CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 558



PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA



Sesión núm. 27



celebrada el miércoles, 4 de noviembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999. (Número de
expediente 121/000141) ... (Página 16210)



Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1999. (Número de expediente 121/000141) ... (Página 16210)

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Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Vamos a empezar el debate del proyecto de ley de presupuestos
generales. Quizá sería útil que recuerde las disposiciones que ayer
tomó la Mesa en relación al debate que vamos a realizar a partir de
ahora, que son muy parecidas a las de años anteriores. Vamos a
discutir, en primer lugar, el texto del proyecto de ley, a partir del
texto las secciones; discutiremos el articulado agrupando los títulos
de dos en dos y otorgando un turno de diez minutos a cada grupo
parlamentario que haya presentado enmiendas, de mayor a menor,
cerrando siempre el Grupo Parlamentario Popular. Excepcionalmente, si
un grupo parlamentario no ha presentado enmiendas y quiere fijar
posición, daríamos un turno reducido, de tres minutos, a esos
efectos. No habrá votación hoy al mediodía, y sí que la habrá de todo
lo que hayamos estado discutiendo a partir de las ocho de la tarde.

Seguiremos en sesión nocturna, con la intención de hacer el mayor
número de secciones posible en el debate de hoy mismo, probablemente,
si podemos, hasta llegar a Educación, sección 18. Vamos a hacer ese
intento. Por tanto, ruego a todos los grupos parlamentarios el máximo
de brevedad y de concreción en el debate para que podamos cumplir con
el calendario que marcó ayer la Mesa.

Mañana empezaremos a las nueve con un tema que no es propio de la ley
de presupuestos: los créditos extraordinarios que tiene acumulados en
su orden del día la Comisión de Presupuestos, y luego seguiremos con
el debate de las secciones, empezando por Agricultura, si hemos
podido cumplir con nuestro programa de trabajo del día de hoy. Las
secciones 17 y 23, en todo caso, pasarían al jueves después del
almuerzo, el jueves por la tarde. Por descontado, hoy no hay
votaciones hasta las ocho, mañana sí las habría a la una y a las
ocho.

Vamos, por tanto, a empezar el debate por los títulos I y II. Han
presentado enmiendas a estos títulos el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto. Por
este orden, con el cierre del Grupo Parlamentario Popular, damos la
palabra para ese primer bloque de los dos títulos a don Luis Miguel
Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PÉREZ SEGURA: Iniciamos en estos momentos la discusión en
esta Comisión de Presupuestos del proyecto de ley que ha presentado
el Gobierno y que ha sido visto en la Cámara en sus enmiendas a la
totalidad. Estos son los terceros presupuestos presentados por el
Gobierno y posiblemente ya se identifica en ellos de una manera
expresiva su estilo de gobernar, que es decir una cosa y hacer otra,
manejar la propaganda sobre promesas que luego no encuentran soporte
presupuestario adecuado, y se aúpan en el ciclo económico para
ocultar sus carencias, su pasividad y, cómo no, sus fracasos, que
trataremos de desarrollar.

Como saben SS.SS. en el debate de este título I los grupos
parlamentarios, por tradición, plantean al conjunto de la Cámara cuál
es su posición en relación a la globalidad
del proyecto de ley. También es bien cierto que su capítulo I no
puede tratarse con la profundidad necesaria porque está sujeto a las
modificaciones que se van produciendo por la aprobación de las
enmiendas y que se votará en el momento procesal oportuno. Nuestro
grupo no va a quebrar esta tradición, aunque realizaremos también, al
hilo de los títulos I y II, intervenciones de otros diputados de
nuestro grupo parlamentario a los efectos de fijar exactamente cuál
es el criterio de nuestras enmiendas y, cómo no, también la posición
en relación a las enmiendas de otros grupos. Quiero hacer énfasis en
este punto, dado que entendemos que la globalización del trato de
diversos títulos no debe hurtar el necesario, amplio y profundo
debate de cada uno de ellos. En este sentido la Presidencia ya tiene
los nombres de los compañeros de mi grupo que van a hablar.

En estos títulos I y II se trata de los recursos que los ciudadanos
ponen a disposición del Ejecutivo, su financiación, su estructura;
también trata de las modificaciones que pueden formularse al
presupuesto, así como las normas para su ejecución (esto por lo que
se refiere al título II). Se trata, pues, de establecer las reglas
del juego por las que el Gobierno utilizará una cantidad ingente de
recursos que se ponen a su disposición y cómo controlará la Cámara
dicha disponibilidad. En este sentido, empezando a comentar las
enmiendas que nuestro grupo tiene presentadas a este título I,
quisiera señalar de una manera muy destacada la de supresión del
artículo seis, que trata de las necesidades de financiación del ente
público Radiotelevisión Española. Nuestro grupo no está de acuerdo
con el contenido de este artículo en su punto 1, por no adaptarse a
las necesidades del ente público Radiotelevisión Española. Existe en
esta Cámara una subcomisión que trata de ello; hay un cierto
ofrecimiento de pacto de Estado para solucionar esta situación,
y nuestro grupo tiene una estrategia perfectamente marcada en las
enmiendas que se presentan y que se debatirán en su momento, y por
eso ha decidido presentar esta enmienda de supresión, tal como está
el planteamiento del Gobierno en relación a este ente público.

También procesalmente creemos que es necesario tratar de algunas de
las disposiciones adicionales nuevas que con carácter de
incorporación presenta nuestro grupo para la adecuada y lógica
ejecución de estos presupuestos, y más que para la ejecución para el
control parlamentario que tiene residenciado esta Comisión en
relación a la ejecución del presupuesto.

Sus señorías saben que este grupo parlamentario desde hace unos meses
está intentando dotar de más instrumentos que dignifiquen a la Cámara
y sirvan para que esta Comisión cumpla plenamente su cometido. En
este sentido hemos presentado dos enmiendas, una relativa al
suministro de información, la información precisa, la información
necesaria, en el tiempo más breve posible, si pudiese ser en tiempo
real, dados los mecanismos informáticos que hoy en día se encuentran
a disposición de toda la Administración, para que se pueda hacer ese
seguimiento en tiempo real de la contabilidad pública y, por tanto,
establecer los mecanismos rigurosos de control que el órgano
legislativo (las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados), en
el ejercicio de las funciones que tiene otorgadas por la
Constitución, viene obligado a desarrollar. En este sentido se hace
una precisión exacta de cuál es el sistema que se tendría que
utilizar a los efectos de poder instrumentar adecuadamente



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la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados.

Otra disposición adicional que se incorpora por primera vez, que
también tiene que ver con el control de la ejecución de los
presupuestos, y que, por tanto, es importante señalar de una manera
singular, es el requerimiento de nuestro grupo para que la creada
Oficina Nacional de Auditoría con carácter general envíe al Congreso
de los Diputados y al Senado copia de todos los informes y auditorías
que realice sobre los organismos del Estado, con la limitación lógica
de aquellos informes o auditorías que estén sometidos a la Ley de
secretos oficiales y cuya remisión se realizaría únicamente a la
Comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados. Existen
enmiendas de otros grupos de la Cámara que van en una dirección
similar y que contarían con nuestro apoyo. Estoy refiriéndome
exactamente en este punto a las enmiendas 523, 524 y 525, que
presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No puedo
manifestarme en este trámite, por lo que ya hemos dicho
anteriormente, sobre las enmiendas 460 y 462 de Izquierda Unida,
puesto que también se verán modificadas por aquellas incorporaciones
de enmiendas que alterarán la arquitectura de ingresos y gastos que
pretenden modificar estas enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, y
sí apoyaríamos su enmienda 461, relativa al artículo tres.

Como ya he anunciado al inicio de mi intervención no puedo por menos
que hacer una sucinta valoración del contenido general y de la
filosofía que emana de estos terceros presupuestos ya entregados a la
Cámara por el Partido Popular. Son unos presupuestos que se han
calificado como los primeros presupuestos del euro, pero desde
nuestro punto de vista adolecen de ciertos problemas que no tengo más
remedio que explicitar ante SS.SS., aunque la premura de tiempo
siempre está presente en la intervención de este diputado. Es una
formulación presupuestaria que adolece de un punto capital, que son
las incertidumbres que se ciernen sobre el cuadro macroeconómico, son
esas incertidumbres que vienen emanadas de la inestabilidad del
contexto internacional, y por mucho que casi la totalidad de los
organismos internacionales, ya sean del ámbito comunitario como
internacional, den como norma la necesidad de ajustar las tasas de
crecimiento para todos los países, es cierto que la zona euro tiene
un elemento que la caracteriza, que es tener mecanismos para poder
soportar estas incertidumbres con mejores garantías que en otras
zonas del planeta. Pero también es cierto, y hoy mismo los periódicos
nos dan ilustraciones al respecto, que países tan solventes en
materia económica como puede ser Gran Bretaña rebajan casi a la mitad
su tasa de crecimiento prevista para el ejercicio de 1999. Nosotros
permanecemos inalterables, con la misma composición de ingresos que
emana de una previsión de crecimiento que a todas luces parece ser
que no se cumple.

También queremos poner énfasis, aunque sólo sea de pasada, en unos
puntos que sí tienen que ver con la capacidad de decisión del
Gobierno, teniendo en cuenta siempre que el Gobierno no puede hacer
mucho para modificar el contexto internacional en su conjunto. Lo que
sí puede hacer el Gobierno es abandonar una gestión presupuestaria
basada sólo en el ciclo, con una filosofía muy marcada, que no es la
reformista y centrista que viene anunciando en los medios de
comunicación y en todas sus manifestaciones
públicas, llena de artilugios contables que enmascaran, de una manera
evidente y detectada, cuál es la ejecución del presupuesto sólo con
el interés de poder presentar un boleto adecuado de cumplimiento de
las normas de contabilidad emanadas de Maastricht. Esto pretende,
también, en el otro punto que creemos que es censurable, enmascarar
una serie de políticas que o bien han fracasado o bien responden a lo
que en algunos círculos se ha venido a denominar la rebelión de los
ricos contra el Estado del bienestar. Una dualización es la
prestación de servicios de este Estado del bienestar como puede ser
el inicio de una dualización del sistema sanitario y de una manera
consolidada la dualización de los sistemas de protección social.

Para finalizar, nuestra alternativa a estos presupuestos, que se irá
manifestando con las enmiendas que hemos presentado, tanto al
articulado como a las secciones, viene fijada por un elemento que
queremos situarlo en el frontispicio de nuestra intervención. Estos
presupuestos que son los del euro, tal como dice el Gobierno, según
nuestro criterio están hechos de espaldas al euro, de espaldas a esta
realidad que, al final del siglo XX, nos incorpora a un contexto
económico mucho más amplio y no se hacen las apuestas necesarias para
que nuestro país avance en una convergencia que no es la nominal sino
la convergencia real que nuestros ciudadanos pretenden que los
gobernantes, en definitiva sus representantes, vayan alcanzando en
esa convergencia real, con los estándares de bienestar de ocupación
y de otro tipo de materias, que ustedes conocen perfectamente y que
son las que pueden incorporarnos en plano de igualdad en el concurso
de las naciones que conforman el ámbito comunitario europeo.

Estos son los aspectos que nuestro grupo quería reseñar en esta
primera intervención, una valoración global, so pena del tratamiento
en base a la votación, al menos del artículo uno, que se realizará
cuando procesalmente sea necesario. Esta es la explicación de
nuestras enmiendas en relación a la dignificación del papel del
control presupuestario de la Cámara y de esta Comisión para poder
recibir del Gobierno los datos necesarios para implementar la Oficina
Presupuestaria, y también nuestra posición en relación
a Radiotelevisión Española, su financiación, y nuestra posición en
relación a las enmiendas de otros grupos que han sido presentadas y
las ya anunciadas del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Fernando Gimeno. Le ruego
brevedad.




El señor GIMENO MARÍN: Estaba convencido que me lo recordaría, señor
presidente, pero le ruego también paciencia a la Presidencia, dada la
dificultad de estos debates con tantos artículos y tantos títulos a
la vez.

El día que este capítulo del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado no exista, o sea mucho más reducido,
conseguiremos que esta Cámara y este Parlamento lo que apruebe
respecto a los presupuestos generales de cada ejercicio económico
manifieste una autoridad política mucho mayor de la que hasta ahora
estamos demostrando, puesto que el Ejecutivo lo que hace con este
capítulo es pedir autorización para hacer lo que le dé la gana, más o
menos. En términos concretos, es lo que significa este capítulo.




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Por eso las enmiendas que hemos presentado, con matices, unas más o
menos iguales, otras más o menos diferentes, tienen un significado
muy claro. Si el Gobierno quiere que la Ley General Presupuestaria
defina cómo se gestionan los presupuestos de una u otra forma, que
modifique la Ley General Presupuestaria. Al mismo tiempo que
discutimos este proyecto de ley, resulta que el Gobierno nos ha
presentado la modificación nada menos que de 25 artículos de la Ley
General Presupuestaria, lo cual indica algo muy simple: que la
capacidad y lo que hasta ahora el grupo que apoya al Gobierno ha
venido diciendo siempre y que dijo en anteriores legislaturas, no
tiene nada que ver con la realidad.

Este capítulo viene a introducir suspensiones de artículos de la Ley
General Presupuestaria que, en nuestra opinión, tienen muy poco
sentido. Llevamos suficiente tiempo de gestión presupuestaria como
para que se le pueda exigir al Gobierno algo más de rigor. Mostraré
alguna perla para que nos enteremos. Algunos de los artículos que ya
se modificaron en esta legislatura cuando el Gobierno llegó al poder
todavía no han entrado en vigor porque en cada ley de presupuestos se
suspende la aplicación de un artículo. El más llamativo y curioso es
el que pretendía que los gastos reservados no pudieran ser
modificados presupuestariamente. Eso se dijo en una ley que presentó
este Gobierno nada más llegar al poder. Pues bien, año tras año lo
que pretende el Gobierno es que puedan ser modificados los gastos
reservados, los gastos protocolarios, los gastos de teléfono,
etcétera, con los que tanto ruido quisieron hacer en su día. Por eso,
no lo entendemos.

Si el Gobierno quiere mayor rigor en la gestión presupuestaria,
estamos dispuestos a apoyarle -de ahí el sentido de nuestras
enmiendas-, mayor rigor para que lo que apruebe este Parlamento sea
lo que realmente se vaya a ejecutar y podamos controlar. Si realmente
queremos que tengan algún sentido los programas o las funciones en
que se articula este presupuesto, pidámosle al Gobierno que cuando
quiera modificar los créditos presupuestarios no prevea la
posibilidad de modificarlo todo, autorizando al ministro de Economía
a hacer lo que le da la gana. Es más, el señor Barea, antes de
marcharse, ya dijo en sus informes que el ministro de Economía, con
las disposiciones reglamentarias en desarrollo de las leyes que se
han aprobado en este Parlamento, viene pidiendo autorización, por
ejemplo, para que los compromisos de gastos de cada ejercicio, que
son una cosa muy curiosa de las grandes modificaciones que iba a
hacer el Partido Popular, pueda aplicarlos en el ejercicio que lo
estime conveniente. Eso está regulado reglamentariamente, pero son
perlas a modo de ejemplos. El sentido de nuestras enmiendas va en esa
dirección, señor presidente. Creemos que no hay rigor en la gestión
presupuestaria por parte del Gobierno, y a los datos nos remitiremos
en su momento cuando tengamos que hablar de las liquidaciones de
presupuestos de cada uno de los ejercicios.

Ya sabemos que las modificaciones presupuestarias son enormes.

Sabemos que han crecido enormemente en 1996, en 1997 y sabemos, por
los datos que nos avanzan de la previsión de liquidaciones de
presupuestos, que las modificaciones de este ejercicio también son
muy importantes. Como consecuencia de ello pedimos a los grupos de la
Cámara que apoyen nuestras enmiendas para que pueda gestionarse este
presupuesto de una forma más adecuada.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alejandro Cercas para
cerrar este turno de intervenciones del Grupo Socialista.




El señor CERCAS ALONSO: Voy a intervenir con mucha brevedad para
defender nuestra enmienda número 410, y para referirme a tres
enmiendas de nuestro grupo a diversas disposiciones adicionales
nuevas. La enmienda 410 pretende que se elimine del texto del
proyecto de ley del Gobierno el artículo doce. Es un curioso artículo
que puede ser bastante ilustrativo para quienes crean que España va
bien, para que vean que, por lo menos para la Seguridad Social,
España va fatal, señores del Grupo Popular. Ese artículo doce el
próximo año obliga a endeudarse a la Seguridad Social en 299.000
millones de pesetas. No parece que se compadezca bien con la
propaganda gubernamental de que no hay problemas, de que hay millones
de nuevos afiliados, etcétera, con la realidad de que la Seguridad
Social se endeuda en ese artículo en 88.000 millones de pesetas en un
pasivo del capítulo IX, y una autorización de 210.000 millones para
un préstamo de tesorería, sic, que es una manera artificiosa, en
virtud de la cual desde el año 1997 vienen incrementando los pasivos
y las deudas a largo plazo de la Seguridad Social, con el anuncio de
que son puras operaciones de tesorería para eliminar dificultades
coyunturales. Pero ya tenemos la liquidación de 1997 en la que
terminan configurándose como créditos a largo plazo, porque no se
trata más que de un ardid, de una añagaza más, para ir pintando unos
presupuestos ficticios, donde lucen unos déficit y unos
endeudamientos irreales que luego, cuando llega la hora de la
liquidación, dan la cara.

De modo que no queremos que ese artículo doce aparezca en la ley de
presupuestos. Nos parece que es absolutamente inaceptable para
cualquier diputado que haya firmado el Pacto de Toledo y nos
obligaría a estar hablando hoy aquí de qué reservas constituye la
Seguridad Social en este espléndido ejercicio económico. ¿Qué
reservas va a constituir la Seguridad Social el año 1999? Ninguna
reserva, señores diputados; lo que nos propone el Gobierno son
299.000 millones de pesetas de deudas y endeudamiento a largo plazo.

Es inaceptable de todo punto, es una quiebra del Pacto de Toledo, por
mucha propaganda que haga el Gobierno. Podrán convencer a tirios y a
troyanos, pero a un servidor que estuvo allí y que conoce estas cosas
no le convencerán en la vida. Este artículo doce es exactamente lo
contrario de lo que dijo el Pacto de Toledo. Inaceptable de todo
punto.

Además, aunque no fuera inaceptable, este artículo es irrelevante.

Luego el Gobierno, más allá de las autorizaciones que contiene este
artículo año tras año en la ley de presupuestos, hace -como decía mi
compañero anteriormente- literalmente lo que le da la gana. El año
1997 se aprobó en un artículo parecido a éste una capacidad de
endeudamiento de la Seguridad Social por valor de 155.000 millones de
pesetas y sabemos que se ha endeudado en 860.000 millones. Por tanto,
el Gobierno tiene este artículo como luz de gas en la presentación
presupuestaria para las ruedas de prensa ministeriales y de los
diputados,



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inventándose unas cifras que, además de no aceptarlas, porque son
contrarias al Pacto de Toledo, al mismo tiempo son absolutamente
falsas de la realidad contable de la Seguridad Social y, como luego
el Gobierno va a hacer lo que le dé la gana, buena gana de que
aparezcan aquí estos préstamos cuando la realidad va a superarlos
ampliamente.

En la misma dirección de clarificar las fuentes financieras, de
cumplir con el Pacto de Toledo, ofrecemos al Partido Popular algunas
enmiendas con una orientación constructiva de cómo arreglar no sólo
coyunturalmente, sino también estructuralmente, las finanzas de la
Seguridad Social. La 442 pretende una nueva disposición adicional en
el proyecto de ley del Gobierno y establecemos en ella, a mí me
parece que cargados de razón, el principio de que las cuotas de la
Seguridad Social se dediquen estrictamente a lo que dice la ley: a
pagar las contingencias protegibles, y que en el futuro no se
produzca nunca más la utilización de las cuotas de los trabajadores
para bonificar, por ejemplo, contratos de determinada naturaleza. Nos
parece que están muy bien las acciones positivas para fomentar la
contratación indefinida o para hacer cualquier otra política social,
pero lo lógico es que se movilicen recursos del conjunto de la nación
al servicio de estos objetivos. No parece razonable que se establezca
una especie de circuito cerrado en virtud del cual la solidaridad con
los colectivos de trabajadores en situación económica más precaria
tenga que venir precisamente del dinero de los propios trabajadores.

En la enmienda número 443 pedimos al Gobierno que cancele
definitivamente los préstamos mutuos que hay entre el Estado y la
Seguridad Social. Carece de todo sentido que luzcan en los balances
de la Seguridad Social unas deudas que han sido originadas por el
cumplimiento de obligaciones que son del Estado, obligaciones de
carácter no contributivo como la sanidad. Como esto originaría un
desequilibrio en las cuentas del Estado y, al mismo tiempo, un
superávit en las cuentas de la Seguridad Social, se balancearía un
resultado de neutralización que no tendría ningún efecto sobre el
déficit del conjunto de las Administraciones públicas. Lo lógico es
que luzcan en los presupuestos y balances del Estado lo que son
obligaciones del Estado y se deje de agraviar los presupuestos de la
Seguridad Social con obligaciones que no son las propias.

Por último, en cuanto a la enmienda número 444, esperamos de la
sensibilidad largamente demostrada por el principal partido de la
Cámara que entienda que la Seguridad Social no debe estar peor
tratada que el conjunto de las cuentas públicas. Si en el artículo
cuarenta y nueve de la ley de este año se establece la obligación del
Gobierno de comunicar a las Cámaras la apertura o los saldos de
cuentas corrientes que tenga el Tesoro, nos parece que no encontrarán
ninguna dificultad en apoyar esta enmienda que dice que el Gobierno
comunique al Congreso las cuentas que abra con entidades financieras
respecto a la Seguridad Social y que nos informe en el tiempo de la
evolución de los saldos. No es ni más ni menos que trasladar a la
Seguridad Social lo que está previsto para el Estado en el artículo
cuarenta y nueve.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Bernardo Bayona, a quien
también ruego brevedad.

El señor BAYONA AZNAR: El artículo trece -y entramos ya en el título
II- se refiere a la distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros de enseñanza concertados.

Puede decirse que estos presupuestos, en lo referido a educación, se
caracterizan por el espectacular aumento de la financiación a la
enseñanza privada. Ese espectacular aumento, que aparece en la
sección 18, no se explica por la extensión de la obligatoriedad al
tercer y cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Hay
tres comunidades autónomas menos en el presupuesto del Ministerio de
Educación, hay 6.137 millones más, y se explica aquí, en el artículo
trece del articulado de la ley de presupuestos. Se explica porque hay
nuevos centros que no tenían concierto y que pasan a tenerlo en
niveles no obligatorios, de bachillerato y formación profesional, que
hay que añadir a los que ya se incorporaron en el curso anterior. Se
explica sobre todo por esto: porque aparecen concertados y reflejados
aquí niveles no obligatorios de la enseñanza. Se explica también
porque aumenta la ratio profesor-aula en los centros privados. Eso se
ve aquí y en el anexo correspondiente a este artículo trece. Por
ejemplo, el capítulo 1 en el anexo del módulo económico de centro
concertado sube del 20 al 30 por ciento; sube en número de profesores
por aula y, además, en niveles -insisto- de educación no obligatoria
que aparecen concertados a través de esta redacción del artículo
trece.

Las enmiendas socialistas a este título van a intentar frenar esa
escalada. Van en la misma dirección, y anuncio ya el sentido del
voto, que las planteadas por el Grupo Mixto, por el Bloque
Nacionalista Galego, y exactamente en la opuesta de las enmiendas del
Partido Nacionalista Vasco, que en esto, por más que se reúnan en
Barcelona o en Santiago, parece que no coinciden en absoluto, ya que
el PNV se constituye prácticamente en el defensor máximo de los
intereses confesionales de la privada.

Con nuestras enmiendas nos oponemos a una ampliación sin límites de
los conciertos en los niveles postobligatorios. Eso es lo que figura
en el párrafo que queremos suprimir: una ampliación sin límites de
los conciertos en los niveles educativos postobligatorios de
formación profesional y de bachillerato en centros que ya tenían
concierto en primaria o secundaria, pero que ahora superan la barrera
del nivel obligatorio y se expanden a lo largo del conjunto del
sistema educativo.

Nos oponemos también a que la ampliación del número de profesores en
centros privados, y más concretamente en niveles no obligatorios, se
haga sin ningún criterio; se haga, dice literalmente el articulado,
una progresiva potenciación de equipos docentes en centros privados y
financiados por fondos públicos.

Se me puede decir que la disposición transitoria tercera de la Logse
ya contemplaba la posibilidad de concertar niveles no obligatorios,
pero esa posibilidad se refería sólo a la conversión de conciertos de
FP-1, a conciertos que ya existían antes de la reforma y que, por
tanto, se traspasaban a ciclos formativos de formación profesional.

Dice la referida transtitoria de la Logse que en ningún caso se
podrán suscribir conciertos que supongan un número de unidades
superior al que cada centro tuviera en ese momento. Pues bien, con
esta ley de presupuestos todo eso queda en papel



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mojado. No solamente se elimina esa barrera de no poder suscribir,
sino que, al revés, como decía anteriormente, se hace una ampliación
de unidades concertadas en niveles postobligatorios y de número de
profesores por aula concertada sin límites y sin criterios. Aprobar
el texto del presupuesto tal como está significa vía libre para
concertar todos los niveles no obligatorios de la enseñanza privada.

Esa es la política del Gobierno, esa es la política que con nuestras
enmiendas queremos frenar.




El señor PRESIDENTE: Para terminar, tiene la palabra el señor
Corominas.




El señor COROMINAS I BUSQUETA: Intervengo muy brevemente para
defender las dos enmiendas que hemos presentado al artículo
dieciséis, en el título II.

En primer lugar, quiero indicar que la enmienda 413, por un error
nuestro de transcripción mecanográfica, no es al apartado cuatro sino
al apartado tres del artículo dieciséis. En este apartado lo que se
señala es el carácter de las retribuciones del personal de estos
organismos nuevos, creados por el Insalud, que son las fundaciones
sanitarias de gestión y lo que pedimos es que se actúe en
consecuencia con lo que se señala en otros artículos de la propia ley
presupuestaria, en concreto, el artículo treinta y cinco, en el cual
se requiere la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda
para el incremento de la masa salarial. Creemos que con esto
terminaría de regularse perfectamente el tema de las fundaciones de
naturaleza o titularidad pública para la gestión sanitaria.

En la enmienda 414 pedimos que se añada un punto sexto en el que toda
la información que el Ministerio de Sanidad debe transmitir a la
Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y
Hacienda, así como los informes que debe elaborar este propio
Ministerio, sean remitidos a las Cortes Generales para que pueda
existir una mayor información y un mayor control de toda la actividad
de estas fundaciones que, si no, quedan alejadas del control
parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. En su nombre, tiene la palabra don Pedro Antonio
Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a intentar defender las enmiendas que
tenemos a los títulos I y II y cuatro enmiendas que tenemos como
disposiciones adicionales nuevas que hacen referencia a la gestión
transparente del presupuesto. Voy a intentar hacerlo en los diez
minutos similares a los que ha utilizado el grupo precedente.

Fundamentalmente, el objetivo de Izquierda Unida en estas tres
enmiendas es demostrar que, cuando decimos que el presupuesto debe
ser progresivo en los ingresos y progresivo en los gastos, se debe
predicar con el ejemplo. En la fase de enmiendas debemos proceder a
decir cómo lo haríamos nosotros, de qué manera plantearíamos ese
mayor tinte progresivo a lo que el Gobierno ha propuesto. Intentamos
demostrar que con otra política de presupuestos a nivel de ingresos,
sobre todo haciendo que las rentas tributen por toda la capacidad
económica y que no solamente sean un castigo divino para quien
trabaja y su nómina,
se pueden ingresar dos billones de pesetas más de los que el
Gobierno ingresa, distribuidos en un impuesto sobre la renta de las
personas físicas más progresivo, que dé un nuevo tratamiento fiscal a
los incrementos y disminuciones patrimoniales; hoy en día el
patrimonio tiene aquí el 95 por ciento de sección, es verdad que
solamente tenemos tres comunidades que todavía no tienen transferido
este impuesto: Madrid, Ceuta y Melilla. Pero podíamos hacer una
ordenación sobre las grandes fortunas y el lujo, porque hay gente que
vive nadando en lujo, con gran cantidad de dinero, mientras que otras
gentes viven con grandes limitaciones.




La segunda sería buscar unos tramos y una tarifa diferente a la hora
de distribuir esas rentas. Nosotros no creemos que deba haber un
tramo general y uno especial; toda la capacidad económica del
ciudadano, producida por venta de acciones, producida por capital
mobiliario o producida trabajando debe ser parte de una misma tarifa,
no de dos diferentes, y los tramos deben ser progresivos, no
solamente se puede hablar de una reducción media del 11 por ciento de
las figuras impositivas del IRPF, sino de que las gentes que ganan
más no se beneficien en ese porcentaje y que las gentes que ganan
menos se beneficien en mayor porcentaje, haciendo verdad ese concepto
de que pague más el que más tiene, puesto que en la reforma no se
produce así.

Por otro lado, proponemos trasladar de la base a la cuota todas las
deducciones que crea el sistema de IRPF que el Gobierno ha aprobado
con los socios que le apoyan, y proponemos la supresión de la doble
imposición de dividendos, que al final lo que provoca es beneficiar a
la gente que tiene un volumen mayor de ingresos.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, proponemos una disminución de
algunos gastos fiscales. Después me referiré a las enmiendas 461 y
462. En cuanto al impuesto sobre el valor añadido, proponemos que se
reduzcan los ingresos previstos en 300.000 millones precisamente para
que se vea reducido el IVAque se destina a lo que pudiéramos llamar
productos de primera necesidad y no tenga que pagarse por productos
tan elementales como la leche, los huevos, el pan, la harina, que son
la base del sustento y el mantenimiento de cualquier ciudadano.

Proponemos una lucha mayor contra el fraude y la elusión fiscal, no
con actos simbólicos como el que estamos viendo estos días de una
conocida deportista a la cual se le reclama una deuda fiscal desde
los últimos diez años, que además de todo es ineficaz, porque todo lo
que se reclame de hace más de cuatro años está caducado, prescrito,
muerto y archivado; es una forma de hacer un canto del cisne más que
de hacer efectiva la propia actuación.

Por último, proponemos que se pueda producir un funcionamiento de
figuras como la tasa ecológica que favorece, con carácter finalista,
algunas acciones que podrían llevar consigo mejoras de nuestro medio
ambiente y del nivel de emisión que ahora mismo tenemos en la
atmósfera. El objetivo de esta enmienda es demostrar que se pueden
producir otros ingresos y de otra manera con otra orientación que
vaya a buscar dónde está el dinero en mayor porcentajes y que
favorezca un criterio progresivo y redistributivo, carácter por el
cual el Estado tiene un papel importante quejugar.




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Nuestro segundo objetivo sería eliminar, reducir los efectos nocivos
que los gastos fiscales han introducido en la política fiscal de
nuestro país. Una vez fijado un sistema progresivo o una figura de
actuación determinada, a través de lo que eran políticas de
desfiscalización hemos ido reduciendo la progresividad de un sistema
fiscal. Nosotros hemos propuesto con esta enmienda número 462 reducir
algunos gastos fiscales. Fíjense que proponemos 500.000 millones de
pesetas; es decir, que en lugar de 4,9 billones el Estado produzca un
gasto de 4,4 billones. Por tanto, que no se nos diga que lo que
estamos provocando es que toda la política que se ha montado en este
país en los últimos años no funcione. No es así, nosotros proponemos
solamente actuar sobre los efectos más regresivos de estos gastos
fiscales, fundamentalmente los que se dirigen hacia los beneficios de
las empresas, que ahora mismo están en 700.000 millones de pesetas, y
que se dan sin ningún compromiso de inversión. En realidad el
Gobierno ha dicho siempre que estas políticas iban dirigidas a
fomentar la inversión, a generar empleo, y se ha demostrado que esta
puesta a disposición de 700.000 millones de pesetas en determinadas
empresas no ha ido ligado a que de verdad ese dinero se invierta, a
que esa inversión modernice la empresa, incremente su capacidad
productiva y genere empleo; esos tres elementos no han ido unidos y
por tanto nosotros proponemos reducir, que no eliminar -estamos
hablando de una reducción de 500.000 millones de pesetas-, con dos
elementos como símbolo, que es éste y el apoyo que se da a lo que es
beneficio fiscal de los planes de pensiones como sistema de ahorro,
que nosotros consideramos que siempre beneficia a los que pueden
ahorrar más. Se puede decir que esta es una fórmula de un sistema
complementario, alentado y apoyado desde el Pacto de Toledo, pero hay
que decir que las personas que pueden ahorrar por encima de un millón
de pesetas al año, si miramos lo que es la capacidad de renta de los
españoles, no son las que tienen rentas de dos o tres millones de
pesetas, porque nadie que tenga que hacer frente hoy a los gastos de
una casa, a los gastos de una familia, ganando dos millones de
pesetas puede permitirse ahorrar uno para meterlo en un plan de
pensiones, y si no que venga aquí, porque debe ser bueno para los
demás tener en cuenta la multiplicación que hace de los panes y los
peces. (Rumores.) (Lo de San Pablo, que se cayó del caballo, fue hace
mucho tiempo y la conversión ya es más difícil, no es tan fácil como
entonces; además, participaban en comunidades cristianas y era otra
cosa distinta de lo que estamos haciendo aquí, que no son comunidades
cristianas, más bien es repartir cristianamente lo que cogemos de
otros, que es otra cosa distinta.)
Señor presidente, la enmienda 461 va dirigida a que en los ejercicios
presupuestarios siguientes, en adelante, se pueda ir a una memoria de
beneficios fiscales también ligada a lo que son las exenciones y
subvenciones que hoy se están dando desde las administraciones
públicas para cotizaciones o actuaciones en la Seguridad Social. ¿Por
qué? Porque una forma de medir la eficacia de una política activa
o de una política de gasto fiscal es precisamente conocer cómo se ha
distribuido, no cuando se anuncia, sino cuando se liquida el
presupuesto, cómo estos dineros significan reducir la cotización al
60 o al 50 por ciento, cómo toda esa política de beneficio fiscal de
cotización, o beneficio fiscal
directo a lo que hay que pagar como sociedad en sus figuras
impositivas, cómo esa política de gasto fiscal se traduce de verdad
en beneficio y en incremento de actuaciones positivas que se quieren
realizar desde el Gobierno.

Por último, señor presidente, voy a referirme a las enmiendas que
hemos presentado que, en realidad, son las que conseguirían algo que
ningún gobierno quiere realizar. Cuando venimos al trámite
parlamentario de los presupuestos el Gobierno siempre viene a decir
más o menos: tengo una Ley General Presupuestaria que me obliga, pero
voy a abrir un abanico para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera
y como yo quiera, o por lo menos que me lo facilite. Esta filosofía
es la que queremos romper. Si tenemos una Ley General Presupuestaria
es para cumplirla, no para amañarla, no para condicionarla.

Nosotros proponemos algo que yo sé que no le corresponde al Gobierno,
que le corresponde a esta Cámara, que es poner en marcha la oficina
presupuestaria para controlar a la Administración. Sé que le
corresponde a esta Cámara y que teníamos compromisos desde la época
en que era presidente de la Comisión de Presupuestos el señor Martín
Villa, en el año 1994, siendo portavoz del Grupo Socialista don
Joaquín Almunia. Todos tienen ya otra disposición y otra ubicación,
pero yo sigo estando en el mismo sitio en que estaba y, por tanto,
sigo reivindicando lo mismo. Pero sí que hay tres medidas que con
nuestras enmiendas pretendemos defender y que facilitarían
enormemente que tuviéramos tranquilidad los que no participamos
apoyando al Gobierno, inclusive los que le apoyan para conocer lo que
hace. Me explico.

La enmienda 518 lo que pretende es que el Gobierno haga otro nuevo
IRPF, y no voy a explicarla, pero la enmienda 523 viene a decir que
con los libricos rojos que el Gobierno presenta en la Cámara acompañe
una liquidación con el mismo grado de desagregación que figura en
esos libros rojos de lo que ha hecho en el año anterior y de lo que
está haciendo en el año precedente. Lo que hace en el año 1997, en
este caso actual, y en el año 1998 con liquidación al 31 de agosto.

Con eso conoceríamos cómo ha evolucionado la distribución de las
previsiones presupuestarias de ejercicios anteriores en los capítulos
I, II, IV y en los capítulos de operaciones de capital. Por tanto,
los grupos parlamentarios conocerían ipso facto y podrían estudiar
cómo se han cumplido los objetivos y las actividades que de ellas se
derivaban.

La enmienda 524, que es una disposición adicional nueva, iba dirigida
a otra propuesta que yo hice en la discusión de la oficina
parlamentaria, que suponía el acceso directo de los grupos de la
oposición a la Intervención General. No hace falta mucho papel,
estamos en la era de la informática, estamos en la era de poder
entrar en la información a tiempo real. Una información que se
produce hoy y se da pasado mañana no sirve para nada, está obsoleta.

¿Y qué pedimos? Que los portavoces de los grupos parlamentarios
tengan una tarjetita, la metan en su ordenador, accedan directamente
a la Intervención General y conozcan el estado actual de la gestión
del presupuesto. Facilísimo. No haría falta ni que viniera el
secretario general de Presupuestos a explicarnos lo que estamos
viendo. Vendría, de verdad, a discutir de política presupuestaria, no
a enrrollarnos con papeles y a perdernos porque falta la



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página tal, que la página cual no viene y que con la otra realidad no
las podemos encontrar. No, lo que usted no ha visto es porque no ha
querido verlo. Y ya veríamos si los grupos trabajan en controlar el
presupuesto, porque otra exigencia que señala el que gobierna es que
los grupos no trabajan bien y no siguen bien la actividad del que
está gobernando.

Y la última enmienda, la 525, viene a pedir que las liquidaciones
presupuestarias que el Gobierno presenta en el mes de marzo o abril y
en el mes de junio, cada trimestre, en la Cámara, y la definitiva,
vayan acompañadas de un anexo de liquidación presupuestaria con el
mismo grado de desagregación, el cual se aprueba. No es igual hablar
de que en el capítulo II hemos tenido un gasto determinado y que
hemos tenido estas modificaciones presupuestarias que de cómo se han
distribuido. Es decir, si el Gobierno ha tenido unos remanentes de
136.000 millones de pesetas del capítulo de inversiones y
transferencias de capital del año anterior a éste, qué obras son las
que no se han hecho, cuáles son las que se van a hacer ahora, cuáles
son las que se anuncia que no se van a hacer, porque, señor
presidente, no hay manera cristiana de conocer si han sobrado 80.000
millones, qué obras no se han hecho, cuáles son las que se aplazan al
año siguiente, cuáles son las que se van a hacer con ese dinero o las
que se van a hacer con el del año actual. Por tanto, desconocemos la
voluntad de actuar y estamos viendo cómo el Gobierno anuncia durante
cuatro años que va a iniciar unas obras y nunca las inicia. Cuatro,
cinco y seis años. Se trata del arte de anunciar y no realizar, que
nosotros creemos que es bastante equivocado.

Termino, señor presidente, refiriéndome a las enmiendas de los demás
grupos. Nosotros vamos a votar todas las enmiendas al título II que
se han presentado por los grupos de la oposición; no vamos a poder
votar -siento que no esté aquí su representante- la enmienda del PNV
dirigida al título II, fundamentalmente por lo que decía al
principio, que el título II es la puerta abierta a que el Gobierno
haga lo que crea procedente, en el momento que crea procedente y en
todos los sectores. Si se dan ustedes cuenta, en el título II
aparecen todos los frentes de gestión, la Seguridad Social, el
Insalud, la educación, todo está metido ahí como frontera o
portezuela para evitarse la obligación que le impone la Ley General
Presupuestaria. Repito, vamos a votar favorablemente todas las
enmiendas, porque yo creo que añaden transparencia, que obligan al
Gobierno a cumplir con lo que anuncia y, sobre todo, dan la
tranquilidad de que cuando decimos que se dotan 1.000 millones se van
a gastar esos 1.000 millones y en las obras que se dice que se van a
realizar.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco ha comunicado a
esta Mesa que da por defendidas sus enmiendas.

Por otra parte, se han presentado enmiendas por parte de los señores
Vázquez y Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, que no están
presentes.

Aefectos de fijar posiciones en estos dos títulos, ¿quiere hacer uso
de la palabra el Grupo de Convergència i Unió? (Denegaciones.)
El señor Chiquillo tiene la palabra.

El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor presidente, para dar
por defendidas, en los propios términos en que aparecen, las
enmiendas presentadas por diversos diputados del Grupo Parlamentario
Mixto a los títulos I y II, que abarcan del artículo uno al artículo
diecinueve, ambos inclusive.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ: Intervengo en nombre de mi grupo para
fijar posición sobre las enmiendas de los demás grupos
parlamentarios, puesto que las que el Grupo Parlamentario Popular
mantenía en el título II fueron incorporadas en el trámite de
ponencia celebrado ayer por la tarde.

Quería comenzar por reconocer una apreciación que ha hecho el
portavoz del Grupo Socialista con la que estamos de acuerdo, por
razones completamente distintas a las apuntadas por el señor Pérez
Segura, pero de acuerdo. Efectivamente, éstos son los terceros
presupuestos del Gobierno de José María Aznar, del Gobierno del
Partido Popular y la impronta y el estilo del Partido Popular se
ponen de manifiesto no sólo en el primero y en el segundo de los
presupuestos sino en este tercero y, si quiere, con mayor claridad,
pero no por las razones que ha apuntado el señor Pérez Segura. Según
nuestra opinión, y creo que es una opinión más generalizada que la
del propio Grupo Socialista, en estos presupuestos se marca el
estilo, porque el estilo del Gobierno de José María Aznar es que haya
unos presupuestos que sostengan una política económica que permita
crear 1.000 empleos diarios; que haya unos presupuestos que sostengan
una política económica que haya logrado que sea real la separación de
las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que parece que el
señor Cercas no lo quiere reconocer, lo quiere obviar, lo quiere
olvidar o simplemente lo quiere desconocer. Además, son unos
presupuestos sostenidos en una política económica que permite reducir
el déficit hasta cifras absolutamente desconocidas en España; porque
además es un presupuesto donde también se marca el estilo del
Gobierno al haber ofrecido un marco de certidumbre a la economía
española que permite alejar las ansiedades que podíamos percibir
todos los españoles respecto de los anuncios de gobiernos anteriores
que equivocaban irremediablemente sus previsiones macroeconómicas.

Esa ansiedad ha desaparecido, señor Pérez Segura, y ahora los
españoles tienen la certidumbre de que las cifras macroeconómicas que
presenta el Gobierno se cumplen, porque esto es lo que lleva
ocurriendo, ni más ni menos, desde el primer presupuesto presentado
por el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, estamos de acuerdo en
que queda la impronta y el estilo del Partido Popular en estos
presupuestos, pero, repito, por razones completamente distintas a las
expuestas por el Grupo Socialista.

Sin más querría pasar a comentar las enmiendas de los grupos que han
intervenido con anterioridad.

El Grupo de Izquierda Unida presenta tres enmiendas a estos títulos,
que son básicamente las tradicionales. El Grupo de Izquierda Unida en
sus enmiendas 460 y 462 lo que hace fundamentalmente es un ejercicio
habitual y de



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rigor en cuanto a lo que entienden que debe traducirse en el estado
de gastos que aparece en el artículo dos, y en el estado de ingresos
el cómputo de las enmiendas que ellos han presentado, y obviamente
esto está dentro de la lógica y del rigor de su formación política y
entra dentro de lo previsible.




Nos presenta Izquierda Unida este paquete habitual de enmiendas que
ascienden, como ha dicho el señor Ríos, a dos billones de pesetas. En
la enmienda 460 solicitan un incremento de un billón y medio de
pesetas, lo que es algo parecido a una enmienda de totalidad, puesto
que de admitirse estaríamos hablando de un presupuesto completamente
distinto del presupuesto resultante de las enmiendas de Izquierda
Unida. La enmienda propone sustituir las cifras que figuran recogidas
en el artículo dos, dos del presupuesto, como consecuencia de estas
enmiendas no sólo a la ley de presupuestos, sino a la ley de
acompañamiento, y quiero agradecer al señor Ríos que por fin haya
hablado de la ley de acompañamiento y no haya hecho esa gracieta, que
a mí no sé si me ha hecho gracia alguna vez, pero para S.S. debe
tenerla, ya que la repite con cierta frecuencia. Como digo, esta
enmienda 460 entra dentro de la lógica presupuestaria y de la técnica
que habitualmente recoge Izquierda Unida a la hora de presentar las
enmiendas al título I, pero a nosotros nos sería imposible aceptar
una enmienda de este calado, porque sería tanto como aceptar las casi
900 enmiendas que presenta el grupo de Izquierda Unida. Por tanto,
votaremos desfavorablemente la enmienda 460.

Igualmente ocurre con la enmienda 462, que está directamente
relacionada con la enmienda anterior. Lo que se pretende con ella es
modificar la cifra de beneficios fiscales, debiendo nuestro grupo
ajustarse también a la tradición, consistente en que, ante la
ausencia de sustento que permita concretar la cifra más allá de lo
hecho, y ante la pretensión que pueda tener su grupo de incorporar
tal o cual enmienda, deberemos votar desfavorablemente.

La enmienda 461 es ciertamente una novedad, porque proponen añadir un
nuevo párrafo al artículo tres, por el cual el Gobierno debería
adjuntar a los documentos presupuestarios una memoria de beneficios
sociales, donde se deberían concretar las subvenciones que afecten a
los ingresos de las administraciones públicas, y en particular hacen
referencia a la Seguridad Social. Esta enmienda es intachable desde
el punto de vista técnico, parece muy correcta, pero yo creo que no
debemos mantener ni usted ni yo un debate sobre en qué página está
tal o cual información que, a su entender, no se encuentra. Yo quiero
recordarle que en el informe económico-financiero del presupuesto de
la Seguridad Social para 1999 puede encontrar ésta y mucha más
información, porque la información que acompaña al presupuesto de la
Seguridad Social, según nuestra opinión, cumple más que
satisfactoriamente con su labor informadora, tanto en el aspecto de
los gastos que debe acometer como de los ingresos que debe recaudar.

Yo le invito a que eche un vistazo a este informe económicofinanciero
del presupuesto y verá cómo es cierto que puede encontrar la
información que S.S. requiere en esta enmienda.




Pasando ya a las enmiendas clásicas -voy a denominarlas sencilla y
simplemente clásicas, porque también ha sido clásica la intervención
del señor Gimeno; que nos
tiene más acostumbrados a venir no sé si eufórico o enfadado, pero
realmente, las intervenciones del señor Gimeno siempre confunden el
tono y el timbre, es algo tremendamente difícil de explicar para
nuestro grupo, tengo que decirles que si ustedes tuvieran algo nuevo
que ofrecer, podríamos entender cierta euforia y este tipo de energía
que ustedes gastan en presentar enmiendas viejísimas; someten a un
tremendo aburrimiento a todos los miembros de esta Cámara, señor
Gimeno. Año tras año presentan enmiendas sin propósito de enmienda y
sin acto de contrición y no sólo presentan las mismas, sino que
además tienen la desfachatez de acusar al Gobierno del Partido
Popular de falta de rigor presupuestario, y esto es sencillamente
inaceptable. ¿Sabe de lo que podemos acusarle sin más, simplemente
con leer las enmiendas del Grupo Socialista? No de falta de rigor,
sino de falta de trabajo. Yo le sugeriría que las energías que gastan
en hacer ver que han hecho algo novedoso en relación al título I lo
dediquen a trabajar más ese título y hagan un esfuerzo para presentar
algo no sé si más novedoso, pero, por lo menos, no tan aburrido. No
se trata de presentar enmiendas imaginativas, ni siquiera brillantes,
pero, cuando han sido contestadas -como lo voy a hacer- una por una,
sería aconsejable que introdujeran algo más de trabajo en esas
enmiendas que presentan. Porque si son tradicionales las enmiendas
que presenta Izquierda Unida en cuanto a que están perfectamente
incardinadas dentro de su formato de trabajo, ¿qué les voy a decir de
las que presenta el Grupo Socialista? Eso sí, debo decir que de la
mano del nuevo portavoz de presupuestos han tenido el decoro de que
en esta ocasión no sean gramaticalmente exactas, novedad que honra al
Grupo Parlamentario Socialista, ya que no tenemos que modificar, como
hubo que hacer en el ejercicio anterior, las cifras para referirlas
al año presupuestario en el que estábamos, porque, por dejadez,
incluso llegaron a trasladar los ejercicios económicos a los que se
referían las enmiendas. Yo voy a tener que insistir y repetir muchos
de los argumentos que ya son muy conocidos en esta Cámara referidos a
las enmiendas del Grupo Socialista a este título I, pero creo que
debo hacerlo.

La enmienda 402, con la que comienzan las enmiendas del Grupo
Socialista, es una enmienda de supresión del artículo ocho, que se
justifica en que se deja excesivamente abierta la posibilidad de
modificaciones presupuestarias. En relación con esta enmienda
simplemente quiero que hagan una reflexión mayor de la que han hecho
sobre lo que de verdad dice el artículo ocho. Este artículo recoge
los principios generales a que deben ajustarse las modificaciones
presupuestarias, pero en el mismo no se introduce ningún tipo de
modificación sobre el régimen de esas modificaciones, ni siquiera se
modifica la autoridad a la que corresponde la aprobación de las
modificaciones, sino que se limita a disponer excepciones puntuales
que son necesarias. ¿Por qué son necesarias? En el caso de
excepciones a la aplicación de las limitaciones que establece el
artículo 70 de la Ley General Presupuestaria, resultan ser
imprescindibles, por ejemplo, para dar aplicación a finalidades que
deben atenderse con la Ley del Patrimonio artístico en la mano o con
la ley por la que en el año 1995 se crea el Fondo de ingresos
procedentes del decomiso de drogas. Es que ustedes parecen olvidar
que hay determinados renglones



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presupuestarios que tienen que cumplir su finalidad para poderse
gastar y, obviamente, si no hacen este ejercicio de reflexión sobre
lo que dice el artículo ocho y a qué excepciones se refiere, seguirán
insistiendo en un asunto que verdaderamente no se compadece con la
reflexión que hacen en la justificación de la enmienda, que es algo
así como mejorar la gestión presupuestaria, sin duda una fórmula
bastante vaga.

La enmienda 403 sí es la misma de siempre. Ahora vamos con otros
ejemplos; hemos hablado de la Ley del Patrimonio artístico, de la ley
de los fondos de decomiso de drogas y ahora de la sección 18 del
Ministerio de Cultura. El aprobar la enmienda 403 imposibilitaría que
se pudieran gastar los fondos del Instituto Nacional de Toxicología.

También insisten en eliminar la posibilidad de transferir crédito
entre distintas funciones e, insisto, de la justificación poco se
puede deducir, por lo que simplemente diré algo muy sencillo: para
cumplir los fines para los que se dotan los créditos presupuestarios
es necesario transferir créditos entre funciones. ¿Por qué?
Sencillamente porque las actividades que se despliegan en todos los
ministerios pueden estar incardinadas en funciones de los ministerios
y los ministerios tienen estructuras de funcionamiento diferentes.

Entonces, se plantean ustedes el régimen de las modificaciones
presupuestarias y no se plantean modificar la estructura y las
funciones de determinados departamentos, porque a eso no presentan
ninguna enmienda.

Y si son clásicas las enmiendas 402 y 403, también es clásica la
pretensión de vincular créditos a nivel de concepto, argumentando
únicamente que así se mejora la gestión presupuestaria. Esto lo dicen
en la enmienda 404. En nuestra opinión, la vinculación a nivel de
concepto no sólo no mejoraría, sino que dificultaría de forma
extraordinaria la gestión presupuestaria como consecuencia de
efectuar mayor número de modificaciones de crédito.

Por otra parte, existen créditos cuyo nivel de vinculación, y esto
siempre parece olvidarlo el Grupo Socialista, es inferior al del
concepto, porque seguimos haciéndole la misma pregunta, la vuelvo a
formular este año -no tengo inconveniente en formularla tantas veces
como SS.SS. quieran-: ¿qué hacemos con los créditos ampliables? De
aprobar la enmienda suya, los créditos ampliables no podrían tener
una operatividad práctica, simplemente porque lo que dice la Ley
General Presupuestaria sobre los créditos ampliables es exactamente
que deben ser vinculantes con el nivel con que figuran recogidos en
los estados de gastos. Luego insisto en la pregunta: ¿qué hacemos con
los créditos vinculantes, señores del Grupo Parlamentario Socialista?
O de otra manera, ¿creen de verdad que el actual régimen de
vinculación de créditos no permite efectuar un seguimiento puntual de
cómo se gastan los créditos? Yo creo categóricamente que esto no es
cierto; se puede hacer un seguimiento puntual de los créditos, y el
ejercicio de control que puede, por tanto, realizar la oposición es
incuestionable. Luego sigo sin ver la lógica de la enmienda. Si a
esto se añade que además se puede agilizar la gestión presupuestaria,
pudiendo seguirse en todo momento la pista del crédito
presupuestario, no sé dónde ve el Grupo Parlamentario Socialista que
puede estar la mejora de la gestión presupuestaria.

En la enmienda número 405 presentan la novedad de este año, pero hay
muy poco que decir de esta enmienda porque se indica que no tiene
sentido suspender la aplicación de un artículo que está en vigor
desde 1997. Mi pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿qué es lo que
les parece mal, que se suspenda temporalmente la aplicación del
precepto, que es lo que se hace, o el precepto mismo? Porque lo que
les parecía mal el año pasado era el precepto, ya que había un
precepto similar al presentado este año. Parece inexplicable que se
haga esta argumentación para derribar en la enmienda 405 el artículo
de la Ley de Presupuestos, es decir, que sigan o no manteniéndose en
algo que les parecía mal el año anterior. Creo que deben reconocer la
falta de congruencia y seriedad, casi infantil, de esta enmienda.

¿Qué es lo que les parece mal, que subsista o que no subsista, o
simplemente el precepto en sí?
En las enmiendas números 406 y 407 vuelven a pedir que se permitan
únicamente las transferencias incluidas en la misma función. Yo creo
que sobre esto hemos debatido también en alguna ocasión, y formulo
alguna pregunta de carácter estrictamente técnico. Creo que ya hemos
debatido esto suficientemente y no comprendo por qué siguen
presentando este tipo de enmiendas. Por cierto, quiero decir que
debimos de convencerles respecto a algunas enmiendas referidas al
artículo sesenta y uno, puesto que no las han presentado este año.

Recordarán que el año pasado se dedicaron a discutir este artículo
hasta sabe Dios dónde. En relación con las transferencias incluidas
en la misma función, me pregunto qué les parece que hagamos.

Hablábamos anteriormente de los créditos ampliables, y les pregunto
qué les parece que hagamos con los convenios de colaboración entre
los diferentes departamentos ministeriales. ¿Qué hacemos? Porque su
enmienda número 406 imposibilita radicalmente que se puedan producir
convenios de colaboración entre ministerios y que éstos dispongan de
una dotación presupuestaria. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Lo que no les
gusta es que la autorización provenga del ministerio o simplemente
que exista autorización? Porque es cierto que, cuando estaba el
Gobierno socialista, esto se hacía, pero sin autorización. Fíjense
que lo que dice el texto del proyecto de ley es que se requiere
autorización para realizar esta operación. Esto es lo que se dice,
señor Gimeno. Por tanto, yo creo que simplemente se introduce un
mayor marco de transparencia en las transferencias incluidas en la
misma función y se posibilita, por ejemplo, que haya convenios
dotados de cobertura legal suficiente, lo que no existía hace cuatro
años, para los convenios de colaboración que puedan establecerse
entre los diferentes departamentos ministeriales.

Respecto a la enmienda número 408, insistimos en la eliminación de
los casos excepcionales -insisto en que son excepcionales- por los
que se pueden efectuar transferencias de crédito, de capital, a
operaciones corrientes. Insisto en que se trata de casos
excepcionales, porque al escuchar a algunos portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista me parecía que la regla para el Gobierno del
Partido Popular es seguir las excepciones y no la norma. Por eso, al
introducir un capítulo de excepciones, no se posibilitan las
transferencias de los capítulos de gasto de inversión a los capítulos
de gasto corriente. Esta es la regla, y la excepción es la que se
introduce en este artículo. Y quiero



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dejar esto claro porque las excepciones a las que hace referencia el
artículo once permiten que, por ejemplo, no se puedan realizar
transferencias de capital a operaciones para las que resulta
necesaria la autorización. Quizás es esta autorización lo que echa en
falta el Grupo Parlamentario Socialista, ya que no existía obviamente
en la época en la que ellos gestionaban el presupuesto. Porque de no
existir esta excepcionalidad y la necesidad de autorización, al
Gobierno le costaría simplemente autorizar este tipo de operaciones.

¿Y qué casos se pueden dar? Pues, por ejemplo, el de funciones no
clasificadas, de las que saben que existe un buen número en el
presupuesto, y el de las destinadas a atender obligaciones derivadas
de siniestros -y lamentablemente hemos tenido que hacer uso de este
artículo en más de una ocasión durante estos dos ejercicios-, para
las que hace falta una autorización que antes no hacía falta, y otras
situaciones de emergencia, porque además en el momento de los
siniestros no se conoce, como es obvio, si los gastos que se han de
producir y si el quantum económico debe pertenecer o no a los
capítulos de capital o a los capítulos de gasto corriente. Quizás al
Partido Socialista le daba lo mismo, pero no es lo mismo. Además -y
esto es importante-, las transferencias a las comunidades autónomas
por servicios transferidos, de las que parecen olvidarse con
reiteración, suponen necesariamente un artilugio técnico, si se
quiere, pero que está directamente relacionado con las excepciones a
las que se refiere el artículo once, que se producen siempre:
disminuciones en el capítulo I, en el II y en el VI, para transferir
al capítulo IV correspondiente a la sección 32. Ya sé que esto puede
parecer muy complicado a alguno, pero yo esperaba que el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, puesto que ya lleva algunos años
dedicado a esto, pudiera haber acabado teniendo un conocimiento más
certero de la técnica presupuestaria que, obviamente, sigue sin
tener.

