CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 570



INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET



Sesión núm. 42



celebrada el miércoles, 11 de noviembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia (Petitbo Juan), para informar acerca de las noticias
sobre la posible titulización de los costes de transición a la
competencia que se recogen en la Ley del Sistema Eléctrico. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
212/001516.) ... (Página 16676)



Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico (Fernández Ordóñez), para informar acerca de las
noticias sobre la posible titulización de los costes de transición a
la competencia que se recogen en la Ley del Sistema Eléctrico. A
solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 212/001517.)
... (Página 16685)



Proposiciones no de Ley:



- Relativa a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso Congreso. (Número de expediente
161/000537.) ... (Página 16693)

Página 16676



- Sobre realización de un plan de fomento de la cogeneración de
energía eléctrica. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000343.) ... (Página 16694)



- Sobre desarrollo reglamentario de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico. Presentada por el Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 161/000877.) ... (Página 16697)



Corrección de errores ... (Página 16699)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PETITBO JUAN), PARA INFORMAR ACERCA DE LAS NOTICIAS
SOBRE LA POSIBLE TITULIZACIÓN DE LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA
COMPETENCIA QUE SE RECOGEN EN LA LEY DEL SISTEMA ELÉCTRICO, A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001516.)



El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Buenos días, señorías.

Vamos a comenzar la sesión dando, en primer lugar, la bienvenida al
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuya
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Socialista. Por
consiguiente, vamos a dar la palabra a la señora Aroz.




La señora AROZ IBÁÑEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista
quiero agradecer la presencia en la Comisión del presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia atendiendo la solicitud que
habíamos hecho.

Señor presidente, en opinión del Grupo Socialista, la reciente
liberalización legislativa del sector energético -y quiero enmarcar
de una manera global esta comparecencia- corre el riesgo de
convertirse en papel mojado debido a diversas actuaciones de las
empresas y debido a medidas directas del Gobierno. Diversas
actuaciones de las empresas como son la proliferación de las
denominadas alianzas estratégicas, acuerdos de carácter cooperativo
con rasgos de concentración de activos en los que están inmersos las
compañías más poderosas. Y al referirnos a esta consideración de que
se está corriendo el riesgo de convertir en papel mojado el proceso
de liberalización, hablamos también de medidas directas proyectadas
por el Gobierno, como la que hoy es el objeto de esta comparecencia,
la titulización de los costes de transición a la competencia en el
mercado eléctrico.

Señorías, el Grupo Socialista contempla con enorme preocupación esta
situación, que conduce a la creación de nuevos oligopolios
financieros propiciados, amparados o consentidos por el Gobierno y
que llevará inexorablemente a precios mayores para los consumidores
de los que existirían en una situación de competencia efectiva, que
llevará a la captura y mantenimiento de mercados específicos para
ordenar a conveniencia de las empresas al consumidor,
mediante la oferta conjunta de servicios y que llevará a la ausencia
de entrada de competidores en nuestro país.

Tendremos ocasión de volver sobre todo ello. El Grupo Socialista -ya
lo anunciamos ahora- ha solicitado también su comparecencia, señor
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, en relación con
la alianza estratégica entre Endesa y Gas Natural.

El objeto de esta comparecencia hoy y nuestra petición es la
siguiente: que explique usted si, tras las medidas proyectadas por el
Gobierno en materia de titulización de los costes de transición a la
competencia en el mercado eléctrico, se puede producir una grave
distorsión de la competencia en este mercado que erosione la política
de liberalización que se ha emprendido en él, que dificulte el acceso
de terceras empresas y, en definitiva, que perjudique los intereses
de los consumidores y usuarios, que han de ser los auténticos
destinatarios y los beneficiados por el proceso de liberalización.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el
señor Petitbo.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): Buenos días. En primer lugar, quisiera expresar mi
reconocimiento ante SS. SS. por la oportunidad que me ofrecen de
comparecer ante esta Comisión de Industria, Energía y Turismo en el
contexto de un debate relevante, como es el de la titulización de los
costes de transición a la competencia recogidos en la Ley 54/1997 de
27 de noviembre del Sector Eléctrico.

Quiero empezar diciendo que, según la opinión del Tribunal, la
titulización adelanta los ingresos de las empresas y se garantiza
mediante un recargo fijo que se incluye en el recibo de la
electricidad. En otros términos, entendemos que los costes de
transición a la competencia se transforman de incógnitas a magnitudes
ciertas y además se adelantan y, por supuesto, esto puede tener
efectos sobre el mercado. Antes de empezar, y como preámbulo a la
ausencia de información por mi parte en relación con algunas
cuestiones, quiero decir que tuve conocimiento oficial de esta
convocatoria ayer a las 20 horas, 4 minutos. Previamente, y porque
había tenido información indirecta de ella, el Pleno del Tribunal se
reunió en su sesión de ayer para discutir estas cuestiones y yo
intentaré hoy resumir, en la medida que sea capaz, las opiniones que
se discutieron ayer en el pleno del Tribunal.

Creo que mi intervención debe basarse exclusivamente en los efectos
sobre la competencia. El Tribunal no es un órgano especializado en
cuestiones relacionadas con el sector



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energético o con el sector eléctrico, es un órgano que debe dirimir
cuestiones relacionadas con la competencia y a ello voy a referirme,
y alguna de estas cuestiones están perfectamente delimitadas en la
propia exposición de motivos de la ley. En primer lugar, se dice que
se configura un sistema eléctrico que funcionará bajo los principios
de objetividad, transparencia y libre competencia, en el que la libre
iniciativa empresarial adquirirá el protagonismo que le corresponde.

En segundo lugar, en el protocolo suscrito entre el Ministerio de
Industria y Energía y las principales industrias eléctricas el día 11
de diciembre de 1996, aun careciendo de eficacia normativa -cito
literalmente-, supuso la concreción de un diseño complejo y global de
transición de un sistema intervenido y burocratizado a un sistema más
libre de funcionamiento del sector. También supuso -y vuelvo a citar
literalmente- el acuerdo con los principales agentes económicos de la
industria sobre una profunda modificación del sistema retributivo
hasta ahora vigente y sobre el escalonamiento progresivo de las
distintas etapas conducentes a la liberalización del mercado.

En tercer lugar, la propia complejidad del sector hace necesario -y
vuelvo a citar literalmente- garantizar que su funcionamiento en un
marco liberalizado se produzca sin abusos de posición de dominio y
con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia;
es decir, las cuestiones relacionadas con el libre y eficaz
funcionamiento del mercado y con la libre competencia están presentes
de forma clara, evidente y rotunda en la exposición de motivos.

Además, la disposición transitoria sexta, costes de transición a la
competencia, declara -y cito también literalmente- que se reconoce la
existencia de unos costes de transición al régimen de mercado
competitivo, y se dice que durante un plazo máximo de diez años desde
la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno podrá -insisto en
el podrá- establecer anualmente el importe máximo de esta retribución
fija con la distribución que corresponda. No obstante, si las
condiciones de mercado lo hacen aconsejable, una vez cumplidas las
condiciones y compromisos establecidos en esta disposición
transitoria, el Gobierno podrá -y vuelvo a insistir en lo de podrá-
reducir el período a diez años.

Los costes que se deriven de esta retribución serán repercutidos a
todos los consumidores de energía eléctrica como costes permanentes
del sistema y su importe global, en valor a 31 de diciembre de 1997,
nunca podrá superar el billón 980.561 millones de pesetas. Además, si
el coste medio de generación a que se refiere el artículo 16.1 de la
ley a lo largo del período transitorio resultara en media anual
superior a seis pesetas por kilovatio hora, este exceso se deducirá
del citado valor actual. Este es el marco de referencia. Estas son
cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados y
a las que yo creo que debo referirme.

La solicitud de la Comisión es una solicitud que, cuando discutimos
en el pleno, nos sometió a ciertas dudas y a ciertas incertidumbres,
porque se solicita la información acerca de las noticias sobre la
posible titulización de los costes de transición a la competencia, y
esto incluye dos elementos que introducen opciones y permiten,
además, diseñar escenarios. Se trata de noticias sobre la posible
titulización.

Yo intentaré concretar, en la medida de lo posible,
siguiendo cuanto ayer discutió el Tribunal, estos dos elementos que
introducen, como digo, incertidumbres.

Primera cuestión: debo señalar que el Tribunal no ha recibido ninguna
información oficial sobre los acuerdos supuestamente firmados entre
el Ministerio de Industria y Energía y las empresas del sector
eléctrico. En consecuencia, todo cuanto yo pueda decir y todo cuanto
pueda opinar el Tribunal no serán más que meras opiniones basadas en
el contenido de los acuerdos que la prensa a la que hemos consultado
ha publicado, la información que el Miner en su día distribuyó a los
medios de comunicación y la información proporcionada por la Comisión
Nacional del Sector Eléctrico. En segundo lugar, me referiré
exclusivamente, como creo que debe ser mi misión, a los presuntos
efectos de la posible titulización de los costes de transición a la
competencia sobre la propia competencia. En tercer lugar, como he
dicho antes, mi intervención la he preparado teniendo en cuenta las
distintas opiniones de los diferentes vocales del Tribunal de Defensa
de la Competencia, teniendo presente que el Tribunal es un órgano
colegiado que toma sus opiniones colegiadamente. En cuarto lugar,
evidentemente, las referencias de mi intervención van a ser las
noticias sobre la posible titulización.

Quiero señalar que analizar con la precisión que yo considero
necesaria el resultado de los acuerdos firmados entre el Ministerio y
las empresas del sector eléctrico constituye para mí una tarea
imposible en estos momentos. En consecuencia, si ustedes lo desean,
lo que haré será verter opiniones sobre el diseño de escenarios
hipotéticos. Intentaré explicar más adelante por qué este
planteamiento.

Quiero decir de entrada que en el Tribunal interpretamos que antes de
analizar esta cuestión, deberíamos tener en cuenta los antecedentes
que han conducido a la determinación de unos costes de transición a
la competencia, y quiero insistir en que consideramos que un hecho
fundamental de referencia ha sido el de que la ley, tal como fue
aprobada, no facilitaba de forma significativa el desarrollo de la
competencia en el sector, que es necesario acelerar este proceso de
competencia, y que esto puede suponer costes para las empresas. En
cualquier caso, hay algunos elementos que deben ser destacados,
porque son positivos para los mercados: primero, la reducción de los
niveles de consumo para ser considerado consumidor cualificado,
reducción que ha pasado delos 15 gigavatios/hora actuales a un
kilovatio/hora a partir del día 1 de octubre de 1999; en segundo
lugar, la disminución de las tarifas de acceso y de los pagos de
garantía de potencia para incentivar el desarrollo de un nuevo
mercado eléctrico; en tercer lugar, la reducción de tarifas, 2,5 por
ciento en 1999 y 1 por ciento en los años 2000 y 2001; en cuarto
lugar, una reducción de los costes de transición a la competencia en
algo más de 250.000 millones de pesetas, además las empresas podrán
-se dijo- titulizar estos costes en una cifra que se sitúa alrededor
del billón de pesetas.

Y dos cuestiones adicionales: la primera, que el principio de acuerdo
consiste en que las eléctricas emitan títulos por valor de un billón
de pesetas y que se los cedan a las entidades financieras y
aseguradoras, éstas adelantan el importe y a cambio reciben un 4,5
por ciento de la facturaciónde la tarifa eléctrica anual durante diez
años, y haciendo



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los cálculos correspondientes, suponiendo que la factura eléctrica
asciende a casi dos billones de pesetas, el 4,5 supondría unos 90.000
millones de pesetas por año.

Con estos elementos de referencia entiendo que mis opiniones podían
versar sobre tres cuestiones: en primer lugar, como señalaba antes,
las opiniones aparecidas en los medios de comunicación; en segundo
lugar, los aspectos positivos que pueda tener el proyecto de
titulización, con las limitaciones obvias a las que estoy sometido en
estos momentos; y, por último, con las mismas limitaciones, los
eventuales efectos negativos. Todo ello sobre la base de un
razonamiento efectuado según distintos escenarios, basados en
distintas hipótesis sobre la cuantía de los costes de titulización y
de los propios costes de transición a la competencia.




De todas formas, quisiera plantear en términos generales cómo desde
el Tribunal de Defensa de la Competencia se ve el fenómeno que
estamos analizando, y voy a hacerlo, como yo creo que es lógico en
estos momentos y en mis circunstancias personales, desde la
perspectiva del análisis económico de los mercados, aplicado al
funcionamiento competitivo de los mismos, y lo voy a hacer partiendo
de aquello que, en general, se hace cuando se analizan estas
cuestiones: tomando en consideración cuál es la estructura del
mercado y haciendo referencia también a la conducta en estos
mercados.

Es cierto que la cuestión de la estructura es fácilmente abordable.

Hay estudios suficientes y la Comisión del Sector Eléctrico se ha
referido profusamente a esta cuestión. La cuestión de la conducta es
más compleja y requiere una información que en estos momentos no
tiene el Tribunal. Pero me gustaría plantear el asunto en términos
generales, haciendo referencia a lo que ha ocurrido en otro país, por
una razón que en otras ocasiones he expuesto en esta Cámara, y no es
otra que el deseo de evitar el riesgo de prejuzgar, ante la
eventualidad de que algunas de estas cuestiones sean sometidas al
procedimiento contemplado por la Ley de Defensa de la Competencia, y
el hecho de haber prejuzgado suponga el riesgo de mi recusación. Lo
haré sobre las bases de las discusiones del Tribunal apoyadas en un
texto también de una conferencia que pronunció no hace muchos días el
profesor Xavier Vives, que en mi opinión constituyen un ejemplo de
cómo el análisis económico de los mercados puede aplicarse al estudio
concreto del sector eléctrico.

Yo creo que todos estaremos de acuerdo si decimos que un ejemplo de
ejercicio de poder de mercado se puede encontrar en el mercado
contado, en el mercado spot de electricidad cuando el número de
operadores económicos es reducido. Y para explicar esto con más
detalle voy a referirme a un ejemplo acaecido en el Reino Unido por
las razones que les he expuesto.

En el Reino Unido se cuenta con un duopolio en la fase de generación
y en estas circunstancias los beneficios extraordinarios, entendidos
como los entendemos los economistas, es decir, como diferencia entre
los precios y los costes marginales, son elevados. El análisis de la
situación pone de manifiesto que si la diferencia de dimensión entre
las empresas del sector es significativa, es muy probable que los
resultados privados puedan mejorar, pero los resultados generales, la
pérdida neta de bienestar, que dirían los
manuales de economía, pueden empeorar. Y en este caso, como decía el
profesor Vives, se corre el riesgo de crear ineficiencias en la
producción porque, como consecuencia del eventual poder de mercado de
las empresas, éstas pierdan incentivos a la hora de minimizar los
costes, y ello conlleve un uso no racional de los recursos del
sector. Se crea ineficiencia en la producción, debido a que no se
utiliza adecuadamente la capacidad productiva de las empresas, y eso
en Inglaterra ocurre porque la empresa dominante, la de mayor
dimensión, tiene incentivos para incrementar los precios y, en
consecuencia, este incremento restringe la demanda. Tales conductas
incluso pueden tener lugar en ausencia de colusión tácita o
explícita. Decía el profesor Vives que si en un mercado concentrado,
con beneficios elevados, se abre la puerta a nuevos competidores,
puede surgir el fenómeno de exceso de entrada, motivado por los
elevados beneficios, que induce la entrada de nuevos operadores, con
el correspondiente riesgo de producir un exceso de capacidad,
circunstancia que dificultaría el alcance de una situación óptima.

Un riesgo adicional surge cuando, en ocasiones, las empresas que
operan en el sector y las empresas entrantes se comprometen a no
convertirse en competidores en el mercado de la generación. Esto nos
recuerda un acuerdo firmado, según la prensa, hace pocos días entre
un operador español y otro operador extranjero. Y la pregunta que en
estas circunstancias una institución de defensa de la competencia
debe formularse es la siguiente: ¿puede funcionar el mercado como
institución, el mercado como instrumento de asignación de recursos,
con índices de concentración elevados y sin poder acudir a la
contestabilidad que suponen las importaciones? Cierto que la pregunta
es sencilla a la hora de formularla, pero la respuesta no es tan
sencilla. En cualquier caso, sobre la base de los conocimientos que
se disponen sobre funcionamiento no solamente de este sector, sino de
otros sectores y de los conocimientos sobre el funcionamiento de los
mercados, la respuesta en general debe ser negativa. La competencia
efectiva en el mercado, tal como la entienden los economistas, exige
la existencia de bastantes operadores, pero al mismo tiempo de
operadores de una dimensión similar; es decir, de una situación de
mercado en la que la estructura no refleje desequilibrios relevantes.

Yo creo que la referencia al Reino Unido permite reflexionar sin la
presión de la inmediatez, y en relación con el propio Reino Unido el
análisis del sector eléctrico aconsejaría consolidar una estructura
de mercado en la que el número de productores independientes fuera
suficiente y además su dimensión fuera similar. En esas condiciones,
sería posible alcanzar el objetivo de una competencia efectiva
vigorosa, que se tradujera, en primer lugar, en una minimización de
los costes a percibir de los demandantes, eliminando los beneficios
extraordinarios generados por el eventual poder de mercado y, en
segundo lugar, en una estructura productiva eficiente. Quiero
insistir en que ese análisis no es sencillo y para las autoridades de
defensa de la competencia es particularmente difícil por su no
especialización en este sector. Pero, en cualquier caso, un análisis
de estas características exige análisis muy afinados, tanto desde el
punto de vista conceptual como desde el punto de vista cuantitativo.




