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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 567, de 10/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 567
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 58
celebrada el martes, 10 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro del Interior (Mayor Oreja) para
informar sobre:
- Necesidades que para la seguridad ciudadana han tenido los días de
la semana de encierro efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía y
causas de la explicación del descenso del número de detenciones
durante dicho período de tiempo. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/000457) ... (Página 16572)
- Medidas adoptadas en relación con las sectas destructivas
instaladas en España, a fin de impedir o limitar al máximo su
extensión y actividades que están proliferando, como demuestran los
acontecimientos ocurridos en Santa Cruz de Tenerife. A solicitud del
Grupo anterior. (Número de expediente 213/000484) ... (Página 16577)
- Razones de la fuga de los dos presos de la cárcel de Vigo
(Pontevedra) y medidas que se han tomado para esclarecer los hechos.
Asolicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente
213/000456)... (Página 16583)
- Causas de la carga policial contra las personas que se concentraron
en Santiago de Compostela, para protestar contra la destitución de
doña Gloria Moure como directora del Centro Gallego de
Arte Contemporáneo. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario.
(Número de expediente 213/000556) ... (Página 16585)
- La actuación de la policía en relación con la incomunicación en la
comisaría de Don Benito (Badajoz), durante 36 horas, de la ciudadana
Ana Belén Fernández González. A solicitud del mismo Grupo
parlamentario. (Número de expediente 213/000557) ... (Página 16586)
- La denominada «operación filtro» y su adecuación a las competencias
policiales que el artículo 17 del Estatuto de Gernika establece tanto
para la Ertzaintza como para las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000537) ... (Página 16589)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (MAYOR OREJA) PARA
INFORMAR SOBRE:
- NECESIDADES QUE PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA HAN TENIDO LOS DÍAS DE
LA SEMANA DE ENCIERRO EFECTUADOS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y
CAUSAS DE LA EXPLICACIÓN DEL DESCENSO DEL NÚMERO DE DETENCIONES
DURANTE DICHO PERÍODO DE TIEMPO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000457.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, vamos a sustanciar aquellas iniciativas que se
mantienen como comparecencias y después las que, planteadas
inicialmente como comparecencia, y de conformidad con lo acordado por
la Mesa y por la junta de portavoces, se van a ventilar por el
trámite de las preguntas por su contenido concreto y porque, en
definitiva, los propios grupos autores de las iniciativas entendieron
que para su mejor tramitación era preferible esa fórmula lo que
también permitía avanzar en el despacho de asuntos pendientes por la
Comisión.
La primera comparecencia solicitada es la del ministro del Interior,
señor Mayor Oreja, para informar sobre las necesidades que para la
seguridad ciudadana han tenido los días de la semana de encierro
efectuados por el Cuerpo Nacional de Policía y causas de la
explicación del descenso del número de detenciones durante dicho
período de tiempo, iniciativa que corresponde al Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Durante el pasado mes
de junio de 1997, los sindicatos representativos del Cuerpo Nacional
de Policía suscribieron un documento por el que presentaban una
situación de conflicto colectivo de trabajo mediante el cual se
hacían diferentes reivindicaciones de contenido económico tendentes a
mejorar las retribuciones de los miembros de la policía. Ya informé a
SS.SS. en una comparecencia solicitada
también por el Grupo Socialista el 18 de diciembre del pasado
año que la Administración, en respuesta a las peticiones planteadas,
adoptó las siguientes medidas. Se convocó una reunión de la mesa de
negociación entre Ministerio y sindicatos, que se celebró el 27 de
junio de 1997 bajo la presidencia del director general de Policía. Se
celebró una reunión extraordinaria del pleno del consejo de Policía,
que presidía yo y que tuvo lugar el 22 de julio del mismo año. En
ambos casos se puso de manifiesto la voluntad del Ministerio de
abordar el estudio y tratamiento de las cuestiones planteadas por los
sindicatos de una forma gradual y dentro del contexto presupuestario
de la Dirección General de Policía para los años inmediatos. Además,
se asumió el compromiso de abordar estas cuestiones en reuniones a
través de un grupo de trabajo constituido por representantes del
Ministerio del Interior y de organizaciones sindicales. Se celebraron
diversas reuniones durante los meses de septiembre y octubre de 1997
en el seno de este grupo de trabajo.
Ya en mi anterior comparecencia de diciembre de 1997 me referí a los
aspectos económicos planteados en las reivindicaciones de los
sindicatos policiales. Por eso no quiero ser reiterativo, y para dar
contestación a la comparecencia que hoy nos ocupa el Grupo Socialista
se refiere a las consecuencias del encierro de los miembros de
organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía en la
seguridad ciudadana y las causas del descenso del número de
detenciones durante aquellos días. Par enmarcar esta cuestión en sus
justos términos y poder hablar con cierto rigor de evolución de la
seguridad ciudadana conviene realizar dos consideraciones previas.
Primero, que para acercarse a una valoración real de la seguridad
ciudadana hay que considerar diferentes parámetros, que debidamente
relacionados pondrán de manifiesto una tendencia u otra en esa
evolución. Dentro de esos parámetros hay que destacar el número de
infracciones conocidas, de hechos esclarecidos y de detenidos,
tratando con ello de conjugar la criminalidad conocida y el grado de
eficacia policial con el que se responde a la misma. Además, hay
otras variables que han de ser consideradas para valorar la situación
de la seguridad ciudadana, que tienen que ver más con aspectos
subjetivos de la percepción que con datos estrictamente objetivos.
Entre ellos cabe señalar el sentimiento subjetivo de una población, o
la incidencia en medios de comunicación de aspectos de la
inseguridad. Por ello, las referencias concretas a algunos de esos
aspectos evitando su consideración
global difícilmente nos acercarán con fiabilidad a una valoración
clara y cierta de la seguridad o inseguridad ciudadana. La segunda
consideración es que para hablar de tendencias hay que utilizar
períodos de tiempo de cierta duración, ya que cualquier otra
consideración, que puede ser de días o de semanas concretas, puede
dar lugar a fluctuaciones puntuales que no marcan tendencias ni se
pueden tomar como referencia para un estudio serio y riguroso.
Después de estas premisas y teniendo en cuenta que la petición de
comparecencia se refiere expresamente a la incidencia sobre la
seguridad y al descenso del número de detenidos, pasaré a referirme
ya de un modo muy concreto a dichos aspectos. En cuanto a la
evolución de la criminalidad, durante el mes de noviembre de 1997 en
el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía se produjeron
106.640 denuncias, cifra que se sitúa ligeramente por debajo de la
media mensual de infracciones conocidas durante el período enero-
noviembre de 1997, que está en torno a 109.000. Como SS.SS. pueden
comprobar, tampoco puede considerarse como un dato especialmente
relevante. Segundo, los hechos esclarecidos durante el mes de
noviembre de 1997 ascendieron a 24.674, cifra que si bien es
ligeramente inferior a la media del período eneronoviembre de 1997,
supera a la registrada en los meses, por ejemplo, de enero, febrero y
agosto del mismo año. Por lo que respecta a la evolución del número
de detenidos y por lo que se refiere a la semana del 17 al 23 de
noviembre de 1997, el número de detenciones se situó en 4.569, y hay
que resaltar que esta cifra es superior al número de detenidos
durante la semana anterior, así como en la semana posterior. En
cualquier caso, es una cifra muy semejante al número de detenciones
producidas en esa misma semana de noviembre del referido año. Con
carácter general quiero realizar dos últimas consideraciones en este
sentido. Primero, con los datos que obran en la Dirección General de
la Policía no puede haber constancia de requerimientos concretos que
hayan dejado de atenderse como consecuencia directa o indirecta del
encierro de los representantes sindicales; segundo, tampoco existen
datos que permitan hablar de una variación de la opinión pública
respecto a la situación de la seguridad ciudadana de aquellos días.
En virtud de todo ello los datos expuestos hablan por sí mismos y
ponen de manifiesto que las variaciones al alza o a la baja referidas
a ese período de tiempo obedecen a la fluctuación ordinaria por el
corto espacio de tiempo considerado; en modo alguno permiten
evidenciar causas específicas, y desde luego no se puede concluir que
el encierro de los representantes sindicales haya incidido de un modo
efectivo en la seguridad ciudadana. Yo estoy seguro, además, de que
el objetivo de los sindicatos precisamente no era que se resintiese,
y la seguridad ciudadana es un factor y un objetivo relevante no sólo
para el Gobierno sino también para toda la policía y para los
sindicatos, que al margen de las reivindicaciones que puedan exponer,
al final hacen de la seguridad su principal objetivo en su quehacer
cotidiano. Por todo ello quiero señalar que la prestación de
servicios policiales se desarrolló con la normalidad necesaria y que
fueron atendidos todos los requerimientos efectuados por los
ciudadanos.
Esa es la posición del Gobierno en lo que se refiere a la semana
sobre la que se me pregunta, y quiero hacer algunas
consideraciones ya más generales sobre lo que pueden significar
las medidas adoptadas por las organizaciones sindicales y las
respuestas que ha dado el Gobierno.
En los últimos días de los meses de enero y febrero de este año
quiero decirles, señorías, que he recibido a todos los portavoces de
las distintas organizaciones sindicales representativas del Cuerpo
Nacional de Policía para tratar asuntos y problemas referidos a dicho
cuerpo; es verdad que no sólo de las reivindicaciones salariales,
sino para hablar del futuro del Cuerpo Nacional de Policía. Estas
reuniones se han producido de forma independiente con cada una de las
representaciones sindicales, a excepción de la que mantuve, por
petición suya, con representantes del SUP, del ANPU y del SPPU, que
se celebró conjuntamente el 28 de febrero de este año.
Finalizadas estas reuniones, a las que asistí personalmente, se
reunieron, en el ámbito de la Dirección General de la Policía, con el
director general en fechas posteriores, 3 de marzo de 1998 y otras
fechas, acordándose la creación de un conjunto de equipos de trabajo
integrados por representantes de la policía y de las organizaciones
sindicales para abordar el estado de las distintas problemáticas que
afectan al colectivo policial.
En el pleno del consejo de Policía celebrado el 2 de abril de 1998 se
acordó ya definitivamente la configuración de dichos grupos de
trabajo, que fueron los siguientes: asuntos económicos, plan de
formación, régimen disciplinario, reglamento orgánico y de servicios,
carrera profesional y sistema de evaluación profesional, seguridad e
higiene en el trabajo, actuaciones sobre puestos de trabajo, régimen
electoral en el Cuerpo Nacional de Policía, modelo policial y
seguimiento del Estatuto de la Función Pública. En estos momentos se
están desarrollando los trabajos en los grupos señalados y como
cuestiones a corto plazo en las que trabaja el Ministerio del
Interior y en las que ya se está haciendo un esfuerzo relevante, se
pueden señalar las siguientes. En el aspecto retributivo hay que
destacar el establecimiento de criterios de aplicación de la
productividad en el Cuerpo Nacional de Policía para el año 1998. En
este sentido los Presupuestos Generales del Estado para este año ya
contemplan un incremento de la partida de productividad de la
Dirección General de la Policía con un importe de 2.565 millones de
pesetas. Con esta medida durante 1998 se han visto mejorados en el
complemento de productividad aproximadamente unos 33.000 funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, con especial incidencia en las
unidades operativas de mayor carga de trabajo, como unidades de droga
y crimen organizado, unidades de información y lucha antiterrorista,
unidades operativas del área de seguridad ciudadana y unidades
especiales.
En esta misma línea, en la que se ha trabajo y que ya ha sido una
realidad en 1998, para el año 1999 se pretende mejorar en el ámbito
de la Dirección General de la Policía las dotaciones de créditos de
productividad ligados al establecimiento de sistemas de trabajo
basados en la dirección por objetivos, con el fin último de reducir
la delincuencia, aumentar la sensación de seguridad de los ciudadanos
y mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios policiales.
Para ello el proyecto de ley de presupuestos de 1999 contempla un
incremento inicial de 3.000 millones de pesetaspara productividad de
los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía, pasando de más de 9.000 millones a más de 12.000
millones.
Lo importante y lo relevante no es sólo la cuantía, sino en la
filosofía del proyecto que, en nuestra opinión, debe impregnar e
impulsar la productividad del futuro. Los nuevos proyectos de
seguridad deben saber medir la seguridad; la seguridad debe de ser un
elemento cuantificable y debe premiarse en función de resultados, en
función de efectividad, y es la única fórmula de incentivar realmente
la actuación de los profesionales de la seguridad. Lo que suele
suceder es que es difícil cuantificar las funciones tradicionales del
Estado, y este es el reto del futuro, en mi opinión, en el tema de la
seguridad, pues no sólo son los medios materiales, el número de
coches que tienen los policías para trabajar, sino que son
esencialmente los métodos o las fórmulas futuras de gestión en
materia de seguridad que produzcan ánimo, incentivo y estímulo para
los miles y miles de policías que trabajan en estos momentos en
España. Ese es el reto que yo creo que debe caracterizar cualquier
planteamiento de futuro en el ámbito policial y también en el ámbito
de la productividad. Por eso, lo que queremos es establecer un
sistema que tenga una implantación en una primera fase en un número
determinado de ciudades -aquéllas que presenten un mayor grado de
conflictividad desde el punto de vista de la seguridad ciudadana-,
que se vaya extendiendo en fases sucesivas a los restantes puntos del
territorio nacional, y que se vaya trabajando sobre parámetros
cuantificables sobre delitos concretos en materia de seguridad
ciudadana, de forma y manera que haya posibilidad de medir en
ciudades concretas la evolución de los mismos. Al final del proceso
creemos que también posibilitará una mejora considerable de las
retribuciones de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, pero en
forma de retribución variable, no de crecimientos lineales, acercando
el nivel salarial del colectivo a las exigencias que se deriven de la
difícil y específica misión que les encomienda nuestro ordenamiento
jurídico vigente.
