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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 525, de 01/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 525
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS
TORRES
Sesión núm. 26
celebrada el jueves, 1 de octubre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de
Aguas y Costas (Blanco Rodriguez) para informar
sobre:
- Actuaciones y previsiones del Ministerio en
relación con Isla Canela. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001183) ... (Página 15120)
- Situación del río Segura, en especial en la
comarca de la Vega Baja. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 212/001394) ... (Página 15126)
- Medidas que se piensa adoptar a la vista del
fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, por la
que se reduce sustancialmente la capacidad del embalse
de Itoiz (Navarra) desde los 418 a, aproximadamente,
10 hectómetros cúbicos. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (Número de expediente 213/000329) ... (Página 15137)
Comparecencia del señor director general de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas (Escartín Hernández) para informar sobre:
- El informe e informes complementario emitidos por la
Confederación Hidrográfica del Norte, a efectos
de la modificación puntual del Plan general de
ordenación urbana de Ourense, para la
implantación de un equipamiento comercial en las
márgenes del río Miño en Ourense. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso . (Número de
expediente 212/001322) ... (Página 15145)
- Medidas adoptadas por las Confederaciones
Hidrográficas del Sur y del Guadalquivir, con
respecto a las inundaciones de diciembre y con respecto a
las medidas contenidas en la ley del trasvase
Guadiaro-Majaceite. Asolicitud del Grupo anterior.
(Número de expediente 212/001177) ... (Página 15148)
- Medidas adoptadas por las Confederaciones
Hidrográficas del Sur y del Guadalquivir, en
relación con las inundaciones de diciembre y relativas a la
aplicación de las medidas contenidas en la ley
del trasvase Guadiaro-Majaceite. A solicitud del
mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente
212/001182) ... (Página 15148)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y
señores diputados.
Se abre la sesión con la comparecencia del secretario de
Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco, al cual, en
nombre de la Comisión,le doy la bienvenida, para informar
sobre diversos puntos que están relacionados en el orden
del día. (La señora Urán González pide la palabra.)
¿Señora Urán?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, por
parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
creo que se le ha hecho llegar a la Presidencia y a la Mesa
la petición de aplazamiento de las dos últimas solicitudes
de comparecencias de nuestro grupo parlamentario, las que
figuran con los números 7 y 8. En la primera solicitábamos
la comparecencia del Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo y en la segunda se solicitaba la comparecencia
de la señora ministra para informar en relación
con el proyecto de construcción de una presa de cierre con
esclusas en el río Guadalquivir. Creo que habrá llegado a la
Mesa, pero de todas formas solicito formalmente ahora, en
este acto, el aplazamiento de estas dos solicitudes de comparecencia
para una próxima o próximas reuniones de la
Comisión de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ningún inconveniente
por parte de ninguno de los grupos aquí presentes,
quedan aplazados, tal y como ha solicitado la portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, los puntos 7 y 8
del orden del día.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE
ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (BLANCO
RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- ACTUACIONES Y PREVISIONES DEL MINISTERIO
EN RELACIÓN CON ISLA CANELA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/001183.)
El señor PRESIDENTE: El primer punto es la comparecencia
de don Benigno Blanco ante la Comisión de
Medio Ambiente, para informar de las actuaciones y previsiones
del Ministerio en relación con Isla Canela. El solicitante
de esta comparecencia ha sido el Grupo Socialista.
Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Buenas tardes señorías.
Comparezco una vez más en esta Comisión, en este
caso para atender tres temas concretos, respecto a los cuales
se ha pedido la comparecencia del Ministerio.
El primer punto que nos ocupa es el de Isla Canela. Se
plantea cuáles son las previsiones y actuaciones del
Gobierno respecto a la problemática de esta zona de la
costa de Huelva.
Como SS.SS.. sabrán, quizá la petición de comparecencia
venga planteada porque ha habido una iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente de promover un nuevo deslinde
de un tramo de la costa de Huelva, que afectaba a
unos 1.500 metros lineales, provocada por una variación
geomorfológica en la configuración de la costa a raíz de los
intensos episodios de mareas y lluvias, tanto en el final de
1996 y comienzo de 1997 como en el último mes del año
1997 y comienzos de 1998.
Este deslinde, que ya está acabado -se aprobó definitivamente,
por orden ministerial en julio de 1998-, tenía
como motivo hacer frente, conforme a un mandato imperativo
de la Ley de Costas, a una situación de regresión de la
línea de costa provocada por las peculiares características
geomorfológicas de aquella zona.
Se trata de una formación deltaica, formada por aportaciones
del Guadiana durante miles de años, que desde hace
bastante tiempo sufre un proceso de regresión permanente
derivado de que, por diversas causas a las que podemos
hacer referencia, las aportaciones de áridos que llegan a ese
tramo de la costa son inferiores de manera sistemática a las
aportaciones de arena que realiza el mar con sus movimientos
ordinarios. La regulación de los ríos -y lo dice un
secretario de Estado que, además de las costas, lo es de las
aguas- hace que la aportación de áridos por el río Guadiana
sea menor que la que existía históricamente cuando no
había presas en el río.
Por otra parte, la construcción de un espigón en el tramo
portugués de la desembocadura del Guadiana hace unos
años, ha hecho que se paralice la aportación de arenas, de
manera muy importante en metros cúbicos, por la dinámica
de movimiento de las aguas de Atlántico. Incluso una labor
que en sí misma es positiva, como la reforestación de las
tierras bajas del Guadiana, hace que las aportaciones de
áridos que lleva el río sean mucho más pequeñas.
La consecuencia de esta acción antrópica, de decisiones
humanas,, buenas en sí mismas y que persiguen finalidades
loables, es que, de hecho, existe un movimiento de aportación
-repito- nuevos áridos a esta zona deltaica que es
inferior a la que el mar retira todos los años en sus movimientos
ordinarios. Estamos ante un proceso de regresión
de la costa sistemático y de muy difícil corrección.
La Ley de aguas impone a la Administración responsable
de las costas, en este caso al Ministerio de Medio
Ambiente, el mandato imperativo de que, cuando sucede
un fenómeno de este estilo, es decir, cuando el mar gana de
manera habitual y sistemática nuevas zonas del territorio,
se proceda a revisar el deslinde vigente.
En el caso de Isla Canela, existía un deslinde aprobado
en el año 1989 y, como fruto de este movimiento de la línea
de mar, y en consecuencia de la línea de costa, producido
por los fenómenos de temporales a que me he referido, iniciamos
en junio de 1996 un nuevo deslinde,que ha creado
cierta polémica social, que comprendo perfectamente, y
que ha concluido, como he dicho, por orden ministerial de
julio de este año.
La especial incidencia en la polémica social de este
nuevo deslinde se explica porque afectaba a un proyecto de
urbanización que ha estado construyéndose materialmente
mientras se tramitaba el deslinde. Esto quiere decir que si
el deslinde es correcto, cosa de la que no tengo ninguna
duda, esa nueva fase de urbanización de aquella costa se
está realizando: dominio público.
En consecuencia, existe una tensión comprensible entre
las perspectivas de urbanización vinculadas al desarrollo
turístico de la zona y la obligación del Ministerio de Medio
Ambiente de acomodar la definición del dominio público
marítimo-terrestre a la realidad física de las cosas. Hay
autores que han calificado este tipo de fenómenos de
expropiación natural: es el propio mar, la propia dinámica
costera, la que hace que un bien hasta ahora privado devenga
dominio público por ser ocupado por el mar.
Se ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente, desde
determinadas instancias sociales, que renuncie a hacer
estos nuevos deslindes, dando primacía a esa pretensión
urbanizadora para el desarrollo turístico de ese tramo de
costa. Creemos que no podemos hacerlo por tres razones.
La primera, porque la ley nos obliga, cuando se da un fenómeno
físico de este estilo, a proceder a realizar el nuevo
deslinde. En segundo lugar, porque estamos ante un proceso
físico, irreversible de momento, y estamos estudiando a
fondo la costa oscense para ver si de alguna manera podemos
hacer algún tipo de actuación que evite que este fenómeno
siga adelante. De momento, es irreversible, con lo
cual nuestra obligación, en defensa de los bienes y de las
cosas y del propio dominio público, es proceder a hacer los
deslindes para adecuar la realidad jurídica del dominio
público a la realidad física de la interacción entre la tierra y
el mar.
Aveces, el debate social sobre estas cosas se ha planteado
como un juego dialéctico entre dos alternativas: o se
hace el deslinde o se regenera la playa. Este planteamiento
es, a mi juicio, profundamente incorrecto. Hay que actuar
para regenerar la playa en la medida que sea posible, pero
hay que hacer el deslinde; si no se hace, el Estado estaría
abdicando de las obligaciones que la ley le impone.
Por tanto, pretender hacer culpable -por decirlo de una
manera sencilla-, a la Administración de costas de la
imposibilidad de desarrollo urbanístico futuro o de turismo
en aquella zona, es como hacer culpable al mar de avanzar
sobre la tierra.
Creo que tenemos un problema serio -polémicas concretas
sobre un deslinde específico u otro al margen-que es
fijar un modelo de desarrollo, de relación del territorio,
para aquella zona de España que, asumiendo la realidad
física de las cosas, porque nos viene impuesta por la naturaleza,
defina qué territorios deben quedar salvaguardados
para la libre interacción entre el mar y la tierra y qué otras
zonas deben o pueden reservarse para el desarrollo urbanístico.
En esa línea, la Administración de costas siempre se ha
manifestado dispuesta -y lo seguimos estando- a expropiar
lo que haya que expropiar para evitar que la presencia
de construcciones en la zona donde el mar y la tierra confluyen
en este momento sea una causa más -que lo está
siendo en la práctica- de una mayor degradación y regresión
de la zona costera.
Por tanto, y con esto concluyo la primera intervención,
la actuación del Ministerio de Medio Ambiente ha sido de
cumplimiento de un mandato imperativo de la ley para adecuar
los deslindes a la configuración física del territorio, de
estudio del fenómeno físico que se está produciendo allí
para intentar buscar soluciones que eviten una mayor progresión
del retroceso de la costa, y de no prejuzgar para
nada el modelo urbanístico.
De hecho, mientras se tramitaba el deslinde, nos dirigimos
tanto al Ayuntamiento de Ayamonte como a la Junta
de Andalucía, comunicándoles el proyecto de deslinde,
para que ellos adoptasen las decisiones respecto a posible
concesión o suspensión de licencias urbanísticas que considerasen
pertinentes. No sé -no me consta, al menos- si
ha habido alguna actuación de estas autoridades urbanísticas
que son las competentes para decidir sobre los usos del
territorio adyacente al dominio público.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, ni se prejuzgan
los modelos de desarrollo territorial ni se pretende
hacer un ejercicio bis, ilegal por completo, de competencias
urbanísticas que no nos corresponden, sino que nos
limitamos a determinar lo que, conforme a la ley y la realidad
física de la interacción entre el mar y la tierra, es de
dominio público porque, no puede ser otra cosa.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo solicitante
de la comparecencia, el Grupo Socialista, tiene la
palabra su portavoz, doña Teresa Camacho.
La señora CAMACHO VAZQUEZ: Señor secretario
de Estado, como usted bien sabe, y así lo ha puesto de
manifiesto en su intervención, la transformación de la
playa de Isla Canela es consecuencia de un largo proceso
que dura ya varias décadas. La necesidad de mejorar el
acceso a los puerto de Ayamonte y Vila Real de Santo
Antonio llevó a las administraciones española y portuguesa
a iniciar obras para un nuevo encauzamiento del río, lo que
provocó un cambio cuyas consecuencias se prolongan
hasta el día de hoy.
Terminadas las obras en 1976, el delta evolucionó hacia
un equilibrio diferente al anterior. El río abre de forma definitiva
un nuevo curso, guiado por los dos diques de encauzamiento,
y deja su carga sedimentaria en un nuevo e incipiente
frente deltaico que comienza a aflorar en el extremo
sur del eje principal. Los restos del antiguo frente deltaico,
ubicados frente a Isla Canela, son abandonados a la erosión
por la nueva estructura artificial de la desembocadura.
Como quiera que la Administración central no ha hecho
nada para remediarlo, en 1995 se comenzó la construcción
de una escollera de protección del paseo marítimo, que ha
logrado impedir su erosión y la pérdida adicional de terreno
en la isla. Apesar de que esta estructura ha tenido como
consecuencia el probable desplazamiento de la erosión
hacia su contorno, es seguro que su contribución aislada a
los cambios en el delta y la isla ha sido irrelevante, dada la
magnitud de las transformaciones sufridas por el sistema
en las últimas décadas.
Posteriormente, y como persistía la pasividad de la
Administración central, el Ayuntamiento de Ayamonte
encargó a la empresa Hidráulica y Medio Ambiente un
estudio en el que se confirmaba una vez más la relación
causa-efecto entre las obras de encauzamiento del río Guadiana
y el retroceso de la playa, y se esbozaban algunas
soluciones con un coste económico muy razonable y sin
apenas impactos medioambientales negativos.
Este estudio fue presentado a la Dirección General de
Costas en 1997. La respuesta de dicha Dirección se redujo
de modo exclusivo a la incoación de un nuevo deslinde y a
comunicar por carta al alcalde de Ayamonte que esa Dirección
General no realizaría ninguna obra para la reposición
de las playas mientras el Ayuntamiento no modifique su
plan de ordenación.
Bien parece, a la vista de lo que antecede, que el deslinde,
de ser un instrumento para la defensa del dominio
público, ha pasado ha constituir un fin en sí mismo. Su
objeto exclusivo sería el de desviar la innegable responsabilidad
de las obras ejecutadas por el MOPU hacia los propietarios
de los terrenos contiguos a la antigua línea de deslinde
y al Ayuntamiento de Ayamonte, a quien dice que
reclama caprichosamente -a entender de la Dirección
General de Costas- regeneración de miles de millones.
Como usted conoce también, la segunda parte del estudio
antes mencionado fijó una solución para la regeneración
de la playa. El importe económico de estas obras no
alcanzaría los 200 millones de pesetas y el impacto de estas
obras en las playas situadas al levante de las mismas es
prácticamente inapreciable. Como respuesta, usted ha contestado
con la aprobación de un nuevo deslinde en la playa
de Ayamonte, concretamente el día 3 de julio de 1998. En
este deslinde, recurrido actualmente por el Ayuntamiento,
se incluyen unos 60.000 metros cuadrados de suelo urbano
y varios bloques de apartamentos ya construidos de acuerdo
con el Plan de ordenación vigente. Conviene recordar
que el Plan de ordenación respetaba el deslinde de playa
realizado en 1989 y que, por supuesto, contó con el preceptivo
informe favorable de la citada dirección general. Este
tipo de respuesta administrativa, consistente en incoar el
deslinde como único criterio de actuación sin adoptar las
medidas de protección y regeneración que ordena la ley,
podría ser causa de que, aprobado el último deslinde con
fecha 3 de julio de 1998 y al igual que ocurrió con los deslindes
aprobados por órdenes ministeriales de 5 de marzo
de 1980 y 3 de noviembre de 1989 y por iguales motivos a
los indicados deba procederse de inmediato a la incoación
de un nuevo deslinde, y así sucesivamente.
Es evidente que esta forma de proceder no puede considerarse
legítima y ajustada a derecho por cuanto las playas
de Ayamonte, cuya belleza y atractivos naturales constituye
el más importante activo turístico social de la comarca,
están protegidas por la Ley y la Administración pública
está obligada a su defensa integral y a su regeneración,
según el artículo 20 de la Ley de Costas, por lo que su
degradación progresiva no puede admitirse por el órgano
público como algo irremediable o inevitable. Además de lo
anterior, y con independencia del valor intrínseco de las
playas como bien público de todos los ciudadanos, el territorio
aledaño a las mismas ostenta la calificación oficial de
centro de interés turístico nacional, en cuyo ámbito deben
respetarse las expectativas turísticas y comerciales de sus
promotores, que fueron atraídos a la zona al socaire de los
incentivos promovidos por el propio Estado para sus inversiones.
Añádase a lo anterior el hecho acreditado de la responsabilidad
que incumba a la Administración como causante
del proceso erosivo, con las consecuencias jurídicas
que de ello deben derivarse para los intereses, dignos de
protección, que se ven afectados por el fenómeno. En última
instancia, la afectación que se está produciendo en las
propiedades privadas a causa del fenómeno erosivo toda
vez que superada por las aguas la zona marítimo-terrestre,
incluidas las áreas de arena seca y del frente dunar, los nuevos
deslindes a los que se ve abocada la Administración
afectan a los terrenos de propiedad privada con calificación
urbanística de suelo urbano.
Señor secretario de Estado, el parecer el objeto del deslinde
sólo es el de ampliar el dominio público a costa de las
propiedades privadas para obtener la máxima extensión de
la zona marítima-terrestre y no el auténtico y legal de procurar
la defensa de su integridad, su conservación y regeneración.
Si una actuación administrativa de este tipo resulta
improcedente cuando se omite el deber de conservar, de
otra parte tampoco puede considerarse legítima la reiteración
del deslinde como método de trabajo, ante todo porque
deslindar lo deslindado de modo tan pertinaz es un
claro signo de ineficacia administrativa, que pugna además
con la presunción de legitimidad que emana del anterior
deslinde practicado. El deslinde aprobado por Orden ministerial
de 3 de noviembre de 1989 declaró que el expediente
se tramitó correctamente y precisó que los planos remitidos
por el servicio de costas de Huelva, de septiembre de 1989,
definen inequívocamente la zona de playa deslindada y tal
declaración no se puede efectuar en vano frente a los ciudadanos,
sobre todo por la extraordinaria expectativa que
produce. El deslinde de 1989 sirvió de base para establecer
el límite exterior del Plan de ordenación del centro de interés
turístico nacional, que luego informó favorablemente el
Ministerio del ramo, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Costas. Y es que cuando la utilización de un título competencial
se produce con notorio exceso de su ejercicio la función
se desnaturaliza, por cuanto que imposibilita y obstaculiza
el ejercicio de todas las competencias, como, por
ejemplo, la urbanística y municipal, y sobre todo porque
afecta gravemente a un derecho fundamental de la convivencia,
a saber la seguridad jurídica. Así, una negligente
actuación administrativa imposibilita la creación de un
marco jurídicamente estable para el desarrollo de la normal
actividad ciudadana, porque un día se aprueba un plan de
ordenación y al otro día se transforma en ribera de mar sus
parcelas edificables.
Señor secretario de Estado, quisiera que me diera usted
la opinión que le merece el estudio realizado por la empresa
Hidráulica y Medio Ambiente, que viene a decir que
para estabilizar la playa de Isla Canela se hace necesario
proceder a la retención en su frente de parte de los sedimentos
que circulan en sentido oeste-este, siendo necesaria
la construcción de los espigones de unos 200 metros de
longitud, aproximadamente, que sirvan de apoyo a la recuperación
de parte de la anchura de la playa perdida a causa
de las obras de encauzamiento del río. Esta actuación,
según Hidráulica y medio Ambiente, no requiere el vertido
artificial de ninguna cantidad de arena, dado que el transporte
litoral por sí mismo se encargaría en breve plazo de la
recuperación de la playa. El impacto de esta obra en el resto
de la costa sería inapreciable, puesto que el análisis del
transporte litoral muestra que sólo un pequeño porcentaje
del material que alimenta las playas al este sería interrumpido
por la obra propuesta. Así, la influencia de esta obra se
limitaría a un tramo de playa de 2 kilómetros al este de la
zona a recuperar, puesto que la presencia del encauzamiento
artificial del río Carreras marca el límite de las futuras
alteraciones. El coste aproximado de estas obras está en
torno a los 200 millones de pesetas, que permitiría regenerar
la playa sin efectos secundarios. Hay que recordar que
esta misma solución la adoptó hace unos años el Ministerio
de Turismo de Portugal en playas tan importantes como la
de la Albufera, regenerándose por sí solas esas zonas, sin
perjudicar a las restantes zonas ni a las playas colindantes.
También me gustaría que me costeara sobre cuál es el
modelo de desarrollo sostenible que propugna la Dirección
General de Costas para la provincia de Huelva, y en concreto
para la comarca de Ayamonte, cuáles son los criterios
que permiten anunciar inversiones de 40.000 millones de
pesetas para las playas valencianas e impiden el gasto de
200 millones de pesetas en las playas de Ayamonte. También
me gustaría saber si mantiene el criterio que el director
general expuso por carta al alcalde de Ayamonte, en el
sentido de condicionar la reposición de la playa a la modificación
previa del Plan de ordenación de Ayamonte y saber
si se mantienen las afirmaciones reiteradas y públicas efectuadas
por la Dirección General de Costas, en el sentido de
que el deslinde de la playa del año 1989 fue un deslinde
forzado y que por todos los medios hay que modificarlo.
En caso afirmativo, me gustaría saber por qué. Señor secretario
de Estado, no estamos ante un fenómeno natural, sino
ante un fenómeno artificial, producido por el hombre, que
puede ser corregido por el propio hombre. Si se tratase de
un proceso natural nada podría hacerse en contra, pero
como la situación es consecuencia de una actuación artificial,
ésta puede y debe ser mejorada.
Señor secretario de Estado, Huelva es una provincia
que posee grandes potencialidades. Nosotros hemos apostado
por la agricultura y por el turismo, actividades que
están firmemente apoyadas por las administraciones autonómica
y local y hasta hace muy poco por la central, porque,
como usted bien sabe, desarrollo bien entendido no
quiere decir de ninguna manera deterioro. No se puede,
señor secretario de Estado, hacer bandera de una política
conservacionista ni decir que la última palabra la tiene el
mar, porque estamos hablando de obras de hombres y porque
en cuestiones conservacionistas nuestra provincia,
Huelva, sí que puede acoger esa bandera, porque no en
vano más del 30 por 100 de nuestro territorio es espacio
protegido. Tenemos la amarga sensación de que mientras
en determinadas zonas de España la Dirección General de
Costas anuncia cuantiosas inversiones para la regeneración
de playas -en Cataluña, Levante, Canarias-, en Andalucía,
y particularmente en Ayamonte, sólo se deslinda,
poniendo en peligro el progreso y el bienestar de la comarca
de Ayamonte.
Por último, señor secretario de Estado, queremos soluciones,
pero soluciones razonables. No le estamos pidiendo
los 40.000 millones que van a invertir en las playas valencianas;
les pedimos que contemplen la posibilidad que
apunta el estudio señalado, cuya cuantía es de 200 millones
de pesetas; le pedimos, en definitiva, que haga algo más
que venir como hoy a contarnos la crónica de una muerte
anunciada de nuestras playas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su
posición con respecto a esta comparecencia? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su
portavoz, don Ángel Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias,
señor secretario de Estado por su información.
Del análisis que ha efectuado y de la información que
tenemos sobre el fenómeno producido en Isla Canela podemos
observar con claridad que esas tres actuaciones principales
-la regulación del río Guadiana, la reforestación de
sus riberas y la construcción del espigón- han llegado a
producir lo que se está denominando regresión en las playas
de Isla Canela, lo que está generando esta problemática
desde el punto de vista urbanístico y, según la portavoz del
Partido Socialista, también en cuanto al desarrollo turístico
de esta zona. Yo creo que hay una contradicción importante
en el mensaje de la portavoz del Partido Socialista cuando
reconoce las actuaciones que se hicieron en su momento,
que supongo que sería actuaciones solicitadas por el
interés general y por un bien público, a la hora de poner en
marcha importantes zonas de regadío, a la hora de paralizar
la erosión de la tierra fértil de esas riberas del río Guadiana
y a la hora de proteger a los pescadores, tanto de Ayamonte
como de la zona de Santo Antonio en Portugal. Me parece
que son elementos a tener muy en cuenta y que cualquier
actuación en el medio natural puede tener unas consecuencias
que pueden perjudicar a otras partes de ese territorio.
Sobre la base de lo expuesto por el propio secretario de
Estado y de la información a la que hemos tenido acceso, al
final lo que se está viendo claramente es un interés urbanístico
preciado y supongo que legítimo en su planteamiento
en cuanto al desarrollo turístico de esta importante zona de
la provincia de Huelva, pero que ha partido, desde mi punto
de vista, de un planteamiento de la legislación que no se
recoge en la actualidad o que no tiene absolutamente nada
que ver con la actualidad. En los años sesenta prácticamente
no existía concienciación medioambiental ni tampoco
legislación en este sentido, lo cual llevó a una proliferación
de este territorio desde el punto de vista urbanístico. La
actuación del mar, teniendo en cuenta las menores aportaciones,
tanto de sedimentación del río Guadiana como el
efecto continuo del oleaje en cuanto a este tipo de material
que ha compuesto la Isla Canela, ha supuesto una gran
regresión. También hay que decir, pues creo que es un elemento
importante a tener en cuenta y así fue denunciado en
la cumbre de Kioto sobre el cambio climático, que el mar
tiene una previsión de ascenso, desde 1990 hasta el año
2100, de unos 66 centímetros, la media del nivel del mar
sobre el nivel de la tierra ha aumentado sensiblemente
durante los últimos años, lo cual hace que el problema se
vaya agravando.
