CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 575



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO



Sesión núm. 54



celebrada el martes, 24 de noviembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Solicitudes de creación de Subcomisiones y Ponencias:



- De una subcomisión en el seno de la comisión de infraestructuras en
los términos que motivaron la aprobación de la moción consecuencia de
interpelación urgente sobre redistribución territorial del coste de
los peajes actuales en todo el estado. Asolicitud del Grupo
parlamentario. (Número de expediente 158/000039.) ... (Página 16822)



- De una subcomisión dentro de la comisión de infraestructuras para
definir medidas que objetiven, sobre premisas de solidaridad y
equilibrio interterritorial, el coste de los peajes de las
autopistas, con la finalidad de eliminar las actuales
discriminaciones. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente 158/000040.)
... (Página 16822)



Proposiciones no de ley:



- Relativa a la coordinación de los nuevos accesos a Madrid con
otras actuaciones sobre el territorio en su ámbito de influencia.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

(Número de expediente 161/000581.) ... (Página 16826)

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- Por la que se insta al Gobierno a que inicie los trámites para
desafectar la dársena interior del puerto de Alicante. Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000876.)
... (Página 16829)



- Relativa al acondicionamiento de la carretera N-330 en su tramo Los
Santos (Rincón de Ademuz, provincia de Valencia) a Teruel. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/
000955.) ... (Página 16833)



- Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
y urgentes para exigir al Ministerio de Fomento que cumpla los
compromisos adquiridos tanto por este Ministerio como por el
Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid, en relación con el
enterramiento de las vías de la línea C-4 de la red de cercanías de
Madrid, a su paso por Getafe. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001030.)
... (Página 16835)



- Sobre el cumplimiento por el Gobierno de los compromisos asumidos
para el soterramiento de la línea férrea a su paso por Getafe
(Madrid). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001116.) ... (Página 16836)



- Sobre llegada de la línea ferroviaria Euromed hasta Almería.

Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001042.) ... (Página 16839)



- Sobre inclusión en el Plan director de infraestructuras de la
conexión de Almería, a través del servicio Euromed, con el corredor
ferroviario Murcia-Valencia-Barcelona. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
001031.) ... (Página 16839)



- Para limitar los efectos negativos del incremento de tarifas de las
llamadas locales sobre los usuarios de Internet, así como favorecer
su difusión mediante la implantación de una tarifa plana. Presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (Número de
expediente 161/001165.) ... (Página 16843)



- Sobre dotación a la ciudad de Ourense de un cinturón de
circunvalación. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 161/001159.) ... (Página 16847)



- Relativa a la construcción urgente del tramo de variante de la N-
340 comprendido entre el final de la variante Altafulla-Torredembarra
y el tramo actual en el municipio de Tarragona. Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/001177.) ... (Página 16849)



- Por la que se insta al desdoblamiento urgente de la N-340 en el
tramo comprendido desde la Mora hasta la ronda de circunvalación en
el término municipal de Tarragona. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente
161/001152.) ... (Página 16849)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.




El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de
Infraestructuras. Como pueden ver SS.SS., tenemos un orden del día
denso; hay muchas proposiciones no de ley, y pediría a todos los
participantes en cada uno de los puntos que por favor se atengan a lo
estricto de sus intervenciones.

En esta Comisión nunca se ha recortado la libertad de expresión, lo
reitero siempre, y cualquiera puede desarrollar sus argumentos por el
tiempo que necesite, pero ruego a todos que en lo posible se atengan
a diez minutos en propuestas y enmiendas y a cinco minutos en tomas
de posición.




SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:



- DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
LOS TÉRMINOS QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DE LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE
INTERPELACIÓN URGENTE SOBRE REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL COSTE DE
LOS PEAJES ACTUALES EN TODO EL ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 158/000039.)



- DE UNA SUBCOMISIÓN DENTRO DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA



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DEFINIR MEDIDAS QUE OBJETIVEN, SOBRE PREMISAS DE SOLIDARIDAD Y
EQUILIBRIO INTERTERRITORIAL, EL COSTE DE LOS PEAJES DE LAS
AUTOPISTAS, CON LA FINALIDAD DE ELIMINAR LAS ACTUALES
DISCRIMINACIONES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN,
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 158/000040.)



El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la creación
de una subcomisión en el seno de la Comisión de Infraestructuras, en
los términos que motivaron la aprobación de la moción consecuencia de
interpelación urgente sobre redistribución territorial del coste de
los peajes actuales en todo el Estado.

Es creación de una subcomisión consecuencia de la aprobación en el
Pleno de la moción, y aunque ha habido algunos intentos por parte de
la Mesa y portavoces para buscar un texto único de constitución de la
subcomisión, es un hecho que no ha podido lograrse y hay sobre la
mesa una propuesta del Grupo Mixto, de la señora Rahola, otra
propuesta más detallada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) y alguna enmienda del Grupo Socialista a esa propuesta del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En estas condiciones y si les parece a SS.SS. voy a dar la palabra a
la los grupos que han realizado las propuestas y al que ha realizado
la enmienda, y a continuación intervendrán los grupos que así lo
deseen.

Por lo tanto, para presentar su propuesta de creación de subcomisión,
tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Conociendo el enorme y largo orden del
día de esta Comisión, y ante el hecho además de que esta propuesta a
instancia de una interpelación urgente de esta diputada ya fue
sometida a dos debates en Pleno, el debate de la interpelación
urgente y el debate de la moción consecuencia de la interpelación
urgente, no me voy a alargar en los argumentos ni en los motivos que
nos trajeron a este doble en plenario y a la creación de esta
subcomisión, ahora ya en la Comisión de Infraestructuras.

Recordaré algunos aspectos fundamentales. La preocupación que se da
entre los ciudadanos de Cataluña por la situación de discriminación
grave en materia de peajes, el hecho indiscutible de que no hay en
Europa ningún precedente como el que se da en España, puesto que en
España hay autopistas libres y autopistas de peaje en función de las
zonas por tanto conviven dos modelos que son discriminatorios para
los ciudadanos de Cataluña y crean un agravio muy importante, agravio
que nos lleva a hechos como que el 72 por ciento de los peajes del
Estado se dan en Cataluña, o que el 75 por ciento de los usuarios
gravados por peaje en todo el Estado son como se sabe catalanes. Otro
dato más es que diez de cada dieciocho tramos de peaje que existe en
el Estado se encuentran en Cataluña, etcétera, etc.

Cataluña padece una situación de agravio comparativo que nos lleva
realmente a un coste suplementario y hace que en Cataluña se pueda
hablar claramente de que
se vive y por tanto se malvive en una situación de cultura del peaje
en referencia a la red viaria. Fruto de todo ello, de la situación y
la necesidad de encontrar una solución a un hecho de agravio
comparativo que yo creo ha sido reconocido por todas las partes,
incluyendo el propio ministro en la interpelación urgente que se
produjo, originó la voluntad de crear esta subcomisión.

El planteamiento que hace esta diputada es que la subcomisión creada
en esta Comisión de Infraestructuras trabaje durante el plazo de seis
meses y haga un estudio global de la situación que permita definir
las medidas idóneas tendentes a nuestro parecer a objetivar, en
premisas de solidaridad y equilibrio interterritorial, el coste de
los peajes de las autopistas y a que en todo caso se eliminen las
actuales discriminaciones. Esto es lo que se planteó en el Pleno. Por
supuesto, nuestra voluntad es que mientras la subcomisión trabaje en
este plazo de seis meses, cualquier acuerdo vinculado a las
autopistas, y por tanto un acuerdo como es el de alargar las
concesiones, fuera neutralizado en espera de que la subcomisión
pudiera trabajar, conocer las soluciones y finalmente acordarlas.

En todo caso y para acabar, avanzo que nosotros entendemos que
cualquier solución que plantee esta subcomisión tiene que ser
tendente a vincular los beneficios de las concesionarias a los costes
de los peajes, y en consecuencia pensamos que una solución al agravio
comparativo y a la situación que hay que resolver pasaría por
estudiar por un lado cuánto costaría rescatar las concesiones, y por
otro lado si sería posible reformar la Ley de autopistas para que
pudieran ser vinculables los beneficios a los costes.

En todo caso, por tanto, somos partidarios de crear una subcomisión
con el reglamento que la presidencia considere oportuno, incluso el
reglamento que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) nos parece adecuado, pero que trabaje para llegar a unas
conclusiones en el plazo de seis meses.




PRESIDENTE:
El señor Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha
habido una especie de proposición no de ley para reglamentar la
comisión. Tiene la palabra para su defensa el señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: En primer lugar quisiera plantear una
cuestión de orden. Veo que sobre nuestro documento, que no es una
proposición sino un documento de funcionamiento, hay unas enmiendas.

¿Tengo que comentarlas dentro de mi turno o posteriormente, porque no
sé la defensa que se hará de ellas?



El señor PRESIDENTE: Señor Sedó, como se trata de poder intervenir
presente el documento, luego presentarán las enmiendas y habrá turno
para los demás grupos, a cualquier grupo que me pida la palabra,
aunque haya intervenido ya, se la daré por supuesto.




El señor SEDÓ I MARSAL: Muy brevemente, porque en realidad el debate
fuerte del tema, que era la creación o no de la subcomisión, ya se
hizo en Pleno. Se creó la subcomisión con el voto mayoritario y lo
único que pretende nuestro documento es dejar unas reglas de
organización



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y funcionamiento de la subcomisión. Estas reglas hablaban de la
composición, de la adopción de los acuerdos; prácticamente es marcar
la forma en que funcionan todas las subcomisiones. Marcamos el objeto
de la subcomisión, que no creemos necesite la información por parte
del Ministerio, y que dentro de esta información quede muy claro que
interesa nos mande las referencias indicadas en los cuatro puntos, o
sea la relación de autopistas de peaje actualmente existentes, con
sus índices medios diarios, la relación de las autovías actualmente
existentes o en construcción y los IMD correspondientes o estimados,
la relación de carreteras convencionales susceptibles de ser
convertidas en autovías, también con sus correspondientes índices de
intensidad, y la previsión de construcción de nuevas autovías. Estos
son documentos que el Ministerio creemos que tiene, y por tanto no le
va a ser difícil. También fijamos que tiene que haber comparecencias
de miembros del Gobierno. Prácticamente es dejar escrito todo aquello
que necesitará la subcomisión para trabajar, son unas reglas que ha
presentado nuestro grupo pero que podían ser un resumen en general de
las que funcionan en todas las subcomisiones, entrando en los
detalles del proceso que vamos a estudiar.

También se marca el plazo de seis meses desde que quede constituida
la subcomisión, que no es el día de hoy sino el momento en que los
grupos hayan nombrado quiénes van a ser los miembros que van a formar
parte de la subcomisión, teniendo en cuenta que hoy simplemente se
vota o se aceptan las normas y estas pequeñas reglas de organización
y funcionamiento de esta subcomisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista se han presentado unas
enmiendas a esta especie de proposición no de ley. Como SS.SS. se
darán cuenta, estamos en un procedimiento un poco atípico respecto a
lo que es la discusión de una proposición no de ley.

Tiene la palabra el señor Sabaté para defender las enmiendas del
Grupo Socialista.




El señor SABATÉ IBARZ: Coincidiendo con usted en que es un
procedimiento atípico, sé que se me va a decir también que por lo
menos esta primera enmienda puede resultar atípica, pero en
definitiva fue lo que ya defendimos en el trámite de discusión de la
moción que dio lugar a la formación de esta subcomisión, y viene al
caso por el rechazo social que se ha producido y se está produciendo
todavía, que ha llegado incluso a movilizaciones que desde hace dos
meses se están produciendo en diversos puntos de Cataluña y en
concreto en la provincia de Tarragona, donde el último domingo se
cortó la carretera 340 en cinco puntos diferentes.

En definitiva y para no alargarme más, la primera enmienda es
suficientemente explícita y se refiere a que en el objeto de la
subcomisión también se contemple renegociar el acuerdo entre el
Ministerio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y Acesa,
introduciendo los criterios que ya explicamos en su momento: por una
parte disminuir las tarifas de los peajes en contraprestación a los
grandes beneficios de la empresa concesionaria -por tanto, ya se
entiende que estamos en desacuerdo en que se alargue la concesión-, y
el que quizá es más
importante todavía, acordar la gratuidad para camiones y vehículos de
transporte colectivo en los tramos que se están construyendo
variantes de carreteras nacionales, a fin de descongestionar dichas
vías y prevenir los accidentes que de forma repetida se están
produciendo.

La segunda enmienda se refiere a los efectos de los trabajos en el
plazo de realización de esta subcomisión. Pretendemos añadir una
nueva letra E a la iniciativa con el siguiente texto: «Durante la
duración de los trabajos de la subcomisión, hasta la aprobación de
sus conclusiones por el Pleno de la Cámara a que se refiere el
párrafo primero de la letra D, quedará paralizada cualquier
negociación orientada a alargar las concesiones de las autopistas de
peaje en cualquiera de los territorios del Estado.» Es simplemente
esperar a que sean efectivas las modificaciones normativas que pueda
proponer la subcomisión, que afectarán tanto a las negociaciones de
las concesiones actuales como a las futuras.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.)
El Grupo Popular va a intervenir sobre toda la cuestión. Tiene la
palabra el señor Jiménez.




El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Como decía el representante de Convergència
i Unió, el grueso del debate lo tuvimos en el Pleno, donde se
expusieron todas las singularidades que en el país se constatan con
las autopistas de peaje y las autovías. No voy a repetir los
argumentos de entonces, pero sí me gustaría dejar claro un tema, y es
que no se trata de un hecho singular de Cataluña, sino que existen
agravios y desagravios en el resto del país, y repito algún argumento
que he dicho en otra ocasión y es que a veces no tenemos en cuenta el
coste de no tener las infraestructuras adecuadas, un coste que se
paga en tiempo, dinero y en ocasiones en salud de los usuarios de la
red viaria, es decir que no sólo es pagar la peseta/kilómetro, sino
el tiempo invertido y que el transporte cuesta lo que cuesta.

En ese sentido, el Partido Popular siempre entendió que esta era una
subcomisión para debatir todos los problemas que plantea el modelo
existente en el país, pero en todo el país y no circunscrito a una
sola región; creo que será efectivo y positivo para todos, y una de
las lecciones que aprenderemos será intentar objetivar el problema
y no circunscribirlo a hechos singulares. El Partido Popular entiende
que las normas de procedimiento planteadas por Convergència i Unió
son suficientemente explícitas y es un marco adecuado para analizar
lo que pretendemos. ¿Qué queremos analizar? Todos los datos de la red
viaria, tanto las autopistas de peaje como las autovías alternativas,
y los cambios normativos que procedan de ese estudio después de
objetivar el problema. En este sentido nos parece adecuada la
propuesta de Convergència i Unió, creemos que es un marco adecuado de
funcionamiento y será apoyado por el Grupo Popular.

Evidentemente las singularidades que plantea el Grupo Socialista ya
se debatieron en el Pleno y no es cuestión de incorporarlas ahora al
debate, porque creo que es tomar una decisión inoportuna a la hora de
ponerle vallas al campo o condicionar la actuación de la subcomisión



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en su pórtico de salida. En ese sentido, el Grupo Popular apoyará la
propuesta presentada por Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra, primero la señora Rahola y
luego el señor Sedó, considerando que estas enmiendas se hacen a sus
propuestas de crear la subcomisión.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Solamente quiero anunciar que acepto las
enmiendas del Grupo Socialista a mi propuesta.




El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: No sé si estas mismas enmiendas han sido
presentadas a la proposición de la señora Rahola. Si es así, me
parece bien.

Respecto a nuestro documento, no aceptamos ninguna de las tres
enmiendas. En estos momentos no estamos debatiendo los resultados de
la subcomisión sino la manera en que tiene que trabajar. Ala
subcomisión no le tienen que importar ahora los excelentes resultados
económicos de las concesionarias; no vamos a analizar todo lo que
está pasando en el tema de autopistas y autovías. En la subcomisión
se debatirá y analizará si los resultados económicos de las
concesionarias son excesivos o no, si hay que hacer más autopistas de
peaje o quitarlas todas, incluso las grandes de las que se está
hablando ahora de Madrid, si tienen que ser de peaje o autopistas de
otro tipo, si hay que hacer desdoblamiento de calzadas en otras
carreteras; todo esto se verá en la subcomisión, no ahora.

La segunda parte de la enmienda habla de disminuir tarifas de peaje y
de que ahora tenemos que acordar la gratuidad. Esta mañana en algunas
emisoras catalanas el señor Sabaté ha dicho quedo que hoy va a poner
a prueba al Grupo Catalán y al alcalde de Tarragona en cuanto a si
vamos a aprobar o no la gratuidad de los camiones y vehículos de
transporte en los tramos de carretera que van a estar afectados. No
estamos hablando de esto, ni exclusivamente de la N 340. Estamos
hablando de la propuesta inicial de la señora Rahola que se aprobó en
el Pleno, para que se constituyese una subcomisión, y por tanto de
cómo va a funcionar esta subcomisión, de cuántos miembros va a tener,
cuántos meses va a estar trabajando que es un plazo de seis meses. De
esto estamos hablando. Ahora aquí no acordamos, ya que posiblemente
no tenemos capacidad, la gratuidad para camiones. En todo caso, señor
Sabaté, quisiera decirle que esta discusión la tendremos dentro de la
subcomisión, y el día que vayan al Pleno las resoluciones de la
subcomisión podrán salir éstas cosas si no se aceptan. Por tanto,
creo que esto no lo tenemos que debatir hoy; hoy simplemente tenemos
que debatir cómo va a funcionar la subcomisión.

En cuanto a lo que usted dice de que hasta la aprobación de los
trabajos de las subcomisión quede paralizada cualquier negociación,
tengo que decirle que esto es lo que debía haberse votado en el Pleno
y no se votó. Sobre esto había algún punto en la moción que se
discutió en el Pleno que a la hora de votarlo no prosperó. Por tanto,
pediría al Grupo Socialista que archive estas tres enmiendas hasta el
momento que se den a conocer las resoluciones, en el mes de julio,
que es cuando tendremos que votar sobre este tipo de cosas. Hoy
simplemente discutimos, si en el tema de las autopistas hay que dar
medicamento o no, lo que no discutimos es cuál. Por tanto creo que
estas enmiendas son inoportunas y no vamos a aceptarlas. (La señora
Rahola i Martínez, pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rahola.




La señora RAHOLAMARTÍNEZ: Cuando he dicho que aceptaba las enmiendas
no pensaba que tenía que justificar con un discurso político el
porqué, pero ya que el señor Sedó ha justificado ampliamente por qué
no, muy brevemente voy a justificar por qué sí solamente en un punto.

La enmienda que plantea el Partido Socialista es pertinente, puesto
que no está hablando de a qué conclusiones hay que llegar desde la
subcomisión, sino que plantea una cuestión de método, lógica y forma
parte del sentido común. Si el Congreso de los Diputados crea una
subcomisión para estudiar la problemática de las autopistas, la
situación y alternativas, no parece sensato que no se pueda esperar
cinco o seis meses para tomar un acuerdo que va a hipotecar las
autopistas, como mínimo en Cataluña, durante cinco años más. Por
tanto es absolutamente pertinente, forma parte del sentido común y me
atrevería a decir que del sentido político, que mientras dura esta
subcomisión, y por tanto estamos hablando incluso de una cuestión de
formas, se paralice el acuerdo de alargar las concesiones a las
concesionarias durante un periodo equis de años. Es una cuestión de
método.

En último lugar, en cuanto a por qué no se aceptó, y yo fui la
proponente en Pleno, fue porque el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) amenazó con que si este punto se aceptaba no
aprobaría la subcomisión, y para salvar la subcomisión esta
proponente se tragó literalmente ese punto básico, porque entendemos
que hipoteca a Cataluña cinco años más, con la esperanza de
rescatarlo en la Comisión de Infraestructuras. Es por ello que acepto
en este momento la enmienda socialista y pido que se someta a
votación.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, las enmiendas que ha presentado
el Grupo Socialista, han sido a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Esta Presidencia le ha dejado
intervenir, pero quiero hacer constar que las enmiendas son sólo a la
iniciativa de Convergència i Unió.

Si está suficientemente debatido el tema, porque creo que están
claras las opiniones y argumentos de todas las partes, a partir de la
una y media, como ocurrirá con el resto de proposiciones no de ley,
se votará y lógicamente votaremos la propuesta tal como ha sido
presentada, puesto que si damos el mismo tratamiento a la solicitud
de creación de esta subcomisión que a cualquier otra proposición no
de ley, para poder ser votadas las enmiendas, como SS.SS. sabe,
tienen que ser aceptadas por el grupo proponente. En todo caso, la
votación de los textos que resulten será a partir de la una y media.




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PROPOSICIONES NO DE LEY:



- RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE LOS NUEVOS ACCESOS A MADRID CON OTRAS
ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO EN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000581.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3, proposición no de ley
relativa a la coordinación de los nuevos accesos a Madrid con otras
actuaciones sobre el territorio en su ámbito de influencia. Es autor
de esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
para su defensa tiene la palabra la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para presentar ante esta Comisión de
Infraestructuras un tema de especial trascendencia para nuestro
grupo, y en especial para los ciudadanos de Madrid y también de
Guadalajara. Planteamos una cuestión que ya se ha debatido en esta
Cámara en el mes de marzo y que hoy queremos volverla a traer a esta
Cámara, circunscribiéndola a un ámbito territorial reducido, en
concreto el de Madrid, para manifestar de nuevo el interés y el
compromiso del Partido Popular con la construcción de una autopista
que una Madrid con Guadalajara. Digo esto porque hay veces que de los
retrasos, por otro lado lógicos cuando se trata de lograr un
equilibrio entre el medio ambiente y la necesaria e imprescindible
construcción de infraestructuras fundamentales para un territorio
(digo lo del medio ambiente porque saben que cuando debatimos la
proposición en el mes de marzo se circunscribía a un ámbito superior
al de Madrid y Guadalajara), estaba pendiente una declaración de
impacto ambiental; declaración que no depende sólo del Gobierno
central, como decíamos en su día, sino también de los ayuntamientos y
de las comunidades autónomas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Mato.

Por favor, ruego silencio dentro de la sala. Si tienen algo que
discutir -y lo hay en esta proposición no de ley-, les ruego que
abandonen la sala.

Continúe, señora Mato.




La señora MATO ADROVER: En cualquier caso, cuando se trata de lograr
un equilibrio entre la protección necesaria del medio ambiente y la
construcción de nuevas infraestructuras indispensables para el
desarrollo de nuestro país, es preciso actuar con cautela y
respetando al máximo el cumplimiento de la legalidad vigente. Ello
a veces permite que algunos grupos parlamentarios, partidos políticos o
grupos sociales manifiesten públicamente sus dudas sobre su deseo
real de construcción de una vía, como es en este caso la autopista
Madrid-Guadalajara, y planteen alternativas que no hacen más que
confundir a la opinión pública y que nosotros no podemos compartir,
teniendo constancia en esta Cámara de que el Ministerio de Fomento
está llevando a cabo, desde la
emisión de la declaración de impacto ambiental, actividades en
coordinación con la Dirección General XI de la Comunidad Europea, con
las administraciones locales, con la Administración autonómica de
Madrid, con las locales de Guadalajara y con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, y proponiendo alternativas viables para el sur de
Meco, que es donde había algún problema, así como también unos
estudios sobre los accesos a Guadalajara.

