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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 511, de 22/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 511
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 22 de septiembre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre reserva de plazas para alumnos minusválidos en
las Universidades. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000923)
(Página 14).761)
- Sobre reserva de plazas para alumnos minusválidos en
las Universidades. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/001139.) (Página 14).761)
- Sobre medidas para garantizar que en los
acontecimientos de carácter deportivo en los que
participen
selecciones españolas la elección de la vestimenta,
calzado deportivo u otros materiales se
realice a suministradores que no estén implicados en
subcontrataciones en factorías en las que se
utilice la explotación infantil. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 161/001047.) (Página 14)
- Por la que se insta al Gobierno a que medie para
buscar medidas económicas y sociales que garanticen
los trabajos de la Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las Comunicaciones
(Fundesco). Presentada por el Grupo anterior. (Número
de expediente 1161/000855.) (Página 14).767)
Página
- Sobre la necesidad de regular el funcionamiento y la
financiación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/000960) (Página 14).767)
- Sobre sección de educación secundaria en la Sierra de
Francia (Salamanca) Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/001015)
(Página 14).770)
- Sobre medidas para evitar el retraso en la concesión
de becas para universitarios. Presentada por
el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/001131) (Página 14).774)
- Por la que se insta al Gobierno a que los alumnos que
se matriculen en primer curso de una titulación
universitaria en facultades, escuelas técnicas
superiores o colegios universitarios, que tengan
más de cuatro puntos en selectividad pero no alcancen
los cinco y que cumplan con los requisitos
económicos para ser beneficiarios de una beca se les
conceda a partir del curso 1998-1999 al
menos la mitad de la cuantía de la beca que les
correspondería de haber obtenido cinco puntos en
selectividad. Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario. (Número de expediente 161/001133.)
14.775
- Sobre medidas para potenciar los programas de
garantía social. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
000888.) (Página 14).778)
- Sobre medidas para inculcar en el alumnado valores
medioambientales y de conservación de la
flora y fauna. Presentada por el Grupo anterior.
(Número de expediente 131/001026) (Página 14).780)
- Sobre el cuarto centenario del pintor don Francisco
Zurbarán. Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario (Número de expediente 161/000992)
(Página 14).782)
- Sobre restablecimiento de las funciones
profesionales, competencia y facultades de los
diplomados
en Ciencias Empresariales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, Convèrgencia i
Unió. (Numero de expediente 161/000638.) (Página 14)
- Sobre medidas para el reconocimiento de todos los
derechos del alumnado inmigrante. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000637.) 14.786
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados,
buenos días.
Comenzamos el debate del orden del día que obra en
poder de todos ustedes y que trata, fundamentalmente, de
proposiciones no de ley. Las votaciones se producirán,
todas, entre la una y media y las dos.
La número 1...
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor
presidente. Ruego disculpas, pero el diputado don José
Ignacio Marín Izquierdo, que llevaba las proposiciones
números l y 2, que se van a debatir conjuntamente, ha llamado
diciendo que está en un atasco. Por lo visto, toda la
entrada de Burgos está atascada. Rogaria que, si no tiene
inconveniente, se pospusiera su debate por este problema.
El señor PRESIDENTE: Si la representante del Grupo
Parlamentario Mixto da su conformidad, que al fin y al
cabo es la dueña de la iniciativa, la Presidencia no tiene
ningún inconveniente.
La señora RIVADULLA GRACIA: No tengo inconveniente,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Entonces, lógicamente, puesto que tal y como decía el
señor Guerra Zunzunegui las proposiciones números 1 y 2
se van a tratar conjuntamente, seguiríamos con la número
3, que al parecer también se solicita su aplazamiento.
Pasamos a la número 4. Respecto a esta proposición,
¿qué quiere decirnos la portavoz de Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida?
La señora ARAMBURU DEL RÍO: La portavoz, respetuosamente,
espera de su benevolencia que se aplace el
debate de esta proposición hasta que venga la diputada que
lleva el tema y plantee, desde el punto de vista reglamentario,
el quehacer en un día un poco complicado. Si usted es
equilibrado, entenderá que la situación está un poco complicada
para todos los grupos, en todos los términos.
El señor PRESIDENTE: Mi sentido de la modestia no
me lleva hasta el extremo de admitir que yo pueda estar
desequilibrado. (Risas.) Creo que los que están desequilibrados
son todos los que no están en su sitio a la hora en
que tenían que estar, pero ese es otro tema. En fin, esperaremos.
¿El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra en
condiciones de comenzar con el tratamiento de la proposición
no de ley número 5?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor
presidente. Estoy desolado y pido excusas a toda la Cámara,
pero esto lo llevaba la diputada Elena García-Alcañiz,
y al pensar que era la quinta y que hasta las once...
El señor PRESIDENTE: Consultada la Mesa -estoy
seguro de que no me vais a llevar la contraria-, vamos a
suspender la sesión por media hora.Ahora, es evidente que
se empezará dentro de media hora, pero no habrá más de
tres minutos para ninguna intervención, porque los horarios
se tienen que respetar y el trabajo se tiene que respetar.
Por lo tanto, se empezará dentro de media hora, pero habrá
tres minutos por cada intervención para no estar hasta las
cinco de la tarde.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor
presidente, no soy miembro de esta Comisión, pero yo, que
me corresponde defender la proposición no de ley número
7 y estoy a la hora en punto, rogaría comenzar por ella.
Necesito más de tres minutos para exponer los fundamentos...
El señor PRESIDENTE: Sí, claro, señor Caldera, pero
para que usted comience hace falta que el resto de Grupos
Parlamentarios también se puedan pronunciar en el turno
de fijación de posiciones.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: La
desidia ajena no ha de suponerme a mi el hecho de que no
pueda defender una proposición no de ley que considero
muy importante.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente. No vamos a
hablar de la desidia. Vamos a decir, pura y sencillamente,
que el desorden de tráfico, imputable al señor alcalde de la
villa (Risas.) -porque al fin y al cabo es lo que tenemos
más cómodo y es lo que políticamente resulta más rentable-,
hace que nos evitemos otra clase de juicios sobre los
diputados.
Dentro de media hora, o sea, a las diez y media en
punto, empezaremos el debate de las proposiciones. Por
favor, hagan ustedes un esfuerzo telefónico, o de cualquier
otra clase, para que todos y cada uno de los afectados se
encuentren en el lugar de autos.
La señora RIVADULLA GRACÍA: Señor presidente,
debo entender que empezaremos por la primera.
El señor PRESIDENTE: Empezaremos por la primera,
dona Mercedes.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, comenzando
en primer lugar por desear que nuestro compañero
de Comisión, don Fernando Coquillat Durán, que ha sufrido
un percance cardíaco, se restablezca lo antes posible, y
rogando a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular
le trasladen el cariñoso recuerdo de todos nosotros y los
mejores deseos para que se una cuanto antes a nuestro
trabajo.
A continuación, y en este turno introductorio, tiene la
palabra doña Amparo Valcarce García, portavoz adjunta
del Grupo Parlamentario Socialista, para hacer unas manifestaciones.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente,
intervengo únicamente para informar a la Comisión de
Educación de que todos los diputados miembros de ella
recibirán a partir de la próxima semana la publicación del
Ministerio de Educación Comunidad escolar. Esta gestión
la ha hecho el presidente del Congreso, y mi petición es
que conste en el «Diario de Sesiones» el agradecimiento de
esta Comisión al presidente por la gestión, dado que Comunidad
escolar es una publicación de enorme interés para
los miembros de esta Comisión.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE RESERVA DE PLAZAS PARA ALUMNOS
MINUSVÁLIDOS EN LAS UNIVERSIDADES,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente
161/000923).
- SOBRE RESERVA DE PLAZAS PARA ALUMNOS
MINUSVÁLIDOS EN LAS UNIVERSIDADES,
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 161/001139).
El señor PRESIDENTE: Entramos ya en el tratamiento
del correspondiente orden del día.
Si no tienen inconveniente y están en condiciones para
acometer tal tarea, trataríamos las proposiciones no de ley
números 1 y 2 conjuntamente. La número 1 es iniciativa
del Grupo Parlamentario Mixto, de doña Mercé Rivadulla,
y a ella se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, que coincide exactamente con la proposición
no de ley del propio Grupo Popular, por lo que
vamos a tratarlas conjuntamente. ¿Estamos en condiciones
para ello, señor Guerra?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Con la mayor brevedad posible,
y apelando al sentido común de todos vista la hora y el
orden del día que tenemos, tiene la palabra la señora Rivadulla
para defender su proposición no de ley.
La señora RIVADULLA GRACIA: Iniciativa per
Catalunya-Els Verds y el Partido de Nueva Izquierda presento
esta proposición no de ley el 16 de marzo de 1998
entendiendo que se está dando una situación de no efectividad
de una norma por la cual se pretendía la reserva del 3
por ciento de las plazas en la universidad para las personas
con una minusvalía. La importancia de esta iniciativa parlamentaria
viene reflejada porque otro grupo de la Cámara,
el Grupo Parlamentario Popular, concretamente el 22 de
julio de 1998 presentó una proposición no de ley con el
mismo objeto.
Señorías, yo quisiera llamar la atención sobre la situación
en que se encuentran los disminuidos físicos, psíquicos
y sensoriales en nuestro país. Hay muchos colectivos
que tienen la vida difícil, pero entiendo que a este colectivo
de minusválidos todavía se la ponemos más complicada.
Todo ello, a pesar de que la Constitución, en su
artículo 49, hace una especial atención a estas personas
para de alguna manera garantizar el principio de igualdad
de oportunidades.
Pensamos que hasta el momento, señorías, las ayudas y
lo que se pretende a través de los reales decretos 1.005
y 1.060 han resultado insuficientes porque las plazas que se
prevén no se están cubriendo. Las ayudas de otra índole
que recibe este colectivo son también insuficientes (pensemos
que se requiere una disminución del 65 por ciento para
llegar a tener poco más que el 50 por ciento del salario
mínimo interprofesional). Yo quisiera relacionar mi intervención
al defender esta proposición no de ley con las dificultades
que el colectivo de minusválidos tiene en el trabajo.
Sabemos el porcentaje de paro que existe en nuestro
país y las dificultades que hay para el común de los mortales,
pero para estas personas todavía mucho más pues hay
una reticencia por parte de los empresarios a contratarlos
porque piensan que su minusvalía puede derivar en bajas
laborales que pueden ser dificultosas para la actividad
empresarial. Según los datos que yo tengo, que se refieren
a Cataluña, el 75 por ciento del colectivo de minusválidos
no tiene trabajo, está en paro; ello nos da una idea de la gravedad
de la situación. La única salida que puede ser efectiva
es la de la especialización y cualificación profesional, la
del estudio y el acceso a la universidad y una buena preparación
de cara al mundo del trabajo, todo ello para evitar la
centrifugación de los minusválidos del mundo laboral.
Lo que prevén los Reales Decretos 1005/1991 y
1060/1992, que señalan que las universidades reservarán el
3 por ciento de las plazas cuando se dé la circunstancia de
que haya más demandas que ofertas para alumnos con
minusvalías iguales o superiores al 65 por ciento o con pérdida
total del habla o de la audición, no ha resultado efectivo
porque no se están cubriendo esas plazas. Es muy difícil
que con estas minusvalías se acceda a la universidad porque
estas personas tienen muchas dificultades; de hecho,
según un estudio que se ha producido en la Universidad de
Girona, se están cubriendo sólo el 0,3 por ciento de ese 3
por ciento de plazas. Ello no significa que no haya discapacitados
minusválidos que tengan deseos de ir a la universidad,
lo que pasa es que no se dan las condiciones para que
se puedan integrar. El 65 por ciento es un porcentaje muy
alto, tenemos que tener en cuenta que con una minusvalía
del 75 por ciento la ONCE no les permite prácticamente ni
la venta del cupón. Ese 65 por ciento incluye a personas
que están en sillas de ruedas, que tienen muy difícil la
movilidad por las ciudades y calles, lo que dificultad su
acceso a la universidad.
Por todo ello, porque se está produciendo una clara
situación de desventaja laboral, porque es necesaria mejor
especialización y mejor acceso a las universidades y porque
la legislación actual es muy restrictiva, es por lo que
Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda
hemos presentado una proposición no de ley que señala
que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer
las medidas necesarias para que las universidades
reserven un 3 por ciento de las plazas de aquellos centros
en los que se den las circunstancias aludidas en el
artículo 2.2 del Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio,
para aquellos alumnos que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento o con menoscabo
total del habla o pérdida total de audición que solicitan
iniciar estudios en dichos centros.
A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda que es prácticamente idéntica a la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular
con la que nosotros estamos parcialmente de acuerdo, porque
la redacción actual la consideramos incoherente, pues
por una parte se limita y disminuye el porcentaje de plazas
a reservar -no sería del 3 por ciento, sino que se habla del
1 al 3 por ciento- y por otra parte se está abriendo el abanico
para aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales permanentes, asociadas o en condiciones especiales
de discapacidad, que durante su escolarización anterior
hayan precisado recursos extraordinarios. Está claro
que se produce una gran incongruencia al limitar por una
parte el número de plazas a reservar y por otra abrir el abanico.
Tampoco resuelve el hecho que nosotros estábamos
planteando, y es que la discapacidad del 65 por ciento la
consideramos excesiva.
Por tanto, estaré a la espera de lo que presente el Grupo
Popular. Pienso que deberíamos salir de esta Comisión con
una proposición no de ley consensuada, y tengo también
aportaciones para llegar a una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Marín Izquierdo, por parte del Grupo Parlamentario Popular,
para defender tanto su enmienda como su coincidente
proposición no de ley y manifestarse sobre lo expuesto.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Una vez escuchada
las manifestaciones del Grupo Parlamentario Mixto a su
proposición no de ley, nosotros teníamos presentada una
proposición no de ley y una enmienda, y quisiera exponer
algún antecedente respecto a la sensibilidad del Gobierno y
del,grupo parlamentario que le apoya respecto al tema de
referencia.
En el programa electoral del Partido Popular para las
elecciones de 1996 textualmente se comentaba: Se fomentará
y potenciará la formación y capacitación del minusválido
así como la integración laboral y el empleo de personas
con minusvalía, ya que la mejor forma de protección
social es un puesto de trabajo digno. Por su parte, el ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, en Comisión correspondiente
del Congreso el 19 de junio de 1996, hablaba también
de presentar un plan de acción integral para personas
discapacitadas.
Al hilo de nuestra propuesta he de recordar una pregunta
escrita del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado,
que fue contestada el 14 de octubre de 1996, en la cual el
Gobierno afirmaba: Para el futuro, el Ministerio de Educación
y Cultura, en colaboración con el Consejo de Universidades,
de acuerdo con el artículo 26.1 de la LRU y del
artículo 12.2.e) del Reglamento del Consejo de Universidades,
aprobado por Real Decreto 2 de abril de 1985, se ha
propuesto evaluar y revisar el conjunto del sistema de acceso
a la universidad, con especial atención al diseño de los
diversos cupos de reserva y sus respectivos cupos de exigencia.
El Real Decreto 1005/1991, modificado por el Real
Decreto 1060/1992, de 4 de septiembre, reserva un 3 por
ciento de plazas en los centros en los que la demanda de las
mismas ha superado la oferta para alumnos con discapacidad
reconocida al 65 por ciento, o menoscabo total del
habla o pérdida total de audición. El Real Decreto antes
comentado 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades educativas
especiales -apartado 2, artículo 18- establece que las
plazas a reservar lo serán para alumnos con necesidades
educativas especiales permanentes asociadas a condiciones
personales de discapacidad que durante la escolarización
anterior, hayan precisado recursos extraordinarios de
acuerdo con el dictamen efectuado bien por los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica, bien por los profesores
especialistas de psicología y pedagogía de los
departamentos de orientación de los centros de educación
secundaria en los que hubieran estado escolarizados. Nosotros
consideramos que estas normas se deben refundir regulando
el procedimiento de selección para ingreso en los
centros y que se debe incluir en la norma que se propone a
través de nuestra proposición no de ley el 3 por ciento de
acceso a la universidad.
Por otra parte, si consideramos el principio de la autonomía
de las universidades, que está reflejada en la Constitución
en el artículo 27.10, y la propuesta de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades, según dictamen
emitido en el que solicita flexibilización del porcentaje de
plazas que las universidades han de reservar a alumnos con
minusvalías, teniendo en cuenta que el actual porcentaje
del 3 por ciento no se cubre, las propias universidades
reclaman que ese capítulo quede abierto al 1 o al 3 por ciento.
La proposición no de ley que nosotros reflejamos no
reduce el porcentaje en cuanto que si se cubre el 3 por ciento
no habría necesidad de reducirlo dado que el margen
máximo es el 3 por ciento y que a su vez reagruparía a
aquellos alumnos que necesitan una atención especial
durante su escolarización, con lo cual creemos que nuestra
proposición no de ley es mas completa, abarca un mayor
número de casos y entendemos que tiene que ser la propuesta
que debe primar a la hora de la votación.
De todas maneras, estamos en conversaciones con el
Grupo Parlamentario Mixto para poder llegar a una transaccional
a lo largo de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: ¿,Grupos parlamentarios que
desean fijar su posición respecto a estas proposiciones?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra la
señora Palma.
La señora PALMAI MUÑOZ: El tema que debatimos
hoy aquí se refiere a las diferencias entre los individuos,
diferencias reconocidas y especialmente valoradas en nuestra
sociedad.
Ya en el siglo XVIII el filósofo Helvetius afirmó que
las diferencias que existen entre los individuos se deben
enteramente a discrepancias habidas en la educación.
Muchos podrían discutir esta afirmación tan simple, pero
pocos serán los que reflexionando sobre sus días escolares
no estén de acuerdo en que el proceso de educación ha tenido
en ellos un impacto sustancial. De ese impacto estamos
hablando en relación a las personas que como se ha dicho
aquí, ven disminuidas sus oportunidades debido a que presentan
una serie de discapacidades que les hacen difícil
entrar en competición con las demás personas.
La educación se deriva pues de las experiencias generales
de la vida e implica la iniciación de los individuos en la
cultura y la sociedad. Por tanto, para las personas con discapacidad
su papel y su participación en el ámbito educativo
es especialmente importante.
La educación formal hace referencia a la instrucción
sistemática que reciben los jóvenes y los adultos también
como preparación para la vida. Para la mayoría, ésta se inicia
con el aprendizaje de comportamientos socialmente
apropiados en el seno de la familia, sigue con la asistencia
a la escuela y quizá en la universidad.
Lo que se plantea hoy aquí con estas dos proposiciones
no de ley del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario
Popular, es revisar un real decreto que en su
momento, en el año 1991, se hizo en base a la filosofía
expresada en nuestra Constitución de que las personas con
discapacidad deben ser protegidas.
El largo camino recorrido en medidas de protección
debe llevarnos a otro estadio que es el de la normalización
en el sentido, respecto a los discapacitados, de que no debemos
pretender la cura en términos de lo que consideramos
normal, sino su integración social.
Las dos proposiciones que hoy se presentan tienen planteamientos
casi opuestos. La proposición no de ley del Partido
Popular, a nuestro entender, representa un paso atrás
en cuanto a la reserva de plazas, ya que desde el año 1991
el Real Decreto 1005 establece que las universidades reservaran
un 3 por ciento de las plazas en aquellos centros en
que la demanda supera a la oferta. Abrir el abanico entre
el 1 y el 3 por ciento nos parece que representa un retroceso.
