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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 586, de 15/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 586
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 34
celebrada el martes, 15 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Morenés
Eulate) para informar sobre:
- Planes del Ministerio acerca del futuro de la base militar de
Manises (Valencia). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (número
de expediente 213/000570) ... (Página 17120)
- Resultados del estudio realizado por Arthur Andersen y el Banco de
negocios Nat West Markets s obre patrimonio inmobiliario de Defensa.
A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (número de expediente
212/001167) ... (Página 17127)
Preguntas:
- Del señor Moya Milanés (Grupo Socialista del Congreso), sobre
circunstancias del concurso convocado por el Ministerio de Defensa
para adquirir equipos básicos de soldado por valor de 29.166 millones
de pesetas, impugnado por Aespyme (número de expediente 181/001882)
... (Página 17131)
- Del señor Marsal Muntalá (Grupo Socialista del Congreso), sobre
situación del proceso de selección y adjudicación de la fabricación
del nuevo fusil de asalto para el ejército de Tierra (número de
expediente 181/001846) ... (Página 17134)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas en que puede afectar al
programa Leopardo el retraso de las negociaciones con el Gobierno y
diversas industrias alemanas sobre el futuro de la fábrica Santa
Bárbara Blindados (número de expediente 181/001847) ... (Página 17135)
- Del mismo señor diputado, sobre medida en que puede afectar al
futuro del Eurofighter 2000, del programa Fla y de la industria
aeronáutica de defensa, el proceso de integración de diversas
industrias aeronáuticas europeas (número de expediente 181/001848)
... (Página 17138)
- Del mismo señor diputado, sobre situación de las conversaciones con
el Gobierno francés sobre diversos programas de armamento que
interesan a ambos países (número de expediente 181/001849) ... (Página 17140)
- Del mismo señor diputado, sobre situación de las conversaciones con
el Gobierno alemán sobre diversos programas de armamento que
interesan a ambos países (número de expediente 181/001850) ... (Página 17140)
- Del mismo señor diputado, sobre resultados producidos en la reunión
de Sedef con su homólogo británico el 8 de septiembre de 1998
respecto a diversos programas de armamento y sus consecuencias en las
industrias europeas de defensa (número de expediente 181/001851)
... (Página 17140)
- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno y acciones a
realizar ante el Tratado firmado por Francia, Alemania, Reino Unido e
Italia, sobre la Organización Conjunta de Cooperación en materia de
Armamento (Occar) (número de expediente 181/001852) ... (Página 17142)
- Del señor Borreiros Fernández (Grupo Socialista del Congreso),
sobre acciones previstas para la ampliación del campus universitario
de Ferrol mediante desafectación (número de expediente 181/001880)
... (Página 17144)
- Del señor Puig i Olivé (Grupo Socialista del Congreso), sobre
posición del Gobierno en relación a la fusión de empresas españolas
del ámbito del armamento con empresas extranjeras (número de
expediente 181/001989) ... (Página 17146)
Se abre la sesión a las diez cinco horas de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA (MORENÉS EULATE) PARA
INFORMAR SOBRE:
- PLANES DEL MINISTERIO ACERCA DEL FUTURO DE LA BASE MILITAR DE
MANISES (VALENCIA) A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número
de expediente 213/000570).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión de Defensa, toda ella centrada en comparecencias del
secretario de Estado, a quien damos la bienvenida. Después hay una
serie de preguntas que también va a contestar el secretario de
Estado.
La primera de las comparecencias tiene por objeto informar de los
planes del Ministerio de Defensa acerca del futuro de la base militar
de Manises, en Valencia. El señor secretario de Estado tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Buenos
días, señorías.
De los estudios llevados a cabo por el Ministerio de Defensa ha
resultado que, por exigencias de operatividad y de economía, la
antigua base de Manises necesita ser desactivada. Los efectivos y
medios del Ala 11 del Ejército del Aire se están reubicando en la
base aérea de los Llanos en Albacete, donde ya están instalados los
aparatos del Ala 14, que está dotada, como aquélla, de los Mirage F-
1, y que al ser agrupados en la misma base ven potenciada su
efectividad con un considerable ahorro en el mantenimiento de los
aparatos.
Mediante una resolución y una directiva de 17 de diciembre del año
1997, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire sancionó la
desactivación del Ala 11 y el cierre definitivo de la base aérea de
Manises, que ocupaba la parte militar del aeropuerto de utilización
conjunta de Valencia. Los últimos Mirage F-1 del Ala 11 despegaron de
la base aérea de Manises el pasado 30 de septiembre y el cierre de la
misma habrá de concluir antes del 1 de agosto del año 1999. Al mismo
tiempo, el Ministerio de Fomento, y más en concreto el ente público
Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea, tiene prevista la
potenciación del aeropuerto de Valencia, habiéndose iniciado ya
diversas obras, en primer lugar, la construcción de un nuevo centro
de carga, que sin duda contribuirán a dotar a Valencia y a su área
metropolitana del aeropuerto civil que precisan para responder a las
demandas del transporte aéreo de esta gran
ciudad y su entorno de cara al nuevo siglo, lo que redundará en
beneficio de toda la Comunidad Valenciana.
Como ya saben SS.SS, para la regularización de la situación
competencial y patrimonial de los aspectos civiles que en principio
dependieron del antiguo Ministerio del Aire a través de la
Subsecretaría de Aviación Civil, se firmó un acuerdo-marco
interministerial el 12 de septiembre del año 1991. En desarrollo de
dicho acuerdo y a efectos de instrumentar la transferencia de los
aeropuertos y de las zonas civiles de utilización conjunta, se firmó,
con fecha 3 de junio de 1993, un convenio que afectaba, entre otros,
al aeropuerto de Manises y que dejaba fuera de la transferencia
a aquellos bienes muebles e inmuebles propios de las bases aéreas y
las
zonas de eventual ampliación de las mismas, los cuales se mantendrían
en todo caso afectados al Ministerio de Defensa. Dentro de esta
excepción se encontraban los terrenos de posible ampliación de la
base de Manises, ocupados eventualmente por un campo de golf, y dos
terrenos e instalaciones donde se ubica la base militar propiamente
dicha.
Con fecha 28 de julio del año 1998, se firmó un nuevo acuerdo marco
entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento sobre
transferencias de recintos aeroportuarios para su adscripción a AENA,
que afecta a otras propiedades que en el momento de su firma habían
dejado de ser de interés para la defensa, o iban a dejar de serlo en
un futuro próximo, entre los que se encuentran los terrenos e
instalaciones del aeropuerto de Manises, que ocupaban el Ala 11 del
Ejército del Aire.
Dentro del perímetro que constituye la base aérea de Manises, el
Ministerio de Defensa se propone conservar para su uso por el
Ejército de Tierra las residencias de oficiales y suboficiales y unas
instalaciones deportivas existentes para la constitución de un club
deportivo militar, instalaciones de las que carece la plaza, así como
el viario de acceso a las mismas y un solar susceptible de ser
ocupado por futuras ampliaciones que sean necesarias. Estas
instalaciones se encuentran en un buen estado de conservación y
permitirán su uso inmediato sin un elevado coste económico, con lo
que se dotará de estos necesarios servicios a la guarnición de
Valencia.
Como ya se dijo anteriormente, en terrenos de la base existe
instalado un campo de golf. Los terrenos ocupados por esta dotación
deportiva, que en su momento fueron adquiridos con destino a la
ampliación de las instalaciones de la base aérea, posiblemente van a
ser afectados por la ampliación del aeropuerto prevista por el
Ministerio de Fomento. De hecho, una pequeña parte de las mismas ya
está afectada por la nueva unidad de carga con la que se está dotando
al aeropuerto de Valencia. En consecuencia, estos terrenos serán
objeto de transferencia a AENA, manteniendo Defensa únicamente la
titularidad de las instalaciones de ayuda a la navegación que sean
necesarias y las residencias de oficiales y suboficiales e
instalaciones deportivas antes mencionadas, que se encuentran
próximas al acceso principal de la base aérea parelelas a la
carretera N-II. El futuro del club de golf dependerá de los acuerdos
a los que lleguen los actuales usuarios con AENA como nuevo titular
de estos terrenos y de las necesidades de ampliación del aeropuerto
de Valencia que dicho ente público habrá de gestionar.
Con la Dirección General de la Guardia Civil se viene manteniendo
desde hace años dentro de la base aérea la unidad de helicópteros
Huey 31, que ocupaba diversas dependencias, recibiendo de la base los
suministros de agua, electricidad, alcantarillado y limpieza entre
otros. Con motivo de la desactivación del Ala 11, se solicitó por
dicho instituto que se gestionara ante el Ministerio de Fomento la
continuación de la ocupación de dichas dependencias por la Guardia
Civil en las mismas condiciones que lo venía haciendo, gestiones que
se han realizado gustosamente y entendemos con resultado positivo.
A efectos de resolver los problemas suscitados por la transferencia y
entrega de los bienes muebles e inmuebles que constituían la base
aérea y por la determinación de las instalaciones y terrenos que han
de permanecer afectos a Defensa, viene funcionando desde la firma del
acuerdo marco de julio pasado una comisión mixta formada por
representantes de AENA, del Ejército del Aire y de los órganos
centrales del Ministerio de Defensa en la que se están precisando los
bienes inmuebles y muebles que adquirirá AENA por ser de su interés y
que anteriormente pertenecían a dicho ejército, así como procediendo
a la exacta delimitación de las instalaciones de ayuda a la
navegación y zonas de residencias colectivas e instalaciones
deportivas que se excluirán de la transferencia a AENA por ser de
interés para el Ejército de Tierra.
La transferencia se hará efectiva tan pronto como se complete el
desalojo de la base aérea por el Ejército del Aire, sin perjuicio de
que se vayan entregando progresivamente dichas propiedades, si así lo
requiere el Ministerio de Fomento, mediante la formalización de sus
correspondientes actos de entrega parcial.
En conclusión, la acción coordinada de los Ministerios de Fomento y
de Defensa, en sintonía con la Comunidad Autónoma Valenciana, va a
permitir la potenciación del aeropuerto de Valencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto solicitante de la iniciativa,
tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señorías, señor secretario de Estado,
deseo agradecer la información que nos ha facilitado en el día de
hoy. Como la petición de comparecencia se cursó al inicio del período
de sesiones en febrero, prácticamente nada más tomarse la resolución
en diciembre de 1997 y se ve ahora, en diciembre de 1998, empezaré
diciendo que más vale tarde que nunca.
Vaya por delante que Unió Valenciana presentó esta iniciativa para
que no quedara duda alguna de que apoyaba la reivindicación de los
vecinos de la comarca de L´Horta que, afectados por las actuaciones y
por la actividad del aeropuerto militar que afecta a su calidad de
vida, solicitaban el desmantelamiento o cierre de la base militar.
Unió Valenciana siempre ha apostado por la ampliación del aeropuerto
civil, tanto por la creación de una terminal de cargas que cubra el
déficit de operatividad del actual aeropuerto de Manises, como por la
posibilidad de la construcción de una segunda pista. Pero lo que nos
ocupa aquí es la base militar, los flecos sobre esta materia y
competencia del Ministerio de Defensa, y a los cuales me quiero
referir.
Pasado manaña habrá transcurrido un año desde la toma de esa
resolución después de realizar unos estudios, que no sé cuánto tiempo
pudo estar elaborando el Ministerio; se tomó la decisión y la suerte,
como vulgarmente se dice, está echada. Ya se han iniciado las fases
de desactivación, hay unos períodos establecidos y ha empezado a
desmantelarse la base militar de Manises. Pero hay unas cuestiones
colaterales indirectas, flecos que afectan a la decisión del
Ministerio, que nosotros planteamos con claridad y rotundidad: las
seiscientas personas, personal civil y personal militar, que hasta
hace poco venían prestando sus servicios para el Ministerio de
Defensa en la base aérea de Manises.
En la revista del Ministerio de Defensa del mes de octubre aparece un
extenso estudio y una buena referencia de lo que ha significado esta
base aérea que ha estado funcionando desde el año 1955 y que tiene
tras de sí mucha historia. Sin entrar en el fondo -repito que Unió
Valenciana estaba a favor de esa posibilidad-, la forma en la que se
ha desmantelado nos ofrece ciertas dudas y por eso presentamos
nuestra petición de comparecencia, para pedir que se nos aclaren
algunas cuestiones. Ya en el año 1992 se habló en varias ocasiones
del desmantelamiento de esta base, pero nunca habían pasado de
rumores, habladurías o comentarios de altos cargos del Ministerio o
del Ejército del Aire, hasta esa orden de 18 de diciembre de 1997, en
la que se tomó la decisión del cierre y de iniciar las diversas fases
de desactivación de la base. La no operatividad, la gestión de
personal o la falta de recursos económicos han sido las razones
argumentadas. La no operatividad, por la inexistencia de un argumento
propio en el año 1992, se solucionó con la adquisición de 12 F-1 a
Qatar, y todo el apoyo que supuso una gran inversión, no sólo en
material sino también en instalaciones, desde 1992 a 1996. Esta
adquisición hizo concebir una previsión de futuro al personal
adscrito a la base, que llevó aparejada una fuerte inversión en las
instalaciones propias de la base, un nuevo cuerpo de guardia, un
pabellón de oficiales, el edificio y la instalación del simulador,
una central eléctrica, varios edificios destinados a almacenes, una
nueva cocina para la tropa, una nuevo hangar, el mejor banco de
pruebas de motores -me atrevería a decir- de casi todo el Estado
español, e incluso una perrera que costó algo más de 20 millones. El
total de estas inversiones, según cifras oficiosas, estaría cerca de
los mil millones de pesetas. Esas adquisiciones se producen desde
1991 a 1996. No sé cuándo se efectúa el estudio para tomar la
decisión, pero inversiones casi multimillonarias se había producido
en los últimos diez años en esa base militar de Manises, con lo cual
aflora una cierta falta de planificación porque si estaba previsto
que no era operativa, que no era estratégicamente positivo su
mantenimiento como tal, no se entienden muy bien las adquisiciones e
inversiones de los últimos años; inversiones que en algunos casos se
han realizado hace pocos meses, incluso antes del verano de 1997, y
que fueron acompañadas de uno de los flecos que ha causado cierta
sorpresa e indignación, que es una de las vertientes de la iniciativa
de Unió Valenciana: las familias, el personal civil y militar que
prestaba sus servicios en la base hasta hace pocas fechas.
Todas estas iniciativas vinieron acompañadas con la venta, en agosto
del año 1997, de las viviendas propiedad del INVIFAS a sus ocupantes,
lo que hizo concebir a las
personas que trabajaban en la base militar de Manises un cierto
futuro. El Instituto de Viviendas de las Fuerzas Armadas ofreció, en
la primavera de 1997, a todos aquellos que estaban en régimen de
alquiler la posibilidad de adquirirlas en propiedad, haciendo esas
familias un desembolso muy importante en esas viviendas. Ala vuelta
de unos meses se encontraron con que tenían una vivienda en
propiedad, pero en la mayoría de los casos los cabeza de familia
tenían que trasladar su lugar de trabajo a Albacete o a otras
localidades del Estado español, según los destinos que se han ido
realizando, con lo cual se ha producido una quiebra y una ruptura en
muchas familias que confiaron y adquirieron esas viviendas en la
primavera de 1997, cuando en diciembre de ese mismo año se tomó la
decisión que se tomó. Es uno de los flecos que nos hacen dudar de
algunas actuaciones del cierre, pues pone algunos puntos de oscuridad
esta decisión si se piensa que ha habido improvisación o falta de
transparencia en algunas de las decisiones adoptadas.
En primavera se ofreció a muchos inquilinos en régimen de alquiler la
posibilidad de adquirir las viviendas en propiedad y el 31 de julio
se producía el cierre. La primera pregunta que nos hacemos, después
de todas las inversiones que he citado aquí; de la planificación de
años; del coste económico tan importante no sólo por el montante de
las inversiones de los últimos diez años, sino del coste humano y los
traumas familiares que pueda suponer ese desmantelamiento tan
improvisado, tan de hoy para mañana; de esos traslados forzosos que
algunos han realizado o están realizando; de familias que han
ejercitado su derecho a comprar las viviendas que hasta ahora tenían
en régimen de alquiler; la pregunta que nos hacemos, repito, es cómo
se puede dar marcha atrás de esta forma.
No voy a decir que es injusta la decisión porque el argumento
político del cierre, del desmantelamiento y desactivación de la base
militar era una reivindicación ciudadana que Unió Valenciana ha
estado defendiendo, pero pensamos que ha habido incoherencia,
precipitación e improvisación en el cierre. Ese edificio-taller de
electrónica que no ha llegado ni a estrenarse; ese edificio nuevo
para simulador de vuelo, el último en tecnología que se ha construido
en el Estado español; la remodelación total del pabellón de oficiales
y parcial del pabellón de suboficiales; la remodelación de los
hangares de averías y revisiones; la remodelación de las
instalaciones de la cocina de tropa; la remodelación total de la
sección económico-administrativa; el cuerpo de guardia nuevo; el
cambio total del banco de pruebas de motores; el edificio de las
Fuerzas Armadas; el alumbrado de las calles, pintado de edificios e
instalaciones, alcantarillados, infraestructuras viarias, etcétera.
Hay una cronología, unas fechas, que arrojan ciertas dudas sobre cuál
ha sido el procedimiento que se ha autorizado. En el verano de 1997,
el jefe del Estado Mayor del Aire, el señor Quintana, al despedirse
de su cargo, ante el propio personal civil y militar de las
instalaciones, brindó por el buen porvenir de la base ya que, según
sus palabras, con la asignación de los aviones Mirage F-1, y con sus
instalaciones perfectamente acondicionadas y las inversiones
realizadas se aseguraba su permanencia por muchos años. En octubre de
1997 el INVIFA S (Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas)
firma las escrituras de las casas vendidas a los inquilinos hasta el
momento, suboficiales de la base aérea de Manises
en sus totalidad. En diciembre de 1997 el nuevo jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, el señor don Juan Antonio Lombo López,
determina que por falta de presupuesto se desmantele la base aérea de
Manises y, de repente, Manises deja de tener una posición estratégica
en el Mediterráneo y deja de tener valor la importante inversión que
se realizó en los últimos años para acondicionarla y albergar el
escuadrón de aviones Mirage F-1, comprados en Qatar, a principios de
los noventa. Hay unas cuestiones que se refieren al personal al
servicio de la base, personal que estaba cifrado en el inicio de la
fase de desactivación de 60 oficiales, 180 suboficiales, 200 soldados
profesionales y 170 civiles, que merecen alguna contestación,
aclaración, solución y atención.
Con el cierre de Manises se ha tomado una decisión en lo
estrictamente militar que puede no ser la más apropiada para la
defensa del Estado. Pensamos que sigue cumpliendo ese requisito de
pionera en la situación estratégica de defensa del Mediterráneo; de
la moderna aviación de caza del Ejército del Aire desde el año 1955,
la mejor de las cuatro en las que vuela el Mirage F-1; en
infraestructuras pues está restaurada recientemente; en climatología
porque es operativa los 365 días del año; y es pionera del mejor
radar de control aéreo, que es el que permite su utilización en la
aviación civil del aeropuerto de Manises. Hay una serie de cuestiones
que se han adoptado con mucha premura e improvisación.
Si se procede al cierre -y hay ejemplos en el Estado español, como el
del aeropuerto de Pollensa con la base de hidroaviones; Son Sant
Joan, en Mallorca, donde hay un servicio aéreo de rescate y contra
incendios que sigue funcionando con algunos servicios; la base aérea
de Málaga que está operativa y abierta para algunas finalidades- se
deberían mantener algunas instalaciones de la base como apoyo
logístico y que fuera una base logística por su situación
estratégica, no tal como estaba concebida en los últimos años, sino
con un grado de funcionamiento de apoyo logístico (servicio contra
incendios, Policía, Guardia Civil) para que se pudieran prestar una
serie de servicios, como, por ejemplo, el que está prestando la
propia torre de control del aeropuerto, que supone un ahorro para el
aeropuerto civil de casi 200 millones de pesetas, porque la torre de
control sigue atendida (pensamos que va a seguir estándolo) por el
personal militar especializado dependiente de la base aérea de
Manises, con un horario H-24 y la asunción de este servicio por
aviación civil, AENA, y el Ministerio de Fomento, supondría para las
arcas públicas unos 190 millones anuales.