En definitiva, desde nuestro punto de vista entendemos
que la actuación de la Administración pública en este caso
ha sido totalmente correcta y que estamos asistiendo en
todo el territorio a una especie de lucha entre lo que es
salvaguardar
nuestro patrimonio medioambiental y los intereses
urbanísticos, industriales o incluso agrícolas en algunos
casos. Yo creo que el deslinde que ha procedido a efectuar
la Dirección General de Costas, en este caso desde la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, responde realmente
a una necesidad. Estamos ante un fenómeno natural no
tan simple ni tan sencillo como creo que ha tratado de relatar
la portavoz del Partido Socialista. En definitiva, estamos
totalmente de acuerdo con la actuación que se ha
hecho por parte del Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Don Benigno Blanco tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Haré unas breves consideraciones
sobre las observaciones realizadas por la representante
del Grupo Socialista y por el representante del
Grupo Popular, aunque en una medida importante han
comentado los mismos temas que había comentado yo en
mi primera intervención, cosa lógica puesto que hablamos
del mismo tema, aunque, de una forma palmaria en el caso
de la representante del Grupo Socialista, evidentemente
con una óptica de análisis muy distinta de la que he empleado
yo.
La forma de analizar de la representante del Grupo
Socialista se basa en una visión dialéctica de quien quiere
desarrollar, con un determinado modelo de desarrollo sostenible
para la zona, unas posibilidades de urbanización
asociadas al turismo, etcétera, y unos señores muy malos
que desde Madrid, no se sabe por qué, de forma caprichosa,
arbitraria, ejercitan con exceso una potestad que les da
una ley para impedirlo. Yo sinceramente creo que el tema
no es tan sencillo.
Evidentemente no le corresponde -y con esto respondo
a una de las preguntas concretas que ha hecho- a la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente definir un modelo de desarrollo sostenible para
Huelva. Eso corresponde a las administraciones territoriales
con competencia en materia de ordenación del territorio,
que es la Junta de Andalucía, y a las administraciones
urbanísticas con competencia para diseñar los usos del
suelo en el territorio del municipio. Nosotros ni entramos
ni salimos, porque no es nuestra obligación, en cuál es ese
modelo de desarrollo sostenible. Lo que sí es verdad es que,
en la medida en que hay una parte del ayuntamiento que es
de dominio público marítimo-terrestre, tenemos la obligación
de cumplir un mandato legal, un mandato legal no
visto como un ejercicio en frío de una potestad administrativa,
sino teniendo en cuenta la finalidad por la cual la ley
nos atribuye esa potestad y nos hace ese mandato. Hacer
deslindes no es un capricho, como ha podido S.S. indicar.
Es intentar, por un instrumento jurídico -el único que yo
sepa que existe al respecto-, cumplir la finalidad por la
cual la costa se ha declarado de dominio público marítimoterrestre.
En materia de fenómenos de ocupación de dominios
públicos, España está vivienda en los últimos años algunos
fenómenos que yo creo que deben concierciarnos a todos
de que hablamos de un tema serio. La misma problemática
que se plantea con el deslinde de costas se viene planteando
con el deslinde de nuestros ríos. Hemos vivido fenómenos
duros, en términos de coste de vidas humanas, de lo
que pasa cuando se ocupan las riberas de los ríos con construcciones.
En la costa, en algunos sitios de España, nos
estamos acercando a situaciones similares. Cuando nosotros
deslindamos la costa, en un caso concreto como éste,
cuando aprobemos un nuevo deslinde, le puedo asegurar
-acertaremos o no, todos podemos equivocarnos en esta
vida- que no es por el frío ejercicio de una potestad,
haciendo abstracción de los intereses en juego en la zona.
Es porque creemos que hay una situación objetiva de riesgo
de futuro, derivada además en este caso de ese fenómeno
permanente de regresión, que se ve agravada, no es indiferente,
por las nuevas construcciones que se están
haciendo ahí. La incidencia de los temporales de finales de
los años 1996 y 1997 ha sido mayor precisamente por las
obras artificiales que, sin permiso de la Administración
central del Estado -y el tema está en los tribunales en
estos momentos-, se han hecho para intentar rigidizar artificialmente
esa zona de la costa para proteger la parcela
donde se ha venido construyendo el último complejo hotelero
que se ha visto afectado por el deslinde.
No hay una dinámica voluntarista de: Regenere usted la
playa, haga obras de protección y así podrá seguir usándose
la costa. Ojalá fuese tan sencillo técnicamente, porque
no tendríamos los problemas que tenemos. El problema es
que algunas obras concretas que se hacen en la costa y en
particular las que se hicieron allí, sin permiso de la Administración
central del Estado, han ayudado a que la regresión
sea mayor. La mera arbitrariedad de amontonar espigones
o de amontonar escolleras para parar la evolución
del mar agrava esa misma evolución, y es el fenómeno que
se ha producido allí. Si hubiese una solución técnica fácil,
si haciendo esta inversión -y máxime si fuese sólo de 200
millones- el problema se arreglara, no dude S.S. que lo
haríamos, pero por lo menos en lo que me consta a mí -y
tampoco soy un técnico en la materia, porque he encargado
al Centro de Estudios Hidrográficos, al que creo que todo
el mundo reconocerá como la mayor autoridad en dinámica
costera e ingeniería de costas que existe en este país, el
estudio específico de aquella costa-, el tema no tiene tan
fácil solución. Yo no voy a opinar sobre el estudio que cita
S.S. de la empresa hidráulica Medioambiente -me parece
haber oído que se llama así-, porque ni lo conozco ni soy
un técnico en la materia, pero sí le aseguro que todos los
estudios que han llegado al Ministerio -a mí el alcalde me
ha enviado personalmente alguno- los hemos pasado al
Cedex, que los ha estudiado, ha hecho un estudio histórico
muy profundo de la dinámica costera en aquella zona y
sigue investigando para lograr proponer, en la medida que
sea posible, las soluciones técnicas, a fin de intentar amortiguar
o reducir al menos el impacto del fenómeno al que
nos estamos refiriendo.
Repito que enfrentar deslinde a rigidación de la costa es
una visión a mi juicio falsa del problema y no arregla nada.
Deslindamos porque está en juego la seguridad de la costa,
deslindamos porque está en juego el aumento de la incidencia
en la regresión de la costa de las instrucciones que
se están haciendo allí y deslindamos porque al final, en un
tema como éste, están en juego la integridad de las cosas y
la vida y la incidencia en la salud de las personas cuando se
producen fenómenos de entrada del mar en zonas construidas.
No es una arbitrariedad; quizá nos equivoquemos, todo
es posible, pero le aseguro que ni hay frío ejercicio de
potestades administrativas ni desinterés por un modelo de
desarrollo en Huelva, sino una captación con los elementos
de juicio que tenemos en estos momentos de un problema
que queremos evitar que se agrave en el futuro. Dicho sea
de paso, creo que cabe un modelo de desarrollo sostenible
en la zona -y repito que no es competencia nuestra formularlo-
que no pase estrictamente por urbanizar la parcela
que ha sido afectada precisamente por las tormentas
de diciembre del año 1996, entrando el agua más de un
metro justo donde se estaba haciendo la cimentación de
esas obras. Entre un modelo de desarrollo sostenible basado
en el uso de la costa y la pretensión de urbanizar una
parcela concreta ya afectada gravemente por la intromisión
del mar, a la que ha habido que poner unas escolleras sin
autorización, para evitar que, a la vez que se están haciendo
las obras, quede inundado el terreno sobre el que se construyen,
creo que hay un cierto terreno para fijar ese modelo
sin incurrir en esa conducta.
No es un problema en estos momentos de dinero -estamos
gastando dinero en Huelva y le puedo asegurar que
ya me gustaría tener 40.000 millones de pesetas para la
costa de Valencia, incluso para la costa de toda España; no
llega a tanto el presupuesto de costas en un ejercicio-,
pero antes de hacer actuaciones en la costa, sobre todo
cuando hay un fenómeno de regresión como éste -y no
sólo se da aquí, se da por ejemplo también en Castellón,
costa que también estamos estudiando con mucho detalle-,
hay que saber muy bien lo que se hace. Dos espigones
mal colocados -y perdone la expresión tan poco técnica-
pueden aumentar la situación de desastre, pueden
tener unos efectos nocivos, por el efecto sombra del corrimiento
de las olas, y, en consecuencia, de la aportación de
arena en los tramos de costa subsiguientes. Yo le puede asegurar
-y he seguido este tema muy de cerca desde hace
bastantes meses- que en estos momentos no hay sobre la
mesa, aunque se está estudiando, una propuesta técnica solvente
y contrastada de cuáles son las actuaciones idóneas si
no para acabar -que creo que no se puede hacer- con el
proceso de regresión, sí al menos para intentar minimizar
sus efectos. Mientras eso no se produzca, creo que nuestra
obligación, por prudencia, incluso en la perspectiva que ha
citado el portavoz del Grupo Popular del cambio climático
y su posible incidencia en la elevación del nivel del mar,
nos debe llevar a separar las construcciones de la primera
línea que está en regresión. Eso es lo que pretendemos con
el nuevo deslinde; ni más ni menos.
Debo decir que lamento que no haya habido por parte
de las autoridades urbanísticas y ordenadoras del territorio
en este caso un planteamiento de revisión de las previsiones
de uso del suelo derivada de la planificación urbanística,
a la luz de estos datos, que no son sólo datos, que los
hay desde el punto de vista ingenieril de dinámica de costas,
sino de la realidad física de dónde está entrando el
agua, incluso mientras se está construyendo la obra. Creo
que esa reflexión sensata que podía llevarnos a todos a liberar,
incluso de común acuerdo, de usos urbanísticos las
zonas más afectadas y hacer retroceder la línea de urbanización
sería un modelo de desarrollo sostenible muy razonable
para esa zona de la provincia de Huelva. Repito que
nosotros hemos hecho esa oferta, estaríamos dispuestos a
colaborar en ella, incluso financieramente, expropiando si
hay que expropiar algo, pero no hemos tenido receptividad
ninguna por parte de las administraciones con competencia
urbanística. En cuanto a que puede resultar un poco arbitrario
el que haya un deslinde, después venga otro y a lo mejor
otro después, por supuesto. El problema es que como siga
construyéndose, como se ha hecho ahora, en zonas que ya
están afectadas físicamente por la regresión, nos obligará a
hacer un nuevo deslinde dentro de no sé cuánto, por que al
mar no lo paramos con decisiones arbitrarias.
No creo que se pueda decir razonablemente que hay un
agravio comparativo en materia de inversiones entre la
costa de Huelva y el resto de las costas españolas, incluyendo
las que usted ha citado específicamente, como es el
caso de Valencia o de Cataluña. En cada caso se invierte lo
que se puede. En Huelva, y en lo que se refiere a Isla Canela,
estoy invirtiendo mucho en estudios, precisamente para
estar seguro de que las cosas que hagamos allí son razonables
y no causan ningún daño, sino que, al revés, benefician,
porque, sin tener esos estudios, una decisión puede
ser muy aparente a corto plazo, pero a lo mejor causa más
daño del que intenta evitar. Quiero decir que no vengo a
hacer la crónica de una muerte anunciada, sino a responder
a la petición de comparecencia que S.S. ha hecho. Y aprovecho,
con la venía del presidente, para, si quiere S.S. o
cualquier miembro de la Comisión, decirles que estoy a su
disposición para exponerles, fuera de esta sala, los estudios
que tenemos sobre Isla Canela, para que vean que las decisiones
que tomamos no son un apriorismo político o un
voluntarismo administrativo, sino que responden a la
constatación de un problema, en parte conocido, en parte
no conocido del todo, y a una búsqueda de soluciones objetivas.
En cuanto a la intervención del representante del
Grupo Popular, y antes he hecho una referencia a su alusión
al efecto del cambio climático en el nivel de los
mares, que me parece muy acertada y apropiada al fenómeno
del que estamos hablando, quisiera resaltar otra
referencia que ha hecho, que me parece atinada, y es que
efectivamente-también lo ha indicado la representante
del Grupo Socialista en su primera intervención- todo
este planteamiento urbanizador viene de un plan especial
de desarrollo turístico que hunde sus raíces en los años
sesenta. Es verdad que los planes de desarrollo turístico
que se hacían en aquella época no tenían la clave medioambiental
con que hoy día hay que hacer esa ordenación
del territorio, pero yo creo que actualizar viejos planes de
ordenación del territorio o perspectivas urbanísticas a
fenómenos físicos más modernos, por lo menos en su
incidencia más llamativa, y a la perspectiva de incluir en
la ordenación del territorio la óptica medioambiental es
una exigencia. A mi juicio, aquí no vale por sí misma la
apelación a la historia; hoy día, la planificación de usos
del suelo, y máxime en una zona como ésta, debe tener
muy en cuenta el valor medioambiental que tiene la zona,
y usted ha citado ese 30 por 100 del territorio, el valor
medioambiental que tiene la conservación de la costa en
sí misma y la incidencia que tiene en los tramos de costa
subsiguientes lo que se está haciendo allí en estos
momentos. Si tengo razón en lo que digo respecto a la
incidencia de las construcciones en el propio proceso de
regresión, lo que se está haciendo allí no solamente afecta
a Isla Canela, sino que está afectando y va a afectar en el
futuro a los tramos subsiguientes de la costa en la dirección
Oeste-Este.
Para terminar, quiero agradecer al señor Pintado sus
palabras respecto a compartir la forma de ver el problema
que ha tenido la Dirección General de Costas, porque
siempre es una satisfacción ver que las razones son compartias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
- SITUACIÓN DEL RÍO SEGURA, EN ESPECIAL
EN LA COMARCA DE LA VEGA BAJA. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/001394.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto
del orden del día, que es la comparecencia del secretario de
Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco, ante esta
Comisión, para informar sobre la situación del río Segura,
en especial en la comarca de la Vega Baja, comparecencia
que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto y
para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, don Manuel
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Si prefiere comenzar
el señor secretario de Estado, estaré encantado. Seguramente
se ahorrará tiempo.
El señor PRESIDENTE: Entonces, tiene la palabra el
señor Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Me consta que este tema
ya ha sido tratado en esta Cámara en alguna pregunta que
se ha hecho a la señora ministra de Medio Ambiente y en
alguna otra ocasión, por lo que la información que yo
puedo manejar quizá resulte reiterativa para sus señorías.
De todos modos, y en una rápida visión del tema, sin perjuicio
de que luego conteste u opine sobre las cuestiones
que quiera plantearme el grupo que ha pedido la comparecencia,
debo decir que ahí tenemos una situación seria, ya
que la contaminación del río Segura en la Vega Baja es muy
importante como fruto de que estamos en una zona vinculada
a unos usos del agua muy intensivos y de que hay muy
poca agua. Normalmente, los fenómenos de contaminación
en estos ríos guardan una estrecha proporción con la cantidad
de agua que circula un año medio en ese río; a más
agua, más efecto dilución y menos carga contaminante y a
menos agua, menos efecto dilución y, en consecuencia,
más carga contaminante. Hablando en términos cuantitativos,
el río Segura normalmente lleva muy poquita agua y
por tanto el efecto contaminante se nota más. Incluso yo
diría que se nota más en estos momentos que en los años de
sequía, en una época de relativa normalidad en cuanto a
pluviometría que en los años de sequía, precisamente por el
valor que tienen asociados los usos del agua en esa zona de
España. En las épocas de sequía, una parte importante de
las aguas residuales de los consumos urbanos se utiliza
para riego, mediante un sistema de lagunaje que ha estado
muy de moda allí en los años ochenta y comienzos de los
noventa; las aguas residuales de los consumos urbanos se
embalsaban en lagunas artificiales y se utilizaban directamente
para riego desde esas lagunas. En consecuencia, una
parte importante de los vertidos urbanos contaminados por
los usos normales de las ciudades no iba directamente al
río. Ahora, en una época en la disponemos de agua relativamente
en abundancia, como es lógico, se prefiere acudir
a aguas no contaminadas para riego y las aguas residuales
de los municipios se vierten a los ríos. Por tanto, curiosamente,
y en contra de lo que pudiera indicar a priori el sentido
común, estas épocas en que hay cierta agua son más
peligrosas para la calidad del agua del Segura, especialmente
en su tramo final, la Vega Baja, que las épocas de
sequía, en las que el río lleva menos agua. Esto quizá sirve
como explicación, un poco histórica, de por qué el problema
se ha planteado este año con una especial relevancia
respecto a la conciencia social, debo decir que plenamente
justificada al respecto.
¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho durante esta
año para hacer frente a las incidencias sociales y medioambientales
más negativas producidas por la alta contaminación
del río Segura? En primer lugar, apostar claramente
por acabar con esas técnicas de lagunaje respecto a las
aguas residuales de los centros urbanos y la construcción
de depuradoras. Se han acabado recientemente, o están licitadas,
o en construcción, obras vinculadas a la depuración
de las aguas en la cuenta del Segura por un importe -y
cuento sólo las que entrarán en funcionamiento de aquí al
año 2000- de 17.000 millones de pesetas, más o menos,
inversión que no es toda estatal, es inversión de la Comunidad
Autónoma Valenciana, inversión de la Comunidad
Autónoma de Murcia y, en parte, inversión del Estado.
Conforme al Plan nacional de saneamiento y depuración
-ya saben ustedes que se convienen mediante un protocolo
específico entre la Administración central del Estado
y cada comunidad autónoma las inversiones que debe
realizar el Estado-, en el caso de la cuenca del Segura, en
la Comunidad de Murcia, el Estado tiene la obligación de
construir la EDAR de la ciudad de Murcia, que es un proyecto
que ha empezado este año. Precisamente hemos
impulsado su contratación por ser muy conscientes, al
constituirse este Gobierno, de que ahí teníamos uno de los
focos más importantes de contaminación y las obras han
empezado este año y van a buen ritmo. Supone una inversión
de casi 5.000 millones de pesetas y la culminación de
esta depuradora va a ser, en términos cuantitativos, la mejor
medida para acabar con la contaminación orgánica en el río
Segura. En este momento, una gran ciudad como es Murcia,
vierte todas sus aguas residuales, sin una depuración
conveniente, al río Segura. Dado el peso demográfico de
Murcia en la cuenca del Segura, al evitar que se hagan esos
vertidos sin descontaminar -la descontaminación la haremos
a través de esta depuradora que hemos empezado a
construir este año, llamada popularmente del Rincón del
Gallego-, evitaremos una parte muy importante de la
carga orgánica contaminante que en estos momentos circula
por la Vega Baja del río Segura.
Aparte de eso, este año, precisamente a raíz del aumento
de las consecuencias más negativas de la contaminación
al llegar el verano -malos olores, etcétera-, hemos puesto
en marcha cuatro proyectos para limpiar el cauce del río
en la Vega Baja. Esos cuatro proyectos se han licitado
durante este verano y de hecho la apertura de las ofertas
para la adjudicación se producirá el próximo 14 de octubre.
Cada proyecto tiene un valor de 50 millones de pesetas en
la oferta de licitación. El contenido de estas obras es básicamente
corregir una situación que viene también de la
época de la sequía y es que, al circular poca agua normalmente
por el río -entre los años 1990 y 1996-, se ha producido
la creación de unos sedimentos muy contaminados
en el cauce del río y ahora, al volver a circular agua por
encima de ellos, pueden ser removidos, aumentando la
contaminación de las aguas. Con estos cuatro proyectos,
vamos a eliminar, a sacar del río esa carga contaminante,
casi solidificada, que está depositada en el fondo, y que es
uno de los elementos, al ser removida por las aguas, que
provoca los fenómenos de malos olores a los que por desgracia
han tenido que acostumbrarse en los últimos tiempos
quienes hayan visitado Orihuela y su zona. En el mes
de junio, pusimos en marcha un experimento que, gracias a
Dios, ha salido bien: inyectar oxígeno en forma de gas a las
aguas del río Segura, tanto en Orihuela como en Rojales.
Ésta era una experiencia que ya se había hecho en la propia
ciudad de Murcia, al paso del Segura por Murcia, y que ha
funcionado bastante bien. La oxigenación y el movimiento
permanente de las aguas a través de una serie de maquinaria
que hemos instalado al lado del río ha permitido que se
rebaje sensiblemente la carga contaminante y que en consecuencia
los malos olores de las riberas de los ríos se
hayan reducido, como todos los habitantes de la zona han
podido comprobar. Lleva funcionando varios meses y va a
seguir funcionando -por lo menos hasta que empiecen los
nuevos procesos de riego- esta inyección permanente de
oxígeno a las aguas del río en estos dos puntos, pues se
constata que alivia bastante los efectos más nocivos, por lo
menos desde el punto de vista del olor, de las aguas contaminadas.
Por último, estamos aprovechando que estamos en un
momento relativamente bueno -todo es relativo en esta
materia- de disponibilidad de caudales para mantener un
caudal ecológico, sobre todo en los períodos de interriego,
es decir, cuando no se están utilizando las acequias para
riego, porque en ese momento, como fruto del riego, llega
más agua al río mediante el proceso de inyectar directamente
agua a través de diversos canales al río Segura en su
tramo bajo. Ésto alivia también, por el efecto de la ilusión,
las consecuencias de la carga contaminante. Creo que el
conjunto de estas medidas ha hecho que se baje el efecto
más agresivo de la carga contaminante que percibían los
ciudadanos, aunque, como decía al principio, la solución
real vendrá por tener acabado el plan de depuración en la
zona, que los grandes núcleos urbanos depuren como
deben depurar y por el control de los vertidos. En materia
de control de los vertidos, tenemos censados en este
momento 867 vertidos, de los que 439 son urbanos. Hemos
puesto en marcha durante todo este año un proceso mediante
una toma de muestras para controlar cada quince días la
calidad de los vertidos de los afluentes urbanos y estamos
sancionando a aquellos Ayuntamientos que se percibe que
sus vertidos no cumplen la reglamentación de la normativa
aplicable en España. Ésto es importante, aunque sancionar
nunca es bueno, pero es un incentivo para que los Ayuntamientos
a su vez exijan de los industriales que están vinculados
físicamente a las redes municipales de colectores que
sean ellos los que depuren sus vertidos industriales, porque
hemos podido comprobar que la mayor parte de la carga
contaminante de los vertidos urbanos viene asociada a consumos
industriales dentro de los núcleos de población y a
veces lograr que esos vertidos industriales no sean contaminantes
exige inversiones muy pequeñitas, pero hay que
concienciarles de que merece la pena hacerlo. En este sentido,
debo decir que la Comunidad Autónoma de Murcia
está desarrollando negociaciones con diversos sectores
industriales, básicamente conserveros de esa comunidad de
la parte alta del río Segura, para promocionar con ciertas
ayudas la instalación de sistemas de depuración o por lo
menos de filtrado de los residuos efluentes de la actividad
industrial, cosa que creo que puede ser bastante útil, porque
la mejor depuración es evitar que se convierta con contaminación.
Por otra parte, Murcia tiene en este momento en
tramitación parlamentaria una ley reguladora del saneamiento
de la región con la creación del correspondiente
canon, que es una medida que en general, en todas las
Comunidades Autónomas que lo han ido estableciendo, se
ha mostrado como un buen instrumento incentivador de la
creación de depuración y de la reducción de la carga contaminante
de los vertidos.
En consecuencia, creo que hemos establecido una serie
de medidas para evitar el fenómeno más intenso de este
verano. La población parece que así lo ha percibido. Yo
tuve ocasión de estar el 10 de julio en la Vega Baja con el
presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, señor
Zaplana, y con el consejero de Medio Ambiente de Murcia,
reunidos con todos los alcaldes, y pude constatar que estaban
de acuerdo con el diagnóstico de la situación, con las
medidas que proponíamos. Yrepito, ésto se acabará de verdad
cuando de aquí al año 2000 acabemos de construir
todas las depuradoras que tenemos en marcha y no haya
que preocuparse de limpiar de contaminación el río Segura,
sino que tengamos seguro que los vertidos que llegan a
él ya están descontaminados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Blanco, en nombre
de nueva Izquierda le doy las gracias por la información
que aporta. Sin embargo, debo decirle que, igual que
le agradezco la información, siento una cierta decepción.
Usted aludía al principio de su intervención a la reiteración.
Y es cierto. En los diversos debates y respuestas del
Gobierno se aprecia esa reiteración y la única forma de
romperla es haciendo más cosas, ensayando otros mecanismos
o atendiendo a otras vertientes. Veremos también qué
sucede en estos Presupuestos Generales del Estado que
acaban de entrar, si existen aportaciones económicas para
otro tipo de actuaciones, aparte de las que usted ha indicado.
Coincidimos efectivamente en la importancia del tema,
una situación muy grave que está afectando a las condiciones
básicas de vida y de salud de los habitantes de una zona
y que está redundando no sólo en la contaminación, sino en
los olores a los que usted aludía, y en un malestar muy
generalizado. Desde luego, no será este diputado quien
ignore la complejidad de los problemas creados, que en
muchos casos se arrastran desde hace mucho tiempo. Sin
embargo, entendemos que esa complejidad no significa
pasividad o que se reduzcan las actuaciones posibles a las
que usted ha enunciado. Creo que también lo ha entendido
así la sociedad de la Vega Baja, dirigida por una comisión
pro-río plural y muy amplia, cuyas reivindicaciones asumen
Nueva Izquierda y otras fuerzas políticas. Ciertamente,
usted estaría en ese famoso encuentro con el presidente
de la Generalitat valenciana y otros cargos públicos, y allí
estarían muy contentos, pero da la impresión de que el resto
de la sociedad no quedó tan contenta de esa cumbre sobre
el río Segura que allí se celebró.