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Quisiera decir, no en relación con este sector, sino en general, y
sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal en reiteradas
ocasiones, que la experiencia revela que los cambios estructurales
deben realizarse en la fase de transición a la competencia y, en
cualquier caso, mejor antes de la privatización. Como hemos dicho,
quizás acuñando un eslogan de fácil memorización, primero liberalizar
e introducir competencia, luego privatizar, entre otras cosas porque
la competencia y el mercado permiten conocer con mucha precisión cuál
es la valoración que se da a las empresas que se privatizan. El
Tribunal entiende que esto debería ser un criterio universal
exceptuado tan solo por excepciones sólidamente justificadas. De no
seguirse esta secuencia, si las empresas con poder de mercado, es
decir, aquellas que pueden fijar precios por encima de los costes
marginales, se privatizan detentando dicho poder de mercado, la
intervención estructural para transformar el mercado hacia una
estructura que favorezca la competencia efectiva será más difícil, y
creo que la experiencia lo demuestra.

En este proceso la situación de los países europeos es dispar. Han
avanzado bastante los países nórdicos y Reino Unido, Francia e Italia
creemos que no han sido tan diligentes, y España se situaría en un
punto intermedio. Estamos en una fase de transición, que se
manifiesta por la liberalización para grandes consumidores, para
grandes usuarios. ¿Pero qué características tiene el sector eléctrico
español desde la perspectiva de la competencia? A mi entender, y de
acuerdo con lo que acabo de explicar, fundamentalmente dos: en primer
lugar, un elevado grado de concentración, tanto en la fase de
generación como en la fase de distribución. y en segundo lugar, una
reducida apertura exterior. En esas circunstancias, dada la
elasticidad de la demanda de la energía eléctrica, se trata de una
actividad en la que la competencia es todavía escasa, y ello a pesar
de que se han realizado segmentos de generación, que incluye la
creación de un mercado a contado, y segmentos de comercialización.

Acerca de estas cuestiones, sin duda particularmente relevantes, poco
se ha comentado en los medios de comunicación. Se han comentado otras
cosas, pero no éstas, que, en mi opinión y en la del Tribunal, son
las fundamentales. Las introduzco, a pesar de que no han sido
comentadas por el hecho de que es lo que me interesa discutir y
porque creo que lo que corresponde discutir a un órgano de defensa de
la competencia son los efectos de cualquier tipo de actividad o de
conducta sobre los mercados.




¿A qué han hecho referencia las opiniones o las conductas que han
podido ser examinadas por el Tribunal? Fundamentalmente a cuatro
cuestiones. Las he citado antes, pero las quiero repetir ahora: en
primer lugar, a la reducción del umbral de consumo para ser
consumidor cualificado; en segundo lugar, a la disminución de las
tarifas de acceso y de los pagos de garantía de potencia; en tercer
lugar, la rebaja de tarifas y, en cuarto lugar, a los costes de
transición, su reducción y su titulización, y entiendo que sobre la
base de esta cuestión estos elementos pueden estudiarse, destacando y
diferenciando sus aspectos positivos de los negativos.

En cualquier caso, sí quiero decir, y con esto termino mi primera
intervención, y con ello soy fiel a cuanto se dice no ha habido
defensa de la competencia, que si SS. SS.

desearan una información más completa, de acuerdo con el artículo
26.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, me pongo a su
disposición y también el Tribunal para que con el tiempo suficiente
éste realice, sobre la base de toda la información y de más
información todavía, el oportuno informe sobre cuestiones
relacionadas con la competencia. Esto es lo que quería decir como
introducción a lo que puede ser mi intervención posterior.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBÁÑEZ: Quiero agradecerle en nombre del Grupo
Socialista su intervención, señor presidente del Tribunal de Defensa
de la Competencia, y pedir excusas por la falta de consideración en
cuanto al período tan breve de plazo, ni tan siquiera 24 horas, con
el que se le comunicó su comparecencia aquí, que no es imputable ni
al Grupo Socialista ni a la Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señora Aroz, esta
Comisión, como sabe S. S., estaba convocada para el día 20 de
octubre. Se tuvo que desconvocar. Por tanto, esta comparecencia sí es
conocida.




La señora AROZ IBÁÑEZ: Por eso insisto en que no tiene nada que ver
el Parlamento, sino que la falta de consideración ha de ser imputable
al Gobierno en este caso.

Después de esto quiero manifestarle con toda claridad, señor
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, nuestra
decepción por su intervención, que no se ha ajustado a la pregunta y
a los planteamientos que ha hecho esta portavoz, más allá de que en
su momento, cuando se pidió la comparecencia, se hiciera de una
manera más genérica. A esta decepción se suma nuestra preocupación
por la situación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que
parece -se lo digo con toda claridad y cortesía- haber renunciado al
papel que tiene encomendado. Nos preocupa la pasividad y la falta de
iniciativa del Tribunal frente a hechos que se están produciendo,
frente a actuaciones como a las que me he referido anteriormente,
actuaciones de las empresas y del Gobierno, que van en una línea de
restricción de la competencia y de dejar en papel mojado el proceso
de liberalización, para no referirnos al sector energético, que se ha
iniciado. A estas actuaciones que denunciaba anteriormente de las
empresas y decisión del Gobierno, que es lo que ha motivado esta
comparecencia, hay que sumar como agravante de la situación la
devaluación del Tribunal de Defensa de la Competencia que está
propiciando el Gobierno y que hemos constatado, lamentablemente, en
esta comparecencia, señor presidente de Defensa de la Competencia.

El Grupo Socialista no va a avalar esta devaluación y ya le comunico
que no vamos a hacer preguntas sobre su intervención, que nos ha
decepcionado profundamente. Y como queremos proponer soluciones a los
problemas, sí que anuncio una iniciativa del Grupo Socialista, una
iniciativa que va a ser la petición de que haya una comparecencia
periódica, al igual que la hay en esta Comisión y en otras, de
responsables de distintos ámbitos, para que comparezcan



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con la periodicidad que la Comisión establezca para hacer un
seguimiento. Esperamos que esta vez sea auténtico y podamos contar
con una valoración cierta y real del proceso de liberalización desde
las competencias y la función que debe ejercer el Tribunal de Defensa
de la Competencia. No nos preocupa de una manera teórica, sino que
nos preocupa porque cuando hablamos de proceso de liberalización,
señorías, estamos pensando, como decía anteriormente, en los
destinatarios y en los beneficiarios del proceso de liberalización,
que han de ser los ciudadanos, los consumidores. Y cuando se abdica
de competencias, cuando se le hace el juego al Gobierno, que está
amparando o propiciando esta situación de actuaciones de las empresas
que llevan a la creación de nuevos oligopolios financieros,
entendemos que debe subsanarse y por eso queremos proponer soluciones
desde el Parlamento y desde los grupos parlamentarios. Como decía
anteriormente, pedimos al Tribunal de Defensa de la Competencia que
ejerza sus funciones, que tenga iniciativa. No nos parece admisible
que se nos diga que el Tribunal no tiene el acuerdo firmado por el
Gobierno. Si el Gobierno no lo manda, quizás habría que pedirlo,
señor presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

En definitiva, pensamos que hay que actuar y desde el Grupo
Socialista se propone esta iniciativa de comparecencia periódica,
para que podamos hacer un seguimiento de este proceso, que puede
quedar en nada de seguir la actuación del Gobierno. En la medida en
que tenemos pendiente una muy concreta sobre la alianza estratégica
entre Endesa y Gas Natural, queremos entrar de una manera muy
concreta en los efectos de estas alianzas que conducen a la creación
de nuevos oligopolios financieros, con grave perjuicio para los
objetivos del proceso de liberalización desde el punto de vista del
funcionamiento económico de los mercados, al que usted se refería, y
desde el punto de vista de la protección y la defensa de los
intereses de los ciudadanos, de los consumidores y usuarios, que
deben ser los auténticos destinatarios de este proceso.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: En primer lugar, señor Petitbo, reciba el
saludo de mi grupo en su comparecencia en el día de hoy. Voy a
intervenir de forma muy breve porque estoy sustituyendo al portavoz,
que no puede estar presente aquí.

Quisiera decir que me ha preocupado su intervención, aunque la
comprendo totalmente.

Nuestro grupo está muy interesado en que el Tribunal de Defensa de la
Competencia entre a fondo en este tema, porque el acuerdo que se
formaliza el 22 de septiembre entre el Ministerio de Industria y los
presidentes de las empresas eléctricas supone una modificación de la
Ley 54/97, del sector eléctrico, y nos preocupa que existiendo esta
modificación se haya formalizado el acuerdo no diré prescindiendo,
pero sí sin que los grupos que dieron el apoyo parlamentario para que
pudiese salir la ley conozcan absolutamente nada de este acuerdo. Por
lo tanto, si se prescinde de unos, no podemos hablar sobre ello, y
vamos a
pedir más información y a actuar con los criterios que creamos más
oportunos para mantener el verdadero contenido de la ley o para que,
en todo caso, si hay alguna modificación de su texto en cuanto a su
funcionamiento, ésta se haga por vía parlamentaria o mediante el
trámite parlamentario correspondiente.

Yo tenía una serie de preguntas preparadas para hacérselas a usted y
al siguiente compareciente, pero como usted ha reconocido que si yo
me quejo de nuestro desconocimiento, usted también tiene un cierto
desconocimiento sobre esta cuestión, lo que me duele pero acepto,
¿cómo voy a hacerle preguntas muy concretas? No sé por dónde empezar.

No obstante, no me resisto a preguntarle si usted sabe qué ha
ocurrido desde la aprobación de la Ley del sector eléctrico para que
el Ministerio piense en esta alternativa diferente de cobrar los
costes de transición a la competencia. ¿Qué ha sucedido? Supongo que
los contactos que han existido deben haberlo provocado, pero yo
quisiera que nos dijera cuáles han sido y cómo se puede resolver
esto.

Otra pregunta que le hago se refiere al impacto en tarifas. Tenía
preparada una pregunta mucho más detallada, pero voy a hacerle una
pregunta genérica sobre el impacto en tarifas y sobre los
consumidores. Si puede contestarme, me parecerá muy bien; si no,
espero que en otra ocasión, que parece que se anuncia que será
próxima, pueda darnos respuesta, porque veo que este debate va a
tener continuidad, y con mucho gusto y satisfacción le escucharemos
otra vez si vuelve pronto a la Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Medina.




El señor MEDINA TOLEDO: Señor Petitbo, le agradezco su comparecencia
y, en contra de la impresión que pudiera haberse desprendido de
anteriores intervenciones, deseo agradecerle también, en nombre
propio y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el papel que
usted juega, como el que juega el próximo compareciente, señor
Fernández Ordóñez, en defensa de todos los agentes que operan en el
sector de la competencia y, fundamentalmente, de los consumidores.

Sinceramente creo que, primero, deberíamos ser cautos a la hora de
atribuir las responsabilidades de un fallo de comunicación, pero es
bien entendido que en la mentalidad de la oposición la culpa de todo
la tiene el Gobierno, sea esto real o no, y, segundo, pienso que es
un mal asunto -y eso lo estamos viendo con otras instituciones del
Estado- dar una imagen negativa de la actuación de poderes
independientes que están para regular aspectos muy importantes de la
vida nacional si su intervención no responde a las expectativas y a
los deseos de un grupo político. Tanto usted como el señor Fernández
Ordóñez son responsables de mantener lo que podíamos llamar la
tensión positiva en favor de la competencia y del consumidor, y a fe
mía que lo hacen muy bien; están en su papel, por decirlo de alguna
manera. Pero también hay que entender que la democracia -y en estos
temas es muy importante tener las ideas claras- es un juego de
equilibrios. Ustedes están en su papel, pero eso no significa que los
agentes del mercado, las empresas, el Gobierno y los consumidores
tengan que



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hacer suyos -ni siquiera los grupos políticos- al cien por cien sus
razonamientos y sus planteamientos. Por tanto, conviene hacer algunas
precisiones, porque muchas veces trabajamos sobre bases falsas y a
partir de ahí edificamos una teoría que puede caer por su propia
base.

Señor Petitbo, la competencia en el sector eléctrico español no
vendrá única y exclusivamente por la vía de la competencia en
generación. De hecho, lo que ha propiciado de forma indirecta el
Gobierno con sus últimas actuaciones ha sido el incremento de la
competencia por la vía del consumo, por la vía de los
comercializadores, que están ahí, y el incremento de los clientes con
capacidad de elegir tiene un efecto dominó sobre el resto de los
sectores, incluido el sector de generación, como pretendo demostrar.

Y también pretendo dar una visión positiva y razonable de la
motivación de fondo que hace que esté dentro de las condiciones de un
pacto la titulización de los CTC. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Sinceramente, la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que es
respetable como toda posición de oposición, tiene una cierta
paradoja. En un ejemplo equivalente, que no quiero que se tome por la
tremenda, sería como si los responsables de una política carcelaria
dura y estricta, en el momento en que alguien decreta la posibilidad
de régimen abierto, cante las excelencias del régimen abierto y pida
más régimen abierto, cuando ha sido quien ha tenido sojuzgado,
controlado y regulado el sector durante años y el que hubiera podido
ampliar una liberalización razonable, pero hizo una ley que no se
sostenía y hacía imposible el famoso sistema independiente o sistema
que nunca existió.

Vamos, a puntualizar las cosas y a dejarlas en sus términos: si aquí
alguien ha apostado por la liberalización, si alguien ha apostado por
dar pasos en el camino de la liberalización, ha sido este Gobierno y
nadie más anteriormente. Pues bien, yo diría que además hay otro
factor importantísimo que se ha dejado deslizar en su intervención,
quizá no con suficiente claridad, y es que estamos en un período de
transición a la competencia, no estamos en una competencia franca y
abierta. Eso exige dar pasos suficientemente claros para que la
competencia se favorezca. Lamento discrepar de usted, señor Petitbo,
en que el modelo a seguir sea el de Gran Bretaña, porque yo le
preguntaría en manos de qué compañía ha caído el sistema de
generación inglés y a veces, si la liberalización no se hace con
cierta prudencia, el efecto puede ser el contrario del que
pretendemos.

Un segundo error en el planteamiento de la competencia es que nos
estamos equivocando de marco de competencia. El marco de la
competencia no es España territorio nacional, es una parte, porque el
marco de la competencia real es, como mínimo, la Unión Europea, donde
España es una punta de lanza avanzada en la liberalización
-exceptuemos el caso de Gran Bretaña, que empezó antes-, pero donde
no obtenemos la justa reciprocidad de otros países que están en las
antípodas, si tenemos en cuenta la directiva comunitaria, que es tan
flexible, tan amplia, que está tan por los objetivos que permite la
liberalización cero y la máxima liberalización. Debemos ser
liberalizadores, pero no ingenuos, y debemos saber que por los
alrededores están revoloteando no liberalizadores que pueden
aprovechar, en contra de las empresas españolas, una situación de
excesiva generosidad y de excesivo afán de liberalizar por parte de
nuestras empresas.

Es cierto que el mercado local se favorece probablemente por una
fragmentación de las empresas españolas, pero es un error
estratégico, en el marco de la competencia no sólo de la Unión
Europea, sino también de la global, debilitar las empresas españolas
y dejarlas en condiciones de que puedan ser absorbidas por otros
grandes grupos extranjeros que al final matarán de una u otra forma
la competencia que nosotros pretendemos conseguir.

Por tanto, señor Petitbo, yo no puedo criticar su actuación, tengo
que alabar su prudencia. Usted lo decía claramente: El presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia no puede actuar en base a
rumores, no puede actuar en base a supuestos, no puede actuar en base
a noticias periodísticas. El Tribunal de Defensa de la Competencia y
su presidente tienen que actuar, como creo que lo hace, sobre la base
de hechos ciertos y acuerdos concretos, y cumple usted la misión de
advertir, desde su punto de vista, lo que puede ocurrir, pero su
actuación solamente puede ser sobre hechos ciertos y probados. Por
tanto, usted se basa en un principio de prudencia y no una
inhibición. Lo que pasa es que, como digo, eso probablemente no
responde a determinadas expectativas.

Sin más preámbulos, y en un intento de ser breve, tengo que decir que
la cuestión es delicada, enjundiosa y difícil. Creo que no traiciono
su confianza si digo que antes de entrar en la Comisión usted me
reconocía que es una cuestión difícil. Y es difícil porque la
historia la ha hecho difícil.




Empezaremos afirmando que los valores en los costes reconocidos de
las centrales no eran valores contables conforme a lo que se había
hecho sino de acuerdo a una ley que hacía una estimación de costes
que no necesariamente se correspondía con los valores contables y las
inversiones reales.

En aras de la brevedad y en contra de lo que es mi costumbre, leeré
esta parte porque no quiero que se pierda ninguno de los aspectos que
se consideran aquí y me encantaría escuchar su opinión al respecto.

El sistema de retribución, definido por el Real Decreto 1.538/87 del
marco legal y estable y las órdenes ministeriales de 3 de diciembre
de 1993, de 17 de diciembre de l993 y de 15 de diciembre de 1995,
todas en período de Gobierno socialista, contenía, entre otros
conceptos, una cantidad para retribuir los costes derivados de la
generación de energía eléctrica por las inversiones realizadas en
instalaciones de producción. En el marco legal y estable, estas
instalaciones de generación no derivaban de una decisión libre de las
empresas eléctricas sino que, de alguna forma, previamente en la
planificación y luego en la autorización, estaban sometidas a la
voluntad del Estado predeterminándose la tecnología a emplear, el
tipo de combustible a utilizar y la potencia instalada. Conviene,
pues, resaltar las siguientes cuestiones.

