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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 510, de 16/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 510
DE RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIADELEXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles, 16 de septiembre de 1998
Página
ORDEN DELDÍA:
Comparecencia del señor ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey) para informar sobre:
- Actuaciones realizadas por el gobierno para cumplir
el principio básico de eficacia en la nueva
Administración periférica del Estado, por la que la
prestación de los servicios públicos se debe
adecuar a la gestión por objetivos, buscando la máxima
calidad en sus resultados, a la vez que
reduciendo y simplificando las estructuras
administrativas para alcanzar la Administración única.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente
213/000619.) (Página 14726)
- El proceso de desarrollo y aplicación de la Ley de
Organización
y Funcionamiento de la Administración
General del Estado. Asolicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente
213/000633.) (Página 14726)
Comparecencia del señor gerente del Patrimonio Nacional
(Recio Crespo) para informar sobre:
- Situación del hipódromo de la Zarzuela, consecuencias
de las actividades hípicas y deterioros del
recinto ocasionados por la actual sociedad arrendataria,
así como previsiones para el funcionamiento
Página
de dicho hipódromo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 212/001298.) (Página 14750)
- Actuaciones desarrolladas por Patrimonio Nacional en
relación con las irregularidades de la
sociedad arrendataria «Hipódromo de Madrid, S.A.».
A solicitud del Grupo anterior. (Número de
expediente 212/001299.) (Página 14750)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la
mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (RAJOY BREY)
PARAINFORMAR SOBRE:
- ACTUACIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO
BÁSICO DE EFICACIA EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
DELESTADO, POR
LAQUE LAPRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS SE DEBE ADECUARALAGESTIÓN
POR OBJETIVOS, BUSCANDO LA MÁXIMA
CALIDAD EN SUS RESULTADOS, A LA VEZ
QUE REDUCIENDO Y SIMPLIFICANDO LAS
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS PARA
ALCANZAR LA ADMINISTRACIÓN ÚNICA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERALDE IZQUIERDAUNIDA. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 213/000619.)
- EL PROCESO DE DESARROLLO Y APLICACIÓN
DE LALEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000633.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Buenos días,
señor ministro. Bienvenido a la Comisión de
Administraciones Públicas en este comienzo del nuevo
período de sesiones.
Sin más, vamos a entrar en el orden del día, cuyo primer
punto es la comparecencia del señor ministro para
informar acerca de las actuaciones realizadas por el
Gobierno para cumplir el principio básico de eficacia en la
nueva Administración periférica del Estado, solicitada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
comparecencia que se va a tramitar con la solicitada por el
Grupo Socialista del Congreso, para informar acerca del
proceso de desarrollo y aplicación de la Ley de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias por sus palabras de
bienvenida, señor presidente. Muy buenos días a
todos.
Como decía el presidente en sus palabras de introducción,
las solicitudes de comparecencia que se han presentado son
dos: Una del Grupo Socialista, que se interesa por el
procesode desarrollo y aplicación de la Lofage, un
planteamiento de tipo general, y otra del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, que hace referencia a un aspecto más
puntual y más concreto del proceso de desarrollo y aplicación
de la Lofage, que es el que hace referencia a la
Administración periférica del Estado.
De conformidad con lo que se me ha indicado, voy a
dar respuesta a ambas solicitudes de comparecencia de
manera conjunta y comienzo afirmando que, como todos
ustedes recordarán, la Lofage fue el primer proyecto de ley
presentado por este Gobierno ante las Cortes Generales,
que estableció las reglas básicas de toda laAdministración
General del Estado con el objetivo de transformarla en una
organizaciónpreparada para afrontar los retos del siglo XXI
enel marco de un Estado fuertemente descentralizado e
integrado en la Unión Europea, radicalmente distinto, por
tanto, del de hace quince años.
La Lofage entró en vigor en mayo de 1998, de manera
que lleva un año y cuatro meses de aplicación. Ala hora de
valorar su puesta en funcionamiento, hay que tener en
cuenta,y así lo digo, lo siguiente: Primero, que esta ley
contiene diseños más innovadores en aquellos sectores de
la Administración General del Estado más necesitados de
adaptación. El ejemplo que está a buen seguro en la mente
de todos ustedes es la Administración periférica. En otras
áreas,como la organización central de los ministerios, la
Lofage modifica algunos aspectos parciales, pero en otras
formas el modelo organizativo en su globalidad. Segundo,
hay que tener en cuenta que, en coherencia con el alcance e
importancia de las reformas establecidas por la Lofage, ésta
determinaunos criterios y plazos de ejecución para llevar a
cabo el desarrollo normativo y la implantación real de las
reformas de más envergadura. Es el caso de la Administración
periférica y de los organismos públicos. Tercero, quiero
precisar que hay regulaciones que, por establecer principios
generales de organización o funcionamiento, se van
implantando de manera paulatina en los diferentes centros
directivos y organismos.
Mi exposición sobre la aplicación efectiva de la Lofage,
después de este recordatorio general, va a ordenarse de
acuerdo con la trascendencia de las transformaciones
previstas por la Ley, de manera que me voy a referir,
en primer
lugar, a la Administración periférica, a la que dedicaré
también una mayor atención, no solamente por lo que acabo de
señalar, sino porque hay una petición concreta, de las dos
que vamos a debatir en el día de hoy, que se refiere a la
Administración periférica de manera singular; a continuación,
en un segundo momento me referiré a los organismos
públicos y, por último, haré una referencia general a la
organización central de la Administración General del
Estado, en el bien entendido que, como he señalado con
anterioridad, las reformas que prevé la propia ley en este
caso son de menor envergadura.
Comienzo pues, de conformidad con lo dicho, por la
Administración periférica del Estado y recuerdo que hace
un año y medio, en mi comparecencia de marzo de 1997
ante esta Comisión, para informar sobre los contenidos de
la reforma de la Administración periférica y su calendario
de aplicación, expuse las previsiones del Gobierno. Recordaré
ahora los compromisos básicos contraídos entonces.
Empecé por apuntar que la reforma de la Administración
periférica era una tarea pendiente al menos desde la Ley
del Proceso Autonómico, del año 1983, cuyas previsiones
de supresión de las delegaciones ministeriales y
reagrupamiento de los servicios bajo la autoridad de delegados
del Gobierno, gobernadores civiles entonces, no se llegaron a
hacer nunca efectivas, como es sabido. Adelantaba que se
trataba de una operación de notable complejidad, no fácil
de llevar a buen término, como lo demostraban las fallidas
experiencias anteriores, y apuntaba también que el proceso
de integración debía ser paulatino, actuando en varias fases
para asegurar la eficacia en el funcionamiento de las nuevas
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Apartir
de esta orientación estratégica expuse los cuatro proyectos
que integraban el plan de transformación de laAdministración
periférica del Estado. Los recordaré muy brevemente.
El primer proyecto era la supresión de los gobernadores
civiles y delegados insulares y el nombramiento de los
subdelegados del Gobierno y directores insulares. El segundo
era la realización de la primera fase de la integración de los
servicios periféricos a través de un real decreto que fijará la
estructura de las delegaciones con los nuevos servicios
integrados y suprimiera las correspondientes direcciones
territoriales o provinciales. Indiqué la cifra aproximada de
ciento cincuenta unidades a integrar. El tercer proyecto
consistía -y lo decía yo en mi comparecencia a la que
antes me he referido- en llevar a cabo los traspasos de los
recursos humanos, presupuestarios y materiales de los
servicios integrados al Ministerio de Administraciones
Públicas, que asumirá plenamente la gestión de los mismos
el 1 de enero del año 1998. Yel cuarto proyecto era la aprobación
de las nuevas relaciones de puestos de trabajo de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno que permitiera una
gestión integrada por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas de los recursos humanos de
aquélla.
Sobre el cumplimiento de estos proyectos, que creo que
es fundamentalmente lo que tiene interés y por lo que me
preguntan los grupos parlamentarios que han promovido
mi comparecencia, quiero señalar lo siguiente. El Gobierno
teníay tiene claro que la nueva organización de la Administración
periférica es una pieza esencial de la necesaria
adecuacióndel Estado al siglo XXI como parte de la reforma
de la Administración General del Estado y como elemento esencial
-este tema me parece importante- en las
relaciones con las comunidades autónomas y con las corporaciones
locales, basadas en la mutua cooperación. La
idea de la Administración única, a la que se refiere la
exposición de motivos de la Lofage, no se circunscribe a la pura
reducción o simplificación de las estructuras administrativas,
aunque éste debe ser, como lo está siendo, un efecto
importante, sino que va más allá y se refiere a la adaptación
general del Estado a que he hecho referencia. Esta adaptación se
está reflejando en la adecuación estructural y funcional de los
ministerios y organismos públicos a sus competencias nuevas como
consecuencia de los procesos que
se están produciendo de planificación, coordinación y relaciones
con la Unión Europea, cada vez más relevantes en
unEstado políticamente descentralizado y plenamente
integrado en la Unión Europea como el nuestro, y se está
reflejando también de manera palpable en la transformación
de la Administración periférica. Además, comprende
también el marco de relaciones de laAdministración General
del Estado con las demás administraciones territoriales
y en particular con las comunidades autónomas. En este
ámbito, la estrategia que estamos impulsando pasa por
desarrollar todo lo posible los mecanismos de coordinación
y colaboración con las otras administraciones territoriales a
través de la potenciación de las conferencias sectoriales, la
incorporación de las comunidades autónomas a órganos
colegiados de la Administración General del Estado y la
utilizacióncada vez más frecuente de los convenios de
cooperación para la realización de actividades de interés
común.
Puesbien, la transformación de la Administración
periférica tiene en este contexto singular trascendencia, ya
que, por su propia configuración territorial, es uno de los
elementosesenciales de conexión entre la Administración
del Estado y las demás administraciones, donde se pueden
apreciar con mayor claridad la colaboración entre ellas y,
en su caso, las interferencias o duplicidades que puedan
estar produciéndose.
Veamos ahora las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno en relación con la Administración periférica y el
grado de cumplimiento -vuelvo a insistir en que creo que
es lo que tiene interés- de los compromisos asumidos por
mí en la comparecencia de marzo del año 1997.
Primer proyecto, habíamos dicho, la supresión de los
gobernadores civiles y delegados insulares y nombramiento
de los subdelegados del gobierno y directores insulares.
No me parece necesario -podemos hacerlo luego, si ustedeslo
tienen a bien- reiterarles a ustedes con detalle el
alcance de la supresión de los gobernadores civiles y la creaciónde la
nueva figura de los subdelegados del Gobierno.
Simplemente quiero recordar las ideas básicas que han fundamentado este
cambio histórico: La potenciación de los
delegados del Gobierno como representantes de éste en el
territorio y máximos responsables políticos, la profesionalización de
los subdelegados del Gobierno y su condición
de colaboradores de los delegados en la dirección de la
Administración periférica. Consciente de la importancia de
este cambio, el Gobierno aprueba, inmediatamente después
de la publicación de la Lofage, el Real Decreto 617/1997,
de 25 de abril, de subdelegados del Gobierno y directores
insulares, que desarrolla el estatuto personal de ambas figuras, y
posteriormente procede al cese de los gobernadores
civiles y delegados insulares. Acto seguido, los delegados
del Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, nombran a los
subdelegados del gobierno y a los directores
insulares. No se oculta a nadie la trascendencia histórica y
también la dimensión simbólica de esta medida, que son
conceptos distintos, como es evidente. Era imprescindible
tanto actuar con rapidez como asegurar un cambio tranquilo y sin
disfunciones de ninguna índole.
El objetivo de cerrar la operación en un mes se cumple
y también se cumple el objetivo de que la transición de un
modelo a otro se realizara garantizando la continuidad del
funcionamiento institucional para asegurar la aceptación
social de esta primera medida de renovación de la Administración
periférica. Para ello, en los nombramientos de
gobernadores civiles y delegados insulares que se efectuaron en 1996 se
tuvieron en cuenta los requisitos que habían
de cumplir los futuros subdelegados del Gobierno y directores insulares,
ser funcionarios públicos, lo que permitió,
tal como estaba previsto, que la práctica totalidad de aquéllos fueran
nombrados subdelegados y directores, con lo
que se aseguró efectivamente una transición en las condiciones idóneas.
El segundo proyecto, como he recordado, era el de la
integración de los servicios periféricos, supresión de las
direcciones provinciales de los ministerios afectados y
nueva estructura de las delegaciones del Gobierno. Si la
potenciación de los delegados del Gobierno y la creación
de los subdelegados tenía una dimensión fundamentalmente política, el
nuevo diseño de las delegaciones del Gobierno y la integración de los
servicios periféricos ministeriales
en aquéllas ha ido encaminado a conseguir una Administración periférica
más eficaz en sus relaciones con los usuarios, más cohesionada y con una
imagen más nítida ante
los ciudadanos y, como consecuencia de todo ello, con una
mayor capacidad de relación con las otras administraciones
territoriales.
La renovación de la Administración periférica parte de
una premisa indiscutible y que es importante no olvidar: La
necesidad, por exigencias constitucionales y de operatividad de la
propia Administración General del Estado, de
contar con una organización territorial propia para la realización de
las funciones que siguen siendo de la competencia estatal. Para hacer
efectivo este diseño organizativo, el
Gobierno aprobó el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de
integración de servicios periféricos y de estructura de
las delegaciones del Gobierno. Posteriormente, el 7 de
noviembre del mismo año 1997, se aprueba una orden
ministerial que desarrolla el real decreto con el acuerdo de
todos los departamentos afectados. Con ello el Gobierno
pone en marcha la primera fase del proceso de integración
de servicios periféricos, que pretende cumplir los siguientes objetivos:
Racionalizar la organización de la Adminis-traciónperiférica,
simplificar las estructuras administrativas y establecer un modelo de
funcionamiento de las delegaciones del Gobierno que combine la unidad de
dirección
de los servicios integrados en aquéllas y la participación de
cada ministerio sectorial en la actuación de aquellos servicios
integrados que dependen funcionalmente del mismo.
La complejidad de implantar el modelo diseñado, como
muestranlos reiterados fracasos de experiencias anteriores,
hacía, en mi opinión, mucho más importante asegurar
desde el principio el adecuado funcionamiento de las delegacionesdel
Gobierno que pretender conseguir ahorros significativos a corto plazo,
que, como luego diré, en cualquier caso, también se produjeron.
Para cubrir el primer objetivo señalado de racionalización de la
estructura y el funcionamiento de las delegacionesdel Gobierno, los
servicios de las direcciones territoriales y provinciales suprimidas se
integran en las
delegaciones y subdelegaciones, y se configuran éstas de
acuerdo con los criterios que voy a exponer brevemente.
La estructura básica de las delegaciones del Gobierno es
uniforme y consta de la secretaría general y las áreas funcionalesde
Agricultura, Fomento, Industria, Energía y
Sanidad. Además, las delegaciones del Gobierno situadas
enel territorio de las comunidades autónomas que han recibido los
traspasos en materia de educación no universitaria
disponende un área funcional de alta inspección de educación.
Enel caso del Ministerio del Interior se optó por no
crear un área funcional diferenciada de seguridad ciudadana,manteniendo
los servicios integrados de dicho ministerio dentro de la secretaría
general, tal como lo estaban
antes, valorando que esta estructura de funcionamiento
había resultado eficaz. Por otra parte, por otras razones de
economía organizativa, se establece que en las provincias
sede de las delegaciones del Gobierno haya una sola secretaría general
para apoyar a la delegación del Gobierno y a
lasubdelegación del Gobierno de la provincia sede. La
estructurade las subdelegaciones del Gobierno está formada por la
secretaría general y por las dependencias provincialesde las áreas
funcionales en las provincias en que se
hanconsiderado necesarias, atendiendo al volumen de gestión de los
ministerios sectoriales con servicios integrados
en cada una de ellas. Como contrapartida, se prevé que
determinadas dependencias provinciales actúen, además de
en su propia provincia, en provincias limítrofes donde no
existe dependencia.
El resultado, en términos numéricos, se resume como
sigue:Los Ministerios de Educación y Cultura y de Fomento solamente
cuentan con las áreas funcionales situadas en
lasdelegaciones del Gobierno y no cuentan con dependenciasprovinciales;
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dispone de dieciocho
áreas funcionales -no
existeárea en la delegación del Gobierno en Ceuta- y de
dieciséis dependencias provinciales; el Ministerio de
Industria y Energía cuenta con diecisiete áreas funcionales
-no hay en Ceuta y en Melilla- y con veinte dependencias provinciales, y
el Ministerio de Sanidad y Consumo
tiene diecinueve áreas funcionales y diecisiete dependencias
provinciales. En cuanto al objetivo de simplificar las
estructuras,el resultado más visible es la supresión de
numerosasunidades administrativas. En concreto: 50
direcciones provinciales y dos unidades locales, Ceuta y
Melilla, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 50
direcciones provinciales y dos direcciones especiales, Ceuta y Melilla,
del Ministerio de Fomento; y 52
direcciones provinciales del Ministerio de Industria y
Energía.Atodas estas direcciones provinciales suprimidas,
que superan la cifra de 150 que expuse en mi comparecencia anterior,
pueden añadirse 34 pequeñas unidades periféricas del extinguido
Ministerio de Cultura, así como las 17
direcciones territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo, que
fueron suprimidas en agosto de 1996 como
avance sobre la operación realizada en el real decreto de
agosto de 1997.
El tercer objetivo, el tercer compromiso que asumí en la
comparecencia tantas veces citada, que debía cubrir este
real decreto y la orden, era establecer -esto me parece
especialmente importante- un modelo de funcionamiento
de las delegaciones del Gobierno que diera una adecuada
participación a los ministerios sectoriales con servicios
integrados al tiempo que asegurara a la unidad de dirección
de las delegaciones previstas por la Lofage.
La nueva configuración de las delegaciones del Gobierno con los
servicios integrados ofrece las siguientes ventajas: promueve la unidad
de dirección de los servicios
integrados, evitando la posibilidad de actuaciones administrativas
contradictorias más fáciles de producir con los
servicios periféricos dispersos; al atribuir a los delegados
del Gobierno la dirección efectiva de los servicios integrados, de
acuerdo siempre con las instrucciones de los ministerios, facilita la
resolución de los asuntos desde una visión
global del territorio y de los diferentes servicios periféricos;
refuerza la capacidad de interlocución y propuesta de
los delegados del Gobierno hacia los ministerios sectoriales y
posibilita que, asentada la nueva organización territorial, se realice
una gestión más eficiente de los recursos de
los servicios integrados, lo que ha de repercutir tanto en las
relaciones con los ciudadanos como en una mayor economía en la
utilización de los medios.
Para no extenderme en detalles técnicos, expondré los
aspectos más importantes del modelo diseñado con el
acuerdo de todos los ministerios afectados. En el funcionamiento
ordinario de los servicios integrados, los ministerios pueden
impartirles directamente instrucciones, resolver consultas y en general
mantener relaciones directas con
tales servicios, informando al delegado y en su caso al subdelegado. En
relación con el personal de los servicios integrados que ocupen puestos
de contenido técnico especializado, los ministerios sectoriales
participan en las
decisiones más relevantes, como la elaboración de las relaciones de
puestos de trabajo o la provisión de los puestos
de libre designación. Por último, está también prevista la
participación de los ministerios sectoriales en materias
como la elaboración de la propuesta de presupuestos, la
gestión de los medios materiales o la definición de los sistemas de
información de los servicios integrales.
Permítanme una rápida valoración de los resultados
obtenidos en la primera fase de la integración de servicios
periféricos. Primero, se ha cerrado la operación en el plazo
de seis meses establecido por la Lofage, que concluía el 5
de noviembre de 1997, adelantándose incluso la aprobación del real
decreto al mes de agosto.
Segundo, se ha producido una significativa simplificaciónadministrativa,
reflejada en la cifra de unidades suprimidas,algo superior a la que
indiqué como previsión en mi
comparecencia de marzo de 1997.
Tercero, y aunque adelanto que es una valoración provisional, dado los
meses que llevan funcionando las nuevas
delegacionesdel Gobierno, debo decir que, de acuerdo con
lainformación proporcionada por las propias delegaciones
y por los ministerios con servicios integrados, en primer
lugar,no se han planteado hasta ahora disfunciones como
consecuencia de la integración; en segundo lugar, la Administración
periférica integrada ha mejorado su nivel de eficacia; y, en tercer
lugar, el modelo de dirección y relaciones de las delegaciones del
Gobierno se va asentando de
acuerdo con las nuevas reglas de funcionamiento establecidas.
El tercer proyecto que integraba el plan de transformación de la
Administración periférica se refería al traspaso
de los recursos humanos, presupuestarios y materiales de
los servicios integrados al Ministerio de Administraciones
Públicas, mediante acuerdos bilaterales con dada uno de
losministerios afectados. Este trabajo se lleva a cabo
duranteel segundo semestre de 1997 y se alcanzan acuerdos con todos los
ministerios sobre el personal y los
medios,que pasan a depender del Ministerio de Administraciones Públicas
como consecuencia de la adscripción
orgánica de las delegaciones del Gobierno a mi departamento,prevista en
la Lofage. La asunción plena por el
MAPde la gestión se produce, tal como estaba previsto y
tal como anuncié, con el inicio del ejercicio presupuestario
de1998, incorporando como novedad al presupuesto de
1998, incorporando como novedad al presupuesto de mi
departamentoun programa específico el 121E, denominadoAdministración
periférica del Estado, dotado con unos
créditos adicionales de 24.652 millones de pesetas.
Además, mi departamento ha recibido 4.007 funcionarios
y1.742 laborales, multiplicando casi por 6 la cifra de efectivos que
antes tenía, lo cual, como todos ustedes pueden
entender, a efectos de gestión no es ciertamente moco de
pavo.
Elcuarto proyecto tenía por objeto elaborar una relaciónde puestos de
trabajo de las delegaciones, subdelegacionesdel Gobierno y direcciones
insulares que recogiera
la nueva estructura de dichos órganos e incorporara los
puestosde trabajo de los servicios integrados. La nueva
RPTresultaba un instrumento imprescindible para poder
realizaruna gestión integrada de todos los recursos humanos. Pues bien,
dicha RPT ha sido aprobada con efectos de
1de enero de 1998 y ha tenido por objeto llevar a cabo una
adaptación inicial de los puestos de trabajo a la nueva
estructura de las delegaciones del Gobierno. Se ha hecho
efectiva la supresión de los puestos de los directores provinciales,
cuyas direcciones provinciales habían sido previamentesuprimidas por
real decreto; se han creado los
nuevos puestos de directores de área y jefes de dependencia provincial;
se han configurado las áreas y dependencias, incorporando los puestos
existentes en las direcciones
provinciales suprimidas; se han integrado directamente en
las subdelegaciones, como puestos de apoyo, los puestos
delas direcciones provinciales suprimidas de aquellas provincias donde
no se han creado dependencias, lo que está
permitiendo una mejor utilización de dichos recursos
humanos disponibles.
Los criterios que han presidido esta adaptación de las
RPT han sido: facilitar la integración del personal en esta
primera fase y, como es lógico, respetar las condiciones de
trabajo y retributivas hasta donde ha sido posible. Una vez
que por las delegaciones del Gobierno y por el propio MAP
se tenga una valoración más completa del grado de adecuación de la
distribución de los efectivos en cada delegación
y sus respectivas cargas de trabajo, se podrá ir procediendo
a modificaciones parciales de las relaciones de puestos de
trabajo para promover una gestión más eficiente de los
recursos humanos de cada delegación del Gobierno.
Hasta aquí la explicación del grado de cumplimiento de
los compromisos que asumí en mi comparecencia el pasado año 1997.
Voy a hacer ahora una serie de consideraciones sobre el
funcionamiento y sobre los efectos de las delegaciones y
subdelegaciones tras la entrada en vigor de las importantes
modificaciones que se han producido. En enero, ya lo he
señalado, se pone en marcha el nuevo modelo de Administración periférica
bajo la dirección del Ministerio de Administraciones Públicas. Vamos a
ver, pues, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en la
gestión en estos
ocho meses, en los cuales hemos tenidos dos objetivos
básicos: primero, mejorar la dirección y coordinación de la
Administración periférica en beneficio de los ciudadanos;
y, segundo, reorganizar los servicios para obtener un mejor
aprovechamiento de los recursos, una mayor accesibilidad
y una imagen más nítida de nuestra periferia.
