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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 580, de 26/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 580
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 37
celebrada el jueves, 26 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria general de Asuntos Sociales
(Gómez Gómez) para informar sobre:
- Previsiones del Gobierno en la relación con el futuro del programa
de turismo social y de termalismo social. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente
212/001185.) ... (Página 16952)
- Previsiones del Gobierno en materia de protección de las personas
mayores dependientes. A solicitud del Grupo anterior. (Número de
expediente 212/001339.) ... (Página 16958)
Preguntas:
- Del señor Jordano Salinas (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre proyectos previstos para mejorar la situación actual de las
pensiones que reciben los emigrantes españoles, especialmente los
residentes en los países de Hispanoamérica. (Número de expediente
181/001758.) ... (Página 16965)
- Del señor Jordano Salinas (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre actuaciones previstas para facilitar a los
emigrantes españoles el retorno a su país de origen. (Número de
expediente 181/001759.) ... (Página 16965)
- Del señor Jordano Salinas (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre medidas para facilitar el ejercicio del derecho a
participar en las elecciones municipales autonómicas y generales
a los emigrantes españoles. (Número de expediente 181/001760.) ...
(Página 16965)
- Del señor Jordano Salinas (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre medidas previstas para que los hijos de los
emigrantes españoles puedan visitar, conocer y estudiar en España.
(Número de expediente 181/001761.) ... (Página 16965)
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES
(GÓMEZ GÓMEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL FUTURO DEL PROGRAMA DE
TURISMO SOCIAL Y DE TERMALISMO SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
212/001185.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión, señoras y señores
diputados, dando la bienvenida a la secretaria general de Asuntos
Sociales, doña Amalia Gómez, cuya comparecencia ha solicitado el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comenzamos con el punto primero del orden del día, relativo a la
comparecencia para informar sobre las previsiones del Gobierno en
relación con el futuro del programa de turismo social y de termalismo
social.
Doña Amalia Gómez tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Voy a
informar, en primer lugar, sobre el programa de turismo social y voy
a detallar no solo los incrementos sino también las innovaciones en
el año 1998 y de cara al ejercicio de 1998-1999.
Tengo que dejar constancia de que se ha producido un crecimiento
importante tanto en las plazas de origen como en las zonas de
destino, dejando constancia de una evolución positiva que ha venido a
satisfacer toda una serie de demandas y exigencias de los usuarios.
Las novedades principales de un programa de vacaciones consolidado
son las siguientes. Se ha incrementado el número de plazas hasta un
total de 390.000; es decir, se ha producido un incremento de 30.000
plazas en las tres legislaturas responsabilidad del Gobierno, de las
cuales 15.000 se ofrecen en circuitos culturales. Dentro
de estas 390.000 plazas hay 38.000 que son de turnos de ocho días y
siete pernoctaciones en los destinos tradicionales de costa. Eso se
ha hecho para permitir el acceso de muchos pensionistas que, por
distintos motivos, no podían acceder a turnos de 15 días y a petición
del sector, con lo cual se diversificará la oferta y se hará
indudablemente más atractivo el programa. Es la primera vez que se
hace y, repito, se ha hecho a requerimiento del sector.
Por primera vez, el incremento en plazas de circuitos culturales, de
8.000 a 15.000, se harán contando con la totalidad de comunidades
autónomas como zonas de destino. Éste era un programa interesante
porque significaba, por una parte, posibilitar a las personas mayores
el conocimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural y el
descanso y, por otra, consolidar puestos de trabajo en zonas del
interior de las comunidades. Este año se van a cubrir la totalidad de
las comunidades autónomas como centro de destino.
Por otra parte, crece un programa que se inició el año pasado de
intercambio de pensionistas con Portugal. Hemos pasado de 1.500
españoles que marcharon a Portugal a 1.500 portugueses que vinieron a
España, a una previsión de 3.000 personas para el ejercicio 1998-
1999. Igualmente se ha incrementado la oferta de plazas a emigrantes
españoles residentes en Europa y en Iberoamérica, que han pasado de
11.500 a 16.000.
La comercialización es, quizá, la novedad más importante que se ha
producido en esta temporada. Sobre la comercialización mantenían una
queja las comunidades autónomas en el seno de la conferencia
sectorial, ya que los ciudadanos y ciudadanas del medio rural de
pueblos de menos de 10.000 habitantes tenían muchas dificultades para
acceder a este programa. Este año, contando con la colaboración de
ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, se ha permitido una
prerreserva, con la colaboración de los ayuntamientos, de manera que
se pudiera facilitar el acceso a este programa. También se ha hecho
una más justa distribución de las plazas al dar prioridad en la
adquisición de billetes a aquellas personas que no habían viajado en
la temporada anterior. Esto ha sido importante porque había muchas
personas que estaban molestas porque no podían acceder y, en cambio,
otras, al no haber ningún tipo de control, podían viajar una o
más temporadas. Esto lo hemos hecho fraccionando el período de
ventas: en la primera fase solamente podían reservar plazas los
usuarios residentes en poblaciones de menos de 10.000 habitantes; en
la segunda fase, los usuarios que no se hubieran beneficiado del
viaje el año anterior, y en la tercera fase, venta libre para los
usuarios que no se encontraran en los requisitos anteriores. Esto ha
significado, primero, tener un perfil mucho más claro de los
demandantes de este programa; segundo, penetrar en el medio rural,
que era la asignatura pendiente; tercero, mantener los actuales
acuerdos de cupo con los ayuntamientos, aunque se fija un tope de un
10 por ciento de las plazas totales de cada provincia, y cuarto, y
esto era lo más importante, han desaparecido las largas colas de
espera a la hora de reservar estos programas.
Como innovación para la próxima temporada, y esto es muy importante,
ampliamos el sistema de acreditación. Este sistema se inició el año
pasado en el medio rural para evitar que personas que no reúnan todos
los requisitos puedan acceder al programa y, sobre todo, para
garantizar que acceden al mismo los que verdaderamente lo tienen que
hacer en función, no sólo del requisito de edad, sino, sobre todo, de
requisitos económicos. Seguimos incrementando la dotación de plazas y
también afianzando el turismo con usuarios residentes en los países
de la OCDE.
Los beneficios de este programa de vacaciones que, como ustedes saben
se inició hace 12 años, son importantes, pero quiero reiterar los que
me parecen más significativos. En primer lugar, el acceso al programa
a través de un precio único, independientemente del lugar de
residencia. Este requisito sólo se puede mantener mientras el
programa de turismo social esté en el ámbito de la Administración del
Estado: un precio único, se proceda de donde se proceda y se vaya
donde se vaya. Por tanto, hacemos solidaridad interterritorial. En
segundo lugar, también es muy importante el mantenimiento de puestos
de trabajo que, con el incremento de las plazas, este año se estima,
según un informe que ha hecho Price Waterhouse Coopers, que serán más
de 6.000 empleos directos, y 27.000 indirectos en baja temporada en
las zonas turísticas y donde hay un equipamiento e infraestructura
hotelera; puestos de trabajo que sólo se pueden mantener si se
realizan con este diseño y en este marco.
Quisiera recordar a SS.SS. que el programa sigue teniendo una
aceptación importante, como no podía ser menos, sobre todo cuando
cada vez más las comisiones de seguimiento -comisiones compuestas por
empresarios, sindicatos y representantes de corporaciones locales-
pueden hacer un seguimiento no solo de la calidad, sino también de
las denuncias o quejas que se puedan presentar. Por otra parte, las
comunidades autónomas tienen acceso a la distribución de plazas, a
los requisitos en cuanto a las preferencias de destino y a la
posibilidad de hacer propuestas de modificación, como se hizo el año
pasado en la conferencia sectorial, que fueron recogidas a la hora de
planificar las innovaciones del año 1998- 1999.
Las zonas de destino y precios son los siguientes: Los turnos de 15
días tendrán lugar en Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad
Valenciana, e Islas Baleares. El precio
es de 26.100 pesetas para todas las comunidades, excepto
Baleares, que son 30.400. Los turnos de ocho días tienen como destino
las mismas comunidades autónomas, excepto Murcia, así como Portugal y
Canarias. Los precios son de 16.800 para todas y 27.800 cuando el
destino es Canarias.
Del total de las plazas para la estancia de 15 días, 16.200 están
destinadas a españoles residentes fuera de España. Por tanto, si las
plazas que se ofertan a españoles residentes fuera de España este año
han pasado a ser 16.200, esto quiere decir que en los tres últimos
ejercicios presupuestarios se ha producido un incremento superior a
4.000 plazas en esta área.
Respecto al programa de circuitos culturales, las 15.000 plazas
existentes para la temporada 1998-1999 se distribuyen en las
diferentes comunidades autónomas, oscilando entre las 4.000 plazas
para la Comunidad Autónoma de Galicia y las 700 plazas para las
comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco.
Por lo que se refiere al termalismo, el número total de plazas ha
pasado de 75.000. Quiero recordar a SS. SS. que, en el año 1996, el
número de plazas era de 60.000; por tanto, son 15.000 plazas más en
1999. El número total de estaciones termales que participan es de 57
balnearios. En cuanto al período de funcionamiento del programa,
atendiendo a un deseo de todas las estaciones termales que participan
en él, la temporada de funcionamiento va a ser durante todo el año, a
partir de 1999. Lo que pasa es que serán sólo 23 estaciones las que
lo hagan y algunas comienzan los turnos en el mes de febrero.
Queremos conseguir que el termalismo, que no solamente es turismo de
ocio y de tiempo libre sino también un mecanismo muy eficaz para la
prevención y sobre todo para el tratamiento crónico de ciertas
enfermedades, no se reduzca sólo a temporada de baja afluencia de
beneficiarios sino que se pueda extender a todo el año. Por eso,
estamos hablando con la asociación de representantes de propietarios
y gestores de estaciones termales.
En la actualidad, se ha iniciado un nuevo servicio importante, el
acercamiento de las personas, con transporte desde la capital donde
se ubica el balneario hasta el municipio o la localidad donde éstas
se encuentren. Es muy importante resaltar que 29 de las 57 estaciones
termales van a tener ese servicio este año, servicio muy demandado
por el sector.
Respecto a la resolución de la convocatoria, como S. S. sabe, hay dos
plazos para presentación de solicitudes: la gente que quiera
aprovecharse de las estaciones termales de febrero hasta agosto,
tiene de plazo hasta el 11 de enero de 1999 y quienes quieran
beneficiarse de septiembre a diciembre, tienen de plazo hasta el 17
de mayo.
Otra innovación del año 1999 es que se va a hacer un estudio completo
de los informes post-cura termal de los usuarios del programa. Con
esto queremos orientar y sugerir cuáles son los mejores destinos en
función de lasnecesidades terapéuticas de los usuarios. Al igual que
en el programa de turismo social, lo fundamental es el mantenimiento
de un precio único, y el precio único de los balnearios está en
función de las características y de losservicios que éstos ofrecen.
Como saben, existe un
amplio abanico de posibilidades, de productos, de asistencias, que se
explicitan muy bien en los pliegos y, sobre todo, en las ofertas al
sector.
Desde el punto de vista del empleo, el desarrollo del programa de
termalismo comporta los siguientes datos: puestos de trabajo
directos, 1.136, que se mantienen durante todo el año, y empleos
inducidos, 6.702. Son datos de 1997, que se verán incrementados de
cara al año 1999 al haber habido incremento presupuestario y de
dotación de plazas.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
doña Mercè Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, ante todo, quiero agradecer la
comparecencia de doña Amalia.