Señorías, saben ustedes que existe una queja de la Dirección General
XI sobre el tema -y seguimos con la protección de medio ambiente- que
el Ministerio de Fomento, la Administración pública, el Gobierno está
haciendo todo lo posible para demostrar el carácter de interés
público de esta obra (me estoy refiriendo al tramo de la autopista
Madrid-Guadalajara), el cumplimiento de la Directiva Hábitat, el
estudio de sus efectos sobre toda la ZEPA y las medidas
compensatorias que se tendrán que adoptar en su día, de forma que
esta queja se archive por la Dirección General. Por ello, en el día
de hoy, nuestro grupo viene a reiterar en foro parlamentario,
sabiendo el interés del Gobierno en que se construya este tramo lo
antes posible, principalmente en nombre de los madrileños y de los
ciudadanos de Guadalajara, el apoyo al Gobierno para la realización
de esta obra; apoyo que nos gustaría que fuera compartido por todos
los grupos parlamentarios.




Insistimos de nuevo en que se licite la concesión dentro del año
1999, compromiso que ya adquirimos en el mes de marzo al aprobar con
el consenso de todos los grupos parlamentarios, mediante una enmienda
transaccional, una proposición del Grupo Parlamentario Socialista que
se reproduce hoy prácticamente en la enmienda que ha presentado el
mismo grupo y que, por tanto, no podemos aceptar porque, en realidad,
para aprobar exactamente lo mismo que aprobamos el mes de marzo
sobraba presentar una proposición, y nosotros hoy hemos querido ir
más allá. Queremos volver a expresar el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular al Gobierno en la construcción del tramo de la autopista
Madrid-Guadalajara, apoyo que viene dado pese a los inconvenientes
que se están produciendo en la aprobación del impacto ambiental, pese
a los que se están produciendo por retrasos, pero con el
convencimiento de que la autopista se realizará en el menor plazo
posible. Volvemos a insistir en que no podemos aceptar la enmienda
del Grupo Socialista relativa a la autopista Madrid-Tudela en su
tramo MadridGuadalajara -aunque hoy nos referimos sólo a
MadridGuadalajara- porque reproduce la enmienda que se aprobó en el
mes de marzo por todos los grupos parlamentarios y queremos expresar
el compromiso firme del Partido Popular de Madrid, de Guadalajara y
de España en la construcción de esa autopista, si es posible, en el
año 1999.

En la proposición hemos querido ir más allá. Se trata de hablar de la
coordinación de las actividades sobre las infraestructuras que se
están realizando en Madrid. Todos ustedes saben que la autopista de
la que estamos hablando hoy va de Madrid a Guadalajara y pasa no sólo
por el corredor del Henares -con actuaciones que se están realizando
por la Junta de Castilla-La Mancha-



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sino también por el aeropuerto de Madrid, que está siendo objeto de
ampliaciones; ampliaciones que están costando mucho esfuerzo y
actuaciones que se están llevando con un rapidez inusitada puesto que
era imprescindible que se hubieran realizado esas obras hace muchos
años y, aunque han sido empezadas con retraso, desde la llegada del
Gobierno popular se ha avanzado con gran rapidez en esas obras de
ampliación del aeropuerto de Barajas, que tienen que venir
acompañadas de obras de acceso. Queremos que exista una coordinación
desde el Parlamento -sin duda alguna el Gobierno y las distintas
administraciones están en ello- en beneficio de los ciudadanos y de
los usuarios de esos accesos, para que los accesos a Madrid, la M-40,
la M-45 y la M-50, los accesos al aeropuerto y las actividades que se
están desarrollando en torno al corredor del Henares, tengan en
cuenta las redes existentes y previstas las otras actuaciones que se
están desarrollando.

Por ello -y ya termino, señor presidente- solicito a los grupos
parlamentarios que expresen de nuevo una apuesta clara por la
construcción de esta autopista que une Madrid-Guadalajara, que
duplicará la capacidad de accesos a Madrid y tendrá una influencia
importante tanto en la funcionalidad y eficacia de la red actualmente
existente como en el crecimiento económico de nuestras regiones. Como
todos ustedes saben, contar con una red de carreteras suficiente es
imprescindible para asegurar un crecimiento armónico y sostenible.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda del Grupo Socialista que la señora Mato ha rechazado sin
dar tiempo al señor Ros a que argumente y le pueda convencer.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Señor presidente, ya conocía la fogosidad
parlamentaria de la señora Mato y, por tanto, me temía que esto era
lo que iba a ocurrir.

Me gustaría iniciar la defensa de esta enmienda leyendo el «Diario de
Sesiones» del día 10 de marzo, que es la transcripción de lo que
ocurrió en esta Comisión de Infraestructura. No este portavoz que les
habla, la propia señora Mato decía que estarían de acuerdo en una
enmienda transaccional que dijese lo siguiente, referido al asunto
que vuelve a traer hoy el Partido Popular: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de un año se tomen
las medidas necesarias con el objeto de que cumplidos los trámites
legales correspondientes, especialmente los referidos a la
declaración de impacto medioambiental, se ponga en marcha la
construcción de la autopista Madrid-Tudela en su tramo Madrid-
Guadalajara». Las señorías que estuvieran presentes en aquella
Comisión recordarán que el nudo de la cuestión fue precisamente fijar
un plazo para que esta obra se iniciase, porque mucho nos temíamos
que si no el Gobierno no iba nunca, bajo esa instancia del menor
plazo posible, a empezar la construcción de la autopista Madrid-
Tudela. No debíamos andar muy equivocados cuando, en este mes de
septiembre, el propio ministro ha contestado en el Senado a una
pregunta parlamentaria que hay dificultades y que están intentando lo
del menor
plazo posible. Ha habido, por tanto, vacilaciones extraordinarias en
este asunto como el certero pronóstico del ministro Arias-Salgado
cuando, en unas declaraciones para consumo interno en la propia
provincia de Guadalajara, decía que las obras de esta autopista se
licitarían con toda certeza antes de que acabase el año 1997.

Esta proposición no de ley del Grupo Socialista se aprobó nada menos
que con 38 votos a favor y sólo tres abstenciones. ¿Qué es lo que
pasa para que hoy de nuevo el Partido Popular venga con esta
proposición no de ley a negar la mayor para poner la menor? Tenemos
un plazo, insisto. Si el Gobierno cumple quedan solamente tres meses
para iniciar esa autopista. ¿Tan desasosegado está el Partido Popular
que tres meses le parece mucho, cuando su ministro ha dicho que estas
obras estarían empezadas a finales del año 1997? Esto no cuadra,
señor presidente, como usted podrá ver. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sinceramente creo que ha pasado lo que a veces sucede, cosas de
política pueblerina, y lo que ocurre es que cuando el Partido
Socialista presenta aquí una proposición no de ley el 29 de abril del
año 1997, en el mes de junio de ese mismo año el Partido Popular
presenta exactamente la misma proposición no de ley, eso sí, sin dar
ningún plazo al Gobierno. Eso es lo que ha ocurrido. El Partido
Popular ha ido una vez más a la retranca y ahora no vale venir aquí a
esgrimir motivos medioambientales, porque, señora Mato, las avutardas
son inocentes y no son responsables de la lentitud, casi de tortuga,
que el señor ministro, el Ministerio de Fomento en este caso está
teniendo. Pero además de esto me gustaría reclamar un poco de respeto
para la propia Comisión. ¿Qué pensarían los ciudadanos que han ido
hoy a trabajar a las seis de la mañana si supiesen que personas que
se nos supone adultas, con cierta preparación, responsables de los
ciudadanos para defender sus intereses, lo que aprobamos en el mes de
marzo hoy se vuelve a traer otra vez a esta Comisión y donde ya había
un plazo, que como digo es lo fundamental, hoy se cambia de nuevo
para que el Gobierno procure en un plazo breve iniciar esas obras?
Pero ya que han presentado esta proposición no de ley -insisto en que
no echen la culpa a las avutardas-, nuestro grupo debe aprovechar
esta ocasión porque, además de esos fantásticos túneles por donde va
a discurrir en el subsuelo todo el tráfico madrileño, mucho nos
tememos que la autopista Madrid-Tudela, que es el objetivo
fundamental que este grupo defiende, quede paralizada. Por tanto,
como el objetivo que tenemos es la necesidad de unir Madrid no sólo
con Guadalajara sino con la provincia de Soria y llegar al valle del
Ebro, por eso presentamos una enmienda que no solamente va a
favorecer a los madrileños sino a los de Guadalajara. Eso son cosas
de pueblo. Aunque usted sea de Madrid o yo de Guadalajara, aquí
estamos para defender intereses generales y esto que hoy discutimos
aquí, señora Mato, le interesa muchísimo, aunque usted no lo haya
dicho, por ejemplo a todos los ciudadanos de Castilla y León, porque
gran parte de la zona más deprimida de Castilla y León va a tener la
posibilidad de una excelente infraestructura como es la unión de
Madrid con el valle del Ebro. Por eso, puesto que lo primero ya está
aprobado, para no decirle a usted que retire la proposición no de



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ley y no nos venga con estas historias ahora, hemos pensado que lo
mejor sería aprovechar esta circunstancia para que el Congreso envíe
un nítido mensaje a todos los ciudadanos de Castilla y León, de
Madrid y del valle del Ebro para que sepan que este Congreso está
interesado en unir el centro fundamental de este país con el valle
del Ebro, que es seguramente el principal eje de desarrollo uniendo
el País Vasco con Cataluña. Para eso estamos aquí. Por tanto, antes
de escuchar mis explicaciones, recapacite sobre esa negativa, porque
al defender sólo y exclusivamente los intereses de Madrid está
poniendo en tela de juicio y enviando un mensaje muy negativo para
los ciudadanos de Castilla y León, en concreto para los de Soria y
Logroño, y no creo que eso esté en el espíritu de lo que defiende el
Partido Popular. Por cierto, quien aprueba las leyes no es el Partido
Popular, es el Grupo Parlamentario Popular, y a veces las instancias
las lleva el propio Gobierno.

Señora Mato, yo sólo le propongo que en lugar de ese texto, que
insisto en que ya está aprobado (usted lo que quiere es dar un paso
atrás, y respecto al Gobierno del Partido Popular mi grupo no va a
dar un paso atrás ni siquiera para tomar impulso), usted escuche lo
que dice esta enmienda: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que la autopista de peaje Madrid-Tudela prevista en el
Plan director de infraestructuras, aprobado por esta Cámara, sea
licitada su concesión en el plazo más breve posible, de tal forma que
la empresa adjudicataria tenga la obligación de desarrollar todo el
proyecto, aun cuando su ejecución puede realizarse por fases. Este es
el meollo de la cuestión. Podría ocurrir, señora Mato, que en su afán
de defender exclusivamente unos intereses legítimos de Madrid, esté
usted impidiendo que esa infraestructura pueda existir, porque lo del
peaje ya lo veremos. Yo no soy de esta Comisión de Infraestructuras,
pero por lo que oigo me da la sensación de que deberíamos ser todos
bastante cautos a la hora de hablar de los peajes. Esto es lo que
plantea mi grupo. Creo que es de absoluto sentido común y que
solamente la cicatería política va a hacer que se vote otra vez algo
que ya está votado, jugando desde luego a la baja e impidiendo, como
digo, que muchísimos ciudadanos y muchos territorios, no sólo a los
que usted se refería, sepan que este Congreso está empeñado en que
esa autopista llegue a Tudela lo antes posible. De ahí que para
nosotros no haya otra solución que la adjudicación a una empresa, a
ser posible casi en el mismo acto, para impedir que alguna empresa se
quede con trozos mollares de negocio y, sin embargo, donde prevea que
ese negocio no va a ser tan importante se deje ad kalendas graecas,
como decían hace ya mucho tiempo.

Por tanto, señor presidente, nosotros damos por presentada
y defendida esta enmienda. Me gustaría que más allá de lo que se ha
podido decir se vote, porque votar lo primero no tiene sentido, está
ya votado, y votar esta proposición sería mandar un mensaje de
confianza y de ilusión sobre todo, insisto, a muchos ciudadanos de
Castilla y León.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Tiene la palabra la señora Mato para decir si acepta o no la enmienda
presentada.




La señora MATO ADROVER: En primer lugar, quería disculparme porque he
anunciado el sentido de nuestro voto sobre la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, y la verdad es que lo he hecho de buena fe,
sin querer faltar al Parlamento. Tenía que haber esperado a hacerlo
después, pero lo he hecho a efectos de ganar tiempo en la Comisión,
que siempre se agradece, y sobre todo porque había tenido la
oportunidad de debatir y de comentar la proposición y la enmienda con
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en varias ocasiones.

La verdad es que me he precipitado un poco. En cualquier caso, quería
aclarar unas cuestiones respecto a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y los motivos, que los he enunciado muy
brevemente en la primera exposición, por los que no se puede aceptar
la proposición.

El señor Ros decía que hay que ser serios en este Parlamento, y sin
ninguna duda hay que serlo. Yo creo que nuestro grupo parlamentario
siempre ha sido serio en estas cuestiones. También decía el señor Ros
que aquí hay que venir a defender los intereses de todos los
españoles. El Partido Popular siempre defiende los intereses de todos
los españoles, lo que pasa es que los madrileños y los ciudadanos de
Guadalajara también son españoles y, por tanto, también defendemos
especiales intereses de ellos en algunas ocasiones. Por ejemplo, sin
ir más lejos, en la Comisión de Infraestructuras de hoy vamos a
debatir una proposición en la que se inician los trámites para
desafectar la dársena interior del puerto de Alicante, vamos a
debatir los acondicionamientos de la carretera N-330 en su tramo de
Los Santos a Teruel, vamos a debatir la llegada de la línea
ferroviaria a Almería, vamos a debatir la construcción urgente del
tramo de variante de la N-340 entre Altafulla y Torredembarra, en el
municipio de Tarragona, así como otras cuestiones. ¿Quiere decir que
porque debatamos esa proposición no defendemos los intereses de los
ciudadanos en las demás carreteras y las demás infraestructuras que
faltan por hacer en España? Por supuesto que no. Queremos hacer
infraestructuras en toda España. Lo que pasa es que se van haciendo
por tramos, y en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una proposición que difiere de la que el señor Ros ha
leído. Es verdad que se aprobó con el voto del Grupo Popular, el 10
de marzo de 1998 -y también tengo el «Diario de Sesiones»-, una
proposición en la que se decía: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que, en el plazo de un año, se tomen las medidas
necesarias con objeto de que, cumplidos los trámites legales
correspondientes -insisto en lo de cumplidos los trámites legales
correspondientes-, especialmente los referidos a la declaración
medioambiental, se ponga en marcha la construcción de la autopista
Madrid-Tudela en su tramo Madrid-Guadalajara. Eso es lo que aprobamos
en el mes de marzo. Hablábamos de la autopista Madrid-Tudela, se
aprobó por esta Cámara y el Gobierno ya está instado a realizar esta
actuación desde el mes de marzo.

Nuestro grupo parlamentario, consciente de las malas interpretaciones
que otros grupos vienen dando -y se ha



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demostrado en esta Cámara en la mañana de hoy- a los retrasos que se
están produciendo, que por cierto no se incumplen en absoluto porque
en la proposición que se aprobó el 10 de marzo de 1998 se dice: con
objeto de que cumplidos los trámites legales correspondientes,
trámites legales que se están cumpliendo y que no dependen sólo del
Gobierno central...




El señor PRESIDENTE: Señora Mato, su turno es de aceptación o rechazo
de la enmienda. Si usted emplea demasiado tiempo en este turno, me
veré en la obligación, si me pide la palabra, de dársela al señor
Ros, después a usted otra vez, y así entraremos en una dinámica que
deteriora mucho nuestro orden del día y el tiempo indicado. Por eso
le ruego que termine su intervención diciendo claramente que no
acepta la enmienda.




La señora MATO ADROVER: Tiene toda la razón el señor presidente. Mi
afán de ganar tiempo en la primera intervención me hace perderlo en
la segunda. En cualquier caso, quería decir, señor presidente, que
lamentablemente no puedo aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista porque sería repetir lo que votamos en el mes de marzo
quitando el plazo de un año que habíamos dado, que yo lo mantengo, y
que me gustaría hacer hincapié hoy en esta Comisión, por los
madrileños y por los ciudadanos de Guadalajara en que se apruebe el
tramo de esta autopista a la mayor brevedad posible.




- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE INICIE LOS TRÁMITES PARA
DESAFECTAR LA DÁRSENA INTERIOR DEL PUERTO DE ALICANTE. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000876.)



El señor PRESIDENTE: Terminada la discusión de esta proposición no de
ley, pasamos a la siguiente, que es la número 4, por la que se insta
al Gobierno a que inicie los trámites para desafectar la dársena
interior del puerto de Alicante, como autor es el Grupo Parlamentario
Mixto, Nueva Izquierda. Para su defensa tiene la palabra el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Imagino que todos y todas SS.SS. tienen la
suerte de conocer la ciudad de Alicante y sabrán perfectamente el
papel simbólico, emblemático, que el puerto tiene para esta ciudad.

Ese papel emblemático no sólo viene derivado de unas determinadas
características estéticas, sino del papel que se puerto ha jugado en
la historia en la misma construcción de la ciudad de Alicante. Sin
embargo, ese papel histórico está en transformación. Lo que eran
instalaciones eminentemente portuarias dedicadas al tráfico de
personas y de mercancías se ha venido transformando, en los últimos
años, para tener cada vez un papel mayor los locales dedicados al
ocio, al esparcimiento. En toda la zona del muelle de levante ya se
ha producido ese cambio y ahora se va a producir en la zona del
muelle de poniente con construcciones ambiciosas. Con independencia
de lo que se opine sobre la conveniencia o no del proceso seguido
para la transformación en zona de ocio, no cabe duda de que, como
digo se va a confirmar esa transformación de usos básicos del puerto
de Alicante. Ello ha hecho que en los últimos años -insisto en que
cada vez más- la dársena interior del puerto no sea sino una
prolongación lógica y formal del bulevar marítimo que conforma
lugares con tanta importancia urbana como el paseo de Canalejas, las
explanada del paseo de Gomiz o el paseo de Tomás y Valiente. La
ampliación de esos usos ha provocado en los últimos años problemas
inevitables. Hay que recordar que en las zonas de ocio también hay
aparcamientos subterráneos muy importantes, lo que ha dado lugar a
problemas de tráfico y de seguridad ciudadana para los que la
autoridad portuaria no tiene recursos humanos ni técnicos, ni
siquiera competencias legales para abordarlos. Ello provocó la firma
de un convenio con el Ayuntamiento para que de alguna manera éste
asuma esas competencias. Por tanto, nos encontramos con una situación
contradictoria, con una situación que no es positiva desde el punto
de vista de la eficacia. La autoridad portuaria está también
tramitando una modificación del plan especial para homogeneizar el
uso de la dársena interior del puerto. Nos encontramos, en
definitiva, con que la autoridad portuaria de Alicante está teniendo
que asumir funciones típicas y características de un ayuntamiento,
que tienen poco que ver con las actividades propias para las que
fueron creadas. Por tanto, parece que lo más lógico es que se arbitre
un mecanismo para la integración urbana del puerto en la ciudad, que
permita de manera ordenada, coordinada, justa y positiva abrir la
ciudad de Alicante al mar.

Por todo ello se presenta la siguiente proposición no de ley que
pretende, resumiendo a SS.SS. cada uno de los puntos que en ella
figuran, lo siguiente. En primer lugar, que el Ministerio de Fomento
inicie los trámites para desafectar la dársena interior del puerto de
Alicante, salvo la lámina de agua, lógicamente, por su carácter
eminentemente urbano. En segundo lugar, que el Ministerio de Fomento,
una vez producida la desafección, enajene gratuitamente los terrenos
de la dársena interior de la ciudad de Alicante representada desde
luego, por su ayuntamiento. En tercer lugar, que se firme un convenio
de cooperación con participación del Ministerio de Fomento, la
Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y la autoridad
portuaria, que garantice no sólo la desafección sino la posible
enajenación de los terrenos citados e igualmente el compromiso de
todas las administraciones en el posterior desarrollo de la actuación
urbanística para el uso ciudadano. En cuarto lugar, que se incorpore
a ese convenio una fórmula jurídico-administrativa que permita crear
una entidad mixta de gestión con el fin de dar participación a la
autoridad portuaria en los futuros ingresos económicos que el
desarrollo urbanístico de la zona provoque, paliando así la merma
económica que la desafección y enajenación pudiera provocarle en su
previsión de ingresos. En quinto lugar, que se solicite a la
autoridad portuaria de Alicante la elaboración de un plan de
actuación para definir y valorar las actuaciones complementarias de
traslado de instalaciones. En sexto lugar, que se constituya una
comisión de seguimiento que asignará, programará y coordinará los



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trabajos, estudios y proyectos necesarios para la tramitación
y desarrollo de las actuaciones contenidas en el mencionado convenio, y
que, lógicamente de nuevo esté presente en esa comisión el Ministerio
de Fomento, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Alicante y
la autoridad portuaria. Finalmente, en lo referente a la financiación
se contempla en la proposición que cada Administración debe asumir el
coste de redacción y ejecución de los proyectos que sean necesarios,
en función de sus competencias y de los convenios que existan con
otras administraciones o que se impulsen a partir de esta comisión de
seguimiento que se pretende crear.

En consecuencia, pido a todos los grupos parlamentarios, pido a SS.

SS. en nombre de Nueva Izquierda que aprueben esta proposición no de
ley. Entendemos que es una proposición equilibrada que trata de dar
satisfacción a todas las partes, una propuesta que se hace desde la
racionalidad administrativa, una propuesta que es obviamente buena
para la ciudad y el que sea algo bueno para una ciudad, en este caso
para los ciudadanos y ciudadanas, debe ser el objetivo último que
debe presidir la actuación de todas las administraciones. Estamos
convencidos de que si hoy no se aprueba esta proposición no de ley en
el futuro, con la forma que Nueva Izquierda propone ahora o con otra,
acabará aprobándose, porque va a ser una sinrazón que una autoridad
portuaria acabe comportándose como un ayuntamiento cuando ni dispone
de los instrumentos legales ni está creada para ello. Por tanto,
confiamos en obtener esta aprobación.

Adelantándome al trámite posterior y en aras de la brevedad, he de
indicar que el Grupo Socialista ha presentado unas enmiendas que
actualizan esta proposición, que fue registrada el 20 de febrero, y
que la mejoran. Por tanto, no tenemos ningún problema sino que, todo
lo contrario, vemos con satisfacción y agradecemos estas enmiendas y
las asumimos.




El señor PRESIDENTE: Para la presentación de esa enmienda tiene la
palabra el señor Beviá, Ruego que aunque queramos ganar tiempo
mantengamos un poco las formas y dejemos que primero se expresen las
enmiendas y luego su aceptación o rechazo.

Señor Beviá.




El señor BEVIÁ PASTOR: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para defender una enmienda, como ya ha indicado el señor
Alcaraz, a la proposición no de ley que él acaba de defender.

Adelanto que nuestra enmienda no entra en contradicción con el texto
de la proposición no de ley, sino que de alguna manera lo que hace es
presentar unas modificaciones que la complementan y que la actualizan
como el mismo señor Alcaraz ha dicho.