La respuesta global que el Gobierno me dirigió en contestación
a una pregunta mía el día 18 de mayo decía prácticamente
lo que usted ha dicho. Decía que, en depuración,
la EDAR de Murcia, en el año 2000 -por cierto, de esos
17.000 millones, me da la impresión de que la única acción
depuradora que acomete el Gobierno es ésta y no otras, que
son de otras administraciones-, tiene previsiones para
limpieza de cauce y obras de emergencia para oxigenación
por valor de 80 millones. Seguimos sin saber por qué si
esta acción es tan útil y positiva no se hizo antes, cuando
las críticas vienen de mucho tiempo atrás. Entendemos que
esta respuesta aborda sólo una de las facetas, faltando algunas
de las más importantes. Nadie puede decir que la depuración
no sea lo básico, en eso estamos de todos de acuerdo.
Lo que pasa es que hay otros problemas -luego
hablaremos de depuradoras- y se tiene la sensación de
que no se aborda el problema globalmente, integralmente;
incluso se han negado por parte del Gobierno algunas consecuencias
graves, frivolizando con una mortandad de
peces, como en la desembocadura en Guardamar, hace
también algunos meses.
A nuestro modo de ver, tratando de organizar un poco
lo que me queda de intervención, creo que se podría hablar
de algunas cuestiones a las que usted no ha aludido o lo ha
hecho con excesiva ligereza. En el mes de mayo recibí respuesta
sobre si el Gobierno pensaba declarar zona sensible
la cuenca del Segura. Como usted no ignora -lo sabe
seguramente mejor que yo-, según la normativa europea
y la interna, es algo que corresponde al Gobierno, al afectar
a varias Comunidades Autónomas. La respuesta del
Gobierno dice así: En principio, el Ministerio de Medio
Ambiente no considera necesario declarar como zona sensible
al cauce medio y bajo del río Segura, dado que no presenta
problemas de eutrofización ni son tramos de los que
se deriven aguas para abastecimiento, siendo por tanto suficiente
aplicar un tratamiento secundario a las aguas residuales
urbanas. Me gustaría que me explicara qué significa
eso de «en principio». ¿Qué tendría que pasar? No me diga
que cambie el nivel de eutrofización, no me diga sólo eso.
¿Qué tendría que pasar políticamente para que el Gobierno
adoptara esa medida? Y ustedes indican que es suficiente
aplicar un tratamiento secundario a las aguas residuales
urbanas. ¿Le consta a usted que se está aplicando ese tratamiento
secundario? Porque el problema es que si una situación
que ahora ya es grave se agrava más todavía cuando
se podrían tomar medidas, obviamente la situación empeorará.
Por otro lado, esta respuesta, la declaración de zona
sensible se relaciona directamente con el mismo consumo
humano y no se enfoca desde la calidad general de las
aguas y desde el caudal ecológico, sino que, insisto, se relaciona
directamente con el consumo humano. Yno están las
personas como para beber el agua que discurre por ese
cauce.
En la respuesta del 18 de mayo de 1998, el Gobierno
también decía que como no han concluido los plazos de la
Directiva 91/271, de la Comunidad Europea, no hay noticias
de mejoras en plantas de tratamiento de aguas residuales.
Ésto ya es grave; que el Gobierno reconozca que falta
una serie de información básica dentro de la propia filosofía
que usted enunciaba. Pero también habrá que reconocer
que si se hubiera declarado zona sensible sí hubiera existido
obligado de acelerar esas ofertas. Por otro lado, la respuesta
de la Comisión Europea, de 5 de agosto, a la eurodiputada
señora Sornosa, de Nueva Izquierda, indicaba una
cierta desidia del Gobierno español en cuanto a la gestión
de las declaraciones de zonas sensibles y temas conexos.
Junto a ésto hay otro tema importante, que es la coordinación
de Administraciones Públicas. En una respuesta del
24 de abril de 1997, decía el Gobierno que la responsabilidad
exclusiva en contaminación es de las distintas Comunidades
Autónomas. Y ahí acababa, lo cual parece poco
adecuado. Pero es que en una respuesta del 14 de mayo de
este año, es decir, al año de la anterior, se puede leer lo
siguiente: El estado de conservación del río Segura en
cuanto a la adecuación y acondicionamiento del cauce es
competencia exclusiva del organismo de cuenca, dependiendo
a estos efectos de las inversiones que a tal fin se
incluyan en los Presupuestos Generales del Estado. En particular,
una vez se lleven a cabo las actuaciones de limpieza
actualmente programadas y que está previsto iniciar a finales
del presente año, el río que dará en condiciones aceptables
en lo que se refiere a adecuación ambiental y característica
morfológica del cauce.
Salvo que nos pongamos a jugar con palabras -aparte
de que parece un exceso decir que el río, cuando acaben
estas actuaciones de limpieza, va a estar en condiciones de
adecuación ambiental-, se aprecia una cierta contradicción.
Hace un año eran las Comunidades Autónomas solas
y ahora parece que solamente es el Estado. La única forma
de explicar esta contradicción es recurriendo a la poesía y
entender que es una metáfora de la descoordinación existente
y que ciertamente viene de antiguo. Con las movilizaciones
que ahora se han realizado, parece que ha habido
una cierta prisa de todos los cargos públicos de la zona
-todos, por cierto, del Partido Popular- para ver quien
llega primero a hacer promesas. Lo que sucede ahora es
que, a base de esas promesas, se está volviendo a dar una
imagen negativa de descoordinación.
En cuanto al caudal ecológico, usted alude a la mejora
que se ha producido en ese tema, una mejora en cualquier
caso muy reciente, pero parece insuficiente, tardía y de
incierto futuro. Todo parece indicar que es provisional. No
parece que queden asegurados a medio plazo los 4 metros
cúbicos por segundo que, según el propio Gobierno, y la
Confederación Hidrográfica aprecia, sería lo adecuado.
El 14 de enero de este año el Gobierno me respondía
diciendo que se establecería el cauce ecológico cuando se
superase el déficit hídrico y usted viene ahora y nos dice
que éste es un período muy bueno desde el punto de vista
hídrico en el sentido que aquí nos estamos refiriendo. Lo
que pasa es que eso no deja de ser ambiguo, insisto, a largo
plazo. Pero ¡ojo!, porque hay una respuesta posterior, del
23 de julio de este año, en la que se describe un futuro
mejor con las depuradoras en funcionamiento, tal y como
usted ha manifestado, y dice que la Confederación Hidrográfica
está procediendo a efectuar, y continuará haciéndolo
conforme a los recursos disponibles, pequeños desembalses
para paliar la situación, estando previstos los 4
metros cúbicos a los que antes aludía. Parece que hay de
nuevo una cierta contradicción en los datos y en las opiniones
que ustedes manejan.
En relación con los vertidos, según los datos que usted
ha aportado, en los tres últimos años se han incoado 127
expedientes. Parecen pocos en relación con el problema,
pero no vamos a entrar en esa guerra de cifras. El problema
sigue siendo que siguen existiendo muchos vertidos legales,
sobre todo en Murcia. Hay que hacer constar que la
evolución del cobro del canon por vertidos en 1997 fue de
306 millones de pesetas -ha habido una subida respecto a
años anteriores en el cobro de canon-, pero el propio
Gobierno reconoció hace muy pocos meses que la deuda
de ese año es de 280 millones de pesetas. ¿Puede indicar
cómo se han cobrado solamente 26 millones de ese canon,
es decir, menos del 20 por 100 del total? ¿Por qué se produce
ese escaso cobro del canon?
Con respecto a las extracciones, en algunas ocasiones
responsables de la Confederación han dicho que dificultan
el caudal ecológico porque hay extracciones legales o ilegales.
Dijo el Gobierno también en el mes de mayo de este
año que la gran mayoría de las extracciones legales son
autorizaciones según un decreto de 1953, pendientes de
revisión concesional según la Ley de Aguas. ¿Por qué no
se ha hecho esa revisión concesional con una Ley de Aguas
que ya está vigente desde hace varios años? Además, nos
encontramos con el problema de las extracciones ilegales.
Se reconocen, pero no se indican los mecanismos de persecución.
Según otra respuesta -aunque he preguntado en
los últimos años, entiendo que en éste no ha habido ninguna
actuación-, en 1997, en todo un año, sólo hubo cuatro
denuncias del Seprona por captaciones ilegales de agua. Y
en cuanto al riego, que también tiene mucho que ver con el
caudal ecológico, nunca se habla de mejorar las conducciones,
del ahorro de agua, de la renovación de los regadíos
improductivos, etcétera. Se aprecia, por lo tanto, que hay
un consumo excesivo de agua y no queda luego par ese
caudal ecológico.
Con respecto a las medidas de control y mejora, se han
incrementado sólo cuatro plazas en la plantilla de la guardería
fluvial para toda la cuenca y no solamente para la
parte media y baja, lo cual parece a todas luces insuficiente,
por lo que me gustaría preguntarle si se piensa ampliar y
cuál es el nivel de coordinación con el Seprona. En cuanto
a la salinización de los terrenos, todo obviamente está muy
interrelacionado, el Gobierno reconoce que en el período
entre riegos las conductividades están entre 2.500 y 3.000
microsiemens; supera, por lo tanto, los 2.500 microsiemens,
entrando ya en los umbrales de lo peligroso. Sobre
eso no se conoce ninguna actuación concreta. Tampoco se
controlan las aguas recicladas con altos índices de salinidad.
Se controlan otras cosas posiblemente, pero no los
niveles de salinización. Me gustaría también preguntarle
qué es lo que van a hacer.
En relación con las depuradoras existentes, no las que
se van a hacer, algunas noticias indican -me gustaría a
que usted lo confirmara o lo desmintiera tajantemente-
que algunas depuradoras -no quisiera exagerar- no funcionan
o lo hacen indebidamente. Parece un contrasentido
tener que estar haciendo -que desde luego hay que hacerlas-
fortísimas inversiones para la construcción de nuevas
depuradoras y no estar vigilando que funcionen adecuadamente,
con toda la capacidad y las posibilidades tecnológicas
existentes, las actuales.
Quisiera también recordarle que en otra respuesta del
día 16 de enero de este año decía el Gobierno que el buen
funcionamiento y eficiencia de una EDAR viene dado por
la calidad de sus afluentes que, por una parte, habrán de
cumplir las especificaciones del proyecto y, por otra, los
límites establecidos por el organismo de cuenca correspondiente
para el medio receptor. En consecuencia, las medidas
que se adoptan para vigilar el buen comportamiento de
este tipo de instalaciones consisten en controlar la calidad
de sus afluentes y exigir que éstos cumplan los parámetros
impuestos. Esta respuesta puede ser correcta formalmente,
pero el problema es que yo no preguntaba eso, sino las
medidas concretas que se toman para vigilar las depuradoras,
para evitar que dejen de funcionar o que funcionen
incorrectamente. Ya sé que los análisis químicos -yo no
soy químico ni biólogo, pero me hago una idea- deben
hacerse como dice el Gobierno, el problema es que no se
especifican las medidas que se adoptan para que esas mediciones
se efectúen correctamente y en los plazos adecuados.
Señor secretario de Estado, a mi modo de ver existen
númerosos puntos oscuros, muchas promesas, tales como
que en el año 2000 va a ser posible el baño en la Vega Baja.
Yo no le voy a preguntar a usted si está dispuesto a secundar
esta especie de atrevida y pintoresca apuesta que ha
hecho un dirigente del Partido Popular en la provincia de
Alicante, no le voy a pedir que haga ese sacrificio, pero me
gustaría conocer su opinión, si va a ser posible el baño y si
va a ser una zona paradisíaca, como algunos ahora prometen.
La realidad es que esas promesas, hoy por hoy, no alivian
a un río que se muere y a unos ciudadanos que están
sufriendo cada día. Por eso me gustaría que contestara a
cinco preguntas: ¿Va a cambiar la actitud del Gobierno respecto
a la declaración de zona sensible? ¿Se van a mejorar
los mecanismos de coordinación entre administraciones y
se va a elaborar un plan general de actuaciones? ¿Va a
haber un caudal ecológico estable? ¿Se van a mejorar los
mecanismos de control y vigilancia? ¿Se va a innovar en la
gestión global del agua en la cuenca del Segura, sobre todo
en su cauce medio-bajo?
Con esto concluyo. Me gustaría que estas respuestas
fueran lo más concretas posibles, porque tenga por seguro
que, de las respuestas que dé, van a depender hoy y mañana
muchas preguntas. Concrete, por favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra
su portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor secretario de
Estado de Aguas y Costas, tenemos que reconocer que el
Gobierno ha intentado hacer alguna actuación, porque tenía
levantada a toda la población de la Vega Baja y de la Vega
Media del Segura. No se había estimado conveniente realizar
ninguna actuación en el río Segura porque no se le
había dado importancia alguna. Servidora visitó Orihuela
hace año y medio y ya los olores eran insufribles en el mes
de noviembre, así que imagínese cuando llegaban los
meses calurosos de verano. Hasta entonces no se había
tenido la sensibilidad suficiente ante las reivindicaciones
que se venían haciendo de una manera más esporádica no
solamente por los ciudadanos, sino por algunos grupos parlamentarios
de esta Cámara en cuanto a la situación del río
Segura, a la contaminación que padece, a la falta de control
en los vertidos y a la falta de caudal ecológico que pudiera
servir par algo más que para ver correr el agua negra por su
cauce.
Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario,
no se están realizando todas las actuaciones necesarias pues
no se aborda el problema de una manera integral -lo
comentaba también el portavoz del Grupo Mixto-, porque
no es un problema sólo y exclusivamente de vertidos,
que pueden solucionar las depuradoras si funcionan en condiciones
y depuran las aguas en las condiciones en que
deben hacerlo, sino que hay otra serie de condiciones que
también afectan a la situación del río y que, desde nuestro
punto de vista, no se están abordando. Si esta diputada no
recuerda mal, en esta Comisión de Medio Ambiente ya se
aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al
Gobierno a que tuviera una actuación integral en el río
Segura, precisamente porque lo vemos desde ese punto de
vista. No se trata sólo y exclusivamente de hablar de vertidos,
sino de los problemas de riego, del mantenimiento de
los cauces ecológicos no cuando tengamos una situación
hídrica favorable, sino siempre, aunque haya sequía. Además,
consideramos que las actuaciones que momentáneamente
se están llevando a cabo no son suficientes, porque
nos podemos encontrar con otras que pueden suponer riesgo
de contaminación y para la salud medioambiental del
río.
El señor secretario de Estado de Aguas y Costas ha
hablado de la limpieza que se estaba haciendo en determinadas
zonas del río, de los sedimentos contaminados que
han producido precisamente la alta contaminación y la
sequía durante tanto tiempo en estas zonas. Nos gustaría
que nos aclarara estos extremos, dada la gran inquietud que
causó en la población a principios de este verano, por la
alta mortandad de peces registrada, hecho que se ha minimizado.
Se suponía que esta limpieza de lodos y sedimentos
estaba arrastrando contaminación aguas abajo del río y
no se estaban utilizando los mecanismos y los medios adecuados
para hacer esta limpieza. No ha dado usted muchas
explicaciones en su intervención de cómo se estaban llevando
a cabo estos proyectos de limpieza de los sedimentos
contaminados. A esta diputada le gustaría que nos lo
aclarara un poco más y nos explicara cómo lo están haciendo
y qué riesgo existe de que pueda aumentar la contaminación
aguas abajo del río.
Reiteramos la pregunta que ha hecho el portavoz del
Grupo Mixto en cuanto a la intención del Gobierno de
declarar zona sensible la cuenca del Segura. Nos gustaría
que nos explicara cómo se va a hacer el seguimiento de las
extracciones ilegales de agua por parte del Seprona, si su
plantilla no es lo suficientemente ampliada para que pueda
llevar a cabo estas tareas que tiene encomendadas. Es cierto
y es conocido por todo el mundo que no solamente hay
extracciones legales, sino que hay más extracciones ilegales
que perjudican la contaminación de la cuenca del Segura.
Nos gustaría también que nos explicara cómo se van a
tratar las contaminaciones industriales que no van a las
depuradoras de los ayuntamientos o que no son controladas
por los ayuntamientos y que ustedes saben que existen.
Hay contaminación industrial que no tiene que ver con la
contaminación que se produce a través de los cascos urbanos
y usted no ha hecho mención de ello en su intervención.
Son contaminaciones muy específicas y necesitan tratamientos
especiales a la hora de poder depurar. Por último,
nos gustaría que nos explicara, partiendo de la idea de que
se necesita un tratamiento integral de la zona y conociendo
que es una zona con necesidades de agua bastante altas, si
se van a poner en marcha planes para la reutilización de las
aguas depuradas para riego en esta zona, de las que usted
no ha hecho absoluta mención.
Nos gustaría que se nos aclararan estas dudas que tenemos,
aunque no estamos muy convencidos de que se vaya
a llevar a cabo de manera rápida. Tendremos ocasión de
verlo en la plasmación de los presupuestos generales para
el año que viene, dentro de pocos días. Esperamos las respuestas
a las preguntas que le hemos hecho, para al menos
disipar algunas dudas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista,
tiene la palabra su portavoz, doña María Luisa Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Quiero agradecer,
en primer término, la comparecencia del señor Blanco, así
como que en esta Comisión haga público el reconocimiento
de la grave situación del río Segura; grave situación que
ya conocen las señoras y señores diputados de esta Comisión
porque ya hemos discutida aquí alguna iniciativa de
esta índole y por la exacta descripción que han hecho el
señor Alcaraz y la señora Urán.
Lo que tenemos que analizar es por qué se ha llegado a
esta situación. Se ha llegado por que la paralización ha sido
total en cuanto a las inversiones necesarias para conseguir
un río limpio. Se han paralizado, o no van al ritmo deseado,
importantes depuradoras que son imprescindibles, empezando
por la demora que ha sufrido la depuradora de Murcia,
que usted ha mencionado, que no es un proyecto precisamente
de este año, sino que ya aparecía en los
presupuestos del año 1995 y cuya construcción se ha ido
demorando hasta estas fechas. Usted anuncia que es una
construcción que se inicia este año, no sabemos cuándo va
a terminar. Tienen previsto que termino el período 1999-
2000, pero, por el ritmo de la construcción, no se sabe realmente
cuándo va a finalizar. Lo cierto es que esta depuradora
es imprescindible y ustedes la han retrasado. Son
345.000 los habitantes de la ciudad de Murcia que vierten
sus residuos directamente al río sin depurara en absoluto.
Se han paralizado o retrasado de una forma incomprensible
depuradoras imporantísimas en los distintos pueblos de la
Vega Baja: Albatera-San Isidro, Dolores-Catral-San Fulgencio,
Callosa del Segura, etcétera y, sobre todo, la falta
de control en los vertidos en su origen, que campan a sus
anchas, y sobre los que no existe un control exhaustivo,
haciendo que sigan siendo miles los vertidos que van a
parar directamente al río.
El plan hidrológico ya recoge 1.500 puntos de vertidos
de los cuales 1.023 corresponden a la región de Murcia, el
30 por ciento urbano, el 55 por ciento industrial y un 15 por
100 de otros vertidos. Además, hay otros muchos incontrolados,
como ha se ha mencionado por otros diputados y que
no están teniendo una respuesta adecuada. El Consejo Económico
y Social de la región de Murcia ha emitido un
informe que revela, como ya dijo anteriormente el señor
Alcaraz, que de las 200 depuradoras que hay en toda la
cuenca, parece ser que sólo 87 funcionan en buenas condiciones.
En definitiva, señor Blanco, creemos sinceramente que
no ha habido voluntad política de resolver este problema.
El saneamiento del río Segura no se puede hacer sin inversiones.
Bien es verdad que no se pueden hacer en un año ni
es dos, pero para eso se han aprobado planes de actuación
en varias fases. Lo que es realmente incomprensible e inadmisible
es que se paralicen o se retrasen obras de la manera
en que se está haciendo. La única explicación es que las
problaciones situadas a lo largo del cauce del río no tienen
interés ni para los responsables políticos de las comunidades
autónomas ni, por supuesto, para los responsables políticos
del Gobierno central, todos ellos dirigidos por el Partido
Popular. La única actuación que han llevado a cabo,
después de las manifestaciones y de la presión ejercida por
los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos de la Vega
Baja, manifestaciones masivas porque en la ciudad de Murcia
se manifestaron unas 15.000 personas, ha sido intentar
limpiar un pequeño tramo de la zona del río, concretamente
en Guardamar y Rojales. Por cierto, acción protestada
por los ciudadanos por la falta de organización y previsión
y, como apuntaba la señora Urán, por poner en peligro los
cultivos de esa zona.
Señor Blanco, el saneamiento del río Segura pasa por
dotarle de un caudal mínimo, como aquí también se ha
puesto de manifiesto, suficiente y constante, que garantice
un caudal ecológico, que se pongan en funcionamiento de
forma inmediata las depuradoras necesarias en los municipios
que siguen vertiendo al río sin depurar y que la Confederación
Hidrográfica controle y prohíba todos los vertidos
contaminantes. Esto hay que hacerlo dándole el tratamiento
presupuestario que corresponde a un problema de esta
magnitud, que afecta de una forma muy directa a la calidad
de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan a lo
largo de toda la cuenca del río Segura. No pueden seguir
dándole un tratamiento ralentizado, sino un tratamiento
urgente y prioritario, como se ha dado a otros problemas
graves registrados en otras zonas de nuestro país. Usted
sabe, señor Blanco, que los vecinos de la Vega Baja del río
Segura no aguantan más. Se lo han hecho saber en muchas
ocasiones y la respuesta no puede ser sólo de varias cisternas
retirando algunos lodos. Quieren soluciones definitivas
y es lo que mi grupo parlamentario también le pide. Lo que
pasa es que prevemos que lo va a tener muy difícil, por la
falta de apoyo presupuestario que el Gobierno le ofrece con
los presupuestos de este año. Unos presupuestos, señor
secretario de Estado, que no están a la altura de la grave
situación en la que se encuentra el cauce del río Segura y,
por supuesto, no están a la altura de las expectativas que
todos ustedes, consellers, presidentes regionales, presidentes
de la Diputación y el propio Ministerio, han despertado
en los distintos colectivos, grupo políticos y alcaldes de la
zona. Sobre todo porque prometían en plena campaña electoral
que iban a resolver la situación del río en pocos días.
Pero, claro, una cosa en lo que se dice en la campaña electoral
y otra muy distinta es la que se refleja en los presupuestos
con partidas concretas, con nombres y apellidos.
Señor secretario de Estado, le exigimos que asuma su
responsabilidad y dé solución a este problema, porque
como se haga, perderemos en la zona de la Vega Baja el
crédito que tenemos de zona de interés turístico, el crédito
como zona agrícola de calidad, y sobre todo provocará una
gran decepción en los ciudadanos que ya no están dispuestos
a aguantar más esta situación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, don Atanasio
Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias,
señor secretario de Estado, por su presencia para aclarar
todo lo que se ha tratado esta tarde en torno al río Segura y
su Vega Baja en temas medioambientales.
Yo estoy seguro de que los murcianos, si tienen la oportunidad
de escuchar lo que ha dicho el secretario de Estado
esta tarde aquí, van a tener la tranquilidad de que el Gobierno
de la nación está en el buen camino, como, con toda
seguridad también, el Gobierno de la comunidad autónoma,
en torno a la resolución de los problemas de la Vega
Baja del río Segura. Es tranquilizador escuchar que se van
a invertir 17.000.000.000 de pesetas donde hay un problema;
es tranquilizador hablar de la ejecución de la depuradora
de Murcia, como es desesperante escuchar lo contrario
por quien seguramente no sabe que estaba proyectada
desde 1993 y cuando se inició realmente fue en 1997; es
tranquilizante escuchar que hay cuatro proyectos por valor
de 50.000.000 de pesetas cada uno y que hay otras medidas
que se pueden adoptar mientras se inician y se terminan las
obras y que, con su sensibilidad medioambiental, el Ministerio
de Medio Ambiente, concretamente la Secretaria de
Estado de Aguas y Costas, está tratando estos problemas.
Yo creo que los murcianos, concretamente aquellos a los
que afecta el río Segura en su parte baja, tendrán la tranquilidad
que tiene el Grupo Parlamentario Popular, porque el
Ministerio lo ha dejado claro.
Quizá yo echo en falta, después de la intervención del
Grupo Parlamentario Socialista, no que no se hayan hecho
reproches a la herencia socialista, pero sí que no se hayan
puesto los punto sobre las íes, donde deben estar. En su
línea normal -si el señor Morlán me lo permite-, el
secretario de Estado ha tenido una intervención prudente,
como no podía ser de otra forma, porque tampoco hay
necesidad de levantar polvo, y menos ahora que incluso
llega el agua del río Segura a la Vega Baja.
Nosotros vamos a decir -no sé si lo hará posteriormente
el secretario de Estado- que ha habido una falta de previsión
total y absoluta por parte de los anteriores gobiernos
socialistas, fundamentalmente desde que se hizo la trasposición
de la directiva europea, que recordamos fue en el
año 1991. Creo que por desconocimiento, y no por mala fe,
del Gobierno socialista de entonces, no hubo un punto de
equilibrio entre lo que tenía que dedicarse a depuración de
aguas y el resto de las inversiones medioambientales que
se están haciendo en aquella zona. Los datos que nosotros
tenemos es que se ha duplicado la inversión en esta zona,
lo que, al contrario que reprochable, es alabable, sin ningún
género de dudas.
Ha habido preguntas de Nueva Izquierda, del señor
Alcaraz, y de la señora Urán, de Izquierda Unida, que
hacen en aquella zona un seguimiento atento, como no
puede ser de otra forma, de lo que está haciendo el Ministerio.
