselo. Por dicha
razón es por lo que mi grupo presenta la proposición no de ley que el
presidente ha mencionado, esperando el respaldo de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda de sustitución por
el Grupo Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Marín.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Intervengo en esta Comisión, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, para defender la
enmienda presentada por nuestro grupo respecto a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre vías de servicio
Madrigalejo del Monte carretera N-I, punto kilométrico 212.
Nuestro grupo ha estudiado con interés la exposición de motivos que
acompaña esta proposición no de ley y debemos manifestar que tenemos
el mismo interés en facilitar a los ayuntamientos -en este caso al de
Madrigalejo del Monte- el desarrollo local y, por supuesto, el
desarrollo industrial, todo ello dentro de la normativa vigente que
no puede ser alterada a libre albedrío. Entendemos que la única
solución posible para llevar adelante esta proposición es, aparte de
cumplir con la normativa vigente, la tramitación de un expediente de
modificación del ramal de enlace que existe en la actualidad, máxime
considerando que hoy día dicho ramal no reúne las condiciones
previstas en la orden ministerial de 16 de diciembre y la norma de
trazados, y que los tráficos que se generen a partir de ese nuevo
enlace que se pretende van a ser mayores y los servicios que solicite
su entorno muchos más; el tráfico sería mucho mayor, por lo que debe
hacerse con unas normas de seguridad suficientemente rentables para
realizarlos con toda claridad.
Nuestro grupo considera que este enlace que se pretende en la
localidad de Madrigalejo del Monte tendría que concretar la distancia
entre el final del carril de deceleración y la primera intersección.
Son normativas sobre seguridad vial que no se pueden eludir. Para
ello, el carril de deceleración diseñado conforme a los criterios
contenidos en la norma de trazado de aplicación debería respetar
también el tramo de longitud no inferior a 250 metros unidireccional
y exento de accesos, así como la intersección correspondiente al
primer acceso que supondría el final del ramal del enlace modificado,
cumpliendo además las especificaciones técnicas establecidas de
distancias, enlaces próximos, anchos, firmes, drenajes, señalización,
etcétera. Partiendo de este punto se realizarían el resto de
conexiones con la carretera local Burgos-V-1411, que también se vería
afectada, así como la red de caminos agrícolas que existe alrededor.
Además este tipo de obras, como bien conocemos, son competencia
exclusiva del Ministerio de Fomento, sin perjuicio
-dado que se ofrece la financiación por parte del ayuntamiento
y de las propias empresas- de lo dispuesto en la sección 3.a del
capítulo I de la Ley de carreteras sobre financiación. También es
potestad del Ministerio la de establecer con carácter obligatorio los
lugares y condiciones en que los accesos puedan construirse. Debe
considerarse, por otra parte, que los colindantes -el representante
del Partido Socialista ha hecho referencia a ello- pueden sentirse
afectados, lo cual provocaría una demanda interminable de variación
respecto al acceso a las autovías donde la Administración debe primar
en un tratamiento bastante serio y restringido.
Mi grupo, en la voluntad de favorecer, como he dicho antes, el
desarrollo local del municipio, y por supuesto de su polígono
industrial, propone una enmienda -que ya es conocida por el Grupo
Socialista y cuyo texto literal la Mesa ya tiene en su poder- que
espero sea aceptada por el grupo proponente y el resto de los grupos
a fin de dar solución a las demandas planteadas por el Ayuntamiento
de Madrigalejo del Monte.
El señor PRESIDENTE: No estando ningún otro grupo para poder
intervenir, el señor Simón de la Torre tiene la palabra para
manifestarse sobre la enmienda defendida.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Vamos a aceptar la enmienda porque lo que
aquí nos impulsa en esta proposición no de ley es la voluntad de
solventar un problema del Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte y su
entorno. Es un texto que facilita algo que se podía haber hecho hace
tiempo y que por la voluntad del Ministerio no ha sido posible, por
lo cual lo aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Culminado el debate de las proposiciones no de
ley y establecida por la Mesa y portavoces la una y media como hora
de votación, se suspende la sesión de la Comisión hasta entonces en
que procederemos a votar las proposiciones no de ley.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la Comisión y vamos a proceder a
votar las proposiciones no de ley.
La primera proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para evitar
los problemas ocasionados por la situación de la presa de Marmolejo
(Jaén) en dicha zona, especialmente con ocasión de las lluvias.