Insistiendo brevemente en las palabras iniciales del señor Alcaraz,
es verdad que el puerto y la ciudad de Alicante han estado siempre
íntimamente ligados, como los dos polos casi de una conjunción
inseparable. Históricamente el puerto de Alicante ha sido el factor
principal de evolución y desarrollo de la ciudad, ha servido de
entrada y salida de mercancías, de hombres y de culturas, y ha
significado un centro de acogida y de distribución no
solamente de los productos sino de las ideas que llegaban a sus
muelles. En el breve recorrido histórico es verdad que el puerto de
Alicante, a finales de la Edad Media, se dedica fundamentalmente al
comercio entre el interior de la Península y el Mediterráneo;
posteriormente con la presencia de genoveses, venecianos y luego
británicos y franceses amplía su actuación y se incorpora a las rutas
del comercio atlántico europeo y tal vez, frente a lo que se pensaba,
la liberación de 1778 que permite a los puertos del Mediterráneo
negociar con América, sin embargo, no incide mucho en el puerto de
Alicante y pierde la ocasión de presentar alternativas renovadoras,
por lo que en cierto modo está renunciando a ser una ciudad con
puerto para ser más bien un puerto en la ciudad, para ser un puerto
urbano. Así, gradualmente se produce ese proceso cruzado al que
aludía el señor Alcaraz. Es decir que el puerto, que es un elemento
dinamizador y clave de la ciudad, pasa a perder competitividad y la
ciudad se va especializando los servicios. Por tanto, el puerto de
Alicante ha de ser un servicio más, pero eso no indica que deba
cercenar posibilidades de otro tipo, como las comerciales o
turísticas, incidiendo en el puerto como de escala de cruceros.

La situación actual, como la ha planteado el señor Alcaraz, es que el
muelle de levante y el muelle de poniente, al margen del
procedimiento que se ha seguido, se están convirtiendo en zona
urbana, fuera de todo servicio portuario y, por tanto, debe estar
integrado a la ciudad. De hecho, cualquiera que acude al puerto ve
que ya no está al costado de Alicante sino que se ha metido en la
ciudad. En consecuencia, están realizando en todo ese entorno que
rodea la dársena interior una serie de actividades que nada tienen
que ver con las zonas de servicio del puerto, que son actividades
urbanas y, por tanto, zonas urbanas. En aplicación del artículo 31,
apartado 4, de la Ley de puertos, todos los bienes de dominio público
que no sean precisos para el cumplimiento de sus fines serán
desafectados y se incorporarán al patrimonio del puerto, que podrá
proceder a su enajenación o permuta. La iniciativa del señor Alcaraz
indica que se ha enajenado gratuitamente, o sea, que se ha cedido a
la ciudad de Alicante. Existe una contradicción en este momento, muy
bien planteada por el señor Alcaraz, ya que la autoridad portuaria
tiene que hacer frente a algo para lo que no tiene competencia y que
de alguna manera está rompiendo la estructura unitaria de la ciudad.

Es decir, aparece casi como un ensayo de alcalde dentro de otra
ciudad que tiene a su vez su propio alcalde, es decir, rompe el plan
especial de ordenación urbana a través del plan especial del puerto y
las modificaciones que pretenden.




Con la enmienda que presentamos nosotros completamos algunos
aspectos. En primer lugar, entendemos que lo que debe ser
desafectado, de acuerdo con el plan especial del puerto, no es
solamente la dársena interior, los sectores 1 y 6, el muelle de
levante y el muelle de poniente, sino también los terrenos que
próximamente van a ser liberados por el traslado de los depósitos de
Campsa (para entendernos más fácilmente el sector 2 del plan
especial) en todas aquellas partes que no sean destinadas
a actividades portuarias. Fundamentalmente pedimos



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que el apartado 4 se suprima. ¿Por qué solicitamos que se suprima un
apartado que trata de crear una comisión mixta de gestión para dar
participación a la autoridad portuaria en los futuros ingresos
económicos que el desarrollo urbanístico de esta zona provoque? Yo
plantearía otra pregunta: ¿Por qué el tratamiento que se va a dar al
puerto de Alicante ha de ser distinto del que se ha acordado para el
puerto de Valencia en un convenio de cooperación firmado entre el
Ministerio de Fomento, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de
Valencia y la autoridad portuaria? Es un convenio firmado el 14 de
octubre de 1997 cuyo primer objetivo es, exactamente como en esta
iniciativa, promover la mejora de la integración urbana del puerto y
aprovechar para la ciudad los espacios urbanos que puedan crearse a
partir de suelos no necesarios para usos portuarios,. Todo ese
proyecto, denominado balcón al mar, pasará como propiedad al
Ayuntamiento de Valencia. Será acaso -si no es favorable el voto del
Partido Popular a esta iniciativa- que cuando se firma el convenio de
Valencia lo que en realidad se está haciendo es un dibujo en el aire
y se posponen las obran, que no se sabe cuándo se van a hacer. En la
cláusula 3 de ese convenio se dice que para la ejecución de un
proyecto concreto, a cargo del Ministerio de Fomento, el acceso
ferroviario al puerto de Valencia habrá de estar terminado en el año
1999. Para ello en los presupuestos de 1998 se consignaban, en el
programa plurianual, 1.500 millones para invertir en 1999. Pero llega
el proyecto de presupuestos para 1999 y esos 1.5000 millones para el
acceso ferroviario al puerto de Valencia quedan reducidos a 200 y una
obra que según el convenio tenía que terminarse en 1999, según el
programa plurianual que figura en los presupuestos de 1999 se
prolonga hasta el del año 2001. Esto nos hace pensar que el convenio
-todo eso del balcón al mar de la ciudad de Valencia, que son unas
palabras preciosas, es una ventana dibujada en el aire- se firma
alegremente porque no se tiene ninguna intención de realizar. Por el
contrario, en el caso del puerto de Alicante -cuando el muelle de
levante ya se ha incorporado vitalmente a la ciudad y ha dejado al
lado sus usos portuarios y el muelle de poniente está en trámite,
pero muy rápido, de hacerlo- no habría motivos para posponer esa
cesión y seguramente habrá más dificultades para que esta propuesta
salga adelante. Hay otras enmiendas que no quieren reducir el
convenio con el puerto de Alicante, el convenio que se solicita en la
iniciativa de Nueva Izquierda, al no querer limitar a un uso urbano
exclusivamente el puerto, sino que se amplía, exactamente igual que
se hizo en el convenio con el puerto de Valencia, a promover aquellos
aspectos comerciales que el puerto de Alicante puede desarrollar.

En consecuencia, esta es la enmienda que defendemos y que confiamos
que sea aprobada por todos los grupos. Que el Partido Popular no la
acepte sería difícil de explicar en Alicante, como en toda la
Comunidad valenciana, porque de hecho sólo se firman aquellos
convenios que se sabe que no se van a cumplir, sólo se firman
aquellos convenios que son mera y simple publicidad y cuando hay un
convenio sobre un hecho real, que está ahí, se niega a conceder a los
alicantinos aquello que están viviendo como un elemento más de la
ciudad.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? Por
el Grupo Popular tiene la palabra la señora Díaz de la Lastra.




La señora DÍAZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Señor presidente, tengo que
decir que comparto, como no podía ser de otra manera, las excelencias
del puerto y de la ciudad de Alicante, que ha comentado el señor
Alcaraz, pero quisiera referirme a una serie de leyes que quizá nos
sitúen en el centro de lo que es el ojo del huracán. El artículo
149.20 de la Constitución española establece que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre los puertos de interés general, y el
artículo 148 dispone que las comunidades autónomas podrán asumir
competencias en los puertos de refugio, los deportivos y, en general,
los que no desarrollen actividades comerciales. No dice nada de los
ayuntamientos. El artículo 3.6 de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante dispone que los puertos comerciales que dependan
de la Administración del Estado integrarán en la unidad de su gestión
los espacios y dársenas pesqueras, así como los espacios destinados a
usos naútico-deportivos situados dentro de su zona de servicio.

Asimismo, podrán incluir en su ámbito espacios destinados a otras
actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter
complementarlo de la actividad esencial o equipamientos culturales,
recreativos, siempre que no se perjudique globalmente el desarrollo
de las operaciones del tráfico portuario. Para ceder espacios al
ayuntamiento, previamente -y aquí se ha dicho- habría que
desafectarlos del dominio público portuario, y para ello es preciso
declarar la innecesariedad de los mismos por el consejo de
administración, incorporándolos después al patrimonio de la autoridad
portuaria, pudiendo proceder seguidamente a su enajenación o permuta,
según dice el artículo 49 de la Ley de puertos, denominado régimen
patrimonial. Si su valor supera los 500 millones y es inferior a
3.000, su enajenación debería ser autorizada además por Puertos del
Estado y, si fuera superior a esa cifra, por el Gobierno. Como puede
comprobarse, la Ley de puertos únicamente autoriza la enajenación o
permuta, y la base legal para una cesión gratuita probablemente
habría que buscarla en la Ley de patrimonio.

De lo anteriormente expuesto, cabría preguntarse: ¿cómo se puede
declarar innecesaria para la autoridad portuaria una área productiva
como es la zona lúdicodeportiva de que se trata, donde hay otorgada
una concesión? Hay que tener en cuenta el peso específico que tienen
las concesiones en los ingresos de la autoridad portuaria, superior
al 34 por ciento de su volumen de negocio. Es preciso destacar que
las actividades complementarias generan recursos que el puerto puede
emplear en desarrollar otros espacios estrictamente portuarios. Los
puertos de interés general, por el principio de autonomía financiera,
no reciben consignaciones de los Presupuestos Generales del Estado,
lo que ayuda a la contención del gasto público y obliga a las
autoridades portuarias a mantener un equilibrio entre la demanda de
servicios portuarios y la oferta de infraestructuras. La cesión de
espacios por los que el puerto obtiene ingresos haría que fuera menos
competitivo, lo que redundaría en



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su perjuicio y en el de la zona de influencia y, en consecuencia, se
produciría un perjuicio para la ciudad.

Igualmente, se puede señalar que el carácter urbano de un puerto no
obliga, en absoluto, a desafectar las dársenas que están en contacto
con la ciudad, ya que ello supondría renunciar a la actividad
comercial en gran número de puertos no sólo españoles, sino también
en el ámbito de la Unión Europea. La existencia de puertos urbanos sí
demanda una adecuada política de relaciones puerto/ciudad, lo que,
sin lugar a dudas, se está llevando a cabo por parte de la autoridad
portuaria de Alicante. Concretamente, la redacción de los planes
especiales es consensuada con la Generalidad y el ayuntamiento, y una
prueba muy clara del buen entendimiento que existe entre el puerto y
la ciudad se ha puesto de manifiesto recientemente con la
modificación del actual Plan especial. Por dejar una mínima salida,
podría señalarse que quizá cuando se redacte el Plan de usos del
puerto podría ser momento de ver si hay espacios que le resulten
innecesarios.




Por otro lado, la colaboración entre el ayuntamiento y la autoridad
portuaria a la que se alude -hablo de la proposición del señor
Alcaraz- se refería a períodos punta de afluencia de público y
únicamente se trataba de regular el tráfico no en la propia dársena,
sino en los accesos a la misma, en la denominada plaza del Puerto. El
problema, como bien saben el señor Alcaraz y el señor Beviá, ha
quedado resuelto con la instalación de una isleta para el giro de los
vehículos y la sincronización de los semáforos. Hay que destacar que
la autoridad portuaria tiene su propio servicio de grúa para retirada
de vehículos mal estacionados, lo que también ayuda a dar mayor
fluidez al tráfico. Siguiendo el razonamiento que hace el señor
Alcaraz en cuanto al tráfico, podría llegarse a la conclusión de que
si la instalación de una gran superficie o un multicentro produce
problemas de tráfico y tiene que intervenir la policía municipal, eso
significaría que es el ayuntamiento el que debe gestionar dichos
centros.

Respecto a la enmienda del señor Beviá, diría que todavía va más allá
que la que presenta Nueva Izquierda. En su enmienda se habla de que
es necesaria la integración urbana, la integración del puerto en la
ciudad y yo creo que el puerto de Alicante es precisamente un ejemplo
claro para todos los demás puertos del territorio nacional en lo que
supone esa integración, que se dio de una manera natural y, más
tarde, con la cesión de uso que se hizo de la entrada, del nuevo
acceso al puerto, se ha visto claramente. El señor Beviá pide un
compromiso para que haya un incremento de actividades, un aumento de
competitividad, pero el señor Beviá sabe -ha sido motivo de discusión
en sede parlamentaria, no solamente en el Senado, sino en
comparecencias, en preguntas, en la Comisión del Tribunal de Cuentas
e incluso en esta misma Comisión de Infraestructuras- que si se
analiza el incremento de actividades se ve que las actividades
comerciales, las actividades de crucero y los resultados económicos
han experimentado un aumento muy positivo. La postura del señor
Alcaraz me extraña menos, quizá no hay vocación de gobierno y se
presta un poco a la demagogia, pero me extraña sobremanera la postura
del Partido Socialista, porque -y tengo que recordar
aquí que he sido concejala del Ayuntamiento de Alicante durante 13
años- tanto el Alcalde, José Luis Lasaleta, como el señor Luna, como
la autoridad portuaria, el señor Cuesta, nunca se había manifestado
en el sentido que ahora pretende el Partido Socialista.

Aquí se ha hecho referencia al puerto de Valencia y al convenio que
se firmó con el ayuntamiento en lo que se refiere al Balcón del Mar.

Aunque no hay contrapartida económica del ayuntamiento por la cesión
de terrenos, considerados por esta autoridad portuaria como de uso
marginal, no supone detrimento en sus ingresos, ya que las
concesiones como Temasa o Remolcadores Trasmediterránea se van a
trasladar a otros lugares más idóneos y, en último caso, costeándose
la propia empresa la nueva estación marítima. También se ceden unos
tinglados que el puerto ya no usaba. El ayuntamiento, por la cesión
de esos terrenos, apoya al puerto en tres proyectos: el acceso
ferroviario, el acceso norte y la ZAL, y en este último es muy
importante la actuación del mismo. El puente de los transversales se
hará con fondos de la Generalidad y el ayuntamiento convocará
concursos de ideas, llevará a cabo la ordenación urbanística y, en
general, ayudará a la autoridad portuaria a la consecución de estos
tres objetivos señalados, que dependen de él. Desde luego, tengo que
decirle que hay una coordinación extrema entre el puerto y el
Ayuntamiento de Alicante. Hay que recordar que en el consejo de
administración, aparte de agentes sociales y de instituciones, está
el propio alcalde de la ciudad de Alicante y, desde nuestro punto de
vista, la propuesta del Grupo Mixto haría menos competitivo el puerto
de Alicante, con efectos nocivos para el tejido económico y social de
la zona de influencia y muy concretamente de Alicante y su entorno
próximo. Nosotros pensamos que el ciudadano de a pie en este momento
no sabe quién tiene la titularidad; disfruta perfectamente de todas
las instalaciones del puerto, en un momento dado, se subsanaron los
problemas de tráfico a los que aludía el señor Alcaraz, y los
problemas de limpieza, se está utilizando el puerto por la ciudad de
Alicante, que se considera parte de la ciudad, y no vemos ningún
efecto positivo en la proposición no de ley ni en la enmienda que
presenta el señor Beviá, que todavía va más allá y que, como digo,
considero un cambio de postura radical respecto a las mantenidas por
compañeros suyos, no sólo por la autoridad portuaria, sino por los
propios regidores de la ciudad de Alicante en la época de Gobierno
socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, tiene la palabra a los solos
efectos de decir si acepta o no las enmiendas presentadas.




El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, he sido aludido de manera
impropia.




El señor PRESIDENTE: Ciertamente, ha habido una alusión de la señora
Diez de la Lastra y, para esa responder a esa alusión concreta, tiene
un minuto.




El señor ALCARAZ RAMOS: Lamento la intervención de la señora Diez de
la Lastra, porque no es su estilo acusar de demagogia a aquel que
defiende posiciones



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distintas a las que mantiene el Partido Popular. Me parece que la
señora Diez de la Lastra -algo impropio en ella- se deja llevar por
la prepotencia que su partido está mostrando en Alicante y en la
Comunidad Valenciana y le rogaría que en el futuro pudiéramos llegar
a acuerdos, a conversaciones civilizadas por el bien de la ciudad;
igual que yo no critico sin mas su posición, aunque discrepo
profundamente de los argumentos que ha dado, le rogaría que en el
futuro, insisto, por el bien de Alicante, pasión que compartimos los
dos, sea más moderada en sus intervenciones.




En cuanto al otro tema, como ya he dicho anteriormente, acepto las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.




- RELATIVA AL ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA N-330 EN SU TRAMO LOS
SANTOS (RINCÓN DE ADEMUZ, PROVINCIA DE VALENCIA) A TERUEL. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000955.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley.

Quiero pedir -no sólo para esta proposición no de ley, sino también
para las restantes- que, respetando el tiempo necesario para que cada
uno de los intervinientes desarrolle perfectamente su argumentación
-eso por encima de todo-, se eviten en lo posible reiteraciones, con
lo que podríamos ir más rápido en la visión del orden del día.

Este punto quinto del orden del día es la proposición no de ley
relativa al acondicionamiento de la carretera N-330, en su tramo Los
Santos (Rincón de Ademuz, provincia de Valencia) a Teruel, que
presenta el Grupo Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo primero que quiero manifestar es que
he repartido a todos los grupos parlamentarios, también al señor
presidente, tres mapas que creo ilustrarán lo que quiero decir en mi
intervención y ayudarán seguramente a comprender mejor la petición
que hace el Grupo Socialista a quienes no son de Teruel y no conocen,
porque no tienen por qué, el tramo de carretera del que voy a hablar
a continuación.

Señor presidente, quiero decir que la alarma ha cundido en mi corazón
cuando he comprobado que ninguno de los diputados turolenses del
Partido Popular estaban presentes en la Comisión. Ha cundido la
alarma en mi corazón y al final he visto que ese mal augurio se va a
confirmar por el voto negativo del Partido Popular a mi proposición.

Suele ser así, cuando hay que dar malas noticias, lo hace quien no es
del territorio y, cuando las noticias son buenas, las da quien es del
territorio; en este caso, dar la mala noticia le ha tocado a don
Gerardo Camps, a quien yo saludo amablemente. Comprendo su posición,
pero de entrada yo anuncio ya formalmente -lo haré después
personalmente- que voy a invitar a don Gerardo Camps a venir un fin
de semana a Teruel -le trataré como a un hermano, se lo aseguro- para
que vea
in situ el tramo de carretera del que le voy a hablar ahora, lo
conozca y comprenda mi preocupación porque se rechace hoy esta
propuesta. Pero no se alarme, señor Camps, que también voy a llevarle
a Albarracín y a más sitios para que vea usted las maravillas de la
sierra y de la ciudad y le voy a invitar a comer y a cenar la comida
tradicional de Teruel. Así pues, le invito el fin de semana que usted
quiera.

Señor presidente, la N-330 une el Rincón de Ademuz con Teruel, la 420
es la carretera que une Córdoba con Tarragona y en el tramo del que
hablamos se unen las dos, están superpuestas. Esto lo digo a efectos
de que podamos situarnos en la cuestión. Pues bien, la N-420 une
Cuenca con Teruel y es el acceso natural entre Aragón del sur,
Castilla-La Mancha, Andalucía y el suroeste español. El tramo Teruel-
Los Santos es un trazado anterior al Plan de carreteras de 1984 y
1991 y está en muy mal estado, ya que carece de arcenes y la calzada
de rodadura está compuesta por una capa de lechada bituminosa sobre
tratamientos superficiales con gravilla que son muy antiguos, por lo
que este tramo de carreteras, señorías, no tiene ni un solo gramo de
aglomerado en caliente, siendo probablemente en este momento uno de
los poquitos tramos sin acondicionar que quedan en todo el territorio
nacional. Esta obra quedó retrasada con el Gobierno socialista,
quiero empezar por reconocer eso, repito que quedó retrasada con el
Gobierno socialista, pero no se paró, quiero decir que no se ignoro,
se retrasó. Fue la única obra en toda la provincia de Teruel que se
retrasó, pero no se ignoró, porque se fueron haciendo los estudios de
impacto ambiental, los estudios de trazado y el correspondiente
proyecto. Y digo que reconozco que se retrasó por el Gobierno
socialista, porque espero de la inteligencia del señor Camps, que me
consta que la tiene, que no recurra al latiguillo de que hemos tenido
13 años para hacerlo y que no lo hicimos, porque, efectivamente, es
así, pero es que hicimos muchas otras cosas. Ya no queda ni una sola
carretera en Teruel, excepto una, que ya conocemos todos que es por
un problema de contratación, que esté sin acondicionar.

Lo que quiero decir con todo esto es que el tramo en cuestión está
contemplado en el programa de actuaciones prioritarias de carreteras,
el Papca, en el punto 423, acondicionamientos, página 18. Es un tramo
que en el programa de actuaciones prioritarias de carreteras ya se
contempla y, por tanto, no estamos hablando de una entelequia. Por
otra parte, el Plan director de infraestructuras, que fue aprobado en
esta Cámara, contempla esta carretera como vía de conexión entre el
oeste y el suroeste de la Península con el noroeste y Francia,
apoyándose en la autovía Sagunto-Teruel-Zaragoza-Somport. Aquí se ve
-y ahora pueden mirar ustedes el mapa número tres que les he
entregado- que, efectivamente, se contempla en el PDI como una vía de
conexión. Así pues, el Plan director de infraestructuras, que fue
aprobado por esta Cámara, pero además redactado por técnicos de
reconocida competencia en la materia, ya contemplaba este tramo y,
por tanto, le daba la importancia que yo creo que tiene y que debe
tener.

El tramo Cuenca, límite con la provincia de Valencia, en el Rincón de
Ademuz, se acondicionó hace ya varios años. Se ha terminado el
acondicionamiento de la N-330



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hasta Torre Baja y ya ha sido inaugurado -y vean, por favor, el mapa
número uno que les he entregado- este tramo de la N-330 que va desde
Ademuz hasta Torre Baja. Se ha realizado en esta zona un
impresionante viaducto, el más grande que existe en las comunidades
autónomas de Valencia y Aragón, una obra realmente impresionante,
y en cuanto al tramo límite con la provincia de Cuenca hasta Los
Santos, ubicado en la N-420, éste está prácticamente acabado y los
vehículos ya circulan por el nuevo trazado. Estos dos trazados que ya
están acabados, repito, con un impresionante viaducto que se ha
construido, son los que figuran en el mapa número uno con el trazado
azul; esta «y» invertida en color azul son estos dos tramos que están
ya realizados, el que viene de Cuenca, que es el que está
prácticamente horizontal, y el que viene de Ademuz, que está en
vertical, se lo digo para que se vayan situando.

Por esto, el tramo Teruel-Los Santos, objeto de esta proposición no
de ley, se ha convertido en un cuello de botella peligroso. Ustedes
pueden comprobar que la zona de color verde es el cuello de botella
del que estoy hablando y es el tramo que estoy solicitando que se
pueda licitar de manera inmediata. Se trata, como puede verse en este
mapa número uno, de una «y» invertida, como les decía. No es, por
tanto, una infraestructura nueva la que estamos solicitando, sino un
acondicionamiento, y esto creo que es importante resaltarlo, y
tampoco, señorías, es un problema de prioridades. Si no se hace esto,
será una desidia intolerable y verán por qué. El proyecto técnico fue
aprobado definitivamente el 30 de julio de 1997, señorías, hace casi
año y medio, tras haber pasado el trámite de información pública a
causa de la inclusión de las variantes de Libros? y Mar de Jacinto?,
es decir, está todo absolutamente terminado. El presupuesto es de
4.300 millones de pesetas y la traza es de una longitud de 34,240
kilómetros, suponiendo una reducción de unos 2 kilómetros respecto al
trazado actual. Tiene un tráfico intenso de camiones pesados a causa
del transporte de caolines desde las minas del río Deva hasta la
estación de Renfe de Teruel y les aseguro que es una zona
peligrosísima. Yo la recorría en bicicleta con cierta frecuencia y he
renunciado ya a pasar por allí porque el riesgo es enorme. Los
camiones que vienen desde el río Deva, que hacen prácticamente todo
el recorrido desde las minas de caolín, tienen unos remolques
impresionantes, de 16 metros, y en la mayoría de las curvas invaden
la calzada izquierda porque no tienen espacio para pasar si no lo
hacen así. No estoy haciendo demagogia, se lo aseguro; el señor Camps
va a poderlo comprobar personalmente, porque estoy seguro que va a
aceptar mi invitación y lo van a comprobar todos ustedes, si quieren
venir.