Las acciones desarrolladas o en curso incluyen un
amplio repertorio: la reubicación del personal afectado por
la integración de servicios periféricos; la consecuente reordenación de
los espacios en que se prestan los servicios,
procurando optimizar el grado de utilización de los edificios
administrativos para ampliar su capacidad y poder
integrar más servicios periféricos, liberando alquileres y
consiguiendo ahorros en gastos corrientes; la unificación
de los registros y la reducción efectiva del número de oficinas en que
los ciudadanos son atendidos en sus demandas
de información. Asimismo, ha sido preciso establecer una
serie de medidas inaplazables, como la actualización profesional del
personal mediante el oportuno plan de formación
y la reorganización de los medios técnicos e informáticos.
Trataré a continuación de la reorganización de los servicios periféricos
en sus distintos aspectos.
Primero, edificios administrativos. El MAPrecibe edificios en ocasiones
dispersos y de muy diferente condición
e idoneidad; desde los edificios de las delegaciones y subdelegaciones
del Gobierno y los edificios de servicios múltiples hasta pisos en
alquiler escasamente accesibles y poco
adecuados.
Las actuaciones desarrolladas pretenden, primero, que
el edificio de la delegación y subdelegación del Gobierno,
o, en su caso, la dirección insular, acoja el mayor número
posible de servicios; y, segundo, que las obras de remodelación y
adecuación necesarias contribuyan a mejorar la
imagen institucional de los servicios periféricos (creación
de oficinas únicas de registro e información al ciudadano;
mejor visualización -es importante también- de la
Administración General del Estado en el territorio autonó-mico
y provincial, etcétera) así como un ahorro en gastos
directos (alquileres) e indirectos (limpieza, luz, gastos
corrientes, etcétera).
Debo decir que los resultados son positivos. Prácticamente se ha
producido la rescisión de contratos de arrendamientos de la mitad de los
existentes en la Administración
periférica y que afectaba a los servicios integrados; se ha
producidoun ahorro menor pero significativo de 137 millones de pesetas
anuales por rescisión de arrendamientos, y
yo creo que a final del año 1998, dentro de esta política de
rescisión de contratos de arrendamientos y, por tanto,
dando más lógica a lo que es la propia estructura física, se
va a llegar a los 200 millones de ahorro, que era el planteamiento que
habíamos hecho a efectos internos en el ministerioel día 1 de enero del
presente 1998.
Conjuntamente con estas operaciones a corto plazo de
reducción del número de edificios y de concentración de
los servicios periféricos, el MAP ha puesto en marcha un
plan a medio plazo de mejora de las oficinas administrativas. Este plan
evidentemente cuesta dinero, pero lo consideroabsolutamente
imprescindible para mejorar la presenciay accesibilidad de la
Administración periférica. El plan
prevéactuaciones priorizadas lo largo de varios años en
función de las disponibilidades presupuestarias. Este año
se están levando a cabo obras importantes en las subdelegaciones del
Gobierno en Tarragona, Segovia, Burgos, así
como en Valencia, Baleares y en Melilla, específicamente
para las oficinas únicas de extranjería, tema muy importante éste.
Además, este mismo año se están realizando otras
obras de remodelación en diferentes edificios. El importe
de las mismas para este ejercicio asciende a 630 millones
de pesetas, aproximadamente.
Porúltimo, quiero resaltar en este tema que hemos
hecho especial énfasis en las actuaciones de remodelación
delas oficinas de registro e información al ciudadano. En
definitiva, se trata de que la ciudadanía perciba claramente
los efectos positivos de la aplicación de la Lofage para la
implantación de la administración única, con la concentraciónde
servicios periféricos y del personal destinado en los
mismos en un único edificio administrativo, la sede de la
delegación o subdelegación, con una oficina única de registroy de
información administrativa donde se pueda atender
al público en todas y cada una de las cuestiones con prontitud y
eficacia. Todo ello con un ahorro en el gasto público.
Voya hacer una referencia especial a un tema que me
parece que también tiene su trascendencia de cara al contribuyenteque es
la reorganización de las oficinas de registro
e información al ciudadano. Estas oficinas son el punto
centralde contacto del ciudadano con la Administración.
Deellas depende no sólo la imagen del servicio público,
sino sobre todo facilitar en gran medida el propio funcionamiento y
prestación de los servicios administrativos. La
anterior dependencia de los servicios periféricos integrados
de sus respectivos ministerios conllevaba la dispersión de
estas oficinas. El objetivo fundamental en este terreno no
esotro que el de unificar, a ser posible, en una sola oficina
integrada de registro e información al ciudadano todos los
registros y oficinas de información existentes en cada provincia. En
algunas delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno ya se ha materializado tal proyecto, lo que ha exigido,como he
señalado, la realización de obras de adapta
ción y reacondicionamiento de locales, así como de mejora
de las condiciones de accesibilidad a los mismos por parte
de ciudadanos minusválidos; las imprescindibles inversiones para
adquisición de mobiliario de oficina y equipos
telemáticos, con el fin de dotar a las instalaciones de la
debida funcionalidad y, finalmente, la puesta en marcha de
planes de formación específicos para el personal destinado
en tales oficinas.
Según la información facilitada por las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno, a fecha 7 de septiembre
de 1998, son 166 las oficinas de información y registro unificadas en
las que la presentación y consulta de los expedientes en la información
administrativa se efectúan en una
misma dependencia. Por otra parte, se han podido suprimir
cien oficinas auxiliares de registro y/o información al ciudadano con
motivo de la reubicación del personal adscrito
a las áreas integradas.
Otro tema importante sobre el que quisiera hacer también un breve
comentario es el relativo a los recursos
humanos. Es evidente, es una obviedad, que el personal
constituye un elemento básico en el buen funcionamiento
del servicio público. La orientación a corto plazo del departamento ha
sido: no afectar a las condiciones esenciales de
trabajo del personal, promover su implicación en el proceso de
integración y una mayor motivación, conseguir un
aprovechamiento más racional de los recursos humanos
disponibles y contribuir a que, a través de ellos, se mejore
la actividad administrativa periférica. Resumo las acciones
emprendidas y los resultados obtenidos hasta ahora.
Primero, el proceso de reducción del número de edificios está siendo
acompañado de la reubicación del personal. En estos momentos ya se ha
reubicado un 24 por ciento de los efectivos que está previsto que se van
a reubicar.
Segundo, el ministerio ha procedido a reasignaciones de
funciones entre el personal, considerando las diferentes
cargas de trabajo de los servicios integrados. Hasta ahora
este proceso, que es complejo y de tratamiento delicado, ha
afectado a cerca del 40 por ciento de las personas que se
van a reubicar. Esto tiene su sentido. Antes, como
dependían de distintos ministerios, no se podía proceder a
reubicaciones y nos encontrábamos con situaciones tan
curiosas como que en una determinada unidad administrativa había diez
personas dependientes de un ministerio y
que tenían poco trabajo y en otra unidad dependiente de
otro ministerio había cinco y no se podía proceder al traslado de una de
las personas que estaba en la unidad de poco
trabajo a la otra unidad que tenía mucho trabajo. Ya se ha
procedido, de acuerdo con el plan establecido, al 40 por
100 de las personas que entendemos que deben ser reubicadas, tras los
estudios realizados por el MAP con las delegaciones del Gobierno. Estos
porcentajes, aunque sean significativos, deben contemplarse desde la
perspectiva de su
inicial dificultad, ya que, por el escaso tiempo transcurrido,
el proceso se encuentra, en la mayoría de los casos, en
pleno desarrollo. Tercero, los distintos orígenes -esto también es
importante- y preparación del personal integrados
hacía imprescindible la puesta en marcha de un plan de formación
específico para los servicios periféricos responsabilidad del
Ministerio. Este plan, que cuenta con un presupuesto para 1998 de 112
millones de pesetas, prioriza, en
consonancia con los objetivos estratégicos de renovación
de la periferia, las acciones formativas de comunicación
con los ciudadanos, calidad del servicio público y tecnologíasde la
información al servicio de la gestión administrativa. Su ejecución va a
concentrarse en el último trimestre de este año. Cuarto, el mapa
elaborado contempla un
plan de acción social para el año 1998; en él se han refundido los
planes de acción social de los siete ministerios afectados por la
integración de servicios periféricos, tarea nada
fácil por las peculiaridades y diferente régimen jurídico de
cada uno de ellos, pero que ha podido culminarse tras
variosmeses de trabajo intenso en colaboración con las
centralessindicales implantadas en el MAP, quienes lo han
suscrito. La dotación global con que cuenta el plan asciende a 170
millones largos de pesetas, para un total de 6.570
empleadospúblicos, representando el 0,77 de la masa salarial del
Ministerio de Administraciones Públicas en el
año 1998.
Creoque las acciones y los resultados concretos que
acabo de exponer me permiten concluir que, teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido y la complejidad de las operaciones en
materia de personal, máxime cuando se parte
delprincipio de respeto a sus condiciones de trabajo, se ha
avanzado satisfactoriamente en un camino en el que lógicamentetodavía
queda trabajo por hacer.
Otro tema importante al que quiero hacer referencia es
el relativo a las tecnologías de la información y de las
comunicaciones. La materia de las tecnologías de la información y las
comunicaciones me resulta particularmente
sensible, entre otras cosas, por la responsabilidad de mi
departamentoen la coordinación de las acciones relacionadascon el efecto
2000. Aunque creo que cada vez más la
ciudadanía,los responsables políticos y los agentes económicos y
sociales son conscientes de que el futuro aboca a
una sociedad de la información, considero que es importante reiterar
estos mensajes para que vayan calando con
mayor intensidad en nuestro país. Para ello mi departamento está
haciendo un esfuerzo importante en la mejora de las
tecnologías de la información y comunicaciones en la periferia.
El plan para 1998, en ejecución actualmente, contempla
actuaciones prioritarias en las oficinas de registro, oficinas
deextranjeros, servicios de sanidad exterior y, en general,
establecimiento de correo electrónico en todas las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno y la extensión del
usode diversas aplicaciones informáticas en materias
específicas -registro de entrada/salida, inventario, procesos
electorales, sanciones, extranjería, jurado de expropiación y caja
pagadora-, así como el establecimiento de una
redúnica para toda la Administración central y periférica.
Eneste tema incidiré a continuación, pero quiero señalar
queeste tema es de una importancia capital. Probablemente, el tema
básico de cualquier reforma de la Administración es que la
Administración sea a su vez puntera en las
tecnologías de la información y comunicaciones, tanto en
laperiferia, que es a lo que me estoy refiriendo, como a la
propia Administración central del Estado. Repito que a este
temayo le doy una importancia capital y además la tiene y
latendrá cada vez más de cara al futuro.
Despuésde exponer las mejoras en organización de los
servicios, expondré las acciones para mejorar la coordinación de la
Administración periférica, tema también de indu
dable importancia. En la situación anterior no había una
línea de dirección política administrativa general en el territorio bien
definida. La posición respectiva y las relaciones
delegados del Gobierno-gobernadores civiles no estaba
bien resuelta con los consiguientes déficit de coordinación
mutua. Además, la actuación de la Administración General
del Estado en el territorio estaba sectorializada a través de
los ministerios con muy escasa coordinación desde la perspectiva
territorial. En los ocho meses transcurridos desde la
implantación del nuevo modelo, éste está ofreciendo ya
mejoras significativas. Estas mejoras derivan de la aplicación del
propio modelo y de la actuación -y esto quiero
destacarlo- de los ministerios afectados, delegados y subdelegados del
Gobierno y también de la conducción del
proceso, modestia aparte, que está llevando a cabo el
Ministerio de Administraciones Públicas.
Enunciaré simplemente algunas de las acciones llevadas a cabo. Se ha
promovido el envío desde el MAPa delegaciones y subdelegaciones, así
como por parte de los
ministerios sectoriales de información relevante en sus
ámbitos de actuación. Se mantienen reuniones periódicas
con delegados y subdelegados del Gobierno y con los
ministerios afectados por la integración para fijar pautas de
actuación comunes en la periferia y mejorar la coordinación de las
actuaciones entre servicios de distintos ministerios estrechamente
relacionados entre sí, como, por ejemplo, en sanidad exterior. Se
mantienen asimismo reuniones
con los ministerios afectados por la integración para el examen y mejora
de procesos de gestión de los servicios integrados. Como consecuencia de
ello se está trabajando en
temas como las oficinas de extranjeros y los jurados de
expropiación forzosa. Estamos proporcionando a delegados y subdelegados
información relevante sobre la actuación del Gobierno a través de
reuniones y documentación
enviada periódicamente con el fin de que éstos conozcan
en detalle los criterios en las grandes cuestiones de la vida
nacional. Hoy mismo tenemos una reunión para informarles de las grandes
líneas de los presupuestos de 1999.
¿Qué efectos positivos -que es de lo que se trataestá produciendo esta
política, a los ocho meses del funcionamiento del nuevo modelo? Primero,
mejor información,
tanto del Gobierno y los ministros sobre los efectos de la
actividad estatal en el territorio como de los propios delegados y
subdelegados respecto de las políticas de los departamentos
ministeriales. Segundo, muy importante, dirección efectiva y cohesionada
de las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno. Tercero, mayor capacidad
de interlocución -también muy importante- de los delegados y
subdelegados con las comunidades autónomas y
las corporaciones locales. Ycuarto, mejora de las relaciones de los
ciudadanos con nuestra Administración periférica. Acceden a ella con más
facilidad, reciben información,
reduciendo los desplazamientos y se están produciendo
también mejoras en la prestación de servicios.
Como conclusión a mi exposición, de momento porque
continúa, me satisface finalizar diciendo que el Gobierno
ha dado adecuado cumplimiento a los mandatos de la Lofage sobre los
objetivos contenidos y plazo de transformación de la Administración
periférica. Asimismo, creo que
los compromisos más concretos anunciados por mí en la
comparecencia de marzo de 1997 relativos a los cuatro pro-yectos
que constituyen el plan de transformación de la
Administraciónperiférica, ha sido también adecuadamente
cumplidos, a pesar de la notable complejidad de esta operación que
aconsejaba, y creo que sigue aconsejando, actuar
con prudencia, continuando la orientación estratégica marcada desde un
inicio para renovar la organización territorial
de laAdministración general del Estado. Quiero dejar constanciade que el
buen resultado obtenido ha sido en gran
medida consecuencia directa de la decidida colaboración
de todas las partes implicadas en el proceso. Así ha ocurridocon los
ministerios cuyos servicios se han integrado en
la delegaciones del Gobierno, en particular el Ministerio
delInterior que ha traspasado al de Administraciones
Públicas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno,
y los delegados y subdelegados del Gobierno que a través
de las reuniones de trabajo celebradas han contribuido a
mejorarel plan de actuación inicial y han asumido las
nuevasresponsabilidades derivadas del proceso de transformación de la
Administración periférica.
Este es el balance de lo realizado hasta ahora. De cara
al futuro, el Gobierno va a continuar desarrollando el plan
de transformación de la Administración periférica, manteniendo la
estrategia anunciada en un primer momento de
avanzarprogresivamente. En este sentido, puedo anunciar
queel Gobierno va a aprobar próximamente tres reales
decretospor los que se integrarán en la delegaciones del
Gobierno las direcciones provinciales de Trabajo, Asuntos
Socialesy Seguridad Social, los servicios periféricos de
InstitutoGeográfico Nacional y los servicios periféricos de
Objeción de Conciencia. Esta integración será efectiva en
enero de 1999 y supondrá la supresión de las 52 direccionesprovinciales
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos
Socialesy la integración en el MAP de aproximadamente
1.300 nuevos efectivos. Con esta operación cubriremos una
segunda etapa en el proceso de renovación de la Administración
periférica, que continuará desarrollándose progresivamentesiguiendo la
estrategia de gradualidad fijada por el
Gobierno.
Voy a entrar en otro asunto de gran importancia de los
dela Lofage. Yo sé que mi exposición puede no resultar
apasionante pero, como entienden perfectamente, los asuntos son los que
son y puedo asegurarles que el diseño inicialera todavía más farragoso.
Créanme que he hecho un
esfuerzoy espero terminar pronto. El tema de los organismospúblicos es
de enorme importancia aunque preocupe
muy poco a casi todo el mundo.
La Lofage aporta varias novedades respecto de la situaciónanterior, que
constituyen los ejes de las actuaciones
que se están llevando a cabo para aplicar la ley. En primer
lugar,reconduce la gran variedad organizativa y funcional
dela Administración institucional, que había generado justificadas
críticas y promueve su simplificación al establecer dos grandes tipos de
organismos, cuya propia denominación es ilustrativa de las
características de cada uno de
ellos: los organismos autónomos y las entidades públicas
empresariales. En segundo lugar, la Lofage, al abordar de
maneraglobal el tratamiento de laAdministración del Estado,sitúa de
forma adecuada los organismos públicos, destacando su papel instrumental
respecto de los fines y objetivos que tenían asignados. En última
instancia, los
organismospúblicos desarrollan actividades reservadas a
la Administración general del Estado, cuyas características
aconsejan que se gestionen en régimen de descentralización funcional
para conseguir una mayor agilidad y
eficacia.
Según la naturaleza de esas actividades, debe optarse
por uno de los dos tipos: organismos autónomos si tienen
un perfil más administrativo, o entidades públicas empresariales si las
actividades de prestación de servicios o producción de bienes se
realizan mediante contraprestación. A
diferencia de la situación anterior, la elección de uno u otro
tipo de ente instrumental responde, a partir de la Lofage, a
una lógica de gestión, no puede ser una decisión caprichosa
ni motivada por lo que se dio en llamar huida del Derecho
administrativo. En todo caso, en la Lofage, tanto los organismos
autónomos como las entidades públicas empresariales, tienen naturaleza
pública, excluyendo la ley de su
ámbito de aplicación a las empresas mercantiles estatales
que, a diferencia de los organismos públicos, no pueden
tener facultades que impliquen el ejercicio de autoridad
pública.
En tercer lugar, esto también es importante, la ley ordena y
sistematiza, aunque sea mediante remisión a otras
leyes, como la Ley General Presupuestaria, que habrá de
modificarse próximamente el régimen jurídico aplicable a
cada uno de los tipos de organismo público establecidos
por la Lofage en las materias de personal, patrimonio,
recursos económicos, presupuestación, etcétera, teniendo
en cuenta la naturaleza de las funciones de cada tipo de
organismo, de acuerdo con esa lógica a la que antes hacía
referencia.
La cuarta e importante novedad, que viene a dar respuesta a una
necesidad evidente y que es el corolario del
modelo diseñado en la Lofage, es el reforzamiento de los
mecanismos que faciliten la dirección estratégica por parte
de los responsables políticos de los departamentos a los
que están adscritos y la potenciación del control de eficacia
de la gestión encomendada a cada organismo. La Lofage
prevé a este respecto que el Gobierno efectúe antes de promover la
creación de un organismo, que debe ser a través
de ley, una primera valoración sobre la convivencia de su
creación y el tipo de organismo que debe crearse, mediante
el examen previo de sus futuros estatutos y el análisis de su
plan inicial de actuación. Asimismo, configura el control
de eficacia por el Ministerio de adscripción, que tendrá por
finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la
adecuada utilización de los recursos asignados.
Todo ello sin detrimento del lógico control financiero de la
Intervención General del Estado y del que corresponde al
Tribunal de Cuentas.
Voy a pasar a explicar con brevedad las actuaciones
desarrolladas sobre los organismos públicos. En este marco
lo que pretenden la Lofage y las actuaciones emprendidas
para aplicar la ley no supone ni una redacción forzosa del
número de organismos, ni, por supuesto, y esto también me
parece importante, establecer un corsé que dificulte una
gestión más ágil de los mismos, ya que, como decía antes,
la agilidad en la gestión y la eficacia son precisamente las
razones que justifican sus existencia. El objetivo que se
persigue es racionalizar el funcionamiento de la Administración general
del Estado, de la que son parte los organismos públicos, con
independencia del tamaño que a ésta le
corresponda, estableciendo un marco coherente en el que
semuevan los organismos públicos, marco que combine
adecuadamente la autonomía y el control y favorezca una
gestión eficaz y eficiente.
En resumen, la envergadura global de la Administracióndel Estado depende
de diversos factores, como las funcionestraspasadas a las comunidades
autónomas, la misión
propiade la Administración general del Estado en el contexto de la Unión
Europea o las exigencias de las relaciones internacionales del Estado,
pero esos factores no tienen
por qué influir en la decisión sobre si las funciones de la
Administración del Estado se ejercen mejor a través de las
estructuras ministeriales o mediante organismos públicos.
Coneste enfoque ha venido actuando el Gobierno hasta el
presentemomento en lo que se refiere a la creación, supresión y
reorganización de los organismos públicos. La lógica de la buena gestión
ha aconsejado suprimir o reorganizar determinados organismos reduciendo
su estructura, al
tiempo que se han creado otros cuando se ha estimado que
ese era el instrumento idóneo para desarrollar políticas y
ejercerfunciones que competen a la Administración del
Estado. El resumen numérico de estas actuaciones, que se
inician en 1996 tras las reestructuraciones ministeriales,
arroja el siguiente balance: 12 organismos autónomos y
entes públicos suprimidos; 16 reestructurados con supresión de órganos;
12 reestructurados para actualizar su organización y funciones y 9
creados.
En cuanto a las actuaciones en realización, quisiera
decir lo siguiente. Como consecuencia del nuevo modelo
de organismos públicos establecido por la Lofage, resulta
precisoadaptar los actuales organismos a alguno de los dos
tipos prefigurados por la ley, salvo aquellos para los que,
atendiendo a la naturaleza de sus funciones, la Lofage establece
expresamente que continuarán con su régimen anterior, sin perjuicio de
la aplicación supletoria de la misma,
como son el Consejo de Seguridad Nuclear, la Agencia de
Protección de Datos y la Comisión Nacional del Mercado
deValores entre otros, o que deben contar con normativa
específica por imperativo legal, como es el caso del Banco
de España.
El procedimiento de adaptación se determina en la propia Lofage, que
fija igualmente un plazo para llevarlo a
cabo, plazo que finaliza en mayo de 1999. Naturalmente,
los organismos creados con posterioridad a la entrada en
vigorde la Lofage ajustan su régimen al modelo Lofage,
por ejemplo la Agencia Española del Medicamento o el
Instituto para la reestructuración de la minería del carbón y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, ambos con
la configuración de organismo autónomo.
El procedimiento general de adaptación establecido en
la Lofage es el real decreto, cuando la adecuación se produzca sin
introducir especificidades significativas en el
régimen general fijado para cada uno de los tipos de organismo, o por
ley, bien porque se incorporen especificidades
en el régimen de personal, contratación o fiscal, o bien
cuando se trate de adecuar a la Lofage alguno de los organismos que en
la actualidad tienen un estatuto específico,
conforme al artículo 6.5 de la vigente Ley General Presupuestaria.
Esteproceso de adaptación afecta a un total de 78 organismos,
distribuidos del siguiente modo: 27 organismos
autónomos administrativos; 27 organismos autónomos
comerciales, industriales, financieros o análogos; 7 organismos públicos
de investigación; 10 entes de Derecho
público y 7 entes con estatuto específico. En algunos casos
la necesaria reestructuración de determinado organismo,
como por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha
requerido al tiempo su adecuación a la Lofage, en
este caso como organismo autónomo, y estos supuestos no
están contabilizados en la relación que acabo de indicarles,
que se refiere a los organismos pendientes de adaptación a
fecha de hoy.
No se les ocultará a ustedes, estoy convencido, la complejidad del
proceso de adaptación previsto en la Lofage,
que implica un minucioso análisis de cada uno de los organismos
afectados y una valoración sobre cómo debe efectuarse su encaje en el
modelo Lofage, y de las peculiaridades que, en su caso, deben
reconocérsele para garantizar su
eficaz funcionamiento.
Para coordinar esta operación y desarrollar todos los
trabajos preparatorios se constituyó en 1997 un grupo de
trabajo, formado por mi departamento y el Ministerio de
Economía y Hacienda, que desde entonces ha venido realizando los
estudios precisos y ha mantenido reuniones con
representantes de todos los organismos afectados por el
proceso de adecuación, y de los ministerios a los que
dichos organismos están adscritos, para preparar los borradores de norma
de adaptación.