El Estado de bienestar es un importante instrumento de cohesión
social y el modo de hacer reales los derechos de la ciudadanía. Por
este motivo, debe alegrarnos estar hablando del programa de
vacaciones y termalismo, dedicado a las personas mayores. No voy a
hablar de este programe en concreto, puesto que es de todos y todas
conocido, tanto por sus ventajas directas como indirectas, pues no
debemos olvidar que esta iniciativa de vacaciones se realiza fuera de
temporada turística, lo que conlleva una continuidad de muchos
contratos laborales y generación de negocio en aquellas localidades
turísticas que acogen a este colectivo de jubilados.
Señorías, señora secretaria general, si bien es cierto que el
programa es beneficioso, la organización de las vacaciones suele
conllevar incomodidades a sus usuarias y usuarios, puesto que, al ser
gestionados los criterios de selección en un sistema centralizado y
al ser recibidas solicitudes a través de agencias de viajes
concertadas, los jubilados y jubiladas deben desplazarse allí donde
están dichas agencias y deben guardar cola horas antes de su
apertura, haciendo ese trámite más dificultuso para aquellos posibles
beneficiarios o beneficiarias con mayor dificultad de movilidad. Esto
conlleva la percepción para este colectivo de que siempre viajan los
mismos. Estos desequilibrios podrían ser paliados por la posibilidad
de gestión desde las comunidades autónomas así como un sistema
pactado de su gestión.
Señora secretaria general, este traspaso de gestión es un compromiso
incumplido, que no debe tomarse como una reivindicación nacionalista
sino como lo que es y como lo que son todas las demandas de
competencia de gestión, con el ánimo de dar el mejor servicio a la
ciudadanía. Por este motivo desearíamos preguntarle cuándo cree que
serán posibles estas transferencias de gestión.
Asimismo nos preocupa el criterio de selección, pues es conocido por
todos que el grado de satisfacción de este colectivo de jubilados y
jubiladas que viaja en este programa es del 98,65 por ciento en la
temporada 1997- 1998, pero no olvidemos que este porcentaje de
satisfacción es de los usuarios que realizan el viaje. El que nos
preocupa es justamente el colectivo que no llega a realizar estos
viajes, un colectivo en el que se encuentran muchas mujeres viudas
que, cuando han tenido oportunidad
de hacerlo por su estado económico, no han podido porque, a lo
mejor, han tenido a su cónyuge imposibilitado, y cuando pueden
hacerlo, se encuentran con que su pensión ha disminuido al 45 por
ciento de la pensión de jubilación del marido. Esto hace que se
encuentren con menores disponibilidades para poder acceder a estas
vacaciones, bien merecidas, dado que también han sido dispensadoras
de un servicio social cuando no podían realizar los viajes.
Por eso, le queremos preguntar cómo se va a poder dar cobertura en
temporadas futuras a todos los colectivos de jubilados y jubiladas,
independientemente de la percepción económica que tengan. Aunque son
precios muy asequibles -de los turnos de ocho días, el más económico
es de 16.800 pesetas y el más caro, a Canarias, 27.800 pesetas por
semana-, para una parte de este colectivo de jubilados y jubiladas es
un dispendio elevado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Matilde Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias por su información, señora
secretaria general.
La petición de esta comparecencia por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) nos parece interesante, incluso la polémica que
plantea. Cuando intentaba saber el motivo por el que se pedía la
gestión del programa de vacaciones, pensaba que el Grupo de
Convergència i Unió hablaría de la descentralización y de la
transferencia. Creo que el mayor error que cometería el Gobierno
sería transferir el programa de vacaciones de la tercera edad, el
programa de termalismo. Ojalá en nuestro período de Gobierno
hubiéramos hecho algún programa más, pero no hubo tiempo; ojalá lo
haga el Gobierno actual, si lo valora de igual manera. Por ejemplo,
intentar recuperar un programa de ayuda a domicilio, claro está que
con diálogo, pacto y consenso con las comunidades autónomas, que
tuviera ámbito estatal, lo que nos permitiría estar desarrollando la
política de los nuevos yacimientos de empleo, las políticas activas
de un Estado, condicionando en positivo la creación de empleo allá
donde el mercado no es capaz de hacerlo, posiblemente porque no
encuentra suficientes márgenes. Si se hace la transferencia a
diecisiete comunidades autónomas, no será posible mantener un
programa con los niveles de empleo que nos ha recordado la secretaria
general y que el informe de Price Waterhouse recuerda perfectamente.
No será posible que los siete mil y pico millones de pesetas que
dibujan los Presupuestos Generales del Estado vuelvan a las arcas del
Estado por cotizaciones de desempleo no cubiertas por el Inem, porque
están en activo, por cotizaciones de Seguridad Social porlos
empresarios y trabajadores, y por IVA de los empresarios. No será
posible hacer ese cierre, progresista interpretación de la filosofía
keynesiana, si el programa de vacaciones o el de termalismo se divide
entre 17; siempre habrá una comunidad autónoma como la suya, señoría,
la catalana, o con tanto sol y tanto mar como las islas
o como Andalucía, que sobrevivirían de la mejor manera posible
desarrollando programas autonómicos, pero nunca podrán administrar el
movimiento potencial de tantas y tantos pensionistas y nunca podrán
hacer una gestión de economía de escala que permita que vuelvan a las
arcas del Estado casi los mismos recursos y crear veintitantos mil
empleos.
Puede que la secretaria general, que le gusta hacer ejercicio
parlamentario, me diga: Alguna vez ha habido un presidente socialista
que también ha tenido la tentación de la transferencia. Es cierto,
nosotros alguna vez hemos tenido esa tentación y hemos intentado
reconducirla y hacernos ver entre todos que, centralizando este
programa, desde el punto de vista económico y de creación de empleo,
es positivo, y transferido ya es otra cosa. Además, en el Grupo
Socialista siempre pensamos que todas las comunidades autónomas
tenemos competencias para hacer algo parecido, para hacer, por
ejemplo, un programa para personas con rentas más bajas, para mujeres
solas con cargas familiares, para personas más jóvenes, para
minusválidos, etcétera. Nosotros podemos estimular en cada comunidad
autónoma un programa reducido al ámbito en el que actuamos y tenemos
responsabilidades políticas.
Como he sido espontánea y no he seguido el papel, no sé si he sido lo
suficientemente clara y precisa, pero quisiera dejar clara cuál es la
posición del Grupo Socialista, aun reconociendo que algunas veces han
aparecido voces diciendo: A lo mejor nosotros también queremos esta
competencia, con el ánimo de tener la máxima descentralización y el
mayor número de competencias posible. Los socialistas somos
conscientes de que el éxito de este programa radica en su capacidad
económica y de creación de empleo, en la medida en que es de ámbito
estatal, lo que no impide que lo mejoremos, lo maticemos y lo
ampliemos desarrollando otros complementarios en nuestro ámbito.
Dicho esto, después de escuchar a la secretaria general y de leer un
informe que por escrito, en contestación a mi grupo, recibimos
recientemente del departamento, quisiéramos decir que nos ha parecido
interesante la propuesta de este año en cuanto a cambios de
procedimiento, reservar un número determinado de plazas para los
municipios más pequeños y con una venta anterior. Sólo nos preocupa
una cosa: las dificultades de control que puede haber al acercarse a
un municipio pequeño. Si alguna vez ha tenido dificultades el
programa de vacaciones, en la medida en que se avanzaba en el
desarrollo informático, e incluso con éste, se han debido a la
picaresca. Hace mucho daño al programa que se produzca la siguiente
queja en una emisora de radio o en una carta a un periódico: Es que
yo he ido a las seis de la mañana del primer día y para el sitio
bueno de Tenerife ya no he encontrado plaza. Cuando uno consigue que
un inspector del Ministerio vaya e investigue, dentro de lo
complicado que es eso, se encuentra con que han sido los padres de
dos o tres profesionales de esa agencia de viajes o de otra. Eso se
sabe que forma parte de la condición humana, que no hay tecnología
posible que lo haga funcionar mejor, pero un comentario en una
emisora de radio o una carta en un periódico deteriora la imagen de
programas
tan buenos, como los de turismo y termalismo. Es difícil de evitar
por mucha informática o por muchos mecanismos de control que se
quieran poner en marcha. Ante un procedimiento que se sigue
descentralizando, acercando a municipios pequeños, la petición que
hago al Ministerio es: vigílese, porque lo que más perjudica a este
programa es la queja que difícilmente puede asumir como
responsabilidad un departamento ministerial, ya que tiene que ver con
la condición humana.
En segundo lugar, quería decir que 15.000 plazas de crecimiento este
año, 7.000 para circuitos de una semana y circuitos culturales y
8.000 para los 15 días y zonas de mar, pueden ser suficientes, pero
se puede pensar en un crecimiento lento y mejorable. Creo que, dada
la situación del país en el que vivimos, podemos seguir pensando en
los efectos positivos que tiene aumentar al máximo los programas de
vacaciones y de termalismo, por lo que merece que sea una
reivindicación de esta Cámara al Gobierno.
En tercer lugar, quisiéramos insistir -vinculado a este crecimiento-
en lo que hemos dicho antes, y es que éste es un yacimiento de empleo
y esto sí que es una política activa. El departamento de Asuntos
Sociales forma parte del Ministerio de Trabajo y esa es su prioridad
número uno. Por tanto, cuidar, potenciar económicamente y reforzar al
máximo este programa es estar contribuyendo a políticas activas de
empleo.
En último lugar, quisiera decirle a la secretaria general que en
Europa se empezó a hablar de este programa y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales no debería olvidarlo.
Usted también es responsable de las políticas migratorias; el señor
Jordano y yo lo hemos oído en el tiempo que hemos formado parte de la
subcomisión de emigración. Deberíamos intentar estimular a Europa a
que siguiera trabajando en la idea de que el programa de vacaciones
puede ser un programa, dentro del Fondo Social Europeo, con nombre
propio o con esa filosofía nueva que nos está llegando de que todos
los programas se quieren llamar equality y sólo habrá uno. Si sólo
hay un programa, que tenga un apartado para potenciar un programa
europeo, de yacimiento de empleo, de la Europa del norte hacia la
Europa del sur, que no sólo serviría como Fondo Social Europeo hacia
Portugal, España, Italia o Grecia, sino que, incluso, hablando con
otras comisarías, podría ser un programa estupendo para la zona del
Magreb. Me ha llegado esta mañana por fax una resolución que acaba de
aprobar el Parlamento Europeo, pidiendo que toda Europa se ocupe de
apoyar a España, que es un lugar de entrada de muchas personas del
Magreb; sería positivo no sólo decir palabras, sino potenciar este
programa en las zonas del Magreb.
El 70 por ciento de los inmigrantes marroquíes que recibimos proceden
de esa zona pobre que es el Rif. Si pudiéramos potenciar en esa zona
un programa de vacaciones, ya que los franceses desarrollaron
infraestructuras en esa zona hace años, posiblemente estaríamos
haciendo una política más finalista. Ésta sería una dimensión
internacional que creo que no debemos abandonar. No habría que
descentralizar y, en cambio sí, globalizar e internacionalizar un
programa como el nuestro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Agradezco a la secretaria general su
presencia sobre todo por dos cosas importantes: por lo detallado de
la comparecencia -en eso que creo que podemos estar todos de acuerdo-
y, luego, por algo fundamental en estos temas, porque creo que hay
asuntos que se asumen por todos y la secretaria general a la hora de
exponerlos, como por otro lado nos tiene acostumbrados, muestra el
entusiasmo con que se asumen. Eso es de agradecer por todos y
nosotros así lo vemos.