El grupo parlamentario ha aceptado las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista y así la vamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La segunda proposición no de ley es sobre la situación del transporte
ferroviario en Andalucía, presentada también por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida yaceptadas las enmiendas
socialistas, incluida una in voce.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La tercera proposición no de ley es sobre la entrada en
funcionamiento del denominado Puerto Seco de Madrid, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda
socialista de adición de un segundo punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La número 4, presentada por el Grupo Socialista, sobre realización de
las vías de servicio en Madrigalejo del Monte (Burgos) en la
carretera N-I. Ha sido presentada una enmienda de sustitución del
Grupo Popular aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La número 5, del Grupo Socialista, relativa a la construcción de la
línea férrea Gandía-Denia. (El señor Chiquillo Barber pide la
palabra.)
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, en primer lugar para
comunicar que en esta votación tendré el voto en sustitución del
señor Rodríguez; y en segundo lugar para que en este punto se
entienda retirada mi enmienda respecto al ferrocarril Gandía-Denia
que por error no lo había manifestado en el momento de mi
intervención.
El señor PRESIDENTE: Consta así en el «Diario de Sesiones» retirada
su enmienda, y como había una enmienda del Partido Nueva Izquierda y
otra del Grupo Popular, se ha establecido un texto aceptado por el
Grupo Socialista y que paso a leer: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que, en colaboración con la Generalitat
Valenciana, adopte, una vez finalizados los estudios de viabilidad
y a la vista de sus resultados todas las medidas necesarias para la
prolongación de la línea férrea ValenciaGandía hasta Denia. Éste es
el texto que se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La proposición no de ley número 6, presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la modificación de lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 12/1998, de 18 de septiembre, a fin de que la dotación
que contiene de 41.995 millones de pesetas para Catalunya, sea
destinada a financiar nuevas inversiones de competencia del Estado,
en obras pendientes correspondientes al Plan de Carreteras de
Catalunya (1994-2001).
Esta proposición no de ley se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, BNG, ha sido presentada la
siguiente proposición no de ley relativa a cumplimiento de la
normativa de seguridad aplicable a actividades subacuáticas.
Hay una enmienda in voce del Grupo Socialista que ha sido aceptada
por el proponente, señor Rodríguez, y que paso a leer: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a informar en el plazo de cuatro
meses ante la Comisión de Infraestructuras de las medidas adoptadas a
lo largo del último año en desarrollo de los contenidos del anexo que
sobre normas de seguridad para el ejercicio de actividades
subacuáticas se recoge en la orden del Ministerio de Fomento de 14 de
octubre de 1997; que también se referencie el grado de siniestralidad
habido hasta la fecha y se sugieran indicaciones complementarias que
por el Gobierno se estimase necesario adoptar.
Con este texto la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Pasamos ahora a
votar una serie de proposiciones no de ley que han sido discutidas
conjuntamente pero van a ser votadas por separado. Todas ellas están
propuestas por el Grupo Socialista del Congreso.
La número 8 es relativa a la gratuidad del servicio de información
1003. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la relativa a gratuidad de los servicios telefónicos de
interés social, también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición relativa al establecimiento de tarifas telefónicas
reducidas en días festivos nacionales, autonómicos y locales, también
en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente, también del Grupo Socialista como todas las demás,
relativa a la aplicación del sistema de tarificación por segundos a
las llamadas desde cabinas y apertura de este servicio a otros
operadores en competencia.
A esta proposición no de ley se presentó una enmienda in voce del
Grupo Federal de Izquierda Unida que ha sido aceptada como adición,
punto 3, por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Somos 20.
El señor PRESIDENTE: Lo dudo, señor Ríos, porque falta un
representante del Partido Nacionalista Vasco.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Son 14 más 3... (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, como miembro de la Mesa del Congreso
le ruego que piense lo que va a decir.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, como diputado de esta
Comisión, si hay 14 del Grupo Socialista, hay 3 de Izquierda Unida, y
he contado los votos, 1, 2 y 3, son 20; 14 y 6 son 20. Ahora, de
todas formas da igual que sea perderlo por 20 que por 16. Yo he visto
votar a favor...
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, atención, quiero reiterar esto
porque hemos repetido mucho esta votación.
Hay 14 del Grupo Socialista, 2 del Grupo Mixto, y había 2 del Grupo
de Izquierda Unida, por eso hemos estado votando 18, ahora hay uno
más, que es usted señor Ríos, que hace el 19, por tanto ahí sale el
número.
Pasamos entonces a votar la última proposición no de ley, presentada
por el Grupo Socialista, relativa a la consideración de servicio
mínimo de la cuota mensual de abono del servicio telefónico y del
coste del inicio de la llamada. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Infraestructuras, del martes, 15 de diciembre de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.