Les quiero comentar también que han sido rechazadas sendas enmiendas
a los Presupuestos Generales del Estado, una del Partido Socialista,
la 263, con una dotación de 100 millones de pesetas, con la que
pretendíamos que por lo menos se pudiera contratar ya la carretera, y
otra del propio Partido Popular. El Partido Popular tenía una
enmienda, la 1462, que dotaba con 500 millones de pesetas a esta
carretera y el propio Partido Popular la rechazó. ¿Por qué?
Seguramente porque la enmienda la
generó don Antonio Serrano, el diputado del PAR por Zaragoza, que
forma parte del Grupo Parlamentario Popular. Pero el caso es que las
dos han sido rechazadas y, por lo tanto, en este momento no hay
consignación presupuestaria. Esto lo sabemos y yo creo que eso el
señor Camps lo va a aducir como argumento, pero de lo que se trata es
de que se consigne y de que se pueda hacer.

No puede haber, señorías, por tanto, ninguna razón de tipo político,
técnico o económico que justifique el abandono de esta carretera.

Teniendo como tiene terminados todos los tramites previos a la
contratación y pudiéndose contratar mañana mismo si se desea, nadie
podría entender que se negara lo que pido en esta proposición no de
ley, que se liciten las obras de forma inmediata. Señorías, no es
comprensible que permitamos semejante aberración, que es que toda la
carretera desde Cuenca y Valencia por el rincón de Ademuz esté
acondicionada, excepto 34 kilómetros que llegan a Teruel, un cuello
de botella impresionante, peligrosísimo. Todos los trámites
necesarios están terminados y se puede contratar mañana mismo si se
quiere; sin embargo, el Gobierno, el Partido Popular se niega a
hacerlo. Sinceramente, no podemos entenderlo y no puedo entender que
los dos diputados del Partido Popular por Teruel estén ausentes en
este momento en esta Comisión y no se hayan preocupado, creo yo, de
defender para nada esta posición, que no tiene que ser la del Partido
Socialista.

Termino, señor presidente. Se ha aprobado para el año que viene,
mediante un acuerdo interno entre el propio Grupo Popular y el PAR,
una consignación presupuestaria para la variante de Alcañiz. La
variante de Alcañiz, señorías, es muy necesaria. Yo me felicito de
que el Grupo Popular haya dado vía libre a esa variante, pero les
anuncio ya que el año que viene ni un solo duro de los 300 millones
que se han asignado a esa variante se podrá gastar. ¿Y saben por qué?
Porque no hay hecho ni un solo papel y los que sabemos un poquito de
esto -yo poquito sé, pero algo sé-, sabemos que el año que viene,
como no hay en este momento ni un papel, no se podrá gastar ni una
peseta de ese dinero. No sabemos a dónde ira a parar, pero ya tenemos
experiencias en Teruel al respecto. Yo sólo les pido una cosa, que
cuando estemos a mediados del año que viene y ustedes comprueben que
yo tengo razón, que no se va a poder gastar ese dinero, que, por
favor, cojan dicho dinero, lo trasladen a esta carretera, le den una
consignación presupuestaria y la contraten, porque es lo único que
necesita, una sola peseta para poderla contratar.

Señor presidente, nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Quiero decirle, como presidente de la Comisión,
que le agradezco y le felicito por esta idea de repartir al
presidente y a los diputados estos mapas que nos han permitido seguir
su intervención con muchísima más atención y, desde luego, con más
provecho.




¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.




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El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente, por facilitarme
esta intervención, debidamente anunciada ya por el portavoz del Grupo
Socialista. Además, lo hago de una manera distinta a como he sido
citado, toda vez que represento de modo suficientemente explícito y
debido a mis compañeros de grupo de la provincia de Teruel, en una
discusión que creo que también afecta -porque no creo en las
infraestructuras que van de ningún sitio a ninguna parte, que las
hay, no hechas por este Gobierno- a la provincia por la que soy
diputado, la de Valencia.

Como muy bien ha expresado S.S, esa carretera, en la que se
superponen las dos nacionales enlaza con el Rincón de Ademuz, que es
una zona periférica de la provincia a la que pertenece mi
circunscripción.

Por otro lado, estaré encantado de aceptar la invitación que me ha
hecho el señor Torres Sahuquillo, porque sabe de mi afición,
compartida con él, al deporte de la bicicleta y sería de todo punto
procedente que recorriéramos la vía a la que ha hecho mención S. S.,
disfrutando también -sabe que usted y yo defendemos la seguridad vial
en la carretera para los ciclistas- del paisaje, y acepto hasta sus
invitaciones de tipo culinario. Le puedo asegurar que, después de
haber veraneado durante muchos años en el mesón El Gallo de
Albarracín y de haber visitado en innumerables ocasiones fiestas como
la de Tramacastilla, hasta puedo invitar a cenar al señor Torres
Sahuquillo a la ciudad de Bronchales, en la que tengo muy buenos
amigos, lo cual le demostrará que no me es en absoluto desconocida ni
la zona de que estamos hablando ni los pueblos a los que ha hecho
mención S. S. con anterioridad.

En primer lugar, quiero dejar una cosa clara y sentada, que el
Partido Popular no está en modo alguno en contra de un proyecto que
fue aprobado por el propio Gobierno del Partido Popular.

Evidentemente el proyecto existe -lo ha reconocido S.S.-, ha acertado
con la fecha, 30 de julio de 1997, pero no con el presupuesto que son
302 millones más de los que ha citado S. S., y además fue aprobado
por un Gobierno del Partido Popular -y entiéndamelo en positivo-
debido al atraso de un gobierno anterior que no fue capaz de acelerar
esos trámites hasta donde se aceleraron con el Gobierno del Partido
Popular. También dice S.S., y con razón, que no hay consignación o
disponibilidad presupuestaria, pero ello no quiere decir que no se
esté de acuerdo con un proyecto aprobado y en que se tenga que llevar
a la práctica, pero S.S. sabe también, como todos los miembros de
esta Comisión, que en materia de infraestructuras siempre tiene que
haber unas ciertas prioridades en materia presupuestaria, y más con
los últimos presupuestos que ha habido en esta materia, de todo punto
austeros, para ir llevando a cabo obras como la que estamos
discutiendo en este momento.

Por tanto, dejando sentado que el proyecto es compartido por el
Gobierno del Partido Popular, y, si me lo permite S. S., por los
diputados del Partido Popular, y en concreto por los diputados del
Partido Popular por la provincia de Teruel, habrá que esperar a tener
la disponibilidad presupuestaria suficiente para que pueda realizarse
de la forma debida. En los estupendos mapas
que han sido facilitados tanto a la Presidencia de la Comisión como a
los diputados, usted ha pintado las infraestructuras que ya están
acondicionadas, que son justamente las que unen la carretera con el
tramo que afecta a mi circunscripción provincial, al Rincón de
Ademuz, pero ha obviado S.S. decir cuándo han sido realizadas esas
obras y el coste de las mismas. Lo da por hecho como si fuera algo
que ya estuviera realizado desde hace mucho tiempo, y que podía
llevar mucho tiempo pintado en el mapa, pero S.S. sabe, repito,
aunque lo ha obviado, que justamente el tramo de Manzaneruela a Torre
Baja, es decir, el que une el punto donde S.S. inicia el proyecto de
conexión con Teruel con esa misma N-330, fue inaugurado en junio del
año pasado, se gastaron más de 3.000 millones de pesetas y se
eliminaron nada menos que 313 curvas, y eso es lo que va
a posibilitar que posteriormente se pueda unir Teruel con otra
infraestructura viaria que permita la circulación tanto de tráfico
pesado como de turismos. Reitero, en este caso se trata de una zona
de turismo interior que creo que valdría la pena que no sólo
visitáramos usted y yo, señor Torres Sahuquillo, sino la mayoría de
los diputados de esta Comisión. Es necesario que esas vías estén
unidas entre ellas y por ello tiene sentido que esto se realice
cuando se hayan llevado a cabo las obras de infraestructura
necesarias para conectarla con el resto de las nacionales. Además,
esto se ha producido en una fecha no tan lejana en el tiempo, ya que
estamos hablando de junio de este año, y se están produciendo
inversiones milmillonarias para poder acometer el resto de las
infraestructuras, entre las que se encuentra la que S.S. ha
mencionado.

Por ello, no podemos compartir en la literalidad su proposición no de
ley cuando habla de realizarlo de forma inmediata, aunque compartimos
en su conjunto el proyecto de realizar esa conexión de Teruel con la
N-330 y con la N-420.

Por ello, al igual que ha hecho S.S., en el momento en que exista esa
disponibilidad presupuestaria que permita acometerlo -como ha dicho
muy bien S.S. ya están todos los papeles, dicho en un término más
llano-, invito también al Grupo Parlamentario Socialista para que,
entonces, seamos capaces de ponernos de acuerdo para impulsar de la
manera que merece esa vía y que posteriormente S.S. y yo podamos
recorrerla en bicicleta y sin peligro alguno, que es lo que espero.




- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
Y URGENTES PARA EXIGIR AL MINISTERIO DE FOMENTO QUE CUMPLA LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS TANTO POR ESTE MINISTERIO COMO POR EL
AYUNTAMIENTO DE GETAFE Y LA COMUNIDAD DE MADRID, EN RELACIÓN CON EL
ENTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA LÍNEA C-4 DE LA RED DE CERCANÍAS DE
MADRID, A SU PASO POR GETAFE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001030.)



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- SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS
PARA EL SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA A SU PASO POR GETAFE
(MADRID). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001116.)



PRESIDENTE:
El señor Pasamos a las siguientes proposiciones, las números 6 y 7,
que se verán conjuntamente. En la número 6 se insta al Gobierno a que
se adopten las medidas necesarias y urgentes para exigir al
Ministerio de Fomento que cumpla los compromisos adquiridos tanto por
este Ministerio como por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de
Madrid, en relación con el enterramiento de las vías de la línea C-4
de la red de cercanías de Madrid a su paso por Getafe. Esta
proposición la ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado otra proposición sobre el
cumplimiento por el Gobierno de los compromisos asumidos para el
soterramiento de la línea férrea a su paso por Getafe (Madrid). Esta
proposición ha sido presentada por el señor Alcaraz, de Nueva
Izquierda.

Para la primera de las dos proposiciones no de ley que vamos a tratar
conjuntamente, tiene, en primer lugar, la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Sabanes.




La señora SABANES NADAL: Voy a intervenir para defender esta
proposición no de ley que trata básicamente del soterramiento de la
línea férrea en su red de cercanías y a su paso por Getafe. La
casualidad, y sólo la casualidad, hace que hoy los convenios del
Ministerio de Fomento con Madrid sean de gran actualidad gracias al
proyecto estrella que el ministro de Fomento ha anunciado, junto con
el alcalde de Madrid, sobre las autopistas subterráneas de peaje, por
cierto proyecto no pedido y nada sentido en la comunidad y en la
ciudad de Madrid.

El Ministerio y el ministro de Fomento, a nuestro modo de ver,
deberían abandonar tanta veleidad y plantearse seriamente cumplir los
compromisos reales y firmes. Compromisos como el de su participación
en el proyecto de integración de las infraestructuras ferroviarias de
la línea de cercanías C-4 en el municipio de Getafe, proyecto al que
estaba vinculado por la firma del convenio de 6 de febrero de 1996 y
del que se retiró recientemente a través de una adenda al mismo
convenio. También la necesidad de cumplimiento de sus compromisos en
la participación e impulso de convenios para el enterramiento de las
líneas de alta tensión, como ha mandatado este mismo Congreso.

Sin embargo, es obvio que el ministro de Fomento está más empeñado en
establecer él mismo las prioridades, al margen de mandatos y al
margen de compromisos adquiridos en esta Cámara. El incumplimiento
del Ministerio de Fomento, no obstante, ha sido solventado
provisionalmente por el Ayuntamiento en pleno de Getafe, que acordó
garantizar el enterramiento buscando fórmulas financieras y
económicas para poder llevar a cabo el proyecto con la Comunidad de
Madrid, sin excluir, en ese
mismo acuerdo y en ningún caso, la exigencia permanente de que el
ministro de Fomento cumpliera los compromisos contraídos en su día
con el Ayuntamiento de Getafe. Éste es básicamente, el objeto de esta
proposición no de ley.

Señorías, no debemos olvidar que la solución que se ha adoptado para
asumir el proyecto no soluciona el problema y genera la necesidad de
comprometer al ayuntamiento en costosas operaciones de endeudamiento.

La situación mejoraría sustancialmente si el Ministerio de Fomento
asumiera y cumpliera los compromisos.

El municipio de Getafe, situado en la zona sur de la región
metropolitana de Madrid, se encuentra atravesado por dos líneas de
cercanías, la C-3 y la C-4, así como las de largo recorrido. El
crecimiento de este municipio tuvo como consecuencia que el trazado
de estas líneas ferroviarias hayan quedado rodeadas por la trama
urbana, y más específicamente el trazado de la línea de cercanías C-
4. En su momento, el ayuntamiento, en su Plan general de ordenación
urbana, planteó la posibilidad de desarrollar actuaciones
urbanísticas tendentes a la integración de la infraestructura
ferroviaria, mejorando así la estructura urbana del municipio. A su
vez, y en su momento, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente formalizó propuestas en este sentido, y en este
contexto fue en el que se formalizó el compromiso de financiación en
terceras partes con los ayuntamientos.

El incumplimiento del hoy Ministerio de Fomento del compromiso
asumido en su día sitúa al ayuntamiento en una posición de especial
precariedad por lo que planteamos la reconsideración de la actitud
del Ministerio de Fomento y el mantenimiento de sus compromisos
adquiridos en 1996, compromisos que responden a necesidades
planteadas y reiteradas por el conjunto de la ciudadanía, necesidades
reales y largamente reivindicadas y no como otros proyectos que el
Ministerio de Fomento establece en Madrid que no responden a ninguna
necesidad y a ninguna reivindicación sentida de la ciudadanía.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantea
hoy aquí que el Ministerio de Fomento reconsidere su posición y
cumpla sus compromisos, formalizados en el convenio de 1996, para
evitar dejar al ayuntamiento de Getafe, en una situación de especial
precariedad, pues con la intención de solucionar el problema
interviene en una operación que va a suponer, en último término, un
coste y un endeudamiento difícilmente soportable por un ayuntamiento
de las características del de Getafe.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Partido de Nueva Izquierda, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra para defender su proposición no
de ley el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Defenderé yo esta iniciativa, aunque está
firmada por la diputada por Madrid, doña Cristina Almeida, que se
encuentra fuera de España en una labor humanitaria, lo cual explica y
justifica su no presencia en un tema por el que tenía especial
interés.




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La integración de las infraestructuras ferroviarias a los cascos
urbanos es un problema que afecta, a Getafe y a otros muchos lugares
de España. Hay que constatar que, desgraciadamente, el Ministerio de
Fomento no tiene una planificación y, lo que es peor todavía, no
tiene una voluntad política de abordar este problema que afecta a la
calidad de vida de miles y miles, de decenas o centenares de miles de
personas en toda España. Diríase que el Ministerio está más
interesado en acciones faraónicas desde la perspectiva de un año
electoral, por un lado, y de obtener beneficio privado, por otro, con
independencia de que esas actuaciones sean prioritarias -que para
nosotros muchas no lo son-, que en la mejora de la calidad de vida,
que debería ser el primer criterio a seguir por este Ministerio.

Como ya ha dicho la señora Sabanés, el municipio de Getafe se
encuentra dividido por el trazado ferroviario de la línea de cercanía
C-4. En 1996, el Gobierno, a través del entonces ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, firmó con el Ayuntamiento de
Getafe y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid un convenio
por el cual las tres administraciones se comprometían a cofinanciar
diversas actuaciones para la integración de esta infraestructura
ferroviaria en el casco urbano.

En ese convenio, cada una de las administraciones aportaría una
tercera parte para el soterramiento de la línea férrea, lo cual
parece un acuerdo equilibrado, ajustado y positivo, todo ello en los
puntos kilométricos 13,200 a 16,200. Sin embargo, el Gobierno actual
del Partido Popular no sólo ha dejado de realizar las consignaciones
presupuestarias precisas, sino que incluso el Ministerio anunció su
intención de no cumplir los compromisos asumidos, lo cual ha dado
lugar a la lógica preocupación social y a la constitución de una
plataforma vecinal que ha protagonizado movilizaciones y una recogida
de firmas, incluso el propio Consejo de Gobierno de la comunidad
autónoma ha llegado a tener que modificar su posición proponiendo una
aportación del 50 por ciento del presupuesto necesario. Sin embargo,
esa propuesta no es de recibo, no es ajustada a la realidad, ya que
probablemente era sabido por el Consejo de Gobierno cuando hacía la
propuesta, que la corporación de Getafe carecía de créditos
suficientes salvo que se embarcara en costosas operaciones de
endeudamiento que a medio plazo repercutirían en la vida de los
ciudadanos y ciudadanas del municipio.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Getafe, en sesión plenaria,
solicitó la dimisión del titular del Ministerio de Fomento. A nuestro
modo de ver es una actuación lógica respecto de quien no sólo
incumple los compromisos en una acción insólita en un Gobierno serio,
sino que incluso no ha aceptado reunirse con los responsables
municipales para explicar los motivos que le han llevado a no
participar en la financiación de las obras.

Es por ello que parece urgente que esta Cámara parlamentaria adopte
una propuesta nítida, clara y contundente dirigiéndose al Ministerio
para que modifique esta aberrante y nociva actitud. En este sentido,
nuestra proposición no de ley pretende simplemente instar al Gobierno
para que cumpla los compromisos adquiridos, algo que nunca habría que
recordar a un gobierno democrático,
con el Ayuntamiento de Getafe y con la Comunidad Autónoma de
Madrid para que de esta manera participe en la cuantía que le
corresponde, una tercera parte, en la financiación de las obras
necesarias de soterramiento de la vía C-4 de la red de cercanías,
habilitando para ello los créditos suficientes e incluyendo esta
previsión en futuros proyectos de Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, la señora
diputada García Hierro, que tiene que intervenir en este punto,
llegará en dos minutos, porque está en otra Comisión. Si el Grupo
Popular no tiene inconveniente en consumir su turno de explicación
antes que nosotros, se lo agradecería mucho.




El señor BARDISA JORDÁ: Señor presidente, precisamente en la Comisión
en la que está interviniendo la señora García Hierro yo también tenía
que intervenir, y no puedo estar en la Comisión Mixta de la Droga por
estar aquí. Por tanto, pido que intervenga otro diputado del Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, hemos esperado hasta el último
momento, pero es el turno del Grupo Socialista y debe consumirse
ahora.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Con toda brevedad me voy a sumar a
los argumentos que han esgrimido la señora Sabanés y el señor
Alcaraz, que comparto íntegramente, y que además se enmarcan en un
modo de proceder del Ministerio de Fomento inaceptable, que venimos
denunciando sistemáticamente en los debates, tanto en el análisis de
la política sectorial o de las políticas concretas de este Ministerio
como en sus repercusiones presupuestarias.




Consiste en comprometer continuamente inversiones que luego no tienen
respaldo presupuestario, y el grave problema con que nos encontramos
en esta iniciativa concreta del Ayuntamiento de Getafe se repite con
otras, es decir, la imposibilidad material, vistos los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1999, de respaldo presupuestario
para acometer iniciativas tan necesarias como ésta. En consecuencia,
mi grupo parlamentario presentó enmiendas, que han sido rechazadas
por la mayoría de esta Cámara, es decir, por el Partido Popular, que
demuestra su nulo interés en cumplir aquello a lo que parecía haberse
comprometido con anterioridad. No es ya el problema de que no se
atiendan las necesidades existentes, en este caso para el desarrollo
de este convenio, sino que incluso una vez realizado y comprometido
con el ayuntamiento ni siquiera se le da un respaldo presupuestario
ulterior.

Por tanto, nosotros vamos a votar favorablementeestas dos
proposiciones no de ley y hacemos una llamada



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de atención al rigor -se lo dije al señor ministro-, a la necesaria
vinculación que debe existir entre compromiso y traducción
presupuestaria e incluso, a nuestro juicio, entre proyectos que se
incluyen en los anexos de inversiones reales y que luego tampoco se
ejecutan. Una política presupuestaria rigurosa debería evitar este
tipo de circunstancias, y desde luego los ciudadanos de Getafe
merecen que se cumpla este compromiso. Votaremos favorablemente las
dos proposiciones no de ley.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera, por su
disposición a intervenir en el turno de portavoz de su grupo.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bardisa.




El señor BARDISA JORDÁ: En primer lugar, quiero decir que estén
tranquilas SS.SS., porque el enterramiento de las vías del tren a su
paso por Getafe se va a hacer. Están adjudicadas las obras por 7.049
millones de pesetas y se van a hacer gracias a la acción del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, que está presidido por el Partido Popular,
y que es el que ha llevado la iniciativa del enterramiento de estas
vías del tren. Por tanto, el problema fundamental, que es el
enterramiento de las vías a su paso por Getafe, se va a solucionar, y
va a participar el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular.

También hay que destacar que hay un convenio con el alcalde de
Getafe, del Partido Socialista. En este sentido yo me siento un poco
extrañado de la actitud del Grupo Socialista, puesto que por parte de
su grupo municipal en el ayuntamiento de Getafe y su alcalde, de su
partido, se está totalmente conforme con el acuerdo a que se ha
llegado con el Gobierno del Partido Popular de financiar al 50 por
ciento las obras de enterramiento de las vías del tren a su paso por
Getafe, que están adjudicadas por 7.049 millones de pesetas, según
acuerdo del Ayuntamiento de Getafe, con mayoría del Partido
Socialista, y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido
Popular.

Por otro lado, no se puede decir que el Ministerio de Fomento ha
incumplido ningún convenio, puesto que el mismo se firmó el 6 de
febrero de 1996 por el anterior ministro de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente, el presidente de la Comunidad de Madrid
y el alcalde de Getafe. El citado convenio establecía que, en primer
lugar, habría que redactar un anteproyecto para concretar la
definición de la actuación, y posteriormente el proyecto, que debían
ser redactados por el Ministerio. Por tanto, no se puede decir que se
ha incumplido, y además es un convenio que fue firmado por el
anterior ministro de Obras Públicas, justo unos meses antes de las
últimas elecciones generales.

Hay que tener en cuenta el interés del Gobierno de la Comunidad de
Madrid (que, como todos ustedes saben, es un Gobierno con mayoría
absoluta del Partido Popular) por acometer de forma inmediata la
ejecución de esta actuación, que en el fondo es eminentemente
urbanística, por parte del Ministerio, que ha dado todo tipo de
facilidades para que ambas administraciones se pongan de acuerdo.