En cualquier caso, si el argumento es que estas plazas
no se cubren con discapacitados con un nivel reconocido
de discapacitación del 65 por ciento, será porque el nivel
exigido es demasiado elevado, no porque existan demasiadas
plazas reservadas.
La proposición del Partido Popular mantiene también el
mismo nivel de exigencia del 65 por ciento y pensamos
que si nos planteamos revisar este real decreto sería en todo
caso para revisar ese 65 por ciento. El elemento nuevo que
aporta de abrir las puertas a medidas de protección a los
alumnos con necesidades educativas especiales, como principio
no nos parece mal, pero tal y como está formulado es
excesivamente ambiguo y no contempla las medidas de
control y rigor necesarias para una cuestión tan delicada
como es el procedimiento de acceso de los alumnos a la
universidad.
Por tanto, si a lo largo de la mañana es posible llegar a
consensuar un texto que refleje las intenciones de revisar
este real decreto para mejorar las condiciones de los discapacitados
en su acceso a la universidad, estaríamos muy
satisfechos. Si no fuera así, no podríamos votar la del
Grupo Popular y, en cambio, estaríamos a favor de la que
presenta el Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Mercedes
Rivadulla para manifestarse acerca de si acepta la
enmienda o no. De no aceptarla, se votaría su proposición
no de ley, a menos que en el transcurso de la mañana se
produjera alguna modificación; pero como estamos tratando
estos puntos conviene cerrarlos con su pronunciamiento
acerca de si acepta o no la enmienda.
Sea lo más breve posible, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente,
no aceptamos la enmienda tal y como está formulada por el
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, de no producirse
un acercamiento de posiciones, cuando llegue el
momento, que reiteramos se producirá alrededor de la una
y media a las dos de la tarde, la proposición no de ley será
objeto de votación. Si hubieran llegado a algún acuerdo,
les rogamos lo hagan llegar a la Mesa para informar a toda
la Comisión, y desconocido el acuerdo, a lo mejor en ese
momento habría que abrir algún turno de manifestación del
resto de los participantes.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE
EN LOS ACONTECIMIENTOS DE CARÁCTER
DEPORTIVO EN LOS QUE PARTICIPEN
SELECCIONES ESPAÑOLAS LA ELECCIÓN
DE LA VESTIMENTA, CALZADO DEPORTIVO
U OTROS MATERIALES SE REALICE A SUMINISTRADORES
QUE NO ESTÉN IMPLICADOS
EN SUBCONTRATACIONES EN FACTORÍAS
EN LAS QUE SE UTILICE LA EXPLOTACIÓN
INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 161/001047).
El señor PRESIDENTE: Continuamos en el tratamiento
del orden del día, proposición no de ley número 3
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que
tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para
su defensa, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para
presentar esta proposición no de ley que tiene como objetivo
esencial intervenir de la forma más consensuada posible,
para mejorar las condiciones laborales de los niños y
niñas del Tercer Mundo y más especialmente en las prácticas
deexplotación infantil en un sector preciso, en este caso
en el sector deportivo.
El sector deportivo por sus características ha estado en
los últimos tiempos afectado y denunciado por las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras situados
en las factorías en paises en vías de desarrollo. Determinadas
marcas enormemente conocidas y promocionadas por
deportistas de elite o sponsors de los equipos nacionales de
muchas modalidades, vienen siendo denunciadas por algunas
ONG por sus actividades en general y por sus actividades
relacionadas con el trabajo infantil.
Las grandes marcas deportivas Nike o Adidas, entre
otras, han cerrado paulatinamente sus factorías transmitiendo
la mayor parte de su producción a Asia. Prácticamente
el 80 por ciento de sus trabajadores o trabajadoras
corresponden a estos países en 1a actualidad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: El trabajo de nuestros queridos
colaboradores en materia de constancia en el acta de
todo lo que decimos no es que se esté viendo dificultado, es
que el esfuerzo que tienen que realizar es absolutamente
titánico. Les agradecería un poco de silencio.
Adelante, señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Decía que mantienen
una línea de actuación de infravalorar la fuerza productiva
que apenas representa el 0,1 por ciento del precio final de
sus productos más emblemáticos, mientras que abonan
cantidades millonarias a deportistas de élite o selecciones
que las promocionan, entre otras las nuestras.
Hay que decir que ante la ofensiva y campañas en sus
comunicados, estas marcas y otras han adquirido algunos
compromisos de actuación en este sentido.Apesar de ello,
y cuando fueron juzgadas los pasados días 2 y 3 de mayo
en Bruselas por el Tribunal permanente de los pueblos,
numerosos testimonios denunciaron el incumplimiento de
los códigos de conducta que ellas mismas habían firmado.
Así y aunque aceptan cierta responsabilidad y proponen
algunas soluciones, desde el conocimiento de estos hechos
deberíamos comprometernos con la promoción de un consumo
responsable que unido a exigencias administrativas
favorezcan un comercio internacional más justo.
La última Conferencia Internacional del Trabajo en procedimiento
de primera discusión ha propuesto la adopción
de un nuevo convenio y de una nueva recomendación,
sobre las formas extremas de trabajo infantil, en donde se
establezca la edad mínima, la eliminación de formas extremas
de trabajo infantil entre las que se contemplan el
ambiente insalubre, trabajos en condiciones difíciles como
horarios muy prolongados, nocturnos o que impidan a diario
regresar a casa a los trabajadores o a los niños o niñas
en este caso.
Hay que decir que la fórmula de consenso ha caracterizado
el trabajo de la conferencia internacional, si bien es
cierto que en algunos temas como la libertad sindical, la
negociación colectiva o los compromisos educativos no se
han producido avances significativos. A su vez, la Unión
Europea propone y promueve fórmulas a fin de incentivar
a los países pobres para que acaben o se comprometan con
la finalización del trabajo infantil. La proposición que hoy
presentamos se inscribe en este marco y pretende que en la
elección de vestimenta, calzado uotros materiales se garantice,
se tenga en consideración y compruebe las prácticas
correctas y la no implicación de estas marcas en la explotación
infantil. Igualmente, que en el entorno deportivo institucional
se realicen campañas en esta dirección.
El nivel de difusión que hoy se utiliza a través del
deporte debería garantizar la transmisión de valores de solidaridad
y de justicia. La opinión y las actuaciones de los
deportistas y de las instituciones tienen mucha fuerza para
llamar a un consumo más responsable y desvincular la asociación
que hoy se da entre grandes marcas deportivas y
explotación o condiciones infrahumanas de trabajo.
No hemos pretendido, como se desprende del propio
texto, una actuación de boicot a determinadas marcas o a
marcas concretas sino intervenciones posibles y viables que
corrijan, al menos en parte, actuaciones en este sentido.
Entendemos que las federaciones deportivas y más concretamente
las selecciones que representan a nuestro país
deben tener en cuenta estos criterios y deben vincularse
con claridad a lo que significa las conclusiones de las conferencias
internacionales para vincularse a lo que significa
las conclusiones de las conferencias internacionales y a lo
que significa exigir garantías a determinadas marcas deportivas
para que abandonen estas prácticas en sus factorías
fundamentalmente situadas en el Tercer Mundo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda
presentada a esta proposición no de ley, tiene la palabra
don Francisco González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Indudablemente, hay
que dar la bienvenida a la proposición no de ley que
Izquierda Unida ha planteado, pero sin embargo hemos
estado en conversaciones, buscando ese consenso del que
hablaba la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, precisamente
para sacar adelante un tema tan delicado, en donde
todos llegáramos a un acuerdo en beneficio lógicamente de
aquellos perjudicados que serían en este caso los niños a
través de la explotación en trabajo infantil.
La elección de la vestimenta, calzado u otros materiales
deportivos, que se utilizan en las selecciones nacionales,
sin ningún género de dudas, porque así lo propone o lo dice
la propia Ley del Deporte, no son competencia del Consejo
Superior de Deportes sino de las distintas federaciones
deportivas, y estas federaciones tienen personalidad jurídica
propia y no están sometidas a las normas de las administraciones
públicas en materia de contratación.
Por otro lado, el grupo parlamentario y el propio
Gobierno han demostrado en todo momento una preocupación
por erradicar la explotación infantil. En la 86.a reunión
de la conferencia internacional del trabajo, celebrada el
pasado mes de junio en Ginebra, se concluyó un punto relativo
al trabajo infantil con vistas a la eIaboración de un
nuevo instrumento internacional sobre esta materia.
En este caso, parece prudente -y de ahí la enmienda-
esperar para analizar estas treinta conclusiones, que creo
han sido concretamente las que se han deducido de la 86.a
reunión de la conferencia internacional, para tomar las
medidas oportunas. De ahí, la enmienda que presentamos
al primer punto de Izquierda Unida, que creo no va a haber
ningún problema.
En cuanto al segundo punto, señor presidente, la propuesta
que hacemos es el mismo texto, pero entendemos
que también tienen que participar en las campañas de sensibilización,
fundamentalmente por ser más operativo, las
asociaciones de consumidores y usuarios, a través del Consejo
Nacional de Consumidores y Usuarios, máximo órgano
de representación institucional de dichas asociaciones.
Creo que la justificación está perfectamente demostrada,
en este caso, dictada por lo que acabo de decir, esperando
lógicamente que Izquierda Unida acepte nuestra
enmienda para que esta proposición no de ley, que insisto
ha sido bienvenida por parte de nuestro grupo, salga adelante
a ser posible con la unanimidad de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el
señor Burballa tiene la palabra.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro
grupo, como no podía ser de otra manera, se va a sumar al
consenso que se anuncia entre el grupo proponente y el
grupo enmendante. Sin embargo, sí quisiera aportar a
SS.SS. unas reflexiones porque éste es un tema que a nuestro
grupo especialmente le preocupa.
Compartimos la iniciativa del grupo proponente porque
la explotación infantil, la utilización de mano de obra infantil
en las cadenas de producción, que además se producen
en zonas del mundo sumidas en el subdesarrollo, en un
tema que debe preocuparnos a todos, más aún cuando tenemos
fijado en la retina el clamor de las organizaciones
internacionales y asociaciones humanitarias e instituciones
de todo tipo, que han dado su apoyo a la marcha de los
niños contra la explotación infantil.
Uno de los efectos más negativos de la globalización,
sin menospreciar los que pueda tener de positivos, que sin
duda los tiene, es precisamente el que se anuncia en esta
proposición no de ley.
Particularizando el sector deportivo, parece de sentido
común que no debemos permanecer impasibles ante la utilización
de la mano de obra infantil para la fabricación de
productos deportivos que inciden en los costes fundamentales
en una nueva forma de esclavitud con el objetivo de
obtener unos beneficios maximalistas mediante la comercialización
de determinadas marcas, hecho que atenta contra
las convenciones internacionales y contra la declaración
misma de los derechos humanos y de los niños.
Por otra parte, no nos pueden justificar esta situación
argumentos basados en el factor de ayuda compensatoria,
que pueden significar los bajísimos salarios, por llamarlo
de alguna manera, que se dan como contraprestación a este
trabajo, de los niños y de las niñas, o la presentación como
única alternativa a este tipo de explotación, otra más terrible
como es la explotación sexual de la infancia y de la
juventud.
El trabajo infantil, señorías, es un escándalo internacional
y una aberración económica, escándalo porque priva a
millones de ninos y niñas de su infancia propia, de sus
vivencias en un período fundamental en su formación con
el consiguiente desequilibrio que este hecho puede producir
en su vida adulta posterior, en su condición de ciudadanos
y ciudadanas libres, y es una aberración económica
porque el trabajo infantil priva de toda esperanza de formación
cosa que lastra y compromete de forma definitiva el
desarrollo económico de sus respectivos países.
Señorías, a nuestro modo de entender, no puede justificarse,
que exista una doble moral, una para operar en una
sociedad libre, democrática y solidaria y otra para operar
en el llamado Tercer Mundo; no puede justificarse que
nuestras sociedades desarrolladas no pasen por el agujero
de la intolerancia ni las manchas de un vestido, y cuando se
trata de las sociedades sumidas en la miseria pase por el
agujero evangélico el camello y los cinco continentes, aunque
sea bajo la forma de los aros olímpicos.
En lo que hace a esta proposición no de ley, nuestro
grupo hubiera querido que en el consenso que han alcanzado
los grupos proponente y enmendante se hubieran tenido
en cuenta aquellos aspectos constitucionales y legislativos
que amplían el marco; constitucionales en el sentido de que
el artículo 43.3 de la Constitución habla del fomento que se
hace al Estado, y sus organismos e instituciones, y, por otro
lado, la legislación deportiva, como SS.SS. conocen, encomienda
a las federaciones deportivas, concretamente en el
articulo 30.2, una función delegada precisamente de esta
función administrativa y pública. Además, hay instituciones
como el Comité Olímpico Español que tienen personalidad
jurídica propia, o por otro lado, haya instituciones
públicas, que también realizan contratos de vestimenta
deportiva para sus técnicos, para sus deportistas; en definitiva,
se ha ampliado el marco porque aquí se habla o se va a
hablar de federaciones deportivas o de selecciones deportivas
españolas, y nosotros entendemos que hay otros organismos
e instituciones y otras selecciones, que en este
momento quizá no existen, pero que, como SS.SS. conocen
perfectamente, a nuestro grupo le gustaría que existieran,
que se verían evidentemente implicadas en esta consideración
para evitar que el objeto del comercio deportivo
sea también un aliciente más para mantener esta situación
verdaderamente aberrante
Por tanto, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta proposición
no de ley, este consenso pero con las consideraciones
que acabo de hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, don Jerónimo Nieto tiene la palabra para fijación
de posiciones.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Con brevedad.
El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha apoyado
aquellas iniciativas que tendían o tienden a prohibir o dificultar
la explotación infantil en el trabajo, es decir, la utilización
de niños como mano de obra barata en cualquier
sector laboral y en cualquier lugar del mundo.
Es un asunto de tremenda envergadura, complicado y
difícil, prohibirlo en países de ciertas zonas del mundo,
hecho que planteado desde aquí es completamente imposible,
pero sí hay que poner todas las trabas para dificultar en
lo posible el trabajo de los niños en ciertas labores de productos
que luego llegan al consumidor en nuestro país en
concreto. En el caso de la fabricación de prendas y diverso
material deportivo, se realiza en países que utilizan mano
de obra infantil, esto es un clamor, es una realidad que ahí
está. Por tanto, desde nuestro punto de vista, dificultar esta
situación, prohibirla cuando se pueda con los límites que
esto tiene, es algo a lo que estamos éticamente obligados.
La iniciativa, la propuesta que hace Izquierda Unida,
bien bajo el texto que presentaba inicialmente la proposición
no de ley, o bien bajo el acuerdo al que creo se ha llegado
de una enmienda transaccional, va a ser apoyado por
el Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que las
dos cuestiones que se plantean en la iniciativa pueden contribuir
a dificultar que ciertas empresas que fabrican prendas
y material deportivo utilicen mano de obra infantil
abundante en ciertos países del Tercer Mundo.
Por tanto, estamos de acuerdo con que deben llevarse
campañas de denuncia de estas situaciones, que siempre es
positivo, y de forma muy importante queremos insistir en
que creemos que el dinero público que se utiliza en la compra
de este material elimine aquellas marcas que utilizan
niños menores en la fabricación de productos dedicados al
mundo del deporte. Cuando digo dinero público me estoy
refiriendo a aquel dinero que gastan las selecciones nacionales
deportivas y las federaciones deportivas en estos
menesteres y que en general gastan las diversas administraciones
públicas cuando compran material o utillaje deportivo.
Por tanto, teniendo en cuenta la enmienda transaccional
que se ha presentado entre el grupo proponente y el enmendante
y con la consulta que han realizado a los otros grupos,
cosa que quiero agradecer en esta intervención, creo
que la redacción final, desde nuestro punto de vista, queda
bastante aceptable en el sentido de conseguir este doble
objetivo: por un lado, iniciar campaña de denuncia y, por
otro, poner dificultades en la compra de material deportivo
con dinero público. Por consiguiente, el Grupo Socialista
votará afirmativamente esta enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora
Sabanés para pronunciarse acerca de la enmienda que ha
sido defendida y en su caso informar sobre los acuerdos a
que hayan podido llegar.
La señora SABANÉS NADAL: Efectuadas las consultas
y en aras a introducir un consenso en esa proposición
no de ley, porque nos parece que el objetivo esencial es
avanzar, poder incorporar elementos de avance en este
terreno desde la propia administración y desde las federaciones
deportivas, nuestro grupo acepta las dos enmiendas
del Partido Popular, pero con una transaccional que iría
añadida al final del punto uno de la enmienda de modificación
del Partido Popular y que quedaría con la misma
redacción, añadiendo: «en todo lo relativo a la utilización
de material y prendas deportivas relacionadas con competiciones
oficiales». Entendemos que como estaba redactada
inicialmente no acababa de desarrollar el espíritu que venía
reflejado en el primer punto de la proposición.Al añadir lo
relativo a esta utilización y relacionado con el conjunto de
las competiciones oficiales, entendemos que puede significar
un consenso y respetar el espíritu inicial de nuestra proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, tenga la
amabilidad de hacer llegar a la Mesa las expresiones que se
adicionan al número uno de la enmienda, entendiendo en
consecuencia que lo que vamos a votar es la enmienda del
Grupo Popular con la adición que ha sido reflejada por la
señora Sabanés y que, repito, esperamos, llegue a la Mesa.
¿Es así? (Asentimiento.)
- POR LA QUE E INSTAAL GOBIERNO A QUE
MEDIE PARA BUSCAR MEDIDAS ECONÓMICAS
Y SOCIALES QUE GARANTICEN
LOS TRABAJOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE
LAS COMUNICACIONES (FUNDESCO). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 161/000855).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, al
punto 4 del orden del día: proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación a la
Función Social de las Comunicaciones (Fundesco).
Señora Sabanés, tiene la palabra.
La señora SABANÉS NADAL: Para solicitar el aplazamiento
o en su caso el decaimiento de esta proposición
en los términos que está expresada.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere decir, señora Sabanés,
que sería objeto de tratamiento, siendo modificada,
cuando le corresponda?
La señora Sabanés NADAL: Exactamente.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si no le parece mal,
la Presidencia la propone que la demos por decaída o por
retirada, y queda en manos de S.S. poderla formular con el
texto que le parezca más adecuado a la situación en el día
que se presente. La damos, en consecuencia, por retirada.
- SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR EL
FUNCIONAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED). PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/000960).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el tratamiento
de la proposición que figura con el número 5 del
orden del día, sobre Financiación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, del Grupo Socialista, que va
a ser objeto de defensa por parte del señor Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: La Universidad
Nacional de Educación a Distancia, señorías, ha cumplido
ya veinticinco años de existencia y, aunque no son muchos
años para una universidad si lo comparamos con las que
nacieron en la baja Edad Media o a comienzos de la Edad
Moderna, en el caso de España no es de las más modernas,
porque más de un tercio de las universidades existentes han
surgido en los últimos quince años, y especialmente a partir
de la Ley de Reforma Universitaria.
Su creación y posterior evolución no fueron fruto de un
plan prediseñado. Nació en la confluencia de intereses
diversos, que iban desde la necesidad de dar solución a la
masificación universitaria presencial -contaba con un
importante porcentaje de alumnos que entonces se llamaban
libres, para diferenciarlos de los oficiales- a la aspiración
de muchos profesores de encontrar una plaza en
Madrid, de donde habían tenido que salir a otras universidades
que entonces se llamaban de provincias, junto al
deseo de mucha pequeñas ciudades de contar con estudios
universitarios y que veían en los centros asociados un buen
instrumento para ello.
