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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 509, de 16/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 509
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 52
celebrada el miércoles, 16 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Martí
Fluxá) para informar sobre:
- Los incidentes producidos el día 5 de febrero de 1998 entre
funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia
Civil en la playa de los Lances, en Tarifa, en relación con una
operación de interceptación le una lancha de narcotraficantes de
hachís. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (número de expediente 212/000474) ... (Página 14684)
- La carga y desalojo desproporcionado y violento efectuado por la
Unidad básica de acción de la Guardia Civil de autoridades locales y
padres de alumnos en el colegio público de Miranda del Castañar,
provincia de Salamanca. A solicitud del Grupo anterior (número de
expediente 212/001237) ... (Página 14689)
- La acción Policial en el colegio público de Miranda del Castañar
(Salamanca) el día 19 de febrero de 1998, contra un encierro de
diversos representantes de las APA y de los ayuntamientos de la zona.
Formulada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente
213/000561) ... (Página 14689)
- La actuación de los grupos antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado contra los trabajadores de Astilleros de
Santander, S. A. (Astander) que protestaban por la reconversión de
dicha empresa. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (número de expediente 212/000733) ... (Página 14695)
- Situación en la vigilancia, control y persecución de la violencia
urbana y, en especial de las llamadas tribus urbanas. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 212/001242) ...
(Página 14699)
- La actuación policial en las 52 detenciones practicadas a jóvenes
okupas cuando se manifestaban en el barrio de Malasaña de Madrid el
día 20 de marzo de 1998. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida (número de expediente 212/001304) ... (Página 14704)
- El último accidente producido, el día 16 de marzo de 1998 al
zozobrar una patera en las aguas del Estrecho de Gibraltar con
personas indocumentadas, que causó al menos doce muertes. A solicitud
del Grupo anterior (número de expediente 212/001307) ... (Página 14708)
Comparecencia del señor director del Servicio ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones
monetarias, Sepblac (Rodríguez Román), adscrito al Banco de España,
para informar sobre las actividades del Sepblac y valorar la
normativa española aplicable a sus funciones de lucha contra el
fraude y el crimen organizado en el ámbito económico. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia i Unió (número de
expediente 212/000770) ... (Página 14712)
Se abre la sesión a las diez cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (MARTÍ
FLUXÁ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LOS INCIDENTES PRODUCIDOS EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 1997 ENTRE
FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y DE LA GUARDIA CIVIL
EN LA PLAYA DE LOS LANCES, EN TARIFA, EN RELACIÓN CON UNA OPERACIÓN DE
INTERCEPTACIÓN DE UNA LANCHA DE NARCOTRAFICANTES DE HACHÍS, A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número
de expediente 212/000474).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Se abre la sesión de la
Comisión de Justicia e Interior con la comparecencia, en primer
lugar, del secretario de Estado para la Seguridad para dar cuenta de
los incidentes producidos el día 5 de febrero de 1997 entre
funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia
Civil en la playa de los Lances, en Tarifa, en relación con una
operación de interceptación de una lancha de narcotraficantes de
hachís.
La petición de comparecencia es del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. El señor Meyer tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, preferiría que fuera primero
la comparecencia y después, una vez recibida la información,
intervendría.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor secretario, tiene
usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Martí Fluxá):
Señorías, quiero iniciar esta comparecencia contestando a la pregunta
formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para
dar cuenta de los incidentes producidos el día 5 de febrero de 1997
entre funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y miembros de
la Guardia Civil en la playa de Los Lances en Tarifa.
Se trataba, señor presidente, de una operación de interceptación de
una lancha de narcotraficantes de hachís. Haré una breve descripción
de los hechos que tuvieron lugar el día 4 de febrero del pasado año y
que motivaron la actuación simultánea de la Guardia Civil y del
Servicio de Vigilancia Aduanera.
Tras recibirse una llamada anónima, la III Compañía de la Guardia
Civil de Tarifa estableció un servicio dirigido por el propio capitán
de la compañía y compuesto por seis parejas distribuidas en diversos
puntos a lo largo de la playa. Sobre las veintiuna horas, el capitán
observó un helicóptero que salía de la isla de las Palomas, lugar
habitual de aterrizaje de los helicópteros de la Guardia Civil y de
los del Servicio de Vigilancia Aduanera, que se dirigía hacia la
costa haciendo una señal luminosa a una embarcación que se encontraba
adentrada en el mar. El capitán avanzó hacia
el lugar, encontrando en el trayecto a una persona tendida en el agua
que parecía estar ahogada. Una vez se comprobó que vivía, fue
identificada y detenida. Un poco más adelante había otras cinco
personas tendidas en el suelo, todas ellas varones, adultos y de
apariencia marroquí. Junto a esas personas se hallaba un grupo del
que formaba parte el comandante del puesto de Tarifa y sus
componentes y otro grupo del Servicio de Vigilancia Aduanera. Al
llegar el capitán y darse cuenta de la situación, les informó que el
servicio tiene sólo el carácter de colaborador de la policía
judicial, por lo que las diligencias deberían ser instruidas por la
Guardia Civil, aunque haciendo constar la activa participación del
Servicio de Vigilancia Aduanera.
Señor presidente, los incidentes que se produjeron a partir de esos
momentos fueron motivados porque tanto unos como otros entendían ser
los competentes para instruir las oportunas diligencias, defendiendo
tal vez con excesiva vehemencia las posiciones respectivas, hasta tal
punto que llegó a producirse una discusión acalorada con algún
forcejeo. Finalmente se resolvió la situación con la actuación
compartida, tanto respecto de los detenidos como de los alijos
incautados.
Señorías, éste es un incidente provocado por el exceso de celo de
unos funcionarios públicos que desean ver materializados los
difíciles trabajos de investigación en la lucha contra el
narcotráfico. Parece oportuno recordar que este tipo de
intervenciones, que suelen ser combinadas en mar y tierra, se llevan
a cabo en horas intempestivas y en condiciones difíciles, con
situaciones de riesgo y de tensión que han podido influir en alguno
de los comportamientos anteriormente descritos. Si me lo permite,
señor presidente, quiero resaltar que estamos en presencia de un
incidente aislado, que constituye una excepción a la regla general de
coordinación de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, de la
Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera, es una lucha
contra el narcotráfico especialmente.
Es importante señalar finalmente que el dispositivo montado para
aprehender la droga y detener a los delincuentes se realizó con la
deseable eficacia operativa. Indudablemente se produjo una
descoordinación; hubo exceso de celo de uno y otro cuerpo, pero
quiero destacar, señor presidente, que es un incidente aislado dentro
del gran número de aspectos de cooperación entre todos los servicios.
El Señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Como he dicho antes, el
autor de la petición de comparecencia es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, por lo que tiene la palabra el Señor
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Mi grupo tenía dudas de mantener esta
comparecencia, toda vez que ya hemos debatido este asunto al menos en
dos ocasiones, con dos comparecencias distintas, una con el ministro
de Hacienda y otra con el director general de la Guardia Civil. Este
último compareció el 23 de abril de 1997 y pudimos escuchar de forma
detenida todo lo que ocurrió ese día. Pero hemos mantenido la
comparecencia porque en las dos anteriores hubo compromisos claros
por parte de la administración para resolver concretamente no la
coordinación general entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, sino fundamentalmente entre dos cuerpos que en el tema del
narcotráfico tienen que
jugar un papel fundamental, como son el Servicio de Vigilancia
Aduanera y la Guardia Civil. Por eso, manteníamos esta comparecencia
para que usted nos explicara cómo está desde entonces la situación en
relación con los protocolos anunciados que se iban a firmar entre el
Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil y también desde la
perspectiva de que, a diferencia de lo que usted nos ha manifestado
de que éstos son incidentes aislados, nosotros entendemos que no es
así, sino que forma parte de una cadena de incidentes que hay que
resolver adecuando el actual modelo policial. Esta Cámara, a través
de una subcomisión de esta Comisión, va a intentar presentar un
informe detallado, en colaboración lógicamente con el Ministerio del
Interior, para resolver o solucionar a un problema muy grave, que es
la falta de coordinación entre el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
A este incidente, al menos en esta legislatura, se podrían encadenar
cinco o seis más. Hay que recordar el de la autopista de Cádiz-
Sevilla entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Hemos
de señalar un hecho muy grave, el mercante que vino desde Inglaterra
perseguido por las autoridades británicas con un cargamento de
estupefacientes muy importante; se alertó a las autoridades españolas
para que hicieran el seguimiento en sus costas y ese mercante
desapareció por una falta de coordinación. Podríamos seguir señalando
más hechos graves en cuanto a falta de coordinación, pero lo que
importa es que al menos por parte del Legislativo se ha puesto en
marcha un mecanismo que va a terminar en un informe sobre el modelo
policial que tendrá que ser debatido con este ánimo de resolver algo
fundamental, que es la falta de coordinación. Pero hasta que
debatamos, discutamos y aprobemos ese informe convendría que la
Administración fuera adoptando medidas sin esperar al Legislativo
para resolver estos incidentes.
Es verdad que, aunque sea de forma anecdótica, tal vez este incidente
tenía también otra dimensión, porque el 18 de febrero de este año
apareció la noticia de que por parte de la comisaría de policía de
Algeciras se produjo una detención en una operación contra el
narcotráfico en la que se detuvieron a cuatro guardias civiles, dos
de ellos del servicio fiscal de Tarifa, al parecer implicados en este
incidente. Tal vez podríamos dar un pequeño giro o complementar el
problema de la falta de coordinación, posiblemente, con un
enfrentamiento, porque una parte de estas personas implicadas en
corrupción policial estaban defendiendo su negocio. En todo caso,
señor secretario de Estado, yo me quedo con lo primero.
En las dos comparecencias anteriores hubo un compromiso muy claro. Se
nos adelantaba la intención del Gobierno de llegar a acuerdos entre
Dirección General de la Guardia Civil y Servicio de Vigilancia
Aduanera. Por tanto, a mí me gustaría que nos informara del estado de
esta cuestión, concretamente acerca de cómo está la coordinación
entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil. En la
descripción de los hechos, señor secretario de Estado, usted tendrá
que convenir con nosotros, conmigo personalmente, en que no se
justifica esta operación. Cuando se detecta, cuando una llamada
anónima informa que va a haber un desembarco de estupefacientes en la
costa de Tarifa, lo lógico, lo razonable es que alguien coordine esta
operación, sabiendo la disparidad entre los cuerpos de seguridad.
Personalmente, Izquierda Unida ha tenido ocasión de hablar con usted
en la sede de su ministerio para darle algunas alternativas. Una de
ellas podría ser que, ante acontecimientos importantes de este tipo o
de operaciones antiterroristas, alguien tiene que encabezar esa
coordinación, y debería ser el delegado del Gobierno. Cuando hay
operaciones importantes que necesitan del concurso de la coordinación
de distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, alguien tiene que
coordinarlas. No es de recibo que en una operación de estas
características la Guardia Civil ponga en marcha un operativo y no
informe. Otra cosa es que después el servicio se haga de una manera u
otra, que intervenga uno u otro cuerpo, pero al menos que informe
para que no se dé esta situación de colisión entre dos Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que al final, lógicamente, va en
contra de la propia eficacia del servicio.
A mí me gustaría que en esta comparecencia -aprovechando que la hemos
mantenido, porque, en cuanto a lo que es la información exhaustiva de
los hechos por dos veces consecutivas no hemos tenido ocasión de
obtenerla- nos indicase si al día de hoy se ha avanzando o no en esta
coordinación; es decir, qué se ha hecho por parte del Ministerio del
Interior sin esperar a las conclusiones de este trabajo que está
realizando la subcomisión del modelo policial.
Colateralmente, como quiera que hubo esa novedad importante y
positiva, porque fue la propia comisaria de Algeciras la que puso en
marcha un operativo contra guardias civiles que estaban implicados en
operaciones de droga, también he de plantear que sería muy
interesante que en las zonas calientes de operaciones de
narcotráfico, el Ministerio del Interior, la Dirección General de
Policía y la Dirección General de la Guardia Civil estuvieran muy
atentos a los posibles casos de corrupción. Está claro que el volumen
de negocio que se produce en estas zonas calientes es susceptible de
comprar voluntades de personalidades políticas, judiciales y
policiales; hay que estar muy atento a este tipo de investigación que
impida, o que por lo menos dificulte, que personas aisladas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan utilizar toda la
lucha contra el narcotráfico precisamente para enriquecerse.
Nada más. Yo espero que nos informe si al día de hoy se ha avanzado
por el Ministerio del Interior en esta coordinación entre Guardia
Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Grupos que desean
intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el señor De la Encina tiene la palabra.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor Martí Fluxá, sus manifestaciones
de hoy nos satisfacen algo más que las que tuvieron sus predecesores.
El director general de la Guardia Civil, el 23 de abril de 1997, en
esta misma Comisión acusaba a los funcionarios del SVA de ser los
responsables de este incidente y, de paso, manifestaba que la culpa
en definitiva era de los socialistas por no haber legislado bien; es
mejor que la que manifestaba el secretario de Estado de Hacienda,
señor Costa, que contradecía al director general de la Guardia Civil
y daba una versión
totalmente distinta. Su versión de hoy, que quizá se ajusta más a lo
que realmente ocurrió. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
De todas maneras, como ya ha dicho mi predecesor, portavoz de
Izquierda Unida, este tema ha sido suficientemente debatido en el
pasado. Ha transcurrido mas de un año y medio y yo creo que lo
importante no es volver a incidir en un hecho que quedó claramente
demostrado, porque estaba grabado incluso en video, y toda España
pudo ver ese lamentable incidente en los informativos, sino sacar
conclusiones prácticas y evitar que siga la descoordinación que,
señor Martí Fluxá, le puedo asegurar que continua produciéndose.
No es un hecho aislado lo que ocurrió en la playa de Los Lances, en
Tarifa. Le puedo citar que concretamente el 2 de junio de 1997 se
produjo un enfrentamiento violento entre Guardia Civil y SVA por un
alijo de 200 kilos en la provincia de Cádiz. Previamente, el 31 de
mayo, en Jerez de la Frontera, en el peaje entre Sevilla-Cádiz, en la
autopista, se produjo otro incidente entre la Guardia Civil y el
Cuerpo de Policía Nacional, éste menos grave pero incidente al fin y
al cabo, que fue trasladado incluso a los medios de comunicación. Más
reciente es el del 17 de marzo de 1998, cuando se produjo otro
espectáculo lamentable en Sanlúcar de Barrameda, en donde el SVA no
informa a la Guardia Civil de una operación muy importante contra el
narcotráfico, lo que origina que cinco narcotraficantes huyan de los
Cuerpos de Seguridad ante esta falta de descoordinación entre SVA y
Guardia Civil. Le podría citar más ejemplos que se están produciendo
en la provincia de Cádiz, en particular, y en Andalucía en general,
que sin lugar a duda indican que no estamos ante un incidente
aislado, como usted acaba de decir aquí, sino que éste es un hecho
que se viene produciendo con cierta asiduidad.
Usted debe de conocer, me imagino que lo sabrá, que muy
recientemente, sin ir más lejos la semana pasada, se ha producido
también un incidente lamentable en el que los vecinos de una
población tan, castigada por la droga, como es La Línea, apedrearon y
maltrataron a miembros de la Guardia Civil en una playa donde
desembarca gran cantidad de tabaco y droga, porque el subdelegado del
Gobierno en Cádiz había dado orden de retirada de los GRS, y tuvieron
que venir desde otra población distinta en menor medida, por lo que
se originaron enfrentamientos entre ciudadanos y Guardia Civil. En
definitiva, todo esto indica descoordinación, falta de planificación
y hechos no aislados, como usted acaba de decir, que se producen en
una gran cantidad de operaciones de los Cuerpos de Seguridad del
Estado. Esto sucede en la provincia de Cádiz -y lo podemos asegurar
los que vivimos allí casi permanente todos los meses-. Cosa distinta
es que se traslade a los medios de comunicación, porque tenga más
trascendencia, como el que estamos analizando que fue grabado en
vídeo, reproducido. Por tanto, no se puede ocultar esta realidad.
Señor Martí Fluxá, nosotros, como le digo, queremos que no se repita.
Nos hacemos eco de las palabras que mencionó en esta misma Comisión
el 4 de junio de 1997 el secretario de Estado, cuando dijo
textualmente que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de la
Unión Europea de 29 de noviembre de 1996, se iban a ultimar y estaban
pendientes de ser suscritos dos protocolos entre los ministerios
de Economía y Hacienda e Interior, concretamente para la represión
del tráfico ilícito de drogas y la lucha contra el contrabando de
tabaco. Decía el señor Costa que estos protocolos contemplaban un
mayor peso para la coordinación en materia de tráfico de
estupefacientes, dentro del Plan Nacional sobre Droga, y un mayor
protagonismo en la coordinación por la Agencia Estatal a través de
Aduanas, añadiendo y que estaban prácticamente ultimados.
En la Comisión del estudio del problema de la droga el director
general de la Guardia Civil, Señor Valdivielso, manifestaba
textualmente que el 17 de marzo de 1998 se habían reunido todas las
partes y tenían prácticamente ultimado ese protocolo. La pregunta que
le hacemos es ¿qué está ocurriendo para que después de un año y medio
no se firme el mencionado protocolo? ¿Qué problemas existen? ¿Sigue
habiendo, aunque no se trasladen los incidentes dentro del Gobierno,
dentro de la SVA, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional,
problemas que hacen imposible la firma de ese protocolo? Ciertamente
el protocolo no va a resolver todos los problemas. Un decreto no va a
resolver los problemas de coordinación, que son de mucho más calado
pero, sin lugar a dudas, ayudaría la existencia de unas reglas
marcadas y diferenciadas de funcionamiento de cada uno de los cuerpos
de seguridad, cuando se tiene que actuar en la lucha contra el
narcotráfico. ¿Qué problemas existen en el Gobierno para que los
mencionados protocolos -que han sido reiteradamente prometidos, tanto
por el secretario de Estado de Hacienda, como por el director general
de la Guardia Civil, como por el nuevo director del SVA quien tomó
posesión en el mes de abril y que en la Comisión del estudio del
problema de las drogas se comprometió a la firma de ese protocolo- no
se hayan firmado todavía en el mes de septiembre de 1998?
Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos preocupados
por esta falta de coordinación, sobre todo en la provincia de Cádiz
que, como usted sabe, es donde fundamentalmente se produce la gran
entrada de drogas. Esta descoordinación facilita que los
narcotraficantes, que cada vez usan medios mas modernos, vehículos
más potentes, se estén beneficiando de una situación trágica. Por
tanto, le instamos para que usted, como secretario de Estado de
Seguridad, de una vez por todas intente terminar con esta situación,
porque lo único que estamos haciendo es dar ventaja a los
narcotraficantes para que actúen de mejor manera en sus fines
ilícitos. Le rogamos que tome buena nota de que no es un hecho
aislado, como ha repetido dos o tres veces en su comparecencia, y
sepa que éste es un hecho que se viene produciendo con asiduidad.
El Señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Seco.
El Señor SECO GORDILLO: Quiero dar la bienvenida al Secretario de
Estado de Seguridad y agradecer que haya venido a hablar de un tema
que no es nuevo, y todos los que estamos interviniendo en esta
comparecencia lo hemos puesto de manifiesto. Es la cuarta vez que
hablamos en esta Cámara sobre este asunto, y convendría recordar que
la primera vez que lo hicimos fue a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular en una pregunta oral que planteó al Gobierno, a
la que respondió el Ministro del Interior el día
16 de abril de 1997. Posteriormente se han producido diversas
comparecencias al respecto del director general de la Guardia Civil y
del secretario de Estado de Hacienda, a las que se suma la que hoy
sustancia el secretario de Estado para la Seguridad. Digo esto porque
son ya muchas las veces que se han explicado los hechos y resulta
absolutamente innecesario seguir dando vueltas a su valoración o
interpretación.
Sin embargo, es conveniente subrayar las palabras del secretario de
Estado para la seguridad cuando dice que se trata de hechos aislados.
Es obvio que tanto el señor Meyer, como el Señor De la Encina
discrepan de esa interpretación, pero operaciones policiales de
represión del contrabando y del narcotráfico los hay todos los días.
Los problemas en este tipo de operaciones se producen en muy contadas
ocasiones y menos aún que trasciendan a los medios de comunicación o
a la sociedad en general. No es esta última matización un problema
menor, a mi juicio, en la medida en que todos hagamos para llevarlos
con la mayor prudencia y discreción redundarán, sin duda, en la
eficacia de la represión del contrabando y del narcotráfico por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Servicio de
Vigilancia Aduanera. Creo que lo importante es que todos apoyemos a
estos cuerpos en su misión de reprimir el contrabando y el
narcotráfico y no tratemos, por un interés político comprensible, de
hacer de esto una cuestión de mayor importancia de la que realmente
tiene y así consigamos rebajar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
Creo que lo interesante es que funcione la labor policial de
represión del narcotráfico; está funcionando y funcionó en esa
operación de la que estamos discutiendo por cuarta vez en esta
Cámara: se detuvo a los contrabandistas y se incautó el alijo de
sustancias estupefacientes. Todo lo demás son argumentos menores, mas
o menos retóricos, de mayor o menor calado político. Lo importante es
que funcionó la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Ése es el objetivo fundamental que nunca debemos perder de
vista: que entre todos contribuyamos a la eficacia en la lucha contra
el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen enormes esfuerzos
en esta materia, y todos debemos apoyarlos así como en materia de
coordinación entre ellos, como lo demuestra, como decía antes, que se
producen a diario operaciones de este tipo y en contadas ocasiones
surge algún tipo de problemas. Esto lo saben perfectamente el señor
Meyer y el representante del Grupo Socialista que participan en la
subcomisión del modelo policial en la que el grupo parlamentario y el
Gobierno del Partido Popular están haciendo enormes esfuerzos por
avanzar en esta materia de coordinación entre las distintas fuerzas y
cuerpos con competencia en la represión del contrabando.
No voy a entrar en profundidad en otros temas que se han expuesto
aquí, como compromisos adquiridos, etcétera; solamente quiero hacer
un comentario, que espero que el señor De la Encina no lo tome a mal.
El hecho de que actualmente esté en avanzado estudio este tipo de
medidas de coordinación da cuenta de la dificultad que supone
diseñarlos; dificultad que corrobora el hecho de que el propio
Gobierno socialista no pudiera llegar a firmarlas. Con esto
no quiero hacer una crítica al Gobierno socialista anterior, ni el
típico recurso que le gusta al señor De la Encina, sino poner de
manifiesto que existe una dificultad considerable en esta materia
que, sin duda, se podrá vencer con la buena voluntad y con la
colaboración de todos.
Concluyo agradeciendo una vez más las explicaciones que ha puesto
sobre la mesa el secretario de Estado para la Seguridad y reafirmando
que hechos aislados como éste no pueden empañar la magnífica labor
que están desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en coordinación, a pesar de estos hechos aislados, con el Servicio de
Vigilancia Aduanera en materia de represión del contrabando y del
narcotráfico.
El señor PRESIDENTE: Señor Martí Fluxá.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martín Fluxá), Señorías,
señor Meyer, señor De la Encina, señor Seco, como saben, tenemos en
este momento en pleno funcionamiento una subcomisión de modelo
policial que está trabajando e interpretando el complicadísimo
sistema policial español, en el que concurren diferentes cuerpos: una
Policía, una Guardia Civil, un Servicio de Vigilancia Aduanera, y
policías integrales, como los que existen en dos territorios,
Cataluña y el País Vasco; es decir, es un sistema enormemente
complicado en el que la palabra que todos tenemos que emplear es
coordinación.
Estoy de acuerdo con el señor De la Encina y con el señor Meyer en
que existen todavía innumerables fallos y faltas de coordinación,
pero también, reconózcanme, que estamos haciendo todo lo posible para
que sea cada día mayor y que, a lo mejor, no es suficiente y tengamos
que hacer más. Lo que le puedo asegurar es que, en la medida de
nuestras posibilidades, todos los responsables del Ministerio de
Interior, como estoy seguro de que también lo hicieron los
anteriores, han hecho todo lo que está en su mano para lograr esa
coordinación, porque en el fondo tanto ellos como nosotros lo que
buscamos es una mayor eficacia y seguridad para todos los españoles;
éste es el primer punto.