El programa, al llevar doce años, al estar consolidado, al haberlo
asumido, al compartirlo todos, es importante que sea lo que es, es
decir, un programa dinámico, que vaya cambiando con las mejoras que
en distintas ocasiones todos vamos señalando o se van presentando por
el propio dinamismo. Yo estoy de acuerdo en los temas que han tocado
los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero
veo que realmente las medidas que han cambiado en esta última
temporada van en la línea precisamente de corregir estos defectos que
se apuntan, y eso es positivo. Podemos discutir el que sea o no
suficiente el incremento. Yo creo que 15.000 plazas es una cantidad
razonable y lo importante es la tendencia, que se sigue aumentando.
Creo que se ha hecho un esfuerzo y se debe seguir haciendo, como el
que haya 7.000 plazas culturales. La ampliación de todos esos
beneficios del empleo, que todos señalamos, a todas las comunidades
autónomas, también es muy importante; que sean receptores últimos y
que no estén concentrados, aunque, por efecto de la temperatura y por
la capacidad hotelera, lógicamente en Baleares y en la Costa del Sol
siempre habrá una mayor cantidad, pero pienso que es muy positivo.
También estoy de acuerdo en que no se debe descentralizar. No es
excluyente este sistema. Yo creo -y estoy de acuerdo con la portavoz
socialista- que puede crearse otro tipo de incentivos para cualquier
colectivo. De hecho, hay algo muy importante que cabe destacar
también en el último año, que es el acuerdo con la FEMP, el hecho de
que haya 250 ayuntamientos que se hayan sumado, que sirve tanto para
el control como para el acercamiento, pero también, no lo olvidemos,
para ayudar a las personas que tienen menos recursos económicos,
dándoles precisamente ese apoyo, esa diferencia que necesiten para
poder incluirse. Yo creo que es muy importante que esto sea así.
Por otro lado, todos estos pasos se están dando siempre con el
acuerdo de todas las comunidades, aunque siempre hay algunas que
puedan estar más o menos de acuerdo en la descentralización -hoy
mismo creo que Castilla-La Mancha y alguna otra comunidad han
requerido el paso de competencias-, pero es lógico que haya
diferencia de opiniones. En conjunto, debemos fijarnos en que porque
sea algo público no puede tener unas tendencias diferentes a lo que
es la eficacia de la gestión. En la mayoría de los sectores se están
creando centrales de compras. Creo que mantener un precio único,
reducido, asequible, manejando 400.000 viajes con los mismos
derechos para todos los usuarios, sean de donde sean y estén donde
estén, es algo muy positivo que está funcionando bien. Mejoras como
las que han ocurrido este año, que creo que son notables, tienen que
persistir, pero andando por el camino bien hecho, por la carretera
que se ha trazado, que creo que es buena.
Por otro lado, quiero expresar nuestra felicitación por los avances
en el programa de termalismos, no solamente por el incremento -creo
que ha sido una buena idea, que va a ser algo muy apetecido-, sino
por esa unión del efecto terapéutico al efecto vacacional. Creo que
es muy importante además el hacerlo -como ha expresado la secretaria-
de una forma científica, es decir, viendo los estudios, viendo los
resultados, para que cada paso que se dé se haga en función de unos
datos y sabiendo que va a ser para mejorar.
Por todo ello, felicitaciones una vez más y muchas gracias a la
secretaria general.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones, la señora
Gómez tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En
primer lugar, voy a responder al grupo que ha solicitado la
comparecencia.
Quiero recordar, señorías, que ha habido dos conferencias sectoriales
donde se planteó el tema de la descentralización. Es cierto lo que ha
dicho la señora portavoz del PSOE, que se planteó en términos de que
había que concluir el proceso de transferencia del Imserso. En ese
sentido, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, presidente de la
conferencia sectorial, y yo misma, ya en el turno concreto de la
pregunta sobre el turismo social, dijimos algo que quiero recordar
hoy y que voy a leer para que no se olvide el marco legal. De acuerdo
con el artículo 16, apartado 2 d) de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de
diciembre, de transferencias de competencias a comunidades autónomas,
se dice textualmente: El Estado podrá establecer planes generales de
necesidades, programas y servicios y, en su caso, reservarse la
creación y gestión de centros o programas de ámbito estatal por
necesidades de solidaridad. Es decir, son muy importantes los datos
(y yo con gusto, si no le ha llegado el informe de Price Waterhouse
Coopers se lo haré llegar a la señora portavoz de Convergència i
Unió), porque de ese estudio se deduce lo siguiente: Los viajes del
actual programa permiten que participen el 99 por ciento de los
viajeros y viajeras que manifiestan su deseo de participar. Y esto es
muy importante cuando se hace, como ha recordado muy bien el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, desde una oferta que llega, como he
dicho, este año a las 390.000 plazas. Quiere decirse que hasta ahora
se han beneficiado de este programa tres millones y medio de
personas. Si esto fuera en un ámbito de comunidad autónoma, hubiera
sido imposible. Primero, porque las comunidades autónomas no tienen
la posibilidad ni la capacidad. Tendrían que incrementar recursos
humanos y gastos para ver de qué manera detectar y ubicar
emplazamientos desde dentro y fuera. Se rompería la unidad del
programa. Sería difícil encontrar plazas con la
acreditación de calidad suficiente y, por otra parte, esa libertad de
tiempo o de período vacacional rompería las posibilidades de dar
respuesta por parte del sector hotelero.
Por otro lado, el propio sector ha manifestado que si se rompe la
unidad de este sistema de gestión, que es sólo de gestión, que no de
disfrute, de posibilidad de oferta, esto significaría que no se
podrían mantener las actuales ofertas, ni mucho menos, algo que es
muy importante, el empleo del sector. Además, es evidente que las
comunidades autónomas indudablemente si lo que pretenden es salir al
paso de las carencias que ya se detectaban y que se pusieron de
manifiesto en la conferencia sectorial, todas y cada una de ellas han
tenido respuesta, salvo la de la transferencia de fondos, y me
explico. Los criterios de selección han sido pactados en conferencia
sectorial. La tramitación de lo que es la gestión ha sido mucho más
fluida y de alguna manera facilitada por lo que fueron los mecanismos
de convergencia en cuanto a criterios. Además, hay un principio que
es muy importante, la solidaridad interterritorial. No se trata sólo
de repartir por el número de habitantes el número de plazas, se trata
de poder ofrecer a un señor que vive en la sierra sur de Sevilla,
o que vive en la sierra de la Pila, en Murcia, o que vive en Las Hurdes
o en el Bajo Ampurdán, las mismas posibilidades de destino de
vacaciones.
Por otra parte, tengo que decir que en la comisión de seguimiento,
donde están representantes de las comunidades autónomas,
representantes de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores,
empresarios, sindicatos y la propia Administración del Estado, hay un
grado de satisfacción muy alto en cuanto a lo que ha sido la mejora
de la oferta, no sólo para evitar las colas, sino para evitar lo que
podríamos llamar bolsas de fraude generalizado.
Su señoría sabe muy bien que no vamos a poder evitar la persona que,
por una coyuntura de la naturaleza que sea, a lo mejor se cuela en el
programa; pero es cierto que con el sistema tan innovador que hemos
introducido de acreditación -que pensamos que pueda estar terminado,
porque es un programa informático, a lo largo de 1999, si es posible
antes de junio-, a partir de 1999 nadie podrá optar a un programa de
vacaciones si no tiene esa acreditación que le intitula para poder
acceder a ello.
Pero hay otra cosa que también es muy importante. Quiero recordar que
existe también la posibilidad de viajes para personas con
discapacidad en el ámbito del Estado. A diferencia, por ejemplo, de
termalismo y turismo, que se hace por licitación y con empresas, los
viajes para personas con discapacidad se hacen en colaboración con
organizaciones no gubernamentales. Este año se ha hecho con Ande y
con Feaps. Y es verdad que, como usted sabe, si tienen secuelas
crónicas a las que hay que atender con carácter de emergencia o de
cotidianidad para moverlos, para atenderlos, necesitan un familiar
junto a ellos. Sí quiero decirle, señoría, que este año se nos
presentó por primera vez un caso que tuvimos que resolver sobre la
marcha, pero que sí debemos contemplar de cara al año que viene. Era
un matrimonio de personas mayores que tenían una hija, también mayor
de edad, con síndrome de Down. Entonces nos plantearon la
cuestión de que les resultaba muy difícil viajar porque no querían o
no sabían dónde podían deja a su hija. En este sentido, desde la
Secretaría General se dieron órdenes para que se estudie, de cara a
la temporada próxima, la posibilidad de que cuando se den estos casos
y sean personas que sigan reuniendo los requisitos de no tener
enfermedades infecciosas o de no padecer un tipo de enfermedad que
pudiera incluso obstaculizar a los padres el disfrute de lo que son
sus períodos de vacaciones, se tenga en cuenta para que se puedan
incorporar, en esa tendencia que tiene el Gobierno de que el turismo
social sea cada vez de más calidad y no sólo para lo que puede ser el
reconocimiento y el disfrute de derechos para personas mayores que
tengan una economía precaria o disminuida.
Dice usted que es para el futuro. Indudablemente estamos pensándolo,
pero tenemos que hacerlo con estudios estadísticos, porque a la hora
de los requisitos nunca se ha tenido en cuenta el introducir ningún
coeficiente de solidaridad, y tengo que decir que eso sí que es
interesante, a la espera de que se puedan resolver otros problemas
que tienen que ver con un acuerdo que firmaron -se lo recuerdo,
señorías- todos los grupos parlamentarios presentes en la sala, que
fue el famoso Pacto de Toledo. Por tanto, todo lo que tenga que ver
con reforma de pensiones lo tendrán que hacer los grupos
parlamentarios desde el diálogo social y el consenso que ustedes
firmaron en los pactos de Toledo y que creo que fue algo que puso de
manifiesto la altura de la responsabilidad y el sentido del deber de
los grupos de esta Cámara. Consecuentemente, esos temas de pensiones
deben volver a ese cauce y a ese marco, que es donde se pueden
resolver las cosas, como se resolvieron en aquel momento.
Lo del coeficiente de solidaridad iría dirigido sobre todo a personas
con una situación geográfica de distancia, con una determinada edad o
con alguna causa, como puede ser la socioeconómica, cruzando renta y
patrimonio. Quiero recordarles, señorías, que una de las cosas más
importantes que yo creo que el Gobierno está abordando, que es
realizar justicia social, es el cruce de datos de rentas
patrimoniales con percepciones. Eso es importante. Por eso hablaba de
un coeficiente de solidaridad que tenga en cuenta de verdad lo que es
el patrimonio, la renta y lo que pueden ser los ingresos de personas
mayores. En ese sentido podríamos dar cabida a lo que puede ser la
posibilidad de apoyo a personas que de verdad lo pudieran necesitar.
Desde luego es idea del Gobierno no proceder a la transferencia de
este programa, pero creo que lo hacemos desde un sentido de lo que es
la responsabilidad con los costes políticos que pueda tener; a veces
es muy difícil tomar una decisión y sentirse tranquilo. Creo que en
este caso el mantenimiento del ámbito de la Administración del
Estado, puesto que el programa con municipios menores de 10.000
habitantes va a significar un acercamiento de estos programas al
medio rural, va a facilitar resolver esa inquietud que tenían muchas
comunidades autónomas de que esas personas pudieran verse más
alejadas del disfrute de estos viajes.
También es verdad -se lo recuerdo a SS. SS.- que la inmensa mayoría
de comunidades autónomas, no
puedo decir todas porque no lo conozco en detalle, tienen sus viajes
para mayores, generalmente de fines de semana, de semana, y no sólo
viajes para mayores sino que hay otros colectivos sociales que se
benefician. A lo que yo sí me comprometo, señorías, porque creo que
es de sentido común, es a llevar a la conferencia sectorial la
necesidad de articular o de coordinar mejor lo que es la oferta del
tiempo de ocio a través de viajes con todos los sectores sociales.