La operatividad se puede mantener, aunque sea bajo mínimos. Teniendo
en cuenta que hay otros ejemplos en el Estado español, nos gustaría
saber si el Ministerio está reconsiderando que se mantenga como base
operativa de apoyo logístico para, de esta forma, atenuar el mal que
se ha causado a unas cuantas familias que podrían seguir prestando
sus servicios en el aeropuerto de Manises, de Valencia, en su
vertiente militar medio desmantelada o como apoyo del aeropuerto
civil. Existen ejemplos, repito, como el de la base de Málaga o el de
Son Sant Joan, Mallorca. Le solicitamos que nos aclare las dudas que
he expuesto y, sobre todo, si el Ministerio está reconsiderando que
se mantenga la base como apoyo logístico bajo mínimos, con
una cierta infraestructura porque creemos que el aeropuerto principal
de Valencia puede cumplir este cometido de una manera satisfactoria
con las instalaciones que tiene hoy en día.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate?
(Pausa.-El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
Señor Peralta, aunque el Grupo Mixto ha agotado su turno, le voy a
dejar intervenir y le ruego que sea lo más breve posible.
El señor PERALTAORTEGA: En Nueva Izquierda pensamos que Defensa, como
cualquier otra institución del Estado, tiene que adecuarse a los
cambios que se producen y, qué duda cabe, que en el mundo de la
Defensa, del Ejército, en la última década se han producido cambios
muy significativos y que lógicamente tienen que conllevar cambios
también en aquellas instituciones y cuerpos del Estado que se dedican
a esa actividad.
Nosotros hace tiempo que veníamos señalando que desde el punto de
vista estrictamente militar, la base aérea de Manises había perdido
su razón de ser. Recuerdo que ya en la pasada legislatura tuvimos
ocasión de debatir sobre este tema. Efectivamente, se nos reconocía
entonces que ya se estaba produciendo una cierta adaptación de la
base de Manises a los cambios que acontecían en el mundo y, en
concreto, en los ámbitos europeo y mediterráneo. Esos cambios han ido
concretándose en esta década hasta el momento en el que finalmente el
Ministerio de Defensa -entendemos que por razones estrictamente
militares- ha acordado la desaparición de la citada base aérea
militar.
Esta decisión del Ministerio coincide con lo que pensábamos ya desde
hace tiempo y con lo que seguimos pensando al día de hoy. Los
criterios de carácter militar, que son los que deben primar,
fundamentalmente las decisiones del Ministerio de Defensa, en este
caso concreto se han aplicado acertadamente. Nosotros creemos que una
institución militar que pierde, por razones objetivas, su razón de
ser, no tiene sentido mantenerla y que, por el contrario, tiene que
concentrarse el esfuerzo en aquellas necesidades que se detecten en
relación con los cambios que se registran.
Dicho esto, entendiendo y compartiendo la decisión del Ministerio de
Defensa sobre el cierre de la base militar de Manises, es verdad que
esta decisión nos plantea algunos interrogantes y dudas, algunas de
las cuales han sido abordadas en la intervención del compareciente,
pero en cuanto a las otras nos gustaría que, si fuera posible, se
concretaran, aunque posiblemente en los próximos meses tengamos
ocasión de seguirlas.
La primera de ellas hace referencia al futuro de la base. El
Ministerio de Defensa tendrá que ver si tiene alguna posibilidad de
continuar como instalación militar. A nosotros nos parece que no hay
razones objetivas para que eso se produzca y que, quizá, lo más
lógico sería que esa base aérea militar guardara relación -creo que
es importante ponerlo de manifiesto- con las instituciones civiles,
la Generalitat Valenciana y el propio Ayuntamiento donde radica esta
base estuviera íntimamente relacionada con el aeropuerto civil de
Manises. El aeropuerto de Manises -y no le oculto al compareciente lo
que él sabe
perfectamente- en una comunidad tan volcada al exterior, con tanta
relación con el turismo, necesita una ampliación y una serie de
mejoras importantes. Que el futuro de las actuales instalaciones de
la base aérea militar se diseñe teniendo presente esas necesidades
importantes para la Comunidad Valenciana es una previsión que debe
compartir el Ministerio de Defensa y que me consta que comparten las
instituciones civiles representativas de la Generalitat Valenciana y
del Ayuntamiento.
En segundo lugar, tengo que decirle que nos preocupa, como creo que
también le preocupa al propio Ministerio de Defensa, la situación del
personal, fundamentalmente la del personal civil, que ha estado
prestando servicios en esta base. Es verdad que la propia normativa
laboral del Ministerio de Defensa prevé estas situaciones, a las que
últimamente se ha tenido que recurrir con una cierta frecuencia en
función de los cambios que se han ido produciendo, y no dudamos de
que esas normas serán también respetadas en este caso.
Partiendo de ese respecto a las normas, nos gustaría que existiera la
máxima voluntad del Ministerio de Defensa para que en relación con el
futuro de estas instalaciones militares, el personal que normalmente
tiene su residencia afincada allí pueda continuar prestando sus
servicios. Estas preocupaciones serían adecuadas en una decisión que
hemos compartido, que creemos acertada por razones militares y que,
por otra serie de razones, nos gustaría tuviera el mejor de los
desenlaces posibles.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Señor secretario de Estado de Defensa, quiero
darle las gracias por atender esta comparecencia relativa a la base
militar de Manises, que si bien se atiende hoy en esta Comisión un
poco tarde, la información que se nos puede facilitar sobre el futuro
de estas instalaciones, que es el fondo de la cuestión, descansa en
mayor grado en el Ministerio de Fomento, con quienes ustedes firmaron
el pasado mes de julio un acuerdo de cesión de las instalaciones,
acuerdo que ha abierto un enorme campo de posibilidades.
Cuando se produce la información de un posible desmantelamiento de la
base aérea de Manises o, por lo menos, de su Ala de caza, todos,
absolutamente todos, comienzan a especular, a lanzar ideas sobre qué
hacer con tantos miles de metros cuadrados bien ubicados y
magníficamente comunicados. El pasado diciembre, hace ahora un año,
el Ministerio de Defensa hizo oficial el desmantelamiento de la base
militar de Manises, decisión que se enmarca en el proceso de
reestructuración en el que está inmerso en Ejército del Aire, y que
afectará de manera progresiva a la reubicación de otras unidades. En
1995 se puso en marcha la base militar de Manises y con el despegue
el pasado 30 de septiembre de los últimos aviones, se da paso a la
fase principal del proceso de desactivación del Ala y al cierre de la
base militar de Manises, que deberá concluir, según ha manifestado su
Ministerio, el próximo 1 de agosto de 1999. Tras 43 años -yo no sé si
el secretario de Estado coincidirá conmigo- los vecinos afectados
merecen cierta justicia, no sólo los de las localidades de Quart,
Poblet y Manises directamente, sino los más de 1.400.000 vecinos que
pueblan la tercera urbanización más importante de España y que
pertenecen al área metropolitana de L'Horta de Valencia, para que
reciban una compensación de índole social, después de soportar, como
hemos señalado, las molestias provocadas por la ubicación de la
expresada base militar, en unos terrenos que fueron expropiados
forzosamente y que por la servidumbre que supone ser zona de
seguridad nacional, no se les ha permitido ninguna actuación sobre
ellos. Los terrenos afectados, que alcanzan los tres millones de
metros cuadrados, aproximadamente, una vez cerrada la base militar,
serán declarados de no necesidad, no así para AENA, para los
ayuntamientos implicados, o para los miles de residentes de la zona
afectada. Los ayuntamientos afectados siguen esperando ser recibidos
por el Ministerio de Defensa para tener la información necesaria
sobre el acuerdo entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Fomento y AENA.
Todos los grupos coincidimos en las necesidades actuales que presenta
el aeropuerto de Manises, que se enmarcan, tanto en lo relativo a la
terminal de carga, como a las comunicaciones del propio aeropuerto,
que en la actualidad carece de acceso directo desde la N-III,
necesidades que nuestro grupo ya ha denunciado en diversas
iniciativas, para que su Gobierno pueda prestar también alguna
atención a otros aeropuertos que no se llamen Barajas.
Señor secretario de Estado, el Grupo Socialista considera que es
responsabilidad del actual Gobierno ofrecer una alternativa capaz de
integrar las necesidades señaladas anteriormente, así como las
reivindicaciones de los municipios implicados, que están solicitando
una compensación, reitero de índole social, que les permita tener
posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. Por último,
nuestro grupo considera que si existe voluntad política por parte del
Gobierno, es posible integrar una solución satisfactoria que
beneficie al conjunto de los implicados. En tal sentido, estamos
formalmente dispuestos a suscribirla con ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLÉN: Señor secretario de Estado, partiendo de
las premisas que justifican el cierre de la antigua base aérea de
Manises que, como usted muy bien ha expuesto, son el cumplimiento de
una directiva nacional inscrita en la política de defensa y los
estudios de viabilidad que exigen su cierre por operatividad y
economía, hay que destacar la oportunidad que puede convertir a
Valencia en una de las puertas más importantes del comercio junto con el
puerto de Valencia. Como muy bien ha señalado en su comparecencia, la
acción coordinada del Ministerio de Fomento y el de Defensa, en
sintonía con la Comunidad Autónoma Valenciana, van a permitir, a
partir de ahora, la potenciación del aeropuerto de Valencia.
Señorías, el aeropuerto de Valencia debe de estar en consonancia con
la economía valenciana y con el peso de sus exportaciones. Para ello,
necesita contar con esa gran terminal de carga que todos los partidos
hemos venido reivindicando, para que pueda dar respuesta a los
grandes retos a los que nos enfrentamos todos los valencianos. Con
esta posibilidad se abre, pues, una puerta para Valencia y se
da respuesta a las demandas y reivindicaciones de tantos años,
pidiendo la potenciación del aeropuerto de Valencia. A partir de
ahora, podremos empezar a apostar para continuar ampliando y
mejorando las infraestructuras del aeropuerto, no sólo en lo expuesto
anteriormente, sino también en ampliar la plataforma de aviones y las
pistas de rodadura y aterrizaje. Todo esto, señorías, salvando la
situación del personal militar que respetará este Ministerio de
Defensa, sin merma alguna de los derechos laborales del personal
empleado. Aunque, eso sí, pueden sufrir alguna movilidad obligada por
su condición de funcionarios civiles y militares, como todos las
sufrimos en nuestro trabajo, y como usted la sufre también, señor
Chiquillo, trasladándose a Madrid a trabajar.
Como decía, se abren las puertas, que es lo importante, de unas
expectativas que durante muchos años hemos venido reivindicando todos
los valencianos y todos los grupos políticos. Por otro lado, no se
puede estar constantemente pidiendo la reducción de los presupuestos
de Defensa y querer luego mantener las bases.
Sólo me queda decir que el Grupo Parlamentario Popular se congratula,
una vez más, de que este Gobierno abra, de nuevo, una puerta a las
expectativas de todos los ciudadanos. Es una reivindicación histórica
del pueblo valenciano, y en estos momentos, aunque con algunas
consecuencias, se va a llevar a cabo, como tantas otras cosas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señorías, por sus intervenciones, que voy a contestar por el
orden en que se han producido.
El señor Chiquillo acusa al Gobierno de una determinada incoherencia
en sus planteamientos militares y económicos, en los cuales se ha
basado la decisión de cerrar el aeropuerto de Manises. Lo que ha
hecho el Ministerio de Defensa es precisamente tratar de ser
coherente con los planteamientos operativos. Para eso, nuestro mayor
respeto al Estado Mayor de la Defensa y al Estado Mayor del Ejército
del Aire, que son los profesionales de ese asunto, y que han
decidido, en pleno ejercicio de esa responsabilidad que tienen,
solicitar al Ministerio el cierre de la base de Manises por no tener
hoy una incidencia importante en el aspecto estratégico de la defensa
aérea de España.
Por lo que concierne a este secretario de Estado, desde el punto de
vista económico, carece de sentido mantener abierta una base aérea
que no tenga una razón operativa particularmente clara. Para decir
por qué ésta y no otras, comprendo la frustración que pueda sentir S.
S, pero el proceso, como todos los proceso, está compuesto de pasos.
Nosotros vamos a seguir haciendo una política de racionalización de
la inversión en defensa en España, porque consideramos que los
presupuestos de Defensa, y la defensa en general, necesitan de esa
racionalización. El pueblo español lo que más demanda es precisamente
una gestión eficiente de los recursos que pone a nuestra disposición,
cosa que estamos haciendo. Por lo tanto, de incoherencia nada.
No se puede estar pidiendo, por un lado, que el cierre de la base de
Manises, desde el punto de vista militar, esté
dentro de la política efectiva -aunque S.S. ha tratado de explicarlo-
y, por otro lado, que no se cierre la base, incluso -ha dicho S.S.-
por algunas razones militares. No se puede decir que la base de
Manises es pionera por lo operativo y la estrategia militar española
-como S.S. ha señalado- y que el cierre de la base está dentro del
programa de su partido, y ha insistido S.S. en ello en repetidas
ocasiones dentro de su intervención. Si el cierre de la base militar
se debe a razones no operativas -como supongo que serán las que S.S.
alega, puesto que las operativas las reconoce y ensalza-, no he
acabado de entenderlas.
Aparte de estos aspectos de coherencia o incoherencia, quisiera
insistir en que he explicado a lo largo de mi primera intervención
que el cierre de Manises se debe a razones operativas y económicas;
que el Ministerio de Defensa tiene una idea clara sobre qué recursos
de la base pueden ser utilizados en el entorno militar -lo he dicho-,
y, sobre todo, que el Ministerio de Defensa no tiene vocación de
aislamiento respecto a otros ministerios y a la acción de Gobierno de
España, sino que está cada vez más incardinado en la política
general.
Dentro de esta política general, está la cooperación de las bases de
España. No se olvide S.S. de que prácticamente todos los aeropuertos
civiles españoles nacieron en el ámbito del Ejército del Aire;
tenemos vocación de compartir los aeropuertos, cuando se pueda, y de
cederlos cuando se necesiten. Y no este Gobierno; desde hace mucho
tiempo, el Gobierno de España viene practicando esa política conjunta
de servicio a la ciudadanía. No creo que tengamos que defendernos de
ninguna actuación poco sensata, poco meditada o poco prudente.
En relación con las viviendas, decía S.S. que a los ocupantes de
viviendas del INVIFAS se les han vendido las viviendas. Ésta es la
política que sigue el Ministerio de Defensa, es la política general
del INVIFAS. Se da acceso a la propiedad a los ocupantes de las
viviendas en unas condiciones realmente ventajosas y, sobre todo,
libres, pero a nadie se le obliga a comprar una vivienda. Las
personas sabían cuando las compraban cuáles eran los riesgos de sus
puestos de trabajo, como cualquier otro español puede saberlo cuando
toma una decisión soberana sobre su patrimonio. Esa es la política
que se ha seguido en la base de M anises.
Al señor Peralta le agradezco la sensatez y el sentido común de su
intervención; en eso basa su acción el Gobierno también. No solamente
hay razones militares, señoría, también económicas. En la defensa en
tiempo de paz -y esperemos que dure mucho- la condición económica es
casi una condición estratégica; es decir, se hace defensa con un
coste económico. Hoy nos vemos constreñidos por unas condiciones
económicas que son las que son; en algunos aspectos vamos
impulsándolas, pero no dan para mantener eficientemente la estructura
de las Fuerzas Armadas. Lo que debemos hacer en esa situación es
racionalizar, y la racionalización viene -como S.S. muy bien apunta y
nosotros compartimos plenamente- por la necesidad militar, primero,
la razonabilidad militar, y después por el presupuesto, como no podía
ser de otra manera. Aplicados los dos, se va a un proceso de
adelgazamiento de la estructura de la defensa de España, necesario
precisamente para que esa defensa sea más eficiente.
Respecto a los interrogantes que S.S. planteaba, básicamente, sí
quedaría alguna institución militar, ya he dicho que quedaría alguna
de tipo social. En cuanto al personal civil el Ministerio de Defensa
cumplirá la Ley. Se está haciendo política de personal recibiendo a
cada una de las personas que tienen un problema y tratando de
acomodarlo a las posibilidades que tiene el Ministerio dentro de la
legalidad. No podemos hacer excepciones, no hay nada más antijurídico
que la excepción. Los juristas saben que, siempre que se haga, ha de
realizarse con criterio restrictivo por esencia y naturaleza. Si se
debe hacer alguna por razones excepcionales, se hará; si no, se
aplicará la normativa vigente que está basada en un convenio otorgado
libremente por las partes.
Efectivamente, señor Boix, el futuro de los aeropuertos civiles de
España depende de AENA y no del Ministerio de Defensa. Muchas de las
inversiones que señalaba el señor Chiquillo van a servir a la
utilización civil del aeropuerto, y algunas otras, las que son
utilizables en otras bases militares del Ejército del Aire, se
trasladarán a esas bases cuando sea posible; pero será el Ministerio
de Fomento el que tenga que tomar la iniciativa en cuanto al
aeropuerto de Valencia. Es evidente que Valencia es una comunidad que
despega -y nunca mejor dicho- y necesita un aeropuerto de mayor
capacidad. No es un mérito de Defensa, porque también le digo que, si
hubiéramos necesitado la base, hubiésemos seguido en ella; al no
necesitarla, la ponemos en manos de AENA, que será quien decida el
plan de utilización.
En cuanto a los alcaldes, no me consta en estos momentos que un solo
alcalde de la zona haya solicitado una reunión en el Ministerio; si
lo ha habido, no tiene más que ponerse en contacto con la Secretaría
de Estado, se lo brindo desde aquí. Nos sentiremos muy honrados de
recibir a todos los alcaldes de España que tengan problemas con el
Ministerio de Defensa; de hecho, es nuestra política habitual y lo
hacemos sistemáticamente. Lamento que haya sido ésta la situación.
Tengo por cierta la opinión de S.S. porque no tengo otra distinta,
pero le ruego que transmita a los alcaldes de la zona la completa
apertura del Ministerio de Defensa a tratar sus asuntos.
Otra cosa es la legalidad vigente en cuanto a los terrenos que le
puedan quedar al Ministerio de Defensa allí o en cuanto a cualquier
acción. Sabe S.S. que, en la política de inmuebles, aquellos terrenos
que Defensa no necesita para su operativa militar, los desafecta y
aplica la ley de la constitución de la Gerencia de Infraestructuras,
en la que se establece la imposibilidad de utilización de los bienes
inmuebles de Defensa distinta de la financiación de los recursos de
infraestructura y de algunos otros recursos de inversión. Mientras
estemos sujetos a esa ley, la cumpliremos estrictamente como venimos
haciendo desde el principio de esta legislatura.
Quisiera agradecer a la señora Amador que haya dado un sentido
positivo a esta acción del Ministerio de Defensa, porque lo tiene. Lo
tiene porque es una gestión de sentido común, generosa e inteligente;
no con los recursos de la defensa, sino con los de todos los
españoles. Nada mejor se podía haber hecho con la base aérea de
Manises que ponerla a disposición de AENA, cosa que se ha hecho,
aportándole incluso infraestructuras que ellos puedan necesitar y
nosotros, no. En este sentido, la cooperación del Ministerio de
Defensa con Aeropuertos Nacionales es inmejorable y creo que Valencia
va a contar con una ampliación de su aeropuerto de una manera
inmediata. Esa es la política del Gobierno, tanto del Ministerio de
Fomento como del Ministerio de Defensa. Lo único que estamos haciendo
es incardinar de una manera más profunda al Ministerio de Defensa en
la política general del Gobierno de España. Creo que eso redunda en
bien de todos los españoles y esta es una buenísima prueba de ello.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (El señor Chiquillo
Barber pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, sabe S. S. que en este trámite
no hay derecho de réplica. Si quiere hacer una precisión, le doy dos
minutos para que diga lo que quiera.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, recogiendo las últimas
palabras del señor secretario, diré, en primer lugar, que hay un lado
positivo que se valora, que es la posibilidad de futuro aeropuerto
civil de Valencia inmejorable que cubra los déficit que tiene hoy por
hoy. En segundo lugar, lo que he planteado, sin ninguna frustración
o incoherencia, es la vertiente negativa, que también las hay; la
decisión no ha sido cien por cien positiva.
