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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 582, de 26/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 582
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 31
celebrada el jueves, 26 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para asegurar que la vigilancia y control
epidemiológico de la infección por VIH se realice a través de un
sistema codificado que preserve la identidad de las personas
infectadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001196.) ... (Página 169921
)
- Relativa a la confección de un archivo de datos sobre personas
infectadas por el VIH/Sida. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001271.) ... (Página 16992)
- Por la que se insta al Gobierno a solicitar de las empresas
farmacéuticas que comercializan la tiroxina la introducción de
presentaciones de 5 y 25 microgramos a la mayor brevedad
posible. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 161/001219) ... (Página 16996)
Comparecencia del señor presidente del Instituto Nacional de Salud,
Insalud (Núñez Feijóo) para informar sobre los mecanismos de puesta
en práctica de la Ley 15/1997, los criterios de aplicación de las
nuevas formas de gestión a centros sanitarios del Instituto Nacional
de la Salud (Insalud), los mecanismos de toma de decisiones, las
relaciones laborales, así como la plantilla correspondiente a cada
tipo de hospital. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000311.) ... (Página 16999)
Comparecencia del señor director general de Salud Pública (Francisco
Polledo) para informar sobre las políticas de coordinación en materia
de salud pública desarrolladas desde el Ministerio de Sanidad
y Consumo. Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/001715.) ... (Página 17009)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PROPOSlClONES NO DE LEY: - SOBRE MEDIDAS PARAASEGURAR QUE LA
VlGILANClA Y CONTROL EPlDEMIOLÓGICO DE LA INFECClÓN POR VIH SE
REALICE A TRAVÉS DE UN SlSTEMA CODIFICADO QUE PRESERVE LA lDENTIDAD
DE LAS PERSONAS INFECTADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNlDA. (Número de expediente 161/001196.) -
RELATlVAA LA CONFECCIÓN DE UN ARCHIVO DE DATOS SOBRE PERSONAS
INFECTADAS POR EL VIH/SlDA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOClALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001271.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión con el
orden del día que todos ustedes conocen.
Anuncio a SS.SS. que las votaciones serán cuando terminen de
tramitarse las tres proposiciones no de ley, por lo que calculo que
puede ser alrededor de las cinco y media.
En primer lugar debatimos una proposición no de ley sobre medidas
para asegurar que la vigilancia y control epidemiológico de la
infección por VIH se realice a través de un sistema codificado que
preserve la identidad de las personas infectadas. Esta proposición no
de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y propongo a la Comisión, porque fue un acuerdo de
Mesa y portavoces, que se tramite acumuladamente con la presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la confección de un
archivo de datos sobre personas infectadas por el VIH/Sida. ¿Estamos
de acuerdo? (Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora Maestro, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
La señora MAESTRO MARTÍN: Efectivamente, la proposición no de ley de
Izquierda Unida pretende que esta Comisión tome posición y por lo
tanto inste al Gobierno a paralizar, en su caso, o a no adoptar
decisiones polémicas (no digo yo que entre los especialistas haya
unanimidad al
respecto, pero que sí han concitado unanimidad entre las asociaciones
de afectados), de cara a impedir una medida, una medida destinada a
mejorar el control y la vigilancia epidemiológica en el caso de la
infección por VIH, ya que en las condiciones en las que se planteaba
o se plantea su realización podría incidir gravemente en el derecho a
la intimidad de toda persona, de todo paciente dicho sea de paso,
gravemente amenazada desde diferentes flancos en los últimos tiempos,
pero que en el caso que nos ocupa afecta a personas que sufren una
infección por una de las enfermedades más sensibles desde el punto de
vista de la intimidad y, en correspondencia, de los derechos
laborales, del derecho a la propia imagen y a las condiciones de
convivencia de estas personas.
El Ministerio de Sanidad anunció la creación de un registro nominal
de personas infectadas por VIH, registro nominal en el que obviamente
se estarían planteando los datos de identificación personal -el
nombre y apellidos-, el domicilio, datos personales relativos a cada
una de las personas identificadas. Si bien la vigilancia
epidemiológica es un instrumento fundamental de salud pública en el
control y el seguimiento de infecciones de la trascendencia que
plantea la del sida, desde Izquierda Unida entendemos que aunque el
registro pudiese aportar alguna ventaja estrictamente técnica, el
derecho a la intimidad de las personas podría ser vulnerado de una
manera que no justifica -insisto- las posibles ventajas que esto
pudiera comportar. En estos momentos existen fórmulas de
identificación que permitirían, desde nuestro punto de vista,
identificar a los individuos, desde el punto de vista de su
infección, sin que la identidad personal pudiera ser conocida por
personas ajenas a la estricta relación médico-paciente en una
enfermedad como ésta.
Por lo tanto, el registro nominativo que el Ministerio de Sanidad
propone debe ser eliminado como propuesta, porque en nuestra opinión
podría tener efectos exactamente contrarios a los que se pretenden al
hacer un registro universal de infectados, ya que dadas las
características de la enfermedad podría retraer a las personas a la
hora de realizar la prueba de detección de anticuerpos frente al VIH,
justo en un momento en el que los tratamientos con los que hoy se
cuenta tienen en el diagnóstico precoz de la infección una de sus
herramientas fundamentales.
Por ello, sin cuestionar la necesidad de llevar a cabo un registro
epidemiológico que refleje la trayectoria de la
infección por VIH y permita la adopción, en su caso, de medidas de
prevención o medidas de diagnóstico y de tratamiento que pudieran
aparecer en adelante, entendemos que nunca debe codificarse ese
registro de manera que refleje directamente la identidad de las
personas infectadas; al contrario, lo que proponemos es que el
registro en todo momento garantice el anonimato a las personas que
pudieran incluirse en dicho registro, mediante un sistema cifrado,
exclusivamente accesible al médico y al paciente.
El señor PRESlDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, intervengo brevemente para
defender la posición de mi grupo respecto a este problema y, en
concreto, a la proposición no de ley que hemos presentado, que va en
la misma dirección que la defensa que ha hecho doña Ángeles Maestro.
Efectivamente, en marzo de este año de 1998, la Secretaría del Plan
nacional sobre el sida hizo un informe sobre las nuevas necesidades
de vigilancia epidemiológica de la infección por VIH en España. Con
este informe estamos prácticamente de acuerdo en su totalidad,
exceptuando lo que luego comentaré. Estamos de acuerdo, por ejemplo,
en la necesidad de hacer un sistema de notificación de casos de
infección por el virus del sida; estamos de acuerdo en todas las
consideraciones legales para la creación de ese registro de las
personas infectadas por el virus; sin embargo, no estamos de acuerdo
en la propuesta concreta que hacen para la puesta en marcha de un
registro de infección por VIH en España. Yno lo estamos porque en
este apartado se propone una identificación mediante el sistema de
nombre y apellidos. Esta propuesta se basa en que en España no hay
tradición en la gestión de estos registros identificados por códigos.
Yo creo que si no empezamos nunca, nunca va a haber esta experiencia,
y algún día tendríamos que empezar, al igual que lo han hecho en
otros países, como Francia, Italia, Holanda, Escocia, etcétera.
Señor presidente, señorías, esta propuesta nos parece a nosotros, y
les parece a las organizaciones no gubernamentales, que podría
vulnerar la legislación vigente, en concreto la Ley 5/1992, de 31 de
octubre, que trata sobre el tratamiento automatizado de datos de
carácter personal, y ello, naturalmente, en relación con lo que
establece la Constitución en su artículo 18, referido a la intimidad
personal, y más concretamente el apartado 4 de ese artículo, en el
que se limita el uso de la informática para garantizar dicha
intimidad. Pues bien, fruto de esta reflexión que hemos hecho es la
proposición no de ley: para que si se hace un registro, en todo caso
se haga un registro de acuerdo con las organizaciones no
gubernamentales, y se haga con un carácter no nominativo, que
garantice la privacidad de las personas, que garantice la intimidad
de las personas. Además, cualquier registro que se haga haciendo
constar el nombre y apellidos no iba a tener el efecto deseado. Me
explico. Si lo que se pide a los enfermos y portadores del virus es
que den datos sobre su enfermedad, cuando no saben ellos exactamente
muy bien, puesto que va a figurar el nombre y apellidos, cómo pueden
ser manejados esos datos tan sensibles, está claro que muchos, una
gran mayoría, se van a
negar a facilitar cualquier dato de este tipo, sobre todo teniendo en
cuenta el borrador de protocolo que la propia Secretaría del Plan
proporcionaba a la hora de hacer la recogida de datos
epidemiológicos, en el que figuraban cuestiones tan íntimas como
preguntas acerca del tipo de sexualidad de los pacientes o de los
portadores, si eran adictos o no a drogas, o si practicaban la
prostitución. Yo creo que son preguntas todas ellas que pertenecen al
mundo de la privacidad que, como mucho, se responden al médico
y porque se entiende que es solamente al médico al que le corresponde
saberlo para poder distinguir cuál es la etiología o la fuente de
infección de esta enfermedad, pero nada más. Como en el Boletín del
15 de julio de 1998 se publicó una orden ministerial para la
contratación de los servicios de un desarrollo en la aplicación de un
sistema de información para la vigilancia epidemiológica nacional a
partir de registros de infectados del virus del sida, la alarma
tiene, digamos, una segunda parte muy importante, y es que lo que se
hace es contratar a una empresa privada, a la cual se le van a
facilitar los datos de los enfermos, o los datos de portadores. Por
lo tanto, aquí se establece ya un sistema de transferencia de datos
sensibles, que está prohibido expresamente por la ley orgánica a que
me he referido anteriormente, salvo que hubiese un consentimiento
expreso de los propios afectados. Y como quiera que en la propia
orden ministerial se dice que esa empresa puede trabajar en los
locales de la Administración pública o, si ella lo prefiere, en sus
propios locales, está claro, señorías, insisto, que lo que se hace es
una transferencia de datos sensibles que no se ha permitido por la
ley.
Como fruto de todas estas reflexiones proponemos que, de acuerdo con
las organizaciones gubernamentales, se establezca un sistema de
codificación diferente, como existe en otros países, diferente al
nominativo, y que, naturalmente, se deje sin efecto la orden
publicada y el concurso publicado en el Boletín oficial a que he
hecho referencia, porque va a contar con la oposición de todos los
afectados y de las ONG que trabajan en este campo y porque mucho me
temo, como he dicho anteriormente, que iba a producir efectos
contradictorios o perjudiciales a la hora de hacer un mapa
epidemiológico, que efectivamente es necesario realizar en España.
El señor PRESIDENTE: Aestas dos proposiciones no de ley se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Para su presentación y defensa, tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Si me permite, una cuestión de orden: ¿qué
procedimiento sigo: defiendo cada una de las enmiendas o las dos de
golpe?
El señor PRESIDENTE: Como usted quiera, señoría.
La señora RIERA I BEN: Empiezo, pues, por el mismo orden que los
grupos proponentes, por la proposición no de ley de Izquierda Unida.
La proposición no de ley de Izquierda Unida, en su exposición de
motivos, parte de que hoy en día se ha demostrado la necesidad de
atacar el virus del sida e iniciar el tratamiento a las personas
afectadas desde el mismo
momento en que se detecta la infección; es decir, en todos los foros
científicos se recoge la necesidad de atacar la infección precozmente
y con todos los medios posibles. Los datos que actualmente se manejan
son insuficientes para saber realmente en qué situación estamos,
cuántas personas son víctimas en este momento del virus; se
confunden, según las ONG anti-sida, los casos de seropositivos con
los casos de la enfermedad ya declarada, etcétera. En consecuencia,
hoy por hoy, nadie discute la necesidad de implementar un registro
epidemiológico que refleje la trayectoria de la infección del virus
del sida y su verdadera magnitud. Y destaca la proposición del Grupo
de Izquierda Unida que no solamente se trata de saber cuántas son las
personas infectadas, sino saber también, conocer las prácticas por
las cuáles uno se infecta.
Estos criterios son totalmente compartidos por mi grupo parlamentario
y pienso que probablemente por la mayoría de grupos de la Cámara. Por
tanto, si estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios en el
objetivo, en el fin, se trata de intentar ponernos de acuerdo en los
medios para lograr este fin.
En este sentido, la enmienda que propone mi grupo parlamentario
pretende recabar este consenso que nos sirva para conseguir los
objetivos de control finalistas para poder actuar en favor de los
afectados con los medios que día a día se muestren más eficaces, y
que al mismo tiempo respete y garantice la más absoluta
confidencialidad de la información recogida.
Creemos que teniendo en cuenta las distintas competencias que existen
en el conjunto del Estado en materia epidemiológica, lo que debemos
hacer hoy aquí es establecer los requisitos que nos obligamos a
cumplir, dejando abiertas las opciones para que cada responsable en
esta materia (en Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, al igual
que otros Gobiernos autonómicos con competencias en salud pública y
vigilancia epidemiológica), diseñe, consensúe e implemente aquel
sistema que crea más apropiado para conseguir el fin que perseguimos.
Mi Gobierno no quiere renunciar a la responsabilidad que le compete,
del mismo modo que tampoco quiere adoptar ninguna medida que no sea
consensuada con las ONG que están trabajando a favor de la lucha
contra el sida y con los profesionales de la salud. Del mismo modo,
estamos convencidos de que este consenso tan necesario sería mucho
más factible encontrarlo con el esfuerzo de todas las
administraciones implicadas. En un tema tan complejo y tan sensible
le parece a mi grupo parlamentario que lo más sensato es buscar a
cada nivel competencial los acuerdos y consensos que nos permitan
adaptar los objetivos, métodos, necesidades y recursos de cada lugar.
En este sentido, me permito, señor presidente, leer la enmienda y
ponerla a consideración del grupo proponente, solicitándole que nos
la acepte, si le parece que hemos recogido el espíritu de su
propuesta, y pidiendo además a los otros grupos que también nos la
apoyen. La enmienda quedaría redactada en estos términos: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para asegurar que la vigilancia y el control epidemiológico de la
infección del VIH se realice a través de un sistema que asegure los
objetivos de la actividad y que garantice
en todo momento el uso restringido y confidencial de la información
recogida.
En cuanto a la proposición del Grupo Socialista, mi grupo querría
exponer que hay parte de la argumentación que es perfectamente
compatible con la que ya he hecho. Por lo tanto, voy a obviar lo que
serían parámetros comunes y simplemente pondré más ímpetu en los
motivos que ha promovido el Grupo Socialista al presentar esta
iniciativa.
El grupo proponente considera que el concurso público para la
contratación de los servicios de un desarrollo de la aplicación de un
sistema de información para la vigilancia epidemiológica a partir de
registros de infectados por el VIH, puede conculcar los derechos a la
intimidad de las personas, ya que se trata de elaborar un fichero
público de datos en los que, a criterio del grupo proponente, no se
garantiza ni la confidencialidad ni la privacidad.
Piensa mi grupo parlamentario que no es en absoluto deseable que
entre el colectivo de personas afectadas por el VIH exista la menor
duda de la firme voluntad y compromiso de los Gobiernos, estatal y
autonómicos con competencias en la materia, de garantizar la total
privacidad y confidencialidad de los datos de un registro de
afectados. De no ser así, no tan sólo conculcaríamos derechos
fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, sino que seguramente
estaríamos ante una situación que, lejos de servir para ayudar a los
afectados, sería la mejor excusa para que las personas que teman de
su contagio se autonegaran la evidencia para no ser estigmatizados.
Seguro que esto es exactamente lo que nadie quiere. Queremos conocer
la realidad para actuar sobre ella pronto y bien.
La enmienda que mi grupo propone persigue este objetivo y pide al
Grupo Socialista por favor que la acepte. Su proponente, señor
Blanco, me ha manifestado que aceptaba la enmienda. El Grupo Popular
me ha dicho que, con unos pequeños matices, también estaría dispuesto
a aceptarla. Leo, si le parece, señor presidente, la enmienda. Señor
Blanco, modificaría ahora dos expresiones que no se las he facilitado
a usted, y solicitaría del grupo proponente y de los demás grupos de
la Cámara que nos la voten a favor, al objeto de lograr este
consenso. La enmienda quedaría en los siguientes términos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, al establecer un
sistema de información para la vigilancia epidemiológica de la
infección del VIH, se respeten los acuerdos técnicos consensuados
entre los representantes de las comunidades autónomas y el Plan sobre
el sida de 20 de octubre de 1998, en el sentido de que cualquier
propuesta de ámbito estatal en relación con la declaración de la
infección por el VIH se haga teniendo en cuenta las metodologías,
procedimientos e iniciativas que en su caso hayan adoptado las
diversas comunidades autónomas de acuerdo con sus competencias en
salud pública, a efectos de instaurar un sistema de declaración de la
infección por el VIH consensuado con sus organizaciones no
gubernamentales y sus profesionales.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, me gustaría que interviniera,
para que tenga más datos o elementos de juicio el resto de los
miembros de la Comisión que quieran intervenir, para decidir su
aceptación o denegación de toda la proposición no de ley.
Para los efectos de la aprobación, o rechazo en su caso, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, la voluntad de consenso
yo creo que es plena, lo que pasa es que estamos hablando porque
evidentemente el tema es el mismo. El Grupo Catalán (Convergència i
Unió) ha presentado sendas enmiendas a cada una de las proposiciones
no de ley, pero que abordan el mismo tema. Entonces quizás se
trataría de, si la intervención del Grupo Popular pudiera
permitírnoslo, llegar a un consenso para que hubiera una única
enmienda a las dos proposiciones no de ley, que se fundirían en una
en ese caso. Creo que hay posibilidades de acuerdo; tenemos una
propuesta que hacer a la señora Riera pero no sé si hacerla en este
momento o posibilitar una conversación entre nosotros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Mi grupo parlamentario lo que desea es que los
grupos de esta Cámara lleguemos a un acuerdo en este tema. Por
nuestra parte, la disposición es total.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Blanco tiene alguna propuesta?
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, tengo la misma disposición
que la señora Riera y que la señora Maestro. Mi grupo lo que busca es
una redacción de acuerdo, porque este tema tan sensible merece que
nos pongamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Voy a hacer una propuesta a los proponentes, a
la enmendante y al resto de los grupos: intervención de los grupos
que quieran fijar posición y durante el debate de la siguiente
proposición no de ley pueden ustedes hacer alguna transacción antes
de proceder a la votación al final del segundo debate.
La señora MAESTRO MARTÍN: Va a ser difícil, porque también es una
proposición mía.
El señor PRESIDENTE: Soy consciente de ello, pero a lo largo de las
intervenciones que va a haber ahora puede ir matizando ya su
conclusión definitiva.
Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición
Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Intervengo con brevedad para manifestar
nuestra posición en estas dos proposiciones no de ley, una del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y otra del Grupo Socialista,
que se están tramitando conjuntamente.
Es loable el objetivo y preocupación de estos dos grupos porque se
respete el derecho a la defensa de la intimidad, que es un derecho
constitucional, pero al mismo tiempo están reconociendo la necesidad
de un registro epidemiológico no nominativo. En eso estamos todos
conformes. Según me informan desde el Servicio Canario de
Salud, ya se está trabajando en un sistema codificado con unas
posibilidades de dígitos, que pueden ser, por ejemplo, año de
nacimiento, código de provincia de nacimiento o código de provincia
de prueba e iniciales del paciente, para evitar repeticiones en las
diversas comunidades autónomas; y luego todos esos datos se
consolidarían en un registro central. Esto va a ser estrictamente
confidencial y obedece a los acuerdos adoptados ya en el Consejo
interterritorial.
Repito que aplaudimos todo lo que sea ayudar a que se puedan obtener
datos para el seguimiento necesario del VIH, pero que por encima de
todo aplaudimos la confidencialidad, por ser un derecho
constitucional.
Nosotros, en principio, vemos con criterio favorable la propuesta que
ha hecho Convergència i Unió y, de haber un criterio uniforme en las
dos soluciones que se proponen, si se mantiene en la misma línea, la
apoyaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GlL MELGAREJO: Pido perdón, pero ya saben SS.SS. que en
estos momentos estamos intentando llegar a un acuerdo unánime para
que sólo exista una propuesta ante este caso que consideramos de
vital importancia. Y consideramos también que, además de tener una
importancia relevante, ha habido por el camino una serie de
confusiones de matices que a veces, continuando con esa bola de
nieve, al final se hace gigante y no refleja lo que desde el primer
momento se ha intentado decir.