El segundo es el tema del protocolo concreto que tenemos que firmar
con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Es un protocolo que ya se ha
puesto en funcionamiento como tentativa y antes de firmar y de
anunciar ningún papel. Desde que tomó posesión el nuevo responsable
de la Agencia Tributaria, no hemos tenido grandes incidentes en la
coordinación entre Policía y Guardia Civil. El último incidente al
que se ha referido el señor de la Encina tiene fecha marzo de 1998, y
me alegro de que después de éste yo no tenga constancia de ningún
otro. Muchas veces el secretario de Estado es el último que se
entera, en ocasiones por falta de comunicación. Quiero creer que
después de esta cooperación que se está produciendo desde la
primavera los incidentes son cada día menores. ¿Qué sucede? Que es
algo muy humano que los diferentes cuerpos que llevan un trabajo
constante, abnegado, de muchas horas, para descubrir una pequeña o
gran operación, todos quieran legítimamente -y en ese aspecto debemos
reconocer que es humano- protagonizar el éxito de su operación. Y
para ello hace falta la coordinación de alguien, y evidentemente
tiene que ser del delegado o subdelegado del Gobierno.
Sabe el señor Meyer, porque muchas veces lo hemos hablado, de estos
temas, que soy el primer preocupado por que esos asuntos de
descoordinación no se produzcan más.
Hay también una referencia muy concreta a lo que supone
desgraciadamente la actuación de algunos miembros de seguridad del
Estado, policías o guardias civiles, en alguna operación de
narcotráfico. Esto debemos reconocer que es absolutamente puntual. Es
algo preciso a lo que además se ha respondido con la máxima
contundencia por este Gobierno como también por los anteriores.
Señorías, en estas cuestiones (la lucha contra el narcotráfico, la
lucha contra la corrupción dentro de Policía y Guardia Civil) pueden
estar seguros de que el Gobierno, el Ministerio de Interior y la
Secretaría de Estado van a estar siempre en avanzada y van a evitar
por todos los medios que se den. De cualquier forma la lucha contra
el narcotráfico la tenemos que enfocar con un planteamiento integral,
donde la cooperación y la coordinación entre los cuerpos nacionales
de Policía, de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera
tengan una realidad absoluta y total. Por ello, como saben, creamos
el pasado año 1997 la Oficina Central Nacional, que tiene la sede en
el Cuerpo Nacional de Policía y en la que tienen presencia constante
representaciones de Policía, de Guardia Civil y de Servicio de
Vigilancia Aduanera. En aras a la verdad, debo decir que la
coordinación y la profesionalidad son las notas que han presidido las
actuaciones en las que han participado conjuntamente estas fuerzas,
aunque haya todavía errores y fallos. Con labores y trabajos como los
que está desarrollando la subcomisión del modo policial o como los
que hacemos, en la medida de nuestras posibilidades, en el Ministerio
intentamos minimizarlos y que cada día sean menos importantes.
Saben también que en los años 1995, 1996, 1997 se han aprehendido
kilos de cocaína, toneladas de hachís, todo tipo de drogas y gran
número de narcotraficantes; en todas estas operaciones el Servicio de
Vigilancia Aduanera ha prestado una gran ayuda y sigue haciéndolo,
porque tiene unos medios que son muy superiores a los que puede tener
la Policía y la Guardia Civil, muchas veces para la represión del
narcotráfico a gran escala.
Señorías, creo que todavía tenemos mucho que trabajar en ese aspecto,
no podemos caer en la autocomplacencia y decir que lo hemos hecho
todo y que en de la cooperación hemos llegado a unas cuotas
altísimas, no, tenemos que avanzar muchísimo más. Por ello,
comparecencias como las de hoy son positivas porque en el fondo
también nos evitan caer en la sensación de que todo está hecho. Queda
todavía un gran camino por recorrer, pero les aseguro que desde los
últimos meses, se ha visto que lo que habíamos previsto en ese
protocolo está funcionando, que la cooperación es cada día mayor, y
espero que esos incidentes sean cada día más escasos y esporádicos.
Por ello, pido a SS.SS., señor presidente, un voto de confianza hacia
la policía, hacia la Guardia Civil, hacia el Servicio de Vigilancia
Aduanera, que cada día conseguirán una mayor coordinación y eficacia
en la desarticulación de estas redes de narcotráfico; redes que, como
sabe muy bien el señor Meyer y el señor de la Encina, son una de las
principales preocupaciones del Gobierno. (El señor Meyer pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, creo que está debatido
suficientemente. Tenga en cuenta S.S. que el orden del DÍA es largo y
no podemos consumir en una sola comparecencia todo el tiempo de la
sesión.
Brevísimamente, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor secretario de Estado, no me ha quedado
claro si se ha firmado el protocolo o no.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Meyer, el protocolo todavía no se ha firmado pero estamos poniendo en
práctica lo dispuesto en él, de manera que, si vemos que esa forma de
actuar es la que hay que llevar a cabo, lo firmaremos.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, con su venia, simplemente he
de decir al señor secretario de Estado que después de un año, cuando
entonces se nos anunció la firma inminente del protocolo, el que en
esta comparecencia se nos diga que está en estudio su firma... La
verdad es que voto de confianza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado todo, pero al Ministerio no.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
Meyer, acepto la censura pero aquí quiero apoyarme en las palabras
del diputado señor Seco. Es enormemente complicado conseguir esa
coordinación, esa forma de trabajar conjunta y acepto la censura al
Ministerio de Interior, siempre y cuando se quede en la Secretaría de
Estado o en este secretario de Estado, pero no vaya a la Policía ni a
la Guardia Civil.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, solamente hará una
matización referente a las últimas palabras del secretario de Estado.
El apoyo del Grupo Parlamentario Socialista sin lugar a dudas lo
tendrán y lo tienen actualmente los Cuerpos de Seguridad del Estado
(la Guardia Civil, el SVA, la policía Nacional), quien no lo tiene es
el Gobierno porque no está cumpliendo el compromiso que trasladó aquí
en sede parlamentaria, a pesar del tiempo transcurrido, como acaba de
indicar el señor Meyer. Por tanto, el Grupo Socialista da
intensamente su apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que
ellos lo sienten, y no al Gobierno, porque no está haciendo bien su
labor al aspecto, se lo digo sinceramente.
Nos gustaría que hubiera mayor coordinación y le instamos a que, como
secretario de Estado, ponga toda la carne en el asador para sacar
adelante ese protocolo.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado ha dicho que asume
la crítica que SS.SS. vierten; ya ha hecho una salvedad y ahora sería
una abundancia sobre la misma discusión.
Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Señor presidente, con toda brevedad para
reconocer que la forma tiene su importancia pero lo verdaderamente
trascendente es el fondo de las cuestiones. La firma de un protocolo
o de un papel tendrá su importancia, pero lo realmente relevante es
la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ésa se
esta produciendo, como ha señalado el secretario de Estado de
Seguridad. Desde esa perspectiva, la Secretaría de Estado para la
Seguridad y el Ministerio de Interior, como no podía ser de otra
forma, tienen la completa confianza y el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular para seguir trabajando en esa línea.
- LA CARGA Y DESALOJO DESPROPORCIONADO Y VIOLENTO EFECTUADO POR LA
UNIDAD BÁSICA DE ACCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL DE AUTORIDADES LOCALES Y
PADRES DE ALUMNOS EN EL COLEGIO PUBLICO DE MIRANDA DEL CASTAÑAR,
PROVINCIA DE SALAMANCA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/001237).
- LA ACCIÓN POLICIAL EN EL COLEGIO PUBLICO DE MIRANDA DEL CASTAÑAR
(SALAMANCA) EL DÍA L9 DE FEBRERO DE 1998, CONTRA UN ENCIERRO DE
DIVERSOS REPRESENTANTES DE LAS APA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA.
FORMULADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
213/000561).
El Señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día lo vamos a
alterar a petición del grupo solicitante del tercer punto del mismo,
con la anuencia del Grupo de Izquierda Unida, que era el autor de la
segunda iniciativa, salvo que algún Señor diputado pusiese algún
reparo.
Por tanto, vamos a sustanciar la segunda comparecencia, que es la
solicitada por el Grupo de Izquierda Unida, en primer lugar, del
secretario de Estado de seguridad para informar sobre la carga y
desalojo desproporcionado y violento efectuado por la Unidad Básica
de Acción de la Guardia Civil de autoridades locales y padres de
alumnos en el colegio público de Miranda del Castañar, en la
provincia de Salamanca, que se va a hacer agrupadamente con la que la
Mesa y la Junta de Portavoces acordó que fuera respondida por el
secretario de Estado con el consentimiento, naturalmente, del nuevo
ponente, que es la del Grupo Socialista, para dar cuenta de la acción
policial con resultado de heridos en el colegio público de Miranda
del Castañar, Salamanca, el día 19 de febrero de 1998, contra un
encierro de diversos representantes de las APA y de ]os ayuntamientos
de la zona, en protesta por la decisión del Ministerio de Educación y
Ciencia de ubicar un centro de secundaria en La Alberca, ignorando el
proceso de diálogo con la comunidad educativa y en la que retenían a
un inspector del citado Ministerio. Iniciativa ésta del Grupo
Socialista que, repito, inicialmente estaba dirigida al ministro del
Interior y en la que, de conformidad con el grupo proponente, la
Junta de Portavoces y la Mesa acordaron que, teniendo en cuenta la
conexión con la anterior, fuera respondida por el secretario de
Estado de Seguridad.
Para abordar esas dos comparecencias, tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías,
antes de proceder a la descripción pormenorizada de los hechos que
tuvieron lugar los pasados días 18 y 19 de febrero en Miranda del
Castañar, comenzaré con unos breves antecedentes.
Señor presidente, en la Sierra de Francia, comarca del sur de
Salamanca, los alcaldes de las localidades serranas y los vecinos de
las mismas han venido reivindicando durante los últimos años un
centro de educación secundaria. Las restricciones presupuestarias
impidieron afrontar esta inversión que finalmente fue programada en
dos anualidades para el ejercicio corriente y para el próximo.
A partir de ese momento comenzaron a surgir una serie de divergencias
en torno a la localidad en la que el centro debía ser ubicado. El
Ministerio de Educación aconsejó que se llevaran a cabo reuniones,
con asistencia de alcaldes, padres de alumnos y directores de los
centros escolares de las localidades afectadas con el fin de analizar
posibles emplazamientos y proponer la ubicación que consideraran más
conveniente. En estas reuniones no llegaron a ningún acuerdo
y finalmente sometieron a la Dirección Provincial de Educación la
elección del lugar. Esta última llevó a cabo los estudios técnicos
necesarios y finalmente elevó una propuesta al Ministerio para que el
centro de educación secundaria se construyera en La Alberca.
Tan pronto como los vecinos de Miranda del Castañar tuvieron
conocimiento de que su municipio no había sido elegido iniciaron una
campaña de movilizaciones. Así, el pasado 15 de enero, organizaron
una manifestación ante la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura en Salamanca, ocuparon oficinas de estas
dependencias y cortaron la circulación de la Gran Vía de aquella
ciudad. En esta situación de cierta tensión, el pasado 18 de febrero,
el funcionario don Luis Herrero Martín, inspector de Educación del
Ministerio de Educación y Cultura, se disponía a abandonar el colegio
público de Miranda del Castañar, una vez finalizadas las actividades
propias de su condición de inspector, para trasladarse a Salamanca.
En ese momento fue abordado por un grupo de padres de alumnos, que le
comunicaron que quedaba retenido en el interior del centro hasta que
el Ministerio atendiera sus reivindicaciones. Asimismo, le indicaron
que comunicara la situación al director provincial y las personas que
le retenían procedieron a informar a los medios de comunicación.
Paralelamente, situaron un vehículo que impedía cualquier movimiento
del vehículo perteneciente al inspector del Ministerio.
Conocida la situación por el subdelegado del Gobierno en Salamanca,
éste tomó la decisión de que se personara en el centro un comandante
de la Guardia Civil, con el fin de que analizara la situación,
garantizara la integridad física del retenido y evitara, en la medida
de lo posible, la entrada en este centro docente de personas ajenas.
El comandante de la Guardia Civil se puso en contacto con el alcalde,
que se encontraba entre las personas que retenían al señor Herrero,
trató de dialogar con él y le puso de manifiesto la transcendencia y
gravedad de la situación. El alcalde no atendió a ninguna de sus
indicaciones y se negó a cualquier tipo de solución inmediata que
propiciara la liberación de
la persona retenida. Las conversaciones se prolongaron por espacio de
algo más de siete horas y en ellas participaron el director
provincial, los representantes de los padres, el alcalde, el
comandante de la Guardia Civil, el subdelegado y el secretario
general de Educación. A última hora de la tarde del día 18 fue
enviada al acuartelamiento de La Alberca una unidad del servicio de
intervención rápida de la Guardia Civil, que permaneció en el citado
acuartelamiento, cuya distancia de Miranda del Castañar es de 14
kilómetros. Finalmente, como saben SS.SS., se llegó a un acuerdo en
torno a las dos horas del día 19, pero antes de proceder a dejar en
libertad al señor Herrero decidieron consultar a los vecinos del
pueblo que, en número superior a trescientas cincuenta personas, se
encontraban en las inmediaciones del centro. La respuesta de los
vecinos fue negativa a la salida del inspector y volvieron a retener
al funcionario del Ministerio, con indicación expresa de que si el
Ministerio no se comprometía por escrito a construir el centro en
Miranda el señor Herrero no saldría del mismo. El subdelegado del
Gobierno reiteró entonces al alcalde la gravedad de la situación,
volviéndose a negar este último a cualquier consideración.
El servicio de intervención rápida, al que antes me he referido, se
situó en los alrededores del centro para tratar de impedir que
acudieran más vecinos, ya que estos estaban siendo convocados
haciendo sonar las campanas de la iglesia. La unidad básica de acción
de la Guardia Civil penetró en el edificio para liberar al inspector;
los efectivos de esta última, diez en total, accedieron al edificio
provistos exclusivamente, según mis informaciones, de cascos y
defensas de goma, sin el material antidisturbios que suelen utilizar
estas unidades. El retenido, el inspector de Educación, fue sacado al
exterior y acompañado a su vehículo por dos guardias civiles,
dirigiéndose directamente a su domicilio de Salamanca.
Señor presidente, la operación duró aproximadamente tres minutos y,
una vez finalizada, algunas personas comenzaron a hacer sonar las
campanas y una sirena de un camión propiedad del ayuntamiento.
Quiero significar que en el diario Tribuna de Salamanca, del 20 de
febrero, apareció una fotografía en la que podía verse la boina de un
guardia civil que intervino en la operación y cinco cartuchos de
fogueo sin percutir. Este material se cayó sin duda en el transcurso
de los hechos descritos ya que, como indicaba con anterioridad, el
personal que intervino únicamente lo hizo con casco y defensas de
goma.
El centro médico de la localidad dio parte a la autoridad judicial de
haber atendido a tres personas de lesiones leves, todas ellas
formaban parte del grupo que retuvo al inspector , una de ellas el
alcalde. Igualmente, seis guardias civiles recibieron asistencia
sanitaria por contusiones y lesiones leves. Por otro lado, los
desperfectos fueron escasos, ya que en el centro se produjo
únicamente la rotura de cristales y aparecieron algunos muebles fuera
de lugar en el interior del edificio. De estos hechos se han
instruido las oportunas diligencias, que fueron entregadas al juez de
instrucción de Béjar. Con posterioridad, se han recibido una serie de
llamadas con amenazas en el cuartel de la Guardia Civil de La
Alberca, lo que ha motivado que se preste servicio nocturno de
seguridad en sus dependencias.
Como conclusión, quiero poner de manifiesto los siguientes puntos. En
primer lugar, teniendo en cuenta las
horas durante las que la retención se prolongo y la situación de
fuerte tensión existente, los hechos que se producen durante ese
período de tres minutos no parece que fueran desproporcionados a la
magnitud de la retención del inspector. En segundo lugar, la
actuación de la Guardia Civil obedeció, única y exclusivamente, a la
necesidad de proteger y liberar a una persona, un funcionario
público, retenido en contra de su voluntad. Por último, los daños
humanos y materiales resultaron mínimos si los comparamos con la
situación de violencia y riesgo que se produjo en aquellas fechas.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo proponente en primer término, que
es el de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Yo estoy convencido, señor secretario de
Estado, de que los vecinos de la villa condal de Miranda del Castañar
nunca hubiesen pensado que el nombre de esa villa de la Sierra de
Francia aparecería con esa virulencia en todos los medios de
comunicación, precisamente por esta actuación absolutamente
irresponsable, ordenada por el subdelegado del Gobierno en Salamanca,
en un incidente menor. Digo que nunca hubiesen pensado que pasaría su
nombre con esa virulencia a los medios de comunicación y a ser
conocidos por esta desproporción en el uso de las fuerzas de orden
público para resolver un incidente menor y no por su plaza de toros,
que es una de las más antiguas de España. Dicen sus vecinos que es la
más antigua de España.
Es una villa de paz, absolutamente singular en ese paraje tan
magnífico de la Sierra de Francia. Para entrar directamente en
harina, señor secretario de Estado, yo creo que ese subdelegado del
Gobierno debió de ser cesado en su momento y, si no lo fue, Izquierda
Unida le pide hoy formalmente su cese, porque su actuación es de
manual de lo que no se debe de hacer nunca, de cómo no se deben
utilizar nunca las fuerzas de seguridad para resolver un problema
menor que necesita de la persuasión política, del diálogo y la
negociación; un incidente absolutamente menor. Estamos hablando de un
pueblo que no quiere que, en aplicación de la Logse, sus hijos tengan
que desplazarse 30 kilómetros por una zona de curvas. A esa negativa
se unen los pueblos de Cepeda, Mogarraz, Villanueva del Conde y de
Garcibuey.
Nuestro grupo está de acuerdo en la aplicación de la Logse, pero
basta que un determinado pueblo entienda que su aplicación va a
suponer un trastorno para sus hijos, para que haga falta la
negociación, la persuasión y la discusión. Eso es tarea del Gobierno
y, en primer lugar, del Ministerio de Educación. Lo único que pedía
el APA del colegio Virgen de la Cuesta es sencillamente que el señor
Nasarre mandara un fax diciendo que estudiarían esa posibilidad de
emplazamiento de construcción de ese colegio en este lugar.
Efectivamente, retienen al inspector. Por cierto, lo retienen de una
manera muy singular, como se puede retener en un colegio público
entre madres y ancianos, tomando café y siempre con dos guardias
civiles a su lado. Fíjese usted la gravedad de los hechos, dieciocho
horas retenido. ¡Qué grave! ¡Qué barbaridad! A lo largo y después de
la transición hemos vivido acontecimientos, desde el punto de vista
del orden público, de negociación de carácter social y de conflictos
sociales, muy graves. Si en esos procesos se
hubiesen adoptado las medidas que el subdelegado del Gobierno adoptó
en Salamanca, le puedo asegurar que durante y después de la
transición hubiésemos vivido sucesos gravísimos. No ha estado en su
lugar, ha sido una actuación absolutamente desproporcionada: guardias
civiles con pasamontañas, con porras, irrumpiendo en un momento, a
las seis y cuarto de la mañana, donde no había nadie. Lo que el
subdelegado del Gobierno tenía que haber hecho era, sin ningún tipo
de soberbia, encabezar una solución negociada con el Ministerio de
Educación y no irrumpir, como elefante en una cacharrería, en un
colegio público donde había madres, ancianos y un funcionario
retenido. En el momento en que tuvimos noticia pedimos la
comparecencia con muchísima indignación, porque no hay derecho a esta
actuación, no hay ninguna justificación. Al día de hoy es peor que se
haya mantenido al frente a este subdelegado, que este subdelegado no
merece estar al frente de esa responsabilidad, porque si ha mandado a
los antidisturbios a un colegio público por un incidente menor, ¿qué
va a pasar cuando haya un problema de verdad? ¿Mandará al ejército, a
los carros de combate, a la aviación para resolver un problema
colectivo de una fábrica, una ocupación simbólica, una manifestación?
¿Esa es la proporcionalidad que va a adoptar el subdelegado del
Gobierno en Salamanca. No es de recibo. El subdelegado del Gobierno
provocó de una manera irresponsable ese desalojo cuando se podía
haber resuelto desde el punto de vista de la persuasión y la
negociación con ese fax del Ministerio de Educación convocando al
conjunto de los ayuntamientos a un diálogo, pero nunca por esta vía,
que es humillante. Los vecinos de Miranda del Castañar no se merecen
esa actuación ni tampoco se merecen ese subdelegado del Gobierno. Yo
estuve hablando con la máxima autoridad civil, el alcalde, quien me
manifestaba que, visto desde allí, entendían que habían sido ocupados
casi militarmente por la fuerza. En una retención de orden menor, en
donde jamás peligró la integridad física del inspector que estaba con
dos guardias civiles en el despacho, en donde las madres, los niños,
los ancianos discutían las distintas posibilidades de negociación, de
repente, a las seis y cuarto de la mañana, en una irrupción
absolutamente irresponsable, prevalece la fuerza. Señor secretario de
Estado, le ruego que el subdelegado del Gobierno en Salamanca no siga
por más tiempo al frente de esa responsabilidad debido a su actuación
y por lo que puede ocurrir cuando haya en Salamanca un problema de
verdad, pues creo que el uso desproporcionado de la fuerza nos puede
conducir a problemas muy serios. Para restituir al pueblo de Miranda
del Castañar esa cierta tranquilidad, para restituir lo que nunca se
debía haber producido, lo propio es cesar al señor subdelegado del
Gobierno en Salamanca por incompetente, por no saber utilizar las
fuerzas de seguridad y por no encabezar una solución negociada de
persuasión ante conflictos sociales de orden menor que siempre se
deben resolver por la vía del diálogo y nunca mediante la utilización
de la fuerza pública en una actuación en donde aparecían balas de
fogueo y agentes con la cara tapada como si estuvieran en una
operación antiterrorista o de narcotráfico ante un pueblo que es
pacífico, ante mujeres, ancianos y niños.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Me gustaría dejar sentado que la
extrema gravedad de los hechos llevó a mi grupo parlamentario, a la
mañana siguiente de aquel famoso jueves 18 de febrero a solicitar la
comparecencia del señor ministro de Interior. Aceptamos la presencia,
que saludo, del secretario de Estado de Seguridad, pero quiero
recordarle que el señor ministro de Interior, en una visita posterior
a aquellos hechos a Salamanca, amablemente se ofreció a responder a
nuestra petición, cosa que no ocurre. En todo caso, es un incidente
de carácter menor. Me hubiera gustado escuchar al menos -y comparto
los términos de la intervención del señor Meyer- alguna disculpa,
algún pequeño acto de contrición.
Señor secretario de Estado, yo soy diputado por la provincia de
Salamanca y nacido en un municipio a 30 kilómetros de Miranda del
Castañar, Béjar. Conozco desde hace muchos años el carácter de sus
gentes cordiales, abiertos, laboriosos, hospitalarios, gentes que
nunca se vieron involucradas en problema alguno más que, como en este
caso, por la defensa de lo que ellos consideraban que eran sus
legítimos intereses. Porque usted no ha relatado bien el origen del
conflicto, señor secretario de Estado. El origen del conflicto tiene
un solo responsable: su Gobierno, la irresponsabilidad del Ministerio
de Educación, y se lo puedo demostrar.