La integración del ferrocarril no solamente a su paso por Getafe,
sino por todos los núcleos urbanos, es un problema eminentemente
urbanístico, que debe ser abordado en estrecha colaboración con todas
las administraciones con competencia en esta materia, y
fundamentalmente con las comunidades autónomas. Además, dado el gran
número de peticiones existentes, el problema tiene una gran
trascendencia económica que hace necesario establecer una
priorización de las actuaciones y los mecanismos de ejecución, al
margen de los fondos destinados a la modernización de toda la red
ferroviaria nacional. En este sentido, el Ministerio de Fomento, por
mandato del Senado, está elaborando un estudio específico donde se
analiza esta problemática en su conjunto y que debe servir de base
para un sosegado debate sobre esta cuestión.

Por tanto, señor presidente, el Grupo Popular va a votar
negativamente ambas proposiciones no de ley, una presentada por
Izquierda Unida y otra por Cristina Almeida, candidata, por cierto, a
la Comunidad de Madrid (lamentamos mucho que no esté presente en esta
Comisión defendiendo un tema importante para la Comunidad de Madrid),
dejando clara la postura del Grupo Popular, dejando claro que las
obras de enterramiento de las vías del tren se van a hacer, porque el
Partido Popular está de acuerdo y además ha sido el que ha impulsado
desde Madrid el enterramiento de estas vías.

Por último, el ministro de Fomento va a dar todas las facilidades.

Además, nos alegra mucho que el ministro de Fomento, como ha dicho la
señora Sabanés en su primera intervención, esté hoy con el alcalde de
Madrid en la presentación de un importante proyecto para Madrid, que
va a ser la construcción de 100 kilómetros de autopista de peaje
subterránea, por cierto, con financiación totalmente privada y con
30.000 plazas de aparcamiento para la capital. Eso significa que
tanto el alcalde de Madrid como el ministro de Fomento están mirando
al futuro, al siglo XXI, y estoy seguro de que la señora Sabanés,
cuando sea alcaldesa de Madrid o concejal del Ayuntamiento de Madrid
-porque eso lo dirán los electores; de todas formas, yo le deseo
mucha suerte en cualquiera de los dos cometidos que tenga-, siempre
intentará defender los intereses de los ciudadanos madrileños.

Nada más, señor presidente. Vuelvo a reiterar la postura del Grupo
Popular y decir que vamos a votar en contra, porque lo que se pide
aquí es una cosa que ya se va a hacer con el consentimiento y la
inversión de un Gobierno presidido por el Partido Popular. (La señora
GarcíaHierro Caraballo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Me pide la palabra la señora García-Hierro. ¿A
qué efectos?



La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: A efectos, señor presidente,
abusando de su cortesía, de justificar que me he incorporado dos
minutos tarde sobre lo que inicialmente era la previsión de esta
Comisión. Estaba participando en otra reunión, lo lamento
profundamente y quiero que conste en acta que es ajeno a mi voluntad
no haber podido intervenir en este punto para haber manifestado la
posición no sólo de mi grupo, que lo ha hecho perfectamente mi
compañero, sino de los socialistas madrileños, porque me habría
permitido poder



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profundizar en cuáles son las razones por las cuales criticamos la
falta de apoyo del Ministerio de Fomento a este proyecto. En
cualquier caso, le agradezco que me permita que conste en acta que
este es el motivo, aunque creo que la cortesía parlamentaria debiera
reinar en esta Casa porque han sido dos minutos sobre la previsión lo
que me he retrasado, por las razones que ya he dicho. No obstante,
gracias por permitirme hacer uso de la palabra.




El señor PRESIDENTE: En efecto, yo lo lamento también, porque a mí me
gusta que todas las voces puedan expresarse, y cualquier voz que no
se expresa es siempre una falta para todos los que tenemos que
escucharla, pero son los procedimientos de la Comisión. También debo
decir, aunque no sea una disculpa para la señora García-Hierro, que
la velocidad que estamos imprimiendo, por acuerdo de todos, a la
Comisión hace que a veces las previsiones no se cumplan exactamente.

En cuanto a las votaciones, votaremos a la vez las dos proposiciones
no de ley si los dos grupos encuentran laposibilidad de hacer una
propuesta conjunta. Si no, las votaríamos por separado.




- SOBRE LLEGADA DE LA LÍNEA FERROVIARIAEUROMED HASTAALMERÍA.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001042.)



- SOBRE INCLUSIÓN EN EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
CONEXIÓN DE ALMERÍA, A TRAVÉS DEL SERVICIO EUROMED, CON EL CORREDOR
FERROVIARIO MURCIA-VALENCIA-BARCELONA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001031.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las proposiciones números 8 y 9,
que vamos a discutir conjuntamente, sobre la llegada de la línea
ferroviaria Euromed hasta Almería, del Grupo Socialista del Congreso,
y sobre inclusión en el Plan director de infraestructuras de la
conexión de Almería, a través del servicio Euromed, con el corredor
ferroviario Murcia-Valencia-Barcelona, de la que es autor el Grupo
Parlamentario Popular.

Comenzando por la del Grupo Socialista, para su defensa tiene la
palabra el señor García de Viana.




El señor GARCÍA DE VIANA CÁRDENAS: Hago la defensa de esta
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la conexión ferroviaria Murcia-Almería como
continuación de la red de velocidad alta del arco mediterráneo y
cabecera del futuro ferrocarril litoral andaluz. Es cierto que en el
Plan director de infraestructuras de 1993/2007 no aparecía dicha
conexión. De aparecer, sería innecesario el primer punto de nuestra
proposición no de ley, que pide la inclusión de dicho tramo mediante
la revisión del Plan director.

Se nos podrá decir, y se nos dirá, que es responsabilidad del Partido
Socialista el que no aparezca, ya que fue quien lo redactó. Yo
añadiría que esa responsabilidad es compartida porque, repasando el
«Diario de Sesiones»
de aquel debate, en ningún momento el Partido Popular pidió su
inclusión.

La prioridad de los almerienses en esas fechas eran otras, eran las
conexiones por carretera, las autovías, y éstas se incluyeron, se
proyectaron y se construyeron, si bien es cierto que quedan algunos
tramos, como el de Adra-Motril, que viene apareciendo en los
presupuestos de 1997, 1998, incluso los de 1999 que ahora mismo están
en trámite parlamentario, pero con cantidades tan ridículas que no
existe ni la menor esperanza de que sean licitados en el próximo año.

Una vez conseguidas las autovías, la necesidad de la inclusión del
tramo Almería-Murcia, dentro del corredor mediterráneo de velocidad
alta, es incuestionable. La prueba es que estamos debatiendo dos
proposiciones no de ley, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Popular, y existe otra del Grupo Federal de Izquierda Unida,
pendiente de ser traída a esta Comisión, sobre la situación del
transporte ferroviario en Andalucía donde, en la medida número 5,
proponen la creación de la red Málaga- Motríl-Adra-Almería-Murcia
que, como podrán comprobar, tiene el mismo objetivo que las
proposiciones que estarnos debatiendo.

Existen razones de peso que son incuestionables. Las tres actividades
económicas que forman la base del relanzamiento económico de la
provincia de Almería -la agricultura, la industria del mármol y la
piedra natural y el turismo- necesitan de forma prioritaria la
creación de otra vía de salida de sus productos hacia el resto de
España y hacia Europa y que, a la vez, esa vía sirva de incremento a
una industria turística moderna, competitiva y perfectamente asentada
en el litoral almeriense.

La autovía que enlaza la provincia de norte a sur es parte de la
autovía del Mediterráneo y es la principal salida de los productos
agrícolas y de los mármoles de la comarca de Macael, que se
distribuyen por los mercados nacionales y europeos, pero la
importancia y el incremento de la producción, como ahora veremos,
hace necesario un ferrocarril con velocidad entre los 200 y 220
kilómetros/hora, que haga competitivo tanto el transporte de
mercancías como el de pasajeros.

Los últimos datos de la campaña hortofructícola 1997-1998 en la
provincia de Almería arrojan los siguientes datos: la producción ha
sido superior a los 2.600.000 toneladas de frutas y hortalizas, de
las cuales más de 900.000 toneladas han ido a la exportación, el 95
por ciento de las exportaciones tienen como destino la Unión Europea,
destacando cuatro países: Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino
Unido. Las exportaciones se han incrementado en un 17,7 por ciento
sobre la campaña 1996-1997. La balanza comercial arroja un saldo
favorable de casi 59.000 millones de pesetas, con una tasa de
cobertura de más del 447 por ciento.

En cuanto al mármol y a la piedra natural de la comarca de Macael,
los datos correspondientes al año 1997 ascienden a 1.300.000
toneladas de productos manufacturados y se espera que en el año en
curso la producción alcance 1.700.000 toneladas, un 30 por ciento más
que el pasado año.

Todos estos datos justifican sobradamente la necesidad de incluir el
tramo Almería-Murcia en la red transeuropea,



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modificando el esquema director de la red europea de alta velocidad
elaborado en 1990 por la Comisión de la Comunidad Europea y esta
necesidad queda recogida en el segundo punto de nuestra proposición
no de ley.

Esta conexión es tan importante que fue recogida en el Plan director
de infraestructura de Andalucía 1994- 2007 y que leo textualmente: Es
necesario mejorar la integración de la red ferroviaria andaluza en la
red ferroviaria europea. Para ello, se propone la creación, entre
otros, del nuevo eje ferroviario Almería-Águilas, en Murcia, que
sirva para la conexión con el resto de regiones del arco mediterráneo
europeo. Asimismo, se plantea llevar a cabo un estudio de viabilidad
y protección cautelar para la creación de un corredor ferroviario que
conecte el conjunto del litoral mediterráneo andaluz.

Con estos antecedentes, la Junta de Andalucía, a través de la empresa
pública Giasa, ha adjudicado con fecha 30 de junio de 1998 a la unión
temporal de empresas Ghesa Train, por un importe de más de 44
millones de pesetas, el estudio del ferrocarril Almería-Murcia. En
dicho estudio se recogerá el análisis y diagnóstico de la situación
actual, el estudio de viabilidad de la conexión Almería con Levante,
contemplando el arco mediterráneo del ferrocarril de velocidad alta
Euromed, incluyendo estudios de demanda y rentabilidad económico-
financiera y social, posibles alternativas con el mínimo impacto
medioambiental, estudios temáticos del medio físico: orografía,
pendiente, geología y geotecnia; del medio biótico: espacios
naturales, fauna y vegetación y del medio socioeconómico:
planeamiento urbanístico, patrimonio histórico cultural y usos del
suelo-. Esta información debe servir de base para la redacción de los
estudios informativos y proyectos necesarios para conseguir fondos
europeos para la cofinanciación de las obras.

Para finalizar, presentamos una enmienda in voce, modificando el
tercer punto de nuestra proposición, que quedaría como sigue: Que
durante el año 1999 se redacten los estudios informativos necesarios
para la posterior redacción del proyecto de obra.

Adelantamos que nos va a ser muy difícil apoyar la proposición no de
ley del Grupo Popular, ya que condiciona la inclusión en el Plan
director a la realización de unos estudios que en la actualidad ya
los está realizando la Junta de Andalucía, como he expuesto con
anterioridad, a pesar de que la competencia en el tema de
ferrocarriles es exclusiva del Gobierno de la Nación. Pensamos que
esto supondría un grave retraso para la inclusión en el Plan director
de la conexión de Almería con el corredorferroviario transeuropeo.

Espero el apoyo de todos los grupos de esta Comisión, en especial del
Grupo Popular, a la vista de la difusión dada en la prensa y en otros
medios de comunicación, a la necesidad de la conexión de Almería con
el arco mediterráneo, mediante una línea de ferrocarril con velocidad
alta. En el caso de que el Grupo Popular no apoye nuestra
proposición, estaríamos dispuestos a transaccionar las proposiciones,
en aras a que ésta fuera aprobada por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: No acabo de comprender por qué el deseo hoy de
los portavoces de adelantarse siempre a las enmiendas que les van a
hacer y decir ya
antes si las van a aceptar o no. Vamos a esperar a ver qué dice el
señor Arqueros que, por el Grupo Popular, va a presentar su
proposición no de ley y, asimismo, la enmienda que hace a la
proposición no de ley del Grupo Socialista.

Señor Arqueros.




El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar la posición de las dos proposiciones
no de ley presentadas por los grupos parlamentarios Popular y
Socialista, respectivamente, ambas relativas a la llegada de la línea
ferroviaria Euromed a Almería.

En el Plan director de infraestructuras 1993-2007, confeccionado por
el Ministerio de Obras Públicas del anterior Gobierno socialista,
siendo ministro don José Borrell, no se contemplaba ninguna inversión
en materia ferroviaria en la provincia de Almería, ya sea en lo
relativo a mejoras de la red, transporte interurbano relativo al
ferrocarril, cercanías, conservación y mantenimiento. En el
mencionado plan, el volumen total de la inversión en infraestructuras
ferroviarias interurbanas ascendía a 3,5 billones de pesetas de 1992,
lo que suponía una inversión media anual del orden de 220.000
millones de pesetas. De estos 3,5 billones de pesetas, ni una sola
era destinada al ferrocarril en Almería, por lo que la provincia fue
totalmente olvidada y marginada en lo que a transporte ferroviario se
refiere.

Este hecho es de una especial gravedad si tenemos en cuenta que el
transporte por ferrocarril, el medio que revolucionó el siglo XIX,
está llamado a hacer lo propio en el siglo XXI. Ya durante los
últimos años, hemos asistido a un resurgir del tren basado en su
creciente rapidez, su respeto al medio ambiente y su mayor seguridad
respecto al automóvil, lo que le hace ser el medio ideal para
distancias intermedias. Tampoco hay que olvidar su mayor rentabilidad
en términos de coste para el transporte de mercancías.

En el capítulo de realizaciones materiales por parte del Estado a lo
largo de los últimos años, y dentro del aumento de calidad de todos
los servicios ferroviarios en general, hay que destacar el
lanzamiento del Euromed en el corredor mediterráneo. Se trata de un
tren moderno, de velocidad alta, que ofrece unos estándares de
servicio y calidad similares al AVE. Nos encontramos con un corredor
ferroviario apto para transportar pasajeros y mercancías a velocidad
de 200 a 220 kilómetros/hora a lo largo de la línea Barcelona-
Valencia y parte de la línea Valencia- Alicante. Durante 1998, está
previsto iniciar los estudios informativos de los tramos de La
Encina-Alicante y Alicante-Murcia, de manera que en el futuro pueda
circularse a velocidad alta desde Barcelona hasta Murcia.

El motivo por el que nos encontramos debatiendo hoy acerca del
Euromed es, como ya he señalado anteriormente, que la ciudad de
Almería y su provincia se han Visto marginadas en el desarrollo de
esta infraestructura, cosa inexplicable si se tiene en cuenta que
Almería es una provincia del Mediterráneo español, la que mayor
número de kilómetros tiene en su litoral -215-, que cuenta con una
pujante agricultura, tanto tradicional como intensiva bajo plástico,
con una industria turística cada vez más importante y con un
importante renacimiento



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de su minería de mármol y piedra ornamental en general. Todo ello se
vería grandemente impulsado con la extensión de este corredor hasta
Almería.

La población almeriense ve como un contrasentido y con honda
preocupación cómo su provincia, que es de las que más necesita en el
ámbito ferroviario por su aislamiento, carencia y falta de modernidad
de la vía férrea, ha sido totalmente excluida de las actuaciones
ferroviarias contenidas en el Plan director de infraestructuras 1993-
2007. Nos encontramos con una situación que, cuando menos, cabe
calificar de sorprendente. Por una parte, debatimos una iniciativa
del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a
incluir en el Plan director de infraestructuras la conexión de
Almería, a través del servicio Euromed, con el corredor ferroviario
Barcelona-Valencia-Murcia, una vez realizados los oportunos estudios
de rentabilidad económica, social y medioambiental. Por otra parte,
una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta
al Gobierno, entre otras actuaciones, a que, en el plazo máximo de
seis meses, incluya el tramo de la línea ferroviaria Euromed Murcia-
Almería en la revisión del Plan director de infraestructuras y a que
se incluya también una partida en los Presupuestos Generales del
Estado para 1999 lo suficientemente importante como para poder
iniciar las obras.

Es curioso, señorías, que el Grupo Socialista, que sustentó al
Gobierno que presentó el Plan director de infraestructuras y tuvo la
oportunidad de incluir la referida actuación en el citado plan, no
tuvo en ningún momento el interés de plantear semejante iniciativa.

Sin embargo, en este año y, sorprendentemente, unos pocos días
después de la presentación de la iniciativa por parte del Grupo
Parlamentario Popular, presentó una proposición no de ley sobre la
llegada del Euromed hasta Almería. Es el Grupo Popular el que
pretende que, con la aprobación de, nuestra proposición no de ley,
sea incluida en el Plan director de infraestructuras la llegada del
Euromed a la provincia de Almería, con lo que adelantaríamos en nueve
años el retraso del Gobierno socialista, que tenía excluida nuestra
provincia hasta el año 2007.

El 5 de agosto de 1993, el entonces gobernador civil de Almería,
señor Valdecantos, decía: el ferrocarril en Almería es un desastre;
posiblemente fuese cesado por esta afirmación. El 21 de agosto de ese
mismo año se decía en la prensa almeriense: Renfe ha olvidado a
Almería en la línea de alta velocidad. El 30 de septiembre se decía,
también en la prensa almeriense: el déficit en materia ferroviaria
impide un desarrollo global de la zona y las regiones del arco
mediterráneo consideran de vital importancia completar la
infraestructura hacia Almería. El 7 de octubre, el señor Chaves,
presidente de la Junta de Andalucía, afirmaba que la conexión férrea
de Almería con Levante era absolutamente necesaria. El día 9 de ese
mismo mes, la entonces delegada del Gobierno, doña Amparo Rubiales,
decía que demandaría que se mejorase la infraestructura ferroviaria
en Almería. El 3 de noviembre de 1993 se publicaba en la prensa que
la Junta consideraba prioritario el acceso ferroviario de Almería a
Levante. El día 11 se decía que la Junta pediría al Ministerio de
Obras Públicas y Transportes que incluyera una línea ferroviaria
Almería-Murcia en el Plan
director. El 22 de noviembre el Parlamento andaluz instaba a la Junta
a estudiar la conexión de Almería con el Levante por ferrocarril. El
2 de diciembre, en una reunión, el consejero de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía, señor López Martos, reiteró al señor Borrell la
necesidad de unir Andalucía con Murcia por ferrocarril. El 23 de
marzo de 1994, el director General de Transportes del Ministerio de
Obras Públicas, don Bernabé Vaquero, afirmaba: no existe ninguna
posibilidad de crear una línea férrea desde Almería hacia el Levante;
añadía que el coste hacía inviable el proyecto. El 16 de septiembre
de 1994, el consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía,
señor Vallejo, se declaraba partidario de la conexión ferroviaria con
Levante porque era fundamental. Todo esto, señorías, lo puedo
demostrar documentalmente.




¿Qué se ha hecho de tanta promesa socialista? Sólo ha habido una
realidad: la marginación de Almería en materia ferroviaria que los
diputados del Partido Popular por Almería pretendemos remediar.

Debemos recordar que fue el Gobierno del Partido Socialista el que
suprimió la línea férrea Guadix-Almendricos a su paso por dos
provincias andaluzas, Granada y Almería, que era la salida a Levante.

Este es otro ejemplo de la política ferroviaria del Partido
Socialista con la provincia de Almería.

El Grupo Popular presenta una enmienda que contiene un texto
prácticamente idéntico al original, por el que se insta al Gobierno a
incluir en el Plan director de infraestructuras la conexión de
Almería con el corredor ferroviario Barcelona-Valencia-Murcia a
través del servicio Euromed, una vez realizados los oportunos
estudios de rentabilidad económica, social y medioambiental de los
nuevos trazados. Esta es una mejora técnica: la construcción de una
infraestructura de este tipo requiere unos estudios serios y
rigurosos que, entre otros objetivos, tiene el de cumplir con la
legalidad vigente en materia medioambiental; también, y dadas la
limitadas disponibilidades presupuestarias, el de asegurar la
viabilidad económica y social de la actuación, de lo cual no le cabe
ninguna duda al Grupo Popular y a sus diputados por Almería.

En nombre de mi grupo pido el voto afirmativo para el texto propuesto
con su ligera enmienda, en aras de la importancia que la aprobación
del mismo tendrá para la economía y población almerienses y, por
ende, para el conjunto de España.

Señor presidente, ¿debo pronunciarme sobre las enmiendas o espero que
llegue el turno idóneo?



El señor PRESIDENTE: No, señor Arqueros, porque la enmienda es suya.




El señor ARQUEROS OROZCO: El Grupo Socialista ha presentado una
enmienda in voce.




El señor PRESIDENTE: Puede usted hablar ahora sobre esa enmienda.




El señor ARQUEROS OROZCO: En cuanto a la enmienda in voce del Grupo
Socialista, creo que el reglamento dice que cuando algún grupo no
esté de acuerdo



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no será admitida a trámite. Por lo tanto, estamos en contra de la
enmienda in voce.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Arqueros, si esa es la posición
de su grupo. Pero yo le pediría que pensara un poco sobre ello,
porque en esta Comisión, en general, las enmiendas que se presentan a
la misma proposición siempre han sido admitidas. Parecen lógicas
cuando son mejora, dentro de la posición del grupo, y se ha tendido a
considerar que no perjudicaba a los demás. grupos. De todas formas,
lo que S.S. ha manifestado es el cumplimiento estricto del reglamento
y cuando llegue la hora de las votaciones sabremos cuál es la
posición definitiva de los grupos. ¿Grupos que quieren hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Fernández.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Constato consatisfacción que varios
grupos de esta Cámara hayan manifestado su inquietud sobre las graves
carencias en materia de infraestructura ferroviaria que desde hace
muchos años padece parte de Andalucía, y en este caso concreto las
conexiones con Almería. En este momento yo creo que existe una
práctica unanimidad -desde todos los sectores políticos, sociales y
económicos almerienses- para reclamar la mejora en sus
comunicaciones, en infraestructuras por ferrocarril. Yo saludo con
satisfacción las proposiciones que se están viendo en esta Comisión,
tanto la iniciativa del Grupo Popular como la del Grupo Socialista,
y tengo que añadir que mi grupo también tiene alguna proposición no de
ley, que no figura en el orden del día de esta sesión, que incide en
este problema.

He dicho que vemos con satisfacción que el Grupo Popular traiga a
esta sesión de la Comisión de Infraestructuras esta iniciativa, pero
tengo que decir a continuación que su portavoz señor Arqueros ha
olvidado que hemos estado en un reciente debate, el de los
Presupuestos Generales del Estado, donde mi grupo y otros han
presentado enmiendas, dirigidas a mejorar las conexiones por
ferrocarril en la provincia de Almería. Sentimos mucho que los
diputados populares en la discusión de los Presupuestos Generales del
Estado, que es donde tienen solución este tipo de problemáticas, se
desentiendan de los problemas de su región y pasado el debate traigan
proposiciones no de ley de estas características. El señor Arqueros
se queja de que Almería y su provincia han estado totalmente
olvidadas por la planificación del Partido Socialista en el tiempo
que han estado gobernando. Pero tengo que recordarle que el Partido
Popular ya lleva tres años gobernando y es tiempo suficiente para
cumplir este mínimo requisito que exigen en su proposición no de ley,
y es que en la provincia de Almería sus conexiones ferroviarias,
dentro del eje mediterráneo, sean contempladas en el Plan director de
infraestructuras. Yo pienso que tres años es tiempo más que
suficiente para algo tan simple. Una demanda social que tiene
Andalucía, y que a estas alturas no haya sido todavía atendida, la
verdad es que difícilmente puede ser justificable.