He hablado de las viviendas. Nosotros pensamos que ha habido ciertas
dosis de oscurantismo que han inducido al error a unas familias, a
180 suboficiales a los que se les ofreció, con garantías de
viabilidad de futuro de la base, la posibilidad de compra y a los dos
meses se produjo lo que se produjo y también al personal civil, esos
170 ó 200 funcionarios de la Administración civil. Pedimos que, como
en otros aeropuertos, se mantengan una cierta dosis de operatividad
de algunos servicios para que la base no sea desmantelada al cien por
cien y así permitir que unas personas sigan desarrollando su trabajo
donde lo venían prestando en los últimos años.
Ni frustración ni incoherencia, simplemente que se han destacado sólo
los lados positivos. Y no es que la petición de Unió Valenciana sea
la de acabar con el aeropuerto militar, sino que era una demanda de
los ciudadanos, apoyada por Unió Valenciana, mirando el futuro de un
aeropuerto civil en condiciones, con garantías y con todos los
servicios e infraestructuras. Lo que ocurre es que en todas las
decisiones hay una parte negativa, que es la que le he intentado
transmitir. No es frustración, es simplemente que hay personas que
esperaban alguna contestación, algún argumento ante los flecos
negativos de una decisión que en su conjunto va a beneficiar a la
economía valenciana, a la sociedad valenciana; pero hay unos
ciudadanos en particular que van a sufrir los efectos negativos de
una decisión que no ha sido la más acertada que se podía haber
tomado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere hacer alguna
puntualización más? (Pausa.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate) Señor
Chiquillo, no voy a utilizar la palabra incoherencia porque veo que a
S. S. que la utiliza para calificar la política del Gobierno no le
parece la más
adecuada. Sin embargo, le voy a decir, utilizando su argumento, que
casi todas las decisiones comportan un coste, si no generalmente no
son decisiones. El coste que el Gobierno, el Ministerio de Defensa,
soporta en esta decisión tiene mucho que ver precisamente con las
personas y con la organización que hasta ese momento se había
mantenido en la base de Valencia.
Me alegro de que en su segunda intervención positive su intervención
primera y reconozca que la acción conjunta del Gobierno es la que ha
permitido que Valencia vaya a contar en el futuro con unas
instalaciones aeroportuarias más capaces que las que tiene ahora.
En cuanto a la parte que usted llama mala, ya he explicado cuál va a
ser la política del Gobierno. Usted dice que hay unos cuantos
suboficiales que compraron sus viviendas creyendo que iban a estar
ahí y que luego no van a estar. Nosotros consideramos que no es
política del Ministerio de Defensa vender viviendas a los precios a
los que se están vendiendo por el INVIFAS tratando de engañar como
más o menos sugiere S. S. al comprador, ni muchísimo menos. Como S.
S. decía en su intervención, del cierre de Manises se viene hablando
desde hace muchísimo tiempo; es una hipótesis que se ha analizado y
se ha sopesado profundamente y que cuando ha llegado ha llegado. No
creo que nadie se pueda llamar a engaño en cuanto a la tendencia en
la política del Ministerio de Defensa de racionalizar la utilización
de sus bases aéreas. Yo tengo que rechazar aquí su argumento en
cuanto a la necesidad del INVIFAS de engañar a los usuarios de sus
viviendas y futuros compradores para comprarlas, por dos razones muy
importantes: la primera, porque no es la forma de actuar del
Ministerio de Defensa y del INVIFAS y, la segunda, porque la
condición mercantil por la que se rigen esos acuerdos de compraventa
es tan beneficiosa para los compradores que no creo yo que haga falta
ningún argumento distinto que el puro del derecho que tienen los
usuarios y la Defensa de racionalizar también, dicho sea de paso, las
viviendas en las Fuerzas Armadas.
- RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO POR ARTHUR ANDERSEN Y EL BANCO DE
NEGOCIOS NAT WEST MARKETS SOBRE PATRIMONIO INMOBILIARIO DE DEFENSA.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001167.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día:
Comparecencia del secretario de Estado, solicitada por el Grupo
Socialista, para informar sobre los resultados del estudio realizado
por Arthur Andersen y el Banco de Negocios Nat West Markets, sobre
patrimonio inmobiliario de Defensa.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENS A (Morenés Eulate): Gracias,
señor presidente.
Como ya conocen SS. SS., el objeto del contrato adjudicado a la unión
temporal de empresas formada por Arthur Andersen y el National
Westminster Bank era la elaboración de un estudio sobre métodos de
gestión de las propiedades inmobiliarias del Ministerio de Defensa.
En
mi comparecencia del día 2 de octubre de 1997, expuse ante esta
Comisión de Defensa no sólo los rasgos principales del proceso de
adjudicación del citado contrato, sino también cuestiones más
generales como las razones que aconsejaban llevar a cabo esta
iniciativa y los objetivos que con ella se pretendían.
Paso, por tanto, a sintetizar los resultados de dicho estudio. Las
conclusiones principales que pudieron extraerse del informe
presentado por Arthur Andersen y el National Westminster Bank son las
siguientes. La venta de los inmuebles del Ministerio de Defensa,
conforme al régimen jurídico que establece la Ley 28/1984, de 31 de
julio, resulta muy compleja y escasamente rentable. Me estoy
refiriendo exactamente a las conclusiones sin matizaciones del
compareciente, a lo que exactamente establece el documento. La
Gerencia de Infraestructuras se ve obligada a realizar sucesivas
operaciones de subasta de sus bienes y, por tanto, a ir obteniendo
los fondos durante un período dilatado de tiempo. Este régimen
jurídico, aunque se modificase en algún aspecto, no resulta idóneo
para alcanzar los objetivos que se propone el Ministerio de Defensa:
optimizar los recursos procedentes por esta vía para poder sufragar
los gastos de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armad
as.
El control de la gestión de dicho patrimonio debe permanecer en manos
del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de que puedan utilizarse
fórmulas jurídico-administrativas que incorporen métodos y órganos de
gestión similares a los de una empresa privada, rigiéndose por los
usos y las normas del derecho mercantil, equiparándose con otros
agentes del mercado y pudiendo competir en igualdad de condiciones
con ellos. Se desaconseja, en definitiva, cualquier fórmula que
suponga privatizar la gestión de estas propiedades, tanto por la
pérdida del control que implicaría como por su escasa rentabilidad
práctica. Este último aspecto es objeto de un especial desarrollo en
el informe.
El informe contiene como propuesta la creación de una sociedad
estatal cuya dirección y control correspondería al Ministerio de
Defensa y que asumiría como funciones básicas el asesoramiento al
Ministerio, desde el punto de vista del mercado, para la gestión del
patrimonio afectado así como para la comercialización de los bienes
inmuebles que previa depuración física y jurídica les sean aportados
a título de capital social. Esta fórmula contempla el mantenimiento
de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, si bien con una
estructura mucho más reducida, lo cual se justifica por la necesidad
de mantener en el ámbito administrativo las actuaciones que impliquen
ejercicio de autoridad. Los fondos procedentes de la enajenación, así
como los dividendos y reducción del capital social, se ingresarían
directamente por la sociedad estatal en dicho organismo autónomo. Al
respecto puedo decir que este tipo de operaciones no son ya algo
excepcional en el sentido público español de los últimos años, pues
no faltan sociedades que actúan en régimen de derecho privado cuyo
capital se ha constituido mediante la aportación de bienes y derechos
de titularidad pública y que anteriormente se gestionaban por
organismos vinculados con mayor intensidad a la rigidez propia del
derecho administrativo en la gestión de los servicios públicos. La
posibilidad de realizar las ventajas bajo cualquier procedimiento
admitido en el mercado y en el
derecho privado, permitiría obtener precios más adecuados de las
propiedades y, a su través, una mayor capacidad de financiación.
Sin duda SS. SS. se preguntarán por qué el Ministerio de Defensa no
ha puesto en práctica de forma inmediata y literal las
recomendaciones del informe que nos ocupa. Por una parte, el
Ministerio de Defensa, una vez examinado el informe y dada la
trascendencia de las modificaciones normativas que afectaban a la Ley
de Patrimonio del Estado, a la Ley de Expropiación Forzosa, a la Ley
de Creación de la Gerencia de Infraestructura y a la Ley General
Presupuestaria, inició un proceso de discusión con los diferentes
ministerios y órganos de la Administración relevantes, con objeto de
recoger aportaciones y comentarios en relación con el desarrollo
legislativo que podría derivarse de la puesta en práctica de las
recomendaciones de dicho informe. Como resultado de este proceso de
información y tras incorporar las aportaciones generadas, entre
otros, por el área de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de
las Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía y Hacienda,
y en particular la Dirección General de Patrimonio y el Instituto
Nacional de Estadística, se ha optado por el mantenimiento de la
naturaleza jurídica del organismo autónomo, que, recogiendo los
aspectos indicados en el informe, asegura el debido control y
transperencia en la gestión del patrimonio público.
La profunda reestructuración que de la Administración institucional
ha realizado la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, nos exigía la adaptación de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa a este nuevo marco
normativo. Esta adecuación se va a llevar a cabo en el proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social para el
año 1999. Este texto, que SS. SS. conocen ya, induce a una serie de
modificaciones técnicas que deben permitirnos un mejor
aprovechamiento de nuestros recursos y la aplicación de los mismos
para complementar las dotaciones presupuestarias que permitan la
profesionalización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.
En resumen, sopesando los criterios de rentabilización
y transparencia, creemos que hemos adoptado un modelo que garantiza un
mejor aprovechamiento de nuestros recursos, a la vez que se mantiene
el necesario control sin necesidad de iniciar un proceso legislativo
muy complicado, que por el momento no es necesario para los objetivos
marcados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Mi grupo era consciente de que el
mantenimiento de esta iniciativa en el orden del día venía de lejos.
Ya hemos tenido -y usted mismo lo ha dicho- algún que otro debate en
esta Comisión a este efecto y como consecuencia de que en la anterior
comparecencia este grupo todavía no disponía -ni sigue disponiendo en
este momento- del informe realizado por las consultoras que se
mencionan en la comparecencia, la habíamos decidido mantener en el
orden del día hasta recibir el informe.
Yo quiero recordarle que este portavoz, en febrero de 1998, solicitó
oficialmente, por el conducto reglamentario, el informe encargado por
el Gobierno a las empresas consultoras Nat West Markets y Arthur
Andersen sobre la situación del actual patrimonio inmobiliario de
Defensa. En respuesta del Gobierno, de 30 de marzo, también oficial,
se nos comunica que el estudio tiene un carácter provisional y que,
una vez se disponga de la versión definitiva, se remitiría una copia
a este portavoz. Desde marzo de 1998 a diciembre de 1998, en que nos
encontramos, no se ha recibido. Yo no sé si no se dispone todavía de
la versión definitiva o ha sido simplemente un olvido. Le rogaría,
una vea más, que hiciera llegar a este portavoz, aunque sea con diez
meses de retraso, el informe completo, porque sí hemos tenido, en
respuesta a una solicitud de información del señor Marsal, algunas
informaciones parciales sobre el documento que usted ha leído en este
trámite y que es exactamente la traslación literal de la respuesta
que, en contestación a la pregunta del señor Marsal, realizó el día
11 de febrero de 1998. Por lo tanto, tenemos una información que yo
no dudo que sea importante, pero pienso que sería justo que hiciera
llegar a este portavoz y a este grupo parlamentario el informe
completo que en su propia carta usted se comprometió hacer llegar una
vez se dispusiera de la versión definitiva. Nos consta que esa
versión definitiva se tiene desde hace bastante tiempo.
En segundo lugar, también hemos decidido mantener esta comparecencia,
aun siendo un tema que ha sido objeto de debate en otras ocasiones y
a pesar de tener algunas respuestas parciales sobre la solicitud que
hizo el señor Marsal y yo mismo, porque a lo largo de estos últimos
meses nos ha perecido que existían alrededor de este tema algunas
confusiones. Es verdad que preocupa al Ministerio de Defensa, y
nosotros lo hemos entendido razonable y en ningún momento hemos
presentado una enmienda en esa dirección en ninguno de los trámites
que se han presentado hasta la fecha sobre este asunto, poder contar
con un procedimiento ágil para poder destinar recursos procedentes de
la enajenación del patrimonio inmobiliario de Defensa para
complementar,
vía presupuestaria, partidas para la profesionalización de las
Fuerzas Armadas. Para ello era necesario realizar una serie de
ajustes e introducir algunos mecanismos jurídicos de reforma de la
Ley de Gerencia de Infraestructura de la Defensa, que es otro de los
motivos que nos ha llevado a mantener este pregunta. Nosotros hemos
visto que en el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos
de este año se procede a esa reforma y a la presentación de nuevos
mecanismos jurídicos que agilicen y hagan posible esa traslación de
fondos que haga viable la utilización de los mismos, con un destino
que no sea necesariamente el ámbito del propio patrimonio de Defensa,
sino que pueda tener una finalidad presupuestaria en otros ámbitos,
como puede ser la modernización de las Fuerzas Armadas o la
profesionalización en su conjunto. Sin embargo, no deja de
sorprendernos que, paralelamente a estas reformas que se introducen
en el proyecto de ley de acompañamiento, haya también una proposición
de ley del Grupo Popular, que tiene vigencia desde finales de 1996,
que lleva ya dos años de invernadero, que todavía no se ha tramitado.
Entendemos que, después de dos años, se debe a la voluntad del Grupo
Popular de no querer tramitarla, que
introduce también algunas modificaciones en la Ley de Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, orientadas en cierta medida, aunque
hay otras que no tienen nada que ver con esto, en la misma dirección.
Por lo tanto, nos encontramos con una proposición del Grupo Popular,
nonata, pero que todavía no se ha retirado, que introduce la
posibilidad de establecer esos mecanismos jurídicos en la dirección
que antes apuntaba. Esa proposición del Grupo Popular se encuentra en
el congelador. El Gobierno ha preferido presentar una reforma por la
vía de la ley de acompañamiento que estamos discutiendo en estos
meses y que votaremos próximamente. Pero todo esto a nosotros nos
genera una cierta confusión, porque sobre un mismo tema, sobre un
mismo ámbito, hay una finalidad yo diría que similar, al menos en
algunos aspectos, ya que hay una coincidencia de criterios en torno a
estas cuestiones en la proposición del Grupo Popular y en el proyecto
de ley de acompañamiento que estamos debatiendo en este momento. Sin
embargo, se opta por aparcar esa iniciativa.
Todo esto nos ha llevado a solicitar del Gobierno una aclaración.
Primero, una reiteración formal, y espero que definitiva, del
documento que se solicitó en su día. Segundo, en relación con el
contenido formal o material de ese documento, también querríamos
algunas aclaraciones sobre si el Gobierno no ha cumplido los
criterios que el documento aconsejaba. Usted ha dicho ya que en
algunos aspectos se han separado del documento y que otros los han
considerado oportunos. Hay un aspecto, el referido a la sociedad
estatal, que entiendo que el Gobierno lo ha obviado, y no parece
razonable introducirse en esa dirección. No es que nosotros tengamos
un especial entusiasmo en que se cree esa sociedad estatal, pero era
una recomendación firme del documento y nos gustaría que el Gobierno
profundizara en las razones por las que no va a llevar a cabo esa
iniciativa. Al mismo tiempo querríamos deshacer la confusión que
existe en el seno del Gobierno y del Grupo Popular en relación a
iniciativas paralelas, que teóricamente apuntan en la misma
dirección, pero que se solapan unas a otras. En definitiva, no
acabamos de entender las razones de esa trayectoria procedimental.
Este es el objeto de nuestra solicitud de comparecencia y le ruego
que nos aclare un poco cuál es la situación en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESADÍAZ DEL RÍO: El Grupo Parlamentario Popular
quiere expresar su respaldo al Gobierno por esta iniciativa que se
está llevando a efecto, teniendo en cuenta la política trazada por el
propio Gobierno y por el propio presidente del Gobierno desde el
debate de investidura, en el que dejaba claro que los recursos de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa deberían servir no sólo
para acometer la modernización de las Fuerzas Armadas, sino también
para el importante proceso de profesionalización total de nuestros
ejércitos, con soldados y marineros profesionales. Es cierto que ha
habido que introducir mecanismos jurídicos para la variación de estos
criterios fundamentales de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, y también es cierto que en la Ley de acompañamiento de este
año, como decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista -por cierto, una ley de acompañamiento que
surge en la etapa socialista, que es cuando se decide añadir a los
Presupuestos Generales del Estado una ley de acompañamiento, una ley
de medidas fiscales que acompañara a la Ley de Presupuestos Generales
del Estado-, se modifican y se toman medidas que, como él muy bien
dice, no son incompatibles con la proposición de ley que ha planteado
el Grupo Parlamentario Popular y que, si está congelada, habrá que
descongelarla. No cabe la menor duda de que son compatibles y el
Gobierno no puede dejar que la mecánica parlamentaria, con la
cantidad de iniciativas que entran en el registro de la Cámara, pueda
realizar la política anunciada por el Gobierno a principio de
legislatura que, con los compromisos adquiridos, que nos conducirán
a que a finales de este año contemos con un total de 50.000 soldados y
marineros profesionales, 17.500 más que en 1998, permitirá que
sigamos avanzando y podamos seguir cumpliendo los objetivos que en un
momento determinado, concretamente en el debate de investidura, se
planteó este Gobierno.
Nosotros, señor secretario de Estado, respaldamos, y no sólo por la
transparencia y el control de la gestión del patrimonio, que deberá
continuar dentro del Ministerio de Defensa, esa creación de una
figura que sea capaz de rentabilizar al máximo lo que hasta este
momento se ha demostrado que era un proceso largo, pesado y a veces
hasta inútil, y prueba de ello son las miles de subastas que han
dejado descubiertas cantidad de opciones no sólo para la posible
permuta o firma de convenios con ayuntamientos u otras instituciones,
sino para eso que todos los grupos políticos reclamamos en cantidad
de ocasiones, instalaciones que somos incapaces de enajenar en
ninguna subasta, que no adquiere absolutamente nadie y continúan
desperdigadas por el territorio nacional, sin que se pueda dar una
solución de continuidad que beneficie a las ciudades, provincias
o comunidades autónomas en las que están ubicadas y, mucho menos,
beneficien a la defensa ni a los objetivos que tiene programados en
este momento.
Por tanto, entendiendo que se aproveche una ley tan importante como
la ley de acompañamiento para introducir algo que no es incompatible
con el proyecto de ley que ha presentado en la Cámara el Grupo
Parlamentario Popular, y teniendo en cuenta que con esto no sólo se
mejora la gestión, sino también los resultados, este Grupo
Parlamentario Popular no tiene duda de que el Ministerio de Defensa
actúa en la dirección adecuada, sobre todo teniendo en cuenta los
objetivos que se ha trazado. Y yo, señor secretario de Estado, me
sumo a una petición que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, porque yo lo he sufrido como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en la oposición; en la IV legislatura yo no
conseguí que unos documentos, pedidos a través del artículo 7 del
Reglamento de la Cámara, que se referían a los estado generales de
los tres ejércitos, se me entregaran porque nunca estaban
confeccionados. Yo espero que el Ministerio de Defensa sea capaz de
dar cumplimiento a ese requerimiento que hace el Grupo Parlamentario
Socialista a través del artículo 7 del Reglamento de la Cámara antes
de que finalice esta legislatura y así puedan conocer en profundidad
un texto que, después de las diferentes intervenciones que ha tenido
el secretario de Estado, nada tiene que tener ya de privado
y mucho menos de oculto; estoy convencido de que el Ministerio de
Defensa no dudará en enviarlo a la mayor brevedad posible de ser un
documento terminado y que pueda ser entregado en toda su extensión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): En cuanto
a la entrega del informe, pido mis excusas a la Comisión. Parece ser
que ha habido un mal entendido, que esto tiene que ir por una vía
reglamentaria y en estos momentos en el Ministerio no nos consta que
haya sido el camino seguido. En el momento en que se compruebe,
enviaremos directamente el documento a esta Comisión, a su presidente
si ésa es la vía, para que SS. SS. puedan conocerlo de una manera más
profunda, y digo más profunda porque en esta Comisión hemos hablado
casi hasta la saciedad del contenido de ese documento. Pero comprendo
la necesidad de S. S. y, aunque sólo sea por pura disciplina
parlamentaria, le aseguro que, tan pronto como reciba la solicitud
formal de este documento, lo pondré a disposición de la Cámara.