La amortización, vía tarifa, de los costes reconocidos para las
centrales eléctricas autorizadas que operaban en el marco legal y
estable, que es absolutamente necesaria para sustituirla por otras
nuevas al final de su vida útil, era un derecho reconocido -repito,
un derecho reconocido- y adquirido por las empresas eléctricas que
actuaban en



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dicho marco, y también la Losen reconocía este derecho. Por tanto,
estas centrales fueron construidas en base a una planificación
energética definida por el Estado y no en base a criterios
empresariales puros y de competitividad económica libremente
adoptados por las empresas.

El protocolo eléctrico en la Ley 54/1997 ha cambiado drásticamente el
panorama. Las nuevas centrales a construir en un futuro y el tipo de
combustible a emplear dependerán de la libre decisión de las empresas
que operen en el sector y, una vez finalizado el período transitorio
y completada la liberalización, la recuperación de las inversiones en
las nuevas centrales se realizará vía precios del mercado, a riesgo y
ventura de las nuevas empresas eléctricas.




Es obvio que, de forma natural, se imponía un período de adaptación
de la antigua situación a la nueva o de transición a la competencia.

En nuestra opinión, el proceso liberalizador no se podía haber
instrumentado de otra forma a como exactamente lo hizo el Gobierno.

Era necesario un pacto con el sector porque estamos partiendo de una
situación de actuación con derechos reconocidos y queremos transitar
a una nueva en la que se incrementa la competencia pero se tocan
derechos reconocidos e inversiones claramente definidas. Por tanto,
el proceso de liberalización introdujo un factor de incertidumbre en
la recuperación de la inversión de centrales de las empresas que
operaban en el sector, tanto por disminución de ingresos vía tarifas
como por el calendario de apertura a la elegibilidad de suministrador
por parte de los consumidores.

Los CTC o costes de transición a la competencia pretendían,
y pretenden, permitir que las empresas eléctricas garanticen la
recuperación de sus inversiones en centrales o, dicho de otro modo,
no vean alterado su equilibrio económico y financiero por la
introducción paulatina y progresiva de la competencia. Através de la
Ley 54/1997 se estableció un calendario para la liberalización y un
importe máximo de los CTC asociados a la vida útil de las centrales
operativas o bien en fase de construcción, porque en ese momento
había algunas que estaban en fase de construcción con una vida útil
determinada.

Se analizan todas las centrales, una por una. Quiero hacer hincapié
en este pequeño gran detalle porque los CTC no se calculan de forma
que sea una compensación generosa en el vacío; se puede tener
criterios diferentes a la hora de la valoración según la historia y
los costes reconocidos de los que hablaba, pero la realidad es que se
analizan las centrales una por una, se prefija la vida útil residual
de cada una y, en un momento determinado, se extrae como conclusión
una valoración, a la cual el Gobierno produce un factor de
disminución del 32,5 por ciento. De esta forma, se aseguraba, de
acuerdo con un calendario establecido, la recuperación de la
inversión realizada en las centrales térmicas entonces operativas,
complementando hasta un tope máximo -esto es cierto, los CTC no eran
una cantidad definida sino un tope máximo- que garantizaba la
recuperación de las inversiones, por lo que no se consiguiera vía
precios del mercado.

Aquí viene la clave de la cuestión y es lo que normalmente se olvida.

El protocolo eléctrico fue un pacto derivado de estas condiciones que
he comentado, lo que pasa es que la concreción de ese pacto se hace
en una ley, que es la
Ley del sector eléctrico que hemos discutido, y el Gobierno, que creo
que firmó un gran pacto -se lo digo públicamente y en términos
coloquiales, para tener la sartén por el mango y poder actuar frente
a las empresas eléctricas-, tenía la facultad de acelerar el proceso
de liberalización, pero en ningún sitio está escrito que ese proceso
de liberalización se haga en contra de las empresas eléctricas
españolas. En el fondo, ciertas actitudes derivan, en opinión de
nuestro grupo parlamentario, en poner en situación difícil a las
empresas nacionales frente a posibles competidores extranjeros.

(Risas.) Entiendo claramente que el Grupo Parlamentario Socialista
sea escéptico y tiene el derecho a la sonrisa, pero yo diré que
durante muchos años era preferible ser inversor extranjero en España
que ser empresa nacional. Probablemente, eso explique esas sonrisas.

Siguiendo con el hilo de la argumentación y sin distracciones,
debemos entender, y así lo entendemos, que la titulización de los CTC
es simplemente una novación del pacto eléctrico suscrito por el
Gobierno y las compañías eléctricas ante la nueva situación que emana
de la voluntad del Gobierno. ¿Cuál es la nueva situación? La nueva
situación es que, en los últimos tiempos, el Gobierno ha decidido
acelerar el proceso de liberalización y ampliar el número de clientes
elegibles hasta aproximadamente 8.000 más, con un porcentaje muy
elevado, casi el 40 por ciento, si no estoy equivocado, del consumo
eléctrico nacional total. Eso es una alteración clarísima.

Desaparecen clientes a tarifa y aparecen clientes con capacidad de
elegir en un volumen y con un tempo mucho más acelerado de lo
previsto. Pero vamos más allá, el Gobierno avisa de que probablemente
seguirá profundizando y acelerando ese proceso de liberalización del
sector. Esa liberalización procede de dos cuestiones fundamentales y
no es la más importante el descenso de los ingresos percibidos vía
tarifa por las empresas eléctricas. Desde mi punto de vista -y creo
que es lo importante, remachando lo que decía don Amadeo Petitbo-, se
fomenta la competencia porque se incrementa la cantidad de
consumidores con capacidad de elegir, y los consumidores con
capacidad de elegir tienen capacidad de presión. Habrá más
comercializadores y eso, de rebote, va a influir en las empresas
generadoras de energía eléctrica. ¿Por que? Porque ya se ve
claramente que, a corto plazo, las empresas de generación se van a
ver obligadas a introducir nuevos grupos de generación, mucho más
eficientes por razón de la competencia -primer punto-, pero también
por un segundo aspecto importante. Nosotros presumimos de tener un
gran parque de centrales y un exceso de capacidad de generación; yo
les pronostico que, por los factores cada vez más restrictivos de
naturaleza medioambiental que impone la Unión Europea, probablemente
será necesaria la amortización anticipada de muchas centrales
eléctricas hoy operativas, por lo menos de naturaleza térmica. Si no,
léase en el periódico cuál es la posición que están tomando, respecto
de centrales de gas de ciclo combinado, todas las empresas, las hoy
operadoras en el mercado, algunas que no han sido nunca operadores
eléctricos y muchos operadores extranjeros que están en fase de
solicitud de implantación.

Por tanto, hay un factor importantísimo en el ambiente, que es la
necesidad imperiosa de jubilar anticipadamente determinadas centrales
que estaban incluidas en el parque



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y en el análisis de los CTC que se había hecho de las centrales, una
por una.

Termino meteóricamente, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Tampoco tiene que ser meteóricamente.




El señor MEDINA TOLEDO: Yo sé que, en cierto modo, abuso de la
legendaria amabilidad y de la condescendencia del presidente.

Intentaré ser lo más breve posible.




El señor PRESIDENTE: Señor Medina, mis gestos eran solamente para que
vaya terminando, pero no hace falta que lo haga meteóricamente.




El señor MEDINA TOLEDO: Disciplinadamente acato sus instrucciones,
señor presidente.

En consonancia, decía, habrá que jubilar anticipadamente centrales, y
éste es un factor importantísimo que entra en juego y que no estaba
considerado. Por tanto, los nuevos operadores serán nacionales y
extranjeros, no nos olvidemos del tema. Insisto, también lo
pronostiqué, en que quien antes no tenía ningún interés ni prisa en
las interconexiones eléctricas con África y con Europa las va a
acelerar y verán ustedes que ése también será un factor de
introducción de la competencia, pero la competencia vendrá de forma
inmediata, fundamentalmente por el establecimiento en nuestro
territorio de nuevos operadores con sistemas rápidos, flexibles, de
gran rentabilidad y eficiencia económica y respeto medioambiental.

Por tanto, está muy claro que si nosotros queremos respetar el
espíritu inicial del protocolo eléctrico y del pacto eléctrico es
para que el tránsito a la competencia sea compatible con la
estabilidad económico-financiera y la capacidad de competir con las
empresas, no sea que intentando fragmentar y permitiendo que compitan
entre pequeños enanos españoles nos aparezca algún gigante extranjero
y nos cambie absolutamente el panorama.

El proceso de renovación de equipos de generación redundará también
en una mayor eficiencia, en una mayor competitividad y en mejores
precios para los consumidores. Por tanto, teniendo en cuenta esa
tensión positiva que establecen los guardianes del fuego sagrado de
la competencia y de la defensa de los consumidores -que están en su
papel-, debemos sentirnos orgullosos de nuestro proceso de
liberalización, que es uno de los más avanzados de Europa. No debemos
tener ningún complejo en compararnos con quien debemos hacerlo, que
es con los países de la Unión Europea, y no debemos tener la
ingenuidad de debilitar la posición de las empresas españolas frente
a posibles competidores, empresas norteamericanas e incluso europeas.

No deja de ser curioso que la primera alianza estratégica que el
señor Petitbo comentó no se haya producido entre los grandes colosos
teóricos, Iberdrola y Endesa, sino entre una de las empresas más
pequeñas del mercado y una empresa extranjera.

Para terminar, señor presidente, no perdamos de vista que nosotros
estamos inmersos en un proceso de tránsito a la competencia, que
tenemos la obligación -y en eso estamos de acuerdo- de garantizar que
no se produzcan
hechos irreversibles o consumados que puedan dificultar que en un
período máximo de diez años, pero que será mucho más corto por cómo
los procesos avanzan, estemos en un marco de competencia plena. Pero
como éste es un proceso complejo -como el propio señor Petitbo
reconocía-, avancemos con velocidad pero también con cautela para que
los efectos finales sean los deseados por todos.

Solicitando disculpas porque quizás me he alargado un poco, agradezco
su amabilidad y termino mi intervención.




El señor PRESIDENTE: No pida nunca disculpas, señor diputado, por
hablar en esta Cámara. De todas formas, le agradezco que haya
terminado.

Ahora procede que haya un turno final del presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia. Les anticipo que no procederá un turno de
réplica y entraremos en el siguiente punto del orden del día, que es
la posterior convergencia.




Tiene usted la palabra, señor Petitbo.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): Voy a hacer referencia a las tres intervenciones en
el mismo orden en que han tenido lugar. Quiero empezar diciendo que
de la misma forma que me sorprendió la formulación de la pregunta, me
ha sorprendido la reacción de la diputada que ha intervenido en
nombre del Grupo Socialista, entre otras cosas porque entiendo que
hacer juicios de valor como los que ha hecho debería ir acompañado de
elementos de referencia contundentes, porque si no se corre el riesgo
de que, como consecuencia de la inadaptación entre las expectativas y
las realidades, se utilicen calificativos que, o bien son
desproporcionados, o bien no se ajustan a la realidad.




Puedo comprender, porque mi capacidad de comprensión es ilimitada, la
decepción, puedo comprender la preocupación, y además quiero
agradecerle su petición de que las intervenciones del presidente del
Tribunal sean más frecuentes en esta Comisión, ya lo he manifestado
yo mismo en muchas ocasiones, pero alegar pasividad y falta de
iniciativa supone desconocer, al menos parcialmente, cuáles son las
obligaciones y los contenidos del Tribunal y cuál es la función que
realiza cotidianamente.

Hemos establecido una división de funciones entre distintos elementos
preocupados por la competencia: El Servicio de Defensa de la
Competencia, el Tribunal y la propia Comisión Nacional del Sector
Eléctrico. Lo mismo ocurre en el caso de las telecomunicaciones. En
la propia ley se dice que la Comisión tiene como objetivo analizar
cuanto ocurre en el sector y, en su caso, si considera que en
determinadas circunstancias hay vulneración de la libre competencia,
debe ponerlo en conocimiento del Tribunal. El Servicio de Defensa de
la Competencia instruye y el Tribunal juzga y en el caso de que
necesite información cuando concurre algún organismo especializado,
como es la Comisión Nacional del Sector Eléctrico, se dirige a la
misma para que efectúe los análisis técnicos correspondientes.

Todos nos hemos atenido a esta división de funciones, posiblemente
hubieran agradado más manifestaciones explícitas por parte del
Tribunal sobre esta cuestión, pero le diré que lo ha estudiado la
Comisión, lo ha estudiado el



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Servicio, y el Tribunal se ha preocupado por la misma. Lo que no
haremos nunca nosotros será manifestarnos documentalmente sobre la
base de noticias, nos manifestamos sobre la base de documentos
ciertos y sobre el análisis de estos documentos ciertos. Le diré que
de la misma forma que el Tribunal, además de juzgar conductas
presuntamente contrarias a la competencia, puede realizar informes
cuando considere que determinada conducta es contraria a la
competencia, y también puede informar sobre determinados proyectos,
las comisiones también se pueden dirigir al Tribunal para que efectúe
informes sobre cuestiones relacionadas con la competencia. Insisto
que cuando sea oportuno nos pronunciaremos, cuando haya documentos
nos pronunciaremos, y lo haremos colegiadamente, de la forma que
consideremos más oportuna en defensa de la competencia.




Me cuesta aceptar la afirmación de la devaluación del Tribunal que
propicia el Gobierno, porque entiendo que no ocurre y que en estos
momentos está pensando en medidas para reforzar los órganos de
defensa de la competencia, cuestión necesaria, entre otras cosas si
tenemos en cuenta que el número de expedientes que tramitamos en 1997
duplicaba, y más que duplicaba, los resueltos tres años antes, sin
que dejemos de atender las denuncias y los trámites necesarios. Todo
esto tiene plazos y lo que yo nunca aceptaré es que un expediente
pierda efectividad porque los plazos han sido superados.

Me hubiera gustado discutir sobre averaciones y sobre cuestiones
concretas, de la misma forma que me hubiera gustado que la pregunta
hubiera sido más precisa para no incurrir en el riesgo de no
contestar a lo que usted presuntamente esperaba que respondiera.

Otras ocasiones puede haber, y seguramente si ajustamos, como dirían
los economistas, la oferta y la demanda, el resultado podrá ser
mejor. En cualquier caso, lo que no puedo aceptar es que el Tribunal
abdique de competencias ni del hecho de que no tengamos el documento,
porque, por lo que parece ser, no somos los únicos que no lo tenemos,
además, entre otras cosas no es función del Tribunal perseguir
documentos de las empresas, porque si algo respetamos son los
acuerdos empresariales en tanto en cuanto no vulneran la competencia.




Insisto en el hecho de que si, llegado un momento, tuviéramos que
enjuiciar el tema, no dude que lo haríamos aplicando con todo el
rigor que acostumbramos a aplicar una ley de defensa de la
competencia.

Señor Sedó, ¿qué ha ocurrido desde la aprobación de la Ley del Sector
Eléctrico? Antes he hecho referencia a un conjunto de cuestiones que
han ocurrido y que me parece que son relevantes. Entre ellas, el
deseo, la voluntad de que la competencia en el sector eléctrico se
acentúe. Y ello por cuestiones que son evidentes: porque la
competencia termina contribuyendo a la reducción de los precios y -no
menos importante- fomenta el incremento de la eficiencia de las
empresas. Pero adicionalmente por otra cuestión relevante. Estamos
ante un sector que podemos calificar, desde el punto de vista
económico, como sector básico, un sector que suministra inputs a
todas las empresas y a todos los consumidores. No hay empresa ni
consumidor que no utilice energía eléctrica y, en consecuencia, lo
que ocurre en este sector tiene efectos sobre el conjunto de la economía
y sobre todos y cada uno de los operadores económicos. Por tanto,
debe preocuparnos muy particularrnente cuanto ocurre en el sector.

Debe preocupamos que en el sector eléctrico se alcancen los
beneficios de la eficiencia y los efectos positivos de la
competencia.

He hablado antes de la disminución de las tarifas de acceso, de los
pagos de garantía de potencia, de la reducción de las tarifas, de la
reducción de los costes, de una serie de cuestiones -a las que se ha
referido también el señor Medina- que indudablemente han incidido
sobre los resultados empresariales. Yeso, desde la perspectiva de la
prudencia, perspectiva que no pienso abandonar, es algo que
aconsejaba una reconsideración del marco legal establecido
previamente. Se establece un marco legal en unas condiciones, las
condiciones se modifican y, en estas circunstancias, lo sensato -me
parece- es reconsiderar el conjunto y sobre todo, garantizando que la
competencia funcione, no perjudicar innecesariamente a las empresas.

El tema es complejo e insisto en que estas cuestiones relacionadas
con la competencia no forman parte ni han formado parte de las
noticias a las que yo tenía que referirme. No entiendo la relación
causal entre la pregunta y los adjetivos utilizados.

Quiero referirme también a algo que ha dicho el señor Medina -y le
agradezco, por supuesto, los adjetivos positivos-, que
particularmente nos ha preocupado en el Tribunal y que no podemos
resolver en poco tiempo; necesitamos mucho tiempo y seguramente
tampoco podemos resolverlo como a mí me gustaría, con los medios de
que disponemos. Por ello hemos abordado, nos hemos aproximado a este
asunto -complejo en cualquier caso- sobre la base de escenarios,
porque hemos partido del supuesto de que los efectos de la
titulización -tema al que yo creo que hoy debemos referirnos- no son
independientes de su magnitud y no son independientes de los costes
reales de transición a la competencia. Y como los costes reales de
transición a la competencia no son conocidos, y no por dejación, y en
todo caso, los reales serán conocidos a posteriori, creo que es
pertinente la realización de escenarios. Los tres escenarios que
podemos diseñar grosso modo, dan lugar a resultados distintos y
posiblemente den lugar también a estrategias distintas por parte de
las empresas.