Nos referimos a continuación a la enmienda número 409 para decir que
ya nos la esperábamos y que los acuerdos de nueva disponibilidad del
10 por ciento forman parte del pasado, señor Gimeno. ¿Usted recuerda
lo que ocurrió en julio del año 1996? Yo lo recuerdo perfectamente
porque lo debatí con S.S. Los 720.000 millones de pesetas que
tuvieron que aprobarser mediante el Real Decreto- ley 12/1996, se
referían precisamente a lo que inmediatamente tuvo que hacer el
Gobierno del Partido Popular, que fue el primer acuerdo de no
disponibilidad de 200.000 millones, referido exclusivamente a que
este tipo de operaciones de las que ustedes desconfían, porque
desconfían de un Gobierno que no ha tenido que hacer uso de estas
operaciones, por razones que ya explicamos, nada más que en la época
en la que tuvimos que aprobar reales decretos tan complejos de
explicar para su grupo como el Real Decreto-ley 12/1996. Además, hay
una definición de índole estrictamente técnica que aparece en la Ley
General Presupuestaria sobre los Presupuestos Generales del Estado,
que, según dicha ley, son la expresión cifrada, conjunta
y sistemática, de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer
el Estado y sus organismos autónomos. Por lo tanto, no se deben
establecer, según esta decisión, límites mínimos de gastos, sino los
máximos, que es lo que hacemos durante los dos días que va a emplear
esta Comisión
y los que se dediquen en el futuro en el Pleno y en el Senado.

Esto es lo que hacemos: cifrar el límite máximo de gasto al Gobierno.

Esto es lo que se dice en la Ley General Presupuestaria y lo que
parece olvidar el Grupo Parlamentario Socialista con reiteración.

Y vamos con la enmienda Cercas, que es la número 410. Porque la
enmienda Cercas es aquella que insiste en los terribles desmanes que
le deben ocurrir al pueblo español y al presupuesto público,
especialmente a la Seguridad Social, como consecuencia de la falta de
rigor presupuestario, de rigor ético, respecto a cómo gestiona las
finanzas de la Seguridad Social el Partido Popular y, en concreto, el
Gobierno del Partido Popular. Y el esfuerzo que hace el Grupo
Parlamentario Socialista es sin duda encomiable, pero digno de mejor
causa, sin ninguna duda, porque seguir intentando abrir brechas en el
sistema de financiación de la Seguridad Social es digno de mejor
causa. A ustedes les gusta mucho sacar a pasear en cualquier momento
el artículo doce, sea en el momento de hacer los presupuestos o sea
en el momento de los debates que realiza el señor Camps, que, por
cierto, parece que tendrá que explicarle algunos argumentos sobre los
que insiste usted de forma muy encomiable, y yo insisto en que
debería dedicar su esfuerzo a otro tipo de operaciones, en vez de
insistir en una batalla que tienen perdida de antemano. El artículo
doce trae causa de las recomendaciones del Pacto de Toledo, digan
ustedes lo que digan. Trae causa, además, de la Ley de consolidación
y racionalización del sistema de la Seguridad Social. Por cierto,
ayer cometieron la torpeza política de solicitar al Tribunal de
Cuentas que fiscalizara acuerdos políticos y esto lo hicieron en la
Comisión del Tribunal de Cuentas (El señor Gimeno Marín: Se está
equivocando.) y algunos debimos decirles que era -no vamos a
calificarlo de forma dura- inadecuado políticamente someter a
fiscalización acuerdos políticos porque las recomendaciones del Pacto
de Toledo, señores del Grupo Socialista, son acuerdos políticos, y
someter a fiscalización acuerdos políticos es algo que en esta Cámara
no habíamos oído en la vida. Es una torpeza política que tendrán que
explicar, pues han sido incapaces de explicar por qué este
desiderátum, que mantuvieron durante mucho tiempo, de lograr la
separación de fuentes de financiación de la SeguridadSocial, que el
Partido Popular ha conseguido hacer, a pesar de las críticas
mantenidas a esto, que es una realidad en el ejercicio de 1999. La
aportación del Estado para complementos de mínimos, el préstamo
equilibrador y de tesorería, se fija de acuerdo con los criterios que
he expuesto y que el señor Camps tendrá ocasión de exponer me imagino
que tres, cuatro o cinco veces, las que el señor Cercas quiera a lo
largo de este debate de Comisión y estoy convencido de que con mucho
más éxito del que pueda acreditar el señor Cercas.

Desde la perspectiva de los Presupuestos Generales del Estado, el
esquema de financiación para los próximos ejercicios responde a un
doble planteamiento: cubrir progresivamente, por un lado, con
aportaciones finalistas del Estado las prestaciones de carácter no
contributivo y, por otro, atender el desfase entre ingresos y gastos
que presente el presupuesto de la Seguridad Social mediante
aportaciones genéricas de carácter financiero. Como decía, este es un
deseo que se formuló con ocasión de las recomendaciones



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del Pacto de Toledo y que ha sido hecho realidad en el presupuesto de
1999.

Por tanto, podíamos pasar sin más al título II para ir acabando,
señor presidente. Hago referencia a dos enmiendas que han sido
presentadas por el Grupo Socialista al artículo trece y otras tantas
al artículo dieciséis. En el caso del artículo trece las presentan
para suprimir un par de precisiones que se hacen en este artículo. En
cuanto a la primera, tengo que decir que en el sistema educativo
anterior a la Logse se venía financiando la formación profesional de
segundo grado y si la Logse va a sustituir estas enseñanzas por los
ciclos formativos de grado superior parece coherente que al menos se
mantenga provisionalmente este sistema de financiación puesto que
formaba parte del sistema anterior, hasta que no entre en vigor ese
apartado de la Logse.

En cuanto a lo que propone el Grupo Socialista a la enmienda 412,
nuestro grupo está convencido de la necesidad de potenciar los
equipos docentes de forma progresiva para mejorar la calidad de la
enseñanza, por lo que no vemos conveniente suprimir este último
inciso del párrafo 1 del apartado 15.

En cuanto a las enmiendas 413 y 414 referidas al artículo dieciséis,
proponen modificar lo referente al control de las condiciones
retributivas del personal de las fundaciones de titularidad o
naturaleza pública y que se dé cuenta a las Cortes Generales de toda
la información recibida en las fundaciones sanitarias. Son enmiendas
que están justificadas en una prevención o sospecha sobre el personal
de estas fundaciones o de las propias fundaciones, porque no están
dentro de la realidad. Para su tranquilidad, el Tribunal de Cuentas
tiene a su disposición todos los ejercicios económicos, toda la
gestión financiera de la Administración pública estatal sometida a
control y seguimiento por el supremo órgano fiscalizador, y estas
fundaciones entran en este ámbito fiscalizador.

Para terminar, diré que, además de las mencionadas con anterioridad,
estas enmiendas también tendrán el voto desfavorable del Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Pérez Segura pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Quiero señalarle que no vamos a hacer segundos
turnos, puesto que no hay precedente en el debate presupuestario y no
vamos a romperlo en esta ocasión.

Le doy la palabra, pero sea usted muy breve.




El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, sólo deseo hacer una pequeña
réplica y precisión a las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular porque su tono y enfoque de la respuesta lo
merecen.

En este sentido, mis compañeros tomarán la palabra brevemente y
quisiera pedirle al señor Cámara que hiciera referencia a cuál es la
posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a las enmiendas
adicionales 449 y 450 que he pretendido explicar con cierta amplitud,
que afectan a la dignidad de esta Comisión y no han merecido su
respuesta. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea?
El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, si quiere le
contesto al señor Pérez Segura diciendo que el señor Echániz Salgado
es el ponente encargado de responder a las disposiciones adicionales
a las que van referidas las enmiendas que ha presentado el señor
Pérez Segura. No sé si esto es norma de la casa, pero entraba en la
ordenación del debate y si no tiene inconveniente, señor diputado,
serán contestadas en su momento por el señor Echániz.




El señor PRESIDENTE: Lo que voy a pedir como presidente de la
Comisión es que se facilite en las intervenciones de todos los grupos
que los demás grupos no pidan un segundo turno, por tanto, se fijen
las posiciones de cada grupo en los términos más alejados posibles de
los comentarios sobre las personas miembros de los otros grupos, a
fin de evitar que tengamos que entrar en el ejercicio de los segundos
turnos. No obstante, todos los años la Mesa acuerda que no haya
segundos turnos en este debate y deberíamos seguir con este
precedente. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
Si el señor Gimeno quiere un minuto, le doy un minuto de tiempo, pero
no como turno de réplica.




El señor GIMENO MARÍN: Pido la palabra por las alusiones personales
que ha efectuado el señor Cámara, portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que parece nos perdona la vida a los diputados socialistas,
en este caso concreto, a mí.

Quizás por su deformación profesional, como interventor le gusta
hablar de los temas de la Intervención para no entrar en una cosa
bien sencilla que entendemos todos: este Gobierno en otra ley que se
tramita en esta Cámara presenta la modificación nada más y nada
menos, que de 25 artículos de la Ley General Presupuestaria, por la
puerta de detrás, y todos los años tenemos que soportar -ese es el
problema político- que se nos plantee la suspensión provisional de
determinados artículos de la Ley General Presupuestaria. (El señor
Camps Devesa: Eso es réplica.) Siempre nos formulan lo mismo, y le
pongo un ejemplo, señor presidente: las inundaciones de Biescas que
le plantean un problema específico en su presupuesto. (Rumores.) Lo
digo para poner ejemplos de las afirmaciones que ha hecho el señor
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.




Señor presidente, el problema político de fondo es que no se pueden
consentir intervenciones como la del señor Cámara. (El señor Cercas
Alonso pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, si es para insistir en lo mismo,
ya hemos escuchado al señor Gimeno.




El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, si usted lee el «Diario de
Sesiones» verá que el señor Cámara ha empezado con una alusión
personalísima, haciendo bromas de mal gusto. Procuraré no ir a la
literatura costumbrista española para demostrar o ejemplificar lo que
es el señor Cámara, pero este es el Congreso de los Diputados y aquí
no hay problemas con nombres y apellidos de los diputados. Hay un
problema muy serio que estamos discutiendo, que es el endeudamiento
de la Seguridad Social en



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cientos de miles de millones. Señor presidente, el señor Cámara no
puede dedicar cinco minutos a replicar teóricamente, con comillas,
los argumentos de los diputados de la oposición refiriéndose a las
personas que han argumentado y no a lo que hemos expresado. Buena
prueba de que el señor Cámara no tiene ningún fundamento es que tiene
que dedicarse a criticar a los diputados, en lugar de criticar los
argumentos que hemos expresado porque la Seguridad Social en sus
manos va muy mal, señor Cámara. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Siento mucho que los señores
Cercas y Gimeno estén tan dolidos, pero lo único que he intentado
hacer ver es que si hubieran hecho el esfuerzo de trabajar un poco
más en las enmiendas no nos hubiéramos visto en esta situación. (El
señor Cercas Alonso: ¡Señor presidente, esto es intolerable! -Señor
Gimeno Marín: ¡Ya vale!)



El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, no es la forma de terminar con ese
debate ad personam, que no debimos haber iniciado. (Rumores.)
Vamos a pasar a los títulos III y IV del articulado. Después de las
intervenciones en relación a los títulos I y II, en los que la
Presidencia ha tenido mucha flexibilidad en el margen de tiempo, pido
que progresivamente los grupos parlamentarios -y aquí tengo que
agradecer a don Pedro Antonio Ríos el haberse ceñido claramente al
tiempo disponible- vayan ciñéndose al margen de diez minutos que
había acordado la Mesa.

Han presentado enmiendas a los títulos III y IV el Grupo
Parlamentario Socialista, el de Izquierda Unida, el del Partido
Nacionalista Vasco, el Mixto y el Partido Popular. Por ese orden
vamos a dar la palabra, en primer lugar, al Grupo Parlamentario
Socialista, que ha dividido su intervención en dos portavoces.

Empieza don José Luis Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor presidente, comprobará que me voy
a ceñir a la brevedad reclamada. Las enmiendas del Grupo Socialista
relativas al título III que, como viene siendo habitual, regula los
gastos de personal, tienen básicamente tres objetivos. El primero de
ellos es una nueva redacción del artículo veintiuno, relativo a la
oferta de empleo público, lo que se contiene en la enmienda número
415 de este grupo parlamentario. El objetivo de la enmienda es
desbloquear en este presupuesto de 1999 la limitación vigente
relativa a que únicamente se pueda cubrir el 25 por ciento de la tasa
de reposición en el sector público. Desde nuestra perspectiva
entendemos que hay que elevar esa tasa hasta un 75 por ciento de la
reposición de efectivos, al objeto de intentar provocar la entrada en
el sector público de un número de personas, fundamentalmente de
jóvenes, y propiciar el acceso al empleo de los jóvenes, que en estos
momentos tienen enormemente restringida su posibilidad de
incorporación al sector público, muy especialmente en los grupos A y
B, como consecuencia de la vigente regulación en torno a la
prolongación
voluntaria de la jubilación en el sector público hasta los 70 años.

La enmienda al artículo veinticuatro, que es el otro pilar que aborda
la regulación de los gastos de personal, tiene como fin buscar una
regulación más objetiva, más racional y más transparente de las
retribuciones de los altos cargos. No voy a recordar aquí la polémica
sostenida el año pasado como consecuencia del presupuesto vigente en
torno a las retribuciones de los secretarios de Estado. Recordarán
SS.SS. que hubo un cambio de régimen retributivo para que los
secretarios de Estado empezaran a percibir sus retribuciones dentro
del esquema normal de los funcionarios y, por tanto, pudieran cobrar
un complemento de productividad, amparándose el Gobierno en aquel
entonces en que dejaban de percibir las gratificaciones por
asistencia a los consejos de administración. No obstante, aquello
supuso de facto en la mayoría de los casos un aumento muy importante
de retribuciones a los altos cargos, sobre todo a los secretarios de
Estado -se habló, y no de manera infundada, de en torno a un 30 por
ciento-, pero lo cierto es que seguimos en un mundo de opacidad y
complejo, que no acaba de definir adecuadamente, en los límites que
un Estado de derecho deben tener, las retribuciones de los altos
cargos. Por ello, proponemos que el importe del complemento de
productividad no supere el 30 por ciento de las retribuciones
establecidas en el artículo veinticuatro, apartado 2, que regula los
sueldos, complementos de destino y específicos de secretarios de
Estado, subsecretarios y directores generales. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo, obviamente, es que la puerta que se abrió el año pasado
con la configuración de los secretarios de Estado como funcionarios
a los efectos retributivos y su percepción del complemento de
productividad no se convierta en una puerta abierta a unas
elevaciones retributivas fuera de sitio y que desbordan -sólo, claro
está, como estamos viendo en los últimos tiempos, para determinados
colectivos de funcionarios- al alza, evidentemente, las previsiones
de subida salarial que la Ley de presupuestos venía recogiendo para
el conjunto de los funcionarios. Por tanto, limitación al 30 por
ciento del complemento de productividad, y además que las cantidades
percibidas por el concepto de productividad sean de conocimiento
público puesto que, como venimos sabiendo, la verdad es que estas
cantidades se mueven en un campo de opacidad, de clandestinidad, de
ocultismo, que poco tienen que ver con los valores de la
transparencia, que yo creo que, al menos de boca, todos proclamamos.

Asimismo hay una enmienda de orden menor, que es la relativa al
artículo veintisiete, para que se mejore la retribución de los
soldados de reemplazo, manteniendo igualmente el sistema de
gratificaciones por circunstancias específicas.




Por último me referiré a la enmienda 440, enmienda de adición que
está íntimamente conectada por todo el título III de la Ley, por la
cual se prevé la obligación por parte del Gobierno de incorporar,
además de la subida del 1,8 para el conjunto de los empleados
públicos, un incremento de las retribuciones para el sector público
equivalente al 0,5 por ciento de la masa salarial, es decir, en torno
a unos 13.000 millones de pesetas, que deberían distribuirse a través
de un fondo y con la oportuna negociación, como



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se hace habitualmente, como se ha hecho este año con un fondo de
2.000 millones de pesetas, entre sindicatos representativos y la
propia Administración general del Estado. Esta enmienda recoge el
espíritu y la letra de lo que fueron los acuerdos del año 1994,
vigentes hasta el 31 de diciembre de 1997, que regulaban las
condiciones de trabajo de los empleados públicos y su sistema
retributivo y que lamentablemente, desde el 31 de diciembre de 1997 y
por la falta de voluntad del Gobierno actual, no tienen un nuevo
marco de condiciones retributivas, un nuevo acuerdo general en el
aspecto retributivo.

Esas son las enmiendas que he defendido en este acto, no sé si
procedimentalmente con todo el respecto al trámite, pero por razón de
conexión con la materia me parece inevitable la enmienda 440 del
Grupo Socialista, que propone una adición al articulado del proyecto
de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alejandro Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Con la mayor brevedad posible, para defender
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título IV de la
ley que no parecen de suma importancia para un colectivo muy amplio
de nuestra población. En primer lugar, hemos presentado al artículo
cuarenta y uno nuestra enmienda 418 que, quizá con un poco de
esperanza que espero no sea derrotada por el tiempo, posiblemente ya
no sea la enmienda Cercas, sino que sea la enmienda del Partido
Popular. Consiste esta enmienda en que los pensionistas el próximo
año no pierdan la capacidad adquisitiva que puedan ganar por el hecho
de que la inflación real, cuando se mida noviembre sobre noviembre,
resulte inferior a la prevista en su momento para señalar
inicialmente la revalorización de pensiones de 1998.

Saben SS.SS. que el Gobierno del Partido Popular introdujo, en contra
de lo previsto en el Pacto de Toledo, una cláusula en el artículo
48.3 de la Ley General de Seguridad Social que obligaba a los
pensionistas a devolver las pequeñas ganancias que pudieran tener en
estos supuestos. El año pasado intentamos por todos los medios que no
se aplicara esa previsión del Gobierno porque parecería a todas luces
bastante cicatero que pudiera discutirse que los pensionistas
pudieran ganar unos centenares de pesetas al mes por estas pequeñas
variaciones. Y en el caso, como ocurrió el año pasado y parece que va
a ocurrir también este año, de que los buenos datos macroeconómicos
puedan tener una pequeñísima repercusión en la economía doméstica de
las familias de los pensionistas, parecería extraño que les
pudiéramos negar esa pequeña mejora de capacidad de ganancia que,
como digo, son unas décimas, quizá del orden de 80 pesetas al mes.

El año pasado, además de calificarnos y descalificarnos con todo tipo
de epítetos, el Partido Popular terminó por no aplicar la ley. Se
aprovechó de que la ley había entrado en vigor a mitad de año y por
una interpretación legislativa no la aplicó porque no pudo, porque la
ley no podía tener, respecto al ejercicio anterior, una vigencia
anual. Pero este año ya no van a tener ningún dictamen de ningún
servicio jurídico del Estado y van a tener que aplicarse a corregir
esa situación creada por ellos, y por las noticias que tenemos
en la prensa, señor presidente, lo van a reconsiderar. Después de
haber dicho que los socialistas éramos unos demagogos, unos
irresponsables, que conducíamos a la quiebra el sistema, el Partido
Popular este año ya nos ha anunciado que va a cambiar la ley.

Nosotros, para ayudarle a ese cambio de la ley, presentamos esta
enmienda con la esperanza de que ya no sea la enmienda Cercas, sino
que sea la enmienda Cámara, la enmienda Camps, la enmienda Aznar o
como quieran ustedes calificarla, porque al final estamos todos
convencidos de que el Partido Popular intentó, por todos los medios,
que los pensionistas no mejoraran su capacidad adquisitiva. Pero
también estamos todos absolutamente convencidos de que el Partido
Popular no sabe mantener sus criterios cuando en ello le puede ir el
más leve compromiso ante la opinión pública. Si hubiéramos estado en
silencio los diputados de la oposición, si el señor Cercas y otros
diputados de la oposición se hubieran callado, el Partido Popular
hubiera continuado adelante. Pero como no nos hemos callado, como
hemos trabajado los temas presupuestarios y legislativos, el Partido
Popular y el Gobierno del Partido Popular tendrán que cambiar el
número 3 del artículo cuarenta y ocho y permitir a los pensionistas
esta mejora de la capacidad adquisitiva, o hacerse la foto ante todo
el país de que España va bien solamente para los que están en Bolsa o
para los que tienen relaciones fiscales privilegiadas, pero no para
siete millones de pensionistas a los que van ustedes a evitar que
mejoren su capacidad de ganancia en 160 pesetas al mes. Por tanto,
les ofrecemos esta enmienda constructivamente. También le ofrecemos
la enmienda 419, ya que en ese seguimiento, en ese trabajo arduo que
tenía que hacer la oposición nos damos cuenta de que el Gobierno no
cumple los compromisos que tiene ante la Cámara. En un debate con el
señor Camps, que está aquí presente y fue el ponente del Partido
Popular, se comprometieron a revisar otra agresión que habían hecho a
muchos pensionistas, y es que respecto al reintegro de prestaciones
indebidas a modestos pensionistas con 20.000 pesetas al mes les
hacían devolver la mitad de su pensión. Concluimos en el Pleno de la
Cámara, con el voto del Partido Popular, que las devoluciones nunca
serían superiores al 5 por ciento de la renta familiar disponible
y que se harían en el transcurso del próximo mes. Estamos hablando del
mes de junio. Ha pasado julio, agosto, septiembre, octubre, estamos
en noviembre y el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
enmienda 419, señores del Partido Popular, para que las devoluciones
que tengan que hacer estos pensionistas de rentas modestas no sean
superiores al 5 por ciento de la pensión, con lo que ustedes
estuvieron de acuerdo en el Pleno de la Cámara y espero que estén
también de acuerdo hoy; si lo están, les rogaría que lo dijeran y
dejasen los epítetos para otro momento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DELPOZO: Señorías, el capítulo de gastos de personal
de los Presupuestos Generales del Estado son siempre el reflejo de la
política que un Gobierno pretende realizar para la configuración del
Estado, biencomo un Estado con suficientes servicios públicos, bien



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como un Estado mínimo sobre el que pivote el conjunto de medidas
neoliberales de la reducción del déficit público o una buena parte de
ellas. Digo esto porque es claro que la tendencia en los últimos años
de este Gobierno ha sido cargar sobre las espaldas de los
trabajadores de la Función pública todo un conjunto de medidas
fundamentalmente de congelación, de restricción o de reducción de una
masa salarial, en último término, a través de la restricción de las
ofertas de empleo público. Nosotros creemos que este conjunto de
medidas son absolutamente negativas y reflejan una política muy clara
respecto a lo que concibe este Gobierno que debe ser el Estado. En
cualquier caso, nosotros nos oponemos a esta posición y por eso
enmendamos en el sentido que lo hacemos estos Presupuestos Generales
del Estado.

El conjunto de nuestras enmiendas al título III son 20, que voy a
desgranar lo más rápido posible para ajustarme al tiempo. En la
enmienda 463, al artículo veinte, tratamos de introducir un nuevo
punto en el que se establezca una cláusula de revisión salarial entre
el IPC previsto y el real, negociable con los sindicatos, por
supuesto consolidable, precisamente porque entendemos que el Estado
debe comprometerse a la revalorización de lo público y no congelar
los salarios de la Función pública, como se ha ido haciendo a lo
largo de estos últimos años. Esta cláusula de revisión salarial
vendría a paliar ahora hasta la trayectoria de pérdida de poder
adquisitivo de los salarios de los empleados públicos.

Precisamente porque ha habido esta pérdida a la que he hecho
referencia, a los artículos veintidós, veintiséis, veintisiete,
veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno presentamos
distintas enmiendas, hasta un conjunto de cinco, para introducir
correcciones al incremento salarial previsto en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado, es decir, el 1,8 de ese IPC
previsto, que nosotros entendemos que vendría a consolidad esa
pérdida de poder adquisitivo que evaluamos en un 2,2 por ciento desde
hace tres años. Por tanto, lo incrementamos hasta un 4 por ciento en
colectivos que hayan perdido un 2,2 por ciento en sus salarios,
mientras que a los que han perdido solamente un 1 por ciento
intentamos que se les eleve un 2,8 por ciento. Esto lo hacemos en el
conjunto de nuestras enmiendas, como ya he dicho.

Con la enmienda 465 pretendemos que no exista limitación de la
cobertura de cavantes, ese límite del 25 por ciento, que viene a
perjudicar seriamente la eficiencia del servicio público que
desarrollan los empleados públicos, en la medida en que se van
mermando los efectivos o viene a precarizar la Función pública,
puesto que muchas veces, cuando este mecanismo reduce las plantillas
a mínimos tan insuficientes que claramente tienen que ser contratadas
otras personas, se acude a la vía de la precarización del empleo
temporal, etcétera. Nosotros entendemos que esto tendría que ser
revisado y que aquellas plantillas que realmente se necesiten se
cubran hasta un cien por cien, al menos en las plazas que dejan de
ser cubiertas de los funcionarios que se jubilan, etcétera. Por
tanto, la limitación del 25 por ciento es negativa y tendría que ser
eliminada.

Con la enmienda 466 pretendemos que se añada la cláusula de que los
contratos temporales o de interinidad lo sean en casos excepcionales,
para necesidades urgentes y
por el menor tiempo posible, precisamente para evitar esa
precarización en el empleo mediante la vía de alargar
innecesariamente los períodos de permanencia de los contratos
temporales en la Administración pública.

En la enmienda 467 pretendemos suprimir el punto 5 del artículo
veintiuno que señala un recorte claro a la autonomía de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Nosotros
entendemos que no se debería limitar en este sentido estableciendo en
la ley de Presupuestos Generales del Estado que deban seguir
miméticamente los criterios que señala la misma a dichos organismos
que tienen inicial y constitucionalmente el principio de la
autonomía.




En la enmienda 470 planteamos una nueva letra d), al artículo
veintidós 1, que establece que cualquier modificación de las
retribuciones complementarias en 1999 deberá ser negociada con los
sindicatos y comunicarla de forma periódica al Parlamento,
precisamente para que se pueda comprometer el Gobierno a la
revalorización y mantenimiento de las retribuciones públicas y al
nivel de eficacia de los servicios públicos.

En la enmienda 471 planteamos una nueva letra e), a este mismo
artículo veintidós 1, que establece un fondo del 1,2 por ciento de
las retribuciones íntegras para distribuir, de forma negociada con
los sindicatos, entre los colectivos más desfavorecidos por la
pérdida del valor adquisitivo a la que antes hacíamos alusión.

Contrariamente a la línea que viene desarrollándose de restricción de
las retribuciones salariales del conjunto de los empleados públicos,
observamos unos incrementos salariales exorbitados precisamente en
los altos cargos de la Administración (secretarios de Estado,
subsecretarios, directores generales y asimilados) que intentamos que
no se produzca rectificándolo con la enmienda 474 e introduciendo una
serie de criterios como, por ejemplo, que no exista el complemento de
productividad sino un complemento específico. Además, se establece el
mandato al Gobierno para que elabore una relación de puestos de
trabajo de altos cargos (lo podremos ver también en una disposición
adicional que luego comentaremos) para poder regular con claridad, en
transparencia, que no se produzcan estas subidas exorbitadas sino que
haya menos aleatoriedad en los incrementos retributivos de los altos
cargos de la Administración, que son un escándalo cuando se compara
con el recorte cicatero que tienen los presupuestos respecto a las
retribuciones del resto de los funcionarios y del personal de las
administraciones públicas.




Con la enmienda 475 pretendemos que los altos cargos dejen de
percibir retribuciones en concepto de asistencia a reuniones de
órganos colegiados de la administración de empresas públicas, en
congruencia con el programa electoral del Partido Popular, al que hay
que recordarle que se comprometió a que no existiese esta especie de
sobresueldos para los altos cargos de la Administración.

La enmienda 472 introduce un nuevo punto 3, al artículo veintidós,
prohibiendo la firma de contratos blindados en el sector público por
razones de absoluta equidad.

Planteamos también añadir en el artículo veintiséis 1.b), in fine,
que las pagas extraordinarias incluyan el complemento de destino para
ir aproximándolas a las retribuciones fijas, cosa que hoy no existe
en el sector público y sí en



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el conjunto del sector privado, incluidos otros ámbitos del sector
público como, por ejemplo, las compensaciones salariales de los
diputados. Esto es algo que clama al cielo y que conviene introducir
como línea de trabajo.

Con la enmienda al artículo 25 pretendemos la sustitución de las
cantidades por las resultantes de aplicar ese incremento al 4 por
ciento, que antes hemos mencionado. Proponemos que en ningún caso el
complemento de productividad se originará exclusivamente en función
de la jerarquía o nivel de puesto de trabajo. Entendemos que el
complemento de productividad debe ser distribuido de forma negociada
con los sindicatos para evitar la aleatoriedad en la aplicación que
tiene actualmente. Por otro lado, queremos que la masa salarial
relativa al complemento de productividad y a las gratificaciones no
se incremente en ningún caso por encima del 2,8 por ciento y que los
distintos ministerios den cuenta a los ministerios de Economía y
Administraciones Públicas de los criterios de concesión aplicados.

Voy terminando este relato de enmiendas refiriéndome a un nuevo punto
2, que pretendemos introducir en el artículo veintitrés, según el
cual el personal laboral de las administraciones públicas tendría un
incremento del 2,8 por ciento y al mismo tiempo vería incrementado su
salario en función del reparto, por supuesto negociado con los
sindicatos, de un fondo de diez mil millones de pesetas que se
habilitaría para las retribuciones más desfavorecidas y posibilitar
así un convenio único del personal laboral de la Administración del
Estado.

Intentamos introducir un nuevo apartado 6, al artículo treinta y
seis, estableciendo la obligación a los ministerios, los organismos
autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social de entregar
una copia de los contratos a los sindicatos para que puedan hacer
alegaciones en el plazo de quince días y, al mismo tiempo, de
informar trimestralmente por el Gobierno a este Parlamento del
volumen de contratación, de forma que con estas dos medidas haya un
doble control parlamentario y sindical de las contrataciones, ya que
observamos que últimamente se viene disparando la precarización en el
seno de la Función pública perturbando su modelo profesionalizado.

Paso rápidamente a las enmiendas que presentamos al artículo cuatro,
que son tres. En las 483 proponemos suprimir el párrafo del artículo
cuarenta y cinco 3, que dice lo siguiente: El incumplimiento de la
obligación de presentar las declaraciones de las rentas por parte de
los preceptos de los complementos a mínimos llevará consigo el
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el
pensionista en la forma que reglamentariamente se determine. En
coherencia con lo ya discutido reiteradamente en este Congreso de los
Diputados, creemos que es pasar la carga de la prueba de la
Administración al administrado, con lesión y quebranto muy serio para
las economías familiares de determinados pensionistas que pagan
justos por pecadores.

Con la enmienda 484 queremos modificar la cantidad que establece el
artículo cuarenta y seis de las pensiones no recurrentes del
extinguido SOVI, de 570.500 pesetas a 1.008.000 pesetas, para
equipararla al salario mínimo interprofesional.




Finalmente, paso a comentar la enmienda 485 al artículo cuarenta y
seis 4. Ruego que se tome nota de que
debería decir artículo cuarenta y cinco 4, pues es un error material
que pretendemos que se subsane. Pretende cambiar las cantidades
fijadas en los cuadros de las cuantías mínimas de las pensiones de la
Seguridad Social en su modalidad contributiva en cómputo anual, según
la clase de pensión y los requisitos de las mismas, a fin de ir
acercándolas progresivamente al salario mínimo interprofesional,
según la línea de trabajo que mantiene Izquierda Unida secularmente y
que confiamos que algún día sea atendida por el Congreso de los
Diputados para el bien de los pensionistas del Estado español.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra don Jon Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZÁMIZ: Con el fin de agilizar este trámite, voy a
procurar no repetir lo que posteriormente diré en Pleno. Indicaré
simplemente las enmiendas que tenemos, incidiendo un poco más en
alguna en este trámite, y en el Pleno incidiré más en otras.

En el título III tenemos una enmienda que no es nueva porque la hemos
presentado otros años. Hace referencia a la capacidad que entendemos
que tienen que tener las comunidades autónomas para establecer el
incremento de las retribuciones íntegras al personal a su servicio;
en este caso pudiera ser superior al 1,8 por ciento que se ha
establecido en los presupuestos. Como digo, esta es una enmienda que
ya presentamos el año pasado y que tiene que ver con la capacidad de
gestión de las comunidades autónomas, sobre todo de aquellas que
tienen las finanzas saneadas, como la vasca, que para este año tiene
un presupuesto con objetivo de déficit cero, por lo que entendemos
que tiene capacidad para no ajustarse a un incremento establecido por
el Estado, que tiene unos condicionamientos diferentes. Repito que
esta enmienda ya la presentamos el año pasado e insistimos en ella
porque creemos que es importante.

En el título IV hemos presentado dos enmiendas que también trajimos a
los presupuestos de otros ejercicios, por tanto son conocidas por el
Partido Popular. Hacen referencia a una problemática que continúa
afectando a los miembros que pertenecen al cuerpo de mutilados y que
pasaron a la situación de retirados en aplicación de la Ley 17/1989,
que regula el régimen del personal militar. Por la aplicación del
Decreto 670/1987 les fueron concedidas pensiones extraordinarias por
ser la inutilidad física como consecuencia de acto de servicio la
causa del pase a la situación de retirados. La percepción de estas
pensiones se encuentra limitada por los topes máximos que anualmente
impone el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Esto quiere decir que en la práctica existen dos colectivos de
mutilados: uno, los beneficiados con las pensiones extraordinarias,
ya que perciben una gran parte de la misma -las clases de tropa y
suboficiales-, y otro que no llega a percibir ni una pensión
ordinaria por encontrarse la misma por encima de los topes -los
oficiales y jefes u oficiales superiores-. Para evitar estas
discriminaciones que se traducen en perjuicios económicos para una
parte del extinto cuerpo de mutilados, y en coherencia con las
propuestas que en otros ejercicios hemos hecho, presentamos estas dos
enmiendas: una al artículo 40, que trata de la



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limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas, y otra
al artículo 43, que trata de la limitación del importe de
revalorización de las pensiones públicas para 1999.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para dar por defendidas las
enmiendas que, propuestas por diversos diputados del Grupo
Parlamentario Mixto, se presentan a los títulos III y IV, artículos
veinte a treinta y seis y treinta y siete a cuarenta y seis,
respectivamente.

Paso a defender y justificar muy brevemente las enmiendas que a este
título III ha presentado Unió Valenciana. Las enmiendas a los
artículos veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de este
título III, las números 99, 100, 102 y 103, proponen un porcentaje de
aumento de las retribuciones de los funcionarios públicos del 2,6 por
ciento, enmendando la plana a la propuesta del Gobierno de que el
incremento sea del 1,8. Ello va dirigido a los funcionarios públicos
-repito-, pero especialmente al colectivo de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, con la
intención de asegurar la capacidad adquisitiva de todos ellos.

Durante los últimos años se ha producido un claro agravio comparativo
a los funcionarios, en general, y a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, en particular, que consideramos inadmisible y
que ha mermado de manera importante su capacidad adquisitiva. Con
estas cuatro enmiendas pretendemos compensar la pérdida de poder
adquisitivo acumulada en estos últimos años por los empleados
públicos, en concreto por el personal al servicio de la Guardia Civil
y del Cuerpo Nacional de Policía. En unos años en que las previsiones
del crecimiento han sido suficientes, sobre todo de 1995 a 1998, su
poder adquisitivo ha sufrido mermas muy importantes. Hay una clara y
rotunda discriminación del nivel retributivo de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía respecto a las policías autonómicas,
con la que se debería intentar acabar. Para que se corrija este
desequilibrio y esta discriminación, pedimos el voto favorable a
estas cuatro enmiendas de Unió Valenciana que he defendido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña Mercedes Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, fijaré nuestra posición en este título III del texto
articulado de presupuestos y concretamente haré referencia a las
ochenta y tres enmiendas que se han presentado a dicho título.

Quiero aprovechar para manifestar y reiterar, tal como ha hecho
referencia la Presidencia, que las cinco enmiendas formuladas por el
Grupo Parlamentario Popular han sido incluidas en el trámite de
ponencia; por tanto, no procede la defensa de las mismas en este
momento procesal ya que no se votarán. Estas enmiendas hacen
referencia estrictamente a criterios técnicos que encuentran su
acomodo en los artículos veintiuno, veintitrés y veinticinco y dos
aspectos muy concretos del artículo veintiséis.

Trataré de establecer un criterio general del resto de las enmiendas
que han formulado los grupos parlamentarios que en este inicio de la
tramitación presupuestaria puede resultar evidente. No obstante, me
parece oportuno enmarcar este título III, que hace respecial
referencia a las retribuciones de los funcionarios públicos y a la
dotación de puestos de trabajo a través de la oferta pública de
empleo, dentro de la política económica del Gobierno y de los
criterios de disciplina y austeridad presupuestaria. Dentro de la
contribución a la estabilidad económica, la política presupuestaria
está en el origen de la transformación de la política económica que,
a nuestro juicio, se ha desarrollado de forma significativa a partir
del segundo semestre de 1996. Entre 1995 y 1998 el déficit de las
administraciones públicas se ha reducido en 5,2 puntos, pasando del
7,3 al 2,1 del producto interior bruto. Aspectos tan elocuentes como
éste, no se escapará a SS.SS. que no son fruto de la casualidad, sino
de una política económica perfectamente diseñada y trabada que exige
disciplina y rigor por lo que a la reducción del déficit público se
refiere.

La austeridad global del gasto que impregnan los Presupuestos General
del Estado para 1999, al igual que los de años precedentes -estamos
en el tercer presupuesto del Gobierno Aznar-, establece una serie de
parámetros y coordenadas que son perfectamente explicables y que nos
llevan al rechazo sistemático, riguroso a mi juicio, de las enmiendas
que formulan otros grupos parlamentarios, concretamente el Mixto, el
Socialista e Izquierda Unida, y de una enmienda que plantea el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Digo que todo el grueso de estas
enmiendas se refiere básicamente a tres cuestiones. En primer lugar,
que la retribución de los funcionarios públicos del Estado, de las
autonomías y de la Administración local experimente un incremento
superior al 1,8 por ciento. Todas aquellas enmiendas que fijan su
atención en un incremento retributivo, ya sea en las básicas o en las
complementarias, o que establecen una bolsa alzada para la adecuación
retributiva, se apartan de los parámetros y del diseño del que está
impregnado todo el proyecto presupuestario y que tienen un
denominador común, lo que nos lleva al rechazo de las enmiendas que
se apartan del criterio al que he hecho referencia. También quiero
manifestar, porque me parece que afirmaciones así no pueden quedar
impunes en el debate parlamentario, que no hay ni opacidad ni
oscurantismo, sino transparencia en las retribuciones, como se puso
de manifiesto en el debate presupuestario del año anterior. Me estoy
refiriendo a los complementos de productividad aplicables a los
secretarios de Estado. Creíamos que era un debate suficientemente
clarificado, pero vemos que algunos portavoces se empeñan en reiterar
criterios que, como digo, a nuestro juicio han sido clarificados.

Podemos afirmar con rotundidad, y desde luego con orgullo, que la era
de la opacidad en las retribuciones de los altos cargos y la era de
la opacidad que traía causa en la formalización de contratos
blindados felizmente es una especie presupuestaria en extinción.

Queremos rechazar también enmiendas reiteradas en el tiempo que
plantea el Grupo Parlamentario Socialista, específicamente una que se
refiere al artículo veintisiete y que año tras año formula
prácticamente con idéntica redacción y parecida cuantía. Estoy
haciendo referencia a la fijación



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que a través de la Ley General Presupuestaria se establece para los
gastos personales de militares de reemplazo. De aprobarse la enmienda
que plantea el Grupo Parlamentario Socialista estaríamos hablando de
una modificación presupuestaria, de un incremento en la partida
correspondiente de 5.000 millones de pesetas. Por tanto, la enmienda,
en los términos en que se plantea, es inviable desde el punto de
vista presupuestario y desajustada desde el punto de vista político.

Quiero recordar que, en 1999, el crédito asignado en nuestros
presupuestos a través del concepto presupuestario 140.01, que SS.SS.

conocen sin duda, es de 5.958 millones, que está haciendo referencia
a la cuantía de la asignación establecida en base a los criterios de
movilidad geográfica, a la responsabilidad y a la dificultad en los
cometidos que se han asignado al personal de reemplazo. El crédito
total que figura en los presupuestos de 1999 se dota de forma
conjunta en el concepto 140 y asciende de forma total a más de 8.000
millones de pesetas. Teniendo en cuenta que los efectivos reales que
se podrían incorporar a lo largo de 1999 sobrepasan los 53.000 y
haciendo un promedio del tiempo de permanencia, llegamos a un
incremento presupuestario del 2 por ciento, incremento que, dentro de
las características generales de los incrementos retributivos a los
que estamos haciendo referencia en todo el título III, nos parece que
está acomodado, basado en criterios objetivos y ajustados a la
singularidad y a la dificultad en el desempeño de determinados
puestos de trabajo.




Señorías, por lo que se refiere a la oferta pública de empleo, en el
artículo veintiuno se establecen cuestiones a las que hicimos
referencia también en ejercicios presupuestarios anteriores, así como
limitaciones o parámetros a la hora de establecer la dotación de
nuevos efectivos o de nuevas incorporaciones a la Función pública.

Que no se sobrepase el 25 por ciento de la tasa real de reposición de
efectivos es una medida que no ha planteado ningún desajuste, desde
luego, ni en el buen servicio que la Administración pública debe
prestar al ciudadano -objetivo primero de la Administración pública
española- ni tampoco ha llevado aparejado un envejecimiento de
plantilla indeseado, como alguno de los portavoces hizo referencia.

Quiero recordar también que la medida de la ampliación a los 70 años
del período voluntario de jubilación de los funcionarios públicos ha
contado con el apoyo de grupos parlamentarios que parece que ahora
ponen en duda la bondad o la adecuación que supone la permanencia
voluntaria del personal funcionario por encima de los 65 años. Por el
contrario, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que
la medida no sólo era un compromiso electoral de nuestro partido, que
ha hecho suya el Gobierno, sino que es una medida voluntaria, en los
términos a los que hemos hecho referencia cuando se ha producido la
modificación legislativa, que ha sido positiva para la buena marcha
de la Administración pública en España.

Otra cuestión importante en la que inciden no pocos grupos
parlamentarios es la eliminación del carácter básico que tiene el
concepto retributivo y, por tanto, el no sobrepasar, con efectos de 1
de enero de 1999, el 1,8 por ciento de incremento global, tanto en
las retribuciones básicas como en las complementarias. No es criterio
del Grupo Parlamentario Popular, es criterio del Tribunal
Constitucional y nos parece que no es adecuado introducir en el
debate presupuestario que los artículos 141.1.13 y 156.1 de la
Constitución no amparan sobradamente el carácter básico del artículo
veinte, donde se presta acomodo y se desarrollan los incrementos
retributivos y la política retributiva que se va a aplicar en la
Administración general del Estado, en los organismos autónomos, en
las administraciones de las comunidades autónomas y organismos de
ellas dependientes y en las propias corporaciones locales.

Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que planteó
también en ejercicios anteriores, que se refiere a poder establecer
un incremento retributivo superior en el caso de que la comunidad
autónoma de que se trate (ellos están haciendo referencia a la
Comunidad Autónoma vasca) cumpla con todos los criterios económicos
de convergencia. Señorías, desde luego no es un criterio fácil ni de
sencillo planteamiento en estricta contabilidad pública. Estamos
hablando de diputaciones, de ayuntamientos, en definitiva, de las
comunidades autónomas con todos los organismos públicos y la
Administración local, diputaciones y ayuntamientos, que se
desarrollan en el seno de la comunidad, la vasca, la asturiana o la
gallega. Por tanto, resulta bastante más complejo hacer un
planteamiento global que el que se desarrolla en una enmienda,
insisto, reiterada y conocida porque ha sido planteada en otros
ejercicios económicos. No obstante, es opinable, pero desde el Grupo
Parlamentario Popular entendemos, por las razones que he invocado,
que el carácter básico del artículo veinte está fuera de toda duda y,
desde luego, obedece no solamente a preceptos constitucionales sino
también a un diseño económico al que haríamos un flaco servicio si
planteamos situaciones singulares o, dicho en términos coloquiales,
si planteamos escapes presupuestarios por una u otra vía a lo que
debe ser un planteamiento global que tan buenos resultados nos está
dando en la bajada del déficit público y en la buena marcha de la
economía española en su conjunto.

También hacen referencia SS.SS. a otro tipo de incrementos
retributivos que fijan su atención en determinados colectivos,
concretamente el portavoz del Grupo Mixto señor Chiquillo. Me remito
a la premisa inicial a la que hice referencia en mi intervención
respecto a los parámetros no causales, muy estudiados, muy evaluados,
a los que se ha llegado en torno a muchas mesas de negociación entre
sindicatos y el propio Gobierno de la nación. Por tanto, no es
posible que apoyemos enmiendas que se apartan de los criterios
generales que inspiran e influyen de forma directa no solamente en el
título III sino en esa ilación que dentro del trámite presupuestario
todo el proyecto de ley presenta a lo largo de su articulado
perfectamente diseñado, perfectamente trabado y creo que
perfectamente explicado y razonado, basado en criterios sensatos, en
criterios realistas y no, si me permiten SS.SS., en criterios de
oportunidad o en criterios oportunistas. Por todas estas razones,
nuestro voto va a ser negativo a las enmiendas, toda vez que las del
Grupo Parlamentario Popular ya han sido incorporadas en el trámite de
ponencia.




El señor PRESIDENTE: Para intervenir respecto al título IV, tiene la
palabra el señor Camps.




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El señor CAMPS DEVESA: Procederé a fijar la posición de mi grupo
respecto a las enmiendas presentadas al título IV en el mismo orden
que han sido presentadas. Empiezo por las dos que han sido defendidas
por el señor Cercas en nombre del Grupo Socialista.

Sin embargo, vaya por delante una consideración de tipo personal que
tiene que hacer este portavoz respecto al profundo respeto que le
merece la figura y la persona del portavoz socialista, en este caso.

Respeto personal y también político. Respeto político porque soy
consciente de los amplios conocimientos que en la materia tiene el
señor Cercas, lo cual no quiere decir que a veces no nos extrañen,
justamente por ese amplísimo nivel de conocimientos, algunas de las
intervenciones que hace en este Parlamento, que causan extrañeza,
repito, porque no se corresponden con el nivel a que en muchas
ocasiones nos tiene acostumbrados. Por eso, reitero la extrañeza que
le haya podido causar con anterioridad a mi compañero el señor
Cámara, o incluso a mí mismo, en orden a las dos enmiendas que ha
defendido en el título IV.

No sé si, a veces, los señores representantes del Grupo Socialista se
dejan llevar por una incontinencia opositora, pero les puedo asegurar
que, al menos en materia que en estos momentos estamos procediendo a
debatir, nos encontramos muy cerca de un verdadero punto de acuerdo,
siempre que dejemos de lado algunas manifestaciones altisonantes que
en nada pueden contribuir a que los grupos políticos nos podamos
poner de acuerdo en una materia tan sensible como es la de las
pensiones públicas.

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su primera enmienda,
la 418, reitera un debate ya antiguo, existente desde la aprobación
de la Ley de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social en este Parlamento, como es el hecho de la absorción o no de
las diferencias entre el IPC real y el IPC previsto por parte del
Gobierno, en el momento en que éstas se produjeran y en relación con
el pago de las pensiones del año siguiente.

Comparto muchas de las razones alegadas por el grupo enmendante en el
fondo de su propuesta, que ya han sido compartidas en otros debates.

No comparto muchas otras y, entre ellas, justamente, la de
temporalidad en el orden de la presentación de sus propuestas, porque
normalmente suelen ser intemporales en orden a su acierto.

Deberíamos esperar todos -las prisas son siempre malas consejeras- a
que se produjera el dato que tenemos que conocer realmente, el IPC de
noviembre, para realizar propuestas verdaderamente fundamentales en
el conocimiento ya real de la situación y con ello solventar la
situación que pueda darse de perjuicio para algunos de nuestros
pensionistas. Adelantar esos debates -permítanos que lo califiquemos
como ya hemos hecho en otras ocasiones- puede resultar no sólo
paradójico para el Grupo Parlamentario Popular sino incluso
irresponsable o demagógico en algunos puntos, porque en nada ayudan a
la solución del problema, que es a lo que todos deberíamos estar
dispuestos.




Señorías, el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social,
que supuso un paso definitivo en esta materia cuando se modificó
-como sabe muy bien el señor Cercas-, establece legalmente -¡por
fin!- en nuestro derecho dispositivo el mantenimiento de la capacidad
adquisitiva
de nuestros pensionistas, que hasta ese momento dependía de la
voluntariedad del Gobierno de turno, pero nunca habla de que se tenga
que establecer por ley y obligatoriamente la mejora de esa capacidad
adquisitiva. Y tampoco el Pacto de Toledo. Ha dicho que choca esa
medida legislativa con el Pacto de Toledo, y no es verdad. El Pacto
de Toledo establece el mantenimiento de esa capacidad adquisitiva,
cuestión que se entronca posteriormente en la ley a la que he hecho
referencia, pero nunca habla de que se deba mantener una mejora
constante de las pensiones, porque, además, eso chocaría con el
primer compromiso de dicho pacto -que usted y yo tan bien conocemos-
que es el crecimiento ordenado del sistema. Sin embargo, sí es cierto
que nos podemos plantear que cualquier política de mejora de
pensiones podía formar parte de una ley como es la de presupuestos
para el año siguiente, en virtud de las coyunturas político-
económicas que se pudieran dar. Nosotros creemos que no, que es casi
mejor proceder a la modificación de la ley, si suponemos que en algo
ésta pueda ser modificada, y para ello sí que hay que tener en cuenta
esas coyunturas político-económicas.

Gracias a Dios estamos lejos ya -permítame la expresión, sabe usted
que es meramente retórica- de situaciones de altísima inflación y de
dientes de sierra muy elevados que hacían que cláusulas de este tipo
hubieran de ser muy tenidas en cuenta a la hora de desarrollos
legales de cualquier tipo. Hoy en día la estabilidad económica con la
que nos encontramos, gracias a la política del Gobierno del Partido
Popular, nos está asegurando períodos de baja inflación. Yesos
períodos de baja inflación también nos pueden llevar al
convencimiento de que no sea necesario que existan cláusulas de
absorción de este tipo en la ley. Y ese convencimiento creo que lo
debemos tener los partidos políticos en el momento en que tengamos el
conocimiento real de que se va a producir una desviación entre el IPC
real y el previsto. Ya no nos encontramos con situaciones, como en
gobiernos anteriores, en que los pensionistas perdían mes a mes
capacidad adquisitiva, que recuperaban de forma muy graciable al año
siguiente en el mes de febrero, sin saber muy bien de dónde les caía
esa nueva pensión. Hoy los pensionistas de nuestro país, ya durante
tres años, mejoran su capacidad adquisitiva mes a mes, reciben en sus
bolsillos esa mejora en su capacidad adquisitiva que, además, se
consolida al finalizar el año. De ahí la diferencia de más o menos
creíble entre el discurso de oposición que ustedes hacen o el
discurso de Gobierno que hacemos nosotros, porque durante los dos
últimos años -lo sabe usted perfectamente, señor Cercas- el Gobierno
ha optado por la solución más favorable a nuestros pensionistas y ha
habido una mejora de su poder adquisitivo que casi alcanza un punto.

Por tanto, no hagamos debates demagógicos o irresponsables en este
aspecto. Emplazo al Grupo Parlamentario Socialista para en el momento
en que sea conocido el dato de inflación del mes de noviembre -ese
dato real- sean capaces de llegar a un acuerdo -al que ya ha instado
el ministro de Trabajo y desde este escaño y en estos momentos lo
hace este portavoz- y a una modificación legislativa que asegure lo
que al final creo que todos perseguimos, que es que nuestros
pensionistas, nuestros mayores, puedanser también, en su momento,
beneficiarios de una



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mejor situación económica que, reitero, es debido a una política
económica que hace este Gobierno.

En cuanto a su segunda enmienda, permítame, señor Cercas, que tenga
que decirle que no podemos consentir que el cumplimiento de la ley
sea calificado por el Grupo Parlamentario Socialista como agresión a
los pensionistas de este país. Pero tampoco debería usted utilizar
esa expresión cuando la ley que este Gobierno está haciendo cumplir
la que elaboró otro gobierno, del cual usted ya era defensor, en su
momento, desde esos mismos escaños. Esa ley, a la que usted ha hecho
referencia, en cuanto a la devolución de complementos a mínimos es
del anterior Gobierno socialista, pero -eso sí- no la aplicó y de ahí
el problema con que se ha encontrado el Gobierno Popular en orden a
la aplicación de la ley a que ha hecho referencia.

Además, la motivación de la enmienda que usted presenta y ha
reiterado hoy -obligar al Gobierno a que cumpla un mandato
parlamentario inatendido- me parece de todo punto incoherente. En
primer lugar, de forma general, porque este Gobierno cumple los
mandatos parlamentarios y, además, con una celeridad desconocida en
esta Cámara con gobiernos anteriores. Además, ese mandato
parlamentario -y usted lo sabe- está siendo debidamente atendido,
como luego haré referencia a ello, y tendrá su plasmación en una
disposición legal que entendemos no debe ser la ley de presupuestos
sino un real decreto que al efecto se está preparando, justamente en
cumplimiento de ese mandato parlamentario. Y le digo lo siguiente
porque evidentemente -y esto entiéndamelo desde un carácter general y
de perspectiva de técnica legislativa pura- no se puede considerar
adecuado introducir a nivel de ley formal la precisión que S.S., en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, estima. El propio precepto
que pretende enmendar remite, en cuanto al procedimiento y forma de
reintegro, a lo que reglamentariamente se determine. Y esta remisión
a norma reglamentaria concuerda con la propia Ley General de la
Seguridad Social y creo que es el camino que deberíamos seguir.

En segundo lugar, y respecto al mandato parlamentario a que he hecho
referencia, he de reseñar una serie de cuestiones que me parecen de
todo punto apropiadas al respecto. En primer término, no resulta
apropiado que una moción parlamentaria por la que se insta al
Gobierno a tomar algún tipo de medidas, sean de orden material o
normativo, se pretenda implantar, como SS.SS. pretenden, paralela o
subsidiariamente, mediante una ley formal y menos mediante la ley
presupuestaria. En segundo término, hay que recordar que esa moción
de referencia limitaba sus efectos a los complementos a mínimos
percibidos durante los años 1994, 1995, 1996 y 1997, mientras que la
enmienda que ustedes pretenden aprobar afectaría a los mínimos
percibidos indebidamente durante el año 1999; o sea, que va mucho más
allá del mandato parlamentario al que hace referencia su señoría.

En realidad, como usted bien conoce, la moción no pretendió modificar
los criterios legales vigentes, reitero que realizados por el
Gobierno socialista anterior, en el sentido de que las deudas por
prestaciones indebidas deben ser devueltas íntegramente, sino que lo
que pretendió esa moción fue flexibilizar dichos criterios con
ocasión de que por primera vez se había realizado un control de
complementos
a mínimos y se habían cruzado los datos de los ficheros de la
Seguridad Social con los de Hacienda, y esos efectos -y todos
convinimos en ello- dieron lugar a que determinados pensionistas, más
por desconocimiento que por intención manifiesta, se enfrentasen a
devoluciones difíciles de asumir. En consecuencia, en esta Cámara
llegamos a un acuerdo que justamente flexibilizaba las condiciones de
devolución de esos complementos a mínimos para ese determinado
colectivo de pensionistas.

Además, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha
olvidado en la defensa de su enmienda que la moción del Congreso de
los Diputados afectaba a unos pensionistas con un determinado nivel
de rentas, y eso lo votamos todos los grupos de esta Cámara. Pusimos
un millón y medio de pesetas, incluidas las propias pensiones
percibidas. Yo supongo que esa omisión habrá sido involuntaria, pero
verdaderamente choca con lo que se pretende por parte de S.S. de
generalizar el límite máximo de descuento en el 5 por ciento, con
independencia de la pensión o de los ingresos totales que se puedan
percibir, porque eso tampoco fue lo aprobado por este Parlamento.

Por último, le reitero a S.S. que también hago un llamamiento al
Grupo Socialista para que cuando el real decreto -ése sí refleja el
contenido de la moción que aprobamos en esta Cámara- llegue a este
Parlamento, podamos alcanzar los acuerdos necesarios con el principal
grupo de la oposición.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, y empezando por la 483,
he de manifestarle al señor Vaquero que a nosotros nos parece
congruente que quien omita la preceptiva declaración de ingresos
obtenidos a efectos de reconocimiento de derecho a complementos a
mínimos, y con motivo de dicha omisión llegara a disfrutar de importe
de mínimos a los que no habría de tener derecho, venga obligado
a reintegrar lo percibido indebidamente. Si eliminamos dicha previsión,
¿con qué nos encontraremos? En primer lugar, con un probable
incumplimiento generalizado en cuanto a acreditar la información
necesaria para poder gozar de ese derecho, pero, además, se
originaría un tratamiento injusto y discriminatorio: el pensionista
cumplidor vería recortados sus derechos, los complementos a mínimos,
y, sin embargo, no se vería nunca obligado a restituir aquel que con
ánimo fraudulento omitiera la preceptiva declaración de ingresos. Por
eso, no nos parecen aprovechables sus manifestaciones y mucho menos
la enmienda a la que ha hecho referencia.