Eso sería bueno porque evitaría la duplicación de una oferta que no
resuelve ningún problema de empleo, que es reiterada y que, por otra
parte, está ampliamente cubierta desde el Estado, porque sí quiero
que quede constancia del compromiso y la voluntad del Gobierno de
seguir incrementando y consolidando el programa.
Paso ahora a responder a la señora Fernández, portavoz del Grupo
Socialista. Es verdad que ya hemos procedido a algo que yo comparto
con usted, que es la necesidad de internacionalizar el programa. Eso
hace que el año pasado por primera vez en la historia del turismo
social tuviéramos el primer intercambio con Portugal, es decir, los
españoles estuvieron en Portugal y los portugueses vinieron a España,
y este año se incrementa. Pero tomo buena nota de su sugerencia
respecto al fondo social europeo, que trasladaré a los técnicos y
también a los compañeros, sobre todo al ministro que es el
representante del Gobierno en lo que es Consejo Europeo de ministros
de Política Social.
También es importante recordar aquí que esa propuesta de
internacionalizar los viajes ya la presentó el Gobierno en la
asamblea mundial de turismo en Río de Janeiro en 1996. Es decir, el
ministro tiene conocimiento de que existe una muy buena valoración de
esta iniciativa en Europa, pero como S.S. sabe en Europa nunca han
querido poner en marcha una iniciativa parecida, entre otras cosas
porque tienen otros mecanismos, otros circuitos que, a mi modo de
ver, dejan fuera a esa población a la que nosotros podemos, de alguna
manera, hacer llegar ese beneficio. Pero repito que tanto el ministro
como los representantes del Gobierno, la delegación en Río de
Janeiro, dejaron abierta una posibilidad no ya de intercambio sino de
turismo en red. Lo difícil es ver de qué manera estudiamos los costos
para que no haya discriminación o diferencia, salvo en lo que pueda
ser la moneda del país, pero estamos pensando en hacer una propuesta
de turismo social en red. Creo que esto también daría, de alguna
manera, más tranquilidad a las comunidades que han solicitado la
transferencia, pero por otra parte estoy de acuerdo con usted en que
una iniciativa como esta, que no sólo es solidaria sino que crea
empleo, que sobre todo acerca este beneficio -y ese estudio sí que
está hecho- a las capas sociales de mayores que tienen menos
posibilidad de hacerlo por su propia cuenta, indudablemente seríamos
muy egoístas si no trabajáramos para que esto se hiciera en Europa.
Recojo con muchísimo interés su sugerencia del Magreb, porque me
consta no sólo el conocimiento que usted tiene de lo que significa la
inmigración procedente del norte de África, sino que pienso que eso
podría ser un buen intercambio para nuestros mayores, pero también
para empresas españolas que puedan hacer convenios de
colaboración o proyectos de financiación en común al otro lado del
Mediterráneo.
Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que en cierta manera ha facilitado a esta secretaria general la
defensa del proyecto, y sobre todo quiero dar también las gracias al
grupo parlamentario por el respaldo y el apoyo a las líneas de
trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- PREVISIONES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/001339.)
El señor PRESIDENTE: Concluido así el punto 1 del orden del día,
pasamos al punto número 2, que es igualmente comparecencia de la
secretaria general de Asuntos Sociales, solicitada también por el
Grupo Parlamentario Catalán, para informar de las previsiones del
Gobierno en materia de protección de las personas mayores
dependientes.
Tiene la palabra la señora Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez):
Gracias, señor presidente, con la venia.
En primer lugar, paso a reiterar, porque supongo que es del
conocimiento de todas SS.SS., lo que es el marco real demográfico de
la situación de los mayores en España, su evolución, para tener en
cuenta los retos que tenemos, retos inmediatos a corto, a medio y a
largo plazo.
Es cierto que la población europea, pero sobre todo la española, ha
sufrido un proceso de envejecimiento muy importante. En el año 1960
había en España 2.505.165 personas mayores de 65 años, es decir, el
8,2 por ciento de la población; en el año 1991 era más de cinco
millones de personas, y para el año 2000 hay una previsión de seis
millones y medio de personas mayores de 65 años, llegando a siete
millones y medio en el año 2016. Aún más significativas son las
cifras de población mayor de 80 años y su crecimiento. En el año 1971
eran el 1,5 por ciento de la población, más de 500.000 personas, y en
el año 1991, es decir, en 20 años, eran más de un millón, alcanzando
un porcentaje de casi el 3 por ciento. Se supone que hacia el año
2016 superarán los dos millones, teniendo en cuenta que la esperanza
de vida en ese momento superará los 80 años. España tiene una
esperanza de vida sensiblemente superior al resto de los países de
Europa, sobre todo en lo que respecta a las mujeres (en algo vamos
mejor), que actualmente está en 81 años y medio. Respecto a los
hombres, está en 74 años y medio, y sólo estamos por detrás de
Grecia, Italia y Holanda. En lo que se refiere al estado de la salud
física, psíquica y sensorial, hasta los 75 años se mantiene en la
generalidad de los mayores unos niveles satisfactorios, salvo en lo
que se refiere a la visión, y esto les permite un elevado nivel de
autonomía funcional. Esta introducción, señorías, no es aleatoria o
caprichosa, es muy importante porque así podremos saber dónde están
las
prioridades, dónde están las urgencias y por qué camino tenemos que
ir.
Los cambios producidos en el entorno social y familiar de las
personas mayores han sido muy profundos. En el aspecto sociofamiliar
se dan una serie de factores quealteran de forma irreversible las
redes tradicionales de apoyo y atención familiar, especialmente el
papel de cuidador de los mayores, que está siendo asumido en su mayor
parte por mujeres. Estos factores hacen que ese apoyo que tenían los
mayores de mujeres cuidadoras se pueda ver afectado por razones que
yo creo que son muy positivas, como es la incorporación de la mujer
al trabajo y, por otra parte, la diversificación de roles en el seno
de la familia.
En lo que respecta a la dependencia de las personas mayores, es
decir, la necesidad de cuidados personales, de ayuda en las tareas
domésticas y en asuntos propios de la vida social, se puede hacer una
aproximación, que es la siguiente: mientras que la población mayor de
65años tiene una dependencia que no sobrepasa el 25 por ciento de la
media, en la población mayor de 80 años se nos presentan proporciones
muy altas de dependencia, ya que en torno a 655.000 personas tienen
alguna dependencia y más de 300.000 tienen alguna dependencia grave
en alguna actividad. Siguiendo los estudios realizados por la
encuesta nacional de salud, podemos decir que en los mayores de 65
años la dependencia para cuidados personales se sitúa en torno al 19
por ciento, de los cuales un 16 por ciento es de dependencia media y
un 3 por ciento de dependencia grave. Y por lo que se refiere a las
tareas domésticas, la dependencia afectaría a un 25 por ciento de los
mayores de 65 años, con un importante peso de la dependencia grave
del 10 por ciento.
En este momento tenemos los siguientes datos de previsión de cara a
lo que puede ser el año 2005, que está cerca: alguna dependencia en
alguna actividad, nos encontraremos con 2.400.000 demandantes;
dependencia media en todas las actividades, 365.000; alguna
dependencia grave en alguna actividad, 800.000 y dependencia grave en
todas las actividades, en torno a 180.000. Son personas de más de 65
años. Población mayor de 80 años: alguna dependencia en alguna
actividad, 650.000; en cuidados personales, casi medio millón; en
tareas domésticas, más de medio millón y en asuntos propios, casi
600.000. Dependencia media en todas las actividades, 100.000; alguna
dependencia grave, 305.000. En cuidados personales, 100.000; en
tareas domésticas, 275.000. Es decir, estaríamos cerca de un millón
en lo que son dependencias graves en alguna actividad. ¿Qué es lo que
queremos hacer? Ustedes saben que el año 1997 ponía fin a lo que se
había establecido y diseñado como Plan gerontológico, que tengo que
reconocer que fue un magnífico instrumento de articulación de las
políticas de mayores en su diseño. Pero la realidad a veces deja
obsoletos instrumentos que en su origen y en su primer desarrollo
fueron buenos. Es verdad que se creó una red de ayuda a domicilio que
en estos momentos tenemos que revisar, porque la ayuda a domicilio no
puede ser exclusivamente la atención a tareas domésticas, tenemos que
enmarcarla en el ámbito de lo sociosanitario para que sea el
instrumento que de verdad pueda
garantizar que una o varias personas mayores se puedan quedar en casa
y no necesiten ser atendidos fuera del ámbito de su domicilio. Por lo
tanto, repito, la ayuda domiciliaria, como después comentaré en lo
que va a ser el Plan de acción de apoyo a las personas mayores 2000-
2007, tendremos que verla en ese contexto de un nuevo sentido de la
ayuda a domicilio. Las estancias diurnas fueron importantes porque
permitían que las personas mayores pudieran estar atendidas a lo
largo del día y volver a casa. No olvidemos que en las encuestas de
las personas mayores aparece un porcentaje altísimo de las que
quieren permanecer donde han vivido, en sus raíces, y que solamente
deciden irse a una residencia cuando no tienen otra alternativa que
les permita quedarse en casa.
La teleasistencia fue un instrumento importantísimo, porque
significaba la posibilidad de que las personas mayores permanecieran
en el hogar y pudieran ser atendidas o al menos conocidas sus
emergencias. En este momento, de cara al Plan de acción de los años
2000- 2007, como después diré, será una teleasistencia sincronizada
de alguna manera con centros de atención de salud, con centros bases
de salud, por una razón muy importante, porque ya no se trata de que
se encienda un piloto de emergencia, sino que, conforme avanza la
calidad de vida y los medios de atención, es muy importante tener
sanitarios en los centros de salud que sepan que determinada
población dependiente tiene que tener un contacto habitual y, por
tanto, conocer la evolución, la secuencia y el estado del enfermo.
Por consiguiente, quiero decir que los servicios sociales
especializados de mayores enmarcados en el Plan gerontológico han
cumplido una función importante, sobre todo el acierto fue conciliar
la colaboración de las tres administraciones, ayuntamientos,
comunidades autónomas y Administración del Estado. Pero SS.SS. saben
como yo muy bien -mejor que yo, porque llevan más años de diputados-
que uno de los problemas del Plan gerontológico fue, en primer lugar,
que las competencias en lo que era el tratamiento de las políticas de
mayores estaban muy condicionadas por la fuente de financiación. Las
demandas iban a los ayuntamientos. Empezaron a crearse rápidamente
redes de residencia sin que se hubieran formalizado los requisitos de
acreditación, la normativa de funcionamiento, los requisitos de
acreditación de calidad, y eso ha hecho que a lo largo de estos años
nos hayamos encontrado con una red de calidad que no está homologada
en residencias, residencias que en algunos casos se construyeron para
válidos, cuando SS.SS. saben muy bien que al poco tiempo esas
personas mayores válidas -posiblemente vivir en una residencia
conlleva eso- se convierten en personas asistidas. Al mismo tiempo,
se tuvo que hacer frente a personas mayores con problemas mentales
que tenían que ser tratados como mayores asistidos, cuando en
realidad estábamos asistiendo al afloramiento de algo que en otros
países del mundo se conocía ya, la enfermedad de Alzheimer.
Por lo tanto, en estos momentos estamos abordando algo tan importante
como una ley de apoyo a personas dependientes. Por otra parte, el año
que viene se inicia con carácter experimental un Plan de Alzheimer, e
introdujimos en el Plan gerontológico -en el segundo año de
responsabilidad de gobierno- dedicar un 5 o un 10 por ciento de la
cantidad total del Plan gerontológico a la atención de enfermos de
Alzheimer, y asimismo abrimos -dentro de lo que son las subvenciones
del IRPF- una línea especial de apoyo y atención a familias
cuidadoras de personas mayores dependientes o de enfermos de
Alzheimer.