El primer escenario consistiría en suponer que el importe de la
titulización es superior a los costes reales de transición a la
competencia. Por ejemplo, supongamos que se tituliza un millón de
pesetas, 1,03, tal como ha informado la prensa, y que los costes
reales, los costes de transición a la competencia efectivos, teniendo
en cuenta todo un conjunto de circunstancias, la evolución de la
demanda, el precio de los inputs, los tipos de interés, cualquier
variable que afecte al funcionamiento de las empresas, sean
significativamente inferiores a dicha cantidad. ¿Qué ocurriría en
este caso? Ocurriría algo relevante. Y es que las empresas eléctricas
ya instaladas obtendrían ingresos extraordinarios que sin ningún tipo
de duda distorsionarían las condiciones de la competencia y
dificultarían la entrada o la consolidación de entrantes hipotéticos
recientes, nuevas barreras de entrada, en contradicción con el
objetivo de dotar a la libre iniciativa empresarial del protagonismo
que le corresponde.

El segundo escenario consistiría en suponer que elimporte de la
titulización es inferior a los costes reales de



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transición a la competencia. En este caso yo creo que las empresas
harían oír su voz. No cabe duda de que en este segundo escenario las
empresas claramente perjudicadas serían aquellas empresas eléctricas
que ya están instaladas en el mercado. En cambio, las empresas
entrantes dispondrían de algunas ventajas competitivas porque no
tendrían que hacer frente a ningún coste de estas características, en
los términos en que los costes de transición a la competencia en este
segundo escenario se convertirían en costes hundidos y, por lo tanto,
supondrían un cierto lastre sobre las empresas instaladas para
competir con las nuevas empresas entrantes que no deberían hacer
frente a dicho tipo de costes.




El tercer escenario sería absolutamente teórico e irreal
y consistiría en que el importe de la titulización coincidiera
exactamente con los costes reales de transición a la competencia, con
lo cual el efecto sería neutro. En ese escenario las empresas
recuperarían los costes de transición a la competencia, pero, como lo
recuperarían avanzadamente, ello reforzaría su poder financiero, lo
que incluso les permitiría -estoy hablando en hipótesis de
comportamiento- reducir las tarifas, imponiendo de esta forma una
suerte de barreras de entrada a nuevos competidores potenciales. Esta
no es una cuestión trivial, es una cuestión que, aun pareciéndonos
bien la titulización desde la perspectiva de las empresas existentes,
por el impacto que tiene sobre los costes y eventualmente por el
impacto que podría tener sobre los precios, aconsejaría la
articulación de mecanismos compensadores, que tuvieran como objetivo
el fomento de la competencia y de la posición competitiva de los
nuevos entrantes potenciales.

Eso nos lleva a una conclusión, que es la necesidad de efectuar un
esfuerzo adicional para precisar, en la medida de lo posible, la
magnitud de los costes de transición a la competencia. Ha habido
distintas estimaciones, la que se publicó en la ley, una cantidad
posterior procedente bien de las empresas, bien del Ministerio de
Industria y Energía, y distintos escenarios con resultados muy
diversos, incluso en el signo, efectuados por la Comisión Nacional
del Sector Eléctrico. Y aquí vuelvo a la prudencia otra vez. Cuando
las magnitudes son tan diversas, la propia prudencia y el propio
respeto al funcionamiento empresarial exigen un esfuerzo adicional
para encontrar una magnitud que no esté sometida a tantas diferencias
de apreciación. Posiblemente, de aceptar este razonamiento, se
llegaría a la conclusión de que quizás el asunto debiera tratarse no
en una sola etapa, sino en distintas; es decir, que cupiera la
posibilidad de reconsiderar la magnitud de los costes de transición a
la competencia en función, por una parte, de la evolución de los
mercados y, por otra, en función de la evolución de aquellos
elementos que inciden en el coste de las empresas. (El señor Dávila
Sánchez: Está cantando la gallina.) No canto la gallina, estoy
haciendo un ejercicio de razonamiento económico que en mi opinión es
impecable.




El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que se concentren en el tema
y no se distraigan.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): Quisiera decir al señor Medina que no he dicho que el
modelo británico fuera un modelo a seguir; he utilizado el modelo
británico como modelo de referencia entre otras cosas porque no es
particularmente difícil traspasar lo que ha ocurrido en Gran Bretaña
a otros esquemas. He intentado, quizás con poca precisión, poner de
manifiesto que en el modelo británico algunas cuestiones
fundamentales para la competencia, como la existencia de un número
suficientemente elevado de operadores económicos, fuertes, por
supuesto, siguiendo su guión, y con una dimensión similar, la
ausencia de estas condiciones dificulta esto que denominamos
competencia efectiva, la competencia que realmente contribuye a
mejorar la eficiencia de las empresas y a la reducción de los
precios. Un elemento de referencia con problemas y para llegar a una
conclusión, que espero que no sea sometida a muchas discusiones por
evidente, y es que en España todavía el número de operadores es
reducido y la contestabilidad procedente de las importaciones es
inexistente en estos momentos. Esas son las variables sobre las
cuales hay que actuar. Es cierto que el protocolo fue un pacto y que,
cuando los pactos se reconsideran, hay que reconsiderarlos
globalmente y no a piezas, porque si se reconsideran a piezas se
pueden cometer errores, en muchas ocasiones difíciles de subsanar.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SISTEMA ELÉCTRICO (Fernández Ordóñez), PARA INFORMAR ACERCA DE LAS
NOTICIAS SOBRE LA POSIBLE TITULIZACIÓN DE LOS COSTES DE TRANSICIÓN
A LA COMPETENCIA QUE SE RECOGEN EN LA LEY DEL SISTEMA ELÉCTRICO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001517.)



El señor PRESIDENTE: Concluida esta comparecencia, vamos a dar lugar
a la siguiente. Ruego al compareciente que se acerque a la Mesa
mientras despedimos al presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia. (Pausa.)
Doy la bienvenida a don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presidente de
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Una vez más, gracias por
su presencia en la Comisión de Industria. Vamos a tratar hoy un tema
sin duda apasionante e interesante. La comparecencia puede aportar
a la Comisión y a sus miembros el grado de información que requiere el
madurar las posiciones que deben adoptar los grupos parlamentarios en
torno a todo este proceso. Aprovecho la presencia del presidente de
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico para reiterarle el deseo
de esta Comisión de Industria -y creo que con ello recojo el
sentimiento de todos los grupos, aunque algunos no estén presentes-
de mantener ese diálogo, ese contacto permanente, poder continuar
haciéndolo como lo hemos hecho hasta la fecha y, si podemos mejorar
todavía más nuestras comunicaciones, hacerlo en la medida que sea
posible.

Vamos a darle unos minutos al grupo proponente, si es que lo desea.

Le rogaría que fueran casi de presentación del motivo de la
iniciativa, pues luego hará la intervención sustantiva para razonar
la comparecencia. ¿O quiere hacerlo todo en un solo turno?
(Asentimiento.) Consuma entonces su turno de fijación de posición en
el tiempo que requiera,



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pero le ruego que no sea más allá de 10 minutos, aunque seré
flexible.

Tiene, pues, la palabra el portavoz del Grupo Socialista.




El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Seré breve de todas maneras.

Gracias, señor Fernández Ordóñez, por su comparecencia para
explicarnos la posición de la Comisión en torno a la titulización de
los costes de transición a la competencia, aunque ciertamente ustedes
ya han hecho un informe exhaustivo, que es casi autoexplicativo
respecto a esa posición. Nosotros entendemos que el reproche que se
hace desde ese informe es el de la vuelta a fórmulas regulatorias
perniciosas, secretismo, pero también que la titulización, en lugar
de incidir en la bajada de las tarifas, actúa en sentido contrario,
que no supone un recorte de los CTC, sino al revés, en función de la
parte de CTC que pudieran recuperar las empresas, que elimina las
incertidumbres que pudieran tener las compañías, pero que genera
incertidumbres en el resto del sector y en los consumidores. Además,
hay un tratamiento por parte del Gobierno de compensación a las
eléctricas, compensación que no tiene sentido porque bastante
compensación se les había hecho con la insuficiente bajada de tarifas
que se llevó a cabo. No correspondía en absoluto la compensación,
desde nuestro punto de vista, y creo que también desde el de la
Comisión, por cuanto la elegibilidad, es decir, los umbrales para los
consumidores cualificados era y es una competencia que se confiere en
la Ley 54/1997 al Gobierno y que éste puede ejercer sin necesidad de
compensar en absoluto a las empresas. En cuanto a los peajes y al
cargo por potencia, pertenecen al ámbito reglamentario y por tanto
corresponde al Gobierno decidir sobre ellos.

Este grupo parlamentario ya en su día denunció el bajo umbral de
elegibilidad y los peajes abusivos que de hecho iban a impedir y
están impidiendo el acceso a la red -no se establece el suficiente
equilibrio- y, por supuesto, el cargo de potencia, un cargo de
potencia de 1,3 pesetas por kilovatio/hora en un país con
sobrecapacidad. Sobre esta cuestión de la sobrecapacidad, y
escuchando al señor Medina, al que no voy a contestar en este
momento, por supuesto, me da la impresión de que con esta
titulización de un billón de pesetas, en un contexto de bajos tipos
de interés y con esa inyección de liquidez, se va a hacer una
renovación del parque hacia las fórmulas de generación más
eficientes. Efectivamente, eso se va a hacer y la ruptura del acuerdo
que en su día firmó el ministro con los sindicatos mineros en
relación con el plan de la minería está cantada, si se produce
efectivamente esta renovación casi de inmediato como se decía. En
todo caso, convendría decir que una reducción del cargo de potencia
como la que se plantea no significa en absoluto una reducción de la
percepción por cargo de potencia que van a tener las empresas, porque
nos parece absolutamente abusivo. Si no recae sobre los consumidores
cualificados que acceden a la red, sí va a recaer en mayor medida
sobre las tarifas o sobre los costes de transición a la competencia.

Todo esto ocurre en un contexto de inoperancia del mercado de
electricidad, que, teóricamente, retóricamente se ha puesto en
marcha, porque el número de contratos es absolutamente irrelevante, y
en
un contexto de operaciones que se están llevando a cabo en estos
sectores.

Hemos pedido su comparecencia -se lo comunico ya ahora- para que nos
explique la posición que puedan ustedes adoptar en relación a estas
alianzas. Podría hacerlo ahora, si lo considera oportuno. En todo
caso, es verdad que la alianza entre la empresa dominante en materia
de gas y la mayor empresa eléctrica supone, desde nuestro punto de
vista, no sé desde el suyo, un golpe al avance en el mercado de
electricidad y otras cuestiones que se están produciendo, como el
refuerzo por parte de la concentración horizontal del sector, tantas
veces denunciada desde la Comisión, la absorción de las filiales por
parte de Endesa u otras operaciones y cada uno obviamente las ve
desde su prisma. Yo escuchaba hace un momento cómo el desembarco de
National Power en una empresa española suponía una apuesta decidida
por nuestro mercado de electricidad. Se pueden hacer también otras
interpretaciones y una de ellas muy sencilla: viendo lo que va a
pagar National Power por esa participación, habría que pensar, señor
Fernández Ordóñez, que no hay costes de transición a la competencia,
sino beneficios de transición a la competencia. Además, lo que está
ocurriendo es que todas las empresas, extranjeras o en este caso Gas
Natural, que quieren penetrar en el sector eléctrico español, lo
están haciendo a través de las empresas españolas. Ello indica que la
libertad de establecimiento en este país es pura retórica, porque no
es posible establecerse. En el caso concreto de National Power,
podría hacerlo con esa misma inversión en ciclos combinados de gas,
en lo que tiene una acreditada experiencia, y tener un parqué más
moderno y más operativo. No se hace porque da la impresión de que no
se puede.

Estas cuestiones, señor Fernández Ordóñez -y ya ve que soy breve,
señor presidente- son las que al Grupo Socialista le gustaría que nos
explicara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONALDELSISTEMA ELÉCTRICO
(Fernández Ordóñez): Sabe, señor presidente, que es un honor y una
satisfacción acudir aquí. Siempre he hecho mi exposición con
laconismo, pero hoy no voy a hacerlo, señor presidente -usted me
indicará-, porque el asunto que tenemos delante es de una gran
importancia y no sólo para el sector eléctrico. Yo no creo que
durante el debate presupuestario estas Cortes vayan a discutir un
tema de la magnitud del que se discute hoy: Un billón de pesetas. El
presupuesto del Ministerio de Justicia es de 147.000 millones de
pesetas; el de Fomento, 900.000 millones de pesetas. Por tanto, voy a
extenderme un poquito más que otras veces.

La Comisión Eléctrica ha elaborado un informe que ha presentado al
Gobierno en el que le aconseja que no acepte la petición de las
empresas eléctricas de que se establezca un impuesto sobre la energía
eléctrica, porque esto es lo que se está solicitando, para recaudar
un billón de pesetas que se ingresarían en las cajas de estas
empresas por anticipado, de una sola vez, y por tanto, no habría
posibilidad de reducir dicha cantidad en el futuro. El informe, y
ustedes lo tienen, señala que, para atender esta petición, es



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necesario aprobar una nueva ley que conceda a las empresas eléctricas
derechos adicionales que no tienen concedidos en la legislación
vigente. En opinión de esta Comisión no debería modificarse la ley
favoreciendo exclusivamente a las empresas eléctricas. No obstante,
si por otras razones se quisiera seguir adelante y conceder a las
empresas estos derechos que solicitan, aconsejamos al Gobierno en
dicho informe que no desequilibre la regulación eléctrica a favor de
las empresas eléctricas y que, si se hace alguna titulización, se
tomen otras medidas que no dejen desprotegidos a los consumidores y
no dejen a los próximos gobiernos hipotecados y sin ningún
instrumento para introducir competencia efectiva en el sector
eléctrico. Esto dijimos hace un mes en el informe. Hemos venido
trabajando estos meses en los cálculos; hoy, ni siquiera
defenderíamos, señor presidente, que se titulizara una peseta como
explicaré a continuación.

En esta intervención les explicaré que la opinión de la Comisión que
presido es que la petición de las eléctricas se ha hecho hasta ahora
-porque ayer tuvimos una entrevista con el ministro, a la que me
referiré, muy grata y muy satisfactoria- siguiendo un procedimiento
irregular, que la propuesta tiene varios componentes que pueden
llevar al engaño. La función de la Comisión que presido es
precisamente ayudar a deshacer esos engaños e introducir claridad
allí donde hay complejidad y confusión. Mostraré cómo la propuesta,
al cambiar la ley actual, desequilibra los intereses en favor de las
empresas, que en realidad no están pidiendo la titulización, sino que
se les concedan derechos adicionales Trataré también de mostrarles
que la petición, en cuanto a la cantidad solicitada, es desmesurada,
en el sentido más estricto de esta palabra, de falta de toda mesura,
de toda medida, y es excepcional en la forma en que se quieren
obtener esos derechos. Acabaré mencionando los efectos que pueden
producirse, si se acepta la petición de las empresas, que son
negativos para los consumidores y para los próximos gobiernos, en
cuanto a no dejarles capacidad para introducir competencia en el
sector eléctrico.

Quiero hablar, en primer lugar, del procedimiento seguido hasta hoy,
de la tramitación de la petición de las empresas eléctricas, que no
se ha adaptado a lo previsto en la ley de 1994, que es la primera que
introdujo transparencia en la regulación del sector eléctrico, ni a
lo establecido en la ley de 1997, y en la ley 1998 de esta
legislatura, que reiteraron la necesidad de hacer transparentes los
procesos de cambio de regulación del sector eléctrico. Estas tres
leyes, de dos gobiernos de signo distinto, exigen que cualquier
propuesta de cambio de regulación sea examinada por los interesados,
que están representados en el Consejo consultivo y sea informada
preceptivamente por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Les
pongo un ejemplo de lo que hemos hecho. En abril, los consumidores
plantearon la petición de reducir tarifas, con buenas razones: caída
espectacular del tipo de interés, ascenso importante en la demanda.

Esta petición fue al Consejo consultivo. Las empresas hicieron sus
alegaciones, dijeron que la demanda se la tomaba de alguna parte la
cogeneración, y otra serie de alegaciones que fueron recogidas por la
Comisión que presentó un informe en julio al Gobierno.

Esto no ocurre sólo en el sector eléctrico. Acaban de tener ustedes
la fijación de las tarifas de interconexión del
sector de telecomunicaciones. Telefónica presenta una petición
exorbitada, la Comisión de Telecomunicaciones la traslada a
alegaciones, hace su informe y el Ministerio la aprueba. No me
importa destacar aquí que sea el Ministerio el que apruebe la
posición de la Comisión, sino el proceso, que es un proceso
transparente, es un proceso claro, que es el que necesitan, de alguna
forma, estos mercados de falta de competencia. Yo he oído a las
empresas, en la contestación que nos han dado, defender este
procedimiento. Son dos partes, el Ministerio y las empresas, las que
deben decidir esto y nadie más. Así es como se ha hecho siempre; este
es el primer argumento. Y es verdad, señor presidente. Hasta ahora se
ha hecho así porque no existía esta ley, porque no existía una ley
que obligara a proceder de forma distinta. Este país está cambiando
las cosas continuamente y hay cosas que se han hecho tradicionalmente
de una forma y pasan a hacerse de otra. No es un argumento.