La planificación de ese centro de secundaria se estableció a partir
del desarrollo de la Logse, y en febrero del año 1996 la Dirección
Provincial de Educación -efectivamente, había entonces otro Gobierno,
pero usted conoce un principio básico, la sucesión de obligaciones-
decidió construir un centro de secundaria, que es un elemento básico
para el desarrollo educativo de esa zona, e indicó el lugar mas
idóneo para ello: Miranda del Castañar. Los técnicos del Ministerio
elaboraron un informe y estimaron oportuno que el centro, por razones
de carácter técnico de ubicación en la zona, debería estar en Miranda
del Castañar. Hace un año, en 1997, con un nuevo Gobierno, y nosotros
nos tememos que por razones de índole política, se cambia de decisión
ofreciendo a los interesados, padres de alumnos y ayuntamientos de la
zona un proceso de diálogo, y se les convoca -usted ha dicho que no
se pusieron de acuerdo, pero no es así, señor secretario de Estado- a
una reunión en el municipio de Sequeros el 20 de octubre, donde una
amplísima mayoría, no por unanimidad, cierto es, pero si más de un 70
por ciento de los convocados se inclina por que el centro de
enseñanza secundaria se ubique en Miranda del Castañar. A partir de
la respuesta del Ministerio, una respuesta que no fue además lineal
ni directa, que vino trufada de engaño, y lo digo con conocimiento de
causa, porque señor secretario de Estado, yo acompañé al alcalde y a
una comisión de padres de alumnos de esa zona a visitar al señor
Nasarre a finales del mes de enero del año 1998, y ¿sabe usted lo que
ocurrió? Mientras el señor secretario de Estado de Educación nos
ofrecía diálogo y reconsideración de la última decisión, yo había
recibido -y así se lo dije- una respuesta del Ministerio el día
anterior, por escrito, diciendo que se alteraban los términos del
lugar para ubicar el centro de enseñanza secundaria y se decidía que
se ubicara en otro municipio de la zona llamado La Alberca. De ahí
viene el origen de todas las movilizaciones, de la ausencia de
diálogo, del hecho de que aquella sociedad no sólo los
padres de alumnos y responsables institucionales de Miranda del
Castañar, y de la mayor parte de los municipios a quienes iba a
afectar la instalación del centro de secundaria, se sintió engañada
por la posición del Ministerio de Educación. Y llegamos así a la
noche del miércoles al jueves, 18- 19 de febrero, donde, como una
protesta más, efectivamente se retiene a un inspector, actitud que mi
grupo parlamentario y mi partido han rechazado siempre públicamente,
incluso allí mismo, en mi persona; han manifestado siempre un rechazo
total y frontal a ese tipo de actitudes. No obstante, he de decirle,
señor secretario de Estado, que, como indicaba antes el señor Meyer,
dicho inspector había trabajado en ese municipio y tenía contactos de
conocimiento y de amistad con muchos de sus vecinos. Efectivamente,
el inspector no sólo estuvo acompañado por dos guardias civiles, sino
por el segundo jefe de la 631 Comandancia y por quince miembros más
de la Guardia Civil que estaban en el local. A lo largo de este
conflicto alguien utilizó el término secuestro. No creo yo que sea
ese el término correcto, sino el de una retención indeseable y
rechazable, que fue respondida por una actuación fuera de toda
proporción y violenta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este
caso de la Guardia Civil, a quien por supuesto no culpamos de estos
hechos, pues culpamos directamente al subdelegado del Gobierno que,
como ha dicho el señor Meyer, con su incompetencia, ha puesto en
riesgo la tranquilidad social de esa comarca que aún hoy sigue
padeciendo serios enfrentamientos derivados de esta actuación de la
Guardia Civil ordenada por el subdelegado del Gobierno. Además, según
declaraciones del propio alcalde, el subdelegado engañó también a los
concentrados que retenían al inspector durante aquella noche, pues no
dio un solo aviso de la llegada de un número desproporcionado de
miembros de la Guardia Civil, según los vecinos más de cincuenta,
frente a las treinta y cinco personas que quedaban en el interior del
local a las seis de la mañana. ¡Fíjese usted qué dificultad! Cómo no
iba a durar tres minutos la acción, señor secretario de Estado, si
como estamos comprobando, era muy desproporcionado el número de
miembros de la Guardia Civil frente a los que estaban allí retenidos.
Se hizo con una extrema violencia. No sé si esta bala de fogueo es de
las que se cayeron fuera. Le digo a usted que no, me la ha entregado
a mí personalmente una de las madres de alumnos que estaban aquella
noche e el centro de Miranda del Castañar. Ésta (El señor Diputado
muestra un casquillo de bala a la Comisión), junto con pelotas de
goma. Y ahora le voy a relatar brevísimamente -espero que usted le dé
también cierta credibilidad la crónica que enviaba un corresponsal de
un diario de carácter nacional, El Mundo para ser más exactos: La
gravedad del incidente -dijo el subdelegado del Gobierno- no era tal
porque los heridos salieron por su propio pie. ¿Usted cree que un
subdelegado del Gobierno es competente para hacer esta afirmación?
¿Cómo tenían que haber salido los vecinos, señor secretario de
Estado, para que él hubiera considerado graves los hechos? Lograron
liberar al retenido un mínimo de veinticinco guardias civiles -lo
dice él; ya le digo que, según los datos que a mí me proporcionan los
allí reunidos, superaron los cincuenta-, cubiertos con pasamontañas,
portando porras y utilizando sus fusiles lanzapelotas en cuatro
minutos, dejando el centro escolar irreconocible
(como pude comprobar dos días después) y la consulta improvisada del
médico del pueblo a rebosar: doce heridos por contusiones y brechas
varias. Los vecinos -dijo el subdelegado del Gobierno-, lanzaron
sillas contra los agentes según la versión que nadie pudo atestiguar
en el lugar del suceso porque no fue cierta. Ha sido horrible. Pero
si sólo nos tenían que haber dicho que pensarían en nuestra propuesta
(contestaban los allí reunidos), por qué hemos tenido que padecer
este asalto. Y acaba la crónica diciendo: Tocad las campanas, después
de la entrada de la Guardia Civil, que viene un ejercito.
Señor secretario de Estado, la cadena de errores, de sinrazones que
provocó la decisión de su Gobierno y el comportamiento del
subdelegado me llevaron a pedir en nombre de mi partido la
destitución de ese funcionario, porque ahora es funcionario no es un
cargo político de acuerdo con la ley que ustedes elaboraron y que
aprobó mayoritariamente este Parlamento. Hoy me sumo a la petición
del señor Meyer. Efectivamente, no nos merecemos los salmantinos a un
subdelegado que tiene un comportamiento de esta naturaleza. Ha habido
miles de firmas en la provincia de Salamanca. En rechazo a la
actuación de aquella noche ordenada por el subdelegado del Gobierno.
Nosotros no queremos que se pronuncien frases como éstas: «Son unos
asesinos» -decían algunas de las madres-, «unos cobardes», dirigidas
a la Guardia Civil. Respetamos a la Guardia Civil y queremos que sea
un cuerpo que tenga una íntima comunión con aquellos a quienes está
destinada a proteger. No queremos que vuelvan a ocurrir estas cosas y
que la fractura social se mantenga hoy en la Sierra de Francia por el
comportamiento irresponsable del subdelegado del Gobierno.
Acabo diciendo que mi grupo parlamentario ha presentado una propuesta
que creo que es de diálogo para solucionar este conflicto y le insto
-ya sé que no es el área de su especialidad porque lo discutiremos la
semana próxima en esta misma Cámara en la Comisión de Educación y
Cultura- a resolver este problema. Hemos hecho un informe en el que
se demuestra que el coste económico permite establecer un centro de
secundaria con dos secciones: una en La Alberca, a quien no queremos
en modo alguno limitar sus derechos, y otra en Miranda del Castañar
lo cual salvaría las distancias geográficas y el hecho de que La
Alberca tiene una elevada altitud, con lo que el desplazamiento del
resto de los niños a ese municipio no sufriría riesgos materiales
constatables perfectamente durante el invierno. Con el diálogo, señor
secretario de Estado, lo conseguiremos. Es perfectamente plausible
hacerlo y le insto a ello porque, de verdad, en esa comarca sigue
habiendo una profunda indignación y habrá problemas en el futuro si
no conseguimos resolverlo mediante el diálogo. Proponga el cese del
subdelegado del Gobierno porque no se merece representar a su
Gobierno en la provincia de Salamanca.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Bermúdez de Castro Fernández.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quiero agradecer la
información que nos ha facilitado el secretario de Estado sobre los
graves hechos que acontecieron en la madrugada del pasado 19 de
febrero en Miranda del Castañar, Salamanca. Digo graves hechos -y
esta es mi primera reflexión- porque la intervención de la
unidad básica de la Guardia Civil se produce precisamente para
liberar a un inspector de educación, a un funcionario público
retenido contra su voluntad por autoridades locales y vecinos del
lugar. Ese sí fue un hecho grave que ha dado lugar a la apertura de
diligencias en el juzgado para determinar las responsabilidades
penales a que hubiera lugar. Como no lo han manifestado ninguno de
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tengo
que decir que hace pocos días se ha conocido que el fiscal jefe de
Salamanca ha solicitado para ese incidente menor para el alcalde y un
teniente de alcalde el ayuntamiento de Miranda del Castañar la pena
de un año de prisión por un delito de coacciones, además de una pena
de un año de inhabilitación para cargo público.
El secretario de Estado ha realizado un relato exhaustivo y casi
cronológico de los sucesos objeto de esta comparecencia. El
secretario de Estado ha demostrado siempre tener un talante abierto
en otras sesiones de control. Recuerdo la comparecencia de los
sucesos acaecidos en Villamartín de Don Sancho en la que nos
manifestaba que siempre era difícil determinar cuándo era
proporcionada o no la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Pues bien -y esta es mi segunda reflexión-, en este caso tanto la
necesidad de la intervención como la proporción, la eficacia y
rapidez de la misma, dadas las circunstancias, deberían estar fuera
de toda duda. Porque, señorías, no estamos ante la carga contra una
manifestación, estamos ante una intervención que se produce
consecuencia de la persistencia en la comisión de un presunto hecho
delictivo, después de ocho largas horas de diálogo y negociación
infructuosa para conseguir la liberación de un inspector retenido
contra su voluntad.
En este punto quiero manifestar que, por muy comprensible que pudiera
resultar desde el punto de vista humano la pretensión de unos padres
de familia de lograr que la implantación de un centro de enseñanza
secundaria obligatoria se ubique en la población donde residen y no
en otra, no es tolerable ni disculpable, ni legal ni políticamente,
que tales pretensiones deriven en hechos delictivos. En democracia el
uso legítimo de la fuerza sólo debe ser instrumento del Estado de
Derecho porque si admitiésemos lo contrario, que la fuerza puede ser
socialmente utilizada para la consecución de determinadas
pretensiones, fuesen o no justas -y en esto siempre entra el elemento
subjetivo-, no estaríamos sino negando la esencia misma del Estado de
Derecho y por tanto el eje básico sobre el que se asienta nuestro
sistema de convivencia; reflexión ésta que no pongo en duda comparten
el resto de los grupos parlamentarios.
Se ha dicho por algún portavoz que el origen del conflicto está en el
Gobierno y que ha habido ausencia de diálogo y engaños. Señor
Caldera, debería ser más prudente en sus manifestaciones. Querría
realizar algunas precisiones a lo que usted ha manifestado y que no
debería haber tenido cabida en esta comparecencia, porque no es
objeto de la misma y tendremos ocasión la semana que viene de debatir
sobre este asunto, pero puesto que usted lo ha hecho yo también voy a
realizar algunas precisiones.
Primero, esta sección de la enseñanza secundaria obligatoria en la
Sierra de Francia es una reivindicación antigua. Desde finales de los
años ochenta, los municipios de la comarca vienen reclamando la
creación...
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro, comprendo que debí
advertir al señor Caldera y llamarle a la cuestión, pero teniendo en
cuenta el orden del día si S.S. ahora continúa con algo que está
fuera del objeto de esta comparecencia, que se sustanciará en la
Comisión de Educación que con mayor amplitud y abundancia, lo que
hacemos es alargar innecesariamente este punto del orden del día.
Comprendo que S.S. tiene la cortesía de referirse al tema introducido
por el señor Caldera, pero la razón política de esta comparecencia
está en extenderse más sobre su objeto. Por otra parte, le voy a
pedir al secretario de Estado con la llamada a la cuestión que no
haga referencia alguna a este tema.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Con toda brevedad, señor
presidente, cuando menos deseo que quede constancia en acta, en
nombre de mi grupo parlamentario, de que no compartimos en absoluto
lo manifestado en relación al proceso previo que, según él, ha dado
origen al conflicto llevado a cabo por el Ministerio de Educación y
Cultura y que, a nuestro juicio, el Ministerio de Educación y Cultura
ha encauzado en origen este tema por la vía del dialogo, como quedará
demostrado la próxima semana.
Para ser breve, a la vista de lo expuesto por el secretario de
Estado, nuestro grupo considera: primero, que la actuación del
subdelegado del Gobierno fue prudente y diligente, adoptando -prueba
de su talante desde el inicio- una posición dialogante, intentando
conseguir la liberación del inspector por el diálogo y la
negociación, que se prolongó -no lo olvidemos- por espacio de más de
ocho horas, pretendiendo agotar todas las vías posibles que evitaran
la intervención de la unidad de la Guardia Civil que, por lo
relatado, se hizo finalmente necesaria. Segundo, que nuestro
ordenamiento jurídico no sólo no ampara sino que reprocha las
actuaciones llevadas a cabo presuntamente por autoridades locales y
algunos vecinos del lugar, por lo que el subdelegado y la Guardia
Civil, en aras a proteger los más elementales derechos de la persona,
en este caso tenían la obligación legal de intervenir. Y tercero, que
los medios utilizados fueron los adecuados; que la intervención fue
rápida, eficaz y con la violencia mínima e imprescindible, dadas las
circunstancias del caso, como lo prueba además que fueron seis los
guardias civiles contusionados y sólo tres los vecinos, todos ellos
de carácter leve. De hecho -y ese es otro tema que tengo que poner de
manifiesto-, ha sido archivada la denuncia que en su momento fue
presentada contra la Guardia Civil por la juez que instruye el caso.
Quiero manifestar finalmente que, a nuestro juicio, la actuación de
la unidad de intervención de la Guardia Civil y del subdelegado no
merecen reproche alguno, más bien lo contrario. Como diputado
salmantino, deseo lamentar personal y profundamente lo ocurrido, con
la esperanza de que con la ayuda de todos los grupos políticos
podamos reconducir el conflicto para que hechos como los que hoy son
objeto de esta comparecencia no se vuelvan a repetir.
El señor PRESIDENTE: Con la advertencia que hacía de llamar a la
cuestión y de que no se desborde el ámbito de esta comparecencia para
sustanciar dentro de ella otra,
que además tendrá lógico debate en la Comisión de Educación y Cultura
en la fecha a la que incluso hacían referencia los intervinientes,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
presidente, quería centrar mi réplica en dos puntos fundamentales:
uno de ellos es el hecho claro, determinado y rechazado por el
representante del Partido Socialista de esa retención ilegal que se
produce. El otro punto que quería destacar, pero por indicación del
señor presidente no voy a hacerlo, es el dialogo al que se refería
también el representante del Grupo Socialista, porque ya se atisba
una solución a este conflicto. Tenemos siempre que buscar solución a
los conflictos y nunca por la fuerza llegar a esta situación.
Cuando queda tan claro que se ha producido una retención no querida
ni permitida, como es lógico, por el inspector de Educación, por
muchos que fueran sus contactos con Miranda del Castañar, por mucho
que fuera su afecto hacia los ciudadanos de aquella localidad, por
muy antigua que sea la plaza de toros, que probablemente compite en
antigüedad con la de Ronda y con otras muchas que se encuentran en
nuestra geografía, yo, señor presidente, sigo pensando que esas
actitudes, que esas retenciones nunca pueden anunciar nada bueno,
sino que, por el contrario, son el origen de crisis y de problemas.
Una vez que se produce el conflicto, una vez que existe esa retención
ilegal, ¿cuál tiene que ser la actitud de la Guardia Civil, cual
tiene que ser la actitud del subdelegado del Gobierno? ¿Esperar? Se
esperó durante 13, 14 ó 15 horas, y no se llegó a ninguna conclusión.
¿Cuanto tiempo más tenían que haber esperado? ¿Otras 10 horas más,
otras 24 horas más? No había límite, no se conseguía llegar a un
acuerdo. Señorías, la Guardia Civil no interviene más que cuando no
tiene más remedio. A nadie le gusta, ni al subdelegado del Gobierno y
mucho menos a la Guardia Civil, tener que intervenir de esa forma,
pues sabemos que puede haber un problema como la aparición de esa
munición que me enseñaba el señor Caldera, causando problemas muy
superiores a los que se podían haber resuelto con el diálogo previo.
Una vez que interviene y se produce esa retención, nosotros no
podemos sino apoyar a la Guardia Civil.
Consecuencias de la intervención. Tengo el parte de lesiones del
médico de la zona. Son lesiones mínimas, señorías. Hubiera sido mucho
mejor que no se produjeran, pero se producen porque antes se realiza
esa detención ilegal. Si los vecinos toman esa decisión, si tienen
retenido al inspector de Educación una serie de horas (vuelvo a decir
que en ese momento intervienen hablando y dialogando el director
provincial, el alcalde, el comandante de la Guardia Civil, el
subdelegado y el secretario general de Educación, señor Nasarre, una
y otra vez y durante muchas horas, pero no se llega a ningún
acuerdo), ¿que tenía que haber hecho la Guardia Civil, esperar de
forma indefinida? Creo que no es esa la solución.
Nuestro ordenamiento jurídico, señor presidente, no permite retener a
una persona, a un funcionario público en el desempeño de sus
funciones en contra de su voluntad. Ante tal situación, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad tienen obligación legal de intervenir. Esa
intervención se produce
tras de trece horas de secuestro y ocho horas de intento de dialogo y
de negociación. La intervención de la Guardia Civil fue rápida,
ponderada y ajustada a las circunstancias y, desde luego, con la
violencia mínima imprescindible para lograr el objetivo de liberar al
funcionario retenido. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Meyer, tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, sobre la petición que tanto
mi grupo como el del Partido Socialista le han formulado de cese del
subdelegado de Gobierno, tengo que desprender de su intervención que
no se va a aceptar. Lo único que le pido, señor secretario de Estado,
es que transmita al Gobierno que, si no le cesa, no se le ocurra
mandarle como embajador para negociar conflictos entre Israel y
Palestina o entre Bosnia-Herzegovina y Kosovo, porque con ese método,
no solamente no conseguiría resolver problemas con una negociación,
sino que dejaría incendiado Israel, Palestina y todo Bosnia-
Herzegovina. Le ruego que, al menos, no le suban en el escalafón y no
le manden a resolver con negociación zonas de conflicto.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, la indicación que S.S. hacía es una
manifestación de opinión política absolutamente pertinente en el
criterio de su grupo. A efectos de un pronunciamiento explícito y
expreso del Gobierno, una concreción implicaría el instrumento
legislativo de una proposición no de ley o, en su caso, una
interpelación seguida de moción. Lo demás es una opinión vertida por
S.S., que tampoco necesariamente tiene que contestar el secretario de
Estado.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor
presidente, deseo intervenir brevísimamente para agradecer la
iniciativa del señor Meyer y decirle que transmitiré su propuesta al
Gobierno y que hay otros candidatos para negociar estos conflictos.
Muchas gracias, señor Meyer.
- LA ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS ANTIDISTURBIOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO CONTRA LOS TRABAJADORES DE ASTILLEROS DE
SANTANDER, S.A. (ASTANDER) QUE PROTESTABAN POR LA RECONVERSIÓN DE
DICHA EMPRESA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/000733).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. El siguiente
punto es el que figura como número dos. Comparecencia del secretario
de Estado de Seguridad ante esta Comisión para dar cuenta de la
actuación de los grupos antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado contra los trabajadores de Astilleros de
Santander, S.A., que protestaban por la reconversión de dicha
empresa en los términos, naturalmente, en que se solicita y el
criterio del grupo proponente, Izquierda Unida.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá):
A continuación, si me permite el señor presidente, voy a realizar una
exposición de los hechos ocurridos el día 12 de junio de 1997 en
Santander de acuerdo con la solicitud de comparecencia del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida para, y cito, dar cuenta de la
actuación de los grupos antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ante trabajadores de Astilleros de Santander que
protestaban por la reconversión de dicha empresa.
Señorías, habrá transcurrido ya más de un ano desde que sucedieron
los hechos que hoy motivan esta comparecencia. Creo que facilitará
nuestro trabajo si les expongo sucintamente los siguientes hechos. En
primer lugar, a las once y cuarto del día 12 de junio de 1997 grupos
de trabajadores de Astander intentaron utilizar las embarcaciones del
puerto para impedir el acceso del ferry Santander Primus. El servicio
marítimo de la Guardia Civil impidió el uso de esas embarcaciones y,
por tanto, el logro de ese objetivo por parte de los trabajadores de
la empresa. A las doce y veinte minutos 300 trabajadores se
concentraron progresivamente en las inmediaciones de la estación
marítima. A las doce y media los congregados comienzan a forzar la
valla del recinto portuario hasta derribarla y conseguir su acceso al
interior. Se trata de una verja metálica de 2,15 metros de altura
apoyada sobre una base de hormigón. Unos minutos más tarde, los
trabajadores, provistos de barras de metal arrancadas de la propia
valla portuaria y otros objetos arrojadizos, se introducen de modo
violento en el interior de la estación marítima. Los efectivos
policiales, ante el continuo uso de la fuerza por parte de los
trabajadores de Astander, inician el uso de los medios antidisturbios
con intención de hacer retroceder a los trabajadores. Un vehículo
zeta de la policía es arrojado al agua en aquel momento y la relación
de lesionados incluye a siete policías y cuatro trabajadores.
A lo expuesto quisiera añadir que sólo en situaciones extremas -y,
una vez más, insisto, sólo en situaciones extremas se debe llegar al
empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Creo sinceramente que todos
hubiéramos preferido que los planteamientos de los trabajadores de
Astander se hubieran producido de forma todavía más pacífica,
utilizando los cauces establecidos sin hacer precisa la intervención
policial para la defensa de personas y bienes que resultaban
atacadas. En este contexto me van a permitir que me pronuncie
afirmando una vez más que la actuación de la policía en este caso fue
correcta y proporcionada. Será conveniente evidenciar que, al no
haberse recibido ninguna comunicación en la Delegación del Gobierno
de las pretensiones de los trabajadores de Astander, no se podían
realizar previamente previsiones de despliegue policial. No obstante,
se fueron tomando en cada momento las medidas razonables y prudentes
para hacer frente a las imprevistas actuaciones que iban realizando
los referidos trabajadores.
En un primer momento el dispositivo dispuesto por la Jefatura
Superior de Policía consistía en una unidad policial
compuesta por 12 policías adscritos a la propia Jefatura que se
situaron en el interior del recinto portuario que se encontraba
debidamente vallado y cerrado. En esta situación, con 11 policías en
el interior del recinto y unos 300 manifestantes en el exterior, no
se apreciaba ninguna provocación de la Policía a los manifestantes ni
se daban condiciones numéricas para hacer nada. Sin embargo, hubo una
reacción súbita y violenta protagonizada por los trabajadores de
Astander, quienes, tras arrancar la valla metálica, provocaron la
intervención de los policías, que se vieron obligados a defenderse
personalmente y a tratar de evitar otros ataques a personas y bienes.
También es importante resaltar que los medios utilizados por los
efectivos policiales donde se desarrollaron estos incidentes fueron
los adecuados y se puede afirmar que, tras rigurosa información
interna, en ningún momento se dispararon postas, según ha aparecido
en algún medio de comunicación.
Hay todavía otro dato que quisiera exponer para que puedan hacer una
mejor valoración de los hechos y de las medidas adoptadas. Después de
la intervención de los 11 efectivos policiales antes mencionados,
sobre las 12,35 horas llegaron los vehículos de la IX Unidad de
Intervención Policial que se habían desplazado desde Oviedo a
requerimiento de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Fueron
recibidos con lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes y,
a pesar de ello, actuaron seguidamente de forma moderada, evitando
lanzar botes de humo y pelotas de goma. (El señor vicepresidente,
Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.)