Quiero insistir una vez más en que hay un factor esencial, que es la
motivación, el factor humano y personal en un proyecto de futuro de
seguridad de la policía. Por eso yo creo que es el fundamento de una
nueva cultura policial; a la proximidad policial hay que darle la
relevancia necesaria. En ese terreno se está trabajando y si no se
están anunciando más cosas es porque descartamos la efectividad y la
utilidad de los anuncios de planes en materia de seguridad. Hay que
presentar resultados cuando ya se hacen experiencias piloto en esa
dirección; no es cuestión de hacer marketing de actuaciones
policiales, sino de ofrecer resultados una vez que ya se han puesto
en marcha actuaciones de estas características. Seguimos trabajando
en ese ámbito económico de la desproporción existente en el capítulo
6, de inversiones. Hoy en su conjunto la previsión de 1999, los
46.280 millones de pesetas de inversiones reales, significa que hay
un incremento en materia de inversión en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de un 17,57 por ciento respecto a 1998. Yo dije
que en 1990 las cifras de inversión se habían ido reduciendo
paulatinamente en España a la cuarta parte. Hoy ya tenemos unas
cifras que no son todo lo cuantiosas que se desean, pero estamos
superando lo que fueron las cifras de inversión de aquellos
años, lo que me parece un referente útil y válido para avanzar en
esta dirección.
Está claro que seguimos avanzando en inversiones en la modernización
de medios materiales. En el mes de septiembre del presente año se
hace realidad la incorporación de 1.600 vehículos nuevos al parque
móvil policial a través del sistema de renting, y el proyecto de ley
de presupuestos para 1999 supone no sólo la consolidación del sistema
renting, sino que recoge las partidas necesarias para la
correspondiente anualidad de este contrato por un importe de 200
millones de pesetas. Creemos que se están produciendo avances en
medios específicos en materia de automoción, informática, material
técnico, seguimiento, interceptación de comunicaciones, de
laboratorio, de nuevas unidades de droga, de crimen organizado, así
como unidades de información en la lucha antiterrorista. Es evidente
que no es todo lo que desearíamos, pero dentro de lo que puede ser un
marco presupuestario austero, que caracteriza el comportamiento del
actual Gobierno, se está actuando con sentido común y se está
avanzando de una manera razonable en la posibilidad de dar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos, los
medios y, sobre todo, las motivaciones para que sigan avanzando en su
delicada misión.
El señor PRESIDENTE: Por un Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Voy a hacer una breve intervención, en
parte porque no he tenido la suerte de oír toda la comparecencia del
señor ministro. Los atascos de tráfico desde Barajas aquí producen
diversos desajustes que me han impedido, como digo, oirle toda la
intervención. Me parece muy interesante la parte final, en la que ha
hecho referencia a posible acuerdos a reuniones este año con los
sindicatos y al planteamiento de una nueva política retributiva. Es
muy positivo el hecho de que se haya reunido con todos los sindicatos
y el nuevo modelo al que ha hecho referencia. Qué duda cabe que las
conversaciones que ha tenido con los sindicatos serán un tema
importante y seguramente labor de trabajo de la subcomisión que
estudia el nuevo modelo policial. Sin embargo, me preocupa la
inexistencia de estas mismas reuniones el año pasado; me preocupa por
una especie de sensación que ha tenido el Cuerpo Nacional de Policía,
aunque no sé si después de las reuniones con usted este año eso se ha
modificado, de que es una hermana pobre, lo cual puede provocar una
desmotivación. Desde el Grupo Socialista este tema no se ve como un
motivo única y exclusivamente de crítica al Gobierno. No pensamos que
haya que utilizarlo para poder criticar al Gobierno, cuando lo que
está en juego es la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, para
nosotros la motivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es importante. Por eso nos preocupó la falta de acuerdos y de
reuniones que se produjo el año pasado. La lentitud con la que
enfocamos este tema no es achacable personalmente a nadie. Estamos
hablando de algo que sucedió hace aproximadamente un año. Recuerdo
que en aquel momento visité con otros compañeros a los sindicatos que
estaban encerrados, y según la información que tuvimos en ese momento
y la que hemos tenido posteriormente, nadie responsable del
Ministerio se reunió con ellos para ver cuáles eran sus problemas
y sus reivindicaciones, por lo que llegaron a tomar la decisión de
encerrarse en el Ministerio, porque no tenían un diálogo razonable
con el departamento.
Nos preocupa menos la información general del problema. Ya estamos
acostumbrados a que lo que es negativo para el Gobierno y que pueda
ser obviado por los medios de comunicación no aparezca. Aquella
encerrona durante una semana de todos los sindicatos, curiosamente,
no tuvo eco en ningún medio de comunicación; en los públicos, desde
luego que no. Esto me recuerda lo que pasó ayer cuando todas las
emisoras, periódicos y radios nacionales no públicas informaban de
cuál era el volumen de paro del pasado mes de octubre, dato que había
suministrado la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y curiosamente
la radio y la televisión públicas no ofrecieron la más mínima
oportunidad de conocer ese dato, ni siquiera de que se había dado la
información; sólo anunciaron que hoy el Ministerio comunicará cuál
era el resultado. Todo aquello que no es positivo para el Gobierno,
si no hay más remedio que darlo, lo dan -hoy tendrán que dar el dato
del paro-, pero ayer no lo hicieron. Cuando es positiva la evolución
del paro lo anuncia el ministro, luego el director general de Empleo,
luego el portavoz del Gobierno, etcétera, y se oye cinco o seis
veces. Cuando el dato es negativo, o no aparece o se da a última hora
y mal. (Rumores.)
A nosotros nos preocupó lo que se comentó en aquel momento -estamos
hablando de hace un año- de que había descendido el número de
detenciones. Estoy de acuerdo con usted en que no se puede tomar en
consideración sólo una semana para ver si tuvo o no efecto, porque
por cualquier otra razón no debida al encierro de los sindicatos
puede haber semanas con mayor índice de detenciones que otras. En
cualquier caso, sí creo que hubo una menor voluntariedad de los
policías para tomar ellos la iniciativa en ese caso. Sea esto acorde
con la realidad, que no ha habido un descenso, o que haya podido
incrementarse la inseguridad ciudadana, lo que sí nos parece grave es
el hecho de que los sindicatos se tuviesen que encerrar porque no
existía un diálogo suficiente. Si aquel encierro sirvió para que este
año el ministro se haya reunido con todos los sindicatos, bienvenido
sea. Si eso ha supuesto la normalización de unas relaciones de forma
periódica para que se planteen los problemas que tienen los
sindicatos para intentar llegar a acuerdos, bienvenida sea. Respecto
a ese proyecto de nueva retribución, que me parece que no lo ha
nombrado, pero creo que se refería al proyecto de policía 2000, ójala
se llegue a un acuerdo con los sindicatos y con los grupos políticos.
Sería conveniente que la policía estuviera suficientemente motivada
en su trabajo.
Para terminar, como simple detalle, no compare las inversiones
producidas antes de su llegada al Gobierno con las ocurridas después.
La situación económica es radicalmente diferente y las posibilidades
del Gobierno lo son también. En aquel momento había razones
suficientes para que algunas inversiones no fuesen las que debieron
haber sido, siendo consciente el Gobierno de que había que
aumentarlas, pero la situación económica no lo permitía. Por tanto,
si comparamos, habrá que hacerlo en iguales condiciones. En cualquier
caso, muchas gracias, señor ministro, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda la brevedad, voy a señalar algunas
ideas que creo que son las fundamentales de la intervención del señor
ministro y que dejan suficientemente clara cuál es la línea de
actuación que están llevando el Ministerio del Interior y el Gobierno
en relación con el asunto de fondo que nos ocupa, más allá de la
referencia temporal que se hacía en la interpelación presentada por
el Grupo Socialista. Ciertamente, las situaciones económicas son
distintas según determinadas tesituras, orientaciones o situaciones
políticas. No se puede olvidar que este Gobierno ha tenido que hacer
un serio esfuerzo presupuestario durante dos ejercicios en orden a
cumplimentar debidamente las políticas sectoriales de cada uno de los
departamentos y el conjunto de las políticas del Gobierno, al mismo
tiempo que se establecían criterios de austeridad que permitieron
corregir una determinada situación económica general, a efectos de
podernos integrar plenamente en el marco de la Unión Europea con el
éxito y prontitud con que efectivamente se ha hecho.
Lo importante de la comparecencia de hoy es destacar que el
Ministerio del Interior viene llevando una línea de actuación en
relación con los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
y particularmente con los profesionales de la policía, vertebrada
-como ha señalado el señor ministro- en tres considerandos básicos:
en primer lugar, una línea de diálogo con todas las organizaciones
profesionales representativas del Cuerpo Nacional de Policía, que
pasa directamente -como ha recordado el propio señor ministro- por el
titular del departamento y por el director general de la Policía, y
que se ha materializado en una serie de grupos de trabajo en común de
esas organizaciones y el Ministerio del Interior; en segundo lugar,
una línea clara de sensibilidad hacia las reivindicaciones de los
profesionales, dentro de las posibilidades presupuestarias y en el
contexto que he señalado al comienzo de mi intervención, y, en tercer
lugar, un compromiso constante de mejora de las condiciones
profesionales de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tal
como se manifestó ya en los presupuestos de 1998 y se recoge en los
de 1999, en unas líneas muy concretas: mejora de la flota de
vehículos a través de la consolidación del sistema renting -como
recordaba el señor ministro-, mejora del sistema de comunicaciones y,
desde luego, mejora del patrimonio inmobiliario -dentro de las
posibilidades presupuestarias, insisto- y de las instalaciones.
Quiero recordar que en el conjunto de inversiones previstas para
1999, sobre tres mil y pico millones de pesetas destinados a obras
-hablo de memoria-, un 30 por ciento se destina a obras de reforma
y un 70 por ciento a creación de nuevas instalaciones.
En definitiva, estas tres líneas de actuación vienen a ser el
complemento preciso para el planteamiento de fondo, para la
concepción que el señor ministro del Interior y el señor secretario
de Estado de Seguridad han venido planteando ante esta Cámara, un
modelo de seguridad pública concedido como servicio público eficaz en
resultados, bien gestionado, próximo al ciudadano y con prestaciones
de calidad, introduciendo elementos que permitan fijar y controlar
ese nivel de calidad desde dentro y, finalmente, participado
tanto por la sociedad como por los propios profesionales.
Nadie puede poner en duda, ni siquiera en términos políticos, la
motivación de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y, en el caso que nos ocupa, del Cuerpo Nacional de
Policía. Reiteradamente, en el ejercicio cotidiano de sus
responsabilidades estos profesionales dan buena cuenta de su
motivación, especialmente en momentos como la semana a la que se
refiere la solicitud de comparecencia -como recordaba el señor
ministro-. En esa semana en que hubo un determinado y legítimo nivel
de exigencia de reivindicaciones, los propios profesionales,
deslindando el planteamiento de sus reivindicaciones de la prestación
del servicio, no dejaron de atender ninguno de los requerimientos.
Creo que esa afirmación que ha hecho el señor ministro y que este
grupo parlamentario comparte es muy importante: que el objetivo de
los sindicatos en aquellos días no era, ni muchos menos, que la
seguridad ciudadana se resintiera.
En definitiva, y con eso concluyo, señor presidente, señor ministro,
bienvenida esta solicitud de comparecencia que ha permitido recordar
una vez más esas tres grandes líneas de actuación y de talante
político del Ministerio del Interior de cara a ese modelo de
seguridad pública en el que, por cierto, también está comprometida
esta Cámara a través de los trabajos -creo que serios trabajos- de la
subcomisión correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
quiero hacer simplemente unas brevísimas consideraciones tras las
intervenciones del señor Aguiriano y del señor Gil Lázaro.
De lo que he dicho hoy lo más importante es que al hablar del Cuerpo
Nacional de la Policía estemos seguros y convencidos de que hay un
reto extraordinario para el mismo en estos momentos. Me gustaría
tranquilizar al señor Aguiriano. Yo encuentro al Cuerpo Nacional de
Policía extraordinariamente motivado. Se han incorporado a resultados
y a éxitos en la lucha antiterrorista, que era un gran reto que
tenían, y hay un ánimo extraordinario en el cuerpo.
Lo esencial es que acertemos en el proyecto de policía 2000, al que
antes usted también hacía referencia. Eso es lo más relevante y lo
más decisivo que podemos aportar los responsables políticos al Cuerpo
Nacional de Policía. Se trata de introducir objetivos concretos y
nuevas fórmulas de gestión en el cuerpo. Por eso es tan importante
que lejos de hacer grandes anuncios de este plan de policía 2000, lo
pongamos en marcha y tengamos capacidad de trabajo suficiente como
para ir explicando los resultados de este proyecto a la sociedad
española.
El 80 por ciento de los delitos que se producen en España representan
esencialmente lo que denominamos pequeños delitos. Hay seis delitos,
pequeños tráficos de droga, robo en inmueble, tirones, sustracción de
vehículos, sustracción en el interior de vehículos y gamberrismo, que
representan el 80 por ciento del total de infracciones. Sobre esos
seis delitos denominados menores hay que hacer una especial
incidencia en este proyecto. También hay que
determinan el ámbito geográfico en que empezamos a implantarlo. Las
grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante y
Málaga, son las seis ciudades principales donde se cometen estas
infracciones. De ahí que este plan se puede configurar como el
proyecto seis por seis, seis delitos determinados y concretos y seis
ciudades. Debemos ser capaces de medir y cuantificar cómo se responde
desde las fuerzas de seguridad a esos delitos. Por eso hay que ir a
un proyecto organizativo, en primer lugar, de descentralización de
las comisarías en las grandes ciudades. Tenemos que encontrar
fórmulas para medir, cada semana o cada día, cómo van evolucionando
esos seis delitos concretos en esas seis ciudades. Hay que introducir
fórmulas de gestión, que son las que esencialmente determinarán luego
la productividad del Cuerpo Nacional de Policía en función de los
resultados referidos a esos parámetros que tenemos que cuantificar en
los próximos años en España.
Cuando uno se introduce en la determinación de objetivos, en la
definición de parámetros que midan la efectividad de un cuerpo de
estas características, hay riesgos; siempre está presente el riesgo
de lo que puede significar la introducción de unos métodos que no se
habían utilizado nunca en ese ámbito. Es importante que no hagamos
grandes avances de planes. Recuerdo aquel plan ZEN -no recuerdo en
qué año fue-, que tuvo éxito o no, pero siempre he creído que no son
eficaces los anuncios de grandes planes de seguridad. No hay que
buscar rendimientos políticos partidarios, para entendernos; hay que
tratar de ir avanzando con los profesionales del cuerpo en la
definición de proyectos que estén alejados del combate político
partidario y cuya efectividad -eso sí- seamos capaces de medir. En
este proyecto está el Cuerpo Nacional de Policía y no hay ningún
anuncio espectacular ni lo quiero hacer hoy. Apunto simplemente en
qué está trabajando el cuerpo y que lo está haciendo de una forma
extraordinariamente profesional.