El segundo argumento es que no hay que preocuparse porque esto se va
a discutir en las Cortes. ¡Faltaría más! Todavía las empresas no
aprueban leyes. Todavía hay que venir a las Cortes para aprobar una
ley, aunque, señor presidente, las últimas indicaciones que se están
dando y que se pedirían es que ni siquiera esta Comisión discutiera
eso, porque se está pidiendo que vaya una enmienda al Senado, con lo
cual esta Comisión no podría discutir si son 200.000 ó 300.000.

Tendría que decir: sí o no, como Cristo nos enseña, que decía el
catecismo; no habría posibilidad ni de discusión por parte de este
Congreso.

Permítanme que hable un momento de la Comisión en sentido narcisista.

Me preocupa, nunca lo he hecho, pero pienso que hay que defender
estas comisiones. Creo que estas comisiones tienen sentido, no sólo
por el interés general. El interés general queda respaldado
absolutamente por el Gobierno que ha sido elegido democráticamente, y
por este Parlamento. Eesto es evidente. Pero ¿por qué estas
comisiones? ¿Por qué no hay comisiones para distribución comercial,
para automóviles, para textil, para otro tipo de cosas? Porque esos
mercados funcionan en competencia, no hay monopolio, no hay
posiciones de dominante. Por tanto, los consumidores pueden
defenderse perfectamente, eligiendo cualquier tipo de empresas. En
este tipo de sectores hay dos cuestiones muy importantes que
requieren que una comisión les ayude a ustedes y al Gobierno a
trabajar, que son unos intereses potentísimos y una complejidad, una
confusión en los temas, la mayor parte de las veces creada, porque
las cosas son muy simples, para de alguna forma llevar a sus
intereses. Esto es muy importante, porque cualquier empresario para
conseguir mil o diez mil millones de pesetas más de beneficios tiene
que bajar costes, mejorar calidad, etcétera, pero en estos sectores
no tiene más que convencer al Gobierno y a este Parlamento de que
gire la regulación a su favor, y se lleva 10.000, 20.000 ó 30.000
millones de pesetas. Esta es nuestra obligación, explicarlo; no
decidirlo, puesto que la decisión es del Gobierno, pero sí introducir
luz, introducir claridad, ya que nos dedicamos a esta misión.

Voy a hacer una exposición de la serie de trampas que se han tendido,
de los planteamientos que de alguna form, llevan al engaño, y que
pedimos al Ministerio que no los acepte . Es lógico que las empresas
lo pidan, pero no es



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lógico que lo concedamos. Si pasamos al fondo, verán que el primer
digamos engaño es pensar que aquí hay un paquete de medidas. No, hay
dos paquetes de medidas. Hay un paquete de decretos, que es la
reducción de las tarifas de peaje y la legibilidad, que se puede
hacer perfectamente sin cambiar la ley. No sólo se puede, se debe.

Según el protocolo, si bajan los tipos de interés y aumenta la
demanda, hay que bajar las tarifas. Esto no es algo que las empresas
estén ofreciendo a cambio de algo; es algo que hay que hacer. Hemos
calculado que eran nueve y pico, y corrigiendo y recogiendo las
observaciones de las empresas, ha quedado en una cifra de 8,25.

Seguimos siendo el tercer país en tarifas eléctricas de Europa.

Cuando llegó la Comisión, era el primero; ahora es el tercero, pero
sigue siendo el tercero de Europa, con arreglo al National Utility
Service, no con los datos que da Unesa y otros; con arreglo al único
consultor independiente que yo conozco. En este momento estamos
colocados en tercer lugar, insisto. Hemos hecho unos avances
espectaculares. En este sentido, coincido con el señor Medina en el
orgullo de las cosas que se están haciendo en el sector eléctrico.

Pues bien, estamos ahí. Pero tenemos que bajar mucho más y la bajada
es de un ocho y medio. Esto no es algo que sea una concesión de las
empresas, es un decreto que tiene que sacar el Ministerio. Nosotros
dijimos al Gobierno: en vez de reducir tanto la tarifa eléctrica,
redúzcala menos y amplíe la legibilidad. La ley otorga al Gobierno la
posibilidad de hacerlo. Ustedes aprobaron una ley donde había un
calendario y al final incluyeron un párrafo que decía: Si las
condiciones del mercado así lo exigen, se cambiará. ¿Debe hacerse
esto haciendo daño a las empresas? No. Allí coincidimos. Si se
aumenta la legibilidad, hay que compensarlas, porque la reducción de
tarifas de peaje significa menores ingresos para las empresas, y
estamos totalmente de acuerdo en defender a los accionistas. ¿Cómo?
Reduciendo la tarifa menos. En vez de reducir el 8,25, calculamos
cuál es el impacto del aumento de la legibilidad, y se equilibra
totalmente, rotundamente. Ni una peseta menos para las empresas
eléctricas. Ese paquete tiene su sentido. Es un paquete equilibrado,
es un paquete que surge de la ley. Pero en septiembre, después de
haber propuesto esto, las empresas eléctricas dicen: no, y además me
tituliza usted un billón de pesetas. ¿A cambio de qué? Es la
pregunta. Porque no me saque usted lo otro. Lo otro está compensado
y estamos absolutamente de acuerdo en que debe quedar compensado, en
que la regulación debe ser equilibrada para consumidores y
accionistas. Quien diga lo contrario no está en este mundo. Hay que
hacer una regulación equilibrada. Lo que sucede es que, si se cambia
la ley, ahora, inmediatamente se desequilibra en el sentido de
favorecer exclusivamente a las empresas. Por eso, las declaraciones
que habrán visto ustedes de algullos consejeros- delegados de las
eléctricas este mes, en cuanto hemos sacado el informe, me parecen
absolutamente inaceptables. Me parece inaceptable la amenaza de
decir: si no se titulizan los costes, que se olviden de bajar tarifas
y de aumentar legibilidad. No es así. Usted no fija las tarifas ni
aumenta la legibilidad. Eso lo hace el Gobierno.

Amenazar al Gobierno de esa forma nos parece absolutamente
inaceptable. No se puede amenazar al Gobierno. El Gobierno tiene toda
la capacidad de poder reducir las
tarifas, aumentar la legibilidad y hacerlo, como le proponemos, con
respeto exquisito a los intereses de los accionistas de las empresas
eléctricas. En el fundamento general coincido en esta línea con lo
que expresaba el señor Medina. No me cabe ninguna duda de que hacer
regulación contra los accionistas es absurdo, es una cosa que no
debemos hacer en ningún caso. Pero no amenacemos. Hagamos lo que
tenemos que hacer. Esto en cuanto al planteamiento general.

Entrando en la titulización, que era la pregunta que ustedes hacían,
a mí sí me parece que aquí hay el establecimiento de un impuesto. Un
impuesto ¿qué es? Lo que se impone. Aquí se va a poner un 4,5, que
nadie va a poder evadir. No hay impuesto menos evadible que la
energía eléctrica. Ustedes pueden decirle al fontanero que le pase la
factura sin IVA, que no se entera nadie, pero desde enero como no
paguen la factura eléctrica, se quedan sin luz. Esto es algo
evidente. No hay mayor impuesto que la tarifa eléctrica Y aquí se
pide por parte de las empresas eléctricas introducir un impuesto de
un 4,5. Evidentemente, hay que ir a la ley, porque eso no se puede
hacer sin venir a este Parlamento. Hay que cambiar la ley. ¿Por qué?
Porque ese derecho no se tenía, porque en la ley anterior -que me
excuso leerla porque el señor presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia, al que he escuchado, la ha leído- habrán visto que en
ningún momento hay un planteamiento de reconocimiento de derechos. Se
reconocen unos costes, y se reconoce un sistema de pagar esos costes,
sistema que hemos defendido absolutamente aquí y en nuestros
informes. Esto es muy importante. Este es el tercer engaño que
aparece en el planteamiento. Dicen las eléctricas que se va a aceptar
rebajar el límite de un billón seiscientos a un billón trescientos.

Deberían sospechar, porque si alguien quiere quitarle a sus
accionistas 300.000 millones de pesetas, sería fulminado
inmediatamente. Pero no vayamos a las sospechas; es que no es lo que
dice la ley. Es que la ley, y fue capital para que la Comisión diera
su informe favorable, lo que está diciendo es que el límite máximo de
costes de transición será eso, a partir de diez años, no se pagará, y
hay un sistema por el cual se va a ir pagando, año a año, y
calculando esos costes de transición. Esto es razonable, porque no
sabemos cuáles van a ser los costes de transición, como luego
veremos. Parémonos un minuto y veamos qué significan los costes de
transición. ¿Qué son los costes de transición de la competencia? Que
yo tengo tres billones de activos de generación, viene la competencia
y digo que sólo voy a recuperar un billón cuatrocientos. Me da usted
un billón seiscientos. ¿Qué dijimos nosotros? Espere usted un
momento, porque además esto se hizo, como se sabe, a ojímetro, y lo
dijimos en nuestro informe. ¿Y qué decimos? Que como límite está
bien, pero que esano es una forma de calcular. Porque la cantidad que
usted va a recuperar del billón cuatrocientos depende de un montón de
variables. Nosotros hicimos un informe, que ustedes tienen, cuando
señalamos el protocolo, y dijimos: Esto puede oscilar entre un billón
ochocientos, más que un billón seiscientos. Si el país entra en un
escenario catastrófico, no entramos en el euro, la demanda se
hunde... Un escenario razonable que pensamos entonces, que serían
unos 480.000 millones de pesetas y escenarios donde las empresas
tendrían que devolver dinero. Dicen ustedes:



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¿cómo es posible esto? Muy sencillo, porque simplemente con que
extiendan la vida útil, que se calculó en la memoria que sería de
tres años, es cero, y si la extienden tres años más, como son
ingresos adicionales, es más dinero que está entrando en las
empresas. Al calcular la cantidad que va a recuperar uno, si recupera
por encima de la cifra de activos, evidentemente no necesita ninguna
ayuda. O por el propio cambio del sistema regulatorio. Hay cantidad
de presas que, con el sistema anterior, estaban cobrando 0,5 pesetas
el kilovatio. Se había amortizado toda la construcción de la presa. Y
ahora van a cobrar 4,5. Esto significan ingresos adicionales, que
habría que tener en cuenta y que habría que calcular. Hacer este
cálculo es prácticamente imposible y muy difícil, aunque nosotros
hemos hecho una serie de cálculos.

Nosotros hemos hecho a lo largo de este mes, y esto se lo añado al
informe anterior, tres tipos de cálculos. Uno. ¿Qué ganarían las
empresas si no se cambia la ley, qué sacarían de coste de transición
a la competencia? Si se hacen las rebajas de tarifas que están
planteadas y la garantía de potencia desaparece el 2001, esto
significa en definitiva 8,5-8,5, un 16 por ciento, que nos llevaría a
un quinto lugar en las tarifas europeas, y las empresas recibirían
menos de 300.000 millones de pesetas. Esto es así. Segundo tipo de
cálculos que hemos hecho, los cálculos de introducir variables
razonables sobre el futuro, sobre la vida útil. Los cálculos que nos
daban 480.000 millones de pesetas y menos 400.000 en el escenario, en
este momento nos dan cifras negativas tan espectaculares que no se
las voy a dar a ustedes hoy. No quiero dárselas. Son cifras negativas
espectaculares. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Porque los
tipos de interés han caído espectacularmente. Porque la vida útil ya
no es que la digamos nosotros, es que las empresas, Endesa e
Iberdrola, están aumentando en sus memorias la vida útil y están
diciendo que las centrales nucleares pueden durar 30 años y no 15. No
hay más que irse a las memorias para ver que dicen que duran treinta
años y algunas han puesto hasta cuarenta. Por tanto, no hay más que
leerse las memorias para ver esto.

Tercer elemento, y esto es algo interesante porque los americanos se
han planteado este problema: cómo pagar estos costes de transición,
qué hacer. Y han llegado a la misma conclusión, que los teólogos
españoles de la escuela de Salamanca del siglo XVII cuando se hablaba
del precio justo. Los americanos no han descubierto nada más que
aquello que ya decia Hayek. No fue Adam Smith sino los teólogos
españoles los que descubrieron el mercado. Se discutía entonces el
precio justo. ¿Qué pagar? ¿Que costes de transición hay que pagar?
Como depende de tal número de variables, lo que dijeron
fundamentalmente los jesuitas contra los dominicos -y no quiero
entrar en detalles, pero fiueron fundamentalmente los jesuitas contra
los dominicos- fue: Mire usted, sólo Dios lo sabe y alguien que
quiera decir que vale esto pecará de soberbia. No pequemos de
soberbia, preguntemos al mercado. Vayamos al mercado y veremos qué
vale. Es lo que han hecho los americanos, han obligado a vender a
todas sus empresas eléctricas que están en línea de competencia sus
activos de generación, algunas con derecho de tanteo y retracto, para
quedárselos, pero sabemos el precio.

Señor presidente, tenemos que una empresa española,
la que dicen que tiene los peores activos de generación, que tenía en
libros 400.000 millones de pesetas y decía que necesitaba 130.000
millones de pesetas, por tanto iba a recuperar sólo trescientos y
pico mil, pone en venta sus activos y hay una empresa inglesa que
dice que eso vale 200.000 millones de pesetas más. Podemos decir que
no miremos lo que pasa en el mercado, pero yo aconsejaría que si
estamos en la vida del mercado utilicemos sus instrumentos para saber
qué valen las cosas.

Dicho esto, señor presidente, añadiré sólo dos palabras. Si esta
titulización fuera adelante habría dos efectos perniciosos: los
consumidores estarían pagando dinero que no deben a las empresas
eléctricas, tal como estoy señalando, y algo más serio y es que el
Gobierno perdería instrumentos para introducir competencia efectiva,
porque no tendría posibilidad de hacer algo que saben ustedes que nos
hemos cansado de decir, y que ha repetido y contado -y le he
escuchado con atención- el señor Petitbo, que es todo el tema de la
desinversión necesaria en este país. No voy a hablar hoy mucho de
esto, señor presidente, porque sé que esas cosas necesitan tiempo.

Cuando en esta economía española decíamos hace 30 años que había que
desprotegerla, la gente decía que qué horror, si proteger es bueno
desproteger será malo. Ahora decimos que hay que desinvertir y dicen:
si invertir es bueno, desinvertir será malo; si comer es bueno,
desinvertir es como vomitar, esto debe ser una cosa horrible. Pues
mire usted, los americanos lo hacen y los ingleses lo exigen.

Hay una premisa que he utilizado siempre que es que los americanos no
son idiotas. Uno puede variar e ir con otras premisas, pero esa es la
que yo he utilizado continuamente. No quiero hablar de esto, señor
presidente, creo que es un tema importantísimo del que habrá que
hablar en algún momento, porque aquí el problema fundamental ahora no
es tanto la incorporación de medidas adicionales si hubiera
titulización sino calcular cuidadosamente, no medir a ojo; no podemos
dar 1.000 millones de pesetas a ojo y mucho menos 10.000 y mucho
menos 100.000 y mucho menos un billón. En cualquier procedimiento
presupuestario si mañana el Ministerio de Justicia dijera: Yo quiero
doblar el presupuesto, que es sólo darle 147.000 millones de pesetas,
poniendo un impuesto que sería la quinta parte del que estamos
hablando hoy, el Ministerio de Hacienda le diría: ¿Para qué? Y no se
decidiría así como así. Esto es algo muy serio y es lo que debemos
hacer.

Si en algún momento ustedes han inferido de mis palabras que estaba
haciendo una crítica a la actitud de las empresas, quiero decirle que
no es cierto, que considerándome experto en el funcionamiento de
economías del mercado, estimo que las empresas eléctricas españolas
planteando al Gobierno esta petición han hecho lo que deben hacer,
han actuado correctamente. Un sistema de economía de mercado, un
sistema capitalista -para hablar claro- sólo funciona bien si las
empresas tratan de maximizar sus beneficios y retrasar la competencia
al máximo. Las empresas no se han equivocado, los que nos podemos
equivocar somos nosotros, los que como la Comisión, el Gobierno o
esta Cámara nos debemos dedicar no a defender intereses privados sino
intereses públicos.

Cuando yo estaba en el puesto del señor Petitbo dedicándome a la
defensa de la competencia, me impresionó



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una frase que un colega mío le dijo a un gran empresario de otro
país. Le dijo: Su obligación es tratar de quedarse con todo el
mercado y la mía impedírselo. Y es que para que funcione
adecuadalnente la economía de mercado es esencial que exista alguien
que se preocupe de la defensa del interés público, en este caso la
Comisión eléctrica, el Gobierno, ustedes, para compensar la actuación
de aquellas empresas que no están todavía en competencia, porque el
mercado no se construye haciendo caso a los empresarios sino a base
de que rivalicen, de que traten de buscar el favor de los clientes.

Si algún empresario les dice a ustedes que quiere impulsar la
competencia, no le crean, miente. Lo que quieren siempre los
empresarios es huir de la rivalidad, huir de la competencia. Esa es
su obligación. Pero importa la forma en la que huyan de la
competencia. Es bueno cuando lo hacen introduciendo nuevos procesos,
diseñando nuevos productos, reduciendo costes, operando mejor sus
instalaciones porque eso aumenta el bienestar social, pero cuando lo
quieren hacer utilizando el poder del Estado, creando un impuesto,
cambiando las leyes, impidiendo la actuación de sus rivales, hay que
negarse. No hay mercado sin Estado, el Estado es esencial para
establecer y defender un marco que obligue a la competencia y es lo
que permite que las ventajas e innovaciones que se vayan produciendo
de mejora de costes de calidad vayan trasladándose a los
consumidores. Si no hay esa rivalidad, los beneficios de toda mejora
y de todo avance quedarán en manos de las empresas monopolistas o
protegidas y los consumidores no se verán beneficiados.