Sin embargo, vemos que, después de la tramitación y
seguimiento de Nueva Izquierda sobre esta cuestión, no se
hacen propuestas. Hay muchas preguntas y comparecencias,
pero no vemos las correspondientes propuestas.
El señor PRESIDENTE: Perdón por la interrupción,
pero recuerdo a las señoras y a los señores diputados que
está prohibido fumar en esta Comisión de Medio Ambiente.
Ya sé que es involuntario, pero tengo que recordárselo.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Con su permiso,
señor presidente y con el los fumadores, que seguramente
están indignados, sin ninguna duda...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor diputado. Los
fumadores no tienen que darle permiso para que usted siga
su intervención, porque se lo doy yo. Siga, por favor.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias de
nuevo, señor presidente.
En conclusión, es normal que Izquierda Unida y Nueva
Izquierda hagan este seguimiento, pero no estaría de más
que se viesen con buenos todas las inversiones y los proyectos
de la Secretaría de Estado y de la Confederación en
la Vega Baja del Segura, porque hay cumplimiento, sin ninguna
duda. Ha quedado claro -quizá a nosotros nos ha
quedado más claro que al resto de los grupos- que en la
intervención del señor secretario de Estado estaban ya contestadas
casi todas las preguntas que se le han formulado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno
Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Cabe hacer el estudio de
los problemas ambientales desde dos perspectivas: una,
intentar circunscribir un problema concreto y actuar sus
términos y las actuaciones más directamente vinculadas, y
otra, igual de legítima y de justa, que es enmarcarlos en el
conjunto del ecosistema, por decirlo así. Las intervenciones
del Grupo Parlamentario Mixto, de la representante de
Izquierda Unida y de la parlamentaria del Grupo Parlamentario
Socialista que he escuchado se han situado más en
esta segunda perspectiva, que reconozco que es metodológicamente
correcta, pero quizá políticamente menos práctica.
La calidad de las aguas en la Vega Baja del río Segura
tiene que ver con la gestión de la cuenca del Segura; eso es
así. Un debate sobre la calidad puede versar sobre planificación
hidrológica, sobre usos, sobre regadíos, sobre abastecimiento,
sobre tecnologías, sobre políticas de ahorro, de
reutilización, sobre todo lo que se quiera. Repito que desde
el punto de vista metodológico no tengo nada que decir.
Ahora bien, eso puede llevar a algo que ha indicado el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, y es cuando se
intenta abarcar algo demasiado grande quizá no se ofrecen
propuestas concretas de solución para el problema que se
analiza. Por eso, yo he preferido en mi intervención inicial
acotar, aunque sea una visión parcial del tema, el problema
más específico en el tiempo y en el espacio y sugerir una
serie de soluciones concretas que son las que tenemos en
marcha. Coincido con el representante del Grupo Parlamentario
Popular en que no he escuchado en sus intervenciones
ninguna propuesta concreta bien construida sobre
qué más podemos llevar a cabo a corto plazo, dentro de lo
que es asequible, para hacer frente a este problema.
En líneas generales a medio y a largo plazo hay que
seguir haciendo todo lo que se viene haciendo ordinariamente
mejor o peor: hay que seguir controlando las captaciones
ilegales; hay que mejorar las técnicas de depuración;
hay que hacer que funcionen todas las depuradoras;
hay que sancionar a quienes viertan sin cumplir los requisitos
que establece la legislación vigente; hay que dotar con
más medios a las Confederaciones en la medida de lo posible,
etcétera. Suscribo todo eso. Hay que hacerlo y forma
parte de la gestión ordinaria, buena, mala, criticable, admirable,
de la Administración hidráulica. Pero no he escuchado
propuestas concretas y específicas por ahora, salvo éstas
genéricas y predicables, por otra parte, de cualquier Confederación
hidrográfica.
Respecto a algunos de los temas que han salido -seguro
que no toco todos los que SS.SS. han citado-, puedo
decirles, en primer lugar, en cuanto a la inversión, que la
que he anunciado -y creo que lo he dicho en mi intervención
inicial- es, efectivamente, de las tres Administraciones
territoriales: la central del Estado, la de la Comunidad
Autónoma de Murcia y la de la Comunidad Autónoma de
Valencia. ¿Por qué es esto así? Porque, es principio, en
materia de depuración todas las competencias son locales y
con el apoyo autonómico; el Estado entra en virtud de las
previsiones de los convenios del Plan nacional de saneamientos
y depuración, pero la competencia es local y con el
apoyo de las comunidades autónomas. En concreto, ¿qué
obligación tenía el Estado respecto a la cuenca del Segura
en virtud del Plan nacional de saneamiento y depuración?
Hacer la depuradora de Murcia.
La representante del Grupo Socialista nos acusa respecto
a esta depuradora de que paralizamos las inversiones y
llegamos tarde. La hemos empezado nosotros. Tarde o no,
todo es siempre tarde, por supuesto, pero lo hemos empezado
nosotros. El caso es que se está construyendo y, desde
luego, no tengo ningún dato que indique, como ha señalado
S.S., que en el desarrollo material de las obras puede
haber un retraso respecto a los plazos previstos en el contrato.
En todo caso, tarde o no tarde, la obra se está realizando
y creo que puede ser absolutamente clave para la
calidad de las aguas del río Segura en su curso posterior a
la ciudad de Murcia. Por tanto, el que se está realizando es
un dato de hecho, y que se ha empezado este año, también
es un dato de hecho.
En cuanto al tema de competencias que se me ha planteado,
evidentemente en la calidad de las aguas del Segura
inciden muchas competencias: las competencias de los
ayuntamientos de depurar, de controlar los vertidos internos,
especialmente los industriales, a las redes municipales;
competencias de las comunidades autónomas en materia
de industria, de planes de saneamiento, de gestión del
canon, etcétera; y competencias nuestras, control de los
vertidos. Se me ha dicho que no he hecho referencia a los
vertidos directos industriales no urbanos. No la he hecho
porque cuantitativamente aquí, excluyendo los ganaderos,
tienen escasa relevancia. La mayor parte de la industria en
la cuenca baja del Segura está concentrada en núcleos urbanos
o su zona adyacente, pero acaban en sistemas de recolección
común, lo cual no quiero decir que no haya algún
caso. Sí es preocupante, como es lógico, la contaminación
que procede de las instalaciones ganaderas, que esa sí que
no pasa, como es lógico, por las zonas urbanas. Cuando
antes he dado la cifra de cuántos de los vertidos censados
eran municipales, se ve por la diferencia entre las dos cifras
que hay una parte importante que son vertidos directo al
río. En concreto recuerdo que he hablado de 867 vertidos
censados, de los que 469 son urbanos. El resto, evidentemente,
son directos o indirectos -ya sea de instalaciones
ganaderas o industriales- fuera de los núcleos urbanos.
En cuanto a si funcionan o no las depuradoras existentes,
por desgracia en toda España tenemos muchos cientos
-pasan de mil, aunque no recuerdo el dato ahora- de instalaciones
depuradoras que funcionan mal. ¿Por qué? Porque
las depuradoras no siempre se han hecho con la calidad
tecnológica requerida, no siempre ha habido la adjudicación
de fondos para su mantenimiento, y hablo de depuradoras
municipales, que son las titulares, hechas en los años
sesenta, setenta o en los años ochenta. Precisamente una
buena línea de trabajo que se está siguiendo es lograr que
haya sistemas de depuración y saneamiento mancomunados
gestionados en ámbitos superiores a los municipales,
porque muchas veces la carga de la depuración para el
tamaño de determinados municipios es excesiva. De ahí
que las legislaciones creadoras de cánones de saneamiento
de las comunidades autónomas estén logrando una financiación
para estos sistemas de depuración, precisamente
para evitar que nos vuelva a pasar en el futuro lo que históricamente
ha sido la experiencia de algunos de los municipios
de España. En concreto, en la cuenta del Segura existen
también depuradoras que no funcionan bien o que no
funcionan. De hecho, esta labor a la que he hecho referencia
en mi primera intervención, de toma de muestras que
hace la Confederación Hidrográfica del Segura cada quince
días de todos los vertidos de todos los municipios que
vierten al río, tiene como fin detectar, impulsar y en su caso
sancionar cuando el sistema de depuración no existe o
cuando, aun existiendo la instalación desde el punto de
vista industrial, no funciona o funciona mal.
En cuanto a si hay pocos o muchos expedientes sancionadores,
como ha planteado el representante del Grupo
Mixto, pues no lo sé. Tan malo es quedarse corto como
largo. Es decir, la política sancionadora es imprescindible,
no basta por sí misma. Creo que hay que combinar la sanción
cuando claramente no existe el esfuerzo de acometer
inversiones, mejores prácticas industriales, etcétera, para
evitar la contaminación, y excluir la sanción cuando se está
haciendo el esfuerzo de mejorar, invertir o hacer que los
procesos productivos sean menos contaminantes. Por tanto,
el juicio de poco o mucho reconozco que es relativo que se
puede ver de una manera o de otra. De hecho, está teniendo
un cierto coste social para la Confederación en este
momento la política que estamos siguiendo de sancionar
selectivamente a algunos ayuntamientos, pero son aquellos
casos en que hemos creído imprescindible dar esa impuso
-por duro que sea el procedimiento sancionar- para que
el Ayuntamiento se tome en serio la obligación de que dentro
de su sistema urbano hay que depurar lo que al final va
a los ríos.
En cuanto a por qué cobramos sólo el 10 por ciento del
canon devengado, no me sé de memoria las cifras de este
año, pero no tiene nada de raro dado que una parte importante
del canon está vinculada a usos municipales y por
desgracia el pago de los cánones en el caso de algunas
administraciones locales va con un cierto retrasado. Las
cifras concretas de este año y su análisis no me lo sé, pero
en principio tampoco me extraña. Hay un cierto desfase
entre el devengo y el cobro material, máxime cuando en las
administraciones locales tenemos menos capacidad coercitiva
desde la Administración Central del Estado.
No voy a entrar en el análisis de todas las preguntas que
ha leído S.S., porque no me las he traído y no me las sé de
memoria, como en lógico, aunque me temo que en alguna,
que sí recurso, si la leyese entera S.S. no habría tanta
contradicción
como ha parecido indicar. Sobre algunas de las
cuestiones concretarse que ha planteado al leer las preguntas,
puedo decirle que la revisión concesional pendiente
desde el decreto de 1953 la ha hecho en Plan del Segura. El
Plan del Segura es un plan de ordenación jurídica, sin
obras, de los derechos del uso del agua en toda la cuenta
del Segura, y hace esa adaptación y puesta al día del famoso
decreto de 1953.
Por otro lago, ha puesto en duda que se hagan bien las
mediciones de afluentes. Lo que le puedo decir es que cada
quince días estamos haciéndola y confío en que se hace
bien. No tengo razón para pensar que no es así. En cuanto
al baño, yo reconozco, por mucho que ame al Mediterráneo,
que me gusta más bañarme en el Cantábrico, y seguiré
haciéndolo así normalmente, sea cual sea la calidad de las
aguas en la desembocadura del Segura.
Por lo que se refiere a la declaración de zonas sensibles,
en principio está hecha con los criterios que marca la directivas
europea, pero está -y por eso he dicho en principio-
sin culminar. Hay que culminar el proceso administrativo
con su publicación. Si hay alguna sugerencia para
cambiar algunas de las propuestas que hay, evidentemente
será estudiada.
En cuanto al caudal ecológico, el Plan del Segura que
hemos aprobado este verano define un caudal ecológico en
dos etapas, con los recursos existentes y vinculado en su
caso a que se pueda cubrir el déficit, que es una hipótesis
que el propio plan constata que existe en estos momentos
para la cuenta del Segura. Cuando he hablado de que
hemos creado durante este verano -y lo estamos haciendo
de manera normal- una caudal ecológico, no me refería a
un caudal ecológico legal, sino a hacer de hecho desembalses,
en particular desde la Pedrera y desde el Sifón, para
hacer que por la zona de Orihuela y aguas abajo circule una
cantidad de agua que se considera razonable dado lo que
tenemos embalsado o disponible.
Voy mezclando algunos temas porque han sido comunes
en intervenciones distintas de sus señorías. En cuanto a
algunas peculiaridades de la intervención de la representante
del Grupo de Izquierda Unida, creo que no es correcto
el que la sensibilidad política frente a este problema haya
surgido cuando el pueblo hizo oír su voz. En concreto, la
depuradora de Murcia la hemos priorizado, la hemos contratado
y ha empezado materialmente la obra antes de que
el pueblo se manifestase. Todos éramos muy conscientes
del problema. Usted ha estado en noviembre, yo he estado
cinco o seis veces por allí en estos dos años; me he pateado
y olido el río Segura en distintos tramos, por tanto tengo
una experiencia personal, aparte de la información que me
llega documentalmente, de cuál es la situación real. Lo que
sí es verdad es que para todos es un incentivo el que haya
un movimiento social que plantea que los ánimos se están
revelando contra un problema. No reaccionar ante eso sería
una irresponsabilidad, lo cual tampoco es una invitación a
estar siempre manifestándose por todo, pero a todos nos
ayuda como recordatorio ese tipo de actuaciones. Quizá de
algunas intervenciones pueda deducirse que los habitantes
de la zona no estén muy de acuerdo con lo que hacemos.
Evidentemente, ninguno de nosotros somos portavoz de la
habitantes de la Vega Baja, pero mi percepción personal
-y he estado por allí otra vez hace menos de quince días-
es que en general se entiende que estamos haciendo un
esfuerzo importante, que el problema sigue ahí y seguirá
mientras no acabemos de depurar y controlar todos los vertidos,
pero creo que se aprecia que la Administración se ha
tomado en serio el problema y que está poniendo una serie
de medidas, que se han puesto en primer lugar en común,
que parecen razonables para intentar arreglarlo.
En cuanto a la cuestión de si la limpieza de los sedimentos
contaminados puede haber provocado mortandad
de peces, puedo asegurarle con absoluta certeza que no,
porque no ha empezado todavía. Como he dicho antes, son
cuatro contratos los licitados este año, se han presentado
las ofertas y se abrirán el próximo 14 de octubre. Por tanto,
es imposible vincular los episodios de mortandad de peces
con estos trabajos de retirada de sedimentos contaminados.
Por lo que se refiere al seguimiento de extracciones ilegales,
esta es una labor permanente del Seprona y de la
Consejería de Aguas del Segura, que tiene una gran relevancia
en una zona con alta explotación de aguas subterráneas
y en una zona que de una forma sistemática tiene unos
recursos escasos, estemos y no estemos en sequía. La tentación
de la extracción ilegal es permanente en muchos
puntos de España y uno de ellos es la cuenca del Segura.
Yo no sé si hacemos todo lo que podemos, pero sí le puedo
asegurar que hay una labor permanente de persecución, de
vigilancia, con sistemas de teledetección. Seguro que se
nos escapan cosas, pero es un tema que nos preocupa y nos
ocupa habitualmente en la Confederación Hidrográfica del
Segura.
En cuanto a la reutilización, no he hablado de ella, porque,
repito, he enfocado mi intervención inicial no en esa
perspectiva de ecosistema de toda la cuenca y de todas las
facetas vinculadas con el río, sino a analizar un problema
concreto. Pero sí puedo decir que la reutilización de aguas
depurados para riego es algo no ya que impulsemos nosotros,
sino que hay una verdadera demanda de los actores
sociales en la zona que desde luego apoyamos en todo lo
que podemos. Además, estamos sacando -acaba de contratarse-
una desaladora, licitada en su día por el Grupo
Socialista -que de cada uno se reparta sus méritos-, que
creo que ayuda a tener fuentes alternativas, igual que la
reutilización, para evitar los fenómenos de sobre explotación
y de contaminación del río.
En cuanto a la intervención de la representante del
Grupo Socialista, aparte de que alguna de las cuestiones
que ha mencionado eran comunes y creo que me he referido
a ellas, veo que se grupo, cada vez que habla del Ministerio
de Medio Ambiente en los últimos tiempos, habla de
la paralización de inversiones. En algunos casos vamos
retrasados en inversiones; en este caso, hemos puesto en
marcha -repito- una inversión básica para garantizar la
calidad de las aguas del Segura, como es la depuradora de
Murcia. En este caso concreto esa crítica no es muy de aplicación.
En cuanto a la existencia de vertidos incontrolados,
seguro que los hay. Repito que se está haciendo una labor
de revisión y actualización del censo y de toma de muestras
periódicas, que nos permite tener cierta garantía de
que la situación está más o menos controlada. Eso no quiere
decir que la controlemos al cien por cien, porque eso es
casi físicamente imposible. Siempre nos viene bien, en su
caso, un cierto acicate para que no dejemos de la mano
esta labor, pero le aseguro que la Confederación del Segura
está especialmente sensibilizada con la calidad de las
aguas, precisamente por el problema que tiene entre
manos.
Se ha hablado -creo que en la intervención del representante
del Grupo Mixto- de un asunto que me preocupa
mucho, y por eso quiero parar mientras en él un momento:
la salinización como fruto del uso del recurso que se hace
allí. Tenemos un plan específico, que ya está en marcha en
este momento, para hacer un estudio diagnóstico, con un
sistema de digitalización de toda la cuenca, del grado de
salinización que existe en los suelos y en cada una de las
fuentes de recurso, o de devolución al río o al suelo, de las
aguas usadas. El problema de la cuenca de Segura quizá
pueda calificarse -exagerado un poco- de futuro; nos
preocupa, se sabe poco todavía sobre él, estamos trabajando
de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Murcia, y
creo que dentro de un año o dos podrá haber un estudio
bastante detallado sobre cuál es la situación real, no con
apreciaciones globales sino con una comprobación fáctica
basada en el terreno y en el diagnóstico de la situación caso
por caso. Es un problema importante hoy y serio de cara al
futuro, y merece la pena tomar nota de que debemos ocuparnos
de él sin cejar.
Decía la representante del Grupo Socialista, al final de
su intervención, que los vecinos quieren soluciones definitivas.
Evidentemente; todos las queremos, pero las soluciones
definitivas se construyen con decisiones concretas.
Creo sinceramente -y repito: Sé que no hacemos las
cosas bien al cien por cien porque es humanamente imposible-
que las líneas de trabajo en esta situación, a las que
me he referido, son bastante razonables, son aquellas por
las que hay que caminar -siempre con una tendencia a la
perfección que no acaba nunca-, y deduzco de la sesión
de esta Comisión que hay un cierto consenso en el diagnóstico
del problema y que -críticas puntuales al Gobierno
o no, por razones de posicionamiento en la Cámara-
parece que las soluciones que hemos ofrecido no tienen
grandes alternativas, aunque siempre hay que ir a mucho
más en todas ellas.
Por último, respecto a la intervención del representante
del Grupo Popular, que agradezco, como es lógico, me
gustaría resaltar lo que ha dicho porque creo que es cierto
y se corresponde con lo que se piensa allí en general, y es
que es tranquilizador que, ante un problema como éste, se
oiga hablar de inversiones como las que estamos haciendo.
Todos deseamos muchas más, pero estamos haciéndolas.
Es tranquilizador, como ha dicho el representante del
Grupo Popular, que se esté construyendo la EDAR de
Murcia porque es una base de solución seria para el
futuro.
No hago referencia, como ha dicho, a la herencia recibida
porque es conocida por todos y se trata de mirar al futuro.
He dicho en mi primera intervención, porque creo que
es un fenómeno que merece la pena tener en cuenta, que ha
resultado muy nociva para la cuenca la apuesta por los sistemas
de lagunaje y reutilización para riesgos sin depurar
que se hizo durante bastantes años; desde luego, no debe
seguirse en esa línea sino optar por la depuración directa.
(El señor Alcaraz Ramos y la señora Urán González
piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, ¿se ha sentido
usted contradicho por parte del compareciente?
El señor ALCARAZ RAMOS: Me he sentido aludido
en la intervención del portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, esta Presidencia
no lo entiende así. En el trámite de comparecencia viene
siendo habitual que cierre el compareciente, salvo que haya
incurrido en alguna contradicción con lo que haya dicho
alguno de los portavoces. Esta Presidencia entiende que no
ha existido esa contradicción. No obstante, si alguno de los
portavoces se siente contradecido... (Varios señores diputados:
Contradicho...) por el secretario de Estado de
Aguas y Costas, tiene la palabra por una sola vez y por un
tiempo máximo de cinco minutos.
Señor Alcaraz, le ruego que se ciña a la intervención del
compareciente; si no, el debate puede ser inacabable porque
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular también
puede sentirse contradicho, a su vez, por las declaraciones
de usted.
El señor ALCARAZ RAMOS: Una cosa es la contradicción
y otra la alusión, pero da igual, voy a centrarme en
la intervención del señor Blanco.
Reitero nuestro agradecimiento por su información.
Quiero destacar su tono, que me parece positivo dentro de
la discrepancia; francamente, a mi no me han convencido
muchos de los argumentos que ha dado, sobre todo porque
tanto en su intervención como en la respuesta del Gobierno
a veces hay una contradicción básica: lo que dice el
Gobierno, y lo que ves cuando vas al río y lo que la gente
vive. Esto es mucho más poderoso, a veces, que una respuesta
oficial, por seria que pretenda ser. Pese a todo, el
tono empleado es constructivo y es de agradecer.
Tengo una crítica radical que hacerle -permítaseme la
expresión-: cierta descalificación que hacía a que es poco
práctica una visión global de las cosas. Entedemos que
desde el punto de vista de la sostenibilidad de una zona, de
la relación entre estos aprovechamientos de las aguas con
la viabilidad económica futura, etcétera, hacen falta
muchas más actuaciones. Aunque los ciudadanos estén
contentos y conformes con que haya una depuradora -
¡faltaría más!-, de eso no se puede deducir que haya un
contento general con la situación ni con las previsiones
futuras, entre otras cosas porque habría que relacionarlo
también con otros asuntos, como el agotamiento de modelos
económicos, etcétera, que seguramente no vienen al
caso. Ahora, de ahí a decir que los ciudadanos están muy
contentos... Los ciudadanos precisamente no pueden estar
contentos sin una actuación global integral que, hoy por
hoy, ni se anuncia ni se ve.
En cuanto a algunas alusiones que usted ha hecho respecto
a las respuestas que he leído, creo que he leído las
respuestas enteras o, al menos, los párrafos significativos.
En cualquier caso si hay contradicciones las hay dentro de
las respuestas del propio Gobierno. Se aprecia una contradicción
en algunos temas, un tono, una música y, a veces,
una letra distinta, antes y después de las movilizaciones; y
esto sí que es un dato importante.
No me voy a referir al portavoz del Grupo Popular, que
dice que los murcianos se van a sentir muy felices; lástima
que algunos seamos alicantinos, que es la parte que está
abajo, ¡qué le vamos a hacer! Ha sido un lapsus. Ya que
han mostrado interés por nuestras alternativas, he de decirle
que este diputado ya ha presentado humildemente una
proposición no de ley con propuestas alternativas. Espero
que el Partido Popular la vote porque, si no, va a ser bastante
complicado que tenga argumentos en la Vega Baja
del Segura.
Por lo demás, sin entrar en disquisiciones sobre la calidad
de las aguas mediterráneas o cantábricas, le felicito
porque nos brinde ese espectáculo de anunciar baños masivos
en el Segura.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, por un tiempo
máximo de cinco minutos.
Ruego la colaboración de todas SS.SS. porque estamos
fuera de tiempo, a pesar de que se han retirado dos puntos
del orden del día.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Voy a ser mucho más
breve porque no voy a entrar en el contenido de la respuesta
que nos ha dado el secretario de Estado de Aguas, simplemente,
y con todo respeto, quiero facilitarle que corrija
una desinformación que, al parecer, tiene. Cuando se solicita
una comparecencia, no se viene aquí a que los grupos
parlamentarios demos alternativos, sino a que escuchemos
la información y las alternativas, respuestas o soluciones
que el Gobierno tiene que aportar. Nosotros tenemos otro
tipo de iniciativas para plantear nuestras alternativas;
proposiciones
de ley o proposiciones no de ley. En esta Cámara
ya hay una aprobada sobre el río Segura. El Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tal y como decía el
portavoz del Grupo Mixto, también tiene presentada otra
iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente para dar
solución al problema del río Segura.
Señor secretario de Estado, que le queda claro que a las
comparencias se viene a informar y a dar respuestas, no a
pedir alternativas a los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: El Grupo Parlamentario
Socialista tiene que manifestar aquí su frustación
en relación con la intervención del señor Blanco. Lo único
real de lo que ha hablado usted aquí es de la depuradora de
Murcia. ¡Faltaría más que no la hicieran ustedes! Ya la han
retrasado el tiempo suficiente. Después del tiempo que llevan
gobernando en Murcia y del tiempo que llevan ustedes
en el Gobierno central, faltaría más que no terminaran ustedes
la depuradora más importante de toda la cuenca del río
Segura. Nosotros sí que podemos hablar de cosas hechas.