Como consecuencia de estos trabajos, el proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
para 1999, que presentará el Gobierno próximamente dentro de uno días-,
incorporará una serie de preceptos
para proceder a las adaptaciones de organismos que requieren norma con
rango de ley. Así, se incluirá un precepto
para la adecuación de los organismos comerciales, al objeto de que
continúen con su régimen presupuestario y control financiero actual, en
tanto se procede a la modificación
de la Ley General Presupuestaria, que debe establecer un
nuevo régimen en las materias propias de dicha ley. De este
modo, se procede a su adaptación sin ocasionar a dichos
organismos disfunciones innecesarias. Del mismo modo,
se incluirá un precepto específico para los organismos
públicos de investigación, en la línea de la proposición que
aprobó en su día el Congreso, otro que regula la adecuación de las
mutualidades de funcionarios, así como un precepto para cada uno de los
organismos que en la actualidad
tienen un estatuto especial y que, como antes les indicaba,
deben adecuarse mediante ley, por mandato de la Lofage.
En cuanto a los organismos que pueden adaptarse
mediante real decreto, se encuentra muy avanzada la elaboración de dos
textos. Uno de ellos, referido a los actuales
organismos autónomos administrativos, que incluirá a 22
de ello, y otro que incorporará el régimen de adecuación de
10 de las actuales entidades públicas empresariales del artículo 6.1,b)
de la vigente Ley General Presupuestaria.
Por último, quiero indicarles que se encuentra también
avanzada la elaboración de un real decreto, preparado por
mi departamento, con la colaboración del Ministerio de
Economía y Hacienda, en el que se regula el contenido que
habrá de tener el plan inicial de actuación de los organismos públicos
que se creen en el futuro, en cumplimiento de
lo previsto en la Lofage.
De este modo, a lo largo de los próximos meses, y, en
todocaso, antes de cumplirse los dos años establecidos por
la Lofage -mayo de 1999-, estará completo el proceso
de adaptación de los organismos públicos, con la consiguiente
clarificación del panorama de la Administración
institucionaldel Estado y la aplicación de todos los mecanismos
establecidos en la Lofage, para garantizar su eficaz
funcionamiento al servicio de los ciudadanos y de los agentes económicos.
En el ámbito -la tercera parte de mi intervención- de
la organización central de los ministerios, la Lofage no
estableceun diseño muy diferente al consolidado en nuestra
Administración. Los criterios organizativos de la Lofagepara promover
una organización más sencilla en la
estructuradirectiva de los ministerios fueron puestos en
prácticaantes de la aprobación de la ley, mediante la racionalización y
simplificación de las estructuras ministeriales
producidas durante 1996, sobre las cuales creo que no es
necesario insistir ahora.
Con posterioridad, se han llevado a cabo algunas reestructuraciones
parciales, manteniéndose la dimensión
generalde la estructura directiva de los departamentos
ministeriales.
Sí recoge la Lofage principios innovadores en el funcionamiento de los
servicios públicos, a los cuales se refiereel contenido de alguna de las
solicitudes de comparecencia. Sobre su aplicación haré algunos
comentarios.
Esta ley ha supuesto una notable reafirmación respecto
a cómo haya que funcionar, sobre qué principios debe asentarse la
organización y el funcionamiento de la Administración del Estado, entre
los que destaco los de programación
ydesarrollo de objetivos y control de la gestión y de los
resultados, junto al servicio a los ciudadanos.
Eneste ámbito hay que señalar que desde los diferentes
ministeriosy organismos se están desarrollando programas
de mejora de la prestación de los servicios públicos, de
acuerdo con el principio de la Lofage de servicio a los ciudadanos, con
resultados muy positivos, como puede ser,
por ejemplo, en materia de impuestos el adelanto en las
devoluciones del IRPF, en sanidad la reducción de listas de
espera, etcétera, aunque es verdad que este tipo de reformas son a
menudo complejas y requieren un mayor tiempo
paraofrecer resultados palpables a ciudadanos y empresas.
Porsu parte, el Ministerio de Administraciones Públicas está promoviendo
mejoras en los servicios públicos a
través de iniciativas que mencionaré sucintamente.
Así, a propuesta del MAP, el Consejo de Ministros
aprobó el pasado 17 de julio un acuerdo por el que el
Gobiernodecide promover la implantación de sistemas de
evaluación del rendimiento de unidades administrativas en
la Administración General del Estado. Hemos intentado
que el enfoque de la organización y la gestión pública, contenidoen la
Lofage, sobre la gestión por objetivos y el control y evaluación de los
resultados, y también basado en la
eficacia, la calidad y la responsabilidad, sea la forma ordinaria de
prestación de los servicios públicos.
Aún existiendo organizaciones públicas que, desde
hace tiempo, orientan sus prácticas gestoras a la mejor calidadde sus
resultados y gozan de modernas técnicas gerenciales, con instrumentos
adecuados de control interno de su
gestión, también es verdad que esas práctica directivas y
gerenciales no están lo suficientemente generalizadas, de
modo que pudiera ya afirmarse que en toda la Administración se
desarrollan los principios de organización y funcionamiento contenidos
en la Lofage.
Precisamente por ese déficit creemos que es preciso
extender a toda la Administración el uso de modernas técnicas
gerenciales para mejorar la eficiencia de la gestión de
recursos públicos, de modo que podamos prestar a los ciudadanos el mejor
servicio al menor coste posible.
El acuerdo del Consejo de Ministros para implantar la
evaluación del rendimiento de unidades en la Administración del Estado
supondrá, en primer lugar una programa
especial de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de mi Ministerio, para ayudar y colaborar con los
gestores públicos en la mejora de la función directiva y de
las prácticas gerenciales. Este programa debe ir traduciéndose en un
avance continuo en la mejora de la gestión
pública, de modo que en el medio y largo plazo suponga
también un impacto positivo, tanto en el modo de fijarse
los objetivos y en el proceso de asignación de recursos
públicos o de programación, cuanto en la ejecución y
seguimiento presupuestario.
En segundo lugar, desde mi departamento -y ya he
dicho antes, aunque fue de pasada, que este es un asunto
enormemente importante- se están promoviendo iniciativas orientadas a la
plena incorporación de la Administración general del Estado a las
exigencias tecnológicas de la
emergente sociedad de la información, para coordinar las
Administraciones públicas entre sí y para coordinar sus
actuaciones en beneficio de los servicios públicos al ciudadano. Por
ejemplo: impulsar en colaboración con comunidades autónomas y
corporaciones locales el establecimiento del programa de ventanilla
única, para la implantación
progresiva de un sistema intercomunicado de registros
entre las distintas Administraciones públicas. En este
momento están participando en el proyecto los Ministerios
de Educación y Cultura, Fomento y Administraciones
Públicas, las comunidades autónomas de Galicia y Valencia y ocho
corporaciones locales.
Para la coordinación interna, establecer una red única
para toda la Administración general del Estado, a modo de
red internet, que asegure la comunicación informática entre
todos los ministerios y organismos y, en el futuro, con la
Unión Europea.
Asegurar la plena preparación de la Administración
general del Estado para el año 2000 y colaborar con las
comunidades autónomas y corporaciones locales para que
alcancen ese mismo objetivo.
Por último, la Administración general del Estado configurada por la
Lofage -otro asunto también importantese orienta hacia una
Administración sustancialmente planificadora, coordinadora y
profundamente relacionada con
las instituciones europeas, lo que determina el perfil de los
recursos humanos para el futuro, caracterizado por la alta
cualificación profesional -los altos cargos-, con especial
atención hacia las especialidades y titulaciones emergentes. La política
estratégica del Gobierno de reclutamiento
del personal se está basando en estas premisas.
Como cierre de mi intervención, yo resumiría diciendo
que el Gobierno está desarrollando la Lofage de acuerdo
con las propias prioridades de la ley, que ha avanzado sus-tancialmente
en la operación más compleja de implantar el
nuevomodelo de Administración periférica y que los resultadosestán
siendo satisfactorios para la propia Administración y para los
ciudadanos.
Aunque creo que se ha dado un salto cualitativo en la
modernizaciónde la Administración del Estado, soy consciente de que es
un objetivo que nunca se puede dar por
conseguidoplenamente y que requiere un trabajo constante
en el futuro. Es decir, la Administración del Estado, ya lo
he dicho alguna vez en Comisión, se reforma continuamentetodos los días,
sobre todo en la época en la que vivimos,
de cambios constantes y nuevos avances en las tecnologías.
Hace prácticamente tres años comenzó la telefonía móvil,
ahora sale este último modelo de teléfono portátil y dentro
de poco será del tamaño de una caja de cerillas. Por consiguiente,lo que
tiene que hacer la Administración es ir
reformándose poco a poco en el día a día y procurar, sobre
todo en el tema de las nuevas tecnologías, estar siempre en
primera posición.
Probablemente haya sido un poco pesada mi intervención, pero no es fácil
hacerlo de otra forma. Quedo a su disposición para oír sus sugerencias
sus aplausos -alguno
debe haber- y sus críticas.
Elseñor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro,por su esfuerzo de
claridad y concisión.
Acontinuación vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios
solicitantes de la comparecencia. En primer
lugar,al solicitante de la primera de ellas, el Grupo
ParlamentarioFederal de Izquierda Unida. Tiene la palabra el
señorRíos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ:Voy a intentar cubrir bastante menos tiempo que
el señor ministro ha consumido
para efectuar esa explicación.
Laverdad, señor ministro, es que usted tiene hoy más
cuerpo de vuelta ciclista que de comparecencia. Esa terminación que ha
hecho de los aplausos da la sensación como
de decir: vengo con los deberes hechos, he cumplido lo que
anuncié y voy a ir más allá de donde anuncié.
La lectura que mi grupo sacar de su año y cinco meses
de ley no es la misma.
La verdad es que un vaso puede estar medio lleno o
medio vacío y qué pasos se han dado. Pero la Lofage no
fue una declaración de mejorar la coordinación de la Administración
central del Estado en las comunidades autónomas.Eso no fue la Lofage. La
Lofage se hizo al calor de
tres grandes discursos. Uno de ellos era que la Administracióndel Estado
estaba sobrevalorada, no se había ajustado
durante el proceso de transferencias a las comunidades
autónomas y tenía aparato central que reducir, que simplificar, aparato
central en la estructura ministerial, en la estructura interna; que,
además de eso, puesto que había competenciasnítidas, también tendría que
proyectarse a las
comunidades autónomas. El artículo 31 de la Lofage no
venía a comprometer al Gobierno con una mejora de su
coordinación. Fíjese que toda la explicación que usted ha
dado, lo de los servicios integrados, los traspasos de recursosa su
Ministerio, que son muy importantes para un
ministro, no significa que ustedes hayan reducido Administración
periférica. Hay una pregunta concreta. ¿Cuántos
funcionarios menos hay? Usted ha hablado de la supresión
o reducción de tres direcciones provinciales, 152 oficinas
más o menos, ha hablado de algunas dependencias de Cultura y de algunas
dependencias de Consumo; en total, usted
ha venido a hablar de unos 4.000 funcionarios por un lado
y de unos 1.000 laborales por otro. Más o menos ese es el
volumen que ha significado el traspaso de los distintos
servicios periféricos a las oficinas de los delegados del
Gobierno o de los subdelegados, distribuidos por 52 provincias. Si
divide usted los 5.000 entre las 52 provincias,
tiene un resultado de movimiento que, desde mi punto de
vista, es ínfimo en relación con el volumen de Administración periférica
existente en esas 52 provincias.
Por eso me gustaría que hiciera alguna precisión, como
contraposición a ese volumen que hasta ahora usted mismo
dice que se ha producido en un año y cinco meses, porque
nos anuncia tres reales decretos, que significarán 1.300
nuevos efectivos, con competencias tan importantes como
la geográfica, la objeción de conciencia, trabajo y asuntos
sociales -objeción de conciencia que dentro de unos años
creo que tendrá poca misión, pero mientras dure dura el
trabajo que tenga que realizarse-. ¿Me podría decir cuántos son los
servicios no integrados en la Administración
periférica -el artículo 35 define cuáles son los servicios
no integrados-, qué volumen de cargos directivos tienen
y qué volumen de funcionarios tienen? Lo pregunto para
saber cuál es el grado de coordinación que ustedes han
logrado. Yo tengo que reconocerle que se han dado pasos,
no puedo decirle que ha estado usted quieto; la energía
puede ser dinámica y cinética, según cómo la queramos
mirar, usted tiene mucha energía cinética y me imagino que
el paso que ha dado indica que tiene muy acelerados todos
los demás pasos; lo que sucede es que me ha anunciado
usted solamente tres reales decretos que afectan a 1.300
funcionarios. Si quitamos esos funcionarios que ya tiene en
la Administración periférica, con la educación en vía de
transferencia a las comunidades del artículo 143, todavía
queda un paquete importantísimo. Por eso no me refiero a
lo susceptible de traspaso a las comunidades autónomas,
sino al aparato administrativo que tenía la Administración
central antigua, cómo se ha reducido, cómo se ha simplificado, cuántas
menos operaciones hacen, cuántos menos
aparatos tienen, cuántas vacantes no se han cubierto, cuántos
funcionarios han sido transferidos.
El segundo objetivo con el que se vendió la Lofage fue
que esto significa un esfuerzo de otro modelo de Estado.
Por lo menos así lo vendieron en algunos territorios con
gobiernos autónomos que a ustedes les soportan. En el artículo 31 no
solamente hablábamos de esa reestructuración y
supresión, sino también de la transferencias a las corporaciones
locales. ¿Me podría usted decir, después de año y
medio, qué tareas de las que antes hacía la Administración
periférica se han resituado en comunidades autónomas, con
el número de funcionarios que se han colocado y cuáles a
las corporaciones locales? Es para saber si este otro objetivo, esta
nueva ley de acompañamiento que llevaba a la discusión se ha cumplido o
no.
En suma, creo que se ha caminado, pero que ha sido
más un lavado de cara que un cambio sustantivo, aunque es
verdadque usted coordina lo que antes no coordinaba; en
suma, usted ha ganado poder político, tengo que reconocérselo, porque si
dispone uno de 25.000 millones más, tiene
25.000 millones más de poder y si manda sobre 5.000 funcionariosmás,
pues tiene 5.000 funcionarios más a los que
mandar. Lógicamente, tiene más poder. Pero eso no quiere
decir que sea más eficaz, que funcione mejor ni que los ciudadanos
tengan mejor conocimiento para caminar hacia
ello.
Le he puesto al final de mi solicitud de comparecencia
eseotro compromiso que usted hoy ha situado en la ventanilla única, pero
que ustedes vendieron con la Administración única. No es lo mismo
ventanilla única que Administraciónúnica, al menos no lo es en la
doctrina ni en la teoría
ni en la práctica ni en la política ni en la que pudiéramos
llamar de los técnicos. Por tanto, quisiera saber cómo ha
caminado esta reforma de la Administración única. Usted
ha dado una primera parte de la explicación y es que hemos
mejorado en conferencias sectoriales, que tenemos mejor
relación con las comunidades autónomas; es verdad, se han
reducido los litigios entre las comunidades autónomas y la
Administración central -el librito azul que usted nos
manda tan a menudo así lo viene a decir-, la conflictividadse ha
reducido y hay convenios de colaboración. Ese
es el objetivo que usted nos ha venido a decir que se ha
logrado. En todo caso, creo que ese no es el objetivo por el
que se puso en marcha esa nueva dinámica de Administración periférica.
El otro gran centro de la discusión de la Lofage con el
que se vino aquí fue: Van a desaparecer los gobernadores
civiles y se va a ir a otraAdministración centrada en el protagonismo,
en el peso (nosotros apoyamos esa idea, pensamos que es la única salida
para un modelo de Estado más
federal que el que tenemos hoy y menos confederal que el
que podemos tener mañana), en la potenciación del delegado como
instrumento que coordina las políticas, que se
relaciona con el poder autonómico, con la parte del Estado
que está en manos de las nacionalidades, de las regiones
que componen el Estado español. ¿Me podría decir cuántos
subdelegados han sido cesados y cambiados en esta etapa?
Porque decían que la gran diferencia es que los subdelegados perdían
peso político, que iban a ser como funcionarios
alservicio del delegado del Gobierno. Lo dice el artículo
29: Serán nombrados por el delegado del Gobierno. De los
queya estaban, ¿cuántos se han cambiado? Lo pregunto
para saber si de verdad hemos tenido delegados que han
cambiado la estructura que recibieron. Yo entiendo que
como son del mismo partido obedecen a la misma estabilidad; pero, ¿en
qué ha cambiado el poder del delegado en
cuantoa lo que era la evolución anterior?
La segunda gran discusión era: Fíjese que no van a tener
poderlos subdelegados del Gobierno como sustitutos de lo
que pudiéramos llamar los gobernadores civiles, porque en
realidad van a ser funcionarios de carrera. Usted ha dicho
que tenemos unos subdelegados que son funcionarios del
Estado de carrera. Yo estuve en contra de lo que dice despuéseste
artículo 29.1: Que serán elegidos entre los funcionarios,doctor o
licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Por tanto, son
titulados superiores. ¿Me puede
decir cuántos subdelegados, de los que ya tenían nombrados, han sido
cesados por no cumplir este requisito? Le
aseguro que hay más de uno. En todo caso, me gustaría
saber si este objetivo de profesionalización, de funcionarización, se ha
cumplido, porque ustedes lo unían al correspondiente artículo de la
Lofage que decía que el subdelegado vendrá a ser como un subdirector
general; esa era la
equiparación que hacían ustedes. El delegado del Gobierno
era como el subsecretario, por tanto, es el que administra
los ministerios y el subdelegado será como un subdirector
general. Sería bueno ver si eso ha funcionado de la misma
manera o tenemos otra realidad diferente.
En todo caso, habría que mirar sus modificaciones en
todo lo que significa eficacia. Usted ha dicho que después
del Real Decreto del 1 de agosto de 1997 y la orden ministerial del año
1997 han puesto en marcha áreas funcionales
y dependencias provinciales de los ministerios; pero tienen
nombres distintos: áreas funcionales de un ministerio y
dependencias provinciales de los ministerios no son lo mismos que la
dirección provincial; lógicamente no es igual,
es otra estructura. Amí lo que me gustaría preguntar es si
ha sido más ágil, más eficaz, si ha costado menos, porque
la Lofage hablaba de economía del gasto público. Usted ha
fijado toda esa economía en 200 millones de pesetas, aunque luego ha
dicho que vamos a tener que hacer frente a
otros gastos, a otras inversiones con las que superar las
limitaciones que tenemos.
Una cosa bastante positiva que ha hecho es la mejora de
la innovación tecnológica y del equipamiento tecnológico
en las distintas administraciones, que de verdad yo creo
que sí agiliza, sí hace avanzar, sí hace mejorar toda la
estructura que ustedes tienen.
Tengo que reconocerlo, en lo que es la coordinación
administrativa, algo que ha sido muy eficaz para los ciudadanos, sobre
todo en las regiones donde tienen bastante
presencia, que es la Oficina Única de Extranjería. Es verdad que es la
eficaz y ha funcionado. Antes, un inmigrante
tenía que ir a tres ministerios, a tres oficinas distintas para
solventar ese problema y hoy lo hace de manera coordinada. Es un
objetivo positivo. Sin embargo, todo lo demás
que ha explicado de oficinas de registro, de oficinas únicas
o de coordinación de actividades, demodelointegrado, eso,
y perdone, lo he visto poco. Siguen funcionando, por un
lado, la delegación del Gobierno con una actuación más o
menos coordinada y los ministerios, por otro, como lo
marca la propia Lofage.
Y termino con tres precisiones. Amí me gustaría que
usted pudiera aclararnos lo siguiente: el gran discurso paralelo a la
reducción de la Administración central y de la
Administración periférica y de la profesionalización de la
Administración era el exceso de cargos partidarios, de amigos del
partido a la hora de dirigir y controlar la Administración. Por tanto,
aquel discurso de la reducción de cargos
de confianza, de libre designación, ¿cómo ha funcionado
después de la aplicación de la Lofage en la Administración? ¿Se ha
reducido ese volumen de libre designación,
ese número de cargos de confianza tanto en la Administración central y
en los distintos ministerios como en la Administración periférica y en
qué cuantía? La segunda precisión que me gustaría que usted me hiciese
es: ya que hemos
avanzado tanto en coordinación, ¿hemos mejorado en la
coordinación de ese representante autonómico en las
Comunidades Europeas, que en teoría debe facilitar la
comunicación entre la Unión Europea y las comunidades
autónomas?¿Depende ya de usted? ¿Depende del Ministeriode Asuntos
Exteriores? ¿Cómo se coordina? Esto es
todauna parte de la Lofage, que es la Administración
periférica en el exterior, los departamentos, las misiones
diplomáticas, etc. Por último, usted ha hablado de la parte
de los organismos autónomos que pudiéramos llamar entidades públicas
empresariales. Amí me gustaría conocer
solamente datos. Por eso voy a terminar pidiéndole, a ser
posible, que todo lo que nos ha dicho usted, que además
habla rápido y es concreto, nos lo aportara por escrito, lo
que es sencillísimo, para poder seguirlo, que nos aporte lo
decada provincia, qué reducción, qué oficinas. Así lo
podremos tener delante todos, con un gráfico, para nuestro
seguimiento posterior.
Elseñor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando, si es tan amable.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Estoy a punto de concluir, señor presidente. Voy
a ser cumplidor de lo que usted
meestá exigiendo.
Usted ha terminado con ese resumen de organismos
públicos que se han reducido, otros que se han suprimido,
nueve que se han refundido. ¿Cuál es el volumen de personal que
representan y cuál la evolución que ha tenido ese
personal dentro de esos organismos? Usted ha dicho que
hay algunos específicos que los teníamos garantizados por
la Lofage. Sí, Correos y algunos otros, pero no es eso todo.
Queremos saber cuál es el proceso que tienen de simplificación,de
modificación, de refundición, a lo que ustedes se
comprometieron en la Lofage, y si nos lo puede dejar, a ser
posible,para seguir en los ministerios el volumen de personal, dónde se
han ubicado, si los han jubilado o prejubilado
o si simplemente no han cubierto las vacantes o los han
recolocado,porque todo hay que conocerlo. En suma, lo
que deseamos saber es cómo se ha resituado el volumen de
poder que ustedes tenían, simplificándose, reduciéndose y
transfiriéndose a las comunidades y a las corporaciones
locales. Ese fue el discurso en el que se apoyó la Lofage.
No vaya a ser que tengamos que utilizar aquí aquello de
que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Estoy
convencido de que ese no es su discurso ni su compromiso,
que usted va de verdad. El problema es que, para cubrir los
cienmetros lisos podemos ir a la velocidad de maratón o a
la velocidad de paseo, y usted en algunos casos vaa la velocidad de
paseo.
Elseñor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista en el
Congreso, solicitante de la segunda comparecencia, tiene
la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor
ministro,por su comparecencia y por su intervención.Aunquepueda
sorprenderle, puedo asegurarle a usted, al resto
dela Comisión y a las personas que están aquí, que a mí
me ha resultado interesante, ya que ha supuesto que podamos debatir
sobre temas que yo creo que tienen mucha
importancia. En alguna ocasión ya hemos dicho desde aquí
que seguramente la Administración del Estado ha sido la
gran olvidada desde la aprobación de la Constitución de
1978, como consecuencia de la emergencia de las comunidades autónomas y
de los poderes regionales. Y también
me ha resultado interesante porque debo confesarle que se
ha puesto de manifiesto que la llegada del Partido Popular
al Gobierno ha tenido al menos una cosa positiva, y es que
ustedes han descubierto la Administración del Estado. El
cambio de las posiciones y de los conceptos que usted hoy
ha dejado caer poco a poco y de las reflexiones sobre el
funcionamiento de la misma son más que elocuentes, en
algunos casos hasta sorprendentes. En fin, de hacer un discurso en el
cual la Administración del Estado debería reducir enormemente la cabeza
y todo lo que es su estructura
central se ha pasado a oír hoy aquí, por mor de la Unión
Europea -en la Unión Europea estamos desde el año
1986, por fortuna para este país-, que tiene que haber una
Administración planificadora, que tenga mayor número de
funcionarios cualificados, con los niveles adecuados, cosa
que, sin duda alguna, el señor ministro sabe que compartimos.