En cuanto a las otras dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, que
no son nuevas en el debate presupuestario, hemos de decir que, en ese
sentido, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta lo que ya ha dicho
en otros debates en orden a entender que las pensiones del seguro
obligatorio de vejez e invalidez ya se vienen actualizando, al igual
que las pensiones no contributivas, pese al carácter residual de las
primeras y en el mismo porcentaje que se establece como incremento
general de todas las pensiones del sistema de Seguridad Social. Por
ello, con ese porcentaje del 1,8 de incremento de las pensiones para
1999, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que los
beneficiarios de las citadas prestaciones mantendrán el poder
adquisitivo para dicho ejercicio. De otra parte, deaceptarse la
enmienda que pretende S.S., se produciría un



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mayor coste económico -que la propuesta no evalúa-, contrario a las
medidas de contención de gasto público, porque, además, implicaría la
extensión a otra serie de pensiones del sistema. Además, mi grupo
entiende que chocaría con ese principio fundamental del Pacto de
Toledo, que es el de crecimiento ordenado del sistema.

Por último, y con absoluta brevedad, señor presidente, respecto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), quiero decir que
compartimos la especial sensibilidad que se traduce en el contenido
de las mismas, que evidentemente respetamos la absoluta coherencia y
responsabilidad en el planteamiento que hace año tras año el citado
grupo y que en nuestro grupo mantenemos una seria reflexión al
respecto para, a ser posible, llegar a algún punto de acuerdo, de
coincidencia, que nos permita dar una solución al problema que
plantea.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, quiero
manifestar que como prácticamente han sido defendidas en sus
términos, también son rechazadas en sus propios términos por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate conjunto de los títulos V y VI
del proyecto de ley.

Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, Izquierda
Unida, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo
Mixto y el Grupo Popular.

Por ese orden, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Abordamos los títulos V y VI, pero, señor
presidente, me permitirá hacer algunas reflexiones en mi intervención
por cuanto que el título V tiene una estricta y directa vinculación
con el anexo III y con algunos otros artículos del proyecto de ley,
ya que trata fundamentalmente de enmarcar el aspecto económico por la
vía de la financiación adicional, que no son los ingresos
tradicionales de los Presupuestos Generales del Estado para 1999. (El
señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.)
El artículo cuarenta y siete del proyecto de ley es la piedra angular
de lo que supone la complementación por la vía del endeudamiento de
los ingresos tributarios y otros ingresos ordinarios del Presupuesto
General del Estado para 1999. Dicho artículo marca el aumento de la
capacidad de endeudamiento para el año 1999 en los Presupuestos
Generales del Estado en 2 billones 336.000 millones de pesetas,
grosso modo. El nivel de endeudamiento establecido para el ejercicio
1999 es la consecuencia de una simple operación aritmética entre los
ingresos y los gastos previsibles del título I, que hemos defendido
anteriormente, pero también hemos visto en el artículo once que el
Gobierno, en este proyecto de ley, establece que los créditos
comprometidos a lo largo del presupuesto de 1999 tienen una nueva
excepción en cuanto a límites de gasto: todos aquellos gastos
financieros por operaciones de canje de la deuda pública. Eso, unido
a los elementos que establece el propio artículo cuarenta y siete de
cuándo el Gobierno puede superar el nivel de endeudamiento neto
adicional de 2 billones 336.000 millones de pesetas establecidos en
el presupuesto en 1999, nos presenta un horizonte incierto y
preocupante
desde el punto de vista de la evolución del endeudamiento neto del
Estado y del conjunto de las Administraciones públicas, porque la
experiencia del año 1998 nos indica que el artículo cuarenta y cuatro
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 fijaba que
el nuevo límite máximo de endeudamiento de los Presupuestos Generales
del Estado era de 2 billones 416.000 millones de pesetas, pero que el
Gobierno se lo ha saltado de una forma importante a lo largo de la
ejecución presupuestaria de ese año 1998. En el libro amarillo de
presentación de los presupuestos se dice que en el período que va de
enero a agosto de 1998 el aumento del saldo neto de la deuda
histórica acumulada ha superado el existente a 31 de diciembre de
1997 en 2 billones 600.000 millones de pesetas, 200.000 millones de
pesetas más del establecido en el proyecto de presupuestos para 1998.

La última información que ha suministrado el Tesoro a la Comisión de
Presupuestos indica también que en el mes de septiembre el nivel de
endeudamiento neto ha aumentado en otros 600.000 millones de pesetas,
lo cual significa, señor presidente, que en el ejercicio 1998, en el
período de enero a 30 de septiembre, el saldo de la deuda nueva
emitida, y que se incorpora a la deuda histórica, ha superado los 3
billones de pesetas, 700.000 millones de pesetas por encima del nivel
autorizado por el artículo cuarenta y cuatro de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998. Esto nos lleva a considerar que,
aunque el Gobierno dice que el déficit se está reduciendo año a año,
el nivel de endeudamiento del conjunto de las Administraciones
públicas y del Estado está aumentando considerablemente, por lo que
vamos a establecer un elemento que defenderemos en otros momentos
procesales, a la hora de discutir otras secciones del presupuesto,
que es que en la ejecución presupuestaria el nivel de financiación de
la deuda y del endeudamiento de este país se está llevando por unos
derroteros con los que mi grupo parlamentario no coincide.

En el título V se establece que el Estado, a través del articulado
del proyecto de ley de presupuestos de 1999, solicita de las Cortes
una nueva autorización para incrementar en dicho año la política de
avales y la política de créditos a determinadas empresas y organismos
públicos, hasta el punto de que, según la documentación del anexo
III, las operaciones de crédito que pretende autorizar el Congreso de
los Diputados a las diferentes empresas públicas aumentan en 43.000
millones de pesetas respecto al ejercicio 1998.

El Gobierno está estableciendo una fórmula presupuestaria que hemos
denunciado en diferentes ocasiones, que es centrifugar gasto,
permitir endeudamientos, establecer política crediticia a
determinadas empresas públicas que de una forma consolidada no
computan a efectos de déficit en los Presupuestos Generales del
Estado. Por eso, señor presidente, aparte de tener una discrepancia
frontal que defenderemos en la sección de la deuda pública y en la
sección del Ministerio de Economía en todo lo referido a la
presupuestación de política de endeudamiento, hemos presentado una
serie de enmiendas con el fin de establecer una política
presupuestaria correcta.

No aceptamos, como hemos dicho más de una vez, el método de
presupuestación de los gastos del Ente Público Radiotelevisión
Española y somos partidarios de que no se



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permita de nuevo un endeudamiento avalado por el Estado de 171.000
millones de pesetas al Ente Público Radiotelevisión Española. Por eso
hemos presentado varias enmiendas al presupuesto de la sección de
Radiotelevisión Española y proponemos añadir un nuevo artículo en
este título V para que el Estado asuma, en definitiva, los gastos de
funcionamiento y el déficit presupuestario del año 1999 del Ente
Público Radiotelevisión Española y dote una partida presupuestaria de
80.000 millones de pesetas para ir saneando la deuda histórica del
Ente Público Radiotelevisión Española.

El presupuesto de explotación del Ente Público Radiotelevisión
Española, que arroja un resultado negativo de explotación de 147.000
millones de pesetas, se debe fundamentalmente a tres apartados. En
uno de ellos, con unos ingresos y unas ventas netas del ente público
de 67.000 millones de pesetas, se contratan aprovisionamientos
externos por 67.000 millones de pesetas, que, unidos a los gastos de
personal del ente público y fundamentalmente a los 36.000 millones de
gastos financieros derivados de la deuda histórica, cuya cancelación
progresiva este Gobierno no quiere asumir de una forma responsable,
incrementan año tras año el déficit de explotación del ente público.

A través de las enmiendas números 1922 y 422 que hemos presentado,
proponemos ir reduciendo la deuda histórica de Radiotelevisión
Española.

El Gobierno se compromete, como no podía ser menos, a informar año
tras año al Parlamento de la evolución de la política de avales, de
la evolución de la deuda pública, de los créditos que el ICO
establece a través de sus relaciones financieras con el Gobierno,
pero echamos en falta -y por eso hemos presentado la enmienda número
420- que el Gobierno también informe de la evolución de los créditos
autorizados en el anexo III, que tienen que ver fundamentalmente con
la evolución financiera del conjunto de las Administraciones
públicas.

Estamos hablando, señor presidente, de unos créditos autorizados, que
posiblemente se ejecuten en el año 1999, por un importe de 719.000
millones de pesetas, cuya información escapa a este Parlamento. Pero
además, en esta política de transparencia informativa, que creo que
el Grupo Parlamentario Popular no tendrá ningún miedo de aceptar,
proponemos que los avales establecidos a las empresas de la SEPI cuyo
importe sea superior a los 1.000 millones de pesetas no las autorice
directamente el SEPI, sino el Consejo de Ministros. Nos parece que es
una cantidad lo suficientemente importante como para que esta
decisión de política de aumento de endeudamiento de las empresas de
la SEPI no las conceda la SEPI directamente, sino el Gobierno.

En realidad con el tema de la fiscalidad -y voy a ser muy breve-,
hemos presentado tres enmiendas. Me quiero referir exclusivamente a
la enmienda número 423. Nosotros entendemos -y es lo que pretendemos
con la enmienda número 423- que el nuevo IRPF no debería entrar en
vigor el 1 de enero de 1999 en los términos en los que está
establecido en la reforma que terminará su trámite parlamentario en
el Senado dentro de pocas fechas, ya que, en atención a que el
recorte en la vía de los ingresos que puede establecer esta reforma,
no la creemos oportuna. Daremos la explicación oportuna con más
detalle en el Pleno, pero lo
que pretendemos es que se mantenga temporalmente en el año 1999 el
actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, actualizando
fundamentalmente, de acuerdo con la inflación prevista del 1,8, las
exenciones fiscales del actual Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Creemos que en un año como 1999, con las actuales
necesidades de gasto y de modernización del país, la puesta en marcha
de la reforma del IRPF no es la decisión coyuntural más correcta que
pueda tomar este Gobierno, a pesar de que cuente con la mayoría
parlamentaria.

Por otra parte, hemos presentado las enmiendas números 424 y 425, que
pretenden ajustar de una forma técnica más apropiada las
actualizaciones y los elementos de la corrección monetaria en el
Impuesto sobre Sociedades. Y con esto, señor presidente, doy por
defendidas las enmiendas que hemos presentado a los títulos V y VI.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, terminábamos el
debate del título anterior haciendo una disección sobre lo que es
oportuno y lo que es oportunista. Desde nuestro punto de vista, las
diferencias son importantes: es oportuno que en cada trámite
analicemos las propuestas de todos los grupos, sin necesidad de
descalificaciones, pero sí defendiendo cada uno lo que consideramos
mejor, y es oportunista que alguien, aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid, haga un escorzo hacia Sevilla o hacia Barcelona.

Nosotros vamos a intentar defender, con un criterio de oportunidad
política, de interés general, nuestras tres enmiendas a los títulos V
y VI, que son las números 486, 487 y 488, y nuestra enmienda número
518, que pretende una disposición adicional nueva para que se aplace
la entrada en vigor del IRPF. En ellas se propone, por lo que
significa de recorte de los ingresos y, por tanto, de incremento, por
un lado, del déficit y, por otro, de la deuda acumulada, que se
mantenga una evolución del anterior IRPF corregido, mientras que el
Gobierno presenta en la Cámara un texto diferente del que tenemos
ahora mismo en trámite definitivo en el Senado, para corregir así
cuatro defectos que tiene el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. El primero es que es discriminatorio frente a las rentas del
trabajo, por lo que creemos que la nueva propuesta que el Gobierno
remite a la Cámara debe corregir dicha discriminación sobre las
rentas del trabajo de este tributo, frente a las rentas del capital y
a lo que pudiéramos llamar acción maquillada de rendimientos de
trabajo camuflados en sociedades, acciones, tenencia de valores,
etcétera. El segundo defecto es el tratamiento de las plusvalías, que
nosotros pretendemos que se modifique, ya que no sabemos por qué en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que se mide
la capacidad económica, en una tabla que va desde el 48 al 18 por
ciento, resulta que las plusvalías pagan al 20 ó 25 por ciento fijo,
por lo que un millón ganado en acciones paga de manera distinta a un
millón ganado con el sudor de la frente, a pesar del castigo divino.

El tercero es la progresividad en cuanto a tramos dentro de la tarifa
-nosotros citamos los tramos y tipos impositivos que debemos tener-,
ya que la forma que se



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ha abordado es regresiva. El cuarto, la de revisar y reducir el
conjunto de bonificaciones y deducciones que se han introducido ahora
mismo bajo ese concepto de renta disponible y de mínimo familiar que
le damos a los ciudadanos. Por tanto, nuestra propuesta en esta
enmienda es que esa reforma del IRPF no entre en vigor y que el
Gobierno presente el 1 de enero una propuesta corregida en estos
cuatro sentidos.

Las enmiendas 486 y 487 van dirigidas al título V, operaciones
financieras, que es algo tan amplio que facilita discutir desde la
deuda pública a la autorización de operaciones de los organismos
públicos, por lo que está sirviendo para que determinada deuda que
tendría que atender directamente el Gobierno la camufle y la hagan
suya otras entidades con cargo a pagos de interés y de deuda dentro
de sus presupuestos. En el caso de Televisión Española son 47.000
millones de pesetas los intereses que vamos a pagar este año, la
cuarta partida en importancia en el presupuesto de ese organismo; y
en otros casos llega hasta la acción de crédito oficial.

Con la enmienda 486 pretendemos hablar de la ayuda al desarrollo. Los
fondos FAD son cantidades que distribuimos en la medida que tienen
retorno para nuestro país, no en la medida de que preparamos a ese
país a tener cauces de desarrollo. Es decir, estamos aplicando el
viejo adagio de darles un pez en lugar de enseñarles a pescar, aunque
es más importante que tengan ríos con peces, porque a pesar de que
los enseñemos a pescar si no hay peces, malamente van a comer de lo
que puedan obtener. Por tanto, proponemos trasvasar de esos 80.000
millones de pesetas, 20.000 para que sean distribuidos desde la
acción de una cooperación al desarrollo y no desde una cooperación
reembolsable a las empresas españolas que realicen esa actuación. No
proponemos suprimir esos 80.000 millones, pero sí que 60.000 millones
se destinen a esa actuación de desarrollo realizado por nuestras
empresas y los otros 20.000 a lo que podrían ser actividades de
cooperación al desarrollo, al margen de lo que realice una empresa
española o sea retornable a nuestra actividad.

La enmienda 487 va en el mismo sentido. El artículo cincuenta y seis
del proyecto de ley crea un fondo de concesión de microcréditos para
proyectos de desarrollo social básico en el exterior. Dentro de la
dotación que tiene la ley de medidas fiscales administrativas y de
orden social -no utilizaré la denominación de adecuación o
acomodamiento legal, para que nadie se moleste- proponemos que de
esos 12.000 millones de pesetas, 6.000 se destinen a esa actividad
y los otros 6.000 se dediquen a la actuación de cooperación
y desarrollo.

Respecto al título VI, que hace referencia a las normas tributarias
de los distintos impuestos que regulamos en este proyecto de ley,
sería bueno que limitáramos estos capítulos del título VI para
adecuar al tiempo la regulación legal que tenemos estable, cosa que
no sucede. Aceptamos que esa adecuación vaya en la ley de
presupuestos, pero proponemos modificar el artículo sesenta y cinco
sobre los impuestos locales, dentro de la sección 5. ¿Cuál es nuestra
enmienda? Añadir a este artículo sesenta y cinco un apartado 3. En el
apartado 1 se regula el impuesto de bienes inmuebles y hay otras
enmiendas a las que después me referiré para anunciar nuestro voto
favorable. El segundo
habla de los valores catastrales en el régimen especial agrario.




La enmienda que proponemos es al apartado 3 y plantea que con
respecto al impuesto de vehículos de tracción mecánica se actualicen
las cuotas que podrían estar ahora funcionando con motivo del cuadro
de tarifas del artículo 96, apartado 1 de la Ley 39/1988, con efectos
de 1 de enero de 1999. ¿Por qué? Porque se han quedado obsoletas en
términos económicos por el transcurso del tiempo. Estamos hablando de
una ley del año 1988 por la que se regula el impuesto de los
vehículos de tracción mecánica. Hacemos la precisión de que puede
aplicarse un coeficiente del 1,8 por ciento y con ello conseguiríamos
que todas las figuras de acción impositiva en la vida local tuvieran
una evolución más actualizada y, sobre todo, tener mayores recursos
para que la vía local pueda realizar su actividad política con mejor
dotación.

Es verdad que estamos haciendo una propuesta que va en contra de los
tiempos que vivimos, porque parece que no es bueno el que no propone
reducir los impuestos y sí lo es el que anuncia que pagaremos menos.

Eso depende de lo que tenga que ser. No sé por qué tiene que pagar
menos el señor que disponga de un Mercedes, de un Audi o de un
Scorpio y no debe de ser el que tenga un Ibiza o un Opel Corsa. No es
bueno, por regla general, que apliquemos homogéneamente esta
actuación. No obstante, lo que planteamos aquí ni siquiera es eso,
sino que las cuotas se actualicen, porque lo que se pagaba en 1988
era una cosa y fíjense en la diferencia con respecto a lo que pagamos
hoy diez años después, aunque sólo sea por determinados productos que
utilizamos de manera permanente.

Por tanto, las tres enmiendas que propone Izquierda Unida son
oportunas y darían un giro a la cooperación al desarrollo y de figura
impositiva actualizada a la vida municipal.

Termino anunciando que nuestro voto será favorable a las enmiendas
que ha presentado el Grupo Socialista a los títulos V y VI. No
votaremos a favor de la enmienda 1519 de Convergència i Unió al
título VI, y nos abstendremos en las números 1516, 1517 y 1518.

También votaremos favorablemente las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto al título V y al VI.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, puesto que tomo la palabra
en este debate por primera vez, quiero indicar que nuestro grupo
parlamentario tiene una posición favorable respecto a todo el texto
que estamos debatiendo. Estamos a favor de la naturaleza de toda esta
ley de presupuestos generales del Estado y votaremos a favor también
de toda la clasificación económica y lo que va implícito en este
presupuesto y ley de medidas que forman el marco económico general
para 1999.

No obstante, hay algunas cuestiones puntuales de menor trascendencia
que aportamos al debate con la finalidad de que puedan ser de interés
para SS.SS. por si se pueden atender algunas de estas observaciones
que hemos detectado en el trámite de esta ley.




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En el capítulo de normas fiscales, señor presidente, hay tres o
cuatro cosas que hacen referencia a correcciones de epígrafes de IAE,
como cada año en el debate de presupuestos. Saben SS.SS. que la ley
de presupuestos va adaptando los epígrafes y las notas, a los
distintos ámbitos económicos, para poder ajustar la reforma que se
inició ya hace unos años a la realidad económica. Aportamos ahí una
serie de observaciones para que en la medida en que puedan ser de
interés para la mayoría de esta Cámara sean contempladas
e incorporadas al texto. De no ser así, son sugerencias que planteamos
en el bien entendido de que puedan ser observadas y analizadas por la
Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales y las
autoridades del Ministerio de Economía con el propósito de tenerlas
bien presentes, puesto que son sugerencias para adaptar y ajustar
mejor la obligación tributaria que tienen que cumplir los
contribuyentes con relación al impuesto de actividades económicas.

Proponemos también un segundo grupo de enmiendas que tiene otra
finalidad distinta, la compensación del IBI aplicable a los
ayuntamientos por cuyo territorio transcurre una autopista de peaje.

Ésta es una cuestión que viene arrastrándose desde hace tiempo, que
ha ido a menudo a los tribunales y la ley ampara a los ayuntamientos
para que se les compense, por lo que tendríamos que buscar una vía de
solución. Nuestro grupo aporta esta solución, no con el ánimo de que
tenga que ser la que se aplique exclusivamente, sino con el fin de
que se encuentre una fórmula para este año 1999 que compense a los
ayuntamientos que están afectados debido a que por su territorio
transcurre una autopista de peaje y a que las concesionarias están
exentas por ley.

Señor presidente, formalmente no tenemos más materias en este título.

Por tanto, lamento no tener que extenderme más en estas cuestiones,
puesto que no tengo más materias, y simplemente quiero reiterar que
estamos de acuerdo en toda la naturaleza fiscal y tributaria que
contemplan estas secciones y en general en todo el proyecto de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Para defender las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Mixto a los títulos V y VI, artículos
cuarenta y siete a cincuenta y seis y cincuenta y siete a sesenta y
nueve respectivamente, y para defender en concreto, como voy a hacer
ahora mismo, las enmiendas presentadas por Unión Valenciana, números
97 y 104, referidas a los artículos sesenta y cinco y sesenta y ocho.

En primer lugar, la enmienda de modificación del artículo sesenta y
cinco solicita una nueva redacción en la que se diga que, a partir de
enero de 1999, cuando se actualicen los valores catastrales del
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica, se mantengan los
valores establecidos en el año 1998, vigentes desde el 1 de enero de
1998, solicitando que se aplique un coeficiente de actualización cero
y, por tanto, se mantenga el mismo valor catastral para los bienes
inmuebles de naturaleza rústica que quedó establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado del año 1998. Lo consideramos importante, sobre todo en
aquellas comunidades del Estado español donde grandes extensiones
agrícolas, por diversos motivos, presentan unas ciertas dificultades
añadidas a la actividad agraria de los agricultores, como es el caso
de la Comunidad Valenciana, comarcas afectadas por la sequía,
explotaciones agrícolas afectadas por las inundaciones y los miles
y miles de hectáreas de terrenos dedicados a las explotaciones agrarias
de plantaciones de frutos cítricos, no sólo en la Comunidad
Valenciana, sino también en Murcia o en Cataluña, afectadas por esta
enfermedad. Pretendemos que estas explotaciones agrarias, estos
terrenos afectos al IBI de naturaleza rústica, vean de alguna manera
compensados los graves perjuicios que ocasionan estas diversas
actuaciones que merman los ingresos de los agricultores manteniendo
los valores catastrales en los mismos niveles del año 1998, que
quedaron establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 1998. Por tanto, solicitamos que la actualización sea el
cero por ciento y se mantenga el mismo valor establecido en el año
1998 para estas explotaciones afectas al impuesto de bienes inmuebles
de naturaleza rústica.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Entiendo, señor Chiquillo,
que usted da por defendidas las enmiendas del señor Saura y la señora
Rahola en sus propios términos.




El señor CHIQUILLO BARBER: Se me había pasado decir que doy por
defendida en sus propios términos la enmienda 104 de Unión
Valenciana, referente al impuesto especial de hidrocarburos,
solicitando que quede exento del gravamen del impuesto especial de
hidrocarburos el gasóleo destinado al uso agrícola y a las
explotaciones agrarias y ganaderas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar intervendré yo por
parte de mi grupo para dar respuesta a las enmiendas presentadas al
título VI y posteriormente intervendrá el señor Albendea para hablar
del título V.

También quiero hacer referencia, en primer lugar, a que el señor Homs
ha defendido una enmienda de su grupo para compensar a los
ayuntamientos por el IBI de las autopistas que pasan por sus
municipios, que hace referencia al título VII y, por tanto, la
portavoz del Grupo Popular que hablará en el título VII dará cumplida
respuesta a la intervención del señor Homs sobre esta enmienda, que
también se compagina con una enmienda del Grupo Socialista a una
disposición adicional.

En el título VI hay muy pocas enmiendas: el Grupo Socialista sólo
tiene tres enmiendas, el Grupo de Izquierda Unida tiene sólo una
enmienda, hay unas de algunos diputados del Grupo Mixto que no están
presentes, y hay dos del Grupo Mixto presentadas por el señor
Chiquillo. Sin embargo, algunas de las enmiendas, una del Grupo
Socialista y otra del Grupo Izquierda Unida, sí son enmiendas de



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mucho calado, porque lo que proponen en paralelo es reabrir el debate
de totalidad que ya se mantuvo sobre el IRPF. Entiende mi grupo que
no es este el trámite para reabrir el debate del IRPF, creo que el
nuevo IRPF, que ya incluso ha sido aprobado en Comisión en el Senado,
está en condiciones de venir al Congreso en las próximas semanas y,
por tanto, podemos garantizar hoy aquí que va a entrar en vigor el 1
de enero de 1999, y además, en contra de lo que piensan otros grupos,
mi grupo entiende que la entrada en vigor del IRPF es una necesidad
para la economía, para que la economía sea competitiva en el entorno
del euro y para distribuir con mayor justicia la carga tributaria,
porque saben SS.SS. que el nuevo IRPF va a bajar los impuestos a
treinta millones de españoles, pero fundamentalmente a aquellos
españoles con menos posibilidades económicas, va a incidir sobre todo
en los españoles que tienen cargas familiares, en los asalariados y
pensionistas, en los discapacitados y también en todos aquellos
ciudadanos con rentas medias y bajas.

Yo quiero decir, respondiendo a la intervención del señor Ríos, que
son precisamente los asalariados los que van a tener un mayor
beneficio con la implantación del nuevo IRPF, van a ser los
asalariados y los pensionistas, que, como bien saben SS.SS., tributan
en la misma casilla de rendimientos del trabajo, los grandes
beneficiados del IRPF. Sabe el señor Ríos que, a partir de enero de
1999, el Gobierno va a ajustar las retenciones y va a poner en manos
de asalariados y pensionistas una renta disponible superior en casi
medio billón de pesetas. Por tanto, entiendo que estamos ante un
impuesto que es bueno, y no es coincidencia que entre en vigor el 1
de enero de 1999, coincidiendo con la puesta en marcha del euro, eso
ya es una garantía, y que es un impuesto necesario para seguir en la
senda de crecimiento y empleo y para ajustar la carga tributaria a
criterios de mayor justicia.

Por tanto, mi grupo va a votar que no a las enmiendas que lo que
pretenden es que no bajemos los impuestos. Ha sido una tradición ya
en el Grupo Socialista y también en el Grupo de Izquierda Unida pedir
que subamos los impuestos. Lo hicieron cuando estaban en el Gobierno
y ahora, cuando están en la oposición, lo que quieren es ponernos
trabas para que los españoles no tengamos una bajada de impuestos que
va a ser la bajada de impuestos más importante que se ha producido en
la democracia española. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras
que no se perciben.) Por consiguiente, vamos a votar que no a que no
entre en vigor el nuevo IRPF y vamos a votar que sí, y además
gozosamente, a que treinta millones de españoles tengan una bajada de
impuestos a partir del 30 de enero de 1999. (El señor Cercas Alonso:
Algunos menos.)
Luego hay otro conjunto de enmiendas que hacen referencia a impuestos
municipales y su actualización. No iré una por una; simplemente diré
que el Gobierno ha llegado a un acuerdo amplio con la Federación
Española de Municipios y Provincias para ajustar los ingresos de las
corporaciones locales, que ese acuerdo será debatido extensamente en
la Cámara, tanto en la ley de presupuestos como en la ley de
acompañamiento, y que, por tanto, no entendemos que haya que aprobar
ninguna otra modificación de impuestos locales fuera del marco de
acuerdo entre la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno.

El señor Chiquillo plantea una enmienda de actualización de los
valores catastrales de los bienes de naturaleza rústica y propone que
se actualicen en el cero por ciento. Entiendo, señor Chiquillo, que
ese es un error, porque lo que usted estará planteando es que los
valores catastrales se actualicen en el 1 por ciento, es decir, que
se mantenga el valor, porque si se actualizan en el cero por ciento
significa dejar el valor catastral en cero y, por tanto, que los
bienes de naturaleza rústica no tributen nada. Entiendo que es un
error y creo que a lo que usted se refería es a que se incorporen en
el 1 por ciento. Si se aprobara su enmienda, que dice que se
multiplique por cero por ciento el valor catastral, daría un valor de
cero, señor Chiquillo.

Por último, me quiero referir a las cuatro enmiendas que ha
presentado a este título el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Hay
tres que hacen referencia a epígrafes del IAE, que pueden ser
estudiadas en el futuro pero, por lo mismo que he dicho antes,
entendemos que no es éste el trámite, y sobre todo cuando se va a
aprobar entre esta semana y la que viene el acuerdo con la FEMP para
modificar epígrafes del IAE. Por tanto, le pediría al señor Homs que
esas enmiendas fueran retiradas.

A la vez se presenta una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) a la que sí me gustaría referirme, que es la número 1519, a la
cual mi grupo le daría el voto favorable siempre que se modificara
una palabra de las que en ella figuran. Si tiene a bien la Mesa tomar
nota, es la enmienda 1519, y en el párrafo en que está subrayada y
donde pone que para el cómputo de la superficie dedicada a esta
actividad se deducirán los accesos, rampas, viales interiores, así
como los demás espacios y elementos accesorios, mi grupo está
absolutamente de acuerdo, y aunque ayer se incorporó en ponencia una
enmienda muy similar a esta del Grupo Parlamentario Popular, nosotros
entendemos que se podría incluir en todos sus términos pero
modificando donde dice «así como los demás espacios y elementos
accesorios», por una frase que dijera «así como todos los espacios y
elementos accesorios». Además, y para que conste en el «Diario de
Sesiones», me gustaría señalar que con esta enmienda lo que hacemos
no es modificar la tributación del IAE de estas actividades, sino
reinterpretar lo que este Parlamento aprobó el año pasado, y es que
no computen todos esos elementos de las actividades económicas a las
que me refiero.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Le ruego haga llegar por
escrito a esta Presidencia la enmienda transaccional que propone al
Grupo de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el señor Albendea.




El señor ALBENDEAPABÓN: Antes de entrar a fijar nuestra posición
sobre las enmiendas presentadas al articulado, no quiero dejar que
pase la ocasión, en relación con las manifestaciones del portavoz del
Partido Socialista sobre el tema de la deuda pública, que ya
tendremos ocasión de debatir cuando entremos en la sección 6, de
recordarle que el procedimiento de medir la deuda pública en relación
con el producto interior bruto es siempre un porcentaje,



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no se pueden utilizar cifras absolutas para confundir al personal. La
deuda del Estado es el tercer año que baja, y para el año 1999, si se
cumplen las previsiones presupuestarias, bajará del 67,3 al 66,4, es
decir, bajará casi un punto. Como digo, ya tendremos oportunidad de
discutir luego la estructura y la evolución de la deuda pública, pero
también quiero recordarle que los gastos financieros desde que está
el Gobierno del Partido Popular con sus responsabilidades se han
reducido en 360.000 millones de pesetas, de los cuales en el año 1999
se van a reducir en 148.000 como consecuencia de haber conseguido
canjear deuda antigua por deuda nueva a tipos mucho más baratos, y la
evolución hacia abajo de los tipos de interés no se produce por arte
de birlibirloque, sino como consecuencia de una política económica
determinada, una política económica de éxito como la que está
desarrollando el Gobierno.




Entrando ya en las enmiendas al articulado, el Partido Socialista ha
formulado cuatro enmiendas al título V. La enmienda 420 lo que
propone es que se informe a las Comisiones de Presupuesto del
Congreso y del Senado el importe y características de los créditos
autorizados. Hay que recordar a los enmendantes que en el anexo III
de la propia ley de presupuestos está ya contenido el importe de los
créditos financiados con cargo a dicho endeudamiento. Caso distinto,
y por eso lo prevé la ley, es el de los avales, porque no se sabe en
este momento cuáles son las condiciones y los importes a avalar. Por
tanto, no tenemos más remedio que rechazar esa enmienda.

Respecto a las enmiendas números 1922 y 422 del Grupo Socialista que
hacen referencia a la financiación de Televisión Española, que
proponen que el Estado asuma deuda por importe de 80.000 millones de
pesetas, quiero recordarles que esto, en definitiva, sería enmascarar
el problema, sería adoptar la política del avestruz y, como saben SS.

SS., hay una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional cuyo
objeto fundamental es estudiar la viabilidad y la financiación de
Radiotelevisión Española. Por otra parte, le recuerdo que el déficit
de Televisión Española no es un tema nuevo sino antiguo. Cuando
estaba el Grupo Socialista en el Gobierno jamás solicitó que asumiera
el Estado ninguna deuda en relación con eso.

La enmienda 421, del Grupo Socialista, propone que se autoricen las
operaciones superiores a mil millones de pesetas, cuando las
operaciones que el proyecto de ley autoriza al SEPI son por un
importe global para todas las sociedades mercantiles de participación
estatal de 100.000 millones. No tenemos más remedio que rechazarlo,
porque autorizar operaciones superiores a mil millones de pesetas
supondría sin duda alguna una rémora en el desarrollo de las
sociedades mercantiles de participación estatal, y lo que está
claramente establecido es un límite global que a lo largo del
ejercicio se irá viendo cómo se va desarrollando.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Mixto presentadas por los señores
Peralta y Saura, que han sido tres, las números 1590 y 1589,
contemplan el mismo supuesto de la enmienda del Grupo Socialista
referida a la financiación de Televisión Española, y pretenden que el
Estado asuma una deuda de 130.000 millones de pesetas, con lo cual no
creo que merezca la pena seguir argumentando por qué la rechazamos
y me remito a lo ya manifestado en relación con la
enmienda del Grupo Socialista, puesto que el problema es exactamente
el mismo.

La enmienda 1591, del mismo Grupo Mixto, propone la reducción de
80.000 a 60.000 millones de la dotación del Fondo de Ayuda al
Desarrollo. No tenemos más remedio que rechazar también esta
enmienda, pues como se advierte en el proyecto de ley estas cifras
son máximas, de acuerdo con las necesidades previstas para el
ejercicio de 1999, y una reducción de esas cifras no significaría una
realización de otras políticas, y lo único que provocaría serían
problemas de gestión. Por tanto, nos vemos obligados a rechazarla.

Izquierda Unida ha presentado tres enmiendas al título V. La 925, que
se refiere al artículo cuarenta y ocho, propone que se dote con
100.000 millones de pesetas para crear un plan de empleo a la mujer.

Quiero recordarle al portavoz de Izquierda Unida que el plan de
acción para el empleo del Reino de España para 1998 contempla, entre
sus objetivos generales, fomentar la incorporación efectiva de la
mujer al mercado de trabajo, y, dentro de ese plan, las directrices
16, 17 y 18 se dedican precisamente al fomento del empleo femenino.

Abundando más en el tema, para 1999 el presupuesto para políticas
activas de empleo se incrementa en un 59 por ciento, con una especial
incidencia en aquellos colectivos, como es el caso del empleo
femenino, más castigados por el desempleo. Por tanto, también nos
vemos obligados a no aceptar esta enmienda.

La enmienda 486 de Izquierda Unida propone reducir el Fondo de Ayuda
al Desarrollo de 80.000 a 60.000 millones. Nos remitimos a lo ya
dicho para la enmienda del Grupo Mixto, que proponía lo mismo. La
enmienda 487 propone reducir de 12.000 a 6.000 millones el fondo para
la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior. Este fondo constituye uno de los pilares
básicos de la cooperación en la nueva concepción que sobre esta
actividad se recoge en la Ley de Cooperación para el Desarrollo. Por
tanto, no vemos las razones por las que haya que reducirlo y
rechazamos dicha enmienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Terminado el debate sobre el
articulado de los títulos V y VI, pasamos a debatir los títulos VII y
VIII, conjuntamente.

A estos títulos han presentado enmiendas los Grupos Socialista,
Izquierda Unida, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco,
Grupo Mixto (señores Vázquez, Saura y señora Rahola) y Grupo Popular.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Pozuelo, por el Grupo
Socialista.




La señora POZUELO MEÑO: Vamos a repartirnos el turno del título VII
entre dos ponentes del Grupo Socialista. Yo me referiré al capítulo
I, en concreto a los artículos setenta al setenta y ocho, que
componen este primer capítulo.




La importancia del contenido de los artículos setenta al setenta y
ocho para el ejercicio de 1999, en relación con la financiación de
las corporaciones locales, es de suma importancia, ya que deberían
contemplar el nuevo sistema de financiación para la Administración
Local que regirá para el próximo quinquenio 1999-2003. El contenido
del texto del proyecto de ley y las enmiendas que se han presentado



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por parte del Grupo Popular, y que configuran prácticamente un nuevo
texto articulado de este capítulo, es bastante escaso en este
sentido, y decepcionante. El acuerdo al que se ha llegado con la
FEMP, y que justifica estas enmiendas, no es más que un acuerdo
previo parcial e incompleto que sólo recoge la base de la
participación de las corporaciones locales en los ingresos
tributarios del Estado, pero no los criterios y variables que se van
a aplicar en la distribución, entre los distintos ayuntamientos, de
las cantidades base que se han acordado, y que, por otra parte, este
grupo parlamentario ha manifestado con anterioridad que le parece
claramente insuficiente, si tenemos en cuenta, además, que 1999 será
el año base a partir del cual evolucionará el sistema de financiación
para el próximo quinquenio.

Los ayuntamientos vienen reclamando insistentemente una solución a
los grandes problemas financieros que han causado el desfase entre la
financiación que vienen percibiendo y los servicios que prestan al
ciudadano, que siempre desborda las estrechas competencias que tienen
asignadas. El inicio de un nuevo proceso de financiación para un
siguiente quinquenio y las reiteradas promesas electorales del
Partido Popular hicieron albergar a muchas corporaciones locales la
esperanza de encontrar en el nuevo sistema solución a estos problemas
financieros, no sólo en cuanto a la participación en los ingresos
tributarios del Estado, sino en lo referido a aspectos tributarios
como, por ejemplo, la participación competencial o de gestión en el
impuesto más importante que tienen los ayuntamientos, como es el
impuesto de bienes inmuebles.

El acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, que
dicen recoger estas enmiendas, no es un acuerdo cerrado. Actualmente
se sigue negociando la aplicación de las variables, pero la
información que tenemos en este sentido no puede ser muy optimista.

En cualquier caso, no se han abordado y, por tanto, no se van a
recoger en este articulado, temas tan importantes como al que me
refería del IBI, que es el principal impuesto local y sobre el que
los ayuntamientos no tienen ninguna competencia. Existen fórmulas que
permiten alguna capacidad de gestión a los ayuntamientos que deberían
haberse incluido en este articulado. Debería buscarse y debería
haberse obtenido una ágil y sencilla tramitación de las bases
imponibles del impuesto de bienes inmuebles.

Otra cuestión de máxima importancia, que no se ha abordado, es la
exención del IVAen las subvenciones otorgadas a las empresas públicas
municipales que prestan los servicios públicos directamente a los
ciudadanos, ni la reconsideración de la gran factura educativa que
soportan los ayuntamientos, ni la revisión de las políticas
presupuestarias en relación con las haciendas locales,
fundamentalmente las relativas a su capacidad de endeudamiento.

Tampoco se ha recogido, y en ese sentido el Grupo Socialista ha
presentado una enmienda, la mejora de la situación del transporte
colectivo. El déficit que presenta el transporte colectivo municipal
y las subvenciones que, año tras año, se vienen aportando a los
ayuntamientos, están aumentando ese déficit y no llegan nunca a
suplir en una medida medianamente aceptable el endeudamiento al que
están llegando las corporaciones locales por este concepto. Por ello,
el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido una enmienda
en la que eleva a 12.000 millones de pesetas la partida para la
distribución de subvenciones a los ayuntamientos de más de 50.000
habitantes que perciben estas subvenciones.




Otra cuestión que nos parece relevante, y a la que el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda, es la compensación de los
beneficios fiscales que los ayuntamientos están dejando de percibir
en estos momentos por la exención del IBI a las autopistas de peaje.

El derecho a percibir el beneficio de ese impuesto debe
complementarse por parte del Estado mediante subvenciones y
aportaciones que compensen esa falta de ingresos que perciben las
corporaciones locales. En este sentido, existen enmiendas de otros
grupos parlamentarios, concretamente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con el fin de solventar el problema de la
falta de ingresos del IBI en las autopistas de peaje.

Finalmente, voy a referirme a otro aspecto que nos parece de gran
importancia y que, desde el punto de vista del Grupo Socialista, se
recoge de manera indebida e insuficiente en las enmiendas, incluso en
el principio de acuerdo al que se ha llegado con la Federación
Española de Municipios y Provincias. Consideramos que al realizar la
liquidación definitiva de 1997, en la participación de ingresos del
Estado, se da solución a uno de los graves problemas que causó este
Gobierno al modificar los criterios aplicables en cuanto a la
evolución del crecimiento de los ingresos de los ayuntamientos al
aplicar la evolución del coste de factores en vez de la evolución en
el precio de mercado. Afortunadamente se ha rectificado, lo cual
permitirá a los ayuntamientos solventar un problema de devolución de
ingresos percibidos indebidamente en las entregas a cuenta a lo largo
de todo el ejercicio. De todas maneras, sigue sin resolverse un
problema que para nosotros es de la máxima importancia, y es que no
se garantiza que durante el ejercicio de 1999 y siguientes los
ayuntamientos perciban sus ingresos con arreglo a la población
efectiva del censo real que exista en ese momento en el conjunto del
territorio y en cada uno de los municipios a que nos referimos. Este
es un aspecto que nos parece de la máxima importancia, y creemos que
debe quedar asegurado en el proyecto de ley de presupuestos que los
municipios perciban los ingresos del Estado conforme a la población
real que tengan en cada uno de esos momentos. Por mi parte nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora
Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Mi intervención va a versar sobre el
capítulo II del título VII, artículos setenta y nueve a ochenta y
siete, y sobre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta a este capítulo, de la 424 a la 433, ambas inclusive.

Señorías, una de las características más importantes de nuestra
historia reciente es la de haber hecho del consenso una forma de
hacer política que ha sido fundamental no sólo para permitirnos vivir
en paz y libertad durante estos último veinte años de vida
constitucional, sino también para resolver el problema de la
articulación territorial deEspaña, pendiente durante siglos, como SS.

SS. saben. La



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primera ruptura grave que se produjo de este consenso constitucional
y autonómico fue precisamente la que llevó a cabo el Gobierno al
aprobar el actual sistema de financiación autonómica. Desde el primer
momento, los socialistas lo criticamos no sólo por injusto, sino por
lo que significaba de precedente en la ruptura del consenso. ¿Por qué
hace esto el Gobierno? Porque no tiene, señorías, una idea de España,
porque carece de proyecto de país; la que tenían no pudieron ponerla
en práctica ante los resultados electorales del 3 de marzo de 1966.

Desde la firma de los pactos de gobernabilidad con los nacionalistas
van dando tumbos, están sin rumbo autonómico. El primer síntoma fue
precisamente la aprobación del modelo de financiación autonómica que
desde el comienzo criticamos por razones de fondo y forma. De
aquellos polvos, señorías, vienen estos lodos, estos presupuestos que
hoy debatimos.

El modelo de financiación -lo hemos dicho en reiteradas ocasiones- es
de dudosa constitucionalidad y, como SS. SS. saben, se halla
recurrido por cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Asturias. Ha roto la cohesión social entre
territorios y el acuerdo básico existente sobre la idea de España. El
Gobierno no ha sabido ni querido responder a las reiteradas llamadas
al acuerdo que el Grupo Socialista le ha venido formulando sobre esta
materia. Los socialistas queremos un modelo de financiación que no
excluya a nadie y que esté pactado por todos, partidos nacionales o
constitucionales y partidos nacionalistas y comunidades autónomas que
el Gobierno no se atreve al consenso con el Partido Socialista. El
modelo de financiación no le gusta hoy ya a nadie. Ayer mismo, en un
medio de comunicación, concretamente La Vanguardia de Barcelona,
venía un resumen de la intervención del secretario de Estado de
Administraciones Públicas, don Jorge Fernández Díaz, que dice que el
Gobierno quiere que el próximo modelo de financiación sea fruto de un
pacto político con el PSOE y con Convergència i Unió. Descarta así
una negociación bilateral y diferenciada con los nacionalistas, al
considerar que el modelo para las comunidades autónomas debe estar
por encima de las luchas partidistas. Si el señor Fernández Díaz y el
Gobierno desean esto para el próximo modelo de financiación, no
entendemos por qué no aprovechan la oportunidad que le brindan estos
Presupuestos Generales del Estado y con enmiendas del Grupo
Socialista y del resto de los grupos parlamentarios alcanzamos ese
consenso que dice desear y pretender para el próximo modelo de
financiación. No entendemos por qué hay que esperar tanto. Hasta el
propio presidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, ha reiterado la
necesidad de su reforma en numerosas ocasiones, a pesar de que fue la
primera cesión grave que el Gobierno hizo a los nacionalistas,
evidenciando por primera vez lo que después ha sido una constante de
su quehacer político: la enfermiza dependencia política y
parlamentaria de los nacionalistas. Para el resto de las comunidades
autónomas se ha demostrado que, además de injusto, no es válido. El
modelo de financiación autonómica significó el inicio de la revisión
del pacto político que supuso la aprobación de la Constitución. Hoy,
ante la presentación y aprobación del tercer proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular, los
socialistas afirmamos que el modelo es un desbarajuste. En
unas jornadas que ha habido recientemente en Sevilla, en la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, el propio Carlos
Monasterio, catedrático y coautor del Libro Blanco sobre la
financiación autonómica, critica el actual modelo y afirma que la
corresponsabilidad fiscal vía IRPF es inexistente en la práctica.

El modelo de financiación es asimétrico en sus reglas de evolución y
distribución entre las distintas comunidades autónomas. No utiliza el
mismo criterio de evolución en la participación de los ingresos del
Estado para las comunidades autónomas que no aceptaron el modelo que
para las que sí lo aceptaron. No tiene sentido que el mismo
instrumento evolucione de manea diferente para unas comunidades
autónomas -de acuerdo con el PIB- que para otras -según la evolución
de los ITAE-, resultando perjudicadas notablemente aquellas a las que
se les viene aplicando, como consecuencia de la prórroga del modelo
anterior, el PIB, que evoluciona muy por debajo de los ITAE. A las
comunidades autónomas que aceptaron el sistema se les aplica la
evolución del ITAE, tal y como establece el artículo 13 de la Lofca,
mientras que las otras, las que no lo aceptaron, se rigen por el PIB
nominal, que sólo ha aumentado un 6,5 por ciento. En este sentido,
señorías, la no aceptación de la cesión del IRPF por parte de algunas
comunidades autónomas no tiene por qué afectar a la participación de
los ingresos del Estado, siendo ambos instrumentos de financiación
-participación territorializada en el IRPF y participación en los
ingresos del Estado- independientes y debiendo evolucionar el
instrumento de financiación común a todas las comunidades autónomas
-la participación en los ingresos del Estado- de manera idéntica para
todas ellas.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 28 de marzo de este
año, se fija un tope mínimo para el IRPF del 6,5 por ciento con la
finalidad de amortiguar la caída que éste ha sufrido, una pérdida de
la recaudación de un 11,5 por ciento, y lo hace aplicable
retroactivamente a los años 1997 y 1998. Esto supone en la práctica
la ruptura del propio sistema de financiación aprobado, el
reconocimiento del fracaso del mismo, aunque no quieran reconocerlo
expresamente y recurran al oscurantismo y a la opacidad para
ocultarlo. Significa también, señorías, como he dicho antes, la
supresión de la corresponsabilidad fiscal, que era la estrella del
nuevo modelo. Se la han cargado al poner un límite mínimo,
produciendo en estos últimos presupuestos un incremento de 12 por
ciento para las comunidades autónomas que aceptaron el modelo y del
6,5 por ciento para las que no. Falsean los ingresos del Estado,
hacen trampa para inflar artificialmente los ingresos de las
comunidades autónomas que aceptaron el nuevo modelo de financiación,
comparan en los presupuestos cantidades que no son homogéneas y han
manipulado el propio método de fijación de los ITAE, compuesto
fundamentalmente por ingresos impositivos y cotizaciones sociales,
que ha evolucionado menos del 6,5 por ciento; sin embargo, aparecen
con un crecimiento sorpresa del 12 por ciento al sumársele partidas
que no le corresponden, como el IVA, aranceles aduaneros
o transferencias del Inem. El segundo tramo del IRPF, el que no es
participación territorializada, desaparece de los presupuestos, no
figura en ellos, con lo cual, por primera vez en la historia
presupuestaria española, no sabemos



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cuánto ganan con certeza las distintas comunidades autónomas. Siempre
hemos querido saber, sin conseguirlo, cuánto costaba el nuevo sistema
de financiación; hoy podemos afirmar que seguimos sin posibilidades
de saberlo y que es el modelo más opaco y perjudicial de cuantos
hemos tenido hasta ahora.

Es, pues, un sistema que desequilibra la financiación entre las
comunidades autónomas y en esta dirección caminan nuestras enmiendas
parciales; enmiendas parciales que van dirigidas, como SS.SS. podrán
comprobar de su lectura, a fijar para 1999, con carácter provisional
y hasta que haya acuerdo de las respectivas comisiones mixtas --
enmienda 427-, los recursos de las comunidades autónomas que no han
aceptado el nuevo sistema mediante un crédito presupuestario que
responde a los requerimientos básicos que establece la Lofca,
eliminando la alusión al método para la aplicación del sistema de
financiación de las comunidades autónomas en el quinquenio 1992-1996
aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 20 de
enero de 1992.

La enmienda 428 no limita la posibilidad de negociación de acuerdos
sobre liquidación definitiva al horizonte temporal de 1999; por ello
suprimimos la mención de este ejercicio que se contiene en el
proyecto de ley. ¿Por qué limitar las posibilidades de negociación a
este solo ejercicio y no a los anteriores, como el propio proyecto de
ley hace con carácter retroactivo?
La enmienda 429, señorías, es para los socialistas absolutamente
importante y determinante. Hace referencia a la actualización de la
variable población a 1 de mayo de 1996, a efectos de determinar la
cantidad que las comunidades autónomas deben percibir en concepto de
participación en los impuestos estatales no cedidos, con arreglo a
los criterios que se contienen en el artículo 13 de la Lofca.

Señorías, la población se reconoce para la financiación municipal,
para el fondo de Compensación Interterritorial y para la financiación
sanitaria, y no se reconoce -no sabemos por qué- para la financiación
autonómica. Nos parece, además de la ocultación de población tan
importante como la de Andalucía -cerca de 400.000 andaluces que no
son reconocidos a la hora de su financiación-, un incumplimiento de
lo que es la aprobación del Real Decreto que contiene la nueva
aprobación del censo de población y una burla a una proposición no de
ley que por unanimidad aprobó el Congreso de los Diputados en
noviembre del año pasado.

La enmienda 430 pretende la aplicación a las comunidades autónomas
que no han aceptado el modelo de financiación para el quinquenio
1997-2001 del mismo criterio de evolución de la participación en los
ingresos del Estado que se aplica al resto de las comunidades
autónomas, pues como he dicho antes no tiene sentido que el mismo
instrumento evolucione de manera diferente para unas comunidades
autónomas que para otras, resultando perjudicadas de manera notable
aquellas a las que se les viene aplicando como consecuencia de la
prórroga del modelo anterior, el PIB que evoluciona muy por debajo
del ITAE, como les he referido anteriormente a SS.SS.

La enmienda 431, también al título VII, pretende adicionar un nuevo
artículo, el ochenta y tres bis, con la finalidad de que se reconozca
lo que se denomina vulgarmente
como deuda histórica para Andalucía y para Extremadura. Pretendemos
el reconocimiento de las asignaciones complementarias previstas en
los estatutos de autonomía para estas dos comunidades autónomas, a
efectos de continuar con el cumplimiento de los acuerdos de las
comisiones mixtas Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y Estado-
Comunidad Autónoma de Extremadura de proceder a la entrega a cuenta
de las mismas.

Por último, señorías, en el artículo ochenta y siete, apartado 2,
relativo a la regulación del Fondo de Compensación Interterritorial,
cambiamos la cuantía que viene en el proyecto de ley para mantener el
porcentaje contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, con objeto de trasladar al importe del FCI el incremento
producido en la inversión real civil nueva, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. En el
artículo ochenta y siete, apartado 3, de este mismo título VII, en
coherencia con la anterior enmienda al artículo ochenta y siete,
apartado 2, modificamos el importe con el que se dota al FCI para
1999 con el objeto de trasladar al importe del mismo el incremento
producido en la inversión real civil nueva, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.




Este es, señor presidente, el contenido de las enmiendas que hacen
referencia estrictamente al título VII, capítulo II, del proyecto de
ley de presupuestos generales del Estado que hoy debatimos y a cuya
aprobación procederemos a continuación.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra el señor
Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Intervengo con suma brevedad, señor
presidente, para defender tres enmiendas de mi grupo parlamentario al
título VIII del proyecto de ley del Gobierno.

La primera de ellas, la 434, pretende que se reforme el texto del
artículo ochenta y ocho, punto 2, apartado 3, de tal manera que para
el próximo ejercicio todas las horas extraordinarias, sin excepción,
coticen a igualdad de tipo que las que están previstas para las
contingencias comunes en la Ley General de la Seguridad Social. Esta
enmienda se defiende en sus propios términos, pero por cortesía
parlamentaria quiero dejar patente que es opinión de nuestro grupo
que ha llegado el momento de abordar, en esta crucial cuestión de las
horas extraordinarias, un vector que en mayor o menor grado, pero sin
duda de manera significativa, podría tener un aporte positivo en la
generación de empleo o de oportunidades de empleo para desempleados
de nuestro país que mediante este sistema, tan extendido incluso en
empresas del sector público, de la realización de horas
extraordinarias se está viendo objetivamente distorsionado. Es cierto
que en este momento para las que pueden ser consideradas horas
extraordinarias que no son de carácter urgente o de extraordinaria
necesidad existe ya una cotización igual a la del régimen general,
pero bajo el artificio de estas horas extraordinarias, que cursan
bajo la forma de horas motivadas por fuerza mayor, la realidad de
nuestro mercado de trabajo indica que en multitud de ocasiones se
camuflan bajo esta terminología de horas extraordinarias



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de fuerza mayor lo que son horas extraordinarias vulgares y
corrientes y que, paradójicamente, tienen una cotización reducida al
50 por ciento. Para enmendar esta situación, señorías, creemos que ha
llegado el momento de dar el paso de unificar el tipo de cotización
de todas ellas.

La enmienda 435 de mi grupo pretende solucionar un contencioso,
incluso un conflicto que está en una línea, si me lo permiten -aunque
luego en la réplica siempre aprovechan para decir barbaridades sobre
lo que yo digo-, opuesta a lo que es el Pacto de Toledo. Este
Gobierno ha cambiado la cotización del régimen especial del mar para
determinados trabajadores apartándose de lo que era un principio
general de la Seguridad Social que está en el Pacto de Toledo, que es
acercarse a que coticen por salarios reales. Pues bien, el Gobierno
del Partido Popular, respecto a determinados trabajadores del grupo 3
del régimen especial del mar, se ha inventado una base de tarifa y
los trabajadores, sea cual sea su remuneración real o la que
perciben, vienen cotizando administrativamente como ocurría en España
antes de la Ley de 1974, con una regresión que va no solamente más
atrás de lo que dice el Pacto de Toledo, sino de lo que fue la Ley de
racionalización y mejora de aquel año. Ya sé que en determinados
sectores esto se está vendiendo como una garantía, puesto que en
trabajos de carácter muy discontinuo asegura a esos trabajadores que
haya un mínimo y una garantía en su base de cotización. Pero
obviamente la enmienda del Grupo Socialista trata de responder a esa
necesidad de que no resultaran perjudicados con un estricto criterio
de cotización según salarios reales y que hubiera unos topes mínimos,
lo cual no quiere decir que si un trabajador evidencia unas
retribuciones superiores a las fijadas administrativamente no
entendemos por qué no cotizan por ese conjunto de retribuciones,
porque a la larga esto -como no se escapa a ninguna de SS.SS.- va a
operar en un sentido muy disfuncional para los derechos que están
consolidando esos trabajadores, porque cuando llegue el momento de
cobrar una situación protegible, sea su jubilación, su invalidez o
para sus causahabientes en caso de muerte, van a encontrarse con unas
retribuciones muy inferiores a las que les correspondían por las
cotizaciones realizadas.

Por último, señor presidente, la enmienda número 436 también se da
por defendida en sus propios términos. Va a ser objeto de una
presentación más amplia en la sección 19. Se trata de que, como
existe en este momento un superávit de financiación contributiva al
Inem, se produzca una rebaja de 0,9 puntos en la cotización al
desempleo, puesto que las cuotas del desempleo dice la ley que deben
ser utilizadas para cubrir las prestaciones del desempleo. Es obvio
que de una manera ilegal hoy se están utilizando cotizaciones del
desempleo para cubrir otras cuestiones muy útiles, muy significativas
para el mercado de trabajo español, como puede ser el fomento del
trabajo estable, pero no son las prestaciones del desempleo. Como en
este momento hay un superávit, parece bastante razonable dedicar una
parte del mismo, 0,9 puntos de cotización, a aligerar un coste que
está incidiendo sobre el factor del trabajo.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el grupo de Izquierda
Unida tiene la palabra, en el orden en que estimen conveniente, el
señor Ríos y el señor Vaquero.