Por lo tanto, señor presidente, si usted me permite, yo tendría que
hacer un análisis, aunque sea breve, de ambas proposiciones no de
ley, comenzando por la de Izquierda Unida, y comunicando que, como
todos sabemos, si hemos llegado a un acuerdo común sobre la necesidad
por parte de todos de obtener un sistema donde se controle y exista
un sistema de vigilancia epidemiológica para el tema del VIH, es
porque está claro que ese acuerdo que estamos intentando propiciar
aquí ya ha existido previamente. Se ha mencionado aquí, en febrero de
1998, en los organismos internacionales que entienden sobre esta
cuestión, en reuniones que se han producido en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, concretamente en el Plan nacional del sida con los
coordinadores del sistema de vigilancia epidemiológica de todas las
comunidades autónomas, que se ha formado un equipo para el estudio
concreto de este sistema o de cómo abordar estos nuevos sistemas para
que sean realmente eficaces y se adecuen a la realidad actual, que
está claro que no es la realidad del año 1981, cuando aparece el
primer caso de sida en España. Hasta ahora teníamos nada más un
catálogo de casos. Indudablemente es necesario que tengamos un
sistema que ahonde en especialidades concretas tales como la
situación clínica, en el sistema epidemiológico, en cuestiones
sociales y demográficas. En una palabra, se necesitan más datos para
que consigamos vencer de una manera definitiva a esta terrible
enfermedad, y vencerla, indudablemente, desde el máximo y el más
escrupuloso de los respetos hacia la confidencialidad y privacidad
del enfermo. En ningún momento, en ningún momento, y tengo que
decirlo, señor presidente, señorías, el concurso
de julio, el concurso que propicia el Ministerio de Sanidad, el Plan
nacional del sida, conculca ni adopta ningún otro punto, ya sea
constitucional o no, puesto que, y sin querer ahondar en esta
cuestión, lo único (y ahí está el concurso para ser leído y releído,
señor presidente) que se somete a concurso es un soporte lógico que
sirva para desarrollar una aplicación. Un ejemplo: esto es, como
todos sabemos, un soporte, y esto sería una aplicación. Se saca a
concurso el soporte, no ningún otro dato ni ninguna otra
manifestación. Eso es así dentro del mundo de la informática; todos
sabemos lo que es un soporte de aplicación. Por lo tanto, un soporte
es un continente, nunca un contenido. Eso quiere decir que el
concurso no conculca ninguno de los puntos a los que se refieren las
proposiciones no de ley, tanto del Grupo Socialista como del Grupo
Federal de Izquierda Unida.
Dicho eso, que es muy importante, también tengo que decir, para
finalizar y no hacerme muy extenso, que el acuerdo al que se refiere
la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que es de 20 de octubre
de 1998, ese acuerdo precisamente es el que se traslada y sobre el
que se está trabajando, tanto en las comunidades autónomas, como en
el Plan nacional del sida, como el que tienen recogido todas las
organizaciones no gubernamentales.
Por lo tanto, y para terminar, señor presidente, el concurso no
conculca ninguno de los derechos esenciales a los que nos estamos
refiriendo en este caso, de privacidad y confidencialidad, ni, por
otro lado, en ningún momento se ha dicho, sino todo lo contrario, que
se iban a utilizar ciertas características nominales para poder
realizar y llevar a cabo ese sistema. Dicho lo anterior, lo único que
me queda es manifestar mi apoyo al acuerdo obtenido hace unos
momentos, a la enmienda de sustitución completa que propone el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y que engloba a las dos proposiciones
no de ley, y desear que esta cuestión quede de una vez esclarecida.
Pienso que va a quedar esclarecida definitivamente, y que este
esfuerzo que estamos haciendo en la Cámara, que están haciendo las
ONG, el Ministerio y el Plan nacional del sida, así como todas las
comunidades autónomas, sirva realmente para conseguir el objetivo que
nos hemos propuesto, que se proponen el Ministerio y las comunidades
autónomas: vencer la enfermedad del sida de manera definitiva.
- POR LA QUE SE INSTAALGOBIERNO ASOLICITAR DE LAS EMPRESAS
FARMACÉUTICAS QUE COMERCIALIZAN LA TIROXINA LA INTRODUCCIÓN DE
PRESENTACIONES DE 5 Y 25 MICROGRAMOS, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001219.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no
de ley, por la que se insta al Gobierno a solicitar de las empresas
farmacéuticas que comercializan la tiroxina la introducción de
presentaciones de 5 y 25 microgramos, a la mayor brevedad posible. Ha
sido formulada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y para su presentación y defensa tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: El tema que plantea el Grupo Federal de
Izquierda Unida a continuación es sencillo y espero cuente con la
comprensión y el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Simplemente tiene por objetivo que nuestro país cuente con la
disponibilidad de presentaciones de fármacos de hormona tiroidea
semejantes a las que se producen en otros países y que permiten
adecuar las cantidades de la dosis necesaria a las necesidades de
cada paciente.
La situación es la siguiente: En nuestro país, una de las hormonas
tiroideas, la tetrayodotironina, T4, está comercializada en nuestro
país en presentaciones de 50 microgramos y más. Esto supone continuas
adaptaciones de la dosis en función de las necesidades de cada
paciente, que son variables, porque, como algunas de SS.SS. sabrán y
a otros les informo, el tratamiento de hormona tiroidea pretende
sustituir la función del tiroides dañada por diferentes patologías,
y por lo tanto las necesidades de la dosis varían a lo largo de la
vida, a lo largo de las circunstancias, y son necesarios ajustes que
en la situación de las presentaciones de nuestro país (insisto, de 50
microgramos y más) suponen que cada paciente tenga que partir
materialmente el comprimido, con todas las pérdidas de materia, la
falta de precisión, la mala cumplimentación de la dosificación por el
hecho de utilizar técnicas tan rudimentarias para adecuar la dosis a
las necesidades. En otros países del mundo, desde luego en Estados
Unidos y en la Unión Europea, existen presentaciones a dosis
inferiores, de 25 y 5 microgramos, y aquellas personas de nuestro
país que por diferentes circunstancias pueden hacerlo, acceden a su
compra, y de hecho buscan la fórmula de conseguir presentaciones que,
de una manera en mi opinión absolutamente injustificada, no están en
nuestro país.
Por lo tanto, el objetivo de la proposición no de ley es simplemente
que el Gobierno solicite de los laboratorios que a su vez procedan a
solicitar el registro de presentaciones a dosis inferiores, que
impidan el despilfarro económico, los desajustes técnicos y la mala
cumplimentación de los tratamientos que en este momento se está
produciendo, con enfermedades graves y con tratamientos de gran
repercusión sobre la vida y sobre la salud de las personas. Entiendo
que si esto no se ha llevado a cabo así ha sido por razones
económicas, es decir, que los laboratorios, desde el punto de vista
de rendimientos económicos, no han encontrado interesante la
comercialización en nuestro país de estas presentaciones, pero
entiendo que hay razones de salud pública, de protección de las
condiciones de calidad de los tratamientos, que lo aconsejan.
No querría terminar esta intervención sin señalar que, pese a que no
está reflejado en la proposición no de ley que presento, hay un
problema relacionado con este mismo tratamiento que me gustaría
someter a su consideración.
Existe la posibilidad de dos tipos de tratamientos con dos hormonas
tiroideas diferentes. Hasta ahora me he referido a la T4, que tiene
una vida media de un mes. En multitud de circunstancias, sobre todo
en el cáncer de tiroides, existe la necesidad de proceder a
tratamientos con una hormona como la T3, que tiene una vida media de
ocho horas.
Esa más corta vida media en sangre permite ajustes más fáciles.
Incomprensiblemente esta hormona no está comercializada en nuestro
país, pese a que es una necesidad cotidiana para los endocrinólogos,
para las personas que tienen padecimientos de tiroides, que no
encuentran la fórmula de sustituir sus necesidades de hormona
tiroidea y la solicitan como medicamento extranjero.
Para finalizar, quiero someter a la consideración de los grupos
parlamentarios, porque el tema que estamos tratando es bien concreto,
que valoren la posibilidad de añadir a la proposición no de ley, o a
las enmiendas que se pudieran presentar, que el Gobierno solicite de
las empresas fabricantes o que comercializan estas hormonas el
registro de la triyodotironina, conocida como T3, y que -insisto- en
estos momentos el Gobierno procede a comprarla en el exterior como
medicamento extranjero.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su
presentación y defensa, tiene la palabra el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: El Grupo Popular... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, porque el señor
taquígrafo no puede seguir la sesión.
El señor CALPE SAERA: El Grupo Popular comparte la proposición de
Izquierda Unida en cuanto al problema que supone las adaptaciones de
las dosis para el tratamiento de las enfermedades tiroideas. De todas
formas, cree que la proposición tiene algunos defectos que han
motivado la presentación de la enmienda.
No nos parece correcto que se entienda que la situación actual es un
grave problema. Cierto es que es mejorable, que sería mejor tener
dosis con una composición inferior; pero también es cierto que la
situación actual española, con presentaciones de 50 y 100
microgramos, es exactamente la misma que hay en países con un alto
nivel científico y de calidad asistencial, como son Suiza, Italia o
el Reino Unido. También es cierto, lo ha dicho la proponente por
parte de Izquierda Unida, que en Estados Unidos, y también en
Alemania o en Francia, existen presentaciones de 25 microgramos,
incluso en Francia menores de 5 microgramos, en solución oral, que
permiten dosificaciones de 5 microgramos.
Por parte del Gobierno se está desarrollando una política de
adecuación de las especialidades farmacéuticas a las necesidades de
los tratamientos, y se trabaja tanto en la adecuación de las
presentaciones como en la disponibilidad de dosificaciones que
faciliten al prescriptor el establecimiento de la posología idónea
individualizada y que sirvan para un mejor cumplimiento por parte del
paciente. Por eso decíamos que nos parecía adecuada la proposición de
Izquierda Unida.
Es cierto que han existido casos -y existen en la actualidad- de
peticiones de dosis inferiores, y que hay que recurrir o bien a
partir el comprimido, como se ha dicho (lo cual tampoco es demasiado
problemático, porque las presentaciones actuales son en comprimidos
ranurados), o
bien a pedir que se sirvan los medicamentos extranjeros con la
oportuna autorización por parte de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios y con la tramitación administrativa que ello
lleva. Por tanto, es mucho más cómodo y daría un mejor servicio si se
dispusiera de composiciones inferiores a las que actualmente tenemos.
La proposición de Izquierda Unida no nos parece correcta en su
contenido porque lo que hace es, según dice el texto escueto, instar
al Gobierno a solicitar de las empresas farmacéuticas que
comercializan la tiroxina la introducción de presentaciones de 5 y 25
microgramos a la mayor brevedad posible, con lo cual parece que el
Gobierno tenga que instar a los laboratorios farmacéuticos a que
directamente introduzcan en el mercado otras composiciones, Sabemos
que no es este el espíritu de la proposición. En cualquier caso
parece que hay que guardar las formas, solicitando la oportuna
autorización y el oportuno registro. De ahí el texto de la enmienda
que hemos presentado, que lo que hace es instar a que se solicite el
registro, no en la composición que indica la proposición de Izquierda
Unida, sino en las inferiores que se estimen oportunas, sobre todo
porque con la de 5 microgramos parece que hay una cierta unanimidad
en que su uso sería muy excepcional y quizás no estaría justificada
su composición. Nosotros entendemos que la enmienda técnicamente
mejora la proposición, por lo que solicitamos del Grupo de Izquierda
Unida que la admita, y al resto de los grupos que la apoyen.
También la portavoz de Izquierda Unida ha manifestado que en el texto
-suponemos que habría que presentar una enmienda transaccional- se
inste al Gobierno para que solicite de los laboratorios el registro
de la T3. Nosotros entendemos que no es el momento adecuado y nos
oponemos a que se traiga a esta proposición. Estamos hablando ya de
otro medicamento. Aunque sea una hormona tiroidea y tenga que ver con
el tratamiento de las enfermedades tiroideas, es una cuestión
absolutamente novedosa que se introduce ahora aquí, distinta a la que
nos estaba ocupando. Sin perjuicio de que Izquierda Unida pueda
presentar en su momento otra proposición no de ley -que seguro que
estudiaríamos con agrado y que quizás podríamos apoyar-, no estamos
en condiciones ahora de dar el apoyo a una transaccional si
finalmente se nos propone en este sentido.
Por lo tanto, lo único que hacemos es mantener nuestra enmienda con
la solicitud al grupo proponente de su admisión.
El señor PRESIDENTE: A los solos efectos de la aceptación o
denegación de la enmienda, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Evidentemente, el recurso a la mejora
técnica es bien conocido en los trámites parlamentarios. Por ello me
entero de que el Gobierno ya está haciendo gestiones, lo cual me
satisface mucho. En cualquier caso acepto la enmienda.
Será difícil explicar (no tanto a los pacientes que, como sabemos,
todos no demandan medicamentos, sino que toman lo que el médico les
prescribe) que el Grupo Popular no haya entendido la posibilidad de
completar el tratamiento de un tema bien específico y bien concreto.
Por supuesto
que presentaremos la correspondiente proposición no de ley. Mientras
tanto habrá que explicar a las personas que necesiten este
tratamiento que deben esperar tres o cuatro meses, en el caso de que
los grupos parlamentarios tengan a bien apoyar la propuesta que yo
haré en su momento. Por si acaso hay algún problema con esto, debo
decir que la hormona tiroidea nada tiene que ver con la interrupción
voluntaria del embarazo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, para volver a repetir
conceptos que dije anteriormente, en el sentido de que son loables
las iniciativas que presenten que un medicamento esté al alcance del
enfermo, teniendo en cuenta la posología correspondiente, con dosis
adecuadas; dosis adecuadas que, como se dice, ya existen en otros
países de la Unión Europea.
Nosotros consideramos que el texto, vamos a llamarle, más objetivo es
el de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Pero ya desde
ahora afirmo que la iniciativa complementaria que presenta Izquierda
Unida sobre el registro de la triyodotironina también la vemos
favorable y en su momento la apoyaremos decididamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señorías, intervengo para fijar la posición
de mi grupo parlamentario en relación a la proposición no de ley de
Izquierda Unida que estamos debatiendo.
Empiezo por decir que apoyaremos esta iniciativa porque entra dentro
del espíritu de algo muy discutido en esta Comisión, que es la
adaptación de las especialidades farmacéuticas a las necesidades de
los correspondientes tratamientos.
En relación con la propuesta concreta que hoy trae Izquierda Unida a
esta Comisión, debo decir que la levotiroxina sódica es una hormona
tiroidea sintética que se utiliza como terapia sustitutiva en el
hipotiroidismo y el mixedema para la corrección de deficiencias
fisiológicas de la hormona tiroidea. También se utiliza para el bocio
simple no endémico, para la tiroiditis crónica linfocítica y en
determinados casos de carcinoma de tiroides.
La dosis de levotiroxina sódica para el tratamiento de cualquier
problema tiroideo debe ser individualizada en función de la respuesta
clínica y de los análisis bioquímicos efectuados regularmente, de
forma que en adultos suele comenzarse con una pauta de 50 a 100
microgramos al día y se va incrementando hasta corregir la
deficiencia y estabilizar la dosis requerida. Por otra parte, la
levotiroxina se encuentra comercializada en España por cuatro
laboratorios, con las concentraciones siguientes: dos comercializan
la levotiroxina en concentraciones de 100 microgramos; otro, en
concentraciones de 25 y 100 microgramos; y un
cuarto laboratorio, en concentraciones de 50 y 100 microgramos.
Hecha la descripción de la situación en España, conviene exponer la
de los países de nuestro entorno socioeconómico. En los países de
nuestro entorno, en cada uno de los mercados los diferentes
laboratorios tienen comercializadas cada uno de ellos concentraciones
que van de 25 a 100 microgramos, incluso alguna de mayor dosis. Esta
situación está justificada, entre otras razones, porque la
levotiroxina tiene diferente biodisponibilidad en función de quien la
fabrique, por lo que es necesario que los pacientes tengan
permanentemente a su disposición, dentro de la misma marca y
laboratorio, las diferentes presentaciones que permitan ajustar la
dosis adecuadamente.
Por esa razón encontramos muy razonable la proposición no de ley que
ha defendido la señora Maestro. El Grupo Parlamentario Socialista
votará a favor de esta proposición tal como la ha presentado la
señora Maestro o en los términos que resulten de incorporar la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio, porque el señor
taquígrafo tiene enormes dificultades para poder seguir la sesión.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: A nuestro grupo le parece bien la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a
fin de que las presentaciones comerciales de la hormona tiroidea,
tiroxina, se adecuen de una manera más exacta a las prescripciones de
los facultativos. Ello conllevaría una mejor utilización del producto
por el paciente, al ser su posología más adecuada. La presentación
actual, de 50 y 100 microgramos, parece excesiva. Sin embargo, la
presentación en comprimidos ranurados facilita la utilización de la
cantidad precisa, con lo cual tampoco sería necesaria tanta variedad
de presentaciones. Por otro lado, en caso de uso pediátrico, excepto
en el de los lactantes, parece que la dosis conveniente no es
necesariamente más baja, sino todo lo contrario. Y si nos fiamos en
las presentaciones de otros países, no parece que existan los
comprimidos de 5 microgramos.
Aun coincidiendo básicamente con el objetivo de la proposición no de
ley de Izquierda Unida, apoyaríamos la enmienda del Grupo Popular, en
la que se solicita a las empresas farmacéuticas que las
presentaciones sean menores de las actualmente disponibles, aunque
sin especificar las dosis más bajas, por no considerarlas de carácter
tan prioritario.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de las proposiciones no de
ley, vamos a pasar a las votaciones.
La señora MAESTRO MARTÍN: No sé si es necesario que se lea el acuerdo
final sobre la primera proposición no de ley, para que por lo menos
pueda quedar así en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia lo tenía previsto. Interpreto
que de las dos enmiendas a las dos proposiciones no de ley, a la del
VIH y a la de la tiroxina.
La señora MAESTRO MARTÍN: No. A la primera, a la del VIH, pero que se
refiere a las dos proposiciones no de ley, a la del Grupo Socialista
y a la de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Pregunto también a la señora Maestro si acepta
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora MAESTRO MARTÍN: Por supuesto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Antes de proceder a la votación,
ruego al señor letrado que lea el texto al que han llegado los
parlamentarios de los distintos grupos. Tiene la palabra el señor
letrado.
El señor LETRADO: Dice así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, al establecer un sistema de información para la
vigilancia epidemiológica de la infección por el VIH, se respeten los
acuerdos técnicos consensuados entre los representantes de las
comunidades autónomas y el Plan sobre el sida, de 20 de octubre de
1998, en el sentido de que cualquier propuesta de ámbito estatal en
relación con la declaración de la infección por el VIH se haga
teniendo en cuenta las metodologías, procedimientos e iniciativas que
en su caso hayan adoptado las diversas comunidades autónomas de
acuerdo con sus competencias en salud pública, a efectos de instaurar
un sistema de información a partir de la declaración y de registros
de infectados por el VIH consensuado con sus organizaciones no
gubernamentales y sus profesionales y que garantice en todo momento
el uso restringido y confidencial de la información recogida.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación conjunta de las dos
proposiciones no de ley, en los términos resultantes de la enmienda
presentada y consensuada por todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESlDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a la votación de la segunda proposición no de ley, por la que
se insta al Gobierno a solicitar de las empresas farmacéuticas que
comercializan la tiroxina, la introducción de presentaciones de 5 y
25 microgramos, a la mayor brevedad posible; también en los términos
resultantes de la aceptación por el grupo proponente de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESlDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD,
INSALUD (NÚÑEZ FEIJÓO) PARA INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE PUESTA
EN PRÁCTICA DE LA LEY 15/1997, LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS
NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN A CENTROS SANITARlOS DEL INSTITUTO DE LA
SALUD (INSALUD), LOS MECANISMOS DE TOMA DE DECISIONES, LAS RELACIONES
LABORALES, ASÍ COMO LA PLANTILLA CORRESPONDIENTE A CADA TIPO DE
HOSPITAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 213/000311.)