Por tanto, nos alegra que hayan hecho ese descubrimiento, que al menos
salgan de su profundo error sobre las
críticas. Le aseguro que no voy a citar ninguna referencia
del señor Núñez ni del señor Aznar sobre la Administración General del
Estado en la etapa de oposición. También
respecto de la Administración institucional, que a nosotros
sí nos preocupa -decía el señor ministro, también con
razón en este caso, que preocupa poco normalmente esa
parte tan importante de laAdministración General del Estado, que es la
Administración institucional, y que en la Lofage se abría una
perspectiva nueva-, es muy elocuente el
cambio de actitud de sus discursos y de sus papeles en relación a lo que
está pasando en la práctica y en la realidad.
Estuvimos acostumbrados a oír que había un excesivo
número de organismos autónomos, de entes públicos, de
entidades públicas empresariales, que la fuga del Derecho
administrativo era la práctica habitual del Gobierno del
Partido Socialista y ustedes en muy poco tiempo han cogido una
preparación para la huida y para la carrera de esa
fuga del Derecho administrativo notable. El balance, que lo
ha presentado con cierta habilidad, es que hay más entes
públicos. Los suprimidos son casi insignificantes, en algunos casos
prácticamente no existía nadie en esos organismos autónomos y algunos
que se han creado tienen un
volumen importante de personal y de presupuesto. La primera petición que
le voy a hacer aquí es que nos remita ese
cuadro, pero no sólo numérico sino con el contenido de los
que se han suprimido, reestructurado, sin operar reducciones, operando
reducciones de subdirecciones generales,
que ha habido algunos, y los nuevos entes que han creado.
El balance es que hay más personal trabajando y, por tanto,
hay más complejidad y más gasto global de la Administración General del
Estado en estos momentos en organismos
autónomos que existían. En fin, nos ha narrado cómo es el
iter de la adaptación. Nosotros creemos que los dos tipos
de organismos públicos del modelo de la Lofage son razonables y, por
consiguiente, le instamos a que se pueda ir
concretando. También le rogamos, sin ningún ánimo de crítica, que no
sigan creando nuevos entes públicos, no sigan
transformando más Administración ordinaria en Administración
institucional y sobre todo en entidades públicas
empresariales, porque la verdad es que van a batir todos los
récords.No sé si la ley de acompañamiento nos dará alguna sorpresa
nueva, como ha venido siendo habitual en 1997
y 1998, simplemente le rogamos que reflexionen y mediten
sobre si es conveniente seguir en esa dirección.
Es verdad que la Lofage es una ley que en buena medida ustedes se
encontraron, ya que había sido presentada en
el Parlamento por el Gobierno anterior, y les sirvió para
intentar plasmar algunas de las ideas -entre comillasque sobre la
Administración del Estado habían ido formulandoen su etapa de oposición
y en su programa electoral.
Quizála más notable, que les sirvió para acercar posiciones
en su acuerdo con los nacionalistas, era la idea de laAdministración
única, que nosotros siempre denunciamos como
conceptualmente imposible. Políticamente quizá podría ser
una divisa adecuada para que calara en la opinión pública,
pero constitucionalmente no se correspondía con nuestro
esquema de pluralismo político y administrativo. El tiempo
-yaun año y unos meses después de la aprobación de la
Ley-, la propia práctica, el desarrollo de la misma han
puestode manifiesto que, en efecto, en este país no hay
ninguna referencia posible de Administración única porque
cada nivel de estructura política tiene su administración,
queserá más amplia o menos amplia en función de la evolución, pero, como
digo, no hay ningún viso de Administración única. La única hipótesis
sería la desaparición de la
Administración periférica o territorial del estado y la referencia
global a la Administración autonómica.
Portanto, la Lofage les sirvió para hacer una operación
demodificación -creo que absolutamente superficial- y
complicar más la no brillante situación de la Administraciónperiférica
del Estado, que hoy se ha complicado más
todavía y, desde luego, no ha aportado, en absoluto, más
claridad ni más simplificación ni más profesionalización ni
una mayor proximidad a los ciudadanos. Esa es la realidad
desde nuestro punto de vista.
Es verdad que hemos cambiado un gobernador por un
subdelegado,pero el único cambio real que se ha producido es que era
director general y ahora es subdirector general; es un cambio
estrictamente nominativo, ya que mantiene el mismo sueldo que el
director general -tiene que
saberseque los subdelegados son los subdirectores generales que más
ganan en este país; de los 1.300 ó 1.400 Subdirectores generales que
tiene la Administración General del
Estado,estos señores tienen el sueldo más alto, igual que el
que tenían como director general-, lo cual seguramente es
razonable, pero lo digo porque ese es un dato de la realidad;mantienen
los servicios oficiales, mantienen el uso de
la vivienda, mantienen -no sé con qué amparo normativo,
señor ministro, y me gustaría que lo explicara- el personal eventual, es
decir, el personal de gabinete, e incluso,
rocambolescamente,en algunos sitios están adscritos a la
delegación del Gobierno y ejerciendo sus funciones en la
Subdelegación, es decir, que mantienen todo lo que es el
perfil tradicional del gobernador.
Seha producido un cambio de nombre con pérdida de
categoría administrativa y con la propia devaluación de su
discurso,que es lo que devalúa la figura, seguramente por
un mal entendimiento de los que es lo político. Se han
emperradoen decir que no tenía que haber una representación política,
sino funcionarial. Yo no sé qué querían decir
con eso, pero representación de partido sí la tienen , señor
Rajoy. Desde luego, no ha tenido buena suerte en esta comparecencia,
porque el pasado domingo, en mi provincia, el
señor subdelegado concedió una entrevista a un medio de
comunicación y no hace más que atacar al Partido Socialista y hablar
bien de su propio partido, con lo cual el ejemplo
es notorio. Fíjese cuál es el titular de esa entrevista, lo que
dice el subdelegado del Gobierno en León: Las carreteras
de León son tan malas por los catorce años de abandono
socialista. Nadie le pregunta nada ni nadie le había criticado; como
partido, nunca hemos criticado a un subdelegado
porque no es una figura política. Posteriormente le preguntan cómo va la
maquinaria electoral, cómo van las encuestas y dice: Me gustaría que
para mi partido fuesen los mejores resultados y se supone que las
encuestas aciertan
siempre; Lucas es el mejor presidente y nuestro Gobierno
es una maravilla.
Señor Rajoy, puedo asegurarle que no ha habido una
sola crítica al subdelegado y, por otra parte, éste no sería el
único ejemplo que puedo ponerle. Si éste es el modelo de
profesionalización ante la ciudadanía de un subdelegado,
de la figura que ustedes han contemplado, una de dos: o
cesan a los subdelegados que actúan así o digan que son
representantes políticos del partido. Yo le puedo asegurar
que nos sorprenden mucho este tipo de manifestaciones,
que muchos gobernadores no hacían en otras etapas.
Desde luego, el modelo de Administración que se ha
puesto encima de la mesa como más simplificado y del que
se ha dicho que ha supuesto algún cambio no corresponde
a la realidad, señor ministro. Las áreas y dependencias en
las que se ha estructurado la llamada integración conservan
sus niveles administrativos y, en consecuencia, desde esa
perspectiva, la integración no ha significado ningún ahorro
económico. No se han suprimido puestos de trabajo, sino
que simplemente han cambiado de denominación: Los que
antes eran llamados directores provinciales ahora son jefes
de dependencia y los directores territoriales de antes ahora
son jefes de área. Las convocatorias de dichos puestos de
trabajo evidencian lo dicho: Se cambia la denominación y
se mantiene el nivel del puesto, así como su complemento
específico. En definitiva, señor ministro, el desarrollo y
aplicación de la Lofage en la Administración periférica no
responde a lo que usted ha dicho aquí; no se han suprimido
unidades administrativas, se han cambiado denominaciones
administrativas, que es un concepto radicalmente distinto, porque ¿qué
más da que se llame director provincial
que jefe de la dependencia? Es exactamente lo mismo; es
la misma estructura, los mismos niveles, la misma relación
de puestos de trabajo. Por cierto, la relación de puestos de
trabajo de la Administración periférica no es conocida, al
menos no ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y nos
gustaría saber por qué.
Desde otro punto de vista, la contradicción del modelo
se pone de manifiesto en la práctica. Por un lado, decimos
que se trata de elevar la representación política al delegado
del Gobierno -nos parece correcto y podemos estar de
acuerdo-, que sea un interlocutor efectivo con la Comunidad Autónoma y
con una mayor proximidad a los ciudadanos en lo que es la función
administrativa, en lo que es la
prestación de servicios. Sin embargo -y ya le anuncio que
vamos a tomar alguna iniciativa, porque seguramente exige
modificar la propia Lofage-, la práctica ha demostrado
queesto no es así y hay una materia, un campo, como es el
de las sanciones, donde lo que se ha producido como consecuencia del
modelo articulado y del juego de las Delegacioneses un distanciamiento
de la posibilidad de los ciudadanos a la hora de presentar los recursos
frente al modelo
anterior y, por consiguiente, una peor prestación de los
servicios. Desde nuestra perspectiva, esa es la consecuencia de lo que
podíamos decir que ha sido un modelo poco
pensado,desconocedor de lo que era realmente la Administración del
Estado y que ahora intenta traducirse en una
realidadmuy distinta, eso sí, con muchos Decretos y
muchasÓrdenes y todos los cambios de denominación que
quieran.Yles recuerdo que otro de los elementos que sustentaba el
discurso de laAdministración única era el ahorro
económico. Usted ha dado aquí unas cifras sobre el llamado plan de
optimización de los inmuebles, concretamente
de los alquileres. Le recuerdo que el presupuesto, en lo que
afectaba la capítulo 2 -lógicamente estamos hablando del
presupuesto del año pasado; éste todavía está a medio gas
en su ejecución-, apartado de arrendamientos y cánones
de la Administración general del Estado, aumentó en su
ejecución según la liquidación del presupuesto del
año 1997.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero,
vaya terminando.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Voy terminando.
Globalmente, nosotros refutamos la idea de ahorro,
pero yo le rogaría que nos remitiese a fecha actual la ejecución
presupuestaria del programa 121.E de su Ministerio,
el nuevo programa de la Administración periférica del
Estado, porque creemos que es el método de contrastar
cómo va esa evolución. Vamos a esperar a la liquidación
final de todo el presupuesto y, entre tanto, sin discutir su
cifra -los 120 millones-, le ruego que remita a esta
Comisión la relación de los inmuebles sobre los que se ha
producido la cancelación de arrendamientos, ubicación y,
lógicamente, el coste que se estaba pagando por ellos para
que podamos tener información de esos ciento veintitantos
millonesque ha dicho que se habían ahorrado a esta fecha
yque podían llegar a ser 200 millones.
De esta manera
podremos tener toda la información, porque parece bueno
que el Parlamento sepa exactamente cuáles son los inmuebles de los que
dispone y dónde se ha producido ese presumible ahorro.
Puedo asegurarle que hay otros muchos aspectos de la
aplicaciónde la Lofage que nos gustaría tocar en esta comparecencia.
Seguramente podremos incidir en alguno de
ellos en el turno de réplica. No queremos entrar en estos
momentos en lo que es la Administración central porque
ello daría lugar a un enorme debate y tiempo tendremos a
lo largo de otros instrumentos de control para hacerlo.
Paraterminar, quiero decirle que esta comparecencia,
queha sido solicitada por dos grupos de la oposición,
debería haber sido impulsada por usted. Hemos estado
esperando a ver cómo iba la Administración general del
Estado después de la aplicación de la Lofage, y le rogaría
nos remitiera toda la información de esa evolución que ha
sido describiendo y se comprometiera al menos a comparecer aquí para,
bien usted o alguien de su departamento,
abordar de manera monográfica lo que es la Administración institucional
-que no nos va a dar tiempo a profundizar en ello-, la evolución de la
aplicación de la Lofage en
la Administración institucional y los planes que sobre la
misma tiene su Gobierno. Lo digo porque quizá así nos
podamos ahorrar la solicitud por escrito y para que el
Gobierno reflexione sobre el modelo de Administración
periférica que en estos momentos se está concluyendo, en
el que ustedes, con la aplicación de la Lofage, han introducido más
confusión, nada de integración, y han dado lugar
a una situación que en nada beneficia al Estado en su presencia
territorial porque, sin ser real, estamos permanentemente en un discurso
de retirada psicológica en la representación política, en el mejor
sentido, el término, de lo
que es institucionalmente deseable que el Estado tenga en
el territorio.
Usted sabe que creemos que es importante y desde aquí
le instamos a que no siga en esa especie de repliegue psicológico, más
allá de que la Administración tiene que funcionar lo mejor posible, que
nada tiene que ver con el
repliegue partidario que hacen algunos de sus subdelegados y que hoy le
he puesto aquí como ejemplo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias,
señor Rajoy, por su intervención, aunque usted la califique
como de difícil entendimiento o aburrida, pero que ha sido
muy interesante. Por eso, el primer aplauso es por haber
dado amenidad a su información, ya que no era necesario.
Yo voy a aplaudir, pero no porque tengamos un pacto
con el Gobierno, sino porque voy a hablar desde la perspectiva de la
Comunidad Autónoma de Canarias. La Lofage marcó un paso decisivo en el
espíritu de la Constitución
de 1978, en la configuración del Estado español como
Estado autonómico.
Es una realidad que los constituyentes se encontraron
con un Estado dotado con una maquinaria administrativa
pesada. Apesar de aquellas tentativas de López Rodó de
racionalización del sistema público, la realidad es que el
peso dentro de la actividad pública y privada española de la
maquinaria administrativa era impresionante.
La Lofage se propuso hacer desaparecer a los gobernadores civiles y
crear la figura de los subdelegados del
Gobierno sin ser altos cargos. En la ley se dan pasos. Usted
se comprometió públicamente a realizar cuatro programas
para cumplimentar el mandato legal y no sólo por lo que
usted haya dicho aquí, sino por la perspectiva canaria, creemos que se
ha avanzado muchísimo.
No se ha llegado al desiderátum administrativo, es verdad, pero se ha
trabajado intensamente. Se han promulgado
disposiciones del rango suficiente para ir cumplimentando
paulatinamente sus compromisos personales y los que estaban en la ley.
Eso es importante en un Ministerio, porque
estamos cansados en este país de cantos impresionantes y
ampulososque luego no se cumplen.
Se ha dado un paso importante en la Administración
periféricadel Estado. Quizá estoy hablando desde el desconocimientode lo
que ha ocurrido en el resto del Estado
español, pero repito que estoy hablando desde la óptica de
mi autonomía canaria y estoy diciendo que hay un mayor
acercamiento de la Administración al administrado.
Ya se acabó aquel tiempo al que se refería Larra del
«vuelva usted mañana» y aquellas ventanillas inaccesibles,
aunque todavía se mantiene el recurso de decir «está reunido».Sin
embargo, se observa que hay un mayor deseo de
servicio por parte del administrador, del funcionario, que
estáconvencido, con dignidad y orgullo, de que es servidor
delos ciudadanos y administra su tiempo para atender a
todoslos medios de comunicación y de intercomunicación
que existen hoy día, como son el teléfono, el fax y todos
los medios informáticos que hoy se están implantando.
Entendemos que no se ha terminado el programa de
actuaciones, que todavía hay que hacer mucho en la tramitaciónde las
transferencias y delegaciones. Hay transferenciasmal hechas, pero se
está avanzando. Es verdad que
queda mucho todavía de la antigua escuela del sistema funcionarial.Hace
falta una mayor intensificación del reciclaje de muchos funcionarios;
hace falta todavía, y se está
haciendo y notando, una intensificación de la aplicación de
lainformática y cibernética a la Administración pública;
hace falta todavía el que sea una realidad la ventanilla
única.
Unas de las autonomías españolas donde más falta hace
es en los archipiélagos balear y canario por ser islas y porque allí se
confundían las administraciones en el tratamiento de un mismo tema. Este
asunto está pendiente, pero se
está avanzando muchísimo y puede estar satisfecho con la
política de racionalización y de economía que ha llevado
su Ministerio al haber actuado inteligentemente sobre la
dispersión de la estructura inmobiliaria habiendo reducido
en número de inmuebles, habiendo reducido los alquileres
yhabiendo reorganizado la Administración periférica para
quelos servicios funcionen con mayor eficacia y racionalidad.
Por eso, aplaudo su discurso, aplaudo lo que ha hecho y
estoy seguro de que al final de la legislatura aplaudiré con
frenesí, porque usted es de los hombres que van a cumplir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría Echevarría.
Laseñora URÍAECHEVARRÍA: Señor ministro, gracias por la explicación tan
documentada, razonada y razonable que nos ha servido a la Comisión en
relación con las
materias por las que era preguntado.
Centraré mi intervención en uno de los aspectos que
formaparte del elenco de inquietudes más constantes en el
grupo al que pertenezco.
Hacepoco leía unas declaraciones suyas en las que
decía que los nacionalistas llevábamos veintiún años
diciendo lo mismo, lo decía en referencia al llamado pacto
deBarcelona -en este momento reunido en Bilbao y espero que continúe-, y
no sé si porque nos consideraba pel
mas o repetitivos. Creo que decir que llevamos veintiún
años, más en el caso de mi partido, que es centenario, como
usted bien sabe, puede ser también síntoma de coherencia
en el mensaje o de tenacidad política.
En relación con este asunto de la Administración periférica, hemos
sostenido desde siempre que, consolidado
-aunque creemos que no completado- un Estado en el
que se consagra la descentralización política, la Administración del
Estado debe ser únicamente la necesaria para
prestar adecuadamente los servicios que el Estado mantiene en cada zona
del territorio. Es decir, que, producida la
existencia, por querencia constitucional, de comunidades
autónomas con niveles competenciales determinados, es
lógico que el Estado sólo tenga en cada uno de los territorios, en un
proceso de racionalización y mejora de laAdministración, aquella
administración que sea la necesaria o la
suficiente para prestar adecuadamente los servicios, puesto
que de prestación de servicios se trata siempre que hablamos de
Administración pública.
Reconozco que este proceso de adecuación no había
sido ni siquiera iniciado en la etapa anterior, puesto que,
salvo la mención que usted ha hecho a la Ley del Proceso
Autonómico del año 1983, que no se plasmó luego en nada
y que hablaba de la integración de las delegaciones, nada
se hizo, repito, en esa etapa y que, por tanto, suyo o del
Gobierno al que usted pertenece es el mérito de haber iniciado esta
necesaria adecuación de la Administración
periférica.
Desde mi grupo saludamos -usted lo recordarácomo moderado optimismo y
con agrado la Lofage, considerando que la desaparición de los
gobernadores civiles no
era solamente simbólica, como se dijo, y nos parecían razonables las
previsiones que respecto de la integración de las
delegaciones se preveían en ella. Como usted ha manifestado, el Gobierno
ha ido cumpliendo -ha citado usted los
dos Reales Decretos, el 627/1997 y el 1330/1997, referido
a la integración de las delegaciones-, y nos parece que se
va andando un camino en el sentido que se había prometido.
Pero sí me parece interesante, y quería planteárselo
desde la óptica de mi partido, una reflexión que creo que es
necesario hacer respecto de la Administración periférica.
Sostenemos los nacionalistas que no son iguales todas las
comunidades autónomas, o por lo menos no lo son sus
techos diferenciales. Ha oído usted hablar -y a esto se
debía referir cuando dice que llevamos veintiún años
diciendo lo mismo- de la desigualdad o de los hechos
diferenciales a los que tanto aludimos. Creemos que esto
también debe plasmarse en lo que quede de Administración periférica
según el techo competencial que cada
comunidad autónoma ha ido adquiriendo.
Le pondré un ejemplo. En este momento está en tramitación en la Cámara
una modificación de la Ley de Planta y
Demarcación. En esta ley se prevé el desdoble de algunas
audiencias provinciales. Me preguntaban en fecha reciente
qué opinaba mi grupo respecto de eso. Yo opinaba que,
respecto del caso vasco, en el que los territorios históricos
-las provincias en otros casos- son pequeños y la planta
judicial es la que es, sería de locos pensar en desdoblar las
audiencias. Sin embargo, parece razonable en algunas
audiencias gallegas con una planta judicial mucho más dis-persa,
en el caso de Extremadura y quizá en determinadas
provincias andaluzas.
Esta reflexión me la hago cada vez que paso por delante del ex gobierno
civil de Vizcaya, actual Subdelegación
-elcambio de placa se hizo de inmediato, señor ministro-; me pregunto a
veces qué hace exactamente el personal que hay dentro de esa
Subdelegación del Gobierno,
puestoque estamos hablando de una comunidad autónoma
en la que las competencias en materia de seguridad ciudadanalas
desarrolla en un noventa y tantos por ciento la propia comunidad
autónoma. Si se tratase de personal laboral
y estuviesen sometidos al Estatuto de los Trabajadores,
podrían reclamar incluso a su patrón, en este caso el Estado,ocupación
efectiva, porque me cuesta pensar qué es
exactamentelo que pueden hacer. Creo que realizan algunas actuaciones
referidas a permisos de caza -la caza es
un hábito bastante arraigado en Euskadi, pero no creo que
justifiqueuna ocupación del día completo-, creo que también realizan
meritorias tramitaciones en materia de inmigración y extranjería -pero
tampoco es la zona del territorio que tiene más problemas a ese
respecto- y hacen algo
relacionado con la objeción de conciencia, porque no hay
gerencia en materia de Justicia en Euskadi, pero evidentemente esta es
una obligación a extinguir, en dos años
dejarán de tener ocupación efectiva.
Estoes más patente todavía en el caso de Álava, donde
está la sede de la Delegación del Gobierno, con lo cual la
existencia de la Subdelegación del Gobierno, servida por
cierto por una excelente funcionaria, una excelente profesional,no se me
alcanza que tenga sentido en un territorio
en el que además radica la propia sede de la Delegación del
Gobierno.Esto es lo que quería someter a su consideración. Creo que,
iniciada la primera fase, debe completarse
conuna segunda, adecuada a los servicios que el Estado
debe prestar en cada caso. Una presencia de la Administración que a
todas luces es excesiva en Bilbao, sin embargo,
puede resultar insuficiente en Málaga, y le pongo este
ejemploporque en fecha reciente, con una subcomisión de
esta Cámara, tuve ocasión de hablar con el subdelegado y
allí no llegaban a todo el cometido que debe cumplir,
teniendo en cuenta que allí sí tienen funciones relacionadas
con seguridad ciudadana, que tienen problemas de mafias
policiales y que tienen un problema de extranjería mucho
más grave que el que puede haber en la parte del territorio
por la que yo soy diputada.
Creo que la racionalidad administrativa exigiría tratar
desigualmente las situaciones desiguales, y quizá así la
Administración en su conjunto funcionaría mejor y costaríamenos, que,
como usted bien conoce, es el título de un
mundialmente conocido informe de racionalización y
mejora. Esta era la reflexión que quería transmitirle.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Gil i Miró.
La señora GILI MIRÓ: Buenos días, señor ministro.
Quiero saludarle y decirle, respecto a su comparecencia y
lo que nos ha explicado, que ha sido interesante y prolijo,
pero también decir a todos y todas que la vida es breve y
que,gracias a este tipo de sesiones, nos puede parecer más
larga, y esto siempre es bueno para la salud.
Antes de comenzar mi intervención, también quería
recordar que, con motivo de la aprobación de la Lofage y
en nombre de mi grupo, yo ya expuse que haríamos la valoración de su
desarrollo transcurridos dos años de su
implantación, y todavía no han transcurrido. Por ello, hoy,
tras escucharle, señor ministro, sólo me voy a limitar a
comentar algunos aspectos que algunos de mis compañeros y compañeras ya
han expuesto y que me interesan particularmente, sobre todo respecto a
la Administración
periférica del Estado en Cataluña.
En primer lugar, yo querría poner de relieve el escaso
entusiasmo del Ministerio por andar el camino que pudiera
conducir a laAdministración única, que sólo será una realidad
convincente para mi grupo y en Cataluña si es la Administración
catalana, como usted sabe, la que realiza o la que
dispone que ejecute la Administración local los servicios
que ahora presta la del Estado en su territorio. Es evidente
también que este diseño que yo le digo es muy distinto del
paisaje de hoy, en que la Administración general del Estado
quizá sigue haciendo lo mismo en Cataluña, en lo que ustedes llaman
periferia, pero habiendo sustituido la dispersión
de órganos y funcionarios por la integración o apretujamiento de
aquéllos.