El Partido Socialista puede hablar de propuestas, de planes,
de cosas hechas. No ha tenido el tiempo suficiente de
hacerlo todo, pero ustedes tendrán que hacer algo. Al
gobernar haya que asumir la responsabilidad, por lo que
algo tienen que hacer. De todas las depuradoras y de todas
las inversiones que tenían previstas, nada más habla de la
depuradora de Murcia. ¡Faltaría más, señor secretario de
Estado! (el señor Ballesteros Morcillo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, he dicho
antes en mi intervención que concedía la palabra por un
único turno y por un plazo máximo de cinco minutos por si
alguno de los portavoces se sentía contradicho por el secretario
de Estado de Aguas y Costas. Si no es así, no concedo
la palabra.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Le pido disculpas,
señor presidente. Era una simple aclaración. La
Vega Baja también está en Murcia. Si me he dejado a los
alicantinos, ya los pronuncio, no se molesten, así ya estarán
tranquilos, sin ningún género de duda y no voy a enseñar al
parlamentario de Nueva Izquierda geografía sobre su provincia,
aunque yo estoy muy cerquita también.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Entiendo que no es este
un turno para volver a replicar. Haré un breve comentario
sobre las tres observaciones últimas que se han hecho. No
he calificado de poco práctica la visión global de las cosas
sino que he dicho que siendo una forma de afrontar el problema
me parecía que para una comparencia parlamentaria,
analizando un problema concreto, quizás fuese más
oportuno ver las decisiones concretas que frente a ese problema
se han tomado, sin perjuicio de que creo que la
visión global de las cosas es imprescindible. En cuanto al
recordatorio del Reglamento de la Cámara, lo agradezco.
Seguro que yo soy el más novato en materia de aplicación
del Reglamento de la Cámara que hay aquí y tomo nota.
Pero no me refería yo tanto a que ustedes deban darme aquí
alternativas a mí, evidentemente no es el trámite, como a
que he podido comprobar, por lo menos en la percepción
resumen que en mi cabeza hago del debate, que las medidas
concretas que he dicho que tenemos puestas en marcha
no han suscitado críticas por parte de SS.SS., de lo que
deduzco que respecto a ellas debe haber un consenso
importante, lo que me parece satisfactorio y bueno para
seguir trabajando. En cuanto a la última intervención de la
portavoz del Grupo Socialista, hablo de la EDAR de Murcia
en especial cuando hablo de depuración porque es la
única que allí es responsabilidad de la Administración central
del Estado. Podría hablar de las que hace la Comunidad
Valenciana o la murciana, pero insisto en la que es responsabilidad
nuestra porque es nuestra responsabilidad y porque
la hemos puesto en marcha.
- MEDIDAS QUE SE PIENSAN ADOPTAR A LA
VISTA DEL FALLO DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO, POR LA QUE SE REDUCE
SUSTANCIALMENTE LA CAPACIDAD DEL
EMBALSE DE ITOIZ (NAVARRA) DESDE LOS
418 A, APROXIMADAMENTE, 10 HECTÓMETROS
CÚBICOS A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/000329.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto
del orden del día, que hace referencia a las medidas que
piensa adoptar el Ministerio de Medio Ambiente a la vista
del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, por la que
se reduce sustancialmente al capacidad del embalse de Itoiz
(Navarra) desde los 418 a, aproximadamente, los 10 hectómetros
cúbicos. El solicitante de esta comparencia es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y su portavoz
es el señor Fernández Sánchez.
Tiene la palabra don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Voy a hacer una breve
intervención porque no sé muy bien qué es lo que se quiere
decir con la comparecencia. Yo supongo que se formuló en
estos términos literales antes de leer la sentencia del Supremo.
La sentencia del Supremo no dice lo que se dice aquí.
La sentencia del Tribunal Supremo no reduce ni sustancial
ni no sustancialmente la capacidad del embalse de Itoiz, ni
desde los 418 a los 10 hectómetros cúbicos, ni de ninguna
manera. La sentencia del Tribunal Supremo, por el contrario,
ha rechazado todos los motivos -muchísimos, por
cierto- de presunta ilegalidad del proyecto que se alegaban
por los recurrentes y sólo ha admitido la anulación del
proyecto -y si la cita no es textual, se parece mucho- en
cuanto afecta a las bandas de protección fijadas por una ley
que está derogada. Por lo tanto, no hay ninguna reducción
del embalse sino un problema de imposibilidad en este
momento, a nuestro juicio al menos, de ejecución de una
sentencia, porque el único punto que admite para tomar en
cuenta el recurso ha devenido imposible jurídicamente, ya
que la ley a que se refiere ha sido cambiada por el Parlamento
Foral navarro, que es el competente.
En este momento ha sido solicitada formalmente la inejecución
de la sentencia ante la Audiencia Nacional por la
Administración central del Estado y hay planteada por la
Audiencia Nacional una cuestión de constitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional, precisamente contra esa
ley foral navarra del año 1996, que por ser en este momento
la vigente da plena cobertura legal, conforme a la sentencia
del Tribunal Supremo a la que nos estamos refiriendo,
a la continuación de las obras del embalse de Itoiz y al
pleno llenado del embalse cuando se acabe sin ningún problema.
Nosotros, como siempre hemos hecho, estamos
ante una obra declarada de interés general, que cuenta con
el respaldo mayoritario de este Parlamento y del Parlamento
navarro y, por lo tanto, en lógica ejecución de esa declaración
de interés general y de esa voluntad política del Parlamento,
estamos acabando la obra con pleno respeto a las
resoluciones judiciales, porque no hay en este momento
ninguna resolución judicial firme que nos obligue a hacer
otra cosa y, por consiguiente, sería ilegal hacer cualquier
cosa. Si aclaro, una vez más, que la sentencia del Supremo
no reduce para nada la capacidad de embalse de la presa de
Itoiz una vez que ésta se acabe.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el señor Fernández
Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Bienvenido,
señor secretario de Estado. Izquierda Unida ha pedido que
comparezca aquí hoy para que nos ofrezca algunos datos
que nosotros consideramos de interés, y hemos solicitado
su comparecencia porque estamos preocupados, ya que hay
sentencias judiciales que están afectando negativamente al
desarrollo de estas obras. Pero sus intervención me deja
todavía más preocupado, porque constato que no se ha
leído bien las sentencias judiciales, y sí que es un problema
que venga aquí el secretario de Estado de Aguas y que no
conozca cuáles son las sentencias judiciales que existen en
este momento. Eso me preocupa mucho más.
Quiero recordarle que la obra de Itoiz se está financiando
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con
un coste superior a los 20.000 millones de pesetas, lo que
quiere decir que este Parlamento y el Estado están en la
obligación de controlar el buen uso de estos fondos públicos.
También quiero hacer un breve repaso de la finalidad
de esta obra. Se trata de un embalse que se hace en la cabecera
del río Irati, en el término de Aoiz y de otros pueblos
de Navarra. La capacidad del embalse proyectada, y como
obra ejecutada, es de 421 hectómetros cúbicos, que va a
tratar de cubrir las necesidades de consumo de agua tanto
de Pamplona como de su comarca y poner en regadío, cosa
también importante, una superficie regable en torno a
56.000 hectáreas de suelo cultivable. Nos encontramos en
una situación francamente difícil, porque constantemente
está habiendo choques entre Estado, Gobierno de Navarra
y la propia justicia. Que yo conozca al menos hay ocho sentencias
judiciales en torno a este proyecto y todas ellas desfavorables,
por lo cual creo que tenemos motivos para preocuparnos
por la situación.
La pregunta que nos debemos hacer es qué ha ocurrido
para que los tribunales de justicia constantemente estén
recordando a las administraciones públicas que están incurriendo
en procedimientos no digo ilegales, pero sí no
correctos. Por lo tanto y como usted conoce, el proyecto de
impacto ambiental del pantano de Itoiz fue anulado por el
Tribunal Superior de Justicia sin que yo tenga conocimiento
de qué ha hecho la Administración en orden a solucionar
este problema. Eso está así hoy por resolución judicial.
Espero que el secretario de Estado nos pueda aclarar qué
medidas van a tomar. ¿Va a haber una nueva declaración de
impacto ambiental? ¿Qué piensan hacer? ¿Recursos?
¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Hasta el Constitucional?
Son preguntas que quisiéramos que nos contestara.
También tengo que recordarle que en este gigantesco
proyecto -porque estamos hablando de 20.000 millones
de pesetas, más las obras complementarias que se hagan-
unos abogados de provincia, como se suele decir, han traído
de cabeza a toda la Administración del Estado, a toda la
legión de funcionarios del Estado que no han podido con
un pequeño despachito ahí, en Pamplona. Les traen de
cabeza, reconózcanlo. Yo creo que lo sabe todo el mundo,
por lo menos los que tenemos conocimiento sobre este
asunto.
También hay otra pregunta que a mí me gustaría formularle.
Ante este desaguisado ¿qué están haciendo ustedes
para delimitar el campo de las responsabilidades? Porque
hay responsables políticos y responsables administrativos,
de eso no tengo la menor duda. Amí me parece que el proyecto
Itoiz en cuanto a lo que es la ejecución material de
obra está bien redactado -yo, por mi parte, no tengo nada
que decir al respecto-, pero sí está claro también que todo
el procedimiento administrativo que se ha seguido en torno
a esa obra está mal hecho y eso es lo que constantemente
los tribunales de Justicia están poniendo en duda. Por eso a
nosotros nos interesa conocer si ustedes van a buscar
responsabilidades
o simplemente nos quedamos en una situación
en la que tenemos la construcción de un embalse de
421 hectómetros cúbicos. Si hay una sentencia que impide
llenarlo, léasela, se la voy a mandar directamente para que
la tenga y así la conozca. En este momento la obra no está
paralizada, lo que no se puede hacer es llenar la presa de
Itoiz más allá de 10 ó 12 hectómetros cúbicos; eso es lo
que está diciendo la sentencia, que está recurrida, y el Tribunal
Constitucional nos tendrá que decir quién lleva razón
en este contencioso, pero, de momento, hay una sentencia
del Tribunal Supremo que impide llenar el vaso de Itoiz.
(El secretario de Estado de Aguas y Costas, señor Blanco
Rodríguez, hace gestos negativos.) Es así, usted me puede
decir que no; de todas maneras, me comprometo a mandarle
personalmente esa resolución judicial.
Hay otro asunto que para nosotros es importante también.
El embalse de Itoiz está justificado si se construye el
canal de Navarra, lógicamente; para qué queremos un
embalse si no hay canal, entre otras cosas. Pero hay otra
cosa que todavía es más importante y es cómo contempla
el Plan nacional de regadíos la superficie regable de Navarra,
porque si este plan no incluye las 56.000 hectáreas de
superficie regable en Navarra, resulta que no nos sirve de
nada ni el canal ni tampoco el embalse de Itoiz. A mí me
encantaría que usted tuviera hoy la bondad y la amabilidad
de facilitarme el dato relativo a cómo está contemplada
Navarra en el Plan nacional de regadíos, que en este
momento se está proyectando y seguramente tendrá sus
problemas.
Yo le digo esto porque el día 25 de septiembre el Consejo
de Ministros aprobó el convenio para la construcción
del canal de Navarra, que es una obra importantísima
-82.000 millones de pesetas-, que se va a hacer a lo
largo -creo recordar- de 15 años. Por lo tanto, estamos
hablando de que ya está previsto empezar la construcción
del canal de Navarra en el plazo de nueve meses, aunque
todavía no hay proyecto de declaración de impacto ambiental.
No sé cómo van a poder empezar una obra que todavía
carece de ese documento, imprescindible por otra parte.
Probablemente sé que me va a contestar que lo están
haciendo, pero, de todas maneras, el carro siempre va
delante de los bueyes, es decir, primero, se aprueba el convenio
para la construcción del canal, se fija el plazo de iniciación
de la obra, pero todavía no hay declaración de
impacto ambiental.
Es muy posible que pueda pensar que como fuerza política
de la oposición yo le digo estas cosas porque me gusta
decirlas. Pues no. Le voy a leer un acta del Parlamento de
Navarra, donde el presidente del Gobierno de Navarra dice
textualmente que él no va a firmar el convenio de construcción
del canal de Navarra mientras el Tribunal Constitucional
no decida si se puede llenar o no se puede llenar el vaso.
Ya no son palabras mías -también le puedo facilitar este
documento-. El presidente del Gobierno de Navarra, en
la sesión de 21 de mayo, dice que él no va a firmar ningún
convenio, porque, claro, eso supondría presionar a la justicia
y él no quiere que le tachen de que está presionando a la
justicia. A mí me parece que el presidente del Gobierno de
Navarra en ese momento estaba en lo cierto, es decir, que
estaba en una posición totalmente correcta: vamos a esperar
a que el Tribunal Constitucional delimite y decida qué
se va a hacer con este asunto y después firmaremos el convenio
que ya estaba acordado entre el Gobierno de Navarra
y el Gobierno del Estado. Lógicamente ha habido un cambio
de parecer. Por eso le decía que el 25 de septiembre se
ha firmado ya el convenio de construcción del canal de
Navarra sin que se haya producido la decisión del Tribunal
Constitucional, que todavía no ha dicho nada al respecto.
Por eso le digo -si quiere le facilito este documento también-
que son palabras del Gobierno de Navarra recogidas
en un acta del propio Parlamento, las cuales hago mías,
porque coincido plenamente con lo dicho por el presidente,
don Miguel Sanz Sesma.
Como conclusión no me queda más remedio que decir
que en Navarra tenemos un embalse construido que no se
puede llenar en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional
y, dependiendo de la decisión de éste, se llenará o
no; que contamos con declaración de interés general y
financiación del canal de Navarra, pero no tenemos proyecto
de impacto ambiental y, por lo tanto, no se pueden
iniciar las obras, a pesar de que ya está fijado el plazo para
su comienzo; que los agricultores navarros desconocen qué
utilidad futura pueden tener las aguas de Itoiz, porque tampoco
conocemos la superficie ni los lugares que va a fijar el
futuro Plan de regadíos. Por tanto, todo el proyecto de Itoiz
ha sido un disparate desde su inicio y hoy siguen cometiendo
ustedes las mismas torpezas. Nosotros entendemos que
ustedes vuelven a coger el rábano por las hojas y que solamente
confían en acertar en esta difícil lotería. Si les toca y
ganan, han salido bien parados, pero si no les toca, los ciudadanos
somos los que vamos a tener que pagar y los que
vamos a tener las dificultades, entre ellos, los ciudadanos
navarros y los agricultores, que ya piensan que el agua la
tienen al día siguiente allí.
Desde Izquierda Unida les vamos a pedir dos cosas:
transparencia y rigor. Estos son proyectos con obras y con
inversiones muy fuertes, con los que ciertos sectores de la
sociedad se sienten identificados, y lo que no se puede es
estar continuamente transmitiendo estas alegrías respecto a
que se puede hacer, mientras los tribunales de Justicia van
decidiendo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que
deseen intervenir? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la
palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Quiero saludar también al secretario de Estado de Aguas y
Costas en nombre del Grupo Parlamentario Vasco al inicio
de mi intervención. Yo estoy seguro que el señor Blanco se
ha leído estas sentencias judiciales, no me cabe la menor
duda; lo que no sé -y es lo que quisiera preguntar al inicio-
es si ha tenido oportunidad de analizar todo el expediente
de Itoiz, porque, ciertamente, tiene que ser una epopeya
entrar en ese expediente.
Desde el seguimiento de este tema que hemos realizado
el Grupo Parlamentario Vasco hemos constatado que sistemáticamente
las instituciones democráticas han sido contradichas
-señor presidente, en castellano normativo y en
todos los dialectos españoles- por la justicia.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor diputado,
querrá decir lenguas españolas, porque las lenguas que se
conocen en España no son dialectos, ni el catalán ni el euskera.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Si quiere entramos en ese debate, señor presidente. Uno
tiene la gran ventaja de ser lingüísta y está dispuesto a
desautorizarlo académicamente. (Risas.)
Las instituciones democráticas, señor Blanco, han sido
sistemáticamente contradichas por la justicia a lo largo de
todo este expediente. Yo creo que haríamos bien en analizar,
haciendo una lectura crítica, los comportamientos institucionales
en relación a Itoiz.
El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri,
me veo en la obligación de interrumpirle. Señor Fernández
Sánchez, le recuerdo que no se puede fumar. Ya sé que
involuntariamente algunos de ustedes fuman, pero este presidente
en el fondo protege su salud.
Prosiga señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Siento contradecirle otra vez, señor presidente. Si somos
mayoría, ¿por qué no podemos fumar? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Porque este es un hecho que
se tomó en su día, precisamente cuando usted no estaba
presente. En todo caso, aunque su voto está claro que
hubiera sido contrario, no hubiera tenido la mayoría.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Tengo dudas razonables, porque veo a la señora Martínez,
a la señora De Lara, observo las caras y me consta que el
señor Blanco es un empedernido fumador. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri,
puede continuar.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA:
Abogaba, señor secretario de Estado de Aguas y Costas,
por una lectura crítica -creo que haríamos un bien a las
instituciones democráticas- desde las propias instituciones,
con la legitimidad que tienen las mismas, admitiendo
que un proceso como el de Itoiz quizá se estudie dentro de
unos años como uno de los procesos atípicos, por cómo las
instituciones democráticas han ido avanzando en una línea
y las instituciones judiciales han ido poniendo las cosas en
su sitio y, paralelamente, las primeras han ido reacomodando
sus posiciones para que esas instituciones judiciales
pudieran tener nuevos datos sobre los que reorientar sus
sentencias. Yo creo que desde la lectura de las sentencias
judiciales y del expediente del pantano de Itoiz uno pierde
la fe democrática y piensa que ojalá no tenga líos en ese
sentido y no le toquen terrenos por ahí ni no tenga posiciones
políticas distintas de las sostenidas por la mayoría, porque
el comportamiento difícilmente puede ser calificado de
democrático. Desde el Gobierno popular se hace una lectura
de la herencia recibida en ciertos temas; a nosotros nos
gustaría que también se realizara en relación al pantano de
Itoiz, porque, como digo, si hay un ejemplo emblemático
de cómo no debe tramitarse un procedimiento, el de Itoiz
podría presentarse como el típico expediente a presentar en
las facultades, en las clases de derecho administrativo,
como lo que no hay que hacer. Es verdad que ahora también
existen lecturas contrarias y contradictorias en relación
a esta sentencia, pero admítase que hay gente que está
leyendo la sentencia en el sentido que le decía el señor Fernández.
El Grupo Parlamentario Vasco, entendiendo que estas
obras, sobre todo en relación con el canal de Navarra -se
ha anunciado que va a empezar a construirse-, son fundamentales
para el desarrollo de Navarra e incluso en alguna
ocasión, al ser calificada como obra de interés general en el
Pleno de esta Cámara, colaboró con su voto, sopesando las
distintas posiciones para que, una vez realizada una inversión
tan importante y con la previsión de regadío y de trasvase
de agua que puede haber en Navarra, estas obras
pudieran encontrar el cauce administrativo adecuado, pero
observamos -prácticamete ha pasado un año desde aquella
votación- que aun con el Gobierno popular, en relación
a este tema se sigue con el símil -lo ha usado el señor
Fernández- de poner el caro delante de los bueyes. Nos
empecinamos en esa posición cuando es hora de observar,
y todo agricultor navarro lo sabe desde que tiene uso de
razón, que el carro se pone detrás de los bueyes y que respecto
a eso de a lo hecho, pecho, que es muy navarro, lo
razonable es que se pongan las cosas en su sitio y que, por
lo menos, se realice esa lectura crítica. Sabemos que una
sentencia admite distintas lecturas, pero no puede admitir
lo blanco y lo negro, el cero y el infinito. En ese punto creo
que es importante, además de la transparencia, el rigor y
ese tipo de cosas, hacer una labor pedagógica ante los ciudadanos
y los cargos que les representamos para entender
que estos expedientes deben ubicarse en su sitio. Quizá sea
necesario remitir esto al Consejo de Ministros a los solos
efectos de decir: a ver si de aquí en adelante empieza a
caminar por los cauces habituales, eso que antes se llamaba
convalidación de expedientes. Quizá aquí no se necesite
más que la convalidación mental del expediente. Nosotros,
señor secretario de Estado, se lo agradeceríamos sinceramente.
Muchas gracias, señor presidente, espero no haberle
contradicho.
El señor PRESIDENTE: Después de tantas reiteraciones,
desde luego que no.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, el señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Quiero aprovechar
esta ocasión, por ser muy reciente la aprobación por parte
del Consejo de Ministros del convenio de financiación que
establece la cooperación entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Navarra para el futuro canal de Navarra, y al
hilo de esta comparecencia que ha pedido Izquierda Unida
en relación con la sentencia del Tribunal Supremo, que
impide a priori el llenado total del casi construido y terminado
embalse de Itoiz, para manifestar aquí la postura del
Grupo Parlamentario Socialista de que en este binomio de
obra indivisible que componen Itoiz y el canal no podemos
mantener posiciones de, digamos, demora, posiciones que
no estén claras o que denotan falta de iniciativa por parte
de las administraciones públicas, porque eso determina una
campaña en contra, iniciada ya desde su origen, desde su
propia planificación, cuestión que no se puede obviar en
todo el conjunto de este proyecto en común en beneficio
para Navarra. Por cualquier tema se están planteando por la
vía judicial expedientes que tardan muchísimo en resolverse
y que están impidiendo el avance normal y natural de la
ejecución de estos proyectos en beneficio de Navarra;
beneficios que a lo largo de estos 10 años -han pasado
prácticamente 10 años desde que estas obras comienzan-
han ido ampliándose y ya no sólo se está hablando de beneficio
para regadíos, que era lo que se ponía en cuestión en
un principio, sino que se está hablando ya de beneficios
que van a asegurar el 70 por 100 del abastecimiento de
agua para la población de Navarra, de garantizar la transformación
en regadío de 57.000 hectáreas, de permitir
implantar hasta 650 hectáreas de terreno industrial, de producir
energía eléctrica, de mantener un caudal ecológico,
etcétera. Esta obra fue calificada de estratégica por las fuerzas
democráticas mayoritarias de la Comunidad Autónoma
de Navarra, que han elaborado diversas resoluciones en sus
ámbitos parlamentarios, y hoy es el día en que la mayor
parte de la sociedad de Navarra no sólo sigue con interés el
desarrollo de estas obras, sino que cada vez que se produce
una resolución negativa se siente francamente preocupada
y de nuevo le vuelven a asaltar dudas sobre esta obra, en la
que ya se llevan invertidos muchos miles de millones de
pesetas y en la que se han comprometido otros 90.000 en
los próximos 10 años.
Aprovechando esta comparecencia pedida por Izquierda
Unida, le pregunto qué medidas se van a adoptar para
que el embalse de Itoiz pueda ser llenado a su cota actual y
pueda, de alguna manera, cumplir las funciones para las
que estaba diseñado, porque a nadie se le escapa que una
reducción en la cota de llenado haría inviable la obra del
canal. Si la obra del canal ha sido aprobada hace una semana
por el Consejo de Ministros, ese binomio no puede ser
separado y, por tanto, alguna medida rápida tendrá que
tomar el Gobierno para que el embalse de Itoiz pueda ser
legalizado convenientemente, porque, desde luego, yo
estoy seguro de que no van a parar quienes se opusieron
desde el principio a esta obra y por cualquier circunstancia
están planteando pleito tras pleito, cuando no es por la cantera,
es por la carretera; cuando no es por la carretera, es
por las cepas, y cuando no es por las cepas, es por otra
causa, cuando no causas tan graves como las que se han
producido a lo largo de estos años, muy recientemente, los
dos boicots que ha sufrido esta obra. Por tanto, considero
que cuanto antes se tomen las medidas legislativas y administrativas
que permitan acelerar la legalización total de
esta obra, antes estaremos tranquilos todos los ciudadanos
de Navarra sabiendo que esta obra avanza a pasos normales
y que este proyecto se va a convertir en un plazo breve
en una auténtica realidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, don José Cruz Pérez
Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: En primer lugar, quisiera
darle la bienvenida al secretario de estado de Aguas y
Costas y agradecerle su valiosa información, escueta y
breve pero valiosa porque es realmente clarificadora. Antes
de entrar en el fondo de la cuestión, quisiera que fueran mis
primeras palabras para agradecerle a usted personalmente,
a la ministra, a sus colaboradores y al Gobierno de la
nación que con fecha 18 del mes pasado aprobasen el convenio
de financiación del canal de Navarra, convenio
importante, como usted sabe, y que ha sufrido una serie de
retrasos administrativos. Creemos que, aunque no el final,
porque todavía hay que dar muchos pasos, es un broche
importante para continuar adelante en el pleno desarrollo
de esta obra.
No quisiera pasar por alto -ya lo ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista- la importancia que tiene esta obra
para Navarra: obra vital para el desarrollo y para la modernización
de la Comunidad Foral. Él bien ha dicho que el 70
por ciento de la población navarra va a beber de este embalse.
Yme gustaría decirle a su portavoz que ha hablado antes
que yo y dado que el presidente de la Mancomunidad de
Aguas de Pamplona es de su mismo grupo político, que le
pregunte cómo Pamplona y su cuenca, es decir, la mitad de
la población navarra, a partir de los años 2000-2001 va a
tener problemas de abastecimiento de agua porque las
fuentes convencionales no van a ser suficientes. Es necesario
que Itoiz se construya y que se construya ese canal porque
muchos navarros, el 70 por ciento, van a vivir de estas
importantes obras.
Se ha hablado también de los caudales ecológicos, de la
regulación de los ríos, de evitar avenidas; también de la
importancia que tiene para el desarrollo industrial de Navarra.
Todo aquel que conozca Navarra sabe que de Pamplona
hacia el sur, hacia la cuenta del Ebro, apenas hay agua.