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del día, damos la bienvenida
al señor presidente del Instituto Nacional de la Salud, que por
acuerdo de la Mesa y portavoces sustituye al señor ministro de
Sanidad y Consumo. Su comparecencia es a petición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para explicar los
mecanismos de puesta en práctica de la Ley 15/1997, los criterios de
aplicación de las nuevas formas de gestión a centros sanitarios del
Instituto Nacional de la Salud (Insalud), los mecanismos de toma de
decisiones, las relaciones laborales, así como la plantilla
correspondiente a cada tipo de hospital.
Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Señorías, tengo la ocasión de comparecer, a petición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para explicar los
mecanismos de puesta en práctica de la Ley 15/1997, de 25 abril, de
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud.
Quizá sería necesario, al menos así lo entendemos, recordar cuáles
fueron las razones que llevaron a los grupos parlamentarios, incluso
al propio Gobierno, a plantear el real decreto ley y posteriormente
su tramitación como ley y que hoy es objeto de comparecencia.
Creo que la mayoría de SS.SS. estará de acuerdo en que la gestión de
los centros sanitarios está excesivamente burocratizada, que las
decisiones no se producen de forma descentralizada, que la autonomía
de gestión es más bien escasa, que los centros pueden ser todavía más
eficientes y que las normas que regulan estos centros son bastante
rígidas e inflexibles. Éste no es un diagnóstico de un equipo que
actualmente tiene el honor de gestionar el servicio sanitario, al
menos en el ámbito de las comunidades autónomas en las que tiene
competencias, sino que es compartido por la opinión de los grupos
parlamentarios que aprobaron la ley. Era inevitable que había que
tomar medidas para ir modificando esta manera de funcionar. Tampoco
resulta novedoso que hemos de buscar nuevos modelos de gestión que
permitan alcanzar una mayor eficiencia. Sobre estas cuestiones, tanto
los grupos parlamentarios españoles como los europeos están de
acuerdo.
Permítanme que traiga a colación un documento titulado: Reformas
sanitarias en Europa: análisis de las estrategias actuales, elaborado
por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la
Salud. En dicho
documento se establece que actuaciones de reforma sobre la prestación
de servicios sanitarios han tenido un éxito particularmente notable
como consecuencia, entre otras medidas, de la transformación de los
centros y de la mejora de la gestión a través de la descentralización
de la autoridad operativa hacia centros autónomos y empresas
públicas. Cito literalmente el informe de la Organización Mundial de
la Salud.
En nuestro país, antes incluso de la aprobación de esta ley, diversas
administraciones, diversas comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de gestión sanitaria, ya habían abordado
desde hace tiempo la configuración de los centros sanitarios,
intentando trasladar ese principio de autonomía hospitalaria de una
forma real y efectiva. Ya se encuentran estos orígenes en las leyes
de ordenación de las comunidades autónomas con gestión transferida.
Ya en 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña lo prevé de una
forma expresa, donde se establece que se podrán constituir o
participar en consorcios y demás entes que se creen para la gestión
de los servicios sanitarios. La ley de 1994 de la Comunidad Autónoma
de Canarias, donde se prevé expresamente la posibilidad de crear o
participar en cualesquiera entidades admitidas en derecho. Muy
recientemente, la ley del País Vasco, de 1997, transforma nada más y
nada menos que la totalidad del Servicio Vasco de Salud en un ente
público sujeto a derecho privado. Y no solamente en las comunidades
autónomas con gestión transferida, sino incluso en las comunidades
autónomas sin gestión en materia de Sanidad, pero que van creando
paulatinamente los servicios de salud para recepcionar las
transferencias, tales como la ley de 1992, de Asturias; de 1993, de
Castilla y León; de 1994, de Murcia.
Así pues, las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Canarias, de
Cataluña, de Galicia y de Euskadi han creado centros sanitarios con
personificación jurídica propia. Incluso algunas instalaciones
sanitarias de comunidades autónomas sin competencias en la materia
tienen también personificación jurídica: la Comunidad Autónoma de
Asturias, la Fundación Arriondas, la Comunidad Autónoma de Murcia, la
Fundación de Cieza; la Comunidad Autónoma de Baleares, que ha creado
Gesma como empresa pública que gestiona la totalidad de su red
sanitaria; y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha creado
consorcios con las diputaciones para la gestión de determinados
centros sanitarios, casi todos ellos de carácter psiquiátrico.
Estamos, pues, ante un gran consenso político y parlamentario, un
gran consenso también de los gestores de los distintos sistemas
sanitarios de nuestro país y de los distintos sistemas sanitarios de
los países de la Unión Europea. Por lo tanto, creemos que esta ley ha
sido un acierto evidente en nuestro sistema sanitario, que ha
posibilitado una modificación que otorga seguridad jurídica a la Ley
General de Sanidad. Digo que otorga seguridad jurídica porque
establece un marco común para todo el Sistema Nacional de Salud y
porque los grupos que han apoyado esta ley, y que son todos los que
en este momento tienen en un territorio o en otro competencias en
materia de Sanidad, se han puesto de acuerdo en que es necesario, en
que es bueno y en que se debe otorgar personificación jurídica a los
centros sanitarios. Dicho de otra forma se debe, de una forma
definitiva, trasladar el denominado principio de autonomía
hospitalaria de una forma concreta, efectiva y definitiva.
Pasaré a referirme al desarrollo de la Ley 15. En mi opinión, es
necesario hacer una diferenciación. Por una parte hemos de hablar de
la aplicación de la ley a los centros de nueva creación y, por otra,
porque si no seguro que SS.SS. lo pedirán, de los centros con gestión
tradicional.
Señorías, sin duda ustedes conocen, porque tienen interés
parlamentario explícito, el funcionamiento de estos centros, al menos
en el ámbito del Insalud, que ostentan ya esta personificación
jurídica desde el inicio. No obstante, es necesario hacer alguna
relación sobre su actividad y sobre los determinados aspectos de
funcionamiento de estos centros. Antes de ello sí me gustaría
decirles que esta ley es necesario que se desarrolle por un
reglamento. No conozco ninguna comunidad autónoma que hasta la fecha
haya editado dicho reglamento. No obstante, el Gobierno, en este caso
el Ministerio de Sanidad, tiene ya redactado ese reglamento -por fin,
añadiría seguro alguna de SS.SS.- y en los próximos días se someterá
a audiencia de los interesados, al objeto de que posteriormente se
remita al Consejo de Estado para su dictamen, y por último, al
Consejo de Ministros para, si procede, su aprobación como real
decreto.
Por lo que se refiere a los datos concretos de las entidades que
hasta ahora el Insalud ha podido (estamos hablando siempre de centros
nuevos) poner en funcionamiento, seguro que SS.SS. conocen que estos
centros están funcionando correctamente, que se está obteniendo una
buena rentabilidad social de los recursos sanitarios que en ellos
funcionan. Y, si me permiten, me gustaría darles algunos datos desde
estas cuatro vertientes: organización, política de recursos humanos,
gestión presupuestaria e indicadores de actividad, al objeto de poder
contestar de forma más explícita a las cuestiones de la
comparecencia.
Por lo que se refiere a la organización y gestión, haré algunos
apuntes, empezando por su apertura. Saben SS.SS. que estas fórmulas
han permitido poner en funcionamiento estos centros. En el caso de la
Fundación Hospital Manacor, se aperturó el centro entre un mes y un
mes y medio desde la entrega de la obra; y en el caso de la Fundación
Hospital Alcorcón, entre quince días y un mes desde que se entregó la
obra civil. Recordarán también SS.SS. que el ordenamiento jurídico al
que se sometía la gestión tradicional conllevaba que el período de
puesta en funcionamiento de los centros estaba entre un año y un año
y medio. Por lo tanto, podemos ya decir que en este caso -en el de
Alcorcón 250.000 personas, y en el de Manacor más de 120.000
personas- han podido empezar a disfrutar de ese servicio público con
bastante anterioridad que si se hubiesen utilizado las fórmulas
tradicionales.
Es bueno también hablar de los horarios y de la actividad. Sus
señorías conocen que los horarios son de mañana y tarde; que las
consultas funcionan desde las 8,30 de la mañana hasta las 5 de la
tarde ininterrumpidamente; que los quirófanos ininterrumpidamente,
funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde; y que las
salas de diagnóstico por imagen funcionan desde las 8 de la mañana
hasta las 6 de la tarde.
En materia de política de recursos humanos, las fundaciones públicas
están actuando con una ratio de personal
ajustada, un poco por debajo -sensiblemente por debajo, depende cómo
se mire- de los hospitales tradicionales de grupo, y esto
posiblemente se deba a esa jornada partida.
Y desde el punto de vista retributivo, también sus retribuciones
fijas son similares a las del Insalud, quizás relativamente por
debajo, pero sus incentivaciones son un poco superiores.
Como hemos visto en las elecciones pasadas, hay un gran compromiso
sindical en estas fundaciones. Según el último dato de la Fundación
Hospital de Manacor, la participación ha marcado todos los récord,
con un 74 por 100 de los trabajadores en el momento de las elecciones
de sus órganos de representación.
Por lo que se refiere a la gestión presupuestaria y de compras, esta
autonomía hace que el hospital disponga de tesorería propia y pueda
establecer plazos en el pago de los proveedores. De esa manera con
dinero público se puede conseguir alguna mejora en los distintos
suministros que necesite el hospital. Prueba de ello es que en el
último equipamiento aprobado para la Fundación Hospital Manacor se
consiguió un descuento sobre la previsión de adjudicación de un 17
por ciento. Frente a los 3.577 millones de presupuesto, la
adjudicación se hizo en 2.967 millones, con descuento -insisto- del
17,1 por ciento. Ylos excedentes, si se producen, revierten en el
propio hospital. De aquí que hay un estímulo de gestión para hacer
más eficiente al hospital, porque esos excedentes no se pierden
dentro del sistema, sino que quedan comprometidos dentro del
hospital.
El coste de la unidad ponderada de asistencia, la tradicionalmente
denominada UPA, en el hospital de Manacor es de 31.000 pesetas,
frente a las 39.000 pesetas del coste medio de los hospitales del
grupo al que pertenece.
Pero estarán ustedes conmigo, señorías, en que el que se dé autonomía
no significa que se rebajen los controles, sino que una mayor
autonomía conlleva inevitablemente un mayor control: un mayor control
en la gestión, un mayor control en la prestación de los servicios, un
mayor control, en definitiva, para ver si se está ejerciendo
responsablemente dicha autonomía. Y este control es mayor en estas
fundaciones, porque además del control financiero del Tribunal de
Cuentas, al que están sometidos los hospitales tradicionales, es
preceptivo para la elaboración de sus cuentas una auditoría externa.
La aprobación de las cuentas y del presupuesto de estos hospitales
viene a este Parlamento, son conocidos por SS. SS. y, por lo tanto,
hay un mayor control parlamentario de las cuentas de las fundaciones
que sobre el conjunto de hospitales de la red, que en ningún caso
presentan una propuesta de presupuesto, pues hay un presupuesto
global del Insalud y no hospital por hospital.
Los datos de indicadores de asistencia también son francamente
positivos. La estancia media en el hospital de Alcorcón es de 5,5
días y la estancia media en los hospitales del grupo es de 7,6. La
estancia media en el hospital de Manacor es de 6,3 días y en los del
grupo es de 6,4 días. Destaca el importante volumen de cirugía
programada sin ingreso, alcanzando en la Fundación Alcorcón el 55 por
ciento y en la Fundación Manacor el 42 por ciento. Recuerdo que la
media de los hospitales del Insalud está en el 36,7 por ciento.
Quiere decirse que Alcorcón tiene un 19 por ciento más de actividad
sin ingreso y Manacor un 6 por
ciento más. Esto significa que se pueden rentabilizar mejor los
quirófanos y también los ingresos en el hospital.
Un dato que a SS. SS. quizás les interese son las urgencias
quirúrgicas, que no se derivan para incluirlas en programación, las
urgencias quirúrgicas que se atienden en los quirófanos de urgencias:
el 26 por ciento en Alcorcón y el 24 por ciento en Manacor se hacen a
través de las intervenciones urgentes; estos porcentajes, muy
superiores a la media del grupo, no necesitan derivar la actividad
programada.
También en consultas externas los datos son positivos. Así, las
ratios sucesivas sobre consultas primeras en Alcorcón es de 0,7 y en
Manacor es de 1,4, y en el grupo son de 1,8 y 1,9 respectivamente.
Quiere decirse que se están haciendo más consultas primeras que
consultas sucesivas, o al menos en el caso de Manacor, donde, aun
haciéndose mayor número de consultas sucesivas, son inferiores a las
que se hacen en los hospitales tradicionales. Los profesionales de
este hospital han tenido a bien organizarse para realizar consultas
que se vienen denominando en el argot de gestión consultas de alta
resolución, es decir, consultas que en el mismo día permiten no
solamente hacer un diagnóstico, sino también hacer una prueba
complementaria, de tal forma que el paciente se vaya con el
diagnóstico definitivo sin tener que esperar a que se realice esa
prueba complementaria. En la Fundación Hospital Alcorcón se está
trabajando con este tipo de consultas de alta resolución en catorce
especialidades, y en la Fundación Manacor en cuatro.
El porcentaje de urgencias ingresadas, que es otro de los índices que
a SS. SS. les puede interesar, es también inferior a la media del
grupo: de cada 100 urgencias, solamente el 8,5 ingresan en Alcorcón,
mientras que en los hospitales de su grupo ingresan el 15,7 por
ciento.
Creo, por lo tanto, que en estas dos instituciones hay beneficios
importantes para los usuarios -el hospital es más accesible, el
horario se adapta más a las necesidades de los mismos-, hay
beneficios para los profesionales -los profesionales logran una
identificación mayor con su puesto de trabajo y logran, eso sí, a
través de un mayor esfuerzo, una política retributiva que incentiva
la dedicación y el esfuerzo al que me refiero-, hay unos mayores
beneficios para la organización, hay mayores controles que en los
hospitales tradicionales, hay una mejor política de compras a través
de la capacidad de tesorería. En definitiva, hay una mayor
rentabilidad de los recursos sanitarios.
Decía que este es el planteamiento de los hospitales nuevos. Y sobre
los hospitales nuevos o pendientes de poner en funcionamiento
(entiéndase que no se trata de meros traslados de edificios, sino
hospitales que no tienen personal porque están en construcción) la
propuesta y el compromiso de esta institución es proseguir con estas
fórmulas de personificación jurídica.
En relación con los hospitales tradicionales, con el núcleo
fundamental del Insalud, con los 80 hospitales que todavía se
gestionan bajo fórmulas tradicionales, conviene decir lo siguiente.
En primer lugar, que, como ustedes saben, la Ley 15 prevé que se
puedan crear entes de naturaleza o titularidad pública admitidos en
derecho. Los entes que en este momento contempla el ordenamiento
jurídico actual -ya lo dice la propia exposición de motivos de la
ley- son los consorcios, son las empresas públicas y son las
fundaciones. Tanto el personal de las fundaciones como de las
empresas públicas ha de ser laboral. Yen los consorcios, como ustedes
saben, para poder consorciar se necesita que el hospital sea
titularidad de dos o más administraciones públicas. Pues bien. estas
tres figuras jurídicas, que son las que actualmente existen en el
ordenamiento jurídico, creemos que no son las adecuadas para
trasladar esa autonomía de gestión a los hospitales tradicionales. Y
no son las adecuadas porque el compromiso del Ministerio, y por
consiguiente del Insalud, de mantener el régimen jurídico del
personal tal cual, es decir, de mantener el personal en el régimen
jurídico estatutario, imposibilita que en el futuro se puedan crear
fundaciones o empresas públicas, dado que este personal
inevitablemente ha de ser personal laboral. Por lo tanto, se ha de
buscar -y la ley lo prevé al decir «cualesquiera entidades de
naturaleza o titularidad pública»- una nueva figura jurídica que
admita en su seno el personal estatutario, un nuevo organismo público
que posibilite que el personal mantenga el régimen jurídico que
tiene, por lo tanto que se respeten absolutamente los derechos
adquiridos del personal del Insalud. Y este es el compromiso de esta
institución.
En cuanto a de qué forma, a través de qué procedimiento o a través de
qué pautas (creo que S.S. en la comparecencia lo solicita) tiene el
Insalud previsto otorgar personificación jurídica a los centros
sanitarios, hemos de decir que esto se prevé de una forma bastante
explícita en uno de los anexos del plan estratégico que el Insalud ha
presentado. En este plan estratégico se prevé un proceso operativo
por el cual un hospital podría obtener esta autonomía hospitalaria,
dentro de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, obviamente, y se
establecen una serie de etapas. No se puede improvisar el
otorgamiento de personalidad jurídica y de autonomía hospitalaria a
todos los hospitales, sino que se han de cumplir una serie de
compromisos y se han de realizar con éxito una serie de controles.
La primera etapa es la elaboración por parte del hospital de su plan
estratégico con participación activa de los profesionales, plan
estratégico que ha de incluir un análisis exhaustivo externo e
interno, así como una proyección de futuro del hospital. ¿Qué ha de
contener ese documento de estrategia? Ha de contener reflexiones
sobre: relaciones con el resto de su área sanitaria, análisis de la
demanda, cartera de servicios, análisis de las áreas de gestión,
contabilidad, almacén, gestión de pacientes, análisis de recursos
humanos, análisis de la estructura y recursos materiales, análisis de
los sistemas de información, análisis de los programas funcionales y
de los servicios, análisis de la política de calidad y de la política
de docencia e investigación. Una vez que el hospital haya finalizado
su plan estratégico, una vez que resulte aprobado, es necesario que
por parte de auditores externos, de funcionarios externos al
hospital, se cumplimenten y se auditen todas las cuestiones que se
reflejan en el plan estratégico. Así, se han de establecer unos
requisitos mínimos, que se fijarán en relación con las herramientas
de gestión. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se ha de comprobar el
grado de la contabilidad analítica a nivel de grupos funcionales
homogéneos y codificación diagnóstica en el área de hospitalización;
se han de comprobar los sistemas de información del hospital; se han
de comprobar las áreas que aseguran una adecuada base organizativa:
la gestión de personal, la gestión de adquisiciones, de almacén y
distribución de suministros, la gestión de farmacia, de facturación,
de laboratorios, de diagnóstico por imagen; en fin, todas y cada una
de las cuestiones a las que se refiere el hospital. Una vez que se ha
comprobado todo este tipo de requisitos y de registros, el hospital
estará en condiciones de poder asumir más competencias, de poder
asumir en definitiva la autonomía a la que todos los centros
sanitarios de nuestro país están abocados para realizar mejor su
trabajo y para realizar mejor el servicio público al que están
encomendados.
Hasta aquí, señorías, he intentado explicar lo que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida interesa en esta
comparecencia.
El señor PRESlDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, por su
presencia en la Comisión y por sus explicaciones, si bien debo decir
que, en una primera valoración, responden más a un ejercicio de
marketing, tan de moda en los últimos tiempos, acerca del
funcionamiento de las fundaciones de Manacor y Alcorcón. Ya le
anuncio que voy a solicitar información por escrito, porque siendo
hospitales que tienen un tiempo de funcionamiento tan escaso, en el
caso del hospital de Alcorcón apenas se han puesto en funcionamiento
la mitad de los servicios previstos, me parecía un poco prematuro y
un poco obsesivo por mi parte pedir información a estas alturas. Pero
si el señor Núñez Feijóo exhibe ya datos de promedio de la
envergadura de los que ha dicho, pues evidentemente voy a solicitar
esa información, que en cualquier caso digo que me sorprende. Habla
de indicadores de permanencia, de utilización de camas, de urgencias
quirúrgicas, etcétera, estableciendo comparaciones, cuando los
hospitales evidentemente están funcionando. Pero si a mí me hubiera
preguntado, la elaboración de indicadores me hubiera parecido osada,
cuando menos. Pero si ya están disponibles, pues mucho mejor.