Otro aspecto por el que sentimos curiosidad -supongo
que ustedes nos lo podrán remitir al Congreso- es conocer el número de
órganos innecesarios de su Administración en Cataluña que han
desaparecido o que se han simplificado de acuerdo con los propósitos de
la Lofage en sus
artículos 25 y 31. También nos gustaría saber cuáles son las
características y contenidos del plan específico que ha realizado, si lo
ha hecho, su Ministerio para la optimización
del uso de los inmuebles adscritos a aquél situados en Cataluña, de
acuerdo con lo que establece la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1330.
Como último aspecto, no menos importante aunque lo
cite el último, desearía comentar la adecuación de la figura
del subdelegado al régimen funcionarial. Aun año de la
regulación de esta figura yo puedo expresarles a usted y al
resto de diputados y diputadas que en general la adecuación es correcta,
por lo menos en Cataluña, aunque de vez
en cuando alguno de estos funcionarios sobrepasa su carácter profesional
en contra de lo que el Real Decreto 617 y la
Lofage indican respecto a que tiene un carácter netamente
funcionarial. A veces emula en sus declaraciones este
regusto simbólico político de las maneras y status de los
antiguos gobernadores civiles, pero nosotros estamos seguros de que su
Ministerio ya prestaría la debida atención si
se diera algún exceso de este tipo, un poco insólito, y estamos seguros
de que usted quiere que se respete en todos
sus extremos aquel carácter y, aunque sabemos que las conductas humanas
no son regulables en toda su extensión,
también sabemos que unas instrucciones dadas por un
ministro acostumbran a regularlas y causan buen efecto.
También querría decir públicamente que es evidente,
aunque no llegue al aplauso de Coalición Canaria, que su
Gobierno y su Ministerio en particular han cumplido y
cumplen de manera eficaz, y sobre todo de manera muy
transparente, el compromiso contraído y en especial la letra
de la Lofage. También es cierto que toda obra humana es
perecedera, modificable, y nosotros creemos que el nuevo
mapa político administrativo europeo, la consolidación y
las evidentes limitaciones del Estado español compuesto,
exigirán en un futuro cambios significativos en esta área
paraafrontar de manera idónea la modernidad del Estado
español del próximo siglo.
Seguramente hablaremos en un futuro de nuevos principios rectores de la
Administración periférica para su
mejoradecuación a las diferentes comunidades autónomas,
ymi grupo insistirá, como siempre, en la proclamación de
aquéllos que se van a resumir en uno sólo, que es el principio del
tratamiento no uniforme, un principio que quizá se
basa en la desigualdad, pero que no significa desigualdad
sino tratamiento desigual o distinto, es tratar de manera
diferenteaquello que es diferente, y esto de ninguna manerapuede
conculcar el artículo 138 de la actual Constitución
española.
Yo creo que usted y sus colaboradores y colaboradoras
deben pensar de vez en cuando en ello y pensar también
que este desarrollo desigual o no uniforme, si le agrada más
la palabra, sería lo justo y lo equitativo. Yo creo que usted
mismo,el Ministerio y su Gobierno, incluso también el primer partido de
la oposición, se sorprenderían de los efectos
saludablesde una lectura de la diversidad moderna y abierta en el campo
de la Administración periférica.
Nosotros, desde Cataluña, lo pediremos en su momento
ylo fundamentaremos para que se nos trate en este sentido
deacuerdo con nuestra capacidad administrativa, nuestra
propiacultura, nuestras necesidades y nuestra experiencia,
pero éste es un debate para el futuro no para hoy.
También espero que, de acuerdo con su símil tecnológicodel teléfono
móvil y de manera consecuente con sus propias palabras, la
Administración periférica del Estado pase
aser del tamaño de una caja de cerillas en Cataluña y que
éstas,después de cumplir con su cometido de dar luz y de
dar calor, se extingan y se conviertan en humo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor López-Medel.
Elseñor LÓPEZ-MEDELBASCONES: Al igual que
los demás portavoces, yo también quisiera comenzar mi
intervención agradeciendo la presencia del señor ministro
y expresando la satisfacción sobre todo por la gran informaciónque ha
facilitado.
Ha tenido el acierto de tomar como punto de partida su
intervenciónde hace año y medio en esta misma Comisión
y realizar por sí mismo, y sin ningún tipo de prepotencia
respectoa los objetivos conseguidos, un seguimiento a
modo de balance de lo que anunció en su momento en esta
Comisión.
Yo podría remontarme más allá de este año y pico y
dese ahí hacer una comparación crítica de lo que era la
Administración cuando gobernaba el Partido Socialista y
los cambios que se ha producido ahora en la misma cuando
gobierna el Partido Popular. Podría utilizar cada avance,
cada cambio o cada mejora para criticar lo anterior. No obstante, no lo
voy a hacer ni es éste nuestro estilo y, al igual
que he dicho en varias ocasiones, creo que las polémicas de
este tipo no conducirían a naday menos desde luego a quienes las
originan.
En todo caso, en esta materia, al igual que no en todo
pero sí en buena parte le va a suceder al futuro seleccionador nacional
de fútbol, hay que partir en el campo de la
Administración de lo que hay. No se puede partir de cero,
no se pueden despreciar de una manera radical los mimbres
que ya existen, algunos de los cuales, bastantes, son sin
duda alguna muy aprovechables. Esto es especialmente
importante para aquéllos que creemos con firmeza que la
Administración representa los intereses generales y, por
tanto, debe tener una mínima estabilidad en lo que son los
elementos organizativos, lo cual es también una manifestación de la
neutralidad, de la continuidad de la Administración, más allá de los
cambios políticos que se puedan producir.
Evitando rupturas, procurando no producir convulsiones en lo que es la
Administración, que atiende, repito, los
intereses generales, lo indudable es que en estos dos años
se han producido notables avances en lo que es la configuración de la
Administración del Estado y de una manera
muy especial en lo que es la Administración periférica.
Negarlo supondría precisamente negar una realidad. La
Lofage, sin duda, diseñó un nuevo modelo de organización
de la Administración general del Estado, optando por la
simplificación, la profesionalización y la eficacia.
Se han hecho algunas referencias a la Ley del Proceso
Autonómico del año 1983, sin duda una buena ley, con
propósitos importantes, pero que lamentablemente apenas
tuvieron aplicación, apenas tuvieron virtualidad. De ahí
que, pasado tanto tiempo, la necesidad de adecuar laAdministración
estatal a lo que es la realidad de un Estado plural,
a lo que es un Estado autonómico, no era un mero principio, no podía ser
un mero desideratum, sino que era y sigue
siendo una auténtica necesidad. Aello responde precisamente la Lofage en
la medida en que diseña unas bases
sólidas y, repito, no unos meros principios programáticos,
sino unos plazos concretos, unos compromisos, unos mandatos que el
propio legislador le impuso a la Administración.
Ha pasado un año y cuatro meses desde su entrada en
vigor y, a la vista de los resultados que se han expuesto, yo
creo que el balance es sin duda muy positivo. Desde luego
el desarrollo de la ley -ya lo dijimos en su momento, en la
elaboración de la misma- debe hacerse teniendo en cuenta como criterio
básico el de la eficacia, y toda su aplicación debe estar impregnada y
condicionada por algo muy
importante en el mundo de laAdministración, que es la planificación.
Debe huirse, como se está huyendo, de improvisaciones.
Se cumplió en tiempo la primera fase, la sustitución de
los gobernadores civiles por subdelegados del Gobierno, y
se hizo este notable cambio de modo tal que siguieron funcionando
correctamente las instituciones, haciéndose esa
renovación sin disfunciones; y se hizo sin disfunciones porque
precisamente cuando se nombraron los gobernadores
civiles ya el Gobierno que presidía en aquel momento, tras
la toma de posesión, José María Aznar tenía un modelo, y
de hecho creo recordar que fue precisamente la Lofage una
de las primeras leyes remitidas de una manera inmediata a
esta Cámara. En el nombramiento de los gobernadores en
aquelmomento, aun cuando no se había tramitado todavía
la Lofage, ya se tuvo en cuenta, y eso justifica el que, al
haberse anticipado el Gobierno a los perfiles que luego la
Lofageiba a diseñar, no hubiera necesidad de hacer grandes cambios en lo
que se refiere a las personas que habrían
de realizar esa misión.
Quisiera recordar además que en la elaboración de la
ley desde el principal partido de la oposición se ponía toda
la fuerza y toda la vehemencia en considerar que con ese
cambio que estábamos haciendo de gobernadores civiles a
subdelegados se estaba poniendo en juego la vertebración
del Estado, se estaba poniendo en juego la organización
políticadel Estado español.
Hoyen día se pretende minimizar ese alcance diciendo
queapenas ha supuesto nada. Veo que existe un cambio de
posición del Partido Socialista, que antes defendía ese gran
alcancecriticando esa reforma y hoy dice que apenas ha
supuesto modificaciones, y que por una conducta concreta
de un subdelegado en una de las 52 provincias puede
hacerseuna generalización y una equiparación. Como cada
uno habla de su provincia, en el caso de Cantabria yo
recuerdo que en la anterior Administración, no ya el delegado del
Gobierno como comunidad uniprovincial, sino
los directores provinciales, continuamente estaban haciendo
declaraciones partidistas en los medios.
Pero no por eso pienso que sea un modelo, estaba funcionando en toda
España. Estoy convencido de que eran
excepciones. Ahora no existe ningún director provincial en
toda España que esté realizando declaraciones de tipo partidario, y el
hecho de que una autoridad como esa, aun
cuandosea un subdirector o un subdelegado del Gobierno,
realice declaraciones que puedan tener un tono no muy
apropiadono significa que sea la regla general.
Otro gran objetivo, y al mismo tiempo un mandato de
laley para la integración de los servicios. En su momento
ya dijimos -y yo quiero reiterarlo- que no se trata de
integrar por integrar, sino de conseguir una mayor eficacia
ycoordinación. El alcance de lo realizado hasta ahora ha
sidoexpuesto, al igual que las previsiones futuras. Entendimos también
en su momento que la integración ha de
hacerse de forma progresiva y evitando disfunciones. Si
alguien pretendiera hacer una integración masiva, una integración más
desordenada, una integración más de golpe, se
estaría generando un totum revolutum que estaría perjudicandoal
leitmotiv fundamental de todas estas reglas que
sonla eficacia y los servicios a los ciudadanos.
Se dice que no se han suprimido funcionarios. No quieropensar qué se
diría si desde el Partido Popular, como
consecuenciade un proceso de reestructuración administrativa, se
hubiesen suprimido puestos de funcionarios. En
todo caso, hay algo que es importante y que hemos reiterado en alguna
ocasión: no se trata tanto de suprimir, se trata
deordenar mejor. Lo que está haciendo la aplicación de la
Lofage, lo que están haciendo los servicios integrados es
precisamenteordenar mejor a los funcionarios. Estamos
convencidos de que en el Estado español -que tiene algo
más de dos millones de funcionarios- no es excesivo el
número de empleados públicos comparado con otros países de la Unión
Europea, y creo que este criterio es compartido por todos los grupos.
Sin embargo, la sensación que
a veces se tiene, desde hace muchos años, en la calle no es
tanto que sobre, sino que no están debidamente ordenados.
Pues bien, esto es lo que está llevando a cabo la Lofage,
una mejor ordenación de los funcionarios.
Apesar de la complejidad técnica que supone todo este
proceso se está realizando un gran trabajo de planificación
desde la Secretaría de Estado de Administración Pública y
desde la Subsecretaría. Por ello, desde el Grupo Popular
quisiéramos expresar la felicitación por este trabajo tan
callado, tal vez poco interesante, a efectos de lo que es la
opinión pública, pero lleno hoy de una gran racionalidad y
de un sentido de futuro.
Quiero también destacar que, sin perjuicio de potenciar
la figura del delegado del Gobierno -como se está haciendo- los
servicios integrados deben, aun dentro de esa integración, mantener los
cauces adecuados con los servicios
centrales, de modo que no se conviertan en islotes, de tal
forma que puedan quedar rotos sus vínculos con criterios
del ministerio de origen. En ese sentido es importante que
se haya logrado un modelo mínimamente homogéneo de
las delegaciones de Gobierno, sin que en este punto tenga
que haber singularidades. Los hechos diferenciales están
para otro tipo de cuestiones, pero no en lo que se refiere a
la organización básica de la Administración del Estado.
Creo que es bueno ese modelo homogéneo, que no significa un modelo
cerrado, un modelo absolutamente impuesto.
En todo caso, de nada valdría lo anterior si no se hiciera,
como se ha hecho, el traspaso de los recursos humanos,
presupuestarios y materiales de los servicios integrados en
el MAP, al igual que la elaboración de las relaciones de
puestos de trabajo en las delegaciones del Gobierno, subdelegaciones y
direcciones insulares.
El ministro ha hecho referencia a una cuestión que nos
parece muy importante: los planes de optimización de edificios. Algún
grupo ha solicitado datos concretos y a nosotros estos planes de
optimización de edificios nos parecen
muy importantes, así como la reubicación del personal
integrado, la reorganización de las oficinas de información
y registro. Todo ello debe tener siempre como leitmotiv la
eficacia del servicio a los ciudadanos. Se puede ahorrar
dinero, como en algunos casos se está haciendo, a través de
alguno de estos programas, pero la finalidad ha de ser ante
todo -y así lo contemplamos desde el Partido Popular-,
el servicio a los ciudadanos. Ysi el servicio a los ciudadanos pudiera
requerir, en algunos programas concretos, un
mayor gasto, yo creo que nadie tiene que asustarse ni debe
suscitar miedo. Ahora bien, si en la política de racionalización se
comprueba que se puede gastar mejor y que, al
mismo tiempo, se puede dar un mejor servicio, esto es lo
que se tiene que seguir llevando a cabo.
Quiero destacar e insistir sobre algo que nos parece
capital desde la perspectiva del Grupo Popular -y ya voy
concluyendo, señor Presidente-: la coordinación, tanto a
nivel interno como a nivel externo. Respecto a la coordinación externa,
debemos procurar una mejor relación y colaboración de la Administración
del Estado con las administraciones autonómicas y las administraciones
locales,
aunque sin duda no es objeto de esta comparecencia, pero
no puedo por menos que aludir, aunque sea someramente,
a ello. En ese sentido, en la reforma de la Ley de Régimen
Jurídico, la Ley 30/1992, el texto del Gobierno potencia los
mecanismos de cooperación. Es una buena senda y hay que
seguir profundizando en ello. El segundo aspecto al que
debería aludir es el relativo a la coordinación interna, que sí
es de especial aplicación en esta comparecencia. Es inevitable la
tentación -y es una cuestión de la historia de la
Administración española-, la tendencia de cada departamento de todas las
administraciones pública a tener sus
propias reglas de funcionamiento. La tendencia a operar de
forma departamentalizada es una historia importante de
siempre en nuestro país. Por ello, desde el Partido Popular
aplaudimos los grandes esfuerzos en orden a conseguir una
mayor coordinación por parte de todos los departamentos.
Este proyecto nos lo ha expuesto el ministro, y no es simplementeun
proyecto del Ministerio de Administraciones
Públicas,es un proyecto de todo un Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor
López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDELBASCONES: Voy terminando, señor Presidente.
Por todo ello impulsamos a quienes lideran este proceso de coordinación
a que sigan implicando activamente a
otros ministerios y departamentos, con la finalidad de conseguiruna
mejor coordinación y una mayor eficacia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS(Rajoy Brey): Señor Presidente, haré una
intervención más breve que la primera, que necesariamente
tenía que ser como fue y, en este sentido, agradezco el tono
delas intervenciones que se han producido en relación con
eseasunto concreto y también respecto al planteamiento
general de todos los que han hecho uso de la palabra.
Antes de contestar a los distintos comentarios que se
han producido en estas intervenciones quisiera hacer, en
primer lugar, un planteamiento de tipo general. Seré breve,
pero es un planteamiento que me gusta y suelo repetir
siempre que tengo alguna intervención sobre ese asunto. El
tema de la reforma de la Administración, de la periférica,
de la central y, en general, de toda la Administración, es de
unacomplejidad colosal. La impresión que yo tengo, después de mi
experiencia de dos años en el Ministerio, es que
es ciertamente difícil transmitir a la opinión pública en qué
consisteexactamente la reforma de laAdministración, porque normalmente
en la opinión pública no se presta especial atención a este asunto, sino
que de vez en cuando se le
pregunta a alguien que pasa por allí: Oiga, ¿y para cuándo
la reforma de la Administración? Con lo cual uno tiene la
sensación -no sé si esto mismo lo he dicho en esta Cámara- de que la
reforma de la Administración consiste en
quealguien -en este caso tendría que ser el ministro- de
unpartido de la oposición compareciese rodeado de tomos
ydijese: aquí están todas las medidas que hay que adoptar
en el futuro para reforma la Administración. Yo creo que la
reforma de la Administración no es eso. Lo he dicho antes
de pasada en mi intervención. Yo creo que la reforma de la
Administración es un conjunto de medidas que se toman a
lo largo de todos los días. Y al final, ¿qué debe pretender
cualquier reforma de la Administración? Que sea menos
costosa para el contribuyente, que sea más eficaz y, sobre
todo, que sea más ágil. Yo creo que eso es lo que más preocupa al
ciudadano. Por ello la reforma de laAdministración
consiste en un sinfín de medidas que se toman todos los
días. Yde hecho la Administración todos los días va mejorando, podrá
mejorar más o menos, pero evidentemente se
va en la buena dirección. En este sentido se enmarca esta
ley. Esta ley pretende reformar, en primer lugar, la Administración
periférica del Estado; en segundo lugar, los organismos públicos -todo
el complejo entramado institucional- y esta ley establece también una
serie de principios
generales, algunos que no son de aplicación directa, como
todos los principios que se recogen en la ley, pero marcan
planteamientos en la buena dirección. Tengo que decir que
esto es importante, pero hay cosas que son mucho más
importantes, que se hacen todos los días y que son reforma
de la Administración, porque sirven a los efectos de mayor
agilidad, mayor eficacia y menor coste. Por ejemplo, una
reforma de la Administración que a mí me parece clave es
la formación. Cuanta mejor sea la formación de los funcionarios mejor va
a funcionar la Administración. Otra reforma de laAdministración,
probablemente la más importante
de todas, es la utilización de las nuevas tecnologías. Eso
tiene una importancia colosal. Cualquier empresa privada
no hace leyes, y, sin embargo, va reformando su propio
funcionamiento. Una empresa periodística, por ejemplo.
Hace años los periódicos llegaban a provincias en dos días,
ahora ya puede comprar uno el periódico del día en cualquier país
europeo a las nueve de la mañana. Son un sinfín
de medidas que hacen que las cosas, al final, sea más baratas, sean,
sobre todo, más ágiles, que es el tema básico, y
más eficaces. En este marco general de un sinfín de medidas enmarco la
Lofage, que para mí es importante en la
Administración periférica y en el entramado institucional.
Dicho esto, voy a contestar a las distintas intervenciones. Se han
tocado muchos temas. Después de contestar a
todas las intervenciones haré lo que creo que es el planteamiento
general que debo hacer. El señor Ríos ha comenzado su intervención
diciendo que la lectura de Izquierda
Unida no es la misma. Sin duda no lo es, y tiene perfecto
derecho a hacer una lectura diferente. Ha hecho un recordatorio de lo
del vaso lleno y el vaso vacío. Es verdad. Me
hace una serie de preguntas que voy a tratar de responder.
La primera pregunta es cuántos funcionarios menos hay.
La reforma de la Administración no es para echar funcionarios que, en
cualquier caso, no se podría hacer. Como
todos sabemos, un funcionario es un señor que tiene su
puesto adquirido por un procedimiento que es el que establece la ley. No
se trata de eso. No pretendemos echar funcionarios. Lo que sí
pretendemos, y luego incidiré más en
este tema, es una reestructuración de su ubicación, de sus
trabajos, etcétera. En cualquier caso, sí quiero decir una
cosa que no se refiere sólo a la periferia, sino a lo que ha
sido el planteamiento del Gobierno a lo largo de estos dos
años y pico, es si el Gobierno cree que el número de funcionarios es
razonable, si cree que hay que reubicarlos y si
cree que no es necesario incrementarlo. Usted sabe que
nosotros hemos hecho unas ofertas públicas de empleo en
los tres presupuestos que hemos presentado -el próximo
se presentará dentro de unos días-, donde se establece que
no se podrá superar el 25 por 100 de la tasa de reposición.
Este Gobierno, en decisión que es discutible, y que creo
queusted no comparte, opta por ofertas públicas de empleo
muy reducidas y además muy selectivas. De hecho, entre
1996 y 1997 el capítulo 1 de los presupuestos, bien es ciertoque
coincidió con una congelación salarial, bajó en términos absolutos. El
capítulo 1 de los presupuestos de 1997,
en términos absolutos, es inferior en el 0,51 por 100 al capítulo1 de
los presupuestos de 1996, cuando el año anterior
habíasubido el 6,30, el anterior el 6,96, etcétera. Este es el
planteamientoque hace este Gobierno, que es discutible y
estoy seguro que usted no lo comparte, pero no me puede
decir si se han suprimido funcionarios.
Hay otro asunto que es el segundo al que hizo referencia, que supone una
crítica en el sentido de que vamos lentamente en el proceso de
integración de servicios. Es discutible. Usted puede creerme o no y sin
duda usted puede
estar mucho más capacitado que hoy para hacer esto, pero
puedo asegurarle que este es un proceso muy complejo,
técnicamente muy difícil y, como ya apunté en mi primera
intervenciónen 1997, vamos a ir paulatina y tranquilamente.Según qué
reformas de la Administración, no se pueden
hacer a tortazos. Hemos integrado un número de servicios
equis que a usted le podrán parecer pocos, pero que el volumen de
trabajo que genera hace que a mí me parezcan razonables. Sin duda
podríamos trabajar mucho más y las personas que están al frente de esta
operación podrían hacerlo
mejor, pero hemos incrementado el número de nuestros
funcionariosseis veces y ahora vamos a incrementar otra
serie de ellos. Tengo que decir que es muy difícil, buena
pruebade ello es que ya en la ley del proceso autonómico
de 1983, citada aquí, y posteriormente en otros Decretos,
inclusoya en el gobierno de la UCD, se habló de la necesidad de integrar
los servicios periféricos bajo la dependencia de la delegación del
Gobierno o bajo la dependencia del
propiogobernadorcivil, y no se hizo porque, repito, es muy
difícil. Por tanto, a partir de ahí puede hacer usted las críticasque
quiera, pero hemos hecho un planteamiento razonabledel proceso que ya
anunciábamos que es gradual. Por
lo menos creo que vamos en la buena dirección y a partir
de ahí la rapidez o la no rapidez es opinable.
Tambiénhace referencia a cuantos traspasos de funcionarios se han
producido desde la periférica a las comunidades autónomas y a las
corporaciones locales. Tampoco se
trata de eso. Cuando se hacen traspasos, con arreglo a los
procedimientoshabituales, se hacen con arreglo a los procedimientos
habituales de la Administración del Estado a
las comunidades autónomas. Ayer hemos transferido la
educacióna la Comunidad de Aragón. Traspasaremos
todoslos funcionarios que están en la periférica, que son
todos los que están trabajando, y buena parte de los que
estén en la Administración central. Es en ese momento
cuando se hacen los procesos de traspasos de funcionarios.
¿Que la Administración central del Estado racanea a la hora
de hacer el traspaso de funcionarios y que luego aparecen
-luegoincidiré en este tema- en algunos sitios concretos
más funcionarios de los razonables? Probablemente es verdad. Una de las
cosas que estamos haciendo en este
momento es que funcionarios de la Administración central
del Estado que estaban en delegaciones que creemos que
no tenían funciones los hemos traspasado, entre comillas, a
otros servicios de los integrados que necesitan más perso
nal. En algunas ocasiones se producen acuerdos con comunidades autónomas
de incremento de funcionarios. Aveces
aparece en el «Boletín Oficial del Estado», por ejemplo, un
acuerdo por el que se revisa la transferencia hecha a la
comunidad autónoma de tal, del año tal, y se traspasan más
funcionarios. Pero no es el objetivo de la Lofage traspasar
funcionarios a los ayuntamientos, que es un follón y no sé
como se hace, ni a las comunidades autónomas.