No se pueden instalar industrias porque no tienen agua para
su desarrollo, y la agricultura de secano es evidente que no
tiene futuro; hay que reconvertirla en agricultura de regadío
para ser competitiva, y si a partir del 2006 se van a liberalizar
los mercados después de la ronda de Singapur del
año próximo, es evidente que la agricultura navarra, y también
la española, necesitan un incremento de las superficies
para nuevos regadíos y una modernización del sector agrario.
Y lo mismo se podría decir de la energía hidráulica
-estamos en la Comisión de Medio Ambiente- y en
Itoiz, con las energías limpias que se van a producir, energías
hidroeléctricas, se va a evitar la emisión de 155.000 toneladas
de dióxido de carbono. Creo que es importante esta
obra para el conjunto de los ciudadanos navarros y también
para el conjunto de los ciudadanos de la cuenta del Ebro.
Entrando ya en las intervenciones de los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra, he de mostrar mi
estupor por las afirmaciones vertidas. Decir que no se ha
leído la sentencia del Tribunal Supremo es realizar un brindis
al sol. Yo les invitaría a que se leyesen los informes de
eminentes administrativistas, como puede serlo el profesor
Entrena Cuesta, que ha redactado un informe sobre la sentencia
del Tribunal Supremo -y también de la Audiencia
Nacional- hace una serie de valoraciones. Asimismo, son
importantes las aportaciones que se hacen desde la asesoría
jurídica del Estado y desde la asesoría del Gobierno de
Navarra. Esas aportaciones son clarificadoras para poder
afirmar que la obra de Itoiz, en sus términos actuales, en la
ejecución que se está realizando, es perfectamente legal, y
creo que así lo confirmará el secretario de Estado de Aguas
y Costas. Decir que no se ha leído la sentencia me parece
una afirmación muy temeraria.
Se habla de ocho sentencias judiciales desfavorables.
Yo quiero invocar también las sentencias judiciales favorables,
como pueden ser las del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de los años 1995-1996, que declararon la obra
perfectamente legal; incluso un auto de hace muy pocos
días, del 8 de septiembre de 1998, que, entre otras cuestiones
-extraigo frases-, autoriza al Gobierno de Navarra a
continuar las obras de las variantes de carreteras del embalse
de Itoiz; también viene a decir que desestima lo pedido
por la parte actora en el escrito que se presentó en el año
1998, la coordinadora anti-Itoiz en aquel caso, pero va más
allá, y es muy clarificador, el auto de la Audiencia Nacional,
en el que se viene a decir que la actora en este caso la
coordinadora anti-Itoiz, se empeña en paralizar toda actividad
constructiva cuando está garantizado que hasta que no
recaiga sentencia del Tribunal no se tocara el vaso de
embalse, el terreno coincidente con las bandas de protección,
y, como usted sabe y así se lo ha apuntado el secretario
de Estado de Aguas y Costas, en estos momentos estas
bandas no existen. Ycuando usted hablaba de responsabilidades
políticas, habría que ver quién creó esas bandas de
protección, quién votó...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Lapazarán, les
recordaba antes que este turno de la comparecencia tiene
que aprovecharse para aclarar aquellas cuestiones que el
compareciente, a juicio o a solicitud de un grupo, viene a
aclarar y a exponer ante la Comisión, no para abrir un debate
entre portavoces. No es ese el trámite.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Yo simplemente
estoy haciendo unas lecturas sobre unas afirmaciones. No
trato de reabrir el debate, sino que mi intervención pretende
ser única y exclusivamente explicativa, para que no
pueda quedar la opinión de que estamos ante una obra ilegal,
cuando estamos total y absolutamente ante una obra
legal. Por lo tanto, no se trata de reabrir un debate, sino de
contrastar una afirmación con otra que realizo por mi parte.
En ese auto que les mencionaba se viene a decir al final
que caen por su peso los motivos de la impugnación o no
hay cambio de criterio ni contradicción -dice la Audiencia
Nacional- y por lo tanto desestiman todos los recursos
y autorizan a continuar no solamente las obras de la variante,
sino las obras en general que estaban iniciadas.
En cuanto al Plan nacional de regadíos, como miembro
de una comunidad autónoma y diputado por Navarra -
que tiene un estatuto de autonomía llamado Lorafna; otras
comunidades autónomas tienen otros estatutos de autonomía-
no renuncio a un artículo que viene a reconocer unas
competencias plenas en materia de agricultura y a desarrollar
los regadíos que nuestra Comunidad Foral pueda acometer
-independientemente de un plan nacional que se
pueda diseñar y realiza desde la Administración del Estado-,
desde las propias competencias de la comunidad
autónoma.
En cuanto al convenio, no creo que se pretenda presionar
a la justicia. Nadie pretende presionarla. Es bien cierto
que se ha contradicho muchas veces a la justicia: ha habido
sentencias importantes. La propia Audiencia Nacional ha
sido contradicha por el Tribunal Supremo; de los cuatro
supuestos de la sentencia, impugnaciones o cuestiones suscitadas
para la aprobación administrativa de embalse de
Itoiz, le contradice en tres y solamente deja una; por lo
tanto, creemos que no se pretende presionar a la justicia,
sino que es perfectamente legal.
En cuanto a la transparencia y al rigor ya los anteriores
gestores de Ministerio de Medio Ambiente, en aquel entonces
del Partido Socialista, hicieron lo que pudieron, lo
hicieron de buena fe, empujaron la construcción de este
embalse, igual que lo hizo toda la sociedad navarra para
sacar adelante este importante asunto.
Creo que es un embalse legal, que está apoyado por la
sociedad navarra y mayoritariamente por los agentes económicos
y sociales, por el 76 por ciento de los parlamentarios
del Parlamento Foral. Por lo tanto, es importante que el
Ministerio continúe adelante con la ejecución y que no
tenga miedo, porque va a estar apoyado por el Gobierno de
Navarra y por la sociedad navarra. En ese sentido, deseo
agradecerle y reconocerle todo lo que están haciendo por
esta obra, como he dicho, tan importante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario
de Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Señorías, como jurista
que soy, tengo la tentación en estos momentos de entrar en
el apasionante pleito de Itoiz, porque desde el punto de
vista procesal daría para escribir una tesis doctoral, pero,
evidentemente, no estoy aquí en mi condición de jurista,
sino para dar la visión del Ministerio de Medio Ambiente
sobre el tema.
¿Cuál es la situación judicial -ya sé que el derecho no
es ciencia exacta y cualquiera puede opinar lo que quiera-,
a juicio de los servicios jurídicos del Estado -que comparto
absolutamente, no sólo por adhesión a ellos, sino por
convencimiento intelectual-, de los resultados de los distintos
pleitos que ha habido respecto a Itoiz? La situación
es la siguiente. Los temas fundamentales que había apreciado
la Audiencia Nacional en su originaria sentencia del
año 1995, si no recuerdo mal, que fueron los que llevaron,
hasta que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la
sentencia a que popularmente, desde los opositores al proyecto,
se hablase de un embalse ilegal, han sido todos contradichos
expresamente uno a uno y considerados como no
fundados en derecho por el Tribunal Supremo. La argumentación
básica de los opositores a Itoiz, admitida en
parte por la Audiencia Nacional en la sentencia de 1995,
que ha sido casada por el Tribunal Supremo en 1997, era,
primero, que no estaba bien hecha la declaración de interés
general por inexistencia del Plan hidrológico nacional. El
Tribunal Supremo ha rechazado ese argumento, ha reconocido
que la declaración de interés general hecha por norma
con rango de ley era suficiente en el marco jurídico que
tenemos. Luego se decía que no tenía evaluación de impacto
ambiental porque era imprescindible conforme a la normativa
comunitaria, que se hubiese hecho una evaluación
conjunta del canal de Navarra y de la presa de Itoiz. El Tribunal
Supremo se pronuncia expresamente diciendo que
no. Conforme a la legislación comunitaria y a la española,
puede haber una evaluación de impacto ambiental separada
y, además, digo que el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que ha dictado una sentencia sobre este tema, al
que luego me referiré, también rechaza este motivo de
impugnación y afirma que son válidos en nuestro ordenamiento
jurídico las declaraciones de impacto ambiental del
proyecto de la presa, por un lado, y del proyecto del canal,
por otro, de forma separada.
Se daban varios argumentos también por parte de los
recurrentes sobre ilegalidades en el procedimiento administrativo.
El Tribunal Supremo los ha rechazado todos,
uno a uno, y, en ese sentido, lo que ha hecho en su sentencia
de 1997 es casar, esto es, anular, para los que no sean
juristas, la sentencia de la Audiencia Nacional en todos sus
puntos menos en uno, en el que se refiere, y el fallo se pronuncia
en este sentido, a que no puede afectar el proyecto
de Itoiz a las famosas bandas de protección de las reservas.
¿Qué sucede cuando aparece esta sentencia del Supremo, y
yo creo incluso que antes, pero no voy a discutir con el
Supremo ahora, que pienso que en este punto hace una
interpretación incluso discutible? Que el proyecto, tal y
como está ahora, no afecta a ninguna de las bandas de protección
que existen actualmente. Por lo tanto, en este caso,
en aplicación de la sentencia del Supremo, es razonable
entender, y así lo ha entendido la propia Audiencia Nacional,
y ahora me referirá a ello, que en este momento no concurre
ninguna causa de ilegalidad del proyecto del embalse
de Itoiz.
La Audiencia Nacional, cuando ha recibido la sentencia
del Tribunal Supremo, ha prorrogado, cosa a mi juicio muy
discutible y que el Estado ha recurrido ante el Tribunal
Supremo, el incidente de medidas provisionales que tenía
abierto antes de que surgiese la sentencia del Tribunal
Supremo, y en el seno de ese incidente ha planteado una
cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.
¿En qué se basa la cuestión de constitucionalidad? Se basa,
precisamente, en que, con la sentencia del Supremo y la
vigente Ley foral navarra, ya se puede hacer el embalse,
entendiendo la Audiencia Nacional que de esa manera no
es aplicable lo que ella dijo en el año 1995, es decir, está
reconociendo expresamente, al plantear la cuestión de
constitucioinalidad, la interpretación que acabo de hacer
ante SS. SS. de lo que significa la sentencia del Supremo.
Se planteó una cuestión de constitucionalidad que fue
ya rechazada mediante auto por el Tribunal Constitucional
por defectos de forma y se ha vuelto a plantear una segunda.
Yo no puedo prejuzgar lo que va a decir el Tribunal
Constitucional, pero sí puedo decirles que los argumentos
en los que la Audiencia Nacional basa la cuestión de
constitucionalidad
a mí personalmente, no tengo ningún reparo
en decirlo en público, me parecen muy poquito consistentes.
Por tanto, desde un punto de vista subjetivo, como responsable
de una inversión pública, no veo ahí motivos suficientes
para paralizar una gran inversión pública, con el
coste que eso supone, porque tenga alguna duda razonable
de que el Tribunal Constitucional pueda fallar en contra de
las posturas que está defendiendo el Estado; más bien me
parece que un juicio prudencial, político y jurídico es que
la situación es perfectamente legal en este momento y que
no hay ningún miedo de que la obra pueda ser calificada de
alegal o de ilegal.
La única sentencia negativa que ha habido hasta ahora
-no comparto el critero de las ocho a que ha hecho referencia
antes Izquierda Unida- ha sido esta sentencia de la
Audiencia Nacional, que, repito, ha sido anulada y casada
por el Tribunal Supremo. Y hay otra segunda sentencia, y
con esto se agota el cúmulo de sentencias negativas al canal
de Navarra, que es del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, pero que no es frente al acta de aprobación del proyecto
de Itoiz, sino frente al acto de aprobación de la declaración
de impacto ambiental del proyecto de Itoiz. Esta
sentencia da también la razón, frente a los argumentos de la
coordinadora antiItoiz recurrente, a los argumentos del
Estado en cuanto a legalidad de la aprobación del proyecto,
correcta declaración de interés general en el marco de la
Ley de Aguas y aunque no haya Plan Hidrológico nacional
y correcta ejecución de la declaración de impacto ambiental
separada de Itoiz y del canal de Navarra, pero aprecia
un motivo de nulidad y es que se hizo fuera de plazo, en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el trámite
de consulta por el órgano ambiental al entonces Iryda,
siendo por ese motivo formal en el procedimiento que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la
declaración de impacto ambiental. Esta sentencia no es
firme, porque la hemos recurrido al Tribunal Constitucional,
pero, además de no ser firme, en procedimiento de ejecución
de la misma, la coordinadora recurrente ha pedido
al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acuerde la
suspensión de las obras y por auto dictado este mismo año
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que no
hay que suspender las obras expresamente, lo mismo que
ha dicho la audiencia Nacional en los trámites de ejecución
de la sentencia del Tribunal Supremo.
Por lo tanto, siendo como es un proceso judicial que
todavía no ha acabado del todo pero sus vías fundamentales,
ya han concluido en sentencia, yo creo que se puede
decir tranquilamente que la presa de Itoiz no necesita ser
legalizada porque es perfectamente legal. En este momento,
la única duda jurídica que hay es la planteada por la
Audiencia Nacional sobre la posible inconstitucionalidad
de la ley aprobada por el Parlamento Foral de Navarra, con
argumentos más de oportunidad que de análisis de
inconstitucionalidad,
que creo que no va a prosperar, y digo creo,
porque es una opinión, evidentemente. Esa sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que decide anular
la evaluación de impacto ambiental por realizar uno de los
miles de trámites intermedios del expediente administrativo
fuera de plazo ha sido recurrida porque, conforme la
habitual jurisprudencia del Tribunal Supremo, los defectos
de procedimiento sólo dan lugar a la nulidad de un acto
administrativo cuando son esenciales o cuando producen
indefensión y, sinceramente el que la consulta al Iryda -y
fue hecho por los gobiernos anteriores a la declaración de
impacto ambiental, sólo estoy defendiendo mi gestión personal-
se haya hecho en una fase equivocada del procedimiento,
no parece un motivo tan esencial, máxime cuando
luego el informe del Iryda no es negativo para la presa de
Itoiz, porque se llegó a realizar, aunque fuera de plazo, y se
incorporó al expediente. No parece que sea un defecto de
procedimiento de tal consistencia como para que el Tribunal
Supremo ratifique la nulidad de la declaración de
impacto ambiental. De todos modos, vamos a esperar a la
sentencia del Supremo.
Hecho este análisis jurídico, que se basa en que sí me
he leído las sentencias que hay al respecto, yo concluiría
esta primera parte de mi intervención diciendo que en estos
momentos Itoiz es, como lo ha sido siempre, una obra
legal. Todos los motivos que presuntamente se han utilizado
ante los tribunales y ante los medios de comunicación
para calificarla durante años como de ilegal han sido considerados
irrelevantes por parte del Tribunal Supremo. Hay
pendientes dos grandes procedimientos: la cuestión de
constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el
recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la
Administración, como ha hecho en todo este largo proceso
judicial, espera con toda lealtad las decisiones de los tribunales.
Hasta ahora nos han ido dando la razón, menos esta
sentencia sobre la declaración de impacto ambiental. Mientras
no nos digan lo contrario, hay que admitir la presunción
de validez de los actos administrativos, que, además,
en este caso se basan en una voluntad política de los órganos
democráticos, como ha dicho el representante del
Grupo Vasco reiteradas veces. Yo creo que no sería planteable,
porque paralizaría al Estado, que, cada vez que hay
recursos preventivamente y por si los tribunales al final no
dan la razón a la Administración del Estado, se paralizan la
actuación administrativa. En ese caso, estaríamos dando
derecho a toda persona que sepa plantear una demanda a
paralizar la actividad de la Administración. Al revés, yo
diría que la vida procesa y jurídica de la presa de Itoiz debe
llevar a convencernos de que ésta va a ser la vida normal
de las grandes infraestructuras hidráulicas por lo menos. Ya
sabemos que el Estado tiene que hacer bien las cosas porque
va a haber querellas contra todo ingeniero que firme un
proyecto o alto cargo que lo avale, que va a haber recursos
en vía contencioso-administrativa y que va a haber denuncias
a la Comunidad Europea. Lo sabemos y eso nos crea
la obligación suplementaria de hacer las cosas bien o por lo
menos intentarlo, de fundar y objetivar nuestras decisiones.
Ahora, convencidos de que es así, cuando hay una voluntad
política de hacer algo y, además se intenta hacer razonablemente
como dice la ley, lo que no podemos hacer es
paralizar al Estado por los recursos ante los tribunales, y si
luego un tribunal dice que lo hemos hecho mal, habrá que
reconocer que tienen razón los tribunales al final y exigir
responsabilidades. ¿Por qué no exigimos responsabilidades
a nadie en este momento? Porque no consta dicho por ningún
tribunal que en todo este largo procedimiento alguna
autoridad o funcionario haya hecho algo mal; al revés, tal y
como van pronunciándose los tribunales, parece que tan
mal no se ha hecho, sino que las cosas en general se han
acomodado a derecho.
Yo creo que con esto contesto a la parte más jurídica de
la intervención del representante de Izquierda Unida. Hay
una parte más política que se refiere al canal de Navarra,
que no sabía que era objeto de la comparecencia, pero no
vamos a dejar de entrar en ello dado que se ha planteado.
Siempre antes de lanzar una obra hay varias cosas que
hacer: hay que tener un proyecto; en su caso, hay que convenir
la financiación y hay que hacer la declaración de
impacto ambiental. Mi corta experiencia de estos dos años
al frente de esta Secretaría de Estado es que hagamos el trámite
que primero hagamos, siempre se nos critica que nos
hemos equivocado. Si el proyecto sale a información pública
sin el estudio de impacto ambiental, se nos dice que por
qué; si hacemos el estudio de impacto ambiental sin haber
acabado el proyecto, se nos dice que por qué; si resolvemos
la financiación antes de tener la declaración de impacto
ambiental, como es este caso, se no dice que es absurdo; si
lo hacemos al revés, se dice que para qué hacemos la declaración
de impacto ambiental si no sabemos con qué pagar
la obra. Yo comprendo que todo es discutible. Lo que
importa es que llegue el momento en que todos los trámites
estén resueltos para que la obra se pueda empezar. Unos,
según las obras, van antes, otros van después. Eso depende
ya de procedimientos, voluntades y capacidades, pero no
me parece que haya nada ni de ilegal ni de torticero en el
orden concreto que se está siguiendo para ir sacando adelante
los sucesivos trámites, llamémoslo así de una manera
general, que exige que al final el canal de Navarra se pueda
realizar.
En cuanto a cómo queda el plan Navarra en el Plan
nacional de regadíos, sinceramente no lo sé porque no hay
un texto final, que yo sepa, del Plan nacional de regadíos,
aunque evidentemente, como ha apuntado antes el Grupo
Parlamentario Popular, las competencias exclusivas de promoción
de regadíos siguen estando en manos de las comunidades
autónomas, diga lo que diga el planificador estatal
en el ámbito de sus competencias.
Por lo que se refiere a la intervención del señor González
de Txabarri, no comparto que haya habido una especie
de tensión entre las instituciones democráticas y los tribunales,
contradiciéndose las unas a los otros, y que además
se haya intentado reaccionar en esa tensión, por decirlo así,
con nuevas leyes o por lo menos que ése haya sido el resultado
material. Repito que, a mi juicio por lo menos, debemos
acostumbrarnos a que la vida de la obra pública
hidráulica, al menos, me parece que es más conflictiva que
otras, va a ser judicializada permanentemente. Eso no es ni
bueno ni malo. Es el ejercicio, por los ciudadanos, de un
derecho a recurrir que tienen. Ahora, sí que es legítimo que
el Estado, cuando se detecta un vicio, pueda corregirlo. Eso
entra dentro de la dinámica ordinaria. En materia fiscal,
todos los ciudadanos que somos contribuyentes lo hemos
pagado reiteradamente. Siempre que se consolida una línea
jurisprudencial del Tribunal Supremo favorable al contribuyentes
hay una ley de presupuestos o de acompañamiento
que modifica el precepto fiscal para que la interpretación
del recaudador sea la ortodoxa. Eso no tiene nada de ilegal.
Puede ser políticamente conveniente, disgustar o no, pero
de ilegal no tiene nada. Sí podría plantear un problema -y
es uno de los argumentos que utiliza la Audiencia Nacional
al plantear la cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional- el argumento siguiente: cuando un
tribunal dicta un fallo en sentido concreto, no se puede
modificar el marco normativo para hacer posible cosas distintas
de las que dice el tribunal, porque eso sería trasladar
a los jueces de la función de aplicar la ley y darles el poder
de congelar el ordenamiento. Ese argumento que se ha
manejado en este contencioso me parece peligroso para las
instituciones democráticas. Por eso, me gustaría resaltarlo
aquí.
En cuanto a la convalidación mental -sé a lo que se
refiere el señor González de Txabarri-, más que hablar de
convalidación, porque creo que aquí todo está bien hecho,
hay que hacer una reflexión mental seria, para ver hasta
qué punto complicamos razonablemente los procedimientos
o lo complican los legisladores -les paso a ustedes, en
este caso, el juicio crítico-, si no es razonable para la finalidad
que se persigue de hacer las cosas bien, con transparencia,
en el control del dinero o si, al revés, al final, entre
unos y otros, estamos creando tantas dificultades que
luego, ante los tribunales, puede anularse todo lo que haga
la Administración. Es una reflexión que me consta que el
señor González de Txabarri ha hecho -conjuntamente la
hemos hecho alguna vez- y que merece la pena hacer con
carácter general.
En cuanto a lo que plantea el representante del Grupo
Socialista, respecto a qué medidas va a adoptar el Gobierno
para que se pueda llenar el proyecto en su cuota actual,
tengo que decirle que seguir lo que está haciendo: defenderse
ante los tribunales de las acusaciones que cree que no
son ajustadas a derecho y continuar la obra mientras un tribunal
no lo prohíba, cosa que no ha hecho hasta ahora.
También ha utilizado usted la expresión de legalizar el
embalse de Itoiz. Reitero que no hay que legalizar nada;
tenemos que seguir defendiéndonos con paciencia ante los
tribunales, porque se está demostrando que eso, hasta
ahora, ha tenido un buen resultado.
Al señor Pérez Lapazarán debo decirle que comparto
sus juicios sobre el carácter vital de esta obra para el desarrollo
de Navarra y comparto, como se ha podido ver, parte
de los análisis jurídicos que ha hecho. Creo que es bueno
constatar la referencia que ha hecho a que en la aplicación
del Tribunal Supremo no se puede obviar el dato, porque es
un dato aunque sea jurídico, de que no existen bandas de
protección. Y en cuanto al agradecimiento que nos ha
imputado porque eso haya salido adelante, sí lo puedo
resolver. Como ha dicho también el señor González de
Txabarri, ha habido un empeño institucional y democrático
en Navarra y en Madrid, que va mucho más allá de este
secretario de Estado, para que estas obras, tanto Itoiz como
el canal de Navarra, salgan adelante.
Yvolviendo al punto de comienzo -y con esto ya concluyo-,
con las sentencias de los tribunales que tenemos
en este momento en la mano, parece que no hay ningún
obstáculo jurídico serio para que esta voluntad democrática
manifestada llegue a transformarse en la práctica en un
Itoiz lleno, con un canal de Navarra funcionando.
El señor PRESIDENTE: Yo quisiera aprovechar la
presencia aquí del secretario de Estado para trasladarles a
todos ustedes, señoras y señores diputados, una invitación
que nos ha hecho desde la Secretaría de Estado a todos los
diputados de esta Comisión para que podamos asistir a la
exposición de costas. Yo le rogaría al señor secretario de
Estado que nos informara brevemente, porque esta será una
propuesta que haremos en la próxima reunión de la Mesa,
para trasladarla a continuación a todos los vocales de la
Comisión y para ponernos de acuerdo en visitar esa interesante
exposición, que estará abierta durante esta semana y
la que viene.
Le ruego, don Benigno Blanco, que nos informe de ella.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS
Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Se trata de una exposición
que pretende, como su nombre indica, exponer cómo
se aplica la Ley de Costas, con ejemplos, fotografías, vídeos,
etcétera, de algunas actuaciones en la costa, y que tiene
como misión concienciar a todos los visitantes de los valores
ecológicos y medioambientales implicados en la costa.
Está abierta en los patios comunes de los Nuevos Ministerios
de la Castellana y creo que merece la pena visitarla.
Trasladé al presidente de la Comisión la invitación para sus
señorías, por si querían verla, y ahora lo hago públicamente
a todos. Estaríamos encantados de recibirles en el Ministerio
a este objeto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Benigno
Blanco.
Vamos interrumpir la sesión por cinco minutos para reanudarla
con la presencia del director general de Obras
Hidráulicas, don Carlos Escartín, que está presente en la
sala.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente,
quiero manifestar formalmente mi protesta porque esa
Presidencia no ha estimado conveniente concederme la
palabra.
Quiero decirle, señor presiente, que mi grupo había solicitado
la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente
y que ha venido el secretario de Estado, que me parece perfecto,
pero lo que no podemos tolerar es que la comparecencia
prácticamente la haga el portavoz del Grupo Popular,
con una intervención en la que ha habido alusiones
directas y en la que se ha referido a posiciones políticas de
nuestro grupo fuera de esta Cámara. A mí me parece que
no es aceptable que usted, señor presidente, no permita a
este diputado que se exprese con libertad, teniendo en
cuenta que ha habido unas alusiones totalmente directas.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez,
quiero recordarle varias cosas: en primer lugar, que esta
comparecencia fue acordada por la Mesa, en la que están
representados todos los grupos. No sé si aquel día asistió el
suyo. En ese acuerdo se decidió que el secretario de Estado
de Aguas y Costas sustituyera a la ministra en esa comparecencia
sobre un tema tan de su competencia y tan específico
como el que nos ocupa.