Indudablemente, el primer avance es el que SS.SS. comprenderán mejor,
el presupuestario. Yo entiendo que los vasos se pueden ver medio
vacíos o medio llenos, pero también estancos si no varía la línea. Es
cierto que después de dos años de congelación del presupuesto del
Plan gerontológico se incrementó la dotación, se compensó y
complementó con lo que fue destinar el 20 por ciento de todo el IRPF
a programas de atención a mayores.
Por otra parte, en colaboración con el Ministerio de Sanidad en este
momento se está terminando de diseñar lo que yo creo que ya quedaba
patente en el Plan gerontológico como necesidad y que no había sido
concluido, y es crear en el ámbito de lo sociosanitario -con un peso
muy importante- la atención a personas mayores. Tengo que decir que
el crecimiento en la asistencia lo conocen SS.SS. muy bien. Queremos
llegar a los 20.000 beneficiarios, que es una cifra aún insuficiente,
como saben, pero lo que queremos es ir dando el giro de calidad para
que la asistencia sea algo más que una alarma y pueda ser un factor
de tranquilidad que nos permita crear un sistema de apoyo informal de
mantenimiento en sus casas de las personas mayores, y hay que
conciliar esto con plazas de respiro para personas mayores que, por
una operación de cadera o por una razón coyuntural, tengan que estar
atendidos en otro sitio que no sea su casa.
Por otra parte, hay algo que nos parece muy importante: abordar la
protección de los mayores incluso desde el punto de vista de los
derechos civiles, su patrimonio y su integridad física. En la próxima
conferencia sectorial el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
presentará ya a las comunidades autónomas el Plan de Alzheimer, que
tiene una dotación presupuestaria por parte del Ministerio de 300
millones, más lo que signifique la aportación del Ministerio de
Sanidad en recursos humanos y dotación económica. Por otro lado,
tengo que decir que, en relación con el Plan de atención a personas
dependientes, queremos trabajar fundamentalmente en la necesidad de
la defensa de los intereses, la necesidad de la defensa de los
derechos civiles, la protección del patrimonio del mayor, la
protección de su integridad física y, sobre todo, el respeto a la
dignidad de la persona por encima de la situación de su estado
mental. Es verdad que es un reto, un reto importante que estamos
terminando de elaborar y que será sometido al informe de los
consejeros de Sanidad y Bienestar Social de las comunidades
autónomas. Si SS.SS. quieren algún dato más, puedo venir cuando esté
concluido e informarles más detalladamente.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra doña
Mercé Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: El incremento de la necesidad de ayuda entre
las personas mayores se perfila como uno de los problemas
prioritarios en el diseño de
las políticas sociales de todos los países desarrollados. El peso
demográfico de las personas mayores de 65 años, el incremento de
éstas que viven solas y el aumento de los síndromes y trastornos que
produce la dependencia son aspectos importantes dentro de la
previsión de cuidados a este colectivo.
En el seno de los países desarrollados asistimos en este final de
siglo a un fenómeno peculiar, que es fruto del desarrollo social y
que tiene diversas facetas y resultados contradictorios cuando se
analiza: por una parte, la valoración positiva que significa la
evolución social y económica de una sociedad moderna con un
considerable desarrollo de ciencias biomédicas, lo que conlleva una
mejora de los niveles de salud de la población y una clara
prolongación de la vida, pero, por otra parte, ese desarrollo en
clave de logro social no puede ocultar las consecuencias que está
acarreando el fenómeno social del envejecimiento y que se traducen
fundamentalmente en un impacto considerable de las necesidades de
atención del grupo de los más débiles entre las personas mayores de
65 años.
En el Estado español, se calcula que en el año 2026 la población
mayor de 65 años será del 21,24 por ciento, más o menos 8.659.751
personas, pero también hemos de tener en cuenta otro fenómeno, el del
envejecimiento secundario; es decir, aquel que constata el incremento
de población mayor de 80 años, que se está produciendo a un ritmo
mucho más rápido y que plantea otros problemas añadidos que será
necesario abordar en profundidad y ser considerado como un tramo de
edad con suficiente peso numérico como para ser analizado de forma
independiente. Las consecuencias del envejecimiento son sobradamente
conocidas: mayor dependencia y fragilidad, más soledad y carencia de
redes sociales, menos poder adquisitivo; en resumen, aumento de
situaciones carenciales.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) realizó esta
solicitud de comparecencia a raíz de unas declaraciones de la
secretaria general en las que anunciaba la elaboración de un proyecto
de ley encaminado a la protección de las personas mayores
dependientes. Quisiéramos que nos lo aclarara y, si es posible, que
nos informara de las necesidades reales de este colectivo para
impulsar esta medida legislativa, pues a mi grupo parlamentario,
estando abierto a cualquier iniciativa, le es un poco incómodo pensar
que la solución a los problemas de los ancianos en materia de
derechos civiles está en encasillarlos en una ley. Creemos que el
actual Código Civil español prevé con suficiente claridad los casos
en que procede la declaración de incapacidad y, así, dispone que este
hecho se declare mediante la sentencia judicial que culmina un
proceso, proceso en el cual debe comparecer forzosamente el
ministerio fiscal, y cualquier persona, no sólo los familiares, puede
poner en conocimiento de la fiscalía hechos que a su juicio puedan
determinar un caso de incapacitación. Como no puede ser menos, el
presunto incapaz puede personarse en el juicio en defensa de su
propia capacidad. Por tanto, entendemos que las acciones contundentes
al declarar la incapacidad de una persona están perfectamente
reguladas por ley.
Dicho esto, tenemos que analizar la manera mediante la cual se accede
en nuestra legislación civil a la mayoría de edad. Ésta se obtiene
por el simple hecho de cumplir 18 años, sin ningún otro requisito. Es
decir, que 24 horas antes de alcanzar los 18 años se es incapaz ante
la ley, con todo lo que comporta esta falta de capacidad de obrar: no
se puede comprar, no se puede vender, etcétera. Luego, si se pasa del
blanco al negro sin ninguna transición, si no existe una zona gris,
jurídicamente el cambio es total. Para poner un ejemplo, diríamos que
la crisálida se ha convertido en mariposa. Es generalmente en el otro
extremo de la vida de una persona cuando debe intervenir la ley al
apreciarse que el sujeto da muestras de incapacidad. Sabemos que
dichas muestras de incapacidad no tienen que ser físicas, ya que las
dificultades propias de la edad en cuanto a moverse, alimentarse,
nada significan si las facultades mentales no están afectadas. No
obstante, sería negar la realidad no decir que en estas edades y
también en otras más tempranas muchas personas se encuentran más
presionadas por su entorno, más condicionadas en su conducta que en
su temprana juventud.
Intentaremos explicarnos un poco más: no cabe duda alguna que el
anciano o anciana interno en un establecimiento, con poco o ningún
contacto con sus allegados, es influible por las personas o incluso
instituciones que están a su cuidado, como tampoco podemos negar que
en ciertos casos algunas de estas personas pueden aprovecharse de esa
situación de cuasi dependencia para obtener cosas que de otro modo no
podría obtener. En otros casos, cuando los padres dependen
directamente de los hijos o allegados, ya sea por motivos económicos
o emocionales, no es impensable creer que su voluntad cederá
frecuentemente a la de los otros.
Decíamos antes que no existe una zona gris en el paso de la niñez a
la capacidad; ahora afirmamos que sí existe una zona gris en el paso
de la capacidad a la incapacidad cuando se llega a una edad avanzada.
Por ello, creemos que las administraciones deben tener en cuenta
aquellas situaciones en las que las personas, sin ser incapaces en el
sentido estrictamente jurídico, sí se encuentran habitualmente en
unas condiciones de vida que inducen a pensar que la voluntad
expresada no coincide con la interna, con menosprecio de sus derechos
fundamentales. Por este motivo, creemos necesaria la elaboración de
una herramienta que permita a las administraciones cumplir con la
obligación de dar protección civil a las personas mayores
dependientes, pero sin tener que encasillarlas en una ley. El Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estará, como siempre,
dispuesto a colaborar en esta iniciativa, que creemos que será
beneficiosa, y desearíamos poder participar desde el principio en su
elaboración, contribuyendo de este modo a dar solución a una
necesidad concreta de nuestros mayores, a quienes tanto debemos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Mis compañeras de atrás me decían al
terminar mi intervención: ¡qué blanda eres! (Risas.) Y es verdad que
yo me he mordido
la lengua y no he dado un último argumento. El portavoz del PP
intervenía casi diciendo: caramba, una crítica de que el crecimiento
es un poco lento, es mejorable. Cuando él decía eso, yo pensaba:
¡madre mía, si el portavoz del Partido Popular hubiera tenido que
vivir lo que nosotros vivimos! Con un medio de comunicación como el
ABC diciendo todo el tiempo: estos programas son subsidiar el voto.
Siempre había un diputado o una diputada del Partido Popular que nos
decía eso. Nosotros hubiéramos podido corresponder recíprocamente, lo
que pasa es que eso es poco serio y nosotros, con las cosas que
tienen que ver con la vida de los ciudadanos, pretendemos ser lo más
serios posible.
Por eso, yo tiendo a ser blanda, pero aquí voy a dar un dato que es
una crítica seria, diciendo antes un par de cosas. Por supuesto
compartimos los datos y la reflexión de hacia dónde vamos en cuanto a
personas mayores y personas dependientes. En general, cuando se
empezó a trabajar el Plan gerontológico a nivel europeo, Europa
siempre decía: cuando nosotros lleguemos a que el 25 por ciento de
las personas sean mayores de 65 años, en España estarán en un 20 por
ciento, siempre irán un 5 por ciento por debajo, e incluso cuando en
Europa se llegue a que el 25 por ciento de las personas sean mayores
de 80 años, España estará en un 20 por ciento. Y ésa es la realidad.
Nosotros empezaremos el nuevo siglo con un 20 por ciento de nuestra
población mayor de 65 años y, a la vez, con un 20 por ciento de ese
porcentaje mayor de 80 años; el envejecimiento del envejecimiento,
por el que se interesaba la diputada de Convergència i Unió.
Al Grupo Socialista le parece que para hacer frente a los problemas y
a las necesidades de este colectivo hay un camino, que es potenciar
el plan gerontológico. El Gobierno que tenga esa responsabilidad
puede llamarlo de otra manera si quiere o cambiarlo en lo que quiera
pero al final se trata de servicios especiales específicos para las
personas mayores, que es como se define en toda Europa por los
profesionales del bienestar. Nosotros aquí le llamamos Plan
gerontológico pero, insisto, puede tener los nombres que sean.
Una de las políticas de dicho Plan es la ayuda a domicilio, y en
España debemos reflexionar sobre lo que dice el Gobierno del señor
Blair o lo que dice el Gobierno del señor Jospin, porque en Francia
acaban de decidir universalizar la ayuda a domicilio como una de las
grandes políticas a universalizar dentro del desarrollo del Estado
del bienestar. A mí eso me suena maravillosamente bien, y a mi grupo
todavía más. Dentro del Plan gerontológico todo lo que sea potenciar
la ayuda a domicilio es importante; y todo lo que sea potenciar el
convenio sociosanitario, como acertadamente ha dicho la señora
secretaria general, es estupendo. El Grupo Socialista ha leído en
Sesenta y más y en las resoluciones de diferentes medios técnicos las
conclusiones del congreso de los mayores. Suscribimos desde el primer
párrafo al último dichas conclusiones, especialmente cuando habla de
que debe ser prioritario para el gobierno apostar por los aspectos
sociosanitarios de las personas dependientes, recordándose en el
mismo una serie de actuaciones.