Sobre la Administración única y la ventanilla única ha
hecho un comentario. La ventanilla única no tiene nada que
ver con la Administración única, aunque sí es positivo. De
hecho la han firmado muchas comunidades autónomas y
muchos ayuntamientos. Habla de la Administración única
y la reubicación de edificios. Sobre esto se han dicho
muchas cosas, pero sí hay un avance en la Administración
única. Primero, yo no entiendo que laAdministración única
sea que en un solo territorio haya una sola administración.
Es un disparate. ¿Qué pasaría, suprimiríamos los ayuntamientos, la
Administración del Estado o la de la comunidad autónoma? Es absurdo. Lo
entiendo en el sentido de
que, en la medida de lo posible, la competencia sobre una
materia la ejerza una sola administración.
El proceso de
reubicación de personal como consecuencia de la Lofage
va en esa línea. Puedo contarle ejemplos que son un poco
absurdos. Cuando iniciamos este proceso para ver exactamente dónde
estábamos, cogimos algunas provincias piloto. Me he encontrado en
algunas provincias de comunidades ya transferidas, que no hace al caso
citarlas, a
funcionarios del Ministerio de Educación en pisos. Creíamos que eran los
de la alta inspección de educación, pero
no lo eran, sino unos señores que habían quedado ahí porque la
Administración, a lo mejor, deja a unos cuantos
señores, y esos señores de educación, que nos ha pasado en
algún sitio, que no tenían funciones, porque no las tienen,
al integrarse en las delegaciones del Gobierno se han reubicado en otros
lugares donde sí era necesario que ejercieran
funciones. Por esa vía se van suprimiendo circunstancias.
He encontrado delegados de Agricultura en lugares con la
competencia transferida y con muchos funcionarios que no
se sabe exactamente qué es lo que hacían. Por tanto, en esa
línea sí se ha ido avanzando.
Sobre los gobernadores civiles y los subdelegados ha
hecho un comentario sobre el que no le falta razón. Dice
que son los mismos. Sí son los mismos. Pero también tengo
que decirle una cosa: si no fueran los mismos nos hubieran
dicho que habíamos actuado sin ninguna previsión. Eran
los mismos porque antes de aprobar la Lofage, y lo habíamos planteado en
el discurso de investidura, tomamos la
decisión de que fueran funcionarios. Por tanto, era mejor
que fueran los mismos para evitar cambiar absolutamente a
todos y generar un nuevo problema. Lo que sí le digo es
que son funcionarios, dependen del delegado -luego
entraremos, si quieren, en las funciones-, tienen funciones distintas a
las de los gobernadores civiles, y como todos
los procesos de reforma, son complejos. Las cosas van evolucionando poco
a poco. Lo que sí digo es que la voluntad
del Gobierno es la que se plasma en la ley. Hemos tomado
las decisiones que hemos tomado, pero como sabe hay
cosas que llevan su tiempo y hay personas que van con
otros planteamientos, y se nos pueden citar casos como los
que nos han dicho. Otra cosa distinta es el debate sobre si
esbueno o no que los haya, que ya lo hemos tenido en su
día.
Otro asunto también importante que me ha planteado es
el de las áreas y las dependencias provinciales. Me dice:
ustedes cambian delegaciones por áreas y no desaparecen
los funcionarios. Los funcionarios no desaparecen por lo
que he dicho antes, es decir, porque son funcionarios, pero
le recuerdo que estamos en ofertas públicas de empleo que,
según su criterio, son injustas porque sólo es el 25 por 100
de la tasa de reposición.
En cualquier caso, existen muchas menos áreas que
dependencias provinciales, pero que haya más o haya
menos no es lo importante, aunque es mejor que haya
menos; lo importante es la filosofía y lo que eso supone. Lo
que esto supone es una gestión integrada de los recursos
humanos, de los medios materiales y presupuestarios, la
unificación de las oficinas de información y la agrupación
deservicios en edificios compartidos. Antes, que esta es la
granreforma que la Administración periférica hace en la
Lofage, la cosa esta así: había el delegado de Gobierno con
unas competencias difusas. El delegado del Gobierno funcionaba por la
víade hecho. El gobernador civil era el señor
que realmente mandaba, con arreglo a las competencias
establecidas en la ley, aunque en la práctica podría no ocurrirasí, pero
ya influían razones políticas, no legales. Luego
estabanlos departamentos ministeriales que cada uno iba a
suaire. Amí me parece que el procedimiento que hemos
diseñado nosotros es más lógico. La cúspide es el delegado
delGobierno, por debajo están los subdelegados y luego se
integran los servicios periféricos. Ese es más lógico y
ademáses lo que todo el mundo viene diciendo desde hace
20 años que hay que hacer, porque ya hay muchas normas
en ese sentido. Antes he citado la ley de proceso autonómico pero había
otras. Este es el tema clave y la diferencia
entreesos directores que, por otra parte, había muchísimos.
Hemos creado las áreas donde había que crearlas, porque
hay áreas en un montón de sitios donde no eran necesarias,
como las de pesca, de agricultura, etcétera. Por tanto, creo
que se ha ordenado la Administración periférica y poco a
poco se va reduciendo aquello que no es necesario, pero no
digamos que se van a reducir los funcionarios porque es
imposible. Lo que sí se puede hacer es políticas de empleo
público como las contenidas en la oferta de empleo público, que luego
critican porque a mí me ponen de vuelta y
media los sindicatos, porque dicen que no se crea empleo
público, pero esa es una opción política y cada uno puede
decirlo que estime oportuno y conveniente.
Las oficinas de registro dice que las vio poco, tras afirmar que hay
cosas en las que se ha mejorado. Probablemente sea cierto, pero hay un
efecto positivo que se ha producido con la integración de servicios, que
es que antes
había una oficina de registro en cada dirección; ahora se
hanunificado. Yo creo que es mejor para el ciudadano. Lo
mejor, lo ideal será cuando lleguemos a un sitio donde se le
puedaatender en relación con cualquier departamento. Eso
será lo ideal. ¿Cuando llegaremos a eso? No lo sé, porque
esto no es tan fácil, pero por lo menos damos pasos en la
buena dirección y es importante decirlo así.
Por último hace tres comentarios. Reducción de cargos
de confianza. Yo le puedo hablar de los eventuales, que son
los que se nombran a dedo y que se van cuando se va el que
los nombra, como debe ser por otra parte. Salvo el tema de
la Presidencia del Gobierno, hemos regulado este asunto
-ustedes han hecho preguntas, igual que otros partidos-;
los puestos que pueden ser ocupados por personal eventual
son 753 y los que tenemos ocupados son 649, de los cuales
266 son funcionarios y 383 personal eventual. En las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno tampoco son tantos. En las subdelegaciones
del Gobierno son 61 y sesenta
y algo en las delegaciones, es decir, alrededor de 130. En la
mayor parte de los casos de las subdelegaciones son señores de prensa.
En algunos casos tienen uno, en otros dos y
otros puede que no tengan ninguno. Por tanto, creo que esto
es razonable, aunque naturalmente, como todo en la vida,
puede ser opinable. Lo que sí hemos hecho es adscribirlos
a las delegaciones del Gobierno, que luego los reparten
como estiman oportuno y conveniente.
Sobre el tema de la Reper, que es otro comentario
importante que se ha hecho, creo que se ha avanzado bastante. El
consejero autonómico de la Reper, aunque esto no
tiene nada que ver con la Lofage, es un señor que funciona
razonablemente, a satisfacción de las comunidades autónomas, al igual
que funciona la conferencia sectorial de asuntos europeos. (En estos
momentos suena un teléfono
móvil.) Cuando en la Administración pública vayan
mejorándose las tecnologías de la información ya no habrá
ni siquiera ruidos. Este es el avance al que yo me refería.
(Risas.) Hay que ir poco a poco con tranquilidad y siempre
en la buen dirección.
Por último, sobre el personal de organismos públicos, le
mandaré los datos por escrito porque en este momento no
sé qué personal hay destinado en organismos públicos. Sí
me interesa señalar que no se debe acusar a este Gobierno
por las organizaciones sindicales de que hace políticas de
empleo público restrictivas, de que cada vez el capítulo 1
es más bajo y que los demás se le acuse de no hacerlas. O
se nos acusa de una cosa o de la otra, pero no de las dos a la
vez.
El señor Zapatero ha comenzado con dos afirmaciones
iniciales en las que no hay que negarle la razón. Yo creo la
Administración -lo creo y lo he dicho, y no creo haber
dicho nunca lo contrario, por paradójico que pueda resultar- central del
estado va sin duda a un modelo distinto.
Esta va a ser unaAdministración de planificación, de negociación y va a
haber una gran exigencia de personal cualificado. Ypongo un ejemplo: el
Ministerio de Agricultura no
gestiona nada. Lo que hace fundamentalmente es una función de
planificación, y está en Europa. Lo que necesita
son funcionarios cualificados que puedan abordar estos
asuntos. Por tanto, a este tipo de administración vamos a
tener que ir en el futuro y de hecho, en tres años, las ofertas
de empleo público que hemos sacado han ido en esa dirección. Quien lea
las ofertas de empleo público, aparte de las
del Ejército, porque es nuevo, Guardia Civil y Policía, se
dará cuenta de que son cuerpos importantes de laAdministración por esa
razón que he citado, porque se necesita y lo
que no se necesita se necesita menos, cosa que tampoco
comparten mis interlocutores no políticos, sino sindicales
habituales, algo que también entiendo, pero las cosas son
como son. Es evidente que la Administración institucional
es así. Me ha pedido -yo se lo remitirá- los nuevos entes
públicos, los suprimidos y las reestructuraciones. Bien.
Antes he dado los datos, ahora puedo dar algunos más, si
los encuentro por aquí, pero en cualquier caso se los remitirá por
escrito. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Tómese el tiempo que necesita,señor ministro. En
cualquier caso, aprovecho para
decirleque...
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS(Rajoy Brey): Que vaya terminando. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No, tómese el tiempo que
precise para contestar, pero que los datos que tenga que
remitir los envíe a la Presidencia de la Comisión para que
ésta los haga llegar a los grupos parlamentarios. Adelante,
señor ministro.
Elseñor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Bien,se han suprimido una serie de organismos y se ha
creado el ente público Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, el
Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, creado en la ley de
acompañamiento; ha habido un
desdoblamiento de la autoridad portuaria de Avilés, que
antes era Gijón-Avilés; el Instituto par la reestructuración
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, que fue un tema que se planteó recientemente, como es
sabido; la Gerencia de Infraestructura de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para racionalizar y
rentabilizar el patrimonio afecto a cuerpos distintos y con una historia
y trayectoria muy compleja; laAgencia Española del Medicamento, dado que
había una
organización en el resto de los países de la Unión Europea;
la creación del Comisionado para el Mercado de Tabacos y
como adaptación a la Lofage, Correos, Telégrafos y Retevisión.
Todo es discutible pero sin duda alguna lo que pretende
la Lofage en este asunto -y yo así quiero decirlo- es que
sólohaya dos tipos de organismos autónomos que tengan
fijado claramente su régimen jurídico y no cinco o seis y,
segundo,que su creación, que hemos dicho que hay que
hacerpor ley -ya se establece en la propia Lofage y así se
ha hecho con estos procedimientos- sirva realmente para
losfines que se pretenden, que es una mayor eficacia y una
mayor racionalidad, sin perjuicio de los instrumentos de
control que se establecen en relación con el Ministerio del
que dependen.
Esos son los dos primeros comentarios. Apartir de ahí
hadicho que la Lofage estaba hecha. La Lofage se había
presentado a las Cortes Generales y, como usted comprenderá, uno de los
planteamientos que había en el partido del
queyo formaba parte era el de hacer una Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del
Estado, y naturalmente yo usé, como me gustaría que ustedes usaran
cuando nos sustituyan -aunque espero que sea
tarde, cosa que no creo que le parezca mal-, los instrumentos que me
encontré allí; naturalmente que sí, si hay
cosas que creo que son razonables las asumo y las que creo
que no son razonables no las asumo, cosa que es perfecta
mente entendible. De hecho, en la Lofage no estaba la
supresión del gobernador, pero estaba, como es natural, la
integración de todos los servicios periféricos bajo la dependencia de
los delegados y de los subdelegados. Por eso no
se ha complicado, como ha dicho el señor Rodríguez Zapatero, la
Administración del Estado. Vuelvo a insistir en lo
que he dicho antes -tampoco voy a estar repitiendo lo
mismo siempre-: antes había una estructura que no era
razonable que era el delegado, por un lado, los gobernadores por otro y
los ministerios por otro, y ahora hay una cosa
ordenada y se va trabajando en la buena dirección. ¿Que
tiene el mismo sueldo? Probablemente lo tenga; la verdad
es que ni lo sabía, supongo que se le habrá dado productividad. Los
procesos de cambio hay que hacerlos sabiendo el
mundo en que vivimos y en los temas personales se procura cuidar a todo
el mundo. Si las cosas se pueden hacer sin
molestar es mejor que hacerlas molestando. Esto se puede
aplicar a cualquier faceta de la vida, como es perfectamente entendible.
También hace referencia al personal eventual. Ya lo he
dicho cuando constesté a la intervención del señor Ríos:
hay 61 que fundamentalmente son prensa. También hizo el
mismo comentario que el señor Ríos respecto a las áreas y
dependencias. Vuelvo a insistir: la clave no es tanto que
desaparezcan unas direcciones y se conviertan en áreas,
que desaparecen pero no desaparecen los funcionarios,
como que el cambio de dependencia orgánica lleva a una
gestión integrada de los servicios, a una mayor coordinación y a todo lo
que hemos dicho de reubicación de locales,
funcionarios, etcétera.
Ha hecho un comentario sobre que es verdad que los
delegados, los gobernadores civiles han perdido algunas
funciones respecto a las que tienen hoy los subdelegados.
Es que sí es distinto el subdelegado del gobernador civil, es
radicalmente distinto y bueno prueba de ello es el tema de
las sanciones, pero hay otros muchos. Los subdelegados
del Gobierno han perdido competencias que antes eran de
los gobernadores, como la potestad expropiatoria, la potestad
sancionadora a que hacía referencia, etcétera. Algunas
pueden ser delegadas por los propios delegados a los subdelegados y
otras no. Pero esos son asuntos que sin duda se
pueden corregir; probablemente sea mejor que esa sea una
de las competencias que delegue el delegado del Gobierno
en el subdelegado.
En cuanto al tema del ahorro y de los alquileres, vuelvo
a insistir en las generales de la ley. Entre sus múltiples historias
desde luego hay una que este Gobierno no tiene, que
es no haber sido muy duro en los capítulos 1 y 2. El capítulo 1 del
presupuesto incluso ha bajado en términos absolutos, lo cual no había
ocurrido nunca y ahora sube, pero muy
poco, porque suben los salarios, pero no porque en la oferta de empleo
público no se sea enormemente rígido, igual
que en el capítulo 2. Por tanto, creo que se está produciendo el ahorro
que se puede producir, que no es fundamentalmente en los medios
personales, porque no se puede echar
a los funcionarios pero sí en lo que son medios materiales.
Remitiré el estado de ejecución de la partida 121-E; compareceremos para
debatir con más detalle la administración
institucional, que es un tema importante.
Hay otro tema, que el último, en el que las opiniones
pueden ser distintas entre las personas que estamos presenteshoy aquí.
Quiero decir que el Estado no se retira psicológicamente ni se retira de
hecho, pero por una razón
perfectamenteentendible. Yo, desde luego, no quiero que
se retire, ni como ministro ni como militante que soy del
partido, pero es que, además, no se puede retirar porque la
propia Constitución española no está diseñada así, la
Constituciónespañola divide el ejercicio de la gestión pública
entre las corporaciones locales, las comunidades autónomas y la
Administración del Estado. Y la Administración
del Estado ejerce funciones muy importantes que afectan al
conjuntode los ciudadanos y tiene que tener su propia
Administración periférica. Creo que de lo que se trata aquí
esde que esa Administración periférica se perciba mejor
por los ciudadanos, que es mucho mejor que estén todos
los servicios integrados en varios edificios que no en distintospisos,
que no se sabe lo que es; que se sepa que es la
Administración general del Estado, que pueda estar allí
ordenada y, por tanto, con capacidad para cooperar y colaborar con las
otras administraciones autonómicas y locales.
Desde luego tengo la seguridad de que en esa línea nuestro
planteamiento coincide, y mucho, con el suyo.
Ahora voy a comentar las intervenciones que se han
producido a continuación. Agradezco la intervención del
señor Gómez, igual que las anteriores, porque es verdad
que yo me había comprometido aquí a cuatro proyectos, y
es verdad que lo hemos llevado a buen término. Apartir de
ahíes muy discutible, pero es verdad que lo que dije lo he
hecho. Sin duda es cierto que queda mucho por hacer, pero
quedará mucho por hacer siempre. A la reforma de la
Administración periférica le quedará siempre mucho por
hacer porque mire usted lo que se ha modificado la Administración. Yo
estuve trabajando profesionalmente en unas
oficinas en las que no había ni máquinas de escribir, todo
se hacía a mano -eso fue hace 19 años- y mire usted
cómo se hacen las cosas ahora; el fax apareció hace 15
años, ahora el fax se ha quedado obsoleto porque viene el
correoelectrónico. Por tanto, en laAdministración siempre
quedarán cosas por hacer, es evidente. De lo que se trata es
deprocurar ser siempre punteros y por eso insisto en que
uno de los temas básicos -insisto ante el Ministerio de
Hacienda y ustedes también podrían insistir- es que hay
que invertir y mucho en nuevas tecnologías.
Sin duda alguna -y son otros dos de los aspectos a los
que ha hecho referencia en sus intervención el señor
Gómez-el tema de la formación es capital, lo he dicho
antes; es decir, el funcionario que no sea capaz de adaptarsea lo son
los tiempos, tanto en conocimientos intelectuales,con todos los temas
europeos, como en conocimientos
manuales, como en todo el manejo del informática, desde
luego aviado está. Aeso se le está dando una gran importanciano sólo con
motivo de la Lofage, sino en general en
todos los planes de formación que se hacen en el INAP y
tengoque decir que es una cosa que funciona bastante
razonablemente,aunque no sé si a la opinión pública esto le
importa mucho, poco o nada; pero tengo que decir que es
un tema importante en el que vamos a seguir trabajando y
quetiene su trascendencia no sólo para los propios funcionarios, sino
para el propio funcionamiento de la Administración. Lo mismo le digo del
tema informático. Este tema
es vital no sólo para la Administración, sino para todas las
empresas, incluso para cualquier persona normal es importante tener en
su casa unos aparatos de estas características.
La señora Uría ha hecho una disquisición sobre el discurso, no
relacionada con la Lofage, que sin duda alguna es
un tema ciertamente complejo. Tampoco se trata de debatir
esto aquí. Acuérdese usted de lo que en el año 1978 era
Alianza Popular y compare con lo que es ahora; y acuérdese usted de lo
que en el año 1978 era el PSOE y compare
con lo que ahora y lo que era el Partido Comunista y compare con lo que
es ahora; eso no tiene nada que ver con la
Lofage, pero creo que esos tres, más algunos que otros,
hemos avanzado más deprisa en la adaptación del discurso
y de los comportamientos. Creo que en España no estamos
en la misma situación que hace 20 años; hace 20 años el
Estado, la Administración central, gastaba el 88 por ciento
del gasto público y el resto los ayuntamientos. Hoy en
España el Estado, la Administración central, gasta el 60 por
ciento, incluida pensiones, y las autonomías gastan el 27
por ciento del gasto público. EnAlemania los Länder están
en el 25 por ciento. Por tanto, sin perjuicio de todas las
consideraciones que se puedan hacer, creo que las cosas no son
iguales.
Segundo comentario. Le agradezco que diga que es verdad que no se había
hecho hada porque era complejo, porque es difícil y creo que en esto
hemos tenido un avance
importante. Luego hace un comentario, que es importante,
sobre el tamaño de la periferia. Yo no sé si la Administración central
del Estado, la de las comunidades autónomas y
la de las corporaciones locales es mucha o copa, si sobre
gente o no. Puedo intuir algunas cosas y, desde luego, algunas
concretas, no todas, ya me las sé porque me lo he estudiado. Lo que
tengo claro es que hay muchos sectores de la
Administración en los que hace falta gente, según qué
gente, y hay otros en los que sobre mucha gente. Este proceso de la
Lofage sirve, por lo menos, para intentar conseguir eso, es decir, que a
los sitios donde falta gente puedan
ir de los sitios donde sobre gente. Eso no lo podemos hacer
a nivel de la Administración central del Estado, porque yo
no puedo cambiar a un conserje de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas, que es Castellana, 3, a Interior, que es
Castellana, 5, lo cual es un disparate. Ese es
uno de los temas que sin duda habrá que modificar en el
futuro.
Con la Lofage, al integrar a esta serie de funcionarios
bajo la dependencia del MAP, ya se puede hacer. Yeso es
importante. No sé contestar exactamente a si hay mucha
periferia o no, ni sobre lo que hacen o dejan de hacer en las
delegaciones del Gobierno en Vizcaya y Álava. Lo que sí
sé es que estamos haciendo un esfuerzo, y es uno de los
temas importantes de la Lofage, para llegar a saber eso por
lo menos, actuar en consecuencia y adoptar la oferta de
empleo público a lo que surja como consecuencia de ese
trabajo. Yo ya tengo un estudio, que se lo puede enseñar a
usted, de dónde, en nuestra opinión, son excedentarias las
delegaciones del Gobierno y dónde son deficitarias. Lo que
es evidente es que, como yo no lo puedo cambiar, salvo
que quieran cambiar voluntariamente los funcionarios, las
dificultades de actuación son mucho mayores. Lo que no
recurso es cómo están en esa clasificación Álava y Vizcaya.
Señora Gil i Miró, me alegro de que saque una conclusiónpositiva, de
tipo vital, de mi intervención, ya que es
muy importante enfocar la vida con un cierto optimismo,
aunquese trate de hablar de estos asuntos. En cuanto al
tema de la Administración única, que ya hemos comentado, probablemente
no tengamos el mismo concepto, sobre
todo después del símil de la cerilla. Yo pienso que hay que
dejarsiempre un poco de vida para que la gente pueda subsistir; por lo
tanto, no tenemos un criterio similar. En cualquiercaso, yo creo que
vale lo que he dicho al señor Rodríguez Zapatero y a la señora Uría
sobre esto. Hay que hacer
un esfuerzo para que las mismas administraciones no se
dediquen a varias cosas diferentes. He puesto el ejemplo de
la educación, pero eso no quiere decir que la Administración central del
Estado ni siga teniendo Administración
periférica y siga ejerciendo las funciones que constitucionalmente tiene
que ejercer.
Me pregunta los órganos innecesarios que han desaparecido en Cataluña. A
esto le contestaré por escrito, así
como sobre la optimización de los inmuebles en Cataluña,
yaque no tengo ese dato en este momento. Sí estoy de
acuerdo con lo que ha dicho usted, que es lo contrario de lo
que ha dicho el señor Zapatero, sobre los subdelegados. El
régimenque se ha establecido para los subdelegados va en
serio,va de verdad. Cada uno no puede hacer lo que estime
oportuno y conveniente, pero yo tampoco puedo responsabilizarme -aunque
políticamente tenga que hacerlo- de
loque hace y dice todo el mundo.Al final hace un planteamiento que no es
tan sencillo, que es el planteamiento clásico del hecho diferencial
aplicado a la Administración
periféricadel Estado. Es fácil decirlo, pero probablemente
seamás completo hacerlo, incluso asumirlo, porque eso
también se presenta en relación con el tema europeo y con
otros muchos asuntos, como el de la reforma del Senado.