Vuelvo a decir una vez más, y como conclusión, que siempre que se
produce una intervención policial es la última posibilidad, tiene que
ser siempre en último momento y siempre es de alguna forma un origen
de problemas posteriores. Por ello vuelvo a decir que nunca la fuerza
pública interviene porque sí, nunca la fuerza pública interviene
porque son partidarios de una determinada violencia, sino porque se
ven obligados por unas circunstancias efectivas. En este caso creo
que ha quedado suficientemente claro y ha sido patente -se ha visto
en los diferentes medios de comunicación- la violencia de la agresión
que sufrieron los cuerpos de seguridad -en este caso, el Cuerpo
Nacional de Policía- y evidentemente la proporcionalidad del medio
adecuado para repararlo. Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: El fondo de la cuestión de este incidente es
que, efectivamente, los trabajadores de Astander se oponían a que no
se cumpliera lo pactado por el plan estratégico, en relación con todo
el sector naval, y también se oponían, para defender su futuro y sus
puestos de trabajo, a la transformación de su centro, porque veían
que era el primer paso para su privatización de acuerdo con lo
propuesto por el ministro señor Piqué. Decían que si se producía la
transformación, ese puesto de trabajo peligrara. De hecho, en el año
1997 tuvo beneficios la empresa y en el año 1998, después de esa
decisión, tiene pérdidas. Ese
incumplimiento del plan estratégico es lo que les llevó a los
trabajadores a intentar hacer un acto simbólico de protesta.
Tengo que decirle, señor secretario de Estado, que en este caso
estamos otra vez ante una desproporción de medios ante un conflicto
social de carácter laboral. Lo que pretendían los trabajadores era un
acto simbólico. No convocaron manifestación, ni siquiera una
concentración (porque si hubiesen convocado manifestación y
concentración no hubiesen ido 300 personas), sino simplemente
arrojarse quince trabajadores al mar, un mar bastante frío, sabiendo
que iban a estar muy poco tiempo. Fue simplemente un acto simbólico
para intentar llamar la atención de lo que significaba el problema de
su centro de trabajo. De los 15 que iban a arrojarse al mar,
solamente siete lo hicieron e intentaron acercarse a la bocana del
puerto para interceptar el ferry. Hay que decir que el consignatario
del ferry es el señor Piñeiro, alcalde de Santander y miembro de su
partido. Tal vez lo importante era, molestar los intereses del señor
Piñeiro más que el problema que podía haber surgido de cinco personas
que se tiraron al agua, pasando mucho frío y deseando volver a
tierra. Ese es el origen del conflicto.
A partir de ese incidente, la Guardia Civil del Mar, con una lancha
rápida, intenta dar vueltas alrededor de los trabajadores en el agua.
En una ocasión, incluso, pasa la lancha por encima de uno de ellos.
El propio oficial que va al frente de la lancha se lleva un susto
tremendo y advierte al tripulante que casi se cargan al trabajador.
Estamos hablando de este tremendo conflicto de cinco personas en el
agua. En ese momento, cuando se empieza a rodear con lanchas rápidas
a los trabajadores, hay un grupo de trabajadores -200 ó 300- que se
aproximan a la verja de acceso al ferry y desde dentro de la verja un
miembro del Cuerpo Nacional de Policía parece que increpa a los
trabajadores y textualmente llega a decir: pasad si tenéis cojones.
En ese marco, en el que cuatro trabajadores que están en el agua son
rodeados y perseguidos por una lancha rápida de la Guardia Civil,
cuando se les increpa desde dentro de la verja lógicamente se produce
ese incidente; un incidente que pudo acabar en hechos gravísimos,
según las fotos que se hicieron de un policía nacional apuntando con
una pistola a un trabajador que le había arrebatado un fusil.
A partir de aquí, señor secretario de Estado, volvemos a reiterar lo
que en otras ocasiones le hemos dicho. Es un conflicto de carácter
social, y en este caso usted me dirá qué peligraba ¿los intereses del
señor Piñeiro, el alcalde de Santander, miembro de su partido,
concesionario del ferry? ¿Eso es lo que pone en marcha un mecanismo
que podía haber derivado en incidentes gravísimos? Creo que es una
desproporción total, por lo que reitero lo que le decía en el
anterior punto de la comparecencia. En un asunto de estas
características, un acto simbólico de 15 trabajadores que se tiran al
mar, lo que hay que hacer es procurar que no se ahoguen, y esperar a
que por la vía sindical o de la negociación, los trabajadores, en uso
de sus legítimos derechos, defiendan la aplicación del plan
estratégico que el Gobierno ha incumplido con esa pretensión del
señor Piqué de recaudación al límite, de privatizar y de poner en
peligro los puestos de trabajo. Por tanto, señor secretario de
Estado, hoy va de petición de dimisiones y de ceses. Le pedí el cese
del delegado del Gobierno en Salamanca, y ahora le
tengo que pedir también el cese del delegado del Gobierno en
Santander porque no están a la altura de las circunstancias. El día
que tengan problemas de verdad nos vamos a enterar, y ustedes los
primeros. Los trabajadores sólo pretendan hacer ese acto simbólico,
no peligraba nada, sólo sus vidas, a las que había que proteger y
defender, y a partir de esa actuación, todo lo demás es derivado de
una malísima actuación, absolutamente negativa, de las personas que
ordenaron y que llevaron adelante ese operativo.
Creo que deben tomar nota porque se van encadenando actuaciones de
este tipo, la de Salamanca, ésta y otras -tuvimos ocasión de pedir su
comparecencia para otras actuaciones similares-, que van dando un
perfil en la solución de los problemas sociales de un gobierno
absolutamente conservador y rancio a la hora de entender cómo se
deben resolver. El problema social, aquí y en cualquier parte de
Europa y del mundo, siempre se debe resolver prevaleciendo la
persuasión, la negociación, el diálogo y nunca con estas actuaciones.
Por tanto, la posición del Grupo de Izquierda Unida es pedir el cese
del delegado del Gobierno en Santander.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor secretario de Estado, por el
tiempo que dedica a esta Comisión en la mañana de hoy.
Lo que nos ha contado es correcto visto desde una ventana, pero el
día 25 de junio por la mañana nos reunimos con su ministro y no le
entregué el vídeo que habían hecho las televisiones, la española y
las de Cantabria, porque estaba el delegado del Gobierno y le contaba
todos los puntos de vista. Yo le voy a regalar el vídeo para que vea
lo que pasó ese día no sólo desde la ventana de la Delegación del
Gobierno, que está frente a donde se produjeron los acontecimientos,
sino también desde el mar, desde la actuación de la Guardia Civil,
con una zodiac en el mar, para que lo vea usted desde todos los
ángulos -posiblemente faltará alguno-, y así tenga una visión más
completa.
No quiero dedicar mucho tiempo porque nuestro grupo hizo una pregunta
al señor ministro del Interior el 25 de junio. En ella le decíamos
que lo que había pasado era injusto porque lo que pretendían los
trabajadores era llamar la atención frente al hecho de que el
ministro de Industria de nuestro Gobierno había cambiado
unilateralmente algo que tenía que ver con la reconversión del sector
naval en una reunión europea de ministros de industria, y eso restaba
expectativas, no sólo a los trabajadores de Astander, sino a un
número parecido de trabajadores de industrias similares. Es decir, la
causa está en una decisión del Ministerio de Industria. Los
trabajadores deciden hacer una llamada de atención, recurrir a ese
peso que tiene el mundo mediático para trasladar su problema y es la
Guardia Civil la que provoca esos incidentes, -como decía el diputado
de Izquierda Unida- al no permitir que siete trabajadores -sólo
siete, señor secretario de Estado-, que estaban nadando intentaron
que un barco comercial, el ferry, no entrara o lo hiciera un poco más
tarde. Por eso era injusta la actuación, era provocada,
era desproporcionada. Usted dice que no había cartuchos
o postas. Yo no digo nada. Lo cierto es que hubo media docena de
policías heridos, es decir se pegaron entre trabajadores y policías.
Yo en este caso quiero defender a ambos, a trabajadores y a policías.
En Valdecillas un trabajador estuvo varios días con una herida. Por
cierto, una de las cosas que quedan pendientes es la indemnización a
los trabajadores. Fue desproporcionada y sobre todo no fue
planificada porque había muy pocos policías. Cuando usted cuenta lo
de la valla, había ocho. ¿Por qué mandan a ocho policías cargar?
¿Dónde está ese mando de la Policía? ¿Por qué el de la Guardia Civil,
por otro lado, sin coordinar manda cargar con la zodiac? ¿Por qué el
delegado del Gobierno lo está viendo todo desde una ventana y no
resuelve? Aquí es donde me parece que hay un problema. La causa esta
en una decisión política del Ministerio de Industria, hay una
movilización y aparece un fenómeno que, fruto de una descoordinación,
se complica. Esto es mirar al pasado y contar desde otro prisma, no
negando que el suyo es correcto porque usted está contando lo que
pasó en tierra, pero todo empezó por una zodiac de la Guardia Civil
creando dificultad a siete nadadores, trabajadores de Astander que
pretendían evitar que entrase el ferry a la hora exacta. Por cierto,
señor diputado, la compañía no es del alcalde, sino del padre del
alcalde.
Mirando al futuro, señor secretario de Estado, quisiera decir cuatro
cosas. No siendo experta en estos temas, de vez en cuando leo lo que
está haciendo la subcomisión, los papeles que entregan los sindicatos
policiales y los mandos en esta subcomisión sobre Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y los cambios que hay que hacer. Leo las
estadísticas del Ministerio del Interior y veo que nosotros tenemos
4,7 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por
cada 1.000 habitantes, que la media europea es 4 y, mi comunidad
autónoma tiene 3,7 ó 3,8. Ha habido otros momentos en los que hemos
reflejado, en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que la comunidad de Cantabria esta por debajo de la media. No
sé si la solución final es más hombres y mujeres en la seguridad del
Estado o es un equilibrio entre inversiones y materiales adecuados.
Supongo que será lo segundo. Todos los hombres y mujeres que sean
necesarios y si puede que haya un equilibrio entre las comunidades
autónomas y a la vez renovación de medios. Yo sé que ustedes están
preocupados por ese tema, todo el país debemos estar preocupados por
que haya más medios modernos, tecnología al servicio de estos
servidores del Estado.
Primera reflexión: la comunidad autónoma de la que yo soy diputada
tiene menos números de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que
la media española, y eso se nota. Por eso tuvieron que venir mis
paisanos de Asturias, que llegaron tarde porque se pararon en
Unquera, donde hay un caté muy rico y unas corbatas de hojaldre que
se mojan de forma maravillosa. Por ellos mismos sé que pararon
a tomar el «bocata», e hicieron bien. Forma parte de sus jornadas
laborales, y por eso llegaron un poco tarde los geos de Asturias.
Primera reflexión que guarda relación con esa subcomisión de esta
Comisión de Justicia e Interior.
La segunda ya la ha mencionado usted y los compañeros de mi grupo y de
otros. El esfuerzo de su Secretaría de
Estado debe ser conseguir una coordinación entre las diferentes
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No podemos permitir
situaciones como la de los mandos de la Guardia Civil, por un lado,
los mandos de la Policía, por otro, y posiblemente el mando Civil en
el territorio no sé lo que estaba haciendo. Hay que coordinar estas
actuaciones para evitar efectos negativos.
En tercer lugar, señor Fluxá, nuestros mandos y nuestro oficiales de
seguridad del Estado tienen que saber a dónde van, tienen que estar
bien informados; por eso, en parte reivindicaba que estuvieran en el
territorio, que no tuvieran que venir de otro lugar. Tienen que
conocer cuando van a una manifestación qué es lo que pasa y por qué
se convoca, y posiblemente la actuación también sería distinta. Sí se
sabe que los trabajadores, señor Fluxá -lo verá en el vídeo-,
intentaron decir que estuvieran con ellos porque lo que querían era
llamar la atención. Oirá hasta esas voces en este vídeo.
La Policía y la Guardia Civil tienen que saber ante qué
acontecimientos están. En España queremos que esa policía profundice
en la democracia, -todos aprendemos a ser cada día más demócratas- y
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que estar
informadas para actuar adecuadamente.
En cuarto lugar, lo que queda es que, los recursos que se han
presentado por las personas heridas resuelvan lo más rápido posible
con las indemnizaciones que les correspondan.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Popular,
tienen la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Agradeciendo nuevamente la información que
nos traslada el secretario de Estado de la Seguridad sobre los
incidentes ocurridos con los trabajadores de Astander, me gustaría
resaltar que estos incidentes son de una gravedad que a mí sí me
parece desproporcionada.
Las notas que he tomado arrojan los siguientes datos: Once policías
frente a trescientos manifestantes, se destrozó la verja que rodea la
zona portuaria y se armaron de barras y otros objetos contundentes,
arrojaron un vehículo policial al agua, y el parte de la enfermería
señala siete policías lesionados frente a cuatro trabajadores también
lesionados. Sin embargo, se nos habla de provocación. Resulta difícil
comprender el uso de este término ante los hechos que ocurrieron el
día 12 de junio de 1997 en el puerto de Santander.
Me parece que es absolutamente desproporcionado hablar de provocación
cuando son once efectivos policiales los que se tuvieron que
enfrentar a trescientos manifestantes provistos de armas contundentes
que habían arrancado de la verja, para lo cual tuvieron que
destrozarla. ¿Por qué había solamente once policías en aquel momento
frente a los trescientos manifestantes? Lo ha dicho el secretario de
Estado de Seguridad, y por eso no comprendo que la señora Fernández
se haga esa pregunta. Simplemente porque no se había comunicado a la
autoridad competente que se iban a desarrollar este tipo de
manifestaciones. Lo lógico y lo deseable habría sido que se hubiera
comunicado a fin de tomar las disposiciones oportunas.
En esta comparecencia que sustancia el secretario de Estado de
Seguridad y las intervenciones que se han producido, a mí me llama la
atención poderosamente una circunstancia. Se habla de actos
simbólicos. Especialmente el señor Meyer habla de actos simbólicos y
la señora Fernández habla de llamar la atención para referirse al
mismo tema. ¿Los actos simbólicos consisten en arrojar vehículos
policiales al agua? ¿Los actos simbólicos consisten en arrancar
verjas para armarse de barras metálicas con que poder agredir a las
fuerzas de seguridad? ¿Los actos simbólicos consisten en amenazar a
la Policía? La verdad, no pueden calificarse de actos simbólicos.
Causa preocupación pensar que quien considera estos hechos como actos
simbólicos no sé qué calificación o qué contenido le dará a los actos
reales de fuerza en defensa de hipotéticos derechos.
Vamos a hablar claramente. Aquí no se produjeron actos simbólicos de
ningún tipo. Fueron desórdenes públicos en toda regla y la Policía
tuvo que actuar para restablecer el orden público. En ese sentido, la
actuación de la Policía fue absolutamente proporcionada a los medios
de que disponía y conforme a la legalidad.
Para terminar, señor presidente, no quiero alargar el orden del día
que tenemos bastante cargado, coincido con la señora Fernández en que
tenemos que mejorar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, tenemos que dotarlas de mejor organización y de mejores
medios y para eso se creó la subcomisión que estudia este problema,
en la que una participación tan activa tienen todos los grupos, y,
permítanme decirlo, por pertenecer a él, el Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más que agradecer la información al secretario de Estado y
coincidir con él en que no ha habido desproporción sino una actuación
proporcionada y ajustada a la legalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para contestar a las
intervenciones, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Quiero
agradecer, en primer lugar, el tono y las manifestaciones que se han
producido en relación con este incidente, y voy a intentar contestar
puntualmente a muchas de las cuestiones que se han planteado.
En primer lugar, el tema de la desproporción de los medios. Es
difícil, vuelvo a decir, saber cuándo esos medios son proporcionados
o no, y la violencia que se produce nunca es querida. Quiero decir a
doña Matilde Fernández que agradezco la entrega de ese vídeo, me
comprometo a verlo, y, además, me comprometo también a iniciar una
investigación si la actuación de la Guardia Civil fue
desproporcionada, porque una de mis obligaciones como secretario de
Estado es esa coordinación a la que se refiere, pero también hay otra
obligación, que yo intento llevarla a cabo siempre, que es la defensa
de las libertades por encima de todo. Si la libertad de los
trabajadores ha sido conculcada en la legítima y lógica
manifestación, yo le aseguro que se tomarán las medidas oportunas
para que no se vuelva a producir un acto de estas características.
Hay una serie de puntos que se han suscitado que sí me gustaría
comentar. Hay un punto importante, que se refiere a la presencia de
la Policía en Cantabria, esa proporción de 4,7 ó 3,8 en el caso de
Cantabria. España tiene, por desgracia, el problema del terrorismo, y
esa es la única justificación que de alguna forma apoya ese
porcentaje, que muchas veces nos parece excesivo comparado con otros
países de nuestro entorno y con los problemas de seguridad similares
al nuestro.
Yo creo que la subcomisión que estudia el modelo policial nos va a
ayudar mucho a ese diseño final el cual tengan que convivir, como
antes decía cuando me refería al SVA, una serie de policías, una
serie de sistemas complicados.
Cantabria, quitando esa proximidad que de alguna forma tiene al País
Vasco, es una comunidad tranquila, es una comunidad en la que si se
hace abstracción de algunos incidentes como estos que se han
producido en Astander, en los acontecimientos de Reinosa, también
particularmente dolorosos, no tiene un problema de incidencia de
seguridad ciudadana serio. Por tanto, en Cantabria no reside el mismo
número de fuerzas que en Asturias, que es una comunidad más
conflictiva. Eso explica -tiene toda la razón dona Matilde Fernández-
que vinieran de Asturias, que no conocieran el medio. Lo peor que
puede pasar a una fuerza de seguridad, es no conocer el medio donde
está actuando.
Puedo decir que se han producido algunos otros incidentes durante
nuestro mandato. Recuerdo unos que fueron particularmente complicados
en Navarra. Unas fuerzas tuvieron que venir de fuera, no conocían la
zona donde estaban actuando y tuvimos un incidente francamente serio.
Hay una razón en esto evidentemente, pero también tenemos que ver la
violencia de la agresión que se produce. Como bien decía el
representante del Grupo Popular, hay un coche zeta, que es
precipitado al mar, por lo tanto, digamos que hay un lado de
agresividad bastante crecido por parte de los trabajadores de
Astander. A lo mejor era una agresividad motivada por la actuación de
la Guardia Civil en ese vídeo, que le aseguro que voy a ver. No lo
descarto, porque siempre que se inicia una actuación de este tipo
nunca se sabe cómo va a acabar.
Hay otro tema también importante. Había un desconocimiento por parte
de la Delegación del Gobierno de estos hechos, porque no se habían
comunicado, porque no se trataba ni siquiera de una manifestación, ni
de una concentración, es decir, era un acto espontáneo, y lo más
peligroso que puede haber, después de dos años y medio al frente de
la seguridad del Estado en este país, es esa espontaneidad porque
evita tomar las medidas previas.
Le voy a dar nada más que un detalle. En Navarra, desde hace dos años
y medio, no hay ningún incidente en las manifestaciones que convoca
Herri Batasuna, y en el tema de tribus urbanas, como luego veremos,
de cierta forma la violencia callejera se está encauzando. ¿Por qué?
Simplemente porque se sabe y se pone la suficiente fuerza pública
para que no se produzcan esos incidentes.
Estoy convencido que si el delegado del Gobierno en Cantabria hubiera
sabido que se iba a producir una manifestación o concentración, o
cualquier otra forma de actuación por parte de los trabajadores de
Astander, habría pedido con anterioridad esa fuerza y hubieran ido de
Oviedo,
de Madrid o de otro lugar de nuestra geografía a fin de tomar las
medidas previas. Cuando existen esas medidas previas es raro que se
produzcan incidentes. Los problemas aparecen siempre cuando existe
esa espontaneidad por parte de los manifestantes y esa imprevisión
frente a la espontaneidad por parte de los que se manifiestan.
Espero que esos acontecimientos no se produzcan más, aunque debo
decir que por desgracia se seguirán produciendo muchas veces, porque
siempre habrá ese deseo lógico, legitimo, normal de manifestarse, de
realizar ese tipo de actuaciones. Por otra parte, una vez que se han
producido y la fuerza pública comienza a actuar es muy difícil saber
cuál va a ser el último resultado, la conclusión final de esta
actuación.
- SITUACIÓN EN LA VIGILANCIA, CONTROL Y PERSECUCIÓN DE LA VIOLENCIA
URBANA Y, EN ESPECIAL, DE LAS LLAMADAS TRIBUS URBANAS. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/001242).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos a continuación
al cuarto punto del orden del día: Comparecencia del secretario de
Estado de Seguridad ante la Comisión de Justicia e Interior, para
informar acerca de la situación en la vigilancia, control y
persecución de la violencia urbana y, en especial, de las llamadas
tribus urbanas.
Para una intervención inicial, tiene la palabra el secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO (Martí Fluxá): Respondo, con mucho
gusto, a esta petición de información del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con la violencia urbana, en general, y
especialmente la derivada de la actuación de tribus urbanas.
Permítame, señor presidente, que comience mi intervención, también en
esta ocasión, apuntando algunas de las principales medidas que
conforman la política de prevención y persecución de la violencia
urbana, para posteriormente centrarme de manera más especifica en el
fenómeno de las denominadas tribus, en las características
principales del mismo y en la actuación policial que se lleva a cabo
al respecto.
Por lo que respecta a la violencia urbana en general, el Gobierno y,
en concreto, el Ministerio del Interior, la impulsado y continúa
impulsando una serie de medidas que persiguen, como fin último y
común a todas ellas, el dotar a nuestra sociedad, dentro del respeto
a los principios de legalidad propios de nuestro Estado democrático
de Derecho, de una serie de instrumentos que contribuyan a lograr una
mayor eficacia en la prevención y control de los actos violentos en
nuestras calles. En este sentido, en primer lugar, desde el punto de
vista de las iniciativas legislativas, quiero recordar la aprobación
y entrada en vigor de la Ley Orgánica Reguladora de la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos. Una ley que sirve directamente a ese objetivo de prevención
y control de la violencia urbana, garantizando al mismo tiempo el
libre ejercicio de los derechos y libertades
públicas, sin que el mismo pueda verse mermado por un exceso de celo
en la defensa de la seguridad pública.
La grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento al
amparo de esta ley por parte de los cuerpos policiales, constituye un
instrumento de la mayor utilidad en la protección de los bienes y las
personas ante actos de violencia en espacios públicos. En segundo
lugar, y ya concretamente desde el Ministerio del Interior, se ha
puesto en marcha, con una excelente acogida inicial, un proyecto como
es el de la Policía de proximidad, que, contribuye también a prevenir
la aparición de actuaciones violentas en nuestras calles. Un servicio
policial como este, al margen del efecto disuasorio que lleva
aparejado para los violentos, permite, desde su cercano contacto con
lo que acontece en las calles, un profundo conocimiento de problemas
como el que nos ocupa, a la par que sirve como fundamental fuente de
información destinada a las unidades que específicamente se dedican
al problema de la violencia y las tribus urbanas.
Pero, además, ante un problema como este no cabe duda que adquiere
una especial relevancia el papel de la propia sociedad civil y de la
colaboración ciudadana. Conscientes de ello, al margen de tareas
estrictamente formativas, educativas o de concienciación que
corresponderían a otros departamentos ministeriales, el Ministerio
del Interior ha fomentado y desarrolla una política de estrecha
colaboración con una serie de interlocutores de la sociedad civil,
asociaciones de vecinos, ONG, que nos permiten conocer de manera
directa la realidad de este fenómeno y las demandas de los
ciudadanos. Dicha política de comunicación es constatable a través de
foros institucionalizados, como es fundamentalmente el Consejo de
Seguridad Ciudadana, que se realiza también de manera regular y por
cauces más informales.
Por tanto, como digo existe una política de prevención, de control y
de persecución de la violencia urbana que abarca medidas de tipo
legal, policial e incluso social de la que quería apuntarles algunos
instrumentos relevantes y que constituye una de las principales
tareas del departamento ministerial que represento.
Atendiendo más concretamente a lo planteado por el Grupo
Parlamentario Socialista, querría centrarme de manera más concreta en
lo que es el fenómeno de las tribus urbanas. Para centrar la
cuestión, me permitirán que brevemente trace algunas pinceladas de lo
que son y suponen las tribus urbanas para posteriormente hacer
referencia a la acción policial al respecto .
Al hablar de tribus urbanas no cabe duda de que bajo esa denominación
se incluyen grupos de muy diferentes ideologías, que tienen como nexo
común la utilización en mayor o menor grado de la violencia callejera
como modo de darse a conocer y hacerse notar en nuestra sociedad.