Señor Aguiriano, yo creo que ese es el gran reto que tenemos a la
hora de determinar en el futuro cómo primamos a los buenos policías.
Siempre hay dos criterios básicos para avanzar en la seguridad
cotidiana o ciudadana. Primero, la proximidad, tiene que haber más
policías en las calles. Segundo, tenemos que especializarlos más. La
manera de combatir esos delitos exige policías especializados en esas
cuestiones, con unos métodos concretos y lo que es al final el
criterio de la suma. En esta actuación tenemos que ser capaces de
hacer participar a un conjunto de instituciones policiales, pero para
que eso funcione tenemos que descentralizar nuestra organización en
las ciudades, tenemos que ir a comisarías de distrito que sean
capaces de evaluar estos delitos y tenemos que introducir fórmulas de
gestión que sean justas para medir el buen hacer policial.
Yo siempre he creído que en una institución policial como la nuestra
la tragedia no está en el déficit de medios, que es una limitación,
el problema es que al cabo de los años la rutina pueda con la buena
voluntad, la competencia o la profesionalidad de sus policías y que
al final se encuentren sin ánimo o sin incentivos para trabajar, que
no es el caso.
Ese es el riesgo que corremos y por eso hay que tratar de introducir
parámetros que determinen el éxito del buen hacer policial, pero no
de las grandes cifras estadísticas, que a nada o casi nada conducen.
La evolución que analizamos siempre de infracciones o de delitos al
cabo del año desde la Fiscalía General del Estado, desde la propia
Dirección General de la Policía, son instrumentos útiles, pero nos ha
demostrado que en la democracia en España esos resultados siempre se
dan la vuelta por unos y por otros, por el Gobierno y por la
oposición, y al final muchas veces no son retratos y fotografías
reales que sirven para determinar la bondad o maldad del conjunto del
funcionamiento de la seguridad, sino que hace falta introducir
unidades mucho más reducidas, donde se puede determinar sobre delitos
concretos la efectividad en una comisaría, en un distrito, de la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es lo
que, en mi opinión, debe marcar en buena medida la nueva cultura de
seguridad del futuro y por eso es en lo que yo en estos momentos hago
más hincapié. Ese es el gran reto al hablar de productividades del
futuro, a la hora de abordar los incentivos humanos y personales en
el Cuerpo Nacional de Policía.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Muchas gracias, señor ministro, por la
información que nos ha dado, muy resumida y generalizada, sobre el
tema policía 2000, nuevo sistema de retribución, que parece muy
interesante. Lo único que le rogaría es que mandase el informe a la
subcomisión, porque para eso estamos trabajando. Podía ser un aspecto
fundamental a estudiar por la propia subcomisión. Le deseo los
mejores éxitos en este tema si el plan -que no conozco- tiene las
suficientes bondades para que usted lo pueda consensuar y ponerse de
acuerdo con los propios sindicatos, ya que puede ser positivo.
No estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho, y es que las
grandes cifras sobre delincuencia, detenidos y demás se ha utilizado,
por una parte, por el Gobierno y, por otra, por la oposición en su
labor de crítica al Gobierno. Nosotros no lo hemos usado. Nosotros no
somos como ustedes, que estaban todo el día anunciando la cantidad de
cosas que pasaban en este país, la inseguridad ciudadana que había en
las calles y hasta los problemas de tráfico. Cuando el alcalde era
Barranco, la prensa y ustedes estaban todo el día hablando de los
problemas del tráfico en Madrid. Ahora no hay problemas de tráfico.
Lo que me ha pasado a mí hoy debe ser porque soy un tipo raro.
Nosotros no utilizados ese método de oposición que ustedes siguieron
que, por otra parte, parece ser que les dio buen resultado.
Me alegro mucho de que quiera quitarse mi intranquilidad, pero no
viene motivada porque exista una desmotivación en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Si existe o no esa desmotivación, puede venir
dada por la insatisfacción o el descontento que pueda tener la
policía porque sus problemas, sus reivindicaciones, sus necesidades o
sus exigencias no solamente no son atendidas, sino que ni siquiera
son escuchadas. Usted nos ha dicho que este año ya les ha recibido.
Me alegro infinito. Por lo menos aquella encerrona de una semana de
todos los sindicatos fue positiva. Hay
que reconocer los méritos: usted consiguió que se pusiesen de acuerdo
y se encerrasen todos los sindicatos de policía, lo cual es un mérito
que no ha estado al alcance de ningún ministro del Interior en este
país. Si eso ha servido para que este año usted les haya recibido a
todos, bienvenida sea aquella encerrona. Entre la forma en que usted
les trató el año pasado sin recibirles y este año recibiéndolos, sin
ninguna duda, es muchísimo mejor la de este año. Que sus
reivindicaciones se puedan aceptar o no dependerá de muchas
circunstancias, no sólo de la voluntad del ministro. En cualquier
caso, si tienen algún problema o duda consulte con su compañero, el
ministro de Trabajo, que parece que tiene buena mano con los
sindicatos, con los que siempre llega a acuerdos. No sea usted el
patito feo de esta comedia y resulte que quien no llega a acuerdos
con los sindicatos es usted y sí el ministro de Trabajo. Si tiene
algún problema, vaya a cenar de vez en cuando con él y pregúntele
cómo lo hace.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Agradezco muchos los
consejos que me da mi buen amigo, el señor Aguiriano. Tomo nota de
todos ellos porque me han parecido útiles de futuro. Me alegro de que
la manera de proceder el Gobierno en la actualidad le parezca mejor
que la del año pasado y la de cuando estábamos en la oposición, es
señal de que en este terreno hay un cierto avance en general del
Gobierno. Gracias a sus intervenciones seguiremos en la buena
dirección que usted nos va marcando en la mañana de hoy.
- MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON LAS SECTAS DESTRUCTIVAS
INSTALADAS EN ESPAÑA, A FIN DE IMPEDIR O LIMITAR ALMÁXIMO SU
EXTENSIÓN YACTIVIDADES QUE ESTÁN PROLIFERANDO, COMO DEMUESTRAN LOS
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000484.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Comparecencia
para informar sobre las medidas adoptadas en relación con las sectas
destructivas instaladas en España, a fin de impedir o limitar al
máximo su extensión y actividades que están proliferando, como
demuestran los acontecimientos ocurridos en Santa Cruz de Tenerife,
iniciativa de la que es autor el Grupo Socialista del Congreso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoras y señores diputados, como ustedes conocen, la Constitución
española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de
los individuos y de las comunidades sin más limitaciones en sus
manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley. El control legal de las asociaciones de
tipo religioso se cumple mediante suscripción en el registro de
entidades religiosas de la Dirección General de Asuntos Religiosos, o
bien a través de la inscripción
como asociaciones culturales, sociales o de otra índole, acogiéndose
a lo dispuesto en la Ley reguladora del derecho de asociación. Al
igual que ocurre en la mayoría de los países europeos y tal como esta
misma Cámara ya ha tenido ocasión de reconocer, quiero citar la
recomendación aprobada el 2 de marzo de 1989 por la Comisión
parlamentaria española. Esa recomendación decía que el marco
legislativo español, tanto en el orden general de la regulación de
los derechos constitucionales como en el orden penal para la
tipificación y condena de los supuestos de conductas ilícitas
atribuidas a las actuaciones de algunos grupos sectarios, es
suficiente. El problema básico del fenómeno sectario destructivo es
la transgresión práctica del ordenamiento jurídico existente, por lo
que la solución a tal problema no ha de venir en absoluto por la vía
de la reforma de la ley, sino por la de su respecto, aplicación y
restablecimiento cuando haya sido transgredida.
En un primer acercamiento a esta cuestión, los problemas surgen a la
hora de identificar qué es una secta. Los gobiernos, parlamentos e
instituciones de ámbito europeo coinciden en definir el denominado
fenómeno sectario como la existencia de organizaciones que, amparadas
en la legislación de libertad religiosa o/y libertad de asociación,
realizan actividades que vulneran derechos fundamentales de las
personas. Los expertos asimismo consideran que se otorga la
calificación de secta a los grupos que tienen un líder carismático,
mesiánico y dogmático, que disponen de una estructura teocrática
vertical y totalitaria y que exigen a sus adeptos un desprendimiento
material absoluto.
La conceptuación jurídica o legal de una secta destructiva es difícil
y compleja. La mayoría de estas organizaciones tienen cobertura legal
con fines que son aparentemente lícitos. El problema surge cuando
esos fines iniciales no se adecuan a la realidad o sus dirigentes y
líderes vulneran la legalidad vigente. Por otro lado, hay que tener
en cuenta que la simple integración de un grupo, que se realiza de
forma voluntaria, no es penalmente punible en nuestro ordenamiento
jurídico.
En cuanto a las actuaciones de propaganda de estas organizaciones, es
difícil la actuación legal contra ellas si no existen denuncias
concretas. Apartir de estas consideraciones iniciales para centrar la
cuestión, permítanme que también fije algunos antecedentes de este
fenómeno. Las sectas destructivas surgieron en nuestro país en la
década de los ochenta. Este fenómeno se debe a una serie de factores
como el consumismo a ultranza, el desencanto de una parte de nuestra
juventud, que pueden ser crisis de valores, éticos, morales,
religioso o el aislamiento del individuo en las grandes ciudades y
posiblemente se ha visto favorecido por el actual sistema de
legalización de asociaciones que necesariamente tiene que ser
permisivo en un Estado de derecho y que se ha aprovechado por estos
grupos en la utilización de métodos fraudulentos y de enmascaramiento
con motivaciones claramente económicas.
La situación actual, sin caer en el alarmismo, preocupa no solamente
por la actividad delictiva encubierta que puede producirse, sino
porque genera problemas de orden social, familiar y tragedias
personales a los que los poderes públicos deben prestar,
indudablemente, atención. Es difícil dar un número, aunque sea
aproximado, de las sectas implantadas en nuestro país. Descartando
cifras que han
dado algunos estudiosos del tema que situaban el número de sectas,
sólo en Canarias, en unas 300, otras estimaciones más ajustadas,
según la unidad especializada en esta materia, la Dirección General
de Policía, lo sitúan en unas 200 en toda España.
Respecto al número de afectados por esta problemática en nuestro
país, es complicado aventurar una cifra, por dos razones: por el
carácter reservado y secreto de las sectas y, en segundo lugar, por
su gran movilidad y facilidad de enmascaramiento. Estas
circunstancias forman parte, además, de una estrategia dirigida a
impedir u obstaculizar la acción policial y judicial. Expertos en la
materia sitúan la cifra en un arco que oscila entre 100.000 y 150.000
adeptos. No es fácil tampoco ubicar las sectas geográficamente en
nuestro país, aunque es comúnmente aceptado que Madrid, Barcelona y
el litoral mediterráneo son zonas de asentamiento del mayor número de
ellas, siendo en las dos Castillas y en Levante donde más se hace
notar las conceptuadas como satánicas.
Señorías, a partir de este panorama, me referiré a continuación a las
medidas adoptadas por el Ministerio del Interior en relación con las
sectas destructivas. Primero, la colaboración e intercambio de
información entre instituciones y servicios afines, tanto en el
ámbito nacional como internacional, es fundamental para realizar las
actuaciones precisas que permitan una defensa eficaz ante este
fenómeno. Las autoridades del Ministerio del Interior persiguen,
dentro del ámbito de sus competencias, las conductas que se
manifiestan como delictivas o contrarias al ordenamiento jurídico,
manteniendo canales de información y colaboración. Segundo, en el
ámbito de la prevención y dentro del marco general de respeto a los
derechos y libertades que reconoce la Constitución, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad mantienen a través de sus unidades de
información una vigilancia preventiva sobre la posible actividad
contraria al ordenamiento jurídico de algunos de esos grupos,
detectando la presencia de los que intentan establecerse por primera
vez. Además de actuar desde el punto de vista preventivo, el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil investigan las posibles
conductas delictivas de personas concretas integrantes de este tipo
de sectas, poniendo los responsables a disposición judicial. La
actuación policial se centra en el seguimiento de actividades de
sectas en general y, específicamente, sobre aquéllas que tienen
ramificaciones e influencias sospechosas de actividades ilícitas y
que mantienen vínculos de carácter internacional.
De manera más concreta y para dar cumplimiento a la resolución del
Congreso de los Diputados, de fecha 2 de marzo de 1989, se creó una
unidad especializada, a la que antes me he referido, para el
seguimiento e investigación de sectas, dependiente del servicio de
información interior de la Comisaría General de Información de la
Dirección General de Policía. Esta unidad desempeña sus competencias
en todo el territorio español y cuenta con la colaboración de las
brigadas provinciales y locales de información del Cuerpo Nacional de
Policía quienes, a su vez, realizan una importante actividad en sus
respectivos ámbitos competenciales en cuanto a la detección y
seguimiento de estos grupos, de sus actividades y de las personas
implicadas en las mismas. La unidad especializada en el seguimiento
de información de estas sectas mantiene canales de información
estables y continuos que se alimentan de fuentes propias
e intercambian información con otros cuerpos, lógicamente de carácter
policial. Se establecen contactos con carácter permanente y
esporádico con personas próximas a las sectas, ya sea en su condición
de adeptos, ex adeptos o familiares y allegados de unos y otros. (El
señor vicepresidente, Aguiriano Forniés ocupa la Presidencia.) Se
mantiene una actitud continua de intercambio de información y
contactos con instituciones y entidades públicas y privadas que
tratan de la problemática derivada de las sectas. Se lleva a cabo un
análisis pormenorizado de publicaciones y folletos internos de los
distintos grupos, así como de las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación. Se realiza un seguimiento puntual de
convocatorias públicas realizadas por grupos sectarios y se asiste a
coloquios, conferencias y jornadas promovidas por estudiosos y
expertos en el fenómeno de sectas. Como unidad especializada en el
seguimiento e investigación de grupos o asociaciones de carácter
destructivo y que pueden infringir el ordenamiento jurídico vigente,
sus actuaciones se dirigen a la investigación de sus actividades,
personas implicadas en ellas y motivaciones, que en muchos casos son
puramente económicas.
He señalado, fundamentalmente, la existencia de esta unidad. Quiero
decir que elabora dos tipos de informes: uno, general, que tiene
carácter periódico, aproximadamente anual, que recoge la situación
del fenómeno sectario en España y analiza la posible evolución
futura. El último informe es el que ha sido realizado en julio de
1997. Quiero anunciar a esta Comisión que, antes de finales de este
año, la Dirección General de Policía remitirá un informe general que
actualice el informe desarrollado el año anterior. Informes
puntuales, que carecen de periodicidad determinada, reflejan
situaciones o acontecimientos concretos de interés policial que
pueden afectar a una o varias sectas.