Esto es algo que vio Adam Smith con claridad meridiana cuando hizo su
famosa investigación sobre el funcionamiento de los mercados.

Permítame, señor presidente, que lea una cita breve, pero que parece
que está escrita para hoy. Decía en el capítulo IX, en la página 397:
Cuando algunos empresarios hagan una propuesta de una nueva ley o una
nueva regulación, dicha propuesta debe ser siempre excusada con gran
precaución y nunca debe ser adoptada hasta haber sido larga y
cuidadosamente examinada, no sólo con la más escrupulosa atención
sino con una atención llena de sospecha, precisamente porque esa
propuesta ha sido planteada por un género de personas, los
empresarios, cuyo interés nunca es exactamente el mismo que el del
público en general, porque siempre tienen un interés en engañar,
incluso en explotar al público y, de acuerdo con ese interés, en
muchas ocasiones le han engañado y le han explotado. No es Carlos
Marx, señor presidente, es Adam Smith. (Risas.)
Esta es mi conclusión, señor presidente. Este Parlamento aprobó una
buena ley el año pasado, nosotros la informamos favorablemente;
recuerdo, señor Hernández Moltó, cuando nos echó en cara el haber
informado favorablemente. Era una ley excelente en el sentido de los
costes de transición a la competencia. Ahora se quiere cambiar y
nosotros decimos que no se debe cambiar.

Quiero terminar diciendo que ayer recibió a la Comisión el señor
ministro y estamos no sólo agradecidos sino absolutamente encantados
con esa entrevista, porque nos dijo dos cosas importantes: una, que
no se ha tomado la decisión; dos, que se cumplirán las formas. Lo
verá el Consejo consultivo, lo verá la Comisión. Es algo
extraordinariamente importante. Aunque a lo mejor debería habérselo
dicho a ustedes el señor ministro, me parecía que hoy, que podría
parecer que ha habido crítica, debía decirlo.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Quiero darle las gracias, don Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, por haber reconocido que esta Comisión hizo una
buena ley. Siempre es agradable escuchar de alguna persona autorizada
en los ámbitos en que legislamos el reconocimiento de que hemos hecho
un buen trabajo legislativo en una materia.

Señorías, si les parece, procede ahora un turno de fijación de
posición que yo les rogaría que fuera muy breve, puesto que el
interés de la comparecencia era conocer la opinión del presidente de
la Comisión. Les ruego que en tres o cinco minutos utilicen un turno
de réplica.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fernández.




El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Sólo quiero formular una pregunta en
relación con un elemento que ha introducido el señor Fernández
Ordóñez. Usted reiteradamente ha hablado de impuesto en esta
afectación que se hace a la tarifa eléctrica por el 4,5 por ciento
durante muchos años. Estamos de acuerdo con esa concepción y le
preguntamos si corresponde aprobar ese impuesto mediante una enmienda
a la ley de acompañamiento en lugar de con una ley específica y si,
en su opinión, eso sería constitucional, señor Fernández Ordóñez.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: Señor Fernández Ordóñez, le saludo en nombre
de mi grupo con motivo de su comparecencia ante esta Comisión en la
que, como he dicho antes, participo con una función de sustitución.

Aunque usted ya lo sabe por haber estado presente en la anterior
comparecencia, -no voy a extenderme en la introducción tanto como
antes-, tengo que decir, a efectos de que conste en el «Diario de
Sesiones», que nuestro grupo considera la cuestión que estamos
tratando como una modificación de la Ley 54/1997 del Sistema
Eléctrico, y que, por lo tanto, la vía que debería seguirse es la del
trámite parlamentario correspondiente. Usted ha entrado en ello muy
claramente en su intervención, por lo que sólo me resta añadir que a
nuestro grupo, que dio soporte a la ley en el trámite parlamentario,
le hubiese gustado conocer mejor y más en detalle cómo se han ido
produciendo los hechos. (El señor vicepresidente Gómez Darmendrail
ocupa la Presidencia.)
En mi anterior intervención he dicho que tenía varias preguntas, pero
no se las voy a hacer porque nos piden rapidez y porque leyendo lo
que nos ha explicado veo que ya las ha contestado. Recogeré de su
exposición las frases que responden a lo que quería preguntarle.

Usted ha dicho que es una cuestión muy seria, y nosotros creemos que
lo es. Nos congratulamos de que usted opine así y también de la muy
extensa y detallada intervención que ha realizado. Lo único que me ha
preocuado ha sido que con tanto runrún admirativo como había en la
sala hubiese un trasfondo



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político no independiente o imparcial; pero tengo que decir
francamente que ha quedado superada mi inquietud por su intervención
final, ya que usted ha demostrado que su posición es la correcta.

Como he indicado, voy a analizar a.fondo su intervención, porque
puede ser base de las respuestas a nuestras dudas y de aclaración
sobre dónde va a situarse en el futuro nuestro grupo en este tema.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Finalmente, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETAÁLVAREZ VALDÉS: En primer lugar, agradezco al señor
Fernández Ordóñez su extensa y fundada argumentación que, como en
otras ocasiones, ha venido a poner un hecho importante en
conocimiento de esta Comisión.

Yo he leído con interés el informe emitido por la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico, de 28 de septiembre de 1998, donde se aconseja
al Gobierno que no titulice los CTC, y he escuchado en este momento
los argumentos que el señor Fernández Ordóñez nos ha expuesto. De su
intervención, me quedo con dos frases: la primera, que los avances en
la liberalización fueron espectaculares y que la Ley del Sistema
Eléctrico fue una buena ley; y la segunda, que su intención -como ha
dicho y consta también en el informe de la Comisión- en modo alguno
es perjudicar a las empresas eléctricas, sino proteger al consumidor
en este mercado. Estas son dos frases importantes y que, lógicamente,
vienen a justificar la actitud del presidente, señor Fernández
Ordóñez.

Sobre el informe surgen diferentes cuestiones. En primer lugar, se ha
dicho que el procedimiento seguido fue oscurantista, al haber
negociado el Miner con cuatro empresas eléctricas sin participar los
consumidores, autogeneradores y nuevos competidores. A esta
manifestación hemos de alegar que el procedimiento desarrollado por
el Miner, los contactos con las empresas, es indiscutiblemente
legítimo y fue seguido primero por el protocolo y después, en parte,
por la Ley del Sistema Eléctrico, en el año 1996, aunque ahora han
cambiado las circunstancias, y también en el desarrollo de
actuaciones anteriores como el suscrito por la Administración en el
año 1983.

Por otra parte. he de manifestar que el consejo de administración de
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico difundió el informe sin
haber tenido -al menos esa es la noticia que nos han trasladado- el
informe previo ni discusión del Consejo consultivo y sin oír a los
integrantes de dicho Consejo. En este proceso que se está siguiendo
hay un punto esencial a destacar, que es que en el apartado tercero
del acuerdo segundo del protocolo se señala literalmente que durante
el ejercicio de 1998, en el que se inicia el nuevo sistema descrito,
se realizarán las comprobaciones necesarias, más el funcionamiento,
comprometiéndose el Miner a introducir las modificaciones que
resulten convenientes o necesarias para lograr los objetivos
propuestos, siendo esto lo que están realizando en el momento actual
el Ministerio, las empresas y entes relacionados con el sector.

Es necesario recordar que el protocolo no tenía fuerza de ley. La ley
fue objeto de un trámite parlamentario que verdaderamente ha
garantizado la transparencia y la participación,
y los reales decretos posteriores establecieron el
desarrollo del sistema. La Administración y las empresas no firmaron
ningún compromiso. Esta ley se desarrollará, como las anteriores,
mediante una tramitación parlamentaria en el momento en que el
Gobierno lo considere procedente. Es cierto -y lo dice el informe-
que en el momento actual los CTC están definidos en la disposición
transitoria sexta de la Ley 54/1997 y en el Real Decreto 2.017/1997 y
que será necesario, para evitar la ilegalidad, ir al Parlamento.

Parece que esto es lo que les ha transmitido ayer el señor ministro.

El objetivo propuesto en el protocolo era claro y terminante:
liberalizar el mercado eléctrico español con un calendario de
apertura más ambicioso que el establecido para los países de la Unión
Europea en la directiva sobre el mercado interior de la electricidad.

Nuestra intención era clara: en primer lugar, conseguir una rebaja de
los precios eléctricos españoles que permitiera mejorar su situación
en el contexto europeo, y, en segundo lugar, el establecimiento de un
proceso de cambio que hiciera posible la adaptación gradual de las
empresas eléctricas a la competencia. En primer lugar, el acuerdo
para la revisión del protocolo, que se está negociando, acelera el
ritmo liberalizador del mercado eléctrico en cinco años con respecto
a lo previsto en la ley. En 1999, 8.000 empresas pueden elegir
suministrador, el 50 por ciento de la demanda nacional, un tercio de
la facturación del sector, lo que asegura la apertura del 42 por
ciento del mismo durante 1999. En segundo lugar, garantiza
importantes reducciones de los precios eléctricos para todos los
consumidores: para los cualificados, disminución de las tarifas de
acceso en un 25 por ciento y la garantía de potencia en una peseta
kilovatio; para los no cualificados, mediante bajadas de tarifa para
los próximos tres años, lo que supondría un descenso de tarifas en el
período 1997-2001 del 10,7 por ciento, en términos nominales, y del
18,8, en términos reales, situando los precios españoles en la banda
media de los países de la Unión Europea. Nos ha dicho que en el
momento actual se ha producido un avance, y lógicamente nos podemos
considerar hoy en la media de los países europeos. En tercer lugar,
se facilita la adaptación gradual de las empresas eléctricas a esta
aceleración de la implantación del nuevo sistema a través de la
titulización de sólo una parte, 1 billón 300.000 millones, de la
totalidad de los costes de transición a la competencia, que
anterionnente estaba fijada en 1 billón 96.000 millones.




Sabemos que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico hizo una
propuesta mucho más agresiva de reducción de tarifas para 1998 del 12
por ciento, un 8,4 por ciento adicional a la ya aplicada, pues la
evolución de la demanda era importante, del 3,5 se había elevado al
5,5. También jugaban un elemento fundamental, la caída de los tipos
de interés -del 4,3 frente al 6 por ciento-, y otras variables que
son trascendentales en el informe que emite la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico.

Es necesario mentalizarse de que ha cambiado indiscutiblemente el
marco regulador. A partir de ahora la fuerza que hará bajar los
precios que los clientes pagan será unica y exclusivamente la
competencia. En el informe de la Comisión se pone especial énfasis en
recomendar que seprohíba a las empresas eléctricas la titulización de
los CTC,



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al considerarlos indiscutiblemente como una ayuda a la que las
empresas eléctricas no tienen derecho al margen de cuál sea su
cuantía.

Hemos examinado los criterios de las empresas. Dicen que para ellas
no constituye una ayuda, sino un derecho reconocido en la Ley
eléctrica, fijando una retribución de 1,96 billones, teniendo en
cuenta que el Estado tiene la facultad y potestad de modificar la
regulación de los servicios que están sometidos a tarifa regulada,
pero también la obligación de indemnizar a los agentes afectados
cuando ello suponga una variación de las condiciones económicas en
las que presta dicho servicio. Ese reconocimiento existe no sólo en
España, sino también a escala internacional.

Otro tema que también se ha tratado en el inforrne es la cuantía de
los costes a la transición. La ley establece que las empresas
eléctricas recibirán una retribución, en concepto de CTC, no superior
a 1,96 billones de pesetas. Es de recordar que la anterior
Administración, en 1996, la situó alrededor de 3 billones de pesetas.

En el momento actual se ha hecho por las empresas una quita del 32,5
en la solicitud que han presentado al Gobierno, que se fijó en 1,96
billones. Este importe es máximo, pudiendo reducirse en función de la
marcha del mercado y otras variantes.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, en los
informes que nos han presentado, fijaba la cifra en 480.000 millones
de pesetas. Hemos oído en palabras del presidente que hoy día no se
daría por este concepto una sola peseta. Lo que estamos viendo es que
fijar con claridad y concretar la cifra de los CTC es un problema
delicado y resulta muy difícil llegar a una cantidad exacta y clara
de lo que va a representar. No hay que olvidar que, hasta el año
1997, el suministro de la electricidad era un negocio fuertemente
regulado en el que las nuevas inversiones respondían a una
planificación elaborada por el Estado. Hoy día, los nuevos proyectos
tienden -es una garantía- a la rentabilización de las inversiones.

Terminando con las palabras expresadas por el presidente de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, lo que se ha hecho hasta el
momento por parte del Gobierno es ponerse en contacto con las
empresas, no se ha tomado ninguna decisión, todo va a ser objeto de
revisión y de trámite y en todo momento el Gobierno cumplirá las
formas y la legalidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Para terminar la
comparecencia, tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONALDELSISTEMA ELÉCTRICO
(Fernández Ordóñez): Es verdad, señor Fernández, que lo hemos
denominado impuesto -no lo he aclarado mucho por acortar la
intervención-, pero el impuesto que se está pidiendo es un impuesto
excepcional, afectado, que se cobra por anticipado y que es
inmodificable; se pueden modificar las pensiones, pero si titulizan
no podrían modificar la titulización. Por tanto, lo es.

En cambio, respecto a la pregunta que usted hace, la Comisión
considera que no debe entrar en esa cuestión. Es una cuestión
política y la Comisión no entra a decir cómo se debe hacer esto.

Señala cuando no se le consulta y cuando
no se consulta al Consejo consultivo y, si se hace, de qué forrna,
como he señalado hoy, pero la Comisión no va a entrar en ningún
momento a decir si es constitucional o inconstitucional la forma en
la que el Gobierno considere llevar esto adelante. Nos preocupamos de
lo nuestro, que se consulte al Consejo consultivo de la Comisión,
pero no entramos en ese tipo de consideraciones porque no es asunto
nuestro, sino de ustedes, de los representantes políticos.

Señor Landeta, no voy a entrar en el tema del procedimiento, sobre
todo por el adagio alemán: Todo lo que acaba bien está bien. Si ayer
el señor ministro nos dice que se va a cumplir y que se va a hacer,
el procedimiento está bien. Por tanto, no vamos a hablar del pasado.

Sí quisiera transmitir la idea de que estamos absolutamente de
acuerdo con la aceleración del proceso de elegibilidad y con un
montón de contenidos, pero tratamos de decir que la compensación
a eso ya viene dada con la no reducción de tarifas, no hay más que
hacer cuentas. Lo consideramos muy positivo. ¡Cómo no varnos a
considerar muy positivo eso! Sería ir contra nosotros, entre otras
cosas, porque llemos dicho al Gobierno que lo haga. Nos parece muy
razonable. Nuestra propuesta de reducción de tarifa de peajes era
menor que la del Ministerio porque creemos, respecto a este pastel,
que, en vez de dar un 36 por ciento a 6.000 empresas, debe darse un
15 por ciento a 60.000 empresas porque aquí se va a favorecer a las
grandes y extranjeras frente a las medianas. Pero no estamos diciendo
que se quite una peseta a las eléctricas sino que la reducción de
ingresos de las eléctricas quede distribuida entre las medianas
empresas y no sólo entre las grandes porque puede suceder que mañana
-no doy nombres- las grandes distribuidoras comerciales, que son
todas extranjeras, tengan una rebaja de 1.000 millones de pesetas y
el supermercado español, que está al lado, del 2,5. Este es un tema
no sólo de justicia sino de ampliación de competencia. Insisto, nunca
queremos quitar una sola peseta.

Estoy absolutamente de acuerdo en que el avance de la ley ha sido muy
importante. Usted conoce nuestras diferencias, consideramos que falta
algo por hacer que no hace la Ley de 1997, que es la competencia
efectiva, pero cuando uno se compara con el resto de los países, se
compara favorablemente. Nos estamos preparando para la competencia,
porque no hay competencia. Un mercado en el que cuatro venden a
cuatro no es un mercado. Estamos diseñando el sistema para que eso
funcione si algún día alguien toma las decisiones. Por tanto, acuerdo
absoluto.

Sobre los derechos no voy a insistir. Yo le daría, señor Landeta, una
prueba del nueve. Si uno tiene un derecho ¿para qué quiere cambiar la
ley? Si quiere cambiar la ley es porque no lo tiene. Esto es una
prueba muy rápida. Yo sé que tienen poco tiempo, señor presidente, y
no quisiera alargarrne más.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Muchas gracias, señor
Fernández Ordóñez, por su comparecencia y por sus explicaciones.

Vamos a suspender la sesión dos minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




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PROPOSICIONES NO DE LEY:



- RELATIVA A LA COMISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/
000537.)



El VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): El punto 3 del orden del día
trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, pero no veo a su portavoz. Si les parece a SS. SS.,
la dejamos para el final.

Pasamos al punto número IV: Proposición no de ley relativa a la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. El grupo proponente es el
Grupo Socialista del Congreso. Tiene la palabra su portavoz, el señor
Ros.




El señor ROS MAORAD: La ley 40/1994 en su artículo 6, titulado,
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, dice en su apartado 1: Como
ente regulador del sistema eléctrico nacional y con el objeto de
velar por la objetividad y transparencia de su funcionamiento se crea
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional como entidad de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como
plena capacidad de obrar.