Al final, esta proposición no de ley del Grupo Popular
no puede solucionar la problemática que existe, porque
contentarse solamente con que el Plan director de infraestructuras
contemple la conexión Almería-Murcia es muy escaso. El Grupo
Socialista ha presentado una proposición no de ley mucho más
desarrollada, donde acota los plazos -en plazo de seis meses- para
modificar el Plan director de infraestructuras y acota los tiempos,
cosa que me parece perfecta. También contempla otro aspecto, que yo
creo que es importante para Almería, y es que Almería también cuente
con conexiones hasta el estrecho de Gibraltar y que se incluya una
partida presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para
1999, que es lo que realmente solucionaría esta problemática. También
debo decir que mi grupo en el Senado recientemente ha presentado una
moción, que fue rechazada por los votos del Grupo Popular, en la cual
instábamos precisamente a que se incluyera en el Plan director de
infraestructuras la conexión con la provincia de Almería en el
trazado ferroviario Murcia-AlicanteValencia- Barcelona. También
pedíamos que se suscribiera un acuerdo con la Junta de Andalucía para
financiar y acometer estas obras y promover la inclusión del tramo
Almería-Murcia en la red europea para poder contar con financiación
de los fondos de cohesión. Esta moción fue rechazada. Era una moción
que daba satisfacción a todos los problemas, pero,
desafortunadamente, en el Senado, los senadores del Grupo Popular de
Almería no se dieron por enterados.

Nosotros queremos hacer una aportación a la proposición no de ley del
Grupo Socialista, si nos lo permiten, una enmienda in voce de
adición, que pretende añadir un nuevo punto, que diga lo siguiente:
suscribir con la Junta de Andalucía un convenio para financiar y
acometer la realización del proyecto a partir del año 1999. Esta
sería quizás una aportación que contempla un acuerdo tomado por la
Junta de Andalucía. Si el Grupo Socialista no tiene inconveniente,
esta sería la enmienda de adición que proponemos.




Para terminar, señor presidente, quiero decir que durante el debate
de los presupuestos nosotros apuntábamos con toda claridad que había
un vacío de inversiones en muchas comunidades y provincias españolas,
y dentro de ese vacío de inversiones se encontraba la provincia de
Almería. Entre Murcia y Alicante se contemplan presupuestos para
iniciar estudios y, por lo tanto, nos parecía que únicamente Almería
se quedaba descolgada de los presupuestos generales de financiación,
así como también de la conexión entre Almería y Málaga, que hoy por
hoy no existe. Quiero reiterar, si es posible, que el Grupo
Socialista acepte esta enmienda in voce, con lo cual votaríamos
a favor esta proposición no de ley presentada por dicho Grupo.




El señor PRESIDENTE: Como hay algunas enmiendas in voce y, por otro
lado, está la posición de los grupos de no admitirlas si no hay
unanimidad, lo que les pido es que cuando llegue el momento de la
votación pasen a esta Presidencia los acuerdos a los que hayan
llegado para saber si se vota una determinada conjuntamente, se votan
por separado o qué es exactamente lo que seva a votar en cada caso.




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- PARA LIMITAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE
LAS LLAMADAS LOCALES SOBRE LOS USUARIOS DE INTERNET, ASÍ COMO
FAVORECER SU DIFUSIÓN MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UNA TARIFAPLANA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

(Número de expediente 161/001165.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 10, para limitar
los efectos negativos del incremento de las tarifas de las llamadas
locales sobre los usuarios de Internet, así como favorecer su
difusión mediante la implantación de una tarifa plana. Es una
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor
Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo parlamentario presentó el
17 de septiembre último una proposición no de ley con el título que
ha sido leído por la Presidencia de esta Comisión. El objetivo de la
proposición no de ley, más allá del hecho puntual al que luego me
referiré, era el de dar un impulso a la sociedad de la información,
que, desde el punto de vista de Convergència i Unió, es uno de los
más importantes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad como
sociedad desarrollada que es.

Creo que es obvio, y que todos somos conscientes de ello, el gran
impulso, el gran desarrollo que en este momento están viviendo las
tecnologías relacionadas con el tratamiento de la información, lo
que, a su vez, implica unos cambios sociales importantes que ya
estamos viendo pero que, sin lugar a dudas, en el futuro vamos a ver
de una forma mucho más manifiesta. Me estoy refiriendo a cambios en
la forma de trabajar, en la prestación de determinados servicios
-servicios de tipo sanitario, cultural, educativo-, en la forma de
comunicarse entre las personas -alguien ha dicho que gracias a
Internet estamos recuperando el hábito de escribirnos, hábito que
perdimos con el teléfono, y yo creo que es cierto- y, también,
cambios en la forma de emplear el tiempo de ocio. Por tanto, estamos
hablando de cambios importantes, de cambios destacables y yo creo que
todos estos cambios, todas estas evoluciones tecnológicas, deberían
ser aprovechadas por la sociedad para modernizarse, pero también para
convertirse poco a poco en una sociedad más culta, más justa, más
igualitaria. En este momento, ello exige no quedarnos atrás, tanto en
el desarrollo de estas tecnologías como en la extensión social de las
mismas; es decir, creemos que paralelamente a la evolución de las
tecnologías de la comunicación debe producirse un proceso de
extensión social de las mismas, para que no acaben siendo limitadas a
unos sectores sociales muy determinados, sino que, repito, se
produzca un acceso social generalizado.

Dentro de este marco, nuestro grupo parlamentario recibió con
desagrado el último incremento de las tarifas locales telefónicas en
lo que se refiere a las tarifas de Internet, ya que, como saben SS.

SS., se les aplicaba
dicha tarifa básica telefónica. El incremento de la tarifa local
afectó de forma notable a los usuarios de Internet; afectó a los
usuarios de una forma que no nos satisfizo en absoluto, de una forma
que, desde nuestro punto de vista, no contribuye precisamente al
desarrollo de la sociedad de la información, lo que en este momento
denota una especial miopía, porque, repito, estamos en un momento muy
importante, estamos en un momento clave. Sin lugar a dudas, el
crecimiento de Internet es grande, pero va a serlo mucho más; está
siendo todavía un crecimiento selectivo y, por tanto, yo creo que
todas las acciones de las administraciones públicas deben ir
dirigidas a conseguir la extensión social de este servicio; la
extensión social de la red, pero también la extensión social de todo
ese conjunto de empresas de servicios, de componentes, de materiales
de conexión que están creciendo al amparo de la extensión de esta red
y que ya ocupan un lugar no despreciable dentro de nuestros sectores
económicos.

Quiero decir que, enmarcado en este proceso, tenemos un gran depósito
de esperanzas en la futura liberalización del sector telefónico.

Desde estas filas siempre hemos defendido que la liberalización en la
telefonía básica va a suponer mejores servicios a un mejor precio,
mayor diversificación de los propios servicios y, sobre todo, que los
usuarios van a sentirse tratados como clientes, algo que, aunque
suene extraño, en este caso creo que todo el mundo va a entender. Por
tanto, la futura liberalización del sector telefónico, de la
telefonía básica, va a suponer un paso muy importante en la extensión
de la red de Internet. Desde el primer momento hemos defendido una
rápida liberalización de ese sector; lo hicimos desde el momento en
que se empezó a negociar con Bruselas dicha liberalización
oponiéndonos de forma clara a la moratoria que el entonces ministro
del ramo, señor Borrell, pactó con Bruselas y que difería hasta el 1
de enero del año 2003 la liberalización de la telefonía básica en
España y lo hemos hecho posteriormente. Finalmente, si no se ha
podido producir el 1 de enero de 1998, como en la mayoría de países
comunitarios, creo que once meses de prórroga, una prórroga que ya
está finalizando, que ya está en sus últimos momentos, ha sido una
solución aceptable. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu,
ocupa la Presidencia.)
Hemos defendido siempre la liberalización, tenemos grandes esperanzas
depositadas en que la liberalización va a favorecer claramente la
extensión de la red, va a producir una bajada de los precios, pero,
en cualquier caso, estamos en la resaca del incremento de tarifas que
se produjo a finales del primer semestre de este año 1998 y por eso,
en su momento, presentamos esta proposición no de ley, proposición no
de ley que tiene dos puntos: uno, dirigido claramente a mandatar al
Gobierno para que adopte las medidas necesarias para mitigar el
efecto de este incremento de tarifas al que me refería en lo que
afecta a los usuarios de Internet y, dos, dirigido a atender
especialmente la incidencia de dicho incremento en el ámbito de la
docencia, de las pymes y de las conexiones de los usuarios
residenciales, impulsando la introducción de una tarifa plana a un
nivel comparable al establecido en los países más competitivos. Y
quiero subrayar esta



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última frase de este segundo punto de nuestra proposición no de ley,
porque si bien es cierto que el día 29 de septiembre el Congreso de
los Diputados aprobó, con los votos de este grupo entre otros, una
moción que mandataba al Gobierno a adoptar los pasos necesarios para
el establecimiento de una tarifa plana, no se decía más, y la tarifa
plana quiere decir nada más y nada menos lo siguiente: que el
usuario, por una cantidad fija, puede conectarse las horas que quiera
al servicio de Internet. Pero esta cantidad fija puede ser muy baja y
puede ser altísima, puede ser prohibitiva, de forma que no estaríamos
propiciando el efecto que queremos conseguir con la tarifa plana si
no dijéramos lo que dice nuestra proposición no de ley: que la tarifa
plana debe serlo a un nivel comparable a la establecida en los países
más competitivos. Creo que eso aclara algo más, que aporta algo al
debate que estamos teniendo en la Cámara por tercera vez en este
último período de sesiones del año 1998: dos veces en el Pleno y una
vez en Comisión.

El primer punto de nuestra proposición no de ley se refiere a un
problema candente para los usuarios de Internet: la sorpresa que se
llevan los neófitos -lamentablemente, los usuarios habituales del
servicio ya cuentan con ello- cuando ven contadas en la factura
telefónica, y por tanto cobradas, aquellas conexiones fallidas que
han intentado realizar al servicio. Ello debe corregirse. Conocemos
los problemas técnicos que existen, pero en ningún caso creemos que
el responsable último y, por tanto, el que debe pagar el fallo de
esas conexiones sea el usuario. Sabemos que existen medios técnicos
para evitar la facturación de los mismos, en consecuencia, pedimos
que el Gobierno garantice, mediante los procedimientos oportunos, que
los operadores no facturen a los usuarios las conexiones fallidas y
apliquen correctamente las tarifas reducidas vigentes.

Esto es todo, señor presidente. Estos son los dos puntos de nuestra
proposición no de ley, que espero cuenten con el respaldo mayoritario
de esta Comisión, ya que creo que, si hoy se aprueban, estaremos
dando un paso importante en favor de aquello que decía al principio
de mi intervención debe ser uno de nuestros objetivos fundamentales:
la extensión de los beneficios de la sociedad de la información a
todos los ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): A esta proposición no de
ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Popular
y otra por parte del Grupo Socialista.

Para defender la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Caldera.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Es éste, como decía el señor
Recoder, un debate que ya comienza a ser, más que antiguo, vetusto, y
me explicaré, coincidiendo, por supuesto, con el fondo de la cuestión
que él plantea. Digo vetusto, si me permiten la expresión, porque mi
grupo parlamentario viene solicitando lo que demanda la proposición
no de ley de Convergència i Unió desde hace ya varios meses, y voy a
hacer una pequeña historia.

El 15 de septiembre de 1998 mi grupo defendía en Pleno una
proposición no de ley para alcanzar justamente la tarifa plana y,
fíjense ustedes, esa proposición no de ley no mereció el apoyo ni del
Grupo Parlamentario Popular ni de Convergència i Unió, y una de las
razones por las que Convergència i Unió no dio apoyo a dicha
proposición no de ley fue, según este grupo parlamentario, porque
aquélla era demasiado detallada y especificaba con demasiada claridad
cuál debía ser el contenido de la tarifa plana. Es decir, mi grupo
parlamentario ya ha ofrecido no un concepto indeterminado, como puede
ser el de los países más competitivos, sino una oferta realmente
barata para desarrollar la sociedad de la información en una
proposición no de ley que fue rechazada. Y la presentamos antes del
tarifazo, que es como hay que hablar; es decir, la medida que adopta
el Gobierno del Partido Popular en beneficio exclusivo de la Compañía
Telefónica Nacional de España constituye una agresión a los derechos
de los usuarios y consumidores españoles. El señor Recoder así lo ha
venido a reconocer, no con tanta claridad, pero ha reconocido que la
subida es insoportable y es por eso que nuestra preocupación, la del
Grupo Socialista, viene de lejos. Claro que hemos querido incentivar
el uso de Internet por parte de las pymes, en el ámbito de la
docencia, de la sanidad y de los usuarios residenciales, como les
indico, con aquella proposición no de ley, la cual establecía una
propuesta de tarifa única con independencia -esto es la tarifa plana-
del tiempo de acceso. (El señor vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa
la Presidencia.)
Este modelo, señorías, ha sido básico en otros países, y también lo
ha dicho el señor Recoder, para incentivar el uso de Internet y para
alcanzar la sociedad de la información. Digo más, hoy existen ya
soluciones tecnológicas fácilmente alcanzables para separar la voz de
los datos, que es justamente el argumento tecnológico que utiliza
Telefónica y en el que se refugia el Gobierno par impedir el
establecimiento de una tarifa plana. Pues bien, la subida de tarifas
del mes de agosto, el tarifazo, provoca un grave problema al
desarrollo de la sociedad de la información. ¿Por qué, señorías?
Porque en el esquema tarifario que regula aquella orden ministerial
las llamadas suben exponencialmente a medida que se alarga el tiempo
de su utilización, algo difícilmente inteligible, ya que normalmente
el consumo de un tipo de servicio, si es durante un plazo de tiempo
mayor, suele dar lugar a una rebaja en el precio del mismo y aquí
ocurre exactamente lo contrario. En atención a que las llamadas de
los usuarios de Internet suelen ser de larga duración, un promedio de
20 minutos en adelante, el aumento para los usuarios fue de más del
cien por cien.

El 23 de septiembre presentamos también una interpelación en el Pleno
y el día 29 del mismo mes una moción consecuencia de interpelación,
donde yo mismo, en nombre de mi grupo, acusaba al Gobierno de ser
culpable de no exigir a Telefónica ni una clarificación de sus
ingresos por el tráfico metropolitano, es decir, por las llamadas de
carácter local, ni de la distribución de llamadas en función de su
tipo; culpable era también el Gobierno de haber promovido con sus
medidas una severa protesta que se ha materializado en diversas
huelgas



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por parte de los usuarios de Internet, y culpable también de
autorizar una subida injustificada que, señorías, tenemos que
corregir cuanto antes. Por eso nosotros presentamos una moción en la
que nos vimos obligados a aprobar solamente un punto de la misma, que
dice lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
adoptar los pasos necesarios para el establecimiento de una tarifa
plana para el acceso a Internet por parte de usuarios residenciales,
pymes y en centros educativos y sanitarios». Es verdad que no es muy
descriptiva, pero fue lo único que la Cámara quiso aprobar.

Por lo tanto, señorías, la iniciativa de Convergència i Unió nos
resulta en este momento necesaria sólo en uno de sus puntos, porque,
resuelta ya por la Cámara la necesidad de establecer una tarifa
plana, creemos que el único punto razonable es el primero, que es
verdad que recoge la necesidad de que no se cobren las conexiones
fallidas a Internet, cosa que no recogía la moción del Grupo
Parlamentario Socialista. Nosotros nos tememos que el voto que aquel
día dio el Grupo Parlamentario Popular no fue sincero, sino que lo
dio obligado por las circunstancias, porque perdía la moción. ¿Y cómo
se comprueba esto? Pues muy sencillo, señorías. En la pregunta que el
otro día le hizo el señor Rubalcaba al señor ministro de Fomento
(siguiendo con esta materia, para que se vea la inmensa preocupación
que tiene el Grupo Socialista en resolver este problema), el señor
ministro respondió que no se puede dar mandato al cumplimiento del
Parlamento de una tarifa plana para los usuarios residenciales porque
«se congestionaría automáticamente -y leo textualmente- la red de
telefonía local y el servicio que se prestaría a los demás usuarios
del teléfono sería muy negativo». Por eso, si ya está aprobada la
necesidad de garantizar una tarifa plana por el Pleno del Congreso,
si ahora el señor Recoder lo solicita también a esta Comisión y el
señor ministro al mismo tiempo es capaz de venir a contestar, después
de adoptados estos acuerdos, diciendo que no se va a poner, que no se
puede adoptar una tarifa plana, la verdad es que es una cierta burla
a las competencias de este Parlamento, es un cierto brindis al sol lo
que aquí discutimos, y mi grupo parlamentario se revela contra esa
técnica.

En todo caso, hemos presentado una enmienda, que me gustaría pudiera
ser aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sólo a su segundo punto, porque, repito, el primer punto nos
parece correcto: que no se cobren las conexiones fallidas. En el
segundo punto, en lugar de al final mantener la expresión «impulsando
la introducción de una tarifa plana» -fíjense ustedes que sólo dice
impulsando, y yo creo que hay que decir garantizando, porque ya lo ha
decidido el Pleno del Congreso de los Diputados- «a un nivel
comparable a la establecida en los países más competitivos», sería
mejor que se dijera «garantizando el establecimiento de una tarifa
plana, tal y como acordó el Pleno en la moción aprobada el 29 de
septiembre de 1998». ¿Cómo ha de ser esta tarifa? Pues,
evidentemente, nuestro espíritu ya ha quedado de manifiesto en los
diversos debates desde mediados del mes de septiembre. Esa tarifa
plana tiene que permitir el desarrollo de la sociedad de la
información y en modo alguno sería consentible
que el Gobierno, tomando el rábano por las hojas, quisiera
establecer una tarifa muy superior a la media de los países más
competitivos. Por eso creo que es más correcta nuestra enmienda y
ruego que sea considerada por el grupo proponente.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Popular, para
defender su enmienda, tiene la palabra doña Ana Mato.




La señora MATO ADROVER: Señorías, intervengo con satisfacción, en
nombre de mi grupo parlamentario, para hablar de nuevo de la sociedad
de la información, en definitiva, una sociedad de la información que
todos estamos de acuerdo que hay que impulsar y hay que hacer los
máximos esfuerzos para que llegue lo antes posible a la mayor parte
de nuestro territorio. Digo esto por la historia que se ha hecho en
esta Comisión. Yo también voy a hacer un poco de historia, aunque
intentaré no llegar al año 1981 ni a la época del llamado pasodoble
de Borrell, en que se incrementaron las tarifas telefónicas al cien
por cien de lo que estaban; no voy a remontarme tan lejos, no se
preocupen, señorías, pero sí es verdad que desde el principio todos
los grupos parlamentarios hemos compartido, aunque algunos quieran
ponerse a la cabeza de la manifestación, la necesidad de que hubiera
una extensión de la sociedad de la información para todos los
ciudadanos, de tal manera que precisamente este Gobierno es el que ha
liberalizado las telecomunicaciones. La liberalización de las
telecomunicaciones, para los que creen en la competencia, supone
mejores precios, mayor calidad de los servicios y mayor extensión de
los mismos. Por tanto, este Gobierno es el principal impulsor, puesto
que ha sido el que ha liberalizado las telecomunicaciones, de que se
desarrolle la sociedad de la información, y esto unido a que se ha
aprobado una Ley General de Telecomunicaciones que también consagra
un servicio universal de calidad e incorpora asimismo otras
obligaciones de servicio público, en las que estarían incluidos todos
los servicios que vayan surgiendo a lo largo de los próximos años y
que colaboran a crear una verdadera sociedad de la información que
pueda llegar a todos los ciudadanos españoles.

No obstante, señorías, nuestro grupo parlamentario, y ya me remito a
la proposición que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, ha
presentado una enmienda a esta proposición. Esta enmienda que hemos
presentado es prácticamente idéntica a la enmienda a la moción que ya
presentó, remontándonos a la historia bastante reciente, el Grupo
Socialista; moción que se aprobó no como dice el portavoz del Grupo
Socialista. Se aprobó así porque el Grupo Socialista no tomó en
consideración ninguna de las enmiendas que se presentaron. No tomó en
consideración el contenido ni de la enmienda de CiU, que hoy en su
primer punto sí toma en consideración, ni el de la enmienda del Grupo
Popular, que presentaba un primer punto similar al que hoy se va a
aprobar en esta Cámara por mayoría. Por tanto, señorías, se aprobó lo
que quiso aprobar el Grupo Socialista, no lo que presentamos y lo que
quisimos aprobar por consenso todos los grupos de la Cámara. Sí es
cierto que por consensose aprobó esta moción del Grupo Socialista
porque



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no hubo posibilidad de que se aceptaran nuestras propuestas, que hoy
volvemos a traer a la Cámara.

El primer punto de nuestra enmienda coincide literalmente con el
punto primero de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i
Unió. Lo que pretendemos, obviamente, y lo pretendíamos también el
mes pasado y el anterior, es garantizar, mediante los procedimientos
oportunos, que los operadores no facturen a los usuarios las
conexiones fallidas y apliquen las tarifas reducidas vigentes. Si se
dan ustedes cuenta, estamos hablando de operadores y no del operador,
como hace siempre el Grupo Socialista, que todavía no se ha dado
cuenta de que hemos cambiado de etapa. Ya no estamos en una etapa de
monopolio sino en una etapa de competencia, por lo que todo lo que
digamos en las proposiciones que se aprueben en esta Cámara deberá
referirse siempre a los operadores en competencia de
telecomunicaciones, porque a todos les debería afectar.

En cualquier caso, en el primer punto es obvio que vamos a estar de
acuerdo con la propuesta de CiU y coincidimos con ella en la
presentación de nuestra enmienda.

El segundo punto que planteamos Viene a decir que se ha producido un
incremento de tarifas locales. Incremento que, como todas SS.SS.

saben, se debe al necesario y obligatorio reequilibrio tarifario de
Telefónica. Un reequilibrio tarifario que se ha hecho de manera tal
que la repercusión de toda la subida en la factura media del usuario
no impide que, después de dos años de gobierno -lo decía el señor
ministro el 23 de septiembre-, la factura media del teléfono del
usuario doméstico haya bajado un 4,13 por ciento. Eso quiere decir
que es verdad que se ha producido una subida, pero que, aun así, la
factura del usuario después de dos años, repito, se ha reducido un
4,13 por ciento con respecto a la que se pagaba antes. Les recuerdo
que entre 1991 y 1995 -porque también lo recordó el ministro de
Fomento- se incrementaron las facturas del usuario doméstico al que
nos estamos refiriendo hoy en un 12,71 por ciento. Esa es la
diferencia que hay entre el reequilibrio tarifario que está haciendo
el Gobierno del Partido Popular y el reequilibrio tarifario que, sin
ir hacia la competencia, se hacia en la época del Gobierno
socialista.