Existen los llamados ultras, moods heavies, rockers, etcétera, pero
entre todos ellos, los que sin duda se han manifestado con un mayor
grado de violencia son los denominados skin head. Pero, a su vez,
dentro de esos skin head, se engloban grupos que van, desde la
defensa de una ideología de tipo anarquista, basada principalmente en
una lucha que ellos denominan antifascista o antirracista, a una
ideología de carácter nazi con postulados fascistas y racistas. Es
decir, que tenemos todo el amplísimo espectro ideológico
en este tipo de grupos. En todo caso, los expertos coinciden a la
hora de señalar que todo su componente ideológico, sus emblemas y su
simbología responden más a un afán de mera individualización de cada
grupo que a un auténtico sustrato ideológico documentado, meditado y
asimilado. Dicho de manera esquemática, los expertos señalan como
principales características de estos grupos las siguientes: En primer
lugar, se trata siempre de personas muy jóvenes y que actúan en grupo
y nunca individualmente. En segundo lugar, esos grupos aparecen
frecuentemente ligados a fenómenos deportivos de masas, especialmente
el fútbol, y con un fuerte componente mimético, recibiendo
influencias de fenómenos extranjeros como el de los hooligans
británicos y los tifosis italianos. En tercer lugar, no están unidos
a organizaciones políticas estables, ni precisan de un soporte
económico permanente y organizado, en cuanto que realizan actos
puntuales sin conexión, ni directrices, ni una auténtica base
organizativa. En cuarto lugar, su modo de expresión y autoafirmación
se basa en la confrontación y violencia esporádica, con la
consiguiente alarma social que ambos aspectos generan.
En este punto, quiero hacer una distinción muy clara de lo que puede
suceder con la violencia urbana en el País Vasco y con las
características específicas que puede tener ese tipo de
manifestaciones en zonas como Guipúzcoa, Vizcaya, fundamentalmente, y
en Navarra, aunque, como les decía antes, en Navarra es un fenómeno
que tiende a estar encauzado desde hace dos años y medio
aproximadamente. En ese caso de violencia urbana la actuación de
Jarrai no tiene ninguna de estas características a las que antes me
he referido. Están unidas a una organización política, persiguen un
fin muy concreto, tienen un soporte económico permanente y organizado
y realizan una serie de actuaciones que tienen una conexión clara y
unas directrices claras y responden a una base organizativa
indudable.
De cualquier forma y hecha esta precisión, ante este fenómeno que
reúne unas características fundamentales en el resto de España, las
líneas de lo que constituye la política de prevención y control de
las actividades delictivas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado serían una serie de actuaciones varias que voy a
centrar y voy a resumir fundamentalmente en lo que se refiere a las
ciudades de Madrid y Barcelona, ya que es en estas ciudades en las
que con clara diferencia tienen una mayor incidencia y repercusión.
Hay otras ciudades como Valencia, Sevilla o Málaga en las que estas
tribus han hecho acto de presencia a menor escala, y puedo afirmar
que el seguimiento y el control policial ha permitido mantener
estable e incluso reducir el número de sus acciones violentas. Como
digo, señorías, es en Madrid y en Barcelona donde la cuestión
adquiere una dimensión realmente significativa.
En primer lugar y desde 1993, funcionan unidades policiales
específicas en el Cuerpo Nacional de Policía para prevenir, controlar
y perseguir las acciones delictivas cometidas por estos grupos. Estas
unidades están integradas en las brigadas provinciales de
información. Igualmente, en Madrid y desde 1993, existe el grupo de
tribus urbanas. Las características e importancia que venía
adquiriendo este fenómeno aconsejaron su creación entonces y puedo
decir a SS.SS. que los resultados han sido francamente positivos.
Este grupo venía analizando e investigando
todas las denuncias de hechos delictivos que se presentan en Madrid,
cuyos autores se presume que pueden pertenecer a alguna tribu urbana.
Mediante el tratamiento de esta información se ha conseguido
delimitar los diferentes grupos que conforman el complejo mundo de
estas tribus, lo que la permitido conocer su configuración, formas de
actuación, interconexiones entre grupos, formas de vestir, centros de
reunión, diferencias ideológicas, etcétera. Funciona igualmente en
Madrid un dispositivo especial denominado prevención de la violencia
tribus urbanas con el objeto inmediato de evitar, y en su caso
intervenir, ante cualquier tipo de incidente violento originado por
algunos de los integrantes de estos grupos o asociaciones. Para
darles un ejemplo, en Madrid, en 1995, el número de agresiones
atribuidas a tribus se elevó a 192, en 1996 este dato descendió a 158
y en 1997 a 82. Quiero matizar que el mayor numero de agresiones del
conjunto de tribus se atribuye a los skin heads que son 149, 94 y 50,
respectivamente, en los años señalados. Por otro lado, y en lo que se
refiere a las detenciones, en los mismos períodos se elevaron a 204,
175 y 251, e igualmente el mayor número corresponde a este grupo que
ya he citado varias veces de los skin heads.
Por lo que respecta a Barcelona, al igual que en Madrid, funciona un
grupo policial de tribus urbanas cuyas actuaciones responden en
líneas generales a las mismas directrices a las que me he referido al
hablar de la capital de España. Sin embargo, en Barcelona existe una
serie de referencias que sí querría hacer sobre una serie de grupos
puntuales y específicos en los que se localiza la mayor parte del
trabajo policial. En ese aspecto, está la Plataforma de la Unidad de
Acción, que aparece a finales del año 1995, están también los grupos
okupas, se encuentran los Maulets, los skin heads, que también tienen
su actuación, y otra serie grupos de diversa tendencia radical y
violenta. La Jefatura Superior de Policía de Barcelona constituyó
desde la aparición de estos grupos una unidad policial especializada
en el seguimiento y evolución de los mismos.
Señorías, para finalizar mi intervención, quiero formular una serie
de conclusiones respecto al fenómeno de las tribus urbanas, con las
que quiero trasladar una sensación de cierta tranquilidad y sosiego,
ya que estamos ante un problema perfectamente estudiado y controlado
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como he señalado, la influencia de las tribus adquiere cierta
relevancia, únicamente en Madrid y Barcelona -si hacemos esa
consideración aparte del País Vasco- con algunas ramificaciones en
algunas localidades cercanas a las dos ciudades citadas. En segundo
lugar, la alarma social que generan se ha debido en ocasiones más a
un peculiar tratamiento de la cuestión por una serie de
circunstancias puntuales que a una incidencia realmente significativa
en los índices de seguridad. En tercer lugar, el conocimiento del
fenómeno derivado de las actuaciones policiales permite establecer
los planes preventivos necesarios, siendo controlados por la Policía
los diferentes grupos, las zonas que frecuentan, sus lugares de
esparcimiento y los acontecimientos deportivos y musicales a los que
suelen acudir. En cuarto lugar, las unidades policiales de
información y seguridad ciudadana colaboran y vigilan estrechamente a
personas y grupos que pueden suscitar animadversión y actitudes
violentas por parte de personas pertenecientes a tribus urbanas.
Por último, policialmente se presta especial atención a los sistemas
organizativos de estos grupos, a sus conexiones nacionales e
internacionales, a la difusión de su propaganda y doctrina y a
cualquier intento de actuación de nuevos grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El grupo que ha
presentado la iniciativa es el Grupo Socialista. Por tanto, le damos
la palabra a don Javier Sáenz Cosculluela.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Le expreso también al señor secretario de
Estado mi agradecimiento por la atención que ha prestado a esta
iniciativa del Grupo Socialista. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Desde luego le puedo anticipar que la petición de
comparecencia no tiene el objeto ni de pedir dimisiones ni de forzar
el análisis de estas cuestiones de una manera agresiva, buscando el
desgaste, más bien busco estimular el celo de las autoridades del
Ministerio de Interior, es la única intención y espero ser
consecuente con ella.
Comparto desde el principio, para excluir ya un tema de discusión,
las afirmaciones que el señor secretario de Estado la lecho de las
particularidades de la violencia urbana en la Comunidad Autónoma
vasca. Es verdad que allí tiene otras características a las que no me
he referido en el escrito de solicitud de comparecencia; por tanto,
no haré ningún comentario más sobre esa materia. De todas maneras,
creo, señor secretario de Estado, que a veces en un intento, que
desde luego no puedo criticar, de tranquilizar a la opinión pública y
disminuir la alarma social, las autoridades del Ministerio de
Interior quitan importancia a veces al fenómeno de la violencia
urbana. No niego que puede ser con una rectitud de intención, pero a
veces da la impresión de que se baja el listón de la valoración con
esa intención, pero me parece que no es objetiva del todo.
Refiriéndome a Madrid, que es la ciudad que mejor conozco, pero
seguramente podríamos extender estas consideraciones a Barcelona,-
estoy de acuerdo en que las dos grandes capitales son las que
concentran más este problema-, son muy frecuentes los ataques de
estas bandas, por lo general de ideología neonazi. Las Bases
Autónomas, que no ha mencionado el señor secretario de Estado, habría
que contabilizarlas en estos grupos. Recuerdo muchísimos
acontecimientos de estos, el metro de Atocha hace poco, ayer leíamos
en el periódico el ataque a dos inmigrantes. En fin, es frecuente
este tipo de violencia; bastante frecuente si se tiene en cuenta que
la sociedad española aspira a tener un tipo de convivencia urbana no
inquietada por esta violencia. En términos estadísticos se puede
decir que hay más o menos acontecimientos, pero, ciertamente, la
alarma social se ha producido porque desgraciadamente son más
frecuentes de lo que una visión puramente estadística nos permitiera
concluir.
Quiero también decirle, señor secretario de Estado, desde el
principio, para que no haya lugar a dudas sobre la orientación de
esta petición de comparecencia, que yo aprecio preocupación y
sensibilidad por esta cuestión que comporta la defensa de las
libertades en la Delegación del Gobierno de Madrid. Por tanto, no
tengo reproches de
fondo que formular. Y tengo que aceptar que hay una brigada especial
para seguir las tribus urbanas, hasta ahí coincido con las
explicaciones del señor Martí Fluxá, pero a pesar de todo hay que
expresar la preocupación y hay que reflexionar.
Señor Martí Fluxá, le debo decir que hay muchas agresiones que no
culminan con una denuncia ni en el juzgado ni en la comisaría de
policía. Y la razón es la siguiente, el temor, el temor de los padres
de menores que se ven agredidos por estas bandas y que no quieren las
complicaciones que temen se pueden producir como consecuencia de la
denuncia y de la aparición de la dirección y del nombre de los
agredidos en unas diligencias. Por tanto, hay más agresiones de las
que salen en los periódicos y más de las que la estadística policial
presenta. Esto es rigurosamente cierto y bastante incontestable.
Personalmente he tenido que acudir a un instituto a solicitar a un
alumno y a sus padres que presentasen una denuncia por una agresión y
los tres intentos culminaron con el fracaso. La razón que me dieron
esos padres fue precisamente la que acabo de expresar: no quieren
denunciar. Esto hay que tenerlo en cuenta.
El destinatario de la violencia puede ser cualquiera, es cierto, pero
fundamentalmente lo es toda aquella persona que, por su forma de
vestir o por su actitud refleja un estilo que no coincide con la
mentalidad bastante bestial de estos grupos. Llevar el pelo largo,
llevar pendiente, ir vestido de una determinada manera, ser
inmigrante, tener aspecto de marroquí o ser un mendigo es motivo
suficiente para ser agredido por estos animales de bellota, si me
permiten la expresión.
Yo creo que no es suficiente decir basta, en primer lugar porque a
las autoridades políticas del Ministerio del Interior no necesitamos
decirles que digan basta, esto está claro. Se trata solamente de
saber si hacemos todo lo que es posible y razonable, dados los
medios; si hacemos todo lo que es conveniente y posible, dados lo
medios. Mi opinión personal, señor Martí Fluxá, es que no somos los
medios necesarios y suficientes operativos y de información.
Probablemente, tampoco tenemos la coordinación adecuada o la
colaboración necesaria de las autoridades locales y territoriales.
Desgraciadamente, el problema de las policías locales es un problema
sin resolver. Sigue habiendo una especialización en el tráfico urbano
y una cierta desatención de los problemas de seguridad, esto lo
sabemos todo, y éste es otro elemento a tener en cuenta en la
Comisión de Seguridad Ciudadana. Se trata de saber si el Gobierno
puede incrementar todas estas medidas. Yo, personalmente, he estado
en la brigada a la que ha aludido S.S. y desde luego no tengo queja
alguna ni de su actitud ni de su disposición y tampoco tengo
elementos de juicio para poner en duda su capacidad profesional. Lo
que sí he visto es una escasez de medios bastante lamentable. Con los
medios y recursos de que disponen, ciertamente se puede hacer poco,
y debo añadir que no me han expresado quejas en este sentido, es mi
apreciación personal; no llegaron ni siquiera a plantearme esta pre
ocupación por la falta de medios.
Voy a ir terminando, señor secretario de Estado, pero quiero añadir
algo a lo que usted mismo ha aludido. ¿Qué ayudas directas o
indirectas pueden tener todos estos grupos? ¿De qué actitudes de
inhibición se, benefician las bandas neonazis similares? No voy a
entrar a discutir su ideología,
que en todo caso es violenta, antidemocrática, totalitaria
e incívica, pero no queda más remedio que llegar a algunos elementos
que se han puesto de manifiesto. Y así llegamos al fútbol, así
llegamos a los estadios, señor secretario de Estado, y aquí sí que
hay que hacer algún tipo de reproche.
Es verdad, como se ha dicho, y yo no tengo ningún inconveniente en
decirlo aunque quede transcrito en el «Diario de Sesiones», que al
frente del fútbol español, seguido por millones de personas, un
deporte al que es aficionada gran parte de la población, no se
encuentran precisamente las personas más ejemplares de la sociedad
española. Hablo en términos globales y puedo admitir cualquier tipo
de excepción, pero lo que está al frente del fútbol español es
ciertamente merecedor de un juicio de valor. ¿Está dispuesto el
Gobierno a confirmar lo que todo el mundo sabe, y es que estas bandas
a las que venimos aludiendo captan integrantes, se reúnen, se agrupan
y se ponen de acuerdo en el ámbito de los estadios de fútbol?
¿Estamos dispuestos afirmar lo que todo el mundo sabe, y es que hay
apoyo de algunos directivos del fútbol profesional español? Ahora que
el Gobierno tiene tanto interés por el carácter básico de interés
general del fútbol quizá haya que pedir un convenio internacional, en
el ámbito de la Unión Europea con la República Federal de Alemania
para que se hagan más partidos en ese país, porque está claro que
cuando estas bandas van a ver algún partido a Alemania no pasan la
frontera. En cuanto les ven los signos distintivos los mandan a su
casa otra vez. A lo mejor sería bueno hacer más partidos en Alemania
de la Liga española, quién sabe. ¿Qué poderosa razón impide abordar y
exigir la responsabilidad de algunos? Del fútbol profesional español
sale dinero, y esto hay que abordarlo, señor secretario de Estado.
Yo, insisto, sólo pretendo estimular su celo y no cargar en la cuenta
del debe del Gobierno ni una sola anotación, pero algo tendremos que
hacer. Hay que actuar en todos los frentes. Es verdad que son unos
pocos miles los violentos, seguramente, pero la situación no va a
mejorar por sí sola.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Cosculluela, le ruego concluya.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Termino ya, señor presidente.
No creo que sea necesario usar el Código Penal en el caso de esta
financiación indirecta, pero solamente le añadiré algo más. La
democracia es tolerancia, señor secretario de Estado, pero, al menos
desde mi punto de vista, la democracia no supone ni debilidad ni
mansedumbre, y frente actos violentos hay que reaccionar todavía
mejor. Esto es lo que quería señalarle. El Gobierno puede hacer más
cosas. No le formulo la más mínima crítica a lo que han hecho. Sólo
le digo que se pueden hacer más cosas, que estas brigadas policiales
deben tener mas medios, y si hay causas sociales que fomentan este
fenómeno hay que abordarlas también, aunque sea impopular.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa). Por el
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad, señor presidente.
Yo celebro la iniciativa del Grupo Socialista de traer a la Cámara el
problema en general de la violencia urbana, especialmente ese intento
de ir organizando la intolerancia entre los jóvenes, que coincido con
el portavoz socialista en que, efectivamente, al día de hoy es un
problema en cierta medida controlado, salvo excepciones, pero, por
experiencia histórica y por el entorno europeo en el que nos movemos,
deberíamos de estar todos muy atentos, porque lo que hoy es un
problema controlado, si no se ponen los medios suficientes y si no se
investiga con bastante rigor, realmente se puede convertir en un
problema serio.
El intento de organizar la intolerancia entre jóvenes se utiliza por
muchos medios: a través de la xenofobia, a través de los espectáculos
deportivos, como ha señalado el portavoz socialista, financiando a
grupos ultras, llevando y organizando publicaciones que se reparten
incluso en centros docentes, es decir, hay un intento de organizar la
intolerancia, con distintas siglas, pero que siempre apuntan a un
objetivo final. Generalmente, son organizaciones xenófobas, racistas,
neonazis, fascistas, totalitarias, y alguna de ellas tienen
conexiones internacionales, a las que habría que estar atentos. Por
tanto, todo ese intento de autoorganización de la intolerancia sí que
requeriría -por parte del Ministerio ya se esta haciendo- que todas
las fuerzas políticas democráticas prestásemos atención a algo que
hoy no es un problema grave pero que lo puede ser si no se ponen los
medios y las vías para atajar cualquier intento de generalizar o de
llegar a una mayor organización del conjunto de estas bandas urbanas.
Yo creo que a partir de esta comparecencia, con los compromisos que
usted pueda adquirir o con lo que nos pueda informar o complementar,
el conjunto de los grupos, en colaboración con el Ministerio del
Interior, deberíamos de estar muy atentos para atajar cualquier
intento de aumentar más la organización, especialmente, como ha
señalado el portavoz socialista, esa financiación que puede derivar
de algunos clubes de fútbol, puesto que, al final, son los culpables
de situaciones absolutamente desagradables, como fue la de incidente
de la plaza de Cibeles, en la que una manifestación de júbilo por el
triunfo de un acontecimiento deportivo derivó por unos bárbaros en un
verdadero saqueo de dicha plaza.
Termino como empecé agradeciendo la iniciativa del Grupo Socialista
por lo oportuno de la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
Ruego a SS.SS. brevedad, puesto que quedan todavía dos puntos de la
comparecencia y ya está el jefe del Servicio Ejecutivo del Blanqueo
de Capitales del Banco de España esperando. Rogaría a SS.SS. que
agilizaran en lo posible sus intervenciones.
El señor GIL LÁZARO: En primer lugar, quiero saludar, como es
natural, la presencia del secretario de Estado en este inicio del
nuevo curso parlamentario. Si nosotros inicialmente nos
congratulábamos con plena sinceridad, de esta iniciativa del Grupo
Socialista, hoy, después de haber
escuchado a su portavoz, no solamente nos congratulamos, sino que
queremos felicitar al Grupo Socialista y a su portavoz por el
planteamiento hecho de la cuestión. Yo creo que esta iniciativa nos
ha permitido hoy, precisamente al inicio del curso político, retomar
una reflexión sobre un problema que preocupa al conjunto de la
sociedad y en el que estamos sin lugar a dudas todos juntos
comprometidos en una misma tarea. Insisto en que quiero agradecer al
Grupo Socialista el planteamiento de la cuestión. También quiero
agradecer el coraje y la honestidad intelectual y política de la que
ha hecho gala su portavoz, en nombre de su grupo, y esa especial
apreciación de preocupación y de sensibilidad que ha reconocido en la
Delegación del Gobierno en Madrid, que es lo mismo que decir en el
Ministerio de Interior, en el conjunto del Gobierno, frente a este
fenómeno. Estamos absolutamente seguros -y felicitamos por ello al
Grupo Socialista- de que en el planteamiento de esta comparecencia no
subyacía sino esa intención de estimular el celo, a la que ha hecho
referencia el señor Sáenz Cosculluela, en orden, insisto, a un
problema que es de todos, un problema que preocupa al conjunto de la
sociedad y que, como se ha visto esta mañana, solamente puede
abordarse desde el mayor grado de colaboración y de consenso posible
entre las diversas administraciones; de colaboración y de consenso
básico entre los grupos políticos, como se acreditó en la ejemplar
discusión que hubo en esta Cámara, en el esfuerzo de todos los grupos
por acercar posiciones y por integrar un texto que fuera garantista y
que a todos nos reconociera como fue el proyecto de ley de
videovigilancia; consenso y colaboración como se ha acreditado en el
ámbito profesional de la Policía con ocasión de la puesta en práctica
del proyecto de policía de proximidad; y consenso y colaboración
entre la Administración policial, entre el Ministerio de Interior y
el conjunto de los movimientos cívicos asociativos en orden a la
prevención y control de este fenómeno, porque como ha señalado con
absoluto acierto el señor Sáenz Cosculluela, una forma esencial de
combatir este fenómeno es precisamente corrigiendo esa sensación de
temor que pueda existir en un momento determinado entre las víctimas
para dar una respuesta jurídica a la agresión que han sufrido.
En definitiva, hoy el señor secretario de Estado nos ha dicho que
prevención, persecución y control de la violencia, cooperación y
coordinación entre las diversas administraciones y entre
administraciones y sociedad y, desde luego, consenso, diálogo y
acuerdo básico entre los grupos políticos son los cimientos sobre los
que se está desarrollando un buen trabajo que hay que profundizar, un
buen planteamiento desde la óptica policial, a través de esos
instrumentos de la información y de la especialización en el trabajo
policial, pero no olvidamos -y lo apuntamos hoy también aquí- que la
lucha contra este fenómeno de la violencia urbana no solamente se
puede vertebrar desde el ámbito policial; obliga también a una óptica
multidisciplinar, en donde son necesarias medidas educativas y
medidas de reforma social que también deben comprometernos a todos.
Quiero suscribir y dejar fuera de la cuestión el análisis que ha
hecho el señor secretario de Estado en relación a lo que representa
en el País Vasco el fenómeno de la violencia urbana a través de
Jarrai.
Yo creo que hoy de esta ejemplar sesión, en la medida en que se ha
visto que hay una voluntad de trabajo en común de todos los grupos
con la Administración, sin perjuicio, como es natural, del ejercicio
de la crítica por parte de cualquiera debe salir esencialmente un
mensaje tranquilizador a la sociedad, sin restar importancia al
fenómeno, pero tampoco, como muy bien se ha hecho hoy aquí, sin
intentar magnificarlo, sabiendo que solamente una agresión -y por
desgracia se producen esas agresiones- es ya reprobable y exige del
esfuerzo de todos. Se está trabajando bien. El fenómeno violento no
va en incremento, está localizado, pero eso no debe llevar a ningún
genero de conformismo. Se trata de hacer más efectivo el control
sobre esos elementos violentos, especialmente skin heads. Insisto en
que lo dicho no comporta conformismo ni relajación, sino un
permanente nivel de autoexigencia por parte de todos, todos juntos
trabajando en el tono constructivo del que se ha hecho gala.
Finalmente, insisto en una idea a la que han hecho referencia los
portavoces del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, y que este
grupo parlamentario suscribe en su integridad. Combatir la violencia
urbana es combatir la intolerancia y es combatir una forma repugnante
de fascismo. Por eso estoy convencido de que en esa tarea, como se ha
acreditado en esta mañana, estamos todos juntos desde la
responsabilidad, desde el sentido común y desde la permanente
autoexigencia. Y termino de la misma forma que empecé Si en el
momento en que esta solicitud de comparecencia se presentó por el
Grupo Socialista nos autofelicitamos, en la medida en que permitía
abrir este debate en el comienzo del curso político, hoy, en el tono,
en la forma y en el planteamiento en que lo ha presentado el Grupo
Socialista, creemos que permite, de una manera seria y rigurosa,
abrir ese trabajo en común, y por ello felicitamos la Grupo
Socialista y a su portavoz.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, con mucha brevedad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Con la
máxima brevedad posible, simplemente quiero puntualizar algunas de
las cuestiones que se han suscitado.