El experimento, sin embargo, tuvo éxito, y poco a poco,
a pesar de la improvisación, la demanda de estudiar una
carrera universitaria por un procedimiento diferente que la
asistencia a clase contó con una fuerza creciente. Existían
en la sociedad española muchas personas que estaban trabajando
y no habían podido acceder a los estudios universitarios,
y vieron en la UNED la expresión de una universidad
de segunda oportunidad. De esta manera, y casi sin
preverlo, la estructura de su sede central fue creciendo en
profesorado, personal de administración y servicios y red
periférica, a través de unos centros llamados asociados que
se constituían en patronato sin una base jurídica clara y con
la financiación casi exclusiva de las entidades patrocinadoras
-ayuntamientos, diputaciones provinciales y cajas de
ahorros-, donde los intereses locales jugaron un papel
mayor en su funcionamiento que la propia UNED central,
porque ésta carecía de un plan de creación, organización y
planificación que proporcionara una homologación a las
actividades administrativas y académicas.
Cada centro se convirtió en una entidad propia, con su
funcionamiento particular, que en muchos casos no era
homologable. La UNED se limitaba entonces a dar la venia
docendi a los profesores tutores, que se convertían en asesores,
preparadores, estimuladores de unos alumnos, que
tenían prefijados sus programas desde Madrid en las distintas
titulaciones impartidas y que también controlaban sus
evaluaciones, sin que los profesores tutores tuvieran ninguna
responsabilidad clara en las mismas. Los centros eran
para la sede central lugares principalmente de exámenes y
poco más.
Sin embargo, si esto fue así en los primeros diez o doce
años, las cosas comenzaron a cambiar a medida que la
financiación de los centros entró en crisis porque la mayoría
de las entidades financieras cortaron sus subvenciones y
los ayuntamientos y diputaciones restringieron o congelaron
sus presupuestos cuando las demandas de otros servicios
fueron creciendo, al tiempo que se creaban nuevas universidades
en las comunidades autónomas. Desde 1984
hasta 1995, año en que se aprueba la red básica de centros,
la UNED central ha tenido un mayor intervencionismo en
la organización y financiación de los centros, lo que le ha
llevado a consolidar en sus presupuestos cantidades mayores
e intervenir en su control presupuestario. De igual
modo, la selección de los profesores tutores se ha realizado
con mayor rigor, mediante publicidad y baremo, bajo el
control de los departamentos de la universidad. La dotación
para bibliotecas, videoconferencias, material informático
y subvenciones específicas para nuevas infraestructuras
han sido también elementos que han proporcionado una
mayor presencia de la Universidad en su red territorial,
especialmente en los llamados centros de la red básica,
donde, si se cumplen las previsiones, acabará sufragando el
80 por ciento del presupuesto, contando con que las otras
entidades continúen aportando todavía el resto de esta
financiación.
Toda esta evolución, pareja al propio crecimiento de los
servicios centrales, no fuera posible si la demanda de estudios
universitarios no fuera constante. De los 11.400 alumnos
del curso 1973/74 se ha pasado a los casi 156.000 del
curso 1997/98, en las diecisiete titulaciones que expide
actualmente la UNED, al margen de los más de 21.000 en
enseñanzas no regladas, convirtiéndose en la primera universidad
española por el número de alumnos, el 10 por
ciento de la población universitaria total. Ya no es exclusivamente
una universidad dedicada a recibir a los que no
pueden acudir a las universidades presenciales por motivos
laborales, de residencia o cualquier otro similar; hay una
parte de los matriculados que la elige porque la considera
un buen procedimiento para estudiar, por lo que representa
de ahorro de tiempo y de adaptación a una metodología
que está en función de la propia disponibilidad de los alumnos.
Nos encontramos, por tanto, con diversas realidades
sociales: los que estudian para obtener una titulación que
no consiguieron en otro tiempo o quieren ampliar sus estudios
medios -son trabajadores de diverso tipo-; los que
quieren una segunda licenciatura; los que no han podido
entrar en la universidad presencial, fundamentalmente
alumnos de COU con menos de 22 años, cuyo número en
estos últimos tiempos se ha incrementado al aplicarse el
númerus clausus en distintas universidades, y aquellos que
la utilizan como solución a su situación personal -parados,
amas de casa, presos, etcétera-. Es una variedad interesante
porque incide en poblaciones con condiciones
sociales muy diversas y también de edades muy diferentes.
El incremento en los últimos años de la participación
juvenil ha introducido modificaciones en el objetivo prioritario
de ofrecer una segunda oportunidad como característica
de la UNED, fenómeno que no es sólo propio de ella,
sino que afecta también a las universidades a distancia que
se han ido constituyendo en Europa. Conviene no olvidar
que la concepción de la educación que se respiraba cuando
se crearon las universidades a distancia, desde la fundación
de la Open University en Gran Bretaña en 1969, correspondía
a la de la educación como un derecho fundamental
de todos los ciudadanos. Actualmente, la necesidad de contener
el gasto público ha impuesto un modelo más restrictivo,
aunque no explicitado, intentando que las universidades
sean costes eficientes, y desde esta perspectiva la
educación para adultos como segunda oportunidad no se
considera de igual modo que para los alumnos más jóvenes,
los de la primera oportunidad, y todavía tendrían
menos apoyo los de una segunda titulación. La formación
continuada está saliendo hoy del ámbito del Estado para
implantarse por entidades privadas o por la acción de
empresarios y trabajadores.
Desde este contexto puede entenderse que la UNED
reciba del Estado un porcentaje de financiación menor que
el resto de las universidades. Nos recordaba el rector de la
UNED en su última comparecencia en esta Comisión del
13 de mayo pasado que la relación entre recursos propios
y financiación del Estado estaba alrededor del 70 al 30 por
ciento. Exactamente, si copemos los porcentajes del último
año, está entre el 67 por ciento por parte de la propia financiación
y el resto por la financiación del Ministerio de Educación;
es decir, que su presupuesto está sustentado fundamentalmente
en recursos propios, al contrario que el resto
de universidades. Así, la aportación pública por
alumno/ano está en unas 37.000 pesetas, mientras que en
las universidades presenciales las cantidades van desde las
360.000 a las 250.000 pesetas. No se trata de comparar
ambos sistemas, ni de exigir las mismas subvenciones, porque
el coste es distinto, pero debería llegarse -así lo manifiestan
muchos expertos al 50 por ciento de lo que se recibe
por alumno en las universidades presenciales, y ello no
necesariamente de un año para otro pero sí como tendencia,
como objetivo final, que es uno de los propósitos de
esta proposición no de ley.
Los costes fijos en la enseñanza a distancia son en general,
más elevados que en la convencional, pero los costes
variables son más bajos. La mayoría de los expertos
encuentra que la enseñanza a distancia desarrolla economías
de escala significativas en relación con las universidades
presenciales. La UNED es prácticamente la única universidad
que va a seguir dependiendo del Gobierno del Estado y
además tiene implantación en toda la geografía española.
Pueden surgir desde luego experiencias similares -y han
surgido- en otras comunidades autónomas, en base fundamentalmente
a sus competencias, lo que puede constituir
para el futuro un problema de financiación y de organización
que no es fácil de improvisar, pero esa ya es una decisión
que excede de las competencias del Estado.
Si la UNED ha podido ir funcionando en las actuales
circunstancias ha sido por el ámbito en que se ha desarrollado
-el territorio español-, y ello es una característica
de las universidades a distancia para que el coste/eficiencia
del que tanto se habla sea el adecuado, es decir, que abarque
a una población numerosa y que tenga entidad propia.
Esto representa que cuanto más alta sea la inversión en costes
fijos más alto será el número de matriculados necesarios
para estar al mismo nivel que en la enseñanza convencional.
Los sistemas duales de enseñanza, donde se combina la
presencial con la de distancia, no han dado buenos resultados,
salvo para cursos muy específicos y de duración limitada,
y el modelo que al final ha triunfado es el de la especificidad
propia, como la UNED, la Open o la Fern
universität alemana, porque ello permite fijar la organización
y los objetivos con mayor precisión y eficacia y obtener
el coste/eficiencia adecuado para este tipo de enseñanza.
Por eso convendría dejar definitivamente claro que la
UNED debe seguir manteniendo ese ámbito estatal, perfectamente
compatible con la competencia de otras ofertas
posibles que puedan surgir, evitando su fraccionamiento y
permitiendo que continúe su tarea, que ya es más plural
que la que le llevó a su creación.
Estamos en una coyuntura en que la demanda de enseñanza
universitaria a distancia está cambiando, y en el futuro
ya no se producirá tanto por la aspiración de conseguir
un título universitario por personas que trabajan y no lo
obtuvieron en la edad convencional (lo que hemos llamado
antes la segunda oportunidad), como por la necesidad de
muchos directivos que poseen ya títulos universitarios convencionales
de adaptarse a un sistema productivo cada vez
más cambiante y a un sistema laboral flexible con amplias
posibilidades de despidos continuados. Se buscan nuevas
titulaciones para ir respondiendo a las exigencias del mercado
y comienzan a utilizarse las ofertas de la enseñanza a
distancia.
El señor PRESIDENTE: Procure ir acabando, señor
Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Acabo en seguida.
Por todo ello, esta proposición no de ley pretende incitar
al Gobierno para que asuma la responsabilidad de incrementar
los presupuestos de una universidad, la UNED, que
es de su competencia y que, por su estructura académica y
su organización interna, es una más de las universidades
públicas españolas. Sus titulaciones son las mismas y tiene
la misma validez, el profesorado pertenece a los mismos
cuerpos universitarios y su organización se rige por las mismas
normas de carácter general que el resto de universidades,
y además los alumnos inscritos pagan idénticas tasas
académicas que en las otras universidades, aunque reciben
muchomenos que los alumnos que no contribuyen con rentas
del trabajo. Así, como muchos de ellos manifiestan,
pagan dos veces: una, como trabajadores a través de sus
impuestos, sosteniendo, por tanto, parte del presupuesto
universitario; y, otra, con el precio de la matrícula.
Respetando el ámbito de competencias de la Ley de
Reforma Universitaria, también es preciso establecer los
mecanismos legales que dejen definitivamente determinado
el carácter estatal de dicha universidad. Decretos como
el de la red básica de centros, de julio de 1995, que avalaba
un acuerdo del claustro de la universidad de marzo de
1994, han contribuido a clarificar la situación legal de los
mismos, sobre todo porque ha unificado la actuación académica
y presupuestaria, pero existen todavía vacíos que
hay que llenar en el futuro, y es en este sentido lo que se
propone por parte de esta proposición de no ley.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario
Mixto desea hacer uso de la palabra en fijación de posiciones,
señora Rivadulla? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario Convergència i Unió, señora
Gil y Miró, quiere hacer uso de la palabra? (Asentimiento.)
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora GIL I MIRÓ: Sólo para exponer que nuestro
voto va a ser desfavorable a la aceptación de esta proposición
no de ley en los términos en que se ha presentado.
Desde mi Gobierno y desde mi grupo hemos aducido
reiteradamente nuestro respeto por la UNED y su actividad,
pero también y especialmente nuestro desacuerdo con
su regulación, adecuada en el momento de su creación en
un Estado de régimen muy distinto del de hoy, y contrapuesto
especialmente al de hoy. La UNED no se corresponde
hoy con el Estado autonómico y su regulación no la
permite el respeto a las competencias estatutarias educativas
de la Generalitat de Catalunya; su inadecuación a la
Ley de normalización lingüística vigente en este tiempo
reciente y hay a la ley sobre el uso de las lenguas ha sido
irrespetuosa con la lengua propia y oficial de Cataluña en
este ámbito de la educación.
Por otro lado, y nosotros quizá presentaremos una iniciativa
al respecto, hemos de hablar sólo muy brevemente
sobre un aspecto que puede ser legítimo de la UNED de
ampliar su campo de actividades, pero que, en cambio, está
llevando el escándalo, por lo menos en Cataluña.
La UNED, de acuerdo con su programación académica
y a través de una vía ciertamente extraña y forzando la
interpretación de la ley, quizá incluso con un fraude de ley,
convierte en universitarios, sin control alguno, centros que
no reúnen las mínimas condiciones e incluso que han sido
rechazados como centros universitarios para su adscripción
a universidades presenciales en Cataluña; me refiero a
escuelas de turismo. La UNED abre la puerta y formaliza
convenios con escuelas que las universidades no han aceptado
porque no cumplen los requisitos mínimos de calidad
que exige el Real Decreto 557/1991, y mediante estos convenios
las escuelas que no han encontrado entrada en el
sistema tienen posibilidad de entrar y de impartir una diplomatura
universitaria, al margen incluso de la adscripción
universitaria.
Por todo ello, nosotros, creemos que no es simplemente
cuestión de financiación y funcionamiento sino de pensar
en una nueva regulación de la UNED que haga posibles
sus actividades por todo el Estado español, pero también
sus respetos por las competencias de la Generalitat.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular doña Elena García-Alcañiz Calvo tiene la palabra.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señorías, el
portavoz del Grupo Socialista, señor Paniagua, en la intervención
que nos ha hecho esta mañana ha narrado el nacimiento
y desarrollo de la UNED que, a nuestro juicio y a
modo ilustrativo está muy bien, pero todas SS.SS. pueden
recordar que hace poco tiempo, concretamente el 13 de
mayo del año en curso, tenía lugar en esta Comisión la
comparecencia del rector de la UNED, señor Costas Rodríguez,
para informar de la situación de la universidad que él
tiene la responsabilidad de dirigir.
Si uno vuelve a releer las manifestaciones realizadas
por el señor rector en aquel momento, tan próximas al día
de hoy, labor que nos ha facilitado también el señor Paniagua,
no encuentra en ellas justificación alguna para que de
aquella (la exposición del rector) y la de hoy (la del portavoz
socialista) se pueda deducir la necesidad de esta proposición
no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista.
Esta proposición no de ley presenta en su exposición de
motivos, otra vez, la corta pero larga historia, si se compara
con otras universidades, de la UNED. Todos los grupos de
la Cámara comparten y se alegran del buen hacer de esta
universidad, de su labor social y científica. Quiero destacar
esta segunda, puesto que no se debe considerar a esta universidad
como una institución de beneficencia. Yo misma
he de manifestar que tengo extraordinarios colegas a los
que me une una gran amistad trabada en los trabajos de
investigación llevados a cabo con muchos de ellos, a los
que admiro por su extraordinario quehacer y rigor científico
y su reconocido prestigio nacional e internacional, aunque
existan también, cómo no, algunas excepciones que en
la mañana de hoy ha señalado quien me ha precedido en el
uso de la palabra. No nombro a ninguno de ellos puesto
que seria proliJo.
Al final de esta vasta exposición de motivos y de la
disertación con la que nos ha ilustrado el portavoz socialista,
decía que no tenemos mucho que ver, o a mí no se me
alcanza, con el texto propuesto en la resolución de esta proposición
no de ley. Este texto, como todas SS.SS. conocen,
consta de dos partes que no tienen mucho o, mejor dicho,
nada que ver la primera con la segunda; es más bien una
yuxtaposición de intenciones. En la primera se pide adoptar
las medidas legislativas oportunas, y nos preguntamos
qué medidas legislativas se proponen ya que no se dice, no
se explicita; cuáles son los convenientes o inconvenientes
de lo que se quiere proponer, pues no se cita; cuáles son los
propósitos que llevan a esta modificación de medidas y qué
es lo que se quiere modificar; qué se va solucionar con esas
medidas no nombradas. Es decir, se pide que se decida
sobre la nada. Es tal la indefinición de esta propuesta que,
por ende, es rechazable. Permítanme, señor presidente y
señorías, que les diga que propuestas de este cariz son
pocos serias, mucho más si esta falta de rigor expositivo
procede del entorno universitario. Sencillamente creo que
no son de recibo.
Por lo que respecta a la segunda petición de la proposición
no de ley: asumir el incremento presupuestario necesario
para paliar sus déficit, permítame, señor presidente y
señorías, que me cite (cosa que no suele hacer uno) en lo
expuesto por el Grupo Parlamentario Popular a través de la
intervención realizada por esta diputada el 13 de mayo.
Permítanme que les recuerde, muy brevemente, algunos
datos que hacen referencia a esta propuesta que hoy nos
trae el Grupo Socialista.
Recordaba en esa exposición del 13 de mayo al señor
rector su comparecencia del 25 de octubre de 1995, y decía
el señor rector de la UNED: «Estamos en pleno proceso de
elaboración y aprobación del presupuesto para el ano 1996,
y ello nos permite hacer una radiografía nítida de nuestra
situación económica, que es sin duda alarmante». «Señor
rector, estas eran -le decía yo- sus palabras en su comparecencia
de octubre de 1995». El seguía hablándonos de
la situación real en la que en esos momentos se encontraba
la UNED en 1998 y decía que no nombraba para nada esta
situación. Yo le respondía que, afortunadamente, esta preocupación
del señor rector había desaparecido debido al
intenso trabajo de la Secretaría de Estado de Universidades
del Gobierno popular que preside el señor Aznar, que ha
realizado y realizó en su momento un aumento de 349
.millones de pesetas respecto al año 1997, que suponía un
incremento de un 6,8 por ciento. Dicho esto, se ve fácilmente
que el incremento presupuestario que solicita el
Grupo Parlamentario Socialista, permítame que lo reitere,
ya ha sido cumplido. La solicitud que hace en estos
momentos el Grupo Socialista ha sido cumplida ya por el
Gobierno del Partido Popular. Reitero que en 1998 el
aumento de la subvención nominativa a la UNED por parte
de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación
ha sido del 6,83 por ciento respecto a la cuantía de
1997. Pero si tenemos en cuenta también la respuesta que
el secretario de Estado dio en el Senado el 13 de febrero de
1997, decía que: Teniendo en cuenta todos los programas
específicos que la Secretaría de Estado realiza respecto a la
UNED, el aumento de los incrementos medios era superior
a un 7,3. Estas cifras del 7,3 y del 6,83, cuando no se tienen
en cuenta todos los programas específicos, son significativas
si se interrelacionan con la media obtenida en los cinco
últimos años en los presupuesto cuya cifra alcanzaba un
4,4. Repito, si estas dos cifras se compararan, la significación
estadística es bastante amplia, y también lo es la significación
real y no sólo la estadística. Por lo tanto, el incremento
presupuestario realizado por la Secretaría de Estado
ya se ha cumplido, y por todo ello el voto del Grupo Parlamentario
Popular va a ser en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, como en
toda intervención, ha habido algún contenido de turno en
contra. Por si quiere hacer alguna aclaración, le voy a dar
un minuto.
El señor PANIAGUA FUENTES: Intervengo para
decir que el rigor que exige también se aplique para uno
mismo. Porque fue el rector el que señaló en la misma comparecencia
que ese 6,8 por ciento era producto de los incrementos
presupuestarios de trienios, que es una reglamentación
general para todos los funcionarios, y de los
presupuestos de los sexenios de investigación, pero en ningún
caso ese presupuesto venía a fijar las diferencias entre
lo que recibe un alumno de la UNED y lo que recibe un
alumno como media de la universidad presencial. Si se
quiere tener rigor se ha de tener para todo, no sólo para lo
que a uno le interesa.
El señor PRESIDENTE: Al no haber ninguna intervención
más, queda debatida la proposición no de ley, que
será objeto de votación en su momento.
- SOBRE SECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN LA SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA).