En cualquier caso, es verdad que se produjo un incremento de precio
que afectó fundamentalmente a las llamadas metropolitanas de larga
duración, así como a los usuarios de Internet. Un incremento que,
considerando que era necesario hacerlo y que se ha hecho de la manera
que menos perjudica a los usuarios del servicio telefónico (que, por
otro lado, somos todos), perjudicaba en parte a los usuarios de
Internet, lo que se intentó paliar mediante negociaciones con los
operadores, en este caso con Telefónica, que era el que prestaba el
servicio, para que se estableciera un régimen de descuentos
suficientes. En nuestra proposición hablamos, y es la propuesta que
hacemos al Grupo de Convergència i Unió, de la introducción de una
tarifa plana o de un régimen de descuentos suficientes. ¿Qué quiere
esto decir? Me gustaría que los portavoces de los grupos, y en este
caso me refiero también al señor portavoz del Grupo Socialista, no
manipuláramos las palabras, sobre todo cuando se trata de reflejar lo
que se dice en un «Diario de Sesiones» de este
Congreso, porque, si se lee, conviene que se lea absolutamente todo.

Es verdad que el señor ministro se refirió a la dificultad de imponer
o impulsar rápidamente una tarifa plana y por eso proponía un régimen
de descuentos, pero sus palabras eran: No obstante, señoría, estamos
negociando con Telefónica unos planes de descuento muy importantes,
que es un paso necesario y previo a la implantación de la tarifa
plana, para poder disponer de tiempo y redimensionar la red local de
Telefónica porque, si no, quedaría absolutamente congestionada.

Esto no quiere decir que el señor ministro de Fomento -y he leído
textualmente sus palabras hasta el final- haya dicho que no se puede
poner una tarifa plana porque se congestionarían las redes. Ha dicho
que hay que dar un paso previo, que se está intentando, lo más
rápidamente posible, para que la incidencia en los usuarios
residenciales no sea tan grave como lo es en estos momentos, hasta
que se implante definitivamente la tarifa plana. Por otro lado, esto
se hará más rápidamente de lo que usted cree, porque dentro de poco
(y como seguimos hablando de liberalización y de competencia, la
moratoria, como decía el señor Recoder, era hasta el año 2003 y
estamos en 1998 y ya tenemos competencia absoluta en
telecomunicaciones) los distintos operadores van a ofrecer tarifas
planas en competencia en materia de telecomunicaciones.




Por tanto, estoy de acuerdo con la proposición del Grupo de
Convergència i Unió, si bien quiero recordar -y también me remito al
«Diario de Sesiones»- la respuesta del ministro de Fomento a una
pregunta del señor Pérez Rubalcaba, en la que ya se dice -y lo
recuerdo porque creo que el Gobierno esta avanzando mucho en esta
cuestión, por lo que es cierto que estamos de acuerdo en el fondo de
la cuestión que se plantea por el Grupo de Convergència i Unió- que
ya existe tarifa plana para las pymes establecida por Telefónica a
través de la red digital de servicios integrados. Además, hasta
finales de 1999 hay un convenio entre el Ministerio de Educación y
Telefónica para introducir la llamada educación en red, que asegura
que en las enseñanzas primaria y secundaria va a haber acceso
gratuito a Internet hasta finales de 1999 y a partir de 1999 tarifa
plana en el ámbito educativo de educación primaria y secundaria. Las
universidades ya tienen acceso con tarifa plana a través de la red
Iris, que gestiona, como ustedes saben, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por lo que en los cuatro ámbitos a los
que nos referimos en la enmienda ya está prácticamente implantada la
tarifa plana, quedando únicamente -y se están haciendo descuentos
importantes en estos momentos- la incorporación definitiva a la
tarifa plana para los usuarios residenciales, que es lo que se pide
en la proposición.

El último punto de nuestra enmienda propone potenciar la existencia
de un régimen específico para los usuarios de Internet con fines
educativos, culturales, de asistencia sanitaria y de desarrollo
empresarial. ¿Por qué este empeño del Grupo Parlamentario Popular? Es
verdad que lo hemos defendido muchas veces, es verdad que está
incorporado en el punto segundo de la proposición del Grupo de
Convergència i Unió y es verdad que el Grupo Socialista lo comparte,
pero también es verdad



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que nosotros siempre hacemos una especial referencia, porque si
queremos la extensión de la sociedad de la información al mayor
número de ámbitos posible es imprescindible que empecemos por los
colegios, por las universidades, que empecemos por los centros
culturales, por los hospitales, porque eso supone también llevar lo
que aporta a efectos de bienestar la sociedad de la información a
todos los sectores más sensibilizados. Por tanto, proponemos no sólo
una tarifa plana sino potenciar la existencia de regímenes
específicos para los usuarios, fundamentalmente con fines educativos
-repito-, culturales, de asistencia sanitaria y de desarrollo
empresarial.




Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición de
Convergència i Unió. Compartimos textualmente el primer punto. En el
segundo punto nos gustaría, a efectos de ser rigurosos, que se
añadiera la posibilidad de que durante un período transitorio hubiera
un régimen de descuentos suficientes hasta la incorporación
definitiva de la tarifa plana para usuarios residenciales, y también
me gustaría que se incorporara el tercer punto que proponemos, que
simplemente hace hincapié en la necesidad de que para distintos
sectores, que son fundamentales para la extensión de Internet y de la
sociedad de la información, se hagan regímenes específicos y que los
gobiernos se comprometan a ello.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): ¿Algún grupo desea fijar
posición sobre esta proposición de ley y sus enmiendas? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Recoder para manifestar su aceptación o
rechazo de las enmiendas de los grupos Socialista y Popular.




El señor RECODER I MIRALLES: ¿Puedo decir algo más, señor presidente?
Ya sabe que soy respetuoso con la Presidencia, sólo lo pregunto.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Mejor no diga nada más,
porque vamos muy justos de tiempo y me gustaría que a la una y media
llevásemos a cabo las votaciones.




El señor RECODER I MIRALLES: En relación con la enmienda socialista
quiero decir simplemente que no la voy a aceptar. Y no lo voy a hacer
porque se refiere a una moción que se aprobó el 21 de septiembre, que
nosotros votamos favorablemente, repito, pero era una moción -y esta
explicación vale también para expresar mi rechazo a la letra b) de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular- donde no se expresaba la
necesidad de que la tarifa plana debía serlo a un nivel comparable a
la establecida en los países más competitivos. Reitero -y los
argumentos los he dado anteriormente- que nos parece que esto es
fundamental porque si no la tarifa plana puede quedar desvirtuada.

Es cierto que el día 15 de septiembre nuestro grupo no votó
favorablemente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, pero sabe perfectamente el señor Caldera, porque incluso
ha hecho mención de mis palabras en el «Diario de Sesiones», que no
lo hicimos
por su carácter excesivamente detallista. Ello no está en
contradicción con nuestro texto de hoy, en absoluto, porque el Grupo
Socialista nos proponía, en un texto que aproximadamente ocupaba una
página, exactamente cuáles debían ser las tarifas, en qué horarios se
debían aplicar, qué descuentos debían de tener, y yo sé que el
Partido Socialista, habiendo estado en el Gobierno, dispone a su
alrededor de buenos técnicos. Nosotros también tenemos quien nos
asesore y no coincidíamos con las recetas que se proponían. Por
tanto, propusimos un texto más amplio, que es el que hoy defendemos
en nuestra proposición no de ley presentada el día 17.

Repito que para nosotros es fundamental que la tarifa plana lo sea a
un nivel comparable con la establecida en los países más
competitivos. Con ello digo que rechazo la enmienda socialista como
rechazo el apartado b) de la enmienda del Grupo Popular; el a) es
exactamente igual que el de la nuestra. Puedo aceptar el apartado c)
de la enmienda del Grupo Popular en tanto en cuanto propone potenciar
la existencia de un régimen específico para los usuarios con fines
educativos, culturales, de asistencia sanitaria y de desarrollo
empresarial, lo que nos parece bien. Ahora, señor presidente, se
tiene que aplicar. Si el Partido Popular está de acuerdo en que en
España haya tarifa plana, y además lo está el Gobierno, lo que deben
hacer es adoptar las medidas, está en su mano, para que se aplique.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Señor Recoder, ¿eso supone
que el apartado a) de la enmienda del Grupo Popular, se incorpora?



El señor RECODER I MIRALLES: No, señor presidente, supone que se
incorpora a nuestro texto el apartado c) del Grupo Popular.




- SOBRE DOTACIÓN A LA CIUDAD DE OURENSE DE UN CINTURÓN DE
CIRCUNVALACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.

(Número de expediente 161/001159.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Siguiente punto del orden
del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
sobre dotación a la ciudad de Ourense de un cinturón de
circunvalación.

Para su defensa, tiene la palabra don Julio Álvarez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor presidente, el Grupo Socialista ha
presentado esta proposición no de ley por una serie de razones que
voy a exponer a continuación. Quisiera que estas razones no se
entendieran aisladamente, sino que esta Comisión fuera capaz de hacer
una valoración de conjunto, puesto que son razones que se sobreponen
y se potencian mutuamente. Por tanto, no las voy a enumerar por un
orden preestablecido y sí haré referencia a ese dato de globalidad.

Hay razones de tipo económico. Como SS.SS. saben, las
infraestructuras de comunicación son elementos fundamentales para la
competitividad de los territorios y por ende para el crecimiento del
tejido económico, pero ademásson imprescindibles para facilitar el
desarrollo de las



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zonas más deprimidas. Según datos recientes de Eurostat, Galicia es
la tercera comunidad más pobre de España. La renta media per cápita
en la Unión Europea se situó en 17.379 unidades de poder de compra
anuales y estos datos en Galicia descienden a 10.819, esto es un 61
por ciento. Estos datos reflejan, sin duda, la gravedad de la
situación económica de esta comunidad autónoma y, dentro de la
gravedad de estos datos, la provincia de Ourense es la que más
contribuye a esta precaria situación: envejecimiento, paro,
despoblación y graves problemas de equilibrio territorial. Esta
provincia ocupa los últimos lugares de renta per cápita en España.

La autovía Rías Baixas, inversión decidida impulsada y ejecutada por
gobiernos socialistas, que va a ser finalizada próximamente, no
resuelve todos los problemas de infraestructuras viarias y algunos
que se plantean en esta proposición no de ley no requieren una
inversión elevada. La citada autovía, en definitiva, señorías no
resuelve ninguna conexión de las comunicaciones en esta ciudad en la
que confluyen dos importantes vías de comunicaciones, la N-120 y la
N-525, además de la A-52, de próxima finalización; el tráfico
procedente de Santiago por la N-525 y de Lugo-Monforte o Ponferrada-
Monforte por la N-120 que circule en dirección Vigo-Madrid o
viceversa en la actualidad tiene que cruzar la ciudad de Ourense.

¿Dónde se produce este enlace? El enlace de estas vías de,
comunicación se produce a través de una carretera convencional de dos
carriles, la N-120, que discurre sobre las mismas riberas del río
Miño en pleno corazón de la ciudad, con limitación de velocidad en un
tramo de aproximadamente 1 kilómetro. Quiero llamar la atención a SS.

SS. sobre que el grueso del problema reside precisamente aquí, en una
conexión de un kilómetro de extensión, de las características que voy
a explicar a continuación.

La finalización de la autovía anunciada por el Gobierno para fechas
próximas, diciembre, seguramente, sin riesgo a equivocarme, acentuará
el colapso en este tramo, en este kilómetro que sirve de enlace,
puesto que va a servir para una mayor intensidad de tráfico, sobre
todo procedente y con destino a la A-52. Por tanto, hay razones
económicas que se sobreponen -como decía al comienzo de mi
intervención- a razones de seguridad. En este kilómetro de enlace de
la N-120, nudo de conexión, hay que contemplar que se produce un
hecho singular en esta ciudad. En las inmediaciones, es decir sobre
este kilómetro de la propia N-120, la ciudad cuenta: con el parque
Miño, con el parque Couto, con las riberas del Miño, que son
utilizadas como playa fluvial, y con el pabellón municipal de
deportes. Por tanto, es un lugar de esparcimiento para muchos
ciudadanos para practicar diversos deportes y para relajarse en
distintas actividades al aire libre. Con ello, lo que quiero decir es
que es imposible, a pesar de la limitación de velocidad, conciliar el
interés general ciudadano de esparcimiento con la utilización como
gran nudo de enlace de vías. de comunicación. Por si estas razones
fueran insuficientes para que esta Cámara no tomara en consideración
esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, el
Gobierno municipal, presidido por un alcalde del Partido Popular, ha
dado licencia para que se construya un gran
centro comercial, prácticamente el único en el centro de la ciudad,
en las propias riberas del río, al pie mismo de la N-120, en este
kilómetro estratégico del que estamos hablando. Ello va a provocar,
sin duda, todavía una mayor afluencia de ciudadanos. Es decir, la
ciudad está concentrando sobre este kilómetro muchos servicios, que
van a ser utilizados por una gran parte de la población de la ciudad,
lo cual es incompatible con un tráfico tan intenso como soporta este
kilómetro que constituye un nudo de enlace entre la N-120, la N-525 y
la A-52.

Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley pensábamos que
era preciso corregir, por las razones económicas que ya he expuesto,
las graves deficiencias de seguridad que tiene este kilómetro. Hace
apenas una semana, una joven que circulaba en bicicleta por este
kilómetro fue atropellada y falleció. ¿Cuántas víctimas más harán
falta para que el Gobierno sea sensible a un problema que no requiere
de grandes inversiones? ¿Tendremos que volver a insistir sobre este
problema alguna vez más? ¿Tendrán los ciudadanos la permanente
sensación de que a este Parlamento y a este Gobierno no le interesa
un problema fundamental que está sin resolver?
Hay más razones que avalan nuestra proposición no de ley: razones
medioambientales y patrimoniales. Este kilómetro de la N-120 discurre
prácticamente por encima del río Miño, atraviesa una de las señas de
identidad de la propia ciudad, el puente romano, y soporta el tráfico
uno de sus arcos. Además, nos encontramos con una terrible
perversión: sobre el mismo embalse de Velle? se ha construido un
viaducto que tenía por objeto enlazar el tráfico procedente de la N-
120 hacia la N-525. Pues bien, la perversión consiste en que los
tráficos van a circular justo en sentido contrario. En vez de impedir
que los tráficos de la N-120 penetren en la ciudad, lo que está
produciendo la construcción de este viaducto es que el tráfico
procedente de la N-525, vía Santiago, o de la N-120, vía
MonforteLugo, se dirija directamente a la ciudad; o los procedentes
de Vigo-Madrid hacia esos mismos destinos.

El Gobierno socialista había elaborado un estudio informativo que se
conoce como la variante norte. Ese estudio informativo duerme en los
despachos del Ministerio de Fomento. ¿Qué ha hecho el Partido Popular
desde que gobierna? En el presupuesto de 1997, primer presupuesto
elaborado por el Partido Popular, figuraba un crédito plurianual de
160 millones de pesetas para la construcción de esta variante norte
de Ourense; de ellos, 85 millones se iban a invertir en 1998 y 70 en
1999. ¿Qué ha pasado en el presupuesto de 1998, el segundo
presupuesto. del Partido Popular? Pues que prácticamente desaparece
la variante norte de Ourense y figura exclusivamente una partida con
un crédito plurianual de 5 millones de pesetas. Esto era el preámbulo
de lo que iba a pasar en 1999, año en el que no figura ninguna
partida para esta variante norte de Ourense.

Esta es la terrible realidad de la gestión. Por estas razones, el
Grupo Socialista pide que esta Cámara inste al Gobierno a que se
construya una vía de comunicación que impida que todos los tráficos
procedentes de la N-120 y de la N-525 con destino hacia Vigo Madrid o
con procedencia Vigo-Madrid y destino a Santiago de Compostela
o Monforte-Lugo tengan que cruzar un kilómetro



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que tendría que ser un kilómetro verde y se ha convertido en un
kilómetro negro por falta de decisión, por archivar en el olvido una
necesidad planteada ya por el Gobierno socialista. En el estudio
informativo inicialmente se contemplaba solamente la construcción de
una carretera convencional de dos carriles. Nosotros estimamos que,
por el efecto inducido sobre la atracción del tráfico por la
conclusión de la autovía Rías Baixas, la A-52, de próxima conclusión,
de mayor atracción de tráfico, es preciso ampliar esta vía de
comunicación construyendo una circunvalación con doble carril en cada
sentido de marcha e impedir que todos los tráficos procedentes de
estas carreteras nacionales y autovías se introduzcan en la ciudad de
Ourense.

Finalmente, señorías, todos sabemos que invertir requiere planificar.

En estos momentos no advertimos ninguna intención del Gobierno de que
se esté redactando o se vaya a redactar el proyecto por el cual se
resuelva esta situación, no hay nada sobre la mesa. Si queremos que
dentro de dos años, tiempo ya tardío, este problema esté resuelto, es
preciso que el Gobierno se ponga a trabajar inmediatamente en la
redacción del propio proyecto técnico necesario para esta
construcción. Por tanto, insisto en que creemos que es preciso
impedir que toda la avalancha de ciudadanos que van a utilizar los
crecientes servicios de los que se está dotando la ciudad en esta
zona tengan amenazada su seguridad, buscando una solución que no es
costosa en términos económicos y que sí es rentable en términos
sociales, económicos y de desarrollo de la propia ciudad.

Nada más, esperando que sea apoyada esta razonable iniciativa por
toda la Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): ¿Grupos que desean fijar
posición?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel
González.




El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: Intervengo, en nombre del Grupo Popular,
en la proposición no de ley sobre la circunvalación en la ciudad de
Ourense, zona norte. Tal y como se reconoce en la exposición de
motivos previa a la proposición no de ley, la construcción de la
autovía de las Rías Baixas supone un cinturón a la ciudad de Ourense,
desde el noroeste al sur, pasando por el oeste, conectando, por
tanto, los accesos a la ciudad en ese entorno a la autovía desde
Pontevedra y Vigo, N-120, y a Portugal por Celanova, N-140, por
Cortegada. Se mantienen los otros accesos, desde el este al norte,
Santiago, N-525; Monforte, N-120, y El Barco-Trives, N-120, y se
accede directamente a la ciudad, efectuándose las conexiones entre
ellos a través de las calles de la citada capital. Por tanto, en la
actualidad la autovía, aun sin el acceso al centro, resolverá los
problemas de la circunvalación de esa zona.

Sobre la conexión norte-este entre la N-120 y la N-525, ya está
redactado un estudio informativo en el que se contemplan tres
posibles soluciones; se halla en fase de supervisión y que actuará de
circunvalación entre estos puntos. Posteriormente a la redacción de
dicho estudio informativo, surgió la iniciativa de construir una
autopista
entre Santiago y Ourense y una de sus soluciones incidía en el
comienzo de la circunvalación norte de Ourense y su posible
construcción hacia el sur de la ciudad. En tanto no se resuelva la
definición de la autopista, no se aprobará el estudio informativo de
la circunvalación, por la incidencia que tiene su trazado en el otro.

Por tanto, vamos a votar en contra de la mencionada proposición.




En cuanto a la degeneración de la ribera del Miño, no es a la
actuación del Ministerio en la N-120 a la que puede imputarse tal
hecho, sino más bien al contrario, ya que no sólo ha construido
paseos y accesos completamente respetuosos con el entorno, sino que
además en todo momento se ha observado escrupulosamente una actuación
ambiental ejemplar. Es distinto que, sirviéndose de esta carretera,
se hayan llevado a cabo actuaciones urbanísticas o acciones
particulares sobre las que no tiene competencia. El tema del centro
comercial, ya se debatió en esta Comisión y fue rechazado en su día.

La posible dotación figura en el anexo de inversiones reales para
1999, en el número 4.505, con el nombre de variante en Ourense, N-
120, N-525, con un presupuesto global de 180 millones de pesetas.




- RELATIVAA LA CONSTRUCCIÓN URGENTE DEL TRAMO DE VARIANTE DE LA N-340
COMPRENDIDO ENTRE EL FINAL DE LA VARIANTE ALTAFULLA-TORREDEMBARRA
Y ELTRAMO ACTUAL EN EL MUNICIPIO DE TARRAGONA. PRESENTADAPOR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001177.) - POR LA
QUE SE INSTAAL DESDOBLAMIENTO URGENTE DE LA N-340 EN EL TRAMO
COMPRENDIDO DESDE LA MÓRA HASTA LA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE TARRAGONA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

(Número de expediente 161/001152.)



El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a pasar a los dos
últimos puntos del orden del día, que vamos a debatir de manera
acumulada y que hacen referencia a las siguientes proposiciones no de
ley: la presentada por el Grupo Socialista, relativa a la
construcción urgente del tramo de la variante de la N-340 comprendido
entre el final de la variante de Altafulla y Torredembarra y el tramo
actual en el municipio de Tarragona, y la presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al
desdoblamiento urgente de la N-340 en el tramo comprendido desde la
Mora hasta la ronda de circunvalación en el término municipal de
Tarragona.

En función de la presentación de esas proposiciones no de ley, tiene
la palabra, para su defensa y para la defensa también de la enmienda
presentada, el señor Sabaté.




El señor SABATÉ IBARZ: Es prácticamente innecesario que se aporte hoy
aquí la motivación. Los problemasque tiene el tramo al que hacemos
referencia, tanto



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la congestión como la siniestralidad, que se ha visto incrementada
durante estos últimos meses -la semana pasada hubo otro accidente
mortal, uno más-, hacen que nuestro grupo haya presentado esta
proposición no de ley, sobre cuya justificación no voy a abundar.

Simplemente lo que decimos es que estas obras se declaren de urgencia
por el Gobierno, con lo cual se acortarían los trámites, que en estos
momentos todo hace prever que sean demasiado largos para lo que
espera el conjunto de los ciudadanos y usuarios de este tramo de la
N-340.

Lo que hemos añadido hoy es una enmienda que recoge el sentimiento
popular de los ciudadanos, no sólo de Tarragona, sino de buena parte
de sus comarcas, que desde hace unos meses vienen movilizándose y
expresando su malestar por la situación a la que se ha llegado en
estos momentos. No se manifiestan sólo los usuarios, sino también
expresiones asociativas diversas, asociaciones de vecinos, entidades
representativas del empresariado, etcétera, así como todas las
fuerzas políticas, sin excepción, que reclamamos una solución lo más
urgente posible.

La enmienda que presentamos dice textualmente lo siguiente: Mientras
dure la tramitación y la ejecución...




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Un momento, señor Sabaté.

Por favor, señorías, les agradecería que si tienen algo que discutir
lo hicieran fuera de la sala, porque creo que el orador tiene
perfecto derecho a ser oído en toda su exposición.




El señor SABATÉ IBARZ: Como decía, la enmienda textualmente dice lo
siguiente: Mientras dure la tramitación y la ejecución de dicha
variante, el Gobierno arbitrará las medidas oportunas para que se
libere el peaje actual de Tarragona para disminuir los riesgos de
accidentalidad y la congestión del tráfico que ahora se producen.




Nos parece que esta es una medida posible. Sabemos, y en esta
Comisión ya se ha tratado en otras ocasiones, que, en puntos
similares con problemáticas parecidas, esta medida ya se ha
arbitrado. Esta enmienda está en consonancia con lo que venimos
sosteniendo en la Cámara desde hace unos meses: la voluntad de que
las empresas concesionarias no sólo se acuerden de los poderes
públicos y de los ciudadanos citando las cosas les van mal, que
entonces tenemos que ir todos a socorrerlas, sino también cuando les
van bien. Por tanto, nuestro parecer es que, en estos momentos en que
las cosas les van tan extraordinariamente bien, medidas como ésta se
puedan arbitrar con cargo a los grandes beneficios que se producen en
estas concesionarias.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Vamos a pasar a la defensa
de la siguiente proposición no de ley por parte del Grupo de
Convergència i Unió, y daremos la palabra al final al portavoz del
Grupo Popular para que defienda sus enmiendas a las dos proposiciones
no de ley.