Señorías, la preocupación por la proliferación del fenómeno sectario
no es un hecho aislado en nuestro país; esta preocupación la
comparten gobiernos, parlamentos e instituciones europeas. Quiero
decir que en el ámbito más amplio de la delincuencia organizada, la
preocupación del Consejo de Europa es constante. El pasado 5 de
noviembre asistí a una reunión del alto nivel en la que debatimos
nuestras iniciativas en el crimen organizado para reforzar la
cooperación policial a nivel paneuropeo en la lucha contra estos
delitos de carácter organizado. La cooperación internacional se
revela, una vez más, como un instrumento fundamental en el control de
las sectas. La lucha contra este tipo de actividad delictiva pone de
manifiesto la insuficiencia de los instrumentos de carácter nacional
y hoy esta cooperación se realiza, fundamentalmente, a través de
Interpol. También confiamos que sea pronto Europol un instrumento
eficaz en la lucha contra estas modalidades delictivas.
Quiero terminar diciendo que se trata de un seguimiento permanente,
políticas globales, que permiten disponer de una información
necesaria y efectuar el seguimiento e investigación de estos grupos.
En lo que se refiere a los planteamientos generales, esto es lo que
cabe añadir a la intervención en el día de hoy.
Finalmente, me referiré a los sucesos de Santa Cruz de Tenerife. Tras
recibirse en Interpol Madrid, procedente de
Alemania, información sobre la posibilidad de un suicidio masivo de
miembros pertenecientes a una secta, cuyo nombre se desconocía y que
tendría lugar en la Isla de Tenerife el 8 de enero de 1998, la
brigada provincial de información de Tenerife, del Cuerpo Nacional de
Policía, tras un análisis detallado de la información recibida,
consiguió determinar el grupo sectario del que se trataba,
identificando la persona que lo lideraba. Durante las investigaciones
a través de Interpol Madrid se contó con la colaboración del
departamento de policía de Tübingen, Alemania. La comisaría
provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz tramitó por
este hecho las diligencias policiales número 11 de la brigada
provincial de información remitidas al Juzgado de Instrucción número
10 de la citada ciudad, por presuntos delitos de inducción al
suicidio, intrusismo profesional y asociación ilícita. Alas 21 horas
del día 7 de enero de 1998, se dio cumplimiento al mandamiento
judicial de entrada y registro en la vivienda situada en el número 23
de la calle Enrique Anaga, de Santa Cruz de Tenerife, propiedad de la
ciudadana alemana Fittkau Garthe, doctora en psicología,
interviniendo documentación, efectos y símbolos de carácter sectario
e identificando a 31 adeptos que se encontraban en el interior, todos
extranjeros, con la excepción de un español. A las 2,30 del mismo día
se practicó otra diligencia de entrada y registro en un chalé ubicado
en la localidad de Arafo, Tenerife, propiedad de la misma ciudadana
alemana, donde se intervino documentación de la secta, así como dos
ordenadores personales de la líder de la misma. Esta ciudadana
alemana fue detenida por un presunto delito de inducción al suicidio.
Actualmente, y debido a que la psicóloga Fittkau Garthe también
desarrollaba su actividad en la ciudad alemana de Hamburgo y que la
mayoría de los adeptos del grupo se trasladaron a Alemania, país de
origen, el juez encargado ha estimado la necesidad de llevar a cabo
una comisión rogatoria internacional, por lo que en la actualidad dos
funcionarios policiales adscritos a la plantilla de Tenerife se
encuentran en Alemania con la finalidad de recabar datos y elementos
probatorios que complementen las investigaciones llevadas a cabo en
Tenerife.
Para terminar, señorías, hay que decir que el fenómeno de las sectas
en España no tiene una continuidad, un sostenimiento, en la
preocupación de la opinión pública en su conjunto y que nos debe
preocupar a todos. Es verdad que en estos momentos tiene cobertura
informativa y que suscita interés cuando se producen hechos
extraordinariamente graves. Quiero reiterar que el Ministerio del
Interior, sobre todo en la unidad a la que antes me he referido, hay
una preocupación permanente y constante sobre esta cuestión. Pensamos
que la mejor manera de avanzar en la resolución de este grave
problema es el trabajo sostenido, permanente y continuo de estos
funcionarios del cuerpo nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): La comparecencia ha sido
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la
señora Martínez González.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor ministro, por su
explicación.
Señorías, el problema de las sectas es evidentemente complejo y su
persecución puede rozar el derecho a la libertad de reunión y de
cultos. A nadie se le escapa que, precisamente por gozar de esas
libertades, nuestro país es muy atractivo para determinados grupos de
presión y de control sobre las conciencias, que es el mayor control
que se puede ejercer en una sociedad. La proliferación en España,
y sobre todo en las islas Canarias, es suficientemente conocida por las
autoridades. Lo que preocupa a nuestro grupo es que exista esa
cicatera persecución -entre comillas- de los inmigrantes ilegales que
llegan al territorio de Canarias, sobre todo del norte de África y de
Latinoamérica, pero que no se haga ese seguimiento con el mismo calor
e interés de ciudadanos y ciudadanas extranjeros que se asientan en
Canarias. Hablo de Canarias porque usted mismo, señor ministro, ha
dicho que se habla de 300 sectas, si esa cifra se aproximara a la
realidad el territorio de las islas Canarias sería el más azotado por
estos grupos.
Es cierto que las islas Canarias viven del turismo -el 85 por ciento
del producto interior bruto procede de esa actividad- y que esto
supone una puerta abierta al mundo que permite que se asienten allí
las sectas. Precisamente por eso me gustaría saber si en Canarias,
territorio deseado y buscado por estos individuos, hay también unas
unidades policiales con más miembros y si hay una especial dedicación
a ese territorio. En uno de los suicidios colectivos, que se produjo
-creo recordar- en Suiza, estaba presente un canario. En casi todos
los movimientos internacionales importantes de este tipo hay
presencia de isleños, y nos preocupa fundamentalmente que el
Ministerio del Interior no persiga -aunque a lo mejor lo está
haciendo, no se percibe con claridad rotunda- a este tipo de grupos.
Yo tengo que disentir, señor ministro, respecto a lo que ha dicho
sobre que la aparición de estas sectas tenga algo que ver con el
consumismo, con la crisis de valores, etcétera. Ese es un
planteamiento muy conservador. Los países de Sudamérica viven en la
más absoluta pobreza, y las sectas enviadas por los norteamericanos
son conocidas en el mundo entero. Allí no hay consumismo, no hay
grandes ciudades, no hay crisis de valores. Yo tuve la suerte de ser
invitada por la Unión Europea a Guatemala, antes del tremendo
desastre, y pude comprobar cómo la comunidad maya, a la que pertenece
casi el 70 por ciento de la población, y la comunidad de los llamados
ladinos -palabra que no tiene el mismo significado que nosotros le
damos- no sufren la crisis de valores, pero sí la presencia de
tremendas sectas destructivas. Señor ministro, permítame que
disienta, en nombre de mi grupo, de la cuasi justificación que usted
ha hecho de la presencia de estos grupos.
Le agradezco de verdad la información que nos ha dado y le ruego que
dedique más tiempo y más medios a esta cuestión, porque la verdad es
que estos grupos atrapan principalmente a personas -no siempre- con
baja cultura, a jóvenes con una inmadurez personal, crean verdades
problemas, como usted mismo decía, de tipo familiar y personal, y al
final el objetivo último es el lucro económico.
No me voy a extender más. Comparto su preocupación y le informo, por
si no lo sabe, de que estos grupos dicen que la percepción del cosmos
en la isla de Tenerife es absolutamente extraordinaria y que esa isla
es la sede de las sectas más importantes del mundo. Le ruego una
atención
hacia todo el territorio y, muy en particular, a esta isla, que es la
que ellos prefieren, y que destine más medios policiales y de otro
tipo a controlar estas actividades en la isla de Tenerife.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: No me extenderé mucho, señor presidente,
porque me han parecido suficientes y bien enmarcadas en la
racionalidad, en la realidad operativa y en la legalidad las
actividades que realiza técnicamente la policía o las policías en
este asunto de las sectas destructivas que hacen episódicamente su
aparición en nuestro país.
En el marco parlamentario tenemos que regirnos por un único documento
al que ha hecho referencia el señor ministro, que es la resolución
que adoptamos en esta Cámara en 1989. Quiero traer aquí el recuerdo
de una gran diputada que llevó estos trabajos con un ánimo
verdaderamente valioso, doña Pilar Salarrullana, que encabezó la
ponencia y los trabajos que aquí realizamos y en los que a este
diputado le cupo también el honor de participar modestamente en
nombre de su grupo. El 2 de marzo de 1989 se culminan en una
resolución parlamentaria los trabajos que habíamos realizado a lo
largo de 1988 y en los que se estudiaron las causas, algunas de las
cuales ha expuesto el señor ministro, sobre el fenómeno de las sectas
y movimientos esotéricos, y se vio también la dificultad jurídico
legal que existía para diferenciar lo que eran simples asociaciones,
inscritas, en virtud de la Ley de Asociaciones, en el Ministerio del
Interior o en los respectivos gobiernos civiles de entonces para
realizar actividades amparadas por la libertad de expresión en la
Constitución, y allá cada uno con sus creencias, siempre que se
respeten el orden constitucional y el orden jurídico. En los estudios
realizados se veía que estas asociaciones venían a satisfacer
conceptos puramente de libertad de conciencia de los ciudadanos que
se adscriben a ellas o a veces también intereses económicos, porque
se veía el movimiento de dinero que se efectuaba en las transacciones
internaciones, a las que estamos ya muy habituados con este fenómeno
que ocurre de una manera espectacular en los Estados Unidos.
Nosotros creemos que el Ministerio del Interior ha venido
respondiendo desde 1989, con todos los gobiernos que ha habido, al
mandato parlamentario y a las resoluciones que se adoptaron, con la
creación entonces de la unidad policial especializada en estos
delitos, como ha manifestado aquí el señor ministro. Por tanto, en
este aspecto primero de mi intervención no me cabe sino ratificar y
apoyar las palabras del señor ministro respecto a la actividad de los
grupos especializados de la policía española, por supuesto, en íntima
conexión con Interpol, con Europol o con todas las policías
mundiales, porque este es un fenómeno que, desgraciadamente, no
afecta solamente a nuestro Estado ni a Canarias, en el caso concreto
al que se ha referido la señora portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la iniciativa. Aquí hay que hacer una
colaboración incluso con las autoridades fiscales y bancarias, ya que
algunas de
estas denominadas sectas, destructivas o no, mueven cantidades
ingentes de dinero, lo que muchas veces encubre un fraude fiscal y
hasta una auténtica evasión del derecho fiscal de cada país. Por
tanto, señor ministro, mantenimiento de estas unidades policiales y
máxima cooperación internacional con cualquiera de los instrumentos
jurídicos: Europol, Interpol u otras autoridades judiciales.
En cuanto a Tenerife, al que ha hecho mención la portavoz socialista,
como bien ha señalado el señor ministro, hay una comisión rogatoria y
el asunto está en manos judiciales. De la espectacularidad mediática
con que arranca esta noticia lo único que tengo que destacar aquí es
la eficacia de la policía española, que respondió inmediatamente sin
entrar en otras consideraciones, tales como las razones de la
denuncia. La policía española actúa a petición de la policía alemana
ante la suposición de un intento de inducción al suicidio colectivo,
caso que queda inmediatamente en manos judiciales. La policía
española en Tenerife cumple escrupulosamente la normativa , hace las
detenciones cautelares pertinentes, lo pone inmediatamente en
conocimiento del juez y el proceso judicial y formal de nuestra
legislación, con las acusaciones y las defensas respectivas, se ha
llevado adelante, Como se dice en el Archipiélago, el tiempo ha
desinflado aquella espectacularidad o sensacionalismo mediático con
que se dio la noticia, porque siempre son noticias que aparecen en
los medios informativos con mucha demanda de garra y morbosidad. El
asunto está hoy día en sus cauces auténticos de comisión rogatoria.
Afortunadamente, parece ser que no ha habido suicidio. En cualquier
caso, nosotros pedimos que se mantengan las mismas medidas que se
adoptaron en el inicio, vía policial y posteriormente vía judicial
con la aplicación de las leyes procesales españolas a que hubiera
lugar, y más tratándose de personas de otros países de la Unión
Europea, como es el caso de los ciudadanos alemanes. No olvidemos que
hay una demanda por intrusismo profesional ya que todos estos
personajes actúan como psiquiatras, asesores psicológicos, o asesores
de conciencia y de imagen de las distintas voluntades que una
sociedad pluralista tiene, y da la casualidad de que todos los
clientes que puedan pagar las minutas son ricos, tal y como evidenció
la investigación patrimonial de las denuncias que se produjeron, por
lo que muchas veces hay que pensar que son denuncias por intrusismo
profesional, entre comillas, de todos los pintorescos personajes que
están en esta comedia. Lo que a mí me preocupa son las sectas
destructivas, no la picaresca con la que están montadas; dejemos eso
para el cauce ordinario, policial y judicial, y para las autoridades
monetarias.
Señor ministros, nos parece que las actuaciones que se han mantenido
han sido perfectamente correctas y que ese es el marco en que hay que
resolver la situación. Una diligencia policial como la que ahí se
tuvo fue encomiable y lo quiero decir aquí para elogiar a los mandos
y las fuerzas policiales que intervinieron. Desde luego, el Estado de
derecho es el que tiene que actuar con la causa judicial que en este
momento está abierta.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, voy a
comenzar coincidiendo con la afirmación hecha por el señor Mardones
en orden a que, efectivamente, tanto el anterior Gobierno como el
actual han venido mostrando una especial preocupación por esta forma
singular de fenómeno delictivo que afecta a las denominadas sectas
destructivas. Desde esta consideración -probablemente la literalidad
de su afirmación no se corresponde con su verdadero sentido de
fondo-, creemos que está de más la afirmación de la señora portavoz
del Grupo Socialista en orden a atribuir una cuasi justificación de
la presencia de estos grupos deduciéndola de la intervención del
señor ministro de Interior. Todo lo contrario, estamos ante un
fenómenos que preocupa a todos, como ha recordado el señor ministro,
con el que hay que trabajar desde la prevención y desde la
colaboración multidisciplinar, en términos policiales y de forma
permanente.