En cualquier caso, aprovecho ya este turno para establecer preguntas
concretas. Debo decirle, señor Núñez Feijóo, que hubiese quedado
infinitamente más satisfecha si usted me hubiera comentado, ya que
dice que están redactadas, cuáles son las líneas generales del
reglamento de desarrollo de la Ley 15/1997. Por si no lo ha estimado
en el primer turno, yo le ruego, ante la oportunidad que tiene de
estar ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, no
que nos muestre ninguna redacción literal, pero sí que nos hable de
las grandes líneas de ese futuro real decreto. Es que no ha dicho
usted apenas nada, señor Núñez Feijóo. Que los hospitales, los
centros de nueva creación van a tener personalidad jurídica propia, a
estas alturas de la batalla. Evidentemente, nadie pensaba que el PP
asumiera directamente su gestión, pero ni siquiera ha señalado qué
tipo de ente o cosa o persona jurídica será, si es que usted estima
que las fundaciones son tan deslumbrantes en su funcionamiento que lo
van a aplicar a todos los hospitales de nueva creación, etcétera.
Por cierto, no ha hablado nada usted sobre un asunto que además estos
días está en los medios de comunicación, del hospital de Alzira. He
estado atentísima a las figuras jurídicas a las que usted ha hecho
mención en la exposición de motivos de la exigua y no por ello poco
trascendente ley 15/1997, y no ha hecho usted ninguna mención a la
concesión ni a la gestión privada directa del hospital, con ánimo de
lucro, por parte de Cajas de Ahorro, empresas constructoras,
etcétera, con vocación sanitaria. Es decir, siguiendo el ejemplo del
señor Abril Martorell, que se dedicaba a los bancos y a las empresas
constructoras y eso no le impidió dirigir un informe del que casi
nadie quiere acordarse, pues también en su misma comunidad autónoma
empresas constructoras y bancos se aprestan a obtener lucro privado
directo de la gestión de un hospital, un hospital público/privado,
pero desde luego obteniendo negocio a partir de dinero público.
Insisto, señor Núñez Feijóo, ni en fundaciones, ni en el hospital de
Alzira se ha establecido ningún mecanismo de control de calidad de la
atención sanitaria, de la eficacia y la eficiencia, no del gasto,
sino de la atención sanitaria; los errores, las autopsias, los
segundos ingresos, es decir, lo que es la actuación de los servicios
sanitarios sobre la salud de la población, no sobre la gestión de un
presupuesto sanitario, que es importante, pero evidentemente viene
después de haber demostrado la calidad sanitaria estricta. Porque si
no hay calidad en la atención sanitaria, es decir, si las personas no
ven mejorados sus niveles de salud, el supuesto ahorro es un
despilfarro descomunal. Porque si yo ahorro y hago muy barata una
intervención quirúrgica que no está indicada, señor Núñez Feijóo, y
usted sabe a qué me estoy refiriendo, estoy tirando el dinero por la
ventana, aunque desde el punto de vista contable y presupuestario yo
esté haciendo una intervención quirúrgica baratísima.
Por cierto, en cuanto a los indicadores de rotación de camas, es
decir, de permanencia media en la utilización de la cama, he de decir
sobre el hospital de Alzira que esto debe ser una escalada, porque el
hospital de Alzira se plantea objetivos de rotación de cama muy
inferiores a los que usted atribuye ya como índices del Hospital
Fundación Alcorcón y el de Manacor. Usted establece, hablando de los
hospitales actuales (debo deducir, porque usted no lo ha dicho, usted
me aclarará si la deducción es correcta o no), que ninguna de las
figuras jurídicas que contempla la Ley 15/1997 -cuando dice otras,
claro, no se sabe- es aplicable al sistema sanitario público con el
personal estatutario. Mi pregunta es obvia: ¿en qué otra figura
jurídica de las no contempladas explícitamente en las líneas del
artículo único de la Ley 15/1997 se inscribirían los modelos de
autonomía hospitalaria, para los hospitales realmente existentes? Es
decir, la creatividad dónde va a llegar y si hay alguna vía que
permita saber por dónde van los planes o la toma de decisiones.
No ha hecho usted mención a los institutos clínicos. Evidentemente,
yo le decía, señor Núñez Feijóo, que no hay cobertura legal para los
institutos clínicos tal y como los definieron. Ahora, para hacer un
troceado del contratoprograma por unidades inferiores, eso es otra
cosa. Quiero que me diga en qué nivel está el asunto de los
institutos clínicos y qué relación tiene con la autonomía
hospitalaria.
He escuchado atentamente, señor Núñez Feijóo, y esperaba que usted se
refiriera a lo que dijo aquí hace poco más de un mes, al proyecto de
ley de autonomía, de modernización hospitalaria. Hoy no ha hablado de
él, y creo que está relacionado con el tema. No sé si es que se le ha
olvidado, si que es un proyecto desechado, o bien se subsumiría, en
ese reglamento de desarrollo de la ley, como real decreto.
Hay un tema que finalmente quiero tocar en esta primera intervención,
y es que le solicito una declaración formal, señor Núñez Feijóo, ante
la petición de Convergència i Unió, de la administración sanitaria
catalana, acerca de la necesidad de reformar la Ley de Seguridad
Social para modificar el régimen de propiedad de la Seguridad Social
de las instalaciones sanitarias de la red pública. Instalaciones
sanitarias que son propiedad de la Seguridad Social y que, por lo
tanto, son un obstáculo que yo entiendo no de menor nivel, junto al
régimen laboral, para transformar los hospitales del Insalud a un
régimen jurídico sometido al derecho privado. En cualquier caso,
solicito formalmente una declaración acerca de las intenciones del
Gobierno de modificar en estos aspectos la Ley de Seguridad Social.
Termino, después de estas preguntas, haciendo una consideración. Se
le ha olvidado al señor Núñez Feijóo decir que en el amplísimo
consenso que usted atribuye a los cambios en la gestión,
evidentemente no se ha encontrado Izquierda Unida, ni se va a
encontrar, ni se encontró con el Gobierno anterior. Izquierda Unida
denunció que en 1991 el Ministerio de Sanidad procediera a la
separación entre la financiación pública y la gestión y provisión
pública o privada de los servicios sanitarios. Curiosamente, un
gestor socialista ha publicado recientemente en la revista
Administración sanitaria un artículo que más valía que se hubiera
aplicado en aquel entonces. Decía: «La separación entre compra y
provisión era parte del diseño de reformas del mercado interno,
necesaria para introducir un modelo de asignación de recursos basado
en la competencia entre proveedores y formalizado a través de
contrato». Como era bien evidente, y como Izquierda Unida con poca
fortuna se encargó de decir y repite en este momento, éste era uno de
los mecanismos fundamentales para la introducción de criterios de
mercado, por lo tanto de beneficio y por lo tanto de ahorro, al
margen de la calidad en la gestión de la Administración sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Termine, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino con esto. En cuanto a uno de los
elementos fundamentales del nuevo modelo de gestión, la vinculación
del ahorro sin control de calidad alguna, del control de calidad de
la atención sanitaria no del control de la gestión del presupuesto, a
las retribuciones, le recuerdo, señor Núñez Feijóo, algo de lo que yo
me enorgullezco, y conste que no siempre me enorgullezco de mi
profesión: cuando el grupo médico de asesores de la Comisión Europea
denunció como contrario a la ética y a la deontológica médica la
vinculación de retribuciones al ahorro. Cuando los países en los
cuales se han puesto en marcha estas reformas están de vuelta,
después de haber experimentado el deterioro en el estímulo (no
económico, porque existen otras cosas que no son los estímulos
económicos) en los ejercicios de las profesiones sanitarias
y cuando se ha constatado el deterioro en la calidad de la atención,
todo ello junto con incrementos notables en el presupuesto, además de
mejoras contables, me apena enormemente que el Partido Popular, en
lugar de analizar, en lugar de estudiar, en lugar de valorar las
experiencias ajenas, esté decididamente empeñado en buscar vericuetos
legales (que hasta ahora no parece haber conseguido discernir, a la
espera de la respuesta del señor Núñez Feijóo) para hacer un sistema
sanitario atractivo y eficiente no para las necesidades de salud de
la población, sino para todos aquellos que están, como en el ejemplo
de Alzira, deseando y defendiendo la ética y la eficacia del negocio
en la sanidad pública con dinero público y con beneficios privados.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: En primer lugar, señor Núñez, quiero
agradecerle que una solicitud que hicimos en la última reunión de
Mesa y Portavoces para que nos hicieran llegar la Memoria del Insalud
del año 1997 se haya atendido esta mañana. Le agradecemos la rapidez
y eficacia con que se ha cumplimentado la petición elevada al
presidente de la Comisión. Espero que en el futuro lleguen con
agilidad otras documentaciones, porque son útiles para ir trabajando.
Que conste el agradecimiento de que esta vez con mucha rapidez se ha
cumplimentado una solicitud de este grupo parlamentario.
En cuanto a su intervención en la comparecencia de hoy, yo quisiera
comentarle algunos pocos temas y algunas preguntas, para que usted
pueda clarificarnos definitivamente hacia dónde vamos en el campo
sanitario, cuál es la política real del Partido Popular y del
Gobierno del Partido Popular en el tema de la sanidad y de la
asistencia, porque no parece muy clara.
Estamos hablando de la Ley de nuevas formas de gestión, la Ley 15, de
25 de abril de 1997. Como usted muy bien ha dicho, esta ley, que tuvo
un amplio consenso en la Cámara, prevé que, manteniendo la
titularidad pública de los centros, se puedan buscar fórmulas de
gestión más ágiles, mejores desde el punto de vista de la eficiencia
y de la eficacia; pero (y ésta fue una premisa que estuvimos
discutiendo y que parece que entendimos mal, y esto me gustaría que
lo confirmara usted) estábamos de acuerdo en que se debía mantener la
titularidad pública de los entes que se crearan. Estábamos de acuerdo
en que tuvieran personalidad jurídica propia, que hubiera formas de
gestión -digamos entre comillas- empresarial, que es lo que se lleva,
pero manteniendo la titularidad pública. Por eso desde el primer
momento nosotros dijimos que el modelo Alzira, que no afecta al
Insalud, no se ajustaba a la ley; no se ajusta a la ley, no es de
titularidad pública, es una concesión administrativa a una unión
temporal de empresas, además, para mayor inri, en este momento, que
ya está terminado el hospital, la unión temporal de empresas va a
transformarse en una aseguradora propia. Gracias a este modelo de
gestión, no a la ley sino al real decreto-ley que dio origen a la
ley, ustedes crearon dos fundaciones, Manacor y Alcorcón, y aprobaron
unos estatutos de estas fundaciones que nosotros creemos que tienen
graves lagunas y muchos problemas,
y hemos pedido que se adecuen estos estatutos a la ley
actualmente vigente, ya que la ley derogó el real decretoley. El
argumento que se nos dio desde el primer momento es que esto se haría
una vez aprobado el real decreto de desarrollo de la Ley. Hubo un
compromiso de toda esta Comisión de Sanidad, unánime, y cabe entender
también por parte del Ministerio, porque me consta que se hicieron
consultas previas, de que en septiembre de 1997 tenía que estar
elaborado y aprobado este real decreto, y estamos en noviembre de
1998. En otras cosas, cuando les interesa, el soporte de la Cámara lo
utilizan. En este caso no lo han utilizado. Usted ha dicho que ya
estaba redactado definitivamente, que está en período de consulta con
los interesados. Estamos ansiosos de ver este desarrollo
reglamentario y cómo va a incidir en la reforma de los estatutos de
las fundaciones de Manacor y Alcorcón, que supongo que van a adaptar
a este desarrollo reglamentario.
Usted ha estado hablando de la aplicación de esta ley a los centros
de gestión tradicional, que aquí plantea muchos más problemas. Y
discrepo de usted en algunas de las afirmaciones que ha hecho, en el
sentido de que para que se pueda establecer un consorcio es necesario
que la titularidad del centro sea de dos administraciones públicas.
No es necesario para establecer un consorcio que la titularidad sea
de dos administraciones públicas. Me gustaría que me aclarara la
afirmación que usted ha hecho. Por ejemplo, si en un consorcio no
puede existir personal estatutario. Mi experiencia es que sí. Si
usted dice que no, pues en algunos otros lugares lo comentaremos, no
aquí. Pero en algunos consorcios hay personal estatutario, aparte de
personal laboral; es decir, se dan los dos tipos, y por tanto no
sería impedimento en lo que usted comentaba. Y como veía todos estos
problemas, planteaba la necesidad de una nueva figura pública que no
fueran ni fundaciones ni consorcios ni empresas públicas sino otra
nueva, pero tampoco nos ha desvelado por dónde van sus
preocupaciones. Nos gustaría conocer hacia dónde van por lo menos las
reflexiones de estas nuevas formas públicas de gestión, de
titularidad pública, que no son ninguna de estas fórmulas que hemos
dicho.
Y me gustaría también que aclarara, porque no queda suficientemente
claro, si los institutos clínicos -porque aquí hay informaciones
contradictorias- los han basado en la Ley de nuevas formas de gestión
o no. Yo creo que no, creo que no los han basado en ella, y la
información que recabé en su momento (que ha llegado también después
de un largo período) es que están basados en un decreto del año 1987,
en el que se hablaba de la organización de los institutos clínicos, y
este decreto no prevé ninguna fórmula de personalidad jurídica
propia; por lo tanto, los institutos clínicos no tienen personalidad
jurídica ni la pueden tener. Todas estas historias que han ido
saliendo, y que me imagino que usted desmentirá, de si el personal va
a ser propio del instituto, que han salido en alguna prensa
profesional. Según el decreto del año 1987 eso no es posible, y por
tanto no creo que se haga. Le agradecería que usted lo clarificara
para de que de una vez por todas haya doctrina unívoca en este tema y
no salgan versiones distintas.
El tema de Alzira es complejo y no afecta al Insalud, pero yo sí que
le pediría, como responsable de la sanidadpública en el territorio
del Ministerio, su opinión, su criterio
de si se ajusta o no a la ley de nuevas formas de gestión. Es decir,
¿usted cree que el modelo Alzira se ajusta a lo legislado en la Ley
de nuevas formas de gestión del 25 de abril de 1997? ¿Es posible que
una concesión administrativa, a riesgo y ventura del contratista, del
propio adjudicatario, que era la UTE, que es la compañía aseguradora,
se vaya a transformar en una aseguradora distinta para el tema de la
atención a la comarca de La Rivera? ¿Cree usted que está dentro de la
ley o no está dentro de la ley?
Otro tema que le quería plantear es si ustedes mantienen el tema del
aseguramiento único. A mí me gustaría leerle algunas expresiones muy
recientes, de ayer, y que por tanto están de máxima actualidad. Ayer
se dijo que lo que determina el carácter de servicio público del
Sistema Nacional de Salud no es la forma jurídica de sus centros ni
la gestión, sino simplemente que los recursos son públicos; es decir,
que financia el Estado. Si este es el criterio que ustedes sostienen;
es decir, que lo que determina que la sanidad sea pública es que paga
el Estado. Aquién y cómo ya no importa, se mantiene público porque
sale de lo público. Evidentemente, este modelo no coincide con el
nuestro en absoluto. Precisamente lo que hemos estado discutiendo
durante mucho tiempo y defendemos es que no se pueden financiar a
través de recursos públicos sistemas privados de atención sanitaria.
También se dijo ayer que se había dado carta de naturaleza a la
provisión mixta de la asistencia sanitaria. No sé si le suena esta
expresión, pero se dijo ayer por personas cualificadas del Partido
Popular. Evidentemente, yo no he visto en ninguna parte que se haya
dado carta de naturaleza a la provisión mixta, ni en la ley que
estamos mencionando. No sé si van a hacer alguna otra ley en que se
le dé carta de naturaleza, pero hasta ahora esta carta de naturaleza
no se ha dado. Y se decía: «Se ha dado carta de naturaleza a la
provisión mixta de la asistencia sanitaria, uno de los aspectos más
defendidos por el Partido Popular, facilitando la libertad de
elección al usuario, implantando la competencia regulada, aumentando
la eficacia y la eficiencia y la satisfacción de los profesionales».
Y se añadía a continuación: «No es necesario, ni se debe, no hay que
establecer un debate entre sanidad pública y privada, sino
diferenciar entre monopolio y competencia». Esto se decía ayer, y me
suena mucho, y le voy a leer otras frases en las cuales se habla de
la política sanitaria oficial del Partido Popular, que después se ha
querido desmantelar durante estos dos años o esconder. Se dijo en el
año 1994, en la Conferencia Nacional de Sanidad del Partido Popular,
que el principal objetivo del Partido Popular era romper el monopolio
asistencial del Estado para que los ciudadanos puedan elegir médico o
prestador de asistencia sanitaria. Por tanto, no me extraña que ayer
se dijera esto, cuatro años después de la Conferencia Nacional de
Sanidad, porque yo pienso que este es el auténtico programa sanitario
del Partido Popular que han ido vendiendo durante estos dos años de
Gobierno. Pero me gustaría que usted, que está en el Gobierno, que es
el responsable del Instituto Nacional de la Salud y que es
subsecretario de asistencia sanitaria, nos confirmara si piensan
aplicar lo que se dijo en la Conferencia Nacional de Sanidad y en el
programa, o bien lo que han venido diciendo durante estos dos últimos
años públicamente. Porque ligan mucho más las afirmaciones de ayer
con las de la
Conferencia Nacional de Sanidad que con los discursos que han venido
haciendo estos dos últimos años, y con los cuales estábamos realmente
enfrentados por lo que al modelo se refiere. Eran dos modelos, el
suyo y el nuestro, y no quiero entrar en el debate de cuál es el
mejor o cuál sería el conveniente, pero son dos modelos distintos: el
de romper el monopolio asistencial del Estado para que se pueda
elegir prestador de asistencia sanitaria y lo que se dijo de que lo
que conviene no es discutir público o privado, sino que los dineros
sean públicos pero que las compañías privadas puedan hacer más. En
suma, el modelo sanitario del Partido Popular no es el del Sistema
Nacional de Salud, sino el del fraccionamiento del asesoramiento
público.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Sí, voy terminando ya, señor
presidente. Tenemos otros elementos que nos hacen sospechar de esto,
como por ejemplo la modificación que han introducido en la ley que
hoy se acaba de aprobar en este Parlamento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, en la cual se considera que no son
retribuciones en especie las pólizas sobre seguros sanitarios que las
empresas puedan hacer a sus trabajadores, a sus directivos, que no
son retribuciones en especie, por tanto no cotizan en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas, lo que facilita este
rompimiento del aseguramiento público.
Para terminar, aunque nos apartemos del tema, pero también está de
actualidad, quiero referirme al tema de la farmacia. He leído unas
declaraciones de responsables del Insalud diciendo que no va a haber
problemas en cuanto al presupuesto, y no sé si lo puede aclarar,
porque van a utilizar el dinero de la incapacidad temporal (lo leí
ayer o anteayer), cuando, si no me equivoco, este dinero ya se
incluyó en los presupuestos del año pasado y además se detrajo una
partida de farmacia. Este es un tema que iremos analizando
simplemente porque es de actualidad. Le agradecería que nos confirme
o no esta versión. Para el año 1999 nos dijo que el dinero que no
estaba en presupuesto, que era el de la incapacidad temporal, lo iba
a dedicar a farmacia, para tapar el agujero que se podía producir.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Con esto termino, señor presidente.
Para el año 1998 no parece que esto sea factible, utilizar dos veces
el dinero de la ITE para poder tapar el agujero que se va a producir
en farmacia. Ustedes admiten que va a estar por encima del 11 por
ciento, pero si sumamos los dos puntos que quitaron, la desviación en
farmacia va a estar por encima del 13 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Brevísimamente, voy a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, como es natural, quiero agradecer la presencia, ya
habitual, del presidente del Insalud en esta Comisión y su exhaustiva
información de los resultados
que las nuevas fórmulas de gestión están dando a los ciudadanos.