Yopienso que hay un marco constitucional muy claro, que
reconoceunos hechos diferenciales, que son indudables,
que son la lengua, la cultura, el Derecho civil, el Derecho
foral, y luego está el concepto que se llama el hecho diferencial
político, donde las cosas ya no están tan claras y
donde cada uno opina, como es natural, lo que estima oportunoy
conveniente. Yo le voy a decir una cosa que siempre
digo y es que este es un país más complicado de lo que
decimos que es y es eficiente que el modelo actual de Estado que esbozó
la Constitución responde fundamentalmente
a planteamientos que se hacían en unos territorios. Eso es
evidente, pero también lo que los tiempos van evolucionando y que los
planteamientos que antes no se hacían en
un sitio ahora se hacen y además son muy mayoritarios. Yo
creo que es más importante asumir lo que uno tiene y el
grado de satisfacción de ello y compararlo con lo que ha
sido la historia. También es bueno comparar con lo que ha
sido la historia, el autogobierno que se tiene ahora con el
que se ha tenido a lo largo de la historia. Esto vale para
todas. En cualquier caso, este es un tema que es muy difícil
que resolvamos usted y yo y menos aquí, aunque podríamos resolverlo
usted y yo; aquí ya hay menos tiempo, pero
no es fácil, eso es cierto agradezco su intervención y el
reconocimiento de que por lo que menos hacemos un
esfuerzo en este complicado asunto.
Encuanto a la intención del señor López-Medel, quiero
decir dos cosas: ya las he dicho de pasada, pero quiero rati
ficarlas. Primero, que hay que partir de lo que hay, es obligado, porque
no se puede partir de otra casa. Pero las reformas hay que hacerlas,
sobre todo en un sector como el de la
Administración Pública, con mucha tranquilidad y a ser
posible pactada y acordadas, porque al final una reforma en
la cual los señores afectados no están de acuerdo es difícil
que funcione bien. Por eso es preferible, aunque sea a veces
retrasando las cosas y los procesos de integración, que se
hagan mediante acuerdos. También es verdad que la Lofage fija un nuevo
modelo de administración, unos principios
generales para la Administración general, pero en laAdministración
periférica y en los organismos autónomos establece una reforma muy a
fondo, que hay que ir haciendo
poco a poco. Coincido en todos los temas de las declaraciones de los
subdelegados, en la complejidad técnica, que lo
es, en que las delegaciones del Gobierno deben tener una
regulación homogénea; no concibo cómo se puede hacer
de otra forma distinta, e insisto -y este es el tema básico
del Estado de cara al futuro, de la Administración periférica y de la
central- en la coordinación entre administraciones locales y
autonómicas. Le hemos dado una gran importancia a esto, a las
conferencias sectoriales, a las reuniones,
a los instrumentos de cooperación, e intentaremos seguir
haciéndolo en el futuro.
Señor presidente, lamento que mi exposición haya sido
excesivamente clara y le agradezco su amabilidad y su
comprensión.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, muchas gracias por su exposición y
por dedicar toda la mañana a esa
primera sesión de nuestra Comisión de Administraciones
Públicas en el nuevo período de sesiones.
COMPARECENCIADELSEÑOR GERENTE DEL
PATRIMONIO NACIONAL (RECIO CRESPO)
PARAINFORMAR SOBRE:
- SITUACIÓN DEL HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, CONSECUENCIAS DE LAS
ACTIVIDADES HÍPICAS YDETERIOROS DELRECINTO OCASIONADOS POR LA ACTUAL
SOCIEDAD ARRENDATARIA, ASÍ COMO PREVISIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
DICHO HIPÓDROMO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/001298.)
- ACTUACIONES DESARROLLADOS POR
PATRIMONIO NACIONALEN RELACIÓN CON
LAS IRREGULARIDADES DE LA SOCIEDAD
ARRENDATARIA HIPÓDROMO DE MADRID, S.A. ASOLICITUD DELGRUPO PARLAMENTARIO
FEDERALDE IZQUIERDAUNIDA.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/001299).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al segundo punto del orden del
día, que propiamente era el tercero,
la comparecencia del presidente del Patrimonio Nacional,
que correrá a cargo del gerente del organismo, solicitada
porel Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
parainformar sobre la situación del hipódromo de la Zarzuela, y una
segunda comparecencia, que también está solicitada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida y que unimos a la primera, sobre determinadas
actuaciones
desarrolladas por el Patrimonio Nacional en relación con
las irregularidades de la sociedad arrendantaria «Hipódromo de Madrid,
S. A.»
Sin más preámbulos y dando la bienvenida al señor
RecioCrespo, gerente de Patrimonio Nacional, tiene la
palabra.
El señor GERENTE DELPATRIMONIO NACIONAL (Recio Crespo): Muchas gracia,
señor presidente. En
la medida en que se pueden unir estos temas, mi intervención va a ser un
resumen cronológico de algunas de las
cuestionesconcernientes a Patrimonio Nacional y al hipódromode Madrid.
En este sentido, he de informar que el
hipódromode Madrid forma parte del Patrimonio Nacional, conforma a lo
dispuesto en el artículo 4.5 de la vigente
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio
Nacional, dentro del denominado Monte de El Pardo. El
Monte de El Pardo posee un excepcional valor ecológico y
paisajístico y la conservación de dicho complejo sistema,
excepcional también en cuanto a su emplazamiento, en
pleno núcleo metropolitano, depende con intensidad de la
rigurosaplanificación de usos y de la eliminación de todo
riesgo de degradación en sus zonas periféricas, de las cuales la parcela
del hipódromo de Madrid es con toda probabilidad una de las más
sensibles. La protección de aquellos
valores ecológicos, paisajísticos e histórico-artísticos determina para
aquel recinto unos parámetros específicos y muy
rigurosos, establecidos en la declaración del monte del El
Parto como zona de especial valor ecológico en cumplimiento de diversas
directivas comunitarias y exigencias
específicas para su protección, fijadas también en las leyes
23/1982y 13/1996, reguladoras del Patrimonio Nacional, y
lasderivadas de su declaración como monumento histórico-artístico.Desde
la perspectiva de la regulación urbanística, el espacio viene definido
en el Plan general de ordenaciónurbana de Madrid de 1991 como un recinto
con
carácter deportivo singular, especialmente protegido también por la
Ordenanza de Parques y Jardines del excelentísimoAyuntamiento de Madrid.
Comoantecedente inmediato, podemos establecer la
existencia del contrato que se va a examinar y que es de 20
de julio de 1984. Entre Patrimonio Nacional y la Sociedad
de Fomento de la Cría Caballar de España se suscribió una
autorización de uso sobre el hipódromo de Madrid, en la
que, entre otras cosas, se hacían mención específica a la
utilizaciónpor la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar
deEspaña, desde el año 1940, de los terrenos, instalaciones
y edificaciones integrantes del hipódromo de la Zarzuela.
El 26 de mayo de 1984 se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» el Real Decreto 1734/1982, de 9 de julio, relativoal pago de
la renta y conservación del hipódromo de
Madrid, por el que se regulaban diversos aspectos del hipódromo. En la
cláusula primera del mencionado contrato
de 20 de julio de 1984, la autorización de uso relativa a la
finca hipódromo de El Pardo, se dirigía a que el usuario la
destinase exclusivamente a las actividades propias de la
Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, resultando prohibida
a ésta dedicar la finca a fines distintos de
los antes precisados; es decir, el hipódromo debía utilizarse
como tal hipódromo. Con ello queda delimitado el carácter
estricto del uso de la finca como elemento de interpretación histórica
de la utilización del mencionado hipódromo.
El consejo de administración de Patrimonio Nacional,
en sesión celebrada el 19 de enero de 1993, acordó autoriza
a la Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España,
dada su precaria situación económica, de conformidad con
lo acordado en la asamblea de esta última, celebrada el 30
de junio de 1992, ceder definitivamente los derechos y
obligaciones del contrato de 20 de julio de 1984 que tiene
suscrito con Patrimonio Nacional a favor de Hipódromo de
Madrid, Sociedad Anónima. En el expositiva número 10
del contrato suscrito inmediatamente entre la sociedad
«Hipódromo de Madrid, S. A.» y Patrimonio Nacional, al
efecto de dar continuación a la utilización del hipódromo
de la Zarzuela, con fecha 25 de febrero de 1993, se indica
que el consejo de administración del Patrimonio Nacional,
a la vista de todo lo anteriormente expuesto y a fin de que
en el llamado hipódromo de la Zarzuela pueda seguir dándose continuidad
a la celebración de carreras de caballos y
demás actividades que en el mismo se han venido desarrollando, arrienda
el terreno e instalaciones descritos. Asimismo, en la condición primera
del citado contrato con
«Hipódromo de Madrid, S. A.» se indica que el consejo de
administración de Patrimonio Nacional arrienda a «Hipódromo de Madrid,
S. A.», la finca denominada Hipódromo
de la Zarzuela, descrita en el expositivo segundo de este
contrato, con sus edificaciones e instalaciones, con el objeto de
desarrollar en ella las actividades propias de las mismas, que no son
otras que las relativas al hipódromo. Continúa una serie de situaciones
normativas que hacen
referencia justamente a esta condición del hipódromo y la
necesidad de vincular a ellas las actividades de carreras de
caballos.
Históricamente, Patrimonio Nacional ha tratado de conservar y reforzar
la proyección del hipódromo de Madrid
por todas las implicaciones socioculturales, mediombientales, ecológicas
y de prestigio que ello conlleva.Atítulo de
ejemplo, y dentro del ámbito referente al contrato celebrado con la
Sociedad de Fomento de la Cría Caballar
en 1984, Patrimonio Nacional, incluido en los momento
álgidos de la diversificación de actividades de la citada
Sociedad de Fomento para recabar fondos -un ejemplo
son las denominadas Noches del Hipódromo-, siempre
impuso al usuario, y este así lo entendió , que el funcionamiento
regular del hipódromo y las carreras de caballos
eran un elemento sustancial a la cesión del propio hipódromo. En este
sentido, lo cierto es que durante el año 1997 no
se han producido carreras de caballos. Se ha llegado a una
situación de suspensión de pagos de la sociedad Hipódromo de Madrid y se
ha generado un cierto deterioro en el
espacio, propio de un lugar en el que no se produce ninguna actividad.
Por ello, entre los diversos requerimientos que ha ido
elaborando Patrimonio Nacional, quiero destacar algunos,
que son especialmente significativos. En primer lugar, el
requerimiento de 9 de octubre de 1997. El requerimiento
dice así: De acuerdo con el contenido y las cláusulas 6.a, 7.a
y8.a del contrato de arrendamiento del hipódromo de la
Zarzuela suscrito con Patrimonio Nacional, corresponde a
esa sociedad arrendataria atender y resolver la situación de
deterioro del recinto del hipódromo en los aspectos que
señalala comunicación de la Fiscalía de Medio Ambiente
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dirigida al
gerente del Patrimonio Nacional en el expediente número
42/1997 de la Fiscalía. Quiero mencionar que, en todas
estas cuestiones relativas a deterioros o efectos sobre el
medio ambiente, Patrimonio Nacional ha mantenido contacto constante con
dicha Fiscalía. De acuerdo con esta
comunicación de la Fiscalía, el requerimiento dirigido al
hipódromo de Madrid planteaba la cuestión en los siguientes términos:
desaparición de la pista de entrenamiento
-no voy a dar detalles en cuanto a su situación específica,
pues quiero resumir-; enterramiento de alineación de
pinos piñoneros;
falta de cumplimiento de las exigencias
de restauración de aquel espacio; revegetación y nuevas
plantaciones; deficiencia en los cuidados generales de la
finca; posibles modificaciones del área definida como conjunto
histórico-artístico. Continuando el requerimiento se
decía:en consecuencia, les requerimos para que procedan,
en el plazo de un mes, a la subsanación de las deficiencias
indicadaspor la Fiscalía in informen al Patrimonio Nacionaldel grado de
ejecución de este requerimiento.
Como decía, este requerimiento se produjo el 9 de octubre de 1997. Al no
tener contestación al respecto, se adoptó
ladecisión de elaborar otro requerimiento, en este caso
comunicado notarialmente. Así se hizo y con fecha 6 de
mazo de 1998 se volvía a producir un requerimiento, que
sepuede resumir en tres cuestiones principales. Quiero
indicarque, en este caso, el requerimiento procede de una
decisióndel consejo de administración de Patrimonio
Nacional en su reunión de 17 de febrero de 1998. Se
requiere y se indica que la sociedad Hipódromo de Madrid,
en primer lugar, abone de inmediato a Patrimonio Nacional
todas las cantidades adeudadas por rentas atrasadas, tributosy otros
conceptos patrimoniales. También se pide, en
segundo lugar, que proceda a realizar todas las obras necesariasy a
corregir cualquier desperfecto, riesgo o alteración
ecológica, medioambiental o arquitectónica. En tercer
lugar,se dice que ponga en funcionamiento la actividad de
celebración de carreras de caballos, motivos esencial y
determinante de la formalización del contrato de 25 de
febrero de 1993. En dicho requerimiento se añade que si el
contenido de este no se cumple a la mayor brevedad posible y a
satisfacción plena de Patrimonio Nacional, el consejode administración
ejercitará las correspondientes
acciones de resolución e indemnizatorias que permitan dar
alos terrenos cedidos la utilización y al destino previstos
por la legislación vigente.
Quiero indicar que una vez producido este requerimientotodo parecía
indicar que no iba a haber una atención a
estos tres puntos y, por tanto, el consejo de administración,
ensu reunión del 21 de abril, adoptó un acuerdo que se
transmitió en la comunicación del presidente del consejo
de administración del Patrimonio Nacional al director del
Servicio Jurídico del Estado, que es muy breve y que a continuación les
leo: Estimado señor director, el consejo de
administración de Patrimonio Nacional, en su reunión del
día 21 de abril de 1998, ha adoptado el acuerdo de ejercitar
acción de desahucio y lanzamiento contra la entidad Hipódromo de Madrid,
Sociedad Anónima, actual arrendatario
del Hipódromo de la Zarzuela. Lo anterior se le comunico
a los efectos de ejercitar las correspondientes acciones ante
los tribunales competentes.
Esta comunicación, como digo, es de 24 de abril de
1998 y durante los meses de mayo, junio y julio se ha procedido a
elaborar las correspondientes demandas y a presentarlas ante los
tribunales. Esto dio lugar a una serie de
comunicaciones y a la redacción de la demanda, cuya lectura les ahorro
porque es amplia, aunque se puede incluir
entre la documentación que se facilite a esta Comisión.
Esta es la situación en la que nos encontramos hasta la
comunicación de 10 de septiembre, en la que se nos indica
que esa demanda ha sido aceptada y que se tramitará de
acuerdo con las condiciones de un juicio de menor cuantía.
Ala fecha de hoy, por tanto Patrimonio Nacional está a la
espera de la resolución de este contrato y a la espera de una
decisión que está en los tribunales. Eso es lo que puede
indica como resumen de esta cuestión y quedo a su disposición para
someterme a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recio
Crespo.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, autor
de la petición de la competencia, la señora Sabanés tiene la
palabra.
La señora SABANÉS NADAL: Quiero agradecer también al gerente de
Patrimonio Nacional su comparecencia
hoy. Es intención de este grupo poder hablar concierta profundidad y
claridad de lo que ha venido ocurriendo y está
ocurriendo en el hipódromo de Madrid. Cierto es que nos
hemos intercambiado numerosa y profusa documentación
e información sobre estos temas. Y el motivo de nuestra
comparecencia, sobre todo, es evaluar la situación, analizarla, hacer
las previsiones de futuro y ver cuáles han sido
en este proceso las actuaciones de Patrimonio Nacional. Se
ha puesto de manifiesto que toda la situación parte de un
contrato de 1993 de Patrimonio Nacional con Hipódromo
de Madrid, Sociedad Anónima, empresa de que es responsable el señor
Sarasola, y que sustituye al de cesión de uso
que tenía la Sociedad de Fomento de Cría Caballar, que
cede definitivamente los derechos que afectaban fundamentalmente a la
actividad en 1993, si bien es cierto que
provenía de una cesión de derechos desde 1994 donde se
marcaba con claridad cuáles eran los objetivos y actividades que se
podían o se debían desarrollar.
Mi grupo parlamentario, Izquierda Unida, ha venido
haciendo una serie de preguntas y petición de comparecencias y ha tenido
una clara preocupación por lo que significa
el funcionamiento y estaba afectando en su conjunto al
conflicto del hipódromo de la Zarzuela.
Se ha puesto también de manifiesto, más allá de algunos elementos que
afectan a la duración inicial del contrato
que se hizo en 1993 con Hipódromo de Madrid, Sociedad
Anónima, que ese contrato tenía cuando menos cuatro
objetivos claros: mantener el destino inicial y fundacional
del hipódromo de la Zarzuela; contribuir a la protección
ecológica y medioambiental del perímetro del monte de El
Pardo;obtener fruto económico de los bienes integrados en
Patrimonio Nacional que fueran susceptibles de un aprovechamiento
rentable y favorecer a que a través de la actividad hípica se
mantuvieran los puestos de trabajo, los
empleos característicos y propios de un hipódromo.
Desde el año 1996, con anterioridad en temas que afectabana
recomendaciones y al intercambio de documentaciónentre el Patrimonio
Nacional y la sociedad arrendataria, se producen modificaciones en
cumplimientos de lo
queson el objeto esencial y la firma de ese contrato. Se ha
dicho que desde el año 1997 no se produce ninguna actividad hípica. Es
cierto, pero en 1996 ya no se produce la celebración del torneo de
primavera y hay una minoración en
el resto de los torneos de temporada de verano y de otoño,
con un conflicto en lo que es el abono de los premios de las
carreras justo en las temporadas de verano a lo que es la
Sociedad de Fomento y de Cría Caballar. Los conflictos en
lo que afecta al tema de actividad se prevén en el año 1996
y en 1997 no se produce ninguna carrera y se incumple un
principioesencial de lo que es el contrato.
En cuanto a la contribución a la protección ecológica y
medioambiental del perímetro del monte de El Pardo, con
anterioridad a lo que es la investigación y la intervención
de la Fiscalía de Medio Ambiente, hay algunos requerimientos. Entiendo
que en algunos casos es una cierta actuación de Patrimonio Nacional
validando actuaciones ya realizadas. No debería haber sido así en ningún
caso, según la
documentación que se nos ha aportado, sino que deberían
haber sido requerimientos ante actuaciones que se desconocían.En todo
caso, hay una mezcla, a partir de 1996, de
actuaciones que no se deberían haber dado en ningún caso.
Noes en 1997 exclusivamente, con la intervención de la
Fiscalía de Medio Ambiente, cuando se detecta que hay un
claro incumplimiento de lo que significa la protección
medioambiental en el monte de El Pardo. Se ha leído los
elementos esenciales que incluía el informe de la Fiscalía
deMedio Ambiente y quería añadir, no sé si se ha dicho,
las posibles modificaciones en un área definida como un
conjuntos históricos-artísticos, lo cual tiene otras implicaciones y da
otras posibilidades de intervención a la Comunidad de Madrid, en ese
caso, o al Ayuntamiento de
Madrid.Los requerimientos que tenemos son fundamentalmente intercambios
entre la sociedad arrendataria y Patrimonio Nacional y se resumen, en
este segundo punto, en el
informefinal de abandono y negligencia en las obligaciones de protección
en este aspecto, que sería el segundo
objeto del contrato.
Sobrela obtención de un fruto económico de los bienes
integrados en Patrimonio Nacional que fuera susceptible
de aprovechamiento rentable, en el año 1997 hay un expedientede
suspensión de pagos y, por tanto, un incumplimiento del objeto de la
cesión o del contrato.
Por lo que respecto a favorecer que, a través de la actividad hípica, se
mantuvieran los empleos característicos y
propiosde un hipódromo, con posterioridad al expediente
de suspensión de pagos, hay un expediente de regulación
de empleo y, consecuentemente, afecta en gran manera no
sólo a empleos directos que provenían de lo que significaba la empresa
de Hipódromo, Sociedad Anónima, sino a
todo un entramado de empleos indirectos que se generaban
a través de desarrollo de la actividad y de la Sociedad de
Fomento de Cría Caballar. No se cumple desde el año 1996
y con anterioridad, aunque no voy a entrar en un debate
sobre el momento en que se inician los incumplimientos,
pero como mínimo desde 1996 no se cumple ninguno de
los elementos que se señalan como el objeto de este contrato entre
Patrimonio Nacional e Hipódromo de Madrid y
empiezan encadenadamente todos los problemas.
Más allá del incumplimiento hay una afectación a todo
el sector, al resto de los hipódromos, al hipódromo de San
Sebastián y a lo que es la cría y mantenimiento caballar,
que está influyendo al conjunto del sector, y no sólo a
Madrid.
Hoy se nos informa de que en abril de 1998 se inició un
proceso judicial contra Hipódromo de Madrid, Sociedad
Anónima, cuando a mi modo de ver la parte más importante de esta
comparecencia es saber el futuro del hipódromo
de la Zarzuela y las posibilidades de solución que afectan a
su desarrollo. Se inicia un proceso judicial contra Hipódromo de Madrid,
Sociedad Anónima, que es una vía ordinaria de solución lenta a un
problema que requiere un desenlace urgente, ya que en origen se están
incumpliendo desde
un tiempo razonable todos y cada uno de los objetivos por
los que fue hecha esta cesión. Nos planteamos que más allá
de las actuaciones de cada cual, hay diferentes responsabilidades y
diferentes actores, pero hay uno común, que es
Patrimonio Nacional, que interviene en todo el proceso,
desde el principio y hasta el final, y que es el que tiene la
responsabilidad, entre otras cosas, de venir a esta Cámara y
explicar qué es lo que está sucediendo en Patrimonio
Nacional y que está afectando a la ciudad de Madrid y al
resto de los hipódromos.
Nosotros preguntamos si en algún momento no se plantea la Administración
-que nosotros entendemos que
puede- recurrir los acuerdos correspondientes y su revisión, y en bien
del interés público entendemos que laAdministración pública tiene la
potestad para resolver los contratos administrativos. La Administración
pública tiene estas
prerrogativas, según viene expresado en la actual Ley de
1995 sobre contratos de las administraciones públicas, y
creemos que Patrimonio Nacional, con una serie de condicionantes, como
pudiera ser el informe preceptivo del Consejo de Estado y la información
al propio concesionario del
arrendamiento, que es Hipódromo Sociedad Anónima,
podría dar nulidad a ese contrato e iniciar el funcionamiento, con un
acuerdo que para nosotros debería contar con la
participación de la Comunidad Autónoma de Madrid y el
propio Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, en fecha anterior el propio
Alcalde de Madrid, como representante del
Ayuntamiento en el Consejo de Patrimonio Nacional,
manifestaba en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que
había instado a que se pusiera en claro la concesión y se
resolviera el tema de Hipódromo de Madrid, Sociedad
Anónima.
Pensamos que la Administración tiene otras vías de
actuación que no sean esa vía judicial lenta, que va a significar un
tiempo largo para la resolución de un conflicto que
precisaría el compromiso político de que en la próxima
temporada se iniciaran las actuaciones, teniendo en cuenta
además que el deterioro medioambiental que se ve refleja-do
en el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente está
ampliamente superado en este momento con nuevos deterioros, lo que va a
significar una nueva problemática añadida a lo que suponía la situación
que hemos descrito.
La Administración, con independencia de la continuación de la vía
contencioso-administrativa o del recurso por
partede Hipódromo, Sociedad Anónima, debería ejercer
las posibilidades que tiene de resolución de contratos, de
actuar en coordinación con la propia Comunidad Autónoma y con el propio
Ayuntamiento de Madrid y de establecer los medios para contar con los
representantes de la
Sociedad de Fomento de Cría Caballar que están afectados,
con la Asociación Española de Entrenadores de Carreras,
que está afectado, y con los representantes del comité de
empresa de Hipódromo, Sociedad Anónima, que obviamente están afectados,
más otros hipódromos que he señalado.Entendemos que esa sería la
posición que debería
manifestar Patrimonio Nacional en relación al conflicto,
así como un compromiso político de que se pueda iniciar
enla próxima temporada la actividad propia de este hipódromo,lo cual
significa no dejar una zona con un deterioro
tanamplio como el que se está viviendo en el hipódromo
de la Zarzuela.
Si no se es capaz de entrar en esa vía de diálogo, por un
lado, y de actuación de la Administración, por otro lado, en
elconjunto de competencias y de prerrogativas que puede
ejercer en este momento, por parte del Patrimonio Nacional se está
siendo corresponsable, como se ha sido en todo
este tiempo, de lo que ha venido ocurriendo y de lo que ha
significado la crisis en el hipódromo de la Zarzuela. Desde
mi grupo le informo de que vamos a mantener un seguimiento exhaustivo de
cuál es la actuación de Patrimonio
Nacional, y de la Administración por tanto, y de cuál es el
caminopara entrar en una vía de solución de ese conflicto,
pero teniendo en cuenta que no es suficiente para nuestro
grupo,ni para Madrid ni para el conflicto, decir que existe
unproceso judicial y que tras el resultado de este proceso
seactuará, porque eso nos puede llevar a una situación
insostenible.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, vaya terminando.