En segundo lugar, señor Fernández Sánchez, a mí no
me parece justo que diga que no ha tenido el peso de la
comparecencia y que no se haya expresado con absoluta
libertad; con toda la que ha querido. El resto de los grupos
también ha hecho uso de un turno de fijación de posición
con respecto a la comparecencia, que está establecido en el
Reglamento.
Por último, quiero recordarle, señor diputado, que en el
artículo 72 del Reglamento se contempla que es potestativo
de la Presidencia conceder o no un segundo turno. Vamos
muy mal de tiempo, varias señorías me han trasladado su
queja de que no van a llegar a tiempo a sus lugares habituales
de procedencia y esta Presidencia entiende que todos
los grupos parlamentarios han podido expresar libremente
su opinión. Y quiero recordarle también que cuando algún
grupo político ha entrado en debate, esta Presidencia le ha
llamado la atención. Por lo tanto, señor diputado, esta Presidencia
mantiene su decisión y vamos a interrumpir la
sesión por cinco minutos. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CALIDAD
DE LAS AGUAS (ESCARTÍN HERNÁNDEZ) PARA
INFORMAR SOBRE:
- EL INFORME E INFORME COMPLEMENTARIO
EMITIDOS POR LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL NORTE, A EFECTOS DE
LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
OURENSE, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN LAS
MÁRGENES DEL RÍO MIÑO EN OURENSE. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 212/001322.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente
comparecencia.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA:
Señor presidente, por tener que llegar desde Madrid a
Ourense, vía Vigo, tanto la portavoz socialista como este
diputado hemos pedido al Grupo Parlamentario Socialista,
a la señora Romero y al portavoz, señor Morlán, y también
a nuestro portavoz, que accedan a que adelantemos el
punto 6 del orden del día a los puntos 4 y 5, y eso es lo que
solicitamos.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene ningún
inconveniente, si los grupos están de acuerdo. Y les
recuerdo que los puntos 4 y 5 son acumulables, porque vienen
a tratar de lo mismo y ambos están formulados por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Lo que sí ruego a las señoras y los señores diputados
presentes y todavía resistentes es que hagan un esfuerzo de
resumen en sus intervenciones, porque, además de las
señorías que tienen que regresar a Ourense, otros señores
diputados han manifestado su deseo de conectar con los
medios de locomoción para regresar a su circunscripción
en el día de hoy.
Tiene la palabra el director general de Obras Hidráulicas,
don Carlos Manuel Escartín Hernández, al que doy la
bienvenida en nombre de la Comisión en esta segunda
comparecencia, para dar cuenta del informe e informe
complementario emitidos por la Confederación Hidrográfica
del Norte, a efectos de la modificación puntual del Plan
general de ordenación urbana de Ourense, para la implantación
de un equipamiento comercial en las márgenes del
río Miño, en Ourense.
Señor director general, yo también le ruego a usted la
máxima brevedad posible.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
(Escartín Hernández): Señorías, voy a ser lo más breve
posible, en aras de la urgencia existente.
En efecto, el alcalde del Ayuntamiento de Ourense presentó,
el 12 de junio del año pasado, un informe sobre el
proyecto de modificación puntual del Plan general de ordenación
urbana de Ourense, para la implantación de un equipamiento
comercial. Atendiendo a dicha solicitud y con
base a lo establecido en el artículo 78 del reglamento del
dominio público hidráulico, la Confederación Hidrográfica
del Norte emitió informe con fecha 19 de junio de 1997.
Resumiendo, este informe, que se realizó sobre la base de
los datos y con las cotas que figuraban en este proyecto que
presentó el Ayuntamiento de Ourense, venía a decir que el
parking del equipamiento comercial se situaba fuera de la
zona inundable. Al año siguiente, con fecha 19 de enero de
1998, precisamente el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso formuló una pregunta parlamentaria en relación
con este informe. Obviamente, tanto en el caso anterior
como después de esta interpelación parlamentaria, se giraron
visitas a la zona. Revisado el asunto se confrontó el origen
de los datos, tanto de este proyecto del ayuntamiento
como los del estudio previo para la definición de cauces,
ribera y márgenes del río Miño entre las presas de Velle y
Castrelo, que realizó la Confederación Hidrográfica del
Norte, y se hizo un nuevo replanteo de campo. Como resultado
de todo ello, se pusieron de manifiesto diferencias cartográficas
entre los dos proyectos. Traspasando el origen
de cotas que figuraba en el proyecto del ayuntamiento al
origen real que tenían sobre bases cartográficas fundadas
en el estudio de la Confederación, se elaboró el informe
complementario por el cual únicamente el parking del equipamiento
comercial estaría en zona inundable, salvo que se
ejecuten las infraestructuras necesarias para evitar tal
eventualidad.
Esto se hizo constar en este informe con fecha 19
de marzo, sin que dicho informe, por supuesto, prejuzgue
la viabilidad de la construcción del equipamiento comercial.
Básicamente, estos son los hechos y el contenido de los
dos informes.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista,
solicitante de la comparecencia, tiene la palabra su
portavoz, la señora Novoa.
La señora NOVOACARCACIA: Señor director general,
entiendo que su papel esta tarde en esta Comisión no es
fácil, pero he de decirle que las explicaciones que usted me
ha dado no me satisfacen. En parte coinciden, efectivamente,
con la respuesta a una pregunta escrita formulada por
esta diputada, pero no me satisfacen porque no es una cuestión
baladí que dos informes del mismo organismo sobre
un mismo tema sean contradictorios. Tampoco lo es las
contradicciones entre dos informes de organismos distintos
sobre una misma cuestión y sobre una cuestión tan trascendental
como es si un terreno es inundable o no por las avenidas
de un río. Sin embargo, todavía es más grave, a mi
juicio, la forma en que se produce.
Permítanme, señorías, señor presidente, que haga una
cierta historia sobre este tema. El señor director general ha
hecho algunas referencias que me parecen insuficientes. El
18 de febrero de 1997 el alcalde de Ourense y la compañía
mercantil Unión Comercial de Ourense, S. A. -a la que
me referiré a lo largo de esta intervención como Ucosa-
firmaron un convenio urbanístico al objeto de que la referida
compañía pudiera construir un centro comercial en una
superficie de 13.000 metros cuadrados situada en la margen
izquierda del río Miño, entre los puentes nuevo y romano.
No obstante, dado que dicho suelo estaba catalogado
como no urbanizable, para poder proceder a tal construcción
se requería la modificación puntual del Plan general
de ordenación urbana. Entre los informes requeridos por el
Ayuntamiento de Ourense para la tramitación del correspondiente
proyecto de modificación está el de la Confederación
Hidrográfica del Norte, por ser terreno de zona de
policía. En este sentido, efectivamente, el 19 de junio de
1997 la Confederación Hidrográfica del Norte emite un
informe y el 18 de marzo de 1998 emite otro contradictorio
con el anterior y coincidente con el ya emitido por los servicios
técnicos municipales de ingeniería y arquitectura,
emitido el 18 de julio de 1997. ¿Cuál es la diferencia entre
estos informes? Que el primer informe de la Confederación
Hidrográfica del Norte expresa que esta superficie no es
inundable por las avenidas del río, usted lo ha dicho, y el de
los servicios técnicos municipales dice que una parte sí lo
es. El segundo informe de la Confederación Hidrográfica
del Norte emitido nueve meses después del primero, viene
a coincidir con el de los servicios técnicos municipales,
reconociendo que una parte de esa parcela de 13.000
metros cuadrados sí es inundable. ¿Qué ha ocurrido en
estos nuevos meses entre el primer informe de la Confederación
Hidrográfica del Norte y el segunda? ¿Por qué la
Confederación Hidrográfica del Norte emite dos informes
sobre el mismo asunto en un margen de nueve meses?
Usted ya ha indicado que la circunstancia de que esta diputada
formulara una pregunta escrita al Gobierno, en la cual
me interesaba por si consideraba el Gobierno que el informe
emitido por la Confederación Hidrográfica del Norte,
acerca de si la modificación puntual del Plan de Ordenación
Urbana de Ourense para la implantación de un centro
comercial tenía el carácter definitivo así como si el Gobierno
ratificaba este informe, en qué condiciones había sido
realizado el informe por parte de la Confederación Hidrográfica
del Norte, si se habían realizado desplazamientos
de técnicos sobre el terreno, si significaba el referido informe
que el Ministerio de Medio Ambiente certificaba y
acreditaba que en la zona en que la compañía Ucosa pretendía
ubicar el centro comercial no existía riesgo alguno
de inundación. Una batería de preguntas, que no se agotan
en las expresadas en esta Comisión, pusieron la voz de alarma
sobre este tema y entiendo que es el momento en que la
Confederación Hidrográfica del Norte se plantea la formulación
de un nuevo estudio y la emisión de un nuevo informe.
He de decir que el Gobierno ha tardado en responder a
la pregunta formulada por esta diputada exactamente tres
meses y nueve días. Lo curioso, señor director general, es
que de esa respuesta en su día tuvo conocimiento antes el
señor alcalde del Ayuntamiento de Ourense que esta diputada.
El viernes 17 de abril de 1998 el señor alcalde, en sesión
plenaria, hace uso de la respuesta que el Gobierno enviará
a esta diputada once días después. Y permítanme que les
lea alguna noticia de prensa aparecida al respecto. Se pueden
imaginar el impacto que esta diputada recibió cuando
leyó la noticia de prensa. Leo: una forma relajada de finalizar
una sesión deparó alguna sorpresa al PSOE -se refiere
al Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Ourense-, al conocer por boca del alcalde y además textualmente
lo que el Gobierno central piensa responder a las
preguntas de la diputada socialista Pilar Novoa sobre
Ucosa. Otra noticia de periódico recoge entre comillas las
palabras textuales del señor alcalde: conozco la contestación
que dará el Gobierno a la pregunta de su diputada y es
que no presupone la inviabilidad del proyecto. Tome nota,
señor Casares -el señor Casares es el portavoz de mi
grupo-, y le repito la lectura. Comprenderá el señor director
general que el que ocurran estos hechos es muy grave
para nuestra vida democrática, porque indica la consideración
que ustedes dan a las instituciones y a las normas que
las regulan.
Ante esta situación, esta diputada presentó recurso de
amparo ante la Presidencia del Congreso el día 22 de abril,
amparo que se me otorga el día 5 de mayo, acompañándose
ese amparo de carta que el señor presidente del Congreso
dirige al señor director general de Relaciones con las Cortes,
fechada el 23 de abril. Cinco meses después no he recibido
explicación alguna al respecto, explicación que solicito
del señor director general en este trámite parlamentario.
¿Cómo es posible que el alcalde de Ourense tuviera conocimiento
de la respuesta a una pregunta parlamentaria antes
que la propia parlamentaria formulante de la pregunta? Tal
y como decía antes, señor director general, considero grave
para la vida democrática estas filtraciones y me parece
mucho más grave que el organismo de cuenca emita un
informe con base en un estudio sin un desplazamiento «in
situ». Usted afirma que se produjeron desplazamientos
para la elaboración del primer informe: no consta en el
informe. En ese informe sólo se hace referencia a que se
toman criterios para elaborarlo de un estudio con que cuenta
la Confederación Hidrográfica. Por eso digo que no se
han producido desplazamientos y que se dan por ciertas a
priori cotas indicadas por el ayuntamiento. Cuando esta
diputada formula la pregunta parlamentaria se hace el
segundo informe y se ven en la obligación de autocorregirse.
Señor director general, si el tema fuese de otra naturaleza,
calificaría esta actuación de frívola; como tiene que ver
con riesgos muy graves -no están tan lejanas en el tiempo
las catástrofes de Biescas y Badajoz-, tengo que calificar
este modo de proceder como mínimo de inmoral.
Sigo con las diferencias entre los informes anteriormente
citados. ¿Cuál es la otra diferencia fundamental entre los
informes de la Confederación Hidrográfica del Norte y el
de los técnicos municipales? Los técnicos municipales emiten
un informe con base en los datos técnicos y concluyen
que consideran inadecuada la ubicación del centro comercial.
Sin embargo, el organismo de cuenca simplemente
informa, sin concluir nada. Estamos ante una zona de policía,
señor director general, y, tal como establece el Real
Decreto 849/1986, por el que se aprueba el reglamento de
dominio público hidráulico, cualquier tipo de construcción
requiere la autorización previa del organismo de cuenca.
La construcción de este centro comercial exigiría la autorización
previa de la Confederación Hidrográfica del Norte;
sin embargo, se ha limitado a informar inhibiéndose de sus
responsabilidades. Por otra parte, en la tramitación en esta
Cámara de la Ley 6/1998, sobre régimen de suelo y valoraciones,
tramitación que coincidió con la terrible inundación
de Badajoz, se incorporó una enmienda para que tuvieran
condición de suelo no urbanizable los terrenos en los que
concurra la circunstancia de riesgos naturales acreditados
en el planteamiento sectorial o en función de sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección de dominio
público.
Señor director general, el río Miño es una de las riquezas
naturales más importantes que tiene la ciudad de
Ourense, una ciudad que no vive de espaldas al río, sino
que el río está integrado en la ciudad. Tanto es así que el
anterior Gobierno municipal tenía un proyecto integral de
recuperación de ambas márgenes en la zona a la que nos
venimos refiriendo, un proyecto muy ambicioso, parte del
cual había sido ejecutado ya a través de un convenio con el
entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
medio Ambiente. Este proyecto se ha paralizado y la alternativa
que nos ofrecen es la que acabo de relatar, aunque
para construirla -se ha producido la modificación puntual
del Plan de ordenación urbana y está pendiente de licencia
de obra- se haya tenido que producir una dejación de
responsabilidades-
y agradézcame el término que utilizo,
señor director general-, repito que se ha producido una
dejación de responsabilidades de distintas administraciones.
Digo de distintas administraciones, porque la Confederación
Hidrográfica no ha sido la única. A las demás no
las cito por no ser competencia de esta Comisión.
Esta diputada, que está a favor de que se construya la
gran área comercial, está segura de que la ciudad de Ourense
tiene espacios sobrados, más adecuados y con muchos
menos riesgos.
Permítanme que termine mi intervención con la lectura
de unas declaraciones de la señora ministra de Medio
Ambiente. El titular es: El nuevo mapa de los riesgos
ambientales, en marcha. (Esto coincide con una de las
catástrofes producidas, en concreto con la de Aznalcóllar).
Prosigo la lectura: se comprometió ayer a impulsar la elaboración
de un mapa de riesgos ambientales para prevenir
inundaciones u otros desastres naturales. Sigue la noticia,
leo más adelante: ...y a continuación pedir la cooperación
de las administraciones locales y autonómicas, con competencia
en la ordenación del territorio, para que eviten la edificación
en zonas potencialmente peligrosas y para buscar
soluciones a construcciones ya existentes. Yo creo que esto
es concluyente, señor director general.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, don Ángel Mario
Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA:
Muy brevemente.
Esta comparecencia es muy atractiva para mí, porque,
hace ya bastantes años, fui el ingeniero de los saltos del río
Miño, de Velle, Castrelo y Frieira; desde la confluencia del
Miño-Sil, hasta donde el Miño se hace internacional. Entre
los saltos de Castrelo y de Velle están precisamente la ciudad
de Orense y el posible emplazamiento previsto de
Ucosa.
El salto de Velle tiene la cota máximo 108,4 metros. El
salto de Castrelo tiene la 88. Como digo, entre Velle y Castrelo
está Ourense. Además, en su día hice el proyecto de
encauzamiento, saneamiento y defensa de las márgenes del
Miño en ese entorno, precisamente en la travesía de Ourense,
que en una primera fase se ha llevado a cabo y esperemos
que tenga continuidad próximamente. Como anécdota,
diré que cuando el salto de Velle se definió cota de
máximo embalse 108,4 tuvimos que referirnos en la topografía
-para definir la cota de máximo embalse y definir
la coronación de la presa- al Instituto Geográfico Catastral.
En Ourense hay dos: una sobre el puente romano y
otra en un escalón de la Diputación Provincial. Al cerrar
los topógrafos la topografía, había una diferencia de 20
centímetros entre las dos, y nos encontramos con que esa
diferencia era debida a que el escalón de la Diputación de
Ourense se había modificado y habían pasado el clavo a un
escalón inmediatamente superior o inferior y había la diferencia
de ese escalón. Por tanto, diferencias en cuanto al
plano de comparación las tuvo el Ayuntamiento de Ourense
con la Confederación Hidrográfica y las tendrán seguramente
con el plano de comparación del Instituto Geográfico.
Aquellos hechos eran del año 1962.
La tramitación del proyecto, desde la modificación del
Plan general de ordenación urbana, ha sido rigurosamente
correcta por parte del Ayuntamiento de Ourense. Primero,
pidió a todos los organismos que tenían competencias en la
materia, y citaré dos sin salir del Ministerio de Fomento y
de Medio Ambiente: Carreteras y Confederación Hidrográfica,
Comisaría de Aguas, los oportunos informes, como lo
requiere la legislación. Una vez recibidos esos informes, al
tener lugar la aprobación provisional por el Pleno del ayuntamiento
de la modificación del Plan general de ordenación
urbana de Ourense, que afectaba a esa zona, al contrastar
con los datos de los técnicos municipales, se vio la diferencia
del plano de comparación. Eso, única y exclusivamente
eso, motivó la revisión del informe de Confederación
Hidrográfica para establecer cuál era la cota cero del plano
del ayuntamiento -de los técnicos municipales- y cuál
era la cota 100 o la 104. Tenía que ser el mismo plano 104
para los dos estudios. Eso fue lo que motivó, repito que
única y exclusivamente, que hubiera un segundo informe
complementario, que hiciera acordes los dos planos de
comparación.
¿Qué dice ese segundo informe, que por cierto fue aprobado
definitivamente el 26 de febrero por el ayuntamiento,
no sólo por el grupo mayoritario, sino también con los
votos favorables del Bloque Nacionalista Gallego? Curiosamente
también fue aprobado con estos votos. El plano de
comparación establece una cuota máxima de riada para
8.546 metros cúbicos por segundo; por cierto, la presa de
Velle tiene cota caudal de máximo embalse 8.000 metros
cúbicos por segundo y está inmediatamente aguas arriba.
El informe de la Confederación no cuestiona en absoluto el
proyecto. No hay riesgo para la inundabilidad de la zona.
Hay posibilidad de inundación, en una riada de quinientos
años, de una zona de aparcamiento. Y las medidas concretas
para mejorar el proyecto del equipamiento comercial
para la protección de los bienes allí ubicados son medidas
urbanísticas responsabilidad del ayuntamiento. El 17 de
abril de 1998, con constancia encomiable, el Grupo Socialista
en el Ayuntamiento de Orense planteó una moción,
que nuevamente fue rechazada, y en este momento sigue
una tramitación que continúa siendo correcta, con independencia
de esa realidad que ha motivado los dos informes, el
primero y el corregido, por corrección del plano de comparación,
insisto, de la Confederación Hidrográfica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
director general, don Carlos Escartín.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
(Escartín Hernández): Me gustaría añadir a la explicación
que ya ha hecho el representante del Grupo Popular en primer
lugar que, cuando emitió su informe la Confederación
Hidrográfica del Norte sobre un proyecto, que viene firmado
por el técnico competente, no se le pasó ni siquiera por
la imaginación que la cota de referencia sea distinta de la
que todo el mundo toma habitualmente. Sobre esa base y
sobre visitas al terreno que se hicieron, en el primer informe,
se apreció -en el supuesto de que hubiera estado en la
zona inundable, que luego se comprobó tras apreciar el
error en el plano de comparación- que esa afección de la
zona de inundación no llega al 2 por 100 del total de la sección
de desagüe. Lo que debe defender la Confederación
Hidrográfica del Norte es la libre capacidad de desagüe de
los cauces. Que se permitan o no actuaciones urbanísticas
en zona de inundación, en zona inundable, es decir, en la
zona que hipotéticamente cubriría la avenida del período
de retorno de 500 años, es competencia exclusiva de la
ordenación del territorio. El descubrimiento, por así decirlo,
de esa diferencia lo hizo S.S., pero en ningún momento
la actuación de la Confederación fue ni baladí, ni inmoral
ni se inhibió. No lo hizo porque desde el primer momento,
cuando se visitó la zona y se vio dónde iba a estar ubicado
ese centro comercial, se apreció que la zona inundable no
iba a ser cubierta en la sección concreta en la que se ubicaba
el centro más allá del 2 por 100 de toda la sección, por
lo cual en el informe de la Confederación se dice que es
perfectamente obviable esa posible inundación a través de
una infraestructura que en su caso se pueda construir.
Lamento profundamente que el Alcalde de Ourense
tuviera conocimiento antes de la respuesta a la pregunta
parlamentaria. Lo que le puedo decir es que por parte de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas la tramitación de las preguntas es escrupulosa y que
se da conocimiento del contenido de las mismas nada más
que a la Secretaría de Estado, que a su vez la tramita como
corresponda. Que haya tenido el alcalde conocimiento, a
mí se me escapa y, por parte del personal que está a mi
cargo, el comportamiento ha estado absoluta y totalmente
dentro de la legalidad. Insisto en que en aplicación de la
propia Ley de Aguas las confederaciones hidrográficas
deben ejercer una protección del dominio público hidráulico
y con esa protección del dominio público hidráulico,
deben proteger el normal desag¸e de los cauces, en avenida
normal y en régimen normal. Lo que debemos hacer nosotros
como administración hidráulica en período de inundación
es aportar información, datos de caudales de período
de retorno de 500 años, para que con este conocimiento sea
la ordenación del territorio quien prohíba o no las edificaciones.
Si nosotros prohibiéramos edificar en la zona inundable
con período de retorno de 500 años, gran parte de la
ciudad de Madrid no estaría edificada; prácticamente toda
Alcira no estaría edificada y muchas de las grandes ciudades
españolas que están construidas en los cauces de los
ríos no estarían edificadas.
- MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS CONFEDERACIONES
HIDROGRÁFICAS DEL SUR YDEL
GUADALQUIVIR CON RESPECTO A LAS
INUNDACIONES DE DICIEMBRE Y CON RESPECTO
A LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA
LEY DEL TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente: 212/001177.)
- MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS CONFEDERACIONES
HIDROGRÁFICAS DEL SUR Y DEL
GUADALQUIVIR, EN RELACIÓN CON LAS
INUNDACIONES DE DICIEMBRE Y RELATIVAS
A LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
CONTENIDAS EN LA LEY DEL TRASVASE
GUADIARO-MAJACEITE. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO. (Número
de expediente: 212/001182.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dos últimos
puntos del orden del día de la sesión de hoy, que se entienden
acumulables, si no ponen ninguna objeción, porque
están repetidos. Fueron presentados por el Grupo Socialista
y se refieren a las medidas adoptadas por las Confederaciones
Hidrográficas del Sur y del Guadalquivir con respecto
a las inundaciones de diciembre y con respecto a las medidas
contenidas en la Ley del Trasvase Guadiaro-Majaceite.
Para explicarlas simultáneamente, tiene la palabra el
director general, don Carlos Escartín.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
(Escartín Hernández): Con relación al trasvase GuadiaroMajaceite,
la Ley 17/1995, de 1 de junio, se promulgó para
dar cobertura a la necesidad de regular un trasvase entre
cuencas, como era esta obra del trasvase Guadiaro-Majaceite,
en la que se daban las características propias definitorias
del concepto trasvase; por transferir caudales entre
ámbitos de distintas cuencas era necesaria la ley. Esta ley
regulaba aspectos de explotación así como de carácter económico-
financiero y, para la entrada en explotación de este
trasvase, estaban establecidas varias obligaciones a cumplir
previamente. La primera de ellas era terminar las obras,
obras que actualmente están en período legal de construcción,
pues el plazo vigente para su finalización es el 31 de
marzo del año que viene, por lo que todavía quedan algunas
obras por ejecutar. Además de eso, la ley prescribe un
desarrollo normativo, de manera que el Gobierno dice que
tiene que regular una serie de cuestiones como la creación
de una comisión de explotación, cuyas funciones vienen
determinadas en la propia ley. Además, regula y fija el régimen
financiero que tiene que seguir la explotación de este
canal, incluso establece el canon que habría de pagar a la
cuenca cedente. Todo ello obliga a la promulgación de una
normativa a la que luego me referiré. Finalmente, la ley
también establece otra obligación y es que, antes de la finalización
del segundo año a partir de que se inicien las obras,
el sistema de abastecimiento de la zona gaditana beneficiada
de las obras debe mancomunarse u organizarse en un
ente de gestión autónomo para recibir las obras y para que
la Confederación del Guadalquivir deje de ejercer estas
funciones. La finalización del segundo año a partir del inicio
de las obras se cumplía el 23 de noviembre de 1996.
Todavía esta mancomunidad, que, según parece, está
teniendo ya reuniones de cara a su constitución, no está
constituida, aunque, como digo, los 15 municipios que
actualmente se benefician todavía no han llegado a establecerla.