El señor RÍOS MARTÍNEZ: Cuando discutimos el articulado de la ley, la
primera reflexión es si deberíamos discutirlo antes o después de las
secciones. Para fija las cuantías parece lógico que empecemos por la
discusión del articulado de la ley, pero este título VII, entes
territoriales, entre directamente en la sección 32, entes
territoriales, y en la sección 33, Fondo de Compensación
Interterritorial. Por tanto, señor presidente, entienda que va a
haber una argumentación reiterativa en el cuerpo del debate, tanto en
el capítulo I, financiación de las corporaciones locales, como en el
capítulo II, financiación de las comunidades autónomas. La
argumentación de peso va acompañada de estas enmiendas y de la
discusión de esas dos grandes secciones. Aunque parezca reiterativo,
repito, nosotros encontramos en la discusión de los entes
territoriales dos grandes defectos. Por un lado están los grandes
anuncios, los grandes fortalecimientos de la legislatura y, por otro,
la concreción y la realidad de esos éxitos que se anunciaron. No
estamos en una legislatura de fortalecimiento de la vida local y de
la vida municipal. Por eso hemos presentado enmiendas tanto al
articulado de la ley como a la sección, para incrementar las
transferencias y la participación en los ingresos del Estado de las
corporaciones locales. Municipalizar el poder pasa por dar mayor
volumen de competencias, mayor volumen de recursos, mayor
participación y protagonismo a los municipios de los que tienen hoy
en día. Es verdad que no todo debe venir del Estado, sino que en
parte debe venir de las comunidades autónomas. Por eso hacía
referencia a que tanto en las corporaciones locales como en las
comunidades autónomas el Gobierno es prisionero de un momento
coyuntural, que fue la investidura, y no ha logrado un diseño, un
encuentro y un diálogo que de verdad dé el impulso constitucional que
debe tener la organización del Estado y el protagonismo de las tres
administraciones del Estado, que son las tres patas de ese nuevo
concepto más autonómico, con mayor capacidad de autogobierno y más
cerca de los ciudadanos. Nuestra filosofía en la dicusiones es
precisamente que ese pacto coyuntural ha ocultado la necesidad de
hacer concitar un consenso más amplio de desarrollo constitucional,
de impulso constitucional, que nos hubiera dado un mayor protagonismo
local y un sistema de financiación autonómica acorde con el modelo de
Estado que estamos poniendo en marcha.

Las enmiendas de Izquierda Unida van dirigidas en el sentido de que
el fortalecimiento local y el de las comunidades autónomas debe tener
un mínimo de estabilidad, sea cual sea la coyuntura del Gobierno. Las
enmiendas 490 y 491 van dirigidas a que la aportación de los tributos
del Estado a los municipios se haga en el mismo porcentaje que a las
comunidades autónomas. No sabemos por qué el anticipo mensual que se
da a las corporaciones locales es del 95 por ciento y el que se da a
las comunidades autónomas es del 98 por ciento. Lo que proponemos es
que haya un tratamiento similar.

La enmienda 489 hace referencia a lo que ha sido la gran discusión
que hemos tenido en los últimos tiempos respecto al criterio de
población que debe adoptarse a la hora de actuar en la participación
en los ingresos del Estado. Nosotros proponemos añadir en el artículo
setenta un número 6 que diga: «En cualquier caso, para el cálculo de
la distribución se tomará la población de derecho vigente a



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1 de enero de 1999», y esto a través de las cifras oficiales que
están aprobadas por el Gobierno con fecha del año 1997 -por tanto el
censo de 1996 actualizado a 1997- que serían notablemente diferentes
a las que se están utilizando ahora mismo, que por desgracia son muy
anteriores. Esto ha llevado al Gobierno incluso a reclamar parte del
dinero que dio de participación en los ingresos del Estado a una
serie de municipios. Aproximadamente unos 4.000 municipios han
recibido la reclamación de la Admnistración central por un monto en
torno a 5.000 millones. Ya sé que están negociando y que terminarán
con un acuerdo más o menos diferente.

Las enmiendas siguientes, que hacen referencia a la financiación de
las comunidades autónomas, van dirigidas todas ellas a la misma
filosofía del capítulo II, la de que se produzca una revisión de los
porcentajes de participación de las comunidades autónomas para el
quinquenio 1997/2001, teniendo en cuenta el criterio de población
para ese año, para el que estaba en vigor en el año 1997, y no para
el que estaba vigor en el año 1991, que hacía referencia al censo de
1988. La portavoz del Grupo Socialista, doña Amparo Rubiales, se
refirió al número de habitantes andaluces que no son tenidos en
cuenta, pero -ojo- el que no los tenga en cuenta el Gobierno no
quiere decir que no existan y que la comunidad autónoma no tanga que
darles servicios; servicios tan importantes, en el caso andaluz, como
la educación o servicios más amplios que los que puedan tener otras
comunidades. Exactamente lo mismo pasa con los 100.000 murcianos que
no existen para el Gobierno central puesto que la Comunidad Autónoma
de Murcia ha crecido en 100.000 habitantes; o con los valencianos que
han crecido en 120.000 habitantes con respecto al censo del año 1991.

Se nos puede decir que los criterios de distribución y los
porcentajes de aplicación son diferentes en nuestra discusión y en la
negociación que en un momento determinado se tuvo, que pudo haber un
criterio de población compensado o acompañado con otros elementos,
pero que las variables pueden ser diferentes. Las variables pueden
ser las que sean: de distribución territorial, de diseminación
territorial o de nivelación de un servicio, pero la verdad es que hay
una población que hay que tener en cuenta, nos guste o no nos guste.

Quizá las comunidades que hayan bajado en población tienen una visión
diferente, pero creo que la grandeza de un modelo de Estado no está
en esa racanería de la discusión puntual en un momento determinado.

Vamos a votar a favor las enmiendas que presenta el Grupo Socialista,
de las que cuatro inciden en que el modelo de financiación pactado
entre unas comunidades se ve permanentemente como una losa en las que
no lo han aceptado, provoca que mientras en unas se tiene en cuenta
el ITAE para fijar el criterio de crecimiento de financiación a otras
se les aplica el PIB nominal que funcionaba antes. Como no se ha
negociado un nuevo criterio les aplicamos el viejo. Eso está bien,
pero los criterios no pueden ser tan dispares según los casos. Tengan
en cuenta que el ITAE crece en torno a un 12 por ciento, mientras el
PIB crece en torno a un 6 por ciento; el 6,5 el año pasado y el
próximo parece que sólo el 6 por ciento. Lo que está diciendo el PIB
nominal es que le castigamos. Todos los años le recuerdan desde los
presupuestos generales que lo tienen castigado:
Hasta que no te avengas a ponerte de acuerdo conmigo, te castigo.

Pues no parece razonable. Por eso hemos propuesto estas enmiendas que
van desde la 492 hasta la 497, para que en la distribución se tenga
en cuenta el criterio de población, tanto cuando hablemos del
porcentaje de participación de las comunidades que están incorporadas
al sistema de financiación 1997/2001 como para las que no lo están,
como cuando hablamos del anticipo a los créditos definitivos, que se
fija un porcentaje regulado cuando es un porcentaje definitivo de
participación o anticipo, como cuando hablamos de las comunidades que
se han quedado fuera o de las comunidades que pudiéramos tener con
liquidación definitiva por la participación en los ingresos del
Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Termino, señor presidente, refiriéndome, en relación con los entes
territoriales, a cuatro disposiciones adicionales (después no
consumiremos ese tiempo en la discusión de las disposiciones
adicionales) relativas a estos temas y que nosotros preferimos
discutir aquí en lugar de en la disposición adicional concreta. La
enmienda 498 hace referencia al Fondo de Compensación. Queremos que
todas las comunidades que en el año 1989 perdieron 10.000 millones
-Cataluña ya los ha recibido y Valencia los va a recibir mañana- los
puedan percibir.

La enmienda 519 se refiere al Fondo de nivelación, y es una cosa muy
sencilla. En el año 1997 había 10.000 millones de pesetas. ¿Se han
perdido o se acumulan? En el año 1998 había 12.000 millones. ¿Se han
perdido o se acumulan? Lo que propone la enmienda es precisamente que
todos esos créditos que el Gobierno no ha distribuido se acumulen
para que se distribuyan según los criterios que se puedan negociar
dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder llegar
a esa realidad.

Otra enmienda hace referencia a la deuda histórica que las
comunidades de Andalucía y Extremadura deberían haber recibido si no
se hubiese visto truncada en el año 1996 en una cierta cuantía.

Nosotros proponemos 51.000 millones de pesetas para una y 47.500 para
la otra, aunque nada tiene que ver con el artículo 15 de la Lofca.

Son previos y recogen las disposiciones adicionales que los estatutos
de autonomía establecían para estas comunidades en función de las
competencias que en el momento originario podían tener.

Por último, quiero hacer referencia a los planes de empleo rural, la
posibilidad de destinar la prestación del seguro agrario y para un
acuerdo de empleo rural a las comunidades que puedan recibirlo a
través de convenios del Inem y de las corporaciones locales. Nosotros
proponemos 40.000 millones para Andalucía y 4.500 para Extremadura.

También proponemos una enmienda genérica para otras comunidades que
puedan recibir esos fondos de ayuda rural para evitar pérdidas de
empleo y calidad de vida en estas comunidades con fuerte actuación
agraria y desarrollo rural que pudieran verse afectadas por ello. En
suma, fomentar el empleo rural en todas las comunidades, a partir del
año 1999, con un crédito ampliable para las que no se han visto
beneficiadas, como Andalucía y Extremadura.




En todo caso, lo que estamos intentando es dirigir hacia los entes
territoriales mayores recursos de los que el Gobierno propone, porque
consideramos que el modelo de



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Estado debe funcionar de manera distinta a la bilateralidad
sistemática con la que hasta ahora el Gobierno ha venido funcionando.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Respecto al título VII, de las
cotizaciones sociales, Izquierda Unida presenta únicamente tres
enmiendas referidas a dos aspectos importantes que queremos que se
vean ratificados en esta Cámara, en la medida en que planteamos, por
un lado, en la enmienda 500 una modificación que consiste en
introducir un número 2 al artículo ochenta y ocho 6 para igualar las
cotizaciones de los trabajadores del mar, fundamentalmente de
aquellos trabajadores de la flota pesquera de bajura española, al
salario real, pues el criterio que se ha venido adoptando hasta
ahora, que es el de las bases fjas de cotización, significa una
discriminación de estos trabajadores que no tiene justificación
ninguna desde nuestro punto de vista.

Y junto a enmiendas que en paralelo han presentado otros grupos
parlamentarios de esta Cámara, pretendemos con las enmiendas 499 y
501 la modificación de un mismo aspecto que consiste en los tipos
aplicables a las horas extraordinarias. Nosotros entendemos que deben
modificarse al alza las cotizaciones de las horas extraordinarias,
precisamente para ir desincentivando la utilización de dichas horas
extraordinarias. Así, en aquellas horas de fuerza mayor, que vienen
contempladas en el artículo ochenta y ocho, apartado 2, punto 3, en
el guión 1, deberían contemplarse los tipos de las horas ordinarias y
no una disminución de dichos tipos, como aparece habitualmente a lo
largo de los Presupuestos Generales del Estado de estos años.

Respecto a la enmienda 501, aparecerían los tipos del resto de las
horas extraordinarias, que nosotros entendemos que deberían ser
incrementadas en un 175 por ciento respecto de las horas ordinarias,
para así ir desincentivando su utilización. Nosotros creemos que,
efectivamente, tiene sentido que para las horas que se realizan por
fuerza mayor se busquen compensaciones a los empresarios, pero no
deben ser compensaciones que impliquen ningún tipo de decremento de
los ingresos, de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social,
que, al mismo tiempo, generan una incentivación de la utilización de
las horas extraordinarias, justificándose como fuerza mayor tanto si
realmente responden a esta motivación como si no, y, lógicamente, me
estoy refiriendo a una incentivación indirecta de una cierta
picaresca empresarial a la hora de utilizar las horas
extraordinarias. Por tanto, nosotros entendemos que por uno y otro
motivo debería modificarse esto en el sentido que planteamos en
nuestras enmiendas.

La fortuna no nos ha acompañado a la hora de redactar estas dos
enmiendas, porque observo que aparece una referencia a unos epígrafes
del articulado de la ley que no se corresponden y, por tanto, allí
donde aparece artículo ochenta y ocho, apartado 2, punto 1 o punto 2
respectivamente, deberá aparecer artículo ochenta y ocho, apartado 2,
punto 3, guión 1 o guión 2, como debería ser si la referencia fuera
correcta. Por tanto, ruego que se tome nota, para la rectificación en
el «Diario de Sesiones».

El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, si nos lo puede dar por escrito,
será más fácil.

Tiene la palabra el señor Silva, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).




El señor SILVA SÁNCHEZ: La enmienda 1520 al artículo setenta y
cuatro, dentro del título VII, ha sido ya defendida por mi compañero
Francesc Homs al tratar de las enmiendas presentadas a los títulos V
y VI, con lo cual hago gracia a SS. SS. de la defensa de la misma.




El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) ha comunicado a la Mesa que da por defendidas sus
enmiendas.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, como a mí se me había
comunicado lo mismo, quiero dar por defendida la enmienda número 7,
del Grupo Parlamentario Vasco, al artículo ochenta y ocho del título
VIII en sus propios términos. Asimismo, intervengo para dar por
defendidas las enmiendas que han presentado a las títulos VII y VIII,
artículos setenta a ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y
nueve, diversos diputados del Grupo Parlamentario Mixto.

En segundo lugar, en concreto, quiero fijar posición y valorar de
forma positiva por parte de Unión Valenciana la enmienda 1520,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
al artículo setenta y cuatro. Esta enmienda hace referencia a la
compensación a los ayuntamientos por los beneficios fiscales
concedidos a personas físicas o jurídicas en los tributos locales.

Creo que es oportuna, coincide con una enmienda presentada por el
Grupo Socialista, que debatiremos después, a una disposición
adicional, y repito que esta enmienda del Gruupo Catalán al artículo
setenta y cuatro es de una gran importancia. Numerosos ayuntamientos
del Estado español, afectados porque discurren por sus términos
municipales algunas de las autopistas que por concesión hay en el
Estado español, han solicitado al Ministerio de Economía y Hacienda
que se les compense por esa merma en los ingresos que supone la
bonificación fiscal de que disfrutan las entidades concesionarias de
autopistas del Estado español de un 95 por ciento de la cuota del
Impuesto de Bienes Inmuebles aplicable a las autopistas de peaje. En
el caso concreto de la Comunidad Valenciana, por la que discurre de
norte a sur la autopista A-7, desde Vinaroz hasta Alicante,
prácticamente todos los ayuntamientos demandan de forma unánime que
se compense económicamente a los ayuntamientos en concepto de IBI por
esa merma en los ingresos, ya que las autopistas no hacen efectivo el
abono de ese tributo local fundamental para las arcas municipales.

Nosotros pensamos, y por eso apoyamos esta enmienda, que es necesario
y justo habilitar un crédito para compensar a los ayuntamientos por
unas cuantías que les corresponden; pensamos que puede paliar esa
disminución de ingresos que los ayuntamientos sufren por esa
bonificación del 95 por ciento en la cuota de IBI de que disfrutan
las autopistas de peaje y pensamos que se puede garantizar una
adecuada financiación de las haciendas locales, que necesitan esos
ingresos y recursos.




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Esta propuesta para conceder ingresos a las corporaciones locales y
garantizar esa autonomía financiera a los ayuntamientos es una
iniciativa muy importante, muy positiva y por eso vamos a dar nuestro
apoyo a la enmienda 1520 para que se compense a los ayuntamientos por
esos beneficios fiscales concedidos a personas jurídicas en este caso
en los tributos locales, como es el caso de los concesionarios de
autopistas, y que así reciban unos ingresos que de una manera no muy
adecuada ven mermados por esa bonificación del 95 por ciento a las
empresas concesionarias de autopistas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña Mercedes Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fijaré la posición del Grupo
Parlamentario Popular y defenderé las enmiendas que no se han
incorporado en el trámite de ponencia y que corresponderá votar
posteriormente en la tarde-noche de hoy.

El Grupo Parlamentario Popular presentó cuatro enmiendas al título
VII, y otra a la que quisiera hacer referencia, que se había
trasladado a la Mesa, pero que por error se había cosido al proyecto
de ley de medidas de acompañamiento, aunque forma parte del
articulado de la ley de presupuestos. En esta enmienda de adición,
que se refiere al título VII, capítulo I, se plantean; las reglas a
establecer, conforme al artículo setenta y uno para la liquidación
definitiva de la participación de los tributos del Estado
correspondiente a 1997 y los parámetros, conforme a los artículos
setenta y cuatro y setenta y cinco que operarán para la liquidación
definitiva de 1998.

A efecto de clarificar el trámite parlamentario y sobre todo las
votaciones, siempre complejas por lo abundantes, daríamos en
calificar esta enmienda como la 1404 bis para no distorsionar la
numeración de las enmiendas que forman parte de todo el trámite del
título VII.

Aparte de esta enmienda a que he hecho referencia, el Grupo
Parlamentario Popular, como decía, formula y defiende cuatro
enmiendas, concretamente la 1404, 1405, 1406 y 1407, que hacen
referencia respectivamente, a los artículos setenta, setenta y uno,
setenta y dos y setenta y ocho. Como SS.SS. saben y conocen
perfectamente, la redacción material y por tanto la presentación y
defensa de estas enmiendas se corresponde con un acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias respecto a un conjunto
de medidas para la reforma del sistema de financiación de las
entidades locales, establecido de acuerdo con la Ley de 28 de
diciembre de 1998 reguladora de las haciendas locales. Consecuencia
de este importante acuerdo, del que se beneficiarán sin duda los
ayuntamientos y, por tanto, los ciudadanos en las políticas y en las
demandas que les son más próximas, es la modificación de los
artículos setenta, setenta y uno y setenta y dos un proyecto ley de
Presupuestos Generales del Estado, circunstancia esta que aparecía a
su vez prevista en los artículos setenta, apartado dos, setenta y
uno, apartado cuatro, y setenta y dos, apartado uno de dicho proyecto
del ley.

Los artículos, en suma, señorías, se refieren en sus epígrafes
primero y segundo a los criterios para determinar la participación de
los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y
La Línea de la Concepción, así como para integrar las áreas
metropolitanas de Madrid y Barcelona en el marco de la nueva
redacción que ofrece la Ley de haciendas locales. En el epígrafe
tercero se establecen las diversas variables para la participación en
la nueva financiación que afectará a todos los ayuntamientos,
excluidos los de Madrid, Barcelona y La Línea, y que se refieren a
los parámetros del 70 por ciento en función del número de habitantes
de derecho de cada municipio, según lo establecido en el padrón de
habitantes de 31 de diciembre de 1999, el 25 por ciento, en razón al
esfuerzo fiscal medio de cada municipio y, finalmente, el 5 por
ciento restante, de acuerdo al número de unidades escolares. Se
establece igualmente una modificación en el apartado cuatro del
artículo setenta y uno, pero manteniendo en lo básico y en lo
sustancial el actual modelo de financiación, por tanto, en el marco
de la reforma de la Ley de régimen de las haciendas locales, y se
mantienen a su vez en el artículo setenta y uno los apartados cinco,
seis y siete, con los criterios rectores de participación en la
financiación referida a las entidades del País Vasco, Canarias,
Navarra, Ceuta y Melilla. En es artículo setenta y dos, que hace
referencia a las entregas a cuenta de las participaciones en favor de
las corporaciones locales, se suprime la decimotercera entrega a
cuenta, a la que se refiere el artículo setenta y dos, apartado
cinco, y esta supresión, como SS.SS. saben, obedece igualmente a lo
acordado en el marco de la Federación Española de Municipios y
Provincias, acuerdo en el que se establece de forma taxativa que
tendrán las entregas a cuenta exclusivamente carácter mensual y que,
por tanto, se realizarán 12 a lo largo de cada año natural, y está
además la referencia que se hacía en el apartado cinco del artículo
setenta y dos.

Quiero también referirme de forma somera a algunas afirmaciones que
han realizado diversos portavoces parlamentarios, seguramente en
defensa de sus enmiendas, pero a la par, y de forma bastante intensa,
tratando de criticar la política del Gobierno en orden a la
financiación autonómica y a la financiación local, diciendo alguno de
los portavoces intervenientes que desde el Partido Popular y desde el
Gobierno de la nación se había roto el consenso articulado en torno
al modelo territorial de España; que se había procedido, seguían
diciendo algunos portavoces parlamentarios, a la ruptura del
consenso, y que ello obedece a que el actual Gobierno no tiene idea
de España y va dando tumbos desde que firmara en 1996 los pactos de
gobernabilidad.




Me parece que si lo que buscamos son titulares espectaculares
o afirmaciones rotundas que traten de alcanzar algún impacto
informativo, S.S. descubrirá si lo consigue o no. Si lo que prefiere
y quiere S.S. es articular un debate político serio y riguroso donde
se establezcan los antecedentes y, como consecuencia de los mismos,
se analice la situación actual de financiación autonómica, S.S. falta
a la verdad.

Saben SS.SS. que desde el Partido Popular y desde el Gobierno que
preside José María Aznar se ha hecho todo lo posible, todo lo que se
puede hacer en política para buscar un modelo de financiación
alrededor del consenso. Hay comunidades autonómicas que se han
separado del consenso de forma deliberada y premeditada, como saben
SS.SS., no por culpa del Gobierno de la nación no por el articulado



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del proyecto de ley de presupuestos, sino por esa separación, a mi
juicio sin sentido y estrictamente política, del modelo pactado por
la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Debe ser muy duro
presentarse ante los habitantes de la comunidad autónoma extremeña o
ante los de la andaluza planteando o presentando los datos económicos
que arrojan un resultado no tan favorable, desde luego, al que
hubieran alcanzado si hubiesen abrazado el modelo autonómico que se
ha pactado, insisto, por la inmensa mayoría de las comunidades
autonómicas en nuestro país, de aquellos polvos no vienen estos
lodos, sino que, a nuestro juicio, la irresponsabilidad política en
la que se instalaron algunas comunidades autónomas las lleva a una
situación, desde el punto de vista de recursos y de la política
financiera, difícil de defender y difícil de presentar y de articular
por parte de los gobiernos de las respectivas comunidades autónomas
que han presentado recursos de inconstitucionalidad y que se han
separado del modelo.

Decía la portavoz del Grupo Socialista que el actual modelo de
financiación autonómica es de dudosa constitucionalidad. Me llama la
atención que S.S. se instale en la dudosa constitucionalidad, y es
legítimo, cuando conviene a su discurso político, y cuando en otros
discursos y en otros debates políticos algunos invocamos la dudosa
constitucionalidad, siempre, de forma sistemática y reiterada, señala
que no corresponde a los grupos parlamentarios establecer esas
aseveraciones, sino que únicamente el Tribunal Constitucional es el
capaz y el legitimado en España para dictaminar acerca de la
constitucionalidad o no de las leyes.

Sabe S.S. que es perfectamente legítima la interposición de recursos
de inconstitucionalidad. Lo que a mi juicio no lleva es a la
afirmación de la dudosa constitucionalidad del modelo actual de
financiación autonómica. Se han hecho también afirmaciones tan
llamativas como que el Partido Popular no se atreve al consenso con
el Partido Socialista. Su señoría sabe que hay antecedentes sobrados
que acreditan el consenso de Partido Popular en materia autonómica de
la más variada índole y naturaleza. Por tanto, es una afirmación
absolutamente gratuita que no nos lleva a ninguna conclusión
constructiva ni, desde luego, fiable.

Hablaba también S.S. de una cesión grave y enfermiza, dependiendo de
los nacionalismos de forma exacervada. Me parece que tratar de
articular políticas desde el Parlamento de la nación, desde el
Congreso de los Diputados, en torno al consenso que nace de los
pactos y de los acuerdos de gobernabilidad que llevan al Partido
Popular a gobernar en España con el apoyo parlamentario que prestan
el PNV, Convergència i Unió y Coalición Canaria no es una práctica
política enfermiza. Es una práctica política legítima, deseable. Que
en un Parlamento se hagan votos en torno al consenso y al mayor
número posible de apoyos alrededor de los proyectos del Gobierno o de
las iniciativas de los grupos me parece que es el objetivo último que
se debe buscar y propiciar siempre desde la práctica y la política
parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

El portavoz de Izquierda Unida hacía afirmaciones, también al calor
de la defensa de sus propias enmiendas, censurando que el Gobierno
del Partido Popular tuviera
una asignatura pendiente, municipalizar el poder. Decía a renglón
seguido que se trataba de articular un mecanismo intermedio entre el
Estado y las comunidades autonómicas en relación al poder de los
ayuntamientos. El Pacto Local que ha articulado el actual Gobierno de
España, que apoya el Grupo Parlamentario Popular y la Federación
Española de Municipios y Provincias donde tienen cabida municipios
gobernados por todos los partidos políticos del arco parlamentario,
nos lleva a negar que la municipalización del poder sea una
asignatura pendiente del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular.

Al contrario, señoría, es un logro político innegable y un avance que
obedece a muchos años de penuria y atraso en lo que es la política
dentro de las corporaciones locales y que ningún Gobierno había dado
el impulso que actualmente se está dando con la modificación
importante de no pocos textos legales que se acompañará a lo que
damos en denominar el Pacto Local, con un grado de consenso innegable
en beneficio de ese poder municipal y de todos los ayuntamientos de
España.

Sus señorías mencionan en tono de crítica la dotación que aparece
clasificada en el artículo ochenta y siete del texto articulado que
hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. Hay varias
enmiendas que pretenden incrementar la partida global, el crédito
global que se imputa en 1999 con cargo al Fondo de Compensación
Interterritorial y que se desarrolla en el anexo correspondiente y se
refiere a todos aquellos proyectos que se financiarán con cargo al
citado fondo.

Quiero recordar a SS.SS., aunque sin duda está en la cabeza de todos,
que el Fondo de Compensación Interterritorial está regulado a través
de la Ley de 1990, de 26 de diciembre, en cuyo artículo 2.1 se
establecen los criterios para la determinación de la cuantía anual
del Fondo, fijándose una limitación como es que el Fondo nunca podrá
ser inferior al 30 por ciento respecto a la base de cálculo
constituida por la inversión pública.

Pues bien, no se puede decir que esté incumplido el tope que se
establece en el artículo 2.1 de la Ley de 1990, sino que está
rebasado ampliamente. Por tanto, a mi juicio debemos decir, con
satisfacción, que podemos establecer el porcentaje del Fondo en un
mínimo de 35 por ciento, en todo caso superior al 30 por ciento que
fija como limitación la ley y, en este sentido, figura en el artículo
ochenta y siete, apartado 2 del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, con el acuerdo que se logró a través de las
comunidades autónomas debido a que podemos establecer dicho
porcentaje en el 42,04722 por ciento. Por tanto, no sólo no se
incumple, sino que se dota adecuadamente y se da un crecimiento
importante y, si SS.SS. quieren hacer un aumento alzado, podemos
establecerlo en el 1,8 por ciento.

Dados los mecanismos de aplicación del Fondo de Compensación
Interterritorial y el incremento al que acabo de hacer referencia, el
Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar aquellas enmiendas que se
refieren al Fondo de Compensación Interterritorial y que están
articuladas alrededor del artículo ochenta y siete.

Las enmiendas que formulan otros grupos parlamentarios referidas
tanto a la financiación autonómica como a aspectos de la Ley de
haciendas locales, a la que finalmente haré mención, no van a tener
el apoyo de Grupo Parlamentario



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Popular. El tenor de las enmiendas que plantea el Grupo Socialista
por lo que a financiación autonómica se refiere, trata de trasladar a
la Cámara y, por tanto, al debate presupuestario, unas situaciones de
interinaje que se podían haber solventado de otra forma, con acuerdo
y con consenso, en vez de plantear enmiendas por parte del Grupo
Socialista de manera transitoria, seguramente para poder librar
discursos políticos en la comunidad autónoma andaluza y en la
comunidad autónoma extremeña.

Decía la portavoz socialista que no era necesario esperar a un
consenso político, que el consenso se conseguía si se apoyaban las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, pero con
todo respeto, e igualmente con toda la contundencia, quiero decir que
el planteamiento político me parece insólito. Ha habido una
negociación articulada en torno a las diversas comunidades
autonómicas que ha sido muy trabajada y trabajosa donde se han
articulado un sinnúmero de aspectos, de variables, de criterios para
la financiación, de parámetros para la liquidación, y me parece
sinceramente que no es ni el lugar ni el momento de decir que, si se
apoyan por parte del Grupo Parlamentario Popular las enmiendas
parciales con carácter de interinaje que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, podríamos hoy aquí llegar al consenso
político que se ha propiciado desde el Gobierno, y, en la medida de
los posible, desde nuestro grupo parlamentario.

Finalmente, me voy a referir, señor presidente, señorías, a una
enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), que está en sintonía con otra del Grupo Parlamentario
Socialista, aunque quiero recordar que no a este título sino a una
disposición adicional, sin embargo ambas enmiendas tienen denominador
común, hacen referencia al artículo 9 de la Ley de haciendas locales
y a la posible compensación en el impuesto de bienes inmuebles cuando
por determinados términos municipales pasan autopistas de peaje. Sus
señorías saben que el tema es complejo porque es verdad que la Ley
Reguladora de Haciendas Locales posibilita la compensación, pero no
es menos cierto que la propia ley establece también unos parámetros
temporales.

Por tanto, lo que puede decir en estos momentos, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, es que tanto la enmienda 1520, de Convergència
i Unió, como la 451, del Grupo Parlamentario Socialista, están siendo
objeto a lo largo de esta mañana y de esta tarde de un profundo
estudio que seguramente nos llevará a la formulación de una enmienda
transaccional, y tan pronto como la tengamos elaborada la
facilitaremos al resto de los grupos parlamentarios a efectos de que
puedan fijar con toda precisión su voto y su postura, para que como
digo, llegemos a una transición, toda vez que la enmienda inicial es
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Ese es el sentido de la votación, voto a favor de las enmiendas
presentadas por nuestro grupo parlamentario y rechazo de las
enmiendas formuladas por el resto de los grupos parlamentarios Mixto,
Partido Socialista e Izquierda Unida. (La señora Rubiales Torrejón
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No ha terminado su turno el Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Camps, supongo que para argumentar el
título VIII.




El señor CAMPS DEVESA: En efecto, con absoluta brevedad para fijar la
posición de mi grupo respecto a las enmiendas presentadas al título
VIII, que además en muchos casos son coincidencias entre los grupos,
y hacer una sola explicación de por qué mi grupo no aceptará ninguna
de ellas, que valdrá para todos los grupos proponientes de las
enmiendas, no sin hacer una especial mención de agradecimiento al
tono utilizado por los portavoces de los distintos grupos enmendantes
y que este portavoz espera se mantenga en la discusión de las
secciones 19 y 60, tan en íntima conexión con el contenido de las
enmiendas a las que he hecho referencia.

En primer lugar, hay una enmienda común entre el Grupo Socialista y
el Grupo de Izquierda Unida, respecto a fijar los tipos de cotización
adicional por horas extraordinarias en los mismos tipos que las
contingencias comunes. He de decir que comparto la preocupación de
ambos proponentes o enmendantes, aunque no la solución que quieren
darle.

Desde luego, debemos luchar contra el uso indebido de las horas
extraordinarias que se hagan por fuerza mayor para que no sirvan como
tapadera de horas extraordinarias que no tendrían cabida en ese
concepto sean utilizadas o sean calificadas como tales para evitar
con ello una mayor cotización. Sin embargo entendemos que hay que
mantener el criterio de no dificultar la posibilidad de que haya
situaciones, porque también las hay, especiales, indebidas, por causa
de fuerza mayor, en las que en ese momento se pueda contar con el
trabajo de las personas que, con experiencia en la empresa, estén
especialmente cualificadas para hacer frente a esa situación. Si
igualáramos el tratamiento de las horas extraordinarias que provienen
de causas ajenas a la voluntad del empresario, como serían éstas, con
el de las horas extraordinarias comunes, para entendernos, estaríamos
dándoles una misma consideración, que sería perjudicial, entendemos,
para las primeras, porque las primeras son de obligada realización
para una actividad industrial del tipo que sea y elevar el costa de
la hora, repito, puede perjudicar la actividad y el mantenimiento del
empleo.

También hay una coincidencia de enmiendas entre distintos grupos
respecto a la cotización al régimen especial de los trabajadores del
mar. Sus señorías han recordado que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado del año 1998 se extendió el sistema de
cotización por bases fijas, vigente hasta ese momento únicamente para
los trabajadores del grupo tercero, a los trabajadores del grupo
segundo, lo que se viene denominando en el argot trabajadores
retribuidos a la parte.

La implantación de dicho sistema obedeció a múltiples razones que
estoy seguro de que no escaparán a muchas de SS.SS.: ausencia de
medios que permitieran identificar de manera fiable las retribuciones
efectivamente percibidas; ausencia de uniformidad en las cotizaciones
efectuadas a lo largo del año por los interesados, provocando efectos
no queridos -alguna referencia se ha hecho por parte del enmendante
del Grupo Socialista- en el acceso a las prestaciones posteriores;
incumplimiento de la normativa



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vigente en aquel momento, según la cual procedía -también se ha
dicho- la cotización por salarios reales, pero que -posteriormente lo
diré- lo que traía consigo era justamente que se cotizara por
salarios muy inferiores a los reales, y también trajo consigo una
conflictividad dado el rechazo que se produjo por parte de las
cofradías de pescadores a este sistema de cotización.

El sistema de cotización por bases fija que se estableció en la Ley
65/1997 para los trabajadores del grupo segundo, al que he hecho
referencia, tendrá que valorarse o no adecuadamente cuando tengamos
un tiempo de vigencia que nos lo permita afirmar. Desde luego no se
hizo para chocar frontalmente con uno de los principios de Pacto de
Toledo, que era que las bases de cotización se acercaran a los
salarios reales, justamente por lo contrario, porque se estaba viendo
que existía un fraude, cuando la legislación obligaba a ello, que
producía que se cotizara por importes muy inferiores a los salarios
reales. Por ello entendemos que debemos esperar a ver cuál es el
mantenimiento de este nuevo régimen dispositivo para la materia y si
se adecua mejor a los principios del Pacto de Toledo porque, de no se
así y de presentarse disfunciones, mi grupo será el primero que
estará dispuesto a que las mismas se puedan modificar y arreglar,
siempre en beneficio de los trabajadores en situaciones determinadas.

Sobre ello también les llamo la atención porque saben SS.SS. que no
sólo la modificación de la cotización del régimen especial del mar,
sino la reforma en su conjunto de los regímenes especiales de la
Seguridad Social, son una recomendación también del Pacto de Toledo y
deben abordarse de una forma paulatina e ir precedidas de una
valoración de las disponibilidades financieras del sistema. El
momento actual -saben SS.SS. que incluso hay discrepancias sobre las
disposiciones financieras del sistema entre unos grupos y otros- no
aconsejaría que fuera el más adecuado para reabrir debates como el de
este tipo. Por eso estas enmiendas no van a tener acogida favorable
en este momento por parte de mi grupo.

Me gustaría referirme a la enmienda número 436 del Grupo
Parlamentario Socialista. Tal vez sea excesivamente didáctico en la
defensa de mis planteamientos, pero lo creo absolutamente necesario,
porque SS.SS. sabrán sin ninguna duda que la redacción inicial de la
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, establecía
que la prestación por desempleo del nivel contributivo se financiaría
mediante las cotizaciones de empresarios y trabajadores y la
prestación de nivel asistencial y las cotizaciones se financiarían
exclusivamente con cargo al Estado. Había un clara separación de
fuentes en las presentaciones que cubrían en ese momento el desempleo
en nuestro país, pero se modificó en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 1988, concretamente en la disposición adicional
decimoquinta, a propuesta del Gobierno socialista. Esa modificación,
con una nueva financiación de la protección por desempleo (que,
reitero, propició el propio Partido Socialista y que está vigente
desde aquella fecha hasta estos momentos), permite que la acción
protectora del sistema de desempleo en su conjunto se financie
indistintamente mediante la cotización por desempleo o mediante la
aportación del Estado.

Creemos que sería un retroceso volver a plantear, como dijo ya el
vicepresidente y ministro de Economía, un Pacto de Toledo en materia
de cotizaciones por desempleo, porque aquella modificación que en su
momento hicieron era adecuada -la vigencia se debe mantener en años
futuros también- y esa financiación de la acción protectora hay que
ponerla en relación, reitero, con el artículo 206 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, que ustedes conocen, que
claramente determina que la acción protectora frente al desempleo
comprende prestaciones de nivel contributivo y subsidios por
desempleo de nivel asistencial, así como también las cotizaciones
tanto de las presentaciones como de los subsidios que corresponden
a cada nivel de protección.

Además de esas presentaciones y cotizaciones -estoy seguro que no
estoy diciendo nada nuevo para SS.SS.-, el apartado 2 incluye también
las acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación
y reconversión profesional en favor de los trabajadores desempleados.

Por tanto, convengamos que ese artículo 206 incluye, tanto las
políticas pasivas de empleo, como las políticas activas de empleo, en
favor de los desempleados, en relación también con el artículo 223
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Todas
ellas tienen que venir financiadas mediante la cotización de
empresarios y trabajadores que, para la contingencia de desempleados,
se determina justamente en la ley que estamos discutiendo, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

En consecuencia, y en pura aplicación de la ley -reitero- que no
hicimos nosotros y que estamos aplicando, todos los ingresos del
sistema de protección por desempleo se deben destinar, y se destinan,
tanto a cubrir el gasto en rentas sustitutivas de los salarios
dejados de percibir mientras se busque un nuevo empleo, políticas
pasivas, si lo quiere entender así S.S., como a aplicar las medidas
que facilitan la reinserción laboral de los desempleados, políticas
activas. Como ustedes proponen en su enmienda una reducción de los
ingresos del sistema -porque al final su enmienda es una reducción de
los ingresos del sistema-, ello supone, a mi juicio y al de mi grupo
parlamentario, minorar el conjunto de la acción protectora por
desempleo y, además, reducir la solidaridad de los ocupados con los
desempleados. Yo siempre había entendido que el Grupo Parlamentario
Socialista estaba muy lejos de estos planteamientos. Hoy descubro,
con cierta sorpresa, que se está acercando a planteamientos de los
que, reitero, les presumía muy alejados, porque no creo que ustedes
estén por minorar la acción protectora del conjunto de las
cotizaciones por desempleo, ni tampoco estén por reducir la
solidaridad de los ocupados con los desempleados.

En segundo término, no coincido con la matización de la enmienda en
la que se penaliza la contratación temporal porque tampoco es así. Se
penaliza la contratación temporal tal y como el Gobierno ha regulado
el artículo ochenta y ocho en esta ley de presupuestos.

Consideramos que una rebaja generalizada del tipo de cotización por
desempleo de los contratos temporales (que no llega ni a un punto,
según su propia enmienda, y que incide en la cuota a cargo de las
empresas en sólo un 0,7, de ese 0,9, que es el que proponen ustedes)
no va a favorecer, como pretenden, la creación de empleo indefinido,



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puesto que en nada se parece el diseño de medidas como las vigentes
que sí han demostrado plenamente su eficacia y que suponen
bonificaciones considerables en la cotización a la Seguridad Social,
aplicadas no con carácter general, como pretende también su enmienda,
sino sobre grupos específicos de trabajadores con dificultades de
inserción en el mercado de trabajo que, además, deben ser los
destinatarios, porque la ley también lo dice así, de los programas de
fomento del empleo, conforme dictamina claramente el artículo 10 de
la Ley 51/1980.

Ustedes también conocen, como este portavoz, que las vías de diálogo
social están abiertas justamente revisando las políticas de empleo
activas y las políticas de empleo pasivas en todo un conjunto.

Convendría no adelantar propuestas normativas que estén relacionadas
justamente con ello y puedan condicionar, a priori, los posibles
acuerdos que se puedan adoptar en este marco.

Nosotros somos muy respetuosos con el diálogo social, que está dando
muy buenos frutos para los trabajadores y trabajadoras de este país,
y hacemos en llamamiento al resto de los grupos para que también así
lo sean y continuar en esa senda.

Por tanto, señores del Grupo Socialista, mediten sus propuestas. Tal
vez meditándolas un poco más a fondo lleguen al convencimiento de lo
erróneo de las mismas y permitan no volver a tener planteamientos que
reproduzcan debates como el que nos ocupa en este momento.

Por último, señor presidente, quiero hacer una mención muy específica
a una enmienda del grupo de Izquierda Unida, la número 501, que viene
a proporcionar también la elevación de la cotización al régimen
general de la Seguridad Social prácticamente al doble de su nivel
actual. No está el señor Vaquero, pero el señor Ríos, con el que
también lo he debatido en alguna ocasión, sabe que no podemos
compartirlo porque supondría incrementar, por una parte, la presión
fiscal a las empresas, lo que tendría múltiples efectos perjudiciales
para el sector empresarial y, por otra, significaría gravar el factor
trabajo, lo que afectaría al nivel de empleo y disminuiría la renta
disponible a los trabajadores. Por ello, esta enmienda tampoco puede
ser aceptada por mi grupo parlamentario.

Con esto doy por concluido el turno del Grupo Parlamentario Popular.

(La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, sabe usted que no hay segundo
turno.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, sé que no hay turno de
réplica, pero la diputada señora Fernández ha dicho que falto a la
verdad. Me parece que no debe quedar en el «Diario de Sesiones» la
expresión de que falto a la verdad y hago titulares de periódico. Yo
defiendo legítimamente las posiciones de mi grupo y ella puede o no
estar de acuerdo con las mismas, pero no acusarme de faltar a la
verdad. Esa es la razón por la que le pido que me deje, señor
presidente, que muy rápidamente le afirme que no falto a la verdad y
que no hago titulares de periódico. Quien hace titulares de periódico
es el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, don
Jorge Fernández Díaz, que ayer mismo en La Vanguardia de Barcelona
dice: El gobierno advierte a CiU que la nueva financiación será
pactada también con el PSOE. Añadiendo literalmente: explicó ayer que
el próximo sistema que se defina no puede quedar otra vez supeditado
a los rifirrafes partidistas y necesita de un gran acuerdo para
evitar su fragilidad, como ha ocurrido con el pacto suscrito en 1996
sobre la cesión del 30 por ciento del IRPF, con la presentación de 23
recursos de constitucionalidad promovidos precisamente por las
comunidades con gobiernos socialistas.

Simplemente le decía a la señora Fernández que era un buen momento
hacerlo hoy y no esperar al nuevo modelo de financiación. No
pretendía que se adhirieran a la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. La señora Fernández sabe que existe la transacción, que
existe el acuerdo, y el Grupo Parlamentario Socialista hoy aquí
también ha presentado una enmienda. Estamos dispuestos a llegar a un
acuerdo, pero simplemente decimos que no se debe seguir castigando a
las comunidades autónomas que no aceptaron el modelo por ese tipo de
razones. Esa es la posición que mi grupo defiende, y mi grupo no
falta a la verdad sino que formula legítimamente la opinión que cree
que tiene derecho a expresar públicamente. (La señora Fernández
González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Medio minuto.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Con toda brevedad, señor presidente.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no hace titulares pero
lee titulares, luego yo no andaba muy descaminada, porque la lectura
de prensa para ilustrar el trámite del debate presupuestario creo que
no es el procedimiento más habitual. Yo lo respeto, pero o hacemos
titulares o leemos titulares, luego no andábamos muy descaminados en
la afirmación.

Cuando yo decía que faltaba a la verdad, creo que pequé de prudencia,
porque la señora Rubiales en su discurso para la defensa de sus
enmiendas imputó al Gobierno de la nación y a este grupo
parlamentario que lo apoya calificativos absolutamente insólitos,
calificativos peyorativos y calificativos que no se ajustan a la
realidad.

No es S.S. quien tenga el termómetro para decir cuándo un
calificativo es político y cuándo no, cuándo a usted le conviene y
cuándo a usted le ofende. Decir que un gobierno va dando tumbos,
decir que un gobierno tiene una dependencia enfermiza de los
nacionalistas, decir que un gobierno quiebra el consenso y lo rompe
porque no tiene ni idea de España, a mí me parecen afirmaciones
muchísimo más tremendas que las que esta portavoz hizo a unas
enmiendas con carácter de interinidad que formula la señora Rubiales
para articular un discurso político en Andalucía y en Extremadura,
porque convendría decirles a los extremeños y a los andaluces quién
les hace perder dinero; yo creo que la respuesta es un crucigrama:
los socialistas.




El señor PRESIDENTE: No vamos a introducir nuevas discusiones que,
además, están alejadas de los títulos o del cometido de la Comisión.

Suspendemos la Comisión hasta las cuatro treinta enpunto, en que
empezaremos con las adicionales.




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Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Buenas tardes. Vamos a
continuar la discusión de las enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y los anexos.




Hay enmiendas presentadas por parte del Grupo Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Pérez Segura. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)



El señor PÉREZ SEGURA: Voy a exponer la posición de nuestro grupo en
relación con el conjunto de las enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales por el Grupo Socialista.

Sería prolijo entrar en todas, ya que lo heterogéneo de su
composición no nos permite abundar demasiado en ellas. Con el permiso
de la Mesa, quisiera que otros compañeros de nuestro grupo tomaran la
palabra para hacer alguna matización. Por mi parte, desearía hacer
hincapié en la petición que ha hecho nuestro grupo a la Mesa en el
sentido de que estas enmiendas se puedan votar al final de toda la
discusión, incluso de las secciones, porque algunas de estas
enmiendas adicionales ya se han tratado por alguno de los
intervinientes de mi grupo, en concordancia con los artículos y otras
se van a tratar también en concordancia con las secciones. Nuestro
grupo quiere trasladar el debate de la disposición adicional nueva,
en relación con la aplicación de unos remanentes de crédito
provenientes del Real Decreto 12/1998, a la sección 17 y hacer
también hincapié en que desde primera hora de la mañana estamos
pendientes de saber la posición del Grupo Popular en relación con
dos: una, relativa a la Oficina Presupuestaria y, la otra, respecto
a la Oficina Nacional de Auditoría.

Quisiera resaltar de este conjunto de enmiendas la que se refiere a
la compensación de los beneficios fiscales de las autopistas de
peaje, no en el sentido de compensación estricta a partir de este
momento a los ayuntamientos, sino en cuanto a los períodos atrasados,
sujetos ya en alguno de los tramos a sentencias judiciales, que
obligan a las autopistas a indemnizar a los ayuntamientos. Esta
comisión puede ser el trámite adecuado para que se culmine un anhelo
de los ayuntamientos de nuestro país y del ex diputado don Jaime
Antich i Balada, que puso el empeño de nuestro grupo para que fuese
realidad esta compensación de esos beneficios fiscales a los
ayuntamientos afectados.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas, con el anuncio de que
la posición de nuestro grupo, con carácter general, será de voto
positivo a las presentadas por Izquierda Unida y algunas del Grupo
Mixto y no me alargo más para que otros compañeros de grupo puedan
tomar la palabra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para continuar la intervención
del Grupo Parlamentario Socialista, doña Ana Leiva.




La señora LEIVA DÍAZ: Buenas tardes, señor presidente.




Voy a proceder a defender una única enmienda la número 438, la
disposición adicional octava del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado.

En las circunstancias presentes de caída de exportaciones y de
dificultad de los países importadores para adquirir productos, este
aumento permite una expansión de las exportaciones.

Nosotros proponemos que donde dice 550.000 millones diga 700.000.

¿Por qué? Porque es un apoyo a las economías en recuperación, con un
riesgo limitado y un efecto inmediato sobre ambas economías, al
aumentar los techo/país. Es una medida eficaz a corto plazo y
complementa la acción del Gobierno a medio y largo plazo de los
800.000 millones que está dispuesto a aportar y que recientemente
hemos aprobado en el Pleno de este Congreso de los Diputados, pero
cuyos efectos se percibirán mucho más tarde. Hay que usar, por lo
tanto, los instrumentos de política comercial del Estado. En la
disposición adicional undécima de los Presupuestos Generales del
Estado del año pasado figuraban 616.000 millones y en este proyecto
de ley se ha reducido la partida a 550.000 millones. En este momento
no parece adecuado reducir esta autorización para asumir riesgos por
cuenta del Estado, sino más bien todo lo contrario. Por eso el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda a la disposición
adicional octava.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra don Ángel Martínez
Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Voy a referirme a la enmienda 437,
relativa al interés legal del dinero e interés de demora y anuncio
que el grupo Parlamentario Socialista va a presentar una enmienda in
voce a la propia enmienda 437, en la que proponemos que el interés
legal del dinero sea del 3,5 por ciento en lugar del 3,75 y que el
interés del demora sea del 5,5 en lugar del 5,75 por ciento.

La Comisión de Economía, no hace mucho tiempo, adoptó el acuerdo, a
través de una proposición no de ley, de que el interés legal del
dinero quedara fijado, en la Ley de presupuestos, en función de la
evolución de las subastas decenales de regulación monetaria del Banco
de España. El proyecto que entró a finales de septiembre en las
Cortes hacía referencia a que el interés legal del dinero fuera del
4,25 por ciento y dos puntos más el interés de demora, es decir, el
6,25, en función de la fijación entonces del tipo legal del interés
del dinero surgido de las subastas decenales del Banco de España. Es
notorio que cuando nosotros presentamos esta enmienda el Banco de
España había reducido en 0,5 puntos este tipo de interés, pero
también es cierto que esta misma mañana lo ha vuelto a reducir un
0,25 por ciento. Con esta enmienda 437 se trata, en los términos en
que he hecho referencia a la enmienda in voce de que el interés legal
del dinero en los presupuestos del Estado sea del 3,5 por cinto y el
interés de demora del 5,5 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora don Pedro Antonio Ríos,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a defender las enmiendas de Izquierda
Unida que pretenden modificar la



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disposición adicional séptima y una serie de disposiciones
adicionales nuevas que no hemos defendido en los debates de esta
mañana en cada uno de los títulos correspondientes, puesto que hemos
defendido en entes territoriales las enmiendas números 519, 520, 521
y 522, y en los títulos I y II, en cuanto a la transparencia y
funcionamiento del presupuesto, los números 523, 524 y 525. Con
posterioridad a mi intervención, don Pedro Vaquero defenderá el
bloque de enmiendas que hace referencia en las disposiciones
adicionales a otras veintitrés del presupuesto.

Las enmiendas 503, 504 y 505 se refieren a una adecuación mejor, en
unos casos, y a una supresión en otro, de esta disposición adicional
decimoséptima, que es la asignación tributaria a fines religiosos y
otros. Es verdad que tenemos un acuerdo sobre asuntos económicos con
la Santa Sede que data del año 1979 y que debemos cumplir, pero no lo
es menos que este tratamiento choca con un Estado aconfesional, que
no está comprometido con una sola fe. Se refiere concretamente al
punto y aparte del punto segundo de esta disposición, que viene a
decir que una vez realizada mensualmente una aportación a cuenta,
cuando termine el ejercicio presupuestario del IRPF, en función de la
crucecita que cada español haya hecho en la declaración de la renta,
se hará una liquidación definitiva. Aquí hay una salvaguarda que hace
referencia a abonar a la Iglesia católica, si existiera, la
diferencia entre la aportación mensual y la definitiva, pero lo que
está pasando no es eso. Lo que está pasando es lo contrario: que en
los pagos a cuenta de cada mes damos mucho más dinero y luego no
reclamamos esa diferencia al hacer la liquidación definitiva. Es
decir, prevemos un pago mayor del que los españoles deciden con la
cruz que marcan libremente a la hora de elegir, diferencia que puede
estar situada en unos 2.000 ó 3.000 millones de pesetas dependiendo
de los ejercicios que he podido comprobar. Si el Gobierno ha pedido
una liquidación a los municipios, que ha estado negociándose hasta
ahora precisamente porque los pagos a cuenta habían sido superiores a
la valoración de la participación en los ingresos del Estado por
parte de la Administración central, no sé por qué no se aplica en
este caso el acuerdo que tenemos con la Santa Sede. Por eso
proponemos la supresión de ese apartado en el punto 2.

La enmienda 503 pretende una modificación técnica. Donde dice que el
porcentaje que se aplique será del 0,5239, deberá decir que será la
menor de las cantidades del 0,5239 por ciento o la cantidad del
ejercicio por su actualización semejante que hayan tenido los
funcionarios públicos.

Defendidas estas enmiendas, paso a aquellas que hacen referencia a
distintos sectores y que no han sido defendidas con anterioridad. En
primer lugar, la número 510 pretende añadir una disposición adicional
nueva para que el Gobierno adopte las medidas necesarias para llevar
a cabo lo aprobado por el Congreso de los Diputados en la Comisión de
Agricultura para apoyar al sector algodonero nacional ante la Unión
Europea. La idea es buscar la concreción de un fondo especial para
este sector que hemos decidido defender por unanimidad en el Congreso
de los Diputados.

La enmienda 511 hace referencia al hospital de Arriondas para que,
una vez sea transferido a la Administración central, el Estado se
encargue de su gestión y se adopten
las medidas para que esta homologación pueda ejecutarse en función de
lo que está negociando ahora el Gobierno.

Las enmiendas números 512, 513 y 514 hacen referencia a la acción en
educación. Por un lado, pretendemos que el Ministerio firme un
convenio por 1.500 millones para actividades extraescolares con
distintos ayuntamientos de nuestro país y, por otro, que el Gobierno
cumpla con su obligación y desarrolle la Logse desde el propio
presupuesto y no a través de convenios. Ahora mismo hay convenios
firmados con 5 comunidades autónomas: Madrid, La Rioja, Aragón,
Murcia y Baleares que significan una inversión con dinero de las
comunidades autónomas en obligaciones que son del Estado. Proponemos
un fondo adicional de 88.000 millones de pesetas para que el traspaso
de las competencias de educación a estas comunidades autónomas en
educación no obligatoria se haga con un grado de desarrollo de la
Logse que supere las notables desigualdades territoriales que ahora
existen en el ámbito educativo.

Pretendemos que esa implantación generalizada de la Logse esté
culminada en el año 2002, para lo cual se habilitaría este fondo de
compensación especial que regulamos en las enmiendas 513 y 514.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Pedro Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Intervengo para defender siete enmiendas.

La primera de ellas, la número 502, pretende la modificación de la
disposición adicional decimosexta en el sentido de que los planes de
formación continua que se contienen en la partida correspondiente de
los Presupuestos Generales del Estado sean negociados con los
sindicatos y con las comunidades autónomas. Proponemos añadir a dicha
disposición adicional las palabras «y con las comunidades autónomas»,
después de la referencia a los sindicatos. Se trata, por tanto, de
facilitar la subsidiariedad administrativa y la práctica de las
competencias transferidas a las distintas comunidades autónomas que
las tengan, en esta tarea de la formación profesional ocupacional,
continua en este caso.

Con las restantes 6 enmiendas nuevas, de adición, que voy a defender
pretendemos introducir distintos elementos que consideramos de gran
importancia y que no han sido tenidos en cuenta en estos Presupuestos
Generales del Estado. Las primera de ellas, la número 506, pretende
que, en el plazo de seis meses, el Gobierno remita al Parlamento un
proyecto de ley sobre creación de empleo y reparto del trabajo en el
sector público que recogería determinados aspectos, como son la
definición de las necesidades reales de personal en la Función
pública; la planificación de las ofertas de empleo público, en cuatro
años en función de dichas necesidades; la disminución de la jornada
semanal a 35 horas, sin reducción salarial; y, finalmente, la
eliminación de horas extraordinarias. Todo ello con el fin de crear
nuevos puestos de trabajo, bien sea incrementando el empleo público o
aumentando la contratación de servicios con la iniciativa social. Es
algo necesario a efectos de que la Función pública no sea algo cada
vez más residual, sino que contribuya y coopere como un agente
potente y bien dotado de recursos al objetivo número uno del Estado y
a la solución de la preocupación número uno de nuestros ciudadanos,



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que es la creación de empleo por la vía del reparto de trabajo.

En la enmienda 507 proponemos una nueva disposición adicional que
pretende que, en el plazo de seis meses, el Gobierno apruebe, a
propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, la relación de
puestos de trabajo de altos cargos, en coherencia con otra enmienda
al articulado de la ley de Presupuestos Generales del Estado y que
esta mañana comentábamos, estableciendo en esa relación de puestos de
trabajo los complementos específicos de cada puesto en función de la
responsabilidad y de la especial dificultad o peligrosidad que
comporte a su desempeño. Solamente así se puede evitar la
aleatoriedad de estos puestos de trabajo, que hoy comprobamos están
produciendo una profunda distorsión en una Función pública que debe
tener un modelo profesionalizado y objetivado.

La enmienda 508 propone una nueva disposición adicional para evitar
las interpretaciones que se producen con respecto al artículo 357.3
de la Ley Orgánica 6/1985, según redacción de la Ley Orgánica 16/
1994, en el sentido de que el plazo máximo de permanencia en la
situación de excedencia voluntaria por interés particular de los
oficiales, agentes y auxiliares de la Administración de justicia esté
en función de la costumbre o de distintas formas consuetudinarias de
interpretar dichos artículos, ya que se produce una situación curiosa
en la Administración de justicia y es que coexisten hasta tres plazos
distintos en la excedencia voluntaria. Por un lado, sin límite, el
general de los funcionarios; por otro lado, quince años para jueces,
magistrados, secretarios, forenses; y, por otro, 10 años para
auxiliares, oficiales y agentes. Pretendemos homogeneizar la
interpretación en el sentido de que para los auxiliares, oficiales y
agentes se entienda que el plazo establecido es el de los quince años
de que gozan ya algunos titulares de distintos puestos de relevancia
de la Administración de justicia.

La enmienda número 509 pretende añadir otra disposición adicional
nueva por la que el Gobierno habilitaría un fondo de 700 millones de
pesetas a gestionar por la Dirección y Servicios Generales de la
Seguridad Social y Protección Social, para poner en marcha los
acuerdos que se adopten en el seno de la comisión para el estudio y
evaluación de la oficialidad del lenguaje de signos, aprobada por
unanimidad en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura y
que requerirá la respectiva dotación presupuestaría.




La enmienda número 515 propone la creación de una disposición
adicional cuyo título sería: «Mejora del poder adquisitivo de las
pensiones en 1999», con la que se pretende que aquellas pensiones
menores al correspondiente salario mínimo interprofesional suban más
que el IPC previsto, para así irlas equiparando al salario mínimo
interprofesional en el transcurso de la legislatura, excepción que se
hace a la regla general de que todas las pensiones suban el IPC
previsto, como ya hemos visto en el debate de esta mañana.