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente
161/001015).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tratamiento de la
proposición no de ley que figura como número 6 en el
orden del día. Sobre sección de educación secundaria en la
Sierra de Francia (Salamanca).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
don Jesús Caldera, autor de
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Miranda
del Castañar se sitúa en el centro geográfico de la zona
escolar Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca. La
madrugada del 19 de febrero de 1998 dicho municipio fue
objeto de primeras portadas de medios de comunicación, lo
que profundamente lamentamos. Fue objeto de una triste
actualidad porque un grupo de madres, que protestaban por
una decisión del Ministerio de Educación acerca de la ubicación
de un centro de enseñanza secundaria, retuvieron
-cosa reprobable como así hice constar en esta misma
Cámara- a un inspector de Educación, y fueron violentísimamente
desalojadas por parte de la Fuerzas de Seguridad,
lo que ha merecido la comparecencia del Secretario de
Estado de Seguridad la semana pasada en esta Cámara. He
de decir de antemano que el principal capital a preservar
-es decir, el humano, el de los niños- merece de todos
nosotros un severo esfuerzo de coordinación y de diálogo,
porque detrás de una decisión del Ministerio de Educación
se ha generado un grave conflicto social. Lo que es indispensable
es la ubicación de un centro de enseñanza secundaria;
eso es absolutamente indispensable. En consecuencia,
todos mis pasos van encaminados a conseguir esa
decisión.
Señoras y señoras diputados, el 16 de febrero de 1996
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación de
Salamanca elevaba a la Subdirección de Educación Secundaria
propuesta acerca de algunas zonas para la ubicación
de centros de secundaria en la provincia de Salamanca.
Hecha la planificación de las enseñanzas de la ESO para el
curso 1996-1997, se decidió que el centro de secundaria
debería instalarse en el municipio de Miranda del Castañar.
Llamo la atención de la fecha, 16 de febrero de 1996. Después
de las elecciones de marzo de 1996, con el cambio de
equipo en el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial
de Educación, en la persona de su director y debido a
que aquella primera decisión también generaba algunos
rechazos, propone a la comunidad educativa afectada que
manifieste cuál es el lugar idóneo para la instalación del
centro, propuesta no habitual en las tareas planificadoras
del Ministerio de Educación pero que, amablemente, la
Dirección Provincial formula. Reunidos la comunidad educativa
y los municipios pertinentes, deciden por una gran
mayoría que el lugar más adecuado es el municipio de
Miranda del Castañar. Sin embargo, la decisión definitiva
del Ministerio de Educación es distinta: ubicarlo en otro
municipio de la zona llamado La Alberca.
Ante informaciones aparecidas, mediante filtraciones a
diversos medios de comunicación, que indicaban que se
cambiaba el criterio, los vecinos, las madres y los padres de
alumnos, muchos representantes institucionales en los
ayuntamientos, comienzan una serie de movilizaciones
para manifestar su descontento. Incluso este diputado que
les habla acompaña a una representación muy amplia de la
comunidad educativa a un encuentro con el señor Nasarre,
a finales de enero 1998, donde se nos dice que no está
tomada la decisión definitiva y se abren las vías del diálogo.
Pero cuál sería, señorías, mi sorpresa cuando, dos días
después, al llegar a esta Cámara, recibo respuesta a una
pregunta escrita que yo había formulado con anterioridad,
donde -contestada diez días antes- se me dice que el
lugar definitivo va a ser La Alberca. En consecuencia, no
hay una posición clara por parte del Ministerio de Educación,
y una parte importante de la comunidad educativa y
de los habitantes de esta zona utilizan la expresión engaño,
creo que con cierta razón, para referirse a esta decisión.
¿Cuáles deberían ser los criterios de valoración? Creo
que para ustedes, que son miembros de la Comisión de
Educación y Cultura de esta Cámara, son evidentes a la
hora de tomar una decisión de esta naturaleza. Primero, el
de las infraestructuras educativas existentes y sus condiciones.
En este caso, en el municipio de La Alberca hay que
levantar un edificio de nueva planta, mientras en Miranda
del Castañar hay un edificio subutilizado, moderno y con
posibilidades para la instalación en el mismo del centro de
secundaria. Por supuesto, el número global de niños y niñas
y anticipándome a lo que se me pueda contestar, aquí tengo
las tablas de evolución del propio Ministerio de Educación,
según las cuales el municipio de La Alberca tiene más
niños, pero en el cómputo de la proyección hacia el año
2008, la diferencia en el ano 2002 -por poner un año de
referencia- es de 49 a 30. Eso sí, ahora veremos cuál es la
ubicación geográfica de ambos municipios. Tercero, la
situación geográfica, con las condiciones climatológicas y
orográficas que hay que valorar. Me he permitido ilustrar a
SS.SS. con una fotografía en la que se ve perfectamente
cuál es el sentido de mi intervención. Esta es la zona escolar
Sierra de Francia. El municipio de Miranda del Castañar
está justo en su centro geográfico, el municipio de La
Alberca está en una esquina. Esto nos lleva a pensar que lo
razonable sería la ubicación en el centro geográfico de la
comarca por razones de desplazamiento, menor coste, por
razones de climatología y de altitud, dado que el municipio
de La Alberca está casi a 1.100 metros de altitud y el de
Miranda delCastañar a 650.Además, la infraestructura viaria
que en esa zona tiene un componente deficiente y provocaría
desplazamientos hacia La Alberca, en cómputo
anual, de 28.560 kilómetros más, contando con las diversas
rutas escolares, que en el municipio de Miranda del Castañar.
Cuarto lugar, no se ha tenido en cuenta por parte del
Ministerio de Educación el hecho de que haya varios municipios
que quieren incorporarse o incluirse en esa zona
escolar y que desearían acudir al municipio de Miranda del
Castañar. Por último, el acuerdo del Ministerio de Educación,
señorías, que es lo que más me preocupa, provoca
enfrentamientos persistentes y perjudica la necesaria convivencia
de las comunidades de la Sierra de Francia, tradicionalmente
unidas.
Llegados a este punto, hay que dar una solución y mi
grupo parlamentario no quiere en modo alguno limitar los
derechos de los ciudadanos y las manifestaciones de uno y
otro municipio y de los que se sitúan en unas u otras alternativas.
Vista la profundidad del conflicto, hemos presentado
una proposición no de ley donde proponemos, con
abundancia de datos en su exposición de motivos, que se
creen dos secciones para este instituto de enseñanza secundaria:
una en La Alberca y otra en Miranda del Castañar.
Que el Ministerio de Educación revise la zonificación de
enseñanza secundaria, puesto que hay varios municipios
que quieren incluirse en esta zona escolar, lo que facilitaría
la adopción de la medida de las dos secciones. Por último,
que las adscripciones posteriores de los niños en la zona
educativa a cada una de las secciones creadas se realice con
criterios de proximidad, voluntariedad y eficiencia que
garanticen una enseñanza de calidad.
Podría decirse -y acabo ya con esta parte de mi intervención-
que esta propuesta es extemporánea por lo gravosa
que podría resultar en la utilización de los recursos
públicos. Pues no, señorías; hemos hecho un estudio -que
pongo a disposición de los miembros de esta Comisión-
desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista de la organización escolar
y de la distribución de los recursos, que demuestra claramente
-y lo diré en dos minutos- cómo el incremento
de los recursos disponibles no llega más allá del 20 ó 25
por ciento de los necesarios si se decidiera la construcción
de un sólo centro de secundaria. Conozco muchos casos, y
SS.SS. también, de centros de secundaria que desarrollan
su actividad en más de un edificio y ello está avalado y protegido
por el Ministerio de Educación. En 1979 se creó,
como ustedes saben, el Instituto de Bachillerato a Distancia;
es verdad que respondía a una necesidad concreta y
generalizaba una modalidad de enseñanza específica. En
este caso creo que hay que dar respuesta educativa a unas
poblaciones con características sociales, geográficas, económicas
y culturales concretas y específicas; en resumen,
respuestas adecuadas a necesidades poco comunes.
Desde el punto de vista económico, en cuanto a los edificios
con los que nos encontramos, está claramente delimitado
el hecho de que Miranda del Castañar tiene un edificio
moderno subutilizado y en La Alberca hay que
levantar un edificio de nueva planta. Se podría reducir el
coste unitario de La Alberca, sin minorar en absoluto su
calidad, proyectando el centro de manera que permita una
posible ampliación futura, si llegase el caso, sin cambiar su
estructura. El equipo directivo sería único; el claustro de
profesores estaría constituido por una plantilla que apenas
sufriría incremento sobre la de un centro de similares
dimensiones ubicado en sede única; los departamentos
didácticos con mayor dotación de plantilla repartirían simplemente
su personal entre las dos sedes en función del
número de grupos/hora en cada una de ellas, sin necesidad
de compartir, para evitar los desplazamientos; los departamentos
unipersonales organizarían su dedicación y horario
por jornadas completas en cada sede, sin desplazamientos
intrajornada; el personal no docente sería el mismo que el
de un centro normal; los gastos de funcionamiento, una vez
puesto en marcha el centro, sí podrían verse incrementados
en un 20 ó 25 por ciento sobre los de un centro normal,
como viene sucediendo en los que actualmente funcionan
con más de una sede. Por último, la organización escolar,
debido a los enormes adelantos técnico-científicos que se
han venido dando en los últimos años, estaría perfectamente
adaptada, como otras experiencias que conocemos, a la
posibilidad de que la dotación de medios didácticos informáticos
y de nuevas tecnologías fueran modernos para
cumplir sus objetivos: teléfono, fax y ordenadores. Ya hay
compromisos del Ministerio de Educación para desarrollar
los programas didácticos y tecnológicos. El programa del
Ministerio de Educación Aldea Digital, que se aplica
actualmente en una provincia de España, en Teruel, tiene
previsto extenderse a otras provincias y utiliza algunos de
estos elementos, señorías, que han utilizado otros muchos
países que por la dispersión de su población y condicionamientos
geográficos o climáticos se ven obligados a buscar
fórmulas educativas. EnAustralia y Canadá hay desde hace
más de un cuarto de siglo ejemplos de enseñanzas descentralizadas
organizadas por los Estados o provincias federales,
que ofrecen centros de educación secundaria que vienen
utilizando nuevas tecnologías disponibles en cada
momento para simultanear las modalidades presencial y a
distancia.
Señorías, el conflicto que enfrenta a ciudadanos tradicionalmente
unidos exige imaginación, generosidad y diálogo
por parte de quienes somos sus representantes. Yo lo
reivindico así en nombre de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por
el Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra Zunzunegui
tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hacía usted alusión
a un suceso de triste actualidad que ocurrió el 19 de
febrero de 1998. No voy a entrar en detalles porque ya se
trató el otro día en la Comisión de Interior. Únicamente
quiero decir, para conocimiento de los miembros de esta
Comisión que todavía no hayan leído el «Diario de Sesiones»
de la de Interior, que un inspector de enseñanza media
estuvo retenido hasta las seis de la mañana. En estos
momentos, en el juzgado de Béjar, el fiscal pide para el
alcalde de La Alberca y para el primer teniente de alcalde
un año de prisión y un año de inhabilitación. No quiero
revolver en este asunto triste, que creo fue azuzado por personas
que en ese momento no tenían realmente voluntad de
apaciguar, sino de que no se llegara a un acuerdo.
Ha sido una reivindicación de la Sierra de Francia desde
hace muchos años, concretamente desde el año 1990 en
que se aprobó la reforma educativa, que esta zona y estos
chicos y chicas tuvieran un centro donde se pudiese impartir
la enseñanza superior de la ESO.
Pues bien, resulta que esa petición reiterada de los ciudadanos
de la Sierra de Francia no ha sido atendida desde
el año 1990; ha sido el actualMinisterio de Educación, el
Gobierno actual, el que ha adoptado la decisiónde que en la
sierra de Francia haya un centro en el que se pueda cursar
latotalidad de la educación secundaria obligatoria. Decía
Ortega que la razónse tiene que imponer a impulsos del
corazón. Lo comprendo perfectaimente,porque no es solamente
en esa zona de España sino en muchas otras en lasque
se querría tener no dos secciones sino incluso más y
que en cada una delas localidades hubiese un instituto, un
centro en el que se pudiese cursar latotalidad de la educación
secundaria obligatoria.
Pero vayamos a los antecedentes, una vez que se toma
la decisión de que se cree en la Sierra de Francia un centro
de estas características.Indudablemente había una contraposición
entre un ayuntamiento y otro,había una propuesta
del entonces director provincial, hecha en febrero de1996
-y decía el diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra querecalcáramos la fecha; quiero fijarme en esa
fecha: febrero de 1996-, al Ministerio de Educación, propuesta
que fue contestada por la entonces directora general
de centros educativos, señora Maestre, en la que se decíaque
se tendría que estudiar y que habría que efectuar un
informe técnico, puesto que la propuesta del entonces
director provincial de Educación no aportaba un estudio
técnico al respecto.
Pues bien, lo que se ha hecho en los años 1997 y 1998
ha sido efectuar un informe técnico que, por supuesto, no
ha sido elaborado por el director provincial actual, sino que
está hecho por tres funcionarios, por tres inspectores, señores
Amador Muñoz, Luis Grajal y Luis Herrero. Del informe
técnico que fue elevado al Ministerio de Educación se
deduce perfectamente, por el número de habitantes, por la
proyección del número de niños en los sucesivos años hasta
el año 2202, que indudablemente es mucho más racional
que el centro esté situado en La Alberca y no en Miranda
del Castañar. Algunos de estos datos a tengo que disposición
de SS.SS.demuestran que, por ejemplo, si aceptáramos
la propuesta que se nos hace en la proposición no de
ley, de Miranda del Castañar habría en el curso 2002-2003,
un solo alumno en el primer curso de la ESO, cuatro en el
tercer curso y cinco en el cuarto; un total de 16. Tres inspectores
de la provincia de Salamanca -no se ha hecho la
imputación y no creo que se haga, por tanto, no voy a indicar
nada al respecto-, elaboraron este informe técnico
completo que obra en poder de este diputado y del Grupo
Popular, en el quese indica que el centro debe estar en La
Alberca; se dan cifras quevienen a señalar que, si se hace
en La Alberca, de un total de 235 alumnos, 128 serían de
los pueblos circundantes y 107 alumnos de La Alberca. Por
el contrario, si se hiciese en Miranda del Castañar, serían
164 alumnos de los pueblos circundantes y 47 de Miranda
del Castañar. Se ha dicho que se hizo algo que en otra ocasiones
no se suele hacer -se hizo dado el contencioso que
había entre estas dos localidades-, que fue una reunión
cuya acta tengo aquí a disposición de los miembros de esta
Coimisión- que se celebró el 20 de noviembre, a las 18
horas, en la cual, reunidos los alcaldes de las zonas, los
presidentes
de las APA, etcétera, se llegaba a la siguiente conclusión
-ruego me disculpen si me alargo algo-: Al no
haber llegado a un acuerdo en cuanto a la definición de la
localidad, Miranda o La Alberca, para la ubicación de la
sección de educación secundaria de la Sierra de Francia, se
reitera de manera unánime la petición formulada desde
años anteriores -los ciudadanos de la Sierra de Francia
llevaban muchos años pidiéndolo-. La Dirección Provincial
será asesorada por los servicios técnicos para el emplazamiento
de la sección de educación secundaria de la Sierra
de Francia. Adquirir compromiso de escolaridad para
los alumnos de las localidades de la Sierra de Francia en el
centro que allí se cree, sea cual fuere su emplazamiento.
Entre las firmas está la del alcalde de Miranda del Castañar,
señor Cano.
Tengo que decir que el acuerdo que se toma el 20 de
septiembre por los ayuntamientos afectados, los presidentes
de las APA, etcétera, es apoyar y dar conformidad a la
decisión que ante la falta de acuerdo tome la Dirección Provincial,
asesorada por los servicio técnicos. Pues bien, eso
es lo que hace la Dirección Provincial, elevar el informe
técnico, firmado por unanimidad de los tres inspectores que
lo realizan, al Ministerio, y éste, ante este informe técnico y
no por otros motivos de ninguna clase, como parece ser
que indirectamente se quiere decir aquí, sacando fantasmas
que no existen, llegaa la conclusión de que se realice la
construcción del centro en La Alberca. Para ello, se fija una
cifra total de 149 millones más 12, en total, 161 millones
de pesetas, de los cuales se fija una cantidad para el proyecto
este año y el resto para el año 1999.
En definitiva, en el año 1999, cuando se inicie el curso,
estará terminado, que ha sido la gran petición de los ciudadanos
de la Sierra de Francia; petición que no ha sido atendida,
por desgracia, porque si hubiese sido atendida no tendríamos
estos problemas -de aquellos polvos vienen estos
lodos-. Conforme al informe técnico se construirá este
centro en La Alberca.
La propuesta que hay en estos momentos es hacer dos
secciones. No podemos hacer centros débiles, no podemos,
bajo ningún concepto, dejarnos llevar por ciertos impulsos
del corazón. Nosotros los compartiríamos, pero en un presupuesto
en el que tenemosque ser rigurosos, en unas decisiones
que tienen que estar avaladas por informes técnicos,
no podemos llegar a una solución salomónica, aunque más
que salomónica podría ser calificada de falta de racionalidad;
máxime -y termino, señor presidente- cuando si se
hiciesen dos secciones, en una de ellas, la de Miranda,
-y lo digo porque es curioso- habría un solo alumno de
Miranda del Castañar cursando primero de la ESO.
Señorías, creo que para las personas que no conocían
el asunto ha quedado claro -al menos he intentado explicarlo-
que la decisión ha sido tomada única y exclusivamente
basándose en informes técnicos y única y exclusivamente
al acuerdo que se llevó a cabo con los alcaldes,
presidentes de APA, etcétera, el 20 de noviembre de 1997.
Por último, señor presidente, quiero referirme a la reunión
que se ha citado con el señor Nasarre, que había sido
pedida por los alcaldes de la zona, a la que parece ser que
les acompañó el diputado que me ha precedido en el uso de
la palabra. El señor Nasarre -ayer me lo dijo de palabra-
les indicó que se estudiaría conforme al informe técnico y
que no habría ninguna decisión basada en otros motivos
que no fueran el informe técnico. Fue conforme a ese informe
técnico por lo que a las 48 horas el señor Nasarre manifestó
clarísimamente que el centro tendría que estar ubicado
en La Alberca.
Señorías, creo que lo que tenemos que hacer aquí es
tranquilizar la zona y conseguir -ese es el compromiso
del Partido Popular y del Gobierno, estoy seguro de que se
van a adherir otras fuerzas y pediría al diputado que me ha
antecedido en el uso de la palabra que se adhiriera a esta
fórmula- que por fin la Sierra de Francia tenga un centro,
que es la petición de los ciudadanos de esta zona; que no se
sigan manteniendo unos dimes y diretes que pueden ser
contraproducentes para que ese centro esté terminado y
entre en funcionamiento en el curso 1999-2000. En consecuencia,
señor presidente, nuestro grupo va a votar en contra
de la proposición no de ley. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán pide la palabra.
El señor PRESIDENTE: Es evidente que no hay ningún
turno, pero el señor Caldera quiere hoy acogerse a la
hospitalidad de esta Comisión. El conoce el Reglamento
mejor que nadie, no en vano forma parte de la ponencia, y
sabe que si él estuviera sentado aquí no se le daría la palabra.
Pero yo se la voy a conceder por medio minuto por si
tiene que hacer alguna matización frente a las informaciones
suministradas, sin entrar encontradicción.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Exactamente
es para ello. Malamente podría haberse construido
el centro de secundaria por parte del anterior Gobierno,
salvo que éste fuera milagroso, ya que hasta el curso1996-
1997 no podía dar comienzo el mismo. En consecuencia,
hubo una decisión que luego fue alterada, en uso de las
competencias que tiene el Ministerio de Educación -que
yo critico y que es legítima, por supuesto-, una vez que
ganó las elecciones el Partido Popular. Por lo tanto, no
podía haberse creado este centro que estaba ya decidido.