En cuanto a la incongruencia entre la proposición de ley del Grupo
Popular y la ley de acompañamiento respecto a corregir ciertos
aspectos operativos de la Gerencia de Infraestructura, tengo que
decir que no hay tal incongruencia; creo que son dos caminos, dos
cuerpos jurídicos que abordan dos problemas distintos: uno es la
gestión más eficiente de los recursos y el otro es, precisamente para
coordinar esa gestión, para completar esa gestión y que sea más
eficiente, cubrir un hueco que había en la ley que regula el
funcionamiento de la Gerencia de Infraestructura en relación con
aquellos activos que no tienen un interés económico cierto inmediato
y que se puedan utilizar en unos determinados ámbitos, lo que ahora,
con la actual ley, no se puede. Generalmente, esto está orientado a
cesiones temporales de utilización de esos activos, que ya digo que
no tienen interés económico, en un aspecto social. Por tanto, como
digo, creo que la proposición de ley del Grupo Popular y la Ley de
acompañamiento no son incongruentes, sino que se complementan y,
además, muy inteligentemente. Ése es el aspecto que creo más
importante.
En cuanto a la nueva Gerencia de Infraestructura, lo que hemos hecho
es precisamente darle un carácter más mercantil, sin mengua del
control. Recuerdo perfectamente que, en la primera presentación que
hice del documento Nat West en la Cámara, S. S. me recordaba que el
criterio más importante a seguir era el de la transparencia y el
control de la gestión, lo cual, al final y después del análisis
profundo que hemos hecho de este asunto, creemos que es muy
importante y que un trabajo serio, un trabajo desarrollado con rigor
y el instrumento que tendremos a partir de enero nos puede servir
para mejorar. En ese sentido, le puedo decir a S. S. que en el año
1996 se gestionaron siete convenios con los ayuntamientos, en 1997 se
aumentó esa capacidad a trece convenios y que en el año 1998 hemos
gestionado veinte convenios con los ayuntamientos. En 1996, la
Gerencia de Infraestructura tenía un presupuesto de 7.400 millones y
ejecutamos 6.490; en 1997 presupuestamos 10.000 millones y ejecutamos
13.000 y en el año
1998 hemos presupuestado 10.000 millones y hemos ejecutado 17.231 y
hay 5.500 de AENA que están en vías de resolución y, si no se
ejecutan antes de fin de año, se incrementarán el año que viene. En
cualquier caso, las cifras serían 6.000 millones en el año 1996,
13.000 millones en el año 1997 y 17.000 millones en el año 1998.
¿Cómo se ha hecho esto? Con un instrumento que creemos que es
mejorable y con un trabajo riguroso e intenso de gestión y creo que
tenemos que seguir avanzando en esa línea.
En cuanto a por qué utilizamos la Ley de acompañamiento para
reorganizar la Gerencia de Infraestructura, tengo que decirle que
necesitamos tener reorganizada la Gerencia a primeros de año, tan
claro como eso. Yo necesito que la Gerencia de Infraestructura sea
eficiente -ya lo va siendo, pero se trata de que lo sea más todavía-
desde el 1 de enero; no el 6 ó 7 de junio, sino el 1 de enero, y por
eso lo hemos hecho, creo que es perfectamente lógico. En este caso se
trata de algunos aspectos que lo que hacen es volcar en un cuerpo
jurídico distinto algo que existía en el cuerpo jurídico anterior,
con unas pequeñas matizaciones, y me parece el camino indicado.
En cuanto a la intervención del señor Fernández de Mesa, comparto los
criterios respecto de la plena coordinación entre la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Popular y la Ley de acompañamiento. La
posición muy particular del diputado Fernández de Mesa defendiendo la
utilización inteligente de aquellos recursos o inmuebles que no
sirviesen para el objetivo fundamental de los activos de Defensa, que
es la financiación de la defensa, aunque al principio nos costó
aceptarla, porque entendíamos que no hay ningún recurso que no tenga
una utilidad económica cierta, a lo largo del tiempo hemos podido
comprobar cómo la experiencia que manifestaba S. S. ha acabado por
tener un sentido, y a eso nosotros no vamos a resistirnos. Habrá que
ser extremadamente cuidadosos en la calificación, pero qué duda cabe
que tenemos algunos activos inmuebles que no podemos rentabilizar y,
por lo tanto, habría que buscarles una utilización en la que se
responsabilizase un tercero obteniendo por ello un beneficio
temporal, que se determinaría en cada caso.
Agradezco a S. S. el impulso y el ánimo que nos da para seguir por
este camino y me congratulo de que esa dedicación acabe dando los
resultados que les acabo de citar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Vamos a pasar al segundo bloque del orden del día: preguntas. (El
señor Moya Milanés pide la palabra.) ¿Señor Moya?
El señor MOYA MILANÉS: Señor presidente, ¿hay posibilidad de hacer
una aclaración?
El señor PRESIDENTE: Como sabe S. S., reglamentariamente no hay
turno, pero si quiere hacer una puntualización, le ruego que sea muy
breve.
El señor MOYA MILANÉS: El argumento que se ha utilizado en otras
ocasiones por el Grupo Parlamentario Popular y que se ha vuelto a
reiterar hoy en relación con alguna iniciativa que se encuentra en la
Cámara desde hace
bastante tiempo, en este caso desde hace más de dos años, y que no ha
visto la luz, es que la mecánica parlamentaria las deja bloqueadas.
Quiero recordar a SS. SS. -y me parece que todos somos conscientes de
ello- que cada grupo tiene la posibilidad de disponer de sus propias
iniciativas y, por tanto, de hacer valer su capacidad para decidir en
qué momento presenta las suyas, y aquí hay una voluntad evidente de
no querer desbloquear esa iniciativa por las razones que sean.
El señor PRESIDENTE: Quiero advertirles que, según el Reglamento y la
Constitución, los proyectos de ley son prioritarios y van por delante
de las proposiciones de ley. Creo que eso explica suficientemente la
situación de la proposición de ley a la que se refiere S. S.
El señor MOYA MILANÉS: Señor presidente, lo explicaría si fuera
cuestión de meses; pero cuando se trata de dos años y medio, la
explicación resulta un tanto embarazosa.
PREGUNTAS
- DEL SEÑOR MOYA MILANÉS, DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, SOBRE
CIRCUNSTANCIAS DEL CONCURSO CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
PARA ADQUIRIR EQUIPOS BÁSICOS DE SOLDADO POR VALOR DE 29.166 MILLONES
DE PESETAS, IMPUGNADO POR AESPYME. (Número de expediente 181/001882.)
El señor PRESIDENTE: Como les decía, señorías, pasamos al segundo
bloque del orden del día, formado por las preguntas, comenzando por
la número 11, circunstancias del concurso convocado por el Ministerio
de Defensa para adquirir equipos básicos de soldado por valor de
29.166 millones de pesetas, impugnado por Aespyme, presentada por el
señor Moya, que tiene que atender a otras obligaciones
parlamentarias.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MOYA MILANÉS: Con fecha de 25 de agosto de 1998 el Ministerio
de Defensa convocó un concurso público para adquirir 230.000 equipos
básicos de soldado destinados a equipar al Ejército durante el
período 1992- 2000, por un valor de 29.166 millones de pesetas. Las
circunstancias que han rodeado la convocatoria de este concurso han
llevado a mi grupo a solicitar información, vía pregunta
parlamentaria, sobre el mismo. Este concurso ha sido impugnado ante
los tribunales por la vía contencioso administrativa, en la Audiencia
Nacional, por una asociación, Aespyme, que engloba a un conjunto de
empresas y que considera lesionados algunos aspectos de la Ley de
Contratos del Estado así como sus intereses a la hora de poder optar
al concurso en condiciones de igualdad. Las denuncias de eventuales
irregularidades por parte de Aespyme, que han llevado a plantear la
impugnación mencionada ante los tribunales, se basan en una serie de
afirmaciones que mi grupo sólo va a enumerar: algunas de las
especificaciones técnicas que se citan hacen referencia a
marcas concretas, cosa que prohíbe la Ley de Contratos; entre los
criterios de selección se encuentra la ejecutoria de la empresa
solicitante con la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del
Ejército, lo cual podría suponer privilegiar a firmas que han
contratado con anterioridad con la DIAM, el hecho de que no haya una
indicación exacta de la composición y el volumen del «stock» de
prendas que tiene el Ejército y que deberían integrar el petate
conjunto para su distribución, lo cual puede generar incertidumbre
sobre el volumen de material que hubiese que distribuir. Quedan
algunas más de fondo en cuanto a la posible colisión con la Ley de
contratos, en concreto el plazo de presentación de 30 días, que se
estima corto, y al mismo tiempo se adjuntan informes técnicos de
alguna empresa que considera de imposible cumplimiento el plazo de 30
días para el volumen y la envergadura del material objeto de
adjudicación. También se hacen algunas acusaciones que incluso han
llevado a la presentación de una querella, posteriormente desestimada
según mis informaciones, pero se sigue manteniendo viva la
impugnación ante los tribunales en vía contencioso-administrativa en
relación con la posible información privilegiada. Y en torno a la
unión temporal de empresas, presentada por Aesmide como única
solicitante del concurso, los informes que se han ido recabando en la
interlocución que mantiene Defensa con las empresas suministradoras
del sector ha podido producirse alguna información privilegiada que
ha podido conducir a que, con anterioridad a la fecha de publicación
del concurso, 25 de agosto, algunas empresas conociesen las
características o los pliegos de condiciones técnicas definitivas. Al
parecer, existe documentación en ese sentido.
Como puede usted comprender, mi grupo ha recibido información
abundante de todas las partes. Yo he expuesto los hechos que una de
las partes presenta como motivo de la impugnación. Evidentemente, la
otra parte también me ha hecho llegar cuáles son sus conclusiones o
consideraciones en relación con los hechos objeto de la denuncia y de
la impugnación. Pero lo que es evidente es que se ha creado un clima
enrarecido en torno a este concurso, un clima nada deseable que no
beneficia en nada a la planificación de un sector, como es el de
empresas suministradoras de la Defensa, que empieza a entrar ahora en
una fase de competitividad importante, porque si bien es verdad que
hasta la fecha había un grupo empresarial o asociación que podía
agrupar un grupo de empresas que pudiesen ser pioneras en este
mercado, es indudable que empieza a haber otros grupos empresariales
con intereses en el sector y que, por decirlo de alguna manera,
también reclaman un lugar al sol.
Al margen de las consideraciones que pueda haber en esta polémica, si
bien es cierto -y el propio Ministerio de Defensa no lo niega, porque
es una evidencia y porque no hay ninguna razón para ocultarlo- que
existe y ha existido institucionalmente una interlocución importante,
como la producida respecto del grupo de empresas que se presenta como
único solicitante del contrato, sería bueno que dicha interlocución
se extendiera a todas las empresas o grupos de empresas del sector,
porque de lo contrario podría existir la sospecha de convertir una
interlocución privilegiada en una información privilegiada. Yo creo
que eso no sería nada bueno ni para el sector ni para el propio
Ministerio de
Defensa, que estaría arrojando sombras de parcialidad que en nada le
beneficiarían. En lo que se denominaría grupo mixto o empresa
suministradora del sector tiene que producirse una reestructuración y
una remodelación de forma que dé cabida a toda la representación
empresarial que en este momento tiene intereses en el sector. Esto es
urgente y la transparencia ayudaría a que no hubiese motivos de
recelo o de impugnaciones como los que nos encontramos con este
concurso.
Mi grupo, una vez que ha sopesado toda esta documentación, entiende
que no puede constituirse en juez de esta cuestión, entre otras
razones, porque hay un recurso en vía contencioso-administrativa, en
vía jurídica y que la colisión con la Ley de Contratos del Estado es
algo que jurídicamente tendrá que sustanciar la resolución de este
recurso. Por tanto, mi grupo no tiene como objetivo ni como misión
establecer si jurídicamente se ha producido o no una vulneración. Es
evidente que hay muchos motivos de impugnación, pero la última
palabra en ese sentido la tiene la resolución que se pueda adoptar
por parte de la Audiencia Nacional. Tampoco mi grupo tiene el menor
interés ni forma parte de su misión el ser parte en la polémica
empresarial. Es decir, no tenemos ningún interés en decir que se debe
o no se debe favorecer a una u otra. Desde el punto de vista
empresarial, mi grupo se mantiene al margen de la polémica suscitada
por ambas asociaciones, no tiene ningún interés directo, pero tiene
el interés de que se respete la neutralidad en el trato, la máxima
transparencia y la máxima igualdad de oportunidades.
En aras de esa transparencia, de esa igualdad y de que la
competitividad del sector se produzca en los términos de mayor
equidad es por lo que mi grupo le hace ver su preocupación, porque un
concurso de esta naturaleza no es un concurso cualquiera, es un
concurso de una envergadura notable.
El señor PRESIDENTE: Señor Moya, vaya terminando, por favor.
El señor MOYA MILANÉS: Termino.
Son 30.000 millones de pesetas, es prácticamente el abastecimiento
del Ejército de Tierra para los próximos dos años en material, en
vestuario, etcétera, y por otra parte, viene rodeado de una polémica
que tiene su sustanciación en los tribunales. Mi grupo se siente
preocupado por estas circunstancias y, al mismo tiempo, los motivos
que se presentan como impugnación vienen aparentemente adornados con
una preocupación seria, no son simplemente fútiles.
Ante esta situación creada, mi grupo le pide al Gobierno que
considere si debe reflexionar sobre cuál es el mejor desenlace para
esta situación, si es el de proceder a una adjudicación inmediata al
único solicitante de este concurso o bien si, en aras de una
pacificación del sector, lo más prudente, a la vista de toda la
polémica que se ha generado, no sería convocar, con unas bases menos
polémicas, un nuevo concurso que permitiera una pacificación mucho
más importante en esta materia. Lo señalo como mera preocupación,
invitando al Gobierno a que reflexione sobre la materia y sopese si,
ante las circunstancias actuales, ante la polémica generada y ante la
envergadura del contrato y la
naturaleza del mismo, no sería más prudente ir en esa dirección. Lo
dejo a la reflexión y a la prudencia del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas
gracias, señoría, por su exposición y por la claridad con que lo ha
hecho.
El concurso que ha convocado el Ministerio de Defensa para la
adquisición de equipos básicos se tramita por los principios de
publicidad y concurrencia, como no podía ser de otra manera. Sabe S.
S. que se trata de un contrato abierto de fabricación con el que se
establecerá una relación de artículos que configuran los diversos
equipos básicos con carácter variable en razón de diversas
circunstancias, tales como la situación geográfica de la unidad de
destino, las variaciones de prendas según idoneidad, el sexo del
usuario, etcétera. Asimismo en los artículos adjudicatarios se
entregarán los lotes en los grupos de abastecimiento, las tallas
sueltas en poder del Ejército se entregarán a los adjudicatarios para
su inclusión en los lotes correspondientes a los diferentes equipos y
la adquisición se adecuará a las necesidades reales del Ejército en
función del ritmo de profesionalización de la tropa. Esto es muy
importante, es el producto que deriva del famoso concurso del petate,
que tuvo también sus problemas y que, sin embargo, dio a las Fuerzas
Armadas, al Ejército de Tierra muy en particular, un avance logístico
fundamental que ha permitido ahora este segundo paso que lo que hace
es establecer, ni más ni menos, lo que las grandes empresas
logísticas utilizan en sus procesos de abastecimiento y que
consideramos irrenunciable. Entendemos que el sistema logístico que
estamos adquiriendo vía este concurso es absolutamente fundamental
para las Fuerzas Armadas, sobre todo para el Ejército de Tierra y,
por tanto, es absolutamente irrenunciable. Lo hemos manifestado así a
las dos asociaciones. Su señoría me comentaba, y tiene toda la razón,
que convendría institucionalizar las reuniones con las dos
asociaciones, y ya lo hemos hecho. Nosotros hemos mantenido tres
reuniones con el presidente y con la asociación Aespyme en pleno y
hemos institucionalizado estas reuniones desde el momento en que
conocimos su existencia y que tenían interés en vernos. Nos parece
absolutamente legítimo y procedente vernos con las dos asociaciones
que representan al sector en España.
El Aesmide que conoció el secretario de Estado compareciente cuando
llegó al departamento no tiene nada que ver con el Aesmide que luego
fue. Yo mismo exigí desde un primer momento que aquel Aesmide, que
venía funcionando desde hace tiempo, incluyese a todas las industrias
que quisieran integrarse en el sector precisamente para darle esa
transparencia y esa concurrencia al proceso institucional, como S.S.
calificaba con toda razón a los procesos de comunicación del
Ministerio de Defensa con la industria, que son alabados, debo
decirlo, desde la propia industria como un medio importante de
gestión conjunta de los recursos de la Defensa.
El concurso público fue convocado por resolución de la junta de
compras delegada, publicada en el Boletín de 25 de agosto, como S.S.
decía. Ante dicha convocatoria, la Asociación Europea de Pequeñas y
Medianas Empresas,
Aespyme, con fecha 25 de septiembre, interpuso recurso contencioso-
administrativo ante la sala de dicho orden de la Audiencia Nacional.
Con fechas 17 y 22 de septiembre la misma Aespyme había presentado
escritos respectivamente al presidente de la mesa de la contratación
de la junta de compras delegada y al secretario de Estado de Defensa,
en los que, bajo el mismo contenido, solicitaba la anulación del
contrato convocado y comunicaba una serie de defectos en los que, a
su juicio, incurría el concurso. Las presuntas anomalías denunciadas
se refieren, en primer lugar, a una supuesta incompetencia del
comandante jefe accidental de la sección económica financiera para la
firma del pliego de cláusulas administrativas particulares por no ser
el órgano de contratación en el expediente. Obviamente, la citada
asociación confundía entonces la redacción y firma de los pliegos y
su aprobación. La aprobación del pliego de cláusulas administrativas
fue efectuada por el director de abastecimiento y mantenimiento del
mando de apoyo logístico, con fecha 10 de agosto de 1998. Por tanto,
conforme a derecho.
En cuanto a las cuestiones de organización del concurso, debe
afirmarse que en la preparación, tramitación y convocatoria del mismo
ha regido únicamente el interés por dar solución -como ya he dicho al
principio- a las específicas circunstancias y necesidades concretas
de la Administración militar debido a su organización y
funcionamiento, efectuándose todas las actuaciones bajo un estricto
criterio de imparcialidad e igualdad de oportunidades a todos los
posibles licitadores reconocidos por las asociaciones que los
representan y por todos ellos de manera paladina.
Con respecto a la supuesta indeterminación que puede existir en
algunos aspectos del concurso, viene motivada por el desconocimiento
a priori de la composición de los efectivos que deberán ser equipados
en su momento, así como la de la posible evolución de las
circunstancias en los cuatro años previstos de ejecución del
contrato.
Circunstancia que es la que es y a la que hay que atender, y no al
revés. No habrá que cambiar la circunstancia para ser capaz de hacer
el suministro, porque eso, entre otras cosas, es imposible. Ésta ha
sido la razón fundamental de que la adquisición se plantee bajo la
modalidad de contratación de suministro tipificada en el artículo
173.1 de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Es
decir, pluralidad de bienes, entregados de forma sucesiva y por precio
unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo
de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las
necesidades de la Administración.
Por lo que se refiere a la imposibilidad manifiesta de tiempo
suficiente para presentar ofertas, debe señalarse que éstas se han
presentado en el plazo concedido, sin que en ningún caso, pese a la
posición que ha argumentado una de las asociaciones en sus
alegaciones, se haya favorecido a ninguna empresa, grupo de empresas
o asociaciones para facilitar la presentación de sus ofertas. Quiero
decir a S.S. que los miembros de las dos asociaciones actuales fueron
miembros de una en su momento, que el contenido de este concurso lo
llevamos desarrollando desde hace mucho tiempo (es una continuación
lógica -y lo acabo de decir- de lo que fue el concurso del petate
desde el punto de vista
logístico) y que todos ellos conocían perfectamente,
institucionalmente y no por información privilegiada, cuáles iban a
ser los requisitos y cuáles iban a ser las bases fundamentales,
a expensas de la publicación de los pliegos definitivos, por supuesto.
Nosotros consideramos que esa es una magnífica gestión, salvando la
transparencia y la concurrencia, que evita cualquier tipo de atisbo
de información privilegiada.
