CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 579



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO



Sesión núm. 33



celebrada el miércoles, 25 de noviembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Sobre enajenación del fuerte San Cristóbal, en Navarra. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de
expediente 161/001228) ... (Página 16932)
- Relativa a la cesión en precario al ayuntamiento de Ferrol (A
Coruña) del edificio de Monteventoso (Ferrol), abandonado por la
Armada. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de
expediente 161/000936) ... (Página 16936)



Comparecencia del señor subsecretario de Defensa (Menéndez
Menéndez) para informar sobre:



- La rescisión de contrato a la tropa profesional por razones
de maternidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (número de expediente 213/000533) ... (Página 16939)



- Problemática para la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas,
así como de situaciones conflictivas vividas a este respecto. A solicitud
del Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 213/000577)
... (Página 16939)

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Preguntas:



- Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre valoración de la adaptación de varios capítulos de
la Ley de prevención de riesgos laborales a los establecimientos
militares (número de expediente 181/001902) ... 16947



Se abre la sesión a las once treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de
Defensa, que, como bien saben por el orden del día, está estructurada
en dos partes: en primer lugar, proposiciones no de ley y, en segundo
lugar, a partir de las doce y media, comparecencias del subsecretario
de Defensa y contestación a una pregunta.

Advierto a los señores diputados de que la Mesa ha aceptado un
escrito de la portavoz del Grupo Mixto, doña Merced Rivadulla, en el
que pide que se aplace el debate de la proposición no de ley sobre la
clausura de actividades en el campo de tiro de Gavá (Barcelona), que
figura en el orden del día con el número 2, por encontrarse enferma.

La Mesa ha aceptado el escrito, por lo que sólo debatiremos sobre las
proposiciones no de ley que figuran con los números 1 y 3.




- PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE ENAJENACIÓN DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL, EN NAVARRA,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente 161/001228).




El señor PRESIDENTE: A petición de los grupos parlamentarios, vamos a
debatir en primer lugar la proposición no de ley, que figura con el
número 3, sobre enajenación del fuerte de San Cristóbal, en Navarra,
que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.

Para su presentación, tiene la palabra el portavoz del grupo, don
Julián Fernández Sánchez.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a
la Presidencia y a los grupos parlamentarios por permitir la
alteración del orden del día.

Voy a defender la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación con la reversión
del fuerte de San Cristóbal a la Comunidad Foral de Navarra, pero
permítanme que antes haga un recordatorio. Con frecuencia, la
Comisión de Defensa viene conociendo el interés que manifiestan las
comunidades y los ayuntamientos, a través de sus diputados y
diputadas, por estos casos. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Les ruego que ocupen sus escaños, con el fin de
poder escuchar mejor al interviniente.




Adelante, señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Decía que en multitud de ocasiones los
diputados y diputadas traemos a esta Comisión problemas que tienen el
mismo origen: buscar otros fines para los suelos e instalaciones
militares cuando ya no tienen esa utilidad.

Por todas SS.SS. es conocido el enorme patrimonio que obra en poder
de la Gerencia de Infraestructuras, más de 30 millones de metros
cuadrados de suelo, que, al carecer de usos militares, es susceptible
de ser enajenado. Por otra parte, Defensa posee patrimonio que no ha
sido puesto inmediatamente en poder de la Gerencia, pero que tampoco
tiene utilidad ni usos militares, y éste es el caso del fuerte San
Cristóbal, en Navarra, que fue desocupado por carecer de interés
militar, como consta en la respuesta del Gobierno a una pregunta
realizada por este diputado. Me refiero a una pregunta que fue
contestada por el Gobierno en junio de 1996 y en la cual el Gobierno
decía que el fuerte San Cristóbal, también conocido como fuerte
Alfonso XII, está desocupado y ha sido declarado de no interés
militar por el Ejército de Tierra. Al mismo tiempo, en esta respuesta
del Gobierno se hacía referencia a que el Gobierno de Navarra, a
través de su departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, y el Estado han mostrado su interés en cuanto a formalizar
acuerdos que posibilitaran su enajenación, de forma que se pudieran
compatibilizar los planteamientos urbanísticos y sociales con los
intereses de Defensa. Hago referencia a esta respuesta del Gobierno
porque consideramos que es importante el que sea conocido que esta
instalación militar, desde 1996 -y posiblemente antes-, carece de ese
interés militar y, por tanto, es susceptible de acuerdos entre
Defensa y el Gobierno foral.

Asimismo tengo que recordar que el fuerte San Cristóbal tiene una
especial importancia para todos los navarros y navarras, ya que
durante la guerra civil fue una cárcel donde estuvieron presos los
republicanos y hace escasas fechas celebramos el sesenta aniversario
de un intento de fuga que fue trágico para los prisioneros que se
encontraban allí en ese momento y en el que hubo cientos de muertos.

Éste es un hecho que recordamos todos los navarros y navarras. Por lo
tanto, entendemos que un cambio de uso de esta fuerte puede borrar
esta imagen de la historia negra de una época pasada de nuestra
historia no muy lejana.

Con tal fin, el Gobierno de Navarra y su departamento de Medio
Ambiente, conjuntamente con los ayuntamientos de Ansoaín,
Berrioplano, Berriozar, Villava, Pamplona y los concejos de
Berriosuso, Ainzoaín y Artica, han iniciado un estudio para poner en
práctica una futura área natural recreativa en el monte de San
Cristóbal. El objeto de este estudio es dotar a la ciudadanía de
Pamplona y su comarca de un área recreativa íntimamente ligada con la
naturaleza, ya que estamos hablando de una zona que tiene un bosque,
con un alto valor paisajístico. En la primera fase de este estudio se
incluyen terrenos de propiedad comunal pertenecientes



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a los ayuntamientos y concejos citados que conforman una superficie
aproximada de 270 hectáreas y, a su vez, este estudio deja fuera a la
superficie que ocupan las instalaciones militares, aproximadamente 48
hectáreas. Creo que todas las partes implicadas y también las
distintas fuerzas políticas de Navarra tenemos un interés especial
por que esta área recreativa que se pretende hacer pueda también
contar con la superficie que tiene el Ministerio de Defensa para
incluirla en este proyecto. Por esto nuestro grupo presenta esta
proposición no de ley que entendemos que posibilita el objetivo que
se han marcado tanto el Gobierno de Navarra como los ayuntamientos y
los concejos afectados.

En esta proposición no de ley instamos al Gobierno y al Ministerio de
Defensa para que procedan a formalizar en el menor plazo posible el
correspondiente convenio que posibilite la enajenación en unos
términos que nosotros consideramos los menos gravosos, es decir, que
económicamente esta reversión se haga de una manera que no tenga un
elevado coste económico, porque hablamos de instalaciones para las
que realmente ni Defensa ni la Gerencia de Infraestructuras van a
tener otro comprador que no sea el Gobierno navarro, ya que se
encuentra en una zona alejada de la población urbana, por lo que la
única utilidad que pueden tener es la de espacio natural. Por lo
tanto, lo que pedimos es que se compatibilicen los intereses de
Defensa al mismo tiempo que son atendidos también los requerimientos
sociales que se han producido en torno a esta cuestión.

Con el debate que se ha producido y se sigue produciendo en esta
Comisión en torno al modelo sobre la futura Gerencia de
Infraestructuras y también sobre las condiciones en las que se puede
acceder a este tipo de reversiones, vemos que podría encuadrarse
dentro de este epígrafe, en el que habría posibilidades de que pueda
llegar a accederse gratuitamente a la instalación, ya que el
Ministerio de Defensa difícilmente va a poder vender estas
instalaciones a alguien ajeno a la Comunidad Foral de Navarra.

Por ello, señorías, como en tantas otras ocasiones en que esta
Comisión de Defensa ha tratado asuntos similares, confiamos en que
esta proposición no de ley tenga interés para el resto de los grupos
políticos y pueda contar con el apoyo suficiente para ser aprobada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Chivite.




El señor CHIVITE CORNAGO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar la posición de nuestro grupo
respecto a la proposición no de ley que ha formulado ante esta
Comisión el señor Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la enajenación del fuerte San
Cristóbal y para defender la enmienda que hemos presentado a dicha
proposición no de ley.

El objeto de la proposición presentada queda resumido en su
literalidad y se concreta en la suscripción de un convenio con el
Gobierno de Navarra para la enajenación del fuerte Alfonso XII, más
conocido en Navarra como fuerte San Cristóbal. La enmienda que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado viene a ampliar y
completar la proposición, teniendo en cuenta que las propiedades e
instalaciones
que el Ministerio de Defensa posee en el monte San Cristóbal
se hallan en diversos términos municipales, por una parte Pamplona y
por otra los citados en la exposición de motivos de la proposición de
Ansoaín, Berrioplano, Berriozar, Ezkabarte y Burlapeña, y por tanto
hemos entendido que la cesión o enajenación debería ser a favor bien
de estos ayuntamientos o bien, en su defecto, del Gobierno de
Navarra, con el consentimiento y el conocimiento de los municipios
afectados. De igual manera, aunque en la exposición que ha hecho el
portavoz de Izquierda Unida apunta que los bienes ya se encuentran
desafectados, tengo que decir que cuando proponemos la agilización
del trámite de desafectación lo hacemos sobre la base de una
respuesta del 11 de junio de 1998 en el Senado, en la que se dice que
estos bienes, concretamente el fuerte Alfonso XII, en el monte San
Cristóbal, se hallan en situación previa de desafectación y, por
consiguiente, dentro del demanio público. De ahí nuestra propuesta en
relación con la agilización del trámite de desafectación del
Ministerio de Defensa.

Quiero hacer alusión también al artículo 128.c) de la Constitución,
que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea
cual fuere su titularidad, debería estar subordinada al interés
general, y ante esta categórica afirmación constitucional me pregunto
si la riqueza patrimonial de titularidad del Ministerio de Defensa en
lo referente al Monte San Cristóbal o monte Ezkaba, como también se
le conoce, está siendo adecuadamente utilizada para el interés
general.

Es cierto, por otra parte, que el Gobierno actual, en su afán, a
juicio de nuestro grupo, por hacer caja y conseguir ingresos de
cualquier parte, además de su desenfrenada carrera en la
privatización de empresas públicas, ha vuelto su mirada desde hace
tiempo hacia todos sus tesoros inmobiliarios y ha pisado el
acelerador en la venta de un patrimonio generado durante años con el
esfuerzo de todos los españoles y españolas y que, ahora, en su
carrera por ser el primero en las cifras macroeconómicas, por vestir
ese «España va bien», se vende para enmascarar unos resultados y para
hacer frente a unos presupuestos realmente desequilibrados. Un
patrimonio que sólo se evalúa a la hora de su enajenación en términos
económicos y no en términos de rentabilidad social.

Quisiera decir que cuando hablo de rentabilidad social (y nos
referimos al monte Ezkaba) tenemos que poner de manifiesto la
afluencia de personas que acuden a este monte. Es muy alta dicha
afluencia durante todos los meses del año, en especial los fines de
semana, dada la proximidad prácticamente incardinada en las áreas
urbanas de Pamplona y de los municipios de la comarca. Esta afluencia
de visitantes, ante la falta de ordenación de sus usos, puede
influir, y de hecho lo está haciendo ya, de una manera negativa en la
preservación del espacio natural, por lo que se requiere de una
decidida acción institucional en la que se implique a toda la
ciudadanía.

Desde mayo de 1994 se organiza en Navarra la marcha popular a San
Cristóbal, que en cada edición multiplica su participación como toma
de conciencia ciudadana de la necesidad de una actuación urgente para
ordenar y regular los usos recreativos del monte de manera que no
atenten contra el espacio natural. Es cierto que en mayo de 1993 el
Ministerio de Defensa ya ofreció al Gobierno de Navarra la



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venta de las propiedades, pero es cierto también que no se llegó a
acuerdo alguno, dado el elevado coste. Conocemos que posteriormente
han existido contactos sin que tampoco hasta la fecha se haya llegado
a un acuerdo, sobre todo en lo que se refiere a costes de
transmisión. Y tengo que decir que en el conjunto del monte Ezkaba
distinguiría las tres partes que lo configuran: por una parte, la que
viene en la proposición no de ley, que hace referencia al fuerte
Alfonso XII, o fuerte San Cristóbal, que ocupa una superficie de
615.000 metros cuadrados y cuyo valor en la Gerencia está alrededor
de 680 millones de pesetas.