En segundo lugar, ante la insistencia de la utilización
del dato de un solo niño en uno de los municipios, les
recuerdo que estamos hablando de una zona escolar en la
cual hay 20 municipios. Por consiguiente, es una visión
sesgada utilizar el criterio de niños de uno u otro municipio.
Hay que ver el conjunto, que son los datos que yo he
dado, sobre la base del estudio técnico del Ministerio de
Educación.
El señor PRESIDENTE: Sepa, señor Caldera, que
empezó usted con la matización pero está usted a punto de
deslizarse en la contradicción. Yo creo que la matización
acerca de qué Gobierno hubo antes y hoy se constata tranquilamente
en el Boletín Oficial del Estado.
Señor Guerra.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Se ha hecho una
afirmación que no es exacta. No había decisión alguna.
Había una propuesta, y la directora general indicó, que para
que esa propuesta siguiera adelante tenía que haber un estudio
técnico, que es el que se hizo posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Ha culminado la polémica a
satisfacción de todos los intervinientes.
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL RETRASO
EN LA CONCESION DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/001131).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el tratamiento
de los puntos 7 y 8 del orden del día, rogando a don Miguel
Angel Heredia Díaz, y dado que ambos tratan de becas,
que en una sola intervención defienda las dos proposiciones
no de ley. Es usted el dueño de ellas. Esto es una sugerencia.
E1 señor HEREDIA DÍAZ: Lo voy a hacer en dos
intervenciones porque son dos asuntos distintos, pero
ambas van a ser extremadamente breves.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Con esa esperanza,
tiene usted la palabra.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, señorías,
la razón de la presentación de esta primera proposición no
de ley es que durante el pasado curso la concesión de becas
para estudiantes universitarios se retrasó un mes con respecto
a los dos años anteriores, según se desprende de una
respuesta parlamentaria aportada por el propio Gobierno.
Concretamente, las primeras becas en el pasado curso fueron
resueltas en el mes de noviembre, frente alos dos cursos
anteriores, que lo hicieron en el mes de octubre. Tal vez
un mes no tenga demasiada importancia para el Gobierno
del Partido Popular, pero para bastantes alumnos universitarios
que deben alquilar un piso, comprar los libros y
afrontar tantos y tanos gastos de comienzo de curso, sin
duda alguna que sí la tiene. Por ello, consideramos fundamental
tratar de buscar las causas que han motivado este
retraso y al mismo tiempo solicitar que se adopten las
medidas necesarias para corregir la tardanza. Los motivos
hay que buscarlos, por un lado, en que en los dos últimos
cursos la convocatoria de becas y ayudas al estudio se
publicaron con retraso con respecto al curso 1995-1996; y
por otro, en que el Gobierno del Partido Popular ha eliminado
la renovación de las becas. Hasta el pasado curso se
producía la renovación de becas dentro de un mismo ciclo
universitario, siempre y cuando la situación económica
familiar del alumno no hubiera variado significativamente.
Esto tenía dos ventajas: por una parte, el alumno sabía que,
obteniendo buenos resultados académicos, se aseguraba la
beca para el siguiente año; por otra, se aceleraba la resolución
de las mismas. Debido al tiempo transcurrido desde
que se presentó esta proposición no de ley, puede que la
primera parte esté resuelta. No obstante, habría que intentar
que para cursos sucesivos la publicación de la convocatoria
de becas se realizara antes del 30 de junio.
En la segunda parte de esta proposición no de ley se
insta al Gobierno a que al alumno uníversitario que haya
conseguido beca durante un curso se le renueve automáticamente,
como mínimo, para el siguiente curso, siempre y
cuando la renta familiar no haya variado significativamente
y siempre que cumpla con los requisitos académicos,
con el objeto de dar -y hago hincapié en esto- una
mayor rapidez a la resolución de las becas.
El señor PRESIDENTE: Con respecto a esta proposición
y para fijar su posición, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el señor Rodríguez Espinosa.
El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Intervengo, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición
en relación a la iniciativa del Grupo Socialista relativa
a la convocatoria de becas para estudiantes universitarios
del curso 1998-1999.
La primera impresión de mi grupo sobre la iniciativa
que debatimos es que su contenido resulta de imposible
cumplimiento para el curso que acaba de comenzar, y ello
por dos razones: la primera, porque cuando el 13 de julio
pasado se presenta esta proposición no de ley en la Cámara
y se aprueba en la Mesa el 21 de julio, ya se había producido
la convocatoria de becas para estudios universitarios del
curso1998-1999, concretamente se había publicado en el
Boletín Oficial el día 2 de julio, por lo que entendemos que
esta circunstancia dejaba sin contenido la iniciativa en
cuestión y suponía un desconocimiento craso de la trayectoria
dispositiva del Gobierno, que todos los miembros de
esta Cámara debemos conocer. La segunda razón de su
imposible cumplimiento se debe a que dificilmente se
puede instar al cumplimiento de algo que ya se ha cumplido
en este curso y dentro de los plazos que la propia proposición
no de ley contempla, concretamente cita el 30 de
junio. En todo caso, debería haberse planteado la instancia
al Gobierno de que en cursos sucesivos siga cumpliendo,
como hasta ahora viene haciendo, o en todo caso que adelante
la fecha de convocatoria. Pero lo cierto es que estos
extremos no se contienen en la parte propositiva de la iniciativa.
Por estas razones creemos que hubiera sido más
oportuno retirar la iniciativa y guardarla para cuando haya,
si es que la hay, una ocasión propicia.
En cuanto a los retrasos a que alude el diputado que me
ha precedidoen el uso de la palabra, bueno sería actualizar
y recordar los retrasos en los pagos del Gobierno anterior e
igualmente actualizar el adelanto de los pagos en las becas
desde que está el Gobierno popular.
Con respecto al segundo punto de la proposición no de
ley, el que hace referencia a la renovación de la beca al
curso siguiente de forma automática, siempre que no haya
variado la renta familiar y se cumplan los requisitos académicos,
mi grupo entiende que la reforma efectuada es una
contribución importante para evitar posibles fraudes, fraudes
que, por otra parte y según han podido detectar los servicios
del Ministerio, eran frecuentes. Sin embargo, el
hecho de que no se produzca la prórroga automática sino
que sea necesaria una nueva solicitud no merma en nada
las posibilidades de concesión ni tampoco el tiempo y
momento de disponer de la ayuda, como tampoco evita al
posible becario los trámites administrativos, puesto que
para que le sea prorrogada la beca ha de presentar documentación
acreditativa de la renta familiar y de los rendimientos
académicos, es decir, prácticamente la misma
documentación que debiera presentar si fuera nuevo becario.
Por tanto, estamos hablando de dos enfoques de pura
técnica administrativa que no afectan a la esencia de la concesión
de la beca, con la particularidad de que con uno de
los procedimientos se consigue, o por lo menos se plantea,
mayor trasparencia en la gestión de los fondos públicos.
Por estas razones mi grupo votará en contra de esta proposición
no de ley, si antes no la retira el grupo proponente,
dada la inoportunidad que, en nuestra opinión, señalaba al
principio de la intervención. (El señor Heredia Díaz pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, tiene la palabra
por medio minuto.
El señor HEREDIA DÍAZ: Nosotros no vamos a retirar
esta proporsición no de ley. Hay una serie de datos que
sería fundamental señalar muy brevemente. El primero de
ellos, cuando habla de la inoportunidad por la tardanza,
porque la convocatoria está prácticamente redactada. He
dicho que el Gobierno tarda tremendamente en contestar la
pregunta, aproximadamente unos tres meses, con lo cual
los datos de la concesión de becas por meses del año pasado
prácticamente se dieron sobre junio y era muy dilicil
hacer el seguimiento; eso por una parte. Por otra, cuando
habla de la segunda parte de la proposición no de ley, de
que la renovación automática de la beca no afecta al tiempo
en que el alumno recibe la beca, tengo que decirle que
mientras a finales de mayo había concedidas 235.000 becas
en el curso 1995-1996 y 249.000 en el curso 1996-1997,
como consecuencia de la negligencia del Gobierno este año
en la misma fecha únicamente se habían concedido 32.000
becas. Luego sí es importante tenerlo en cuenta, posiblemente
no para este curso pero sí estudiar la posibilidad para
el año siguiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Espinosa,
le equidad es la equidad. Tiene medio minuto.
El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Tan sólo quiero
matizar que en la proposición no de ley, como todos han
podido comprobar, no se plantea lo que ahora dice. Dice
textualmente: Insta al Gobierno a que la publicación de la
convocatoria de becas se produzca con carácter inmediato.
Es decir, cuando se presenta la proposición ya estaba hecha
la convocatoria. Por tanto, creo que la justificación de su
inoportunidad está sobradamente apoyada en el propio
texto de la iniciativa.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE
LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN DE PRIMER
CURSO DE UNA TITULACION UNIVERSITARIA
EN FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS
SUPERIORES O COLEGIOS UNIVERSITARIOS,
QUE TENGAN MAS DE CUATRO
PUNTOS EN SELECTIVIDAD PERO NO
ALCANCEN LOS CINCO Y QUE CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS ECONOMICOS PARA
SER BENEFICIARIOS DE UNA BECA SE LES
CONCEDA A PARTIR DEL CURSO 1998/1999 AL
MENOS LA MITAD DE LA CUANTÍA DE LA
BECA QUE LES CORRESPONDERIA DE HABER
OBTENIDO CINCO PUNTOS EN SELECTIVIDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente
161/001133).
El señor PRESIDENTE: Proposición que figura
como número 8 del orden del día. Tiene la palabra el señor
Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, señorías,
durante los años de Gobierno socialista se realizó un enorme
esfuerzo en materia de ayuda al estudio incrementando
tanto el número de alumnos que perciben becas como la
cuantía de éstas, consiguiendo que por primera vez en
nuestro país cualquier joven, independientemente de su
clase social y económica, pudiera acceder en igualdad de
oportunidades con los que hasta esa fecha siempre habían
podido ir a la universidad, los hijos de las familias acomodadas.
No obstante, consideramos necesario y fundamental
seguir potenciando la política de becas en general y la de
los universitarios en particular, razón por la que traemos
hoy a esta Comisión la proposición no de ley. Con ella tratamos
de solucionar un caso concreto que afecta a innumerables
estudiantes universitarios, no beneficiaros de becas
hasta la fecha.
Actualmente, si un alumno universitario de primer
curso obtiene cinco puntos en las pruebas de selectividad
puede recibir becas, tanto en facultades, como en escuelas
técnicas superiores y en colegios universitarios. Sin embargo,
si obtiene cuatro puntos en el examen de selectividad,
si ha aprobado el examen pero no alcanza los cinco puntos,
sólo obtiene beca si cursa estudios en escuelas universitarias.
En el caso concreto de un alumno procedente de una
familia con elevada renta, con más de cuatro puntos en el
examen de selectividad pero sin alcanzar los cinco y que
desea acceder a una facultad, escuela técnica superior o
colegio universitario, no tendrá ningún tipo de problemas,
ya que su familia puede pagarle los estudios. En el caso de
un alumno procedente de una familia con renta baja, que
tenga la misma puntuación y quiera acceder a los mismos
estudios, que resida en un pueblo o localidad alejada de
donde está situada la universidad, perdería la beca, que este
curso alcanza las 600.000 pesetas. Y como este alumno
procedente de una familia humilde no puede permitirse el
lujo de estudiar sin beca, debe renunciar a cursar una licenciatura
y deberá estudiar en las escuelas universitarias para
no perderla. Esto, sin duda, discrimina a los alumnos procedentes
de familias con rentas más bajas a la hora de elegir
una titulación universitaria.
Por ello, para que todos los alumnos que se encuentren
en esta situación puedan acceder a una licenciatura, se propugna
una solución intermedia, una solución de mínimos
entre conseguir la cuantía completa de la beca y quedarse
sin ella, en muchos casos tan sólo por una décima o incluso
una centésima, en la prueba de selectividad. Por todo ello
es por lo que se insta al Gobierno a que a los alumnos que
se matriculen de primer curso de una titulación universitaria
en facultades, escuelas técnicas superiores o colegios
universitarios que tengan más de cuatro puntos en selectividad
pero que no alcancen los cinco, y que cumplan con
los requisitos económicos para ser beneficiario de beca, se
les conceda, a partir del presente curso 1998-1999, al
menos la mitad de la cuantía que les correspondería de
haber obtenido cinco puntos en selectividad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra doña Elena García-Alcañiz.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente,
señorías, como todos ustedes conocen la proposición
no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista comienza, en su exposición de motivos, aludiendo
al Decreto 2298 de 1983, de 28 de junio. Alude a este
decreto y no dice qué es lo que quiere o no modificar de su
contenido. El resto de la exposición de motivos corresponde
-permítanme, señorías, la licencia- a algo que podríamos
calificar de una demagogia ramplona.
El señor Heredia ha corroborado algo que yo no me
atrevía a decir -y sobre ello tengo aquí unas notas-, pero
ha vuelto a reiterar un soliloquio que lo conjugan sistemáticamente
fijándose sólo en los aspectos económicos y cuantitativos
y no en los aspectos de la excelencia, de la calidad
y de la valía. Confunden con muchísima frecuencia -y
esto es preocupante, menos mal que en estos momentos no
están en el gobierno, pero hemos sufrido...
El señor PRESIDENTE: Señoría, no facilitan ustedes
el que luego no haya turno de réplica. Usted ya no está
haciendo un turno en contra. Tiene total y absoluta libertad
de expresión, pero entienda S.S. que es absolutamente
inexcusable que otorgue un turno de réplica o un turno de
defensa. Pero continúe.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Puede que
tenga razón, ¿pero no le parece excesivo, señor presidente,
traer y llevar siempre a los ricos y a los pobres, en vez de
mencionar a los que tiene aptitud y los que no la tienen,
que evidentemente, valen para otras cosas?
Señor presidente, yo quiero recalcar que no hay que
confundir capacidad económica con capacidad intelectual.
Normalmente, la mayoría de los sujetos más aptos, no sólo
de España sino del resto de los países en los que se han
hecho estudios serios, corresponden, en general, a gentes
de la clase media, que hacen un gran esfuerzo para que sus
hijos estudien. Y el presupuesto y las declaraciones de la
renta de muchas de estas familias, también por muy poco
dinero, no alcanzan a poder recibir esa beca.
Dicho esto, nuestro grupo y esta diputada ponen su
énfasis en los criterios que son requeridos para tener una
beca, no sólo en los económicos, en los que sería tremendamente
generosa, sino también en los criterios académicos.
En mi opinión, y en la de nuestro grupo, la universidad
debe ser elitista y a ella deben ir los mejores, los más aptos,
los más capaces, los más dotados. Sólo así podremos tener
un país más próspero, más desarrollado y que pueda competir
con el resto. Esto no significa, en modo alguno, que
ellos sean los más ricos. Es probable que hubiera que adoptar
otras medidas para aquellas personas que, aún teniendo
dinero, no tienen capacidad para estar en la universidad y
probablemente no debieran estar en ella y así lo reitero.
El criterio académico que ustedes pretenden modificar,
señores socialista, señor Heredia, es decir, alcanzar la puntuación
de cinco en las pruebas de selectividad, no parece
en modo alguno un nivel elevado de exigencia. Pero este
criterio, hay que recordarlo, fue adoptado para la convocatoria
del curso 1985-1986. Se modifican los requisitos acadéimicos
que son exigidos para obtener una beca, en el año
1985, y se reduce de dos cursos académicos a únicamente
el curso académico anterior. Otra vez se vuelve a igualar
por abajo, tratando de que haya café para todos y para todo
el mundo sea igual, cuando la realidad es que todos soimos
diferentes. Por tanto, si somos diferentes, hay que adecuar
las exigencias a la capacidad, y el estudio de las carreras a
los intereses, a la motivación y a las aptitudes.
Pueden recordar SS.SS. que desde el año 1986 han
transcurrido diez años de Gobierno socialista en los que
estaba vigente este criterio y ha permanecido invariable.
¿Por qué no lo modificaron antes? Esta sería la pregunta
más simple que podríamos hacer; no lo han modificado
durante diez años. Supongo que al señor Heredia o a los
responsables de esta sección de educación les parece, sin
duda alguna, inadecuada la política educativa realizada por
el Gobierno socialista en la última década de su mandato.
Al menos esta es la impresión que puede dar si se presenta
esta proposición no de ley.
Si nos fijamos en los requisitos económicos, todas las
convocatorias de beca establecen unos límites máximos de
renta familiar, de manera que si éstos se superan no se tiene
derecho a la obtención de una beca. Créame -lo he dicho
anteriormente- que tanto mi grupo como yo personalmente
seríamos más flexibles y generosos, porque por muy
poco dinero, a veces por menos de mil pesetas, una familia
no puede acceder a disfrutar de unas becas cuando sus hijos
sí tienen capacidad y aptitudes para estudiar la carrera que
desean, y tienen que sacrificarse excesivamente, mientras
que a otros, sin capacidad, se les facilita. Creo que esta
cuestión tendríamos que replantearla con cierta seriedad
todo los grupos parlaimentarios.
¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? He de
significar, en primer lugar, que se ha dedicado una especial
atención a los programas de becas y ayudas al estudio y
también se ha realizado un importante aporte presupuestario.
En la convocatoria para 1998-1999, en cuanto a requisitos
económicos se refiere, los datos son los siguientes.
Primero, el 47,67 por ciento de familias españolas tendrían
derecho a beca -reitero, habría que ampliarlo más-, y el
67,44 tendrían derecho a la exención del importe de la
matrícula en la universidad por no superar el segundo nivel
de renta que da derecho a esta ayuda.
De este esfuerzo presupuestario realizado por el
Gobierno del Partido Popular únicamente les señalaré algunos
datos que corroboran esta afirmación. En 1996 se destinaron
al programa de becas y ayudas al estudio 109.200
millones de pesetas, contabilizando los créditos extraordinarios
aprobados en dicho programa. En el año 1997, el
presupuesto que esta Cámara aprobó incluyó un incremento
de 1.682 millones de pesetas respecto de anteriores presupuestos
en el programa correspondiente a becas.
Asimismo, conviene señalar que se aportó un crédito extraordinario
de 7.674.135.600 pesetas que permitió compensar
a las universidades por las matrículas no abonadas por
algunos becarios. Simplemente señalo, no siendo prolija,
que es la obligación de un gobierno reiterar, pero no rebajar.
En el año 1998 -en este curso-, recuerden que en el
vigente presupuesto tuubo un incremento de un 9,17 por
ciento respecto del año anterior, lo que supone un aumento
significativo en este capítulo presupuestario.
En cuanto a la actual convocatoria de becas para el
curso 1998-1999, por lo que respecta a los requisitos económicos,
se han actualizado los niveles de renta exigibles,
se han mejorado los requisitos pedidos a las familias numerosas,
a las que se ha incrementado su nivel máximo de
renta en el doble del IPC (yo creo que esto debía hacerse
también a familias aunque no fueran numerosas que, como
saben, en estos momentos lo son aquellas familias con tres
hijos), y las familias numerosas también se benefician en
sus rentas con un importe de 50.000 ó 75.000 pesetas por
cada hijo, según a la categoría que pertenezcan.