En cuanto a la restricción de la competencia, Aespyme invoca en su
recurso que el petate obliga a que el oferente sea una unión temporal
de empresas. En este extremo hay que advertir que el petate, por la
diversidad de su contenido, exige empresas de una gran variedad
fabril y con una capacidad de subcontratar con otras empresas
figurando un único contratista principal; modelo de contratación, por
otra parte, absolutamente extendido en toda práctica mercantil de
tipo logístico. Precisamente, las uniones temporales de empresas
contempladas en el artículo 24 de la Ley de contratos de las
administraciones públicas habilita a las pequeñas y medianas empresas
para poder concurrir en igualdad de condiciones que las grandes
empresas, como es el caso de la oferta presentada para el concurso
del equipo individual del soldado, que, de las 30 empresas que
componen la unión temporal de empresas, 27 son pymes y 14 de ellas no
pertenecen ni siquiera a Aesmide, que es la asociación a la que
pertenecen las cabeceras de esas empresas. Finalmente, y por lo que
se refiere a la posible restricción de la competencia que puede
suponer la convocatoria del presente concurso al entender Aespyme que
la obligatoriedad de un «pack» completo acarrea dicha restricción,
debe señalarse que el procedimiento elegido por la Dirección General
de Abastecimiento es el más acorde con las necesidades del ejército,
pues traslada al adjudicatario del concurso la tarea de recibir las
diferentes prendas, ordenarlas, empaquetarlas y entregarlas en plazo,
que es exactamente (siguiendo la teoría del -no sé la traducción
castellana- justo en el tiempo preciso, el just in time que dicen los
ingleses) el no tener stocaje, que lo único que porduce son unas
ineficiencias económicas realmente notables.
En conclusión, quiero decirle a S.S. que no han existido anomalías
por incompetencia del órgano, puesto que el pliego lo aprueba
precisamente el órgano de contratación; que en la organización del
concurso se ha verificado una determinación del vestuario precisa y
en la forma exigida por las necesidades de la Administración; que el
tiempo para la presentación de ofertas ha sido común, así como los
conocimientos e información sobre la convocatoria; que la exigencia
de un petate único es técnicamente inviable, tanto por razones
pragmáticas como de eficacia y económicas; que las especificaciones
técnicas han sido objeto de un profundo estudio y de una meticulosa
configuración, de acuerdo con las necesidades de la Administración;
que tanto los criterios de selección como la tramitación del
expediente han pretendido seguir y han seguido rigurosamente la
normativa de la Ley de contratos de las administraciones públicas,
así como la legislación comunitaria; que, desde el punto de vista
formal, la impugnación de Aespyme ha sido informada por la asesoría
jurídica del Ministerio, que entiende rechazables sus alegaciones,
precisando que el concurso se encuentra ajustado a derecho. Además,
como colofón de esta presentación y en el entendimiento
que la propia Aespyme ha hecho de este asunto, puedo comunicar a S.S.
que, con fecha 25 de noviembre, la Sala Contencioso-Administrativa de
la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional remitió a la Secretaría de
Estado de Defensa la resolución de la misma, por la cual se tiene por
desistido y apartado de la continuación del recurso contencioso que
interpuso la citada asociación de empresas y, por tanto, la propia
asociación ha desistido de su recurso.
Quiero finalizar mi intervención diciendo que el 22 de septiembre
este secretario de Estado se reunió con el presidente de Aespyme,
señor Cristóbal González-Aller y Suevos; que el 5 de noviembre me
volví a reunir con él para institucionalizar las reuniones, que el 30
de noviembre tuvimos la primera reunión institucional con ellos,
estando previsto tener en los primeros meses de próximo año -en
febrero, creo recordar en este momento- la segunda. En dicha reunión
se estableció cuáles iban a ser los procesos por los que nos íbamos a
conducir en adelante.
Nada más, señor presidente, señoría. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Moya , ¿desea intervenir? (Denegación.)
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
SITUACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FABRICACIÓN
DEL NUEVO FUSIL DE ASALTO PARA EL EJÉRCITO DE TIERRA. (Número de
expediente 181/001846.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura con el número 3
en el orden del día, del señor Marsal Muntalá, sobre situación del
proceso de selección y adjudicación de la fabricación del nuevo fusil
de asalto para el Ejército de Tierra.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor secretario de Estado, como usted bien
sabe -porque usted lo convocó y otras veces hemos hablado aquí de la
cuestión-, el 4 de octubre de 1996 se realizó la convocatoria para la
adjudicación de la fabricación del nuevo fusil de asalto para el
Ejército de Tierra. El proceso de selección comportaba tres fases. La
primera, de evaluación técnica, acabó a finales de enero de 1997. De
las ocho empresas que se habían presentado, fueron seleccionadas
seis. La segunda, de realización de pruebas técnicas. El 25 de junio
de 1997, en una sesión de esta Comisión tuvimos ocasión de hablar de
la situación y en aquel momento se nos dijo que la previsión era que
esta segunda fase de pruebas técnicas acabase a finales de 1997 o
principios de 1998. Por los datos de que dispongo, creo que esta
segunda fase finalizó a finales de marzo o primeros de abril y se
entró ya en la tercera fase, definitiva, de evaluación de las ofertas
económicas y de cooperación industrial. Este proceso se está
alargando un poco más de lo que inicialmente se había previsto.
Evidentemente, es un proceso en el que no solamente inciden elementos
estrictos de calidad del fusil, militares o técnicos, sino que
también existen otros elementos de importancia, como son los
industriales, que afectan -y también llenan de preocupación- a la
empresa de Santa Bárbara en A Coruña, y sobre la mesa se encuentran
distintas posibilidades respecto a cuál podría ser la fórmula para
que este fusil pudiera ser fabricado, si no en esta empresa como tal,
en una empresa nueva de la que formase parte también Santa Bárbara,
aprovechando las infraestructuras y las capacidades que esta empresa
tiene. A pesar de su complejidad, el proceso se está alargando mucho
y ello nos ha llevado a formularle esta pregunta porque, como es
lógico en todo proceso que se alarga, están surgiendo rumores. En los
ambientes que conocen estos temas, en un primer momento parecía que
iba a ser el austríaco, después parecía que iba a ser el alemán,
incluso en prensa salió una información relativa a que había una
decisión respecto al alemán, aunque esta información contenía un
error respecto al modelo que se había presentado y que no era el que
decía la información sino otro, y últimamente han surgido algunos
rumores de que existen ciertas presiones del grupo israelí para que
pudiese haber una adjudicación a este grupo. Creo que esta sesión de
la Comisión es un buen lugar para que usted pueda exponer
públicamente cuál es la situación. Primero, si la decisión ya está
tomada; si no, cuándo y en qué condiciones se va a tomar. (El señor
vicepresidente, Nieto González, ocupa la Presidencia.) Aprovechando
esta pregunta, quiero formularle una petición de aclaración sobre el
coste que va a suponer esta adjudicación, ya que en los presupuestos
de 1998 el coste global aparecía cifrado en 3.400 millones de
pesetas, en los presupuestos para 1999, en la programación
plurianual, constan 8.000 millones y, sin embargo, algunos datos
ponen de manifiesto que el coste total de la operación será de unos
15.000 millones de pesetas. Quisiéramos saber cuál va a ser
exactamente el coste.
Finalmente, relacionado con los aspectos industriales, en la medida
de lo posible y en función del grado de resolución a que haya llegado
su Ministerio, y también de los contactos que pueda haber habido con
el Ministerio de Industria, quisiera saber respecto a las dos o tres
ofertas preseleccionadas, qué acuerdos de cooperación industrial
incluyen, y, si nos puede informar en este momento, qué perspectivas
hay para la fábrica de armas de A Coruña y cuál es el futuro de la
empresa Santa Bárbara en esta ciudad.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Para responder, el señor
secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENS A (Morenés Eulate): Su
señoría ha descrito las fases del concurso; por lo tanto, voy a pasar
directamente a contestar a lo que S.S. le interesa, pero no sin antes
hacer una puntualización.
Sabe S.S. que, de acuerdo con el procedimiento, establecido para la
creación de la necesaria uniformidad, se han realizado pruebas
técnicas y operativas con los distintos tipos de fusiles ofertados, y
han llegado tres a la fase final del concurso, que son Heckler &
Koch, alemanes; Galil, de industrial militares de Israel; y el SG-
550, de la sociedad suiza Sig Arms. Por lo tanto, el austríaco no
llegó a esta fase final. Quiero aclarar esta cuestión.
En segundo lugar, el que lleguen a la fase final estos tres fusiles
supone que cumplen los requisitos de las Fuerzas Armadas. Por lo
tanto, ¿cuál es un motivo decisorio e importante, teniendo en cuenta
que estoy hablando de un concurso que está en marcha, sobre el cual
tengo que mantener la reserva jurídicamente exigible en lo que estoy
diciendo? Es muy importante que, cumplidos los requisitos operativos,
logísticos y económicos, se cumplan los requisitos industriales,
porque de alguna manera son los que en estos momentos pesan en la
mesa a la hora de tomar la decisión, teniendo en cuenta que los otros
tres han sido cumplidos, y ahí vamos a ser extremadamente rigurosos.
Yo acabo de apoyar un concurso de armas en Sudáfrica, de
abastecimiento de material de defensa, y he podido comprobar hasta
qué extremo se puede ser riguroso a la hora de exigir el cumplimiento
de la cooperación industrial en un concurso de armas. Algo hemos
aprendido. Nosotros estamos en estos momentos en una fase no
solamente de análisis de las ofertas de cooperación industrial sino
de proceso de garantía de cumplimiento de las ofertas de cooperación
industrial.
Le puedo decir a S.S. que entiendo que ha pasado mucho tiempo. Este
secretario de Estado dijo públicamente que creía que en septiembre
íbamos a ser capaces de hacerlo. No hemos sido capaces y, si no lo
hemos sido, ha sido precisamente porque en el análisis de esas
condiciones industriales faltan algunos aspectos importantes que
queremos dilucidar.
En cuanto a las presiones, las ha habido por parte de todos. Se puede
S.S. imaginar que todo el mundo trata de apoyar el fusil que está más
cercano desde el punto de vista de los intereses. Sin embargo, en ese
sentido, nosotros lo que estamos haciendo es basarnos en los hechos y
no en las presiones o cantos de sirena que suelen acompañar a las
presiones.
Por lo tanto, yo creo que la decisión tiene que estar próxima. Ya no
podemos esperar mucho más, no estamos muy lejos de la solución final,
aunque no puedo adelantarle cuál va a ser. En cualquier caso, el
proceso de cooperación industrial tiene siempre en cuenta a la
fábrica de armas de A Coruña; la estructura de esa fábrica de armas en
A Coruña tendrá bastante que ver con las diferentes ofertas. En
cuanto a la participación en el accionariado o simplemente la
apariencia como tecnólogo dentro de un proceso general de fabricación
y posible exportación, se lo podré contar a S.S. cuando tenga una
adjudicación.
Sin embargo, sí le podemos adelantar que nosotros creemos en el largo
plazo; no queremos construir un fusil determinado, sino entrar en una
tecnología de fabricación de armas ligeras que luego permita a España
ir a los mercados extranjeros y exportar ése y otro tipo de arma
ligera que, vía la tecnología que se adquiera y que en estos momentos
impulsamos, pueda ser competitiva en el futuro, y creemos que lo
será.
En cuanto al coste preciso del concurso, se lo haré llegar, porque
lo pide con precisión. Yo creo que son más de once mil millones, pero
prefiero hacérselo llegar con más concreción.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Si desea intervenir el
señor Marsal, tiene la palabra.
El señor MARSALMUNTALÁ: Agradezco sus informaciones. Siento que aún
no podamos disponer de una respuesta,
entendiendo la complejidad de los problemas que hay sobre la
mesa.
Sin embargo, el proceso se está alargando mucho. Si se alarga mucho
más, los rumores se acrecentarán. También puede tener consecuencias
negativas para el proceso industrial y aumentar el grado de
nerviosismo dentro de los distintos sectores afectados, tanto en el
presente como en el futuro. Nos interesa a todos, a usted, al
Ministerio, al país, a las Fuerzas Armadas y también al tejido
industrial, que lo más rápidamente posible haya una respuesta a este
concurso, que se decida definitivamente, para que en el plazo más
breve se pueda empezar la fabricación de este fusil.
Compartimos el objetivo de que no se trata únicamente de fabricar un
fusil, sino de adquirir una tecnología y la utilización de la misma
para toda la familia de armas, no únicamente para consumo interno
sino también para posibilitar su exportación hacia otros países.
Dése la mayor prisa posible, haciéndolo bien, pero no lo alarguemos
mucho más de lo imprescindible en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Señor Morenés, tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate):
Efectivamente, me doy por apremiado. Lo que pasa es que en estos
momentos estamos trabajando precisamente para los intereses que usted
señalaba y que compartimos, es decir, para que todo lo que es el
aspecto industrial pueda tener una consistencia que en estos momentos
consideramos importante y que no se está ralentizando precisamente
por falta de trabajo y de exigencia en el Ministerio de Defensa. (El
señor presidente ocupa la P residencia.) No obstante, creo que la
decisión está ya muy cercana. Yo soy el primer urgido personalmente a
que esa decisión se pueda tomar, porque entiendo -en ese sentido
quiero mandar un mensaje tranquilizador- la preocupación de quienes
tienen que fabricarlo y sobre todo de quienes esperamos que no tengan
que utilizarlo pero sí portarlo, que son los miembros de las Fuerzas
Armadas.
En ese sentido, le aseguro que el Ministerio trabaja a toda velocidad
para que esos objetivos se cumplan.
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
MEDIDA EN QUE PUEDE AFECTAR AL PROGRAMA LEOPARDO EL RETRASO DE LAS
NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO Y DIVERSAS INDUSTRIAS ALEMANAS SOBRE EL
FUTURO DE LA FÁBRICA SANTA BÁRBARA BLINDADOS. (Número de expediente 1
81/001847.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la número 4, medida en que puede
afectar al programa Leopardo el retraso de las negociaciones con el
Gobierno y diversas industrias alemanas sobre el futuro de la fábrica
Santa Bárbara Blindados.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor secretario de Estado, nuevamente
volvemos a hablar de una cuestión de la que hemos hablado incluso
muchas más veces que del fusil de asalto. Nos referimos al programa
Leopard que tanta importancia tiene para el Ejército de Tierra, pero
también para el futuro de nuestra industria de defensa terrestre
y concretamente para el futuro de Santa Bárbara.
El 20 de febrero de este año, el Consejo de Ministros autorizó al
Ministerio a iniciar las actuaciones necesarias para su adquisición.
Se convocó el concurso; por los informes que tengo, Santa Bárbara
Blindados presentó una primera oferta, y se están acabando de
perfilar los elementos que no eran suficientemente satisfactorios.
Aquí se nos mezclan dos procesos, como distintas veces hemos
señalado: uno que es la propia adquisición de este carro de combate,
y otro que es el industrial, de gran complejidad porque abarca varios
interrogantes.
En primer lugar, el interrogante del proceso de privatización de
Santa Bárbara. Este es un elemento fundamental para la decisión de
este concurso. En segundo lugar, porque dentro de este propio proceso
de privatización existe la posibilidad de una opción de privatización
conjunta de Santa Bárbara, que implique Santa Bárbara Blindados y las
otras empresas de Santa Bárbara, o al menos algunas de las factorías,
o también existe una posibilidad, seguramente la menos deseable, de
que el proceso de privatización, en lo que se refiere a la
construcción del Leopard, afectase únicamente a Santa Bárbara
Blindados. Este es un aspecto que no implica de forma directa al
Ministerio de Defensa, sino de forma indirecta aunque importante,
pero la responsabilidad fundamental es de la SEPI y del Ministerio de
Industria. Seguramente, las dificultades y el retraso que ha llevado
todo el proceso por parte del Ministerio de Industria fue también un
motivo por el que el Ministerio de Defensa decidió agilizar el
proceso de adjudicación del Leopard, y esto podía también incidir en
una mayor rapidez del proceso que definiese la privatización o la
entrada de capital de otras empresas extranjeras en Santa Bárbara o
en Santa Bárbara Blindados.
De los distintos informes que han ido surgiendo en medios de
comunicación o que han llegado a nuestras manos tenemos, se deduce
que hay tres grupos interesados: dos alemanes, que están implicados
claramente en la fabricación en Alemania del Leopard, Krauss Maffei,
como fabricante principal y Rheinmetall. Pero también ha aparecido un
elemento nuevo que tiene su importancia, que es una empresa no
alemana, que no está implicada en la fabricación del Leopard, sino en
la del carro de combate americano, seguramente el mejor que hay en el
mercado. General Dynamics parece que tiene también interés. No sé si
sus ofertas son formales o no. Corren también informaciones, rumores
de que está haciendo ofertas importantes que tienen que ver tanto con
la fabricación del carro de combate, como con aspectos relacionados
con el helicóptero de ataque, o también con misiles, uno de los
vacíos más importantes que en este momento tenemos en la industria de
defensa española. Evidentemente, aquí se está creando un cierto
ambiente de confusión, de preocupación. Seguramente hay aspectos que
le correspondería más responder al presidente de la SEPI, ¿pero se
los formuló a usted? ¿Qué previsiones hay? ¿En qué situación nos
encontramos? ¿Realmente la apuesta americana tiene posibilidades, que
va más allá del tema concreto de los carros de combate y que
supondría consecuencias para toda la estrategia industrial o para
ciertos aspectos industriales en nuestro país? ¿En qué puede afectar
este proceso de cierta ambigüedad y de retraso en la resolución para
la construcción del Leopard y para el futuro de Santa Bárbara
Blindados y del conjunto de Santa Bárbara? Son temas de los que hemos
hablado otras veces, de alguna forma son reincidentes, pero creo que
es bueno disponer de una información al día, aunque alguna vez demos
vueltas sobre los mismos temas.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): La orden
de ejecución del programa Leopardo se encuentra en fase de
preparación para dar cumplimiento a la resolución del Consejo de
Ministros de 20 de febrero de 1998. El desarrollo de la citada orden
de ejecución precisa contar con una oferta de la firma Santa Bárbara
Blindados, designada por el Ministerio de Defensa como contratista
principal del programa en el marco del convenio que regulan las
relaciones de dicho Ministerio con la Empresa Nacional Santa Bárbara.
La citada tarea -S.S. ha señalado cuándo se recibió la oferta- se
realiza con total independencia -y debo señalarlo- del proceso de
privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara acometido por el
Ministerio de Industria.
Si bien algunas empresas alemanas, propietarias de las tecnologías
del carro, pudieran ser a su vez candidatas a la privatización, caso
de Rheinmetall y Krauss Maffei, lo que podría dificultar algunos
aspectos de la preparación de la oferta de Santa Bárbara Blindados,
el proceso de estructuración de la misma, y en particular sus
aspectos industriales y tecnológicos, se están desarrollando en la
forma adecuada para que la privatización y el programa no se
interfieran y éste se desarrolle con todas las garantías. Así la
oferta de Santa Bárbara se debe apoyar en acuerdos de cooperación con
las empresas alemanas participantes que deben ceder las tecnologías
entre Santa Bárbara Blindados, Krauss Maffei, Wegman y el grupo Mak,
del grupo Rheinmetall a su vez.
Asimismo las empresas españolas que van a actuar como subcontratistas
de primer nivel de Santa Bárbara Blindados para los principales
sistemas del carro han cerrado o están cerrando acuerdos semejantes
con las empresas alemanas propietarias de los elementos tecnológicos
asociados a los citados sistemas: barcaza, motor, transmisión, los
pasos finales, la torreta, el cañón, el sistema de combate y las
cadenas que son los aspectos fundamentales del carro. Por tanto, la
estructura industrial para la realización del programa se apoya en
dos niveles de acuerdos empresariales que cubren todos los elementos
que constituyen tanto los aspectos de producción como los de
integración de los sistemas y del propio carro, así como su apoyo
logístico.
En relación (creo que S.S. y este compareciente hemos mantenido este
diálogo ya bastantes veces) a qué puede decir el secretario de Estado
de Defensa de lo que es pura responsabilidad del Ministerio de
Industria, sobre todo en
cuanto a las negociaciones de privatización y de negociación con los
determinados pretendientes a la Empresa Nacional Santa Bárbara,
déjeme que le clarifique una cosa. Desde el punto de vista del
Ministerio de Defensa, y asesorados, cómo no, por el Cuartel General
del Ejército de Tierra que es el utilizador del carro, nosotros
entendemos que el mejor carro es el que estamos adquiriendo, el
Leopard. Entiendo que habrá alguien que pueda pensar que sea otro.