Se han hecho en las intervenciones del Grupo Socialista y del grupo
proponente algunas afirmaciones sobre cuáles son las intenciones del
Grupo Popular y del Gobierno en relación con la sanidad pública. Es
un debate que viene ya desde hace dos años o dos años y medio y
sinceramente me parece que es bueno que el presidente del Insalud
venga hoy con datos reales, datos reales que creo que, como son
satisfactorios, tienen que ser recogidos con agrado por los distintos
grupos políticos y sobre todo por los ciudadanos. Porque, a fin de
cuentas, no se trata de hacer operaciones de marketing, sino de saber
exactamente qué es lo que hace el Gobierno con la sanidad pública,
qué uso hace con el dinero público y cuál es el grado de satisfacción
de los usuarios, de sus familiares, de los ciudadanos en general y de
los profesionales que prestan la atención sanitaria. Por ello, las
cifras, los datos que ha dado el presidente del Insalud son
gratificantes y de todos ellos, todos nosotros, todos los ciudadanos
tenemos que estar satisfechos. Además tenemos que solicitar y que
animar al Gobierno a que siga por este camino en los nuevos centros
hospitalarios y también, en virtud de las posibilidades, a que
reinicie las modificaciones en los hospitales de corte tradicional.
Por último, he de decir que yo pienso que la condición ética de un
político tiene que ser fundamental en virtud de dos hechos: primero,
llevar lo mejor de uno mismo a la sociedad, con la ética individual y
con la ética social y, segundo, dar lo mejor de todos los
presupuestos del Estado a los ciudadanos, haciendo el mejor uso de
los mismos, y no poner en tela de juicio en ningún momento la
aplicación rastrera en virtud de unas cifras o de unas situaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo, para dar
contestación a las distintas preguntas.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): La verdad es que contestar a todas las cuestiones que han
expuesto los portavoces que han fijado posición por sus grupos
significaría cuando menos otra comparecencia. No obstante, voy a
intentar hacerlo en la medida de lo posible.
He de agradecer en primer lugar la intervención de la señora Maestro.
Aveces tengo que mostrarle mi disconformidad con algunas
apreciaciones suyas, pero en este caso voy a empezar
agradeciéndoselas, porque he visto que usted ha calificado como
positivos los resultados de las fundaciones. (Risas.-La señora
MAESTRO MARTÍN: Que conste en el «Diario de Sesiones» que no.) Que
conste en el «Diario de Sesiones» lo que quiera S.S., pero S.S. lo ha
dicho, y yo reitero que eso es bueno. Eso es bueno, porque
efectivamente los resultados son positivos. Yo creo que todos los
resultados que se obtienen a través del servicio público sanitario en
nuestro país, o del servicio sanitario en general, son buenos para
los ciudadanos. Y prueba de que a usted le han interesado -eso sí que
no me lo podrá negar- es que va a pedir esos datos. Por consiguiente,
muchas gracias, señoría, por su interés, y desde luego se los daremos
todos.
Se ha interesado usted, como era natural, por el reglamento, por sus
líneas generales, y no queriendo ser pesado intentaré decir algunas
líneas generales de ese reglamento, que espero haber traído. Este
reglamento, como explicita la propia Ley 15/1997 en su exposición de
motivos, habla de tres figuras jurídicas. Habla explícitamente de
fundaciones, similares a las ya creadas a través del real decreto
-ley, habla de empresas públicas y habla de consorcios. Lo que
intenta, por consiguiente, hacer este reglamento, siendo respetuoso
con la propia exposición de motivos de la ley, es desarrollar estas
tres figuras. Estas tres figuras no innovan el ordenamiento jurídico,
existen en él. Las fundaciones tienen una amplia tradición legal en
el ámbito de las corporaciones locales, de la Administración local;
amplio, insisto. Tienen una tradicional contemplación jurídica de las
mismas. Los consorcios también provienen básicamente de la
Administración local y las empresas públicas o sociedades estatales
provienen de las antiguas leyes generales presupuestarias y de las
antiguas leyes de la Administración institucional del Estado. Estas
tres figuras son las que desarrolla el reglamento. No hay ninguna
otra figura.
Y las cuestiones fundamentales serían las siguientes: El reglamento
establece, obviamente, una serie de garantías, una serie de garantías
de las prestaciones, de los servicios y de los centros, de los
controles. Y, en materia de estas garantías, en lo que se refiere a
prestaciones, dice el reglamento que garantiza la condición de
servicio público y el cumplimiento de todos los principios del
Sistema Nacional de Salud en todos los centros que se creen al amparo
de la ley y del reglamento. Que garantiza que la atención sanitaria
se prestará en todo caso en idénticos términos a lo previsto en el
real decreto de 1995 sobre ordenación de prestaciones sanitarias o en
la normativa que en cada momento resulte de aplicación. Y garantiza,
como es natural, que todas las actividades se desarrollarán con
sujeción a los criterios de planificación, a los criterios de
coordinación y a las directrices de carácter general emanadas para
cualquier otro centro público por el Ministerio de Sanidad y por el
Insalud. En garantías, desde el punto de vista de los servicios
y centros asistenciales a los que se aplica, se garantiza el
mantenimiento pleno e integrado de los centros y servicios dentro de
la red del Sistema Nacional de Salud, al igual que el resto de
centros del modelo tradicional.
Los controles. Hay controles de eficacia, que le corresponden tanto
al Insalud como al propio Ministerio. Hay controles de calidad, que
es una de las cuestiones que a S.S. le preocupa, que corresponden al
Insalud, con el mismo control de calidad que al resto de los centros;
con el mismo control de calidad, señoría, repito, que al resto de los
centros. Hay controles económicos y financieros: Intervención General
de la Seguridad Social, Tribunal de Cuentas, auditoría externa. Hay,
lógicamente, explicitación del régimen presupuestario conforme a lo
que establece la Ley General Presupuestaria. Y hay controles de
participación y representación; hay participación interna a través de
la junta clínica, una junta clínica que se podrá constituir en
comisiones técnicas; hay participación externa a través del Consejo
de participación como órgano colegiado de asesoramiento y consulta
del órgano de gobierno, y hay también órganos de representación
laboral, a través de los delegados de personal y comités de empresa,
y a través de los delegados de
personal y juntas de personal. Estas son las líneas básicas en las
que se inspira el reglamento, y, como es natural, S.S. podrá hacer
las reflexiones que considere oportuno.
Su señoría y el portavoz del Grupo Socialista han pedido aclaraciones
sobre qué figura podría ser aquella que albergase personal
estatutario. Me voy a referir primero al señor Corominas. El señor
Corominas hace una pregunta en relación con los consorcios y dice si
no es verdad que en los consorcios puede haber personal estatutario.
Es verdad que en los consorcios puede haber personal estatutario.
También es verdad que en el consorcio no tienen por qué tener
titularidad las entidades consorciadas. No me atrevería yo a decir
tanto, no me atrevería; lo dejamos en interrogante. Lo razonable, si
una Administración pública nada tiene que ver, desde el punto de
vista de la titularidad y de la gestión, con un servicio público, es
que participe de forma directa, activa, en esa gestión y prestación,
aunque solamente sea por un principio de responsabilidad. No nos
parece que el consorcio sea susceptible de generalizarse para todos
los hospitales. Imagínese un Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que
participe en los 15 hospitales del Insalud simplemente para poder
formar consorcios. No tendría mucho sentido.
En las fundaciones, que están sometidas a la Ley 15, pero provienen
de la Ley 30/1984, su personal ha de ser laboral, lo dice la propia
ley. Y en las empresas públicas también dice la Ley General
Presupuestaria que ha de ser laboral. Por tanto, no valen para los
hospitales tradicionales. Estamos ante la obligación de crear una
nueva figura jurídica de naturaleza y de titularidad pública, que
permita explícitamente que el personal sea personal estatutario. Esta
es la razón por la que nos hemos comprometido con todos los agentes
sociales que trabajan en el ámbito de la sanidad a una figura
jurídica, insisto, para que la autonomía y las competencias de que
gozan y gozarán los hospitales nuevos, también, lógicamente, las
tengan los hospitales tradicionales. En el caso de que haya dos o más
administraciones públicas, podemos hacer un consorcio y las
fundaciones de la Ley 30 no nos valen para esta misión de mantener el
régimen jurídico del personal estatutario. Haremos, por consiguiente,
una nueva figura jurídica en el más estricto respeto a las dos
condiciones que dice la ley. Y la ley, señor Corominas, habla de dos
cosas. No habla de titularidad; habla de titularidad o de naturaleza
pública, lo dice literalmente. Ynosotros, ya se lo anticipo, vamos a
respetar las dos. Vamos a respetar la titularidad y vamos a respetar
la naturaleza.
Señoría, como usted es facultativo, yo tengo pocas cosas que decir
sobre que haya facultativos que, por el hecho de trabajar en centros
con personificación jurídica, hagan intervenciones quirúrgicas no
indicadas. Estoy convencido de que esto no puede ser así, estoy
convencido de que ningún facultativo de Alcorcón o de Manacor hace
actividad no indicada, estoy convencido, porque incurrirían en
responsabilidad e incurrirían en los más elementales principios
éticos de su profesión. En cuanto a la calidad, el mismo sistema de
información que tienen los hospitales tradicionales, los
conservadores, por decirlo de alguna forma, lo tienen estos nuevos
hospitales, el mismo. Por consiguiente, la tasa de infección, la tasa
de reintervenciones, los reingresos, son los mismos. En esos datos
que
usted me va a pedir seguro que incluirá alguno para comprobar que esa
calidad se produce, y en el caso de que lo compruebe, espero que no
haga usted alguna reflexión de esta naturaleza.
La creatividad, que dónde va a llegar la creatividad. Ya le he
respondido: va a crear una figura jurídica de naturaleza y de
titularidad pública, que su personal pueda ser estatutario y que, sin
embargo, pueda tener la autonomía en la gestión económica de su
presupuesto.
Institutos clínicos, cobertura legal, relación con la autonomía
hospitalaria. Y también el señor Corominas hacía mención a esta
cuestión. Está en lo cierto, señor Corominas, los institutos clínicos
no tienen personalidad jurídica y por lo tanto no tienen personal
propio, no es posible; al no tener personalidad jurídica, no pueden
tener personal propio. Así, no estaban en lo cierto cuando algunos
decían que se trataba de fragmentar el hospital, que se trataba de
crear pequeñas organizaciones dentro de la organización hospitalaria
y que el hospital se compartimentalizaba. Lo contrario. El hospital
lo que hace es que disminuye su jerarquía, lo que hace es que rebaja
y aplana la organización, porque el paciente no entiende que pueda
ser susceptible de ser revisado por el número de especialidades que
el Consejo Nacional de Especialidades considere que deben existir en
nuestro país. Si hay 42 especialidades, el paciente entiende mal que
haya 42 compartimentos estancos en los hospitales y sin embargo
entiende bien que los hospitales se organicen en función del
paciente, en función de las patologías; entiende bien que los
problemas cardiacos estén resueltos desde el punto de vista de
organización y que no se pase del servicio de cardiología al servicio
de cirugía cardiaca, a la UCI de coronaria, a los intensivos,
etcétera.
Y esto es lo único que se ha hecho, señora portavoz de Izquierda
Unida. Se lo hemos dicho y era la intención desde el principio, desde
el principio, del Insalud. Y por eso hemos dicho que el 521/1987
prevé explícitamente la agrupación de dos o más servicios. Y esta
normativa ya tiene once o doce años, es una normativa bastante
tradicional.
Señoría, usted me hace dos preguntas para cuya contestación yo tengo
muchas dificultades. Primero, usted me lo ha recordado y yo también
se lo he dicho, porque yo no ostento la categoría de diputado, y
usted me hace dos preguntas que han de ser contestadas por los grupos
parlamentarios. ¿Qué opina de la propuesta de Convergència i Unió?
¿Qué opina de la propuesta de un grupo parlamentario? Pues verá
usted, entiendo que son los grupos parlamentarios los que habrán de
decirlo. Yo ni tengo conocimiento exacto de la propuesta. Lo que sí
pienso, y me parece que usted estará de acuerdo, es que si un
hospital adquiere un bien con su patrimonio, no con el patrimonio
transferido, insisto, si el Hospital La Paz, por ejemplo, adquiere
una resonancia nuclear magnética, parecería razonable que tuviera
también algún poder de decisión para la enajenación, con
independencia de que tuviese los controles y las autorizaciones
correspondientes por parte del Insalud. Y que no tenga que ser la
Tesorería de la Seguridad Social la que autorice la venta de
cualquier tipo de aparataje que adquieran los hospitales. Pero esto
no es, evidentemente, la proposición de Convergència i Unió sobre el
patrimonio de la Seguridad Social. Y yo, si usted me lo permite, no
me
voy a pronunciar sobre cuestiones que desde luego no me competen.
Usted acababa fijando, señoría, una posición y diciendo que yo había
hablado del amplio consenso de la ley, pero que quedase claro de que
en ese amplísimo campo no estaba Izquierda Unida. Pues bien que lo
lamentamos, porque en esos amplísimos campos de consenso deben estar
los grupos parlamentarios más importantes del país. Y deben estar
porque en ese amplio campo de consenso no solamente está España, el
Grupo Socialista, todos los grupos nacionalistas, el Grupo
Parlamentario Popular; está la Organización Mundial de la Salud. Yhe
leído textualmente, señoría, lo que dice dicha oficina regional de la
Organización Mundial de la Salud para Europa.
Las cuestiones del señor Corominas. Señor Corominas, la Memoria del
Insalud, que se imprimió me parece que en el mes de septiembre, creo
recordar que se remitió a los portavoces de los grupos. Creo
recordarlo. Están los portavoces aquí y podrán decir si es verdad o
no. Y considerando que en un debate parlamentario en el Congreso se
puso en duda algunos datos que ofrecía la Memoria, consideramos
oportuno que había que remitirla no solamente a los portavoces de los
grupos, sino también a los diputados de la Comisión de Sanidad. He de
decirle que pregunté cuál era la tradición de la casa y la tradición
de la casa no era esa. En todo caso, hay que cambiar las tradiciones
y hay que innovar, no solamente en la gestión, sino en determinados
comportamientos. Yo reconozco el agradecimiento explícito gue ha
hecho usted y no se preocupe que tendrá estas Memorias del Insalud,
al menos durante el tiempo que podamos seguir haciéndolas.
Mantener la titularidad pública. Yo le vuelvo a reiterar que la ley
habla de una doble posiblidad, naturaleza o titularidad pública. Esto
es lo que dice la ley. Vuelvo a insistir en que, en esa creatividad a
la que se refería la señora diputada de Izquierda Unida, vamos a
mantener las dos cosas, la naturaleza y la titularidad; por lo tanto,
vamos a mantener la política de consenso que se consiguió por la
generosidad de su grupo parlamentario y de otros que entendieron que
esto había que hacerlo. No vamos a romper esa política de consenso,
no es nuestra intención, se lo aseguro.
En cuanto al consorcio, creo recordar que más o menos he intentado
explicarlo. Los institutos clínicos exactamente, está usted en lo
cierto, no se amparan en la Ley 15; se amparan en el real decreto del
año 1987. Y usted, a partir de ahí, empieza a hacer una serie de
manifestaciones que, en mi opinión, nada o poco tienen que ver con el
objeto de esta comparecencia. Mi obligación no obstante es al menos
contestarle en parte.
Usted pregunta, modelo Alzira. También lo preguntó la diputada de
Izquierda Unida. Me gustaría, si es posible, que esta respuesta valga
para las dos intervenciones. Usted dice: ¿se ajusta a lo legislado en
la Ley 15/1997? Yo creo que la Ley 15/1997 es una ley que modifica o
que digamos que amplía otra ley, que es la Ley 14/1986, General de
Sanidad. Y usted sabe que el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia consideró, en principio, ajustado a derecho, ajustado a la
Ley General de Sanidad, el modelo Alzira. Por lo tanto, si es
conforme a derecho, es legítima. Si no es conforme a derecho, es
impugnable. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Valencia o
cualquier otro tribunal
entienda que la concesión administrativa cabe en la Ley General de
Sanidad, esta decisión es legítima. Si algún día algún tribunal
considera que la concesión administrativa no cabe en la Ley General
de Sanidad, habrá de ser impugnada.
A mí me parece una decisión legítima el modelo Alzira y me parece
también una decisión legítima los modelos que está aplicando el
Insalud. Y cada uno ha de responder por los modelos que aplica,
obviamente. Pero, eso sí, hemos de dejarlo claro y no sembrar dudas
sobre la legitimidad de las actuaciones cuando éstas tienen apoyo en
la ley. Yvuelvo a reiterar: el auto del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia no suspende la ejecución de la concesión, por considerar
que aparentemente -después el tribunal tendrá que entrar en detalle-
no se viola la Ley General de Sanidad. Y la Ley General de Sanidad
habla de una provisión a través de instituciones privadas. Es verdad
que la Ley General de Sanidad dice «instituciones privadas
preferentemente sin ánimo de lucro». Pero también de otras
instituciones privadas. Si no, imagínese usted cómo es posible que el
Insalud y los demás servicios de salud se estén gastando lo que se
están gastando en conciertos. Sería ilegítimo y sin embargo es
legítimo. Y esto es un concierto en el que, además, la titularidad
del centro revertirá al Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana,
por lo que he visto, dentro de un plazo. Yo le vuelvo a reiterar que
este asunto está en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Dejémosle en sede jurisdiccional. Y me parece un modelo legítimo
tanto el hacerlo como el no hacerlo. El Insalud es responsable seguro
de lo que hace y menos de lo que no hace.
Sacar las manifestaciones de contexto no es lo más adecuado.
Aseguramiento único. Eso está aprobado en el Pleno del Congreso de
los Diputados en diciembre de 1997. Me remito al «Diario de Sesiones»
del Congreso de los Diputados. Ylos grupos que apoyaron ese debate
aprueban el aseguramiento único, con excepción de las mutualidades de
funcionarios. Lo dice el Congreso de los Diputados y pocas cosas se
pueden decir cuando hay un documento escrito por primera vez,
insisto, sobre lo que se entiende por consolidación y modernización
de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Y a mí, si me permiten, me gustaría leer un párrafo, no de ese
documento, sino de otro. Literal: Para la nueva época necesitamos en
España políticas que, manteniendo el adecuado control del déficit
público, mejoren la eficacia del sistema de protección social en la
salud, la educación y los servicios sociales. La separación del
sector público y privado, tanto en sanidad como en educación, no
favorece ni a las clases populares ni a las clases medias.
Necesitamos una síntesis de los mejores elementos de ambos sistemas.
Está usted de acuerdo con esta afirmación, seguro. (Un señor
diputado: Depende.) No puede ser que dependa...
El señor PRESIDENTE; Señorías, no establezcan diálogo.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Usted está de acuerdo. Bien. Necesitamos una síntesis de los
mejores elementos de ambos sistemas. No dice pública. Esto es lo que
dice y usted está de acuerdo. Se dice también y lo leo literalmente,
porque es que no puedo contestarle de otra forma más que leyendo
documentos. Dice: Finalmente, se ha declarado partidario de ensayar
nuevos modelos de organización hospitalaria y en clara alusión al
Hospital de La Rivera, en Alzira, ha comentado que no se pierde nada
en ensayarlo y que siempre se puede sustituir por fórmulas conocidas
si no llega a cuajar el ensayo. ¿No está de acuerdo con esto? ¿Cómo
no va a estar de acuerdo con esto, señoría? A lo mejor es que se sacó
de contexto. Si no está de acuerdo con esto, yo no tengo nada más que
decir. Al menos yo ya le anticipo que estoy de acuerdo con esta
tercera afirmación. Sigue diciendo: Y apuntó como solución viable un
pacto entre el PP y el PSOE, partidos que en su opinión ahora
coinciden en el modelo sanitario que defienden. Esto lo dicen
destacados representantes del grupo parlamentario del señor
Corominas, que entiendo que usted comparte. No es bueno sacar
determinadas frases de un párrafo.