Señor presidente, quiero terminar significando que se
recogen importantes bonificaciones a todas las familias que
tengan entre sus miembros a personas afectadas de alguna
discapacidad. Igualmente, se consignan bonificaciones a
aquellas familias cuyos hijos, para cursar estudios universitarios,
tengan que residir fuera del domicilio familiar.
Por lo que se refiere a los requisitos económicos, hemos
de señalar la mejora sustancial que se ha realizado en cuanto
a la valoración de los diferentes elementos patrimoniales,
fundamentalmente los que afectan a las familias del
sector agrario, a las que en muchas ocasiones se les denegaba
la ayuda por tener un tractor, que era un requisito
indispensable para poder trabajar en su labranza.
Aunque nocorresponde exactamente al debate, señorpresidente,
permítame destacar que durante el curso académico
1997-1998 se convocaron, por primera vez, 200.000
ayudas para la adquisición de libros de texto, dato éste que
es importante y cuya cuantía se ha elevado este año a
300.000 pesetas la convocatoria de ayudas y a 3.000 millones
la partida correspondiente. Asimismo, quiero recordar
que el 15 de junio de 1998 se aprobó un crédito extraordinario
de 7.000 millones de pesetas, destinado a compensar
a las universidades por el importe de las matrículas no abonadas
como consecuencia de la ampliación del concepto de
familia numerosa a las familias con tres hijos.
Con esto, señor presidente, quiero resaltar el esfuerzo
-por otra parte, obligado- que ha hecho el Gobierno del
Partido Popular. Es su deber el de tratar de que ninguna
inteligencia del país se pierda y, por tanto, hay que ser más
y más exigentes en cuanto a los requisitos académicos y de
capacidad, y de dedicación, y mucho más flexibles en los
requisitos económicos.
Nada más, señor presidente. Anuncio que nuestro voto
será negativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, debidamente
administrado y modulado, tiene un minuto para réplica.
Sabe usted que no hay ese turno, pero le voy a dar ese
minuto.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, trataré
de ser lo más breve posible.
Le ha costado, pero el Grupo Popular ha hecho una afirmación
contundente, eso de que la universidad debe ser elitista.
Ya lo era hasta que llegó el Gobierno del Grupo Popular,
porque en la universidad solamente pueden estudiar los
que siempre habían estudiado en este país, y posiblemente
el objetivo de dicho Grupo Popular sea que la universidad
vuelva a ser elitista, para que estudien únicamente los hijos
de las familias acomodadas.
Yo no sé si la señora portavoz del Grupo Popular no me
ha entendido o es que la obcecación de dicho Grupo Popular
hace que cualquier propuesta que venga de las filas
socialistas sea negada instantáneamente, sin analizar las
ventajas o, en este caso, los perjuicios que puede suponer
para bastantes alumnos universitarios de nuestro país. La
señora portavoz del Grupo Popular preguntaba por qué no
lo variaron antes; tal vez porque nosotros creemos que la
política de becas no debe ser algo estático, sino que debe ir
progresivamente avanzando y mejorando. Lo que nosotros
planteábamos era el hecho de que a un alumno procedente
de una familia humilde, sencillamente porque le falten unas
décimas, incluso unas centésimas, en el examen de selectividad
le sea negada una beca que puede suponer este año
600.000 pesetas. Por eso, nosotros ofrecíamos una solución
intermedia, es decir, no dar la partida completa -esas
600.000 pesetas- sino una cuantía mínima para que la
familia pudiese permitirse ese lujo de que el alumno optara
a los estudios que deseaba. Posiblemente, el alumno no
deseaba una diplomatura sino una licenciatura, pero no
puede conseguir la licenciatura porque no tiene dinero para
poder estudiarla. Nosotros buscamos una solución intermedia,
repito, una solución que creemos que es posible, pero
la señora del Grupo Popular dice que ellos, este año, han
elevado la cuantía de las ayudas a más del IPC, y quiero
recordarle a la portavoz del Grupo Popular que ese incremento
en la cuantía de las becas fue el resultado de otra
proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista, en
esta misma Comisión, hace algún tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, tiene
un minuto también.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente,
voy a tratar de ser más breve. Quiero señalar y poner
en evidencia -y a nadie se le ha escapado-, que esta tendencia
a igualar por abajo se pone de manifiesto en muchos
ámbitos de la vida española, incluso en estaCámara.
- SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR LOS
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA EN EL CONGRESO (Número de
expediente 161/000888).
El señor PRESIDENTE: Culminado el debate de la
proposición número 8, vamos a ver la que figura como
número 9, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas
para potenciar los programas de garantía social. Esta
proposición tiene una enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Carmen Pardo para la defensa de esta proposición no
de ley.
La señora PARDO RAGA: Señor presidente, señorías,
buenos días. En nombre del Grupo Parlamentario Popular
voy a presentar y defender en esta Comisión de Educación
la proposición no de ley que se refiere a la adopción de
medidas para potenciar los programas de garantía social. Si
hacemos un poco de memoria podemos observar que el 11
de noviembre de 1997, en la Comisión de Política Social y
Empleo, cuando aprobábamos el informe de la subcomisión
de exclusión social, recomendábamos una serie de
medidas, y en lo que denominábamos pilares básicos, en su
punto 2, se proponía ahondar en la educación y en la formación,
incluyendo programas específicamente diseñados
para aquella población en riesgo de exclusión social.
También dentro del nuevo Programa de formación profesional
que se aprobó recientemente por el Consejo General
de Formación Profesional, entre sus objetivos hay uno
que se recoge textualmente en el contenido de esta proposición
no de ley, concretamente es aquel que se refiere a la
colaboración entre las administraciones educativa y laboral.
Asimismo, en el Plan Nacional de Empleo del Reino de
España de 1998, dentro del primer pilar, en su punto número
2, que se refiere a la renovación en profundidad de la
formación profesional, se alude a aquellos convenios de
colaboración entre el INEM y el Ministerio de Educación
para prácticas en centros integrados de formación y, por
otro lado, al convenio entre el Ministerio de Educación y
Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
la formación de garantía social de adultos. Por tanto, yo
señalaría que la oferta formativa es, como medida eminentemente
activa, una factor clave de lucha contra el desempleo.
Entre las medidas del Plan nacional de empleo aparecen
los incentivos a la contratación estable de colectivos
especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.
Así, en el nuevo programa se detallan esos talleres de
empleo que están concebidos como un programa mixto que
combina acciones de formación y de empleo, sobre todo
dirigido a desempleados, para nuevos yacimientos de
empleo.
La exclusión social no es sólo una insuficiencia económica
sino un conjunto de factores, unos generadores y otros
desencadenantes de la situación de marginación social.
Hecha, pues, esta definición, las actuaciones deberán encaminarse
no sólo a la atención económica -por más importante
que ésta sea-, sino a las modificaciones de estos factores.
El término de exclusión social se define como una
ruptura del vínculo social, o sea, una desconexión social
por las graves dificultades para incorporarse a la plena
participación
en la sociedad.
Desde el Gobierno que preside el señor Aznar y desde
el propio Ministerio de Cultura, se tiene interés en seguir
potenciando los programas de garantía social para aquellos
alumnos que han intentado obtener el título de graduado en
educación secundaria mediante los programas de diversificación
curricular o se encuentran en situación de riesgo de
abandono escolar y desean trabajar o reincorporarse al sistema
educativo, y también para aquellos jóvenes que se
encuentran desescolarizados, en situación de alto riesgo de
marginación social. Aquí traería a colación un informe que
hizo Cáritas en junio de 1998, en el que la cifra escalofriante
era que el 44,2 por ciento de la población que vive en el
umbral de la pobreza es menor de veinticinco años.
Estos programas tienen una doble finalidad. Por una
parte, motivar al alumnado para que se pueda integrar en l
sistema educativo accediendo a los ciclos formativos de
grado medio a través de la prueba de acceso y, por otra,
prepararlo en un perfil profesional que les permita la incorporación
al mercado de trabajo. Dependiendo de que el
objetivo prioritario sea la incorporación al sistema educativo
o a la inserción laboral y en función de las necesidades
de diferentes colectivos de alumnos, se configuran distintas
modalidades dentro de la gestión directa del Ministerio de
Educación y Cultura.
En primer lugar, citemos la iniciación profesional. En
ella hay unos programas de un año de duración dirigidos
fundamentalmente a aquellos alumnos que habiendoo utilizado
todos los recursos del sistema educativo, incluida la
diversificación curricular, bien tienen el riesgo de abandonar
el sistema educativo o bien están ya desescolarizados.
El objetivo general de esta modalidad es prepararles para el
acceso, mediante prueba, a los ciclos formativos de grado
medio y, por otra, asegurarles una calificación profesional
elemental que les permita acceder al mundo laboral con
ciertas garantías de éxito. Estos programas se desarrollan
en centros educativos públicos dependientes del Ministerio
de Educación y Cultura y también en centros privados en
que el Ministerio los subvenciona.
En segundo lugar, y haciendo alusión a estos cuatro
puntos que había, hablemos de los talleres profesionales.
Estos programas están dirigidos fundamentalmente a aquellos
jóvenes que han abandonado el sistema educativo y
que presentan, en general, un rechazo a la escuela fruto del
fracaso escolar que han padecido. Su objetivo principal es
preparar a los jóvenes para el mundo laboral y la posibilidad
de reinsertarse en el sistema educativo, y son desarrollados
por aquellas federaciones sin ánimo de lucro subvencionadas
por convocatoria pública.
En tercer lugar, hablamos de formación y empleo,
modalidad dirigida a aquellos jóvenes desescolarizados
que deseen alcanzar una rápida cualificación profesional
que les permita acceder a un mundo productivo. Estos programas
tienen un doble objetivo: por una parte, la adquisición
de una formación profesional durante los primeros
seis meses; por otra, el objetivo de alcanzar una experiencia
laboral en una empresa con un contrato para la formación
de otros seis meses. Se desarrolan siempre mediante
subvenciones públicas por dos tipos de entidades: las entidades
locales responsables de la formación que están gestionando
un 96 por cineto de las subvenciones dedicadas a
esta modalidad, y por asociaciones empresariales sin fines
de lucro que, en las mismas condiciones que las anteriores,
gestionan el restante 4 por ciento.
En cuarto lugar, señalaríamos el apartado de alumnos
con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
personales de discapacidad. Estos programas van
dirigidos, como su nombre indica, especialmente a personas
con discapacidad que han cursado primaria en integración
y, encontrándose en la misma situación en la educación
secundaria, han agotaddo aquellos recursos que les
ofrece el sistema educativo y no van a obtener el título de
graduado en dicha educación secundaria obligatoria.
Asimismo, se matriculan, aunque en menor grado,
alumnos procedentes de centros de educación especial que
por sus condiciones personales y nivel curricular están en
condiciones de cursar estos programas para acceder al
mundo laboral libre y protegido.
Entre los planes de inserción laboral podemos complementar
la formación profesional recibida por alumnos con
necesidades educativas especiales y este Ministerio de
Educación y Cultura subvenciona desde el año 1996 - y
SS.SS. sabrán que esta cifra es significativa- los denominados
planes de inserción laboral que se desarrollan en centros
del Ministerio de Eduación y Cultura, con la colaboración
de entidades privadas sin fines de lucro. Su objetivo es
apoyar al alumnado con discapacidad para favorecer su
inserción laboral. El apoyo se basa en aportar una mayor
formación en habilidades sociales, en prestar ayuda al
alumno para la búsqueda de un puesto de trabajo y, una vez
producida la inserción, prestarle un servicio de acompañamiento
o tutela muy cercana para conseguir su óptima
adaptación al mismo. En ese sentido, es constante el incremento
presupuestario y, por ello, de forma indirecta las plazas
disponibles para este programa. Quiero señalar que las
inversiones en 1996-1997 para gastos de funcionamiento
de centros docentes suponía 293.600 millones y que en el
año 1997-1998 alcanza la cifra de 500.000 millones de
pesetas. En subvenciones públicas, en el año 1996-1997
hay 3.517.422.54766 pesetas y en el 1997-1998 hay
3.721.648.400. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de
gasto de funcionamiento en centros docentes públicos
desde el curso 1997-1998 se sitúa en un incremento del 10
por ciento y también que el incremento destinado a subvenciones
públicas oscilará entre el 10 y el 14 por ciento.
Así pues, me permito, en nombre del Grupo Popular,
presentar esta proposición no de ley. De la exposición de
motivos que todas las SS.SS. tienen quisiera resaltar dos
temas: primero, se ha hecho con el objeto de: racionalizar
los recursos y elaborar un mapa estatal de necesidades,
sobre todo con una estimación de costes. Y, en segundo
lugar, dar salida al mundo laboral a todas aquellas personas
que, estando en programas de garantía social, desearían
pasar a ciclos formativos de grado medio.
En cuanto a la enmienda que ha presentado CiU a esta
proposición no de ley, le adelanto ya, señor presidente, que
vamos a admitirla, porque en cirto modo clarifica el ámbito
de competencias en que se tiene que aplicar. Por tanto, la
proposición no de ley quedaría redactada de la siguiente
manera: Potenciar -incluyendo en este apartado la
enmienda de CiU- en el ámbito de sus competencias los
programas de garantía social previstos en el artículo 23.2
de la Ley de Ordenenación General del Sistema Educativo,
Logse, e incrementar su oferta relacionándolos con las políticas
de formación y empleo.
Por ello, recabo de SS.SS. el apoyo de todos los grupos
a esta proposición no de ley en la que se pretende la plena
participación en la sociedad de aquellos que por algún
motivo no lo han estado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Convergència i
Unió, con respecto a su enmienda sobre la cual ya se han
pronunciado favorablemente, ¿desea añadir algo?
La señora GIL I MIRÓ: Simplemente quiero agradecer
al Grupo Popular la aceptación de la enmienda, ya que
también ha explicado perfectamente la intención de ella.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posiciones
por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Amparo Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario
Popular nos propone aquí la siguiente proposición
no de ley: Instar al Gobierno a potenciar los programas de
garantía social previstos en el artículo 23.2 de la Logse e
incrementar su oferta relacionándolos con las políticas de
formación y empleo. Aceptada la enmienda de CiU, significaría,
además, en el ámbito de sus competencias.
Quiero significar que esta proposición no de ley que
presenta hoy y aquí el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso no se entiende bien, y ello es debido a que esta
proposición no de ley es copia textual del objetivo quinto
del Programa nacional de formación profesional. La larga
intervención de la señora Pardo no nos ha aclarado qué
dudas o qué temores alberga el Grupo Popular en cuanto a
las intenciones del Gobierno sobre un compromiso firme
adquirido nada menos que en el Consejo de Ministros del
pasado 13 de marzo, en el que se aprobó ese Programa
nacional de formación profesional y, en consecuencia, ese
objetivo quinto. Por tanto, queremos pensar que o bien se
trata en este caso de una proposición no de ley en la que el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene una preocupación
meramente retórica sobre los programas de
garantía social, o bien comparte las preocupaciones que
tiene el Grupo Socialista sobre la cuestión del desarrollo de
esos programas de garantía social.
Esto viene dado porque del análisis de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1998, el Gobierno cifraba
la necesidad de los programas de garantía social en crear
doce mil plazas escolares nuevas por el Ministerio de Educación
y Cultura. Sin embargo, y ya tuvimos ocasión de
exponerlo en el debate de presupuestos, el Gobierno sólo
fue capaz de crear, para este curso 1998-1999, 315 plazas
nuevas. En consecuencia, muy lejos de las necesidades reales
detectadas y admitidas por el propio Gobierno.
Por otra parte, esta preocupación por los programas de
garantía social y por la necesidad de incrementarlos es
compartida por mi grupo parlamentario con el Consejo
Nacional de Formación Profesional, y queremos hacer
nuestra la preocupación que ha expresado ya el Consejo
Escolar del Estado en su último informe sobre el estado y
situación del sistema educativo español, en el cual insta al
Gobierno a ampliar los programas de garantía social para
aprovechar adecuadamente los fondos europeos, porque le
recuerda al Gobierno que los programas de garantía social
son subvencionados con cargo al Fondo Social Europeo.
En consecuencia, lo que tenemos que hacer aquí es un
recordatorio al Gobierno indicándole que los programas de
garantía social deben estar en el centro de sus preocupaciones,
pero esas preocupaciones deben llevarse más allá de la
retórica y, por tanto, a los compromisos efectivos en los
Presupuestos Generales del Estado, a los cuales este grupo
parlamentario estará muy atento para ver cuál es el grado
de compromiso con la cuestión aquí planteada.
Respecto a una cuestión colateral que ha planteado la
señora Pardo en cuanto al mapa de los ciclos de garantía
social y la posibilidad de estudiar el acceso desde esos
ciclos formativos de grado medio y las titulaciones que
pueden obtenerse por los alumnos que los cursan, quiero
recordarle que el Gobierno ha perdido una muy buena
oportunidad cuando ha regulado el pasado 2 de junio, a través
de un real decreto, la formación profesional derivada
de la Logse; ha perdido una gran oportunidad, y nosotros
compartimos con la señora Pardo que probablemente la
orden ministerial que regula los estudios de garantía social,
después de cinco años -puesto que es una orden ministerial
del año 1993-, ha proporcionado una larga experiencia
que no permite evaluar cómo han funcionado estos cursos.
Posiblemente sea conveniente una reforma. Para ello
contará, sin lugar a dudas, con la ayuda y con el consenso
del Grupo Parlamentario Socialista, pero en una dirección
en la cual, desde luego, se camine por dotar de una mayor
financiación, con mayores recursos, tanto humanos como
materiales, a los ciclos de garantía social de formación profesional
derivada de la Logse.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo doña
Carmen Pardo? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
La señora PARDO RAGA: Brevemente, sólo para
recordar a la portavos del PSOE que esta proposición no de
ley tiene su fecha de entrada en el Registro el 26 de febrero,
y el Plan Nacional de Empleo del Reino de España se
aprobó en el mes de abril. También quisiera decirle que el
Gobierno del Partido Popular admite las sugerencias de los
grupos parlamentarios y las lleva a iniciativas. Es decir, es
al revés, primero estaba registrada la iniciativa y luego lo
recoge el Plan de empleo, porque se aprobó en el mes de
abril. Yo creo que ha quedado bien explicado.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, ¿quiere
usted añadir alguna cosa para finalizar el debate?
La señora VALCARCE GARCÍA: Únicamente insistir
en que es el Programa nacional de formación profesional,
en su objetivo quinto, y qu ese puede presentar por
parte del Grupo Parlamentario Popular una iniciativa, pero
que, una vez que ha sido ya aprobada por el Gobierno,
salvo que haya dudas o temores sobre su cumplimiento, lo
que procede es su retirada. En cualquier caso, señora
Pardo, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley,
porque nosotros sí que tenemos serias dudas y temores
sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno
en lo que se refiere a la garantía social.
- SOBRE MEDIDAS PARA INCULCAR EN EL
ALUMNADO VALORES MEDIOAMBIENTALES
Y DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y
FAUNA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 161/001026).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación de
la proposición no de ley que figura bajo el número diez en
el orden del día: medidas para inculcar en el alumnado
valores medioambientales y de conservación de la flora y
fauna. También a esta proposición no de ley existe presentada
una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Por el Grupo Parlamentario Popular va a hacer uso de
la palabra el señor De Luis para defender su proposición no
de ley.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra
hoy en esta comisión, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, para presentar la proposición no de ley incluida en
el orden del día y que fue presentada por mi grupo en el
mes de mayo. Esta proposición no de ley, en síntesis, pretende
que el Gobierno, a través de una acción conjunta de
los Ministerios de Medio Ambiente y de Educación y Cultura,
desarrolle acciones concretas a los efectos de inculcar
en la población juvenil e infantil, es decir, aquella que se
encuentra en tramo de formación, los valores medioambientales
y de conservación de la flora y fauna de nuestro
país.