En cuanto a la participación de United Defense en Santa Bárbara, nada
le puedo decir. Se que hay unas conversaciones, como las hay con Mak,
las ha habido con el grupo Rheinmetall y con el grupo Krauss Maffei,
pero ese es un aspecto que a nosotros como Ministerio de Defensa no
nos concierne. A nosotros lo que nos concierne es que tenemos una
oferta, que hemos pedido aclaraciones a esa oferta, que hemos
recibido aclaraciones a esa oferta y que estamos en un trámite muy
avanzado de poder cerrar una orden de ejecución con Santa Bárbara
Blindados, y nuestra constante lucha es para que se pueda hacer
precisamente durante el año 1998, lo que sería muy importante tanto
para el Ministerio de Defensa, como muy fundamentalmente para Santa
Bárbara Blindados. En esa pelea estamos. Creo que durante los meses
de noviembre y diciembre hemos dado un avance muy grande a todo el
proceso de clarificación de los aspectos de la oferta, a todo el
proceso de la estructura industrial y , sobre todo, a las
vinculaciones jurídicas entre todos los que forman parte, tecnólogos
y fabricantes, del proceso industrial. Pero debe S.S. entender una
cosa. Cuando nosotros hemos empezado las negociaciones con los
tecnólogos alemanes, éstos no eran sólo tecnólogos, iban a ser los
fabricantes del carro y eso ha producido una reacción intensísima en
contra de todo un proceso de aceleración de la orden de ejecución que
nosotros no hemos impulsado porque han visto cómo el carro se iba
convirtiendo en un carro de combate fabricado en España. Eso ha sido
algo que a veces ha causado enormes problemas corporativos en las
industrias alemanas que participan y algunos de ellos incluso han
supuesto decisiones de tipo empresarial en Alemania que no estaban ni
siquiera vislumbradas cuando nosotros empezamos poniendo en marcha lo
que iba a ser, digamos, el Leopard español.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Brevemente.
Gracias, pos sus informaciones. No se sí he entendido bien que
esperaba que antes de acabar este año se pudiese cerrar el acuerdo.
Esperemos que así sea, faltan pocos días, ojalá sea antes de acabar
el año.
Somos conscientes de todas las dificultades de este proceso, porque
iniciamos nosotros las primeras reuniones con los grupos alemanes,
tanto con el Ministerio como con Krauss Maffei. Se iniciaron ya en
época del gobierno socialista y sabemos las dificultades, las
presiones que supone este acuerdo.
Sabe usted también que cuenta con todo el apoyo de este grupo
parlamentario para conseguir que se cierren positivamente, tanto
desde el punto de vista de defensa de fabricación del carro de
combate como desde el industrial. Nos preocupa la coordinación entre
Defensa e Industria,
que no es todo lo buena que debería ser, en un proceso tan complejo
como este. Sabemos que son temas distintos pero no independientes, y
solamente será posible llevar a buen término los dos procesos de
defensa industrial si existe una perfecta coordinación entre los dos
ministerios y si la estrategia de Defensa y de Industria es la misma.
Algunas veces da la apariencia -y desearíamos que sólo fuese la
apariencia- de que no es exactamente la misma y que se producen
algunas disfunciones; si ese es el caso, exhortamos a usted y al
Gobierno para que la estrategia, la dirección y la fuerza sea única y
que si es posible cerrar los acuerdos antes de que acabe este año,
mucho mejor y, si no, que en el primer trimestre de 1999 puedan ser
cerrados definitivamente.
El Señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Como
tengo la legitimidad de quien viene de un sector y no de la
Administración, entiendo que las relaciones entre el Ministerio de
Industria y el Ministerio de Defensa durante estos dos años y medio
(por lo que me cuentan quienes reciben los beneficios de esas
relaciones, que fundamentalmente son los industriales) son realmente
notables. En ese aspecto siempre me he sentido muy satisfecho de
haber podido tener una relación importante con el Ministerio de
Industria que ha permitido, además, poner en marcha tres grandes
programas, como S.S. conoce. En este caso, que es el que a S,S. le
preocupa en este momento y me lo pregunta, creo que las estrategias
no pueden ser iguales, lo que tendrán es que estar coordinadas. El
Ministerio de Industria busca algo distinto que un carro de combate;
nosotros buscamos un carro de combate perfectamente fabricado, en
precio y plazo, y todo eso hay que coordinarlo.
Es verdad que esos distintos procesos tienen en el tiempo a veces
momentos que se dificultan unos a otros. Lo único que hemos hecho
desde un principio es no sólo coordinar nuestra estrategia con
Industria sino realizar trabajo de establecimiento de la estructura
industrial mientras la industria no lo podía hacer porque
precisamente en aquel momento no tenía la capacidad de poder organiza
r, dentro de su propio tejido, lo que iba a ser la estructura del
carro de combate. Por tanto, no solamente estamos coordinados sino
que. además, trabajamos los unos para los otros. El carro ha tardado
-y S.S., como bien ha comentado al principio de su segunda
intervención, conoce las dificultades- porque hemos tenido que tomar
fortalezas complicadas que entendían que el carro nunca tendría que
ser fabricado en España. Eso nos ha costado mucho tiempo y todavía
nos cuesta algún que otro disgusto. Sin embargo, es evidente que
desde que empezamos hasta ahora nos encontramos a punto de cumplir el
mandato del Gobierno del año pasado en cuanto a participación
española en el carro. Lucharemos por conseguir que sea cuanto antes,
tenemos los objetivos y la mirada puesta en este año, pero entiendo
que las cosas a veces no salen como uno pretende. No obstante,
comparto con S.S. el objetivo de que no podrá nunca este asunto ir
más allá de los dos, tres primeros meses del año que viene, aunque
sinceramente creo que no será así.
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MEDIDA EN QUE PUEDE AFECTAR AL FUTURO DEL EUROFIGHTER 2000. DEL
PROGRAMA FLA Y DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA DE DEFENSA EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN DE DIVERSAS INDUSTRIAS AERONÁUTICAS EUROPEAS (Número de
expediente 181/001848).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5, que también es una
pregunta del señor Marsal Muntalá, sobre medida en que pueda afectar
al futuro del Eurofighter 2000, del programa FLA y de la industria
aeronáutica de defensa el proceso de integración de diversas
industrias aeronáuticas europeas.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor secretario de Estado, en el campo de
la aeronáutica mundial, y más concretamente de la aeronáutica
europea, estamos viviendo una etapa yo diría excitante en todos los
sentidos, positivos y a veces, desgraciadamente, negativos. La
competencia en este sector entre el gran coloso americano y las
empresas europeas supone un auténtico combate por el dominio del
mercado tanto en lo civil como en lo militar. En el campo civil
parece que Airbus está si no ganando la guerra, sí venciendo batallas
importantes frente a Boeing. En el campo militar el proceso está más
complicado. Conoce perfectamente y mucho mejor que nosotros los
acuerdos tomados por seis países europeos -posteriormente hablaremos
un poco más de ello- sobre los procesos de integración de la
industria de defensa europea y, especialmente, de la industria
aeronáutica y la industria electrónica. Este proceso, desde el punto
de vista de competencia global, es evidentemente positivo, sobre
todo, inaplazable y totalmente necesario. Por tanto, en este sentido
es indiscutible. Desde el punto de vista de lo que significa para
cada uno de los países europeos y, concretamente, para España es
también un proceso necesario, que puede tener consecuencias positivas
en el campo industrial y de los sistemas de armas aeronáuticos, pero
en algún caso no.
Le formulo en esta pregunta dos cuestiones. Hay una tercera sobre la
que hablaremos en otra pregunta. Los acuerdos entre los seis países
para llegar a la constitución de una empresa aeronáutica única en
Europa suponen, respecto al Eurofighter, un posible aumento de masa
crítica, pero ¿como se soluciona la presencia del Eurofighter, la
presencia del Grippen y la presencia del Raffale, tres aviones que
pueden competir si no en unos sectores de mercado exactamente
iguales, sí al menos con un grado de intersección muy importante? Por
lo tanto, este proceso de negociación, que tendría que llevar en
última instancia a la constitución de una empresa aeronáutica
europea, se va a encontrar con un problema. ¿Cuál es la posición en
este momento del Ministerio respecto a este proceso en lo que afecta
al Eurofighter 2000 y cuáles son las posiciones del gobierno francés
y el gobierno sueco en este proceso respecto al Grippen y al Raffale,
intereses que ellos van a tener que defender?
El segundo aspecto que puede verse implicado en un proyecto que está
en estado embrionario, aunque llevemos
mucho tiempo hablando de él. Es el proyecto del futuro avión de
transporte mediano europeo, el FTA o el FLA, según las distintas
denominaciones que en este largo proceso ya va recibiendo este
proyecto. Si en el campo civil decía antes que parece que Airbus va
ganando la batalla a Boeing o, como mínimo, es un nivel de
competencia muy aceptable, en el campo militar la situación es más
compleja y la realización o no de un transporte mediano por parte de
Airbus puede ser también importante para él, sobre todo para las
posibilidades de esta empresa europea futura que aúne lo civil y lo
militar y que siga el mismo ejemplo que inteligentemente ha seguido
en Estados Unidos Boeing y McDonnell Douglas al ser absorbida por
Boeing; puede mirarse de cualquiera de las dos maneras. En este campo
tenemos cierta preocupación porque vemos que por parte de los propios
gobiernos -y no hablo únicamente del Gobierno español, sino también
de los demás- no parece haber una estrategia muy clara, se dan
ciertos bandazos y existen ciertas dudas sobre el futuro del FLA.
Países importantes como Alemania se apartan del proyecto y se
mantienen únicamente como observadores. Hay países que tan pronto
parece que están en ello como que no están.
Por tanto, estamos en un cierto marco de dudas, que yo creo que han
aumentado en los últimos meses, cuando por parte del propio núcleo
más duro -Gran Bretaña, España, Francia e Italia-, que parecía que
tenía un interés mayor en el FLA, se ha iniciado una operación de
petición de ofertas, y no únicamente a Airbus, para un posible futuro
FLA, sino que se ha pedido a Boeing la posibilidad del C-17 de
Boeing. Parece que Boeing también está intentando presentar una
oferta sobre el llamado Superfrog, nuevo avión de características
bastante avanzadas. Tenemos sobre la mesa las ofertas, algunas de
ellas inmediatas, de países que por necesidades han tenido que
acceder ya a la compra del C-130J, de Lockheed Martin, y tenemos
también un interés especial por parte de Alemania, que está en
relaciones con ucranianos y rusos en cuanto al Antonov y la posible
oferta del Antonov AN-70. Si en el tema del Eurofigther la situación
seguramente es menos confusa, en el tema del FLA asistimos a un
proceso de mayor confusión y querríamos saber cuál es la posición del
Gobierno español en este proceso.
Finalmente, queda un tercer elemento, la creación de una empresa
única europea, una gran empresa europea aeronáutica, ya no para los
aviones de los que estamos hablando, que ya son más o menos realidad,
sino para los aviones de la generación posterior, de la generación de
los años veinte del siglo XXI y, por tanto, aspectos que tienen
relación con la oferta del Joint Striker Figheter, pero este es un
tema del que preferiría hablar cuando tratemos de la reunión con su
homólogo británico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): La
necesidad de racionalizar la base industrial de la defensa de Europa,
como conoce S.S., no se deriva solamente de un imperativo político,
sino, y fundamentalmente a corto plazo, del propio juego de la fuerza
del mercado. En Europa, en 1998, dentro del sector aeronáutico,
pueden enumerarse siete compañías principalmente: British Aerospace,
DASA, Aérospatiale, Dassault, Galenia, Saab y CASA, con una
facturación en 1997 de 18.813 millones de dólares en material de
defensa, mientras que las tres empresas americanas, Boeing, Lockheed
Martin y Northrop Grumman facturaron en el mismo año 40.475 millones
de dólares. Esta situación desigual, agravada en los últimos años, ha
sido debida a que la industria europea no ha sido capaz de
reestructurarse a la misma velocidad que la estadounidense. Tras el
final de la guerra fría, la práctica totalidad de los presupuestos de
defensa comenzaron una palpable disminución; disminución que se hizo
notar más si cabe en el transcurso del tiempo. Mientras que los
Estados Unidos mantuvieron unos pedidos anuales de aviones de combate
en torno a 340 unidades entre los años setenta y ochenta, en la
primera mitad de los noventa las compras se redujeron a 105 aparatos
al año y tan sólo a un tercio de esta cantidad en los dos últimos
años. Europa hizo lo mismo, pues de una media de 140 aviones anuales
en las décadas setenta y ochenta ha reducido sus pedidos a 50
unidades durante los años noventa, aunque es verdad que esta cifra
aumentará cuando comiencen las entregas del Eurofigther.
En cualquier caso, no se puede poner en duda que el mercado de la
aviación militar cada vez es más pequeño y esto siempre supone una
racionalización de la estructura de producción. Ante la imposibilidad
de compensar las pérdidas de posiciones en el ámbito nacional
mediante un aumento de las exportaciones, la respuesta empresarial no
puede ser otra que la reestructuración. En esta línea, los ministros
de industria han encargado a los cuatro socios de Airbus
(Aérospatiale, British Aerospace, CASA y DASA) que elaboren un
informe, que lo han hecho, sobre la reestructuración de la industria
aeroespacial y de defensa en Europa. Dicho informe ha sido presentado
a los gobiernos a finales de marzo del presente año y se ha recogido
un amplio consenso sobre los objetivos, ámbitos y estructura
operativa necesaria para crear una única compañía aeroespacial y de
defensa en Europa.
Tras las medidas adoptadas en la carta de intenciones de los
ministros de defensa, que establecen el ámbito en el que se tendrá
que mover, desde el punto de vista político de defensa, esa
reestructuración, ahora son las empresas las que deben estudiar entre
ellas las políticas de alianzas que más les convengan.
En resumen, la integración de la industria aeronáutica de defensa en
Europa obedece a una estrategia de posicionamiento en este sector
para intentar contrarrestar eficazmente el mayor peso e influencia
que he comentado, ejercido en el mercado mundial por la industria
norteamericana. El proceso de integración de las principales
industrias aeroespaciales se enfrenta actualmente con dos problemas
principales: la estructura accionarial de algunas industrias europeas
con participación del sector público, fundamentalmente Francia -luego
hablaré de los problemas de los tres aviones-, y la existencia de
programas industriales entre los futuros miembros de la industria
europea integrada que compiten en el ámbito internacional (EFA,
Grippen y Raffale), destacando el sector que acabo de citar.
Por lo que se refiere al programa EFA 2000, no es de esperar que se
presenten efectos adversos por este proceso de integración dado que
el programa ya es en sí mismo el producto de una colaboración entre
naciones y entre industrias aeronáuticas nacionales que han
constituido un consorcio, el consorcio Eurofighter, que es
responsable frente a un órgano contratante de la reducción de los
contratos actuales.
En cuanto a la competencia futura, me remito a un comentario que hizo
el anterior ministro de Defensa alemán. Cuando comentaba con su
colega francés la vida del Raffale, le dijo: es muy sencillo,
ministro, lo que tiene que hacer es tratar de vender su avión y
tratar de vender el nuestro y el que compren es el que tendrá que
fabricarse. Así de claro. Porque es evidente que el EFA es un avión
incomparablemente mejor que el Raffale esa es la opinión del Ejército
del Aire español y de otros ejércitos del aire, a pesar de que
Francia, en su día, tomó una decisión perfectamente soberana y
legítima que realmente ha puesto en graves dificultades, debo
decirlo, todo este proceso.
Sobre el EFA 2000 hay que decir que no sólo se basará en una nueva
generación de aparatos sino que, junto a las enseñanzas de Airbus,
entre otras, servirá como palanca para la formación de la industria
aeronáutica europea, de la que la industria francesa no puede quedar
al margen. Sin embargo, el futuro de programas como el FLA tiene que
estar especialmente ligado no ya a una decisión tomada sino a una
decisión por tomar. Los gobiernos de Europa han decidido que hay una
necesidad operativa y que esa necesidad operativa hay que cumplirla,
pero tiene que ser la industria la que tire hacia adelante del
programa. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Hacer el pedido. Los
alemanes pretenden relaciones con Antonov, los italianos con los
americanos y los británicos y los franceses no tienen muy claramente
definido su posicionamiento, aunque, como conoce S.S. hay unas
relaciones muy importantes entre British Aerospace y DASA que, de
alguna manera, van a calificar el futuro industrial aeronáutico de
Europa. El programa FLA tendrá que tener, desde el punto de vista de
los ministerios de Defensa, una orientación distinta. Es decir, se
comprará producto y no se desarrollará producto por los ministerios
sino por las propias industrias.
Creo que España está en una situación inmejorable (eso es algo que
deberíamos impulsar desde la propia política general del Estado en el
sentido de la mayor dedicación de recursos a la inversión) para
hacerse con una posición industrial importante en el desarrollo del
programa FLA. No lo digo a humo de paja, sino que hay una orientación
dentro de los socios europeos a que España pueda tener la parte del
león en el montaje de este avión. Lo que pasa es que hay unos
recursos económicos escasos en Defensa y unas necesidades operativas
inminentes y los gobiernos las van atendiendo vía compra de otro tipo
de aviones. Sí es verdad que hay una diferencia de opinión importante
entre Alemania y Francia en relación a cuál tiene que ser el tipo de
avión. Francia dice que el nuevo deberá ser un avión desarrollado
desde el punto cero y Alemania pretende que sea Antonov el avión base
europeo. Mientras esa polémica no se dilucide, no habrá país en
Europa que sea capaz de sacar adelante en solitario un programa como
este.
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
SITUACIÓN DE LAS CONVERSACIONES CON EL GOBIERNO FRANCÉS SOBRE
DIVERSOS PROGRAMAS DE ARMAMENTO QUE INTERESAN A AMBOS PAÍSES (Número
de expediente 181/001849).
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
SITUACIÓN DE LAS CONVERSACIONES CON EL GOBIERNO ALEMÁN SOBRE DIVERSOS
PROGRAMAS DE ARMAMENTO QUE INTERESAN A AMBOS PAÍSES (Número de
expediente 181/001850).
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
RESULTADOS
PRODUCIDOS EN LA REUNIÓN DEL SEDEF CON SU HOMÓLOGO BRITÁNICO EL
8 DE SEPTIEMBRE DE 1998 RESPECTO A DIVERSOS PROGRAMAS DE AUMENTO Y
SUS CONSECUENCIAS EN LAS INDUSTRIAS EUROPEAS DE DEFENSA (Número de
expediente 181/001851).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a un bloque de preguntas, las números 6,
7 y 8, relativas a conversaciones con el Gobierno francés, con el
Gobierno alemán y con el Gobierno británico.
Si quiere hacer la exposición conjunta de las tres, señor Marsal,
tiene usted la palabra.
El señor MARSAL MUNTALÁ: A efectos de rapidez y teniendo en cuenta
también otras obligaciones que tiene el secretario de Estado, si a él
le parece bien, por mi parte no hay inconveniente en agrupar estas
tres preguntas, que en el fondo tienen relación entre ellas.
Es evidente, y solamente hace falta constatarlo con los medios de
comunicación y con las propias notas informativas del Ministerio de
Defensa, la actividad casi frenética en algún caso del secretario de
Estado en sus visitas a otros países y en la recepción de
delegaciones de otros países, visitas a Gran Bretaña, a Francia, a
Portugal, la recepción de Arabia, de Chile o la visita a la que antes
hacía referencia en Sudáfrica. Este tipo de actividad es importante
para la industria de la defensa española y tiene sus consecuencias
también para los sistemas de armas que nuestros ejércitos tienen o
van a tener en un futuro más o menos inmediato. Las que tienen una
mayor consecuencia son las actividades con los países con los que
tenemos una mayor relación, países con los que tenemos participación
en el grupo GAEO, en la firma de la carta de intenciones, relaciones
bilaterales, relaciones dentro del marco de la OTAN, etcétera. Por lo
tanto, los últimos contactos con Gran Bretaña, con Francia y con
Alemania tienen importancia, puesto que afectan a proyectos que están
o que pueden estar en desarrollo hacia el futuro y las opciones que
tomen estos países también pueden afectar a las opciones que haya de
tomar nuestro país. Hemos hecho ya referencia a algunas de ellas. El
tema del Leopard o el del fusil supongo que han
formado parte de la agenda de contactos básicamente con el Gobierno
alemán. Temas como el futuro del submarino Sorpène y las últimas
implicaciones de venta a otros países realmente también han formado
parte de la agenda de contactos con Francia.