Nosotros creemos en el aseguramiento único; nos lo ha dicho el
Parlamento, lo vamos a seguir ejecutando, creemos firmemente en el
mismo, y creemos que los conciertos han de estar sometidos a
publicidad y transparencia. Ycreemos que los contratos marco en
materia de los conciertos es un buen sistema. Y creemos, en
definitiva, que el sector privado tiene un papel que jugar dentro del
sector sanitario de nuestro país. Y creemos, eso sí, que los centros
sanitarios públicos han de seguir siendo públicos y han de seguir
siendo gestionados por gestores públicos bajo la supervisión y bajo
la dirección de los ministerios correspondientes.
Por último, y concluyo, señoría, farmacia. Señor Corominas, usted lo
sabe perfectamente. Usted sabe perfectamente que en 1998 hemos
hablado por activa y por pasiva de la generación de crédito que se
produjere como consecuencia de las incorporaciones en materia de
incapacidad temporal y en materia del retorno de los ingresos de
Farmaindustria. Y está en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (La señora Maestro Martín pide
la palabra.)
Señora Maestro, me veo obligado a recordarle que en este trámite
parlamentario no existe dúplica. Si es para una cosa muy puntual, le
daría un minuto, porque el señor Núñez Feijóo ha contestado de manera
exhaustiva a todas las cuestiones que ha planteado su señoría.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, sólo es una precisión muy
concreta.
He entendido que el señor Núñez Feijóo ha dicho que se está buscando
una figura jurídica nueva, no existente en nuestro ordenamiento
jurídico, que permita de forma explícita que el personal sea personal
estatutario. (El señor Corominas i Busqueta pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, un minuto.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Sólo quería insistir en que yo le he
preguntado si estaba de acuerdo conmigo en que no se ajustaba a la
Ley 15/1997.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez Feijóo.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Efectivamente, señora Maestro, eso es lo que he dicho, que
se está buscando una figura jurídica nueva que permita que el
personal sea personal estatutario. Y al señor Corominas sólo quiero
decirle que la Ley 15/1997 vino a modificar la Ley General de
Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del señor Núñez Feijóo
y vamos a seguir con el orden del día. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA (FRANCISCO
POLLEDO) PARA INFORMAR SOBRE LAS POLÍTICAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA
DE SALUD PÚBLICA DESARROLLADAS DESDE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y
CONSUMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/001715.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la
comparecencia del director general de Salud Pública, señor Francisco
Polledo, para informar sobre las políticas de coordinación en materia
de salud pública desarrolladas desde el Ministerio de Sanidad y
Consumo. La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA (Francisco Polledo):
Trataré de ser breve.
Señor presidente, señoras y señores diputados, hace un año más o
menos, el 23 de abril de 1997, y a petición del Grupo Socialista,
intervine ante esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados para explicar la situación y las perspectivas de las
políticas de Salud Pública que se desarrollan desde el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Ya en aquella ocasión, tanto en mi exposición como
en las de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que
hicieron uso de la palabra, ocupó un espacio relevante la cuestión de
la coordinación de las políticas de Salud Pública desarrolladas en
España. En efecto, las competencias en materia de salud pública
fueron recogidas en la Constitución entre aquellas sobre las que las
comunidades autónomas podrían asumir competencias exclusivas. Esa
posibilidad fue efectivamente contemplada por todos y cada uno de los
estatutos de autonomía y por último así se plasmó en los
correspondientes reales decretos de transferencias. Por lo tanto, sin
entrar a analizarlo y mucho menos a juzgarlo, lo cierto es que el
bloque constitucional desarrollado entre 1978 y 1981 consideró
conveniente y posible transferir y fragmentar una función sanitaria,
la de la salud pública, con limitado contenido económico pero
altísimo componente de autoridad.
Como ya señalé ante esta misma Comisión en abril del año pasado, esa
fue una decisión trascendente que viene
condicionando las políticas de salud pública que se desarrollan en
España. El que se abriera, como se hizo, la posibilidad de que en
problemas de salud pública pudieran adoptarse decisiones diferentes y
aun contradictorias por administraciones sanitarias de distinta base
territorial ha venido marcando, y sin duda seguirá haciéndolo en el
futuro, las políticas de salud pública que pueden y deben
desarrollarse desde la Administración del Estado y más concretamente
desde el Ministerio de Sanidad y Consumo. Desde este Departamento se
asume como una de sus prioridades el mantenimiento de una constante
labor de coordinación de las políticas de salud pública de las
comunidades autónomas, todo ello, como no podía ser de otra manera,
con un pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas
y bajo la inspiración y el principio impulsor de que con esa
actuación de coordinación se trata no tanto de cubrir una necesidad o
un anhelo del Ministerio de Sanidad y Consumo, sino de construir un
instrumento que ha de redundar en una mayor eficacia de las
comunidades autónomas en el desempeño de sus competencias. Porque es
cierto, como hemos señalado, que la distribución de las competencias
con carácter exclusivo puede generar situaciones en las que, ante
problemas o circunstancias similares, se adopten decisiones
diferentes, pero no es menos cierto que esas situaciones no son
generalmente bien entendidas por la población y acaban generando
problemas para el efectivo ejercicio de su soberanía para estos temas
por parte de las comunidades autónomas.
Apunté también en mi intervención de abril del año pasado que la
interpretación constitucional del contenido de la alta inspección,
que impidió que llegara a constituirse en un instrumento útil para el
fin que nos ocupa, dejaba en manos del Sistema Nacional de Salud dos
exclusivos instrumentos de coordinación: el Consejo Interterritorial
y el Plan integrado de salud. Además, desde mi punto de vista, habría
otras dos herramientas accesorias, el dictado de normativa básica por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo y las políticas
presupuestarias que este departamento pudiera desarrollar en materia
de salud pública. Pues bien, el núcleo de mi intervención constituirá
un repaso de las acciones que se están desarrollando por el
Ministerio de Sanidad y Consumo en cada uno de esos cuatro apartados:
Comisión de salud pública del Consejo interterritorial,
planificación, normativa básica y política presupuestaria.
La Comisión de salud pública constituye sin duda el instrumento clave
para la coordinación de las decisiones que en materia de salud
pública tienen que adoptar las comunidades autónomas. Su
funcionamiento viene siendo juzgado, de forma unánime, como correcto
y eficaz y frecuentemente se la ha señalado como ejemplo a seguir
para todos aquellos ámbitos del Sistema Nacional de Salud que
precisen de una coordinación interterritorial. Su inspiración estriba
en respetar escrupulosamente las competencias de cada comunidad
autónoma y en huir de toda obsesiva vocación por conseguir la
unanimidad o la homogeneidad. Pero también su funcionamiento se
alimenta de un constante compromiso con el principio de que las
decisiones que se adopten se basen en las mejores evidencias y
técnicas disponibles, que cada autoridad competente sepa cuáles son
las decisiones que han adoptado el resto de comunidades autónomas y,
en un marco de mutuo respeto y lealtad,
que se pueda llegar a planteamientos globables en los que estén
perfectamente explicadas las diferencias que puedan existir.
Se trata de un órgano ágil, consolidado, respetado y no cuestionado
por nadie, que, insisto, puede presentarse como un modelo para
cualquier política que precise la coordinación interterritorial. Un
órgano capaz de compartir la gestión del corto plazo, tan frecuente
en las urgencias de salud pública, como de abordar cuestiones de
medio y largo plazo. Un órgano, en definitiva, que entiende y
desarrolla la labor de coordinación con respeto literal a la
interpretación que el Tribunal Constitucional ha venido manteniendo
para esa función, es decir, como la fijación de medios y de sistemas
de relación que hagan posible la información recíproca, la
homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de
las autoridades estatales y comunitarias en el ejercicio de sus
respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de
actos parciales en la globalidad del sistema.
En definitiva, un órgano que puede presentar importantes balances de
gestión. Así, desde mayo de 1996 hasta noviembre de 1998, la Comisión
de Salud Pública ha mantenido 17 reuniones ordinarias y 6 reuniones
extraordinarias, y las ponencias de ella dependientes (Vigilancia
epidemiológica, Salud alimentaria, Sanidad ambiental, Vacunaciones y
Salud laboral) han mantenido en ese mismo período 51 sesiones de
trabajo.
En los últimos treinta meses no ha habido absolutamente ningún
problema de salud pública en España, en alguna de sus comunidades
autónomas, que no haya sido analizado por la Comisión de Salud
Pública y para el que, en caso de ser necesario, no se haya adoptado
alguna decisión por parte de la Comisión. Por ella han pasado los
calendarios de vacunaciones, las medidas dirigidas a evitar la
encefalopatía espongiforme bovina, los alimentos transgénicos, la
problemática relativa a Escherichia coli 157, el brote de tularemia
de Castilla y León, el sistema de vigilancia epidemiológico de
infección por VIH, los sistemas de información y los protocolos de
vigilancia de salud laboral, la acreditación de los laboratorios de
salud pública, los programas de lucha contra el tabaquismo, etcétera.
Y no ha sido además una labor que haya terminado en sí misma, sino
que ha propiciado la elevación de propuestas al propio Pleno del
Consejo Interterritorial.
En efecto, en los últimos treinta meses la Comisión de Salud Pública
ha elevado al Pleno siete propuestas, que éste ha adoptado en todos
los casos, que van desde la aprobación de los protocolos de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades de declaración
obligatoria hasta los criterios de acreditación de los servicios
médicos de los servicios de prevención, pasando por la introducción
de la vacunación frente a Haemophylus influenzae tipo B en los
calendarios de vacunación.
En definitiva, señorías, desde el Ministerio de Sanidad y Consumo
podemos garantizar con rotundidad que el Sistema Nacional de Salud
cuenta con una herramienta eficaz, consolidada, que goza del general
reconocimiento y aceptación para propiciar que, en el proceso de toma
de decisiones en materia de salud pública, las comunidades autónomas
puedan disponer de la mejor información técnica y científica, sepan
cuáles son las intenciones del resto de las
autoridades implicadas y consigan en todo caso posiciones globales y,
cuando resulte conveniente, uniformes.
Créanme si les digo que ésta no es sólo mi opinión, sino la de muchos
responsables políticos en materia de salud pública. Un instrumento
útil que debemos seguir cuidando entre todos, alejándolo de enfoques
sectarios, porque sin duda es un elemento decisivo para aminorar los
potenciales efectos negativos, que los hay, que en materia de salud
pública podrían derivarse de la distribución competencial.
La segunda herramienta de coordinación estribaba en la planificación.
Señalaba anteriormente que otro de los instrumentos de coordinación
en materia de salud pública lo podría constituir un futurible Plan
integrado de salud, tal y como se recoge en el título III del
capítulo 4.° de la Ley General de Sanidad. Hace casi trece años que
se redactaron los artículos a los que me refiero, y sinceramente creo
que es un ejercicio de razonamiento, más que de crítica, el
certificar: primero, que en aquellos momentos algunos aspectos de
planificación sanitaria en materia de salud pública conciliaban un
acuerdo técnico y científico más generalizado que en la actualidad;
segundo, que las consecuencias reales de las transferencias
sanitarias no se habían manifestado todavía con claridad; tercero,
faltaba doctrina del Tribunal Constitucional relativa a diversos
aspectos del Estado de las autonomías; cuarto, finalmente, no se
habían expresado prácticamente algunas de las consecuencias derivadas
de la fragmentación de las autoridades sanitarias ni de la no
coincidencia dentro de un mismo ámbito territorial de la autoridad
política responsable de la asistencia sanitaria con la autoridad
política responsable de la salud pública.
Fuera como fuese, la Ley General de Sanidad preveía la necesidad de
la elaboración de planes de salud de diferente índole y ámbito y, aún
más, preveía la confluencia de todos ellos en un supuesto Plan
integrado de salud.
Lo previsto por la ley no fue un simple espejismo de rápida
evanescencia, sino que propició actuaciones consecuentes con ello por
parte de todas las administraciones sanitarias. Así, en octubre de
1988, el Pleno del Consejo Interterritorial aprobó el conjunto mínimo
de objetivos e indicadores nacionales para la evaluación de los
planes de salud. En diciembre de l990 este mismo órgano aprobaba una
propuesta de desarrollo de los contenidos mínimos de los planes de
salud y una revisión de los indicadores. Incluso en 1989 se aprobaba
un real decreto que establecía los procedimientos y los plazos para
la elaboración de los planes de salud y, aún más, preveía un esquema
concreto para el contenido de éstos, en los que según la norma, no
podían faltar las siguientes partes: un análisis y diagnóstico de los
problemas, establecimiento de objetivos, programas a desarrollar,
financiación, responsabilidades de ejecución y sistemas de
evaluación.
Fuera como fuese, el caso es que se creó una dinámica que impulsó a
todas las administraciones sanitarias en una obra planificada, aunque
en muchos casos. como un simple ejercicio intelectual y teórico que,
emprendido con diferente entusiasmo y acierto, justificó en múltiples
documentos. Así, por lo que se refiere al ámbito concreto de las
comunidades autónomas, hace unos pocos meses que se ha culminado una
trayectoria que ha terminado dando finalmente un Plan de salud a
todas y cada una de ellas.
Así pues, nos encontramos con una abigarrada y prolífica actividad
planificadora, que además, al menos teóricamente y en una
interpretación literal de lo previsto normativamente, debería
culminar en un nuevo plan, el Plan integrado de salud. Sin embargo,
resultaría de una obstinación recalcitrante no hacer un análisis del
panorama existente antes de seguir dando pasos. Un análisis que debe
partir de la constatación de los siguientes hechos.
Primero, la actividad planificadora de las comunidades autónomas se
ha registrado en un intervalo de al menos nueve años, aunque ya
pueden encontrarse antecedentes datados en 1986, lo que extendería la
horquilla hasta los doce años. Como no podía ser de otra manera, esta
falta de sincronía se refleja en los contenidos de los documentos,
que presentan una importante heterogeneidad.
Segundo, pocos de los documentos aprobados respetan todos los
contenidos normativamente previstos. Solamente uno de ellos recoge
los aspectos de financiación y sólo cinco comprenden expresamente lo
relativo a la atribución de la ejecución y los sistemas de
evaluación.
Tercero, la vocación íntima de cada uno de los planes de las
comunidades autónomas varía desde aquellos que son puramente
salubristas hasta aquellos otros que otorgan un importante papel a
los aspectos asistenciales, pasando por los que equilibran ambos
componentes.
Cuarto, mientras que algunas comunidades autónomas han finalizado
hace apenas algunas semanas su primer Plan de salud, otras están a
punto de iniciar los trabajos que les deberán conducir a la tercera
revisión.
En quinto lugar, la naturaleza jurídica y política de los planes
oscila desde el simple documento técnico hasta el aprobado
formalmente por el órgano del poder ejecutivo y aun, en una minoría
de supuestos, por el órgano legislativo. Consecuentemente con lo
anterior, la influencia eficaz de lo realmente previsto en cada plan
en la política sanitaria de cada comunidad autónoma varía, sin que
ello los desprovea en ningún caso del beneficioso efecto derivado de
la sistematización que cualquier plan supone.
Independientemente de cuáles hayan sido sus previsiones y sus
contenidos, los servicios de salud, todos, sin excepciones, no se han
mostrado excesivamente permeables a los planes de salud. Entiéndase
todo lo dicho no como una crítica de quien está convencido de que las
cosas se han hecho mal y podrían haberse hecho bien. Al contrario,
evaluamos como muy beneficiosa toda la actividad de planificación
efectuada, el esfuerzo de sistematización que ha llevado implícito,
la mejora de la calidad del debate político que ha supuesto a la hora
de tratar aspectos de prioridades, la cierta evaluación de eficacias
que ha permitido y la contribución que ha supuesto a la hora de
permitir la conexión de proyectos como el de SALUD PARA TODOS. Pero
en lo que se refiere a seguir dando pasos, resultaría descabellado no
tener en cuenta algunas de las características del proceso que
comentamos. Y es en ese contexto en el que nos embarcamos hace
algunos meses, en el proyecto de elaborar un documento, un informe,
del cual tenemos en este momento el sexto borrador, que esperamos que
sea el definitivo, sobre la salud de los españoles. Un contexto al
que habría que añadir algunos elementos de variada naturaleza
y variada influencia, pero que en todo caso también hemos tratado de
tener en cuenta.
En primer lugar, el panorama internacional. En países de nuestro
entorno son frecuentes documentos, de Estado o de nación,
comprensivos de los principales problemas de salud, sus determinantes
y los objetivos a los que mueven a los responsables de las
administraciones sanitarias. Gran Bretaña, Francia, Dinamarca e
Italia son ejemplos de lo mencionado.
En segundo lugar, la naciente aunque incierta vertiente comunitaria
de las políticas de salud pública. En efecto, la modificación del
artículo 129 del Tratado de la Unión, el informe del Parlamento
Europeo en relación con la encefalopatía espongiforme, la
reestructuración de los servicios de la Comisión de la Unión Europea
y la propia dinámica del Consejo de Ministros de Sanidad son factores
que están incrementando las posibilidades reales de que la Unión
Europea cuente con algo parecido a una política de salud pública. De
hecho, en estos momentos se está discutiendo un proyecto muy inicial
sobre un nuevo marco para las políticas de salud pública en la Unión
Europea, y para el proceso de discusión y negociación que se abre, a
cualquier Estado miembro le resultará enormemente útil un documento
como el que nos ocupa.
En tercer lugar, y por las mismas razones que en el caso anterior, el
proyecto SALUD XXI, de la Organización Mundial de la Salud, que habrá
de sustituir a SALUD PARA TODOS, aconseja una puesta al día de los
informes sobre la situación de la salud y sus determinantes.
En cuarto lugar, un panorama marcado también por excelentes estudios
y trabajos procedentes de grupos universitarios, investigadores a
título individual o sociedades científicas, en los que se han
abordado con carácter general, o particularizando en el tiempo o en
el espacio, las características de los problemas de salud: su
evolución, su solución, etcétera. Tampoco faltan en esta misma línea
extraordinarias aproximaciones efectuadas desde instancias
administrativas, algunas de ellas desde el propio Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Y finalmente, y como no podía ser de otra manera, la aparición de
nuevas fuentes de información o la actualización temporal de las que
tradicionalmente han venido utilizándose.
Es en este panorama en el que se inscribe nuestro proyecto, un
proyecto que no pretende elaborar un documento de planificación
sanitaria específica y de organización del sistema asistencial. Un
documento que no quiere ser ni un Plan de salud ni el Plan integrado
de salud. Estamos ante el fruto de un proyecto que ha escuchado con
atención las piezas interpretadas hasta este momento por múltiples
instrumentos, que las valora todas muy positivamente, pero que
pretende dar una nota de diapasón para favorecer los acoplamientos de
las sucesivas interpretaciones para colaborar a construir una obra
sinfónica.
Es evidente que en los próximos meses y años asistiremos a una
revisión generalizada de los planes de salud de las comunidades
autónomas, y creemos muy conveniente que ese proceso se realice
teniendo como elemento de referencia el informe que nos ocupa.
Estamos convencidos que de esa manera será mucho más fácil obtener un
panorama más homogéneo, capaz de llegar a posibilitar empresas aún
más ambiciosas en el ámbito de la planificación de salud pública. En
definitiva, queremos construir un informe de
salud pública que anime el debate social, político y profesional
sobre los principales problemas de salud y sus determinantes.
Tercer instrumento de coordinación: listado de nornativa básica. El
Ministerio de Sanidad y Consumo mantiene una activa producción
normativa, especialmente dirigida a propiciar una recepción uniforme
en todo el Estado de las disposiciones adoptadas por la Unión
Europea. Durante los últimos treinta meses el Ministerio ha tramitado
24 reales decretos y 13 órdenes ministeriales. Se encuentran entre
todas estas disposiciones, por ejemplo, la aprobación de los
criterios de calidad en medicina nuclear, la reglamentación técnico-
sanitaria de los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
infantiles para lactantes y niños de corta edad, o el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, o la aprobación de los criterios
de calidad en radioterapia. En definitiva, una actividad que está
propiciando una recepción uniforme en el conjunto del Estado de la
normativa procedente de la Unión Europea, y no solamente de la
normativa, sino también de la aplicación efectiva de la misma.