Aunque en estas materias el Gobierno siempre emplea muy buenas
palabras, el refrán español dice que
obras son amores y no vanas razones. El Grupo Socialista, por lo
tanto, tiene que recordarle al Gobierno que en el presupuesto inicial
de 1999, aprobado en esta Cámara la semana pasada, en relación al
presupuesto inicial de 1995 y en relación al producto interior bruto
de nuestro país en los años 1995 y 1999, después de tres grandes
decisiones políticas del Gobierno conservador, del Gobierno de centro
derecha (Risas.), después de tres grandes decisiones políticas que
son tres Presupuestos Generales del Estado, 1997, 1998 y 1999, la
realidad es que en relación al PIB hemos pasado del 23,07 de
porcentaje de PIB dedicado a las políticas de bienestar -no es
necesario que recordemos aquí las funciones de las políticas de
bienestar, que son los servicios sociales del presupuesto, por lo
tanto, Seguridad Social, promoción social, sanidad, educación,
vivienda, cultura y otros servicios sociales y comunitarios- al 20,7
por ciento, es decir, hemos descendido el 2,34 en porcentaje del
producto interior bruto: dos billones de pesetas menos de gasto
social en tres años: del 23,07 por ciento al 20,7 por ciento.
Doña Amalia, la universalización del Plan gerontológico tiene un
coste de un billón de pesetas (luego habrá que hacer el ajuste en
pesetas constantes). Cuando se hizo el Plan gerontológico se conocían
-y se discutieron con las comunidades autónomas- las posibilidades
políticas de cuánto poner en tres años entre tres administraciones,
de un billón de pesetas. Eso es universalizar los ratios que
consensuamos con Europa: que ocho personas de cada cien tengan ayuda
a domicilio, preferiblemente con teleasistencia; que cada 4.000
personas mayores hubiera un centro de día u hogar de mayores, y que
hubiera, 3,5 camas por cada cien personas mayores de 70 años. Eso en
España tiene un coste en pesetas de principios de los noventa de un
billón de pesetas. En el conjunto de tres años de Gobierno ustedes
han descendido el 2,34 por ciento del PIB, es decir, más/menos dos
billones de pesetas. Han reducido en sanidad del 4,88 por ciento al
4,69 por ciento; en Seguridad Social, del 15,63 por ciento al 13,70
por ciento; en bienestar comunitario, del 0,05 al 0,07, y en otros
servicios comunitarios y sociales del 0,03 al 0,003. Es decir, la
misma cantidad con un cambio significativo del PIB de nuestro país.
Pero todo lo que son políticas de bienestar globalmente, como digo,
supone alrededor de los dos billones de pesetas. Obras son amores y
no vanas razones, señora secretaria general. Pongan recursos y no me
hagan tanto marketing. Día internacional del Alzheimer: un plan del
Alzheimer, 300 millones. ¿Qué es eso en relación al crecimiento y a
la riqueza de este país? Nada. El hecho es tres presupuestos
dibujados y dos billones menos en política social. Esa es la verdad y
esto es lo que se debe cambiar definitivamente si ustedes realmente
quieren acuñar que hacen y mantienen una política social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña María Enriqueta Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Tomo la palabra para felicitar en
este turno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a Amalia Gómez
como
secretaria general de Asuntos Sociales, no solamente por el contenido
de su exposición, sino también por su probada dedicación, interés y
esfuerzos cuyos resultados son siempre valorados por este grupo
parlamentario, y creo que también lo son por otros grupos que
componen esta Comisión.
Ha hablado usted, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), de la protección a las personas mayores
dependientes, y ha informado sobre las previsiones que el Gobierno
tiene en esta materia. Comenzó diciendo que existen unos cambios
demográficos que van a velocidad vertiginosa y que cifran
particularmente este tema de la dependencia en aquellos mayores de 80
años o que oscilan alrededor de esa edad. Yo también creo, y así lo
he deducido de su intervención, que la familia tiene un papel
importantísimo, sobre todo por la parte que le corresponde como
centro fundamental y, al mismo tiempo, como derecho natural que
impregna esta relación, podríamos decir, de lazos de filiación que
pueden existir con el mayor. Pero a la pregunta de quién puede
percibir mejor esa realidad humana del problema del mayor
dependiente, la respuesta pasa, desde luego, por no eludir el tema
-eso no quiere decir que usted lo haya hecho, ni mucho menos, sólo
utilizo una expresión coloquial- que, en cualquier caso, se fija
fundamentalmente en la familia, porque en ella se dan los lazos de
solidaridad intergeneracional que van efectivamente dirigidos
a mejorar y atender, en suma, a todas las facetas de la persona mayor.
Como bien hemos expresado todos, el problema quizá esté en las
personas muy dependientes. Algunas se quedan en casa, aunque las
edades avanzadas son las que prácticamente aconsejan que o bien vivan
con la familia o bien que ingresen en un centro. En ambas situaciones
considera mi grupo parlamentario que el Gobierno ha demostrado una
gran sensibilidad e interés en estas políticas reales. Porque
nosotros hacemos políticas reales. Hace un momento ha hecho
referencia a uno de los aspectos más importantes, y es que debemos
seguir avanzando en la política de recursos. Es cierto que desde que
el Gobierno popular impulsa esta política de recursos hemos avanzado
en planes importantísimos, a través de convenios con las comunidades
autónomas, desde el Imserso, como por ejemplo el tema de
teleasistencia, tan importante para las personas mayores. Por lo
tanto, me parece extraordinario que hablemos de seguir potenciándolo
y siguiéndolo -hablo sobre todo de aquellos que tenemos
responsabilidades dentro de las corporaciones locales-, porque desde
luego es un sistema óptimo para conseguir esa independencia, entre
comillas, de la persona mayor.
Ha hecho usted también referencia a las residencias
socioasistenciales sanitarias que pueda haber y que en su modalidad
de centro de día o en su modalidad como centro de internado me consta
que se está potenciando desde el Ministerio. Independientemente de
asistir a la persona mayor, conlleva un alivio para la familia que
siempre es interesante expresar. Al hilo de toda esta argumentación
en cuanto a la atención que se puede dispensar desde lo que es el
centro de la familia, diría que el Gobierno está impulsando un plan
de familia que ayer mismo podíamos
ver que podrá estar preparado a mediados del año próximo. Ello es
interesante porque desde mi grupo parlamentario creemos que hacía
falta la elaboración de un plan que contemplase políticas
transversales. Nosotros entendemos que la persona mayor no es un ser
independiente, no es un ser que dependa de un solo concepto, sino que
además su propia asistencia tiene que estar interrelacionada con
políticas transversales, lo cual afecta a diferentes ministerios. Las
políticas transversales son las que el Gobierno del Partido Popular
me consta que está llevando a término.
El Plan gerontológico es otro tema al que se ha hecho referencia, y
sobre todo a aquel mal en el que nos hemos extendido un poco todos,
como es el Alzheimer. El Alzheimer, como demencia que es, originada
por la alteración orgánica del cerebro, está llevando a término
verdaderos estragos en personas mayores de 80 años. Yo quisiera
hablar de la garantía que supone la familia para el mayor y decir que
el Estado, en todos los aspectos, siempre es garante de esa situación
del mayor en todos sus aspectos.
Igualmente quisiera añadir que en materia de política a las personas
mayores, la realidad, pese a lo que puedan decir otros, es que desde
el Gobierno popular se ha potenciado, y se ha potenciado mucho y se
ha mejorado, nuestro sistema asistencial. Cosa distinta es que otros
quieran dar otras argumentaciones. Lo que sí es cierto es que si
hacemos, grosso modo, una relación de lo que fueron los presupuestos
de 1996, por ejemplo, en qué dedicábamos 48 de cada 100 pesetas,
veremos que en 1999 vamos a dedicar 51 pesetas de cada 100 para lo
que son gastos sociales. Es decir, reducciones e irrealidades pueden
tener quienes consideren puntos de vista distintos, pero no
desvirtuando la realidad. La realidad es esta y no otra.
Quisiera también darle las gracias por lo ilustrativo de su
comparecencia y ponernos a su disposición en cuanto le sea preciso.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las distintas intervenciones,
tiene la palabra doña Amalia Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En
primer lugar deseo dar las gracias a los distintos grupos
parlamentarios y muy especialmente al partido que sustenta al grupo
que se ha interesado por este tema, que creo que es muy importante.
Creo que es muy importante porque la dependencia de las personas
mayores es un reto a muy corto plazo, a pesar de que el
envejecimiento en algunos países del sur de Europa, por las
connotaciones sociosanitarias que he dicho, conlleve menos riesgos,
por ejemplo, en la tasa de deterioro en otros países.
Cuando usted me decía que no compartía la necesidad de un proyecto de
ley, que el marco legal actual contempla un suficiente nivel de
protección, yo tengo que decirle que la realidad demuestra que hay
situaciones de desprotección que tenemos que abordar. Por ejemplo,
recientemente, en colaboración con el Ministerio de Justicia, y a
petición de los padres de paralíticos cerebrales, se estimaba que el
proceso y la tramitación de la incapacitación
era larguísimo en el marco actual. Por otra parte, es
necesario explicitar situaciones que puedan manifestar los
funcionarios o personas institucionalizadas que atienden a mayores en
lo que es la defensa de sus derechos en el marco legal. Es decir, hay
que aprobar normativas. Posiblemente sea distinto el instrumento que
ustedes contemplen, pero la realidad conlleva la necesidad de ese
marco. Son bienvenidas todas las posibilidades de colaboración,
y entiendo que el mejor ámbito para llevarlas a cabo es esta Comisión,
en el seno de lo que es la Cámara de representación de la soberanía
del pueblo, que son las Cortes Generales. Además, creemos que es muy
importante la participación desde el principio, porque una ley de
apoyo o de ayuda a personas dependientes de lo que son sus derechos
civiles, como sabe, conlleva la dificultad de la diversidad. Por
ejemplo, se encuentran frecuentes denuncias de personas que han
donado el patrimonio y al poco tiempo son ingresadas en algún centro
institucionalizado, cuando la persona mayor había hecho esa donación
o entrega de su patrimonio precisamente para evitar el abandono de su
hogar. El marco actual contempla mecanismos, pero hay que explicitar
y rellenar los huecos por donde puedan evadirse determinadas personas
-no todas, pero sí algunas-, de lo que es la voluntad en el ejercicio
de la libertad de la persona mayor. Me consta su preocupación por
este tema y sabe que algunas de sus sugerencias y aportaciones han
sido recogidas en lo que son los planes de trabajo relativos a los
mayores y muy especialmente a los de Alzheimer, por lo que
públicamente le quiero dar las gracias.
Respecto a la portavoz del PSOE, señora Fernández, tengo que decirle
que a mí me pasa como a usted: me dicen que soy muy blanda con usted.
(Risas.) Usted sabe como yo que en política hay dos formas de estar y
usted y yo pagamos ese precio. Hay una forma, que es la de
descalificar, que es un insulto a la inteligencia. Hay otra forma,
que es la de faltar a la verdad, que no es un insulto, sino una
dejación del compromiso con uno mismo. Y hay otra que es la de
criticar desde el conocimiento, que es la que usted y yo ejercitamos.
No digo que seamos mejores o peores. Yo creo que cumplimos con
nuestro deber y eso es bueno. Pero usted sabe que no es blanda.
Tengo que recordarle, frente a su refrán de que obras son amores, que
hay un dicho de un político genial del XIX que dice que en política
el peor camino que se puede tomar es el de perder la memoria.