Todo esto ha sido el conjunto de las ideas vertebrales de la
intervención del señor ministro del Interior, no solamente como un
recurso parlamentario hoy aquí, sino en función de que son las líneas
que vienen determinando los principios de actuación policial en este
asunto; un asunto que, como bien recordaba -e este caso, sí- la
señora portavoz del Grupo Socialista, es complejo y en el que los
principios de libertad de culto y de reunión tienen que ser
perfectamente deslindados para acreditar el respeto a esas libertades
fundamentales, pero, al mismo tiempo, para sacar a la luz fenómenos o
construcciones delictivas que, al amparo de una interpretación
espúria de dichos principios, puedan estar tratando de conjugar una
forma de naturaleza criminal.
Ha dicho el señor ministro del Interior que estamos ante un fenómenos
que exige en su fase previa, como se está desarrollando, un trabajo
preventivo y sostenido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, de una forma muy
directa, como también del de la Guardia Civil, pero, una vez se han
producido determinados hechos, el impulso de la denuncia de los
afectados es, sin lugar a dudas, básico.
Yo me quedaría con dos ideas fundamentales que en este caso pueden y
deben vertebrar un mensaje de confianza hacia la sociedad: la idea de
que, efectivamente, hay una preocupación constante de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en orden a la prevención y en su
caso, posteriormente, a la investigación y al esclarecimiento de
estos fenómenos, con la actividad delictiva encubierta que en ciertos
casos comportan, como señalaba el ministro del Interior y, en segundo
lugar, que las instituciones del Estado de derecho funcionan, como se
ha acreditado en determinados procesos judiciales y condenas que son
de todos conocidas.
Por lo demás, la señora Portavoz del Grupo Socialista reclamaba una
mayor dotación de medios en conjunto y específicamente en lo que
afecta a las islas Canarias. Quiero recordar en este contexto que
este Gobierno, el Ministerio del Interior, en colaboración con el
Gobierno autónomo canario, ha impulsado un plan específico de
seguridad para Canarias que contempla, como es natural, todas las
circunstancias especiales que afectan a la vertebración del concepto
y del servicio público de seguridad para las islas Canarias
y también, como es lógico, a las derivaciones que en
esas exigencias de seguridad puede tener un fenómeno de la naturaleza
que estamos tratando.
Mi grupo muestra hoy su satisfacción por las palabras del señor
ministro, en la medida en que acredita que existe una preocupación y
una sensibilidad hacia este tipo de fenómenos delictivos, que existe
una trabajo de conjunto y de continuidad como el que ya venía
haciendo en esta materia también el anterior Gobierno y, por tanto,
estamos ante una cuestión que afecta y nos compromete a todos y donde
el legítimo debate político partidista tiene que estar en todo caso
reducido al mínimo, esencialmente a las aportaciones que todos
podemos hacer en una tarea que a todos los afecta.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Una vez terminado el
turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
intervengo con brevedad.
Quiero empezar planteando tres cuestiones que pueden ser las
conclusiones operativas de la comparecencia de hoy. La primera
cuestión es que habrá un estudio general sobre las sectas que emitirá
la Dirección General de la Policía antes de finales de este año. El
último -lo he recordado con anterioridad- fue de julio de 1997 y yo
anuncio aquí que, antes de finales de diciembre de 1998, habrá un
informe exhaustivo, global, dentro de ese capítulo general al que me
refería en el conjunto de actividades de esa unidad de información
especializada en esta materia.
En segundo lugar, respecto al Plan de seguridad integral de Canarias,
al que se ha referido don Ignacio Gil Lázaro en su intervención y
también en relación con las palabras de la portavoz del Grupo
Socialista, en lo que significa crimen organizado y en lo que puede
significar más específicamente la lucha contra estas sectas, se
estudiará de qué forma podemos implementar algún tipo de actividades
en cuanto a la investigación e información en esta materia.
En tercer lugar, quiero reiterar la disposición del Ministerio para
que no sólo respecto al informe del mes de julio, al que antes me he
referido, sino para cualquier tipo de contacto o de información que
quieran tener ustedes con los responsables de esa unidad
especializada puedan ustedes conseguirlos.
Quiero decir que sobre el tema de Canarias, en particular, ha habido
ya senadores socialistas que en el mes de julio me pidieron un
encuentro con los responsables policiales y especializados en esa
materia, que se celebró ese encuentro, que tuvo una respuesta
inmediata por parte del Ministerio del Interior y, en ese sentido,
vuelvo a reiterar esa disposición para facilitar que todos los
diputados que estén interesados, especialmente aquellos que en estos
momentos, al referirse a Canarias, representan a aquella isla, tengan
una conversación directa con ellos.
Hechas estas tres conclusiones, respecto a la comparecencia de hoy,
quiero simplemente puntualizar algunas cuestiones. Primero, yo he
descartado la cifra de 300 en Canarias y, precisamente al
descartarla, he introducido la cifra de 200 en el conjunto de España
como la apreciación más rigurosa que, en nuestra opinión, hoy hace la
unidad especializada en esa materia. Segundo que, quizá en ocasiones
no seamos suficientemente expresivos pero quiero decir que
desde el punto de vista policial -y voy a poner una serie de
ejemplos- sí hay actuaciones permanentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en esta materia.
Quiero señalar que el 22 de mayo de 1997 las autoridades judiciales
belgas expidieron una comisión rogatoria internacional contra un
ciudadano belga, René Henry Spatz, y otro responsable de la
organización Reino de la Luz Resplandeciente, que era una secta
destructiva, de doctrina orientalista, por presuntos delitos de
detención ilegal, blanqueo de dinero, extorsión y otros. Esta
iniciativa - estamos hablando del 22 de mayo de 1997- permitió llevar
a cabo una operación conjunta entre cuatro países de la Unión Europea
-Bélgica, Francia, Portugal y España-, mediante la cual se consiguió
en nuestro país localizar e intervenir propiedades y otros documentos
y se instruyeron diligencias que se elevaron al Juzgado central de
instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El 19 de enero de este año 1988 las autoridades judiciales belgas
expidieron comisión rogatoria internacional para practicar gestiones
en Torremolinos y en Santa Cruz de Tenerife, relativas a la Orden del
Templo Solar.
En este mismo año se han producido actuaciones policiales en Coruña y
Zaragoza contra dos sectas, la Nonsiamosoli y los Elegidos. En el
primer caso se practicaron diligencias y se ordenó por la autoridad
judicial un registro en busca de un posible depósito de armas, y en
el caso de Zaragoza se instruyeron las correspondientes diligencias
con motivo de la desarticulación de la secta de los Elegidos y sus
miembros fueron imputados por delitos de intrusismo, coacciones,
estafas, lesiones y agresiones psíquicas y sexuales. Con esto quiero
decir que se trabaja sin cicatería en lo que puede significar una
permanente preocupación del Cuerpo Nacional del Policía sobre estas
sectas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, en la gran discusión de lo que yo entiendo por valores, o
lo que entiende S.S., probablemente tendríamos una disquisición
teórica abstracta no poco importante, pero en el fondo, si nos
preocupa el resultado, bien porque yo interprete que hay ese déficit
de valores en una dirección o porque usted crea que también se
producen otros acontecimientos que hay que sumar a esas causas
profundas, lo importante es que no le quepa duda de que su
preocupación y la mía son similares en cuanto a la existencia de
estos grupos que, al final, utilizan técnicas de grupos de crimen
organizado, que al final blanquean dinero, que al final actúan como
tales grupos, por lo que tiene que haber una preocupación que
probablemente sea una de las prioridades principales a efectos de
entender qué fórmula, al final, acaban siempre utilizando, con los
mismos instrumentos, estas agrupaciones de crimen organizado. De ahí
que aunque no estemos muy de acuerdo en la definición de
estrictamente todas las causas profundas coincidíamos en las
consecuencias, en la preocupación que nos suscita este fenómeno, y le
vuelvo a reiterar nuestra plena disposición para avanzar en la
solución y en el conocimiento más profundo y compartido de este
fenómeno.
- RAZONES DE LA FUGA DE LOS DOS PRESOS DE LA CÁRCEL DE VIGO
(PONTEVEDRA) Y MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA ESCLARECER LOS HECHOS.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000456.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, cuyo punto
siguiente, que se tramita como pregunta, tal como habíamos indicado
al comienzo de la sesión, es la formulada por el Grupo Socialista del
Congreso, asignada, de acuerdo con la indicación de su grupo, a doña
Carmen Silva, para explicar las razones de la fuga de los dos presos
de la cárcel de Vigo (Pontevedra) e informar de las medidas que se
han tomado para esclarecer los hechos.
Señora Silva, en los términos y con la formulación propia de una
pregunta, tiene S.S. la palabra.
La señora SILVA REGO: Señor ministro, la fuga a la que hace
referencia esta iniciativa sabe usted que se produjo en noviembre de
1997, hace ya un año, con dos fugados, de los que uno de ellos, el
considerado más peligroso, todavía no ha sido capturado. Me gustaría
conocer en qué situación se encuentra la investigación policial en
este término. Además, volviendo al tema, le recuerdo, señor ministro,
que esta fuga produjo una gran alarma social en aquel momento, y que
hoy después de un año, debido a la lentitud del proceso de
comparecencia en esta Comisión, tiene mucho menos interés, sobre todo
porque ese centro, el de Vigo, ya está cerrado y ya está en
funcionamiento el centro penitenciario de A Lama que, como usted
sabe, es un centro de los denominados tipo, aunque el cierre de este
centro no se produce por esta causa sino que ya estaba previsto el
traslado a ALama en los plazos en los que se produjo.
De todos modos, consideramos que es importante conocer las causas que
según el Ministerio del Interior provocaron la fuga y las medidas que
se tomaron para esclarecer los hechos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Quiero comenzar mi
intervención reconociendo la gravedad de estos hechos y la
preocupación que supuso y supone siempre para el Ministerio del
Interior la fuga de dos presos, en este caso del centro penitenciario
de Vigo. Pero también quiero decirle a S.S. que se ha adoptado un
conjunto de medidas por parte del Ministerio del Interior, algunas de
las cuales ya han obtenido un resultado correcto. Voy a enumerar las
mismas.
En primer lugar, como consecuencia de las investigaciones practicadas
por la Guardia Civil, el 30 de noviembre de 1997, como usted
recordaba, fue detenido uno de los reclusos, Saturnino Marcos Cerezo,
que ingresó en prisión el 1 de diciembre de 1997. En segundo lugar,
que se iniciaron los correspondientes procedimientos administrativas
para exigir, en su caso, las responsabilidades disciplinarias a que
hubiera lugar. En tercer lugar, que se procedió al reforzamiento de
las medidas de seguridad del centro penitenciario y se arbitró un
conjunto de medidas para todas las instituciones penitenciarias
españolas, y, en cuarto lugar,
que se ha procedido, como usted también ha recordado, a la
transformación, uso y finalidad del centro que se ha destinado
exclusivamente a las penas de arresto de fin de semana y para
internos en tercer grado.
Respecto del relato de los hechos, me permitirá que sea breve, pero
le diré que sobre las 18,40 horas del día 25 de noviembre dos
internos, Fernández Mariño y Gutiérrez Rial protagonizaron una pelea
en el departamento de diligencias del centro penitenciario de Vigo.
Aprovechando este incidente, otros dos internos que se encontraban en
el patio del departamento, Saturnino Marcos y Alfredo Sánchez Chacón,
subieron al tejado del gimnasio, situado a tres metros del suelo.
Este tejadillo tiene una longitud de 10,90 metros y sobre él existe
una red metálica que en su parte inferior se apreció reventada en el
lugar por donde salieron los internos. Por ahí se descolgaron al
paseo de ronda, salvando así la distancia de ocho metros
correspondiente a la altura del muro. Una vez en el recinto, estos
dos internos probablemente se dirigieron hasta una de las garitas que
no disponía de centinela, tratando de escalar el muro valiéndose del
cableado de los sistemas electrónicos de seguridad, que resultó
arrancado. Se dirigieron hacia la puerta principal, recorriendo el
recinto de la garita número 3 a la número 4 y de esta última a la
puerta principal. Aprovechando que sobre las diecinueve horas salen
al exterior jefes de servicios del centro, uno de los internos retuvo
la puerta para impedir que se cerrase totalmente, accediendo primero
al patio y desde allí a la puerta exterior de la prisión,
consumándose de este modo la evasión.
Por último y en primer lugar, quiero reiterarle que, de conformidad
con el artículo 28 del Reglamento del régimen disciplinario de los
funcionarios de la Administración del Estado, se acordó con fecha 26
de noviembre de 1997, la apertura de una información reservada por el
director general de Instituciones Penitenciarias para determinar las
circunstancias relativas a los hechos. Del análisis de la misma se
pueden deducir presuntas responsabilidades disciplinarias por parte
de algunos funcionarios que estaban prestando servicios. Por ello,
con fecha 28 de noviembre de 1997, se incoa expediente disciplinario
en el que están imputando el director, dos jefes de servicio, el
funcionario encargado del departamento de diligencias, el funcionario
responsable de la planta donde se ubicaba la celda de los presos
evadidos, el funcionario que prestaba servicio en la puerta principal
y la funcionaria que prestaba servicio en la cancela exterior.
Dada la gravedad de los hechos, con fecha 28 de noviembre de 1997, se
acordó la suspensión cautelar de empleo y suelto del funcionario
responsable de la puerta principal y de la funcionaria que prestaba
servicio en la cancela exterior. Con fecha 12 de diciembre de 1997 se
levantó la suspensión de funciones a la funcionaria que prestaba
servicio en la cancela exterior por considerar el instructor del
expediente incoado al efecto que su supuesta actuación irregular no
fue fundamental para que se produjera la evasión de los dos internos.
Con fecha 5 de enero de 1998, se procede al levantamiento de la
medida de suspensión provisional de funciones al funcionario de la
puerta principal. El expediente se encuentra abierto pero he de decir
que, de conformidad con la ley articulada de funcionarios civiles del
Estado, una vez
detenido uno de los dos miembros, se procedió por el instructor del
expediente a tomarle declaración, y una vez efectuado esto, y en
virtud del principio de subordinación a la autoridad judicial se
sigue las actuaciones por estos hechos, se ha acordado, mediante la
oportuna providencia, la suspensión de la tramitación del expediente
hasta que se descarte algún tipo de responsabilidad penal para los
funcionarios inculpados en el expediente administrativo o, en su
caso, hasta que recaiga resolución judicial. Por estos hechos se
siguen diligencias previas en el Juzgado de instrucción número 1 de
Puenteareas de Pontevedra.