Y por último, y termino, señorías, un cuarto instrumento: política
presupuestaria. La primera apreciación que debemos hacer en relación
a este elemento es poner de relieve su novedad. Efectivamente, en los
presupuestos del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1998 figuró por
primera vez una partida, en su capítulo 4 de 375 millones de pesetas
para distribuir entre las comunidades autónomas en concepto de
subvención al desarrollo de programas de prevención y promoción de la
salud, especialmente en el ámbito de las enfermedades emergentes y
reemergentes y de las enfermedades de especial relevancia.
Gracias a ello, el pasado 22 de marzo el Pleno del Consejo
Interterritorial propuso unos criterios de distribución de estas
partidas y decidió que las comunidades autónomas beneficiadas las
destinasen a los siguientes proyectos: lucha contra el tabaquismo,
especialmente en el ámbito sanitario; ejecución del calendario de
vacunaciones aprobado por el Consejo Interterritorial; prevención de
las encefalopatías animales transmisibles al hombre; desarrollo del
Plan nacional de hemoterapia; adecuación de los laboratorios de salud
pública a las exigencias de la normativa de la Unión Europea; mejora
de los sistemas de información relativos a los trastornos
nutricionales y desarrollo de programas de lucha contra la
tuberculosis.
En definitiva, pues, otro instrumento, en este caso presupuestario
e inédito, que ha sido puesto en funcionamiento desde el Ministerio de
Sanidad y Consumo y que ha ayudado a pactar y desarrollar
conjuntamente por todas las comunidades autónomas actuaciones
concretas en el campo de la Salud pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Alcalde.
El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Quiero, señorías, en primer lugar agradecer
su comparecencia al señor don Francisco Polledo, director general de
Salud Pública, para explicar, como ha hecho de forma exhaustiva y
desde luego totalmente satisfactoria para el grupo proponente, para
el
Grupo Popular, las políticas de coordinación que en materia de salud
pública está desarrollando el Ministerio de Sanidad.
Desde el Gobierno y desde mi grupo hemos venido sosteniendo que el
foro diseñado por la Ley General de Sanidad para la puesta en común
de las políticas sanitarias de las distintas administraciones
competentes, o sea, el Consejo lnterterritorial, debía ser
potenciado, e incluso revisadas y definidas las funciones de la
autoridad central para el futuro, ya que, como ha dicho el señor
director general, la transferencia de las competencias en materia de
asistencia sanitaria a las diez comunidades autónomas que en estos
momentos no la poseen, cuando se produzca, modificará sustancialmente
el papel del Ministerio de Sanidad dentro del propio Sistema Nacional
de Salud.
Consideramos que en ese escenario de descentralización plena de la
asistencia sanitaria hay que otorgar al Consejo Interterritorial unas
mayores facultades de decisión, potenciando el papel coordinador que
tiene el Ministerio de Sanidad. Esta opinión entendemos que no sólo
la comparte el Gobierno y el principal grupo que lo sostiene, sino
que también parecen compartirla los grupos que apoyaron el acuerdo de
la subcomisión parlamentaria para la consolidación y modernización
del Sistema Nacional de Salud, el 18 de diciembre de 1997, cuando
había dicho acuerdo de establecer un nuevo régimen de funcionamiento
interno del Consejo Interterritorial, así como de la necesidad de
establecer, a través del mismo, acuerdos y convenios para la
implantación de las iniciativas parlamentarias que se produzcan en
materia de organización y gestión sanitaria.
Nos ha recordado el señor don Francisco Polledo los antecedentes
constitucionales que han conducido al marco competencial por
comunidades autónomas con el que nos dotamos los españoles en este
momento, por lo que no me voy a extender al respecto. Pero sí que me
voy a referir, señorías, al fondo de esta comparecencia, solicitada
por mi grupo, y que no es otro que la coordinación de las políticas
sanitarias en general, y más concretamente de la salud pública.
La coordinación general sanitaria ha sido una de las principales
preocupaciones del actual Gobierno desde su toma de posesión, y se ha
plasmado fundamentalmente en dos aspectos concretos. Por un lado, se
ha dado un gran impulso a las tareas del Consejo Interterritorial, de
forma que se ha incrementado de manera evidente el número de
reuniones del plenario de dicho Consejo, de las comisiones
permanentes y de los grupos de trabajo que lo componen, así como el
número e importancia de los acuerdos adoptados. Concretamente, el
número de reuniones se ha duplicado en 1997 y en 1998 respecto de la
media anual que había hasta 1996.
Por otro lado, se han reactivado las aletargadas comisiones mixtas de
coordinación con las comunidades autónomas que todavía no han
recibido las competencias sanitarias en materia de asistencia, y se
ha promovido la reforma de los estatutos de autonomía precisos para
que todas las comunidades autónomas puedan recibir dichas
transferencias, de manera que ya se han modificado los de Aragón,
Castilla-La Mancha, Murcia y Madrid, estando en tramitaclón
parlamentaria en este momento la reforma del resto.
Señorías, si en materia de asistencia sanitaria no es fácil coordinar
al Estado y a siete comunidades autónomas que tienen transferidas las
competencias, en lo que se refiere a salud pública lo es todavía
menos, pues todas las comunidades autónomas tienen competencias
exclusivas, como perfectamente nos ha dicho el director general, en
la materia, pudiendo adoptar decisiones distintas ante problemas
iguales. Por lo que una cuestión tan delicada como la sanitaria, no
sólo en sí misma sino también por la amplia repercusión social que
tiene cualquier noticia o decisión al respecto, señor don Francisco
Polledo, convierte en una labor ardua y meritoria la coordinación que
está desempeñando el Ministerio. Si además esta función se está
realizando no sólo de forma correcta y eficaz, sino más bien
modélica, diría yo, señor director general, como un ejemplo a seguir
en otras esferas de la coordinación institucional, no podemos por
menos que expresarle desde mi grupo parlamentario nuestra
satisfacción y nuestra felicitación por la parte importante que a
usted le corresponde en ello.
Entrando ya en la actividad coordinadora de la Comisión de Salud
Pública del Consejo lnterterritorial, no me voy a centrar en las 17
reuniones ordinarias y 6 extraordinarias que ha mantenido la citada
Comisión desde la entrada del actual Gobierno, ni tampoco sobre los
múltiples asuntos tratados en la misma ni en las propuestas elevadas
al Pleno, todas ellas aprobadas por dicho plenario, pero sí que voy a
referirme, aunque al dejarme alguna no quiera menospreciarla, a las
que, según mi criterio, merecen mayor significación.
Voy a referirme concretamente, dentro de esta labor coordinadora de
las políticas de salud pública de las comunidades autónomas, a la que
se está haciendo frente a las enfermedades emergentes y de especial
relevancia. Hay razones que aconsejaban y siguen aconsejando una
armonización de las mismas, especialmente cuando pudiera estar en
peligro el derecho que tienen los ciudadanos a la igualdad en la
protección de la salud. Para favorecer dicha labor y colaborar con la
que viene desarrollando la Comisión de Salud Pública, el Ministerio
de Sanidad ha contado en sus presupuestos para 1998, como ha referido
el director general, con 375 millones a transferir a las comunidades
autónomas para estas políticas.
Igualmente me gustaría destacar la labor de la Comisión en materia de
salud laboral, señor don Francisco Polledo, ya que, una vez aprobada
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los reglamentos que la
desarrollan, yo diría que amplia y difusamente, corresponde al
Ministerio mantener una línea clara de actuación que garantice las
actuaciones, valga la redundancia, de las administraciones sanitarias
de las comunidades autónomas respectivas, de manera que ésta resulte
lo más homogénea posible. Ya se ha aprobado un documento relativo a
los criterios de acreditación de los servicios médicos de prevención.
Y a lo largo de este año, 1998, en esta área el Ministerio está
dirigiendo su esfuerzo a la elaboración de sistemas de información
homogéneos, que son fundamentales, de modo que la información
epidemiológica que se pueda recoger en los centros de trabajo resulte
en principio comparable, que es lo mínimo que se puede exigir,
independientemente del ámbito territorial en el que se esté generando
esta información.
Asimismo en materia de redes de alerta es preciso unificar las
existentes, y en el seno del Consejo lnterterritorial se han venido
desarrollando diversas redes de alerta en relación con riesgos
alimentarios, medioambientales y novedades epidemiológicas derivadas
de los sistemas de vigilancia.
En materia de seguridad transfusional es preciso promover la creación
de un sistema estatal de seguridad transfusional dentro del Plan
nacional de hemoterapia, y el Consejo Interterritorial estudió un
informe presentado por la Dirección General que usted dirige sobre el
desarrollo del Plan nacional de hemoterapia. Igualmente estudió un
documento relativo a su evaluación y desarrollo futuro, que incluía
la necesidad de crear un sistema estatal de seguridad transfusional.
Otro punto a destacar entiendo que es el que se refiere a desarrollar
la coordinación y mejora de los programas de vacunaciones, una vez
conseguida la unificación de los calendarios de las distintas
comunidades autónomas a través de la decisión del Pleno del Consejo
Interterritorial por la que se incluyó en los mismos la vacunación
frente al Haemophylus influenzae tipo B. Se va a proceder a una
periódica actualización de dichos calendarios a la luz, por supuesto,
de las evidencias científicas y de las situaciones epidemiológicas
que se puedan registrar. En concreto, a lo largo de 1998 se está
estudiando detalladamente un análisis respecto a la conveniencia de
introducir la vacunación contra la varicela.
Voy a referirme a continuación a otra faceta de la coordinación en
materia de salud pública, que es el Plan integrado de salud, al que
ha hecho usted referencia y que contempla la Ley General de Sanidad
en su artículo 74. Mi grupo, señor don Francisco Polledo, comparte
plenamente las explicaciones que usted ha dado al respecto. Es
prácticamente imposible conjugar 17 planes de salud autonómicos (por
cierto, el último es muy reciente) que han sido realizados en un
periodo de tiempo tan dilatado -han transcurrido doce años, creo
recordar que ha dicho usted, desde los primeros trabajos al
respecto-, confeccionados cada uno de ellos con unos parámetros
planificadores distintos, con un soporte jurídico, como usted ha
recalcado, muy diferente, por lo que sería tanto como mezclar o
juntar elementos que no son homogéneos, que adulterarían, sin lugar a
dudas y por completo, el resultado final, el llamado Plan integrado
de salud.
Esta opinión, por otra parte, parecen compartirla, y así ha aparecido
recientemente en los medios de comunicación, las comunidades
autónomas, por lo que mi grupo quiere aplaudir la iniciativa del
Ministerio de confeccionar el documento ESTADO DE SALUD DE LA NACIÓN,
que se está elaborando,con objeto de convertirlo en elemento de
referencia recopiladora de los principales problemas de salud de los
españoles, analizando la situación en nuestro país en el entorno
internacional y definiendo y cuantificando los diez principales
problemas de salud.
Ya como conclusión, señorías, sin entrar, en aras de la brevedad, a
hablar de la actividad normativa, mi grupo se congratula de que la
actividad del Consejo Interterritorial en general y de la Comisión de
Salud pública en particular se haya visto potenciada con el actual
Gobierno, por lo que son para nosotros difícilmente comprensibles las
críticas
que algún miembro de la oposición ha realizado respecto a una
presumible inexistencia de coordinación o una situación de
clientelismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Montes Contreras.
La señora MONTES CONTRERAS: En primer lugar, yo quiero agradecer la
comparecencia del señor Polledo esta tarde aquí, en la Comisión de
Sanidad y Consumo. Y agradecerle que se nos presente un trabajo en
este ámbito de la salud pública, un trabajo que, como el señor
Polledo sabe, es continuación de lo que se había estado desarrollando
por parte de Gobiernos anteriores, aunque en los últimos tiempos mi
grupo no visualizaba ningún trabajo en el campo de la salud pública.
A lo mejor hay a quien no le gusta escuchar esto, pero es así. Y
después le explicaré algunas de las cuestiones por las cuales nuestro
grupo no ha visto esta coordinación y esta actuación por parte del
Gobierno de la nación.
A mí me gustaría, primero, definir lo que entendemos por salud
pública, esto es, aquellas actuaciones que van encaminadas a prevenir
las enfermedades, a prolongar la vida y a promocionar la salud
mediante los esfuerzos organizados de la sociedad. Para ello tiene
que desarrollar una serie de funciones, como son la de ejercer la
autoridad sanitaria, la planificación, la evaluación y el diseño de
políticas de salud y también otro tipo de actuaciones, como son los
servicios específicos de protección y promoción de la salud
colectiva.
Me gustaría recordar algo que yo creo que es de sobra conocido, que
ha reiterado bastantes veces la Organización Mundial de la Salud y
que leo textualmente: Los prerrequisitos para la salud son la paz, la
vivienda, la educación, la Seguridad Social, las relaciones sociales,
la comida, los ingresos, el acceso al poder de las mujeres, un
ecosistema estable, el uso sostenible de los recursos, la justicia
social, el respeto de los derechos humanos y la equidad. Por encima
de todo, la pobreza es la mayor amenaza a la salud . Esto figura en
la Declaración de la Organización Mundial de la Salud de Yakarta de
1997. Con esto intento describirles cómo entendemos nosotros que hay
que actuar en el ámbito de la salud pública.
Desde mi grupo no creemos que las actuaciones del Gobierno del
Partido Popular hasta ahora vayan encaminadas a superar ninguno de
estos obstáculos en la vida de muchos hombres y mujeres de nuestro
país. La salud pública, entendida de la manera como la acabo de
definir, tiene muchos componentes que son intersectoriales, que no
los podemos enmarcar solamente en el ámbito sanitario. Una política,
que es la que está desarrollando el Gobierno del Partido Popular, que
favorece a los que más tienen va justo en la dirección contraria a
esa salud para todos, que requiere del esfuerzo solidario de la
mayoría para promocionar las situaciones desfavorecidas de las
minorías. Y yo creo que aquí hay que hacer mención a las reformas
fiscales que el Partido Popular está poniendo en marcha desde que ha
llegado al Gobierno, que hacen que el esfuerzo fiscal invierta la
tendencia que hasta ahora había tenido. Sí, señor presidente, así
entiendo yo la salud pública.
El Gobierno del Partido Popular... (Rumores.)
Señor presidente, pido su amparo.
El señor PRESIDENTE: Está amparada en cualquier caso, pero yo no he
captado ninguna alusión directa.
La señora MONTES CONTRERAS: Pero yo me distraigo.
Las reformas fiscales que ha venido adoptando el Gobierno del Partido
Popular desde que llegó al poder han ido encaminadas justo en la
dirección contraria a una redistribución de la riqueza, porque ha
hecho recaer el esfuerzo fiscal en todos los ciudadanos por igual,
mientras que se han ido disminuyendo los ingresos fiscales de
aquellos ciudadanos que tienen más capital. Por tanto, creemos que no
va en la dirección de buscar la equidad para todos los ciudadanos
y limar esas diferencias que hacen que la situación de salud sea
distinta para aquellos que menos tienen. Yesto es una evidencia.
Tenemos que partir de los datos que tenemos sobre la salud de los
españoles que, en líneas generales, indican que España tiene una
buena situación de salud en relación a los países de nuestro entorno
europeo. Ytengo que señalar que a esto algo habremos contribuido los
socialistas a lo largo de los años de Gobierno con la construcción
del Estado del bienestar.
La mortalidad ha ido descendiendo, porque han ido descendiendo las
enfermedades del aparato circulatorio, aunque han ido subiendo los
tumores malignos, básicamente los tumores de pulmón. El indicador de
buena salud subjetiva es malo concretamente (estoy definiendo cuál es
la situación de salud que tenemos en estos momentos) para el conjunto
de las mujeres en nuestro país. Es cierto que las mujeres vivimos más
tiempo como media, pero también es verdad que sentimos que nuestra
salud es peor.
Otra de las características que definen el estado de salud de nuestro
país es que existen desigualdades entre comunidades autónomas, que
nos indican hacia dónde se deben orientar los esfuerzos por parte del
Gobierno. Yo creo que el no reconocimiento del censo de 1996 a
efectos de la financiación autonómica es un handicap para conseguir
la equidad en cuanto al derecho a la salud de comunidades autónomas
que parten de una situación históricamente desfavorecida. Hay
informes que hablan de esta desigualdad en el estado de salud según
qué comunidades autónomas, que coincide que son las comunidades
autónomas del sur. Entonces, el hecho de que no se reconozca el censo
de población real que existe en este momento hace que haya ciudadanos
que no estén recibiendo la financiación que necesitan para dar
cobertura a los servicios.
Creemos además, por los datos que tenemos, que es necesario mejorar
las estadísticas sobre mortalidad y los sistemas de información
sanitaria para poder utilizarlos en el diseño de políticas de salud.
Parece que en esto estamos avanzando.
Acerca de las líneas de actuación que el señor Polledo nos ha ido
indicando, como son el trabajo en la calidad de los servicios
sanitarios, la nutrición y alimentación, no voy a entrar a definir
cada una de las actuaciones que se llevan a cabo, pero sí a
enumerarlas. Los programas de vacunaciones, salud materno-infantil y
programas sobre el sida son cuestiones sobre las que hay que seguir
trabajando; hay
que ir adaptándose a las nuevas demandas y situaciones que en estos
momentos tenemos. Pero hemos de hacer especial incidencia en temas en
los que hemos profundizado menos anteriormente, como son la seguridad
ambiental, la seguridad alimentaria y las nuevas enfermedades
emergentes y reemergentes.
Una vez hecho este repaso a nivel general, me gustaría plantear una
serie de cuestiones, que son las que a nuestro grupo le han hecho
pensar y tener esa sensación de que no existía una política de salud
pública en nuestro país en estos tres últimos años, porque nos hemos
encontrado ante una serie de cuestiones que han generado una gran
preocupación en todos los ciudadanos en nuestro país. Me estoy
refiriendo a la hepatitis C en la Comunidad de Valencia; a la salud
de las mujeres, a la planificación familiar, donde no vemos una
actuación clara que desarrolle políticas en este sentido; a los
accidentes domésticos -en estos últimos días hemos tenido la
posibilidad de ver un informe que muestra que han aumentado
considerablemente en el último año-; a los accidentes laborales, que
continúan produciéndose y cada vez con mayor gravedad; a los
accidentes de tráfico, que nosotros no creemos, como alguna vez ha
dicho el Gobierno, que se producen porque la situación económica es
buena, porque España va bien y por eso la gente se mata en accidentes
de tráfico. Nosotros no creemos que eso sea así; algo tendrá que ver
el hecho de que el índice de alcoholemia detectado a los conductores
en los controles haya aumentado. Aparte están otros problemas que se
han ido presentando, como es el brote de meningitis C; por cierto, en
mi grupo tenemos una información oficiosa sobre que hay un informe
del laboratorio Carlos III en el que se pone de manifiesto que no hay
una previsión diferenciada de la incidencia entre las comunidades
autónomas que han vacunado y las que no. Nos gustaría que el señor
Polledo nos aclarase si es verdad que esto es así.
Un caso que hemos visto -justamente ayer mismo lo teníamos en los
medios de comunicación- es el de la legionella en el hospital Miguel
Servet de Zaragoza. Parece ser que desde hace dos meses se tenía
noticias de que existía este problema y hasta pasados dos meses no se
ha empezado a poner medidas para atajarlo. (El señor Alcalde Sánchez:
Qué barbaridad.-La señora Amador Millán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Quisiera, señor presidente, que llamase al
orden para que pueda concluir su intervención la ponente del Grupo
Socialista y para que los diputados del Grupo Popular mantengan la
misma actitud de respeto que hemos mantenido los del Grupo Socialista
ante la intervención de su portavoz, que merecía también no ya
comentarios, sino algunas exclamaciones, porque sus palabras han
producido sonrojo. De manera que, o permiten concluir la
intervención, señor presidente, o nosotros tendremos que
interrumpirla ante la imposibilidad de hacer una exposición
coherente, en vista de los jocosos comentarios que se permiten y que
dicen bien poco de la actitud de los representantes que hoy asisten a
la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, yo le agradezco su intervención;
pero le quiero recordar que precisamente el Grupo Parlamentario
Socialista no es un dechado de virtudes en ese aspecto. Yo encantado
de que usted haga las reclamaciones que estime oportunas, pero luego
las cumpliremos todos. No he detectado que se salgan de lo habitual
en las comparecencias las exclamaciones que puedan haber hecho los
miembros del Grupo Parlamentario Popular; no se han diferenciado en
nada de las que pueda haber hecho el Grupo Parlamentario Socialista
en la intervención o en la comparecencia anterior, en la que más de
una vez he tenido que llamar no al orden, porque no es la costumbre
de este presidente, pero sí la atención para que moderasen
expresiones o gestos, que usted sabe que es una cosa muy habitual en
su grupo, en todos los grupos parlamentarios y en toda la práctica
parlamentaria.