Comprendo que voy a hablar de datos y estadísticas que no
corresponden al período en que fue usted ministra, pero sí al período
en que el partido al que usted representa estaba en el Gobierno. En
primer lugar, cuando usted habla de la universalización es verdad que
en el Plan gerontológico y en el Plan concertado subyace ese
espíritu, pero sabe muy bien que en materia de culminación de
residencias no hemos llegado al 50 por ciento. Quiere decirse, por
tanto, señoría, que los instrumentos tienen que hacerse desde la
esperanza y desde el compromiso de querer llevarlos hasta sus últimas
consecuencias, pero sobre todo en el ámbito de las políticas sociales
es buena la evaluación, como está haciendo este Gobierno año a año,
para ver el grado de cumplimiento, para ver las disfunciones y para
ver la necesidad de modificar caminos, modos o actuaciones
que estaban previstos y que al final resulta que no están dando los
resultados que, desde una teoría bien hecha, se tendía a alcanzar.
Por ejemplo, a usted le consta que en el Plan gerontológico hubo un
apoyo muy fuerte por lo que fue la construcción de pisos tutelados y
de residencias. Es verdad que en el momento de despegue esa era la
inquietud ante una situación en la que había muchas personas mayores
que no contaban con esos servicios, puesto que se estaba poniendo
casi todo a la vez en marcha, como la teleasistencia, la ayuda
domiciliaria y la residencia o la atención fuera del hogar habitual
era lo deseado y lo pedido. Pero usted sabe muy bien que en Europa
nos están diciendo desde hace ya muchos años que es un error por el
deterioro que sufre la persona que sale de su entorno habitual. Es un
error, sobre todo, hacer residencias para válidos como muchas de las
que se hicieron. Yque conste, señoría, que usted y yo nos vamos
conociendo porque yo con usted tengo química, aunque usted no se lo
crea. (Rumores.) Tengo química con usted, no estoy diciendo que con
su grupo, con usted como persona. (Risa. La señora López i Chamosa:
Tampoco se me pase.) Espero que la libertad de expresión sea tan
grande que respete la de quien está en el uso de la palabra. (La
señora López i Chamosa: Totalmente.) Gracias.
Usted sabe muy bien que hubo residencias para las que después fue
necesario hacer presupuestos complementarios para eliminar barreras.
Posiblemente eso le pase también a este Gobierno, pero quiero decir
que habiendo reconocido, como lo he hecho, que el Plan gerontológico
era un buen instrumento, al no haber una evaluación conjunta desde
todas las administraciones -señoría si usted quiere le puedo explicar
a usted personalmente algún día el número de residencias que sobre el
papel son realidad y sobre la realidad son la mitad-, posiblemente,
repito, también le pase esto a este Gobierno. Por eso le digo que
cuando a usted le pasen datos pida usted que se los pasen bien porque
yo sé que usted es una persona seria y que cuando utiliza datos lo
hace siempre desde la confianza de que se los están pasando bien.
Cuando me habla del incremento tengo que decir que es verdad -y usted
lo sabe como yo- que en nuestra área siempre se pide más de lo que se
recibe, pero nosotros llevamos la ralentización de dos años de
congelación del presupuesto de lo que entonces era Ministerio de
Asuntos Sociales. Y es importante recordar que en los tres años de
gestión de lo que ahora es una secretaría general el incremento ha
sido de 10.000 millones de pesetas para los programas que había y
para programas nuevos. En este área es importante romper, es
importante hacer camino, y tuvimos que introducir un programa en
colaboración con las comunidades autónomas. Por cierto, usted sabe
que al final, cuando se hace una valoración del Plan gerontológico y
del Plan concertado, los que más dinero han puesto han sido los
ayuntamientos, y eso hay que decirlo en esta Cámara. ¿Por qué? Porque
los ayuntamientos llevan arrastrando el retraso de la percepción de
las asignaciones presupuestarias de las otras administraciones.
Quiero decirlo para que usted sepa que yo me encuentro con ese
problema. El que le llamemos Plan de acción para las personas mayores
es porque es la
terminología que en este momento se está empleando en Europa -hoy
mismo se está debatiendo en Bruselas un plan de acción para la
juventud, se trata de la homologación de la terminología-, pero yo
reconozco que el Plan gerontológico lo ponen en marcha ustedes. En
cuanto a los copyright usted y yo sabemos que al final son los
resultados los que de verdad avalan el diseño y el proyecto.
Hay otra cosa importante que quiero decirle. Aparte de lo que he
dicho respecto a la red de residencias, los pisos tutelados, señoría,
en la mayoría de los casos se empezaron tarde, y cuando se empezaron
el problema fue que las administraciones -hablo en general- les
dijeron a los ayuntamientos que eran para ellos, sin tener un
presupuesto previsto para lo que era la gestión de esos pisos
tutelados. Y usted sabe cómo los presupuestos de los ayuntamientos
han ido cogiendo picos de aquí y de allá para abordar, completar o
acelerar la construcción y la terminación de las obras. Por eso, una
de las cosas que yo solicité cuando se hizo la evaluación del Plan
fue que dijeran muy bien donde no deberíamos errar, porque ahora nos
encontramos con pisos tutelados y con que la gente dice: ¿Para qué me
hacen en mi pueblo un piso tutelado si yo lo que quiero es estar en
mi casa y con una buena ayuda domiciliaria, o con programas de
adaptación de mi casa a lo que son las connotaciones de mi
dependencia? Respecto a la ayuda domiciliaria, usted lo sabe como yo,
el sistema se ha ido desvirtuando de tal manera, por cumplir la
estadística -hablo de todos-, por ampliar la cobertura, que hay
pueblos en los que cuando se contrata el servicio con una persona
para la ayuda domiciliaria, como se contrata en global y no por
beneficiario, al último del pueblo le corresponden 20 minutos, y eso,
señoría, creo que lo sabemos todos en esta Comisión. Por tanto, lo
que tratamos de hacer es adaptar, mejorar y, de alguna manera, llegar
a algún tipo de pacto, de organización, de articulación, de
coordinación con ayuntamientos y con comunidades autónomas para que
-a partir de lo que ya está hecho, de lo que se ha visto que hay que
mejorar, de lo que se ha visto que hay que reconducir- no cumplamos
sólo las estadísticas sino que también cumplamos con lo que supone
cubrir las necesidades.
En cuanto al PIB, señoría, mis compañeros y mis compañeras portavoces
del grupo parlamentario ya le han contestado a lo de las pesetas,
pero usted sabe muy bien que en los tres o cuatro últimos años del
Gobierno socialista el PIB no subía. Ahora sube el PIB y, además,
creo que hay otros referentes a los que se podía tener en cuenta,
como es el crecimiento de beneficiarios de programas de solidaridad.
Por ejemplo, quiero recordar que en el año 1996 estábamos en torno a
unas 260.000 pensiones no contributivas y que en este momento estamos
tocando el medio millón. Es decir, se avanza en una política que es
de justicia, pero no estoy diciendo que el Gobierno haga programas
nuevos. Y como contestaré a mi compañero en las preguntas que siguen
podrá usted ver la mejora que se ha conseguido en la gestión y en el
incremento de pensiones para las personas emigrantes, que sé que es
un tema que a usted le preocupa muchísimo.
Ha hecho usted una crítica, y creo que en aquel momento algunas
personas utilizaron la misma con respecto a lo que eran los programas
de termalismo social y turismo social. Yo jamás he hecho esa crítica
a título personal -yo tengo que hablar como soy, porque soy la que
soy y la que está hablando-, pero tengo que decirle una cosa,
señoría, ni el ministro, ni la secretaria general, ni nadie que tenga
que ver con el Gobierno del Partido Popular ha visitado a personas
mayores pudiendo dar la impresión de que se hacía un uso electoral de
los viajes. Y eso no sucedía en otros tiempos, señoría. Es una cosa
que yo he mantenido, que quiero mantener y que he pedido. Yo no digo
que fuera usted, líbreme Dios, porque no fue, pero es cierto,
señoría, y ahí está, en lo que era la preparación de viajes o de
asistencia al recibimiento. Y no digo que eso fuera en sí un uso
electoral, pero tampoco es bueno para el programa. Los responsables
de la Administración y los políticos tienen que ir a observar y hay
que clausurar e inaugurar, y me parece muy bien, entre otras cosas
porque sí es verdad que la sociedad debe saber que esa es una
iniciativa de un Estado que quiere ser un Estado social, solidario y
que le da importancia al programa. Pero quiero decirle que no se ha
hecho y no se va a hacer uso alguno electoral de lo que son políticas
de solidaridad a las que nos obliga la Constitución y que se deben
llevar a cabo por justicia.
Es verdad que usted me decía que obras son amores y yo le he dicho lo
de la memoria. Pero si tienen que valorar en materia de obras lo que
es la política que está haciendo el Gobierno tengo que decirle que el
movimiento asociativo de personas mayores, a través de sus revistas y
a través de lo que es el contacto que tenemos desde la Administración
del Gobierno y de sus manifestaciones, no ha presentado ninguna queja
concreta a lo que es la tarea del Gobierno. Es verdad que han
reiterado -y usted lo decía- el manifiesto de las personas mayores.
El manifiesto de las personas mayores llega a las mismas conclusiones
-si lo recuerda- que lo que ha sido la petición unánime de las
personas mayores en el último consejo estatal que se celebró antes
del cambio de Gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir
avanzando de manera que las políticas solidarias no sean patrimonio
de ningún gobierno sino la obligación de todo gobernante ante el
cumplimiento de un precepto constitucional.
Respecto a lo del gobierno del centro o de la derecha, tengo que
decirle que el gobierno que quiera acertar tiene que ser el gobierno
de la sociedad. Tiene que ser el gobierno de la sociedad en la medida
en que cada vez más la sociedad va por delante de los partidos
políticos. Por eso aparecen ahora tantas ubicaciones hacia un lado
o hacia otro. Sin embargo, creo que lo importante es no errar el rumbo
de cara al objetivo a conseguir.
Quede con usted mi respeto, mi consideración y, repito, no me importa
que algunos puedan pensar que soy blanda con usted. No lo soy y usted
lo sabe, pero es mucho más fácil descalificar, hacer un chiste o una
ironía, lo que no es mi estilo.
En cuanto a mi portavoz quiero darle las gracias, porque comparto con
ella que es muy importante el papel que juega la familia en la
atención a los mayores, pero
usted estará de acuerdo conmigo en que nunca ha de ser a costa de que
la mujer abandone su carrera profesional para cuidar a sus mayores, y
en este momento estamos en un ochenta y tantos por ciento de
cuidadores informales mujeres. En ese sentido creo que el proyecto de
plan de apoyo a la familia va a resolver ese tema. La familia debe
ser un referente, pero nunca a costa, repito, de que la mujer tenga
que abandonar lo que es su profesión y sus derechos.
Quiero darle las gracias por el apoyo y por las sugerencias tan
importantes que llegan de los miembros de esta Comisión a la
Secretaría General. Este es un buen apoyo porque, a veces, en el
camino es importante contar no sólo con la aquiescencia, sino también
con la actividad constructiva de usted y de todos los compañeros de
su grupos.
Muchísimas gracias.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR JORDANO SALINAS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE PROYECTOS PREVISTOS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS PENSIONES QUE RECIBEN LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES, ESPECIALMENTE
LOS RESIDENTES EN LOS PAÍSES DE HISPANOAMÉRICA. (Número de expediente
181/001758.)
- DEL SEÑOR JORDANO SALINAS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS PARA FACILITAR A LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES EL RETORNO A SU PAÍS DE ORIGEN. (Número de
expediente 181/001759.)