El Gobierno de Navarra se ha interesado por su adquisición, no
existiendo hasta ahora un principio de acuerdo en cuanto a la
valoración de propiedades, sobre todo porque la adquisición de todas
estas propiedades supondría -teniendo en cuenta la proximidad del
campo de tiro del acuartelamiento de Ainzoaín- tener que realizar
importantes inversiones para dotar de seguridad al monte y a sus
usuarios y sería necesario realizar en dicho acuartelamiento militar
un apantallamiento de protección de grandes dimensiones, lo que
supone una inversión muy elevada. Por otra parte está la carretera,
con 33.000 metros cuadrados, aproximadamente, sobre los que tampoco
se ha llegado a ningún acuerdo. El tercer punto es el polvorín, y
éste pertenece al municipio de Pamplona. Se ha solicitado la cesión
gratuita por parte del Ayuntamiento de Pamplona de este polvorín,
pero sin que se haya llegado a ningún acuerdo. ¿Cuál es la situación
actual? La situación actual es que entre el Gobierno de Navarra y los
ayuntamientos afectados se ha firmado un convenio desde el año pasado
para realizar lo que sería el área natural recreativa de San
Cristóbal. Por otra parte, se ha iniciado el trámite, con el visto
bueno del Consejo del Patrimonio Histórico, para declarar el conjunto
fortificado de Pamplona como patrimonio de la Humanidad. El inicio de
esta declaración afecta especialmente -y así viene en el expediente
de declaración del patrimonio de la Humanidad- a las fortificaciones
existentes en San Cristóbal.

En cuanto a la legislación que da cobertura a este tipo de
transmisiones, voy a hacer referencia a la Ley 28/1984 y a la
proposición de ley, que presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, venía a decir que no se estaba de acuerdo con esta
legislación e introducía un elemento de cesión gratuita de las
propiedades a los ayuntamientos, diputaciones y Gobiernos autonómicos
que realmente se hubieran interesado por ellas.

Hay un interés social e institucional en la transmisión de esas
propiedades del Ministerio de Defensa, y digo que hay una transmisión
real porque estas propiedades del Ministerio de Defensa del monte
Ezkaba o monte San Cristóbal han impedido hasta la fecha la
intervención de las administraciones forales y locales en el
tratamiento adecuado de este espacio, que pretende convertirse en un
espacio protegido con la categoría de área natural recreativa, con el
objetivo de ordenar el uso y poner en marcha las medidas para la
utilización pública adecuada de ese espacio.




En una palabra, se trata de integrar las propiedades e instalaciones
del antiguo uso militar en el conjunto del monte y éste a su vez en
el conjunto del entorno urbano de las poblaciones afectadas como
contribución a la mejora de
la calidad de vida de sus habitantes. Creo que las perspectivas de
utilización social de las instalaciones del Monte Ezkaba o monte San
Cristóbal, su posible declaración como bien patrimonio de la
Humanidad y las obligaciones de inversión, protección y conservación
que todas estas actuaciones conllevan, exigen que los sujetos pasivos
de la obli8gación sean titulares de los bienes sobre los que actúan,
en una palabra, que el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos
afectados, incluido el Ayuntamiento de Pamplona, sean los titulares
de ese patrimonio. Por eso hemos presentado esta enmienda a la
proposición, que en el espíritu coincide con la de Izquierda Unida y
que esperemos cuente con el apoyo de los demás grupos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor del Burgo.




El señor DEL BURGO TAJADURA: No voy a abundar en las razones que ya
se han expuesto sobre la conveniencia de dar un tratamiento adecuado
a la situación en la que se encuentra el fuerte de San Cristóbal,
vinculado a la historia reciente o contemporánea de Pamplona desde
finales de la tercera guerra carlista, en que se hizo esa
fortificación para evitar que desde el monte San Cristóbal, en una
hipotética cuarta guerra carlista, los carlistas se apoderaran del
monte y desde ahí bombardearan la ciudad de Pamplona. Esa es la razón
de ser de este fuerte, sin perjuicio de otras razones estratégicas,
como son la necesidad de proteger a Pamplona ante una posible
invasión francesa, o producida desde los Pirineos, todo lo cual ha
dejado de tener sentido; ya no existe el peligro de una cuarta o
quinta guerra carlista, parece que tampoco debe haber demasiados
problemas de invasión por el norte, y en estos momentos Defensa y
todos, hemos llegado a la conclusión de que el fuerte de San
Cristóbal ha perdido su utilidad desde el punto de vista militar. Por
tanto, a todos nos parece muy bien que se inicien conversaciones
entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para dar una
solución satisfactoria al uso y utilización por la ciudadanía, desde
una perspectiva recreativa y social, de esas instalaciones
antiguamente militares, otra cosa es la forma de perfilar
definitivamente el acuerdo adoptado por este Congreso.

Algo que debo decirle al portavoz socialista con el máximo respeto es
que hasta ahora estamos vinculados a la Ley de Gerencia de
Infraestructuras de su propio Gobierno socialista, en la que la única
opción que nos deja es la de al venta, cuando precisamente el Grupo
Popular ha mantenido -y en estos momentos hay un proyecto de ley en
tramitación y esperamos que se apruebe pronto- la posibilidad de que
se haga cesión gratuita en aquellos casos en los que no exista un
interés económico cierto. Es evidente que, en este caso concreto, un
fuerte que está en lo alto de un monte no puede tener un valor
económico muy importante, si se compara con la enajenación de un
cuartel que está en una zona urbana y que por tanto sí puede tener un
interés económico cierto. Precisamente esta ley nos va a permitir que
las conversaciones que deseamos que el Gobierno de Navarra inicie con
el Gobierno de España puedan tener, desde el punto de vista
económico, un aspecto más beneficioso para los intereses de la
comunidad foral. Eso es todo



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lo que tengo que decir en cuanto al problema que se plantea.




Nosotros estamos de acuerdo básicamente con la propuesta de Izquierda
Unida, que nos parece muy sensata y acertada, pero después de hablar
con el Ministerio de Defensa creemos que tal vez habría que
perfilarla, por lo que hemos conversado con el proponente y, en
función de esas conversaciones, hacemos una propuesta de transacción
que, con el permiso del señor presidente, voy a leer: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno para que inicie, en el menor plazo
posible, conversaciones con el Gobierno de Navarra con vistas a la
formalización de un convenio que posibilite la utilización, con fines
recreativos y sociales, del fuerte de San Cristóbal, en Navarra,
actualmente desocupado y declarado de no interés militar, con respeto
a la legalidad vigente así como a las exigencias de seguridad
ciudadana derivadas de las necesidades de instrucción del
acuartelamiento de Ainzoaín, sito en las inmediaciones del monte de
San Cristóbal». De esta manera se deja vía libre para que pueda haber
unas conversaciones que culminen en un convenio.

Nos parece que el tema de los ayuntamientos es una cuestión que
deberá abordar el Gobierno de Navarra, y nos parecerá muy bien que en
su día, una vez que se llegue a un acuerdo, pueda producirse una
cesión desde el punto de vista de la titularidad de los bienes
cedidos a los ayuntamientos afectados o mantenerlo en la propiedad
del Gobierno de Navarra; esa es una fórmula que debemos dejar a la
libre decisión posterior de las instituciones navarras. Creemos que
de esta forma daríamos un impulso a una necesidad y a algo sentido
por la ciudadanía de las zonas afectadas, empezando por la ciudad de
Pamplona. En consecuencia, si el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida está de acuerdo con esta transacción, apoyaremos con nuestro
voto esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez, a los efectos de tomar
posición respecto de las enmiendas presentadas por los grupos
Socialista y Popular, tiene la palabra.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Voy a manifestar cuál es nuestra posición
con respecto a las diferentes enmiendas que se han planteado en torno
a la proposición no de ley de Izquierda Unida.

El Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda de sustitución que
no podemos aceptar por varias razones: la primera es que una enmienda
de sustitución lo que hace es sustituir la propia proposición no de
ley del grupo proponente. Cuando un grupo trae a esta Cámara una
proposición y otro grupo que ha tenido idénticas posibilidades de
trasladar a la Comisión el mismo problema no lo ha hecho, a nosotros
no nos parece conveniente que en este trámite se pretenda anular la
proposición del grupo que sí se ha preocupado de que sea debatido en
la Comisión el asunto.

Por otra parte, la enmienda de sustitución que plantea el Grupo
Socialista lo que viene a hacer es mezclar diversos asuntos, diversas
instalaciones, de tal manera que yo creo que imposibilitan la
finalidad de la proposición no de ley, que es la de la reversión o
que la utilización de estas instalaciones militares sea posible. Por
estos motivos no vamos
a aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Hay que
tener en cuenta que, por establecer un símil, cuando se va de caza no
se pueden cazar venados, conejos y perdices al mismo tiempo, no es
posible hacer todas esas cosas a la vez.

En cuanto a la propuesta del Grupo Popular, es una transacción que
recoge literalmente el texto de la proposición no de ley de Izquierda
Unida con una diferencia que a mí me parece que también es
importante. Nosotros estamos hablando de enajenar unas instalaciones
militares y el Grupo Parlamentario Popular lo que nos está
proponiendo es que, mediante acuerdo, se puedan utilizar estas
instalaciones sin que medie esa enajenación o que se puedan
compatibilizar las dos cosas. Por tanto, a mí me parece que esta
transacción aporta la novedad de poder llegar a un acuerdo de
utilización, puesto que la situación económica que puede derivarse de
este asunto entre Defensa y el Gobierno de Navarra podría ser que
imposibilitara también el llegar a un acuerdo; por esto yo creo que
se abre una doble vertiente.

Me alegro de que el Grupo Parlamentario Popular y su portavoz en esta
Comisión, el señor del Burgo, se haya tomado con apego el dar un
tratamiento correcto a esta situación, ya que, como he dicho
anteriormente, el Gobierno de Navarra y Defensa llevan tres años
negociando sin que haya fructificando ningún acuerdo, y yo animaría
también al señor del Burgo para que interceda ante su grupo político
en Navarra para que este objetivo, este fin que perseguimos, se pueda
alcanzar en el plazo más breve posible. (El señor Chivite Cornago
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Chivite, ¿a qué efectos solicita la
palabra?



El señor CHIVITE CORNAGO: Simplemente por una cuestión de orden. El
señor Fernández Sánchez apuntaba como una situación extraordinaria la
presentación de una enmienda de sustitución, y yo quiero manifestar
con claridad que es un trámite perfectamente normal en cualquier
Comisión. No es de extrañar, a nadie debe parecérselo, la
presentación de una enmienda de sustitución, más cuando, si me ha
escuchado en el debate, no se pretende, y lo he dicho con claridad,
sustituir ni mucho menos el fondo de la cuestión, con el cual estaba
de acuerdo, sino ampliar y complementar.

Y como último apunte, me parece sorprendente que diga que no se puede
ir a cazar tres cosas cuando resulta que estamos hablando de un
fuerte que a la vez tiene una carretera.




El señor PRESIDENTE: No puede reabrir el debate, señor Chivite, no
tiene ningún sentido hacerlo. Aceptamos su aclaración; evidentemente,
la enmienda de sustitución es un procedimiento absolutamente normal,
pero no tiene ningún sentido reabrir el debate.

Señor Fernández Sánchez, ¿quiere añadir alguna cosa? (Denegaciones.)
Señorías, por acuerdo de la Mesa votaremos a las doce y veinticinco,
cuando hayamos terminado el otro debate, y, por lo que respecta a
esta proposición no de ley, lo haremos, por lo tanto, según lo que ha
planteado el grupo proponente,



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de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular. (El señor Moya Milanés pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Moya.




El señor MOYA MILANÉS: Señor presidente, ante este planteamiento, mi
grupo retira la enmienda de sustitución.




- RELATIVA A LA CESIÓN EN PRECARIO AL AYUNTAMIENTO DE FERROL (A
CORUÑA) DEL EDIFICIO DE MONTEVENTOSO (FERROL) ABANDONADO POR LA
ARMADA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de expediente
161/000936).




El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, por lo tanto, al siguiente
punto del orden del día, el primero, que lo habíamos aplazado, que es
la proposición no de ley relativa a la cesión en precario al
Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña) del edificio de Monteventoso
(Ferrol) abandonado por la Armada.

Para la presentación de la proposición, tiene la palabra el señor
Rodríguez Sánchez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Entre las muchas propiedades que posee el
Ministerio de Defensa en Galicia en general y particularmente en la
provincia de A Coruña, destacan por su importancia aquellas que
afectan al Ayuntamiento de Ferrol y a otros ayuntamientos limítrofes,
como pueden ser Ares, Narón o Valdoviño, pero lo grave de esta
afectación es que gran parte de las extensiones que son propiedad de
Defensa carecen de interés militar, muchas de ellas están
abandonadas. Pero, a pesar de carecer de interés militar y de estar
abandonadas, existe una cierta proclividad en el Ministerio de
Defensa a no tolerar o a no permitir ningún tipo de salida, como si
se tratase de empresas que debe mantener como bocado apetitoso, no se
sabe con qué finalidad, porque desde luego todas tienen un valor
económico más que incierto desde el punto de vista del mercado, bien
porque están afectadas por costas o bien porque es tal la extensión
de terreno que solamente en una especie de regalo, aparentemente
pasado por las leyes del mercado, podrían encontrar algún comprador.