De cara a la normativa que hay que tener antes de que
estén terminadas las obras del trasvase, entren en explotación
y pueda suministrarse a la mancomunidad, tenemos
ahora mismo dos proyectos de disposiciones que desarrollarán
la ley. Uno de ellos es un real-decreto, que ya está en
tramitación, en informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio,
para que a lo largo de las próximas semanas pueda llevarse
a la aprobación del Gobierno, para la creación de la
comisión de explotación del trasvase Guadiaro-Majaceite y
para establecer sus funciones concretas. Además, está también
en redacción, prácticamente ultimado, el proyecto de
orden ministerial que establecerá el canon de trasvase para
el primer año que entre en funcionamiento el trasvase. En
el caso de las obras el plazo vigente lo establece un complementario,
que actualmente está aprobado y ejecutándose,
y que también hay un proyecto modificado de obras que
está pendiente de convalidación en las próximas semanas.
Todo esto en cuanto a lo que hace referencia a la situación
del trasvase.
Por lo que se refiere a las lluvias de diciembre de 1997
en las cuencas del Guadalquivir y del sur, en el ámbito territorial
de toda la Confederación del Sur, no produjeron deterioros
ni daños de consideración. Lo más significativo fue
la importante crecida del río Guadiaro que tuvo lugar el día
17, alcanzando 5 metros de altura a su paso por San Pablo
o Buceite y San Martín El Tesorillo, en Cádiz. San Martín
El Tesorillo quedó aislado por cortes de carreteras, pero,
desde el punto de vista de la infraestructura hidráulica y del
cauce en sí mismo, no hubo deterioro ni daños en consideración.
Por lo que hace referencia al Guadalquivir, en este río,
por el contrario, las lluvias causaron daños. El día 17 se
presentaron las lluvias más importantes, en algunos puntos
alcanzaron más de 100 milímetros en veinticuatro horas.
De manera que, en ese mes de diciembre, en la cuenca del
Guadalquivir en su conjunto, hubo una precipitación de
188 milímetros cuando la media histórica está en 83 milímetros.
Esto se tradujo también, en cuanto a la aportación
del río, que en diciembre tiene una aportación total de 493
millones de metros cúbicos, en que en ese mes hubo 2.574.
Donde hubo una mayor afección de estas lluvias en el Guadalquivir
fue fundamentalmente en el río Genil a su paso
por Écija, donde la capacidad de desagüe del río está bastante
mermada, alcanzándose una altura de agua de 7,18
metros y poniendo en serios apuros a la población de Écija.
Del mismo modo, debido a lluvias acumuladas, se produjeron
también algunas afecciones en la provincia de Cádiz,
en concreto, en las comunicaciones de los pueblos del
entorno del embalse de Guadalcacín y también hubo daños
en el propio Guadalquivir, fundamentalmente en la zona de
Andújar, en el término de La Ropera.
Desde entonces hasta la fecha se han hecho una serie de
actuaciones, algunas se han terminado y otras están en
curso de ejecución todavía, por un valor total de 1.837
millones de pesetas. En concreto, con presupuesto de la
Dirección General en Cádiz se han hecho obras de emergencia
para establecimiento de comunicaciones en San
José del Valle, que están en ejecución, y la comunicación
entre la margen izquierda y la margen derecha del embalse
de Guadalcacín, respectivamente por importe de 100 y 60
millones de pesetas. En Sevilla se ha resuelto el paso del
ferrocarril de Lebrija, un puente en la zona de Cantillana,
pero fundamentalmente se han hecho actuaciones en Écija,
en concreto una emergencia por 65 millones de pesetas, se
ha subastado un proyecto para llevar a cabo acciones complementarias
al anterior por 67 millones de pesetas y está
en fase de iniciación otra inversión por el parque de maquinaria
de obras públicas adscrito a la Dirección General por
valor de 320 millones de pesetas para, con estas tres actuaciones,
dotar al río Genil a su paso por Écija de una sección
uniforme de 1.000 metros cúbicos por segundo. En Granada
también se han hecho algunas actuaciones en cauces por
valor de 150 millones de pesetas y en Andújar, en concreto,
en los términos de La Ropera y Marmolejo, el parque de
maquinaria va a iniciar también el dragado del Guadalquivir
y del Jándula. Además, la Confederación del Guadalquivir
ha invertido 390 millones de pesetas para reparaciones
varias en zonas regables y en pequeños cauces.
Quiero decir también que ambas confederaciones tienen
el sistema automático de información hidrológica en
perfecto funcionamiento, de manera que ha sido una herramienta
fundamental para, en la medida de lo posible, evitar
daños y que éstos fueran los menos posibles para, teniendo
la información por adelantado, poder laminar con tiempo
la venida.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista,
tiene la palabra su portavoz, doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señor Escartín,
por su comparecencia.
Esta comparecencia fue solicitada en diciembre de 1997
con motivo de las inundaciones, pero ya el Parlamento tuvo
ocasión de criticar la actitud del Gobierno con respecto a
las ayudas concedidas por las inundaciones, hecho que
demostró, una vez más, que el Gobierno había sido con
Andalucía muchísimo más cicatero que los anteriores
gobiernos, concretamente, el Gobierno socialista.
Esta comparecencia va ligada a las inundaciones que se
produjeron en toda la cuenca del Guadiaro-Hozgarganta,
que afectaron sobre todo a los pueblos de San Enrique de
Guadiaro, San Martín El Tesorillo y Jimena de la Frontera,
inundaciones que están muy ligadas a las actuaciones derivadas
de la ley del trasvase. Por eso iban unidas las peticiones
de comparecencias. Sé que está nervioso, señor Escartín,
porque no tiene muchas explicaciones que darme sobre
este tema.
El Ministerio empezó mal al no aceptar la petición que
le presentó la mesa de los cítricos para que fueran recibidos
por la ministra de Medio Ambiente. La ministra no tuvo ni
siquiera la delicadeza de responder a esa petición de la
mesa de los cítricos en la que pretendían exponerle los
cuantiosos daños que estos agricultores habían sufrido por
las inundaciones. No me sorprende que diga usted que no
se produjeron daños de consideración porque, evidentemente,
no aparecieron ustedes por allí y repito que la ministra
no quiso recibir a la mesa de los cítricos. Es más, ni
siquiera respondieron a una pregunta que le formulaba esta
diputada junto a otras por escrito. Es lógico, pues, que
digan ustedes que no se produjeron daños de consideración.
Como no se ha resuelto y seguimos con este período
de lluvias, el problema es qué pasará este año. Al menos
podrían haber demostrado voluntad, pero no tuvieron respuesta
entonces y ni siquiera demostraron la voluntad de
afrontar este problema.
Es cierto que algunas de las actuaciones pendientes son
menos costosas y complejas que otras. Esta diputada es
consciente de que algunos temas requieren consenso y que,
por lo tanto, son más complejos, pero la limpieza del cauce
del Guadiaro-Hozgarganta, que es la causa principal de
estas repetidas inundaciones que destruyen sistemáticamente
las cosechas (fueron tres, sucesivas, las que se destruyeron
con las anteriores inundaciones), desde el punto
de vista presupuestario no es algo muy costoso. Ustedes
me han respondido que la Confederación Hidrográfica del
Sur estaba buscando un procedimiento administrativo adecuado.
Es una manera eufemística de no responder y decir
que no tienen presupuesto o que no están dispuestos a dotar
un presupuesto extraordinario para la limpieza del cauce.
Al final, responden diciendo que durante este año se hará.
Parece que hay algunas actuaciones que están empezando
a hacer en la desembocadura del Guadiaro, denunciadas,
por cierto, por Agaden -estos días se está leyendo en la
prensa-; nos tememos que dentro de muy poco -porque
estamos ya en octubre prácticamente- nos vamos a
encontrar con la misma situación que la de años anteriores
y no me gustaría volver a tener que pedir la comparecencia
para este mismo tema. Es un tema nimio, la limpieza de un
cauce no es tan costosa para una administración como la
Confederación Hidrográfica del Sur, pero hay que abordar
otros temas que inciden también directamente en la situación
de todos estos municipios que están en la ribera del
Guadiaro-Hozgarganta.
Está prevista la regulación del Guadiaro-Hozgarganta
desde hace ya tiempo por demanda social, a pesar de que
es un problema que plantea dificultades medioambientales.
Por eso decía que somos capaces de pensar que si no hay
presupuesto, al menos podrían avanzar por la vía del consenso.
Pero si ni siquiera avanzan y se limitan a decir que
van a revisar el proyecto de impacto ambiental y con eso
han cubierto el expediente, les diría que no tienen voluntad
de hacer ninguna operación en esa zona que, de por sí, es
difícil y necesita el consenso social. Tienen ustedes la
voluntad explícita de la Junta de Andalucía y del consejero
de Medio Ambiente para que se buque aquella fórmula -
porque las hay- que menos daños cause desde el punto de
vista del impacto medioambiental. No han avanzado en
buscar soluciones que no sean grandes presas, que no satisface
a ninguno de los interesados y, desde luego, en cuanto
a otras no se ha iniciado ninguna actuación. Dicen que la
adjudicación de obra está prevista para el segundo semestre
de 1999. Yo le puedo decir ya que en la primera ojeada
que he echado a los presupuestos no aparece, luego tengo
que entender que eso es falso, a menos que me garantice
aquí que, aunque no esté en los presupuestos, se adjudicará
realmente en esa fecha. Si los primeros años fueron de
sequía, los últimos han sido de inundaciones. Fíjese si llegamos
a esperar a la desaladora qué habría sido de los gaditanos.
Ése fue el reclamo del Partido Popular cuando estaba
en la oposición -se aprobaron seis desaladoras,
apareció en la prensa-, pero la desaladora de Cádiz no
apareció por ninguna parte. Afortunadamente, se habían
iniciado las obras del trasvase.
Apesar de la fecha que ha dado, sabe que estamos fuera
de plazo. La ley del trasvase contempla que dos años después
del inicio de las obras tienen que estar previstas aquellas
actuaciones a las que ha hecho referencia: la comisión
de explotación y la declaración de obra de interés general.
El secretario de Estado de Aguas se ha desplazado a la provincia
de Cádiz para decir que el real decreto que desarrolla
la comisión de explotación y los aspectos más importantes
estaría en enero de este año y, sucesivamente, el
subdelegado del Gobierno se siente obligado a decir que
ese real decreto estará en marcha próximamente. Usted
viene aquí diciendo que está en estudio, que está en trámite,
que en las próximas semanas..., pero permítame que le
diga que, en una situación como la que se ha vivido en la
provincia de Cádiz, donde 15 municipios temen que exista
una época de sequía y no se haya abordado esta situación,
la actuación de su Gobierno al no afrontar ese tema parece
de una cierta frivolidad. El secretario de Estado de Aguas
hizo ese anuncio en la provincia de Cádiz, pero no creo que
pueda volver a anunciar lo mismo otra vez y, sobre todo,
no creo que pueda volver con los presupuestos que hemos
sufrido durante este año y con los que volveremos a sufrir
en 1999.
En la ley del trasvase se declara de interés general la
mejora de los sistemas hidráulicos de las cuencas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Sur,
pero, para que se puedan trasvasar las aguas, tiene que
constituirse un ente mancomunado de estos 15 municipios
para recibir la gestión de esas aguas, que hoy día corresponde
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Lo que está ocurriendo -es uno de los motivos que está
retrasando la creación de ese ente mancomunado- es que
la Confederación Hidrográfica está exigiendo a la Junta de
Andalucía y a los ayuntamientos la asunción de esa red en
alta en las circunstancias en las que está actualmente.
Como usted sabe, la mejora de esa red en alta se ha valorado
en 20.000 millones de pesetas y parece que exigir a los
ciudadanos de esos 15 municipios, a los ciudadanos andaluces,
la mejora de esa red en alta no está recogido en ninguna
ley, más bien parece presión de esa Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir que algo basado en un principio
legal.
Siento que no esté aquí la representante de uno de los
municipios afectados. Siento que haya preferido traspasar
lo relativo a esta comparecencia a algún otro miembro del
Grupo Popular y que no haya considerado que este tema
era importante, porque son sus ciudadanos, los habitantes
de la ciudad por la que es alcaldesa, aquellos que van a
tener que financiar la mejora de esa red en alta, así como el
resto de los municipios de ese ente mancomunado y los
ciudadanos de Granada, Málaga, Almería, etcétera.
Apesar de que el real decreto de transferencias considera
que las comunidades autónomas tienen la obligación del
abastecimiento a los municipios, aquí estamos hablando,
señor Escartín, de una competencia, la red en alta, que no
se ha transferido todavía, sino que pertenece a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. Yo quisiera que me
respondiera y que dispusiera de los créditos necesarios
-20.000 millones es mucho dinero- para decirme que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como está
previsto por ley, va a asumir la mejora de esa red en alta y
no va a hacer recaer sobre los ciudadanos de esos 15 municipios
y sobre ciudadanos de otras poblaciones andaluzas
que no tienen nada que ver sobre este tema esa cantidad,
porque ya no se trata sólo del canon del trasvase, sino de la
mejora de esas conducciones. Yo le rogaría que, concretamente
en ese tema que es muy importante para la constitución
de ese ente mancomunado, me respondiera que corresponde
a la Confederación Hidrográfica.
Ahora están en trámite de transferencia a la Comunidad
Autónoma de Aragón las competencias educativas y el
Estado, para transferir esas competencias, está construyendo
los centros que están previstos en la Logse, porque no
sería de recibo que se transfirieran las competencias educativas
sin transferir los centros. ¿Cómo es posible que ustedes
pretendan transferir la gestión de las aguas al ente mancomunado
sin antes haber invertido esos 20.000 millones
necesarios en la mejora de esa red? Cuando yo le he pedido
la comparecencia es porque necesitamos una respuesta y
que usted se comprometa a un crédito que no existe en los
presupuestos, pero que ustedes tienen que dotar para que
ese real decreto tenga el soporte presupuestario y la validez
que necesita para poner en marcha todas las actuaciones
derivadas de la ley del trasvase. Hasta este momento todo
está paralizado.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego que
vaya concluyendo.
La señora ROMERO LÓPEZ: Termino, señor presidente.
Son varios los años en los que la provincia de Cádiz no
ha tenido prácticamente asignación en los Presupuestos
Generales del Estado en lo que se refiere a obras hidráulicas.
Usted sabe que las confederaciones no han hecho ninguna
adjudicación de obra durante estos dos años anteriores.
Desgraciadamente, a la sequía meteorológica ha
sucedido la sequía presupuestaria. Ustedes han abierto un
período de abandono porque su Gobierno no tiene ninguna
fe en la inversión pública y, desde luego, no se siente en
deuda con el sur. Si su ministra o su secretario de Estado de
Aguas van a volver, o van a ir -la ministra no ha aparecido
por allí todavía-, tenga por seguro que se van a encontrar
con que esta sequía presupuestaria, que tiene su reflejo
en lo que estamos viviendo acerca de la ley del trasvase, va
a tener el recibimiento que se merece.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, don Atanasio Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias,
señor Escartín, por comparecer aquí esta tarde. Yo le puedo
asegurar que no solemos hacer alusiones personales al estado
anímico de los intervinientes y, por tanto, de antemano
le pido disculpas por el mal gusto.
Sin duda alguna -pero lo digo yo-, estoy sustituyendo
a mi compañera Teófila Martínez que por motivos
excepcionales se ha tenido que marchar, hace muy pocos
minutos, antes de que comenzara esta comparecencia, pero
tampoco yo le he preguntado sobre su agenda ni creo que
nadie deba preguntarle.
Esto ocurre cuando lo que se quiere es polemizar y no
recibir lo que a mí me ha parecido una gran información, la
que usted nos ha suministrado esta tarde aquí y por la que
de nuevo le vuelvo a dar las gracias.
Es importante que toda la población afectada conozca
qué es lo que está haciendo el Ministerio, fundamentalmente
en cuanto a las inundaciones, y, posteriormente -como
muy bien decía mi compañera del Grupo Socialista están
unidas ambas cuestiones-, sobre el trasvase. Es una cuestión
fundamentalmente presupuestaria, y no comparto que
el Gobierno del Partido Popular en estos momentos tenga o
no tenga fe en las inversiones. En las inversiones no se
tiene fe, se tiene fe en lo que no se ve. Seguramente S.S.
nos podrá ilustrar más sobre las inversiones que se están
haciendo en Andalucía, aun cuando no sean el motivo de
esta comparecencia. Creo que el Gobierno del Partido
Popular está haciendo un tratamiento justo sobre las inversiones,
fundamentalmente hidráulicas, en Andalucía, y así
hay que decirlo. Quedan algunas cuestiones por resolver.
Por ejemplo, la población y todo lo que se refiere a la
sequía, que afectan al territorio nacional y más concretamente
a Andalucía. Le rogaría que estas obras se hiciesen
cuanto antes y que el Ministerio pusiese el mayor afán para
que los gaditanos en este caso puedan tener lo que se merecen
y lo que el Ministerio está dispuesto a darles.
Como la señora Romero lo ha suscitado, a mí me quedan
dudas sobre el retraso y me gustaría pedirle explicaciones
al respecto. Seguramente a la portavoz del Grupo
Socialista ha debido traicionarle el subconsciente, porque
han sido muchos los años en los que no se hicieron las
cosas como se debían hacer. Me gustaría saber cuál es la
historia de esta cuestión; por qué se ha producido el retraso
en una situación tan importante, y que nos ilustrase, señor
director general, sobre la adjudicación y esas bajas temerarias.
Quisiera que en esta comparecencia quedasen claros
esos problemas para que los gaditanos, los andaluces, puedan
saber exactamente, sin personalismos, con objetividad,
qué es lo que está ocurriendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carlos
Escartín.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
(Escartín Hernández): En primer lugar, querría decirle a la
portavoz del Grupo Socialista que éste no es mi medio,
quizá por eso me note menos suelto que a sus compañeros,
pero con mucho gusto respondo a todas las preguntas que
me hace.
Me he referido específicamente a las inundaciones en
diciembre en la cuenca del sur y del Guadalquivir porque
así se decía en la comparencia. En diciembre exactamente
no hubo inundaciones que causaran problemas en el Guadiaro.
Sí que las hubo posteriormente. Yle puedo decir que
en el Guadiaro estamos ahora mismo haciendo una inversión
de 250 millones para acondicionamiento del cauce de
dicho río por emergencia.
En cuanto a que la ministra reciba o no la petición de la
mesa de los cítricos, obviamente no me considero capacitado
para responderle, ella sabrá por qué lo ha hecho.
Respecto del resto de las actuaciones en relación con el
plan de infraestructuras del Guadiaro y, en concreto, la
regulación del río Hozgarganta, se ha redactado el proyecto
de presa de Hozgarganta, se ha hecho la memoria resumen
para su distribución de cara a la confección del estudio de
impacto ambiental y en este momento estamos estudiando
las afecciones. En cualquier caso, nosotros no vamos a
hacer ninguna presa ni actuación en un Ministerio llamado
de Medio Ambiente que pueda afectar gravemente al
medio ambiente. Si de los estudios se deduce que la presa
se puede hacer, se hará. Si no, se buscarán soluciones alternativas.
Me ha extrañado que usted haya señalado que en
la zona parece que no se quería la presa cuando yo precisamente
tengo entendido que todo el mundo la quiere. Si esa
presa, que es la solución idónea para el mejor aprovechamiento
del río, no se puede llevar a cabo se buscarán soluciones
alternativas.
En cuanto a la desaladora de Cádiz, no sé si le he entendido
bien, pero parece que fue el propio Gobierno socialista
quien la desechó. (Risas) También ha debido cometer un
error S.S. porque en la ley no se dice que tengamos que
tener constituida la comisión de explotación antes de los
dos años a partir de la fecha de inicio, sino antes de la entrada
en servicio del trasvase, como reza el artículo 3.3: Antes
de la entrada en servicio del trasvase se constituirá una
comisión de explotación cuya composición determinará el
Gobierno y de la que formarán parte... De manera que el
trasvase no puede entrar en servicio en tanto en cuanto no
se terminen las obras y en cuanto no exista esa mancomunidad,
que sí tiene que estar constituida antes de la finalización
del segundo año a partir del inicio de las obras. Para
establecer la comisión de explotación tenemos de tiempo
hasta antes de la entrada en servicio del trasvase. Para ello
no tenemos en estudio el real decreto, sino que ya está circulando,
ya está en la asesoría jurídica, ya está a punto de
remitirse al Consejo de Ministros para su aprobación. La
orden ministerial no está en estudio, está terminándose de
redactar; no está estudiándose sino redactándose.
En relación con la mencionada mancomunidad que teóricamente
tiene que recibir las obras, no entiendo por qué
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva
desde el año 1992, cuando creo que se estableció esa valoración
de 20.000 millones de pesetas para acondicionamiento,
es decir, seis u ochos, explotando y manteniendo
esas instalaciones sin necesidad de haber invertido 20.000
millones. Para que hagan lo mismo los ayuntamientos,
tenemos que invertir previamente 20.000 millones. No
entiendo por qué unos lo saben hacer sin invertir 20.000
millones y otros tenían necesidad de hacer previamente esa
inversión. En cualquier caso, en un momento en el que no
había sequía presupuestaria, desde el año 1992 hasta 1996,
podían haber empezado a invertir, aparte de esos 20.000
millones de pesetas. (La señora Romero López: Es ahora
cuando toca.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, don Carlos Escartín.
Señores diputados, les recuerdo que su turno ya ha
pasado. Dejen al señor director general que se explique con
toda tranquilidad y claridad, como lo está haciendo, porque
él también ha respetado sus turnos. Esto no es un coloquio,
como ustedes pueden comprender.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS
Y CALIDAD DE LAS AGUAS (Escartín Hernández): Gracias.
Contestando ya al señor representante del Grupo Parlamentario
Popular, la licitación del Guadiaro-Mejaceite se
hizo el 31 de marzo de 1993 por un importe de 10.261
millones de pesetas; se adjudicó el 20 de mayo de 1994, un
año y dos meses después, con una baja del 42 por ciento,
por 5.432 millones de pesetas; y se inició seis meses después,
el 23 de noviembre de 1994. La escasez presupuestaria
de la adjudicación ha motivado que hubiera que hacer
un modificado del 20 por ciento, por 1.185 millones de
pesetas, que está pendiente de convalidación; un complementario
por valor de 1.192 millones de pesetas, que está
aprobado y que tiene plazo vigente para su terminación el
31 de marzo -que tiene previsto dinero para este año y el
año que viene-, y un segundo modificado que está pendiente
de tramitación, con presupuesto adicional nulo, porque
haya que cambiar una serie de obras dado que hay que
acondicionar el arroyo receptor a la salida del túnel. (La
señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, solicito
un minuto de réplica porque he sido contradicha.
El señor PRESIDENTE: ¿Contradicha por quién?
La señora ROMERO LÓPEZ: Por el director general
de Obras Hidráulicas.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto.
La señora ROMERO LÓPEZ: Es cierto lo que manifiesto
acerca de lo que dice la ley, pero también es cierto que
el ente mancomunado no se constituirá hasta que la Confederación
Hidrográfica no se haga cargo de esos 20.000
millones de la mejora de la red y, mientras tanto, ni usted ni
la Confederación Hidrográfica ni su Dirección General de
Obras Hidráulicas pueden tener la desfachatez de pensar,
cuando haya una gestión no transferida, que es la Junta de
Andalucía quien tiene que asumir esos costes ni, desde
luego, los ciudadanos de los ayuntamientos de los 15 municipios;
así que ese contencioso lo tendrá que solucionar si no
quiere que en adelante tengamos un problema sin resolver.
Quiero recordarle que todavía haya muchos temas pendientes,
además de los que hemos hablado, que no están
resueltos, porque tampoco está el Plan de saneamiento y
depuración del Guadiaro o la depuradora de Ronda y, a
pesar de que ustedes han hablado de algunas obras hidráulicas
pendientes, desgraciadamente los presupuestos de
este año no van a ser capaces de asumir algunas de las
actuaciones que tienen pendientes y sobre las que a mí me
han respondido por escrito.
El señor PRESIDENTE: Como me imagino que a su
vez el señor director general se ha sentido contradicho,
pues tiene la palabra para cerrar ya el turno.
El señor DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS Y CALIDAD DE LAS AGUAS
(Escartín Hernández): Muy rápidamente quisiera decir que
yo no me he pronunciado en el sentido de que tenga que
poner esos 20.000 millones ni la Junta de Andalucía ni
la mancomunidad; solamente he dicho que no entiendo
el porqué en esta situación la Confederación puede mantener
y explotar eso sin necesidad de invertir esos
20.000 millones, pero para que de eso se hagan cargo
otros ingenieros exactamente igual de capaces que los
de la Confederación, necesitan que previamente alguien
invierta 20.000 millones. No he dicho otra cosa. Yo no
me he pronunciado en el sentido de que no se va a hacer
esa inversión.
En relación con la EDAR de Ronda, en el momento en
que el Ayuntamiento se ponga de acuerdo con los grupos
ecologistas de la zona en cuanto al lugar en el que quieren
ubicar la depuradora, el Ministerio la licitará, pero en tanto
en cuanto no se pongan de acuerdo en la propia Ronda,
nosotros estamos a lo que nos digan, o sea, dependemos de
lo que nos diga Ronda.
En cuanto al resto de las depuraciones que estamos
comprometidos a hacer en el río Guadiaro, los pliegos de
base ya están redactados y pendientes de aprobación y tramitación
económica para su licitación. Le puedo decir el
importe. En total, son 4.000 y 2.500 millones en dos actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos
Escartín.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, les deseo
un feliz viaje de regreso a sus circunscripciones.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la tarde.