La segunda consideración que le quería hacer es que el director del
centro penitenciario, consciente de la gravedad de los hechos,
presentó su dimisión al director general de Instituciones
Penitenciarias. Ésta le fue aceptada, siendo relevado de sus
funciones.
Tercero, se llevó a cabo un plan de actuación del centro
penitenciario de Vigo cuyas medidas más relevantes fueron: incremento
de las rondas nocturnas, construcción de una cabina en la puerta
principal para ubicar al funcionario, revisión y reparación de los
elementos de seguridad estática, revisión de las normas de régimen
interior y mejora de los criterios de clasificación interior.
Cuarto, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias trasladó
con este motivo a todos los directores de los establecimientos
penitenciarios instrucciones concretas tendentes a analizar la
detención y custodia que tiene como fin primordial asignada la
institución.
Quinto, el centro penitenciario de Vigo fue clausurado el día 7 de
julio de 1998, trasladándose los internos a un nuevo centro
penitenciario de Alama, quedando el primero como sección abierta
destinada al cumplimiento de penas de arresto de fin de semana e
internos de tercer grado, según las previsiones del Plan de
infraestructura.
Este es el conjunto de medidas que adoptó el Ministerio del Interior
en aquel momento.
El señor PRESIDENTE: Señora Silva.
La señora SILVA REGO: Señor ministro, le recuerdo que en esa fecha y
en el plazo aproximado de un mes se produjeron fugas en Coruña,
Arrecife, Carabanchel, Castellón y en el mencionado centro
penitenciario de Vigo, además de dos intentos de fuga en Zaragoza y
Soto del Real, y que con posterioridad, hace muy poco, en otros
centros del Estado se han producido fugas o intentos de fuga. ¿No
considera usted que las causas de fuga en la globalidad de los
centros penitenciarios están interrelacionadas? ¿No cree usted, señor
ministro, que la escasez de recursos humanos y materiales y la
masificación son las causas principales de que se produzcan fugas y
altercados en los centros penitenciarios? Conocerá usted, señor
ministro, que hay una deficiente atención de los equipos técnicos de
seguridad, que no existe control sobre ellos, que cuando se producen
averías en los sistemas de seguridad se tarda en muchas ocasiones un
tiempo excesivo en subsanarla, que la revisión de estos sistemas es
ineficaz en muchas ocasiones. Sabrá usted, señor ministro, que la
escasez de recursos humanos ha hecho inoperativo el funcionamiento de
los centros penitenciarios, que las direcciones de los centros en
España han venido reiteradamente solicitando que se dote
de personal y de plantillas suficientes y bien formadas a los
centros, y que los funcionarios de los centros penitenciarios vienen
denunciando reiteradamente la precariedades en la que tienen que
desarrollar su actividad. Me dirá usted que todos los años hay oferta
de empleo, pero sabe que es a todas luces insuficiente, que se aplica
una política de recortes de personal que no sólo provoca que ocurran
los hechos mencionados, sino que provoca malestar del funcionariado,
que tiene que responden a muchas más responsabilidades de las que
puede y carece de capacidad para responder a las necesidades de los
centros penitenciarios. En definitiva, hay falta de calidad en el
funcionamiento de estos centros.
No se puede, señor ministro, eludir responsabilidades abriendo
expedientes a los funcionarios y destituyéndoles, tomando
exclusivamente medidas de carácter disciplinario sin solucionar las
causas reales que provocan la situación descrita. Señor ministro, es
fundamental que se planifique una política penitenciaria real, con
los recursos humanos, materiales y de seguridad necesarios.
Los socialistas aprobamos un plan de amortización y creación de
nuevos centros, ustedes tienen ahora la responsabilidad de hacerlos
funcionar atendiendo a la calidad del funcionamiento, a la seguridad
de los centros penitenciarios y a dotarlos de los recursos
necesarios. No se puede seguir culpado exclusivamente a los
trabajadores de los centros penitenciarios de estas situaciones que
se crean porque seguimos eludiendo responsabilidades pero no
solucionando las carencias, hay que prevenir estos hechos y dar la
seguridad a la ciudadanía de que en España los centros penitenciarios
responden a una sociedad moderna. Se trata de una voluntad política
de resolver la situación y de dedicar los recursos presupuestarios
necesarios que favorezcan el buen funcionamiento de los centros
penitenciarios.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Agradezco las
sugerencias que me hace la diputada socialista y el tono de la
intervención. Voy a tratar de responderle exactamente en la misma
dirección.
Cuando hay un problema, lo importante es conocer la profundidad y la
realidad del mismo. En ese terreno, le quiero decir que en los años
1996, 1997 y 1998 -todavía falta un mes para que finalice- se ha dado
la cifra récord de falta de evadidos en prisión en la década de los
noventa. Entre mayo de 1996 y la fecha de hoy ha habido 13 evadidos
de las cárceles españoles, que es menor que la que hubo en el año
1995, que fueron 14. Le quiero recordar las cifras: en el año 1991 se
evadieron en España 24 reclusos; en el año 1992, 26 reclusos; en el
año 1993, ocho reclusos; en 1994, ocho reclusos, y en 1995, 14
reclusos. Los años 1996, 1997 y 1998 dan la cifra de evadidos más
baja de toda la década de los noventa. En 1996 se evadieron cuatro
reclusos, dos en la etapa del señor Belloch y dos en la mía, hubo
empate. (Risas.) La Administración penitenciaria va mejorando, con
ustedes y con nosotros; en el año 1997, hubo siete evadidos, y este
año, cuatro. Es decir que la cifra récord está en los años 1996, 1997
y 1998, aunque falta un mes y medio.
No podemos hablar de que hay un nuevo problema grave agudizado en las
cárceles españolas, no lo hay, las cifras y la estadística desmienten
esa realidad. No es que lo hagamos mejor o peor unos u otros, es que
lo normal es que cuantos más años vayan transcurriendo, la
Administración penitenciaria va haciendo mejor las cosas porque el
pLan de amortización que ustedes hicieron en su momento fue útil,
igual que la norma general de instituciones penitenciarias y están en
una buena dirección en su conjunto. Los resultados son los que son, y
no podemos decir que como las costas son tan trágicas y como se están
produciendo tantos evadidos en todas las cárceles españolas, hay que
tomar medidas, cuando la realidad es que en estos últimos tres años
se han producido cifras récord de descenso en cuanto al número de
evadidos de las cárceles españolas. Esas son las cifras, esas son las
realidades, por lo demás es claro que tenemos que seguir avanzando en
hacer mejor nuestros deberes y nuestras funciones.
- CAUSAS DE LA CARGA POLICIAL CONTRA LAS PERSONAS QUE SE CONCENTRARON
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARAPROTESTAR POR LA DESTITUCIÓN DE DOÑA
GLORIA MOURE COMO DIRECTORA DEL CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.
ASOLICITUD DELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000556.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta correspondiente al expediente 213/
000556, sobre carga policial en Santiago de Compostela, está asignada
al diputado don José Blanco López, que tiene la palabra.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, ciertamente han transcurrido
más de nueve meses en substanciarse en la forma de pregunta la
comparecencia que en su día había solicitado el Grupo Parlamentario
Socialista en relación a la carga policial con motivo de la
concentración que se había realizado por el cese de doña Gloria Moure
como directora del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, pero la
impresión y desazón que ha causado en diferentes ámbitos sociales y
culturales gallegos difícilmente puede desaparecer de su retina, y es
por ello, señor ministro, por lo que nueve meses después, le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido las causas de la carga
policial del pasado día 5 de febrero contra las personas que se
concentraron en Santiago de Compostela para asistir a una protesta
por la destitución de doña Gloria Moure como directora del Centro
Gallego de Arte Contemporáneo?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señorías, no hubo
estrictamente lo que denominamos carga policial el pasado 5 de
febrero en la concentración que tuvo lugar en Santiago de Compostela,
es decir los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía no utilizaron
material antidisturbios, ni cascos, ni escudos protectores. Es verdad
que algunos esgrimieron la defensa de lo que forma parte del uniforme
reglamentario con objeto de proteger
su integridad física y he de decir que un inspector fue
sujetado por uno de los concentrados. La intervención policial -según
la opinión del Ministro del Interior- se produjo de forma ponderada
por espacio de tres minutos y porque se estaba evitando el libre paso
de autoridades que salían de una reunión en sus vehículos.
Es verdad que el pasado 5 de febrero, la comisaría general del cuerpo
nacional tuvo conocimiento a través de los servicios de información y
de la unidad policial adscrita a la Junta de Galicia de que ese mismo
día se iba a celebrar una reunión del patronato del museo en el
Centro Gallego de Arte Contemporáneo, que estaba presidido por el
Consejero de Cultura. Esta circunstancia quería ser aprovechada por
artistas y estudiantes de Bellas Artes de Pontevedra para protestar
por la destitución de la directora del Centro, teniendo la intención
de encerrarse en su interior y alterar el normal desarrollo de la
reunión. No había sido comunicada esta concentración a la autoridad
gubernativa, y lo que únicamente se hizo fue montar un dispositivo
policial de carácter preventivo, con la finalidad de garantizar el
normal desarrollo del acto, un dispositivo modesto, que se componía
de nueve policías con un inspector de mando pertenecientes a la
comisaría de Santiago de Compostela y de un equipo de la unidad
policial adscrita a la Junta de Galicia.
Sobre las cuatro de la tarde comenzaron a concentrarse personas
frente al Centro Gallego de Arte Contemporáneo y llegaron hasta
doscientas personas, y algunas de ellas dirigieron insultos a los
funcionarios policiales de la unidad adscrita que les impedía la
entrada. Los concentrados hicieron una sentada en la calle sin que
ocurriera ningún tipo de incidente. En el momento en el que las
autoridades asistentes al acto procedían a abandonar el lugar, sobre
las ocho de la tarde, las personas concentradas, de forma súbita, se
colocaron frente a los automóviles para impedir su marcha. Ante esta
situación, los funcionarios policiales les requirieron para que
dejaran libre la calle y, al no ser atendidos los requerimientos,
procedieron a desalojar la vía, apartando a un lado a las personas
que dificultaban el paso, acción que no duró más de tres minutos. Una
vez libre el paso, se restableció la salida normal de vehículos, la
concentración se mantuvo hasta las ocho y media, a excepción de un
pequeño grupo de personas que permaneció concentrada hasta las nueve
de la noche, no produciéndose ya más incidentes, con lo cual los
incidentes ocurren solamente a la salida de las autoridades que había
en el acto.
Por eso la actuación de esos agentes, por la información que tengo,
no puede definirse como carga policial, cuando, a pesar de tratarse
de una concentración no comunicada, la subdelegación del Gobierno y
los efectivos de ella dependientes no impidieron la misma, lo que fue
además fruto de un criterio que yo diré que es prudente y
proporcionado a esas circunstancias concurrentes, en tanto no se
impidiera el ejercicio de derechos por parte de otros ciudadanos y se
mantuviera la seguridad ciudadana. Esa es la información que tenemos
desde el Ministerio del Interior sobre aquellos hechos.
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra.
El señor BLANCO LÓPEZ: La sociedad gallega está amordazada, así lo
expresó recientemente, signando el manifiesto El foro luces, un grupo
importante de intelectuales gallegos. El Gobierno conservador gallego
no acepta ninguna crítica contraria a sus decisiones, decisiones en
muchas ocasiones injustas, como injusto ha sido el cese de la
directora del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, doña Gloria
Moure. No es suficiente con silenciar a través de los medios de
comunicación públicos cualquier atisbo de discrepancia, de
manifestación, de expresión libre. Utilizan todos los resortes a su
alcance, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
que, bajo las órdenes siempre del delegado del Gobierno y según
reflejan todos los medios de comunicación del día 6 de febrero,
cargaron contra los allí concentrados. Todos los medios de
comunicación abren sus informaciones con este tema, aquí tengo por
ejemplo La Voz de Galicia, que dice: La Policía carga contra las
personas que protestaban por el cese de Gloria Moure, por cierto con
una fotografía bastante significativa de lo que estamos hablando
-luego le haré entrega al señor ministro, si quiere tener ocasión de
visualizarla-. Es decir, hubo una carga, llámele como quiera, contra
personas, un grupo de artistas y estudiantes, que protestaban por la
destitución de la directora del museo, una concentración tranquila,
de un grupo de personas adultas y responsables, muchas de ellas
conocidas por la labor que desempeñan en la vida social gallega.
Pero no fue la única carga. Esta carga se sumaba ya a una serie de
acontecimientos, de algunos de los cuales ya hemos hablado en esta
Comisión, pero que parece que forman parte de una forma de entender
la acción política por parte del delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Hubo carga contra los ganaderos en su
momento, incluso zarandeando a parlamentarios que estaban presentes
allí; hubo carga contra personas que se concentraban para protestar
por las fragas del Eume; en Vilaboa, en Povisa sistemáticamente. Por
tanto, ese día el Gobierno gallego y el delegado del Gobierno
convirtieron un problema cultural en un problema de democracia, como
puso de manifiesto en un artículo un escritor gallego, Suso de Toro
¿?. Hoy, nueve meses después de lo acontecido, sólo pretendo, con
esta pregunta y con esta reflexión, hacer una llamada a la
tolerancia, al respeto a la libertad de expresión y pensamiento, una
llamada para que en Galicia este tipo de escenas no se vuelvan a
repetir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Yo trataré en mi
intervención de limitarme a explicar la posición del Ministerio de
Interior, de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Galicia, porque
es lo único que me corresponde responder. Respecto de los problemas
políticos que usted ha planteado, sobre la conveniencia o no del cese
de la directora a la que antes hemos hecho referencia, es evidente
que el Parlamento gallego será el foro idóneo para explicar la
conveniencia o no de esta medida. Únicamente le pido que tratemos de
dosificar y proporcionar la utilización de términos tan duros como el
de la mordaza, porque algunos podemos haber tenido alguna
experiencia de lo que es la mordaza en algunas comunidades, y poco o
nada tiene que ver al final con estas posiciones, con las que se
podrá coincidir o no. Dejemos el término de la mordaza para otro tipo
de sociedades que no son Galicia, ni Castilla-La Mancha, ni
Andalucía, gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista. Donde
gobiernen el Partido Popular, el Partido Socialista u otros partidos
democráticos nacionalistas yo estoy seguro de que no hay problemas de
mordaza en ese terreno. Es decir, la mordaza se plantea cuando hay
otros regímenes de terror y cuando hay otros instrumentos bien
diferentes. Se podrá estar de acuerdo con un Gobierno o con otro,
pero dejemos el concepto de la mordaza para quienes son realmente los
enemigos auténticos de la libertad.