- DEL SEÑOR JORDANO SALINAS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PARAFACILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A
PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES AUTONÓMICAS Y GENERALES A
LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES. (Número de expediente 181/001760.)
- DEL SEÑOR JORDANO SALINAS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA QUE LOS HIJOS DE LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES PUEDAN VISITAR, CONOCER Y ESTUDIAR EN ESPAÑA.
(Número de expediente 181/001761.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas así las dos solicitudes de
comparecencia, entramos en los puntos relativos a las preguntas. El
diputado que ha planteado las preguntas ha solicitado acumularlas en
una sola intervención y accedemos gustosamente a su petición.
Tiene la palabra don Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente por la
acumulación de las preguntas que creo que nos permite hacer una
reflexión más global sobre las tres materias que se formulan en las
mismas. Hay dos preguntas relativas al ejercicio de derechos por
parte de los emigrantes; otra pregunta específica del retorno y otra
pregunta relacionada con un ámbito que podíamos llamar el recuerdo de
España en relación a los hijos de emigrantes.
En cuanto a las pensiones surgen en la actualidad dos tipos de
problemas: el relacionado con pensiones no contributivas de
emigrantes españoles en que los criterios de cálculo generan
determinados problemas que se plantean periódicamente y también en
relación a la facilidad de cobro. La subcomisión de esta misma
Comisión que emitió el informe en relación a la situación de los
emigrantes, ya recomendaba que se facilitara el cobro de las
pensiones por el sistema que mejor conviniera a los intereses del
emigrante, y recomendaba también que se estudiara un sistema de
cálculo que permitiera nivelar ese tipo de pensiones no contributivas
y eliminar en lo posible las diferencias entre los residentes en
distintas nacionalidades. Surge también un problema que enlazaríamos
con la situación del retorno en cuanto al cobro de pensiones
generadas en los países de origen por los emigrantes. Los cambios de
domicilio provocan situaciones de no precisión por parte del
emigrante de esas pensiones y un retraso considerable en el cobro, lo
cual implicaría una preocupación que traslado al Gobierno, a la
secretaria general de Asuntos Sociales para encontrar fórmulas que
puedan resolver esta situación de no cobro, a veces por un período de
tiempo extremadamente largo, de determinados emigrantes retornados de
las pensiones de su país de origen.
En cuanto al retorno hay dos ámbitos en los que fijarse. De un lado,
el retorno temporal, en definitiva la inclusión de los emigrantes en
todos los programas de vacaciones y en la participación de viajes
sociales organizados por la Secretaría General de Asuntos Sociales, y
también el retorno en una situación definitiva. El retorno en estas
condiciones permite observar una falta de coordinación entre las
distintas administraciones y plantea una necesidad de coordinación de
la Administración central con las administraciones autonómicas y
locales para resolver los problemas que se originan en el retorno del
emigrante. No olvidemos que el elemento básico de ese retorno, que es
la vivienda, incluye competencias que no son de la Administración
central, que son, de un lado, de las administraciones autonómicas y,
de otro, de las administraciones locales.
En cuanto a los derechos políticos creo que es uno de los elementos
esenciales del respeto al emigrante, y no hablar de pura filosofía o
poesía en la relación con los emigrantes, sino permitir un ejercicio
efectivo de sus derechos. En el problema del voto hay una aspiración
que se puso de manifiesto también en el informe de la subcomisión,
aspiración que todos compartimos, como es la necesidad de que se
vayan configurando colegios electorales en las embajadas o consulados
para que sea similar el ejercicio del voto del español residente en
el extranjero con el del español residente en nuestro territorio.
Evidentemente hay que seguir avanzando para que el censo de
españoles residentes en el extranjero se corresponda con la
universalidad de esos extranjeros y para que no seamos cicateros a la
hora de facilitar la inclusión en el censo por parte de nuestros
emigrantes y, por supuesto, facilitar en la medida de lo posible el
ejercicio de ese derecho esencial, como es el derecho al voto. En el
aspecto del voto y de la participación política también resaltaría
otra recomendación de la subcomisión que fue la de intentar buscar
una fórmula de representación directa del emigrante, utilizando la
figura del senador de la emigración. Para esto sé que es necesaria
una reforma constitucional, pero puede plantearse esa reforma
constitucional en el Senado en un plazo relativamente corto, y me
gustaría saber la opinión de la secretaria general en esta materia.
En cuanto a los hijos de los emigrantes hay que decir que muchos de
ellos han nacido, se han criado, prácticamente han hecho toda su vida
efectiva en los países de residencia de sus padres; se han integrado
en otras culturas diferentes pero, en general, mantienen una imagen
idealizada del país de origen de sus padres. No nos estamos
refiriendo específicamente al hijo de emigrante que llega a un alto
nivel profesional, como pueda ser el caso de Díaz Alegría, en
astronáutica, o de López Zubero en deporte, sino a hijos de
emigrantes de otros niveles, y parece conveniente mantener y
acrecentar la posibilidad de relación con el territorio de sus padres
para acrecentar también la influencia cultural que pueden transmitir
en sus países de residencia, no olvidando que es uno de los elementos
esenciales de la expansión del idioma español fuera de nuestras
fronteras, tanto del idioma castellano como de cualquier otro idioma
oficial del territorio. En este sentido es en el que se incardina la
última de las preguntas formuladas en relación a las medidas que está
promoviendo el Gobierno a efectos de que los hijos de emigrantes
puedan visitar, conocer y estudiar en España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, doña Amalia Gómez.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): De
forma agrupada paso a responder a las preguntas.
En primer lugar tengo que decirle que comparto su preocupación por
las pensiones, como usted ha dicho muy bien, de los países de origen
que tardan hasta un año, pero no sólo por el cambio de domicilio,
sino también por la dificultad de las combinaciones entre las
entidades bancarias, sobre todo con algunos países de Latinoamérica.
En ese sentido la directora general ha realizado un viaje para ver si
cerraba la posibilidad de algún tipo de acuerdo, y no tengo que
ocultar a la Cámara que está resultando difícil lo que puede ser el
reto de combinar las operaciones interbancarias en ese sentido. Lo
que sí estamos haciendo es tratar de buscar soluciones desde el
ámbito de la agilización en el reconocimiento de la pensión del país
de origen.
Por lo que se refiere a la pensión asistencial por ancianidad, tengo
que decir a S.S. que en este momento estamos a punto de elaborar un
decreto. Usted sabe que el
problema de los beneficiarios de pensión asistencial cuando volvían a
España era que tenían dos años de carencia hasta que podían acceder a
una pensión no contributiva. Nosotros lo que estamos tratando de
conseguir con la aceptación de ese decreto, en la colaboración de la
Seguridad Social, es que no se produzca ese período de carencia. Lo
que falta por establecer es si van a cobrar la misma cantidad en
pesetas que cobraban en los países que vivían durante esos dos años
de carencia como medida inicial, para que no tengan que estar dos
años sin percibir pensión.
Hasta este momento están regularizadas las pensiones, es decir, se
han pagado los atrasos de 1995 y 1996, lo que supuso que en el año
1997 se tuviera que añadir 1.008 millones de pesetas. Este año hemos
tenido una dotación presupuestaria de 5.456 millones para hacer
frente a todo lo que eran demandas regladas por derecho de
solidaridad de las personas emigrantes.
Se ha hecho un nuevo programa informático que estará en vigor para la
renovación de las pensiones de 1999. Esta era una necesidad muy
demandada porque al no existir este programa informático unificado se
producían grandes bolsas de personas que tenían que esperar durante
mucho tiempo.
En cuanto al retorno, estoy de acuerdo con usted en que el retorno
sigue siendo el reto de todas las administraciones. Le voy a dejar al
presidente, aunque mandaremos un ejemplar a cada miembro de la
Comisión, la guía del retorno que acaba de publicar el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, coordinado por la Dirección General. Esta
guía es muy sencilla y nos va a servir para delimitar no sólo lo que
son las áreas de competencia, que están claras, sino, sobre todo, la
coordinación de las mismas. Hay un papel muy importante que se puede
hacer a través de las conserjerías laborales y de los consulados en
el exterior respecto a lo que es el asesoramiento, la información y
consejos, porque se están produciendo muchas decisiones de venir a
España sin haber resuelto no sólo cómo van a vivir aquí, sino la
situación laboral con la que vienen. Creo que la guía va a ser un
elemento que facilite por lo menos la información. Tenemos que dejar
constancia de la colaboración de organizaciones no gubernamentales
y de sindicatos y sobre todo de mi gratitud al Consejo General de la
Emigración, porque son muy importantes las propuestas, sobre todo en
materia de vivienda, de asesoramiento, de asistencia, así como en
materia laboral, ya que estamos asistiendo a la venida a España no
sólo de residentes españoles mayores que han vivido mucho tiempo
fuera sino también de personas en edad laboral. En ese sentido, en la
próxima conferencia sectorial presentaremos un informe y una
propuesta de coordinación con las comunidades autónomas que, como
usted sabe, es sobre las que recae fundamentalmente la labor
asistencial y de acogida de los emigrantes que vuelven.
Respecto a lo que usted ha dicho del derecho a participar en las
elecciones municipales, autonómicas y generales,
es una pregunta que respondo en nombre del Ministerio de
Interior, que, como usted sabe, es el órgano administrativo que tiene
competencias en la materia. Le traslado directamente al presidente la
respuesta y la Dirección General de Política Interior me dice que
están estudiando un procedimiento para garantizar y facilitar lo que
es el ejercicio al voto. En dicha Dirección General tienen todas las
recomendaciones que se hicieron en el grupo de trabajo y, por tanto,
me limito a destacar el compromiso de agilización y de facilitar el
voto y le traslado al presidente la respuesta por escrito, como me
pide el director general que haga.
Sobre su última pregunta, es un área en la que el Ministerio ha
trabajado intensamente, entre otras cosas porque existen ya segundas
y terceras generaciones de españoles residentes fuera de España que
no solamente quieren conocer las raíces culturales o de origen, sino
que, sobre todo, por la situación que está alcanzando España, de
dinamismo en lo que pueda ser la creación de empleo o de expectativas
de futuro, les interesa tener conocimiento incluso del marco y de las
posibilidades laborales. En ese sentido, tengo que decirle que, como
novedad, se ha suscrito un convenio con Argentaria para la concesión
de becas a descendientes de españoles, destinadas a la realización de
estudios universitarios o de posgrado en universidades españolas,
sobre todo en las ramas que tienen que ver con dirección de empresas
y ciencias económicas.
Por otra parte, seguimos manteniendo con incremento presupuestario el
programa de ayudas para colonias de vacaciones y ayudas para la
participación en albergues y campamentos, así como para viajes
culturales. Tendría que resaltar, aparte de las becas Reina Sofía, de
ayudas para estudios universitarios de posgrado, un programa en el
que sí tenemos mucho interés y que se ha incrementado notablemente,
que es el programa para que hijos de españoles residentes fuera de
España puedan hacer práctica aquí en empresas extranjeras o en
empresas españolas. Este es un programa de futuro, puesto que tiene
una demanda muy alta, hasta el punto de que estamos estudiando la
posibilidad de firmar convenios concretos de colaboración con
empresas, porque la demanda de jóvenes que quieren venir a España ha
desbordado el marco actualmente existente. Tengo que reconocer aquí
el trabajo que en este sentido se está haciendo desde las comunidades
autónomas, a partir de convenios de colaboración con los consejos de
universidades de cada una.
Eso es todo lo que les puedo informar.
El señor PRESIDENTE: Concluye así el orden del día. Agradecemos
cordialmente la presencia de doña Amalia Gómez.
Señoras y señores, se levanta la sesión.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.