Sin embargo, aun en el caso de encontrar un comprador, después siguen
abandonadas, porque realmente están en lugares suficientemente
privilegiados pero con un valor ecológico ambiental tan grande que es
difícil cualquier tipo de actuación urbanística o, incluso por la
potencialidad del mercado, en concreto de la comarca, no existiría
capacidad, aun en contra de todo tipo de normativa ambiental o de
lógica mental, para llevarlas a cabo.

Digo esto porque la zona que hoy vamos a tratar es muy extensa, pero
solamente nos vamos a referir al edificio que está ubicado en ella,
que sirvió de observatorio meteorológico durante muchos años bajo el
mando de la Armada. En un edificio que fue abandonado en 1995 y que
ya en el momento de ser abandonado, en este caso sí, provocó la
preocupación de la corporación municipal, que en julio del mismo año
pidió al Ministerio de Defensa la cesión en precario
del edificio, del observatorio, porque se había comprobado en
otros casos que estas edificaciones pequeñas se degradaban
gravísimamente, incluso, al estar abandonadas, en medio del monte,
acababan siendo afectadas por actos vandálicos.

La respuesta de Defensa de septiembre del mismo año fue que seguía
siendo un edificio afectado por el Ministerio y que estaba dispuesto,
incluso para precaver o para obviar ese deterioro por actos
vandálicos en gran parte, ya no por el paso del tiempo, a efectuar su
cerramiento. Les doy un dato interesante. El momento en que se
responde sí al ayuntamiento para imposibilitar cualquier tipo de
salida era 1995; pues bien, hasta 1998 no se realiza un cerramiento
del edificio porque ya estaba tan deteriorado que se le arrancaron
las puertas, se tiraron muchas paredes interiores de ladrillo, por
supuesto todas las paredes internas se cubrieron de pintadas y de
otro tipo de afectaciones más graves y se rompieron escaleras
metálicas, dejándose el edificio en un estado prácticamente ruinoso.

Curiosamente es en el verano de 1998 cuando se les ocurre cerrar las
ventanas y las puertas de esta ruina con cemento a cal y canto. Si se
hubiese actuado en julio de 1995, sólo habría que haber efectuado
labores de conservación, con lo que todos habríamos ganado muchísimo.

Pero lo más grave es que el propio capitán general reconociese
públicamente en la prensa que gracias a la denuncia de organizaciones
políticas, en concreto de algunos cargos institucionales del Bloque
Nacionalista Galego, había observado que era cierto lo que contábamos
y, al comprobar el error, dio la orden de que había que tapar aquella
ruina cuyo proceso desde el año 1995 se estaba anunciando. ¿Por qué
decimos todo esto? Porque una vez más nos encontramos con un inmueble
de Defensa en perfecto estado que hoy es prácticamente una ruina en
la que va a haber que invertir mucho dinero para reconstruirla. En el
Ayuntamiento de Ferrol -vuelvo a repetir- ésta es una pequeña
propiedad que forma parte de una extensión de terreno de 117.070
metros cuadrados, según declaración de la propia Dirección de
Infraestructuras de Defensa. Por cierto, está en uno de los parajes
más impresionantes que existen en la Galicia del Norte. Desde allí se
puede contemplar todo el océano atlántico, el mar Ártabro, una gran
parte de las islas Sisargas y el inicio de la Costa da Morte, y al
pie del monte se encuentra la laguna de Doñinos y la playa del mismo
nombre, donde les quiero recordar que sigue ubicando un polígono de
tiro contra todo tipo de lógica, y así sucesivamente. Pero este
paraje incomparable que podría ser utilizado desde el punto de vista
ecológico y contar con una apoyatura mínima para usos sociales en
este edificio sigue inexplicablemente en una situación de abandono
total.

En todo caso, queremos que se busque una solución a esta problemática
y que este edificio, de características singulares aunque sea
relativamente moderno, se pueda utilizar con finalidades sociales
vinculadas al ocio, a la contemplación del paisaje, a finalidades
turísticas aceptables y también a actividades de carácter ecológico.

En cualquier caso , es una parte pequeña de un problema mucho más
grave. Querría llamar la atención de toda la Comisión sobre lo
importante que sería que el Gobierno, en concreto el Ministerio de
Defensa, aceptase un debate global sobre laafectación de un
ayuntamiento como el de Ferrol en las



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actuaciones en todos los edificios, inmuebles y bienes que tiene
abandonados. En un Estado normal una situación como aquélla sería
preocupación del Gobierno del Estado y haría una planificación de
futuro, pero continuar así, señorías, es grave.

Señor presidente, si puedo referirme a la enmienda lo haré y si no
esperaré hasta el final.




El señor PRESIDENTE: Sería preferible que esperara.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En todo caso, nuestra finalidad es que se
abra paso a una vía de diálogo entre el Ayuntamiento y Defensa para
que el edificio del observatorio sea recuperado, reparado, vuelva a
su situación anterior y sea destinado a fines sociales, y no los
117.000 metros cuadrados. Por ello presentamos una proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno a ceder en precario el edificio de
Monteventoso antes de que sea una ruina irrecuperable, que ya lo es,
aunque puede ser recuperable porque las paredes maestras, sobre todo
las de piedra, las del exterior del edificio, permanecen en buen
estado. Al Ayuntamiento de Ferrol se hizo una petición en 1995 con el
compromiso de elaborar una propuesta de usos alternativos.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista se ha presentado
una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor Borreiros.




El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: Señor presidente, se trata de una
instalación que no tiene mucho que ver con la filosofía para la que
fue creada y por la que actúa la Dirección General de
Infraestructuras, el antiguo edificio del observatorio meteorológico
de Monteventoso, que ha sido inutilizado y abandonado porque sus
funciones han sido transferidas a otra instalación militar cercana.

Una vez abandonado, existen gestiones civiles por parte del
Ayuntamiento de Ferrol y una respuesta del responsable del Ministerio
de Defensa que no se ha cumplido. Es decir, ese edificio no ha sido
afectado en la práctica para fines de defensa, no ha sido utilizado
ni reutilizado, ni siquiera ha sido recuperado ni vigilado, como se
prometió. Por tanto, se halla dentro de ese pequeño número de
instalaciones militares que después de ser abandonados e inutilizados
se deterioran y es muy difícil el uso civil o la subasta. Recuerdo
que cerca de esta instalación hay otra que ya ha salido a subasta
tres veces en épocas sucesivas y cuyo deterioro aumentó, posiblemente
hoy ya no tenga ningún interés para la vida civil ni para la vida
militar porque lleva años sin ser utilizada. Se trata -y estamos muy
de acuerdo con la filosofía de la proposición no de ley del Bloque
Nacionalista Galego- de atajar esta situación. Pensamos que esta
instalación que ya no tiene usos de afectación militar podría ser muy
interesante, desde el punto de vista civil, no sólo en lo que
respecta al ocio y al turismo sino fundamentalmente a un medio más de
enseñanza pública y, sobre todo, de conocimiento y observación del
medio ambiente, lo que no hay en la zona a la que nos referimos de la
ciudad y del entorno de Ferrol.

Con nuestra enmienda queremos seguir insistiendo en una petición. Nos
gustaría -y es obvio que así quede reflejado-
que se cumplan tres cuestiones. En primer lugar, que se cumpla
lo ofertado en su día por la Dirección General de Infraestructuras;
en segundo lugar, que se dé una utilidad pública a un edificio que ha
sido inutilizado y que se deteriora a pasos agigantados a medida que
pasa el tiempo, y en tercer lugar, dado que no se ha tramitado
aquello de que se habló hace tres años con respecto al destino de
esta instalación, que se negocie el ofrecimiento con las autoridades
civiles competentes, en este caso con el Ayuntamiento de Ferrol, en
un clima de diálogo con la Gerencia, el Ministerio y la Armada, ya
que son parte de lo que consideramos Estado español. No sólo se
trataría de una sucesión pura y simple, sino de llegar a un acuerdo
para la reparación y recuperación de ese edificio y que tenga un uso
público como fue el ofrecimiento en su día de las autoridades de
Defensa.




El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda transaccional por
parte del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Coincido con la filosofía
que han expresado los portavoces tanto del Bloque Nacionalista Galego
como del Partido Socialista Obrero Español, ferrolanos todos por
cierto, en relación con este paraje y esta propiedad que todavía y
desde el año 1995 el Ministerio de Defensa sigue considerando de
interés militar, según la respuesta a una pregunta formulada por
escrito por el Ayuntamiento de Ferrol. La realidad es que el
observatorio de Monteventoso, conocido también como semáforo de
Monteventoso, no sólo no tiene ningún interés militar después de los
años en los que se ha discutido este tema sino que además el
deterioro es importante, como sucede con tantas otras instalaciones
militares que ni se mantienen ni se ceden ni se realiza ningún tipo
de convenio. El Grupo Parlamentario Popular, ajustándose a lo que es
la legalidad vigente, teniendo en cuenta que ya está en tramitación
en esta Cámara un proyecto de ley para modificar la Ley de la
Gerencia de Infraestructuras, la 28/1964, de 31 de julio, y teniendo
en cuenta también las cuestiones que se mencionan en la exposición de
motivos de la proposición no de ley planteada por el Bloque
Nacionalista Galego y antes de que continúe deteriorándose aquella
instalación, presenta una enmienda transaccional en la que no sólo se
solicita que se cumplan los compromisos de elaborar una propuesta de
usos alternativos, que no se ha venido realizando y que desde el año
1995 está prácticamente paralizada, sino para que de manera inmediata
el Ministerio de Defensa proceda al adecentamiento, reparación
y mantenimiento de un edificio que continúa insistiendo es de interés
para la defensa nacional. Si es de interés para la defensa nacional,
lo lógico es que desde que así ha contestado al Ayuntamiento de
Ferrol en el año 1995 se ocupe y preocupe de que estas instalaciones
estén adecentadas, en buen estado de conservación y se mantengan en
unas condiciones mínimas estéticas y de seguridad para la zona del
entorno.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular plantea una enmienda
transaccional para que de manera inmediata se inicien nuevamente
conversaciones con el Ayuntamientode Ferrol, con el fin de adecentar,
reparar y



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mantener el edificio del observatorio meteorológico de Monteventoso,
que según dice el Ministerio de Defensa continúa afecto al propio
Ministerio, así como para tratar de manera inmediata también -como
dice el inicio de la enmienda transaccional- la firma de un convenio
que posibilite la cesión del mencionado edificio, de acuerdo con la
legislación vigente, al Ayuntamiento de Ferrol. Creo que es una
percepción general en todas aquellas ciudades que mantienen
instalaciones de la defensa que no puede continuar por más tiempo el
deterioro de los edificios abandonados o que aquellos que continúan
siendo de interés para la defensa no sean adecentados y mantenidos
como corresponde. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, que está
de acuerdo con la exposición de motivos de la proposición no de le
del Bloque Nacionalista Galego, presenta esta enmienda transaccional
porque en el fondo coincidimos todos los grupos políticos en que esta
situación no puede continuar de la forma en que se ha mantenido hasta
este momento y no se ha resuelto, como estamos viendo. Por ello hemos
presentado esta enmienda que esperamos que sea aceptada por el resto
de los grupos políticos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, voy a fijar la posición de
Izquierda Unida. Creemos muy oportuna esta iniciativa que nos
presenta el Bloque Nacionalista Galego por su contenido crítico, de
denuncia de una actuación que debíamos tener todos en cuenta para
trasladarla al Ministerio de Defensa, porque no es el único caso que
ha llegado a la Cámara en relación a una política de dejadez. Las
políticas de dejadez en los edificios públicos no son propias de un
Estado moderno, que se tiene que caracterizar, entre otras cosas, por
ser un ejemplo en la defensa de lo colectivo, de lo público.

Indudablemente, es poco edificante mantener desde 1995 hasta 1998 un
edificio sin las condiciones mínimas para poder garantizar que no
pierda valor, que no se destruya lo que en su momento fue para uso de
observatorio meteorológico, en este caso de la Armada, pues las
consecuencias las pagan los contribuyentes. Por tanto, esa parte de
crítica y de denuncia es muy oportuna para que desde la Cámara
tengamos la sensibilidad de trasladar al Ministerio que, en casos
parecidos de desafectación, se tomen de inmediato las medidas para
que en el tiempo transcurrido desde la desafectación al nuevo uso no
se deteriore un bien público que ha costado dinero, etcétera.