Es incuestionable, por tanto, que el objetivo de esta Comisión es
velar por la objetividad y transparencia del sistema eléctrico en su
conjunto y por ello, como es lógico y contempla la ley, ampara la
independencia de sus miembros. Esta independencia, a juicio del Grupo
Socialista, es imprescindible para que la regulación no quede
influida por intereses económicos o políticos. Para afianzar la
garantía legal de independencia en las actuaciones de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional, la relación entre su Consejo y el
Congreso de los Diputados debe ser, a nuestro juicio, tan amplia como
resulte posible dentro del ámbito legal de la Ley 40/1994.

Esta relación ya se plasma, por otra parte, en la intervención del
propio Congreso de los Diputados en el nombramiento de vocales y
presidente del consejo de dirección y en la remisión a las comisiones
competentes del Congreso de los Diputados y del Senado en una memoria
anual de actividades.

Respecto al nombramiento, la Ley 40/1994, en ese mismo artículo al
que hacía referencia, dice en su apartado 3: El presidente y los
vocales serán nombrados mediante real decreto por el Gobierno a
propuesta del ministro de Industria y Energía, previa comparecencia
del mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los
Diputados para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos
de las condiciones indicadas en el apartado anterior.

Por otra parte, después de la comparecencia del presidente de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional no creo que haga falta que yo
cante la valoración y la importancia de esta Comisión cuando el
propio presidente acaba de decir que en este entramado presupuestario
en el que se encuentra el Congreso, los asuntos que trata esta
Comisión son de gran envergadura económica, además de tener otras
repercusiones sociales en lo que afecta a los consumidores. Es, por
tanto, una Comisión que tiene, a todos los efectos,
una importancia equiparable a otros consejos que están funcionando
también en España. Me refiero en concreto al Consejo de Seguridad
Nuclear.

Como SS. SS. conocen, el Consejo de Seguridad Nuclear, igual que la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, emite dos informes
semestrales a lo largo del año. Cada vez que un informe aparece en el
Congreso lleva inmediatamente aparejada la comparecencia del
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Buscando ese mismo
parangón, aunque haya alguna diferencia jurídica si se compara el
Consejo de Seguridad Nuclear con la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional, a nuestro grupo le parece que éste sería el modelo a seguir
también para el funcionamiento de la Comisión, de forma que cada vez
que la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional envíe el informe
semestral lleve aparejada automáticamente la comparecencia de su
presidente ante esta Comisión.

No quiero cansarles, como les decía anteriormente, respecto a la
importancia de esta comisión, simplemente déjenme que les lea una
parte del índice de lo que es la última memoria de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional para ver la importancia de la misma.

Aspectos como el nuevo modelo del sector eléctrico, actividades
eléctricas reguladas, el transporte, distribución y operación del
sistema, el período transitorio, los costes de transición a la
competencia, la concentración, separación de actividades y
diversificación, las tarifas, nivel y estructura de los peajes, el
nuevo plan de reordenación del carbón, y así un listado
importantísimo. La Comisión del Sistema Eléctrico Nacional merecería
por este Congreso a nuestro juicio el mismo tratamiento que en estos
momentos hay para el Consejo de Seguridad Nuclear.

Por todo ello, señor presidente, mi grupo propone que el Congreso de
los Diputados inste al Gobierno a que el presidente de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional comparezca ante la comisión competente
de esta Cámara al menos una vez al semestre, sin que sea necesaria la
petición expresa de grupo parlamentario en particular a tal efecto.

El contenido de la comparecencia se referirá al menos a las
actividades desarrolladas por la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional en el último semestre y a la visión de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional sobre la situación del sistema eléctrico
en el momento de la comparecencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Sabe S. S. que ha habido
un cambio de denominación después de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, por lo que si se aprobara esta proposición no de ley,
pasaría a ser Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que es como se
denomina.




Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Voy a consumir un turno en contra de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista con base
en los siguientes razonamientos. En primer lugar, la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece en su artículo 6.°
que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico estará adscrita al
Miner; el presidente y vocales serán nombrados



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mediante real decreto por el Gobierno a propuesta del Ministerio de
Industria y Energía, previa comparecencia del mismo y debate en la
comisión competente del Congreso de los Diputados. El artículo 8.° de
la mencionada ley establece las funciones de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, y en la 19.ª señala elaborar anualmente una
memoria de actividades que se remitirá a las comisiones competentes
del Congreso de los Diputados y del Senado. En consecuencia, la ley
prevé taxativamente las funciones de la comisión, entre las que no
figura la realización de comparecencia en ninguna de las cámaras. Por
tanto, la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico sólo se debería producir como respuesta a la
solicitud expresa de un grupo parlamentario y por el cauce
reglamentario, teniendo en cuenta que la comisión está adscrita al
Miner para el tratamiento de hechos puntuales y no con carácter
periódico para informar de las actividades desarrolladas por la misma
en el semestre. Por último, tenemos que señalar que conviene
especificar que la casuística de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico es diferente a la de otros organismos, como por ejemplo el
Consejo de Seguridad Nuclear, ya que mientras aquélla está adscrita
al Miner y es a éste al que debe de rendir cuentas, el Consejo de
Seguridad Nuclear depende directamente del Parlamento y está obligado
por ley a informar al mismo cada seis meses. Es decir, lo que se
especifica para la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en modo
alguno puede aplicarse para el Consejo de Seguridad Nuclear. Por todo
ello, nuestro voto va a ser negativo a la proposición no de ley
propuesta por el Grupo Socialista.




- SOBRE REALIZACIÓN DE UN PLAN DE FOMENTO DE LA COGENERACIÓN DE
ENERGÍAELÉCTRICA. PRESENTADAPOR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000343.)



El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): En vista de que está la
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
retomamos de nuevo el punto número 3: proposición no de ley sobre
realización de un plan de fomento de cogeneración de energía
eléctrica.

Por parte del grupo proponente, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: En primer lugar pedir disculpas a la
Comisión de Industria por el retraso de esta portavoz para poder
venir a defender su iniciativa ya que teníamos una reunión convocada
con representantes de 300.000 ciudadanos y ciudadanas de una comarca
de la Comunidad Valenciana y ha sido imposible acabar antes. Por
tanto señorías, vayan mis disculpas por delante.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Está absolutamente
excusada.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.




Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta
esta iniciativa entendiendo necesario que
dentro de nuestro Estado se diversifiquen cada vez más las formas de
producción y generación de energía eléctrica, para conseguir que
vayamos adaptando nuestro consumo eléctrico a un tipo de generación
que sea cada vez más respetuosa con el medio ambiente, y que al mismo
tiempo cada vez sea mucho más rentable para los propios usuarios, más
económica y que desde luego permita generemos una energía más limpia.

Dentro de nuestro planteamiento político a la hora de los temas
energéticos siempre hemos defendido que había que apoyar todas las
alternativas a la generación de energía común hasta estos momentos o
más tradicional, y la cogeneración es uno de los elementos que puede
fundamentalmente permitir a determinados sectores de la industria o a
otros sectores de servicios tener suministro de energía eléctrica
cogenerado, que además les permite rentabilizar de alguna manera la
inversión que necesitan para realizar la cogeneración al mismo tiempo
que mejoran sus niveles energéticos.

Señorías, nosotros hemos planteado esta iniciativa precisamente
porque consideramos que es una ventaja que posibilita un importante
ahorro de energía primaria al producir la electricidad con unas
elevadas tasas de rendimiento; que disminuye el nivel de
contaminación, como decía antes, al emplearse globalmente menos
combustible y ser éste frecuentemente de mejor calidad. Yo creo que
todos coincidimos en que la generación de energía eléctrica por gas
natural es siempre menos contaminante que la producción de energía
por centrales térmicas que utilicen carbón o la generación a través
de la energía nuclear. Además, al aumentar la oferta suaviza las
tensiones de los picos de demanda eléctrica, con la ventaja de no
tener que realizar cuantiosas inversiones de generación eléctrica, es
decir no son cuantiosas ni grandes inversiones porque no es una
central propiamente dicha pero sí permite que se pueda generar y
además rentabilizar. Creemos que los procesos de cogeneración son
continuos, por norma general, y por tanto sus aportaciones ayudan a
que estos picos se mantengan de una manera determinada.

El hecho de que planteemos esta iniciativa viene dado,
fundamentalmente, porque es necesario que se acometan líneas de
intervención que corrijan o limiten los problemas que existen. En
realidad hay una falta de recursos para que se puedan acometer planes
de cogeneración. También existe otro problema y es por parte de los
posibles usuarios que no se conocen los recursos financieros que se
necesitan para afrontar las inversiones iniciales o que existan
posibilidades de ahorro teniendo energía a través de la cogeneración;
además hay falta de sensibilidad en materia medioambiental, ya que
todavía no hemos alcanzado un nivel óptimo y muchos usuarios
desconocen que con este tipo de generación de energía eléctrica
podrían beneficiarse económicamente y al mismo tiempo estarían
respetando el medio ambiente y colaborando a su mantenimiento y no a
su destrucción. Asimismo existe un grado de desidia bastante alto por
parte de la Administración respecto a cualquier alternativa a la
generación de energía por el modelo tradicional.

Por todo ello, señorías, creemos necesario que se realice un plan de
fomento de la cogeneración destinado al ámbito empresarial y a las
administraciones. Las administraciones públicas también pueden tener
planes de cogeneración



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y utilizar instalaciones de cogeneración para mejorar su calidad
energética, evitar que haya aumento del consumo de la energía y que
por tanto haya una reducción de las materias primas para producción
de energía que son más contaminantes.

Al mismo tiempo creemos que se debe llevar a cabo creando una línea
de crédito o promocionando las existentes a través de las entidades
financieras para que se posibiliten los proyectos de cogeneración. De
esta forma se podría incluir en estos créditos la posibilidad de
devolución con los ingresos procedentes de la venta de la energía
eléctrica producida en estos proyectos. Como saben ustedes, en la
cogeneración, una vez consumida por el cogenerador la energía que
necesite, puede llevarse a la red para uso general. Señorías, es
necesario que el Estado, el Gobierno se comprometa a que se realicen
esos proyectos en los centros que la propia Administración tiene y
que pueda ser efectivo, que sean rentables y que además sean
susceptibles de llevarse a cabo. Los espacios que consideramos
prioritarios y que son factibles para que se puedan llevar a cabo
estos proyectos son los hospitales públicos, que tienen un alto
consumo energético y que podrían utilizar la cogeneración como forma
de rentabilizar su uso energético y de mejorar sus calidades
energéticas. También es necesario que se pueda planificar en las
empresas, junto a la iniciativa privada, la promoción de industria de
bienes de equipo e ingenierías que puedan suministrar los equipos y
proyectos necesarios para el plan de cogeneración. Con ello
pretendemos que el plan que estamos proponiendo no se limite sólo y
exclusivamente a un fomento de la cogeneración en general, sino que a
través de este plan de fomento de la cogeneración se potencie la
construcción de los equipos y la intervención de las empresas
privadas en esta promoción dentro del Estado español.

Señorías, pretendemos que de una forma indirecta este tipo de planes
y de proyectos contribuyan a aumentar la creación de puestos de
trabajo dentro de nuestro Estado. Saben SS. SS. que el Grupo Federal
de Izquierda Unida defiende constantemente que a través de la
modificación y de la puesta en marcha de proyectos de carácter
medioambiental se generen puestos de trabajo. Esto es importante y no
deberíamos dejarlo en el cajón del olvido, porque desde los recursos
existentes podemos incidir para potenciar una mejora en la generación
de energía eléctrica, podemos contribuir, por un lado a mejorar y a
ser más respetuosos con el medio ambiente, y por otro a generar
puestos de trabajo, además de rentabilizar la inversión que se hace
en cogeneración, beneficiando económicamente a las empresas privadas
que puedan tener proyectos de cogeneración por la rentabilidad que
supone la generación de energía eléctrica a través de este sistema.

Creemos que es una iniciativa que puede mejorar y que además debería
ser apoyada, y esperamos que así lo sea por la mayoría de la Cámara,
porque viene a incidir en el plan de energía que tiene aprobado el
Gobierno que comprendía -si no recuerdo mal- desde el año 1995 al año
2000 y que cuando hablaba de cogeneración la dejaba como una fuente
de generación de energía eléctrica, pero consideramos que ha sido
abandonada últimamente, muy dejada de lado y debería recibir un
impulso y un apoyo por
parte del Gobierno y a través de esta iniciativa consideramos que así
lo hacemos.

Por tanto, creemos necesario que sea apoyada para mejorar como he
dicho antes la calidad medioambiental, para poder mejorar los puestos
de trabajo, y además, para rentabilizar mucho mejor la energía que se
produce en estas empresas y que les pueda beneficiar económicamente,
tanto por reducir su factura eléctrica, como por los beneficios que
se puedan producir después también a la hora de rentabilizar sus
inversiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por parte del Grupo
Socialista, se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de
ley. Para su defensa tiene la palabra el señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo primero que debo decir en nombre del
Grupo Socialista es que la iniciativa de Izquierda Unida nos parece
positiva en su conjunto y por tanto la vamos a votar favorablemente,
con independencia de la suerte que corran las enmiendas que hemos
presentado, es decir tanto si son aceptadas o no por el grupo
proponente. No obstante, con las enmiendas que hemos presentado no
pretendemos modificar la propuesta de Izquierda Unida, sino
reforzarla al estar globalmente de acuerdo con ella.

Las excelencias de la cogeneración ya las ha citado la señora Urán.

Yo voy a añadir una cosa más: la cogeneración, además, contribuye
normalmente a mejorar la cuenta de resultado de las empresas que
cogeneran. Es otra parte positiva de la cogeneración que puede ayudar
a que una empresa ubicada en un sector que no es el eléctrico, pueda
obtener una cuenta de resultado que le permita subsistir, cosa que de
otra manera no conseguiría. En todo caso ésta es una de las
aportaciones que hace la cogeneración. Quiero recordar también, para
que nadie crea que estamos hablando de introducir empresas eléctricas
nuevas, que estas empresas no son eléctricas, que su actividad nada
tiene que ver con el sector de la electricidad, pues generan energía
eléctrica a través de la producción de la energía térmica que
necesitan para sus procesos productivos y tienen limitada la potencia
a instalar en cogeneración; es decir no pueden instalar la que les dé
la gana, está limitada, es un porcentaje del consumo que necesitan
para su funcionamiento.




Anosotros nos parece la cogeneración un sistema magnífico para
generar energía eléctrica. También nos parece bien el sentido que ha
dado Izquierda Unida a su iniciativa no sólo por la eficiencia
energética que significa este sistema, sino por el ahorro que se
puede producir en los centros de la Administración pública y como he
dicho antes por la cuenta de resultado de las empresas, por lo que
creemos es un sistema que debe potenciarse.

Para terminar, señor presidente, quiero decir que la primera enmienda
que presentamos trata de sustituir en el primer párrafo de la
proposición no de ley que dice: para ello analizará qué centros de
actividad son susceptibles de acometer procesos de cogeneración. Se
pretende eliminar una excesiva discrecionalidad que a nuestro
entender da este punto al Gobierno, porque pensamos que eso mismo
pero dicho de forma más concreta, está en el punto tercero de la



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proposición no de ley. (El señor presidente, ocupa la presidencia.)



La segunda enmienda que presentamos, y que se refiere al segundo
punto de la proposición no de ley, pretende implicar a los
Presupuestos Generales del Estado en el establecimiento de líneas de
crédito de apoyo a la cogeneración. Aquí creamos un sistema muy
similar al antiguo que los diputados que como yo vienen de zonas
mineras seguramente recordarán, por el cual se hacía la investigación
minera y si resultaba positiva y era posible la explotación, conforme
se iba vendiendo el carbón se iba restituyendo al Estado el dinero
recibido para hacer la investigación y si no era positiva la
investigación o no era posible la venta, ese dinero no se devolvía.

Como en el caso de la cogeneración no va a existir el problema de que
no sea positiva la venta, sino que la venta está garantizada por la
propia Ley del sector eléctrico(recordemos que la cogeneración forma
parte del sistema especial que establecimos en la Ley del sector
eléctrico, en el artículo 27), no existirá el problema de la no
devolución, pero sí pensamos que los Presupuestos Generales del
Estado deben estar implicados. Ésa sería la reforma e implicar no
solamente a los Presupuestos Generales del Estado, sino también a las
mismas líneas de crédito de entidades financieras que la propia
proposición no de ley plantea, y que se pueda devolver el importe de
las ayudas de los créditos conforme se va vendiendo la energía
eléctrica.

Finalmente, y respecto a los otros dos puntos, no hemos presentado
ninguna enmienda pero voy a hacer unos comentarios muy breves
respecto al tercero. Cuando se dice que las inversiones a realizar se
harán a cuenta de un programa específico de promoción de la
cogeneración y de energías renovables, quiero recordar que por dos
enmiendas del Grupo Socialista en el debate de la Ley del sector
eléctrico, la propia ley contiene la obligatoriedad por parte del
Gobierno de realización de un programa para desarrollo de las
energías renovables, no de la cogeneración. Nuestra enmienda no tiene
que ver con la cogeneración pero sí con las energías renovables, y en
este caso sólo podemos estar de acuerdo. Además, se puede incluir una
parte sobre la cogeneración en el programa de las energías renovables
o hacer dos.

Dicho todo esto, señor presidente, esperando que Izquierda Unida
pueda aceptar las enmiendas que hemos presentado, votaremos a favor
de la iniciativa tanto si las mismas son aceptadas como si no por
considerar que no son sustantivas sino que refuerzan la proposición
no de ley de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, ¿tiene interés en intervenir doña Presentación Urán?



La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, si la intervención tiene
que ser para decir si se aceptan o no las enmiendas, no tengo ningún
inconveniente en hacerlo.




El señor PRESIDENTE: Adelante.