La señora SABANÉS NADAL: Voy a terminar inmediatamente.
Lo que por parte de mi grupo no se va a admitir es que,
juntoa lo que aquí hoy se informa que son las actuaciones
de Patrimonio Nacional, aparezcan informaciones de otro
tipo sobre si hay acuerdos o no con el señor Sarasola para
una indemnización de 500 millones, si se está buscando la
posibilidad de otro arrendatario, si hay posibilidad de otras
ofertas o si se retiraría o no la demanda civil de desahucio
en este caso. Nosotros pedimos una actuación en esa dirección de
resolución del conflicto y una claridad ante esta
Cámaraen lo que significan los procedimientos de resolución del mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que
deseanintervenir?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias por sus
explicaciones, señor director de Patrimonio. Se estará sin
duda preguntando qué se le ha perdido a una diputada del
Grupo Vasco en relación con el hipódromo de Madrid.
Debo, en primer lugar, manifestar que estamos hablando
de una actividad que genera un importantísimo número de
puestos de trabajo, y esto es preocupación de cualquier
grupo en esta Cámara, ya que dicen los expertos -no lo
soy yo en absoluto- que un hipódromo genera de tres a
cinco puestos de trabajo para cada caballo. Nos parece que
es imperdonable dejar morir esta fuente de creación de
empleo.
Pero hay una segunda vinculación más próxima al
ámbito que corresponde al partido al que yo pertenezco,
que es la relación con el hipódromo de Lasarte. Hay una
relación de derecho, ya que es indudable que la Sociedad
de Fomento y Cría Caballar tenía deudas contraídas con el
hipódromo de Lasarte, deudas que se heredaron por la posterior sociedad
Hipódromo de Madrid, cuyas vicisitudes
políticas son muy largas de explicar, pero es que además
hay otra relación, no de derecho, sino de funcionamiento.
Según explican todos los expertos, las cuestiones relativas
a las carreras de caballos necesitan circuito, es decir, que
ningún propietario mueve sus cuadras para correr en un
solo hipódromo. El éxito de Lasarte está estrechísimamente vinculado a
los hipódromos del sur de Francia, al hipódromo de Madrid y al hipódromo
de Sevilla. Es decir,
cohonestar los calendarios y hacer la relación de las carreras anuales
respecto de cada uno es la condición imprescindible para que tengan la
relevancia necesaria y a los grandes propietarios les interese mover sus
caballos para que
corran por este circuito.
Su explicación ha sido impecable desde el punto de
vista jurídico, pero me habría gustado oír, puesto que
desempeña un cargo político, además de ser excelente
jurista, como parece ser que ha acreditado, una explicación
más política, ya que en un foro político estamos. Es indudable que en la
petición de comparecencia solicitada por el
Grupo de Izquierda Unida y en mi propia intervención lo
que estamos reclamando de este Gobierno son soluciones a
este problema existente, soluciones políticas, y no solamente saber que
no se ha dejado perjudicar derechos y que
se han iniciado los procedimientos judiciales correspondientes.
Es, con todo, curioso ver -nunca me había acercado a
ello- la trama de sociedades o de dónde surge, desde el
punto de vista del derecho, la situación de los hipódromos.
Para mí conocer que la Sociedad de Fomento y Cría Caballar se creó hace
150 años fue un descubrimiento, vinculada además al ejército y con
posterioridad a Agricultura, y
me pareció realmente curiosa la configuración de sus órganos, no ya la
de 1891 sino la de 1991, es decir, hace siete
años, cuando a la hora de enumerar a sus socios los distribuye de una
forma ciertamente peculiar -lamento que no
haya más señoras diputadas en este momento en la Cámara-, puesto que
tiene un número de socios de honor,
socios de número, ganaderos, militares, diplomáticos, propietarios, y
una categoría específica de señoras, que no
debenpoder ser ni diplomáticos, ni propietarios, ni militares, que ahora
también se puede. Ello me sirve para decir
una maldad, si se me permite: menos mal que no existía la
categoría de señores, porque difícilmente hubiese encajado
en ella el señor Sarasola, de quien vienen muchos de los
males que son imputables, creo yo, a cuál ha sido el devenir del
hipódromo, tanto en los últimos momentos de la
Sociedad de Fomento y Cría Caballar como, posteriormente, en la de
«Hipódromo de Madrid, S.A.»
El hipódromo de Lasarte, al que me he referido, tiene
independencia económica desde el año 1986 y tiene desvinculada su
situación respecto a la Sociedad de Fomento y
Cría Caballar; sin embargo, siempre de hecho ha existido
una cierta supremacía de la Sociedad de Fomento y Cría
Caballar respecto del resto de los hipódromos, ya que prestaba una serie
de servicios evidentes, como era, por ejemplo, el control antidopaje,
ahora tan de moda en otros
deportes pero siempre existente en este ámbito, que se prestaba y se
costeaba siempre desde Madrid; igualmente el
calendario de carreras se pactaba y se articulaba siempre de
unaforma coordinada entre todos los grupos; incluso el
gasto de algunos de los servicios se había pagado siempre
desde la Sociedad de Fomento y Cría Caballar.
En el momento en que en el año 1993, al que usted se
ha referido, «Hipódromo de Madrid, S.A.», se hace cargo
de la Sociedad de Fomento y Cría Caballar había una
importante deuda, que además ha sido reconocida en el
proceso,pero como el propio convenio de quita y espera,
segúnmis noticias, ha sido declarado nulo, de ninguna de
estas cantidades ha conseguido resarcirse el hipódromo de
Lasarte.Además, siguen todavía esas otras cuestiones no
tantojurídicas como de calendario o de necesidad de coordinarlas
distintas actividades de este estilo que se producen en el territorio
del Estado, y a eso es a lo que yo me
refería. Pretendía hacer un llamamiento, no sólo para no
dejar que se hunda el hipódromo de Madrid con las importantes
consecuencias de índole social que he señalado al
comienzo de mi intervención, sino para intentar además
sacar adelante un sector. Ahora que se dice que la economía
deeste país va bien, y aunque estamos hablando de una
actividad que quizá por algunos pueda ser tachada de elitista, se supone
que daría para esto, y que se podía hacer el
esfuerzo de dar una solución global al mismo igual que se
estáhaciendo ya en otros países europeos. En Francia,
Inglaterra, Italia incluso, este tipo de actividades tienen una
regulaciónespecífica, acceden, por estar bien reguladas, a
las correspondientes ayudas europeas y se hace además
protegiendo las implicaciones que tiene, desde el punto de
vista del turismo, la protección del medio ambiente natural;
incluso podría hacerse una articulación respetando las
competenciasasumidas por las comunidades autónomas en
materiade juego para que las apuestas para que las apuestas volvieran a
significar lo que desde el punto de vista
económicosignificaron en su día.
Esta es la percepción que desde el punto de vista de mi
grupoquisiera hacerle llegar: el desastre que ha supuesto la
situación en la que se encuentra el hipódromo de Madrid
nosólo para el propio hipódromo de Madrid y sus trabajadores, sino la
vinculación con los otros hipódromos existentesen el Estado, y hacer un
llamamiento a que se adopten decisiones políticas sin esperar a las
resoluciones
judiciales que todos esperamos que nos sean favorables en
un tiempo futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISAJORDÁ: En primer lugar, quiero
dar las gracias al señor gerente del Patrimonio Nacional
por las explicaciones y sobre todo incidir en la actuación
correcta de los actuales gestores del Patrimonio Nacional
en relación al conflicto con el hipódromo de Madrid.
Como nos ha explicado el gerente, actualmente existe
un contrato en vigor con una sociedad que se subroga en
los derechos y obligaciones de otra sociedad anterior y, por
tanto, la actuación del gerente nacional está siendo correcta
y ajustada a Derecho, puesto que está claro que hay un
incumplimiento de contrato por parte de esta sociedad.
Una de las cláusulas del contrato precisamente dice que
cesaría la utilización del uso del hipódromo por suspensión
de toda clase de actividades en el hipódromo de El Pardo
durante un año consecutivo. Está claro que el hipódromo
de Madrid lleva más de un año cerrado, sin actividad alguna. Por tanto,
por parte del Patrimonio Nacional se ha
hecho lo que había que hacer y lo que se puede hacer, que
es: en primer lugar, hacer un requerimiento el 9 de octubre
de 1997; posteriormente, un requerimiento notarial previo
a la demanda el 6 de marzo de 1998; y, posteriormente,
interponer la demanda judicial y, como nos ha indicado el
señor gerente, actualmente se está tramitando un juicio
declarativo de menor cuantía.
Estoy de acuerdo con la exposición que ha hecho la
representante de Izquierda Unida. Hay un incumplimiento
de contrato y, por tanto, la única fórmula posible para resolverlo es ir
a los tribunales de justicia. Si usted sabe otra
solución nos la puede decir, pero esa es la única que hay.
Patrimonio Nacional, de acuerdo con la ley constitutiva, está
preservando el destino del monte de El Pardo
donde se encuentra instalado el hipódromo de Madrid.
Para el Partido Popular y para el Ayuntamiento de
Madrid, que está gobernado por el Partido Popular, es indudable que el
monte de El Pardo posee un valor ecológico y
paisajístico excepcional para Madrid, y el Partido Popular
va a hacer todo lo posible para que el hipódromo de Madrid
siga con sus carreras de caballos, formando así parte del
patrimonio de los madrileños como ha sucedido durante
muchos años en las tardes de los domingos.
Yo creo que la postura tanto del alcalde de Madrid
como del presidente de la Comunidad de Madrid es clara
en el sentido de que hay que recuperar el hipódromo por la
cantidad de puestos de trabajo que genera y porque forma
parte del propio patrimonio de los madrileños, como se ha
dicho aquí. En este sentido estamos de acuerdo con Izquierda Unida en
que hay que intentar resolver este problema,
pero la única fórmula que hay para ello es rescindir un contrato que es
anterior a los actuales gestores de Patrimonio
Nacional, y lo que están haciendo ellos es intentar dar solución a este
entuerto que es anterior a su propia gestión.
Se están intentando negociaciones con la sociedad
actualmente adjudicataria del contrato, se están haciendo
requerimientos, pero no se llega a ningún acuerdo. Desde
luego no se puede llegar a las pretensiones del señor Sara-sola,
que es embolsarse un montón de millones por rescindir el contrato.
Nosotros pedimos a Patrimonio Nacional
que no entre en eso, porque lo que hay que hacer es cumplir la ley, y la
ley está en el contrato firmado por Patrimonio Nacional y la sociedad
adjudicataria, en el cual se dice
que deberán dejar de usarse las instalaciones en el momento en que el
hipódromo esté cerrado y sin actividad alguna.
Creemos que la iniciativa de Izquierda Unida es positiva para Madrid. En
este sentido el Partido Popular está preocupado por el tema, porque
también queremos recuperar
el hipódromo para que siga dando esta actividad de ocio a
los madrileños. En cualquier solución que se nos proponga
también va a estar el Partido Popular, pero tenemos que
comprender que la situación está como está, hay un juicio
declarativo por medio y mientras no se resuelva eso Patrimonio Nacional
no podrá hacer otra cosa que lo que está
haciendo, yo creo que positivamente.
Por último, he de decir que el objeto de la comparecencia es hablar del
hipódromo de La Zarzuela, no del hipódromo de Lasarte, pero lógicamente
nos sumamos a esta
iniciativa y nos gustaría que se solucionen los problemas
deun hipódromo tan importante como es el de San Sebastián.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
gerente.
El señor GERENTE DELPATRIMONIO NACIONAL(Recio Crespo): Como declaración
de principio, creo
que tenemos que estar muy satisfechos porque estamos claramente de
acuerdo en una cuestión, y es que estamos deseando que haya actividad en
el hipódromo de Madrid, lo
estáel Grupo de Izquierda Unida, lo está la señora Uría y
lo está el Grupo Popular, así como el consejo de administración de
Patrimonio Nacional, su presidente y el gerente.
Todosdesearíamos que ya, mañana mismo, hubiera actividad de carreras en
el hipódromo de Madrid. Nos preocupa
no sólo la actividad. Patrimonio Nacional gestiona numerosos palacios y
museos y una de las cuestiones que tenemosmuy claras es que para la
conservación de esos palacios y museos lo mejor es que estén en
funcionamiento.
Estar cerrados ocasiona un deterioro lógico. Si tuviera
lugar esa actividad, ello nos permitiría descansar. Ojalá que
todos los contratos que mantiene Patrimonio Nacional no
fueran como éste, tan complejos, tan complicados y con
tanta repercusión, sino mucho más sencillos, de forma que
se pudiera llevar a cabo una gestión ordinaria, que simplemente consiste
en el cumplimiento de cada objeto de contrato. Patrimonio Nacional en su
diversidad de edificios y
terrenos ha planteado este contrato en el hipódromo de
Madrid y, por supuesto, está preocupado por el mantenimientode los
puestos de trabajo. Directamente dependiente Patrimonio Nacional hay
1.500 empleados y es una preocupaciónque continúen en sus puestos, pero
sabemos que
hay otros miles de personas que dependen en su trabajo del
funcionamientode Patrimonio Nacional, por supuesto del
ámbito del hipódromo de Madrid, pero cualquier gestión
en cualquier palacio y en cualquier museo, hoy por hoy,
manteniéndose abiertos, permite que haya puestos de trabajo, del sector
turístico sobre todo, cuyos números no
puedoevaluar. Sin duda uno de los mayores atractivos en
Madrid es la visita al Palacio Real y a cualesquiera de los
otros palacios de Patrimonio Nacional. Por lo tanto, como
declaración de principio quiero manifestar nuestra preocupación por los
puestos de trabajo y, sobre todo en este caso
particular, el deseo de que ya hubiera actividad en el hipódromo de
Madrid.
¿Cómo podremos llegar a ese momento? Voy a explicar
cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. La comunicación mediante
escritos, la respuesta a preguntas parlamentarias y el envío de
información ha sido constante y yo
espero que lo siga siendo para al Grupo de Izquierda Unida
o cualquier grupo de esta Cámara que así lo requiera. Sí
puedo decir que ya en el año 1993, se produjeron algunas
deficiencias en la Sociedad de Fomento, lo cual dio lugar a
la creación de «Hipódromo de Madrid, S.A.» En aquellos
momentos, cuando la Sociedad de Fomento fue a una suspensión de pagos,
parecía la solución más adecuada y un
equipo gestor de Patrimonio Nacional así lo estimó y elaboró ese
contrato nuevo con «Hipódromo de Madrid,
S.A.», que en los primeros años realizó una importante
inversión y que organizó carreras, pero, posteriormente, ha
tenido la salida que todos conocemos.
Ya en el año 1996 las carreras disminuyeron, pero eso
no nos daba pie todavía a producir una resolución del contrato, en la
medida en que el objeto principal que eran las
carreras, se producía, en menor número, pero se producían.
Por lo tanto, debemos a partir del año 1997, cuando ya no
se celebra ninguna carrera. Al mismo tiempo se estaba
incoando un expediente de regulación de empleo y si Patrimonio Nacional
hubiera ejercitado acciones judiciales, se
hubiera claramente roto. Por ello, la regulación de empleo
ha permitido que un total de 60 ó 70 trabajadores haya
alcanzado una solución más o menos compleja, pero finalmente
satisfactoria para ellos y para sus puestos de trabajo.
Yse logró porque Patrimonio Nacional quizá permitió esa
salida al no iniciar una demanda; con una demanda hubiera
sido mucho más difícil esa regulación de empleo. Lo cierto
es que cualesquiera de las causas que se han planteado
como insuficientes para una demanda, tanto la actividad
como la falta de ingresos, son más que bastante. El primero
que está sufriendo la falta de pago de esas cuantías, tanto
por la renta como por una serie de impuestos que no está
pagando «Hipódromo de Madrid, S.A.», es Patrimonio
Nacional, que ve disminuidos sus ingresos. Por consiguiente, tanto por
las carreras como por los ingresos, Patrimonio
Nacional es el primero que desea que haya carreras.
Ahora bien, en cuanto al procedimiento, nos hemos
encontrado con que existía un contrato, contrato que no es
de carácter administrativo, sin privado. Patrimonio Nacional es un ente
público y tiene capacidad para contratar en
régimen privado la utilización de algunos de sus derechos
y, por lo tanto, no cabe la utilización de procedimientos
administrativos. Al ser un contrato privado, la solución era
acudir a los tribunales.
Es cierto que durante todo este tiempo ha preocupado la
situación de deterioro del hipódromo. Ello puede observarse y creo que
se ha manifestado en la correspondencia que
hemos mantenido, en la cantidad de requerimientos y de
presencia de técnicos de Patrimonio Nacional comunicando cada una de las
deficiencias que se observaban en el
ámbito del hipódromo. Ha habido visitas de nuestros técni-cos
que han evaluado la situación del hipódromo y que
consideran que el deterioro no es drástico ni irrecuperable,
sinoal contrario, es un deterioro normal por estar cerrado,
pero es fácilmente solventable. Es cierto que hay unas
tribunas,declaradas bien de conjunto histórico, cuya estructura
aparentemente y de acuerdo con esos estudios, está en
perfecto estado. Es cierto también que hay un valor ecológico,que es lo
que siempre se ha ido preservando con la
presenciade nuestros técnicos, en ocasiones acompañados
con los servicios de Seprona de la Guardia Civil. Por lo
tanto, esa colaboración con las instancias conocidas Seprona, Guardia
Civil, Fiscalía de Medio Ambiente de
Madrid- consideramos que están siendo suficientes para
preservar ese medio ambiente. Lo cierto es que la salida
mejor, para poder situar al hipódromo en las mejores condiciones,sería
la entrada de los servicios de Patrimonio
Nacional de una manera clara, pero tenemos que tener en
cuentaque, hoy por hoy, hay un arrendatario y Patrimonio
Nacional tiene que respetar un contrato de arrendamiento
en tanto dicho contrato no esté resuelto. Por lo tanto, nuestra entrada
en un lugar que ha sido alquilado no es fácil,
hay que tener un respecto al que todavía es el inquilino. Le
hemos solicitado, por supuesto, una mayor presencia de
nuestrosservicios, que en ocasiones han tenido muchas
dificultades para entrar. También hay que señalar que
hemos deseado enviar a técnicos en varias ocasiones y se
han encontrado con las puertas cerradas y con que nadie les
permitía la entrada para poder observar cómo se encontrabael hipódromo.
Pero siempre ha habido un intento de
comprobar que la situación del hipódromo desde el punto
de vista ecológico es hoy suficiente.
Respecto a las declaraciones del alcalde de Madrid, él
conocebien cómo se han ido produciendo todos estos
pasos en la medida que es consejero de Patrimonio Nacional. No es
representante de Madrid, porque los miembros
del consejo de administración, de acuerdo con su ley, dos
de ellos deben pertenecer a ayuntamientos del ámbito
donde se encuentre Patrimonio Nacional; podría haber sido
Madrid, porque Patrimonio Nacional también en otros
municipios, pero sí lo es.
También se han venido manteniendo conversaciones
con todos los afectados y prueba de que la única salida no
solamente es la judicial -podría haber habido otras- es
quedurante este tiempo hemos mantenido conversaciones
con todo aquel que buenamente tenía una oferta que hacer
a Patrimonio Nacional. Lo que nunca podría hacerse -y
quizá ahí está la respuesta política que voy a mencionares un acuerdo
que implique un gran desembolso económicopor parte de Patrimonio
Nacional, que además depende
de los Presupuestos Generales del Estado y sería el dinero
de todos los españoles, y no podría utilizarse ese dinero
para enriquecer las arcas de alguna persona particular, que
podría salir enriquecida, en efecto, si la solución no es la
vía judicial, vía que ojalá se produzca rápidamente. ¿Por
qué no? Si los servicios de la administración de justicia
actuaranrápidamente podríamos tener una salida rápida en
la que se plantease la rescisión del contrato, en primer
lugar, y la salida inmediata del actual arrendatario, que es
loque todos deseamos. En un momento dado cabría pensar
que se hubieran tomado medidas cautelares como en otro
casose establece, pero dichas medidas corresponde tomar
las a los tribunales, al juez, que el que tiene el asunto en sus
manos. De todas maneras la medida cautelar sería echar al
actual arrendatario, pero esa sería la resolución definitiva
del proceso. Esperamos que sea así en solución definitiva
en sentencia firme.
En cuanto al hipódromo de Lasarte al que se refiere la
señora Uría estoy aprendiendo mucho de carreras de cabalos, aunque yo
nunca había sido un aficionado y, comprendo que pueda haber un efecto
directo e inmediato en todo
el ámbito de las carreras de caballos de España, incluso
internacionales, por esa sensación de que consiste en un
circuito y en unos premios. En efecto, consiste en circuitos,
pero el hipódromo de Lasarte no está dentro de los terrenos
que corresponden al Patrimonio Nacional. Yo le deseo todo
el éxito que pueda tener, pero es más precaución de sus gestores que
nuestra. Quizá la solución de este tema estriba en
que haya más personal contratado y en que haya un efecto
económico importante en Madrid, incluso internacional, o
en Lasarte. Pero lo que necesitamos todos es una solución a
esta cuestión que, hoy por hoy, está en los tribunales.
Las soluciones políticas se pueden entremezclar. Las
soluciones técnicas en este caso las marca un consejo de
administración que puede tener una clara vinculación política. Lo cierto
es que esas decisiones se traducen en cuestiones técnicas de
requerimientos y de demandas. Por eso
he querido transmitir ese segundo paso. El primero, como
cuestión política de fondo, es el deseo de actividad en el
hipódromo de Madrid.
En cuanto a los estatutos de la Sociedad de Fomento y
su referencia a las señoras, la verdad es que son unos estatutos
antiguos. He conocido a los miembros de la Sociedad
de Fomento, y por las conversaciones que he mantenido
con ellos lo único que puedo decir es que son personas de
un trato exquisito y de una educación estupenda.Alo mejor
por ahí va la referencia a las señoras o quizá no. En cualquier caso, si
quiere conocerles personalmente, le puedo
facilitar algún contacto para que pueda hablar con ellos de
esos estatutos que, en efecto, tienen una procedencia bastante antigua.
Volviendo a la situación de suspensión de pagos de la
Sociedad de Fomento y por que interviene «Hipódromo de
Madrid, S.A.», creo, y yo no formaba parte del equipo gestor del
Patrimonio Nacional, que era la solución más lógica
y adecuada en aquellos momentos en los que se buscaba un
inversor, como también se está buscando ahora y no está
apareciendo. En aquellos momentos el inversor fue «Hipódromo de Madrid,
S. A.», quien realizó una inversión
importante y permitió que hubiera carreras en Madrid
duranteunos años. Ojalá tengamos una solución más definitivavía
sentencia firme.
Al señor Bardisa le doy las gracias por reconocer lo que
yo creo que es una vía muy pensada en Patrimonio Nacional para
solucionar este conflicto. Ha habido conversaciones, requerimientos y,
finalmente, una demanda ante los
tribunales. Vuelvo a decir que ojalá se produzca la solución
demanera rápida. Pensar que una persona resultara enriquecida porque
Patrimonio Nacional llegara a un acuerdo
que implicase unos ingresos económicos que además proceden de los
Presupuestos Generales del Estado, o es una
solución ni técnica ni políticamente deseable para nadie.
Por eso, creemos que la solución definitiva vendrá por la
vía del desahucio, vendrá porque -y esto es un poco de cara
aesa idea de futuro- una vez que el hipódromo de Madrid
quedelibre de su arrendatario actual, Patrimonio Nacional
podrá plantear quién es el sucesor, bien mediante una negociación
directa o incluso cabría la posibilidad de un concurso público.
Resumiendo, para terminar mi intervención, el deseo de
PatrimonioNacional es que haya carreras lo antes posible
y que una sentencia por vía judicial nos deje las puertas
abiertas para que así se produzca.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor gerente.
Señorías,hemos finalizado el orden del día.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.