Finalmente, en la enmienda número 516 se crea una nueva disposición
adicional no menos significativa en la medida en que aborda la
revalorización autonómica de las pensiones. Proponemos una nueva
redacción del artículo 48.3 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, elemento que ha sido muy debatido en esta
legislatura
y que nosotros pretendemos resolver diciendo que si el IPC
previsto para un ejercicio y en función del cual se practicó la
revalorización resultase superior al realmente producido en el
período de cálculo descrito en el apartado anterior, del presupuesto
de la Seguridad Social del ejercicio posterior se destinaría una
cuantía económica equivalente a la ganancia de poder adquisitivo
alcanzado por los pensionistas en el ejercicio precedente al objeto
de mejorar todas las pensiones contributivas que sean inferiores al
salario mínimo interprofesional hasta su equiparación.

Este debería ser el mecanismo para resolver este tema. Se trata de
que la Hacienda pública no enjugue aquellas cantidades que resulten
de la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto, sino que los
pensionistas se beneficien pero, claro está, no todos sino
precisamente aquellos que más lo necesitan, aquellos cuyas pensiones
sean inferiores al salario mínimo interprofesional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Si me lo permite, voy a repartir mi
intervención con mi compañero diputado señor Silva, toda vez que son
muchas las disposiciones que hay en el articulado de la ley.

Quisiera hacer referencia a las enmiendas que mantenemos en este
articulado y disposiciones relativas al CDTI. Señorías, ¿qué
proponemos en las enmiendas números 1521 y 1522? Al leer la ley de
presupuestos hemos observado que en la disposición adicional séptima
se ha incorporado una novedad: se faculta a Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para modificar el tipo de interés
nominal de los préstamos que fueron concedidos directamente por el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y que se
encuentren en período de amortización. Es una habilitación al
Gobierno, concretamente al Ministerio de Agricultura, para adaptar
ajustar los tipos de interés de los créditos concedidos por el Iryda
al marco hoy existente de rebaja progresiva de los tipos de interés,
que, como saben SS.SS., es tan positivo en estos momentos. Las
enmiendas que presentamos pretenden nada más y ni nada menos que
priorizar esta facultad al Gobierno en el ámbito de la investigación
y desarrollo, es decir, facultar al Ministerio de Industria para que
el CDTI pueda también revisar aquellos préstamos que están todavía
hoy pendientes de amortizaciones, porque la finalidad de esos
créditos, que es fomentar la investigación y el desarrollo, se
justifica con la política general de progresiva reducción de los
tipos de interés. Señorías, mantenemos una incongruencia. Por un
lado, el Gobierno -y mi grupo apoya esa decisión- está potenciando
todas las líneas de crédito para I + D en España y la actuación del
CDTI, pero, por otro, vamos arrastrando créditos y préstamos de años
anteriores, que se concedieron en su día con unos tipos de interés
muy elevados y que hoy han quedado totalmente desfasados. Con estas
enmiendas estamos, pues, dándole una habilitación legal al CDTI para
revisar estos expedientes y adaptarlos y adecuarlos al actual momento
financiero.

La enmienda número 1523 tiene por finalidad revisar elrégimen de
retenciones aplicables a activos financieros



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derivados de las emisiones que hacen las autoridades autonómicas
y que se negocian en la central de anotaciones. La deuda pública que
emiten las comunidades autónomas están sometidas a retención, en
cambio, la que emite la Administración del Estado no lo está.

Deberíamos revisar este extremo y homologar las emisiones de deuda
del Estado y la de las comunidades autónomas. Esta es la finalidad de
la enmienda. No obstante, señorías, si el Grupo Parlamentario Popular
comparte -voy a estar atento a su intervención- que no procede
hacerlo por ley porque probablemente no sea el rango que se requiere
para hacer una modificación de esta naturaleza, creo que un decreto
es suficiente para revisar y adaptar el régimen de retenciones
aplicables a los activos financieros, pero nos gustaría conocer su
opinión al respecto y, si la intervención del Grupo Popular es
abordar esa revisión en un desarrollo reglamentario, nuestro grupo
retiraría con mucho gusto esta enmienda. Nada más.

La enmienda número 1524 hace referencia al Inserso. Es quizá la más
significativa de las pocas enmiendas que mantenemos en esta discusión
de la ley de presupuestos. Viene a plantear el sistema de
financiación de los servicios asistenciales transferidos por el
Inserso a todas las comunidades autónomas. ¿Qué ha sucedido con este
proceso? Que las 15 comunidades autónomas que tiene España han ido
progresivamente asumiendo las competencias correspondientes en
materia de servicios asistenciales y sociales y el Inserso, al
transferir esas competencias, ha incorporado modificaciones
progresivas hasta llegar al punto de que hoy tenemos un mosaico de 15
marcos distintos de financiación de los servicios asistenciales
transferidos por el Inserso a las comunidades autónomas. Este modelo
heterogéneo que hoy existe requiere una revisión y solicitamos en
esta enmienda iniciar en el ejercicio 1999 una revisión del marco
correspondiente a estos servicios transferidos. ¿Cuál es el
procedimiento? Que las comisiones mixtas procedan a normalizar ese
heterogéneo sistema de financiación de los servicios asistenciales
transferidos a las comunidades autónomas por el Inserso utilizando
como criterio objetivo el de la población protegida. Nosotros creemos
que el criterio que debe regir esta revisión es el de la población
protegida. Este es el punto de referencia a partir del cual debería
adaptarse este nuevo modelo que proponemos.

La enmienda número 1526 propone una habilitación legal al Instituto
de Crédito Oficial para que pueda proceder a las correspondientes
autorizaciones mediante convenio y delegación a otras entidades
oficiales de crédito de las comunidades autónomas para que puedan
actuar por delegación del Instituto de Crédito Oficial. Se trata de
equiparar esta entidad, en lo relativo a la aplicación del estatuto
jurídico del ICO, a las entidades que en el ámbito de las distintas
comunidades autónomas desarrollan funciones de ejecución y de
actuación de la política de crédito público de las mismas. En el
propio estatuto del ICO se referencian las entidades de crédito
oficial que pueden asumir esas funciones. Creemos que también podrían
incorporarse los entes públicos de esta misma naturaleza de las
comunidades autónomas.

Termino, señor presidente, haciendo una puntual referencia a la
enmienda número 1568, enmienda que tiene por finalidad introducir
unas modificaciones en la Ley
39/1989, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

¿Para qué, señorías? Pues, simplemente, para reconocer la
habilitación y la autorización que se hace hoy en el artículo 78.3 de
la Ley de Haciendas Locales en el sentido de que se puedan ceder o
delegar fórmulas de colaboración con los ayuntamientos y con las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares en ámbitos
como la inspección catastral o la aplicación de las cuotas
municipales o impuestos como el IBI o el IAE, y que las actuales
fórmulas de delegación sean extensibles a otras entidades locales
reconocidas por las leyes. Es decir, que si en España hay alguna ley
que reconoce alguna otra fórmula de entidad local -como es
concretamente el caso de las comarcas, que tienen personalidad
jurídica y habilitación legal porque están reconocidas así por las
leyes-, puedan también asumir funciones de delegación o de
colaboración en estas actividades de inspección o de aplicación de
los impuestos municipales.

Señor presidente, éstas son las enmiendas puntuales que yo quería
defender y, con su permiso, cedo la palabra a mi compañero diputado
el señor Silva, para que defienda las restantes.




El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervengo para defender cuatro enmiendas a
la disposiciones adicionales y finales. La primera es la número 1525,
que propone la creación, por convenio entre la Administración del
Estado y la comunidad autónoma correspondiente, de un organismo de
naturaleza consorcial, que sería el tribunal económico administrativo
de la comunidad autónoma, que debiera encargarse de resolver las
reclamaciones económico-administrativas planteadas, tanto contra
aquellos actos de los órganos de gestión, inspección y recaudación
del Estado como de los de las comunidades autónomas, abriendo al
mismo tiempo la puerta a que pueda resolver las reclamaciones que se
formulen en materia de tributación local. Es una enmienda muy querida
-por así decirlo- por mi grupo, que ya la planteó en su día al
proyecto de ley del estatuto de los derechos y garantías de los
contribuyentes. En aquellos momentos se nos dijo que quizá pudiera
incluirse en la reforma del IRPF y, finalmente, acabamos conviniendo
su introducción en una disposición adicional de los Presupuestos
Generales del Estado. Las razones para prever la creación de este
organismo de naturaleza consorcial son múltiples. En primer lugar,
una potenciación de las vías previas, que puede significar una
importante reducción de la litigiosidad -y, por lo tanto, de los
contencioso-administrativos- ante los órganos de esa jurisdicción.

Esta formulación que efectuamos en la enmienda potencia la
independencia de los tribunales económico-administrativos al no estar
integrados ni en la Administración del Estado ni en la Administración
de la comunidad autónoma. Por lo demás, se produce un efecto de
economía de escala: un solo organismo resolvería reclamaciones, tanto
del Estado como de la comunidad autónoma, a diferencia de lo que
ocurre en estos momentos en los que estas reclamaciones son
resueltas, por un lado, por los tribunales económico-administrativos
regionales y, por otro, por organismo de la naturaleza que, por
ejemplo, tiene



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en Cataluña la Junta de Finanzas. Y ni qué decir tiene la ventaja que
representa para el administrado, y en este caso para el
contribuyente, poder residenciar sus reclamaciones en un solo
organismo, sin tener que andarse con peregrinajes ni vademécum para
ver ante qué órgano ha de plantear una reclamación en materia
tributaria. En última instancia, se trataría de una manifestación de
eso que es tan querido por alguno de los grupos de esta Cámara,
denominada federalismo de cooperación. Entendemos que, en la medida
en que además se condiciona su eficacia a la previa aprobación de
convenio entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente, es
una enmienda que debiera ser asumida por el resto de los grupos.

La enmienda 1527 pretende, pura y simplemente, la ejecución de lo que
se dispone en la Ley de cooperación al desarrollo que hemos aprobado
hace pocos meses. En el segundo párrafo de la disposición adicional
primera de esta Ley se indica que, junto a los Presupuestos Generales
del Estado, el Gobierno elaborará un informe que recoja de manera
integrada los créditos de los distintos ministerios y organismos
públicos destinados a financiar programas de ayuda oficial al
desarrollo. No vamos a analizar ahora si este adverbio de lugar es lo
que más procedía en esta disposición adicional o no, pero desde luego
el sentido de la disposición es que se acompañe a los Presupuestos
Generales del Estado o, al menos, se apruebe simultáneamente con el
proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado este informe
que recoja de manera integrada los créditos a los que he hecho
referencia. Es posible que, precisamente porque hace escasos meses
que se ha aprobado el proyecto de ley de cooperación internacional al
desarrollo, el Gobierno no haya tenido tiempo para efectuar el
informe y también es posible que, por ser la primera vez, cueste más.

En cualquier caso, el plazo de tres meses que se le ofrece en la
enmienda que presentamos parece más que suficiente; si así no lo
fuese, estaríamos dispuestos, obviamente, a aceptar la transaccional
que se nos ofreciese por cualquiera de los grupos.

Finalmente, las enmiendas números 1534 y 1535 pretenden la
incorporación de remanentes de crédito. En un caso se trata de un
crédito concreto que corresponde a la Generalitat de Cataluña, en
concepto de obras de infraestructura ferroviaria, de acuerdo con un
convenio suscrito por el Estado con el fin de permitir la
incorporación del remanente de ese crédito a los créditos de 1999 y,
en otro, -y con un carácter más genérico-, que puedan incorporarse
los remanentes de los créditos que financien expedientes de
expropiación en cursos. Como saben SS.SS., la expropiación no es
precisamente un procedimiento que pueda denominarse breve, ni
siquiera en los procedimientos de urgencia, y el período de un año,
incluso para la culminación de un procedimiento expropiatorio, sin
perjuicios de los recursos que pueden establecerse, parece
insuficiente. Por ello, con la finalidad de potenciar el esfuerzo
inversor del Estado -tal y como se establece precisamente en la
justificación de la enmienda-, se pretende evitar que se prohíba
incorporar al ejercicio de 1999 los remanentes procedentes de
créditos que financien expedientes de expropiación de 1998. Éstas son
las últimas cuatro enmiendas que presentamos a estas disposiciones,
solicitando el apoyo de sus señorías.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra don Jon Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZÁMIZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado
dos enmiendas a las disposiciones adicionales: la número 155, a la
disposición adicional decimosexta, y la número 156, a la disposición
adicional decimoctava. Por nuestra parte, las vamos a dar por
defendidas en los justos términos que figuran en dichas enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, doy por defendidas en
sus propios términos las diversas enmiendas presentadas por los
diputados integrados en el Grupo Parlamentario Mixto a las
disposiciones adicionales, disposiciones adicionales nuevas,
transitorias, finales y anexos, tal como aparecen justificadas en las
propias enmiendas.

Muy brevemente, paso a defender dos enmiendas presentadas por Unión
Valenciana, las números 98 y 101, y a fijar la posición respecto a
dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Parlamentario Popular, incluidas entre las disposiciones adicionales
nuevas. La primera de las enmiendas que defiendo en este trámite
parlamentario es la número 98, solicitando una nueva disposición
adicional que versaría sobre la petición al Gobierno para que, en el
plazo de tres meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, apruebe y remita al Congreso de
los Diputados un nuevo real decretoley por el cual se reconozcan las
indemnizaciones establecidas en el auto de 27 de febrero de 1998, de
la Audiencia Provincial de Valencia, como las únicas válidas para
todos los damnificados por la rotura de la presa de Tous, sobre todo,
para que puedan acogerse a ella aquellos damnificados -de un total de
28.000- que ya lo hicieron a los dos primeros convenios
transaccionales y que quedaron en una clara situación de indefensión,
de agravio y de discriminación. Y digo esto, aunque a alguno le pueda
parecer que el caso Tous está cerrado o en vías de solución, porque
aquí tengo un informe, elaborado por la propia Delegación del
Gobierno en la Comunidad Valenciana -avalado, por lo tanto, por el
Gobierno-, en el que se reconoce que, del total de 33.000
damnificados, 5.000 son los que, en última instancia -en virtud de
una sentencia del Tribunal Supremo, se está debatiendo en estos
momentos en esta Cámara un proyecto de ley para la concesión de un
crédito extraordinario para esos 5.000 damnificados-, quedan en una
clara situación de ventaja respecto a los 28.000 damnificados
restantes que se acogieron a los dos primeros convenios
transaccionales de los años 1993 y 1995. Pero no es una demanda
arbitraria, sino que el propio informe de la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Valenciana --del actual Gobierno de la nación- de
mayo de 1998 reconoce que se ha producido un claro agravio
comparativo entre los 28.000 damnificados que se acogieron a los dos
primeros convenios transaccionales -repito, de los años 1993 y 1995-
y este colectivo de 5.269 damnificados que, en virtud de la
sentencia, van a recibir unas cuantías que superan con creces las
indemnizaciones recibidas



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por los otros. Además, como reconoce este informe -y leo
textualmente-, los criterios que para el cálculo de las
indemnizaciones se establece en el auto posterior a la sentencia del
Tribunal Supremo vienen a determinar cantidades que están dos y tres
veces por encima de las percibidas por los damnificados que aceptaron
los convenios transaccionales de 1993 y de 1995, por lo que la
sensación de agravio comparativo que existe es muy fuerte, resultando
imposible trasladar a los afectados argumentos o razonamiento que
justifique esta circunstancia. Luego, en el punto cuarto, cuando
habla de la situación actual -y leo literalmente como aparece en este
informe, repito, avalado por la Delegación del Gobierno, por el
Gobierno de la nación-, añade un punto d), en el que ha nacido
también un profundo agravio comparativo entre los 28.000 damnificados
que han aceptado los convenios y los 5.000 que van a ser indemnizados
a través de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.

Estamos hablando de que el 85 por ciento de los damnificados han sido
injustamente tratados y existe un profundo agravio comparativo, ya
que las cantidades a recibir por estos últimos van a ser, como ya se
ha indicado en puntos anteriores, dos y tres veces superiores a la de
aquéllos. Sigo abundando en este argumento porque la única solución
para acabar con esta discriminación, con esta injusticia, con este
agravio y con esta quiebra del principio de igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley sería aprobar, vía instrumento legislativo, un
tercer decreto-ley que reconociera a los 28.000 damnificados aquellas
condiciones que ya se han recogido para el colectivo de las 5.000 que
esperaron una sentencia que llegó en el año 1998. Ésta es la enmienda
que presentamos como petición de una nueva disposición adicional para
que la situación derivada de injusticia que se ha generado entre los
28.000 damnificados tratados por los convenios y los 5.000
damnificados correctamente indemnizados en virtud de una sentencia
del Tribunal Supremo, por ese principio básico del Estado de derecho
de igualdad de los ciudadanos ante la ley y del tratamiento
equitativo a todos los damnificados, se resuelva por la vía de ese
tercer real decreto-ley de una vez por todas, igualando
indemnizaciones a todos los damnificados y haciendo justicia 16 años
después.

En una segunda enmienda que presentamos, la 101, pidiendo una nueva
disposición adicional, solicitamos al Gobierno de la nación que
elabore un proyecto de ley con carácter retroactivo para el
tratamiento fiscal de las ayudas recibidas durante los años 1995,
1996, 1997 y 1998 por los afectados por la aluminosis estructural de
sus viviendas. El Grupo Popular me ha comunicado que en el trámite
del Senado se ha aprobado en la Ley del IRPF una enmienda por la que
se arregla la situación para que estas ayudas dejen de tener la
consideración de incremento patrimonial a efectos del IRPF para el
año 1998. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas ayudas, que
han estado consideradas por la fiscalidad española como incremento
patrimonial, causando un grave perjuicio a los ciudadanos que
intentan mejorar su vivienda y tener las condiciones de habitabilidad
y rehabilitación necesarias, vienen arrastrándose desde los años
1995, 1996 y 1997. Esa solución se debería hacer extensiva a aquellos
ciudadanos que han recibido unas ayudas para rehabilitar sus
viviendas en esos años. Creemos que estas ayudas se consideran
injustamente
como un incremento patrimonial, con el grave perjuicio que eso
ocasionar a las arcas de unos ciudadanos que recibieron unas ayudas
para dar condiciones de habitabilidad a una vivienda que no las
reunía y que tenía unos defectos estructurales muy perniciosos para
su seguridad. Estas condiciones eran debidas a que entre los años 50
y 80, por negligencia de la Administración en el control de los
materiales de construcción, se produjeron unos defectos estructurales
que causaron problemas con el hormigón y con los cementos aluminosos
utilizados, lo que originó graves desperfectos en sus viviendas. La
única manera de arreglarlo era que entre los años 1995 y 1997 se
contemplaran estas ayudas con otro tratamiento fiscal distinto al de
incremento patrimonial, que ocasionaba tan graves perjuicios
económicos a estas familias.

Doy por defendidas estas dos enmiendas. Apoyamos la enmienda 459 del
Grupo Parlamentario Socialista, en los mismos términos que cuando se
defendió el título VII, por parte del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, respecto a las exenciones y bonificaciones del
95 por ciento que disfrutan los ayuntamientos por los que discurren
las autopistas de las que el Estado tiene la concesión. Pensamos que
se deben compensar justa y adecuadamente por el Ministerio de
Economía y Hacienda para que las arcas municipales se vean
compensadas ante el decremento en los ingresos que sufren por esta
bonificación del 95 por ciento.

Quiero dar mi apoyo a la enmienda 1411, del Grupo Parlamentario
Popular, por la que se declara de interés general un obra hidráulica
muy importante para el municipio de Vall d’Uixó, en la provincia de
Castellón. Se asemeja mucho a una iniciativa que Unión Valenciana ha
presentado en la sección referente a medio ambiente para que se
acometan las inversiones de ciertas infraestructuras para corregir
los problemas de escasez de agua que sufre la comarca de Vall d’Uixó,
en la provincia de Castellón.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Echániz.




El señor ECHÁNIZ SALGADO: Los diferentes grupos parlamentarios de
esta Cámara han presentado un buen número de enmiendas a las
disposiciones y a los anexos, todas ellas de carácter muy
heterogéneo, que quisiera valorar rápidamente en nombre del Grupo
Parlamentario Popular. En este sentido, quisiera resaltar algunas
enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, y concretamente la 1523.

En relación con la enmienda a que hago alusión, parece razonable que
se amplíen las emisiones realizadas por las comunidades autónomas en
mercados distintos al de la central de anotaciones, el régimen
previsto para la deuda del Estado segregable. Ahora bien, de la misma
manera que para dicho régimen será de aplicación la deuda del Estado,
es preciso que se trate de nuevas emisiones. En el caso que se
propone, habría igualmente que restringir la aplicación de dicho
régimen a títulos o valores de las comunidades autónomas de nueva
emisión y nunca a títulos que ya estuviesen emitidos, puesto que esto
significaría dar a estos emisores un régimen en cualquier caso más
favorable que el aplicable al Estado. Respecto a la intervención del
señorHoms, tengo que decir que no procedería su regulación por



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ley sino por vía reglamentaria, aunque entendemos claramente lo que
configura esta enmienda y, por tanto, que la deuda de las comunidades
autónomas debe tener la misma consideración que la deuda estatal.

Estoy seguro de que el Gobierno en las próximas semanas hará algo en
este sentido por la vía reglamentaria.

En lo relativo a la enmienda 1525, de la que pedimos la retirada por
parte del Grupo de Convergència i Unió, tenemos que decir que
coincidimos en las reflexiones que ha expuesto hace unos momentos el
señor Silva. El Grupo Parlamentario Popular entiende claramente que
debe existir una mayor colaboración entre las administraciones en el
marco en que se deben mover los tribunales y consideramos que la
única forma en este momento es estudiarlo con calma y llegar a la
firma de un convenio. De igual forma que en la Agencia Tributaria
estatal se ha llegado a un acuerdo para coordinar las gestiones de
los impuestos, es necesario coordinar este tipo de actuaciones de los
tribunales, sabiendo que debemos estudiarla en las relaciones entre
las comunidades autónomas y el Gobierno y no en esta ley. Por tanto,
el Grupo Parlamentario Popular va a impulsar esta actuación en el
Gobierno, por lo que manifestamos esa buena voluntad y pedimos, como
decía al principio, la retirada de esta enmienda por parte del Grupo
de Convergència i Unió.

En lo relativo a la enmienda 1527, también de CiU, en la disposición
adicional primera de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, se afirma que junto a los Presupuestos Generales del
Estado el Gobierno elaborará un informe que recoja de manera
integrada los créditos de los distintos ministerios y organismos
públicos destinados a financiar programas de ayuda oficial al
desarrollo. En esta ley no se estableció ningún plazo temporal sino
que se dijo que junto con los Presupuestos Generales del Estado el
Gobierno elaborara dicho informe. Por tanto, el plazo de tres meses
parece en este momento innecesario, más aún si se quiere incluir;
debería modificarse la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y no la ley de presupuestos para 1999, en la medida en que
ésta sólo tiene vigencia para este período. Compartimos el fondo de
la intervención del representante de CiU, reflejamos la voluntad
expresa del Gobierno y solicitamos la retirada de esta enmienda.

En lo relativo a la enmienda 1568 del mismo grupo, presentaríamos una
enmienda transaccional para eliminar uno de los apartados,
concretamente el cinco, que pretende enmendar la disposición
transitoria undécima, 2.

Estaríamos de acuerdo en los puntos uno, dos, tres y cuatro en la
medida en que nuestro grupo parlamentario no ve inconveniente en que
las entidades locales a que se refiere la enmienda puedan celebrar
convenios en materia de gestión catastral, sistema de colaboración
que está demostrando en cualquier caso una enorme eficacia para el
mantenimiento del catastro. No obstante, la solución que se adopte en
esta materia en relación con el catastro debe ser análoga con la que
se decida respecto del impuesto sobre actividades económicas, que
también se propone en la enmienda. Por otra parte, la modificación
que se pretende de la disposición transitoria undécima a la que hacía
referencia previamente, carece de sentido en lo referente al impuesto
sobre bienes inmuebles, ya que el supuesto de
hecho que en la misma se contempla no se da en la actualidad, al
haber transcurrido el período de tiempo de transitoriedad que en ella
se establece. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario entiende
que la enmienda debería ser aceptada en relación con el artículo 78.3
y la disposición adicional cuarta, dos, pero no respecto a la
disposición transitoria undécima.

En lo relativo a las enmiendas del Grupo Socialista, tengo que poner
de manifiesto, respecto a la intervención del señor Martínez Sanjuán
sobre la enmienda número 437, que el Gobierno está estudiando, en
colaboración con nuestro grupo parlamentario, con todo el cariño lo
relativo a los tipos de interés legal de dinero referenciados al tipo
de las letras del Tesoro a doce meses y a los tipos de demora. En
este sentido, vamos a tener tiempo a lo largo del trámite de esta
ley, incluso en el trámite de Pleno dentro de dos semanas, para
debatirla con mayor amplitud y rigor.

La enmienda número 438, que defendió la señora Leiva, pretende elevar
de 550.000 a 700.000 millones de pesetas en el ejercicio 1999 el
límite máximo de cobertura para la nueva contratación, que podrá
asegurar y distribuir la compañía española de Seguros de Créditos a
la Exportación. Las circunstancias presentes de caída de las
exportaciones y la dificultad de los países importadores para
adquirir productos nos parece que no justifica la elevación del
citado límite. Por otro lado, no ha especificado tampoco cómo se ha
llegado a determinar el límite que se propone como alternativa más
idónea con relación a la contemplada en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado.

En cuanto a la enmienda 440, en base a que el incremento figurado en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con carácter general
es del 1,8 por ciento, no procede hacer discriminaciones sin
justificación en este sentido.

Por lo que se refiere a la enmienda 443, que pretende la cancelación
de los préstamos a la Seguridad Social, tenemos que poner de
manifiesto que las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del
Estado han consignado los distintos préstamos a la Seguridad Social y
han recogido igualmente las condiciones y los plazos para su
amortización o su reintegro, sin que del texto de la enmienda se
deduzca una justificación para su amortización anticipada, por lo que
nuestro grupo rechazaría esta enmienda también.




En el caso de la enmienda 444 nuestro grupo parlamentario evidencia
que se dispone periódicamente de la información presupuestaria de la
Seguridad Social relevante y suficiente para efectuar un seguimiento
adecuado no sólo de los créditos, sino también de las necesidades
financieras de la Seguridad Social, aspectos que son necesarios a
raíz del informe que se consensuó por todas las fuerzas políticas
y sociales y que se plasmó en el Pacto de Toledo.

En lo relativo a la enmienda 445, tenemos que indicar que la
Constitución española en el artículo 149 establece que el Estado
tiene competencias exclusivas en materia de Administración de
justicia y que, por tanto, las transferencias efectuadas a las
comunidades autónomas tan sólo se refieren a las competencias en
materia de medios personales, materiales y económicos para el
funcionamiento de dicha Administración de justicia,
circunscribiéndose de hecho a lo que es el funcionamiento de la
Oficina Judicial.




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En este sentido, ni los jueces ni los fiscales ni siquiera los
secretarios de carrera son objeto posible de transferencia, pues lo
contario estaría claramente en contradicción con la letra y con el
espíritu de nuestra Constitución española, que garantiza una
jurisdicción única para todo el territorio nacional. La gestión de
las cuentas, de los depósitos, de las consignaciones judiciales, que
generalmente corresponden además a fianzas y a embargos, se encuentra
asociada y ligada a lo que es propiamente la Administración de
justicia más que a la gestión burocrática de la Administración o de
la Oficina Judicial y, por tanto, no nos parece pertinente
desvincular su titularidad de la Administración del Estado. Digo todo
esto sin entrar en la consideración de que, las posibles economías de
escala que pudieran derivarse de eventuales acuerdos a nivel nacional
con las entidades bancarias depositarias de dichos fondos, podrían
mermar las partidas dedicadas a estas oficinas.

En cuanto a la enmienda 446, el Consejo consultivo de Privatizaciones
es un órgano cuyos gastos de funcionamiento corren a cargo, como SS.

SS. saben, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y
de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales. La
realización real de las privatizaciones se efectúa por las entidades
que ostenten en el momento de la enajenación la titularidad de las
correspondientes participaciones públicas. De acuerdo con la
normativa general, por tanto, dichas entidades están sometidas
siempre al control general que corresponde realizar por la
Intervención General de la Administración del Estado y por el
Tribunal de Cuentas, amén de que especialmente esté establecido, como
en el caso de la SEPI, en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación
de determinadas entidades de derecho público, incluso en su relación
con la información a las Cortes Generales respecto de determinadas
operaciones.

En lo relativo a la enmienda 447, de aportaciones financieras
y garantías concedidas a la SEPI, el Real Decreto 15/1997, de 15 de
septiembre, convalidado en el mes de septiembre del año pasado, da
una nueva redacción al artículo dieciséis de esta ley relativo a la
información parlamentaria que se deberá facilitar tanto a la SEPI
como a sus participadas. Por tanto, la propuesta introduce una
obligación de informar a las Cortes sobre las operaciones financieras
que exceden las previstas en dicho artículo, sin que, a nuestro
juicio, parezca justificarse la necesidad de informar precisa y
exclusivamente de esta clase de operaciones.

En cuanto a la enmienda 448, el Real Decreto-ley 12/1998 en su
artículo 4 aprueba un suplemento de crédito para obligaciones
generadas en el ejercicio 1998 de las obras viarias de interés
general en el eje transversal de Cataluña y de la autovía Mataró-
Granollers. Por tanto, se trata de cubrir obligaciones que se han
generado en el presente ejercicio sin dotación presupuestaria, por lo
que también, a nuestro juicio, sólo puede aplicarse el suplemento a
dichas obligaciones y no a otras.

En lo relativo a las enmiendas 449 y 450, que pretenden posibilitar
que las Cortes Generales puedan tener acceso directo al sistema
integrado de contabilidad pública y al sistema integrado de
contabilidad de la Seguridad Social, de modo que dicho órgano
legislativo pueda efectuar el seguimiento en tiempo real de los
estados contables agregados en los que se refleje la ejecución de los
presupuestos de
gastos aprobados por la Administración general del Estado y la
Seguridad Social y, a su vez, la remisión de los informes
y auditorías de la Oficina Nacional de Auditoría, consideremos que al
formularse conjuntamente la petición para el Estado y la Seguridad
Social deberían en cualquier caso armonizarse los informes de ambos
departamentos. Tengo que recordar a SS.SS. que el artículo 151.4 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece ya la
obligatoriedad de remitir información a las Cortes Generales sobre la
ejecución presupuestaria por trimestres vencidos, y como a nuestro
juicio se han mejorado sustancialmente los mecanismos de envío de
esta documentación, no consideramos procedente, por tanto, acceder a
lo solicitado.

En lo relativo a la enmienda 454, que propone la inclusión como un
crédito ampliable para el pago de cuotas, subvenciones
y bonificaciones a la Seguridad Social, la dotación para el año 1999 en
esta aplicación ha crecido un 183,7 por ciento sobre lo presupuestado
el año pasado, pasando de 102.000 millones a 290.000 millones de
pesetas. Por tanto, este aumento se ha realizado considerando la
cobertura total de las necesidades que en esta materia puedan
plantearse y, de existir déficit el año próximo en el crédito de
referencia, podría cubrirse mediante un reajuste de los créditos de
este organismo en base a las buenas perspectivas que se derivan del
crecimiento de la actividad económica.




En cuanto a la enmienda 457, que pretende declarar incorporables los
remanentes de créditos de la aplicación para inversiones en Canarias,
tenemos que decir que la suspensión para el ejercicio 1999 de lo
dispuesto en el artículo 73 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria otorga a la incorporación de remanentes un carácter
restrictivo, y por ello la incorporación de esos remanentes previstos
en el anexo se limita a aquellos supuestos que o bien vienen de dicha
incorporación prevista en la norma de rango de ley, en concreto la
del Fondo de Compensación Interterritorial o el Fondo de Bienes
Decomisados por Tráfico de Drogas, o bien por el momento en que se
aprobaron los créditos, en cualquier caso extraordinarios,
reconocidos al final del ejercicio por reales decretos-leyes de
inundaciones, por ejemplo, o por existir determinados convenios que
originan compromisos de financiación. Como no concurre ninguna de
estas circunstancias en esa incorporación a la que ustedes aluden en
los remanentes, nuestro grupo parlamentario no aprobará tampoco esta
enmienda.

En lo relativo a las enmiendas de Izquierda Unida, y concretamente
refiriéndome a la 502, el texto actual de la disposición adicional
decimosexta del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos
que vemos hoy recoge el espíritu que se deriva del segundo acuerdo
nacional de formación continua y de su complementario acuerdo
tripartito, por el que se facilita la financiación de acciones
formativas para los trabajadores ocupados. En este último, tanto el
Gobierno como las organizaciones empresariales y sindicatos firmantes
establecieron la afección de fondos a la financiación de la formación
continua de los trabajadores ocupados, mediante la dedicación de una
parte, concretamente el 50 por ciento, del tipo de cotización por
formación profesional con carácter general para la totalidad del
Estado español. Por lo que tampoco nos parece oportuno proceder a su
fragmentación.




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En lo relativo a la enmienda 509, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida propone mediante esta enmienda la inclusión de una
disposición adicional por la que el Gobierno habría de facilitar un
fondo por importe de 700 millones de pesetas que gestionado por la
Dirección General de Servicios Generales de la Seguridad Social y
Protección Social se destinase a hacer frente a los gastos que se
deriven de la puesta en marcha de los acuerdos que se adopten en la
Comisión para el estudio y evaluación de la oficialidad del lenguaje
de signos. No consideramos adecuada la inclusión de esta disposición
adicional en una ley de presupuestos generales que tiene en cualquier
caso una vigencia únicamente anual sin conocer previamente el marco
temporal en que se desarrollarán los estudios y los análisis
encomendados a la Comisión y, por tanto, el momento en que se habrán
de poner en marcha los acuerdos que llegaran a adoptarse. Por otra
parte, tampoco parece cuantificarse adecuadamente el alcance
económico de aquellos elementos que pudieran tener en cuanto no se
adopten y, por tanto, su posible financiación requerirá un análisis
presupuestario que no tiene necesariamente que incrementar el gasto
público.

En lo relativo a la enmienda 515 que pretende mejorar el poder
adquisitivo de las pensiones, amén de que algunos de mis compañeros
ha hecho durante el trámite del articulado alguna referencia a ello,
quisiera decir que con la enmienda de adición se eludiría la
previsión expresa contenida en el artículo 48.3 del texto refundido
de la Ley General de Seguridad Social en la redacción dada al mismo
por el artículo 11.1 de la Ley 24/97 de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, así como la recogida
en el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado y la redacción también dada por el artículo 61 de la Ley 66/
1997, preceptos cuyo sentido es totalmente contrario a la medida que
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone. Por ello, aunque
se pudieran compartir por parte de nuestro grupo las razones de
justicia social que alega el grupo parlamentario firmante no
consideramos que sea el momento oportuno para modificar algunos de
los aspectos regulados en fechas bien recientes y que fue aprobado
con el necesario apoyo parlamentario. En todo caso, el Gobierno
entiende que con los nuevos criterios de revalorización de las
pensiones contenidos en los citados preceptos queda suficientemente
garantizado el poder adquisitivo de las pensiones, ya que la
revalorización que experimentan las mismas es acorde con la evolución
real del índice de precios al consumo.

Nada más, señor presidente, por parte del Grupo Parlamentario
Popular.




El señor PRESIDENTE: Terminamos así la discusión del articulado de la
ley y pasamos sin solución de continuidad a la discusión por su orden
de las secciones del presupuesto.




En primer lugar, vamos a discutir en un solo bloque, a no ser que
hubiera algún reparo por parte de algún grupo parlamentario, las
secciones 1 a 8; es decir, desde la Casa de Su Majestad el Rey hasta
el Consejo General del Poder Judicial en un solo bloque. Se han
presentado enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, a la sección
6, deuda pública, y del Grupo Parlamentario Mixto, a la sección 1,
Casa de Su Majestad el Rey, y sección 8, Consejo General de Poder
Judicial.

Vamos a dar la palabra al señor Martínez Sanjuán en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Esquemáticamente.




El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de
devolución a la sección 6 de deuda pública. He hecho algunas
referencias en mi intervención de la mañana cuando hablábamos del
título V respecto al comportamiento, la gestión e información de la
deuda pública. El presupuesto de 1999, según el informe que ha
presentado el Gobierno al Congreso de los Diputados, asciende a 6,4
billones de pesetas, de los que 3 billones van dirigidos
fundamentalmente al pago de intereses y gestión de gastos financieros
de la deuda y 3 billones 365.000 millones de pesetas grosso modo a la
amortización de pasivos financieros, cantidad inferior a la prevista
en el ejercicio presupuestario actual, 1998, cuya amortización era de
4 billones 333.000 millones de pesetas, que ha sido incrementada en
casi otros 3 billones, abordando una amortización a lo largo del
ejercicio presupuestario de 1998 de 7 billones, con casi tres
billones de pesetas en amortización de deuda pública, en amortización
de pasivos financieros.

El Gobierno, señor presidente, está encantado, el Grupo Parlamentario
Popular me imagino que también, de la gestión que está desarrollando
en materia de deuda pública su evolución, sus ratios; no los pongo en
duda en la medida en que la cifra de partida sobre la que todas las
ratios se elaboran es según los índices de la evolución de la deuda
sobre el producto interior bruto. Estamos hablando de un PIB nominal
que crece en términos generales al 6 por ciento aproximadamente,
cuando la deuda pública, según los ejercicios de los último años,
está creciendo en función de la evolución de los Presupuestos
Generales del Estado en una cantidad menor. Lógico es que se produzca
una disminución de la ratio de deuda bruta sobre el producto interior
bruto, cifra que sirve fundamentalmente a los efectos de cómputo de
la sanidad financiera de nuestro país en términos de Maastricht. Sin
embargo, señor presidente, a lo largo del año 1998 y cuando vamos a
hablar de los presupuestos de 1999 conviene hacer una referencia a
qué está pasando con la gestión de la deuda pública en el año 1998,
hay algunos elementos de preocupación y de discrepancia desde nuestro
grupo parlamentario.

Es verdad que el Gobierno y su grupo parlamentario se sienten ufanos
de la reducción de los tipos de interés -no podía ser de otra forma,
nosotros también lo compartimos- y de una política de canje acelerada
con el objetivo de reducir la carga de intereses de la deuda pública
en la medida en que pivotarán a menos fuerza sobre los presupuestos
generales del Estado. Pero a lo largo de 1998, señor presidente, se
están produciendo unos hechos de una considerable incidencia
económica. En primer lugar, según la Intervención General del Estado,
con datos de 30 de septiembre de este año, el Gobierno ha emitido
nuevas emisiones superiores a la amortización que está realizando de
canje y de amortización de la propia deuda, con lo cual está
aumentando considerablemente el stock vivo de la deuda bruta del
conjunto del Estado, cifra que a nosotros nos



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parece que es verdaderamente preocupante porque no se está
acompasando la evolución del déficit público, la evolución de déficit
de caja con la evolución del endeudamiento acumulado a través de
nuevas emisiones del Estado puestas en circulación de una forma
permanente.

En segundo lugar, tampoco acertamos a comprender, más allá de las
palabras que nos puedan decir los portavoces del Grupo Parlamentario
Popular, qué está haciendo y cuál es el ritmo de la evolución de los
ingresos del Tesoro en las cuentas del Banco de España, posiblemente
pensando en acumular reservas para las amortizaciones que tenga que
hacer en el último trimestre o cuatrimestre del año 1998, cuando se
prevén unas amortizaciones verdaderamente importantes por el importe
de 4 billones de pesetas. El Estado está emitiendo deuda en
circulación de una forma incrementalista a lo largo del año 1998 pero
a su vez está depositando saldos positivos en la cuenta del Banco de
España por valor de 2,5 billones de pesetas. Espero que el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular me explique cuál es la política de
emisión, evolución de la deuda pública y cómo está operando el
Gobierno de España en relación con la financiación pública de los
presupuestos generales del Estado.

En tercer lugar, ha optado en el año 1998 por emisiones permanentes
de medio y largo plazo cuando el último dato que conocemos de
evolución de los marginales de los sistemas y elementos de
financiación a medio y largo plazo son dos puntos superiores a la
evolución de las letras del Tesoro. Está alargando fundamentalmente
la financiación del Estado a costa de no tener que hacer
amortizaciones más rápidas y más pequeñas, aunque más continuadas en
el ejercicio presupuestario de los próximos años, pero está
incrementando el nivel de endeudamiento y de financiación de la deuda
pública con tipos de interés a medio y largo plazo superiores a los
de corto plazo, que serían las letras del Tesoro. En definitiva, ha
optado por un aumento de la financiación, como consecuencia de una
desaforada emisión de deuda pública en los últimos dos o tres
ejercicios presupuestarios desde que el Gobierno del Partido Popular
está en este país.

Desde ese punto de vista quiero abordar, muy brevemente, las
perspectivas de la sección de la deuda para el año 1999. En primera
lugar, señor presidente, tengo que decir que nuevamente el Gobierno
incurre en lo que yo llamo opacidad informativa al Congreso de los
Diputados, en función de cuáles son los auténticos objetivos y la
coherencia de la información en términos numéricos y cualitativos en
la presentación de los presupuestos al Congreso de los Diputados, en
relación con una sección tan importante como es la deuda pública. Lo
único positivo que encontramos, señor presidente, en el ejercicio
presupuestario de 1999 en la sección 06 es que habrá una carga por
intereses de 140.000 millones de pesetas menos que en el ejercicio de
1998, pero de estos 140.000 millones de pesetas de ahorro que se van
a producir en el año 1999 en relación con 1998 en el pago por
intereses por la deuda, 110.000 millones son como consecuencia de
unos menores tipos de interés de las letras del Tesoro a 6, 12 y 18
meses, lo cual significa que el menor costo financiero de la deuda
pública se está produciendo fundamentalmente por la evolución y el
comportamiento de las letras del Tesoro. El Gobierno ha
optado por un modelo de financiación de la deuda pública a medio y
largo plazo, hasta el punto de que si el año pasado el período medio
de duración de la deuda viva del Estado en manos del público era de 4
años, este año propone incrementarla a 5,17 años, es decir, se está
dando un alargamiento de la vida media de la deuda pública en
circulación con instrumentos financieros a un tipo de interés más
alto, casi dos puntos, de lo que podría obtener una financiación
normal y lógica en el horizonte del corto plazo. Además, cuando
existe casi certeza de que la evolución de los tipos de interés a
corto plazo se va a producir en unos términos del proceso de
convergencia en torno al 3,3 por ciento, nos parece bastante
descabellada la política presupuestaria de financiación de la deuda.

Por último, también discrepamos en cuanto a la política de
amortización. Nuevamente el Gobierno dice que va a hacer una cosa,
pero a lo largo del ejercicio presupuestario posiblemente desarrolle
un elemento distinto. El propio Gobierno, en la página 126 del libro
amarillo de presentación de los Presupuestos Generales del Estado,
dice, y leo textualmente, que el volumen de amortizaciones será
inferior en términos absolutos y por un importe próximo a los 4,5
billones de pesetas frente a los 15 que serán amortizados en el
ejercicio de 1998. Nosotros pensábamos encontrar, tal y como dice el
Gobierno en la presentación de los presupuestos, que la amortización
prevista fuera de los 4,5 billones de pesetas que anuncia que va a
amortizar en el de 1999. Pues no, en la sección 06 la amortización de
pasivos financieros, es decir, amortización de deuda en moneda
nacional y en divisas, aparece presupuestada con 3,365 billones de
pesetas, o sea, 1,2 billones de pesetas menos de lo que el propio
Gobierno dice que va a amortizar. Esto hace, señor presidente, que a
lo largo del ejercicio presupuestario, como se ha producido en el año
1998, el Gobierno tenga que incorporar casi 3 billones de pesetas de
gastos adicionales para amortizar deuda no prevista al comienzo del
ejercicio 1998.

Señor presidente, ante esta opacidad, esta erraticidad y esta
discordancia entre lo que dice y presupuesta el Gobierno, mi grupo
parlamentario presenta una enmienda de totalidad para que vuelva a
formular los objetivos políticos y económicos de la gestión de la
deuda, que supone una partida muy importante del conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto a
este bloque de ocho secciones, que da por defendidas.

Doy la palabra al representante del Grupo Popular, el señor Albendea.




El señor ALBENDEA PABÓN: Voy a formular nuestra toma de posición en
relación con la enmienda de devolución al Gobierno de la sección 06
que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señor
Martínez Sanjuán, como usted ha anticipado, el Grupo Parlamentario
Popular está muy satisfecho de la gestión de la deuda pública que
viene haciendo el Gobierno, y creo que tiene muchos motivos para
ello. En relación con el déficit del Estado, quiero recordarle que en
1998 el objetivo inicial era el 2 por ciento del PIB, el Gobierno lo
redujo a lo largo



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del ejercicio de 1998 a la baja hasta el 1,7 y en 1999 se fija un
objetivo en términos de contabilidad del 1,3, es decir, siete décimas
menos que el objetivo inicial de 1998 y cuatro décimas menos respecto
al objetivo revisado. Solamente con eso estaría justificada la
satisfacción de este grupo de gestión del dinero público por parte
del Gobierno, pero esa reducción del déficit se traduce además en
menores necesidades de endeudamiento neto del Estado, de tal suerte
que, como consecuencia de esa disciplina fiscal que ha llevado a cabo
en estos últimos tres años, ha permitido quebrar el preocupante
crecimiento que presentaba dicha ratio hasta 1996, de manera que en
1997 se ha ido acentuando la tendencia de disminución del peso de la
deuda del Estado en términos del conjunto de la economía.

El presupuesto inicial de gastos del Estado destinado a pasivos
financieros se reduce en 1999 respecto de 1998 en el 22,3 por ciento,
como consecuencia de los menores vencimientos de amortización de la
deuda pública, y, a su vez, los vencimientos de préstamos en moneda
nacional disminuyen un 32,4 en relación con el presupuesto de 1998.

La refinanciación de la deuda que vence en 1999, que es del orden de
10,3 billones de pesetas y unos 260.000 millones en cuanto a
amortizaciones de deuda en divisas, más la cobertura del
endeudamiento de este ejercicio de 1999 eleva el volumen de emisiones
brutas a realizar por el Estado en torno a unos 13 billones de
pesetas. No obstante, pese a esas nuevas emisiones, se vuelve a
reducir el estado de la deuda pública respecto al PIB, que es el
criterio que se viene utilizando, el de convergencia de Maastricht y
el que acepta Eurostat y no otro, que es el del porcentaje del PIB,
ese se reduce pro tercer año consecutivo y alcanzará, a finales de
1999, el 66,4 por ciento. Esa clara tendencia a la baja es la que le
permitió a España entrar en la Unión Monetaria. Si se hubiera seguido
la trayectoria que se venía evidenciando desde 1994, etcétera,
hubiera sido difícil que hoy estuviéramos en la zona del euro.

Otra cosa importante en esta estrategia de financiación del Tesoro en
1999, de la que nos sentimos satisfechos, es que está marcada por lo
del cambio estructural en los mercados financieros europeos como
consecuencia de la introducción del euro. La eliminación del riesgo
de cambio en el interior del área euro es importante y creo que es un
dato positivo a tener en cuenta, y es consecuencia, a su vez, de que
estamos en ese club privilegiado de euro. El Tesoro tenía dos
opciones, o mantener el stock de deuda del Estado denominado en
pesetas, tal y como está ahora, y comenzar las nuevas emisiones a
partir del 1 de enero en euros, o redenominar toda la deuda en euros,
y ha optado por esta segunda vía, porque entiende el Gobierno que es
la menos distorsionante, que permite explotar desde el principio y en
su conjunto todas las ventajas de creación de un mercado de deuda en
euros.

Con la política de sustituir la financiación neta, letras del Tesoro,
por obligaciones y bonos del Estado, se reduce el riesgo de
refinanciación y esa es la razón, señor Martínez Sanjuán, de que la
vida media de la deuda haya aumentado y, pese a que ha aumentado,
todavía no alcanza la media europea de los Once; luego eso que usted
considera un dato negativo, nosotros, por el contrario, lo
consideramos positivo. Incidiendo en el tema, diré que usted ha
apuntado como único dato positivo -nosotros lo consideramos
uno más de los muchos que hay pero muy importante- el
abaratamiento de la financiación del Tesoro: en el año 1999 se va a
producir un ahorro de 148.000 millones, que a su vez formar parte de
una previsión de ahorro en los presupuestos de los años siguientes
que hoy podemos estimar del orden de 360.000 millones de pesetas. Ami
juicio, esa es la brillante gestión que está haciendo el Gobierno de
la nación en relación con el Tesoro público.




El señor PRESIDENTE: Con su intervención hemos terminado la discusión
de las ocho primeras secciones del presupuesto.

Pasamos a debatir la sección 12, correspondiente al Ministerio de
Asuntos Exteriores. Han presentado enmiendas a esta sección el Grupo
Parlamentario Socialista, el de Izquierda Unida, el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV), el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Popular. Las intervenciones para el debate de esta sección se harán
también por este orden.

Tiene la palabra el señor Estrella, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor ESTRELLA PEDROLA: El Grupo Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad de la sección 12 por entender que no existe
la menor adecuación entre los objetivos de la política exterior de
España y el contenido de los presupuestos, entre los fines y el medio
o el instrumento. En estos presupuestos, al margen de que pueda
existir una intención continuista, hay una absoluta carencia de
objetivos en la política exterior y los que aparecen están
fraccionados. Consideramos que elementos importantes que se nos
habían anunciado por parte del Gobierno, como una nueva política de
adquisición de sedes diplomáticas, no tienen reflejo en el
presupuesto y también nos preocupa la escasa atención y crecimiento
que recibe la ayuda oficial al desarrollo, la no incorporación a la
ley de presupuestos y a los presupuestos del Ministerio de Asuntos
Exteriores de lo estipulado y aprobado en la Ley de Cooperación al
Desarrollo y, sin extenderme más, porque sé que esta comisión tiene
un arduo trabajo por delante, pasaré a comentar muy rápidamente las
enmiendas que hemos presentado al contenido de la sección, así como a
la ley de acompañamiento.




Hemos planteado la necesidad de introducir un nuevo concepto abierto
para permitir incrementar la ayuda oficial al desarrollo, con el
objetivo de que se aproxime al 0,7 por ciento. Hemos considerado
necesario aumentar la dotación, y así recuperarla, de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha visto
mermados los fondos para sus programas al 50 por ciento. Hemos
introducido dos enmiendas que pretenden dotar, con 100 millones una y
con 20 millones otra, dos nuevos conceptos, uno de los cuales ya está
teniendo aplicación en la práctica pro parte de la acción consular
española, me refiero a la protección a los españoles presos en el
extranjero. Existen unas ayudas que vienen prestando los consulados,
pero no existe una dotación específica, con lo cual hay un amplio
margen de discrecionalidad. Creemos que esta cuestión, a la vista de
los acuerdos bilaterales que España está firmando con diferentes
países, va a requerir, cada día más, unamayor presencia y un mayor
respaldo de la acción consular



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española y, por tanto, hemos querido dotar esto con 100 millones,
sobre una estimación de los gastos que ha ocasionado este año.

Además, hay un problema que cada vez tiene una mayor incidencia y es
que algunos de estos ciudadanos españoles presos en el extranjero
padecen sida u otras enfermedades infeccionsas que requieren
tratamientos costosos, que no pueden recibir a través de los medios
de que disponen los consulados, y no son debidamente atendidos por
las autoridades de los países en los que se encuentran presos, por lo
que hemos propuesto la dotación de un fondo de 20 millones.

Hay una enmienda, la 202, del Grupo Socialista, a la que tenemos
especial cariño y en relación con la cual desearíamos comprensión por
parte de la Comisión. Se trata de incrementar en 59.997.000 pesetas
la participación de España en los organismos internacionales, las
llamadas cuotas voluntarias. Estas contribuciones voluntarias
reflejan el grado de compromiso de un país con los fines y los
objetivos de las organizaciones que las reciben. Nosotros hemos visto
con sorpresa cómo en estos presupuestos se reducen las contribuciones
de España a organismos como la FAO, el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, la Unesco, el Unrwa, programa de ayuda a los
refugiados palestinos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los derechos humanos en Colombia, Cruz Roja, el Fondo de
Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, el Fondo fiduciario
de la lucha contra la desertización o el Fundo de Naciones Unidas
para la infancia. Nosotros no vamos a pedir de la sensibilidad del
Grupo Popular que lleguen a incrementar las contribuciones a estos
fondos, pero sí que por lo menos las mantengan tal y como estaban, lo
que supondría, por ejemplo, no restarle 14.000 pesetas al programa de
la Organización Mundial de la Salud sobre el sida. Hablamos de 14.000
pesetas y rechazar esta enmienda sería mantener ese gesto, que yo
espero que sea involuntario, pero que en cualquier caso es cicatero,
indeseable y da esa imagen cicatera y miserable de España en los
organismos internacionales.

Proponemos incrementar las subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales en un importe de 3.550 millones de pesetas. Es cierto
que hay un leve aumento, de 400 y pico millones en la dotación
actual, pero ese aumento se produce después de una congelación de las
dotaciones en el ejercicio anterior. Por eso proponemos que se
aumenten esos fondos para las ONG en 3.550 millones de pesetas.

También pedimos que para la coordinadora de organizaciones no
gubernamentales, que entendemos que tiene un papel aglutinante social
muy importante, se establezca una dotación de 20 millones de pesetas,
con el fin de apoyar el funcionamiento de dicha coordinadora, cuyo
papel nos parece absolutamente esencial.

También hemos introducido en la ley de acompañamiento dos enmiendas
dirigidas a adecuar los fines y objetivos de los proyectos de
cooperación al desarrollo y de los fondos de ayuda al desarrollo a
los fines y objetivos que establece la propia Ley de cooperación, a
los que se debía atener el conjunto de la cooperación española al
desarrollo. Lo que hacemos aquí es incorporar esa noción, del mismo
modo que planteamos una enmienda referida a la fiscalidad de las
organizaciones no gubernamentales para recuperar el tratamiento que
tenían anteriormente.

Por lo que se refiere a las enmiendas de los demás grupos, vamos a
votar favorablemente la práctica totalidad --menos la 106- de las
enmiendas del Grupo Mixto y la enmienda 1527, de Convergència i Unió.

Vamos a rechazar tres de las enmiendas del Grupo Popular, las 1412,
1413 y 1414, entre otras cosas porque el dinero con que las dotan se
lo quitan a las organizaciones no gubernamentales, y nos parece que,
habiendo una cantidad ya insuficiente, no es lo más adecuado
quitarles dinero. Vamos a votar favorablemente la enmienda de la
señora Lasagabaster. De las enmiendas de Izquierda Unida vamos a
votar todas a favor menos las 538, 539 y 540, y nos abstendremos en
la 546, votaremos favorablemente las dos enmiendas del PNV, y
naturalmente no podríamos por menos que votar a favor de nuestras
propias enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muy brevemente, señor presidente, voy a
defender la enmienda general a esta sección bajo unos argumentos a
los que después me referiré y todo el paquete de enmiendas concretas
que pretenden precisamente adecuar la distribución del gasto dentro
de esta sección para hacer más efectiva una política exterior de
nuevo cuño, que supere una diplomacia bilateral condicionada a lo que
es la dependencia de la política exterior de Estados Unidos, más que
del protagonismo de la Unión Europea, y una política de relación que
dé protagonismo a España en el concierto internacional, en el papel
que puede aportar la identidad europea propia, que sería la relación
hacia el mundo árabe y latinoamericano o hispanoamericano, todo ello
unido al ingrediente que siempre ha defendido la izquierda, que es el
concepto de solidaridad, ayudando a la capacidad de desarrollo de
cada uno de los pueblos y a erradicar la pobreza.

Nuestro planteamiento es creer que, por un lado, va la declaración
del Gobierno y, por otro, la concreción de la política. Un ejemplo lo
tenemos aquí, y es el programa 131.A, que este año va a correr la
misma suerte que los años anteriores. Nosotros creemos que ni por los
instrumentos ni los medios que se dan, ni por la adecuación que a
nivel concreto se tiene que dar el personal que trabaja en ello
podemos estar ante una acción del Estado en el exterior que dé una
personalidad propia al Gobierno en condiciones de eficacia. Por un
lado, se dice que se va a ampliar nuestra presencia en unas
actividades y, sin embargo, cuando llegamos a las cosas concretas
resulta que esta acción, que cada día es más complicada y necesita
mayor protagonismo, la hacemos de palabra, porque tenemos un ministro
que se multiplica por tres, pero no la hacemos en concreto cuando
hablamos de pesetas, y la multiplicación de las pesetas es muy
difícil porque el camino es al revés, es hacia el euro, que es más
grande que la peseta y la cosa es más complicada.

En cuanto a la diplomacia bilateral, lamentamos que la presencia en
Europa esté girando más bien a lo que puede ser una dinámica de
ampliación de Europa ligada, más que a la construcción de Europa, a
la incorporación de los nuevos países del centro y del este europeo
hacia la OTAN y, posteriormente, su incorporación a la Unión Europea;
condición



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que paradójicamente se hizo pasar a nuestro país. Antes de entrar en
un proceso de construcción europea se nos hizo hablar y discutir
sobre nuestra presencia en la OTAN; o se estaba en la OTAN o, si no
se estaba, no era posible estar en la Unión Europea, condición que
jamás hemos entendida como prioritaria. Pues bien, la misma relación
estamos aplicando a este proceso de ampliación: primero hablamos de
la ampliación hacia la OTAN, y una vez que ya están en la sombre de
la OTAN, hablamos de su proceso de incorporación a Europa. En cuanto
a las relaciones con los países de Europa del Este y del centro
estamos más bien condicionando la relación que podamos tener a nivel
económico desde un principio que no está cifrado en la capacidad y
las condiciones de futuro de esos países, sino en el nuevo
colonialismo económico que estamos propagando.