Otra parte del planteamiento que nos hace el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego es que está pendiente de la catalogación de todos
los bienes desafectados y su valor, que la Gerencia del Ministerio de
Defensa tiene que ofrecer a la Cámara. El portavoz del Bloque
Nacionalista Galego hacía una propuesta, creo que interesante,
referida al Ferrol, pero sería más interesante si somos capaces de
ampliarla. Planteaba S. S. La necesidad de un debate global en la
ciudad de Ferrol sobre todo lo desafectado y su futuro. ¿En aras a
qué? En aras a una planificación lógica, para que todas las
instituciones sepan efectivamente de qué se está hablando y no
improvisar. Creo que la no improvisación es otra de las
características de un Estado moderno.

Por tanto, me parece que es una sugerencia interesante intentar dar
un carácter más general no solamente sobre Ferrol, son que cuando
tengamos la catalogación final realizada por la gerencia de todos los
bienes desafectados y su precio podamos saber de qué estamos hablando
y plantear una actuación global de todas las instalaciones
desafectadas.




Me parece una proposición muy oportuna por su contenido de denuncia y
por las alternativas que ofrece y votaremos lo que el portavoz del
Bloque Nacionalista Galego nos indique en relación a las
transaccionales.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra a los
efectos de fijar su posición sobre las enmiendas presentadas.

El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, está claro que los
grupos que intervenimos en este debate estamos de acuerdo en el fondo
de la cuestión. Como no es momento ni viene a cuento intentar una
tercera alternativa, el Bloque Nacionalista Galego va a aceptar la
que se presenta como enmienda transaccional por el grupo que sustenta
al Gobierno, que recoge tanto la filosofía y la intención del grupo
proponente como la enmienda de sustitución que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista. Por tanto, vamos a aceptar la
transaccional, que se presenta como tal, del Grupo Parlamentario
Popular, en la concepción siguiente. A nosotros no nos cabe la menor
duda de que, tal como está redactada la transaccional, incluso tiene
algún problema de ambigüedad, pero estamos convencidos de que
solamente la presión para que se abra un diálogo con el Gobierno
puede empezar a dar salida a todos estos temas de carácter puntual.

El hecho de que se realice una negociación con unos resultados u
otros va a depender de la capacidad de presión y, por supuesto, de la
posición de Defensa, de que no tenga una actitud cicatera,
impresentable desde el punto de vista social y de la inutilización de
estos bienes.




El señor PRESIDENTE: Señorías, puesto que ya son las doce y media,
vamos a proceder a las votaciones de estas dos proposiciones no de
ley, ambas en los términos de las enmiendas transaccionales
presentadas por el Grupo Popular y aceptadas por los respectivos
grupos proponentes de las iniciativas.

Votamos el punto número 1, que acabamos de debatir, proposición no de
ley relativa a cesión en precario al Ayuntamiento de Ferrol, A
Coruña, del edificio de Monteventoso, Ferrol, abandonado por la
Armada, en los términos de la enmienda transaccional del Grupo
Popular.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Proposición no de ley, número 3 del orden del día, sobre enajenación
del fuerte San Cristóbal, de Navarra, también en los términos de la
transaccional presentada por el Grupo Popular.




Efectuada la votación, dijo



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA (MENÉNDEZ MENÉNDEZ)
PARAINFORMAR SOBRE:



- LA RESCISIÓN DE CONTRATO A LA TROPA PROFESIONAL POR RAZONES DE
MATERNIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
(número de expediente 213/000533).




- PROBLEMÁTICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LAS FUERZAS
ARMADAS, ASÍ COMO DE SITUACIONES CONFLICTIVAS VIVIDAS A ESTE
RESPECTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de
expediente 213/000577).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda parte del orden del día de
la sesión. Son dos comparecencias del subsecretario de Defensa, don
Adolfo Menéndez, a quien damos la bienvenida una vez más a la
Comisión, que recuerdo a SS. SS. que figuraban en el orden del día de
una sesión anterior y que tuvimos que aplazar. Este es el momento del
debate. Como planteamos entonces, vamos a debatir conjuntamente estas
dos comparecencias. La primera figura con el número 4 del orden del
día y es para informar de la rescisión de contrato a la tropa
profesional por razones de maternidad. La segunda figura con el
número 5 del orden del día y es para informar de la problemática para
la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, así como de las
situaciones conflictivas vividas a este respecto. Para el desarrollo
de las mismas tiene la palabra el señor subsecretario de Defensa.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Señorías, es
como siempre un placer comparecer ante esta Comisión para hablar de
dos temas que están relacionados en la forma de pregunta, aunque
conceptualmente no, en la medida en que por un lado está la
problemática de la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y,
por otro, una problemática que no es específica de la mujer aunque sí
le afecta tanto como al hombre, y es el procedimiento por el que se
resuelven los contratos de compromiso... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Es imposible que
oigamos en esta sala si persisten los murmullos.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Decía que el
segundo aspecto es más bien genérico, el procedimiento de resolución
en su caso de los contratos de los soldados profesionales, que no
tiene que ver directamente, a pesar de la formulación de la pregunta,
ni con la condición de la mujer, como es natural puesto que el
régimen es igual para todos, ni por supuesto con la maternidad, que
no es ni puede ser una causa de rescisión. Empezaré por el primer
aspecto, la integración de la
mujer con carácter general, y si SS. SS. me lo permiten, sin
perjuicio de posteriormente especificar más cosas, me ceñiré
a cuestiones concretas ya que en las dos últimas comparecencias hicimos
el planteamiento general. Como SS. SS. conocen perfectamente el
régimen vigente en este momento, así como el planteado en el proyecto
de ley de profesionalización presentado ante la Cámara, me limitaré a
esbozarlo para ver lo que hemos hecho en concreto desde la última
comparecencia.

Según los datos actualizados sobre el número de mujeres que componen
las Fuerzas Armadas en este momento hay más de 2.000: el 1,1 por
ciento de los cuadros de mando, el 2,2 por ciento de los alumnos en
período de formación, que suponen un futuro de incorporación, y el 4
por ciento en la tropa y marinería profesional. Hay que destacar el
interés que el Ministerio tiene en la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas, interés positivo que se ha traducido en el concurso
que se convocó el año pasado, como SS. SS. conocen, para la campaña
de publicidad de reclutamiento, en el que específicamente se
contemplaban algunas acciones para el reclutamiento de la mujer. En
la segunda parte del año, esas acciones de publicidad de
reclutamiento han tenido efecto y hemos podido comprobar un
incremento efectivo de la incorporación de la mujer. ¿Qué hemos hecho
sobre este planteamiento general y sobre la normativa vigente, la Ley
17/1989, para garantizar plenamente esa igualdad y para remover
cualquier obstáculo que pudiera haber en relación con la misma? En
primer lugar, como SS. SS. conocen porque lo han aprobado como
representantes de la soberanía nacional, hay un proyecto de ley sobre
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas para adecuar el mismo al
nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales, en el que
específicamente se contenían dos previsiones tipificando faltas como
grave o causa de expediente gubernativo (artículos 8.23 y 17.7),
previniendo lo que en terminología convencional se denomina acoso
sexual. No tenemos conocimiento de ningún problema en este momento,
pero sí hemos querido prevenir la posibilidad de que lo hubiera,
estableciendo muy claramente no sólo la consecuencia penal que en su
caso se produce de acuerdo con el Código Penal, tanto ordinario como
militar, sino específicamente traduciendo las redacciones del Código
Penal de 1995 en el aspecto puramente disciplinario y tipificando por
tanto esas dos conductas. En segundo lugar, como SS. SS. conocen
también perfectamente, se aprobó en esta Cámara una proposición de
ley, a propuesta de todos los grupos y singularmente del Grupo
Popular, en la que se hacía referencia a un incidente con una cabo de
la Brilat por rescisión de un contrato y en la que se proponía la
adopción de determinadas medidas. Esa proposición de ley iba en dos
direcciones; una primera para tratar de evitar que la maternidad se
constituyera en un obstáculo a la hora de poder acceder o desarrollar
el trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, y una segunda referida
específicamente al procedimiento por el cual se tramitan las
resoluciones de contratos, aspecto éste que, como he dicho, aunque
surgiera incidentalmente en la actividad parlamentaria como
consecuencia de aquel caso concreto, tiene una validez mucho más
general que abarca a hombres y mujeres y plantea una problemática que
en este caso se dio con una mujer pero que se puede dar exactamente
igual con un hombre y que



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hemos enfocado de la manera que inmediatamente voy a exponer.

En el primer aspecto, como SS. SS. saben, el proyecto de ley que el
Gobierno ha presentado ante la Cámara para la profesionalización de
las Fuerzas Armadas y el nuevo modelo del régimen de personal recoge
el planteamiento contenido en esa proposición de ley. No ha habido
enmienda a la totalidad a ese proyecto de ley, de lo cual me
congratulo porque demuestra un grado de consenso que creo que es
importante en materia de Defensa; tampoco ha habido enmiendas
relativas al tema que nos ocupa al haberse dado cumplimiento a lo
propuesto en la proposición de ley. Cuando este proyecto de ley ya
sea ley, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ese
tema quedará resuelto. Además, como hemos dicho en ocasiones
anteriores, ese proyecto de ley enfatiza aún más, si cabe, la
igualdad del hombre y la mujer en relación con el régimen ahora
vigente en la Ley 17/1989 al hacerse desaparecer cualquier limitación
para destinos por razón de sexo y al potenciar acceso a las plazas,
permitiendo la diferencia que no discriminación en relación con las
pruebas físicas, como por otra parte ocurre en todas las Fuerzas
Armadas profesionales que existen en el mundo, para establecer unos
marcos de exigencia que supongan una diferencia no positiva en el
sentido de que favorezca a la mujer, pero sí positiva en el sentido
de que haga desaparecer un diferencial que sino sería un
inconveniente para la mujer. Por supuesto, en el desarrollo
reglamentario de la futura ley estos principios se mantendrán en toda
su integridad.

Los incidentes habidos son realmente pocos, básicamente se contraen a
esta situación del cabo de la Brilat que está resuelta al haberse
subsanado el error administrativo que se había cometido, revocándose
inmediatamente el acto correspondiente, en concreto sobre la
posibilidad de disponer si no se prorrogaba el contrato, que son las
dos opciones existentes, de las pruebas extraordinarias para
formación. Prácticamente sólo ha existido ese incidente y otro
reciente que también ha sido resuelto con ese mismo criterio jurídico
en el Ejército de Tierra. Como conocen SS. SS., es una preocupación
del Ministerio que el criterio del asesoramiento jurídico sea
uniforme a todo el Ministerio y, por tanto, en todo el territorio
nacional en todos los aspectos.




Un segundo problema se planteó con motivo de este incidente, pero
repito que es mucho más general ya que no es específico de la mujer:
el problema del procedimiento para la resolución de los compromisos
de los soldados profesionales. En este aspecto hay que decir que la
regulación con la que este Gobierno se encontró era clara pero quizá
insuficiente en el sentido de que se recogía solamente en dos
artículos (el 18 y el 41 del Reglamento de la tropa y marinería
profesional) y un modelo en el que se hacían constar los dos
elementos que juegan en la decisión, que son básicamente el
expediente personal y el informe del mando correspondiente.

Naturalmente el proyecto de ley que SS. SS. están debatiendo también
trabaja en esta dirección, y en el desarrollo reglamentario de ese
proyecto de ley se resolverán todos los aspectos relativos a la
tramitación de los expedientes de resolución. Sin embargo, la
voluntad política del Gobierno y el compromiso que ha asumido ante
esta Cámara, en este caso en relación con el
problema de la mujer -aunque, como digo, este no es un problema de la
mujer sino general-, le ha llevado a estudiar y a adoptar, en este
caso por la Subsecretaría, una instrucción que se acaba de publicar
en el Boletín Oficial de Defensa para tratar de solventar cualquier
problemática que surgiera en relación con esta rescisión de los
contratos.