Evidentemente, los grupos violentos, los grupos de tribus mas
numerosos son los skin heads que, como he dicho, tienen una
incidencia más importante en estos sucesos que ocurren en nuestras
ciudades y que evidentemente tienen una ideología neonazi que es
absolutamente reprobable.
Hay otro punto también importante que me gustaría destacar y en el
que quisiera insistir un poco, y es esa idea de policía de
proximidad, de policía comunitaria, una forma de ir acercando más el
policía a la sociedad, que es un intento que ya se ha llevado a cabo
en otras ocasiones. De hecho, ayer estuve en Hospitalet de Llobregat
donde el alcalde viene desarrollando desde hace mucho tiempo esa idea
de policía comunitaria. En este momento vamos a aplicarlo a una serie
de ciudades de España. Yo creo que aunque no sea la panacea
universal, de alguna forma va a ayudarnos a tener una mayor
información sobre estas tribus.
Se preguntaba el señor Sáenz Cosculluela si hacemos todo lo que es
posible. Creo que sí, pero siempre podemos avanzar más para hacer una
sociedad más segura y más libre, en la que no existan esos ataques
absolutamente reprobables y repugnantes, como pueden ser los de estos
grupos, que también -estoy de acuerdo con el señor Sáenz Cosculluela
muchas veces no se denuncian por miedo. Hay que vencer ese miedo, y
un camino para lograrlo evidentemente sera esa proximidad del policía
al ciudadano.
Por último, y muy brevemente, voy a hacer una referencia a la
violencia en el deporte. Evidentemente es un problema importante y
que debemos enfocar con la máxima fortaleza y firmeza y no permitir
que, amparados en el deporte, puedan existir actitudes fascistas y
totalitarias, que además algunas veces incluso pueden llegar a venir
encubiertas de un barniz de deportividad o de política, que no es
nada más que un mínimo barniz cuando detrás de todo ello existe una
actitud que desafía cualquier tipo de acción y de pensamiento
democrático. Yo le puedo decir que el Ministerio no sé si hace lo
suficiente sobre la violencia en el deporte, pero las multas que me
ha tocado imponer como secretario de Estado de Seguridad han sido
bastante importantes, y aquellas personas, esos grupos ultras que
actúan de una manera delictiva son detenidos en España como son
detenidos en Alemania. Probablemente podemos colaborar entre todos
los países europeos para intentar erradicar esos grupos. Existen esos
contactos que ya vienen produciéndose desde hace muchos anos. Yo creo
que en ese aspecto podemos ir avanzando más. De cualquier forma, y
quiero terminar mi intervención con las mismas palabras que decía el
señor Sáenz Cosculluela, la democracia es tolerancia evidentemente
nunca puede ser debilidad, y nuestro límite será siempre la actitud y
la actuación de estos grupos racistas o totalitarios que no quieren
mas que subvertir y atacar la democracia.
- LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LAS 52 DETENCIONES PRACTICADAS A JÓVENES
OKUPAS CUANDO SE MANIFESTABAN EN EL BARRIO DE MALASAÑA DE MADRID EL
DÍA 20 DE MARZO DE 1998. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/001304).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la
comparecencia del secretario de Estado para informar de la actuación
policial en las 52 detenciones practicadas a jóvenes okupas cuando se
manifestaban en el barrio de Malasaña de Madrid el día 20 de marzo de
1998.
En primer lugar, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Me toca
ahora informar sobre la actuación policial llevada a cabo en la tarde
noche del 20 de marzo de 1998 y primeras horas de la mañana del día
siguiente, con ocasión de la manifestación, no comunicada y de
carácter violento, ocurrida en el barrio de Malasaña de Madrid. Como
SS.SS. seguramente recordarán la manifestación del día 20 de marzo de
1998 estuvo motivada por los últimos desalojos de okupas en las
calles Eraso, Salamanca
y Valverde, todas ellas de Madrid. Estos desalojos no pudieron ser
llevados a efecto en su totalidad como consecuencia de la fuerte
oposición que tuvo la comisión judicial encargada de hacerlos
efectivos.
Por informaciones recibidas, el Cuerpo Nacional de Policía tenía
conocimiento de que colectivos relacionados con el movimiento okupa
iban a celebrar una manifestación en la plaza del Dos de Mayo el día
20 de marzo de 1998. Por tal motivo se estableció un dispositivo
policial de prevención ante la actuación violenta constatada en otras
ocasiones por parte de estos colectivos. Quiero sobre todo dejar
claro ante SS.SS. desde un primer momento que la actuación de los
miembros del cuerpo de la Policía Nacional fue en todo momento
proporcionada al tipo de hechos violentos que se produjeron y en todo
caso necesaria, me atrevería a decir incluso imprescindible.
En efecto, sobre las nueve y cuarto del día 20 de marzo aparecieron
en la plaza del Dos de Mayo de Madrid unas 300 personas, gran parte
de las cuáles iban encapuchadas, con pasamontañas y prendas
similares. Dichas personas coreaban las consignas habituales contra
los desalojos y comenzaron a abastecerse de material arrojadizo,
piedras y botellas principalmente, que recojan en contenedores
cercanos y que estaban en la calle como consecuencia de las numerosas
obras que se realizan en el barrio. Desde los primeros momentos las
aproximadamente 300 personas se manifestaron de forma violenta
volcando contenedores de basura, prendiendo fuego a algunos de ellos,
cruzando vehículos aparcados en la zona, destrozando mobiliario
urbano y lanzando piedras y botellas contra todo lo que consideraban
contrario a sus ideas. Desde el inicio se pudo observar en sus
movimientos una perfecta sincronización, evitando salir a las vías
principales, calles de Fuencarral, San Bernardo y Gran Vía,
conocedores de las dificultades de despliegue de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado por las estrechas calles del barrio,
con numerosos vehículos estacionados y obras que limitan sus
movimientos.
La unidad del Cuerpo Nacional de Policía que intervino actuó
directamente contra el grupo mediante salvas logrando encauzarlos
hacia la Gran Vía, donde otros efectivos policiales esperaban, y
realizaron las primeras detenciones. Veinte alborotadores fueron
detenidos en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de
Transportes en el que pretendían huir tras ser separados
selectivamente del resto de los viajeros. El grupo principal se
fracciono en otros más pequeños de quince o veinte individuos. Desde
la experiencia policial puede afirmarse que esos grupos actuaron de
forma coordinada lo cual induce a pensar en una estrategia
previamente diseñada y en todo caso en un comportamiento dirigido.
Cuatro de estos pequeños grupos se trasladaron a la zona de Barceló,
concretamente a la calle San Joaquín, donde se organizó una auténtica
guerrilla urbana con lanzamiento de cócteles molotov, botellas y
piedras, al tiempo que se quemaron contenedores y cruzaron vehículos
estacionados.
El lanzamiento de objetos lo realizaban de forma indiscriminada tanto
a los efectivos policiales como a transeúntes creando un clima de
auténtica intranquilidad, de forma que en caso de resultar ciudadanos
lesionados, pudiera ser achacada la agresión sin otras
consideraciones a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunas de estas agresiones y
lanzamientos fueron dirigidos directamente contra periodistas que se
encontraban en el lugar cubriendo la información. Algunos de estos
periodistas asumían un gran riesgo de sufrir la acción tanto de los
manifestantes como de los efectivos policiales, que empleándose de
manera firme en tratar de mantener el orden actuaron con
contundencia, sin poder distinguir lógicamente de forma clara a los
violentos de los periodistas que se mezclaban entre ellos sin llevar
distintivos de su profesión.
Los efectivos policiales, señor presidente, tuvieron que emplear
material lacrimógeno en algunos momentos ante la gran violencia
ejercida por grupos de jóvenes. Por este medio se sellaban las
entradas a las plazas del Dos de Mayo y de Barceló, en esta última
además se pretendía proteger la salida de unos 600 jóvenes que se
divertían pacíficamente en una sala de fiestas cercana y que la
estaban abandonando alrededor de las once horas. La violencia
callejera, la actuación policial para restablecer la normalidad y las
detenciones de los autores directos de los disturbios se sucedieron
hasta alrededor de la media noche aproximadamente, restableciéndose a
partir de ahí la calma y volviendo la normalidad a las calles.
Como consecuencia de estos hechos resultaron heridos ocho policías,
siete de ellos leves y uno con lesiones de mayor importancia al
sufrir la fisura del radio de un brazo como consecuencia del impacto
de una botella.
Como ya he señalado la acción policial tuvo su base en los
antecedentes violentos de las manifestaciones de este tipo que se han
venido produciendo tanto en Madrid como en el resto de España y en
cumplimiento de las funciones y obligaciones que asigna a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad la legislación vigente con el fin de
salvaguardar la seguridad pública y en defensa de las personas y
bienes atacados.
Señorías, creo que la actuación violenta de los grupos de okupas
quedó más que constatada por los reportajes gráficos que aparecieron
en la prensa escrita y por las imágenes difundidas por los medios
audiovisuales. La actuación policial tuvo que ser contundente en
algunos momentos y siempre en última instancia, con el fin de
contrarrestar las situaciones de mayor violencia. Sin embargo, y como
es habitual, se evitó en todo momento la acción indiscriminada
seleccionando cuidadosamente los grupos y personas que ejercían mayor
violencia y manteniendo al margen a cualquier persona ajena a los
incidentes, a pesar de los intentos por parte de algunos de los
manifestantes de implicar a otros jóvenes que se encontraban en la
calle y en los centros de diversión.
Señorías, todos los detenidos, que fueron 57, fueron informados de
sus derechos en el momento de la detención y posteriormente en el
centro policial a tenor de lo establecido en el artículo 520 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, levantándose la correspondiente acta.
Esta diligencia inicial se dilató en el tiempo debido a que se
realizó con referencia a 57 personas. No obstante, la comunicación al
Colegio de Abogados se llevo a cabo con la máxima premura y se dio
prioridad a los cinco menores que se presentaron en comisaría, a los
cuáles, como es lógico, se les dispensó un trato preferencial siendo
entregados a sus padres sin dilación. El procedimiento estuvo en todo
momento
tutelado por la autoridad judicial, a quien se remitieron
posteriormente las diligencias instruidas. Dos de los detenidos
solicitaron el procedimiento de habeas corpus, que fue denegado por
el juez competente.
En definitiva, señor presidente, creo que podemos afirmar que la
actuación policial fue en todo caso proporcionada con respecto a la
violencia empleada por los grupos de okupas, respetuosa, como viene
siendo habitual, con los cauces y procedimientos legales, y, por
último, estuvo plenamente justificada por los acontecimientos de
violencia desmesurada e irracional que se produjeron.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia
tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Creo que habría que hacer una reflexión
previa, señor secretario de Estado, que no es la primera vez que la
hacemos en relación con el movimiento okupa, y es que para Izquierda
Unida la ocupación de un edificio que está claramente en el tiempo
desocupado es desde el punto de vista incluso constitucional
legítima, siempre y cuando no se produzca violencia; es decir en el
momento en que aparece la violencia lógicamente esa legitimidad se
pierde. Esa reflexión que hemos venido haciendo desde Izquierda Unida
afortunadamente ya se sostiene incluso con un auto judicial emitido
desde un juzgado en Cataluña a raíz de las ocupaciones allí, en donde
un juez en sentencia viene a afirmar que efectivamente una ocupación
es legítima siempre y cuando se den determinadas bases, en primer
lugar, que el edificio no está ocupado en el tiempo y que no se
produzcan daños ni violencia.
Desde ese punto de vista y desde la legitimidad que nos da incluso
esa propia sentencia, indudablemente para evitar conflictos de estas
características, desde el Legislativo deberíamos intentar poner en
marcha toda una serie de mecanismos que hicieran muy difícil la
desocupación de inmuebles, a través de impuestos locales que gravaran
los edificios no ocupados, instando a los propietarios a dar
alternativas claras de uso a esos edificios; en definitiva, resolver
por esta vía lo que desde nuestro punto de vista es una verdadera
inmoralidad, y es que haya personas que sean propietarios de
edificios, con los problemas que tenemos de viviendas, de espacios
públicos y demás, y no les den una salida.
A partir de esta reflexión, que creo que cada vez va a cobrar
-espero- mayor fuerza y legitimidad social, estamos ante este
conflicto de Malasaña, que tiene en origen un desalojo, pero
indudablemente la respuesta al desalojo siempre es utilizada por
violentos -en la anterior comparecencia hemos hablado de esto- que se
infiltran y se mezclan con personas que tienen una posición legítima
a la hora de esa ocupación y pretenden llevar ese conflicto por la
vía de la violencia. Es lo que ocurrió en este caso en Madrid en este
día en Malasaña, donde efectivamente es posible que jóvenes violentos
intentaran, sobre la base de una acción legítima, llegar a un
conflicto de orden público y llevar la violencia a las calles de
Madrid.
De toda esta actuación y del propio relato de hechos que ha
explicado, lo que me más me preocupa son esas dos actuaciones en la
Gran Vía y en la calle Barceló, porque testimonios de personas que no
tenían nada que ver con esas
manifestaciones, venían a decir que la Policía se llevaba todo por
delante. Creo que ahí había que tener un extremo cuidado a la hora de
las actuaciones policiales para seleccionar y para no meter en una
acción policial de estas características a personas que están
paseando o en una terraza tomando un café o lo que fuere. Tanto en la
actuación de la Gran Vía como en la de la calle Barceló, por estos
testimonios se puede deducir que pagaron justos por pecadores, y no
se supo seleccionar a la hora de su intervención.
Otra cuestión que me preocupa -y es una pregunta que le quería hacer-
son las denuncias que formularon parte de los 52 detenidos,
especialmente unos 30, que fueron trasladados esposados a las 21,30
horas a la comisaría de la calle de la Luna. Los testimonios que han
aportado a la titular del juzgado de instrucción número 38 es que
estos jóvenes estuvieron toda la noche de pie en una celda de 4 por 4
metros -eran unos 30 jóvenes, como ya he dicho-, que se les negó ir
al servicio, que se les negó agua, que se les puso el aire
acondicionado al máximo, que no se les facilitaron mantas y que les
apagaban y encendían las luces. A mí me gustaría que lo pudiera
contrastar e informar la Secretaría de Estado, porque las actuaciones
policiales y la custodia de los detenidos se debe de hacer siempre
con absoluto respeto al propio detenido. Como estamos hablando además
de jóvenes e incluso de menores de edad, me parece que en estas
actuaciones se debe ser especialmente cuidadoso y, por supuesto,
poner a disposición de la Justicia los mecanismos legales para que
ésta después pueda derivar todas las responsabilidades a que haya
lugar.
Por tanto, señor secretario de Estado -y voy terminando-, creo que en
esa actuación que siempre se produce alrededor de un desalojo tiene
que buscarse la solución no desde el punto de vista del Ministerio
del Interior, sino, como bien dice el auto de este juez catalán,
intentando que la legitimidad de la ocupación por va legal se pueda
resolver, lo cual solucionaría cantidad de conflictos de este tipo y,
en segundo lugar, habría que distinguir lo que es el movimiento okupa
de cualquier organización que, al hilo de esa legitimidad, intente
buscar el desorden callejero, la violencia, la intolerancia o la
imposición.
En cuanto a esas acciones puntuales a las que me refiero (la de la
Gran Vía, la de la calle Barceló y el paso por la comisaria de la
calle de la Luna) me gustaría que en su réplica me pudiera aclarar
estos aspectos que desde nuestro punto de vista no están nada claros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Sáenz Cosculluela.
El señor SÁENZ COSCULLUELA: Señor presidente, señor secretario de
Estado, tomo brevemente la palabra para ofrecerle tres reflexiones.
La primera, recordando una reflexión que ha hecho doña Matilde
Fernández, la Policía debe procurar, siempre que sea posible, tener
en cuenta frente a qué fenómeno social se encuentra a la hora de una
acción policial. Es evidente que ese elemento de información debe ser
significativo, pues la Policía no tiene por qué actuar como si fuera
una entidad autómata. El fenómeno social subyacente a una acción
policial debería ser tenido en cuenta por los mandos policiales,
porque ello permitiría hacer modulaciones.
En todo caso, quiero decirle que si yo, desde luego, sin desearlo,
fuera el secretario de Estado de Seguridad diría a mis colegas del
Gobierno: si yo tengo que guardar el orden, no me pongan a un sector
social en el disparadero. La obligación del Ministerio del Interior
es reaccionar frente a un hecho de desorden, a una acción no
protegida por la ley, pero es cierto también que, a veces, ponemos en
el disparadero social a algunos colectivos, y eso, reconociendo de
antemano que no todo el monte es orégano en el movimiento okupa. Lo
sabemos y, por tanto, no vamos a dar una visión angelical del
movimiento okupa. Pero es cierto también, señorías, que este concepto
propio de los romanos sobre la propiedad que tienen algunos lleva a
situaciones sociales que los propios tribunales están interpretando
de una manera razonable, en mi opinión. Cuando un propietario no
cumple con sus obligaciones urbanísticas en un solar, es expropiado;
pero cuando un propietario de un local susceptible de ser vivienda no
cumple la función social, se aparta de los contenidos sociales de la
propiedad, no recibe el trato correlativo; esto explica, a veces, la
radicalización de ciertos movimientos sociales que en su origen o en
su inicio tienen una legitimidad difícilmente discutible. Estoy
convencido de que cualquiera de los señores diputados que estamos en
esta sala, si tuviéramos el trance vital de no saber dónde vivir,
probablemente nos hagamos okupas; yo, desde luego, no tendría la
menor duda, si con ello no violento el orden, no ejerzo la violencia.
Este fenómeno social es el que hay que tener en cuenta, porque, a
veces, la Policía se tiene que encontrar con situaciones previamente
generadas en otros ámbitos, pero basadas en el viejo concepto de la
propiedad, del ius utendi, pruendi et abutendi, y punto, y esto hay
que tenerlo en cuenta.
No voy a enjuiciar la labor policial de ese día; no tengo elementos
de juicio para poner en duda lo que ha manifestado el señor
secretario de Estado, pero si le digo que, a veces, las autoridades
deberían reclamar de sus colegas saber a qué fenómeno social
subyacente se enfrentan cuando tienen que ordenar una acción
policial. Porque el fenómeno social, es obvio, existe y tiene cierta
legitimidad al menos, y hay ciertos elementos de comprensión que no
alcanzan al comportamiento violento de unos manifestantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, después de escuchar las
explicaciones del señor secretario de Estado, este grupo se ha
quedado satisfecho de lo que ha relatado en su exposición, no
solamente por la pormenorización de las actuaciones de la Policía en
su momento, sino por ese relato exhaustivo de las circunstancias que
acontecieron, precisamente esas actuaciones posteriores. Estamos
observando con preocupación la actuación de un fenómeno social que en
nada favorece la convivencia pacífica de la ciudadanía, y tampoco
creo que estemos en esta Comisión en el debate de la legitimidad de
los grupos llamados okupas. Estamos en esta Comisión para solicitar,
en todo caso a través de la secretaría de Estado, una explicación
sobre los acontecimientos que sucedieron el día en concreto y cual
fue la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que, por cierto, y después de lo relatado por el secretario de
Estado y por otras informaciones, estuvieron perfectamente ajustadas
no solamente a Derecho sino a la proporcionalidad de los
acontecimientos que se produjeron en aquel momento. No me atrevería a
manifestar que una situación, promovida precisamente al día siguiente
de una desocupación o desalojo de unas viviendas que venía amparada
por un dictamen judicial en todo caso, pueda llevar a la alteración
del orden público como sucedió entonces en las calles de Madrid.
En la anterior comparecencia, en la que tratamos los movimientos
sociales, yo diría casi movimientos extrasociales, de ciertos grupos,
se ha afirmado que la democracia es tolerancia, y yo añadiría que
además de tolerancia es firmeza. Lo que no puede permitir ningún
gobierno, aquel que tutela en todo caso los principios de la
democracia, es que sucedan acontecimientos como los que se vivieron
ese día en Madrid.
El portavoz que les habla con absoluta firmeza ratifica que este
Gobierno, esta Secretaría de Estado, este Ministerio del Interior, la
sociedad en su conjunto, seguro que prefieren a un culpable en las
calles que a un inocente detenido; pero en ciertas ocasiones es
inevitable, por la actuación y por el amparo cobarde que buscan
aquellos que alteran el orden público en ciudadanos normales, que
ante la intervención haya personas que se sientan molestas no
habiendo participado en los hechos ni en los acontecimientos que
estamos discutiendo. Además la violencia -también se ha dicho en esta
sesión de hoy de la Comisión de Justicia e Interior- o la fuerza
utilizada socialmente sin la tutela lógica y razonable de un gobierno
o de un ministerio o del estamento pertinente deriva siempre en estos
acontecimientos.
Efectivamente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí puede
defender la actuación de esos movimientos violentos que conllevan,
precisamente, que otras personas que están en la calle, que están
absolutamente tranquilas se vean inmersas en una situación difícil,
complicada e incluso pueden ser afectadas en todo caso por aquellos
que provocan situaciones de este calibre.
Se ve claramente, como ha dicho el señor Sáenz Cosculluela, que no
todo el monte es orégano en ciertos movimientos, pero también hay que
reconocer, y el propio secretario de Estado lo ha manifestado, que
cuando se dé una actuación en la que hay una organización
perfectamente definida para llevarla a cabo solamente cabe una
respuesta contundente por parte de las instituciones que preservan
precisamente la libertad del resto de los ciudadanos que solamente
pretenden una convivencia pacífica.
En este caso, señor secretario de Estado, y sumándome parcialmente a
argumentos que se han expresado aquí por otros grupos, lo que sí le
puedo decir es que le animo, como el resto de los ciudadanos que no
compartimos la violencia, que no nos amparamos como en algunos de
estos casos en la palabra pacifista para luego llevar a cabo
actuaciones de este calibre, a continuar actuando en la forma que lo
hace y a que las Fuerzas de Seguridad sigan cumpliendo con esa
obligación de mantener la convivencia pacifica del resto de los
ciudadanos, que eso es precisamente lo que pretendemos y queremos.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, con mucha brevedad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO (Martí Fluxá): Quiero contestar, aunque
sea puntualmente, a una serie de cuestiones que se han suscitado a lo
largo de las diferentes intervenciones.
Yo creo que hay un punto fundamental que quiero subrayar y es que en
casi todas las intervenciones que se han producido durante esta
mañana se ha venido a reconocer que hay unas causas que han podido
motivar una serie de acontecimientos. Me uno a lo que decía el señor
Sáenz Cosculluela, que es mi constante petición al Gobierno, de que
no me pongan a algún sector en el disparadero porque, al fin y al
cabo, luego somos los responsables de Interior los que tenemos que
hacer frente a este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo creo que en
este aspecto queda claro que hay diferentes formas de entender el
movimiento okupa. Quiero llevar a su mente que hay diferentes locales
tanto en Barcelona como en Madrid que están pacíficamente ocupados en
este momento. Tenemos locales en la calle Augusto Figueroa o en la
calle Barbieri o en la calle El Olivo o en la calle del Acuerdo -se
me ocurren estos cuatro o cinco lugares- que actualmente están
pacíficamente ocupados y en donde no se ha producido ningún tipo de
actuación policial. ¿Cuándo se da la actuación policial? Pues,
señorías, cuando se produce una agresión violenta hacia el orden y la
tranquilidad de los ciudadanos, y hay una situación de paz que es
vulnerada por esa violencia. Entonces, la primera obligación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en ese caso, la Policía-
es restablecer la situación tal como estaba antes. Naturalmente
estamos de acuerdo en que no puede pervivir ese concepto romano del
derecho de propiedad al que se refería el señor Sáenz Cosculluela,
naturalmente que no -la función social de la propiedad está
reconocida por nuestra Constitución-, pero, pese a todo, lo que
tampoco podemos admitir es que exista esa violencia y esa
intranquilidad en las calles, que sea utilizada por unos movimientos
que son perfectamente legítimos, convirtiéndola en una violencia
absoluta.