Puede continuar la señora Contreras.
La señora MONTES CONTRERAS: Por último, yo quería plantear el asunto
de la encefalopatía espongiforme, en el que en su momento tampoco
vimos esa coordinación y esa actuación decidida por parte del
Gobierno. Ahora, cuando se ha producido el levantamiento del embargo
a las exportaciones de la Unión Europea del vacuno británico,
queríamos hacerle una serie de preguntas al señor Polledo para
tranquilizar, si es posible, a la población sobre los riesgos a los
que nos podemos estar enfrentando.
A mi grupo le gustaría saber si se han pedido los informes
preceptivos de los expertos. Nos gustaría conocer también qué papel
es el que ha jugado el Ministerio de Sanidad y Consumo en relación
con el Ministerio de Agricultura en la posición que el Gobierno
español ha mantenido; le recuerdo que se ha abstenido. ¿Por qué se ha
abstenido? ¿Está en condiciones o no de garantizar la seguridad en el
consumo del vacuno procedente de Inglaterra? ¿Qué garantías puede
ofrecer a los ciudadanos?
Y, por último, le voy a hacer un par de preguntas al hilo de su
exposición, señor Polledo. Una es si me puede explicar cuál es el
motivo de las seis reuniones extraordinarias que ha celebrado la
Comisión de salud pública. Yla segunda: si ese borrador sobre el
estado de salud de los españoles es el que pidió el Grupo Socialista
en el debate sobre el Estado de la Nación y al que el Grupo Popular
votó en contra, rechazó.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor director
general de Salud.
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA (Francisco Polledo):
Quiero agradecer la intervención del señor Alcalde, sobre todo en
tres aspectos concretos. Los que trabajamos en esto, en la salud
pública, somos muy sensibles a aquellos que lo son a su vez con la
repercusión pública que los programas de salud pública pueden tener,
y de hecho tienen, sobre todo con la intranquilidad ciudadana que se
produce en las soluciones, cuando son distintas para problemas
similares.
Yo creo que el Estado de las autonomías tiene muchas ventajas,
incluso para el campo de la salud pública, pero tiene también algunas
derivaciones que en momentos determinados son extraordinariamente
difíciles de gestionar.
Agradezco también la sensibilidad en relación con el trabajo que
se ha desarrollado en materia de salud laboral. Es un tema complicado
en el que la Administración sanitaria tiene dificultades para entrar,
porque no hay una gran tradición. Sin embargo, no es difícil prever
que en el ámbito de la salud pública los aspectos de salud laboral en
el próximo siglo van a ser, sin duda ninguna, los de mayor
importancia. Hemos cogido ese tema de una manera muy prematura, muy
rápida; estamos consiguiendo que las comunidades autónomas lleven un
ritmo más o menos acompasado. Hemos sido capaces de aprobar unos
criterios, comunes para todas ellas, para acreditar los servicios
médicos de los servicios de prevención. Y si, como apuntaba S.S.,
somos capaces a lo largo de este año de pactar un sistema de
información uniforme, habremos hecho una labor muy interesante.
Le agradezco especialmente la permeabilidad a las explicaciones que
se han dado en relación con el tema del Plan integrado de salud. Yo
creo que ahí hemos tenido cierto valor al decir que eso estaba así y
que había que hacer el análisis correcto de acuerdo con cuál ha sido
el devenir de los tiempos y cuáles eran las previsiones y los
acontecimientos, dando una salida razonable a la situación en la que
nos encontramos mediante la elaboración de un informe, que puede ser
muy bueno en sí mismo, pero que además puede propiciar
definitivamente en la próxima etapa planificadora en la que vamos a
ingresar -también las comunidades autónomas- el que podamos llegar de
verdad en su día a un plan de salud común. Es evidente que en este
momento sería absurdo, salvo que fuese una obsesión por dar una
cobertura o un cumplimiento meramente formal a una previsión de la
ley, decir que tenemos el Plan integrado de salud simplemente sumando
planes de salud de comunidades autónomas, cuando distan unos de otros
12 años; cuando algunos son la tercera versión y otros la primera;
cuando algunos son mixtos, otros asistenciales, otros salubristas;
cuando algunos son documentos aprobados por el Parlamento y otros
simplemente documentos técnicos. Tenemos que buscar una buena salida
a través de este documento, «El estado de salud de los españoles»,
que además nos tiene muy ilusionados.
Con relación a la señora Montes Contreras, la cuestión es que
nosotros estamos convencidos (y cuando hablo en plural no me refiero
solamente al Ministerio de Sanidad y Consumo, sino a él más las
comunidades autónomas) de que estamos haciendo una labor de
coordinación muy buena. Estamos siendo capaces de recepcionar el
derecho comunitario de una manera uniforme en el conjunto del Estado.
Cuando yo les cuento a los alemanes cómo lo estamos haciendo en
España, les sorprende, porque no es fácil que sea así, y no lo es en
Alemania. Estamos pactando programas concretos, no hay ninguna
comunidad autónoma que esté tomando decisiones sin saber qué es lo
que hacen las otras. Con mucha frecuencia se llega a la uniformidad
y, siendo posible, no se están produciendo grandes divergencias en el
desarrollo de las competencias de salud pública por parte de las
comunidades autónomas. Hacer eso, señoría, es muy difícil,
extraordinariamente difícil, muy complicado, y nos sentimos muy
orgullosos de ello; por eso, somos extraordinariamente sensibles a
cualquier valoraciónpeyorativa que se pueda hacer de esa labor,
porque
además de ser injusto, nos haría daño a la hora de poder seguir
desarrollando esa labor, que se realiza en el seno de una Comisión
con un nivel de funcionamiento aceptable. Creo poder asegurar,
comparando con cualquier otra política en la que haya una
distribución de las competencias con carácter exclusivo a todas las
comunidades autónomas, que nunca más que en este caso se habrá
llegado a niveles de coordinación como éstos. Y ése es un equilibrio
muy delicado, y creo que es una pequeña joya; es una joya del Sistema
Nacional de Salud, no del Ministerio de Sanidad y Consumo, y debe ser
apreciada como tal, se ha de rectificar cuando haya equivocaciones,
pero no minusvalorarla de una manera genérica, porque, insisto, sobre
la injusticia se suma el hacerla un daño que puede ser importante a
la hora de conseguir sus funciones. Eso en lo relativo a políticas de
salud pública al uso. Porque usted, sin pretenderlo -y perdón por el
término-, me desquicia un poco el debate cuando me hace una
definición de la salud pública. Por cierto, hay salubristas que la
entienden así y la confunden con lo que usted la ha confundido, con
la felicidad; más o menos sí. Ese enfoque ha hecho mucho daño
académicamente en el campo de la salud pública. Ha sido una visión
que, por querer abarcar mucho, después ha tenido que relajarse en la
diletancia de no servir para nada. Estamos más comprometidos con
enfoques de salud pública más concretos, más ligados a políticas
sanitarias de verdad, que al final acaban sirviendo para algo. En
cuanto al otro enfoque, le puedo admitir incluso que se puede
rastrear en documentos de la propia Organización Mundial de la Salud,
pero son teorías que en el campo salubrista dan lugar a
comunicaciones, a congresos, a artículos, a introducciones de libros,
incluso a libros, aunque tradicionalmente (y eso está acuñado y yo le
podría ofrecer algunos trabajos para que los leyera que la
persuadirían de hasta qué punto tengo razón), en general, producen
pocos beneficios en términos de salud para los ciudadanos. Son
enfoques que se suelen olvidar de los ciudadanos y van a
planteamientos muy academicistas. Si me lleva el debate ahí,
evidentemente no estamos haciendo labor de coordinación, porque no es
ésa la salud pública que entendemos nosotros ni nadie. En estos
momentos la salud pública que se puede hacer desde la Administración
sanitaria es un campo concreto que tiene unos perfiles y unas
coordenadas. Y en ese campo concreto, con esos perfiles y esas
coordenadas, le puedo garantizar que lo que estamos haciendo está muy
bien; se puede explicar, es meritorio e, insisto, es una pequeña joya
para el Sistema Nacional de Salud.
Yo admitiría que hay ejemplos en los que la coordinación ha ido a
veces mejor y otras peor, pero eso no son los problemas de salud. Los
problemas de coordinación son los que sean. Con la hepatitits C usted
sabe como yo exactamente qué es lo que ha pasado, y no es un problema
de coordinación precisamente. Y lo mismo le puedo decir en relación
con los accidentes domésticos, con los accidentes laborales o con los
accidentes de tráfico.
El otro día, preparando la comparecencia de hoy, repasé mi
intervención, creo que de abril del año 1997, que finalizaba en una
réplica reconociendo la actuación del Congreso de los Diputados y de
la Comisión de Sanidad en relación con la crisis de la meningitis.
Fue una actitud muy inteligente por parte de todos los grupos, y me
gusta reconocerlo
expresamente. Yo creo que sería muy bueno que siguiéramos en
esos términos, señoría, y le prevengo sobre cualquier tipo de enfoque
o de posibilidad de hacer un análisis del pasado en términos tan...
No quiere el director general de Salud Pública hacer valoraciones de
dónde ha habido más meningitis o menos meningitis, y le ruego,
señoría, que no entre en ese tema. De verdad, sinceramente, no
entremos en ese tema, porque yo creo que es mejor no hacerlo, porque,
si no, vamos a tener que repasar quién vacunó, quién no vacunó, quién
vacunó a todos de una manera expresa, quién vacunó a casi todos pero
no lo dijo, quién a pesar de eso tiene más, tiene menos. Yo no
aconsejo ese debate; ésa es una página pasada, y muy desgraciada. Yo
le recomendaría muy sinceramente que no escuche a quien le hable de
informes apócrifos, que no existen, ni a quien le recomiende lecturas
porque a lo mejor resulta que es quien está muy preocupado; dejemos
ese tema. El asunto de la meningitis se superó de una manera
razonable con la ayuda de ustedes y está en el pasado. La meningitis
evoluciona bien en este momento; no nos planteamos temas de
revacunación ni de nada, y yo creo que se actuó de una manera
razonable.
No es justo tampoco (se lo digo porque al hacer esas cosas a veces se
hace daño a profesionales que están detrás) su enfoque en relación
con la legionella del hospital Miguel Servet. Ha sido el propio
hospital el que ha elaborado la nota de prensa señalando lo que
había, el que ha tenido una actuación rápida y ha establecido una
hipótesis con bastante rapidez. Se está llevando técnicamente y de
una manera razonable; yo creo que no es justo decir eso. Los brotes
por legionella en los centros sanitarios son típicos en Europa por
diversas razones; existe una doctrina al respecto. Hablando de
coordinación -sé que no lo había señalado-, a este brote se puede
hacer frente con un protocolo aprobado en la Comisión de Salud
Pública, que uniformiza cuáles son los pasos a dar ante estas
cuestiones. Pero, si con cada problema de salud que vaya a aparecer
en nuestro país -si este año aprieta la gripe- vamos a juzgar que no
hay política de coordinación en materia de salud pública, no es
justo.
En el tema de la encefalopatía espongiforme, tampoco puede expresarse
como lo ha hecho. Hemos trabajado y muy bien, y con las comunidades
autónomas; ha habido un buen trabajo. Además de haber realizado un
buen trabajo seguramente hemos tenido algo de suerte y ni hemos
tenido casos de vacas locas ni nos ha entrado carne inglesa;
cualquiera de las dos cosas podía haber ocurrido. Hemos conseguido
que no fuera así y lo seguimos consiguiendo, incluso ante situaciones
como la de Portugal, que sabemos que es mala y está lindando con
varias comunidades autónomas; en algunos puntos de ellas
prácticamente no se sabe cuándo los animales están pastando a un lado
o a otro lado de la frontera. Hemos actuado con medidas unilaterales
adoptadas contra otros países europeos, y que han sido vistas con
dureza por parte de los servicios de la Comisión. Hemos conseguido
que las comunidades autónomas lo aplicaran. No crea usted que es
fácil eliminar las vísceras de riesgo de todos los animales
procedentes de Francia, de Bélgica y de Irlanda; no es sencillo, es
muy difícil hacerlo. Y lo hemos hecho de una forma razonable y con
bastantepoca alharaca. Estamos muy orgullosos de haber hecho
eso, no podemos recibir esa crítica. En otras cosas a lo mejor sí,
pero no en ésa.
Levantamiento del embargo. Tengo apuntadas las preguntas que me hace
al respecto. Informe de los expertos. El comité rector (ya sabe que
la Unión Europea se ha dado un comité «ad hoc» para el tema de vacas
locas, hay un comité que se llama el Comité Rector) ha informado
favorablemente la propuesta del levantamiento del embargo con los
requisitos que se establecen.
El papel del Ministerio de Sanidad y Consumo con el Ministerio de
Agricultura. El voto, tanto en el comité veterinario permanente
inicialmente como el voto en el Consejo de Ministros de Agricultura,
fue pactado entre ambos departamentos, y estamos trabajando
conjuntamente en este problema; no por nada, sino porque no podía ser
de otra manera. ¿Por qué nos abstuvimos? Hay varias razones; una de
ellas era que habíamos reaccionado con dureza frente a Portugal, y
era un ejemplo de un país vecino, my cercano. Y después, existe algo
con lo cual hemos venido no estando de acuerdo, y es la fecha. Lo del
otro día se trataba de un aspecto formal; falta mucho todavía para
que pueda llegar carne inglesa a cualquiera de los países de la Unión
Europea, faltan por lo menos cuatro o cinco meses. Según la decisión
que se adoptó, la fijación de la fecha en la cual entrará en vigor el
acuerdo queda en manos de los servicios de la Comisión de la Unión
Europea, mientras que nosotros queríamos que decidiera el Consejo de
todos los países, de todos los Estados miembros. Eso no se eliminó y,
por tanto, nos abstuvimos nosotros, igual que Francia y algún otro
país. ¿Se garantiza la seguridad? Garantizar la seguridad ya sabe
usted que es una cuestión de porcentajes. Las condiciones en las que
se ha aprobado el levantamiento del embargo a Gran Bretaña, con
animales de entre seis y treinta meses, nacidos después del 1 de
agosto de 1996, y en el que haya garantías documentales de que su
madre ha sobrevivido por lo menos seis meses después del nacimiento
de los animales, y además sólo para que se pueda exportar en todo
caso carne deshuesada, creemos sinceramente que es un elemento de
garantías en este momento. La única cuestión que puede quebrantar esa
garantía sería una práctica que violentara el que eso fuese así, es
decir, una práctica fraudulenta en origen, no esperable, porque Gran
Bretaña ha incrementado notablemente su sistema de inspección y de
control. Yo creo que tiene my claro que cualquier tipo de problema
que se generase a partir de este momento se traduciría en serias y
enormes dificultades. No pienso que por ahí vayamos a tener graves
problemas. Hemos de prestar en estos momentos más atención a Portugal
que a Gran Bretaña.
Las seis reuniones extraordinarias se produjeron todos los lunes de
los meses de marzo y abril del año 1997 con motivo de la crisis de la
meningitis C. Ésas son las seis reuniones extraordinarias.
Y yo no puedo contestar con exactitud a lo que me pregunta sobre si
este borrador es el que ustedes pedían en el debate sobre el Estado
de la Nación, porque desconozco en concreto qué era lo que se
solicitaba o de qué se habló. Pero lo que sí le puedo decir es que
éste es el sexto borrador. Lo tenemos bastante avanzado; en su
momento a mí me gustaría
poder presentarlo ante esta Comisión y que ustedes fueran los
primeros que lo conocieran. Yo creo que esto puede ser una realidad
en la primavera del año que viene.
Eso es todo. (El señor Alcalde Sánchez y la señora Montes Contreras
piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sus señorías saben que no existe segundo turno
en este tipo de comparecencias. Por un minuto, tiene la palabra el
señor Alcalde.
El señor ALCALDE SÁNCHEZ: En primer lugar, agradecer al señor
Francisco Polledo que haya aclarado, como zaragozano que soy y como
diputado por esa circunscripción, la situación del brote de
legionelosis en el hospital Miguel Servet, disipando cualquier
intento de crear alarma social.
Quiero sacar también al señor Francisco Polledo del posible estupor
que haya podido tener hoy aquí al escuchar unas declaraciones de
intenciones retóricas, que por otra parte podemos compartir todos los
grupos parlamentarios, sobre la vivienda, el acceso al poder de la
mujer, la igualdad, la pobreza, e incluso se ha llegado a hablar del
impuesto sobre la renta. Pero quiero aclararle que hoy, señor
Francisco Polledo, se ha votado, se ha aprobado en este Congreso de
los Diputados la reforma del impuesto de la renta con el apoyo del
Grupo Popular y con el voto en contra del Grupo Socialista, y algunos
quizá no hayan superado todavía ese trauma.
El señor PRESIDENTE: Señora Montes, tiene la palabra.
La señora MONTES CONTRERAS: Yo simplemente quería hacerle ver al
señor Polledo que en ningún momento mi intervención ha sido
peyorativa; me parece no haberlo expresado así. En cambio, la tónica
de sus respuestas, a principio sobre todo, no acabo de encajarla
bien; es la verdad. Le he dicho que nos alegramos de escuchar por
parte del señor Polledo que en este país tenemos política de salud
pública. Me parece importante que se continúe trabajando en las
líneas que ya teníamos abiertas, líneas de trabajo clásicas en el
tema de la salud pública; pero no podemos olvidar ese otro objetivo
que hemos de conseguir entre todos, y yo creo que para el Gobierno
debería de ser una de las metas, porque está consagrado en la
Constitución lo que es la igualdad de todos los españoles, con
independencia de que se resida en una región o en otra. Si la
situación de la salud de los españoles, al menos por los datos que yo
tengo, y usted no me los ha contradicho, señala que hay diferencias
en los niveles de salud dependiendo de las comunidades autónomas en
las que se encuentren los ciudadanos, yo creo que es obligación del
Gobierno actuar para reducir esas diferencias, y por eso me parece
importante que, vía financiación de todas las partidas
presupuestarias, se vaya incrementando, o al menos respetando, el
número de ciudadanos. Le he hablado del censo de población, es
verdad, censo de población que el Gobierno del Partido Popular no
reconoce, y que provoca que, por ejemplo, en Andalucía haya 400.000
ciudadanos que no reciben financiación autonómica; esto es así, le
guste o no al señor Polledo. (Rumores.)
Cuando he hablado de la reforma del IRPF es porque me parece que eso
tiene una incidencia en la calidad de vida de todos los ciudadanos,
desde luego negativa en los que tienen menor poder adquisitivo. Si el
Grupo Popular no lo comparte, me parece perfecto que no lo comparta,
pero, por favor, pido que se respeten las opiniones.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo el señor Polledo?
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA (Francisco Polledo): Yo no
hacía frente tanto a que hubiera en su intervención un juicio
peyorativo, sino ciertamente a que algunas veces sí que se han oído
juicios peyorativos en relación con el tema de la coordinación en
materia de salud pública o sobre una supuesta evanescencia del
departamento en este tema. Aeso es a lo que quería salir al paso.
El señor PRESIDENTE: Terminado el orden del día, se levanta la
sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.
NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Sanidad y
Consumo, del jueves, 26 de noviembre de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.