Paso a exponer muy brevemente a SS. SS. cuál es el contenido de esta
instrucción, que naturalmente tienen a su disposición y que supone
también un cumplimiento anticipado, por delante de lo que la propia
ley va a establecer, de esas garantías. Básicamente la regulación se
contrae a establecer, como se exigía en la proposición de ley, que
haya una posibilidad de constatación objetiva de los motivos que
pueden llevar a la resolución del contrato. Primero se establece la
necesidad de que en las unidades exista un instructor especializado
en la tramitación de esta clase de expedientes y que se instruya éste
como tal. En segundo lugar, se establece la necesidad de que
cualquier afirmación relativa a incapacidad psicofísica o a otros
elementos que sean constatabais objetivamente consten a través de los
certificados oportunos -estaba en el reglamento vigente pero de una
manera poco desarrollada, se concreta mucho más en la instrucción-,
de manera que figurarán los elementos de juicio objetivos, y, lo que
es mucho más importante, en línea con lo que el Partido Popular
planteaba también en esa proposición de ley junto con el resto de los
grupos, se establece la necesidad de que, antes de resolver, el jefe
de la unidad, que es el que tiene que tomar la decisión, deba dar
audiencia al interesado. Es decir, que por un lado constarán los
hechos en los que se fundamenta la decisión y, por otro, constarán
las alegaciones que tenga que hacer el interesado para que, en un
eventual contencioso-administrativo posterior, el debate esté
jurídicamente centrado sobre datos objetivos. Y se añade otra
garantía más, que por otra parte es una regla general en cualquier
Ministerio pero que aquí lo especificamos de manera precisa para este
procedimiento, que es la necesidad de que también antes de resolver y
ante cualquier duda exista un informe de al asesoría jurídica
correspondiente, de tal manera que, con independencia de la
regulación que pueda producirse en el desarrollo reglamentario de la
futura ley y de los principios que la propia ley establece, en este
momento tenemos un procedimiento perfectamente establecido -incluso
vamos a trabajar en algunas reuniones con tiempo dentro del
Ministerio para ir repasando si existe algún defecto más- en el que,
por un lado, constarán objetivamente los elementos de juicio que
llevan a la decisión de resolver el contrato, por otro lado las
alegaciones de aquél a quien se le va a resolver el contrato, también
en su caso el informe de la asesoría jurídica y, como por otra parte
no es novedad porque con carácter general está en el artículo 54 de
la Ley de procedimiento, la decisión de la resolución debe ser
motivada. De esta manera tendremos la garantía absoluta de que hay
una transparencia en el procedimiento, algo que existía ya pero así
queda enfatizada, y de que eventualmente, si existe un contencioso-
administrativo o cualquier clase de recurso, la discusión va a ser
más fundada.

Excuso decir a SS. SS., como anticipaba al principio, que este es un
problema general y que en ningún momento por parte del Ministerio de
Defensa ni de la legislación, porque sería no ya inconstitucional
sino una auténtica aberración,



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constituye causa de rescisión del contrato la maternidad ni la
condición de hombre o de mujer de cualquiera de los componentes de
las Fuerzas Armadas. En esta misma línea, saben SS. SS. que el
Gobierno está también trabajando en un anteproyecto de ley de la
Guardia Civil en el que se recogen estos mismos principios.

No quiero extenderme más. Simplemente quiero informar a SS. SS de las
medidas concretas que creo que es lo que interesa a los ciudadanos
para resolver los problemas que en esta área se hayan podido
producir. Como en s día expuse a la diputada señora Calleja, reiteré
en mi segunda comparecencia y lo vuelvo a hacer ahora, si SS. SS.

tienen conocimiento en su función de control de cualquier desviación,
el Ministerio no sólo comparecería para dar las explicaciones
oportunas sino que seguiría caminando en esta dirección en la que, no
me cabe la menor duda, todos estamos de acuerdo. En relación con esos
dos aspectos, creo que esto es lo más sustancial y con ello, sin
perjuicio de lo que SS. SS. opinen me someto a su consideración.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, que es
el que ha presentado esta iniciativa, tiene la palabra la señora
Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, como no podía ser de
otra manera, pasar a comentar estos temas. Fue el affaire
extrañamente no clandestino de la ex cabo Ana María Santos, ciudadana
que se vio excluida de la renovación de su empleo como soldado
profesional debido a su estado de gestación, lo que nos obligó en su
momento, por responsabilidad democrática, a pedir la comparecencia
del ministro de Defensa, en cuya representación interviene usted.

Convendrá conmigo, señor subsecretario, que en un país supuestamente
moderno, europeísta y a punto de entrar en el milenio cibernético no
pueden permitirse, de ninguna de las maneras, destellos autoritarios,
antidemocráticos y profundamente discriminatorios como el acaecido
recientemente y que parece, señor subsecretario, a pesar de lo que
usted ha dicho, que no es una excepción. Para ser rigurosos, creo que
sería bueno repasar el estado de la cuestión y recordar que fue
avanzada la firma de la Constitución española cuando se suprimió la
arbitraria y ancestral prohibición de ser militares o no en razón del
sexo. El Real Decreto-Ley 222/1988 regula la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, señor subsecretario, para
sorpresa de tirios y troyanos, el contenido de aquella norma tenía
cautelas, no sé si calculadas, para no garantizar suficientemente la
incorporación del colectivo mujer a las profesionales militares y que
se abordara con el debido y escrupuloso respeto a los principios de
igualdad.

Señor subsecretario, en esta aparente confusión donde hay una
agraviada de momento -que se sepa hay una-, la constatación de los
hechos implica una conculcación de la normativa en vigor por parte
del Ministerio de Defensa, que supone no sólo una actuación
arbitraria de la Administración sino un acto manifiesto de
desigualdad con respecto al resto de los militares, por lo que
podemos estar ante una flagrante violación del artículo 14 de la
Constitución. Entiendo, señor Subsecretario, que el gabinete
ministerial en cuestión no es un ente autónomo distribuidor
arbitrario
de la norma. Si la actuación fuera en esa dirección, se estaría
lesionando claramente el principio de interdicción de la
arbitrariedad, ya que la ausencia de fundamentación razonable lo
invalidaría.

Señor subsecretario, el artículo 18 del Real Decreto de 31 de junio
dice taxativamente que la renovación del compromiso se hace siempre
en base a dos requisitos, como usted bien sabe, el expediente
profesional y el informe del jefe de la unidad. Y aquí, según consta,
se ha violentado la norma y se ha quebrado la objetividad de los
conceptos. A la luz de lo que conocemos, hay órdenes ministeriales
que se confrontan con la Constitución, como la 42/1994, de 13 de
abril, del BOE de 18 de abril, en cuyo apartado A.9 figura -entiendo
que absolutamente grave- como causa de exclusión la gestación. Por
tanto, parece evidente, señor subsecretario, que no se vela en este
sentido suficientemente. El Gobierno y el resto de las fuerzas
políticas tienen que hacerlo para que no se normativice ningún
precepto discriminatorio, como aparece en lo aludido. Es
profundamente desajustado que instituciones del Estado como son las
Fuerzas Armadas vuelvan a los estereotipos más ancestrales de la
sociedad, penalizando, aunque no lo parezca pero sí de facto, una
función social como es la maternidad. Por tanto, situaciones de esta
envergadura sitúan a la mujer ante una disyuntiva. Quizá usted tenga
dificultad en comprenderlo, pero ese es el estado de la cuestión. La
disyuntiva es la siguiente: ser madre o ser trabajadora; en este
caso, ser madre o ser profesional del cuero, así de duro y así de
real.

Navegando por esos derroteros, la apuesta no natalista del Ministerio
parece estar servida, lo cual, señor subsecretario, es altamente
preocupante. Entiendo que el titular del Ministerio comparte el
modelo de sociedad que adjudica a las mujeres un papel subalterno, de
exclusiva procreación, a costa de no acceder en igualdad de
condiciones al proceso productivo. Eso, para empezar, es
inconstitucional.

Sería urgente rectificar y dejar de concebir las Fuerzas Armadas como
un reducto para el varón. Es necesario no instalarse en las
conquistas formales, sino mediante cláusulas que garanticen la
incorporación y la permanencia en plena y total igualdad para el
resto de los mortales. En este sentido, sería del máximo interés
conocer la evolución de la normativa y de los comportamientos a raíz
de haberse aprobado en esta Cámara la proposición no de ley que
diferentes grupo políticos trajeron a ella.

Estamos hablando de remover obstáculos, voluntad que los más
recalcitrantes asumieron tímidamente hace diez años. El resultado,
nada triunfalista, a pesar de los datos facilitados por usted y que
hemos constatado, da una cifra de dos mil mujeres en el seno de las
Fuerzas Armadas, con un uno por ciento de los cuadros del mando. A
nadie se le oculta que algo tendrá que ver con la falta de vocaciones
militares, ya que sólo en 1997 los declarantes como objetores de
conciencia han sido 127.304 jóvenes, un 36 por ciento más que en años
anteriores. En este frágil cuadro ustedes disuaden, además, al
colectivo mujer de incorporarse al cuerpo. Permítame que le diga que
es altamente insostenible la posición del ministro de Defensa. En
unos casos, se criminaliza la maternidad y, en otros, se tolera y
ampara la discriminación por razón de sexo.

Termino, señorías, con una gran moderación pero con una gran firmeza,
emplazándoles a que no bordeen la legalidad



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democrática, a que no se confronten con la Constitución, a que
revisen sus comportamientos y a que hagan suyos los preceptos
fundamentales recogidos en la Carta Magna, como es el derecho a la
igualdad.




El señor PRESIDENTE: La segunda iniciativa ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto y, como ya dije al principio de la sesión,
su portavoz, la señora Rivadulla, ha presentado un escrito excusando
su asistencia por razones de enfermedad, dando por supuesto que se
mantenía su tramitación. (El señor Rodríguez Sánchez pide la
palabra.)
En todo caso, si el señor Rodríguez Sánchez quiere intervenir, tiene
la palabra.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, o yo tengo amnesia
mental, que es posible debido a nuestro papel en este Congreso de los
Diputados -porque hay que eliminar cuestiones de la cabeza-, o esta
petición de comparecencia es del Bloque Nacionalista Galego.




El señor PRESIDENTE: No lo sé. Yo tengo aquí un escrito en el que
dice que excusa su asistencia en la comparecencia sobre la
problemática para la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas,
a cuyas explicaciones, si se considera conveniente mantener su
tramitación, atenderá por medio del «Diario de Sesiones».

No hay ningún inconveniente, señor Rodríguez Sánchez, para que usted
tenga una intervención. Simplemente estoy dando cuenta a la Comisión
de las excusas presentadas por la señora Rivadulla. Como aquí no
figura exactamente quién, dentro del Grupo Mixto, ha presentado la
iniciativa, daba por supuesto que era la señora Rivadulla por este
escrito suyo. Insisto, usted tiene perfecto derecho a intervenir y,
por tanto, en este mismo momento, le concedo la palabra.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Atodos los efectos quiero que quede
constancia de que la petición de comparecencia fue efectuada por el
Bloque Nacionalista Galego.




Empezaremos por decir que, desgraciadamente, este debate debía haber
tenido lugar en un momento más próximo a los sucesos que lo
provocaron. Que yo sepa, estos sucesos tuvieron lugar en el invierno-
primavera de 1998. De hecho, sólo habría que ver cuándo se pidió la
comparecencia y las respuestas a preguntas que realizamos por
escrito; las respuestas son de 7 de abril, por tanto, las preguntas
tienen que ser de finales de febrero.

Digo esto porque este tipo de comparecencias, como otras actuaciones
parlamentarias, tienen su eficacia plena si se realizan en el momento
oportuno y obligan a una valoración ponderada de los hechos para que
las soluciones que se busquen no sean despropósitos o bien no sean
totalmente ajustadas a derecho.

De las palabras del señor subsecretario quisiera resaltar lo
siguiente. En primer lugar, si en una ficha de filiación y servicios
de cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, bien con contrato no
permanente o con carácter permanente de funcionario, no figura ningún
correctivo, es preocupante que se busquen soluciones que llevan a una
valoración
totalmente negativa o sin paliativos de la función desempeñada
por el o la militar.

En segundo lugar, ese tipo de situaciones es especialmente
preocupante para los profesionales del ejército que no tienen una
vinculación permanente. Si hay una contradicción o si no figura en el
expediente lo que después se hace figurar en un informe, que no deja
de ser un informe particular de una persona sometida, como todas las
demás, a discusión en cuanto a sus actuaciones, la cuestión es
muchísimo más preocupante.

En el caso que da lugar a esta petición de comparecencia por nuestra
parte, los sucesos que afectaron a la cabo Ana María Santos Jiménez,
de la Brigada Ligera Aerotransportable, hay cuestiones curiosas que
indican, cuando menos, una forma de actuar poco rápida en función de
los problemas que se plantean. En concreto, el hecho de que se
solicite un uniforme de campaña debidamente adaptado a las
condiciones de embarazo, según consta en las respuestas del Gobierno,
en octubre y no llegue hasta enero de 1997, no deja de ser síntoma de
que no se toman las cosas con mucho interés. Aunque se diga que el
embarazo no se considera un impedimento para la permanencia en las
Fuerzas Armadas, creo que la circular a la que ha hecho referencia el
señor subsecretario indica que no había los elementos oportunos para
que en todos los casos conflictivos -sea un embarazo, que en este
caso formó parte de la denuncia, u otro tipo cualquiera de valoración
subjetiva- quede asegurado un mínimo de neutralidad en el seno de las
Fuerzas Armadas.

Cuando se dice en la circular que tiene que haber un instructor de
expediente, que debe figurar el proceso que da pie a una
desvinculación de las Fuerzas Armadas con objetividad, que deben
aparecer los certificados oportunos -en el caso de que se refiera a
impedimentos de carácter psicofísico-, que debe participar la
asesoría jurídica, que debe haber audiencia del interesado o
interesada y una resolución motivada, se está indicando que, por lo
menos en el caso que ha provocado el debate que ahora nos ocupa,
todas estas formalidades no fueron llevadas a cabo desde el
principio. Si se actuase así, aunque pudiese haber injusticia en el
caso, se hubiesen ponderado más las soluciones.