Nuestra relación con Estado Unidos supone un grave quebranto a la
defensa de nuestro consenso nacional a la hora de fijar nuestra
política exterior. Vamos corriendo detrás del posicionamiento que
tiene este país, y por mucho que deba de ser el líder del nuevo mundo
o que vaya a ser uno de los países importantes, interpreta a su
capricho y antojo, como juez y parte, incluso como acción bélica o
policial, el derecho internacional. Ahora estamos asistiendo a un
proceso de fuerte diatriba sobre la presencia o no de un ex dictador
en un país como Inglaterra y si debe procesársele o no, y estos
señores se permitieron mantener en Panamá a una persona y luego ir
allí, sacarlo de Panamá, llevárselo a Estados Unidos y juzgarlo. Es
un ejemplo de cómo se actúa a la hora de hablar y de defender un
criterio de orientación en política exterior.

En cuanto al papel que debe jugar la OSCE, que nosotros creemos que
es importante, no está dotado, lo vemos poco potenciado desde la
política exterior. La OSCE es más bien una especie de acompañamiento
que de instrumento de relación. Con Iberoamérica deberíamos de ser
más exigentes con las cláusulas democráticas y de respeto de los
derechos humanos. Con el Magreb saltamos en la relación con Marruecos
lo que es el contencioso del Sahara, somos poco exigentes, cuando
éramos parte de ese territorio hace apenas unos años. En cuanta a
Israel seguimos la pauta de Estados Unidos más que de jugar un papel
que haga desarrollar el plan de paz o la exigencia para que el mismo
sea efectivo y no estemos permanentemente con un paso adelante y
cinco atrás, porque no es de uno adelante y dos atrás, sino más bien
de cinco atrás en cada momento que nos sentamos a discutir. Incluso,
los principales clientes de nuestro país en el comercio de armas
resulta que son países tan democráticos y respetadores de los
derechos humanos como Indonesia y Turquía; la verdad es que vender
armas a estos señores parece que no es el mejor ejemplo del papel que
España debe de jugar.

En cuanto a cooperación y desarrollo, es el tema en donde nos
queremos centrar para rechazar esta propuesta de sección, porque los
presupuestos generales no suponen un incremento significativo de la
ayuda española al desarrollo. El Partido Popular mientras estuvo en
la oposición se comprometió, y así lo llevaba en su programa
electoral, a progresar en nuestra aportación a las distintas partidas
de la cooperación para alcanzar en esta legislatura, que termina en
el 2000, el 0,7, en un momento determinado se hablaba
del 0,35 como paso después a un 0,50 del PIB. El PIB crece de
manera agigantada, sin embargo, las pesetas de la ayuda al desarrollo
siguen congeladas y estabilizadas. Lógicamente eso no significa que
vayamos cumpliendo ese pacto por la solidaridad que hemos
comprometido con nuestro electorado; ese pacto de solidaridad está
firmado por el PP y la propia sociedad española a la hora de votarle
su programa electoral. En segundo lugar, si en la cuantía no
avanzamos, en cuanto a la calidad de nuestra ayuda al desarrollo
tampoco lo hacemos fundamentalmente por tres razones. Primero, porque
no hay una parte importante de los recursos que pueda estar
concretada y definida. Anosotros nos parece que hay muchos recursos
aquí sin concretar claramente cuál es el destino que les vamos a dar
desde los presupuestos generales. Segundo, porque además de potenciar
créditos reembolsables, créditos que nos deben dar aquí, no
potenciamos lo que son créditos no reembolsables que facilitarían la
relación de los países del Tercer Mundo con la deuda exterior. Y, en
tercer lugar, no cumple el compromiso de Copenhague sobre servicios
sociales básicos, el pacto 20/20; por tanto, la propuesta en cuanto a
calidad del desarrollo tampoco mejora. Además, no se mejora en cuanto
al control de acceso a estos programas oficiales por parte de las
ONG. No se vincula nuestra ayuda al desarrollo al respeto de los
derechos humanos. Siguen apareciendo empresas con beneficiarios de
programas oficiales, y desde estos presupuestos se ignora lo que es
-y esto es más grave- la recién aprobada Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, con la cual deberíamos de funcionar
o actuar.

La línea de nuestras enmiendas está centrada fundamentalmente en tres
programas. En el programa 134.A proponemos desarrollar y corregir
estos defectos que he dicho antes, incrementar en 6.000 millones de
pesetas la ayuda oficial al desarrollo, incrementar la ayuda al
exterior para cumplir el pacto 20/20 de prioridad social básica, de
14.800 millones; incrementar en 500 millones los convenios contra la
explotación infantil a la hora de producción, conforme ha aprobado el
Parlamento; apoyar la protección de los derechos humanos y el
incremento de convenios para el desarrollo y promoción de la igualdad
de la mujer y programas dirigidos a este género; y, en último lugar,
la enmienda 550, incrementar en 2.000 millones de pesetas para un
convenio que provoque o lleve adelante el desminado. Ahora que ha
habido inundaciones en un país latinoamericano nos hemos encontrado
con que están flotando, junto con el agua y el barro, una serie de
minas antipersonas. En este mismo programa proponemos incrementar la
cooperación que ahora mismo se puede promover desde corporaciones
locales y comunidades autónomas, desarrollando así la idea de un
Estado que funciona con todas sus administraciones y no solamente
desde la cabeza de ellas. Proponemos incrementar con mayores recursos
el programa 134.B, y, por último, proponemos reducir el programa 132.

A fundamentalmente en los dineros que destinados a la OTAN y a la
Organización Mundial de Comercio. Lo hacemos en línea de lo que hemos
venido defendiendo, para que España pueda tener una relación
diplomática multilateral cimentada en las Naciones Unidas, y no
precisamente en las organizaciones que limitan el papel de la ONU, y
una relaciónmultilateral para conseguir que se erradique la pobreza,



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puesto que podremos hablar muy poco de entrar en el 2000 con cifras
como las que ahora mismo tenemos en el mundo: 2.000 millones de
ciudadanos que están en la frontera de la pobreza y esos 12 millones
de niños que mueren de hambre al año, ejemplo que desde luego no
significa ese concepto del mundo desarrollado que queremos dar a
entender.




El señor PRESIDENTE: Existen también enmiendas presentadas por parte
del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Tiene la
palabra don Jon Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZÁMIZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado
dos enmiendas a esta sección número 12. La enmienda 157 trata de
incrementar partidas para ayuda al desarrollo y para subvenciones a
organizaciones no gubernamentales, porque cremos que están dotadas
insuficientemente y siguen estancadas en 8.000 millones desde el año
1995. En la 158 solicitamos la ampliación de la partida para ayudas a
procesos de democratización de países de África subsahariana de habla
castellana, con el fin de colaborar con los procesos de formación,
asistencia y cooperación de las formaciones políticas de dichos
países.




Estas son las dos enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario a
la sección número 12.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Doy por defendidas las enmiendas que
diversos diputados del Grupo Parlamentario Mixto han presentado a la
sección 12, Asuntos Exteriores, y a la Agencia Española de
Cooperación Internacional, en los propios términos que aparecen
reflejados en la justificación de dichas enmiendas, bien a la
totalidad de la sección, como es el caso de la del señor Saura
Laporta, o bien a diversos extremos de las partidas presupuestarias
de la sección 12.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Ricomá.




El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Tomo la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar la posición en torno a las 31
enmiendas que han sido presentadas por los diferentes grupos y
también para señalar que las cinco enmiendas que presentaba el Grupo
Parlamentario Popular están incorporadas en el informe de la
ponencia. Por lo tanto, no procede aquí ni su justificación ni
posteriormente su votación. Lo digo porque alguno de los
intervinientes anteriores se ha parado en algún instante en citarlas.

De todas maneras y para que quede constancia en el «Diario de
Sesiones», quiero señalar que la enmienda 1414, del Grupo
Parlamentario Popular, debe ser completada en los conceptos
económicos a que afecta, ya que, tal como fue presentada, en sus
términos no podía dársele trámite, por deficiencias técnicas. Por
ello, haré llegar las modificaciones pertinentes a la Mesa para que
quede constancia de ello y, paralelamente, quede también incorporada
la corrección.

Me referiré ahora a las enmiendas presentadas por los demás grupos
parlamentarios y lo haré, en primer lugar, refiriéndome a las dos
enmiendas de totalidad a la sección presentadas por los grupos
Socialista y Federal de Izquierda Unida, las enmiendas 200 y 533,
respectivamente. Digo dos, aunque soy plenamente consciente de que
las enmiendas a la totalidad son tres. Existe también la número
1.618, presentada por el señor Saura, de Iniciativa Els Verds, que la
comentaré al final de mi intervención, pues justifica la devolución
de la sección por motivos exclusivamente centrados en temas de
cooperación y ayuda al desarrollo. Dado que también existen enmiendas
parciales en este aspecto, las aglutinaré todas y haré una referencia
global a todo este tipo de cuestiones.

De la argumentación que expone el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida se desvelan obviamente las discrepancias casi
insalvables entre su concepción sobre el camino que debe seguir la
política exterior y el camino por el cual está transcurriendo la
actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores, ópticas completamente
diferentes, pero que, al menos, sirven para dar coherencia, tanto a
la presentación de su enmienda como al hecho de rechazarla por parte
del Grupo Parlamentario Popular. En la exposición de motivos surgen
los temas de siempre, tratados además como siempre, cuando en
realidad algunos de ellos han sufrido evoluciones, cambios en
positivo, que, de una manera u otra, validan lo que es la actuación y
el papel de España ante cada uno de ellos. Baste recordar que sale
una vez más el tema de Cuba, cuando desde no hace muchas fechas
podemos apreciar un cierto grado de normalidad en la recuperación de
las relaciones, después de los contactos habidos entre los
presidentes cubano y español. Se refiere también al conflicto árabe-
israelí cuando este tema ha dado un avance sustancial no hace mucho
tiempo con los acuerdos de Wye Plantation, hacia los que importante
actuación ha tenido la gestión del embajador en la zona, precisamente
el español Moratinos. Se refiere también, como no podía ser de otra
manera, al conflicto del Sahara, cuando entendemos que es positivo o
al menos es sabio el papel que está jugando el Gobierno español,
capaz por un lado de mantener las necesarias buenas relaciones con el
Gobierno marroquí, pero por otro de mantener una posición firme de
apoyo a lo que es el proceso que debe finalizar con la celebración
del referéndum de independencia del Sahara. En definitiva, para no
extenderme, son discrepancias de principios que hacen imposible el
encuentro con lo propuesto por la enmienda de totalidad del Grupo
Feral de Izquierda Unida, si bien al menos es de agradecer que en la
exposición de motivos reflejen, aunque sea esquemáticamente, su
visión de la política exterior española, algo que por el contrario no
sucede con la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Socialista, cuya argumentación resulta totalmente contradictoria, al
señalar como justificación a su presentación la inadecuación del
presupuesto a los objetivos de la política exterior de España, pero
sin proponer en ningún caso qué distribución de los gastos del mismo
efectuaría y cómo cuadraría dicho presupuesto para ganar en
efectividad. En definitiva, interpretamos que su propuesta obedece
más al terreno de lo metódico o de lo formal; hay que presentar una
enmienda, porque para algo es el grupo mayoritario de la oposición,
pero el contenido de la misma



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no aporta ninguna novedad ni ningún dato que guarde relación con lo
que está exigiendo al Gobierno, circunstancia por la cual no podemos
apoyarla.

Entrando ya en el terreno de las enmiendas parciales e intentando
abordarlas por conceptos generales, a fin de exponer una visión más o
menos generalizada del Grupo Popular sobre los diferentes temas,
debemos formular las siguientes consideraciones: La enmienda de la
señora Rahola número 106 propone lo que ella sabe positivamente que
es imposible hoy en día, transferir a las comunidades autónomas
partidas presupuestarias para su representación ante los órganos de
la Unión Europea. Aunque quisiéramos, que no es el caso, no
podríamos, pues la representación ante los diferentes estamentos
europeos corresponde al Gobierno de la nación.

Entrando en el terreno de las enmiendas del Grupo Socialista, la
mayoría, al menos cuatro de las siete que propone, persiguen el
mantenimiento de dotaciones del año 1998 y la creación de
aplicaciones para asistencia a españoles en el extranjero por
diversos conceptos. Desde nuestro punto de vista, desconocen -y por
ello resulta un placer informarles- que la finalidad que persiguen
sus enmiendas está totalmente correspondida en lo que es la redacción
de los diferentes conceptos del presupuesto, finalidad que obviamente
es tan lícita y por tanto compartida. Por ejemplo, las ayudas que
piden para los presos y/o enfermos de sida o con enfermedades
cardiovasculares ya se encuentran recogidas en los diferentes
conceptos del programa 132.A. De esta manera se atienden ya dos de
las cuatro enmiendas que presentan en este sentido. La aportación es
de 643 millones de pesetas y con esta cantidad se cubre sobradamente
el máximo que ellos estipulan en la petición que hacen en su
enmienda. De la misma manera, la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta también con dotación en el
proyecto de presupuestos por valor de 19 millones de pesetas. La
contribución voluntaria de España a diversos organismos
internacionales es la misma que existía en 1998, lo que sucede es que
tiene una redistribución diferente, una redistribución mucho más
objetiva, mucho más rigurosa y que en realidad se corresponde con las
necesidades y con las prioridades que en este sentido pueden
derivarse al Ministerio de Asuntos Exteriores. Baste señalar que el
montante total de esta aportación es de 2.902 millones de pesetas
que, insisto, redistribuidos de otra manera, con mucha mayor
coherencia, es el mismo nivel de dotación que existía en 1998.

Las enmiendas parciales del Grupo Federal de Izquierda Unida nos
resulta un poco complicado interpretarlas. La gran mayoría contienen
errores formales que, como decía, aparte de no poderse tramitar en
los términos planteados, nos resulta difícil analizarlas. Algunas de
ellas carecen de especificación sobre el código económico de la
aplicación presupuestaria, otras no incorporan el servicio u
organismo al que afectaría su hipotética alta. Entrando en su
filosofía, en su contenido, la mayor parte vienen a ser la traducción
en enmienda parcial de la visión que este grupo tiene de la política
exterior y del papel que España debe jugar en ella, ya expresada, por
otra parte, en la enmienda a la totalidad y a nuestro parecer
totalmente alejada de la realidad, anclada en momentos históricos ya
superados y con planteamientos
contrarios a lo que supone hoy una expansión a todo nivel por parte
de la humanidad. Dar de baja la cuota de la OTAN, dar de baja la
cuota del acuerdo de Schengen o hacer lo propio con la cuota de la
Organización Mundial de Comercio son ejemplos claros de lo expuesto,
son prueba de un nadar a contracorriente que difícilmente nos va a
hacer avanzar y que, por tanto, difícilmente nos va a situar en
condiciones de afrontar nuevos retos tanto económicos como sociales
en un mundo constantemente cambiante, en un mundo dinámico. Como ya
he dicho al inicio de mi intervención, respetamos su doctrina,
aplaudimos su coherencia, pero no es el escenario el que debe
moverse, son en todo caso los actores. Por tanto, rechazamos el
conjunto de enmiendas presentadas por Izquierda Unida.

Entrando ya, para acabar, en el capítulo de la cooperación, nos
encontramos con seis enmiendas, dos del Grupo Vasco, dos del señor
Saura, del Grupo Mixto, y dos del Grupo Socialista. Cinco de ellas
coinciden más o menos en su finalidad, ampliar la dotación a las ONG,
y la sexta, la del PNV, solicita partida económica a partidos
políticos españoles para la formación y asistencia a entidades
políticas de países de habla castellana del África subsahariana.

Entendemos que de alguna manera con las enmiendas del Grupo Popular
que están incorporadas a la ponencia se atiende esta petición del
PNV, aparte de que existe ya una partida específica referida a Guinea
Ecuatorial que probablemente cumpla también con la intención que
persigue el PNV con esta enmienda. Por tanto, nos vemos en la
obligación de rechazarla. Los incrementos de dotaciones a las ONG
resultan siempre tan fáciles de pedir como agradecidos a la hora de
vender. Con ello quiero señalar que nos unimos y coincidimos
plenamente con el objetivo final, que creo que es de todos los
grupos, de llegar al famoso 0,7 por ciento para cooperación y para
trabajar lo más intensamente posible, de la forma más directa
posible, en esa carrera que entendemos que va más allá de la
ideología, pues su denominador común se establece en base a criterios
de conciencia social, en base a criterios de actitudes humanitarias,
activos que, por supuesto, son cimiento de la totalidad de los grupos
políticos aquí representados. Por tanto, trabajar es lo que está
haciendo en este terreno el Gobierno y los Presupuestos Generales del
Estado para el año 1999 son un claro reflejo de ello. ¿Cómo explicar
si no, por ejemplo, que la partida de subvenciones a organizaciones
no gubernamentales es la que mayor crecimiento porcentual tiene de
toda la sección 12? Está dotada con 8.450 millones de pesetas y
supone un incremento del 6,56 por ciento respecto al año 1998, sin
olvidarnos que en las dotaciones a la Agencia Española de Cooperación
Internacional figura otro crédito ampliable que recoge parte del
porcentaje del IRPF destinado a otros fines de interés social y que
en el presente año 1998 se va a situar en casi 4.000 millones de
pesetas. Es decir, que si en el próximo ejercicio se mantiene este
importe de ampliación, las ONG van a disponer de una cantidad cercana
a los 12.200 millones de pesetas. La racionalidad -y acabo, señor
presidente- con la que debe ser tratado un presupuesto da todavía más
valor a este importante crecimiento de ayuda al desarrollo, que es
fiel reflejo de la sensibilidad en estos aspectos del Gobierno y que
es a su vez un paso firme para ir sedimentando aquellas bases que
permitan, a medio plazo, conseguir



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este objetivo común de todos los grupos que es llegar al 0,7 por
ciento.

Por todo lo expuesto, simplemente quiero reafirmar el voto contrario
a las diferentes enmiendas propuestas por los grupos participantes en
el debate.




El señor PRESIDENTE: Con su intervención hemos terminado el debate de
la sección 12, correspondiente a Asuntos Exteriores.

Iniciamos ahora el debate de la sección 13, correspondiente al
Ministerio de Justicia. A esta sección han presentado enmiendas el
Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, el Grupo Parlamentario Mixto y el señor Serrano Vinué. Por
este orden vamos a dar la palabra. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Julio Villarrubia.




El señor VILLARRUBIAMEDIAVILLA: Señor presidente, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad de
devolución de esta sección 13, Ministerio de Justicia, y dado lo
maratoniano de esta sesión voy a tratar de ser breve, sin perjuicio,
lógicamente, de dar unas pinceladas que justifican profundamente esta
enmienda de totalidad que presentamos, al igual que los posteriores
que también con la misma brevedad trataré de argumentar y defender.

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en lo que a la
sección 13, Ministerio de Justicia, se refiere, defrauda las
expectativas depositadas y demuestra que el Gobierno del Partido
Popular no tiene voluntad política de llevar adelante el necesario
pacto de Estado para la justicia que obligaría a un compromiso
financiero y presupuestario importante imprescindible para la mejora
del deteriorado servicio público de la justicia. El presupuesto, con
una consignación insuficiente, no cubre las exigencias y necesidades
del Libro Blanco de la justicia elaborado por el Consejo General del
Poder Judicial y carece de las consignaciones necesarias para la
creación y puesta en funcionamiento de los órganos jurisdiccionales,
de las obligaciones derivadas del Código Penal -algunos de cuyos
principios incluso han sido trastocados por la carencia de recursos
económicos-, ni para la implantación efectiva de los juicios rápidos,
ni para la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor
-la creación necesaria de juzgados de menores-, ni para los juzgados
de vigilancia penitenciaria, ni para la modernización de la Oficina
Judicial, etcétera. Del mismo modo tampoco se recogen dotaciones para
la mejora del servicio de asesoramiento y defensa de los intereses
del Estado, ni para cubrir las plazas necesarias de abogados del
Estado, ni para la modernización de los registros vinculados a la fe
pública, ni para dotar a las nuevas agrupaciones de juzgados de paz.

Sin embargo, el escaso e insuficiente presupuesto es altamente
generoso con partidas presupuestarias más opacas. Así, aumentan de
manera importante y generalizada las partidas dirigidas a altos
cargos, personal, dietas, indemnizaciones, incentivos, y otra serie
de partidas que afectan al gasto corriente y que carecen de
justificación razonable.

La enmienda 208, señor presidente, al programa 142.A, tribunales de
justicia y ministerio fiscal, acapara aproximadamente
el 90 por ciento de la totalidad de la sección 13. En nuestra
enmienda -que no vamos a desarrollar en su integridad en aras de la
brevedad- detallamos argumentos parecidos a los que ya he apuntado, a
lo que añadiría, por ejemplo, que tampoco se recoge partida alguna
para las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos ni para
programa alguno de actuaciones para las mujeres maltratadas, la
violencia doméstica. Las 48 plazas de jueces y magistrados que se
recogen, al margen de las previstas para los juzgados y tribunales de
lo Contencioso-administrativo, están muy lejos de las 315 que recoge
el Consejo General del Poder Judicial como urgentes y necesarias en
el libro blanco. El capítulo 2 es absolutamente insuficiente también,
pese a que ya corrige serias desviaciones producidas por la demagogia
anterior en el despilfarro del gasto en el presupuesto de 1997, en
que el Gobierno tuvo que aprobar un crédito extraordinario de 5.896
millones. Se vuelven a ver los incrementos denunciados en partidas y
conceptos opacos. En el capítulo 4, las consignaciones resultan
insuficientes para atender el turno de oficio y la asistencia letrada
al detenido, así como los juzgados de paz. En el capítulo 6, los
aumentos de consignación para inversiones no corrigen las graves
infradotaciones del ejercicio anterior y resultan insuficientes para
la creación de los órganos que necesariamente se tienen que poner en
funcionamiento, entre ellos los juzgados de lo Contencioso-
administrativo. Por otro lado, recoge consignaciones ridículas,
dentro de la campaña de publicidad y propaganda de este Gobierno,
para inversiones. Por ejemplo, para las obras nuevas en Salamanca,
con un presupuesto necesario de 1.550 millones de pesetas, se recoge
tan sólo la ridícula consignación de 25 millones.

Señor presidente, unas pinceladas para las enmiendas que hemos
presentado. Respecto a la número 209, entendemos una necesidad
ineludible establecer la dotación de 500 millones de pesetas para la
financiación de los traspasos a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Al programa 126.D, asesoramiento y defensa de los intereses del
Estado, hemos presentado la enmienda número 210 porque entendemos que
es necesario continuar el proceso de informatización del Servicio
Jurídico del Estado, para lo que pedimos la dotación de 60 millones
de pesetas. Al mismo programa 126.D, para el mismo servicio de
asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, gastos de
personal, hemos presentado la enmienda número 211 porque es
imprescindible -ineludible ya- aumentar el número de efectivos de
abogados del Estado, que se está reduciendo por un doble motivo: por
el aumento indiscriminado -ya alarmante- de las excedencias y por la
falta de cobertura de plazas.

La enmienda número 212, al programa 146.A, registros vinculados con
la fe pública, pretende un aumento de 65 millones de pesetas para
evitar la reducción de efectivos en un servicio de gran importancia
para la seguridad jurídica. Dentro del mismo programa pedimos un
incremento de 50 millones de pesetas para la agilización del proceso
de informatización de los registros civiles, necesaria para mejorar
la prestación de un servicio cada vez más importante para los
ciudadanos.

La enmienda de mayor calado cuantitativa y cualitativamentees la
número 214, que se refiere al programa



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142.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, por un importe
total de 14.275 millones de pesetas, que trata de paliar esas
carencias que en la enmienda de totalidad de la sección 13 y en la de
devolución del programa 142.A hemos venido detallando y que en aras
de la brevedad --como es amplia- la voy a dar por reproducida en su
defensa de manera expresa.

La enmienda número 215 se refiere al programa 313.F, en concreto a
los conciertos con corporaciones locales para la prestación social
sustitutoria de objetores de conciencia, por la necesidad de
incrementar los conciertos con las corporaciones locales. En la misma
línea y para el mismo programa va la enmienda número 216, que se
refiere a los conciertos con comunidades autónomas para la prestación
social sustitutoria de objetores de conciencia. Al mismo programa, en
la enmienda 217 solicitamos un incremento de dotación de 5.000
millones de pesetasa para el haber en mano de objetores de conciencia
que cumplan la prestación social sustitutoria.

Habíamos dejado para este trámite, señor presidente --y también con
la misma brevedad-, lo relativo a las disposiciones adicionales
relacionadas con esta sección. Así, la enmienda 445 propone una
disposición adicional nueva en relación con la gestión de cuentas,
depósitos y consignaciones judiciales, en coherencia -entendemos- con
la regulación contenida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. En ella solicitamos que la gestión de cuentas,
depósitos o consignaciones que precisen mantener los órganos
judiciales cuya titularidad correspondía a la Administración del
Estado pasará a ser de titularidad de aquellas comunidades autónomas
que tengan transferidas las competencias en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de justicia.

En la enmienda 455, al anexo II, proponemos la adición, en el punto
cuatro del apartado segundo, de una nueva letra d) con esta
redacción: El crédito 15.611-A-01-481, que se refiere a la ejecución
de sentencias en cumplimiento de lo previsto en el artículo 106 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, a fin de que cuando el Estado sea
condenado, en vía de ejecución de sentencia, esta partida sea
ampliable para que el interesado no tenga mayor dificultad ni se
dilate en el tiempo el efectivo cumplimiento del fallo condenatorio
en este tipo de supuestos.

Apoyaremos la enmienda número 508, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que propone una nueva disposición adicional, así
como las enmiendas números 504 y 505, también del mismo grupo.

Aprovechando este trámite y en relación con la disposición adicional
decimoséptima, apartados dos y tres, del proyecto de ley de
presupuestos, quisiera explicar rápidamente la posición del Grupo
Socialista, basada en que consideramos que la elevación a definitivas
de las cantidades que en concepto de anticipos por el Estado se le da
a la Iglesia católica, como entrega a cuenta de lo que le corresponde
a la mencionada confesión religiosa por su participación en el IRPF,
según parece, tiene una cuantía superior en el presente ejercicio en
alrededor de 6.000 millones de pesetas, lo cual implica una donación
que no se corresponde ni con la Constitución española ni tampoco con
los propios acuerdos
del Estado con la Santa Sede. Por tanto, apoyaremos estas enmiendas.

Señor presidente, por lo que se refiere al resto de las enmiendas
presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, adelanto ya que
votaremos a favor de las presentadas por Nueva Izquierda, Grupo
Mixto, números 1706, 1621 a 1625 y 1846. También votaremos a favor de
las enmiendas 1443, 1444 y 1445, del Grupo Parlamentario Popular, que
se refieren a aspectos puntuales de la provincia de Teruel. En cuanto
al bloque de enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, votaremos favorablemente la número 552, que se
refiere a la totalidad de la sección 13, así como las números 553 a
559, y nos abstendremos en las números 560 a 564, no por estar en
contra de esas enmiendas puntuales y concretas, sino porque
entendemos -y así se recoge en las enmiendas del Grupo Socialista-
que la valoración debe hacerse de forma más conjunta y sin que se
descarte que en su caso puedan tener cobertura este tipo de
enmiendas. Ya he manifestado que votaremos también a favor de la
enmienda 508 a la disposición adicional, que se refiere a los plazos
de excedencia para que se homologue lo que se refiere a oficiales,
auxiliares y agentes en relación a los 15 años, conforme se recoge en
dicha enmienda. Finalmente, nos abstendremos en las enmiendas 8 y 9,
de Unión Valenciana, por los mismos argumentos que daba para la
abstención en las enmiendas de Izquierda Unida, a que me referí con
anterioridad, sin perjuicio de que dentro de la valoración de
prioridades pudieran tener su encaje en el conjunto del programa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy a circunscribir mi
intervención a la enmienda número 552, enmienda de devolución de
totalidad a la sección 13, pidiendo que se den por defendidas todas
las enmiendas que se referían a las disposiciones transitorias y
haciendo luego una mínima alusión a las que particularmente solicitan
un trasvase de partidas con relación a determinadas obras o
instalaciones.

Es lógico que los presupuestos de año en año, por una elemental
coherencia cuando quien los lleva adelante es el mismo Gobierno,
reflejen o tengan una radiografía muy similar a la del año anterior.

Pero esta lógica quiebra en lo que se refiere al Ministerio de
Justicia cuando, a lo largo del año en curso, precisamente el
departamento del Ministerio de Justicia y los problemas de la
Administración de justicia han sido objeto de un tratamiento
privilegiado en la Cámara, y fuera de ella, que ha puesto de
manifiesto una necesidad de romper con esa continuidad. La aparición
del Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, el libro del
ministerio fiscal y el conjunto de actuaciones parlamentarias que se
han tenido deberían haber llevado al Ministerio de Justicia a no
permanecer en el continuismo con el que nos presenta hoy estos
presupuestos. Fíjense SS.SS. qué grado de continuismo será éste que,
aun habiendo adoptado la Cámara el acuerdo de que cuando llegara el
momento de presentar los presupuestos se separaría categóricamente



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el Ministerio de Justicia de la institución del ministerio público,
pues éste sigue englobado en la misma partida, lo que significa que
por parte del Ministerio de Justicia poco o nulo caso se está
haciendo a las múltiples voces que se levantan pidiendo que haya un
replanteamiento muy serio en lo que se refiere a la Administración de
justicia para poder solucionar sus problemas.

El señor Villarrubia ha dicho, como no podía ser de otra manera
-haciendo nosotros propias sus palabras-, que esa necesidad de un
pacto de Estado, esa necesidad de una acción muy urgente y radical en
lo que se refiere a la Administración de justicia no aparece en este
presupuesto para nada. Bien al contrario, el presupuesto sigue siendo
un presupuesto, dicho con todos los respetos, absolutamente mezquino
y cicatero para lo que es un servicio público de la justicia.

Queremos hacer referencia a esta terminología porque no estamos
hablando de cualquier otro departamento ministerial con respecto a
todos ellos, estamos hablando de un departamento en el que
precisamente radica, ni más ni menos, que el amparo de los ciudadanos
ante cualquier extralimitación de cualquier clase de poderes. Es pura
y simplemente el Ministerio que tiene como misión proporcionar los
medios materiales y humanos para que el Poder Judicial, independiente
e imparcialmente, pueda dar satisfacción material y moral a las
reclamaciones o reivindicaciones de justicia, de libertad y de
igualdad que alientan en todos y en cada uno de los ciudadanos. Por
eso es absolutamente denunciable este continuismo, porque viene a
poner de manifiesto que este servicio público de la Administración de
justicia, tan despreciativamente considerado, es la manifestación
clarísima del recelo con el que el poder político, en este caso el
Poder Ejecutivo, juzga cualquier posibilidad de control jurídico de
sus actuaciones o cualquier posibilidad de amparo de los ciudadanos,
y ello es gravísimo para un sistema democrático. Este presupuesto no
es el reconocimiento de una impotencia sino, al contrario, el
reconocimiento de una falta de voluntad política absoluta para que
cambie la Administración de justicia y con ella la utilización que un
sistema democrático pueda hacer del Poder Judicial.

En suma, valdría casi con releer la intervención que por parte de
este grupo parlamentario se produjo el año pasado en una discusión
similar a ésta, porque no ha cambiado en modo alguno la filosofía que
orienta la actuación del Ministerio de Justicia en relación al
servicio público de la justicia y a la eficacia del Poder Judicial, y
un poder judicial ineficaz es pura y sencillamente un poder judicial
absolutamente dependiente. No se puede hablar de la independencia del
Poder Judicial con un poder judicial que sea ineficaz y cuyas
resoluciones se demoren tanto en el tiempo que no acaben produciendo
la finalidad para la que este poder está establecido en nuestra
Constitución. No vamos a cansar la atención de los señores
comisionados ni de la Presidencia con este tema repitiendo una vez
más aquello de que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía.

Simplemente queremos que se dé por defendida esta enmienda de
devolución de totalidad y con ella todo el conjunto de enmiendas que
van desde la 553 a la 574.

Entenderán el señor presidente y SS.SS. que todos los grupos
parlamentarios, cuando llega el momento de los presupuestos,
recibimos desde la más pequeña localidad a
la más importante capital todo un conjunto de sugerencias. Si
hubiéramos hecho caso de lo que se nos trasladaba por parte no sólo
de los que componen nuestra organización sino de los ciudadanos,
habría que haber presentado del orden de 4.000 enmiendas. Hemos
escogido desde la 553 a la 574, las que pensamos que son
absolutamente imprescindibles, porque sinceramente en algunos sitios
las instalaciones no merecen siquiera el beneplácito de la Inspección
de Trabajo por la forma en que se está desarrollando el trabajo en el
seno de las mismas, por su inseguridad y hasta por su insalubridad.

Estamos pidiendo sencillamente que, cuando se está poniendo tanto el
acento en la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico -que una de
las zonas más afectadas por este problema puede ser el Campo de
Gibraltar-, tenga el número de fiscales y las dotaciones económicas
más elementales para poder llevar a cabo esta batalla. Estamos
pidiendo que la tan reclamada construcción de un auténtico edificio
para la justicia en Baleares, en Palma de Mallorca, se lleve a buen
término y no sea una especie de proyecto que permanentemente se
enarbola y para el cual luego no hay la menor intención de dedicar el
correspondiente dinero. Hoy en concreto estamos pidiendo para la
Comunidad Autónoma de Murcia, para Cartagena, para Cieza, para Mula y
para Jumilla que haya unas instalaciones que merezcan mínimamente la
consideración de oficinas públicas respetables y presentables.

Hacemos hincapié en la última enmienda de las que hemos presentado,
en un tema tan importante como es el de los intérpretes, porque están
tropezando nuestros juzgados y tribunales con el problema de estar
viendo incrementada la población que acude en petición de amparo por
motivo de la emigración, y por ese motivo llegado el momento se
pueden encontrar en situaciones de auténtica indefensión por la
carencia de intérpretes que puedan llevar adelante la traslación de
sus peticiones ante los órganos judiciales, que no tienen por qué
conocer toda clase de lenguas.

En suma, ahí quedan las enmiendas, el Grupo Popular las tiene a su
disposición y, a la luz de su pronunciamiento sobre las mismas,
confirmaremos -nos tememos- lo que ya hemos expuesto al inicio de
esta intervención, el grado de actitud de, como mucho, mero parcheo y
de renuncia a una transformación radical y a que podamos tener un
servicio público de la justicia que merezca siquiera el carácter no
voy a decir de extraordinario, sino simplemente de normalizado que
tiene cualquier país de nuestro entorno, a los que tanto se hace
referencia cuando conviene en otros temas pero no en éste.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre de Unió Valenciana
para defender nuestras enmiendas números 8 y 9 a esta sección 13,
Ministerio de Justicia. La primera de ellas, la número 8, hace
referencia al ambicioso proyecto de la Ciudad de la Justicia en
Valencia, que está empezando a ver sus primeras cimentaciones en esta
ciudad, capital de la Comunidad Valenciana, que adolece de un déficit
en infraestructuras de instalaciones judiciales a resaltar. Cierto es
que se me puede decir que se transfirieron las competencias de
justicia a la Comunidad



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Autónoma Valenciana coincidiendo con el final del anterior Gobierno
central del Partido Socialista y la recepción de las mismas con el
nuevo Gobierno a nivel autonómico del Partido Popular en el año 1995;
y es cierto que desde el año 1996-1997 se están ejerciendo estas
competencias por la Comunidad Autónoma Valenciana. Pero también es
cierto -y así se denunció en pleno proceso de transferencia de las
competencias de justicia por el partido del Gobierno central hacia la
Comunidad Autónoma Valenciana- que esas transferencias estaban
realizándose deprisa, que no se estaban cerrando correctamente los
extremos, sobre todo los presupuestarios, los económicos para el
personal adscrito al mismo. Se estaba realizando una transferencia de
competencias de justicia a la Comunidad Autónoma Valenciana
defectuosa y sin las debidas partidas presupuestarias que acompañan
ese nivel competencial tan importante y tan esperado por la comunidad
autónoma. Pues aquel argumento vale para el día de hoy. Lo único que
pretendemos es que el Gobierno central, a través del Ministerio de
Justicia, cofinancie en una parte más o menos simbólica, el montante
total de ese proyecto tan ambicioso, con un coste tan elevado, que es
la Ciudad de la Justicia de Valencia, que va a albergar diversos
juzgados y sobre todo a suplir aquellas carencias que en
infraestructuras en materia de justicia tienen los diversos órganos
judiciales en la Comunidad Valenciana.

La misma justificación anterior sirve para la enmienda número 9, que
se refiere a la sede de órganos judiciales en la Comunidad
Valenciana. De norte a sur de la Comunidad Valenciana -y creo que
sería extensivo, y como decía en su justificación el diputado de
Izquierda Unida, señor Castellano, también de norte a sur y de este a
oeste del Estado español- es lamentable el estado actual de los
órganos judiciales, por sus carencias, sus deficiencias; no sólo de
la Comunidad Valenciana, como planteo en esta enmienda, sino de todo
el Estado, pues no reúnen los requisitos necesarios para prestar la
justicia con la debida atención a los ciudadanos, a los
administrados. En la propia memoria de la transferencia de estas
competencias en el año 1995-96 se ponía encima de la mesa el estado
de los órganos judiciales en diversos municipios, partido judicial a
partido judicial en cada una de las comarcas de la Comunidad
Valenciana, de norte a sur, desde Vinaroz hasta Orihuela pasando por
Gandía, Alcira, Torrente y Massamagrell. Hay que ver el estado en que
se encuentran los juzgados de instrucción y de primera instancia de
todos los partidos judiciales, excepto honrosas excepciones, de la
Comunidad Valenciana, que no reúnen las mínimas condiciones para
prestar un servicio de justicia digno a los ciudadanos, por la
infraestructura material de los edificios que albergan los órganos
judiciales, con edificios con goteras, con ventanales rotos, con unos
problemas que hacen casi imposible a los funcionarios prestar día a
día ese servicio básico que es la administración de justicia. También
se hacen patentes esas deficiencias y carencias materiales con la
falta de aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno,
máquinas de escribir, servicio informático, servicio de mobiliario,
etcétera, que hacen que muchas sedes de la Comunidad Valenciana,
desde el más pequeño juzgado de instrucción de primera instancia
hasta dependencias judiciales en las ciudades de Valencia, Alicante y
Castellón, no
reúnan los requisitos mínimos elementales para prestar un servicio
que pensamos que debería estar más a la altura de las circunstancias,
máxime cuando estamos a las puertas del siglo XXI. Pensamos que el
estado de los órganos judiciales es más que deplorable y lamentable,
por lo que presentamos estas dos enmiendas cuantificadas en 1.500
millones de pesetas, que no es una superinversión ni una inversión
multimillonaria, pero podría paliar en alguna medida el lamentable
estado sobre todo de las instalaciones, así como de la consignación
presupuestaria que supuso la transferencia de justicia para la
Comunidad Valenciana hace apenas dos años y medio.

Por último, brevemente quiero dar por defendidas en nombre del
diputado Serrano Vinué, del Partido Aragonés, las enmiendas 1443,
1444 y 1445, relativas a la reforma del Juzgado de Menores de Teruel,
a la reforma del Juzgado de lo Social de Teruel y a la remodelación
del Juzgado de Monzón de Huesca, respectivamente. Quiero manifestar
el voto favorable a la enmienda 1846, presentada por el diputado del
Grupo Parlamentario Mixto señor Saura Laporta, en la que reivindica
la creación del Juzgado de lo Social en Alcoy, Alicante, porque es
una demanda reiterada ya hace bastantes años por parte de las
autoridades municipales y por el propio personal al servicio de la
Administración de justicia en esta ciudad industrial, donde por su
propia idiosincrasia y entramado socieconómico del municipio es
necesario que se acometa.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Bueso.




El señor BUESO ZAERA: Señor presidente, rechazamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista en base a las siguientes
argumentaciones. En lo que respecta a la enmienda 207 de totalidad de
devolución, consideramos que su argumento, junto con lo dicho por el
representante de Izquierda Unida respecto a la enmienda 552, no se
corresponde en absoluto con la realidad de los hechos, ya que en
términos homogéneos el presupuesto del Ministerio de Justicia crece
en un 11,7 por ciento respecto al inicial de 1998, y en su programa
más importante, es decir, el 142.A, tribunales de justicia, el
aumento es del 12,5 por ciento, cantidad suficiente para atender la
creación de los nuevos órganos judiciales, aumentar las plantillas de
funcionarios, modernizar e informatizar la Oficina Judicial, haciendo
eficaces las nuevas leyes incluidas en el programa legislativo del
Ministerio. En cuanto a los demás programas presupuestarios, aunque
son menores los aumentos son suficientes para conseguir sus
objetivos, dada la mejora de su gestión y la rebaja de los costes. No
hay que olvidar que los créditos que figuran en el proyecto de
presupuestos para 1999 para este conjunto de la sección 13 se
consideran adecuados para el cumplimiento de los objetivos
programados por el Gobierno, de acuerdo con la escala de prioridades
definida por el Ministerio de Justicia en el contexto de austeridad
presupuestaria exigida por la coyuntura económica del país y la
irrenunciable convergencia con Europa. Estas dos enmiendas de
devolución no proponen ninguna alternativa razonable para la
asignación de los recursos y utilizan argumentos que, en nuestra
opinión, son erróneos o incompletos en su exposición. La dotación
global consignada



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en el proyecto, que asciende a 148.362 millones de pesetas, supone,
como he dicho antes, un incremento del 11,7 por ciento, una vez
deducidas las transferencias de medios personales y materiales al
servicio de la Administración de justicia realizadas a lo largo de
1997 con destino a las comunidades autónomas. Esto demuestra un
esfuerzo muy considerable y muy superior al crecimiento del PIB para
1999, estimado en un 3,8 por ciento. Ello permitirá, entre otras
cosas, dar cobertura a 111 nuevos juzgados y ampliar el promedio de
objetores de conciencia desde 83.000 a 95.000.

El Grupo Socialista dice que hay partidas opacas. Tengo que
manifestar que no existe ninguna partida opaca dotada con
generosidad, como dicen en su enmienda. La subida de altos cargos es
consecuencia directa de la Ley Orgánica 5/1997, de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en la que, entre otras cosas, se
señala que las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo
se establecerán en cuantía similar a las de otros altos órganos
constitucionales atendiendo a la naturaleza de sus funciones. El
incremento en personal sustituto obedece al plan de refuerzo para
reducir el gran número de recurso pendientes de resolución. Los
incrementos en dietas y gastos diversos se refieren exclusivamente a
gastos de oposiciones y derechos de examen financiados con tasas que
anteriormente no aparecían recogidos en los presupuestos de gastos y
ahora se recogen por cambio de criterio contable. En cuanto a los
trabajos realizados por otras empresas, no sólo no suben sino que
disminuyen, al pasar de 137 a 116 millones de pesetas.

En lo que respecta a la enmienda número 208 del Grupo Socialista que
pretende la devolución del programa 142.A por insuficiencia de su
cuantía, tengo que decirle que existe un incremento, en nuestra
opinión suficiente, en todos los capítulos del programa: el capítulo
1 se incrementa un 9,4 por ciento respecto del presupuesto del año
1998, recogiendo créditos suficientes para la creación de nuevas
plazas de todos los cuerpos. No hay que olvidar que se crean 137
plazas de magistrados, 34 de fiscales, 135 de secretarios judiciales,
50 de médicos forenses, 252 de oficiales, 456 de auxiliares y 265
agentes personales además de 131 plazas de personal laboral. Estos
incrementos, en nuestra opinión, son suficientes para atender la
demanda consecuencia de la aplicación del plan legislativo del
Ministerio. El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios
tiene un incremento del 12,4 por ciento, además de consolidar el
aumento del ejercicio anterior que ya de por sí fue suficiente, como
acredita la previsión de cierre del ejercicio sin deudas apreciables
en el capítulo. El capítulo 4, transferencias corrientes, con un
aumento del 6,5 por ciento, es proporcional a la mejora y demanda del
turno de oficio de asistencia al detenido. El capítulo 6, inversiones
reales, con un aumento del 87,3 por ciento, permitirá atender el plan
de obras del Ministerio recogido en el anexo de inversiones. Con este
aumento se consolidan los compromisos plurianuales y se asumen otros
nuevos además del equipamiento informático de los órganos judiciales
y fiscales. El decretoley de concesión de un crédito extraordinario a
que se refiere la enmienda del Grupo Socialista lo fue, como se
indica en su artículo 1, para atender obligaciones de ejercicios
anteriores. No hay que olvidar, por otro lado, que la devolución
de un programa, como parte integrante del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, no aparece contemplado
en el Reglamento del Congreso. Hay que tener eso en cuenta a la hora
de rechazarla.

En lo que respecta a la enmienda número 209, que se refiere a la
creación de un concepto nuevo dotado con 500 millones de pesetas en
el capítulo 7 por insuficiencia de traspaso a Canarias, tenemos que
decir que el Real Decreto 2.462, de 2 de diciembre del año 1996,
sobre traspaso de funciones a la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de provisión de medios materiales y económicos para el
funcionamiento de la Administración de justicia, incluía todos los
costes de los medios traspasados en función de los medios
presupuestarios existentes en la fecha del traspaso. Por tanto, no
procede ampliar dichos costes con cargo al presupuesto de esta
sección 13 de forma exclusiva.

Rechazamos la enmienda 210 que pretende la informatización del
Servicio Jurídico del Estado, con una dotación de 60 millones, porque
al estar previsto en el anexo de inversiones de este programa un
crédito específico de 45 millones de pesetas asociado al proyecto
86.13.07.00.5 para continuar la informatización del Servicio Jurídico
del Estado se estima suficiente el importe para dicho objetivo.

Rechazamos la enmienda 211, que se refiere al aumento de efectivos de
abogados del Estado, incrementando en 125 millones de pesetas al
artículo 12 del programa 126.D porque antes de incrementar la
plantilla es necesario cubrir las numerosas vacantes existentes en la
misma, vacantes que en muchas ocasiones son difíciles de prever dado
que obedecen a situaciones de excedencia o de servicios especiales.

También consideramos que la dotación consignada en el presupuesto es
adecuada y que la propuesta no se ajusta a lo dispuesto en el
artículo 133.3 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados.

Rechazamos la enmienda 211 respecto del incremento de efectivos en la
Dirección General de los Registros y del Notariado porque no existe
ninguna reducción real de efectivos en los servicios centrales de la
Dirección General, como plantea la misma, pues en el presupuesto de
1999 continúan dotadas las 98 plazas de personal funcionario que
existían en el año anterior.

Asimismo rechazamos la enmienda 213 respecto a la agilización de
informatización de los registros civiles puesto que en el anexo de
inversiones, en el artículo 62 del programa, se recoge un proyecto
específico de informatización de registros civiles dotado con 32
millones, importe que estimamos suficiente para conseguir este
objetivo. La enmienda 214, respecto a aumentar las dotaciones en
todos los capítulos del programa 142.A, la rechazamos en base a los
mismos argumentos a que hemos hecho referencia en la enmienda número
208.

La enmienda 215, para incrementar en 150 millones de pesetas el
crédito para conciertos con corporaciones locales en materia de
prestación social sustitutoria de objetores de conciencia, la
rechazamos por considerar suficientes los objetivos del programa 313.

F y el crédito que ya existe en este concepto del presupuesto del
importe de 131 millones de pesetas. Hay que tener presente que los
módulos económicos vigentes para los conciertos con entidades
colaboradoras cubren fundamentalmente el alojamiento y comidade los
objetores desplazados de su lugar habitual de residencia,



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siendo propósito del Gobierno que la prestación social sustitutoria
se realice en el municipio donde resida el objetor afectado, lo que
haría innecesaria la subvención.

La enmienda 216, que pretende incrementar en 125 millones de pesetas
el crédito para conciertos con comunidades autónomas en materia de
prestación social sustitutoria, la rechazamos porque consideramos
suficiente para los objetivos del programa 313.F el crédito existente
en este concepto del presupuesto por importe de 279 millones de
pesetas.

La enmienda 217, que pretende incrementar en 5.000 millones el
concepto 142 de haber en mano de los objetos de conciencia, la
rechazamos porque consideramos suficiente para los objetivos del
programa 313.F el crédito existente en dicho concepto por importe de
1.720 millones de pesetas. El módulo actual para el personal militar
de reemplazo es exactamente de 1.500 pesetas mes, cantidad que
estimamos adecuada a la finalidad que se persigue dentro de las
limitaciones presupuestarias acordes, como he dicho anteriormente,
con la coyuntura económica del momento. Asimismo, rechazamos el resto
de enmiendas en cuanto a las disposiciones adicionales a las que he
hecho referencia.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, utilizo con la número
552 los mismos argumentos que he empleado respecto a la enmienda de
devolución del Grupo Socialista. Deseo decirle al señor Castellano
que el esfuerzo inútil no conduce a la melancolía. No considere S.S.

como tal el hecho de que unas enmiendas no se admitan o se rechacen,
sino todo lo contrario. La aportación de Izquierda Unida en todos los
presupuestos, lo mismo que en cualquier otra cuestión, es importante
y nunca sienta que el esfuerzo es inútil porque no es así. Se lo
puedo decir yo porque he estado muchos años en la oposición: nunca es
inútil cualquier esfuerzo que se hace, sea en los presupuestos o en
cualquier otra iniciativa parlamentaria.

Respecto a la enmienda 553, de adición, que pretende financiar la
construcción de calabozos en los juzgados de Alcañiz, precisamente en
mi provincia, Teruel, por importe de 10 millones de pesetas, la
rechazamos porque se podría asumir con cargo a cualquiera de los
proyectos genéricos de obra incluidos en el capítulo 6. Esta es una
de las pruebas de que no es inútil su esfuerzo, porque está prevista
en el capítulo 6.

La enmienda 554, respecto de la reforma del juzgado -aunque se dice
en los juzgados de lo Social de Teruel, es el Juzgado, ya que
solamente hay uno-, por importe de 80 millones de pesetas, tengo que
decirle que la rechazamos porque al existir una obra de reforma de
parte de las instalaciones judiciales en Teruel capital, donde está
precisamente el Juzgado de lo Social, a escasos metros, dotada en el
presupuesto de 1999 con 45 millones, una vez finalizada permitirá una
reubicación de los diferentes órganos judiciales de la ciudad y
entonces se verá si es necesario o no llevarlo a cabo, ya que
posiblemente con la reubicación y las reformas que se hagan en el
Palacio de Justicia pueda perfectamente estar ubicado el Juzgado de
lo Social, lo mismo que el Juzgado de Menores.

En cuanto a la enmienda 555, respecto de las nuevas plazas fiscales
para el Campo de Gibraltar, por importe de 15 millones no es correcto
su planteamiento, puesto que la
creación de nuevas plazas de fiscales se asocia al artículo 12,
capítulo 1, y no al artículo 62, capítulo 6. En todo caso, el
incremento de 34 nuevas plazas de fiscales en el próximo presupuesto
se estima suficiente para las funciones de la fiscalía.

La enmienda 556, relativa a los medios en la Fiscalía antidroga en el
Campo de Gibraltar, por importe de 15 millones, la rechazamos por no
tener constancia de que necesite incremento de medios materiales. En
todo caso, existe en los capítulos 2 y 6 crédito suficiente para
atender las posibles necesidades.

La enmienda 557, que propone la adición de 300 millones de pesetas
para financiar el Tercer Juzgado de Andújar y otras infraestructuras
del Ministerio, la rechazamos porque la competencia en materia de
medios materiales para la Administración de justicia en Andalucía fue
traspasada por el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero. Para el
resto de las infraestructuras competencia del Ministerio, estimamos
que son suficientes los créditos del capítulo 6, que tienen un
incremento del 87,3 por ciento.

La enmienda 558, respecto de la creación del Juzgado de Familia en
Torrelavega, por importe de 50 millones, la rechazamos, ya que en el
presupuesto con cargo a los proyectos genéricos existen créditos
suficientes para la creación de nuevos órganos judiciales, una vez
esté acreditada su necesidad. La enmienda propone modificar las
inversiones del proyecto y representa un aumento de 50 millones de
pesetas en el artículo 63, debiendo referirse al artículo 62 al
tratarse de creación y no de reforma, pero no especifica ni el código
del proyecto que ha de soportar la baja ni los códigos de nuevos
proyectos. Independientemente de todo ello, existen créditos
suficientes para la creación en su caso.

La enmienda 559, para financiar la reforma del Juzgado de Menores de
Teruel, por importe de 50 millones, la rechazamos por las mismas
razones a las que he hecho referencia respecto del Juzgado de lo
Social.

En cuanto a la enmienda 560, de adición para la construcción de un
centro penitenciario en Pamplona, entendemos que es competencia del
Ministerio del Interior la sección 16 en virtud del Real Decreto 758/
1996, de 5 de mayo, de reestructuración de departamentos
ministeriales, que a su vez tiene encomendada a la sociedad estatal
Siepsa la ejecución del plan de creación y amortización de
infraestructuras penitenciarias. Por tanto, no está correctamente
formulada esta enmienda.

La enmienda 561, de modificación para aumentar la dotación del
proyecto de Palma de Mallorca para asegurar la finalización de la
obra, la rechazamos porque la consideramos innecesaria, ya que el
proyecto y obra a que se refiere están recogidos en el anexo de
inversiones, con una dotación de 439.310.000 pesetas para la
anualidad de 1999 y 438.838.000 pesetas para la anualidad del año
2000.

La enmienda 562, para financiar la construcción del nuevo Palacio de
Justicia de Murcia y ampliación del de Cartagena, por importe de 600
millones de pesetas, la rechazamos al estar previsto en el anexo de
inversiones un crédito de 56 millones con destino a la ampliación del
edificio del Juzgado de Cartagena, obra que se continuará en los años
2000 y 2001, y también existe la previsión para dichos años de
construir el nuevo edificio de Murcia, con un coste de 1.000 millones
de pesetas.




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La enmienda 563, respecto de la financiación de nuevos palacios de
justicia en Cieza, Mula y Jumilla, por importe de 300 millones de
pesetas, la rechazamos, sin perjuicio de que en su caso, si dieran
resultado las negociaciones con los ayuntamientos -para esto hubo un
debate hace algunos meses en la Cámara-, se iniciaran estas obras con
cargo a los proyectos genéricos del capítulo 6.

Finalmente, respeto a la enmienda 564 de Izquierda Unida, que
pretende dotar al Tribunal Superior y Audiencia Provincial de Murcia
de un cuerpo de traductores e intérpretes para mejorar la atención a
los inmigrantes que trabajan en la región, por importe de 25 millones
de pesetas, consideramos que los intérpretes que actúan en la
Administración de justicia no pertenecen a cuerpos de funcionarios,
sino a laborales. Por ello, el alta de la enmienda correspondería al
concepto 130. En todo caso la desestimamos ya que está previsto
incrementar el número de intérpretes en la plantilla y existe
dotación presupuestaria para aumentar la plantilla de personal
laboral en 131 nuevas plazas, algunas de las cuales lo serán, por
supuesto, de intérpretes.

En lo que respecta a las enmiendas del Grupo Mixto, concretamente de
Unión Valenciana, su representante me ahorra algunos de los
argumentos a los que ha hecho referencia, porque el traspaso de
funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana
en medios materiales a la Administración de justicia, conforme al
Real Decreto 293/1995, de 24 de marzo, comprendió en su día los
créditos de inversiones y, por lo tanto, no procede la inclusión en
esta sección 13. Esto es aplicable también a la enmienda número 9.

Los juzgados podrán estar en situación lamentable, pero no es el
Gobierno del Grupo Popular el que ha empezado con esa situación, sino
que nos la hemos encontrado. Teniendo en cuenta que en este año va a
haber unas inversiones importantísimas, de tal manera que se van a
crear 111 nuevos órganos judiciales y se van a construir
edificaciones en toda la geografía, en ejercicios posteriores, en lo
que sea posible, se solventarán situaciones lamentables como las que
pueden ocurrir en Valencia. Eso sería motivo de una renegociación de
la transferencia, pero no es aplicable a estos presupuestos.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Saura -y
termino, señor presidente, enseguida- a la número 1621, de represión
de los delitos económicos relacionados con la corrupción y la
adquisición de inmueble destinado a la Fiscalía especial, tengo que
decir que existe crédito para que, una vez rescindido el contrato de
arrendamiento de la ubicación actual, se pueda situar en otro lugar
mediante el sistema de arrendamiento, a ser posible en algún inmueble
propiedad del Estado.

En cuanto a la enmienda 1624, para incrementar los créditos de cursos
y material para la prevención y represión de los delitos derivados de
violencia doméstica, consideramos que en el presupuesto del organismo
autónomo existe dotación suficiente para financiar los cursos de
referencia.

En lo relativo a la enmienda 1625, respecto de la financiación de
cursos y material para fomento del conocimiento de lenguas distintas
al castellano entre el personal de la Administración de justicia,
entendemos que el organismo autónomo dispone de créditos suficientes
para los cursos de referencia, que no sólo se imparten en su sede
central
sino también de forma periférica mediante colaboración con las
comunidades autónomas y bilingües.

Rechazamos la enmienda 1706. No se comenta el contenido de la misma
por la carencia de fundamentación y seriedad de la misma, dicho sea
con todos los respetos.