Por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Nadal tiene la palabra.

El señor NADAL I MALÉ: Inicialmente se había realizado en la Comisión
por parte de Convergència i Unió un planteamiento que hacía
referencia a la 340, a la construcción de la variante. De una forma u
otra, como consecuencia de la aprobación en los presupuestos de una
enmienda que nosotros propusimos, hablaba de la necesidad de enmendar
nuestra propia proposición. Como consecuencia de ello, hemos
presentado una enmienda que dice que a partir del año 1999 se
produzca la licitación del tramo de la carretera. Supongo que en
todos estos términos nos podremos poner de acuerdo.

Existe un tema que nos sorprende por nuevo y a la vez por curioso,
que es que mientras dure la tramitación y la ejecución de dicha
variante, el Gobierno arbitrará las medidas oportunas para que se
libere el peaje actual de Tarragona, para disminuir los riesgos de
accidentalidad y congestión de tráfico que ahora se producen.

Evidentemente, esto es nuevo, no tiene un planteamiento que afecte
a esta Comisión, sino que se está estudiando en la Comisión de
Industria, en una subcomisión. Pero yo pediría al Grupo Socialista
que este segundo apartado lo retirara, ya que, señor presidente, está
fuera del contenido de lo que se intenta establecer en esta Comisión.

En todo caso, creo que produce a la unidad necesaria de los grupos
políticos una situación nueva que la puede perjudicar.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Popular, para
la defensa de sus enmiendas a las dos proposiciones no de ley, tiene
la palabra el señor Ricomá.




El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Se nos presentan dos iniciativas
parlamentarias de los grupos Convergència i Unió y Socialista, que
ponen en escena la triste realidad en la que se encuentra la
carretera N-340, entre los municipios de Torredembarra y Tarragona.

Las exposiciones de motivos son suficientemente claras y la
conclusión a la que forzosamente nos llevan pasa por considerarla
como una carretera completamente desfasada, indigna para atender las
necesidades circulatorias actuales; en todo caso, una carretera
típica de la década de los años setenta.

Ciertamente, son veinte años de retraso los que lleva esta carretera
en cuanto a su adecuación, pero, mire usted por donde, transcurren
casi paralelos a la presencia en el Gobierno del Partido Socialista y
de su máxima responsabilidad en cuanto a materia de carreteras. No
voy a insistir en esta cuestión. Tenemos perfectamente claro que la
forma de solucionar problemas no es mirar hacia atrás y, por tanto,
desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por la gestión, por la
eficacia, por políticas objetivas, por el sentido común, que deben
traducirse forzosamente en respuestas apropiadas al problema que
estamos discutiendo. En este sentido, nos complace comprobar cómo el
Gobierno ya se ha puesto manos a la obra y que una de las dos
actuaciones previstas para solucionar el problema en el tramo entre
Tarragona y Torredembarra está a punto de materializarse. En efecto,
lo que será la variante de Altafulla-Torredembarra, con final en La
Mora, se encuentra ya en la fase final de expropiaciones y en la
adecuación de servicios, de manera que las



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obras tienen previsto su inicio antes de finalizar el año, es decir,
de forma inminente. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de la
otra actuación, correspondiente al tramo comprendido entre La Mora y
Sabinosa, porque la situación en la que el Gobierno actual se
encontró este proyecto fue de punto cero; no existía ni tan siquiera
la redacción de un proyecto que pudiera ser útil, dada la realidad
urbanística y ambiental actual en que se encuentra la zona.

Precisamente por ello, consideramos imprescindible que salga de esta
Comisión un pronunciamiento claro que garantice y vista
parlamentariamente las peticiones justas sobre las que se está
trabajando y que entiendo que son comunes a todos, desde las
asociaciones de vecinos, que están movilizadas, hasta la totalidad de
los grupos políticos, pasando por las diferentes entidades económicas
y sociales de las comarcas y de la ciudad de Tarragona. Ciertamente,
nos hubiera gustado el acuerdo unánime, pero lamentamos esta
aportación, casi sorpresiva, a modo de autoenmienda, que ha hecho el
Grupo Socialista refiriéndose a la gratuidad de la autopista, que
creemos que responde a un intento de sacar tajada en un problema del
que tienen grandísima parte de culpa y en un problema en el que ahora
se han puesto a actuar, ahora se mueven, incluso cortando carreteras,
ahora que están en la oposición, y no lo hicieron antes cuando
gestionaban desde el Gobierno.

Además, en su proposición no de ley, por un lado, llegan al absurdo
pidiendo que, para correr más, se utilice el trazado hecho hace
muchísimos años por el Ayuntamiento de Tarragona, cuando ellos saben
que no haría otra cosa sino que generar muchos problemas precisamente
allí donde cortan carreteras, en la zona de bosques de Tarragona;
problemas como, por ejemplo, la faenita que les podría suponer a
algunos ver cómo el desdoblamiento se puede convertir en un elemento
más de su zona familiar, de su comedor, de su habitación o de sus
jardines. Por otro lado, esta proposición no de ley, con la
incorporación de la enmienda de la gratuidad de la autopista,
consigue saltarse a la torera algo que aprobaremos hoy aquí
probablemente, como es la creación de una subcomisión que trabaje con
rigor en el tema de los peajes de las autopistas. Creo que el Grupo
Socialista con esta enmienda ya dicta sentencia, se autoconstituye él
individualmente en subcomisión, para proponer algo que en todo caso
tiene que ser el resultado de los trabajos de dicha subcomisión. No
se puede, señor Sabaté, estar de acuerdo con profundizar, con
trabajar en el tema de los peajes de las autopistas y paralelamente
pedir actuaciones de forma unilateral, aisladas, sobre esta cuestión.

Ello nos hace adelantar que, si el Grupo Socialista mantiene esta
enmienda, nos veríamos obligados a votar en contra su proposición no
de ley. También le pediríamos que, en aras al consenso, que también
se está exigiendo en nuestra circunscripción, en Tarragona, apueste
por mantener su proposición no de ley de origen, sin la enmienda, y
que así podamos llegar a un texto transaccionado entre su grupo, el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y el Grupo Popular, los tres
grupos con representación parlamentaria en el Congreso. Entendemos
que la transacción que se expresaría en los términos prácticamente
coincidentes de las dos proposiciones de ley más
aquellas aportaciones que el Grupo Popular pueda hacer recogerán
todos aquellos aspectos necesarios para que el desdoblamiento de esta
carretera entre el final de la variante de Torre Mar Torredembarra-
Altafulla en la Mora y el inicio del cinturón de Tarragona en
Sabinosa sea una realidad lo más pronto posible, que es nuestro
objetivo. Es una transacción que, si quieren, luego la presentaré al
Grupo Socialista, -el Grupo Catalán ya la tiene-. En ella se deja
clara constancia, primero, de que el proyecto ya ha empezado a
caminar mediante la redacción, que está en curso, del estudio
informativo, que obviamente tendrá en consideración aquellas
circunstancias no recogidas en el tiempo en el proyecto o según el
trazado que diseñó el ayuntamiento, al que antes me he referido, así
como, obviamente, cuantas alegaciones, observaciones y añadidos
estime oportuno formular el consistorio tarraconense en el proceso de
información pública al que se someterá.

Seguidamente esta transacción manifiesta con plena nitidez la
necesidad de agilizar los trabajos al máximo para poder abordar en el
más breve plazo posible las obras del desdoblamiento, considerando de
urgente realización los trámites necesarios de redacción del proyecto
y ejecución de las obras. En otras palabras y de forma más breve, le
está dando al proyecto ese trámite de urgencia que se está buscando y
con él se conseguirá acortar en la mayor medida posible los plazos de
las diferentes fases por las que tiene que atravesar, arañando al
máximo posible los meses en el calendario para conseguir que dichas
obras puedan ser la continuación de las que ya van a empezar en lo
que es la variante de Altafulla- Torredembarra. Ése es el deseo que
intenta recoger la transacción, y que por otro lado, ha sido
manifestado públicamente por el secretario general de
Infraestructuras, Albert Vilalta, y por el propio ministro de
Fomento. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, para darle más solidez a la transacción se hace también
referencia a la consignación presupuestaria, si bien está claro que
en el anexo de inversiones plurianuales, que permanece vivo tras el
debate de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 1999
en el Pleno de la semana pasada, se recoge una previsión para este
tramo de 300 millones de pesetas, que es más que suficiente para
atender la tramitación del proyecto durante el próximo año.

En definitiva, con esta transacción entendemos que conseguimos llegar
al nivel de que más no se puede hacer, que con ella se deja todo
atado para solucionar el problema en el menor tiempo posible. Hay que
tener en cuenta que una inversión de esta envergadura, en la que como
he dicho se parte de la nada, del punto cero, no puede abordarse a
golpe de varita mágica, no puede abordarse de un día para otro. Es
una transacción realista que refleja algo perfectamente asumible por
los ciudadanos, comprensible y de sentido común para los colectivos
que se están movilizando y, a tal efecto, además validado por fuentes
municipales. Por tanto, entendemos que representa un excelente broche
parlamentario a las reivindicaciones sobre esta cuestión y, por ello,
seguimos apelando e insistiendo en el mayor consenso posible, que
obviamente pasaría por que el Grupo Socialista retirara o, si



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me apura, trasladara su enmienda a los trabajos de la subcomisión que
se va a crear, y así formalizar entre los tres grupos una transacción
cuyos rasgos generales he expuesto y cuyo texto no habría ningún
inconveniente en abordar entre los tres portavoces.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Tiene la palabra para expresar su opinión sobre las
enmiendas el señor Sabaté. (El señor Nadal i Male pide la palabra.)
Luego la tendrá el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Señor presidente, si para agilizar los
trabajos me permitiera hacer una breve intervención, quizás sería
innecesaria la siguiente mía.




El señor PRESIDENTE: Empezaremos por el señor Nadal, pero luego harán
uso de la palabra, si así lo solicitan, los señores Sabaté y Ricomá.




El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor presidente, por su
amabilidad.

De hecho, el planteamiento del Grupo Socialista me sorprende, pero
también lo que es evidente es que entran en juego una serie de
factores nuevos en esta Comisión y el primero es el que establece la
creación de una subcomisión para plantear el tema de las autopistas y
de su eventual gratuidad cuando converjan con otras necesidades.

A los efectos de intentar no contradecirnos con lo establecido en la
Comisión que crea la subcomisión, solicitaría del señor Sabaté que
sustituyera el apartado final que él propone de: Mientras dure la
tramitación y la ejecución de dicha variante, el Gobierno arbitrará
las medidas oportunas para que se libere el peaje actual de Tarragona
para disminuir los riesgos de accidentalidad y la congestión del
tráfico que se produce, sustituyéndolo por el siguiente: Mientras
duren los trabajos de la subcomisión, el Gobierno iniciará los
trámites necesarios para llegar a un acuerdo entre el Ministerio y
Acesa para liberar el peaje para camiones y autobuses, sin perjuicio
de que más adelante se establezca la liberación total por acuerdo de
la subcomisión.




El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté, tiene la palabra para hablar de
esta propuesta y para cualquier otra intervención que quiera
realizar.




El señor SABATÉ IBARZ: Ante todo, esta última tendríamos que
estudiarla. Si se nos pasara por escrito, la estudiaríamos con toda
la dedicación que requiere. Respecto de lo que se ha dicho -entre lo
que se presenta y lo que se ha hablado, es más de nuestra proposición
no de ley que de otras-, he de señalar que ésta no es una enmienda
unilateral del Grupo Socialista. La negociación para que se libere el
peaje de Tarragona está hoy recogida en los periódicos locales, con
declaraciones del propio conseller de la Generalitat, que dice lo
siguiente. El conseller dijo que el Gobierno de la Generalitat no
entrará a valorar la reciente sustitución del director general de
Acesa, aunque cree que ello no tendrá ninguna influencia en las
negociaciones que la compañía tiene -
tiempo presente, de indicativo- con el Ministerio de Fomento para
establecer la gratuidad del peaje de la A-7 de Tarragona. Y dice al
final que la Generalitat está haciendo -también tiempo presente- de
catalizador para que se produzca la reacción química necesaria -
¡caramba!- entre ambas partes para que la gratuidad sea una realidad.

Por tanto, la gratuidad del peaje no nos la inventamos sólo nosotros,
como parece que se nos acusa. El conseller de la Generalitat dice que
se están haciendo gestiones, que hay negociaciones y que además la
Generalitat hace de catalizador para que se produzca la reacción
química necesaria. El conseller de la Generalitat aprecia la
necesidad de que el peaje sea gratuito. No es ningún invento, es una
cosa posible. Nosotros no nos lo hemos sacado de la manga. No lo
presentamos hoy... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio para que podamos oír
las intervenciones.




El señor SABATÉ IBARZ: Lo presentamos en el Pleno de la Cámara, lo
intentamos presentar en el debate que se produjo en el Pleno a raíz
de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto, por boca
de la señora Rahola, y hoy ella ha explicado aquí por qué no nos
aceptó aquella enmienda, porque el Grupo Popular y Convergència i
Unió le dijeron que, si aceptaba nuestra enmienda, votarían en contra
de su moción y, además, de otras iniciativas presentadas en la Cámara
desde hace tiempo para revisar la Ley de concesiones y de
construcción de autopistas del año 1990 ó 1992, no recuerdo la fecha
exacta en estos momentos. Por lo tanto, ya hace tiempo que este
asunto viene danzando por esta Cámara. Al Grupo Popular le gusta
sacar continuamente el latiguillo y decir: cuando estaban ustedes,
aunque manifiesta que no quiere mirar hacia atrás. El Grupo Popular
en su famosa reunión de la Comisión de Infraestructuras ya dijo por
boca de su máximo responsable en el Gobierno, el ministro de Fomento,
que los socialistas habíamos invertido demasiado en Cataluña y en
Levante. Ahora dice que hay que invertir en el centro de la
Península. Por consiguiente, no creo que se compadezcan unas
declaraciones con las otras. Me sorprende que el representante del
Grupo Popular rebata el trazado que nosotros proponemos aquí
-estaríamos dispuestos a retirarlo; ya se verá qué trazado-, pero el
que nosotros proponemos es el que por unanimidad aprobó el propio
Ayuntamiento de Tarragona, del cual el ilustre diputado es concejal.

Tendremos que analizar, y se hará allí en su momento, cuál es el
mejor trazado.

En definitiva, nuestra proposición no de ley se diferencia en dos
cosas: una, en la declaración de urgencia, y parece que esto no es
aceptado por los grupos Popular y de Convergència i Unió. Se apela a
que se haga con la máxima urgencia posible, pero no se habla de la
declaración de urgencia. Y dos, el tema del peaje, que parece que se
rechaza y nosotros no tenemos otro remedio que mantener.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ricomá.




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El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: En primer lugar, lamento que esta
frenética actividad y este frenético interés por parte del Grupo
Socialista esté, desplazado unos cuantos años en el tiempo. Quizás si
se hubiera hecho cuando correspondía, no estaríamos hablando ni
discutiendo de estas cuestiones. Pero, insisto, no vamos a mirar
hacia atrás. Estamos todos de acuerdo en que la situación de la N-340
es un problema grave, al que hay que encontrar soluciones. Estamos
todos de acuerdo en que una posible solución puede pasar por decir
que, mientras duren las obras y mientras se acondicione y se desdoble
el tramo en cuestión, se pueda acceder a un uso de la autopista en
unas condiciones lo más favorables posible, incluso con gratuidad.

Estoy hasta de acuerdo en decirle que éste puede ser un objetivo
perseguido. Lo que tiene que tener claro el señor Sabaté, el Grupo
Socialista, es que, en primer lugar, no es una cuestión unilateral,
no es una cuestión que pueda ser decidida, única y exclusivamente,
por mucha voluntad que tenga, por el propio Gobierno, por parte del
Ministerio de Fomento. También debe de tener en cuenta el señor
Sabaté, el Grupo Socialista, que no es un problema aislado; que en la
circunscripción de Tarragona tenemos reivindicaciones de gratuidades
de autopistas casi en todos los cientos de kilómetros de trazado de
autopista en nuestra circunscripción. Puedo hablarle, por ejemplo, de
las nuevas movilizaciones en la zona de Cambrils. Por tanto, hay que
ser un poco riguroso, hay que aplicar objetividad y hay que procurar
que nuestras decisiones sean las válidas, sean las mejores y, para
vestir a un santo, no desvistamos a toda la compañía de este santo,
al santoral.

En consecuencia, seguimos pensando que lo mejor que podemos hacer es
sometemos a los trabajos que va a desarrollar la subcomisión que se
va a crear, en la que se hará un análisis completo, exhaustivo y al
detalle de la situación de peajes en las diferentes autopistas. A
partir de ahí podremos llegar a las conclusiones objetivas,
concretas, por tramos, se si me apura, que mas pueden convenir. En
esta situación, y poniendo por delante que éste ha de ser el
objetivo, no estamos en desacuerdo para intentar -insisto, en aras al
consenso- llegar a una determinada expresión o literalidad de la
proposición no de ley que pueda satisfacer las peticiones de los tres
grupos, utilizando las aportaciones que se han hecho desde cada uno
de ellos, incluyendo la última efectuada por el señor Nadal. Por
tanto, solicitaría a la Presidencia que nos deje trasladar el debate
al pasillo, que es donde se suelen resolver las cosas, para ver si
somos capaces de encontrar una solución unánime que, insisto, es lo
que quieren los ciudadanos de Tarragona.




El señor PRESIDENTE: La costumbre que tiene esta Comisión, que yo
creo que es buena, de incluir, cuando se trata una proposición no de
ley, todas las conexas con ella de otros grupos, lleva a que en el
momento de las votaciones sea más difícil establecer qué es lo que se
quiere votar exactamente, si se mantienen o no. Por lo tanto, vamos a
suspender durante cinco minutos la Comisión para poder presentar
posteriormente en las votaciones, que serán inmediatamente después,
un texto -si lo
hay- o, si no, que se vote jada una de las proposiciones no de ley
sabiendo claramente los diputados qué están votando.




Se suspende la sesión. (Pausa.)



Se reanuda la Comisión.

Vamos a proceder a votar los puntos del orden del día que hemos
tratado.

El primero era la creación de una subcomisión. Hay dos proposiciones
no de ley -ya hemos coincidido en que era un debate atípico-, una
presentada por la señora Rahola que dice lo siguiente en su parte
dispositiva. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Como hay acuerdo con la propuesta del
Grupo Parlamentario de Convergència, pido que quede subsumida en la
siguiente.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, acuerdo no existe, puesto que se
va a tratar en el segundo punto la propuesta del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en sus propios términos, porque no
aceptan las enmiendas socialistas.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: De acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Pasaríamos a votar la propuesta del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en sus propios términos,
porque no se acepta las enmiendas socialistas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La siguiente proposición no de ley es la relativa a la coordinación
de los nuevos accesos a Madrid con otras actuaciones sobre el
territorio en su ámbito de influencia. Está presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y se vota en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La cuarta proposición es por la que se insta al Gobierno a que inicie
los trámites para desafectar la dársena interior del puerto de
Alicante. Ha sido presentada por el Partido de Nueva Izquierda, señor
Alcaraz, y se ha aceptado la enmienda de sustitución propuesta por el
Grupo Socialista. En esos términos se vota.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La quinta es relativa al acondicionamiento de la carretera N-330 en
su tramo Los Santos a Teruel. Ha sido



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presentada por el Grupo Socialista y se vota en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las proposiciones 6 y 7 van a ser votadas por separado, aunque han
sido debatidas conjuntamente.

La número 6, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, es
por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias y
urgentes para exigir al Ministerio de Fomento que cumpla los
compromisos adquiridos, tanto por este Ministerio como por el
Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid, en relación con el
enterramiento de las vías de la línea C-4 de la red de cercanías de
Madrid, a su paso por Getafe.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La número 7, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
el señor Alcaraz, del Partido de Nueva Izquierda, es relativa al
cumplimiento por el Gobierno de los compromisos asumidos para el
soterramiento de la línea férrea a su paso por Getafe (Madrid).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La proposición número 8 es sobre la llegada de la línea ferroviaria
Euromed hasta Almería, del Grupo Socialista del Congreso. Se vota con
la adición in voce que ha hecho el ponente del Grupo Socialista y con
la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Con esa redacción pasa a votarse.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición número 9, sobre la inclusión en el Plan director de
infraestructuras de la conexión de Almería, a través del servicio
Euromed, con el corredor ferroviario Murcia-Valencia-Barcelona, del
Grupo Parlamentario Popular, con una enmienda que el mismo Grupo
Popular había presentado, anteriormente a la propia proposición,
y por tanto aceptada. En esos términos se vota.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Proposición
número 10, para limitar los efectos negativos del incremento de las
tarifas de las llamadas locales sobre los usuarios de Internet, así
como favorecer su difusión mediante la implantación de una tarifa
plana, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y a la que se le añade la letra c) de la
enmienda del Grupo Popular. En esas condiciones va a votarse.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán pide la palabra.) ¿Señor Caldera?



El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Para explicación de voto, señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Tenía reticencias acerca del
segundo punto de la iniciativa de Convergència i Unió y, como no se
puede votar separadamente porque se ha admitido una enmienda, he de
decir que me ha convencido sobre ese punto el señor Recoder en el
entendimiento de que la tarifa, en relación con la que existe en los
países más competitivos, ha de ser barata. Ésa ha sido su expresión.

Estoy de acuerdo con ello y hoy mismo lo circularemos por la red de
Internet. Ése es el compromiso de la Cámara.




El señor PRESIDENTE: La proposición número 11 es sobre dotación a la
ciudad de Ourense de un cinturón de circunvalación. Ha sido
presentada por el Grupo Socialista y se vota en sus propios términos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La proposición número 12, presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, relativa a la construcción urgente del tramo de variante de
la N-340, comprendido entre el final de la variante Altafulla-
Torredembarra y el tramo actual en el municipio de Tarragona, y la
número 13, por la que se insta al desdoblamiento urgente de la N-340
en el tramo comprendido desde La Mora hasta la ronda de
circunvalación en el término municipal de Tarragona, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se han presentado
diversas enmiendas y parece que han tenido una redacción consensuada,
que procedo a leer para que conste en el «Diario de Sesiones». El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, de acuerdo con
las previsiones económicas contempladas en el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para 1999, los trámites necesarios
para que, una vez realizado el estudio informativo y la redacción del
proyecto con su correspondiente información pública y declaración de
impacto ambiental, se proceda, dentro del año 1999, a la licitación
de la obra, carretera N-340, desdoblamiento en el tramo comprendido
entre el final de la variante de Tarragona y la variante Altafulla-
Torredembarra y, con ello, iniciar con la máxima urgencia la
ejecución de las obras. Asimismo, se insta al Gobierno a ejecutar,
con la máxima celeridad, las obras ya contratadas correspondientes a
la carretera N-340, variante de Altafulla y Torredembarra y, mientras
duren los trabajos de la subcomisión creada dentro de la Comisión de
Infraestructuras,



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se inicien las gestiones oportunas e inmediatas por parte del
Gobierno para conseguir la gratuidad de peaje de camiones y autobuses
en el tramo objeto del debate, es decir, la entrada y salida de
Tarragona. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.) ¿Señor Sedó?



El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, decimos gratuidad del peaje
pero no decimos dónde. Habría que añadir: en la autopista A-7.

El señor PRESIDENTE: Para centrar el punto al que nos estamos
refiriendo, se añade: «en la autopista A-7». Con esta redacción, se
procede a votar.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta minutos de la tarde.