En lo que se refiere a la actuación policial concreta y a la
presencia en la comisaría de la calle de la Luna no tengo conciencia
ni información sobre estos hechos. Por lo que me dice el señor Meyer
fueron denunciados en su día. Por lo tanto, si fueron denunciados,
existe ya una actuación judicial que va a dilucidar estos hechos. De
cualquier forma, me ofrezco y me comprometo a hacer paralelamente una
investigación para saber si se produjeron o no estas servicias, estos
malos tratos hacia los detenidos. De cualquier manera creo que
tenemos que saber distinguir claramente entre violencia y no
violencia, entre tribus urbanas y movimientos perfectamente
legítimos. Cuando un movimiento perfectamente legitimo se deslegitima
de alguna forma acudiendo a una violencia indiscriminada y agrediendo
a gente que es perfectamente inocente, que se encuentra
tranquilamente en la calle, creo que la actuación de la Policía no
sólo es respetable sino exigible. Yo creo que es lo que ha sucedido
en este caso. Se trata de una actuación de la Policía perfectamente
proporcional a la agresión que está sufriendo la sociedad de Madrid
en este
caso -los tranquilos transeúntes que se paseaban en aquellos momentos
por Madrid- para evitar que existan una serie de males mayores.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante tres minutos.
(Pausa.)
- EL ULTIMO ACCIDENTE PRODUCIDO EL DÍA 16 DE MARZO DE 1998 AL
ZOZOBRAR UNA PATERA EN LAS AGUAS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR CON
PERSONAS INDOCUMENTADAS QUE CAUSO AL MENOS DOCE MUERTES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 212/001307).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, queda aún una última pregunta del orden del día a la que
debe contestar el secretario de Estado de Seguridad. Sin embargo el
último punto del orden del día es la comparecencia del director del
servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, que ya les
he indicado que se encuentra en la sala pendiente de que se sustancie
su comparecencia desde hace rato, porque estaba citado a las 12
horas.
Teniendo en cuenta la hora que es voy a conceder al secretario de
Estado diez minutos para esta comparecencia, diez minutos al grupo
proponente y cinco minutos, absolutamente medidos, a los grupos que
quieran intervenir en este punto del orden del día, que reza en el
orden correspondiente como comparecencia para informar del último
accidente producido el día 16 de marzo de 1998 al zozobrar una patera
en las aguas del estrecho de Gibraltar con personas indocumentadas,
que causó al menos 12 muertes.
Hago notar que la comparecencia no la pide la Mesa, sino el grupo al
que le interesa, y la ha pedido para hablar de este acontecimiento en
concreto, de tal suerte que la Presidencia no va a permitir que se
articule un debate -por lo demás absolutamente legitimo si se propone
así en términos generales- sobre la situación preocupante que
actualmente existe en el Estrecho. Es decir, si se plantea la
comparecencia como una pregunta, el grupo debe atenerse a que el
debate se ciña a los términos de la iniciativa. Cada uno es dueño de
su iniciativa, pero después es tributario de la que ha planteado.
Para la primera intervención, tiene la palabra el señor secretario de
Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD (Martí Fluxá): Antes
de referirme a esta última cuestión, quiero agradecer todas y cada
una de las intervenciones que se han producido hasta este momento en
la Cámara en el sentido de que demuestran una vez más que en los
temas que afectan a la seguridad de los españoles todos estamos en el
mismo barco, e intervenciones y actuaciones como las de esta mañana
así lo demuestran.
Paso ahora a informar del accidente que tuvo lugar el pasado 16 de
marzo al zozobrar una patera en aguas del
estrecho de Gibraltar con el resultado de 12 víctimas mortales. Sobre
esta cuestión, señorías, permítanme hacer una consideración previa.
Quiero señalar que mi intervención debe ceñirse exclusivamente a los
hechos constatados, pretendo por tanto informar a SS.SS. de los
hechos que ocurrieron el 16 de marzo de este ano tal y como los
conoce la Guardia Civil, sin perjuicio de que, como pueda ocurrir a
SS.SS., puedan quedarme dudas sobre determinados puntos que, a pesar
de los esfuerzos realizados, por desgracia no han podido ser
constatados fehacientemente.
Alrededor de las dos horas del día 16 de marzo de 1998, el puesto de
la Guardia Civil de Tarifa, dependiente de la Comandancia de
Algeciras, tuvo conocimiento de que a unas dos millas de la isla de
las Palomas y en el término municipal de Tarifa se había producido el
naufragio de una embarcación tipo patera que ocupaban inmigrantes
ilegales. Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al servicio
marítimo del cuerpo y miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera
acudieron en ayuda de los náufragos, rescatando a 17 inmigrantes,
todos ellos de nacionalidad marroquí. Los inmigrantes rescatados
declararon que la patera había zozobrado al encallar contra unas
piedras y que parte de sus ocupantes saltaron al agua intentando
ganar la costa, mientras que otros se quedaban rezagados pidiendo
socorro. En sus declaraciones a la Guardia Civil algunos de los
rescatados señalaron que en la patera podían viajar aproximadamente
unas 20 personas y un conductor, que quizás de dos a cuatro personas
habían llegado a tierra, probablemente entre ellos el propio
paterista, y que no creían que nadie hubiese podido morir ahogado.
Éstas son las declaraciones que los 17 inmigrantes hacen a la Guardia
Civil.
Durante los días siguientes a este accidente se realizaron
operaciones de búsqueda y rastreo, tanto por parte de la Guardia
Civil como por el Servicio de Vigilancia Aduanera, sin que se
encontrase rastro o indicio alguno de que pudiese haber fallecido
alguien en el naufragio. Además, por la experiencia que se tiene de
situaciones semejantes, cuando se produce un naufragio de este tipo
con resultado de víctimas, éstas son desgraciadamente arrojadas por
el mar a la orilla entre los 3 y los 10 días siguientes a que el
naufragio tenga lugar, y tal circunstancia no se produjo en este
caso.
Por todo ello, la Guardia Civil informó en su día señalando que no
hubo víctimas mortales en el naufragio de esta patera y que, si bien
existía la posibilidad de que un número reducido de inmigrantes
hubiese podido alcanzar la costa, según declaraciones de los propios
inmigrantes, no existía en cambio constancia alguna de posibles
fallecimientos.
Soy consciente, señor presidente, de que en la prensa han aparecido
noticias que señalaban el número de 12 ó 13 víctimas de este
accidente, pero al margen de posibles especulaciones, basadas sobre
todo en estimación de lo que es la cabida habitual de pasajeros en
esas pateras y en -declaraciones contradictorias de los propios
supervivientes, no hay evidencia alguna de que estas víctimas
existan.
Señorías, como ustedes pueden entender, mi deber es atenerme a los
hechos, pero, a la vista de las investigaciones realizadas por la
Guardia Civil y a falta de cualquier prueba sólida al respecto, no me
queda más remedio que afirmar, salvo mejor prueba en contrario, que
no hubo víctimas
mortales en el accidente del pasado 16 de marzo. Pero
igualmente me gustaría manifestar que más allá de lo ocurrido en este
caso concreto, lo cierto es que el mismo despierta en mí, como
secretario de Estado, el mismo dolor, el mismo sentimiento de rabia y
de frustración que me produce cualquier suceso relacionado con este
tremendo drama humano de las pateras que vivimos año tras año desde
hace ya demasiado tiempo. Al margen de lo ocurrido el 16 de marzo, no
cabe duda de que nos enfrentamos a un auténtico problema, a una
tragedia, y todo esfuerzo es poco y toda propuesta de solución o de
mejora es bienvenida. A nuestro país le corresponde la difícil tarea
de ser la frontera sur de la Unión Europea, de padecer de manera muy
especial la presión migratoria de unas gentes que lo único que buscan
es una vida mejor, una vida sin penurias y una prosperidad que
confían poder conseguir en territorio europeo; es una tarea ingrata y
a menudo compleja. Dentro de ello, qué duda cabe que el fenómeno de
las pateras es una particularidad propia dentro de las corrientes
migratorias, especialmente dolorosa por su dramatismo, por lo difícil
que es prevenirla y especialmente por la impotencia que genera el
continuo goteo de muertes de inmigrantes que, engañados por una
promesa a veces de falsa prosperidad y sobre todo engañados por
aquellas mafias y por quienes se enriquecen a su costa, pierden la
vida en las aguas del estrecho.
Creo muy sinceramente que ante este drama no caben ni posiciones
partidistas ni actitudes individualistas o quijotescas. Por ello, y
aunque el Ministerio del Interior intenta desarrollar una política de
inmigración rigurosa, integral, intensa y eficaz, permítame, señor
presidente, decirle que estamos abiertos a cualquier idea, a trabajar
desde el diálogo, a enriquecer nuestra acción del Gobierno con
cualquier aportación constructiva que podamos recibir; en definitiva,
a buscar soluciones conjuntas ante un drama que no puede ni debe ser
politizado ni instrumentalizado sino que debe movernos a todos a
luchar para evitar mas pérdidas de vidas humanas. A ello se orienta la
acción que en este terreno intenta desarrollar el Ministerio del
Interior.
Hemos conseguido logros importantes en este campo. En los últimos
tiempos la fluidez y la regularidad de nuestros contactos con las
autoridades marroquíes, sobre todo a partir del momento en que
conseguimos que se aplicara efectivamente el Convenio de readmisión
hispano-marroquí, ha dado frutos evidentes en el ámbito del control
de inmigración ilegal.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado
importantes operaciones de desarticulación de redes de inmigración
ilegal que explotan al inmigrante cobrándole elevadas cantidades de
dinero a cambio, de falsas promesas, de un puesto laboral y de una
regularización legal en territorio europeo. Se han producido, en
definitiva, señorías, avances cualitativos, pero también es cierto
que aún quedan enormes problemas y cuestiones de compleja solución, y
quizá entre ellos destaque especialmente este drama que hoy nos
alerta, como es el de las pateras.
No cabe duda de que el hombre que sube a una patera es una víctima de
su propia pobreza, pero es también una víctima de las redes
criminales que se aprovechan de esta pobreza para explotarles, y en
muchos casos condenarles a morir. Por ello es preciso buscar caminos,
buscar vas que, dentro de los condicionantes que tiene este fenómeno
de la
inmigración ilegal y en el marco de la legislación sobre la materia,
nos permitan proteger a estas personas y evitar que dramas como el
ocurrido el 16 de marzo de este ano y tantas otras veces siga
teniendo lugar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, solicitante de la comparecencia, y en los términos que he
indicado -y exhorto a SS.SS. a que se atengan a las indicaciones de
la Presidencia-, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, estamos hablando de la fosa
común del sur de Europa, el Estrecho, y el problema está adquiriendo
una magnitud de tal envergadura, que ha llevado al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida a solicitar hace muy pocos
días la comparecencia del ministro del Interior en esta Comisión a
raíz de los últimos acontecimientos, que no es éste.
Respecto a los últimos acontecimientos, como el naufragio en las
costas de Melilla con más de treinta muertos, las denuncias de mafias
policiales en Marruecos y en España, o los sucesos de Totana, todas
las luces rojas del problema de la emigración encendidas, apelo a lo
manifestado por el señor presidente, para no generalizar el problema,
informo a SS.SS. de que el volumen es de tal envergadura que nos ha
llevado ya a pedir la comparecencia del ministro del Interior para
manifestar que hace falta un giro de ciento ochenta grados en la
política de inmigración. No compartimos la política de inmigración
tal y como está formulada, y desde, luego no compartimos el que la
fosa común del sur, mucho más grande que la de Kosovo, no tenga de la
opinión publica europea la misma respuesta al menos que la de Kosovo.
Es una fosa común más grande que la de Kosovo y requiere no una
hipocresía ni mirar para otro lado, sino encarar el problema de
frente, haciendo todas las reformas legislativas que haya que hacer,
entre ellas la Ley de Extranjería, que ya distintos grupos
parlamentarios hemos registrado a raíz de la moción que se aprobó por
unanimidad en la Cámara, planteando la necesidad de su reforma en
profundidad.
Del testimonio que tenemos de inmigrantes que iban en esta patera,
que fueron acogidos por algunas ONG y no tuvieron ningún contacto con
la Guardia Civil, llegamos a la conclusión de que al menos doce
personas fallecieron. Indudablemente usted conoce, como todos, que
cuando un inmigrante no documentado naufraga y llega a la costa, lo
que intenta hacer con toda lógica es eludir la acción policial,
escapar y buscar su vida en España.
Algunos de ellos llegaron a tener contactos con estas ONG, y del
testimonio cruzado de distintas personas que iban en esta patera
tenemos que deducir que al menos doce personas fallecieron. Este es
un dato sin contrastar, pero por lo menos queremos mostrar nuestra
preocupación por el testimonio de las personas que sufrieron una vez
más en su carne lo que es el intentar llegar a una zona para pedir
trabajo, una vida de más calidad o huir de situaciones de guerra como
la de Argelia.
Señor secretario de Estado, con esta comparecencia pretendemos hacer
ver la necesidad de un cambio, de un giro radical en esta política de
inmigración. Yo le anuncio que detrás de cada muerte vamos a
presentar siempre una
iniciativa parlamentaria de estas características; detrás de cada
accidente, de cada desaparición, vamos a pedir siempre una
comparecencia, ¿Para qué?, para señalar lo que nosotros entendemos
como una hipocresía europea, no solamente de la Administración
española sino del conjunto de Europa, que se rasga las vestiduras y
apela a intervenciones internacionales para resolver el conflicto de
Kosovo, pero mira a otro lado ante la fosa común del Estrecho o el
conflicto de Argelia. Parece que, dependiendo de donde se produzcan
violaciones de derechos humanos, así se ha de responder, cuando
cualquier violación de derechos humanos tiene que tener el mismo
tratamiento, sea el país que sea y surja el problema donde surja.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, le ruego concluya, porque han
pasado los diez minutos.
El señor MEYER PLEITE: Termino ya.
Señor secretario de Estado, queremos transmitirle nuestra
preocupación. Tendremos ocasión en la siguiente comparecencia con el
ministro del Interior de hacer ver la necesidad de un cambio de
ciento ochenta grados en la política de inmigración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero. Le ruego que
se atenga a los cinco minutos.
La señora ROMERO LÓPEZ: Quiero mostrar, en primer lugar, nuestra
sorpresa por la intervención del secretario de Estado de Seguridad
por los datos que ha puesto sobre la mesa.
Después de las innumerables intervenciones que ha tenido el
Ministerio del Interior sobre los organismos de coordinación que se
han creado, estimo que debería haber aportado esa información y no
sólo la de la Guardia Civil, porque puede haber otras fuentes sobre
los hechos.
Se está produciendo cierta falta de transparencia en cuanto a la
aportación de datos de lo que está ocurriendo en el Estrecho.
Probablemente sea sólo la falta de coordinación. Ligo ese hecho a que
ustedes están constantemente hablando de organismos de coordinación
nuevos que se han creado pero en la información que se transmite a la
opinión pública no parece que la transparencia sea la norma de ese
departamento. Me sorprende que haya dado esos datos, porque son
abiertamente contradictorios con los que dio la prensa. Con respecto
a este suceso: de treinta personas a bordo desaparecen tres
inmigrantes, al menos podría haber tenido la sensibilidad de decir
que probablemente existieron unos cadáveres que la Guardia Civil no
tenía constancia. Ha habido incluso hasta premios famosos
periodísticos de inmigrantes clavados en la roca. Es evidente que
cadáveres existen. En este suceso la Guardia Civi1 no tuvo constancia
de la declaración de los supervivientes, pero probablemente
existieron. Por eso me choca no encontrar esa sensibilidad por su
parte.
Quisiera decirle para terminar estos cinco minutos tan sucintos que
me da el presidente de la Mesa que existe una carencia de medios en
cuanto a este incremento de tráfico de inmigrantes, que no se
corresponden con el aumento de este año. Usted sabe por estadísticas
de la prensa que el
citado tráfico ha aumentado más de un 50 por ciento. Me gustaría
tener los datos actualizados, pero no los hemos conseguido hasta el
momento. Según las informaciones de que dispongo, la tragedia es de
tal magnitud que los medios no se corresponden ni siquiera con los
previstos en el plan sur.
El subdelegado del Gobierno de Cádiz afirmó que se pondrían en marcha
medios técnicos (no quiero especificarles cuáles porque saben
perfectamente S.S. a los que me estoy refiriendo), pero hasta este
momento no se ha dispuesto de ellos para evitar y prevenir en lo
posible esos naufragios.
Señor secretario de Estado, quiero acabar diciéndole que pida una
estadística de operatividad de lo que va de año a las patrulleras de
la Guardia Civil porque se sorprenderá de ver hasta que punto no
están operativas. Me refiero simplemente a los que tiene a su cargo,
pero además habría que hablar de todas las unidades de salvamento, de
todos los medios de que disponen los centros zonales y regionales de
salvamento, de todas las zonas que hoy día se están detectando como
zonas de riesgo. Desgraciadamente este Gobierno no está teniendo la
sensibilidad que debería tener en casos trágicos de naufragios. No
quiero lógicamente hacer sangre de este debate, pero diez cadáveres
flotando durante más de diez días, como ocurrió en julio, es algo que
avergüenza a cualquier país civilizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero, especialmente por su
colaboración.
Por el Grupo Popular, también con la indicación de cinco minutos
estrictos, tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Intentaré ser más breve de esos cinco
minutos porque a veces es tan complicado hablar de estos temas que la
propia congoja impide expresarse con absoluta frialdad. Estamos
hablando de una tragedia que sucede en el Estrecho, yo no diría a
diario, pero sí con excesiva frecuencia.
El Ministerio del Interior está llevando a cabo una política
coherente con la situación en la que nos encontramos.
Desafortunadamente, estas desgracias ocurren porque hay personas que
intentan enriquecerse de una forma deplorable, despreciable, y el
Ministerio del Interior está acometiendo la desarticulación de esas
bandas mafiosas que trafican con seres humanos que en otras épocas,
las de los llamados negreros, tenían esa permisibilidad. Hoy en día
afortunadamente ya no es así y tenemos que acometer con absoluta
rotundidad que estos hechos no sigan sucediendo.
Es humanamente comprensible que personas que están en situaciones
paupérrimas, que tienen la necesidad de huir de aquello en lo que
viven permanentemente, en la más absoluta pobreza o de mayor
complicación, intenten escapar de esa red en la que están envueltos.
Lo que sucede es que desgraciadamente caen en otras redes que les
utilizan simplemente como mercancía, en este caso humana.
Yo no comparto algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí. El
Ministerio del Interior está teniendo una sensibilidad exquisita con
un problema como el que acometemos. No creo que sea hipocresía
intentar actuar de una forma abierta y transparente en contra de los
hechos que
están aconteciendo en el Estrecho, sino todo lo contrario. En todo
caso, entre todos debemos seguir apoyando al Ministerio del Interior
para que estos acontecimientos dejen de suceder. Desgraciadamente en
esta Comisión estamos hablando de pérdida de vidas humanas. Todos,
especialmente aquellos que vivimos en la zona, que lo vemos a diario
y que no solamente leemos estadísticas o vemos fotografías, sino que,
a veces, tenemos que sufrir el ver cadáveres en las playas por estos
acontecimientos, apoyamos con el mayor ahínco posible a este ministro
del Interior para que, con esa sensibilidad que ha demostrado en los
últimos tiempos, siga profundizando y atacando a aquellas personas
que pretenden, a través de ese tráfico humano, enriquecerse.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martín Fluxá): En aras a
la brevedad haré sólo dos o tres pequeñas anotaciones, al hilo de las
intervenciones que se han producido.
El tema de la inmigración es un enormemente complicado y a él tenemos
que acudir con la máxima humildad y sensibilidad. Señora Romero he
intentado llegar a este problema, repito, con la máxima sensibilidad
y humildad. No sabemos exactamente el número de cadáveres de
inmigrantes que de alguna forma pierden la vida y llegan a nuestras
costas muchas veces. En este caso me he referido al informe de la
Guardia Civil. Estoy de acuerdo con SS.SS. en que ningún Gobierno ha
hecho lo suficiente a lo largo de nuestra historia en este aspecto.
Un país que, como España, ha sido fuente de emigración, un país en el
que todos y cada uno de nosotros tenemos algún emigrante en nuestra
familia y sabemos lo que es el proceso de desarraigo y de angustia
que puede llevar a la emigración y los problemas que pueden surgir en
el país de acogida tiene que tener una especial sensibilidad.
Quiero decir que nuestro Ministerio estará siempre a la vanguardia e
intentaremos luchar con todos nuestros medios para evitar que sigan
produciéndose este tipo de actuaciones. Lo vamos a hacer bajo desde
el punto de vista internacional, consiguiendo una mayor cooperación
internacional en ese aspecto y lo haremos desde el punto de vista
interno, usando todas las medidas a nuestro alcance, para evitar que
se siga produciendo la tragedia de las pateras. Les puedo asegurar
que no derrocharemos ningún esfuerzo para luchar contra esas mafias
ilegales que existen evidentemente y contra las que tenemos que ir
hasta el fondo de ellas. Si en ellas hay participación de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad actuaremos con la máxima contundencia con el fin
de que no se puedan producir estas situaciones. Lo haremos con la
máxima humildad porque sabemos que nunca será suficiente pues siempre
tendremos la imposibilidad de llegar a la utopía. Llegar a la utopía
es abrir pura y simplemente las puertas de Europa, las puertas de
España a toda la emigración ilegal. No podemos hacerlo porque tenemos
nuestros compromisos internacionales, las lógicas cortapisas de
nuestra situación económica. Tenemos que tener muy presente que será
el gran problema que tendrá España y Europa en los próximos diez o
quince años.
Lo que quiero dejar claro, una vez más, es que el Ministerio del
Interior es consciente de una tragedia que supone incidencias y
tragedias como la de la comparecencia de hoy. Comparto la
preocupación de SS.SS. pero el Ministerio trabaja de forma constante
para paliar en todo lo posible la pérdida de vidas humanas por culpa
de aquellos que se tratan de enriquecer con la pobreza de otros. Es
muy difícil combatir este fenómeno que se desarrolla en el territorio
de otro país, que es donde están esas redes, captan a sus víctimas
y organizan sus expediciones. Con esto no pretendo eludir nuestra
responsabilidad, sino subrayar las peculiaridades de este fenómeno
delictivo.
Agradeciendo la atención de SS.S., quedo a su disposición para
cualquier otro tipo de aclaraciones sobre estas cuestiones u otras
propias de mi departamento.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión un minuto para que se
incorpore a la mesa el señor Rodríguez Román, a quien ruego que se
acerque.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES
MONETARIAS (SEPBLAC), ADSCRITO AL BANCO DE ESPAÑA PARA INFORMAR SOBRE
LAS ACTIVIDADES DEL SEPBLAC Y VALORAR LA NORMATIVA ESPAÑOLA APLICABLE
A SUS FUNCIONES DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y EL CRIMEN ORGANIZADO EN
EL ÁMBITO ECONÓMICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGENCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000770).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Quiero dar la bienvenida, porque es la primera vez que comparece ante
esta Comisión legislativa, al director del Servicio Ejecutivo de la
Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias del Banco de España, a quien saludo y doy la bienvenida
muy gustoso por el afecto y amistad que nos unen desde hace mucho
tiempo.
La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergencia i Unió) para informar sobre las actividades del
citado Servicio y valorar la normativa española aplicable a sus
funciones de lucha contra el fraude y el crimen organizado en el
ámbito económico.
Para la primera intervención, tiene la palabra el señor Rodríguez
Román.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS (Rodríguez
Román): Agradezco la citación para comparecer en esta Comisión.
Lamento, como dije en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para la
lucha contra la droga el 23 de junio cuando comparecí prácticamente
para lo mismo, haber recibido la citación,
vía fax, antesdeayer. Como prácticamente no he tenido tiempo de
preparar notas escritas, me voy a lanzar a la más pura improvisación.