En cuanto a las razones que justifican esta iniciativa,
creo que primero conviene señalar la importante magnitud
del patrimonio medioambiental de la Península Ibérica, y
concretamente de España, tal y como ya ha habido ocasión
de señalar en la Cámara por parte de mi grupo. Con motivo
de la defensa en la primavera de una iniciativa sobre conservación
de especies de flora y fauna, se hizo constar que
el patrimonio de la Península Ibérica, y concretamente el
nuestro, es, en el conjunto de los países de Europa, el más
importante. Hay que tener presente que, de ese conjunto
europeo, el 50 por ciento de los invertebrados tienen su
hábitat natural aquí, el 65 por ciento de los vertebrados
igual y aves y mamíferos entre el 74 y el 79 por ciento; de
las distintas especies de aves europeas, 368 de 500 especies
habitan en España, y en el caso de los mamíferos también
es muy notable la residencia en nuestro país de más de 118
especies, frente a 150 en el resto del continente. Por tanto,
desde el punto de vista de fauna España es una gran potencia
en cuanto a patrimonio. Respecto a flora, exactamente
igual. Las condiciones geográficas de nuestro país, con
influencia del Mediterráneo y del Atlántico, su orografía y
su variedad de climas hace que en Españ exista desde gran
cantidad de poblacione de musgos y líquenes hasta importantes
masas de bosque.
Sin embargo, en relación a este asunto y a la iniciativa
que nos ocupa hoy, conviene considerar distintos factores.
El primero de ellos, que creo que es especialmente preocupante,
es que la situación de este patrimonio, a los efectos
de transmitirlo a generaciones futuras, está a menos comprometido
en cierta manera. Es evidente que existen, en
relación a fauna, especies que se encuentran amenazadas,
otras que están en peligro de extinción y otro grupo de
especies que han sido recuperadas, y hay que mantener
esas poblaciones en los niveles de máxima vitalidad posible
para que los programas que se han desarrollado para su
conservación puedan conseguir su objetivo.
Por otra parte, si pasamos a analizar la situación de
nuestra flora, también es cierto que la salud de nuestros
bosques no es la más conveniente. Hay que considerar que
en los últimos años ha habido períodos de sequía dilatados
que han perjudicado notablemente la salud de nuestra flora.
La desertización también es un factor que perjudica notablemente
su desarrollo y, por último, no debemos olvidar
que en el período 1986/1995 se han producido más de
160.000 incendios forestales en nuestro territorio que lógicamente
le perjudican notablemente.
El segundo factor a considerar es que, por suerte o por
desgracia, y debido a que la recuperación y el mantenimiento
del patrimonio medioambiental depende de ciclos
biológicos o ciclos naturales, la relación entre causa y efecto
no es inmediata. Esto quiere decir que desde el momento
que se produce una determinada catástrofe que afecta al
medio ambiente, desde el inicio de las acciones para su
recuperación hasta que ésta se produce, transcurre un
importante número de años. Por tanto, creo firmemente que
la prevención en este caso es algo fundamental.
Otro aspecto a considerar es que la magnitud de las
acciones a desarrollar, de los objetivos a alcanzar, implica
un esfuerzo presupuestario muy notable y la prevención
desde el punto de vista económico es capital.
La posición del Gobierno sería el tercer factor. El
Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta, tanto en
la oposición como, naturalmente, ahora que tenemos las
responsabilidades de hacer vivir en mejores condiciones a
los ciudadanos de este país, siempre consideramos que el
medio ambiente era un factor determinante. Esto ha quedado
demostrado por la voluntad del presidente Aznar desdeel
primer momento de conferir rango de departamento
ministerial a la Secretaría de Medio Ambiente en cuanto a
responsabilidades en la Administración central, responsabilidades
que tiene compartidas con las distintas Comunidades
Autónomas por efecto de las transferencias que éstas
tienen. El Ministerio tiene aspectos fundamentales en cuanto
a legislación básica, y en esto dos años de gestión ya ha
introducido en el ordenamiento jurídico español alguna
legislación fundamental que tenía que haberse hecho
mucho antes, como es la Ley de Residuos y Envases, que
eran mandatos de la Comisión Europea y que no habían
sido cumplidos por gobiernos anteriores.
En cuanto a la voluntad del Gobierno en relación al
tema que ocupa hoy a la Comisión y que nosotros traemos
como consecuencia de la presentación de la proposición no
de ley, es evidente que el Ministerio también es consciente
de la preocupación y, por tanto, yo creo que será muy
receptivo al mandato que la Comisión tenga a bien votar.
El Ministerio, si se consulta la documentación presupuestaria
que cada año se remite a la Cámara, desarrolla un programa,
el 533-A, protección y mejora medioambiental,
entre cuyos objetivos está implementar medidas para conseguir
la adecuada educación ambiental de la educación
civil. Otro factor también a considerar y que apuntala la
bondad o la conveniencia de esta iniciativa que mi grupo
ha presentado es el hecho de que por desgracia, teniendo
presente algunas estadísticas o algunas encuestas que se
han hecho públicas en la primavera con ocasión del Día
mundial del medio ambiente, el grado de preocupación por
los valores medioambientales y por el medio ambiente en
general en nuestros ciudadanos no está en primer nivel de
prioridad, solamente el 14 por ciento de los encuestados
consideran que el medio ambiente es un problema muy
importante.
El último factor a considerar es que las tesis de la comunidad
internacional en relación a la necesidad o los recursos
que hay que movilizar para conseguir la preservación
en buenas condiciones del patrimonio medioambiental o
del patrimonio natural parece que van por el camino de no
dejar exclusivamente la responsabilidad en manos de las
administraciones públicas sino también llamar a la sociedad
civil a que participe, a que los ciudadanos sean conscientes
de la importancia de ello. Así queda constancia en
la Conferencia de Medio Ambiente celebrada en Estocolmo,
e incluso la Comunidad Europea desarrolla un programa,
el llamado V Programa, en donde se trata de introducir
el concepto de responsabilidad entre la población de los
distintos países.
La proposición no de ley que nosotros defendemos,
apoyada en todos estos factores y consideraciones a que
antes he hecho referencia, pretende inculcar a la gran cantidad
de alumnos de nuestro país, que serán generaciones de
futuro, primero, el concepto de corresponsabilidad con la
Administración pública en el mantenimiento del patrimonio.
Creemos que es una buena forma de completar su formación,
que entendemos que debe ser integrada, igual que
existe la conciencia de la conservación del patrimonio histórico,
también los jóvenes y los niños deben de ser conscientes
de la necesidad de no agredir al patrimonio natural.
Por último, entendemos que si la proposición no de ley
es aceptada por esta Comisión y votada favorablemente
por la mayoría de sus miembros y el Gobierno desarrolla
las acciones que ella pretende, conseguiremos movilizar a
un importante número de ciudadanos para que, junto con
las tesis, los principios, las acciones políticas que desarrolla
la Administración pública, podamos garantizar transmitir
el patrimonio medioambiental de nuestro país, que como
decíamos al inicio es muy rico y muy importante en el conjunto
de los patrimonios europeos, en mejores condiciones
a las generaciones futuras.
Espero que la proposición no de ley cuente con el apoyo
mayoritario de los grupos representados. Únicamente quería
apuntar que en lo que es el petitum de la misma, en las
dos últimas líneas dice: en los alumnos, los valores medioambientales
de protección; debe decir: en los alumnos, los
valores medioambientales y de protección de flora y fauna.
En relación a la enmienda presentada por Convergència
i Unió, anticipándome a la defensa y presentación de la
misma por el grupo proponente, quiero manifestar el total
acuerdo para su inclusión en el texto de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Lo que no nos libra de dar la
palabra a doña Carmen Laura Gil i Miró para que, como la
enmienda es suya, se manifieste, porque a lo mejor podríamos
encontrarnos con la sorpresa de que la retira.
Señora Gil i Miró, tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, en este
momento la enmienda ya no es mía, sino que yo creo que
es de casi todas y todos los diputados que nos encontramos
en esta Comisión. Es simplemente una enmienda que salvaguarda
y deja claras las competencias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, y para fijación de posiciones, tiene la palabra
doña María Sacramento Cánovas.
La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Intervengo
para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la proposición
que nos ocupa.
Nuestro grupo comparte la afirmación del Grupo Popular
en la exposición de motivos cuando dice que la educación
no es completa si no contribuye a concienciar a los
alumnos de la importancia que para su desarrollo como
personas tiene la protección del medio ambiente. Vemos,
por tanto, que el texto de la proposición es uno de los
muchos contenidos del área de educación medioambiental
contemplado en la Logse como uno de los ejes transversales
de la educación. Entendemos que la ley vigente deja
claro el que, el cómo y el cuándo de la educación ambiental
no sólo en la Logse sino en las normas que se han ido dictando
en estos años, quedando asimismo especificados los
diferentes niveles de concreción curricular a medida que
los centros se han incorporado a la reforma educativa. La
normativa es suficientemente explícita y el cómo implementarla
hace años que está fundamentado desde la Dirección
General de Renovación Pedagógica, a través, entre
otros, del Centro Nacional de Recursos y los CPR, con
abundante bibliografía y formación del profesorado. Es
evidente que el desarrollo metodológico implica recursos
materiales y personales, y estos nunca sobran; por tanto,
convendría continuar con la formación del profesorado,
sobre todo el de los centros que se han ido incorporando a
la reforma en estos últimos años.
La proposición nos parece bien, aunque inconcreta. No
sabemos a qué medidas se refiere el proponente, y ese bajo
nivel de concreción podría llevarnos a una declaración
genérica, bien intencionada, pero poco efectiva al perderse
en la burocracia de los Ministerios de Medio Ambiente,
Educación y Cultura y ComunidadesAutónomas, e innecesaria
por obvia. Quisiéramos apreciar mayor coherencia en
las actuaciones del Gobierno, ya que es contradictorio querer
implantar medidas de avance en la línea que se propone
y, simultáneamente, recortar el cupo del profesorado, iniciar
el curso académico sin los profesionales necesarios, no
respetar la ratio profesor/alumno, o hacer que el profesorado
simultanee perfiles profesionales diversos itinerando
por los centros. Medidas administrativas, en resumen, que
no ayudan en nada a la calidad de la educación, mientras en
el Congreso nos dedicamos a aprobar declaraciones de
intenciones instando al Gobierno a poner en práctica medidas
genericas. No obstante, nuestro grupo, entendiendo que
en esta materia lo que abunda no daña, y que queda mucho
camino por recorrer, apoyará la proposición del Grupo
Popular, esperando ver cómo los CPR amplían la oferta de
educacion medioambiental a los profesores, asi como que
se establecen estimulos a la investigación, tanto del profesorado
como del alumnado, en los diversos niveles educativos,
por ejemplo. También nos gustaria recibir información
de las medidas que se adoptan cuando las administraciones
las concreten (calendario de aplicación, evaluación,
etcétera).
Por tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la proposición
con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente.
- SOBRE EL CUARTO CENTENARIO DEL PINTOR
DON FRANCISCO ZURBARÁN. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
161/000992).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al
tratamiento de la proposición que figura bajo el número 11,
sobre el cuarto centenario del pintor don Francisco Zurbarán,
introducida por el Grupo Parlamentario Popular, y para
cuya defensa tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Se cumple en
noviembre de este año, señorías, el cuarto centenario del
nacimiento del pintor extremeño Francisco de Zurbarán y
su rememoración motiva esta proposición no de ley que
presento en nombre del Grupo Popular.
Quiero, antes de iniciar la exposición de argumentos y
motivos, dejar patente mi agradecimiento a mis compañeros
de grupo en esta Comisión que me permiten realizar
hoy la defensa de la misma tendente a celebrar, conmemorar
y, en definitiva, a recordar en el cuarto centenario de su
nacimiento la figura y gloria del pintor extremeño más universal,
natural, como este diputado que lo recuerda hoy, de
Fuente de Cantos, pueblo blanco del sur de Badajoz que,
como Zurbarán, se encuentra en la simbiótica frontera territorial
y cultural entre las provincias de Badajoz y Sevilla.
Indudablemente estas connotaciones de paisanaje íntimo
producen en este diputado, aparte del orgullo normal
por la fama y el reconocimiento del que fuera pintor del rey
y rey de los pintores, la satisfacción personal de cumplir el
sueño remotor de poder ensalzar y defender su obra y su
memoria en nombre de todos los extremeños, sobre todo
los de la provincia de Badajoz, a los que represento, ante
este Congreso de los Diputados que, a su vez, representa la
voluntad de todos los españoles.
Celebramos este año el recuerdo de dos extremeños
ilustres: el nacimiento hace 400 años de Francisco de Zurbarán
y la muerte del sabio teólogo humanista Arias Montano.
Sin desmerecer en absoluto los valores del frexnense
por su universalidad, eso sí reconocida tardíamente, es la
figura de Zurbarán la que vamos a recordar hoy en un
ámbito no sólo localista provincial o autonómico, como en
parte, aunque tímidamente y sin apenas relevancia, se está
haciendo en la comunidad extremeña, a lo peor por considerar
algunos a Zurbarán un tópico extremeño más también
a desterrar. En Cáceres, lugar de localización del único
conjunto de cuadros que se conserva en su localidad de origen,
Guadalupe, no se han realizado actos de transcendencia
significativa; tampoco en Badajoz. Y sólo son dignos
de reconocer los esfuerzos voluntariosos realizados a instancias
de las localidades de Fuente de Cantos, lugar de
nacimiento, con colaboraciones de la iniciativa privada tan
generosa, espotánea y altruista como la de la Asociación de
empresarios fuentecanteños y de la vecina Llerena, lugar
de una década de estancia. También la Junta de Andalucía,
con la colaboración de la de Extremadura, han propiciado
para octubre una exposición, de la que tenemos pocas noticias,
sobre algunos cuadros del pintor, entre los que figuran
algunos procedentes del Museo del Prado y del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, ambos de titularidad
estatal, por tanto también con la colaboración del Ministerio
de Educación y Cultura.
Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Cantos y
bautizado en su iglesia parroquial el 7 de noviembre de
1598, estoy seguro que es de sobre conocido por SS.SS.,
pero aunque sólo sea porque todavía figura en algunos diccionarios
y enciclopedias como nacido en Madrid o Sevilla,
me van a permitir que aproveche esta proposición para
recordarles de forma breve unas pinceladas de su biografía,
casi desconocida o mejor de su pintura en claroscuro, y
también sobre su obra, y en definitiva sobre su gloria y
fama como pintor universal. Hijo de Luis de Zurbarán,
hidalgo mercero de origen vasco, y de la extremeña del sur
Isabel Márquez, de su infancia sólo tenemos como cierto,
aparte de la partida de bautismo, la comisión que su padre
confirió al vecino de Sevilla, Pedro Delgueta, para que
colocara al joven Francisco, de 15 años, cuyas dotes artísticas
debían ser ya notorias, con un pintor de dicha ciudad,
encargo que rápidamente quedó cumplido, mediante contrato
fechado el 15 de enero de 1614, por espacio de tres
años en el taller del pintor Pedro Díaz de Villanueva, donde
realizó su formación en el ambiente de la organización gremial,
que sin duda complementaría o completaría con el
conocimiento de la pintura sevillana del momento, Pachecho,
Mohedano y Herrera el Viejo, así como tratando a las
jóvenes promesas de la misma, nada menos que Velázquez,
del que se haría gran amigo, yAlonso Cano.
Cumplido el contrato, volvió a Extremadura, estableciéndose
en Llerena hasta 1629, población cercana a Fuente
de Cantos y que era entonces la más importante de la
comarca, al ser la capitalidad del priorato santiaguista de
San Marcos de León, así como la residencia del prelado
titular del mismo y del tribunal de la Inquisición. Se casó
pronto, en 1617, con María Páez, diez años mayor que él, y
tuvieron tres hijos, María, Juan e Isabel Paula, y cuando
ésta muere en 1623, vuelve a casarse en 1625 con Beatríz
de Morales, también mayor que él y de la que no tuvo descendencia.
En Llerena desarrolla el pintor fuentecanteño su actividad
inicial como artista, sin perder el contacto con Sevilla,
como lo prueban los encargos recibidos en 1626 y 1628 de
los cenobios hispalenses de San Pablo y la Casa Grande de
la Merced. A causa de este último encargo se trasladó a
Sevilla con su taller y como consecuencia de sus éxitos en
ambas empresas tuvo lugar la insólita petición del Venticuatro
Suárez, aceptada por el asistente de don Diego de
Mendoza, de que la ciudad le rogase que se avecindase en
ella y se comprometía a favorecerle y ayudarle en todas las
cosas que se le ofrecieran. Nuevos encargos de los trinitaros
descalzos y de los franciscanos de San Buenaventura
consolidaron su vecindad sevillana. Sin embargo, un incidente
peculiar, que retrataría la dignidad, recidumbre y
seguridad de Zurbarán como artista, ocurre en 1630 cuando
Alosno Cano, en su condición de alcalde veedor del gremio
de pintores, formula una reclamación al ayuntamiento
sevillano para que se obligase a Zurbarán a examinarse
ante el gremio para poder ejercer como pintor públicamente.
Zurbarán se negó, alegando que la categoríade sus obras
realizadas juzgaban por sí mismas, razones que el ayuntamiento
hispalense no sólo entendió no admitiendo la
demanda, sino que le encargó una Inmaculada para su sala
capitular, lo que supuso el asentamiento definitivo de Zurbarán
en Sevilla durante casi 30 años.
De 1631 a 1640 es el período más fecundo de Zurbarán,
interrumpido en 1634, cuando quizás por sugerencias de su
amigo Velázquez es llamado a la Corte, para trabajar en la
decoración del salón del reino del palacio del Buen Retiro,
lo Trabajos de Hércules y dos lienzos referentes a la Defensa
de Cádiz contra los ingleses. En el Buen Retiro iba a
verle trabajar Felipe IV, que un día le nombró, según sus
palabras, pintor del rey y rey de los pintores. De vuelta a
Sevilla, comenzó su carrera de grandes realizaciones, de
las que son su obras culminantes las series de la Cartuja
jerezana de la Defensión y del Monasterio jerónimo de
Guadalupe, con su perla, la Apoteosis de San Jerónimo,
que se fechan entre 1637 y 1639.
En 1639 muere su segunda esposa y sufre una gran
depresión, de la que sale obligado por las circunstancias
familiares, ya que en 1641 se casa su hijo Juan, que le daría
dos nietos. Aparece en su vida otra mujer, esta vez más
joven que él, la viuda Isabel de Tordera, con la que se casó
en 1644. Tuvieron seis hijos que todos murieron en la
infancia, lo que hundió más al pintor, activando en este
período su producción para las Indias, Lima y Buenos
Aires. En 1649 recibió un nuevo golpe, la muerte de su hijo
Juan, su ayudante más notable, a consecuencia de una epidemia
de peste que asoló Sevilla. Su estado de ánimo, junto
al cambio estilístico del comedio del siglo y la creciente
popularidad del joven Murillo, empiezan a partir de entonces
a arrinconar a Zurbarán, por lo que en 1658, amparado
en su amigo Velázquez, busca fortuna en la Corte, en
Madrid, donde al principio vuelve a trabajar para el rey, pero
la muerte de su amigo y delsoberano cortan el efímero resurgir
del pintor. Su muerte llegaría el 27 de agosto de 1644.