Concluyo con lo siguiente. Yo creo que es muy importante que el
ejército sea consciente, ahora que va a ser profesional, de que parte
de su personal masculino y femenino no va a estar sometido a una
relación de permanencia como funcionario. Yo pienso que hay que
agudizar especialmente este tipo de mecanismos preventivos y cuando
se tome cualquier decisión, que se haga debidamente fundada. Esto es
mucho más grave en el caso de las mujeres, porque se encuentran con
un peso cultural, ideológico y de estereotipos que va a hacerlas
fácil blanco de cualquier proclividad a prescindir de sus servicios,
porque objetivamente una mujer embarazada, en la visión tradicional,
incluso para el desempeño de determinadas funciones si se toma al
ejército como una empresa privada, es molesta. Esto es así de
objetivo.

Entiendo que el Estado, sobre todo en lo que son dependencias de su
competencia, debe ser estricto vigilante de que la jerarquía y la
disciplina militar, muy vinculada a valores tradicionales -y no sé si
denominarlos machistas-,no se convierta en un arma arrojadiza
precisamente



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para un sector del ejército en desigualdad de condiciones, que son
los que tienen contratos no permanentes y dentro de ellos, en
concreto, para el sexo femenino, que va a encontrar una situación
mucho más indefensa frente a lo que es el corporativismo tradicional
de todos los cuerpos del Estado, y en particular del ejército, muy
vinculado al mundo masculino y a unos valores de jerarquía y
disciplina que pueden ser lesivos para casos de carácter conflictivo.

Termino, señor presidente, diciendo que la mejor manera que tuvo el
Ministerio de Defensa o el señor subsecretario de demostrar que pudo
haber factores subjetivos que incidieron en la disolución del
contrato fue no haber tomado todos los elementos que la circular, que
ahora se dice que está en plena efectividad, dice que hay que tomar.

Si esto se hubiese hecho así, yo creo que hubiésemos tenido el debate
en otros términos, y aunque quedase la sospecha del estereotipo, nos
hubiésemos atenido a unos formalismos de carácter mínimamente
democrático, sobre todo dejar a salvo la capacidad de defensa por
parte de los afectados, que en este caso, sin duda alguna
objetivamente, es una mujer embarazada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Varela.




La señora VARELAVÁZQUEZ: Es obvio que la petición de la comparecencia
del señor subsecretario de Defensa en esta Comisión surge, sin lugar
a dudas, a raíz de los hechos acontecidos en la Brilat de Pontevedra
con una cabo a la que supuestamente, y según todos los indicios,
parece que no se le renovó el compromiso con las armas o, dicho de
otro modo, se le rescindió el contrato que venía manteniendo con la
tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, al parecer por el simple y
natural hecho de estar embarazada. Y he dicho supuestamente ya que,
aunque todos los datos apuntan a que ese despido por parte de las
Fuerzas Armadas parece no obedecer a su embarazo y posterior parto,
lo cierto es que el tema está en el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia y lógicamente son los jueces los que dirán la última palabra
en este tema.

Pues bien, a raíz de este caso, y precisamente al preparar la demanda
de la citada ex cabo de la Brilat de Pontevedra para presentar al
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es como nos dimos cuenta de
que en la Orden ministerial número 42/1994, de 13 de abril, se
aprueba el cuadro médico de exclusiones para los procesos selectivos
de acceso a empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales
de las Fuerzas Armadas. En el punto 9 de la citada orden aparece como
causa de exclusión la gestación. Dando un repaso a todas las demás
causas de exclusión se podía comprobar que todas tenían un carácter
de graves, crónicas, permanentes o recidivantes y, sin embargo, no
aparecía ninguna causa de tipo temporal. Y como la gestación es una
causa claramente temporal, mi grupo presentó una proposición no de
ley, planteando la reforma de la normativa que contemplaba el
embarazo como causa de exclusión del cuadro médico en los procesos
selectivos para el acceso a militar de empleo de la categoría de
tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas. Y la presentó
porque el grupo al cual represento entendía que esa normativa
imposibilitaba la situación de igualdad entre hombres
y mujeres, imposibilitaba la igualdad de derechos y oportunidades,
entendía que era claramente discriminatoria y, por tanto, muy
desfavorable para la mujer.

Gracias a esa proposición no de ley, que tuvo lugar, como he
manifestado, como consecuencia de una no renovación de contrato a una
ex cabo embarazada, podemos hoy leer con cierta -digo cierta, no
completa- satisfacción que en el proyecto de ley del régimen del
personal de las Fuerzas Armadas aparece recogido el mandato del
Congreso en el sentido de que si alguna de las aspirantes no pudiera
efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por
embarazo o parto debidamente acreditados, realizará todas las demás,
quedando la plaza, en su caso, condicionada a la superación de
aquéllas, es decir, que el embarazo no puede ser causa excluyente
para la entrada de la mujer en el ejército. Por tanto, algo parece
que hemos avanzado, y si de paso -lo voy a decir- se corrige el texto
tan sexista que contiene el citado proyecto, se avanzaría más, ya que
ustedes hablan continuamente en este texto de españoles, no
españolas; vinculados, no vinculadas; todos, no todas; los militares,
no las militares. En fin, el texto parece escrito por y para hombres
y da la sensación que es como si siguiese sin mentalizarse de la
presencia de las mujeres en el ejército.

Le manifestaba que parece que algo vamos avanzando, pero a mi grupo y
a esta diputada que les habla nos sigue preocupando no sólo la
entrada, sino la salida. Me explico. ¿Qué pasa con una mujer que
estando en el ejército queda embarazada y no se le renueva el
compromiso? ¿Cómo se garantiza que la no renovación no se debe a su
estado de gestación? El caso de la ex cabo de la Brilat no es el
único, y le voy a ir adelantando acontecimientos. En Pontevedra,
y también en la Brilat, hay una segunda mujer, en este caso soldado
raso, que -y mire usted qué casualidad- en este momento se encuentra
con una baja por maternidad y no se le renueva tampoco el compromiso
con las armas. ¿Qué ocurre? ¿Qué las mujeres de Pontevedra son
especiales y no sirven para el ejército al quedarse embarazadas? ¿Qué
en Pontevedra se concentran todos los casos? ¿Ocurre algo especial en
la Brilat de Pontevedra? Dígame usted qué es lo que ocurre. Y en este
caso hay un agravante, y le voy a hacer la pregunta: ¿por qué
situación pasan actualmente aquellas soldados profesionales, que es
el caso de ésta que se está dando en Pontevedra, que estando de baja
por maternidad finaliza su compromiso con el ejército? Pues que a la
finalización de su compromiso pierden la condición de militar y, por
tanto, dejan de percibir su sueldo, artículo 6.2 del Real Decreto
984/1992. Al cesar la relación de servicios con las Fuerzas Armadas,
se produce la baja automática en el Isfas (Instituto Social de las
Fuerzas Armadas), como consecuencia del cese de la vinculación
profesional. Al finalizar el compromiso se entrega a los soldados
profesionales el certificado de empresa a efectos de percibir la
prestación por desempleo, única fórmula de tener la asistencia
sanitaria cubierta y de obtener un ingreso.

Se produce en todo ello una laguna legal que provoca dos graves
consecuencias, a mi entender: primero, cualquier trabajadora, al
finalizar su contrato, si está de baja no percibe el subsidio de
desempleo hasta que le den de alta médica, cobrando mientras tanto la
incapacidad de la Seguridad Social. En el caso de estas soldados, al
pasarlas directamente



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al paro les están privando de un período de baja al que deberían
tener derecho antes de pasar al desempleo. Y, segundo, se provoca una
situación quizás fraudulenta, puesto que el artículo 209 de la Ley
General de la Seguridad Social, relativo a la solicitud y nacimiento
del derecho a las prestaciones por desempleo, establece que la
solicitud implicará la inscripción como demandante de empleo si la
misma no se hubiese efectuado previamente. Es evidente, señor
subsecretario, que una mujer que acaba de dar a luz no puede
inscribirse como demandante de empleo sin faltar a la legalidad
vigente. Y dígame usted cómo arreglamos ahora el tema de esa mujer
que estando de baja por maternidad se la acaba el compromiso con las
armas y nadie se hace cargo de esa baja. Esta situación no solamente
afecta a las mujeres en situación de embarazo, sino que se puede
hacer extensiva a todo el colectivo de soldados profesionales que
finalizan su compromiso estando de baja por enfermedad o accidente.

Por ello, aprovecho la oportunidad para sugerir al Gobierno que
corrija el texto del proyecto de ley y pueda quedar subsanado este
problema, que es grave.

Volviendo al tema que nos ocupa, que no es otro más que la
preocupación que tenemos por las rescisiones de contrato a la tropa
profesional por razones de maternidad, tengo que manifestar que
cuando ocurrió el caso de la cabo de la Brilat de Pontevedra, el
señor ministro de Defensa admitió, y así está publicado en prensa y
cito textualmente, que sólo el documento que recoge la opinión del
jefe de la unidad militar provocó la decisión de no renovarle el
compromiso, texto que se envió a la interesada. El ministro de
Defensa, señor Serra, en su comparecencia en el Senado el día 11 de
febrero dice textualmente que fueron las apreciaciones directas del
comportamiento de la soldado las que indujeron al jefe de la unidad a
no producir la renovación del contrato, y esto, aparte de gravísimo
porque significa ni más ni menos que la vida futura y profesional de
un sujeto depende de algo tan subjetivo como son las apreciaciones de
una persona sobre otra, además es preocupante. Y digo que es
preocupante porque el proyecto de ley de régimen de personal de las
Fuerzas Armadas, tanto en su artículo 49, que habla del cambio de
especialidad, como en el artículo 84, sobre pérdida de la condición
de alumno, indica como una de las causas la pérdida de la aptitud
psicofísica o pérdida de las condiciones psicofísicas. Y yo le
pregunto quién dictamina si se han perdido facultades psicofísicas.

Se supone que para las físicas hace el informe un médico y para las
psicofísicas se supone que hará el informe un psiquiatra. No
encontramos reflejado en el proyecto de ley esta especifidad de
diferentes facultativos para elaborar el informe psicofísico, y nos
gustaría que quedase claramente explicitado.

En el punto 6, del artículo 96, sobre nuevos compromisos, nos
encontramos con que para la firma de un nuevo compromiso será
preceptivo haber sido evaluado previamente y declarado idóneo. Esto
es lógico y correcto, pero nosotros nos preguntamos cómo, quién y
sobre qué base se declara a alguien idóneo, cuál es el baremo a
seguir y cuáles son los criterios. Esto debería estar también
claramente explicado.

El artículo 99, sobre hoja de servicios, recoge con bastante
minuciosidad el contenido que deben tener esas hojas. Nos alegra que
se incluyan los ascensos y destinos, la descripción
de hechos notables y actos meritorios, las recompensas
y felicitaciones personales o colectivas, así como los delitos o faltas
y las penas o sanciones correspondientes que no hayan sido
canceladas. Ahora sólo hace falta que se rellenen y que esas hojas de
servicio no estén en blanco, como ocurrió en el caso de la ex cabo de
la Brilat de Pontevedra.




También nos alegra que en el apartado 2 del artículo 100, sobre
informes personales, se diga que el calificador, que es el
responsable del informe rendido, sin dar a conocer en ningún caso su
contenido, podrá orientar al interesado sobre su competencia y forma
de actuación profesional y deberá comunicársele...




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Varela, por favor.




La señora VARELAVÁZQUEZ: Termino enseguida.

Decía que deberá comunicársele toda valoración negativa global o de
alguno de los conceptos. Y digo que nos alegra porque esperamos que
en un futuro no le vuelva a ocurrir a ninguna otra mujer lo que le
ocurrió a Ana María Santos, ex cabo de la Brilat de Pontevedra, que,
sin contar con informes por escrito de valoraciones negativas y
teniendo una hoja de servicios limpia de polvo y paja, y por tanto
blanca, se ha encontrado de la noche a la mañana con que no se le ha
renovado el compromiso de las armas y con una negativa, no se sabe
todavía muy bien por qué, a poder seguir siendo militar de empleo de
la categoría de tropa y marinería profesional de las Fuerzas Armadas
en nuestro país.

Y ya muy brevemente, porque el señor presidente me acota el tiempo,
lo que me parece en cierto modo lógico, voy a hacer una reflexión en
cuanto a que respecto a la integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas, los números de los que disponemos son desoladores. En una
comparecencia suya del 17 de abril de 1997 -por remitirme al último
año de cifras, el de 1996-, nos decía que había 3.927 plazas y que
las mujeres que obtuvieron plaza fueron 331, y no precisamente porque
no se presentasen solicitudes de mujeres, que se presentaron 5.870.