En este terreno quiero ponerle un dato sobre Galicia encima de la
mesa. Ha habido 2.551 manifestaciones en el año 1997, de las cuales
799 fueron comunicadas a la autoridad, es decir, un 31,32 por ciento;
los cuerpos de seguridad en Galicia han intervenido en 36 ocasiones,
es decir, un 1,41 por ciento del total. Pero fíjese las tres cifras
que le he dado: 2.551 manifestaciones en el año 1997, sólo 799
comunicadas y simplemente 36 ocasiones, es decir, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido en un 1,41 por ciento
del total. A mí me parece que las cifras en su conjunto no justifican
una situación de alarma en el terreno de la libertad en Galicia.
Aprovecho la ocasión también para poner de manifiesto el respaldo
completo pleno y total, no sólo a las fuerzas de seguridad de
Galicia, sino también al delegado del Gobierno en Galicia, que está
desarrollando una tarea especialmente difícil en esa comunidad, por
lo que el respaldo hacia las autoridades y hacia las fuerzas de
seguridad, de momento, permanece incólume por parte del Ministerio
del Interior.
- LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA EN RELACIÓN CON LA INCOMUNICACIÓN, EN LA
COMISARÍA DE DON BENITO (BADAJOZ) DURANTE 36 HORAS, DE LA CIUDADANA
ANA BELÉN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000557.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente comparecencia que se va a tramitar
como pregunta es la 213/000557, relativa a la incomunicación de doña
Ana Belén Fernández González en la comisaría de Don Benito, en
Badajoz. Para formular la pregunta, tiene la palabra el diputado don
Francisco Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Querría exponer, en primer lugar, los
hechos que dan origen a esta iniciativa parlamentaria. La madrugada
del 11 de diciembre del pasado año hubo un robo en la emisora
municipal de Villanueva de la Serena, como consecuencia del cual
desaparecieron 75 compact discs, un codificador estereofónico y dos
grabadoras. Un policía local, militante, con todo el derecho del
mundo, del Partido Popular, declara que a las 3.30 de la madrugada
del día 11 vio a dos jóvenes en actitud sospechosa, dando patadas a
un envoltorio. El policía en ningún caso se dirige a los jóvenes para
identificarlos. Desde el día
12, al día siguiente de los hechos, la Policía interroga a varios
militantes y familiares de militantes del Partido Socialista Obrero
Español en Villanueva de la Serena. Unos días después, la hoja
informativa del Partido Popular a nivel local, llamada La
Institución, afirma en grandes titulares: Han sido ellos,
refiriéndose a los militantes del Partido Socialista. Como
consecuencia de la declaración del policía municipal, el día 16 se
produce un registro en la casa de la ciudadana Ana Belén Fernández,
conocida militante del Partido Socialista. Se encuentran en su casa,
después del registro, tres carátulas de compact discs. El mismo día
16, a las 23.50, casi de madrugada -estamos hablando de diciembre-,
se detiene a esta ciudadana. Se la lleva a la comisaría de Don
Benito, se la tiene allí más de 36 horas, no se le permite comunicar
con su abogado, no se le permite comunicar con su familia, no se le
permite ningún tipo de comunicación. Esta ciudadana es llevada
después ante el juez, que la pone en libertad. Posteriormente, ante
la demanda que plantea el Ayuntamiento contra ciudadana, el juez no
da la razón al Ayuntamiento y absuelve a la ciudadana. El
Ayuntamiento recurre a la Audiencia Provincial y ésta vuelve a fallar
en contra de la demanda del Ayuntamiento y a favor de esta ciudadana.
Por tanto, en nuestra opinión, la diligencia de entrada y registro se
realiza por las declaraciones de un policía local, militante del
Partido Popular, que dijo ver con todo detalle unos hechos en una
calle. El problema es que, según el informe del jefe de la policía
local, esa noche todo el barrio estaba a oscuras por un apagón.
Podría pensarse que con los coches de la policía se podía haber
iluminado, pero era una calle peatonal y no podían acceder los
coches.
El registro tuvo como gran resultado encontrar tres carátulas de
compact discs, y por todo ello se tiene a una ciudadana, en 1997, más
de 36 horas incomunicada. ¿Tendrán alguna relación los hechos con la
afirmación al día siguiente del delegado de Gobierno de que iba a
actuar de forma contundente? ¿Ha recabado usted datos del porqué de
esta actuación? ¿Qué piensa usted del hecho de que, ante una
circunstancia de este tipo, se pueda tener incomunicada a una
ciudadana más de 36 horas? Espero que pueda responderme a estas
preguntas.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, con
mucho gusto trataré, primero, de hacer un relato de los hechos, tal y
como consideran los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que se han producido.
En primer lugar, quiero decir que a las diez y media del día 11 de
diciembre del año 1997 la redactora de una emisora municipal de
Villanueva de la Serena denunció, no estamos hablando sólo de una
policía local, en la comisaría de Don Benito, que entre las diez de
la noche del día anterior y las ocho menos cuarto de ese mismo día se
había producido el robo de numerosos discos compactos y aparatos de
grabación y sonido valorados en 443.000 pesetas. Con lo cual, había
una denuncia en la comisaría de policía por una sustracción, en
aquella noche, de un conjunto de discos compactos y aparatos de
grabación. Asimismo, se habían quemado y destruido diversos
documentos. Para acceder a
la emisora, fracturaron el cristal de una ventana y se apreciaban
incluso gotas de sangre en el suelo y en el interruptor de la luz.
Como consecuencia de dicha denuncia, se instruyó el atestado policial
correspondiente y se remitió al Juzgado Decano de Villanueva de la
Serena.
Tras la denuncia, se hizo cargo de la investigación de los hechos el
grupo local de policía judicial de la comisaría de Don Benito y de
sus investigaciones puede destacarse lo siguiente: En la noche del 10
al 11 de diciembre, noche en la que ocurrieron los hechos, una
patrulla de policía local, no sólo un policía local, detectó a un
joven escondido entre unos vehículos aparcados quien, al observar la
presencia policial, salió corriendo. Momentos después, uno de los
agentes observó al mismo individuo en compañía de una joven entrando
con evidente nerviosismo en una vivienda, al tiempo que arrastraba
hacia el interior de la casa numerosos discos compactos así como un
objeto oscuro sin identificar. Ante la posible relación de este
incidente con unos hechos denunciados y tras prestar declaración en
la comisaría los agentes de la policía local, se averiguó la
identidad de las personas que habitaban la vivienda, siendo una de
ellas la persona a la que usted ha hecho referencia.
Se solicitó de la autoridad judicial mandamiento de entrada y
registro de la vivienda, que fue concedido, y en dicho registro, que
fue practicado el 17 de diciembre, fueron intervenidos efectos que se
encontraban en la habitación de esta persona y que podían
corresponder con los desaparecidos en la emisora municipal. El mismo
día 17, según consta en diligencias, los efectos intervenidos fueron
reconocidos por un encargado municipal como pertenecientes a la
emisora cuya sustracción había denunciada. Ante tales indicios, se
procedió a la detención de Ana Belén Fernández, sobre las 23.45 horas
del día 17 de diciembre.
Según el acta de información de derechos, la detenida fue informada
de los mismos, conforme dispone el artículo 520 de la ley de
Enjuiciamiento Criminal. Concretamente se le informó de los hechos
que se le imputaban, se dio aviso al abogado que había designado y se
comunicó su detención a la persona indicada por ella. Durante el 18
de diciembre fueron oídos en declaración la titular de la vivienda
registrada y el encargado de control de la emisora municipal. El día
19 de diciembre, a las 10.45 se practicó la diligencia de declaración
de la detenida en presencia del abogado que había designado, durante
el cual se acogió a su derecho a no declarar, aunque expresamente
afirmó haber sido informada de sus derechos. A las 13.35 del mismo
día concluyó la práctica de diligencias, pasando la detenida a
disposición judicial. Estuvo detenida, por tanto, 37 horas y 35
minutos. No hubo ningún decreto de incomunicación. No se decretó la
incomunicación, lo que pasa es que la policía se acogió a las 72
horas que tiene para mantener detenida a una persona, sin necesidad
de prórroga alguna, por cierto, como no podía ser de otra manera. Lo
que pasa es que durante el tiempo en que estuvo detenida fueron dos
personas a llevarle ropa, que le fue entregada, si bien no se les
permitió hablar con ello debido a que todavía no había prestado
ninguna declaración. Las diligencias de la declaración obtenida se
realizaron tras haberse practicado otras diligencias necesarias para
la investigación, pero siempre dentro de lo que son los cauces
legales, que han
respectado absolutamente los funcionarios que intervinieron en esta
actuación.
Según lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, la policía judicial tiene por objeto, y será obligación de
todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se
cometieran en su territorio o demarcación, practicar las diligencias
necesarias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes y recoger
todos los efectos e instrumentos o pruebas del delito. Y la misma ley
establece la obligación de la autoridad o agentes de autoridad de la
policía judicial de detener a aquellas personas que, aunque no estén
procesadas, tengan motivos, racionalmente bastantes, para creer en la
existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que
los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente
detener tuvo participación en él.
Todos estos requisitos en mi opinión, concurren, según la información
que me constar, en esta detención que se llevó a cabo conforme a lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución y la normativa que
lo desarrolla. Nos parece que se ha producido una actuación policial
de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento normal en
estos casos. El Cuerpo Nacional de Policía, ante una denuncia, puso
en marcha una investigación y hubo motivos indiciarios suficientes
para creer conveniente esta detención y una presunta relación entre
los hechos denunciados y esta persona a la que antes me he referido.
Es verdad que los periódicos locales se hicieron eco de la detención,
insinuando que tales incidentes podían tener un matiz político por su
pertenencia a la Organización de Juventudes Socialistas. También es
verdad que la prensa local aquellos días recogía actos de amenazas y
vandalismos de algunos desconocidos contra las autoridades
municipales y contra sus casas de Villanueva de la Serena, pero
ninguna de las dos cuestiones, ni en un sentido ni en otro, guardan
relación con la detención de Ana Belén Fernández.
Por último, quiero decirle que es verdad que se ha celebrado ese
juicio oral en la Audiencia y ha sido absuelta esa persona. He de
decir que lo más importante en este momento para nosotros es respetar
esa decisión. El máximo respeto hacia la decisión y hacia la
absolución de esta persona pero, evidentemente, eso no significa, en
nuestra opinión, como sucede en tantos casos, que, por el hecho de
que un juez no haya determinado de la misma manera que los indicios
policiales, haya que descalificar la actuación policial
correspondiente. Respeto la solución de absolución del juez, de la
Audiencia y, al mismo tiempo, respeto toda la actuación que ha
protagonizado en este caso el Cuerpo Nacional de Policía de
Villanueva de la Serena.
El señor PRESIDENTE: Señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Señor ministro, obvia usted un dato
fundamental sobre todo lo que ve o dice ver el policía local. Resulta
que el jefe de la Policía local dice que esa noche hubo un apagón
generalizado de varias horas, no en esa calle, en todo el barrio.
¿Cómo vio lo que vio?
Dice usted que se le intervinieron efectos relacionados con el robo.
Se le intervinieron tres carátulas de compact
disc, probablemente las que tengamos muchos de los que estamos aquí,
gente aficionada a la música que tiene compact disc de música de
actualidad. Tres de 75, dos grabadoras, un decodificador. Se le
intervienen tres carátulas de compact disc de música actual que
pueden tener cientos de ciudadanos.
La Audiencia dice muy bien en la sentencia, de forma irónica, cómo
califica todo esto, cómo califica el registro. Dice: tanta amplitud
de miras investigadoras como parco resultado. Son palabras textuales
de la sentencia de la Audiencia.
Señor ministro, no se aceptó que hablase con su abogado; se presentó
el abogado y no se aceptó. Estuvo más de 30 horas sin recibir
asistencia letrada. Que es legal, no se lo discuto; pero ¿es normal
que por un posible delitos de estas características una persona esté
incomunicada más de 30 horas? No digo que sea ilegal, pregunto si la
policía actúa así siempre ante un caso de estas características como
el que habrá miles en España diariamente. ¿Es normal mantener
incomunicada a una persona y que se la detenga de madrugada? ¿Es eso
normal? Me cuesta creer que la policía actúe así en casos similares.
Hubo amenazas de actos vandálicos, constará en las hemerotecas y le
consta a usted que todos los partidos políticos condenamos
inmediatamente esos actos que tuvieron lugar aquella noche en
Villanueva de la Serena.
Le voy a dar mi opinión personal. La señora alcaldesa decidió quién
era el culpable y utilizó a la policía, con la complicidad del
delegado del Gobierno, para corroborar una hipótesis alocada. Me dirá
usted: ¿cómo puede pensar así de una ciudadana alcaldesa: Debe saber
el contexto: esta señora necesita un curso urgente u amplio de
centrismo, cuando antes. Son innumerables las querellas y demandas de
este Ayuntamiento actual contra el anterior. Cómo será la situación
que hace una semana dos tenientes de alcalde del Partido Popular han
tenido que dimitir porque no soportan más la actuación de la
alcaldesa. En este contexto se pueden comprender muchas cosas.
En mi opinión, no puede aceptarse que en 1998 y ante un supuesto
delito de estas características, en el que se describe minuciosamente
lo que se ha visto y la propia autoridad local dice que estaba a
oscuras, que la calle era peatonal y no podía acceder ningún
vehículo, así que ni siquiera se podía ayudar de la luz de un
vehículo; que se hace el registro y, de 75 compact disc, el
decodificador y la grabadora, hay tres carátulas; que por todo eso se
tenga a una ciudadana incomunicada más de 36 horas. Me niego a pensar
que se actúa así en todos los casos parecidos a este, me niego; sería
muy grave aceptar eso.
Señor ministro no estoy nada de acuerdo con la respuesta que usted me
ha dado, que en muchos casos coincide con el atestado que obra en mi
poder. Lo que le he dicho es cierto, incluso la declaración del
abogado de que cuando va a comisaría no se le deja hablar con la
detenida. Ya sé que no se está incumpliendo la ley, pero ¿a todos los
detenidos que hay en España por supuestos parecidos a éste se les
aplica la ley manteniéndolos incomunicados más de 30 horas? No lo
creo, me parece un abuso y no me parece justo lo que pasó aquella
noche en esa ciudad.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, voy a
ser muy breve en la respuesta.