La obra de Zurbarán abarca cinco períodos diferenciados
(el juvenil, los primeros años sevillanos, la etapa
magistral de 1631 a 1640, los años críticos y el éxodo
madrileño), por lo que es imposible de recoger y enumerar
en el corto período de esta proposición, pero sí el posible
señalar sus principales características.
A Zurbarán, considerado como el pintor monástico por
antonomasia, y por Eugenio DOrs como el más español de
todos los artistas españoles, sin duda, aunque su extremeñismo
como pintor esté claramente por reivindicar, habría
que considerarle también ocmo el más extremeño de todos
los artistas extremeños, ya que aun habiendo trabajado casi
tres décadas en la por entonces culta y refinada Sevilla y en
la corte madrileña, de su arte emana un recio carácter popular,
provincial, con una severidad única, que nadie ha realizado
ni superado con tanta intimidad y simplicidad.
En resumen, podríamos señalar que las cuatro virtudes
que se conjugan e imbrican fundamentalmente en el arte de
Zurbarán son: dominio del claroscuro, síntesis formal (dentro
de su muy contundente visión realista), energía volumétrica
o monumental y potenciación de las calidades.
Por otra parte, del carácter universal y la trascendencia
de su obra, dan fe la admiración y el estudio del que fue
objeto su fuerte realismo por parte de la pintura moderna,
de los cubistas, de 1907 en adelante, entre las que podemos
citar a Picasso, Juan Gris, Braque y muchos más. La grandeza,
magnitud y genialidad de la obra de Francisco Zurbarán
nos obligaron a presentar esta iniciativa en marzo del
actual, instando al Gobierno a conmemorar el cuarto centenario
de su nacimiento, y hoy ya un poco tarde la debatimos
cuando apenas queda poco más de un mes para su
celebración, así que dejaremos al Gobierno la libertad del
cómo hacerlo. Pero como extremeño y como paisano del
pintor fuentecanteño, me permito hacer unas sugerencias
concretas, aunque sólo sea para paliar, en parte, el desconocimiento
que todavía hoy existe sobre Zurbarán y su obra
de los que dan fe, como dije al principio, algunos diccionarios
y enciclopedias que todavía lo consideran como madrileño
o sevillano. Así el Ministerio podría confeccionar una
publicación-catálogo que recogiera todas sus obras, muy
difuminada, de forma que se difundieran por todos los colegios
e institutos, preferentemente en los extremeños, y en
todas las bibliotecas públicas. Asímismo sería muy interesante
realizar un estudio sobre el retablo realizado por Zurbarán
en la parroquia de Llerena, cuyo contrato de agosto
de 1663 se conserva; nadie ha investigado a fondo todavía
qué pinturas contenía, cuáles se conservan y dónde están.
Para ello habría que crear una comisión de autoridades
administrativas y de expertos para conseguir una doble respuesta:
Uno, celebrar una exposición de los cuadros que
los expertos suponen componían el retablo y de aquellos
contemporáneos de los que no se sepa su localización originaria
y, dos, analizar en un seminario un estudio retablístico
de adivinación de cómo fue realizado por Jerónimo
Velázquez y Zurbarán en la citada iglesia, así como el estudio
de las dimensiones, contenidos y temas de los cuadros
posiblemente incorporados al retablo.
Para concluir, con el convencimiento y la seguridad de
que el Ministerio de Educación y Cultura atenderá esta
petición como se merece la figura del magistral pintor de
Fuente de Cantos, sólo me queda solicitar a todos los grupos
que forman esta Comisión que apoyen esta iniciativa,
que propongo de la forma siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a conmemorar la figura de don
Francisco de Zurbarán Márquez en el cuarto centenario de
su nacimiento, cuya obra es gloria de la pintura española y
orgullo de su patria extremeña, horando así la memoria de
quien dejó un magnífico y magistral legado artístico a la
pintura universal.
El señor PRESIDENTE: Es evidente que el Reglamento
tiene que quedar vencido ante la invocación de Zurbarán
y ante la invocación de Extremadura, pero que no
sirva de precedente. Quedamos todos agradecidos a su
intervención y a su ilustración sobre la importante figura de
Zurbarán.
Para fijación de posiciones, don Miguel Ángel Heredia,
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor HEREDIADÍAZ: Este año secumple el cuarto
centenario del nacimiento del gran pintor Francisco Zurbarán,
sin duda uno de los más importantes de nuestro
Siglo de Oro, lo que supone un acontecimiento de primer
orden dentro del mundo de la cultura, efeméride que el
Ministerio de Educación y Cultura no debería haber olvidado;
pero dado el poco interés que éste muestra por el
mundo de la cultura, tampoco es de extrañar. Tampoco es
de extrañar que el Grupo Parlamentario Popular traiga a
esta Comisión una proposición no de ley donde se insta al
Gobierno a conmemorar el nacimiento de Zurbarán tres
meses antes de que concluya el año en que se celebra su
cuarto centenario. Tampoco se entiende la escasa concreción
del texto. Cuando el Grupo Parlamentario Popular
habla de conmemorar, ¿a qué se refiere? ¿A que el Gobierno
organice simposios, ciclos de conferencias, exposiciones
sobre el pintor... o simplemente a que se realice una
ligera mención al acontecimiento? No queda claro en el
texto. Eso sí, una ligera mención al acontecimiento con un
buen titular y una magnífica fotografía en los medios de
comunicación. Vista la importancia que el referido Ministerio
da a la cultura, también nos tememos que con la actual
redacción se limite a hacer lo segundo.
Dada la premura de tiempo y la escasa previsión que ha
tenido el Gobierno al respecto, ¿por qué razón no se contempla
en ningún apartado de esta proposición no de ley
una coordinación entre el Gobierno del Partido Popular y
las consejerías de Cultura de la Junta de Andalucía y de
Extremadura, de cara a celebrar el cuarto centenario?
Habrá que recordarle al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que, pese a lo que ha dicho, tanto la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, como la de la Junta de
Extremadura están llevando a cabo desde comienzos de
este año múltiples actividades sobre el pintor, actividades
que van desde simposios y conferencias hasta una exposición
de casi 90 cuadros del pintor -recalco, 90 cuadros
del pintor- procedentes de diversas pinacotecas y, colecciones
privadas, tanto de Europa como de América, que se
expondrán a partir de octubre en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla y, a partir de diciembre, en el de Badajoz.
Esta proposición no de ley llega tarde y mal. El Grupo
Parlamentario Socialista no puede votarla favorablemente
si no se concretan más los compromisos del Gobierno y si
no se coordina la conmemoración con las comunidades
autónomas de Extremadura y Andalucía, lugares de nacimiento
y desarrollo pictórico de Zurbarán (el señor Zambrano
Vázquez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, por un
minuto.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Sólo quiero aclararle
al ponente del Grupo Parlamentario Socialista que
esta proposición se presentó en marzo, ya lo he dicho -
creo que me ha oído-, he dicho que se han celebrado algunas
cosas y que teníamos poco conocimiento de esta exposición
que se inicia en octubre, pero en ella colabora -y lo
he dicho también- el Ministerio de Educación y Cultura
con cuadros del Museo del Prado y del Museo de Escultura
de Valladolid.
Aunque dejo en libertad al Ministerio de Cultura, debido
al poco tiempo que tenemos desde la presentación hoy
de esta proposición no de ley, le hago unas propuestas muy
concretas.
- SOBRE RESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES
PROFESIONALES, COMPETENCIAY
FACULTADES DE LOS DIPLOMADOS EN
CIENCIAS EMPRESARIALES. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN,
CONVERGÉNCIA I UNIÓ (Número de
expediente 161/000638).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tratamiento de la
proposición no de ley que figura bajo el número 12 del
orden del día, de la que es promotor el Grupo Parlamentario
Catalán, sobre restablecimiento de las funciones profesionales,
competencia y facultades de los diplomados en
Ciencias Empresariales.
Para su defensa, por dicho Grupo Parlamentario Catalán,
tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: La proposición no de ley que
en nombre de mi grupo presento ante la Comisión para su
consideración, es simplemente una iniciativa que pretende
llenar el vacío legal existente en la regulación de las competencias
profesionales de los diplomados en Ciencias
Empresariales, regulación que se vehiculó mediante decreto
el año 1981, que fue declarado nulo, por sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de junio de 1986, por un vicio
grave de forma, por no haberse realizado en su proceso de
elaboración la preceptiva consulta a la Comisión Permanente
del Consejo de Estado. Así pues desde esta fecha, es
decir, desde hace más de 12 años, el Gobierno o los sucesivos
gobiernos no han cumplido lo que dicha sentencia
falló, y que era algo tan simple en apariencia como reponer
el expediente tramitado para su elaboración al estado procesal
que permitía la preceptiva consulta a la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, simplemente eso. De
manera consecuente, desde aquella fecha los diplomados
en Ciencias Empresariales están privados de una regulación
de sus funciones profesionales, competencias y facultades,
con los graves perjuicios que ello les reporta.
Cabe recordar que la Ley General de Educación
de 1970 sustituyó la titulación de profesor mercantil por la
de diplomado en Ciencias Empresariales, y que en su disposición
transitoria catorce.2 estableció que el Gobierno
dictara las normas necesarias para garantizar el uso de las
nuevas instalaciones académicas. En 1977 se promulgó el
Real Decreto 877, que estableció las funciones profesionales,
competencia y facultades de los profesores mercantiles;
el año 1981, por el Real Decreto 3132, se dispuso que
aquéllas podían ser ejercidas igualmente por los diplomados
en Ciencias Empresariales. Este real decreto, obviamente,
estuvo vigente los cinco años que transcurrieron
desde su publicación hasta el fallo de la sentencia citada.
Muchas son, pues, las promociones de diplomados surgidas
y miles los profesionales afectados por la nulidad de
aquel real decreto, que les ha situado en un estado de precariedad
jurídica ante cualquier demanda de responsabilidad
civil que pudieran recibir por sus actividades profesionales.
También los colegios oficiales correspondientes se
encuentran en la imposibilidad de adecuar de manera
correcta sus estatutos para dar cabida al colectivo de diplomados
en Ciencias Empresariales, ya que no pueden hacer
referencia al Decreto 3132/1981 anulado.
Sorprendentemente, otro Real Decreto, el 1665/1991,
sobre títulos académicos y profesionales de la Comunidad
Europea, identifica como una sola profesión la del uso de
las titulaciones de diplomado en Ciencias Empresariales y
de profesor mercantil, reiterando que éstos disfrutarán de
los mismos derechos que aquéllos.
Es evidente que el olvido del Gobierno para subsanar
un vicio de forma causa perjuicios desde hace años, ahora
soslayables, al colectivo de antiguos profesores mercantiles
y al que por la ley de 1970 le sustituyó el colectivo de
actuales diplomados en Ciencias Empresariales.
Por ello, y a petición de estos colectivos, someto a su
consideración esta iniciativa, solicitando que la acojan
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña Montserrat
Palma tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Simplemente quiero
decir que mostramos también nuestra satisfacción porque,
después de tanto tiempo, se vea resuelto el problema
a que se ha visto sometido este importante grupo de profesionales.
La verdad es que el origen del problema, tal como ha
expuesto la portavoz del grupo proponente, fue un desafortunado
error en la tramitación del mencionado real
decreto. Por tanto, simplemente se trataría de reponer el
expediente en el trámite que permita llevar a término la
audiencia debida, dando cumplimiento a la sentencia del
Tribunal Supremo. En cualquier caso, quiero reiterar nuestra
satisfacción por la solución que se les da a los miles de
profesionales afectados durante este tiempo y decir que,
además del olvido, como ha dicho la portavoz del grupo
proponente, también es verdad que en cuestiones de colectivos,
que a veces esgrimen argumentos de tipo corporativista,
digamos, surgen muchas dificultades para llegar a
solucionar los problemas.
En cualquier caso, no se trata sólo de solucionar el tema
de la capacitación profesional y de las funciones de los
diplomados en Ciencias Empresariales sino que también
los antiguos titulados, peritos y profesores mercantiles han
visto asimiladas también sus funciones profesionales a las
de los diplomados en Ciencias Empresariales. Por tanto,
con esta resolución van a salir beneficiados todos ellos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, para utilizar un turno de fijación de posiciones,
tiene la palabra don Juan Carlos Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: En primer lugar, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, me
gustaría valorar muy positivamente esta proposición no de
ley que nos trae el Grupo Convergéncia i Unió sobre el
establecimiento de las funciones profesionales, competencias
y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales,
porque la cruda realidad es que existe un vacío normativo
en cuanto a la definición de estas funciones; esto es
debido, como ya se ha comentado, a que el Real Decreto
3182/1981, por el que se atribuía a los diplomados en
empresariales las mismas funciones que las previstas para
los profesores mercantiles en el Real Decreto 871/1977,
fue declarado nulo. Dicho vacío normativo provoca, como
ya se ha dicho, muchos problemas; por ejemplo, cuando
los colegios de titulados mercantiles y empresariales pretenden
adecuar sus estatutos para acoger a los diplomados
en Ciencias Empresariales, ya que no pueden ampararse en
ninguna norma vigente para regular las funciones profesionales
de aquéllos.
Creemos que este es un asunto que se debería haber
solucionado hace mucho tiempo. Esa es nuestra voluntad:
solucionarlo. Digo que hace mucho tiempo, porque recordemos
que la anulación del decreto se produjo por una sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1986.
Señor presidente, el Grupo Popular anuncia su voto
favorable a esta proposición no de ley sobre restablecimiento
de las funciones profesionales, competencias y
facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales,
sabiendo que así se empieza a solucionar un serio problema
que afecta sobre todo a profesionales jóvenes que verán
por fin más clara la regulación legal de su diplomatura.
- SOBRE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO
DE TODOS LOS DERECHOS DEL ALUMNADO
INMIGRANTE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/999637)
El señor PRESIDENTE: La proposición número 13,
sobre medidas para el reconocimiento de todos los derechos
del alumnado inmigrante, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, se entiende por la Presidencia
retirada, teniéndose en cuenta que se están tramitando proposiciones
de ley, a instancias de los grupos parlamentarios
de Convergéncia i Unió, Socialista y Popular, sobre la
reforma de la Ley de Extranjería, en cuyo articulado evidentemente
hay una referencia muy expresa a lo que son
los derechos en materia de educación de la población inmigrante,
con lo que hemos dado por culminado el trabajo de
la Comisión del día de hoy.
Como habíamos señalado que las votaciones se celebrarían
a partir de la una y media, nos tomamos un descanso
hasta dicho momento, interesando de los señores portavoces
que realicen cuantas gestiones sean precisas para que
todos los diputados que tengan que votar estén presentes.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión para
proceder a las votaciones de todas y cada una de las proposiciones
no de ley que hemos ido debatiendo a lo largo de
la mañana. En primer lugar, rogaría a la señora Rivadulla
que tenga la amabilidad de ilustrarnos acerca de si se ha
llegado a alguna enmienda transaccional con respecto a las
proposiciones no de ley números 1 y 2 sobre reserva de
plazas para alumnos minusválidos, ¿Han llegado a alguna
enmienda transaccional?
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿Puede
usted dar lectura a la misma?
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí. Dice. El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a establecer las
medidas necesarias para que las universidades de titularidad
pública reserven un 3 por 100 de las plazas para aquellos
alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100 o padezcan menoscabo
total del habla o pérdida total de la audición, así como para
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
permanentes, asociadas a condiciones personales de discapacidad,
que durante su escolarización anterior hayan precisado
recursos extraordinarios, reconocidos oficialmente
por los organismos competentes. Las universidades podrán
disponer, una vez finalizado el período de matriculación de
cada curso, de las plazas no ocupadas por los colectivos
antes aludidos.
Seguiría con el segundo párrafo de la proposición del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Que dice: Del mismo modo
el Ministerio de Educación y Cultura promoverá los acuerdos
necesarios entre comunidades autónomas, asociaciones
y entidades, tanto públicas como privadas, a los efectos
de proveer el apoyo que posibilite la mejora de los rendimientos
académicos de este colectivo.
¿Nos puede hacer llegar el texto del primer párrafo
modificado para que quede constancia? ¿Están ilustradas
todas SS.SS. acerca de lo que va a ser objeto de votación?
¿Algún grupo quiere hacer alguna manifestación con respecto
a esta enmienda transaccional, que es la que se va a
someter a trámite, sustituyendo las anteriores proposiciones
no de ley que han sido objeto de debate? (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición debatida con el número 3, en relación a las
prendas deportivas, que también ha sido objeto de enmienda
transaccional, a la que voy a dar lectura. Dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, primero,
una vez analizadas las conclusiones de la 86.a reunión de la
conferencia internacional del trabajo, celebrada el pasado
mes de junio en Ginebra, promueva acuerdos con las diferentes
federaciones deportivas españolas, de cara a impulsar
la lucha contra la explotación infantil en todo lo relativo a la
utilización de material y prendas deportivas relacionadas
con competiciones oficiales. A continuación iría el número
dos, que era el que figuraba inicialmente en dicho proposición,
que dice que en las campañas de sensibilización que
se realicen invitando a los consumidores a valorar el compromiso
de las distintas marcas deportivas en su lucha contra
la explotación infantil, se busque la colaboración de asociaciones
de consumidores y usuarios, a través del consejo
nacional en el que se agrupan estos organismos.
Suficientemente informados, procederemos a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
La proposición debatida bajo el número 4, como saben
ustedes, quedó retirada.
La proposición debatida bajo el número 5 del orden del
día, sobre financiación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, no ha sido objeto de enmienda, no ha
sufrido ninguna modificación, les supongo a todos ustedes
enterados de su texto y pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
Votos a favor 18; en contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición debatida bajo el número 6, sobre sección de
educación secundaria en la Sierra de Francia (Salamanca).
¿Están SS.SS. suficientemente informados del contenido
de la proposición? (Asentimiento).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
Votos a favor 18; en contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición tramitada bajo el número 7 del orden del
día, sobre retraso en la concesión de becas para universitarios,
del Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
Votos a favor 18; en contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición número 8, sobre concesión de una mitad de
la cuantía de la beca a quienes hayan obtenido menos de
los cinco puntos de selectividad, pero hayan obtenido cuatro
puntos y medio.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
Votos a favor 18; en contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición número 9, sobre potenciación de los programas
de garantía social. Como consecuencia de la admisión
de la enmienda de Convergéncia i Unió, el texto que
se vota dice así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a potenciar, en el ámbito de sus competencias,
los programas de garantía social previstos en el artículo
32.2 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
e incrementar su oferta relacionándonos con las políticas
de formación y empleo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad,
con la enmienda que la modifica y a la que se ha
dado lectura.
Proposición número 10, sobre promoción en el alumnado
del conocimiento y valoración de los valores medioambientales
y de protección de la flora y fauna ¿Están todos
informados? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Es evidente que se sobreentiende que también ha sido
objeto de modificación, en el mismo sentido que la anterior,
delimitando que todo lo que se dice es para que sea
realizado en el ámbito de las competencias del correspondiente
ministerio, con respecto absoluto a las de otras administraciones
merecedoras del mismo trato y consideración.
Proposición tramitada bajo el número 11, sobre el cuarto
centenario del pintor don Francisco Zurbarán y su conmemoración.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
Votos a favor 24; abstenciones 14.
El señor PRESIDENTE: Queda estimada.
Proposición no de ley tramitada bajo el número 12,
sobre restablecimiento de las funciones profesionales,
competencia y facultades de los diplomados en ciencias
empresariales ¿Están informados todos de su contenido?
(Asentimiento.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Culminado el debate, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todos.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.