La señora URÁN GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sí va a aceptar las enmiendas
que ha presentado el Grupo Socialista, porque en realidad vienen
a profundizar si cabe en la iniciativa y a complementarla; por tanto,
no hay un cambio sustancial en estas enmiendas sino todo lo
contrario. Creemos que son enmiendas que vienen a ampliar el
contenido de la propuesta y estamos dispuestos a aceptarlas.




El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Popular, señor Medina.




El señor MEDINA TOLEDO: Nuestro grupo parlamentario es un firme
convencido de que la cogeneración es un proceso deseable, pero es
fundamentalmente un proceso de ahorro y eficiencia energética; es
decir una forma indirecta pero muy importante de preservar el medio
ambiente ya que cualquier proceso de ahorro y de eficiencialo que
hace en el fondo es ahorrar combustible por kilovatio- hora
producido, ahorra emisiones, etcétera. En ese sentido estamos de
acuerdo, pero no se puede ser excesivamente ingenuo y se debe saber
que la realidad de este momento es que el mal uso y el abuso de los
apoyos concedidos a la cogeneración ya existentes han hecho que ésta
sea en el fondo un factor de competencia desleal respecto a la
generación térmica clásica en la producción de energía eléctrica.

Decía uno de los intervinientes que la cogeneración es una manera de
mejorar la cuenta de resultados de las empresas. Yo diría que
efectivamente, pero en algunos casos la única forma de mejorarla, y
resulta que la actividad normal es una pura y simple tapadera para
tener un proceso de cogeneración. Voy a dar a ustedes un ejemplo
porque este asunto no depende exclusivamente de la Administración
central, hay un procedimiento reglado, hay unas normas. Teóricamente
las reglas del juego están marcadas y son claras, pero les puedo
poner un ejemplo porque las comunidades autónomas tienen competencias
en esta materia, y en una instalación de 12,5 megavatios se dedican
0,5 megavatios a secar arena durante un rato y el resto hasta 12,5, a
producir energía eléctrica para hacer la competencia desleal a la
empresa productora de energía eléctrica. Por tanto, la cogeneración
tiene una cara favorable y un reverso tenebroso, económicarnente
hablando. Sinceramente creemos que la proposición no de ley siendo
bien intencionada lo que hace es avanzar más en el camino del reverso
tenebroso de la cogeneración; es decir dificultaría el proceso real
de liberalización del sector eléctrico y de transparencia en los
precios, porque hasta ahora la cogeneración recibe subvenciones vía
tarifa eléctrica. Es una novedad pedir que sea vía Presupuestos
Generales del Estado -que no se está por esa labor-, pero en el fondo
sería volver a imponer a los consumidores nuevas cargas respecto de
la cogeneración.




Debo disentir profundamente de que exista alguna desidia de la
Administración respecto de las energías renovables ni de la
cogeneración. El IDAE, el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro Energético tiene líneas específicas de actuación en este
campo, donde no solamente fomenta sino que pone dinero y colabora con
agentes económicos privados para lanzar las actividades de
cogeneración. Por tanto no se trata de un no a la cogeneración, se
trata de un no a seguir profundizando en una condición privilegiada



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que está en contra del proceso de liberalización que en este momento
se está adoptando por todo el país. Anteriormente hemos estado
cantando sus excelencias, y ahora curiosamente en esta táctica de
pedir una cosa y la contraria, estamos justamente pidiendo lo
contrario de lo que hasta hace un momento estábamos cantando. Yo creo
que hay cierta confusión en las enmiendas del Grupo Socialista, o al
menos es una confusión derivada de mi poco conocimiento previo de las
mismas, pero yo entendía que se instaba a realizar un plan de fomento
de la cogeneración destinado tanto al ámbito empresarial como a las
diferentes administraciones, y ahí nosotros estaríamos de acuerdo.

Todo lo que sea fomentar el ahorro y la eficiencia, estamos de
acuerdo. Si eso simplemente es una traducción o es una eliminación
semántica del primer párrafo y la asunción del resto de los
postulados, sobre todo los de naturaleza económica que la proposición
no de ley tiene, evidentemente no estamos de acuerdo. No podremos
votarlos favorablemente y tendremos que oponemos a la proposición no
de ley. Ésta es en el fondo la posición que este grupo quería fijar.




- SOBRE DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE
NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente 161/000877.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que
es la proposición no de ley sobre desarrollo reglamentario de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. El autor es el
Grupo Socialista del Congreso.

El señor Fernández tiene la palabra.




El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: El proyecto de ley del sector eléctrico
cuando llegó a esta Cámara, en la disposición transitoria
decimotercera decía literalmente: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 9.2 de la presente ley, a la entrada en vigor de la misma
tendrán la consideración de consumidores cualificados aquellos cuyo
volumen de consumo anual por punto de suministro o por instalación
sea igual o superior a 20 Gwh. Sin embargo la Ley 54/1997 en esa
misma disposición transitoria dice: A la entrada en vigor de la
presente ley, tendrán la condición de consumidores cualificados
aquellos cuyo volumen de consumo anual supere los 15 gigavatios
/hora. Es decir, había desaparecido la frase de «por punto de
suministro», con lo que quedaba implícito que se hablaba de demanda
agregada de cada empresa en concreto. La modificación que había sido
planteada por el Grupo Socialista en el último trámite de enmiendas
resultó por otra parte ampliamente vendida en términos publicitarios
por los voceros del Gobierno en los conocidos términos de que el
Cortes Inglés, por ejemplo, podía ser consumidor elegible, por citar
uno de los cualificados que resultaban de la modificación que hemos
citado. También algunos de los socios del Gobierno se aproximaron a
publicitar su sin duda decisiva actuación para que se diera paso, que
es evidente beneficia a los consumidores y a la competencia. Eran
muchos más los consumidores cualificados y además aquellos que por
su menor dimensión no disfrutan de las tarifas beneficiadas que
tienen los grandes consumidores por punto de suministro. Pues bien,
si SS. SS. echan un vistazo al Boletín Oficial de Estado del 27 de
diciembre de 1997, y en concreto al Real Decreto 2.019/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica, en el artículo 3.2 pueden leer: Se entiende por
consumidores cualificados aquellos cuyo consumo por instalación o por
punto de suministro sea igual o superior a la cantidad que
temporalmente corresponda, de acuerdo con la disposición transitoria
decimotercera de la Ley 54/1997. Es decir, la restricción eliminada
por el Parlamento del proyecto de ley remitido por el Gobierno vuelve
a introducirla el Gobierno por la vía reglamentaria, haciendo mangas
capirotes de la voluntad del Parlamento.

Tengo que apelar al propio grupo popular para que se insubordine
contra este feo que le obliga a hacer el Ejecutivo. Menudo papelón,
señor Medina, para usted, que me consta que estaba encantado con la
modificación, porque lo había dicho. Naturalmente sé de su
autocontrol, que le impedirá seguramente seguir su justificadísimo
impulso de insurgencia. Pero créame que la propia dignidad de la
Cámara así lo exigiría. Además, es un sacrificio estéril, porque
estoy convencido de que sus socios no le van a ayudar, no me cabe
ninguna duda, después de los esfuerzos realizados por los
representantes de ese grupo para manifestar públicamente el feliz
desenlace de sus desvelos por los consumidores que podrían ser
cualificados agregando sus consumos. No les veo yo votando a favor de
las posiciones de Gobierno que despejen en la oscuridad del despacho
ministerial toda la madeja que ustedes ayudaron a tejer en la diáfana
claridad de esta Cámara. Espero, señor Medina, que su ingrata tarea
de hoy no nos vuelva a salir por cuestiones tangenciales como la
publicitada bajada de tarifas, que poco tiene que ver con esto;
tampoco me puede decir que esta iniciativa sea extemporánea, habida
cuenta de la propuesta que hace ahora el Gobierno de bajada de los
umbrales de legibilidad, porque esa bajada de umbrales para los
consumidores cualificados se hace en un contexto distinto y con una
contrapartida que no estamos dispuestos a aceptar, de acuerdo además
con la comparecencia que hemos tenido hoy del presidente de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y que, con la contrapartida
de la titulización, es otro debate. En realidad, ampliar los umbrales
de los clientes cualificados es algo, insisto, absolutamente
independiente de la titulización y una forma de ampliarlo es cumplir
lo que está en el espíritu, incluso en la letra de la ley, es decir,
que puedan agregar sus consumos las empresas en función de los
distintos establecimientos que tengan distribuidos por el territorio
español esas empresas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Medina, para fijar la posición de su grupo.




El señor MEDINATOLEDO: La verdad es que espero no actuar en condición
de vocero del Gobierno, como decía mi distinguido colega del Grupo
Parlamentario Socialista. Tenga usted presente que este diputado en
sus intervenciones siempre intenta armonizar la necesaria coherencia
con los pronunciamientos y los planteamientos



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que se tienen de los temas y la disciplina debida a las actuaciones
de nuestro grupo, que lógicamente casi siempre están en sintonía con
las del Gobierno. (Rumores.)
Creo que fundamentalmente lo que habría que solicitar es rigor, rigor
que tiene dificultades en abrirse camino entre los niveles acústicos
del Grupo Parlamentario Socialista, que da la impresión de que en el
fondo lo que le interesa, salvo algunas honrosas excepciones, es dar
su discurso y no escuchar ninguno de los otros argumentos. Por eso
voy a intentar abrirme paso entre la dificultad, para hacerle
entender que no hay ninguna contradicción en lo que decimos.




Hay una razón de base y profundamente técnica. Si se accediera a
eliminar la condición por punto de suministro e instalación -y luego
le comentaré algo relacionado con los debates de la ley- ya no
tendría sentido técnico, desde ningún punto de vista, definir unos
umbrales de consumo a partir de los cuales se es consumidor
cualificado o no, porque todo depende de cómo haga la agrupación de
determinadas cuestiones. Una empresa existente en este momento, tipo
El Corte Inglés, como usted decía, puede serlo, pero mañana puede ser
cualquier otra nueva agrupación según sea la naturaleza física o
jurídica de la sociedad que lo haga. Eso no tiene sentido y es
contradictorio. Pero le voy a decir más, y esa es la razón de fondo
fundamental del Gobierno, sin que le cuente otra vez la historia de
que el Gobierno avanza decididamente en la liberalización, porque es
claro: se bajan los niveles, en el año 1999 se hacen saltos
trimestrales en los que damos un cambio radical a los gigavatios/hora
necesarios para ser consumidor cualificado. Por tanto, hay un avance
clarísimo en el desarrollo y en la liberalización.

Para terminar, le diré que es bueno leer las razones por las cuales
en un momento determinado se habla sobre el punto de suministro e
instalación y el porqué en determinado momento había unas posiciones
u otras. Ahí había empresas que, por razón de su estructura -llámense
ferrocarriles, etcétera-, exigían el tener esa consideración,
y estaba muy claro que tenía que haber una condición técnica, que era
que las diversas instalaciones de ese consumidor estuviesen unidas
por líneas propias. Pero en el pool y en la adjudicación de energía
generada las propias compañías son consumidores de energía para los
servicios auxiliares de sus centrales interconectadas y sus
prestaciones, y no es una cantidad trivial. Por tanto, exigía una
regulación lógica para considerar esos aspectos técnicos, que son muy
importantes. Y a eso se refirió. Sin embargo, yo me voy a limitar
exactamente a una manifestación textual del señor González Txabarri,
que fue abanderado en la defensa de la eliminación de este tema.

Decía que él no discrepaba del criterio conceptual que estaba
recogido en la enmienda del Senado, que era la supresión de este
tema, y que estaba de acuerdo con que se acotara el consumo anual por
punto de suministro o por instalación, pero que este concepto debía
ser bien definido y bien matizado. No era una oposición radical a la
eliminación del concepto, sino que mientras eso no estuviese bien
especificado, era preferible no tenerlo.

Acabo, señor presidente, diciéndole que yo mismo reconocí desde la
tribuna del Congreso de los Diputados, el gran trabajo que en esta
ley hicimos los ponentes de todos los grupos, de lo cual me
congratulo y me sumo a las autocomplacencias
y felicitaciones reconocidas del presidente de la
Comisión. Hubo un esfuerzo enorme de aproximación y don Gerardo
Torres Sahuquillo ha recordado incluso algunos temas que, a propuesta
del Grupo Socialista, adoptamos todos. Pero yo también reconocí una
cosa: la ley es tan compleja, tan difícil que incluso hasta los
propios servicios de las Cámaras -hasta los del Senado- introdujeron
errores. Eso lo reconocí desde la tribuna, pero nosotros y todos los
grupos fuimos capaces de votar en el Pleno en contra de algunas de
nuestras propuestas, sobre todo en el caso de las energías
renovables, precisamente por esa dificultad y esa confusión. Por
tanto, yo no puedo atribuirlo a ningún cambio ni a ningún interés
torcido a la hora de defender las posiciones. Quizá es que los
argumentos son tan sutiles que el digno portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en aquel momento y en éste no fue capaz de
captarlo.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación. (El
señor Gómez Darmendrail pide la palabra.)



Señor Gómez Darmendrail.




El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, es algo que no tiene
nada que ver con estas proposiciones no de ley, pero querría que
constara en el «Diario de Sesiones».Hechas las gestiones respecto a
la comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, Relaciones con las Cortes indica que ellos enviaron un
fax el día 30 de octubre de 1998-a la Secretaría de Estado de
Economía y Hacienda y, a su vez, la citada Secretaría envió un fax a
Defensa de la Competencia con fecha 3 de noviembre.

Simplemente, como ha habido algunas opiniones al respecto, quiero que
conste en el «Diario de Sesiones» esta puntualización.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Pues ya tienen ustedes mayor conocimiento de
esas comunicaciones para eliminar las confusiones que hubieran podido
aparecer en el inicio de la comparecencia del presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia.

Señorías, vamos a proceder a la votación. (El señor Sánchez i Llibre
pide la palabra.)
Señor Sánchez i Llibre.




El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Intervengo para solicitar de la
Presidencia que se vote por separado del resto de los puntos el punto
número 1 de dicha proposición no de ley con la enmienda aceptada por
parte del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna otra solicitud de votación
separada? (Pausa.) Vamos a proceder a votar, señorías, la primera
proposición no de ley sobre realización de un plan de fomento de la
cogeneración de energía eléctrica, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con la enmienda aceptada
por el grupo parlamentario autor, el Grupo Socialista. Ruego, antes
deproceder al llamamiento de la votación, que identifiquemos



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claramente los miembros de todos los grupos parlamentarios que están
en la sala.

Señor Sánchez i Llibre.




El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El señor Sedó sustituye a don Miguel Nadal
en el Grupo Parlamentario Catalán.




El señor PRESIDENTE: Señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: El señor Fernández sustituye al señor
Santiso y la señora Sabanés sustituye al señor Navas.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias. Entonces tienen
ustedes los tres diputados en la Comisión. ¿Están los catorce
miembros del Grupo Parlamentario Socialista?



El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Menos una sustitución que ha sido
comunicada.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no
está representado, tampoco el Grupo Parlamentario Mixto ni el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿El Grupo Parlamentario Popular ha
delimitado ya exactamente los miembros que tiene en la Comisión?



El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, yo confío en que el criterio
de la Presidencia a la hora de hacer esa delimitación sea el
correcto. Nos parece que ha salido al servicio uno de los secretarios
del grupo, y no sabemos si se podrá esperar a que regrese.




El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar un minuto, señorías, para
proceder a la votación correctamente.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, yo espero que no haga
protestar al Grupo Socialista por un comportamiento que no considero
demasiado equilibrado. Por lo tanto, pido que comience la votación.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, esta Presidencia entiende
que las necesidades biológicas nunca deben interferir las mayorías
democráticas y, por lo tanto, si hay alguna necesidad biológica, se
puede conceder el mínimo tiempo razonable para que se pueda
satisfacer. Me parece que esto es lo más democrático y razonable
posible. (Risas.)



El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, para que conste en el
«Diario de Sesiones», tengo que decirle que su función no es la de
protección de la salud de los miembros del Grupo Parlamentario
Popular, sino más bien la de las mayorías. Por ello, pedimos que se
inicie la votación.




El señor PRESIDENTE: Señorías, lo único que ha hecho el presidente es
ser generoso con una petición, pero vamos a comenzar las votaciones.

El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, no tenemos ningún
inconveniente en que se inicie la votación.




El señor PRESIDENTE: Pues, si no les parece mal, vamos a comenzar las
votaciones.

Vamos a votar el primer punto, puesto que se ha solicitado votación
separada, de la proposición no de ley sobre realización de un plan de
fomento de la cogeneración de energía eléctrica.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Puntos segundo, tercero y cuarto de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.




Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley relativa a
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. No hay ninguna enmienda,
por lo tanto sometemos a votación el texto íntegro de la proposición
no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar la proposición no de ley sobre desarrollo reglamentario
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, del
Grupo Socialista del Congreso. Tampoco hay enmiendas, por lo que
vamos a someter a votación el texto íntegro.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

No hay más asuntos que tratar, señorías, por lo que se levanta la
sesión.




Era la una y veinticinco de la tarde.




CORRECCIÓN DE ERRORES



En el «Diario de Sesiones» número 531, correspondiente a la sesión
celebrada por esta Comisión de Industria, Energía y Turismo el día 30
de septiembre de 1998, aparece por error, en la portada del Diario,
como número de sesión la 32, cuando realmente se trataba de la sesión
número 39 de esta Comisión de Industria. Asimismo, en el «Diario de
Sesiones» número 537, de 13 de octubre pasado, también
correspondiente a la Comisión de Industria, Energía y Turismo, figura
como número de sesión la 39, en lugar de la 41, que es la que le
correspondía.