Sin embargo, la que seguramente ha parecido más destacada por el
propio Ministerio es la reunión con el secretario de Estado
británico, la cual tuvo lugar aprovechando precisamente la feria de
Fairnborough. Por parte del propio Ministerio en su nota informativa
se hizo mención de toda una serie de temas que iban a ser tratados.
Los dos primeros los hemos tratado ya anteriormente y, por lo tanto,
no voy a hacer referencia a ellos, son el Eurofighter 2000 y el
propio proceso FLA.
Otro tema importante es el del helicóptero Tigre, el cual es
fabricado por países europeos. Este es un tema de suficiente calado
como para que hablemos de él más extensamente el año que viene en una
próxima comparecencia y así ver cuál es la política del Ministerio,
qué decisiones se van a tomar y sus implicaciones militares, pero
también sus implicaciones civiles.
Hay dos aspectos en los que quería hacer cierta incidencia, aparte de
la información que usted pueda darnos de los contactos con estos tres
países, que son el tema del avión de nueva generación posterior al
Eurofighter o al F-22, los aviones que tendrán que formar parte de la
base del sistema de armas aéreo de España y de los países aliados a
partir de la segunda década del siglo que viene. Los americanos
tienen muy avanzado los proyectos que toman el nombre de Joint
Striker Figheter; en el año 2001 van a decidir entre si optan por el
modelo presentado por el consorcio liderado por Lockheed Martin
Corporation o si toman opción por el consorcio liderado por Boeing
McDonnell Douglas en este momento.
Algunos países europeos participan de forma más o menos directa en
este proceso. Los ingleses de forma directa, en cuanto que están
comprometidos en una de las tres versiones, concretamente en la Stol
de uso naval. Otros países como Holanda, Dinamarca y Noruega están
formando parte como observadores de este proceso. Últimamente han
mostrado su interés para formar parte como observadores de este
proyecto Italia y un país no europeo, Australia.
Un elemento central en lo que afecta a los sistemas de armas aéreos
es el programa del futuro sistema de aviación ofensiva, formado por
tres aspectos: las aeronaves tripuladas, las aeronaves no tripuladas
y los misiles de crucero. Este programa es muy importante, tal vez no
en la misma dimensión, pero sí en las dimensiones adecuadas, y puede
ser que estén realizando por parte de las comisiones de estudio del
Ejército del Aire previsiones que son a largo plazo, pero en este
campo son necesarias. Por tanto, la decisión que los ingleses y
algunos de estos otros países tomen sobre el desarrollo del avión del
siglo que viene va a tener también su incidencia en el futuro de esta
industria única europea. Habrá que comprar el producto americano, sea
el de Lockheed, sea el de Boeing, o Europa tendrá una capacidad no
únicamente de hacer el Eurofighter, como en este momento, sino
también de poder hacer el FLA. Sentar las bases para lo que será la
siguiente generación de los años veinte del siglo que viene puede ser
un elemento importante y supongo que este tema formó parte -al menos
así se
indicaba en la nota de prensa del propio Ministerio- de los contactos
con el secretario de Estado de Defensa británico. Tendríamos interés
en saber qué conversaciones se mantuvieron y cuál es la posición del
Ministerio de Defensa respecto a estos programas de aviación de la
próxima generación.
También constaba en el orden del día de los contactos con el
secretario de Estado británico el tema del BVRAAM, misil de todo
tiempo y de largo alcance. Tendrá que dotarse al Eurofighter con este
tipo de misiles. Los ingleses en este momento posiblemente llevan el
proceso más avanzado, tienen un concurso convocado, tienen sobre la
mesa dos ofertas, la oferta europea del Meteor, en sentido estricto
el BVURAAM, liderado por British Aerospace y Mata, pero también
forman parte Alenia Defensa; CASA, DASA; Gec Marconi, LFK y Saab
Dinamics. Por tanto, es una oferta claramente europea. Pero también
tienen sobre la mesa la oferta americana de Raythean, en la que
también forman parte dos empresas europeas, Aeroespatiale y Thomson;
por tanto, una oferta con componentes europeos, que sería la nueva
versión de la AIM 120 AMRAAM.
Para el caso de España, como antes señalábamos, el tema de los
misiles es uno de los vacíos que tiene nuestra base industrial -CASA
hace sus primeras aportaciones y algunas otras empresas están
interesadas- y es muy importante para nuestro sector industrial.
Según indicaban, también fue un aspecto del que se habló con el
secretario de Estado de Defensa británico. Tenemos interés en saber
qué concordancias o discordancias se produjeron durante estos
contactos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Voy a
tratar de contestar en el orden en que S.S. ha formulado las
preguntas. En principio, hablaré de las conversaciones con el
Gobierno francés sobre los diversos programas de armamento.
Respecto al programa de submarinos, en concreto en cuanto al
submarino Scorpène, la Empresa Nacional Bazán, en consorcio con la
Dirección General de Construcciones Navales de Francia, participó en
el concurso frente a otras empresas internacionales, licitando por la
construcción de dos submarinos para la Armada de Chile, que conoce S.
S., y fue finalmente seleccionada como la opción que mejor satisfacía
los requisitos de la Armada chilena. En el correspondiente contrato
de construcción, que ya está en vigor, se señala que las secciones de
popa se harán en Cartagena y las de proa en Cherburgo. El primer
submar se acoplará en Francia y el segundo en España.
Paralelamente, la Dirección General de Armamento y Material española
ha entablado conversaciones con la Dirección General de Armamento
francesa para coordinar el apoyo estatal de Francia y España a dicho
programa-contrato. Ambos países han preparado unos memorándum de
entendimiento con Chile que determinan dicho apoyo institucional con
motivo del control industrial necesario. Por otro lado, amparándose
en el memorándum de entendimiento de los ministerios de Defensa de
Francia y España, se han establecido varios grupos técnicos de
trabajo, uno de los cuales se ocupó de desarrollar la cooperación en
este ámbito
de submarinos. El comité de seguimiento del memorándum se ocupa de
controlar el avance de la colaboración, de acuerdo con los mandatos
de trabajo que han quedado establecidos para cada grupo de trabajo.
Como ya conocen SS. SS., España piensa construir submarinos de la
familia Scorpene para su propia Armada. Este programa ha sido
denominado Submarino serie 80, en el que ya están trabajando el
Ministerio de Defensa y la Empresa Nacional Bazán, que está
encaminado a sustituir los submarinos de la serie Delfín.
Respecto a misiles, en el comité bilateral de armamento, grupo de
misiles, se está hablando de todos los programas que tiene Francia en
marcha, tanto antiaéreos como misiles contracarro como armamento para
aeronaves. No obstante, hasta este momento no hay líneas concretas
para Roló abrir una colaboración. Solamente siguen abiertas las
líneas del Roland y Mistral en el aspecto de cooperación en el
mantenimiento. Existe una relación, establecida jurídicamente ya,
entre CASA y Aeroespacial para desarrollar un tipo de misil en España,
pero es un proceso que todavía necesita algo más de maduración.
En cuanto al programa Helios, España participa en e l citado programa
junto con Francia e Italia desde el año 1988.
En el campo de mando, control y comunicaciones, y en el marco de las
reuniones de la Dirección General de Armamento y Material, la
francesa y la española, están estableciéndose colaboraciones en el
mantenimiento de la interoperabilidad de los equipos de
comunicaciones tácticas y en los apoyos mutuos en mando, control y
comunicaciones que, como conocen SS. SS., son los sectores hoy más
importantes, con el submarino, de la cooperación hispanofrancesa.
Dentro del programa del helicóptero de ataque del Ejército de Tierra,
se está estudiando, junto con otras posibilidades alternativas, la
del helicóptero francoalemán Tigre. Esta alternativa se está
considerando, ya digo, como una posible cooperación con Francia y
Alemania en la compañía Eurocopter, países que han cofinanciado por
ahora el desarrollo del helicóptero Tigre. A tal efecto, están
teniendo lugar reuniones con representantes de los ministerios de
Defensa de Francia y Alemania, en las que se tratan los aspectos
económicos e industriales de este programa. Esto, en relación con
Francia.
Con Alemania mantenemos reuniones bilaterales periódicas que
copresiden los representantes de ambas naciones. Dentro de las
organizaciones internacionales participamos con ella también en la
CEAD y en el grupo de Armamento de la Europea Occidental.
En el área de Gerencia de Cooperación Industrial, de la Dirección
General de Armamento y Material, en lo referente a programas de
interés para ambos países, se está estudiando dentro del programa
helicóptero ataque del Ejército de Tierra, el helicóptero de ataque
francoalemán Tigre que ya he mencionado antes.
Se están negociando con las correspondientes industrias alemanas las
implicaciones industriales que se derivarían de la cofabricación del
carro de combate Leopardo II, centradas en la participación de
nuestras industrias, cumplimiento de la resolución del Consejo de
Ministros de febrero, que tanto se ha reiterado esta mañana.
El Ministerio de Defensa, dentro del esquema industrial que se
diseñó, toma la decisión de que Santa Barbara Blindados sea la
contratista principal y colgando de ella -si se me permite la
expresión-, todo el resto de la estructura industrial. Con Alemania
en estos momentos no tenemos más que el aspecto del fusil, que está
sujeto a concurso y del cual he dado la información que puedo a SS.
SS. en una intervención anterior.
En relación con la reunión con mi homólogo británico el 8 de
septiembre, le puedo decir a S.S. que se habló del programa Estrella,
que comparten ambas naciones, fundamentalmente el EFA 2000. A este
respecto se constató el acuerdo sobre el progreso satisfactorio de la
fase de desarrollo y de la inminente firma del suplemento dos del
contrato de producción. El citado suplemento fue firmado
inmediatamente después, el 18 de septiembre.
Se trató igualmente de los requisitos de armamento del avión, muy
similares en las dos fuerzas aéreas, ya que desde un principio el
Ejército del Aire del Reino Unido y del Reino de España han
compartido un concepto de empleo operativo común. Más concretamente,
el objeto de sustituir el misil norteamericano de medio alcance Amr
aam con el que se equipara inicialmente el avión europeo. Se habló de
la necesidad de avanzar en el desarrollo de un misil europeo aire-
aire -que citaba S.S.- de largo alcance y guía activa, de nueva
generación, con la más avanzada tecnología europea en armas guiadas
que servirá para revalorizar las inversiones realizadas por los
países del Eurofighter, porque no sería pensable que éste al final
tuviese que llevar un misil norteamericano en vez de uno europeo. El
equipo formado para llevar a cabo el citado desarrollo, en el que
participa CASA junto con empresas alemanas, británicas e italianas,
permitirá una dotación tecnológica de primer nivel en un campo en el
que España siempre ha permanecido prácticamente al margen. Este es un
proyecto que pretende evitar, ya lo he dicho, una dependencia de los
Estados Unidos.
Posteriormente se incidió en el proceso de reestructuración de la
industria europea aeroespacial y de la electrónica militar,
repasándose las negociaciones en curso con las principales industrias
British Aerospace, Aérospatiale, Casa, Saab, y las demás, y de la
iniciativa de los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Reino
Unido, España, Italia y Suecia para establecer un marco de
cooperación multinacional que facilite el proceso de fusión y
reestructuración de la industria amparada siempre en la carta de
intención firmada en julio.
Acordamos seguir trabajando juntos para impulsar este proceso con
objeto de lograr una industria eficiente y competitiva en los
aspectos industriales, preservando al mismo tiempo los intereses de
seguridad y defensa industriales y tecnológicos nacionales.
No se habló de una manera específica de la posición de ambos países
en cuanto a cuál sea el sustituto del Eurofight e r, entendiendo que
los ingleses han iniciado dos programas importantes, uno es el JSF y
otro es el avión no tripulado, y en esa línea habrá que posicionar a
España, que en estos momentos, a través de los requisitos operativos
del Ejército del Aire, no tiene planteada una posición específica en
ese aspecto.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Marsal quiere hacer alguna
puntualización? (Pausa.) Señorías, vamos a suspender la sesión por
cinco minutos. (Pausa.)
- DEL SEÑOR MARSAL MUNTALÁ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO Y ACCIONES A REALIZAR ANTE EL TRATADO FIRMADO
POR
FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO E ITALIA SOBRE LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA
DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ARMAMENTO. CCAR. (Número de expediente
181/001852)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9 del orden del
día: Posición del Gobierno y acciones a realizar ante el Tratado
firmado por Francia, Alemania, Reino Unido e Italia sobre la
Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (Occar).
También es una pregunta del señor Marsal Muntalá, que tiene la
palabra.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor Secretario, del tema de la Occar se ha
hablado en esta Comisión varias veces, hace año o año y medio hubo un
largo debate sobre este tema y la, agencia europea de armamento. Una
vez presentada esta pregunta hubo también una comparecencia del
ministro de Defensa para hablar sobre la carta de intenciones,
firmada por los seis países europeos, y en el transcurso del debate
también surgió el tema de los últimos acuerdos firmados por la Occar.
Sin embargo, hemos creído conveniente mantener esta pregunta porque,
después de la comparecencia del ministro, también se ha producido
otra reunión importante. Me refiero la reunión en Roma del Consejo de
la Unión Europea y de los acuerdos que se tomaron sobre el futuro de
una agencia europea de armamento; aspecto íntimamente relacionado
también con lo que es el futuro de la Occar. También en el comunicado
del Consejo de Ministros, aparte de las referencias que se hacían al
futuro de esta agencia europea de armamento, se introducía un tema
como el de la creación de un partenariado para la fabricación de
armamento, en el que pudiesen formar parte también países que no son
miembros estrictos de la Unión Europea Occidental.
Todos sabemos que España no forma parte de la Occar, en parte por la
decisión tomada por España y en parte también por la decisión a la
que nos vimos llevados por la propias circunstancias de la primera
creación de la Occar. En los debates anteriores se ha mantenido, por
parte del Gobierno, la defensa de la estrategia de que era preferible
no entrar en la Occar sino desarrollar más la agencia europea, a
partir de la UEO, ya que esto podía permitir que se superaran algunas
de las limitaciones que nos suponían entrar en la Occar y aceptar
algunas de las condiciones que nos podían poner. Esta estrategia
tenía su lógica. Sin embargo, hay elementos nuevos que podían
cuestionar esta estrategia, uno es, y hacíamos referencia a ella en
el debate con el señor ministro, que seis países europeos, entre
ellos España, están realizando un proceso, por lo que podríamos
llamar la parte
de vendedores, de llegar a una serie de empresas transnacionales
únicas, tal como consta en la carta de intenciones en el campo
aeronáutico, pero que en un futuro previsible también podrían darse
en los otros campos de los sistemas de armas. Como vendedores, España
forma parte de este grupo. Sin embargo, como España tiene la
disfuncionalidad de que no forma parte del grupo que funciona como
compradores, ya que el único que funciona en la práctica es la Occar,
mientras que la agencia europea sigue siendo una apuesta, pero ano no
lo es, esto podría crear ciertas disyunciones y podía mermar la
propia estrategia del Gobierno español.
La posibilidad del desarrollo de una agencia europea a partir de la
Unión Europea también es un tema sobre el que se abren ciertas
interrogantes, que van vinculadas a lo que va a pasar con la UEO. Las
últimas reuniones y el comunicado conjunto entre Gran Bretaña y
Francia sobre el futuro de la defensa europea y del papel que la UEO
podía jugar 0 no jugar y el papel que debía jugar la Unión Europea,
forman parte de este comunicado. Una posibilidad apuntada, en el caso
del ministro de Asuntos Exteriores español, de una forma
excesivamente enfática de la desaparición de la UEO y que toda la
defensa europea formase parte de la Unión Europea, también cuestiona
cuál puede ser el futuro de la agencia europea de armamento si la UEO
se fusiona o desaparece en el marco de defensa europeo.
Estamos en un campo en el que las posibilidades son muchas y las
posibilidades de errores también son muchas. Dadas estas
circunstancias nuevas, este nuevo marco que se está dando en el campo
de la industria europea y en el campo de las relaciones entre los
distintos países aliados europeos, le hacemos esta pregunta para
saber cuál es en este momento la posición del Gobierno español
respecto a la Occar y, por extensión, respecto a la posible futura
agencia europea de armamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): La
posición del Gobierno frente a la Organización de Cooperación
Conjunta de Armamento, la Occar, no ha variado sustancialmente
respecto a la explicada en esta misma Comisión el 9 de diciembre de
1997. Desde entonces la Occar ha evolucionado con el objetivo de
conseguir un estatuto jurídico. Para ello, como sabe S.S., el pasado
9 de septiembre se firmó un tratado cuadrilateral entra Francia,
Alemania, Reino Unido e Italia, que está pendiente de ratificación
por los parlamentos de sus respectivos países. Durante el mismo
período, el Ministerio de Defensa de España ha mantenido contactos
informativos con las naciones miembros de la Occar, siguiendo la
política ya explicada ante esta comisión el año pasado de, por un
lado, compatibilizar el papel de dicha organización con el del grupo
de armamentos de Europa occidental y, por otro, tratar de que la
Occar acepte matizar el principio de justo retorno globalizado. Al
decir matizar quiero decir especificar cómo ese proceso de justo
retorno globalizado en su contenido de temporalidad pueda llegar a
definirse. Como S.S. sabe, esa ha sido siempre la posición del
Gobierno de España.
Refiriéndome en concreto a la pregunta formulada por S.S., el hecho
de la firma de la convención de la Occar no va a alterar la posición
española sobre dicha organización. Una vez ratificado dicho tratado,
se otorgará a la Occar un estatuto jurídico suficiente que le va a
permitir perfeccionar contratos en nombre de las cuatro naciones
participantes, y así se solucionará el problema de carencia de
personalidad jurídica que tiene hoy. Mientras tanto, y con el fin de
subvenir a las necesidades de equipamiento, nuestro Ministerio va a
seguir una política de cooperación internacional, tanto bilateral
como multilateralmente, como miembro del organismo OTAN y de la Unión
Europea Occidental. Y si la necesidad surge, utilizaremos la
cooperación también en programas gestionados dentro de la Occar.
Teniendo en cuenta que a diferencia de las instituciones como la OTAN
y la Unión Europea Occidental, la pertenencia a la Occar está
indisolublemente ligada a la participación en un programa que
incorpora a la nación participante en la Occar, nosotros, en un
principio, lo que tendremos que buscar es si realmente existe un
programa en el que hoy en día un programa de Occar o un programa de
España pueda valer en la Occar y nos merezca la pena entrar en este
organismo. La consideración de que España sea miembro de dicha
organización deberá esperar hasta que la necesidad o conveniencia surja.
Además, si llegado el caso fuera conveniente que participáramos en un
programa auspiciado por la Occar, habría que sopesar la conveniencia
de tomar parte en dicho programa sin pertenecer a la organización o
de hacerlo ingresando en ella como miembros de pleno derecho, siempre
y cuando la pertenencia a esta organización no impida un mecanismo de
compensación industrial que entendemos fundamentalísimo para nuestro
país hoy por hoy, desde un concepto de incorporación de tecnología
que, desgraciadamente, todavía no tenemos.
En la última reunión ministerial del Grupo armamentos de Europa
occidental se tomó nota de la iniciativa para desarrollar el Plan
director de la agencia europea de armamentos. Un grupo de expertos de
las naciones del Grupo de armamentos de Europa occidental se va a
encargar de realizar los trabajos necesarios para que, a principios
del año 2001, la agencia europea armamentos sea una realidad. En lo
que se refiere a la Occar, el Plan director de agencia ha previsto
llevar a cabo los trabajos necesarios para compatibilizar la agencia
europea de armamento, en su versión confluyente hacia la Occar, con
esta última. Los dos organismos están tratando en este momento de
converger. La opinión de esta Secretaría de Estado es que llegarán a
formar una misma entidad en un plazo no muy largo.