Francamente, este número es desolador, y yo me pregunto qué pasa con
el número total de mujeres que entran, ya que entiendo que son
mínimas las que llegan. Me pregunto también si la campaña que dicen
haber realizado no ha sido bien hecha o hay algún otro problema,
porque me niego a entender que la mujer está en inferioridad
intelectual o de condiciones respecto al hombre en general.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
señora Sainz.




La señora SAINZ GARCÍA: Señor subsecretario, decía usted,
efectivamente, en el año 1997 en esta Comisión que la integración de
las mujeres en las Fuerzas Armadas se estaba produciendo con absoluta
normalidad, si bien reconocía ya usted mismo que era un mundo
tradicionalmente masculino. Por tanto, los datos que ha dado usted
hoy constatan, en definitiva, esa realidad, y precisamente por eso
nuestro grupo valora positivamente la decisión delGobierno iniciada
con la campaña que nos ha mencionado



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por la que se pretende hacer una llamada a la presencia de las
mujeres en las Fuerzas Armadas como un ejemplo de normalidad y de
integración en uno de los aspectos de la vida social.

Y fue precisamente en esa comparecencia en la que la portavoz
socialista, de forma muy diferente a lo que hoy acabamos de oír,
hacía hincapié en que teníamos ya una legislación en lo relativo a la
aplicación del principio de igualdad que no era necesario mejorar.

Nuestro grupo, en cambio, en aquel momento puso de manifiesto que
había ciertas normas adaptadas por el anterior Gobierno que
propiciaban una clara discriminación de la mujer y que eran
contradictorias, en definitiva, con el mandato contenido en el
artículo 14 de nuestra Constitución. Y nos estábamos refiriendo
precisamente, entre otras cosas, señorías, al hecho de que el
embarazo o gestación se incluyese en la orden de 1994, ala que se
acaba de hacer referencia, del anterior Gobierno, como una de las
causas que determinaban la no acreditación de la aptitud física
necesaria. Es decir, efectivamente había una discriminación para el
acceso de las mujeres en las Fuerzas Armadas clara y evidente. ¿Y qué
es lo que hace el actual Gobierno? Pues modificar esta norma. Por
tanto, lejos de achacarle algo, habrá que compartir esa decisión para
lograr el objetivo de la plena igualdad de hombres y mujeres. Este
era precisamente, como ha recordado el señor subsecretario, el
objetivo de una proposición de ley, de nuestro grupo también,
aprobada por unanimidad y que el Gobierno ha recogido. Pero nuestro
grupo quiere manifestar su satisfacción porque el Gobierno con ello
ha dado un paso importante en el camino, además de las medidas no
solamente de igualdad, sino también de discriminación positiva a
favor de la mujer al diferenciar las situaciones que, por ser
distintas, deben ser desigualmente tratadas.

Por otro lado, destacamos que en el proyecto de ley de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas desaparecen todos los impedimentos
que dificultaban el acceso al cuerpo y a determinados destinos, cosa
realmente importante.

En relación con la normativa concerniente a tropa y marinería
profesionales de las Fuerzas Armadas, recordamos que procedía del
anterior Gobierno y que en ella se observaban también, a juicio del
Grupo Parlamentario Popular, algunas carencias, en orden a la
determinación de los particulares, que deben obrar en un expediente a
resultas del cual se adopte esa resolución, para que esa resolución
deniegue o conceda la ampliación de compromisos con arreglo a los
cuales debe emitirse el preceptivo informe del jefe de la unidad.

Sobre este extremo recuerdo que hubo acuerdo de todos los grupos al
votar a favor de una proposición de ley de nuestro grupo para que se
introdujesen en el expediente elementos, a los que el señor
subsecretario acaba de hacer referencia, que garantizasen al máximo
la objetividad de los conceptos a valorar, ampliándolos y
concretándolos, para que el informe del superior tenga la máxima
apoyatura fáctica, a lo que se añaden las garantías que acaba de
mencionar el subsecretario de trámite de audiencia, de información de
la asesoría correspondiente y que están ya adelantadas en la
instrucción que, según acabamos de escuchar, se ha cursado.

El Gobierno, por tanto, se enfrenta a la situación de desigualdad de
las mujeres en las Fuerzas Armadas adoptando
una actitud positiva y rectificando o eliminando, si quiere,
las desigualdades que persistían en el ordenamiento jurídico. Se han
incorporado al proyecto de ley medidas de discriminación claramente
positivas al reservar la puntuación obtenida en las pruebas hasta dos
años a las que acrediten estar embarazadas, y por primera vez las
mujeres, por el hecho de serlo, como acaba de recordar el señor
subsecretario, no tendrán -y creo que esto es muy importante-
restringido el acceso a determinados destinos de tipo táctico
operativo porque en la legislación anterior si está restringido, como
sucede en la actualidad. Se remueven los obstáculos que tenían las
mujeres y se garantiza plenamente la igualdad, porque es de lo que se
trata. No se trata de apostar por ninguna política natalista, sino de
apostar por la verdadera igualdad de oportunidades entre el hombre y
la mujer.

Voy a hacer una referencia muy breve al problema que aquí se ha
señalado por varios de los grupos intervinientes, por no decir por
todos, en relación con la ex cabo Ana María Santos. El Ministerio de
Defensa indicó ya en su momento reiteradas veces que la asesoría
jurídica había emitido un informe en el que se señalaba que se había
actuado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido en
aquel momento; que no se había objetivizado ninguna infracción ni
ninguna inculcación, como se acaba de decir, del principio de
igualdad. Por tanto, las manifestaciones que hemos oído, algunas muy
graves, de criminalizar la maternidad, etcétera, no tienen ninguna
justificación objetiva y carecen de cualquier criterio de rigor.

Quiero recordar, señorías, que la Administración no puede elegir
libremente a quienes aplica una norma o a quienes no la aplica.

Mientras esté ahí tiene que ser aplicada con igualdad. Si procediera
modificarla, como hemos considerado todos los grupos políticos de
esta Cámara, se modifica y eso nos parece que es lo importante; si
hay que perfeccionarla, que se perfeccione, y esto es lo que está
haciendo precisamente el Gobierno.

Termino, señor presidente, señor subsecretario, diciendo que nuestro
grupo quiere mostrar su satisfacción al señor ministro, en la persona
del señor subsecretario, porque creemos que en la le de reforma de
las Fuerzas Armadas y en el proyecto de ley de régimen de personal se
marca un hito histórico al sentar las bases para la incorporación, en
términos de igualdad real, de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

Pretenden unas Fuerzas Armadas más eficaces, la profesionalización
del ejército, y todo ello habla de un concepto muy importante: de
modernidad, y nuestro grupo entiende la modernización con la plena
integración de la mujer en igualdad en todos los estamentos, también
en el ejército; y compartimos con todos esa realidad, que es la que
pretendemos superar en estos momentos, de desigualdad de la presencia
de la mujer. Afortunadamente, la desigualdad desaparece ahora ya en
la normativa.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): Aunque los
argumentos se han reiterado, trataré de dar una respuesta a cada una
de SS. SS. y,en definitiva, en línea argumental general.




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Señora Aramburu, agradezco tanto la moderación como la convicción,
que en el fondo creo que compartimos. Voy a discrepar porque los
hechos son los hechos. Usted ha realizado una interpretación de los
hechos que no es correcta y la diputada representante del Grupo
Popular me exonera de señalar la obviedad de que como Gobierno no se
me puede criticar por lo que yo no hago, sino por lo que hago, y la
normativa de 1988 y la de 1994 que se han citado no ha sido aprobada
por este Gobierno. Ni siquiera me parece que el Gobierno anterior
merezca en este aspecto un ataque singularizado, porque es tan
evidente, y también para el Gobierno del Partido Popular, la igualdad
del hombre y la mujer, en cualquier ámbito y singularmente en este
caso de las Fuerzas Armadas, que no puede ser esto un arma
arrojadiza. Todos tenemos que caminar en la misma dirección, pero que
no sea un arma arrojadiza, repito, en ninguno de los dos lados porque
yo tengo que aplicar la ley que está vigente.

Desde ese punto de vista, el expediente de la cabo de la Brilat, que
en un conjunto de más de 150.000 personas - en el caso de las mujeres
el número que hay depende de que se presenten o no; no hay ninguna
discriminación en el acceso, al revés, y si lo hubiera para eso está
la legislación para corregirlo- no es significativo, aunque si
quiere, como ha dicho S. S., es una excepción que confirma la regla,
que confirma que no hay ninguna discriminación, una excepción en la
que se ha seguido el procedimiento con arreglo a la legislación
vigente, y había dos informes: el del jefe de la unidad y el
expediente personal.

En ese caso concreto me preocupé de hablar directamente por teléfono
con la abogada de la afectada, porque aunque comprenderá que me
gustaría dedicar aunque sólo fuera cinco minutos a cada uno, no puedo
porque no podría hacer mi trabajo, pero para que vea la importancia
que le concedo pedí que la asesoría jurídica revisara el expediente,
y si había algún motivo de nulidad lo revocábamos inmediatamente, y
se me dijo que en lo que se refiere a la tramitación de la no
renovación del contrato era correcto. Como S. S. ha puesto de
manifiesto, no tengo la certeza de que hay un contencioso-
administrativo, pero cumpliríamos la sentencia inmediatamente si se
estimase que hay incorrección. Sin embargo, admítame que hay una
presunción de apariencia de legalidad en la actuación de la
Administración porque, si no, no podemos funcionar.

Por lo que se refiere a la petición de la prórroga extraordinaria
para poder desarrollar estudios, el acto se revocó inmediatamente a
la vista de que eso era lo que decía la asesoría jurídica, y además
con las mejores intenciones de resolver el problema.

Desde ese punto de vista no se puede decir, como se ha dicho, que el
Gobierno no actuó rápidamente. Debo recordar, sin acritud y con
moderación, que comparecí la última vez para hablar sobre este tema y
la comparecencia no se produjo por causas imputables al Gobierno, por
tanto, el Gobierno no es culpable de esa dilación entre el tiempo y
el momento en que se produce la comparecencia parlamentaria.




Me parece que estamos de acuerdo, aunque hay una interpretación de
los hechos que no es correcta, y me atrevería a decir, en el lógico
juego de la dialéctica política, que no es justo con el Gobierno. Yo
he dicho -Y por eso
no he querido hacer discursos que son vacuos porque hay que resolver
los problemas de los ciudadanos- lo que el Gobierno ha hecho en
concreto en relación con este tema, que es incontestable.

Su señoría, señora Varela, me pone de manifiesto algunos aspectos en
relación con la regulación de la ley de régimen de personal, que
cumple absolutamente con la proposición de ley. Que yo sepa, no han
llegado las 400 enmiendas que hay, y si alguna se refiere a la
discriminación, el Gobierno, en lo que se refiere a la igualdad entre
hombre y mujer, no va a tener ninguna duda porque nos parece una cosa
evidente y en el contrato de publicidad de este año, y está en el
Boletín Oficial del Estado porque el concurso es público, hay un
trabajo específico para atraer mujeres. Si comprobamos, como hemos
hecho, la eficacia de la publicidad en esta última parte del año,
veremos que cada vez hay más mujeres que vienen y que aprueban. Pero
no hay que convertir esto en un arma arrojadiza ni en una bandera, es
la realidad lógica y elemental.

En relación con este caso concreto no puedo aceptar, a la vista de lo
que me dice la asesoría jurídica en la que tengo que confiar, que
haya error alguno. Repito, si la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia dijera lo contrario, se corregiría
inmediatamente, porque hay que reconocer otra cosa, por eso no es una
crítica fácil a ninguno de los gobiernos. Estamos empezando desde el
año 1988 y, por tanto, es lógico que se produzca la experiencia.

Su señoría ha puesto de manifiesto un tema que no me anticipa y
conozco perfectamente, el de otra señora que está en la Brilat y no
sé si la Brilat tiene una maldición. Plantea un problema difícil
jurídicamente y he detenido el expediente para estudiarlo y ver cómo
lo resolvemos, porque aunque no sea verdad que el embarazo sea la
causa de rescisión, sí puede parecerlo, que es lo que S. S. insinúa.

Yo creo que no debe parecerlo. Estamos estudiando una legislación que
no nos es aplicable, la civil, para ver exactamente cómo podemos
jugar dentro de la norma, y en este momento están trabajando en la
asesoría jurídica y estoy dispuesto a llevar el asunto al Consejo de
Estado para sentar criterio.