En cuanto a las enmiendas de don Antonio Serrano, por las razones que
he mencionado anteriormente, tampoco las admitimos. (El señor
Villarrubia Mediavilla pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, sabe S.S. que no hay segundo
turno.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: No es segundo turno, sino una
aclaración necesaria para la votación. Nos ha causado perplejidad que
el portavoz del Partido Popular haya rechazado verbalmente las
enmiendas 554 y 559 de Izquierda Unida, que son coincidentes con las
números 1443 y 1444 del propio Partido Popular y que mi grupo ha
anunciado que iba a votar a favor. Es para aclarar este extremo,
porque, dentro del rechazo de todo, ha rechazado también la enmienda
que se refiere a los Juzgados de Menores de lo Social de Teruel,
rechazando expresamente la de Izquierda Unida cuando hemos anunciado
ya que vamos a votarla favorablemente porque se corresponde con
enmiendas del propio Partido Popular. (El señor Bueso Zaera pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, tiene 30 segundos.




El señor BUESO ZAERA: Simplemente quiero decir que las enmiendas del
Grupo Popular ya están incorporadas y, por tanto, no son objeto de
votación.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular va a votar en
contra de las enmiendas del señor Serrano Vinué. Eso es lo que hay
que entender y ya lo veremos en el momento de la votación. (El señor
Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene treinta segundos, señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Es una cuestión de orden. Toda la tarde
estamos diciendo que la ponencia ha admitido enmiendas. La ponencia
no admite ninguna enmienda sino que emite un informe; las enmiendas
se votan en esta Comisión. Otra cosa es que las votemos globalmente,
pero que no se argumente que la ponencia ya ha decidido porque las
ponencias no deciden. Las ponencias hacen un informe, las enmiendas
se rechazan y se votan aquí, en la Comisión. Lo digo porque
reglamentariamente es así.




El señor PRESIDENTE: Se ha incorporado al informe de la ponencia, que
será votado como un conjunto en una sola votación en su momento, pero
hasta ahora no ha sido votado.

Terminamos así el debate de la sección 13, correspondiente al
Ministerio de Justicia, e iniciamos el debate de la sección 14.




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Señorías, aunque pensaba hacer esta advertencia después de las
votaciones, creo que es conveniente que la hagamos ahora. La
Presidencia, que va a seguir siendo flexible, pero menos y avisará a
partir de ahora a cualquier interviniente que supere los 10 minutos
en su intervención, a fin de que podamos mantener el horario
previsto.

A la sección 14, correspondiente al Ministerio de Defensa y al
organismo autónomo del INTA, hay enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, y también
otorgaremos la palabra, como en todos los casos, al Grupo
Parlamentario Popular. Las intervenciones tendrán lugar por el orden
que ha citado.




Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: No sé si es casualidad, pero cada año
empezamos a correr más en el momento en que llega la sección 14,
Defensa; seguramente es una pura casualidad que no tiene nada que ver
con el Ministerio en cuestión.

Si el Grupo Popular estuviera en la oposición, y con las
explicaciones que los jefes del Estado Mayor nos dieron en su
comparecencia, hoy nos haría un discurso catastrofista sobre los
problemas de operatividad, grado de mantenimiento, grado de
inversiones, etcétera, de nuestras Fuerzas Armadas al que ya nos
tenía acostumbrados. Pero no es ese el camino que nosotros vamos a
seguir, por responsabilidad y porque no creemos que la función de la
presencia de los jefes de Estado Mayor en Comisión sea precisamente
utilizarlos como armas arrojadizas contra la política del Gobierno y
del Ministerio de Defensa. Nosotros hemos presentado una enmienda en
la que pedimos la devolución del presupuesto al Ministerio tomando
como base otros argumentos también fundamentados. Básicamente, porque
creemos que el presupuesto que el Ministerio de Defensa nos presenta
no refleja la realidad de lo que realmente va a ser el presupuesto de
este Ministerio y ello por tres razones.




La primera razón es que a través del artículo diez, punto dos de la
ley de presupuestos, de los artículos cuarenta y uno y cincuenta y
cinco, de la transitoria tercera y de la derogatoria segunda de la
ley de acompañamiento, y también a través del proyecto de ley sobre
viviendas que ha tenido entrada en este Congreso, se introducen una
serie de facultades de enajenación del patrimonio y de creación de
nuevos instrumentos de gestión en la consecución de ingresos y en la
realización de gastos que, juntamente con el aumento de consignación
que hay en el capítulo 8 del presupuesto de Industria en temas
dedicados a Defensa, hacen que el presupuesto real del Ministerio de
Defensa no sea de 928.000 millones de pesetas, sino de unos 1.200
millones de pesetas. Al no reflejarse esos 1.200 millones reales en
el presupuesto de Defensa, no se reflejan los gastos de
adquisiciones. Se prevé que la Gerencia de Infraestructuras tenga más
ingresos de los que están consignados, con lo cual tendrá más
posibilidad de hacer gasto y algunos de estos gastos van a consistir
en compra de armamento y material; es decir, que puede haber unos
20.000 millones de pesetas para comprar armamento y material que no
va a reflejarse en los presupuestos de Defensa y que, por tanto, no
van a
ser controlados por esta Comisión en el acto que estamos realizando
en este momento.

La segunda razón es que se deslizan los pagos de los grandes
programas de inversión hacia los presupuestos posteriores al 2002, lo
cual va a suponer la necesidad de incrementar los presupuestos de
este Ministerio por encima del 10 por ciento en estos años, situación
que ya veremos si puede darse. Esto va a llevar consigo una
incidencia negativa en la gestión de otros programas de inversión
para la modernización y para la organización del personal en el
proceso de profesionalización. Tal vez por eso, porque el propio
Ministerio se da cuenta, de ello, esta mañana aparecía en un medio de
comunicación la filtración de un informe del Ministerio de Defensa a
la Presidencia del Gobierno en el que, curiosamente, el proceso de
profesionalización que parece que el Ministerio propone a la
Presidencia del Gobierno es precisamente el que había propuesto el
Grupo Socialista en su momento.

La tercera razón hace referencia al elemento central de debate en los
presupuestos de Defensa y que no está precisamente en el presupuesto
de Defensa, sino en el de Industria. Nosotros hemos presentado dos
enmiendas que trasladan esas cantidades del Ministerio de Industria
al Ministerio de Defensa. Creemos que la utilización que se hace del
capítulo 8 del Ministerio de Industria enmascara el déficit real de
los presupuestos, la realidad del I+D -la investigación y el
desarrollo en nuestro país- y la situación real del presupuesto de
Defensa. Nosotros estamos de acuerdo en la realización de esos
programas y adquisiciones, al fin y al cabo son programas nuestros
que vienen de nuestra época; estamos totalmente de acuerdo en
encontrar sistemas que refuercen y den viabilidad a nuestra base
industrial y tecnológica para la defensa; sin embargo, creemos que
eso debe hacerse de una forma seria y sin introducir ambigüedades ni
falsedades.

El otro día, en el debate de totalidad del presupuesto, asistimos a
algunas de estas ambigüedades: el ímpetu parlamentario y cierto
desconocimiento por parte del señor Rato de los temas de Defensa
produjeron unas afirmaciones que es conveniente precisar hoy. Por
ejemplo, el programa de los F-18 no es un programa del Gobierno
socialista, sino una decisión del Gobierno de la UCD, que después fue
asumida por el Gobierno socialista, programa del cual todos debemos
sentirnos satisfechos. Se habló también de prototipos en las
fragatas, cuando en las construcciones de fragatas no hay prototipos;
está el primer tipo de la serie, pero no hay prototipos. Hay
prototipos en los aviones, en armamento ligero, en vehículos de
combate, pero no en las fragatas. Y en lo que consta como I+D para el
Eurofighter 2000, difícilmente puede considerarse como I+D, ya que
los prototipos del Eurofighter 2000 están volando y hasta el momento
llevamos gastados unos 300.000 millones en I+D, provenientes
precisamente del presupuesto de Defensa. Es decir, que sobre el total
del coste de este programa ya llevamos invertidos entre un 20 y un 25
por ciento en I+D. Nadie puede creerse que un programa, por
ampliamente tecnológico que sea, gaste en I+D más del 25 por ciento.

Pero donde la cuestión está aún más clara es en la construcción de
las fragatas F-100.

Aparte de que las cifras que se dan desde Industria, desde la Armada
y desde la propia Bazán no coinciden, hay



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que tener en cuenta que el 8 de mayo de 1998 el Consejo de Ministro
acordó que se concedían con cargo al capítulo 8, de Industria, de
1998, 26.882 millones para las F-100 y se aprobaba también 227.113
millones adicionales para 1999-2004 es decir, un total de casi
254.000 millones de pesetas para un proyecto que sube 280.000
millones de pesetas. Si todo este dinero fuese I+D se daría la
paradoja de que el 91 por ciento del coste de un programa de
construcción de cuatro fragatas sería de I+D, lo cual es increíble
y absurdo. Además, en estos 280.000 millones que sube por la
construcción de las fragatas F-100, hay 93.000 millones que son para
la adquisición del sistema Aegis, sistema de defensa antiaéreo, de
procedencia americana, y que lleva ya funcionando más de 20 años.

Esto quiere decir que en estos 93.000 millones, una tercera parte del
proyecto, no hay nada de I+D, porque la parte que hay de I+D, que es
el acoplamiento del sistema Aegis a los otros sistemas, que son 7.000
millones de pesetas, no entra en los 280.000 millones sino que están
sufragados directamente por el presupuesto de Defensa, a través de
sus programas de I+D. Es evidente que una parte importante de las
consignaciones que hay en Industria no son realmente de I+D sino que
son para la construcción de las F-100 o del Eurofighter 2000. Por
tanto, nosotros proponemos, no que se saque este dinero que es
necesario, sino que se traslade al Ministerio de Defensa y así no
queda enmascarado en este presupuesto.

Por estos motivos nosotros creemos que hay que devolver el
presupuesto al Ministerio de Defensa para que lo elabore de forma que
refleje realmente lo que va a ser su ejecución y su gestión para el
año 1999.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): Muchas gracias, señor
Marsal, por haberse atenido al tiempo.




Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Meyer. Le
ruego la máxima concisión y brevedad.




El señor MEYER PLEITE: Sí, señor presidente, no se preocupe.

Lógicamente en la defensa de nuestra enmienda de devolución tenemos
que remitirnos a lo que hemos venido planteando a lo largo de esta
legislatura en relación con nuestra alternativa a un modelo de
seguridad que se ha implantado en función de dos grandes decisiones:
nuestra entrada en la estructura militar en la OTAN y un determinado
modelo de ejército profesional que, desde nuestro punto de vista,
está sobredimensionado para las necesidades de la defensa; un modelo
que, con su sistema de armas pensado y diseñado fundamentalmente para
la guerra fría en el marco de una gran confrontación, y que
lógicamente es muy caro (el Eurofighter, el Leopard 2), está lejos de
la realidad en cuanto a la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo
de seguridad desmilitarizado.

Nosotros hemos venido proponiendo a lo largo de esta legislatura,
como decía, tanto por la decisión de la entrada en la estructura
militar como en cuanto al ejército profesional, que sería necesario
ir desmilitarizando la seguridad yendo, hacia un nuevo concepto, el
de la seguridad compartida, con ejércitos que técnicamente se llaman
transarmados, es decir, ejércitos en transición, en la perspectiva de
la superación de los ejércitos nacionales a favor de un sistema
de seguridad con fuerzas internacionales, con fuerzas bajo mandato
de Naciones Unidas. En ese marco nosotros no podemos compartir la
actual propuesta de presupuestos del Gobierno del Partido Popular.

Creemos que en esa apuesta por un ejército sobredimensionado, con
170.00 hombres, con el sistema de armas más caro del mercado, la
apuesta es la contraria: militarizar la seguridad, aumentar más la
militarización. Ésta es una opción política que no compartimos,
lógicamente desde una insolidaridad, porque las necesidades sociales
son evidentes en nuestro país y, sin embargo, se opta por ir
aumentando progresivamente el gasto militar. Por eso, en la
perspectiva de culminar el proceso de la profesionalización nos
podremos encontrar con que España (sumados los gastos reales de
defensa, no solamente los del Ministerio de Defensa, sino los de los
organismos autónomos, Guardia Civil, clases pasivas, etcétera), se
puede situar en el marco europeo en un gasto militar por encima de
Alemania, que puede rondar el 2,1 por ciento del PIB, y desde luego
van a ser muy malas noticias para la tendencia clarísima que en estos
momentos se está plantando en el mundo de reducción de los gastos
militares. Por tanto, vamos a ir con el paso cambiado en este modelo
de seguridad, y desde luego no creo que tenga que ver con una apuesta
decidida por el futuro, por ese nuevo marco de seguridad.

Además de todo eso, teniendo en cuenta que todo el esfuerzo inversor
de I+D de Defensa supera el de Educación, Sanidad y Medio Ambiente
juntos, la enmienda de Izquierda Unida lo que pretende es su
devolución, que estamos seguros que el Gobierno del Partido Popular
no la va a admitir. Estamos defendiendo, en coherencia con lo que
hemos venido diciendo desde el principio de esta legislatura, otro
modelo de seguridad, un ejército profesional que rondará los 80.000/
90.000 efectivos, con otro sistema de armas mucho más económico y,
por tanto, sin detraer para todo este gasto de Defensa lo que se
destinaría a cubrir necesidades sociales.

Las enmiendas restantes que presentamos las doy por defendidas,
porque son ni más ni menos que el desarrollo de este anunciado de la
enmienda de devolución de los presupuesto de Defensa.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): El Grupo Parlamentario Mixto
ha presentado algunas enmiendas del señor Saura, la señora
Lasagabaster y el señor Vázquez, que nos han pedido que se dieran por
defendidas y, por tanto, así lo hacemos.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, muy brevemente
también.

El Grupo Parlamentario Popular si estuviera en la oposición, que no
lo está, y después de haber oído las intervenciones de todos los
altos cargos del Ministerio de Defensa en Comisión, lo que haría
sería votar a favor estos presupuestos porque, entre otras cosas, que
nosotros sepamos, cuando unos presupuestos no se cumplieron y no
respondían a las expectativas generadas por el propio Gobierno y cada
uno de los cuarteles generales, la única dimisión quese produjo fue
la de un secretario de Estado llamado José



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Miguel Hernández, que precisamente por no estar de acuerdo con esta
cuestión dimitió hace tres o cuatro años de su Secretaría de Estado.

Por tanto, sin hacer ningún tipo de debate, ni muchísimo menos de
intervención catastrofista sobre el pasado, ni rebatir lo que se dice
en el presente, nosotros entendemos que los presupuestos de la
sección 14 son equilibrados, sostenidos en el tiempo, y sobre todo
obedecen a una trayectoria para alcanzar unos objetivos que el
Gobierno se ha fijado precisamente desde mayo del año 1996, y que
están recogidos en la Directiva de Defensa Nacional.

Entrando en las enmiendas presentadas tanto por el Grupo
Parlamentario Socialista, como por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, Nueva Izquierda-Iniciativa el Verds, el Grupo Mixto
y Eusko Alkartasuna, también dentro del Grupo Mixto, tenemos que
decir que el Grupo Parlamentario Popular rechaza las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista por varias
cuestiones. La primera de ellas porque realmente entendemos que éste
es un presupuesto equilibrado y solidario no sólo con el resto de los
Ministerio sino con las propuestas que hasta este momento ha venido
realizando el propio Ministerio de Defensa; que es un presupuesto
equilibrado precisamente hoy lo demuestra el que, entre la
intervención del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Popular
propone un crecimiento sostenido, un crecimiento suficiente para
entender lo que el Gobierno se ha propuesto para el año 1999.

Por lo que se refiere a lo que ha relatado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en cuanto a la Gerencia de Infraestructuras,
yo quiero que no se olvide en este momento de los proyectos que
existen para el año que viene. Entre otros, está uno que ha entrado
ya en la Cámara con el informe correspondiente del Consejo de Estado
en relación con la venta de las viviendas militares, esa ley de
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese
sentido, con toda seguridad, cualquier cambio, cualquier ingreso o
cualquier cuestión que se decida en el Ministerio de Defensa, sin
ninguna duda, como siempre, como en la etapa socialista y como se ha
venido actuando en estos últimos años, podrá ser controlado desde la
oposición o desde el grupo que apoya al Gobierno.

Se habla insistentemente del capítulo 8, Ministerio de Industria, de
ese convenio que se firma entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Industria para sacar adelante tres programas
importantísimos dentro de la defensa, que son el programa del
Eurofigther, del Leopard y de las fragatas F-100. Yo tengo que
recordar que gracias a ese convenio no sólo salen adelante tres
programas fundamentales para la modernización de nuestras Fuerzas
Armadas, sino que además se mantiene el empleo en tres empresas que
probablemente el Partido Socialista diera por cerradas en quiebra
técnica a final de la legislatura pasada, como era Santa Bárbara, la
Empresa Nacional Bazán o Construcciones Aeronáuticas (CASA). Pero no
se olviden que con esas inversiones, que tanto dependen del
Ministerio de Industria, incluso del Ministerio de Trabajo, con
políticas activas de empleo, lo que se ha conseguido es mantener
15.000 puestos de trabajo directos en este momento y más de 45.000
indirectos. Simplemente
hay que hacer la suma de lo que estas inversiones están
representando.

Por lo tanto, y recordando que la investigación y desarrollo no sólo
es inversión en investigación, sino también en su desarrollo y por
supuesto la culminación de ese proceso, que es la consecución de
productos capaces de ser exportados y de que penetren en el campo
internacional de la defensa, en el que España es pionera, porque por
el desarrollo de esas cuestiones ha sido el único país del mundo que
ha sido capaz de vender un portaviones a una potencia extranjera,
precisamente por eso nosotros no entendemos las enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que sí tenemos claro,
sobre todo, es que de acuerdo con el artículo 133.3 del Reglamento de
la Cámara no se puede requerir la baja de aplicación presupuestaria
del Ministerio de Industria en una alta aplicación en la sección 31 o
en la sección 14, del Ministerio de Defensa, por el mismo importe,
porque no se puede cambiar, de acuerdo con el Reglamento de la
Cámara, de una sección a otra. Por lo tanto, no sólo son razones de
tipo político, sino también de carácter técnico.

Yo creo que evaluar el conocimiento o no de las personas que
intervienen en el debate general de los Presupuestos Generales del
Estado es una frivolidad, porque si alguien tiene claro cuál es la
inversión y de qué manera se desarrolla este presupuesto es, sin
ninguna duda, ahora y antes, tanto en este Gobierno como en el
anterior, el ministro de Economía y Hacienda.

Al referirse, señor Marsal, en su enmienda a los F-18, probablemente
haya olvidado que también en este presupuesto lo que se recogen son
los últimos pagos de una inversión realizada en la década pasada,
precisamente por el Gobierno socialista, cuyo pago es preciso y
necesario continuar abordando en este nuevo proyecto de presupuesto.

Por eso, no debe de asustarle a nadie que al inicio de la década
siguiente se empiecen a realizar inversiones o pagos por parte del
Ministerio de Defensa al Ministerio de Industria, como consecuencia
de la entrega de ese material que se va a ir realizando, tanto en
materia de fragatas como en la construcción de los carros de combate
Leopard. Hay que recordar, afortunadamente para España y para la
carga de trabajo, que con la compra de los carros de combate, que
estaba prevista por el Gobierno anterior, sin que existiera ningún
tipo de retorno para la industria española de defensa, con la nueva
renegociación que se ha realizado el 81 por ciento de la inversión de
esos más de 200.000 millones de pesetas en los carros Leopard
revertirán en la industria española de la defensa.

Por lo tanto, señor presidente, y sin entrar más en profundidad,
porque es reiterar el mismo debate del año pasado e incluso el que ya
hemos tenido en la Comisión correspondiente de Defensa, lo que
tenemos muy claro es que las enmiendas que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista no se ajustan en modo alguno a ninguna
mecánica presupuestaria. Lo que sí ha de tener muy claro el señor
Marsal y el Grupo Parlamentario Socialista al presentar estas
enmiendas es que Defensa, en lugar de hacer programaciones, como se
venían haciendo -y recuerdo el plan Altamar-, para que no fueran
cumplidas, y con minoraciones presupuestarias anuales que implicaban
el abandono o la carencia de la consecución de determinados
programas, en



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este caso concreto, a través de ese convenio, saldrá adelante,
beneficiando a la industria española de la defensa y también
modernizando las Fuerzas Armadas que nosotros hemos programado.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular
las rechaza, entendiendo que son coherentes con el planteamiento
político de Izquierda Unida en materia de defensa, pero que nosotros,
lo consideramos completamente alejado de lo que es el marco actual
español, del marco de cooperación europea y de nuestra participación
en todas las instituciones y organizaciones internacionales.

No hay un aumento desmesurado del presupuesto de Defensa. El
crecimiento del presupuesto de Defensa entendemos que no es
desmesurado porque este año aumenta un 3,4 por ciento, cuatro décimas
por debajo del crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado.

De las 14 enmiendas que ha planteado Izquierda Unida cuatro se
refieren a los programas estrella del Ministerio de Defensa, a la
carga de trabajo en empresas públicas tan importantes como la Empresa
Nacional Bazán, la Empresa Nacional Santa Bárbara o Construcciones
Aeronáuticas (CASA), donde no sirve pedir que se retiren esos
programas y después decir que hay que continuar manteniendo el empleo
directo en esas empresas públicas y el empleo indirecto que generan.

En cuanto a las enmiendas relativas al Leopard, las fragatas F-100 y
el Eurofigther, simplemente comprendiendo que nosotros atendemos a la
modernización necesaria de las Fuerzas Armadas y a la carga de
trabajo y al mantenimiento de los puestos de trabajo estables. Esto
es bastante y sobre todo ha de tenerse en cuenta por los grupos
parlamentarios que después hacen unos discursos completamente
distintos en la circunscripciones en las que se encuentran ubicadas
estas industrias nacionales de la defensa.

En cuanto a la OTAN está claro que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida considera excesiva la inversión. En general, son
5.200 millones de pesetas para atender nuestra nueva incorporación,
votada ampliamente en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es
lógico que planteen esas enmiendas, que nosotros, en modo alguno,
compartimos.

Sobre las enmiendas que se presentan respecto al INTA y al Canal de
Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, he de decir que el INTA, que
tiene un presupuesto total de 14.525 millones de pesetas, mantiene en
la actualidad 1.350 empleados, de los cuales 823 son personal laboral
y el resto funcionarios. Y en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
del Pardo, en el que se realizan importantísimos estudios en materia
no sólo de construcción naval, sino de otras cuestiones, hay un total
de 120 empleados y el presupuesto de Defensa, que considera
desmesurado Izquierda Unida, representa 335 millones de pesetas. Por
lo tanto, entendemos que si algo no es este presupuesto es
insolidario porque pensar en la reducción de los presupuestos de la
defensa, añadirle los presupuestos de la Guardia Civil, los de las
clases pasivas cuando la OTAN tiene en sus presupuestos anuales un
1,3 por ciento del producto interior bruto asignado para España,
porque sabe perfectamente cuáles son las magnitudes que maneja, sería
realmente
insolidario. A mí me gustaría que por una vez Izquierda Unida nos
explicara a dónde irían a parar las clases pasivas, el personal de la
Guardia Civil, esos 120.000 profesionales de las Fuerzas Armadas que
están previstos en el nuevo modelo de Ejército y a dónde irían a
parar todos los profesionales, no sólo oficiales, sino oficiales y
suboficiales, de los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.

Señor presidente, termino diciendo que el Grupo Parlamentario Popular
entiende que éstos son unos presupuestos coherentes, equilibrados y
con un crecimiento sostenido y suficiente en el tiempo. Por lo tanto,
votaremos en contra de las enmiendas que han planteado los grupos
parlamentarios de la oposición al Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Habiendo concluido el debate
de la sección 14, antes de pasar al debate de la sección 15, ruego a
los señores portavoces se pongan en contacto con la Mesa al objeto de
ordenar las votaciones, que tendrán lugar inmediatamente después del
debate de la sección 15, que abrimos en estos momentos.

Se han presentado enmiendas del Partido Socialista, de Izquierda
Unida y del Grupo Mixto.

Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Leía en un medio de comunicación, al día
siguiente de la comparecencia del subsecretario de Economía en la
Comisión de Presupuestos, para explicar el presupuesto de la sección
15, que los objetivos del Ministerio, las prioridades -decía
concretamente- de los gastos del Ministerio de Economía para 1999
eran el euro, el censo agrario y el catastro. Dicho así, estamos de
acuerdo con que un objetivo del año 1999 de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre es emitir euros, elaborar el censo agrario por el
Instituto Nacional de Estadística y elaborar nuevos estudios
catastrales que actualicen el padrón correspondiente, para que los
ayuntamientos puedan establecer sus tributos locales sobre los nuevos
padrones del catastro urbano o rústico. Pero, señor presidente, la
sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, supone más cosas. Es
el núcleo de la política económica del Gobierno; afecta a toda la
política presupuestaria, a la gestión de la deuda, a la gestión de
Patrimonio, a la gestión de la Agencia Tributaria, a la gestión
fiscal, a la elaboración de los impuestos. Es verdad que el
presupuesto de la sección 15, que asciende en el consolidado 574.000
millones de pesetas y el subsector Estado aproximadamente a
doscientos y pico mil millones de pesetas, constituye una parte
importantes para pagar los sueldos de los funcionarios, aspecto en el
que estamos de acuerdo, para invertir en gasto corriente, en lo que
también estamos de acuerdo, pero discrepamos básicamente con los
objetivos de este Ministerio, como no podría ser de otra forma. Por
eso, señor presidente, dudo que me escuche alguien,...




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Ruego silencio para que
puedan escuchar las aportaciones del portavoz del Grupo Socialista,
señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Dado que el Grupo Parlamentario Socialista
coincide con los objetivos básicos



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y no con los que he dicho anteriormente de este Ministerio, es por lo
que ha presentado una enmienda a la totalidad al conjunto de la
sección, nueve enmiendas a los diferentes programas -doy por retirada
la enmienda número 223 de devolución del programa 551-C; es decir que
mantenemos vivas nueve enmiendas de totalidad a los diferentes
programas- y cinco enmiendas parciales a diferentes epígrafes
numéricos de diferentes programas del Ministerio de Economía.




Discrepamos -y voy a ser muy breve en la defensa de nuestra enmienda
de totalidad a los principales programas y a la sección 15 para que
mis compañeros, señor Trujillo y la señora Leiva, puedan ampliar la
crítica a diferentes programas de este Ministerio- porque la
planificación del escenario macroeconómico -de lo que dependerá
básicamente todo el cuadro de ingresos tributarios y todas las
posibles ratios comparativas de la evolución de los objetivos
presupuestarios: de la gestión de la deuda, de los compromisos con
relación a la Unión Europea- no la compartimos, no nos la creemos;
solo el ministro de Economía y el Grupo Parlamentario Popular
coinciden en mantener un escenario macroeconómico de un alto
crecimiento en torno al 3,8 por ciento cuando prácticamente todos los
agentes económicos, todos los observatorios económicos
internacionales coinciden en que España, en menor medida que otros
países, también hay que decirlo, verá reducida sus tasas de
crecimiento para el año 1999. No debemos contribuir con la política
patrimonial de nuevo plasmada en estos presupuestos ni en los
objetivos de la Dirección General de Patrimonio porque la política
privatizadora del Gobierno, absolutamente radical y liberal, supone
pan para hoy y hambre para mañana. No coincidimos tampoco ni con la
gestión de la Tesorería ni con la gestión de la deuda ni con la
gestión presupuestaria que parece hecha más bien por David
Copperfield que va a actuar dentro de poco tiempo en Madrid. Yo
propondría a los altos cargos del Ministerio que lo contrataran
porque el objetivo básico presupuestario de este Gobierno es
centrifugar el gasto, hacer desaparecer gastos posibles y aparecer en
otros sitios donde nunca están. Me gusta mucho más la actuación de
David Copperfield que la del ministro de Economía y de sus dirigentes
ministeriales. No coincidimos ni con la política tributaria ni con el
funcionamiento de la Agencia que está sumida en un caos, en un
conflicto permanente, en el que los objetivos de lucha contra el
fraude y contra las actuaciones dolosas por parte de determinados
colectivos están más impresas por la vía pública y por la vía del
desbarajuste que por la vía de la eficacia en la lucha contra el
fraude fiscal.

Por último, un ministerio como el de Economía y Hacienda, que debía
de dar ejemplo al resto de los ministerios en capacidad y ajuste
presupuestario, es el primero en incumplirlo. A lo largo del año 1998
el Ministerio de Economía y Hacienda ha dispuesto de un 20 por ciento
más del gasto presupuestario por este Congreso para el ejercicio
presupuestario. Así que, señor presidente, ni coincidimos con los
objetivos ni con los medios en la política global del Ministerio.

Como mis compañeros, el señor Trujillo y la señora Leiva, se
encargarán de completar, añadiré que tampoco podemos coincidir ni con
la política turística ni con la política de apoyo al sector exterior.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora
Leiva.




La señora LEIVA DÍEZ: Centrándome en la parte de comercio exterior,
estamos en un momento frágil de la economía mundial. El sector
exportador español es una pieza básica en el crecimiento y
sostenimiento en este momento de la economía española tanto en la
creación de empleo como en la mejora de las condiciones de vida de
los españoles. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La crisis
por lo tanto de los mercados asiáticos, señor presidente, los
mercados rusos y los mercados de América Latina va a deteriorar la
exportación española, aunque el Gobierno, como ha dicho mi compañero,
se empeñe en decir que esto no va a ocurrir. Por lo tanto, creo que
solamente es compensable a través de un mayor esfuerzo en la ayuda de
las empresas en el sector exterior.

Del estudio del programa 762.B no se desprende que se haya previsto
las acciones adecuadas para incrementar el esfuerzo exportador de
nuestras empresas. Por eso presentamos la enmienda número 237,
solicitando su devolución.

La previsible reducción de las exportaciones españolas obliga a un
incremento de los recursos para su promoción, considerando que la
actual estructura de los FAD no reúne las condiciones para dar
respuesta a la exportación ni a una estructura más racional del
desarrollo sostenido. Por lo tanto, estimamos necesario crear un
instrumento adecuado que supla esa carencia. Se trataría de la
financiación de 10.000 millones de pesetas en el marco de las
condiciones de la OCDE. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la enmienda número 234.

El presupuesto del ICEX comprende un remanente de tesorería de 9.607
millones de pesetas que se corresponde con obligaciones del pago del
ejercicio anterior. Através de la enmienda número 241 el Grupo
Socialista propone un incremento de 6.000 millones de pesetas,
tratando así de evitar que el presupuesto del ICEX se quede vacío de
contenido y su capacidad seriamente disminuida en un momento, repito,
de suma fragilidad en la economía mundial.




Pasando al programa 763.A de ordenación y modernización de las
estructuras comerciales, el Grupo Socialista presenta la enmienda
número 238 de devolución, porque este programa presupuestario, tal y
como se propone por el Gobierno, tiene por finalidad dotar el sistema
de distribución comercial de la máxima transparencia, elevar la
productividad y profesionalidad, facilitando al sector tradicional
del comercio la adaptación de las nuevas exigencias de las actuales
circunstancias comerciales. Pues bien, tal y como lo plantea el
Gobierno, no parece que fuera necesario que el Grupo Parlamentario
Socialista tuviera que traer esta enmienda a la totalidad; sin
embargo, el problema es que el conjunto del programa adolece de una
total incoherencia para abordar las finalidades que el Gobierno evoca
en su descripción.

El desarrollo reglamentario de la Ley de comercio minorista ha
brillado por su ausencia; no obstante, existe un mandato legal del
Gobierno. Cada año -y me he permitido leer las memorias de los dos
años anteriores- el Gobierno ha dicho lo mismo y dos años
consecutivos se ha mantenido en no desarrollar absolutamente nada.

Por lo



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tanto, repiten ustedes en la memoria que van a desarrollar
reglamentariamente esta ley y permítanos que el Grupo Socialista
dudemos de ello.

El Plan de modernización de comercio interior se puso en marcha en
1995 y tenía una previsión económica creciente hasta el año 2001, por
lo tanto, era muy importante para las previsiones de la Ley de
ordenación del comercio minorista, y se ha ido vaciando de contenido
no sólo económico -se recorta en más de 500 millones de pesetas-,
sino de objetivos y acciones. Por lo tanto, lo único que se hace es
una mera territorialización de las cantidades asignadas a las
comunidades autónomas. Por ello la enmienda que presente el Grupo
Socialista, la número 240, consiste en una equiparación a través de
la adición de 2.529 millones de pesetas; con ello quedaría en 4.020
millones de pesetas, que era la cantidad correspondiente al ejercicio
1999, según el acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 1995. Este
Gobierno ni siquiera ha respetado el acuerdo del Consejo de Ministros
que se aprobó de 1.683 millones de pesetas.

Si hablamos de la política de apoyo a la pequeña y mediana empresa,
la enmienda número 235 del Grupo Socialista es también la devolución.

¿Por qué? Porque hay una falta de ambición en los objetivos
formulados. Es significativo que haya prevista una reducción en el
número de usuarios del servicio de información empresarial y de las
bases de datos -inferiores en 1999 a las previstas en 1996- y de las
empresas beneficiarias de los proyectos de redes financieras. Hay
escaso mantenimiento de las aportaciones de capital a las sociedades
Fersa y Enisa, y en 1999 con respecto a 1998 también se han perdido
1.000 millones de pesetas para cada una, en ambos años. Como hay una
ausencia de innovaciones en las actividades y programas, hemos
presentado esta enmienda de devolución. Además, desde el Grupo
Socialista seguimos insistiendo en que es necesario adaptar las
necesidades que tiene el pequeño comercio minorista para el cambio de
la peseta al euro, y en este sentido va nuestra enmienda 239.

Doy paso ya a mi compañero Blas Trujillo para que defienda la
enmienda de devolución.




El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, con brevedad. Como miembro de la
Mesa, sabe que habíamos decidido avisar a los intervinientes cuando
transcurrieran los diez minutos, y han transcurrido holgadamente.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor presidente.




Voy a defender la enmienda 236 del Grupo Socialista, al programa 751.

A, coordinación y promoción del turismo. La defensa de esta enmienda,
que es la devolución, es muy sencilla. Si realmente el propio
Gobierno se creyera un poco la propaganda que hace continuamente con
respecto al sector turístico, difícilmente podría presentarnos un
programa y un presupuesto como los que contiene el proyecto de ley.

Para que SS.SS. tengan una idea clara de por qué presentamos esta
enmienda de devolución, les diré que toda la política turística del
Gobierno se centra en tres programas de actuación: uno, el plan marco
de competitividad del turismo español; otro, el plan de estrategias
turísticas, que se desarrolla fundamentalmente con las comunidades
autónomas, y el tercer eje son los programas de promoción
y publicidad en el exterior. Desde el año 1997, a pesar de la
presentación por parte del Gobierno, a principios de ese mismo año,
del plan de estrategia y actuaciones de la Administración General del
Estado en materia turística y a pesar de la celebración de un
congreso nacional de turismo a finales de ese mismo año, los
presupuestos del Gobierno en materia turística han descendido un año
tras otro, de tal manera que ya lo hicieron en este año 1998 con
respecto al año 1997, en el plan marco de competitividad, y ahora se
nos presenta un proyecto de ley que vuelve a reducir los recursos de
este plan. En el plan de estrategias turísticas tenemos congelados
los recursos desde el año 1997 y en este proyecto de ley para 1999,
por fin, al menos en promoción y publicidad del turismo en el
exterior, hay un incremento después de dos años -1997 y 1998- de
recortes.

Señorías, por estos motivos, que son obvios, no podemos dar nuestro
respaldo al proyecto de ley, lo rechazamos. Si realmente el Gobierno
y los grupos que lo sustentan creen que el turismo es una actividad
económica de una relevancia especial en nuestra estructura
productiva, deberían presentar unos presupuestos que fueran acordes
con dicha afirmación y, no unos presupuestos como los que estamos
debatiendo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha presentado esta enmienda de devolución porque nosotros
siempre hemos creído y confiado en la necesidad de desarrollar
nuestra economía, pero corrigiendo todos los desequilibrios, en
especial el problema central que tenemos en España, que es el
desempleo, y no dejando la organización social de los ciudadanos sólo
a la lógica del mercado. Sin embargo, un año más, las líneas maestras
que conforman la filosofía y programas del Ministerio de Economía y
Hacienda, definidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999, ni las compartimos ni creemos que sean el cauce
adecuado para alcanzar los objetivos económicos necesarios para
lograr efectivamente un aumento sustancial en el nivel de empleo,
tanto por la política de ingresos como por la política de gastos que
conforman el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año.

Así, los objetivos e instrumentos plasmados en los distintos
programas que gestiona este Ministerio vulneran principios básicos
como el de solidaridad interregional, definen una política fiscal que
persigue una disminución de la presión fiscal distribuyendo la carga
tributaria en forma regresiva, la modificación del equilibrio final
entre diferentes fuentes de renta o los objetivos de privatización
total que enmarcan la política del Gobierno en relación con el
presente y futuro del patrimonio del Estado y sus empresas. Al margen
de que en algunos casos se dejen sectores estratégicos enteros en
manos privadas, nacionales y extranjeras únicamente por criterios de
caja, al significar estas rentas de patrimonio aumentos sustanciales
en el nivel de ingresos del Estado, lo lamentable es que éstos no se
utilicen para desarrollar políticas industriales activas, que sirvan
para generar empleo y un mayor reequilibrio territorial.




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Estamos ante un proyecto rabiosamente neoliberal y, por tanto,
opuesto a cualquier posibilidad de intervención democrática en la
planificación de la economía. Con esta enmienda de devolución lo que
nosotros reivindicamos es otro planteamiento, que no prime
exclusivamente la lógica del mercado, sino que se ponga en el centro
del debate la lógica social. Es necesario superar la desprotección
social, superar la precariedad en el empleo y superar lo fundamental,
que es la incertidumbre sobre el futuro, que pesa sobre el conjunto
de la sociedad española y para eso defendemos otra dinámica en la
acción del Ministerio de Economía.

En relación con la enmienda de devolución del programa 751.A, de
coordinación y promoción del turismo, entendemos que las dotaciones
presupuestarias hacen completamente imposible el desarrollo de los
objetivos que el mismo Gobierno dice querer alcanzar, sobre todo en
lo referente al desarrollo de nuevos productos turísticos, al
desarrollo de la oferta complementaria, a la promoción de un nuevo
modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad y la
calidad de los productos turísticos. La cantidad asignada a los
planes de dinamización de nuevas zonas de turismo cultural o de
naturaleza, a través de los llamados planes de excelencia turística y
planes de dinamización turística es tan pequeña que mantendrá estos
planes con un carácter testimonial que hace muy difícil alcanzar los
objetivos que el propio Gobierno se propone conseguir. Estos
presupuestos siguen apostando por una política turística errónea, que
poco aporta al desarrollo de la principal industria del país. De esta
manera, los planes de excelencia siguen siendo actuaciones
excepcionales de duración limitada y que una vez empezadas frustran
las expectactivas generales al no poder prolongarse en el tiempo. Por
tanto, creemos que, desde el punto de vista de lo que es la promoción
y la coordinación del turismo, merece una enmienda de devolución por
entender que los objetivos del Gobierno no se van a conseguir.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el señor
Chiquillo da por defendidas las enmiendas? (Asentimiento.) Se dan por
defendidas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Voy a hacer una valoración todo
lo esquemática y breve que pueda de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista, Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto. En
concreto, las enmiendas a la sección 15 se pueden agrupar en dos
bloques, unas, dedicadas a solicitar la devolución de la sección
completa y, otras, por parte del Grupo Socialista, de buen número de
los programas que se integran en la sección. El argumento de nuestro
grupo debe ser que merecen confianza los programas que tienen
cobertura presupuestaria en la sección 15 porque han demostrado y han
acreditado suficiente eficacia durante los ejercicios económicos
pasados. Por lo tanto, creemos que no merecen la consideración
-ciertamente injusta por parte de los grupos de la oposición- de
solicitar su devolución, simplemente porque se han revelado muy
eficaces en aspectos tan importantes como política económica,
presupuestaria y tributaria, regulación del comercio, turismo y
fomento de la pequeña y mediana empresa, por lo que nuestro grupo
esperaba que, al menos en lo que se refiere a la discusión sobre la
sección, no merecía el tratamiento de solicitar su devolución.

En cuanto a las enmiendas parciales presentada por el Grupo
Socialista, la 234 propone una dotación de 10.000 millones destinados
a un nuevo fondo de fomento de la exportación que vendría a añadirse
a los tres que ya existen destinados al fomento de la inversión
española en el exterior, creados en los artículos 12 y siguientes de
la Ley 66/1997. Lo que ocurre con el fondo que propone el Grupo
Socialista es que no tiene una finalidad concreta, por lo menos no ha
sido explicitada de forma concreta según nuestra opinión, se
desconoce quién lo administraría y cuál sería su plan de actuación.

Por tanto, es una razón casi práctica y de fondo. Nuestro grupo
considera que un fondo de estas características tiene que ser creado
por una ley que regule todos estos aspectos, no teniendo sentido
establecer un crédito para dotar un fondo que aún no existe.

En relación a la enmienda número 239, donde se propone subvencionar
los costes de transformación en mecanismos de registro y formación
profesional por el cambio de la peseta al euro, aunque reconocemos la
magnífica intención que tiene el Grupo Socialista al presentar esta
enmienda, creemos que el incremento de la cuantía económica no tiene
por qué redundar en beneficio de esa transformación de registro y
formación profesional. Nos consta la buena intención, pero votaremos
en contra la enmienda número 239.

En cuanto a la enmienda número 240, en la que se propone un
incremento de 2.529 millones de pesetas para mejorar las asignaciones
de programas para el comercio minorista, creo que bastaría con echar
un vistazo al plan marco de modernización del comercio interior, de
modo que se deduciría de nuevo que no es un problema de incremento de
las dotaciones presupuestarias a los programas referidos en dicha
enmienda, sino que están suficientemente desarrollados los objetivos
en el plan marco de modernización de comercio interior y no ha sido
suficientemente valorado por el Grupo Socialista. Me atrevería a
sugerir que retiraran la enmienda porque creo que está recogida
correctamente en este plan marco y no vemos esa utilidad a la que
aspira el Grupo Socialista.

En cuanto a la enmienda número 242, existe un error por cuanto sí que
existe una dotación presupuestaria para solucionar la ejecución de
sentencias derivadas de la nueva Ley de la jurisdicción de lo
contencioso y dar cumplimiento al artículo 106. Queremos reconocer el
tino de la enmienda presentada por el Partido Socialista, pero me
tengo que referir a las dotaciones presupuestarias que existen para
los pagos referidos a estas sentencias, que están consignadas en la
Secretaría General Técnica de la Dirección General de Turismo y de la
Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores.

Sugiero al Grupo Socialista que considere la oportunidad de mantener
la enmienda número 242.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, presenta una serie de
incrementos en esta sección relacionados con los planes de
competitividad del turismo y con el plan de estrategias turísticas
que no merecen su aprobación, puesto que consideran que es necesario
incrementar la cuantía. Aunque no es una cuestión de incrementar la
cuantía del



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programa, el plan de estrategia turísticas prevé de forma seria y
concienzuda actuaciones que seguro que merecen la aprobación del
Grupo de Izquierda Unida. La cuantificación del coste del plan para
este ejercicio está perfectamente ajustada y no vemos la necesidad de
aumentar la cuantía, salvo que a lo largo del ejercicio
presupuestario surgieran nuevas necesidades no previstas hoy por hoy.

Con respecto a las enmiendas números 586 y 587, que se refieren a
Murcia, hay que entrever la mano del señor Ríos, y le decimos de
antemano que no las vamos a votar a favor. Sin embargo, quiero hacer
una breve reflexión sobre la 586 por lo que tiene de curioso, y es
que propone incrementar 2.000 millones de pesetas en el crédito
destinado a subvencionar empresas localizadas en áreas donde hay una
importante expansión industrial y en otras zonas acordadas por el
Gobierno con la finalidad de destinar este crédito a las mismas. ¿Se
ha fijado, señor Ríos, contra qué iría la enmienda? Ustedes la
financian con un crédito que merece su atención. Estamos hablando en
concreto de que la financiarían con las dotaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros, necesarias para que pueda asumir la
cobertura de los riesgos y funciones encomendadas al Estado en
relación con el seguro de crédito a la exportación, y dicho importe
está estimado de forma certera, tomando como base la proyección de
siniestrabilidad de las pólizas vivas en la carretera actual de la
CESCE y simplemente echando un vistazo al método con el que se
financiaría, sería difícil admitir esta enmienda. En el fondo creo
que esta enmienda está suficientemente soportada con otras
actuaciones que está desempeñando ya el Ministerio de Economía y
pensamos que sería conveniente que la retiraran, porque estaríamos
afectando a un crédito absolutamente necesario para la formalización
de los créditos de la CESCE y se perjudicarían algunas operaciones
que tienen importancia.

Nada más señor presidente. He terminado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cámara. Ha terminado usted y
hemos terminado con la sección.

Suspendemos cinco minutos la Comisión para ordenar las votaciones.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que tomen asiento y que todos
los miembros de la Comisión colaboren con su silencio a la labor de
la Mesa en las votaciones.

Vamos a empezar con la votación de la ratificación de la ponencia,
que incluso podemos hacerlo por asentimiento. ¿Algún grupo quiere que
lo votemos formalmente? (Pausa.)
Queda ratificada la ponencia.

Vamos a dejar la votación de la exposición de motivos para el final
de las votaciones de mañana y votamos las enmiendas al título I del
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado empezando por
las números 1271 y 1272, del Grupo Mixto, presentadas por el Señor
Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 21; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1569, presentada por el señor Saura Laporta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. En primer lugar, votamos la enmienda 461.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en su
conjunto, porque no se ha solicitado votación separada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Vamos a votar ahora el título I. En primer lugar, artículos uno,
siete, nueve y diez, excepto los apartados 1, 2, 4 y 6, y el artículo
once, excepto los apartados 3 y 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto del título I.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título II. Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el
señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 38; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Socialista.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos ahora el título II. En primer lugar, artículo trece 1,
párrafo 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 13.

En segundo lugar, artículo dieciséis, apartado 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, uno; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto del título II.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
en contra, uno; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el título II.

Pasamos al título III. Enmiendas presentadas por el Señor Chiquillo.

En primer lugar, la número 103.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Resto de enmiendas del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas presentadas por la señora Rahola.

Votamos primeros las números 140 y 141.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Resto de enmiendas presentadas por la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el señor Vázquez. Votamos en primer lugar
los números 1287 y 1295.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 35; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

En segundo lugar votamos las números 1276, 1277, 1278 y 1285.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 35; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Resto de enmiendas del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Sauna. Votamos en primer lugar la número 1573.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 35; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Resto de enmiendas del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 35; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votamos en primer
lugar las enmiendas números 475, 478 y 482.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las tres enmiendas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 35; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número
416.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21, abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




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Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el título III. En primer lugar, el artículo
veinticinco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En segundo lugar, votamos los artículos veinte a veinticuatro y del
veintisiete al treinta y uno inclusive.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, seis; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Acontinuación votamos el resto de los artículos del título III.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos al título IV. Votamos las enmiendas de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
21; abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguidamente votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar votamos la enmienda 483.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Pasamos a votar el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 35; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del título IV.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título V. Votamos las enmiendas del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21, abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida. Votamos separadamente las dos
enmiendas. En primer lugar, la número 486.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 487.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votamos el título V. En primer lugar, los artículos cuarenta y siete
y cincuenta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de artículos que componen el título V.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título VI. Enmiendas del señor Chiquillo. En primer lugar,
la número 97.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 104, del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de la señora Rahola i Martínez. En primer lugar, la número
150.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
38; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 151.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Saura. Votamos la número 1592.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 1593.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 1594 y 1595.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió ha retirado las
enmiendas 1516, 1517 y 1518. Vamos a votar, por tanto, la 1519, a la
que se ha presentado una transaccional que acepta el señor Homs.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 18; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional correspondiente
a la enmienda 1519, del Grupo de Convergencia i Unió.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la número 423.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas, la 424 y la 425.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el título VI. En primer lugar, los artículos cincuenta
y siete, cincuenta y nueve y sesenta y uno a sesenta y cuatro.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados estos artículos.

Resto de artículos del título VI.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Título VII. Enmiendas de la señora Rahola i Martínez. Votamos la
número 154.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
35; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmienda número 152.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmienda número 153.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




En último lugar votamos la enmienda 144, de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmienda del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Enmiendas del señor Saura.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió). Hay
una transaccional a la enmienda 1520.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, toda vez que la enmienda
1520 está en estrecha relación con la 1532, que se presenta a una
sección, y puesto que la transacción es a ambas, quería que quedara
constancia en estos momentos de que yo acepto la transacción y retiro
ambas enmiendas: la 1520 y la 1532.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió) ha retirado las enmiendas 1520 y 1532, de lo
que tomamos nota para el debate de mañana. En cualquier caso, ahora
votamos la transaccional a estas dos enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor GIMENO MARÍ: Señor presidente, solicito votación separada de
la enmienda 429.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista. Votamos la enmienda 429.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos todas sus
enmiendas, incluida la 1931.




El señor GIMENO MARÍN: Pediría, no sé si me equivoco, votación
separada de la 1407 y 1404 bis.




El señor PRESIDENTE: La 1404 bis es la 1931.

Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda 1407.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

En segundo lugar votamos la enmienda 1931.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Restantes enmiendas del Grupo Popular, 1404 a 1406.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
en contra, 15; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Título VII. Votamos en primer lugar los artículos setenta y seis y
setenta y siete.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

En segundo lugar, vamos a votar los artículos setenta y nueve,
ochenta, ochenta y uno, ochenta y dos y ochenta y cinco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de artículos del título VII.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos al título VIII. El Grupo Federal de Izquierda Unida tiene
tres enmiendas. Votamos en primer lugar la 501.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar votamos la 436.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 24; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, señorías, el título VIII. En primer lugar, artículo ochenta
y ocho, apartado dos, párrafo 3 y apartados seis y nueve.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 18; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de los artículos que componen el título VIII.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Vamos a pasar, señorías, a votar las disposiciones adicionales, las
adicionales nuevas, las transitorias y la final.

Enmiendas presentadas por la señora Rahola. Empezamos por la enmienda
número 149.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a contra,
38; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 35; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Saura en un bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos separadamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.

Empezamos por la número 155.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 156.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió). Ha
retirado las enmiendas números 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527 y
1534.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, la 1534 es al anexo VI, con
lo cual no procede votarla ahora.




El señor PRESIDENTE: En el anexo yo tengo la número 1535.




El señor HOMS I FERRET: ¿Estamos votando el anexo, señor Presidente?



El señor PRESIDENTE: No. Señor Homs, ayude a la Presidencia. De la
misma manera que en una votación anterior ha retirado S.S. una
enmienda que no correspondía, en este momento vamos a retirar también
la enmienda 1534.




El señor HOMS I FERRET: Yo hago lo que usted mande, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.




El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, ¿podría explicitar las
enmiendas retiradas, por favor? Porque no sabemos dónde estamos.




El señor PRESIDENTE: Sí, repito, son las números 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527 y 1534.

Por lo tanto, vamos a votar la transaccional a la 1568. Vamos a votar
la número 1521 y en su momento votaremos, cuando lleguemos a los
anexos, la enmienda 1535, que también se mantiene.

Votación correspondiente a la enmienda transaccional número 1568.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Votamos la enmienda 1521.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




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Pasamos la votar las enmiendas correspondientes a Izquierda Unida.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, o no le he oído o se ha
saltado las enmiendas 98 y 101 del que le habla. Son dos enmiendas a
disposiciones adicionales nuevas y me parece que no se han votado.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene usted razón.




El señor CHIQUILLO BARBER: Quisiera hacer una petición, abusando de
la Presidencia, y es que se voten de forma separada.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, pero votaremos luego sus dos enmiendas
y la de la señora Lasagabaster, que corresponden a disposiciones
adicionales nuevas.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, no sé si me equivoco, pero
¿no hay más enmiendas del Grupo Mixto?



El señor PRESIDENTE: No, porque las del señor Saura las hemos votado
en un solo bloque y pasamos ya a los anexos, señor Gimeno. Una vez
que votemos las presentadas por el señor Chiquillo y por la señora
Lasagabaster, habremos votados todas las enmiendas presentadas por el
Grupo Mixto.

Vamos a seguir con el orden con el que la secretaría ha preparado las
votaciones y de esta manera tendremos un control mejor de las mismas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, votamos las enmiendas 504, 505, 506 a 514 y 517 a 525.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, vamos a votar la enmienda número 515.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar el resto de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, vamos a votar la número 443.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Vamos a votar ahora el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, excepto la número 448, que se votará con la sección 17.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las dos enmiendas presentadas por el Señor Chiquillo, de
forma separada tal como ha solicitado. En primer lugar, votamos la
número 98.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la número 101.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la enmienda 1259 presentada por la señora
Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar ahora, señorías, el conjunto de disposiciones
adicionales, nuevas, transitorias y la disposición final.




El señor GIMENO MARÍN: Pedimos votación separada de las disposiciones
adicionales y transitorias.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, por lo tanto, en primer lugar,
las disposiciones adicionales.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, he indicado que se voten
separadamente las disposiciones adicionales 5 y 8.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, por lo tanto, las disposiciones
adicionales 5 y 8 a la vez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de disposiciones adicionales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de disposiciones
adicionales.

Las disposiciones transitorias y la final las votamos a continuación
en un bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de disposiciones.

Vamos a votar los anexos. En primer lugar, la enmienda 1535,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda 531, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, vamos
a votar las números 457 y 458.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)



Vamos a votar ahora, señorías, el resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.

Votamos los anexos 1 y 3. (Rumores.)
Señorías, silencio, estamos terminando estas votaciones.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Rumores.)



Ruego silencio a SS.SS., luego interrumpiremos la votación y podrán
saber de qué se trata lo que acabamos de votar. (Risas.)
Resto de anexos en un solo bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Con esto terminamos, a reserva de la exposición de motivos, el
articulado del proyecto de ley.

Vamos a pasar a las secciones que hemos discutido esta tarde. Ruego a
SS.SS. silencio mientras se está votando.

Por lo que se refiere a las 8 primeras secciones, vamos a votar las
enmiendas a la sección primera, presentadas por la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
40; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la
sección 6.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Saura a la sección 8.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Si no hay objeción por parte de ningún grupo parlamentario, vamos a
votar en bloque las secciones 1 a 8, ambas inclusive.

Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Solicito votación separada de la sección
número 6.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la sección número 6.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Secciones 1 a 8, excluyendo la número 6.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las ocho secciones.

Pasamos a la sección 12.

Enmienda de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 24; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

En primer lugar, votamos la número 546.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21, abstenciones, 17.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 538, 539 y 540.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista del Congreso, en un solo bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar la totalidad de la sección 12.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 13.

Enmiendas del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el señor Serrano Vinué.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor GIMENO MARÍN: ¿No eran enmiendas del PP?



El señor PRESIDENTE: Están presentadas por el Señor Serrano Vinué,
pero parece que el Grupo Parlamentario Popular no les ha dado el voto
favorable o no las ha asumido. (Rumores.)
Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, en dos bloques: primero, enmiendas números 560 a 564.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
seis; en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en tres
bloques. Vamos a votar, en primer lugar, las números 209, 112 y 213.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 215, 216 y 217.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 24; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar, señorías, la totalidad de la sección 13.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 14. Enmienda de la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 35; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Vázquez. En primer lugar, la número 1317.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1318.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la número 1626.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1919.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Grupo Federal de Izquierda Unida. Enmienda número 566.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 575.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. ¿Señor Gimeno?



El señor GIMENO MARÍN: Pediría separar la enmienda 578 del resto.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, vamos a votar la enmienda 578.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cuatro; en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, la número 218.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la enmienda 219.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 24; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que son sólo
dos, las números 220 y 221.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de enmiendas.

Votación de la sección 14, y es la última votación de esta noche.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, interrumpimos la sesión.




El señor HOMS I FERRET: ¿No se puede votar la sección 15, señor
presidente?



El señor PRESIDENTE: Se ha acordado antes que se votará mañana, pero
si los grupos quieren que se vote, no hay ningún problema. Me dicen
que no están preparadas las votaciones separadas. Mañana lo haremos.

Vamos a interrumpir unos minutos la sesión. Entrará un ligero
refrigerio y, en veinte minutos, emprenderemos el ataque de la
secciones que faltan para esta noche.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la sección 16, que
corresponde al Ministerio del Interior. Han presentado enmiendas a
esta sección el Grupo Socialista, Izquierda Unida, el Grupo Mixto y
el Grupo Parlamentario Popular. Por ese orden daré la palabra.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Voy a defender todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

Estos presupuestos no solamente nos frustran al Grupo Parlamentario
Socialista, sino que también frustran todas las expectativas que se
habían generado con las magnitudes que se habían anunciado, porque en
realidad el incremento no alcanza el 7,5 por ciento del presupuesto y
si descontamos el necesario incremento en la partida referente a las
elecciones de 1999, es más bien corto. Por cierto, después de mucha
demagogia y promesas de reducción -y no vamos a entrar a fondo en
esta cuestión-, han acabado duplicando la partida de gastos
reservados en el presupuesto en una cantidad y en una magnitud muy
superior a la que figuraba en el último presupuesto del Gobierno
socialista. Siguen sin contemplarse inversiones imprescindibles para
la seguridad ciudadana. Los presupuestos dejan mucho que desear en
temas como las operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en los programas sobre todo de seguridad ciudadana. Por
ejemplo, se llega a congelar la partida de combustible de la Guardia
Civil. La formación de la policía sigue congelada y desatendida. No
existen actuaciones específicas para la asistencia, prevención
y protección de mujeres víctimas de malos tratos. No existe un plan
concreto y suficiente de mejora de instalaciones, comisarías y
acuartelamiento, sobre todo en la Guardia Civil. No se entiende
debidamente la protección civil, sobre todo en lo que hace referencia
a la escuela de formación y planes de coordinación. Faltan
actuaciones integrales en el marco de una política de inmigración, y
finalmente, en instituciones penitenciarias falta sensibilidad
respecto a temas tan importantes como los conciertos de asistencia
sanitaria, los gastos de farmacia y los depósitos



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municipales para cumplimiento de las nuevas penas de arresto de fin
de semana.

El conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, sin
perjuicio de la ya fundamentada enmienda de devolución o de
totalidad, abordan básicamente los siguientes temas. En primer lugar,
un plan integral de construcción, mejora y reparación de cuarteles de
la Guardia Civil; una dotación inicial de 2.500 millones para este
Plan integral de cuarteles y también una dotación de 500 millones
para la Academia de la Guardia Civil de Úbeda. En segundo lugar, un
plan de comisarías. En tercer lugar, una línea de enmiendas en
materia de protección civil, sobre todo en función, cooperación con
corporaciones locales e infraestructuras derivadas de la aplicación
de planes de emergencia nuclear. En cuarto lugar, tratamiento y
prevención de las mujeres víctimas de malos tratos. En este sentido,
consideramos imprescindible aumentar la dotación policial en policía
especializada en tratamiento y asistencia y también ayudas concretas
a asociaciones que presten estos servicios a las mujeres que son
víctimas de malos tratos. En materia de inmigración, planteamos
también la necesidad objetiva de mejora de infraestructuras y de
centros en materia de tratamiento, de retención y acogida de
inmigrantes. En algunos lugares las instalaciones están bajo mínimos,
son absolutamente degradantes y hace falta redoblar la inversión.

Creemos también que son importantes unas actuaciones específicas en
materia de formación policial, con planes específicos de formación
para asistencia a víctimas de malos tratos, lucha contra el blanqueo
de dinero y responsabilidad penal del menor, aspectos muy importantes
en la formación policial. Y en cuanto al Plan nacional sobre drogas,
es imprescindible, desde nuestro punto de vista, aumentar las
dotaciones, sobre todo las transferencias a comunidades autónomas, a
organizaciones no gubernamentales y a planes de reinserción y
rehabilitación que estén enmarcados dentro del Plan nacional sobre
drogas.

Por todo ello, creemos que hay importantes carencias, que no hay una
política clara, que no hay objetivos, que las prioridades no se han
seleccionado y, por tanto, los incrementos no son los que se
anuncian, son mucho menores y, sobre todo, se afecta a la
operatividad en sí del Ministerio. Por tanto, aquí hay un claro
fracaso de lo que es la política del Ministerio del Interior.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad, porque los que trabajamos
en Interior sabemos la especial importancia que tiene la rapidez, y
no me voy a repetir en la argumentación sobre la defensa de la
enmienda a la totalidad que ya expuse en la competencia del
secretario de Estado. En este trámite, en el que se nos obliga a
todos los portavoces a decir tres veces lo mismo en tres momentos
distintos, voy a intentar, en aras a la brevedad y porque esa
intervención ya fue hecha en esa comparecencia, no repetirme, y en
todo caso señalar los rasgos más sobresalientes que nos llevan a
defender esta enmienda a la totalidad.

Decíamos en aquella comparecencia, y repetimos, que nos encontramos
este año, como otros, con un presupuesto que, en materia de
seguridad, no resuelve toda la dotación
de material a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Estamos ante unas fuerzas insuficientemente pagadas y sin que
la Administración haya cumplido todavía los compromisos adquiridos
con sus representantes sindicales. Excluimos aquí a la Guardia Civil
porque, a pesar de nuestros deseos de tener un cuerpo
desmilitarizado, no cuenta con la representación que nosotros
desearíamos para poder entender sus demandas sociales.

Hemos hecho una crítica a la falta de dotación para el proyecto de
policía 2000. En cuanto a seguridad se refiere, el cuerpo beneficiado
claramente en el reparto es la Guardia Civil, en contra de lo que
significa la actuación del Cuerpo Nacional de Policía.

Hemos criticado también la falta de dotación presupuestaria para la
emigración, entendida como un problema social y no de tratamiento
policial. Falta toda una serie de inversiones importantes que
garanticen el tratamiento de este fenómeno desde el punto de vista
humano y desde el punto de vista social. Faltan intérpretes, faltan
centros de acogida y faltan medios.

Hemos hecho una crítica a que todavía no se haya puesto en práctica
el compromiso adquirido en esta Cámara para que se produzca un
incremento importante de mujeres policías, mujeres agentes, para
ocuparse de todo lo que se refiere a los malos tratos.

Se ha criticado la falta de incremento presupuestario para las
instituciones penitenciarias, teniendo en cuenta sobre todo el último
informe del Defensor del Pueblo, que hacía una crítica enérgica a
esta falta de dotaciones.

Finalmente, quiero decir también a SS.SS. que nos parece
absolutamente injustificada esta subida en relación con los fondos
reservados.

Insisto, para no repetir lo ya argumentado y a reserva de lo que
pueda exponer en el debate del Pleno, en que creo que queda
sucintamente explicitada nuestra defensa de la enmienda a la
totalidad y, en cuanto a las enmiendas parciales, las doy por
defendidas. Si SS.SS. quieren entrar con mayor hondura en esta
argumentación, con mucho gusto está a su disposición el «Diario de
Sesiones» de la Comisión de Justicia e Interior donde tuvimos ocasión
de deparar en profundidad todo lo que significaba esta defensa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, para dar por defendidas las diversas enmiendas
que diputados de dicho grupo presentan a la sección 16, Ministerio
del Interior, y paso a defender muy brevemente la dos enmiendas que
presenta Unión Valenciana, números 10 y 11, relativas a diversas
obras en Valencia, tanto de la Dirección General de la Policía como
de la Dirección General de la Guardia Civil.

En estas dos enmiendas solicitamos dos altas para proyectos
concretos, de 125 y 250 millones, para adelantar al año 1999 diversas
inversiones que mejoren las instalaciones de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en Valencia. Digo adelantar inversiones porque
estamos hablando en los dos casos de proyectos que vienen de finales
de los ochenta o principios de los noventa, y año tras



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año, con un Gobierno y con otro, se ha utilizado, dentro de las
inversiones plurianuales, la continua jugada o actitud de retrasarlos
a ejercicios posteriores. No se ha materializado un compromiso para
que el programa de obras de mejora de instalaciones al servicio de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ejecute en un plazo
breve de tiempo.

Estamos hablando de proyectos que han sufrido numerosos retrasos y de
nuevo en los presupuestos del año 1999, como no podía ser de otra
manera, se retrasan las grandes partidas presupuestarias afectas a
estos proyectos, de modo que, en vez de ejecutarse en los años 1997,
1999 y 2000, como marcaban las previsiones plurianuales, se retrasan
al 2001 y 2002.

Son inversiones necesarias en los dos casos por cuanto pensamos que
deben adecuarse las instalaciones de los dos cuerpos de seguridad del
Estado en Valencia. En esa línea, queremos que en el programa 222.A
se incluyan esas altas en el anexo de inversiones, máxime cuando
personas que tienen algo que decir en cuanto a seguridad ciudadana,
como puede ser el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
tanto en el año 1996 -nada más tomar posesión- como en el año 1997 y
principios de 1998, han manifestado que las instalaciones de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de la Comunidad Valenciana
y determinadas sedes policiales valencianas se encuentran en un
estado deplorable. Dicen que más del 50 por ciento de las casas
cuartel y las comisarías, las primeras de la Guardia Civil y las
segundas del Cuerpo Nacional de Policía, necesitan una rehabilitación
importante; que es necesario y prioritario avanzar en la remodelación
y modernización de las infraestructuras policiales así como en las
reestructuraciones de las casas-cuartel y comisarías de policía en
las grandes ciudades. Estos comentarios vienen a avalar nuestra
demanda que va en la línea de mejorar las instalaciones de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque pensamos que es
necesario e inaplazable ya que tampoco estamos hablando de unos
proyectos multimillonarios, sino de adelanto de inversiones de 125
millones en el caso de la enmienda número 10 y 250 millones en el
caso de la enmienda número 11. Es una prioridad, que así debería
considerar el Ministerio del Interior, porque la ciudad de Valencia
es la tercera capital del Estado español con 750.000 habitantes en la
ciudad de Valencia con un área metropolitana que en total ya supera
el 1.250.000 ciudadanos, con unos índices de delincuencia que no son
preocupantes pero que están ahí, con una atracción turística, con una
coyuntura y una situación que requiere que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado aparte de los esfuerzos materiales en su
actuación tengan también unas instalaciones dignas, adecuadas y que
cubran las necesidades para prestar un servicio en condiciones. Por
tanto, recurriendo al argumento manifestado por persona autorizada en
materia policial en la Comunidad Valenciana hay que decir que más de
la mitad de las casas-cuartel y comisarías de la Comunidad Valenciana
están en mal estado y necesitan urgentes y prioritarias inversiones.

Encima de la mesa se dejan dos demandas, se plantean dos
reinvindicaciones y lo que pido es al Ministerio del Interior y al
Gobierno central que tenga esa sensibilidad y que, si no el total de
la petición por lo menos una parte, tenga a bien adelantar algunas de
esas
inversiones, que no son caprichosas sino necesarias y demandadas por
la sociedad y por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, que se merecen unas instalaciones dignas para hacer un
trabajo de servicio a la sociedad, como creo que honestamente y con
toda profesionalidad demuestran en el día a día en este caso en la
ciudad de Valencia y su área metropolitana.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Serrano Vinué para que
defienda las enmiendas que ha presentado como personales dentro del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor SERRANO VINUÉ: Como diputado del Partido Aragonés y hoy
incluido dentro del Grupo Parlamentario Popular simplemente deseo
hacer constar en esta sección como en otras que la presentación a
través del grupo parlamentario es reglamentariamente necesaria y la
firma del portavoz así lo confirma -lo digo a los simples efectos de
conocimiento-, como así lo contempla el propio artículo 110 del
reglamento de este Congreso.

Desde el PAR hemos articulado diez enmiendas a esta sección. Las
correspondientes al número 1448 y 1449 dentro del límite y directorio
de esta sección entiendo que son atribuidas exclusivamente al Grupo
Parlamentario Popular; si les parece, deberían de ser enmiendas de
este diputado del Partido Aragonés. Son enmiendas que hacen mención a
la mejora de los medios materiales en dos provincias, Huesca
y Teruel, en materia de protección civil. Como bien saben SS.SS., todas
las responsabilidades de protección civil se transfirieron en lo que
corresponde tanto a las comunidades autónomas como a las
corporaciones locales sin asignación presupuestaria. En necesario y
así se demostró desgraciadamente la necesidad de mejorar estos
medios.

Un segundo paquete corresponde a las enmiendas 1446, 1447 y 1455,
relativas a la mejora y reforma de diferentes centros penitenciarios,
Huesca, Zaragoza y Teruel. Lógicamente estas actuaciones deberían
contemplarse dentro de lo que sería el plan de mejora y dentro de la
propia Dirección General de Instituciones Penitenciaria. (El tercer
paquete corresponde a las enmiendas 1450, 1451 y 1452); se refiere a
la mejora de tres pequeños, pero tremendamente importantes, cuarteles
de la Guardia Civil, dos situados en la provincia de Teruel, en
Sarrión y Alcalá de la Selva, y uno en la provincia de Huesca, en
Ansó.

Un cuarto paquete iría relacionado con lo que entendemos que en estos
momentos es una de las carencias más fundamentales, la necesidad de
mejorar lo que son los medios humanos y materiales de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los diferentes niveles,
en dos sentidos. Por una parte, sería a nivel de materia (mejora de
equipamiento, mejora de instalaciones y mejora de equipos) y, por
otra, algo que entendemos tremendamente importante, que ya se ha
tratado anteriormente en otras secciones, pero que como enmienda
política creíamos oportuno volverlo a plantear, que es la necesidad
de esa homologación de lo que serían los sueldos entre las diferentes
policías. Entendemos que es una realidad y un agravio importante;
esos 24.000 millones de pesetas en los que estarían estimados los
costes de homologación serían asumibles en un plazo de dos o tres
años. Esta es la justificación



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de esta enmienda. Creemos sinceramente que es necesaria la puesta en
marcha del proyecto policía-2000, aunque todavía no está
suficientemente tratado a nivel de presupuestos.




En ese sentido, y con esta justificación, presentamos estas enmiendas
que lo único que pretenden, lógicamente, es mejorar los presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Para terminar las intervenciones en el debate de
esta sección, doy la palabra al señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Quiero señalar, con toda brevedad, que el Grupo
Parlamentario Popular rechazará las dos enmiendas de devolución que
se han presentado al contenido de la sección por parte del Grupo
Socialista y del Grupo Federal de Izquierda Unida, así como el
conjunto de las enmiendas parciales que tanto los citados grupos como
el Mixto y el señor Serrano Vinué han presentado igualmente
a contenidos específicos de la sección.

El Grupo Parlamentario Popular entiende que estamos ante unos
presupuestos que contribuyen a seguir desarrollando las bases
materiales para la configuración de un moderno sistema público de
seguridad interior próximo al entorno social, eficaz en resultados e
incentivador de los profesionales. En segundo lugar, entendemos que
estos presupuestos de la sección 16 aproximan las necesidades
materiales de dotación e infraestructura de los cuerpos a las
misiones a desarrollar con un esfuerzo notable en determinados
ámbitos. En tercer lugar, estos presupuestos de la sección 16
cumplimentan, en conjunto, una función solidaria importante en
materia de servicios, tráfico y protección civil; una función
solidaria importante en la aplicación del principio constitucional de
reeducación y reinserción en la ejecución de las penas privativas de
libertad y, finalmente, una función solidaria importante en el
tratamiento preventivo y rehabilitación de las toxicomanías.

En definitiva, señor presidente, consideramos que el contenido del
presupuesto de la sección 16 da cuenta del carácter preferente que a
nuestro juicio el Gobierno otorga al tratamiento presupuestario de
las políticas afectas a las competencias del Ministerio del Interior
y da cuenta igualmente del compromiso del conjunto del Gobierno con
estas políticas en orden precisamente a vertebrar un concepto moderno
de la seguridad, próximo al ciudadano y eficaz e igualmente en orden
precisamente, en todo caso y en todo punto, con la aplicación de
estas políticas, especialmente en el ámbito de la seguridad, a
resaltar y primar el esfuerzo de todos sus profesionales.

En relación con lo señalado por el portavoz del Grupo Socialista,
quiero incidir fundamentalmente en que, siendo como es natural y
legítimo cualquier planteamiento, en todo caso nos parece puramente
voluntarista concluir que estos presupuestos denotan el fracaso de la
política del Ministerio del Interior, tal como se ha señalado
textualmente, porque en todo caso parece que no es ésa la valoración
y la percepción que los ciudadanos tienen, según coincidencia
generalizada en todos los estudios demoscópicos.

Quiero agradecer la intervención del señor Meyer, pero en todo caso
en proyectos como el de policía-2000 que ahora se inician y que
pueden estar sometidos a formulaciones
críticas, estamos absolutamente convencidos de que en conjunto
y una vez que se desarrollen van a tener el mismo éxito, tanto social
como entre los propios profesionales, que ha tenido y que está
teniendo el proyecto de policía de proximidad que en estos
presupuestos se dota adecuadamente precisamente para poder
generalizar su despliegue. No es adecuado tratar de formular, ni
siquiera en términos políticos porque no es ésa la intención política
del Gobierno, ningún tipo de situación comparativa entre las
dotaciones y el tratamiento dado a un cuerpo policial y a otros. Para
este Gobierno, para el Ministerio del Interior, las necesidades,
tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, son
tratadas en términos parejos porque pareja e igual es la valoración
que de su condición realiza este Ministerio.

Cierto es, puede decirse, que siempre serían deseables más
inversiones en materia de patrimonio inmobiliario afecto al
Ministerio del Interior. Ciertamente, porque eso en todo caso redunda
en beneficio del ciudadano y de los profesionales que prestan el
servicio. Pero creemos que en este presupuesto, continuando la tarea
ya iniciada en el presupuesto de 1998, se hace un notable esfuerzo,
dentro de las disponibilidades presupuestarias, para dar cuerpo a esa
aspiración, de todos los grupos políticos y principalmente del
Ministerio del Interior, de poder ir mejorando cada vez más sus
infraestructuras inmobiliarias. Quiero recordar que de los tres mil y
pico millones destinados a este efecto un 30 por ciento,
aproximadamente, se dedicarán a obras de mejoras en instalaciones y
un 70 por ciento a la creación de nuevas instalaciones, tanto para el
Cuerpo Nacional de Policía como para la Guardia Civil.

El compromiso solidario del Gobierno con la institución
penitenciaria, no como Administración sino con los internos, para
poder dar cumplimiento a ese principio reeducacional que establece
nuestra Constitución, entendemos que es obvio en este presupuesto. Se
prevé un incremento en materia de dotación de personal sanitario; lo
hay en materia de transferencias para la colaboración con
organizaciones no gubernamentales a efectos de poder contemplar todas
las previsiones del antiguo artículo 60, es decir, las
excarcelaciones en los casos de enfermos terminales y hay, en
definitiva, una mejora sensible, que todos los grupos reconocieron,
en una materia tan especial como puede ser la materia racional.

Quiero terminar señalando al señor Chiquillo, y en general a las
enmiendas presentadas por las diversas formaciones integrantes del
grupo Mixto, que básicamente no las vamos a admitir, tanto por
razones en unos casos de técnica presupuestaria como porque
básicamente lo que esas enmiendas comportan, y digo lo mismo en
relación con las enmiendas presentadas por el señor Serrano Vinué, es
una selección distinta de lo que son las prioridades en orden a la
inversión inmediata en este presupuesto de 1999. Nosotros, como es
natural -no puede ser de otra forma-, respetamos el criterio de otros
grupos en orden a la selección de esas prioridades de inversión, pero
entendemos que la programación de inversiones prevista en el anexo de
inversiones para el año 1999 es la más adecuada en función de las
necesidades que se han jerarquizado por parte de los centros
directivos correspondientes, teniendo en cuentasiempre las
disponibilidades presupuestarias.




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Acabo, señor presidente, diciendo que tanto el señor Meyer como el
señor Cuesta han hecho referencia, ambos con enfoques distintos, a
una cuestión común, la que afecta a los fondos reservados. Quiero
decir, como ya señalaba el secretario de Estado de Seguridad en su
comparecencia, que el incremento de estos fondos reservados parece,
sin lugar a dudas, aconsejable en función de las necesidades que se
tienen que cubrir con ello y que no se puede vincular en modo alguno
este incremento determinado por las necesidades de los servicios a
cubrir con ningunos otros debates anteriores ni con ningunas otras
situaciones históricas que en relación con estos fondos se han
planteado con anterioridad, porque, afortunadamente, las condiciones
son distintas. En definitiva, señor presidente, estos presupuestos
son los mejores posibles para poder hacer compatible que el
Ministerio del Interior disponga del las partidas presupuestarias
adecuadas para el cumplimiento de sus misiones y para que también
desde el Ministerio del Interior se contribuyan a los criterios de
política general presupuestaria del Gobierno, en orden al
cumplimiento de los grandes objetivos generales de carácter económico
que el Gobierno tiene planteado en el interior de nuestro país y en
el conjunto de su integración en la Unión Europea.

Quiero señalar que las enmiendas 1417, 1418 y 1419 del Grupo Popular
fueron incorporadas al dictamen de la Comisión y que, como ha
recordado el señor Serrano, las enmiendas 1448 y 1449, que en el
índice de enmiendas figuran como Grupo Popular, deben figurar en los
mismos términos que las 1450 y siguientes, es decir, atribuidas al
señor Serrano Vinué.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no es necesario indique a la
Presidencia cómo hay que atribuir estas enmiendas porque vamos a
hacerlo de manera que no creemos conflictos.

Dicho esto, cerramos el debate de la sección correspondiente al
Ministerio del Interior y entramos en el de la sección número 18 que
es la que corresponde al Ministerio de Educación y Cultura.

Han presentado enmiendas, el Grupo Socialista del Congreso, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario
Mixto y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vamos a dar la palabra por este orden. Recuerdo a los miembros de la
Comisión que el tiempo disponible es de diez minutos y que una vez se
haya consumido ese tiempo la Presidencia avisará. Ese tiempo hay que
repartirlo entre los miembros de la Comisión que decidan hacer uso de
la palabra.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doy la palabra, en
primer lugar, a doña Clementina Díez.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: El Grupo Socialista del Congreso ha
presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos
presentados por el Gobierno en educación, solicitando su devolución
al considerar que no recogen compromisos para la aplicación de la
reforma educativa, no preparan las transferencias en condiciones de
calidad, no priorizan la enseñanza pública y minimizan
todos aquellos programas dirigidos a potenciar la igualdad de
oportunidades.

En un momento decisivo como éste en el que se está produciendo la
implantación generalizada de la educación secundaria obligatoria y
deben cerrarse las transferencias educativas con las comunidades
autónomas, este presupuesto no recoge la financiación adicional que
prometió la ministra y no responde a las necesidades reiteradamente
expresadas por toda la comunidad educativa cuando suscribió el pasado
año la declaración conjunta a favor de la educación, en la que
solicitaban un compromiso de financiación plurianual adicional al
mero crecimiento vegetativo para poder aplicar la Logse con garantías
de calidad en el conjunto de España.

El anunciado crecimiento del 6,4 por ciento, cuatro décimas más abajo
que el del año pasado, es claramente insuficiente si descontamos la
inflación prevista y el crecimiento vegetativo correspondiente al
incremento de los sueldos de profesores, gastos de funcionamiento,
etcétera. Por otro lado, estos presupuestos relegan la enseñanza
pública y priorizan la privada concertada. Mientras la enseñanza
concertada crece en torno a un 15 por ciento, la pública se sitúa en
torno al 6 por ciento. Con ello se incrementan las desigualdades del
sistema al producir un reparto no equilibrado entre los centros
públicos y los privados concertados en lugar de corregirlos o
compensarlos. Los responsables educativos alegan que el incremento
destinado a la enseñanza concertada se debe a la extensión de la
enseñanza obligatoria de los catorce a los dieciséis años y
justifican esta situación basándose en la Logse. Lo que nos parece
inadmisible no es que los conciertos con la enseñanza privada se
incrementen un 15 por ciento, sino que la enseñanza pública lo haga
sólo en un 6 por ciento. La extensión de los conciertos previstos en
la Logse no debe impedir la construcción y dotación de nuevas
unidades de secundaria en la enseñanza pública. La asimetría de la
dotación presupuestaria entre pública y privada tiene ejemplos
significativos. Los conciertos en secundaria se incrementan en 6.317
millones de pesetas y las subvenciones a la formación profesional
privada, sin concierto, pasan de 1.675 millones a 7.351. Junto a esto
el presupuesto para la educación infantil y primaria, así como el
correspondiente a las enseñanzas artísticas y al de educación
especial, se sitúa por debajo de la media y el destinado a la
educación secundaria, formación profesional y escuelas profesionales
de idiomas es prácticamente igual que en 1998.

La falta de financiación en los centros públicos en uno de los años
más decisivos de la extensión de la enseñanza obligatoria en España y
de la implantación de la nueva formación profesional está ocasionando
graves deficiencias en el sistema y es la causa fundamental de que se
incumpla el calendario de las transferencias educativas. No sólo no
se construyen los centros de secundaria necesarios, sino que es
alarmante el porcentaje de alumnos de ESO estudiando en centros
primarios, situación que vulnera claramente la normativa vigente y
que ha sido sistemáticamente denunciada por los sindicatos, las
asociaciones de padres y los responsables educativos de las
comunidades autónomas dependientes de la gestión del MEC afectadas
por este incumplimiento legal. Pese a esta situación, los
presupuestos de 1999 evidencian que las inversiones nuevas apenas



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crecen. Si descontamos el dinero previsto para reposiciones, sólo
aparecen 13.000 millones para nuevos centros de secundaria y 2.000
para los de primaria. Por ello, los socialistas proponemos
incrementar el capítulo correspondiente a inversiones en 46.640
millones de pesetas, de los cuales 30.000 se destinarían a inversión
nueva, 15.760 a inversiones de reposición, renovación y mejora y 880
millones a reparaciones y mantenimiento de edificios en infantil y
primaria.




Por su parte, las plantillas de profesores previstas son claramente
insuficientes para atender la implantación de la Logse, por lo que
será imposible atender los nuevos ciclos formativos de la formación
profesional y la dotación de plantilla necesaria para atender
optativas, profesores orientadores, atención especializada a grupos,
que por necesidades económicas o especiales lo necesiten, y seguirá
sin solucionarse el problema frecuente de ratios profesor/alumno, ya
que se sobrepasa el límite permitido. Por ello, proponemos un
incremento en plantilla de profesorado de 2.300 millones, de los
cuales 500 millones se destinarían a plantillas de educación primaria
y 2.800 millones para las plantillas de los nuevos institutos de
educación secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de
idiomas.

Estos presupuestos también evidencian que este Gobierno, lejos de
potenciar la igualdad de oportunidades, minimiza los programas de
compensación, decisivos para eliminar desigualdades de partida. El
programa de educación compensatoria disminuye. Este programa, que
incluye equipamientos y personal de apoyo para colectivos rurales
y colegios situados en barrios deprimidos socioeconómicamente, y que
integra alumnos de minorías étnicas y culturales, lo que resulta
fundamental para evitar el fracaso escolar, disminuye casi 1.000
millones en una ya casi insignificante partida que no llega a 4.000
millones. Por otro lado, una buena parte de la educación
compensatoria se delega en entidades privadas y ONG al incrementar
los conciertos a la formación profesional. El Estado renuncia de este
modo al control público de la educación compensatoria, perdiendo una
función básica que consideramos fundamental. Por ello, proponemos
incrementar los programas de educación compensatoria en 1.200
millones y los de garantía social en 2.000 millones, con el fin de
favorecer la formación de aquellos alumnos que abandonen la ESO sin
titulación. También proponemos incrementar los gastos de
funcionamiento de los centros en 6.800 millones, de los que 1.000 se
destinarían a la dotación de las bibliotecas escolares, además de
1.000 millones para comedores escolares, y 200 para transporte
escolar y 500 para vacaciones escolares.

También nos parece inadmisible que en este presupuesto las becas
disminuyan, que es lo que ocurre en realidad. El año pasado el monto
total era de 88.472 millones; este año es de 98.000, pero todo el
aumento es para compensar a las universidades por la disminución de
ingresos consecuencia de la exención de tasas universitarias por la
declaración de familia numerosa a partir del tercer hijo. Sólo se
presupuestan 59.000 millones para becas de carácter general; es
decir, 8.056 millones menos que el pasado año. También desciende el
número de becarios universitarios, según los indicadores, de 282.900
a 266.000; por tanto, casi 23.000 becarios menos. Se insiste en
financiar la privada
infantil a través de becas y se incrementa la cuantía de 55.0000 a
75.000 pesetas. Por eso, proponemos un incremento de 8.000 millones
para el programa de becas y ayudas a estudiantes, para mantener el
mismo crédito de becas del año anterior.

Estos presupuestos demuestran también hasta qué punto la preocupación
por la modernización del sistema educativo no es sino una mera
retórica reducida a pura propaganda. El programa de nuevas
tecnologías tiene una ridícula asignación, sólo 1.190 millones para
múltiples programas: Atenea, Mercurio, aulas hospitalarias, aulas
Mentor. La ministra se comprometió a que en dos años los alumnos
dispusieran de un ordenador, cosa que estos presupuestos no
garantizan, por lo que proponemos 2.000 millones más para la compra
de ordenadores. (Termina la señora Díez de Baldeón.) Los socialistas
consideramos también conveniente avanzar en un sistema de ayudas para
todos en la compra de libros de texto en la enseñanza obligatoria y
gratuita en partida en centros costeados con fondos públicos hasta
conseguir su gratuidad en el plazo de cuatro años. Para ello
proponemos un incremento de 40.000 millones. Éstas son las enmiendas
que presenta mi grupo parlamentario en la sección 18 correspondiente
a Educación. Ascienden, si tenemos en cuenta la partida
correspondiente a investigación científica y técnica y el fondo
nacional para la investigación, a 119.668 millones de pesetas.

Nuestro ánimo no es otro que conseguir un sistema educativo de
calidad para todos. Por lo cual esperamos contrar con el apoyo de los
restantes grupos políticos.




El señor PRESIDENTE: El señor Clotas tiene la palabra. Ruego que sean
conscientes del tiempo que les queda.




El señor CLOTAS I CIERCO: Los créditos previstos para el gasto
cultural para el próximo año aumentan ligeramente respecto al
presente en un 7,01 por ciento, algo más de lo que dijo la señora
ministra al presentar los presupuestos, cuando olvidó sumar nada
menos que el presupuesto del programa 134.B dedicado a la acción
exterior. Quizá lo hizo porque es un programa claramente mal dotado.

Este incremento no provoca que estos presupuestos sean mejores, ya
que quedan todavía lejos del último presupuesto aprobado por el
Gobierno socialista, el del año 1995, que era un 11 por ciento
superior, más de 8.000 millones de pesetas. Este año descienden de
una manera bastante sorprendente programas como el destinado al
libro, un 4 por ciento, en un año en que la industria editorial
española sufre problemas que todos conocemos con ventas de
importantes firmas a empresas extranjeras, o disminuye hasta un 17
por ciento un programa tan importante como a música. Para paliar
estos problemas el Grupo Socialista ha presentado una serie de
enmiendas que ascienden a 4.261 millones de pesetas y que se
distribuyen de la manera que muy rápidamente voy a expresar.

Se asigna la cantidad de 310 millones para el programa citado 134.B
de acción al exterior, en el que incluimos dotaciones para las giras
y las becas del INAEM, mal dotadas; un incremento de la cooperación
con Iberoamérica y también para la traducción y edición en lengua
extranjera de libros literarios y científicos españoles; se destina
la cantidad de 188 millones para archivos que -aunque esto



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ha sido un error en la presentación de nuestras enmiendas que se
repite en alguna de ellas- tienen unos destinos tan concretos como el
archivo provincial de Lérida, 35 millones, y el archivo histórico de
Vigo en 100 millones de pesetas. También incrementamos el programa de
bibliotecas en 160 millones, que se distribuyen: para la biblioteca
de Gerona, 30 millones; para la biblioteca estatal de Huelva, 30
millones y para la biblioteca de Guadalajara, 100 millones. El
programa de museos lo incrementamos en 388 millones, distribuidos
entre el museo de Huelva, 10 millones; el museo de La Rioja, 40
millones; el museo provincial de León, 190 millones; el museo de
Elche, 40 millones, y también dotaciones para el museo Zabaleta, el
museo de Almería, el museo de Bellas Artes de Sevilla y el museo de
Santa Cruz. El programa de promoción y cooperación cultural lo
incrementamos en 110 millones. Hay una enmienda dedicada a la
fundación Max Aub, por valor de cinco millones; enmiendas de 25
millones para la Fundación María Zambrano, Fundación Pablo Picasso y
Fundación Generación del 27. Asimismo consideramos que, en base a la
dotación incrementada de este programa, debe atenderse por parte del
ministerio con 60 millones al Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona, que tiene pendiente un convenio con el Ministerio, y el
cumplimiento por parte del Gobierno de una proposición no de ley
aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura. El
programa de libros y publicaciones se incrementa en varias partidas,
que ascienden en su totalidad a 400 millones de pesetas. El programa
de música, claramente perjudicado por los presupuestos del Gobierno
en este año, se incrementa en 450 millones. El programa de teatro se
incrementa en 300 millones, y quiero señalar que de los mismos deben
destinarse 150 al teatro auditorio de Granollers y 25 al teatro
Moderno de Logroño. El programa 456.C, dedicado a la cinematografía,
lo incrementamos en 100 millones, porque es la cantidad en la que han
disminuido los créditos del INAEM, debido a que se le han sustraído
95 millones para el incremento del fondo, que por fin este año el
Grupo Popular se ha decidido a hacer, después de reiteradas
peticiones por parte del Grupo Socialista.

Finalmente, el programa de conservación y restauración del
patrimonio, 458.C, lo incrementamos en 1.775 millones, con la
siguiente distribución: para el plan de catedrales, por catedrales
olvidadas o maltratadas por el Ministerio, Catedral de Gerona, 15
millones; la Seo Bella de Lérida, 35 millones, la catedral de
Tarragona, 50 millones; la prioral de Reus, 25 millones, la catedral
de La Rioja, 25 millones; la catedral de León y de Astorga, 25
millones; la catedral de Palencia, 50 millones. Para las murallas
también se destina una partida, distribuida del siguiente modo: para
las murallas de Tortosa, 25 millones; para las de Lugo, 100 millones;
para las de Cuéllar, 50 millones; para las de Talavera, 40 millones;
para las de Madrigal, en Ávila, 40 millones. Otros conceptos que
deben atenderse con esta partida son: La Alhambra, Generalife, con
200 millones; el monasterio de San Millán, con 100 millones; la Casa
de la Moneda de Segovia, 400; el románico Palentino, 200; el parque
arqueológico de la cueva Pintado, de Galdar, en Canarias, 30
millones; el castillo de Ibiza, 300; el castillo de Cornago, 30
millones, y finalmente los frescos de Nieva,
con 10 millones. Estas son las enmiendas correspondientes a cultura.

En el capítulo de deportes, mi grupo presenta solamente dos
enmiendas, la 328 y la 329, una, convenios con las corporaciones
locales, y la otra, deporte escolar y universitario, y que ascienden,
entre las dos, a 600 millones de pesetas.

Dicho esto, y después de solicitar el voto afirmativo para todas
ellas, sólo me resta anunciar que mi grupo va a apoyar todas las
enmiendas presentadas por otros grupos en el capítulo de deportes y
cultura, con la excepción de algunas enmiendas que no podemos apoyar
porque no entendemos o no queda suficientemente claro la baja sobre
la que se basan. Son las enmiendas 1199, del Grupo de Coalición
Canaria; la 862, de Izquierda Unida, y la 173, del PNV. Nos vamos a
abstener también en las enmiendas del señor Chiquillo y en las del
señor Rodríguez, por la misma causa, y vamos a votar en contra
únicamente de la enmienda 1329, del señor Vázquez.

Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Ruego a la señora Carmen Heras que sea
brevísima, porque hemos traspasado y mucho el tiempo previsto.




La señora HERAS PABLO: No se preocupe, señor presidente, que
intentaré ser muy concisa.

Los presupuestos de investigación y desarrollo para este año 1999
repiten la misma tendencia que los dos períodos presupuestarios
anteriores. En ellos, el principal departamento financiador es el
Ministerio de Industria y Energía en una proporción que es
suficientemente representativa. Desciende la inversión para aquellos
organismos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura
dedicados a la investigación básica en beneficio, pudiera parecer, de
la investigación aplicada o del desarrollo tecnológico, lo cual es
perfectamente aceptable dadas las características sociales,
económicas y por supuesto científicas del mundo actual, pero se ha
repetido ya en diferentes instancias que todo esto no es cierto. El
incremento presupuestario que tiene para investigación y desarrollo
el Ministerio de Industria y Energía no se produce nada más que en el
capítulo 8, capítulo destinado a préstamos reembolsables a empresas,
producción industrial en suma cuyo beneficiario es defensa y nunca
investigación y desarrollo. Con todo ello, no cabe hablar en los
presupuestos de investigación y desarrollo de 460.000 millones, sino
solamente de 227.000.

Las enmiendas que el Grupo Socialista presenta pretenden asegurar el
aumento de los recursos humanos y materiales en relación con la
investigación y el desarrollo. Creemos que el sistema de ciencia y
tecnología necesita de personal investigador, de equipos grandes con
apoyo de personal técnico y auxiliar, y por ello proponemos
cuantificar claramente del presupuesto la voluntad del Gobierno hacia
estos temas aumentando el personal de apoyo a la investigación en 50
plazas, con un montante de 153 millones de pesetas, la plantilla del
personal científico de uno de los organismos de investigación más
representativos como es el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas en 150 plazas con un montante de 687 millones de pesetas
para personal investigador, el número de becas y las ayudas



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de formación y movilidad del profesorado en 210 millones para
potenciar la investigación competitiva; aumentamos también la
cantidad asignada al programa sectorial de promoción general del
conocimiento, que busca la investigación básica de calidad, en 900
millones; aumentamos el fondo nacional para el desarrollo de I + D en
3.000 millones por una parte y en 3.078 por otra, estos últimos
adjudicados a un fondo de la Oficina de Ciencia y Tecnología porque
entendemos que es mejor, que no debe estar disgregada esta cantidad
del fondo habitual.

Pidiendo al resto de los grupos el apoyo a estas enmiendas, aquí
terminamos precisamente por la brevedad que se nos ha pedido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenas noches, señor presidente,
señorías.

Con la brevedad que impone la hora nocturna, quiero decir lo
siguiente. En primer lugar, con respecto a cultura, que las enmiendas
presentadas son de forma sobresaliente un incremento en inversiones,
fundamentalmente aquellas que significan infraestructuras culturales,
diversas comunidades autónomas, como fórmula, señorías, de señalar
nuestras prioridades. En deporte optamos por un incremento
generalizado de todo aquello que signifique deporte de base, para lo
que nos detenemos de forma troncal en las inversiones en dotación de
equipamientos deportivos, territorial y sectorialmente hablando.

Con respecto a educación, quisiera decirle que nosotros, como saben
ustedes, hemos presentado una enmienda de devolución a la totalidad
de esta sección 18, ya que consideramos que los presupuestos de esta
sección presentan, como es habitual en este Ministerio, una opacidad
mucho mayor que la de años anteriores, que yo he convenido en
descifrar, y así se lo he manifestado a la señora ministra, como unos
presupuestos clandestinos, lo que dificulta enormemente el análisis
comparativo y la obtención de información precisa acerca de ciertas
partidas de gran interés para nosotros. Estos criterios adoptados,
que se han llevado a cabo para establecer las cuantías de las
transferencias imputadas en 1998, repercuten en las transferencias en
la proporción de centros públicos y privados concertados del próximo
año así como en otros conceptos que sería muy prolijo enumerar.

En definitiva, señorías, la falta de transparencia de estos
presupuestos, reconocida por el propio secretario de Estado en su
comparecencia, nos ha llevado a denunciar lo que se nos revela como
un camuflaje de datos que ninguna autoridad del MEC ha aclarado
satisfactoriamente en sus comparecencias.




La segunda conclusión, con mucha brevedad, es la falta de
financiación suficiente para seguir el proceso de implantación de las
nuevas enseñanzas, aparte de que seguimos estando a la cola, como
ustedes bien saben, de la unión económica europea, junto con Portugal
y Luxemburgo, respecto al porcentaje de gasto educativo. Por mucho
que la ministra, que doña Esperanza airee que la subida de un 6,5 por
ciento es especial respecto al año pasado, no podemos perder nunca de
vista dos cuestiones básicas: primero, que
la subida de 1998, como el 6,5 por ciento previsto para 1999, no
supone ningún esfuerzo para mejorar la educación pública -recuerden
ustedes la posición de cola que les he manifestado- sino una
respuesta cicatera a las exigencias legales de las reformas
pendientes. Y hasta que finalice la implantación generalizada de la
Logse, el presupuesto educativo debería tener un crecimiento muy muy
superior al que se está aprobando, por el mero hecho de aplicar dicha
ley y la normativa que la desarrolla. No está mal recordar, señorías,
una vez más, que la fuerza a la que represento ha reclamado
insistentemente una ley de financiación de la enseñanza pública.

Quiero además insistir en que esta subida media no se reparte por
igual en la enseñanza pública y la privada. El porcentaje dedicado a
ésta es muy superior; crece un 15,4 por ciento y no está motivado
sólo por la ampliación de los conciertos existentes, como
consecuencia de la extensión de la obligatoriedad a los 16 años.

Saben ustedes que el MEC reconoce que va a dedicar 1.000 millones
para subvencionar la infantil, que no es una etapa, como ustedes
también saben, obligatoria y que puede y debe atenderse desde la red
pública.

Señorías, creo que todos echamos en falta un programa que permita ir
eliminando las desigualdades interterritoriales en educación. Para
ello, proponemos fundamentalmente una enmienda estrella, que sería la
enmienda del fondo de compensación, para impedir que las
desigualdades existentes sigan creciendo, según se van produciendo
las transferencias plenas. En definitiva, se trata de introducir
también aquí nuestro modelo de Estado, como ustedes saben, federal y
solidario.

Una cuarta reflexión es que, a pesar del crecimiento medio antes
citado, que beneficia sobre todo a la privada concertada, hay
programas o partidas que bajan, insisto, que bajan, que son muy
reveladoras y que les enumero con muchísima rapidez. Primero, las
inversiones en infantil y primaria y en secundaria. Saben que el MEC
reconoce que todavía queda un 35 o un 40 por ciento de alumnos del
primer ciclo de ESO sin escolarizar en los institutos. Además, una
cuantía importantísima de esos programas, en concreto 4.000 millones
de un total de 30.000, o sea, más del 13 por ciento, se destina al
plan integral de empleo de Canarias, acuerdos de Gobierno, acuerdos
parlamentarios, acuerdos coaligados, lo que nos parece un
despropósito. Ustedes saben que las inversiones en esa etapa
educativa tienen como finalidad construir o adecuar centros
educativos. También nos preocupa, señorías, la educación
compensatoria, que está destinada a atender a los colectivos más
necesitados de actuación específica y bajan. Bajan las becas de
carácter general, que son las que tienen una función más
compensatoria y redistributiva y por el contrario crecen mucho las
becas especiales, sobre todo la de los 1.000 millones para
subvencionar la educación infantil en centros privados. Bajan
asimismo las ayudas a asociaciones de estudiantes, que contribuyen a
fomentar la participación educativa. No se contempla partida alguna
para continuar el proceso de homologación del personal de los centros
concertados y nosotros entendemos y mantenemos que siempre es
necesario que estos trabajadores desarrollen su tarea en las mismas
condiciones que los del sector público, con independencia de nuestra
posición crítica respecto a los conciertos educativos en la enseñanza
privada.




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Por último, señorías, debo decirles la poca atención que se presta a
la universidad en estos presupuestos. Considero casi que es nula. Al
parecer, el MEC ha optado por desinteresarse de la universidad
pública, por el mero hecho de haber transferido las competencias
correspondientes. En el caso de la UNED, que depende del MEC, la
subida presupuestada sitúa el gasto medio por alumno en cantidades
ridículas, yo entiendo casi a modo de OPA hostil contra la
universidad pública y de calidad.

Por todo ello, señorías, Izquierda Unida solicita la devolución de la
sección 18 del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 1999.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) se ha dirigido a la Mesa para comunicar que da por defendidas
sus enmiendas; exactamente igual ha hecho el Grupo del Partido
Nacionalista Vasco y también Coalición Canaria.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Después de casi 14 horas aquí, voy a dar
por defendidas en sus propios términos las enmiendas que los diversos
diputados del Grupo Parlamentario Mixto han presentado a la sección
18, Ministerio de Educación y Cultura.

Rápidamente voy a defender las enmiendas 58, 59, 60 y 61, presentadas
por Unión Valenciana a diversos servicios de esta sección 18. La
enmienda 58 hace referencia al Museo de Bellas Artes de Valencia y
pedimos un aumento de 190 millones, en el programa 453, que es el
referente a las inversiones en reposición y funcionamiento operativo
de otros servicios, dentro de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Tanto a la cuarta fase del proyecto como al
proyecto original de rehabilitación, en este segundo caso, en el año
1999 no se destina cantidad alguna y se deja para la programación
plurianual para los años 2000, 2001 y 2002, con unas cuantías de 200,
300 y 400 millones, que son de gran importancia, dado que el proyecto
total es de 900 millones, en el año 1998 se destinaron 50 millones y
se preveía destinar 150 en el año 1999. En las previsiones
plurianuales de inversiones para este año la partida presupuestaria
para este proyecto concreto de la rehabilitación del Museo de Bellas
Artes es de cero pesetas de ese total de 900 millones que quedan aún
por ejecutarse de ese proyecto. Nosotros pensamos que es importante y
prioritario para una infraestructura cultural para la ciudad de
Valencia de una importancia que no hay que desdeñar.

Hay una segunda enmienda, y el año pasado se reconoció por parte de
Unión Valenciana el esfuerzo, porque todo esfuerzo presupuestario,
aunque no sea muy elevado, hay que reconocerlo, en la restauración
del antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia; en los
Presupuestos Generales del Estado de 1998 se incluyó una partida de
15 millones de pesetas. Estamos hablando de un proyecto de varios
miles de millones de pesetas en esa restauración, que se está
costeando por la Diputación Provincial de Valencia y por la
Consellería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana, y lo
único que solicitamos en nuestra enmienda número 59 es la
participación vía cofinanciación por parte del Ministerio de
Educación y Cultura, porque
este monasterio es una joya del patrimonio histórico artístico
valenciano y en el año 1999, no sabemos por qué motivo, no aparece
ninguna dotación presupuestaria. Pensamos que la partida de 15
millones que apareció en el año 1998 se tendría que haber mantenido
para 1999 o por lo menos una cantidad que ayudara, aunque fuera de
una manera modesta, a paliar y a ayudar en esa rehabilitación tan
importante de ese edificio emblemático de la ciudad de Valencia.

Las enmiendas 60 y 61 se refieren, la primera de ellas, a la
rehabilitación y restauración de catedrales, iglesias y centros
históricos y el jardín botánico de la ciudad de Valencia. En el
primer caso, con una dotación de 800 millones; debería contribuir el
Gobierno central en un proyecto tan ambicioso, en el que quedaría
incluida la rehabilitación de la Real Basílica de Valencia, donde
están participando entidades públicas y privadas de la Comunidad
Valenciana. El Ministerio en un gesto de sensibilidad podía
participar desde la cofinanciación con alguna aportación; incluso se
ha hecho una fundación para llevar adelante la rehabilitación de una
joya de un enorme valor histórico y sentimental para los valencianos.

Y en el caso del jardín botánico de la ciudad de Valencia, uno de los
centros botánicos del Estado español con un valor ecológico y
medioambiental que nadie puede poner en duda, al igual que en otras
actuaciones semejantes en otras ciudades del Estado español, aunque
fuera de una manera modesta, pensamos que debía participar el
Ministerio de Educación y Cultura. Estas últimas enmiendas ven que se
refieren al programa de conservación y restauración de bienes
culturales, que podría beneficiar mucho al patrimonio histórico
cultural educativo de la Comunidad Valenciana. El Ministerio podría
haber dado un paso adelante y haber contribuido con alguna aportación
en estos Presupuestos Generales del Estado del año 1999.




El señor PRESIDENTE: Del Grupo Popular, damos la palabra, en primer
lugar, al señor Serrano Vinué. Cerrará el señor Guerra Zunzunegui.




El señor SERRANO VINUÉ: Intervengo sólo 30 segundos para dar por
defendidas las siete enmiendas que en materia de defensa del
patrimonio cultural y de instalaciones deportivas presenta el Partido
Aragonés a esta sección 18. Los nombres de Montearagón, Villanueva de
Sijena, San Juan de la Peña, San Beturián, Archivo de Zaragoza y el
propio plan de catedrales por sí mismos justifican el hecho de
incluir estas enmiendas, que, aunque modestas en su cuantía, son
importantes y determinantes para la puesta en marcha de algo que
entendemos prioritario como es la defensa del patrimonio aragonés.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En otras ocasiones este portavoz ha ido
contestando una por una a todas las enmiendas. Lo que sucede es que
en esta ocasión tenemos la friolera de 1.860 enmiendas al conjunto de
la sección 18. Es absolutamente imposible hacerlo así. Voy ahacer una
disertación sobre el conjunto del presupuesto.




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El presupuesto de 1999 es el presupuesto más importante que se ha
hecho en España en materia de educación y cultura. El aumento del 6,6
por ciento, que es un aumento real del 4,8 por ciento, calculando una
inflación el próximo año del 1,8 por ciento, como se ha repetido
varias veces, incluso esta mañana en la Comisión de Educación, es el
más importante de estos últimos 10 años. Indudablemente, en educación
se puede todavía invertir muchísimo más, y para el Partido Popular la
educación es una prioridad. Por eso el Gobierno ha hecho un esfuerzo
en este aumento; más de 1.300 profesores, con disminución de alumnos.

Se ha hecho un importante aumento en becas un 11 por ciento. Además
quiero decir que, aunque están incluidos 7.500 millones de pesetas
para familias numerosas, es cierto que nos hubiese gustado al Partido
Popular que se hubiesen incluido desde que se consideró familia
numerosa aquella con tres hijos; sin embargo, en anteriores
presupuestos del Partido Socialista no fue así, no se incluyó ni una
sola peseta, y tenemos que hacer en estos momentos este esfuerzo en
cuanto a los importes que las universidades han pagado. Aun con esto,
el aumento es importante, máxime teniendo en cuenta que este año las
becas a los chicos de 15 y 16 años no existen, al ser obligatoria la
educación en estos dos cursos. Por tanto, el aumento en becas,
reitero, de un 11 por ciento es muy importante.

Los cerca de 45.000 millones de pesetas en inversiones es un aumento
cuantioso. Queremos una vez más repetir que el esfuerzo realizado en
estos dos años y unos meses que gobierna el Partido Popular para la
creación de nuevos centros y la rehabilitación de algunos se ha
traducido en una media de un centro cada seis días. Realmente es una
cota que no se conocía en nuestro país; sin embargo, todavía se tiene
que hacer un esfuerzo para completar el mapa escolar en los dos
próximos ejercicios.

Sobre la dualidad que se quiere hacer con un sofisma entre educación
pública y educación de iniciación social, he de decir que no existe,
porque si bien la educación concertada aumenta en algo más del 14 por
ciento, conocen perfectamente los portavoces de educación de los
diferentes grupos parlamentarios que eso es debido a la
obligatoriedad del segundo ciclo de la ESO este año de los chicos de
15 años, que en la pública ya está. Por lo tanto, viene comprometido
por los acuerdos con los centros concertados; es decir, no ha habido
ningún aumento sino estrictamente el imprescindible para estos chicos
de 15 años que están en la concertada, que el año que viene aumentará
más porque será ya la totalidad del segundo ciclo de la ESO. Sin
duda, es algo que viene por la legislación actualmente vigente,
legislación que no hizo el Partido Popular, sino los gobiernos
anteriores y con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo.

Quiero resaltar también los 3.000 millones de pesetas para becas de
libros que significan 300.000 ayudas de 10.000 pesetas para las
familias menos favorecidas, en la línea de ir consiguiendo poco a
poco, puesto que aumenta este año 1.000 millones de pesetas respecto
a los 2.000 millones de pesetas del anterior, que los libros de texto
vayan siendo gratuitos. Pero eso no se puede hacer mediante
enmiendas; significa 40.000 millones de pesetas. Por cierto, el Grupo
Socialista tampoco hizo en lo que se refiere a libros ningún esfuerzo
para la posible gratuidad o
becas de ayuda para los libros en los cerca de 13 años de gobierno.

En lo que respecta a nuevas tecnologías, están en inversiones los
8.000 nuevos ordenadores que se instalarán en los centros; se inició
ya el año pasado.

En resumen, señorías, en lo que respecta a educación estamos
verdaderamente satisfechos y creemos que este es el presupuesto, es
el aumento que le hubiera gustado hacer al Partido Socialista
(Rumores.), pero desconocemos cómo en los años anteriores no supo, no
quiso o no pudo hacer estos aumentos considerables, estos aumentos
reales del 4,8 por ciento en educación.

Lo que me llama la atención de las enmiendas del Partido Socialista
en educación y representan 120.000 millones de pesetas, es que
prácticamente todas ellas las lleva a la sección 31. Yo creía que
este año en el presupuesto el Grupo Socialista iba a decir que, en
vez del 6,6 por ciento, a lo mejor había que subir el 6,8 por ciento,
el 6,9, para que diese el 5 por ciento de aumento real y también que
en todas sus enmiendas indicaría qué programas aumentaban y qué
programas disminuían. No ha hecho ese ejercicio, sino que lo ha
pasado prácticamente todo a la sección 31. El aumento de más del 6,6,
más 120.000 millones que presenta el Partido Socialista, es
absolutamente imposible en un presupuesto ordenado, como es éste,
donde, reitero, se hace el mayor esfuerzo de los últimos diez años.

Este esfuerzo no lo hace el Partido Popular, lo hacemos todos los
contribuyentes, fundamentalmente para el territorio MEC.

En el programa de cultura, que, según dice el portavoz de cultura del
Grupo Socialista, sube el 7,1 por ciento, ha incluido unas partidas
y, aunque no vamos a entrar en ello, hay 4.261 millones de pesetas.

Reiteramos lo que ya dijimos el año pasado, había 10.000 millones en
el presupuesto de 1995-1996 para el Thyssen, que era un programa
finalista. Esos 10.000 millones se han incluido tanto en el
presupuesto anterior como en éste, cuando habría concluido al ser
finalista y no tendría por qué haberse aumentado. Sin embargo, esos
10.000 millones del Thysse están en el programa de cultura. He tomado
nota de la mención de algunas catedrales. Me congratulo enormemente
de ese afán de pedir 600 millones más para las catedrales, haciendo
una especie de sorteo para qué catedrales. Hay un Plan general de
catedrales, tiene su orden y tiene una cifra importante.

Sobre las enmiendas de Izquierda Unida, a mí me parece muy bien que
la señora portavoz defienda sus enmiendas, pero habla de opacidad y
de que lo había reconocido el Secretario de Estado. Siento mucho
decirle que no es cierto que hay opacidad mucho menos que el
secretario de Estado haya admitido que exista opacidad; me remito al
«Diario de Sesiones» de la Comisión y del Pleno. Creo que estos
presupuestos están clarísimos. Una cosa es que puedan gustar o no, lo
que nuestro grupo respeta, pero no se puede hablar de opacidad. Por
lo que respecta a universidades, la señora portavoz conoce
perfectamente que la única universidad en la que tiene competencia en
estos momentos el Ministerio de Educación es la Universidad a
Distancia, que este año tiene un aumento importante, del 9 por
ciento. Quiero significar -ya lo dije en alguna sesión de la
comisión- que el rector de la Universidad a Distancia indicó,



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cuando vino, que el año pasado se había hecho un esfuerzo con un
aumento del 6 por ciento y me consta que tanto el rector como el
conjunto de la Universidad a Distancia consideran que es importante
el aumento del 9 por ciento de este año.

Con relación a la educación infantil, los 1.000 millones de pesetas,
vuelvo a afirmar lo que dijo el Partido Popular el año pasado. En
nuestro programa, que fue apoyado por la mayoría del pueblo español,
figuraba que queríamos conseguir que se llegase a la total gratuidad
en la educación infantil en centros públicos y en centros concertados
o de iniciativa social. Por eso, aun haciendo un esfuerzo, se ha
incluido solamente 1.000 millones de pesetas, aunque nos hubiese
gustado incluir más dinero, pero indica la tendencia clarísima al
respecto.

Finalmente, las enmiendas de Unión Valenciana, que, como son muy
pocas, sí me voy a referir a ellas, como he hecho todos los años.

Respecto a la 58, referida al Museo de Bellas Artes de Valencia,
tengo que indicar que la cantidad presupuestada para 1999 asciende a
343 millones y corresponde a la anualidad que los servicios técnicos
han considerado adecuada, teniendo en cuenta el ritmo de la ejecución
de las obras. Respecto a otras enmiendas, a las que se refiere el
señor Chiquillo, de Unión Valenciana, como la del monasterio de San
Miguel, su competencia corresponde a la Comunidad Autónoma
Valenciana. Y el Jardín Botánico, de Valencia, también. Estaríamos
encantados de que se pudiese entrar también en estos temas. El año
pasado, efectivamente, se destinaron 15 millones de pesetas al
monasterio de San Miguel, pero entendemos que no siendo competencia
del Ministerio, tiene que se un esfuerzo de la Comunidad Valenciana.

Quiero decir, señor presidente -para no pasarme de los diez minutos
que ha indicado S.S.-, que admitiremos
la enmienda número 1200 de Coalición Canaria -no está aquí su
representante-, que no significa aumento en el presupuesto, sino que
en el proyecto se atribuye la ejecución de la obra del auditorio al
Ayuntamiento de Tenerife, y tiene razón cuando indica en su enmienda
que debe ser al Cabildo de Tenerife.

Señor presidente, aunque lo ha indicado S.S. al principio, reitero
que las enmiendas del PP/PAR son enmiendas a título personal del
señor Serrano. Quiero decirle, señor Serrano, que hay un plan de
catedrales para todo el Estado. Indudablemente, no podemos trocear
por comunidades autónomas e ir haciendo el plan de catedrales de la
Comunidad de Aragón, el de la Comunidad Valenciana, etcétera. Hay un
plan de catedrales general en el cual -cómo no- se incluye también
alguna de las catedrales de la Comunidad de Aragón.

Termino, señor presidente, con lo que he iniciado este apretado
comentario sobre el presupuesto de la sección 18 para 1999. Es el
mejor presupuesto en aumento cuantitativo y, por lo tanto, nos
consideramos muy satisfechos de que el Partido Popular y el Gobierno
del Partido Popular hayan dado prioridad a la educación.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: De este modo cerramos el debate de la sección 18
y del día de hoy. Empezaremos mañana a las nueve en punto con los
créditos extraordinarios y entraremos en la sección número 21, que es
la de Agricultura, inmediatamente después de que hayamos debatido los
créditos extraordinarios, que se votarán a la una, junto con las
demás votaciones de los presupuestos.

Se levanta la sesión.




Eran las once y treinta y cinco minutos de la noche.