Quiero decirle a S.S. que no estar ahora en la Occar tiene un sentido
realista y no estar en el futuro, cuando se constituya como único
foro europeo, será un error sin duda. Cuando se constituya como única
agencia europea de armamento, esa fusión entre un vector y otro que
están convergiendo en este momento, España tendrá que estar en la
Occar para que la Occar sea una agencia europea de armamento, no me
cabe la menor duda. Dese cuenta de que en armamento no sólo es
importante la oferta, sino también y esencialmente la demanda. No hay
agencia europea de armamento s in demanda y no hay industria europea
de armamento sin demanda, Espada es una demanda sustancial en el
contexto europeo.
La principal diferencia entre la Occar y los principios aprobados
para la cooperación en el GAEO y, consecuentemente, en la agencia que
se quiere crear, reside -ya lo he dicho- en la aplicación del
concepto del justo retorno. En estos momentos, la posición que ha
mantenido Espada en las reuniones en Italia, que S.S. mencionaba, es
la de establecer un equipo de trabajo que clarifique las reglas de
juego y, sobre todo, cómo se aplican en un programa concreto, cosa
que todavía no se ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
Compartimos buena parte de sus reflexiones y preocupaciones. Nuestro
grupo, aunque no comparte totalmente la estrategia del Gobierno
respecto a la Occar y a agencia europea, no la ha cuestionado nunca,
y mucho menos públicamente; tampoco va a hacerlo en este momento. Sin
embargo, queremos recordarle que en este momento entramos en una fase
nueva y que las estrategias que hasta ahora pueden haber sido válidas
van a tener que ser perfiladas con mucha mayor finura y precisión.
No podemos permitirnos el lujo de quedarnos fuera -y, por lo que ha
dicho, usted comparte plenamente este punto de vista- de lo que sea
el grupo de adquisición europeo; España tiene que formar parte. Va a
ser elemento importante el momento en que entre y no únicamente las
condiciones, porque también el momento puede afectar a las
condiciones. Si hace unos meses la posición ante la Occar podía ser
un poco más distante, a partir de este momento va a requerir por
parte del Ministerio y del Gobierno una actividad mucho más activa
-valga la redundancia-. Si no, puede pasar incluso que, dentro del
propio foro de la Unión Europea Occidental, las posiciones españolas
tengan como consecuencia todo lo contrario de lo que pretenden y que
algunos países no acaben de entenderla totalmente; que la posición
española, en vez de facilitar la creación de una agencia europea de
armamento, suponga mayores dificultades y un retraso mayor. La
posición que se mantenga, no únicamente por parte del Gobierno
español -que también-, va a ser muy importante para el futuro de la
agencia europea, nazca como una fusión de lo que está trabajando la
UEO y de la Occar, surja como un desarrollo de la Occar o surja de la
forma que surja. Tan importante como la participación en la carta de
intenciones y toda la participación en el proceso de fusiones y
unificaciones del tejido industrial de defensa europea es la posición
española en su pertenencia al grupo que vaya delante en el aspecto ya
no de las ventas sino de las adquisiciones y, por tanto, también en
los aspectos de desarrollo, de I+D, que también comporta la
pertenencia a los programas que gestiona la Occar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Enlate):
Efectivamente, comparto no solamente la preocupación sino la
proyección de futuro que
hace su señoría. Hoy por hoy España tiene que facilitar todo el
proceso industrial en el cual la Occar va a ser una herramienta
importante desde el punto de vista de la oferta. En esa política
estamos.
El ministro de Defensa no vaciló en ningún momento en firmar una
Carta de intenciones que es, desde el punto de vista de los
principios, bastante más avanzada que la Occar, sin duda alguna; eso
ha permitido que el impulso que los ministros de Industria tienen que
dar a la reestructuración de la industria europea de defensa pueda
tener un sentido en lo que va a ser el mercado real de armamento y
material, de aprovisionamiento de defensa en Europa y fuera de
Europa. Por tanto, en ese sentido el Gobierno, y el Ministerio de
Defensa concretamente, tienen muy claro que no tiene ningún sentido
un aislamiento por una defensa a ultranza de una industria, sino que
lo que tiene mucho sentido es facilitar que esa industria esté en la
misma línea de salida que los demás, con las mismas zapatillas -si se
me permite el símil- de corredor que tienen los demás y con las
mismas oportunidades o muy parecidas de llegar a la meta en las
mismas condiciones. No se olvide S.S. de que en estos momentos la
Occar es un club de las tres industrias europeas de armamento más
importantes que están organizando un proceso de oferta que viene
directamente a impulsar sus respectivas industrias y que ese
particular juego en algunos sectores puede estar muy bien, aunque en
otros, sin embargo, creo que sería un remedio que mataría al enfermo,
si se me permite también este símil. Es decir, tenemos que tener
nuestro ritmo; la Occar lo entiende, nos presiona para que entremos,
entiende que debemos entrar y nosotros vamos a seguir el paso en el
que consideremos que entrar allí supondrá un beneficio muy importante
para la defensa y para la industria. En este terreno la defensa
vuelve a asumir un papel indirecto en cuanto a que recibe las
preocupaciones de la industria y las mantiene. Desde el punto de
vista de la defensa pura, en el sentido de la adquisición, no le
quepa a S.S. la menor duda de que nosotros lo que estamos buscando
siempre es calidad, precio, plazo y seguridad en el suministro.
Muchas veces eso nos lo pueden facilitar internamente y otras veces
no.
Comparto con S.S. la necesidad de que España dé pasos hacia adelante
y no hacia atrás. Creo que un buen paso es la carta de intenciones;
otro buen paso es el apoyo que estamos dando para que la agencia
europea GAEO se encamine a la agencia europea Occar y desde luego una
vez que exista esa posibilidad de equilibrio entre todos los
participantes España estará allí en el puesto que sin duda le
corresponde.
Nada más. Muchas gracias.
- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO),
SOBRE ACCIONES PREVISTAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
DE FERROL MEDIANTE DESAFECTACIÓN. (Número de expediente 181/001880.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 10. Pregunta del señor
Borreiros Fernández, del Grupo Socialista, sobre acciones previstas
para la ampliación del campas universitario de Ferrol mediante
desafectación.
Tiene la palabra el señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: A principios de los años noventa se
inician una serie de gestiones entre el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de Ferrol y mediante un convenio se llega a un acuerdo
que yo considero modélico, en el cual las instalaciones del hospital
Naval de Ferrol y sus anexos se convierten, a lo largo de estos anos
y con ayuda de otras instituciones, en el campas universitario de
Ferrol. Hoy aquellas viejas instalaciones, no usadas desde 1990 por
Defensa, constituyen la Facultad de Humanidades, la Escuela Superior
de Ingenieros Navales, la Escuela de Enfermería y Podología y un
innovador y muy querido instituto nuevo, el Instituto Tecnológico,
aparte de otros servicios de ayuda a los estudiantes y a la
universidad. (El señor vicepresidente, Nieto González, ocupa la
Presidencia.) Mi sorpresa vino cuando se inaugura en el presente año
académico el curso universitario y autoridades de la universidad, en
este caso de La Coruña, reclaman, en la inauguración solemne,
acciones encaminadas a la ampliación de la universidad, a todas luces
deseable y necesaria. Como a lo largo de esos días no hubo respuesta
por parte de ninguna institución, a mí me parecía correcto -aunque
sea un tema muy local y muy constreñido a una localidad, pero no hay
que olvidar que es una de las localidades de España donde más
influencia ha tenido y tiene la defensa nacional- el proceso largo
pero positivo que se ha dado desde que se firmó el convenio en los
anos 1990-1991. Se empiezan a hacer proyectos, anteproyectos,
etcétera sobre este campas, que es un campas tipo británico, muy
activo no sólo desde el punto de vista académico, sino también de
vivencia de la ciudad en una zona que estaba totalmente fuera de
circulación.
Yo quería, y voy a ser muy breve, decir a efectos estrictamente
parlamentarios que al secretario de Estado le puede ser muy fácil
señalar que el Ministerio de Defensa se brinda a todo tipo de
posibilidades. Pero lo que yo quería recabar era un cierto compromiso
a medida que las instituciones -no sólo la universidad, sino la
propia comunidad autónoma, incluso la Administración local- tengan
perspectivas y un tipo de iniciativas que yo desconozco en este
momento. Lo que sí quiero constatar es la queja del señor rector,
magnifico rector de la universidad de La Coruña, campas de Ferrol, el
día de la inauguración delante de las autoridades autonómicas y
locales. Y le preguntaría qué perspectivas existen desde el
Ministerio para la ampliación del campus en la antigua zona militar;
si existen algunas ofertas concretas o si se ha iniciado algún
proceso de negociación para la ampliación referida y en tal caso, si
ustedes en este proceso de negociación para a ampliación referida y
en tal caso, si ustedes en este proceso que considero que está
inacabado -ya tiene prácticamente diez años, pero localidad, pero
considero que está inacabado- tienen previsto algún tipo de acuerdo o
algún tipo de desafectación de algún inmueble que sea necesario para
la ampliación de ese campas. No hay que olvidar, y ya acabo, que
recientemente el Consejo de Universidades ha concedido a este campus
un aumento de las titulaciones que va a otorgar a partir del próximo
año académico.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Para responder, tiene la
palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Enlate): El
cuartel Baluarte se encuentra situado en el casco urbano de Ferrol.
Construido en el siglo XVIII, fue ampliado con edificaciones en el
presente siglo. El rector de la universidad de A Coruña solicitó la
cesión gratuita del inmueble para el desarrollo del campas
universitario de Ferrol, lo que está expresamente hoy en día impedido
por la Ley de constitución de la gerencia de infraestructura, la
cesión gratuita. Asimismo, la posible elaboración de un documento de
autorización de uso sobre dominio público a favor de la universidad
se veía imposibilitado por el hecho de que, según informe del general
jefe de la región militar del noroeste, la adjudicación de las obras
de rehabilitación, dado lo elevado de su coste, serían adjudicadas
por la universidad a una empresa privada que correría con los gastos
a cambio de la concesión de la explotación de aquellos servicios
públicos con que se dotara la instalación, actuación prohibida por la
Ley del Patrimonio del Estado.
Con carácter general, es objetivo primordial del Ministerio de
Defensa conseguir la más completa racionalización y la idónea
utilización de los bienes inmuebles de dominio público. Pero como S.
S. me ha dicho que no haga una declaración de las acciones y de los
principios que inspiran la Actuación del Ministerio de Defensa en
cuanto a su política de inmuebles, no lo haré. Ciñéndome a la
pregunta formulada por S. S., me es grato manifestarle que sobre el
acuartelamiento conocido como Baluarte, ubicado en Ferrol, está
realizándose actualmente un estudio por la Dirección General de
Infraestructura de la Secretaría de Estado de Defensa, en conjunto
con el Estado Mayor del Cuartel General del Ejército de Tierra, para
su posible desafectación del dominio público, declaración de
alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa para su enajenación o convenio que con
esta finalidad que se pudiera establecer. Eso sí, señoría, debo
repetir que la Ley de la gerencia de infraestructura prohíbe
expresamente la cesión gratuita de los bienes inmuebles desafectados
de Defensa y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura,
pero también he dicho a lo largo de otra intervención esta mañana que
en el Ministerio de Defensa estamos abiertos a cualquier tipo de
convenio, que respetando estos principios establecidos en la Ley,
pueda facilitar la utilización de dicho cuartel o de dicho
establecimiento para las utilidades que S.S. señalaba.
Completando la información, en la actualidad el acuartelamiento de
Sánchez Aguilera, del que forma parte el cuartel de Baluarte, está
siendo objeto de estudio para determinar la posibilidad de concentrar
allí una unidad de artillería antiaérea que aloja y, en su caso,
prescindir del uso militar de parte del mismo, todo ello basado en
que el Ministerio de Defensa es conocedor y sensible, al mismo
tiempo, al interés de diversas instituciones ferrolanas y, sobre
todo, el que tiene el Rectorado de Universidad de A Coruña por
ampliar el campus universitario de Ferrol.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): ¿Turno de réplica? (Pausa.)
No hay turno de réplica.
- DEL SEÑOR PUIGI OLIVÉ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO) SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA FUSIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS
DEL ÁMBITO DEL ARMAMENTO CON EMPRESAS EXTRANJERAS. (Número de
expediente 181/001989.)
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Pasamos a la siguiente
pregunta.
La pregunta número 12 está formulada por Luis María de Puig i Olivé,
pero va a ser sustituido en esta intervención por el señor Marsal. La
pregunta se refiere a la posición del Gobierno en relación a la
fusión de empresas españolas del ámbito del armamento con empresas
extrañé eras.
Tiene la palabra el señor Marsal.
El sedar MARSAL MUNTALÁ: Señor presidente, como anteriormente hemos
indicado al presidente, don Luis María de Puig está hoy ausente por
sus obligaciones como presidente de la Asamblea Parlamentaria de la
Unión Europea Occidental, lo que le impide formular sus dos preguntas
que constaban en el este orden del día. La segunda pregunta, que
figura con el número 13, solicitamos que sea aplazada para una
próxima sesión, con el fin de que sea formulada por el señor de Puig.
Y la pregunta número 12, con el permiso de la Presidencia, voy a
formularla yo mismo en nombre de don Lluis María de Puig.
Anteriormente ya hemos mencionado la Carta de intenciones que fue
firmada el 6 de julio, en Londres, por seis países europeos sobre el
proceso de fusiones y de constitución de empresas de marco europeo en
el campo de la defensa. A lo largo de la mañana ha habido distintas
referencias a esta temática y, por lo tanto, ello me evita ahora
profundizar más en el tema. Uno de los aspectos prácticos y
fundamentales que supone esta Carta de intenciones es la posibilidad
de creación de empresas transnacionales. La creación de estas
empresas puede suponer procesos de fusiones entre empresas ya
existentes o también puede suponer, según los principios de la Carta,
la desaparición de algunas empresas con el acuerdo de gobiernos y
empresas en el sentido de aceptar que una empresa puede desaparecer
de un país y, por lo tanto, un sector de actividad de defensa puede
dejar de funcionar en un país y funcionar en otro país. Todo esto,
que tiene su lógica desde el punto de vista de integración y de
aumento de masas críticas, puede suponer peligros, especialmente para
aquellos países que están en una situación intermedia. Los países más
grandes tienen la fuerza que les da tener ya una masa crítica muy
importante y en los países que casi no tienen industria de defensa o
que la tienen solamente en un aspecto muy sectorializado y con mucha
calidad, en la práctica tampoco va a suponer un peligro para ellos,
pero para países como España que ocupan puestos intermedios, con
ciertas capacidades tecnológicas. importantes en sectores pero con
dimensiones pequeñas, es evidente que se abren uña serie de peligros,
que las empresas comparten, empresas que en muchos casos son privadas
y, por lo tanto, también se plantean la situación de qué van a hacer
los gobiernos para que empresas que son privadas acepten fusionarse,
si no quieren fusionarse, o lo que aún es más extremo, que
desaparezcan si no tienen la voluntad de desaparecer. Evidentemente,
los gobiernos, como contratistas,
tienen mecanismos que pueden llevar en la práctica a procesos de
fusiones o de desaparición, pero no va a ser objetivo entrar en una
dinámica de presiones para llegar a esto, sino que tiene que darse un
proceso de negociaciones y de convencimiento mutuo entre
administraciones y empresas y la incitación a un proceso de fusiones,
como fase previa o paralela a la creación de empresas transaccionales
que se fijan como posibilidad en la Carta de intenciones.
Por lo tanto, aparte de que en su última comparecencia el ministro de
Defensa también informó, queremos que usted nos informe con mayor
detalle sobre la posición del Gobierno en relación con la fusión de
empresas españolas -concretamente en el ámbito del armamento-, entre
ellas y con empresas extranjeras. También queremos que nos informe,
si es posible, cómo se están desarrollando las reuniones de los
países firmantes de la Carta de intenciones y cómo se está avanzando
en los principios y en los objetivos que se fijaban en la Carta de
intenciones que fue firmada en el mes de julio.
El señor VICEPRESIDENTE (Nieto González): Para responder, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Enlate): Muchas
gracias, señoría.
Yo creo que el tema de la pregunta de S.S. lo hemos tratado de manera
directa e indirecta a lo largo de esta comparecencia. La posición del
Gobierno de España, y muy particularmente de la parte en la que yo le
represento, que es el Ministerio de Defensa, en cuanto a la
posibilidad de crear empresas transaccionales tiene que ver mucho más
con los objetivos que con el método. No tenemos nada contra el método
de la transnacionalidad de nuestras empresas. Los objetivos tendrán
que estar siempre justificados, desde el punto de vista de quien va a
ser cliente de estas empresas, por razones, primero, de política de
defensa, desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, y desde
luego de política industrial, desde el punto de vista del Ministerio
de Industria.
Por lo tanto, ¿qué es importante? Pues yo creo que lo que es
importante es conocer muy especialmente la opinión de los
responsables de las industrias, que son los que de alguna manera
tienen que decirnos cuáles son sus preocupaciones y sus diferencias
iniciales con lo que pueda ser un movimiento que quizá tenga más
sentido político que industrial. En ese sentido, habría que refrenar
los objetivos políticos y tratar de adecuarlos a la realidad de la
industria y del mercado de la defensa, tanto en Europa como, muy
especialmente, en España. Esto se refleja, como he dicho antes, en la
posición del Gobierno en cuanto a la Occar y en cuanto a la Carta de
intenciones firmada por los ministros. Pero de lo que se habla todo
el tiempo en esa Carta de intenciones es de establecer políticamente
un ámbito en el que esas determinadas fusiones se puedan tener en
cuenta. Debemos separar, pues, los dos ámbitos: una cosa es que
exista la posibilidad y otra que exista la probabilidad o la realidad
de la fusión. No debemos ocultar que los que están en primera línea
de salida o los que tienen un enorme potencial y una masa crítica
importante no están dispuestos a perderla en un grado sustancial, y
teniendo en cuenta que España tiene, por
ejemplo, en el Airbús una participación del 4,5 por ciento, esa es la
dimensión que tiene España en el tema aeronáutico. Y un 4,5 por ciento
puede suponer algo muy importante para España y muy poco importante
para un determinado país, puede suponer la propia existencia, y por
tanto hay que tener mucho cuidado con las participaciones pequeñas.
Si esas participaciones pequeñas, además, comparten, por así decirlo,
soberanía con otras participaciones mucho más grandes, probablemente
la excelencia de las participaciones pequeñas tenga que multiplicarse
por una cifra importante para poder competir con los derechos
políticos que suponen las participaciones grandes en la empresa.
El Gobierno, por tanto, apunta a una política de prudencia, a una
política de conocimiento del sector en el cual va a impulsar esta
fusión. Hemos preguntado a las empresas acerca de su posición en un
escenario de ése tipo, y éstas, fundamentalmente a través de su
asociación, Afarmade, nos han contestado que todo eso tendría sentido
mediante una selección de los sectores de elevado contenido
tecnológico, donde a partir del primer disparo de salida podamos
estar compitiendo en igualdad de condiciones. Se trataría de diseñar,
desarrollar e integrar sistemas; no limitarse solamente a producir,
sino estar también en la fase previa, de alta tecnología, porque
de lo contrario acabaremos haciendo soldadura y no se trata de eso,
sino de mantener e incluso incrementar las capacidades de la
industria, fundamentalmente en aspectos productivos y de mercado. Es
decir, que nuestra participación en la sociedad transnacional ha de
tener un
enorme sentido comercial, que España no reciba solamente de esa
sociedad lo que necesita, sino lo que España es capaz de generar en
un mercado entendido como globalizado. Ésa es básicamente la política
que seguimos.
Conoce S.S. que habitualmente y de manera institucional nos reunimos
con Afarmade y que ésta y los miembros de la industria española van a
formar parte de los equipos de trabajo que se desarrollan desde la
carta de intenciones. Ya hemos designado, con nombres y apellidos,
quiénes formarán parte de esas comisiones, de tal manera que tengamos
siempre presente la voz inmediata de la industria y de la fase de
producción y desarrollo que nos permita tomar políticamente las
decisiones más acertadas y evitar cualquier tentación de impulso
político sin tener un sustrato realista.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? (Pausa.) Llegados a
este punto, como anunciaba el señor Marsal al comienzo de su
intervención, la pregunta número 13, formulada por don Luis María de
Puig i Olivé, queda aplazada para la próxima sesión.
Damos las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia
y a todos los presentes en la sala.
Se levanta la sesión.
Eran la una y treinta y cinco minutos de la tarde.