El problema que S. S. plantea es muy sencillo, el período de contrato
termina y hay que renovarlo y la soldado en este caso ha quedado
embarazada en un momento determinado. Obviamente, sería no sólo de
risa sino inadmisible que alguien pensara que se va a quedar
embarazada para tener un permiso. Sin embargo, se produce esa
coincidencia cronológica, que a la mitad del permiso de maternidad se
termina el contrato y, de acuerdo con la legislación vigente,
resultaría que pierde la condición de militar y tenemos que jugar,
cosa que es automática y hemos sugerido, con la prórroga
extraordinaria para formación o ver -que me parece atacar el problema
más a fondo- si es posible prorrogar hasta que termine el permiso de
maternidad las retribuciones, sin perjuicio de que renueve o no el
contrato, que no tiene que ver con la maternidad. No obstante, quiero
hacerlo dentro de la ley. Através de los trámites de la ley en el
Senado sería bien recibida cualquier enmienda que se presente en ese
sentido; podríamos corregir la ley futura y todos los aspectos que S.

S. dice que no están precisados en los diferentes artículos, aunque
sí lo están en cuanto a principios y se hará en el desarrollo
reglamentario.




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Uno de los problemas de la legislación vigente, señorías, que no
quiero convertir en una crítica hacia el Gobierno anterior, siempre y
cuando no se convierta en una crítica a éste porque sería el colmo,
es que la Ley 17/1989, que es la que soporta el reglamento de régimen
profesional, dice muy poco, mucho menos que la de ahora, y el
reglamento se redactó dentro de las posibilidades que había. Esto se
podrá compartir o no pero el criterio de la instrucción que hemos
dado garantiza la objetividad. Ahora bien, estábamos aplicando la
legislación vigente, porque una instrucción del subsecretario no
puede incumplir la ley, lo único que hace es enfatizarla para decir:
quiero una constatación objetiva de cuál puede ser el motivo que se
pueda discutir y que haya una alegación del interesado, que podrá ser
verdad o no, pero abrirá el debate del contencioso-administrativo en
el futuro con mucha más claridad de lo que puede ser este primero,
con lo cual no estoy reconociendo, porque no es verdad, que en el
primero no se haya seguido el procedimiento, pues estaba el informe
del mando y el informe personal de la cabo. En toda valoración
administrativa hay un grado de discrecionalidad, que no de
arbitrariedad que está prohibida, como saben SS. SS., por el artículo
9.3 de la Constitución.

Otro aspecto que SS. SS. han puesto de manifiesto es el decreto de
1994. Salta tan a la vista que esa orden ministerial es
inconstitucional que lo que estoy tratando de hacer es que nadie se
despiste y la aplique. No hace falta ni siquiera derogarla, ya lo
está porque es claramente inconstitucional. No obstante, en la ley se
establece el principio general y en el desarrollo reglamentario
podemos precisar mucho más.

Dado que nuestra diputada casi me exonera y me permite ser más
severo, ni siquiera voy a decir que el decreto no lo hemos hecho
nosotros ni lo convierto en un argumento, porque estamos avanzando en
un terreno en el que - como reconocíamos todos en la primera
comparecencia- partimos de un mundo donde no había participación de
la mujer.

Se han hecho algunas otras afirmaciones que me gustaría matizar. Se
ha citado a la prensa como fuente de información. Reconociendo el
importante papel que tiene la prensa, lo importante son las
declaraciones que se hagan en la Cámara. Es decir, la prensa,
desempeñando su papel, inmediatamente se hace eco de cuáles son las
preocupaciones sociales. Como decía el diputado del Bloque
Nacionalista Galego, cuando contemos con un ejército plenamente
profesional, con el número que la Cámara decida al final, hemos de
tener un mecanismo interno a fin de que nadie tenga que ir a la
prensa para resolver un problema. Tiene que haber un mecanismo que
funcione automáticamente. Por ello anticipaba que, aparte de
comprobar hasta el último extremo que la instrucción se cumple,
estamos organizando una serie de reuniones con los diferentes mandos
de personal para que todo esté perfectamente pulido.

Me gustaría decir que el Ministerio de Defensa en ese aspecto tiene
una problemática muy especial derivada de su extensión territorial.

Están los mandos de personal en el Ministerio y en los cuarteles,
pero luego ese expediente se lleva en cada unidad y en cada sitio y
hay que hacer llegar hasta el último lugar las consecuencias
oportunas.




En cuanto a las incapacidades psicofísicas, me gustaría matizar que
se desarrollarán en el reglamento. Por supuesto, no estamos pensando
en el embarazo como incapacidad psicofísica. Lo que hay en la
legislación vigente es que el embarazo no sea causa de discriminación
para el ingreso. A su vez, cuando se está en un destino determinado y
se produce la circunstancia del embarazo, precisamente para
preservarla salud física de la madre, durante un tiempo puede ir a
otro destino sin ningún perjuicio, cosa que no sucede para el resto
de personal. Como citaba en la última comparecencia, una paracaidista
embarazada que estaba en un destino administrativo decía en
televisión que lo único que sentía era no poder tirarse en
paracaídas, pero es una cuestión de salud que no podemos obviar de
otra manera.

Termino diciendo que no tiene nada que ver con el tema de la igualdad
del hombre y del a mujer, sino con algunos aspectos del procedimiento
de renovación de los contratos -como SS. SS. han puesto de
manifiesto- y con las vías que hay en la ley para permanencia.

Estamos hablando de unos contratos que tendrán, según el caso, unas
duraciones limitadas en donde el mérito y capacidad es fundamental.

No estamos hablando en este caso de resolver un contrato; estamos
hablando de si se firma otro o no, lo cual es distinto. Naturalmente,
para firmar otro o no es lógico que la organización valore todos los
elementos sin que, desde luego, sea un obstáculo el hecho o no de que
la mujer esté embarazada. Muy suavemente me gustaría decir que
supongo que nadie en esta Cámara dudará de la vocación que este
Gobierno tiene por la protección de la familia en todos sus aspectos,
especialmente el colateral de la maternidad.




Acepto la crítica de la señora Aramburu, un poco excesiva desde el
punto de vista verbal, pero puede estar absolutamente segura de que
este Gobierno no tiene nada en contra de la maternidad, antes bien,
todo lo contrario. Somos perfectamente conscientes -como la diputada
señora Sainz ha puesto de manifiesto- de que hay un déficit en
relación con las mujeres para poder competir en un mundo cada vez más
competitivo, consecuencia de que básicamente hay unos elementos que
hacen que cuando está trabajando, si tiene que pedir un permiso como
consecuencia de un embarazo, pierde unos meses. Desde el Gobierno y
desde el Ministerio de Defensa se hará todo lo posible para que eso
no se produzca. Si se produce y se puede, se corregirá y si,
desgraciadamente, en algún caso tienen que ser los tribunales los que
lo corrijan lo cumpliremos inmediatamente y al hilo de ello
trataremos de hacer las reformas legislativas que sean necesarias.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE VARIOS CAPÍTULOS DE
LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LOS ESTABLECIMIENTOS
MILITARES (número de expediente 181/001902).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, que es
una pregunta del señor Gutiérrez



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Molina, del Grupo Popular, sobre la valoración de la adaptación de
varios capítulos de la ley de prevención de riesgos laborales a los
establecimientos militares.

Señor Gutiérrez Molina.




El señor GUTIÉRREZ MOLINA: El objeto de la pregunta que hacía al
Gobierno a través del subsecretario era saber la valoración de la
adaptación de los distintos capítulos de la ley de prevención de
riesgos laborales a los establecimientos militares, que recientemente
se aprobó en Consejo de Ministros.

En primer lugar, hago el preámbulo desde una óptica positiva. De la
lectura de las modificaciones deducimos que le ley prevé una serie de
adaptaciones, teniendo en cuenta las exigencias de la defensa
nacional y las peculiaridades de la administración militar. Nos
parece bien que en elaboración del real decreto se haya consultado a
las organizaciones sindicales más representativas y que cuente con el
informe favorable de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
trabajo. Permítame la desviación profesional, pero al ser experto en
salud laboral formé parte desde el Instituto Nacional de la Salud en
la redacción de este capítulo de riesgos laborales. Teniendo en
cuenta - como decía antes- las exigencias de la defensa nacional,
insisto en que el real decreto se adapta a las singularidades de
estos establecimientos de la administración militar, así como a una
serie de normas de la referida ley relativas a los derechos y a las
obligaciones de los trabajadores y empresarios y a consulta y
participación de los mismos con la finalidad de prevenir los riesgos
laborales a los que está expuesto el personal civil que preste sus
servicios en la administración militar.

El objeto concreto de la pregunta eran tres aspectos fundamentales y
me gustaría que el señor subsecretario los pueda abordar en este
momento. En primer lugar, en caso de riesgo grave, inminente para la
vida o para la salud, quería saber qué tipo de protección se reconoce
al personal civil y qué derecho tiene para interrumpir su actividad
y abandonar el lugar de trabajo. En segundo lugar, y como corolario de
lo anterior, la fijación de los supuestos en que el jefe -por decirlo
de alguna manera- del establecimiento debe consultar al personal
civil la adopción de determinadas medidas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales. Y, por último, señor presidente, qué
normas se van a desarrollar en ese real decreto sobre la designación
de los denominados delegados de prevención, como existen en otro tipo
de dependencias de la Administración civil.

Este era el objeto de la pregunta, aprovechando la presencia del
señor subsecretario, que tuve el honor de formular al Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA (Menéndez Menéndez): El decreto de
riesgos laborales ha pasado relativamente desapercibido y es
importante. Desde el punto de vista político se incardina en dos
circunstancias: primero, el desarrollo necesario de la ley vigente en
materia de prevención de riesgos y, segundo, la voluntad
de este Gobierno de evitar, en la medida de lo posible, ese drama que
suponen los accidentes de trabajo en términos generales. Precisamente
ahora existe en los medios de comunicación una campaña a ese
respecto.

Hay que decir que la siniestralidad laboral en el Ministerio de
Defensa está muy por debajo de la general. No obstante, queremos
perfeccionarnos en esa vía. Como usted ha dicho, por un lado las
medidas son las que están en el decreto, se ajustan a lo que
establece la ley van en dos direcciones fundamentales -no voy a
pormenorizarlas por no aburrir a S. S. En primer lugar, en la mejora
de las condiciones de trabajo, en el sentido de evaluación de
riesgos, prevención y protección, información a los trabajadores,
vigilancia de la salud y otras medidas; por otro lado, en la mejora
de la participación de los trabajadores de acuerdo con la ley,
teniendo una participación mucho más significativa a través de los
delegados de prevención, etcétera.

Sí me gustaría destacar que, en esta regulación, se mantienen algunas
singularidades propias del trabajo dentro de las Fuerzas Armadas, en
el sentido de la coordinación entre la jerarquía necesaria y la
disciplina en nuestros lugares de trabajo, en nuestras organizaciones
y, por otro lado, los derechos de los trabajadores, lo cual está
dentro de lo que en este momento es la legislación vigente: Estatuto
de los Trabajadores, jurisprudencia, etcétera.

En esa línea, me gustaría decir que nos parece tan importante el
respeto a los trabajadores, que la publicación del decreto, en
relación con la ley, se ha dilatado un poquito más de lo que
esperábamos porque hemos querido negociar todos esos aspectos con los
sindicatos dentro del Ministerio, aparte de la participación
institucional de los sindicatos en los órganos correspondientes de
tramitación del decreto.

Creemos que es un buen decreto y que aplica las medidas que están en
la ley. Tenemos la voluntad, en coordinación con los sindicatos, de
estar atentos para no conformarnos nunca (por más que, como decía, en
este momento el ratio en el caso del Ministerio de Defensa es
inferior a otros datos de siniestralidad o de accidentes de trabajo)
y reducirlo a cero si pudiéramos, que desgraciadamente no es posible
porque la indemnidad absoluta no existe. A partir de ahora, no se
trata tanto de desarrollar el decreto con alguna otra orden, sino que
la intención es hacer que se cumpla en todas sus circunstancias.

Ojalá que sea así y que, no sólo en el Ministerio de Defensa sino en
el ámbito nacional, la siniestralidad laboral, que es un cáncer nunca
aceptable, como otras siniestralidades pero ésta más singularmente,
se vea reducida, como espera el Gobierno, en función de la política
que está siguiendo.




El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Molina.




El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Solamente para agradecer al señor
subsecretario su contestación y que haya puesto de manifiesto la
intención de la pregunta. Creo que es un buen decreto que quizá, como
ha dicho el señor subsecretario, haya pasado un poco de puntillas, un
poco desapercibido.




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También quiero agradecer la respuesta al tema de los delegados de
prevención y el interés del Ministerio de seguir vigilando, con la
consulta regular y periódica, las actuaciones en materia de
prevención de riesgos para seguir manteniendo la baja siniestralidad
en relación con otros ámbitos de la Administración.

El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos llegado al final del orden del
día. Muchas gracias a todos por su presencia.




Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.