Quiero insistir en que ha habido ya una decisión judicial. Nosotros
respetamos y acatamos esa decisión, y de alguna manera es nuestro
único referente en estos momentos. En cuanto a lo que se produjo con
anterioridad, no me consta que hubiera nada fuera de la ley. Podrá
ser discutible si las 23,45 horas son altas horas en España, a lo
mejor no parece que puedan ser tan altas horas de la madrugada; si a
lo mejor se tenía que haber producido a las 22 ó 21 horas y no a las
23,45 o habría que haber esperado al día siguiente. Estamos ya en lo
que puede ser el sentido de la oportunidad, la inteligencia, de si
fue hábil o inhábil. Cada uno puede tener una opinión; pero lo que me
corresponde a mí es decir si fue una actuación legal o ilegal y yo
digo que fue legal, no me ha llegado ningún dato por el que yo pueda
decir que fue un planteamiento fuera de la legalidad, todo lo demás
es discutible.
En España tenemos la suerte de que pese a los discursos de unos y de
otros la policía cada día es más profesional en mi opinión, y está
menos determinada por intereses políticos. En ese terreno, en la
profesionalidad de sus miembros, se va avanzando en la buena
dirección y no hay ninguna razón para pensar que de pronto en un
lugar está pasando lo contrario de lo que se está produciendo en toda
España, que es un alejamiento de lo que son intereses políticos en
ese terreno. Cada día está primando el quehacer profesional de un
cuerpo de estas características, no hay ninguna razón para pensar que
haya excepción y creo que no la hay en este caso.
No hay ninguna razón para que el Ministerio del Interior adopte
alguna medida respecto a la de actuación en esta comisaría; por el
contrario, desde ese respeto a la decisión última del juez, y desde
el respeto escrupuloso, volvemos a decir que en nuestra opinión no
hubo nada fuera de la ley. Lo demás está en el ámbito de lo opinable,
de lo discutible, pero evidentemente en eso no entra el ministro de
Interior.
- LA DENOMINADA «OPERACIÓN FILTRO» Y SU ADECUACIÓN A LAS COMPETENCIAS
POLICIALES QUE EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DE GERNIKA ESTABLECE TANTO
PARA LA ERTZAINTZA COMO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000537.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es también fruto de la
transformación en pregunta oral en comisión de la comparecencia
solicitada por el Grupo Mixto. Es la número 213/000537, relativa a la
operación filtro y su adecuación a las competencias policiales
actualmente reguladas por el Estatuto y por el resto del ordenamiento
jurídico en el País Vasco.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor ministro, como decía una
compañera anteriormente, creo que era la diputada socialista, se
suelen producir, y no es infrecuente, que entre la solicitud de
comparecencia y la
comparecencia efectiva se produzca un dilatado plazo de tiempo.
Ocurre igual en esta pregunta, pero los cambios radicales de
circunstancias entre el momento en que se produjo la solicitud de
comparecencia y la respuesta del ministro es una cuestión que no
podemos olvidar. Nos ha producido a todos gran satisfacción ese alto
el fuego de ETA, ese inicio del proceso de pacificación, y además de
los efectos positivos quisiera reseñar un efecto trascendental para
todos nosotros: que las personas con grave riesgo para su integridad
física, objeto de amenazas terribles, tengan una vida más humana, por
decirlo de alguna manera. Me parece terriblemente importante ese
efecto positivo y lo señalo, además, porque también está relacionado
con esta comparecencia. Incluso en las circunstancias más adversas
podemos aprender cosas positivas y quizá se puedan rectificar cosas
que no hacemos especialmente bien para sacar elementos de enseñanza
en otras cuestiones.
Esta operación llamada filtro, una operación de contravigilancia en
la cual efectivos de la Policía Nacional participaron en la seguridad
de electos del Partido Popular, nos parece que era una operación con
efectos perjudiciales. Primero, porque del desconocimiento de este
tema por los responsables de la seguridad de las personas en el
departamento de Interior era un elemento negativo, al suponer una
sobrecarga de tensión y riesgo que podía dar lugar a situaciones
conflictivas y nada halagüeñas. Por otra parte, creemos que no se
adecuaba y no se adecua a las competencias que el artículo 17 del
Estatuto de Gernika otorga a las instituciones del País Vasco, en
este caso, a la Ertzaintza, la protección de las personas y bienes en
todo lo que se refiere al orden público. Por eso pregunto al ministro
si considera que efectivamente una operación de esta naturaleza se
adecua a lo que el ordenamiento jurídico ha determinado, que la
Ertzaintza tenga la competencia en la protección de la seguridad de
las personas y los bienes en su territorio.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Es verdad que a
principios del mes de enero, ante lo que significó un recrudecimiento
de las actividades terroristas de ETA y lo que significa además una
elección muy clara, muy concreta y muy determinada sobre los
concejales del Partido Popular del País Vasco, se consideró
conveniente crear un dispositivo policial orientado a lo que son
medidas de prevención y de represión de estas acciones terroristas.
Ese dispositivo es simplemente el resultado de la pura lógica y se
enmarca dentro de lo que son las funciones propias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en materia antiterrorista.
Vuelvo a reiterar que no había objetivos dispersos, había un objetivo
concreto, determinado y reiterativo por parte de los terroristas que
eran los concejales del Partido Popular del País Vasco y
evidentemente además sobre la Administración municipal en este
ámbito. No solamente por ello estamos hablando de lo que son unas
cuestiones de pura vigilancia, como si fuese una competencia de
seguridad pública, estamos también en el ámbito de la prevención, en
la información, en la lucha antiterrorista. Es evidente que cuando
hay un colectivo muy concreto, se sabe determinar si hay grupos
terroristas que están siguiendo a
esas personas, y en la labor de prevención y actuación contra esos
grupos terroristas estaba la lógica de la respuesta de las Fuerzas de
Seguridad del Estado. Pero cuando hay un colectivo que está siendo
asesinado en una comunidad, ¿cómo van a permanecer indiferentes las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Eso hubiese sido un
disparate monumental y mayúsculo. Es evidente que por eso no en el
ámbito de la seguridad ciudadana, sino en el ámbito de la prevención
ante lo que podía significar una posibilidad de localización de
acciones terroristas, de grupos terroristas o de terroristas, nos
parecía conveniente una actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
En ese terreno quiero decirle que me parece que está perfectamente en
la lógica de lo que son las competencias de las Fuerzas de Seguridad
del Estado de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Gernika. Es una
vieja discusión que tenemos siempre sobre el artículo 17 del Estatuto
de Autonomía en lo que respecta a esas competencias de carácter
extraterritorial, en lo que puede significar ese concepto de
supranacional, de lo que puede significar una competencia de estas
características. Es verdad que puede ser más o menos discutible el
nivel de información que se da a otras fuerzas que están realizando
otras competencias en esta materia de vigilancia; pero quiero decirle
que no solamente hubo una operación filtro 1, sino que hubo una
operación filtro 2, que se produce en el mes de julio y se hace
extensiva a la provincia de Guipúzcoa según se establece en una
reunión entre el consejero de Interior y el Ministerio de Interior,
lo que viene a corroborar que la cooperación inicial se adecua a la
normativa vigente. Esas normas a las que usted hace referencia
posibilitaban esto, pero de acuerdo con el propio criterio del
gobierno vasco, porque lo hicimos conjuntamente en esta operación
filtro 2 desde el diálogo y la cooperación entre ambas instituciones
policiales. Por eso podrá ser discutible si tenía que acrecentarse el
nivel de diálogo entre ambas policías, pero la propia actuación del
gobierno vasco en esta materia, aceptando la posibilidad de que haya
fórmulas de prevención protagonizadas por las Fuerzas de Seguridad
del Estado, habla de que ése era el criterio del propio Gobierno
vasco a la hora de afrontar esta cuestión, porque fueron medidas
absolutamente acordadas entre ambos gobiernos las que se emprenden en
el mes de julio. De ahí que yo vuelva a reiterar sobre la legalidad,
sobre la conveniencia, sobre lo imperioso que ante una situación de
esta naturaleza se exige a las Fuerzas de Seguridad del Estado. En
este terreno quiero decir que no tengo ninguna duda de que se hizo lo
que se tuvo que hacer en su momento. Todas las soluciones eran malas,
todas; ésta era la menos mala. Por eso creo que en ese terreno
hicimos todos lo que pudimos o debimos en este año.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor ministro.
El que hubiera un objetivo concreto muy centrado, como dice usted, en
los electos municipales del Partido Popular es más que evidente y yo
no tengo que decir nada a ese respecto. Quizás el hecho de que
existiera ese objetivo concreto no implica para nada que las Fuerzas
de Seguridad
tuvieren o no que intervenir. ¿Que había que dotarles de la
protección suficiente? Cierto. ¿Que era necesario un nivel de
protección terriblemente ajustado a las amenazas producidas sobre
estas personas? Cierto. ¿Que todo el mundo está de acuerdo en que era
evidente que había que dotar de la mayor protección? Cierto. Lo que
yo estoy discutiendo es quién tiene la facultad y la competencia. Si
son necesarias otras cuestiones y otra serie de elementos técnicos
operativos, pues no hay ningún inconveniente; es decir, sobre este
tema no tenemos ninguna discrepancia.
Lo que yo digo -y usted habrá corroborado la experiencia, y hoy
vemos, por ejemplo, en todos los periódicos que sigue siendo así- es
que la protección de esas personas, independientemente de cómo se
denomine seguridad ciudadana u orden público, lo es y lo ha sido de
la Ertzaintza, cierto. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Que
además se articulen todos los mecanismos de colaboración para que en
otros temas interrelacionados en la operativa y en los conflictos que
surjan de esta materia se pueda colaborar y se deba colaborar? Por
supuesto que sí, pero eso no es lo que ocurrió en aquel momento. La
protección de los bienes y de las personas, independientemente de
cuál sea la amenazada que surja o que sea la causa, está clarísimo en
el artículo 17. ¿Que siempre es buena la colaboración? Ciertamente,
pero es una cuestión distinta a la que se produjo en aquel momento.
Pero es que además, como usted bien ha dicho, se produjo en unas
circunstancias que desde luego no eran las más efectivas ni las más
eficaces porque los propios representantes de determinados sindicatos
hablaban de las dificultades que estaban surgiendo, incluso de las
tensiones y riesgos que se estaban produciendo entre los diferentes
efectivos. Por eso yo creo que es importante determinar que si hay
una amenaza a personas, independientemente de la causa, no es óbice
para determinar la competencia de unos u otros cuerpos, sino que hay
que seguir lo que establece el ordenamiento jurídico. Que además se
dé esa colaboración desde luego creemos que es importante. En
cualquier caso, yo creo y espero que con el esfuerzo de todos, no sé
si también con la ayuda divina si es posible y además si se nos
ofrece, mejor todavía, este tema vaya resituándose y tengamos el
conocimiento y la consideración de la que es la Ertzaintza, que es
una policía integral, que desde luego la policía es el núcleo central
de lo que es la seguridad de los ciudadanos, el mantenimiento del
orden público en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que hay otra
serie de competencias supracomunitarias que yo creo están delimitadas
perfectamente en el estatuto de autonomía, pero que lógicamente serán
realizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado dependientes del
Gobierno central.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Brevemente para reiterar
la posición que antes he defendido.
El debate no es policía integral-policía autonómica, en eso está todo
el mundo de acuerdo; no tiene nada que ver este debate con el hecho
de la aceptación de la policía integral. ¿Es que yo estoy en contra
de que la policía autonómicaluchase contra el terrorismo o que
desempeñe las funciones
de seguridad de los concejales de un partido o de otro? Absolutamente
no. La cuestión es cuando hay una amenaza muy concreta. Pensemos cuál
es el gran objetivo que debe tener el Estado en su conjunto. ¿Pone el
acento en buscar más seguridad o trata de ajustarse formalmente a la
interpretación más correcta de un artículo?
Si ese artículo permite interpretaciones distintas o diferentes (y he
puesto de manifiesto que en el encuentro que tenemos en el mes de
julio llegamos a un acuerdo en la formulación amplia de lo que
significan competencias supracomunitarias Gobierno vasco y Gobierno
de España), ¿dónde ponemos el acento en la actuación del Gobierno? En
la seguridad de las personas. La vigilancia privada puede ser una
forma respecto a la que uno se pregunte si es legal, ilegal o alegal,
pero ¿dónde se pone el acento? En la seguridad de las personas. ¿Qué
era lo más importante en aquellos años o en aquellos meses? Saber
afrontar el reto que teníamos enfrente, que era un reto de coacción,
de intimidación y de eliminación de unas siglas y de unas personas.
¿Dónde tenía que poner el acento el Gobierno? En dar seguridad a las
personas y si hay interpretaciones distintas y diferentes de un
artículo, yo me quedo con la interpretación que permite dar más
seguridad a las personas, incluso si se quiere ampliando las
competencias de la Ertzaintza. En este terreno parece que cuando hay
una interpretación favorable a la actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado es cuando parece que hay problema para algunas.
Realmente lo importante era que la policía autonómica tuviese más
competencias, más medios y que las Fuerzas de Seguridad del Estado
también tuviesen más competencias
y más medios porque la fundamental era la seguridad de las
personas. Ahí se puso el acento y ése era el gran objetivo del
Gobierno en esta materia.
Usted pregunta si no era suficiente la policía autonómica dando
vigilancia a los miembros del Partido Popular. Probablemente nada
hubiese sido suficiente, y por eso lo importante era encontrar el
procedimiento para que hubiera más seguridad. Ése era el gran
objetivo. ¿Que había unas limitaciones materiales y humanas en la
Ertzaintza? Pues había que buscar otras fórmulas y en eso tendríamos
que haber estado todos, absolutamente todos y sin ningún tipo de
dificultad, porque no era cuestión de interpretación de un artículo,
sino de dar la respuesta necesaria a un reto y a una coacción que se
estaba produciendo en esos momentos sobre un colectivo de personas.
Eso se podía hacer dentro de la ley, como además se ha demostrado en
la interpretación que el propio Gobierno vasco ha hecho de que lo
estábamos realizando dentro de la ley.
En definitiva, ésa es la posición que tiene el Gobierno. Cree que, en
su momento y dentro de las dificultades hizo lo que tuvo que hacer.
Ojalá no tengamos que hablar ya nunca de estas cuestiones y ojalá
esto, que fue una pesadilla, se transforme simplemente en una
historia del pasado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.