(El señor vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia)
Para ser rápido y escueto les diré lo que es este Servicio Ejecutivo
de ese nombre tan largo que apenas cabe en una tarjeta. Este Servicio
viene de atrás, tiene su precedente en un Servicio Ejecutivo que creó
la Ley 40/1979, en materia de régimen jurídico de control de cambios,
como un servicio para la vigilancia de las infracciones del control
de cambios. A1 proyectarse la ley de prevención del blanqueo de
capitales se optó por aprovechar el Servicio que había anteriormente
por considerar que tenía la experiencia suficiente para poder abordar
las nuevas tareas. Este Servicio depende de una comisión nacional que
conocen ustedes, que preside el secretario de Estado de Economía y en
la que participan numerosos directores generales y representantes de
las comunidades autónomas, que tienen sus policías y servicios de
seguridad organizados para la protección de personas y cosas. De esa
comisión recibe sus directrices y de alguna manera tiene que rendir
cuenta de sus servicios. Pero el Servicio, por decisión del
reglamento del año 1995, quedó adscrito al Banco de España, lo que
significa que éste le da acogida y se convierte en su soporte
logístico para todos sus medios personales, materiales, económicos,
etcétera. Digo para todos porque por lo que se refiere a los medios
personales, como les indicaré, hay funcionarios procedentes de otros
órganos de la Administración. Bien es cierto que los órganos rectores
del Banco de España consideran que la responsabilidad del Servicio
recae sobre su director y en este sentido tiene autonomía bajo la
dependencia, control y directrices, como he dicho antes, de la
Comisión.
Este Servicio está integrado en este momento no sé si serán pocos o
muchos, creo que por ahora son los suficientes por más de 60
funcionarios, entre los cuales están fundamentalmente un grupo de
inspectores de Hacienda unos seis en este momento, con algunos
subinspectores; un grupo más reducido de inspectores de aduanas,
tres; y los inspectores de entidades de crédito y ahorro, que son
también otros seis o siete; más un grupo de jefes del Banco de España
titulados pero que no son inspectores de ECA, sino que están
siguiendo su carrera administrativa dentro del banco; más una unidad
específica del Cuerpo Nacional de Policía, que es la tradicional
Brigada de Delitos Monetarios, muy especializada, en la que hay poco
más de 20 funcionarios inspectores, casi todos titulados en derecho,
criminología o ciencias económicas.
Quiero señalar que este grupo en su momento constituyó quizá la única
unidad existente en España que actuaba de una manera coordinada, bajo
una sola dirección, y bajo la dependencia de un solo juez, el famoso
juez central de instrucción número 3, que actuaba de una manera
coordinada, fundamentalmente en materia de delitos económicos.
Dicho esto, y saltándome todas las notas por razones de celeridad,
¿cuáles son las funciones de este Servicio Ejecutivo? Este Servicio
Ejecutivo sigue teniendo unas funciones residuales en materia de
prevención e investigación de las contravenciones del control de
cambio, aun cuando, desaparecido el delito monetario, por su trabajo
ha pasado a tener un carácter más administrativo, es decir, este tipo
de
actuaciones tienen más sustancia administrativa que penal y procesal.
Lo que les preocupa a ustedes son las funciones del servicio en
materia de blanqueo de capitales, de prevención del blanqueo de
capitales en virtud de la Ley 19/1993. Tengo que significar que ésta
no es una ley penal y procesal pues en ella no se configuran delitos
penales, que están tipificados en el Código Penal; en ella no se
establecen procedimientos procesales. En definitiva, es una ley de
una naturaleza más administrativa y financiera en la cual se imponen
a los llamados sujetos obligados, fundamentalmente el sector
financiero y crediticio, una serie de obligaciones -a las que
aludiremos rápidamente- con la amenaza de que -permítanme que utilice
estas expresiones gráficas-, si las incumplen pueden ser objeto de
unas sanciones tan graves como se indica, ya que no hay infracciones
leves, se dividen en graves o muy graves. Por razones de economía no
enumero las sanciones ni su importancia.
En materia de blanqueo de capitales, dividiríamos el Servicio
sustancialmente en dos funciones: en primer lugar, la vigilancia
sobre los sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones que
esta normativa impone en materia de prevención del blanqueo de
capitales y, en segundo lugar, el análisis e investigación de las
operaciones sospechosas de blanqueo de capitales derivadas de
actividades delictivas de gran alarma social, como son las que
enumera la ley: droga, terrorismo y la criminología organizada. Tengo
que señalar que el concepto de criminología organizada no está
penalmente definido aunque quizá sí jurisprudencialmente y que, a su
amparo pueden caber otras actividades delictivas que no sean
exclusivamente la droga ni el terrorismo.
Hay un punto controvertido que es el delito fiscal, que ni la ley ni
el reglamento lo citan; no queda claro. En la primera reunión que
tuvo la comisión nacional, presidida en aquél momento por don Alfredo
Pastor, se tomó el acuerdo, dentro del espíritu de la ley y del
reglamento, de que estaba excluido el delito fiscal. Pero al amparo
de la criminología organizada, en cuanto grandes delitos fiscales que
han sido el resultado de las actividades de unas organizaciones, el
Servicio interviene. Verán ustedes por las citas estadísticas que han
pasado muchos asuntos a la Fiscalía anticorrupción. En diversas
manifestaciones en prensa del fiscal jefe se alude a ello y ha
reconocido que la puesta en marcha de la Fiscalía arrancó de las
informaciones que el Servicio le daba. Sin entrar en detalles, quiero
decirles que el Servicio, por comunicación inicial de varias
entidades de crédito, puso en marcha, investigó y confirmó la
existencia de numerosas sociedades limitadas, de poco capital, que
incluso antes de estar inscritas en el registro abren sus cuentas,
desaparecen rápidamente, no se localiza a sus administradores, pero
sirven para el servicio de sociedades que tienen una mayor actividad
real, sobre todo en materia de electrónica o informática, sacar
dinero fundamentalmente al exterior, quizás el pago del contrabando,
defraudaciones al IVA, etcétera. Todos estos temas se han hecho
dentro del marco de este reglamento sin que las entidades de crédito
pusiesen la mínima dificultad, porque hicieron las comunicaciones
y las siguen haciendo. Esto para aludir a ese tema indefinido del
delito fiscal.
Respecto a la vigilancia del Servicio sobre las obligaciones que
tienen que cumplir, la ley enumera bastantes: la
identificación de los clientes, conservación de documentos,
establecer órganos de control, procedimientos internos para detectar
las operaciones sospechosas, la designación de unos representantes
ante el Servicio como órganos interlocutores de ida y vuelta entre el
Servicio y los sujetos obligados y establecer unos planes de
formación. El Servicio se centró en su etapa inicial -llevamos
prácticamente desde junio de 1995- en dos tareas: primero, hacer el
catálogo, el inventario de los sujetos obligados, cosa que es fácil
en el sector financiero y crediticio porque están perfectamente
registrados en el Banco de España, Dirección General de Seguros,
Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero es muy difícil en
cuanto al segundo grupo de sujetos obligados, que son aquellos
sectores profesionales o empresariales cuyas actividades económicas
pueden tener relación con el blanqueo. Es el caso de casinos, fácil
de detectar y naturalmente controlable porque son veintitantos; es el
caso de todas las promotoras inmobiliarias o empresas dedicadas a la
actividad de compraventa inmobiliaria; es el caso de las actividades
numismáticas, de arte, antigüedades, etcétera. Realmente no hay unas
asociaciones únicas. Es muy difícil hacer el catálogo, sin embargo,
el Servicio ha ido permanentemente tirando de las solapas de todos
los sectores afectados, dirigiéndose singularmente a ellos y va
creciendo el número de representantes. Por lo menos hay una persona
que responde ante el Servicio y al que éste se puede dirigir. Me
parece que en una intervención anterior de 3 de junio hablaba de tres
mil y pico representantes, en este momento, a final de agosto,
tenemos ya 3.253 representantes. Todo el sector financiero y
crediticio está controlado por el Servicio. Por lo que se refiere a
los otros sectores, al menos lo están los sujetos obligados de mayor
importancia.
Respecto a las oficinas de cambio -hay registradas más de 5.000 que
nacen, viven y mueren contínuamente-, estamos intentando controlar
aquellas que tienen más de tres establecimientos. Nos hemos centrado
bastante en la vigilancia de los cursos de formación. A este
respecto, les puedo decir que en el año 1996-1997, la banca organizó
unos cursos o seminarios a los cuales asistieron más de 100.000
empleados, es decir, un 71 por ciento de sus plantillas, mientras que
las cajas, que también han hecho cierto esfuerzo, sólo han hecho
1.139 cursos, asistiendo a ellos 39.382 empleados, un 43 por ciento
de sus plantillas.
Respecto a las obligaciones que llamaríamos sustantivas o de fondo
más importantes de los sujetos obligados, son las comunicaciones que
obligatoriamente tienen que hacer al Servicio de operaciones de las
que cabe deducir ciertas actividades del blanqueo. Son dos tipos de
comunicaciones: las de cualquier operación, cualquiera que sea su
naturaleza o cuantía que tienen que hacer al Servicio. A final de
1997 había 734 comunicaciones, pero el número va creciendo lentamente
y a final de agosto de este año estamos en 693 comunicaciones. De
estas 693 comunicaciones que fundamentalmente proceden de la banca,
los sujetos propiamente obligados según la ley son 533, la mayoría de
la banca privada, 358; seguidos de las cajas de ahorro que son sólo
121.
Estas comunicaciones de operaciones individualmente sospechosas,
unidas que se pueden recibir de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
de la Administración, notarios,
registradores, etcétera, o de la propia iniciativa del Servicio, más
las que nacen de la cooperación internacional, suponen esas 693
informaciones recibidas, lo que determina que en lo que va de año
hayamos abierto 693 actuaciones de investigación.
Pero lo importante no es el número, que va creciendo, sino la calidad
de esas comunicaciones Las entidades de crédito van haciendo
comunicaciones, aunque no son tan importantes como quisiéramos, sobre
gitanos, chinos, rusos, etc. Son operaciones que a lo mejor huelen
más a criminología (estafas, defraudaciones) que a lo que es una
auténtica operación sospechosa de blanqueo. Generalmente, las
entidades toman el servicio como un buzón de correos donde hacer las
comunicaciones de aquellas operaciones extrañas que llegan a su
conocimiento. Quizá nos parece insuficiente la calidad de estas
comunicaciones, pero lo cierto es que de ellas también han surgido
servicios muy importantes, como luego indicaré.
Existen también las comunicaciones de carácter mensual que tienen que
hacer todos los sujetos obligados, que tras largas negociaciones con
ellos hemos conseguido que las hagan informáticamente, en las que
tienen que comunicar ya una serie de operaciones objetivas, centradas
fundamentalmente en los movimientos físicos de dinero que superen los
cinco millones de pesetas, o su contravalor en pesetas si se trata de
moneda extranjera, y sus relaciones con personas físicas o jurídicas
residentes en paraísos fiscales.
Además de esto, de una manera voluntaria se ha ido consensuando con
los sujetos obligados fundamentalmente, repito, bancos y cajas unas
comunicaciones que llamaríamos voluntarias, en las que informan de
todas las operaciones de los llamados pitufos, expresión que
conocerán ustedes por la prensa, que son esas personas que, por poco
dinero, al servicio de otras personas que no aparecen, se dedican a
comprar moneda extranjera entre las 500.000 pesetas y los cinco
millones, que el banco o la caja tendría obligatoriamente que
declarar. En estos momentos, todo el sector crediticio comunica estas
operaciones de pitufos al Servicio, al igual que las transferencias
de fondos al exterior que superan las 500.000 pesetas y que no pasan
por cuenta, es decir aquel señor que llega a un banco con dinero en
efectivo para que hagan una transferencia al exterior. Lo mismo
ocurre con los llamados B1 y B3. Según la legislación de control de
cambios (Decreto 1816/1991, creo recordar), con unas órdenes
sucesivas que cambian, todos los que entran y salen con más de un
millón de pesetas, sean residentes o no residentes, tienen la
obligación de hacer una declaración de la salida del dinero de
España, que pueden realizarlo por el mero hecho de hacer una
declaración, no hace falta autorización. Esa declaración es el B1.
Igual que tienen que hacer declaración de todos los cobros y pagos en
efectivo que hagan entre residentes y no residentes, que son los B3.
Pues bien, los B1 y los B3 vienen informatizados, con los soportes
documentales detrás, a1 servicio ejecutivo. Esto hace que en el
servicio ejecutivo se esté creando una gran base de datos que no se
ha podido improvisar porque informáticamente el Servicio, en julio de
1995, partió de cero. Naturalmente, con la ayuda de los servicios de
informática del Banco de España se está creando una gran base de
datos.
En lo que va de año, las comunicaciones del número de operaciones que
superan los cinco millones de pesetas a que he aludido anteriormente
van de 3.000 a 4.000 mensuales (en lo que va de año unas 25.000) y
las que llamamos comunicaciones voluntarias (pitufos, B1, B3,
etcétera) unas 29.000. Se está creando por tanto una gran clase de
datos que constituye un archivo de datos financieros, de personas
físicas y jurídicas importantes a efectos de consulta. El gran reto
del Servicio es saber explotar esa documentación de tal manera que
podamos fijar unos criterios que, traducidos en unos programas
informáticos, hagan que periódicamente se enciendan unas luces rojas
sobre temas o personas físicas o jurídicas sobre las cuales haya que
investigar. Estamos trabajando en ello. Se ha acudido a la
experiencia de países que creíamos que estaban más avanzados, pero
que quizá están igual o peor que nosotros, como puede ser Francia o
Estados Unidos, adonde hemos desplazado funcionarios para contrastar
sus opiniones. Lo cierto es que, en este momento, con los servicios
de informática del Banco de España, seguimos trabajando en ello a
marchas forzadas, estamos haciendo ensayos, combinando el número de
operaciones, cantidad de dinero que interviene, localidades
determinadas, etcétera. Esto en cuanto al cumplimiento de esas
obligaciones que tienen los sujetos obligados. ¿Cuál es mí valoración
de cumplimiento de estas obligaciones por los sujetos obligados? Si
pensamos en el volumen de dinero que se puede blanquear procedente de
la droga, terrorismo o delincuencia organizada, todavía no hay un
sistema o un método que permita calcularlo (el GAFI continúa con sus
reuniones; la semana que viene habrá una en París trabajando en este
tema); si calculamos el volumen de lo que podemos sospechar con lo
que se hace podemos considerar que los resultados son cortos. Sin
embargo, teniendo en cuenta el esfuerzo que han hecho las entidades,
por su designación de representantes, los montajes informáticos que
han tenido que hacer, las comunicaciones que van haciendo, creo que
podemos sentirnos aceptableme satisfechos.
Hay que tener en cuenta que en todos los países pasa lo mismo. Quizá
sea en España donde estemos avanzando un poco más, de tal manera que,
a veces, para bien o para mal, se está tomando nuestro país como
modelo.
Un criterio del Servicio, en una primera fase, ha sido, puesto que la
ley descansa en la colaboración y confianza de los sujetos, no ir a
la instrumentación de auténticos procedimientos sancionadores que no
corresponden al Servicio, pero sí unas actuaciones previas de
información. De todas formas algo se ha hecho; 45 oficinas de cambio
han sido dadas de baja en el registro a consecuencia de esto y ha
habido dos actuaciones referidas a dos entidades de crédito, una de
ellas esta pendiente del informe de la comisión para la determinación
de ese procedimiento sancionador, donde sospecho que se les impondrán
las sanciones que correspondan. ¿Qué es lo que hace el Servicio con
todas estas comunicaciones? El Servicio inicia unas actuaciones,
previas de información, en las cuales, fundamentalmente, tratamos de
analizar, verificar y confirmar las sospechas de las operaciones que
se nos han puesto sobre la mesa, que podíamos también poner en marcha
por nuestra iniciativa, una vez
analizadas, buscando antecedentes por todo tipo de registros y de
archivos, examina las cuentas, entrando en las entidades de crédito o
las empresas sin necesidad de mandamiento judicial para examinar las
cuentas y los saltos que puede dar el dinero con el fin de ir
buscando el origen o su destino, pidiendo información a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado sobre antecedentes, actividades
reales que realizan estos sujetos, acudiendo incluso a la cooperación
internacional con otros órganos similares que existen en Europa y en
otros países del mundo, cuando llegamos a la convicción de que
realmente existen unas sospechas fundadas, enviamos nuestras
actuaciones, según las circunstancias de cada caso, a la autoridad
que proceda.
Si es de droga, a la Fiscalía especial de la droga; si es de
ideología organizada en relación con delincuencia económica, a la
Fiscalía de delincuencia económica; si es terrorismo, a la Comisaría
General de información, fundamentalmente a la Comisaría General de
Policía Judicial. En este sentido, hemos remitido, con fecha 31 de
agosto, a la Fiscalía de represión de delincuencia económica 20
actuaciones; a la de la droga, 32; a las autoridades policiales, 142.
Es evidente que la dirección del Servicio, dentro de su autonomía,
archiva, al afirmar que no hay fundamento para esas sospechas, 337
asuntos. También se reparten en cooperación internacional, etcétera,
pero esas cifras son las más importantes.
El Servicio tiene también un aspecto de cooperación internacional muy
importante. Nuestra ley es muy generosa al respecto. Permite
intercambiar datos, informes y antecedentes de personas y empresas
con otros países, excepto algunas limitaciones según sean Unión
Europea o no, que señala nuestra ley y nuestro reglamento, salvando
los principios tradicionales que los juristas entendemos como el
principio de no afectar a la seguridad publica, a la soberanía, al
interés nacional, etcétera, y esto determina cierta actividad
internacional del Servicio. La creación de estos órganos de
prevención del blanqueo de capitales es como una tempestad que esta
asolando todo el mundo, fundamentalmente Europa. El Servicio
participa fundamentalmente en las tareas de España ante el GAFI, y ha
llevado el peso fundamental del examen que ha hecho el GAFI sobre
España recientemente, cuyo informe se verá en la reunión de París de
la próxima semana. Pero luego hay una asociación de hecho, cuya
institucionalización está en trámite y en estudio, que supongo que
dependerá jurídicamente de Naciones Unidas, en la cual se van a ir
integrando todas las FIU, unidades de investigación e inteligencia
financiera. Existen varios grupos de trabajo, el legal, el
tecnológico, etcétera, y ahora se acaba de crear un cuarto grupo en
la reunión de Buenos Aires, celebrada hace dos meses, de promoción,
ayuda, asesoramiento y apoyo de las nuevas FIU que se van a ir
generando. Concretamente el Sepblac ha sido la FIU que tiene que
capitanear esta acción; razón por la cual esta tarde -como han
indicado algunos de ustedes- me tengo que marchar a Portugal.
En cuanto a la valoración que merece la normativa, debo decir que
nace de un pulso, de un consenso con los sectores afectados. Qué duda
cabe que el mundo bancario y de cajas son los principalmente
afectados, se les impone unas obligaciones que si se incumplen tienen
unas sanciones muy severas. Se permite al Servicio que sin mandamiento
judicial entre a analizar su contenido en cuanto a cuentas y
soportes documentales de personas y empresas. Naturalmente, yo no
participé en la redacción de esa normativa y, por tanto, no puedo
hablar como primera persona, pero si es lógico que los sectores
afectados hayan expuesto a veces sus dificultades, llegándose a una
ley muy consensuada. En cuanto a si será buena o será mala, se ha
utilizado el sistema mixto, que es el sistema de las comunicaciones
individuales, como puede tener Francia, y el sistema de las
comunicaciones periódicas, como sólo tiene Estados Unidos. Es decir,
tenemos un doble sistema, tenemos la posibilidad de examinar sin
mandamiento judicial. Los resultados serán buenos o malos, pero más
ricos que los que se están produciendo en países similares o cercanos
a nosotros. Es una legislación que nos está siendo copiada. Acaba de
salir la legislación italiana el año pasado y realmente es muy
parecida a la nuestra. Vienen aquí a estudiarla con nosotros. En este
momento hay países como Venezuela, que acaba de variar su
legislación, que prácticamente la copian literalmente. En este
momento en Argentina tienen un problema, y es que no saben si hacer
depender este servicio del Banco Central o de la Administración, pero
en definitiva todo el sistema se parece al nuestro.
Este es un camino de difícil andar, es muy difícil la entrega total
de los sujetos obligados, pues hay que tener en cuenta que la
colaboración tiene que venir del hombre de la ventanilla, el cual
tiene miedo físico. Ha habido casos en los que ha habido amenazas de
muerte, por lo que se ha tenido que trasladar a otro punto geográfico
de la península a director de una sucursal. Ha tenido miedo hasta
económico, ya que a consecuencia de sus intervenciones, aunque haya
tenido un gran sigilo, el cliente se ha enterado de que ha habido un
soplo y originarse una minoración de un pasivo, que repercute, para
bien o para mal, en las retribuciones económicas de este caballero.
Se avanza poco a poco, se van obteniendo resultados, somos la
principal fuente de información de la Comisaría General de Policía
Judicial. Puedo decirles que ayer la Guardia Civil ha estado en la
unidad de servicio cotejando información de cara a servicios
importantes. Se trata fundamentalmente de un servicio de información,
aunque la policía también es operativa. Recientemente ha participado
en un servicio importantísimo, desde el principio hasta el final, en
Fuengirola-Torremolinos, en el cual el asalto final a una casa-
palacio o llámelo como quiera, de una red inglesa han tenido que
hacerlo los GEO. Se han requisado más de 500 kilos de hachís y más de
500 millones de pesetas, con 11 detenidos que siguen en prisión
incondicional desde hace dos meses. Prácticamente todos ellos son
ingleses. Una organización inglesa de traslado de hachís a Inglaterra
dominaba ese mercado.
Repito que se dedican a asuntos de desarticulación de organizaciones
de blanqueo, a través de los pitufos. La policía obtiene continua
información de las bandas de pitufos. Cuando se desarticula una va a
por otra. No puede ir a por todas a la vez, porque le faltan
instrumentos.
La policía española está dando respuesta a todo esto con la creación
de las Udico y demás y hasta ahora hemos sido la principal fuente de
información.
A mi me parecen insuficientes los resultados, puesto que podían ser
mejores, pero no hemos de rasgarnos las vestiduras.
Para abrir la normativa creo que nos falta rodaje y experiencia.
Habría que hacerlo por dos caminos. Uno sería en paralelo a las
reformas del Código Penal, al blanqueo de capitales o de dinero
procedente de cualquier delito grave que lleva una pena privativa de
libertad superior a tres años, pero la resistencia de los sectores
afectados sería tremenda. ¿Por qué? Porque incluiría muchos tipos de
delitos, incluso el fiscal; delito fiscal que haya podido cometer
individualmente don Emilio Rodríguez Román. También se podría abrir
para incluir otros sujetos obligados, aunque todavía no se ha logrado
integrar totalmente a todos los sectores. Quizás habría que esperar
-y con esto quiero terminar- a la experiencia y a los consejos del
GAFI, que lo están estudiando con nuestra participación.
Hay temas que yo diría que habría que incluir, como los servicios de
correos, aunque en el futuro fuese a través de entidades privadas;
habría que incluir también la lotería y las apuestas. La policía ha
levantado servicios, gracias a nuestras informaciones, según los
cuales se compran billetes de lotería y de la ONCE. Incluso hay
expedición de certificados falsos. Hay que controlar mucho más las
oficinas de cambio y las oficinas de transferencias al exterior, que
están a la intemperie de la normativa. Hay un proyecto de decreto,
que creo que se aprobará próximamente, en el cual se incluyen como
oficinas de cambio estas oficinas de transferencias al exterior,
sobre todo de transferencias de dinero de los emigrantes.
Hay un gran problema, que se está debatiendo en el GAFI, sobre las
profesiones liberales o de intermediación financiera. Pueden ser
auditoras, asesorías fiscales, puramente gestorías o los famosos
despachos de abogados que existen en las grandes capitales o en
nuestras costas mediterráneas, que tienen menos de despachos
puramente jurídicos que de oficinas de gestión intermediaria, en las
que en las cuentas de esos abogados, por parte de terceros, se
manejan grandísimas cifras.
Repito, que habrá que ir a lo mejor a abrir la reglamentación para
incluir otros delitos, si no graves, que puedan tener una gran
trascendencia o alarma social en España. Pensemos en el tema de los
emigrantes, del que se ha hablado anteriormente, o incluir otros
sectores, como he dicho ya, correos, servicios postales, y no digamos
el tema de las profesiones liberales o intermediarios. Creo que
deberíamos tener una práctica y una experiencia más consolidada que
con la legislación anterior.
He querido ser muy breve. Perdonen la improvisación que he tenido que
hacer y estoy dispuesto a contestar todas sus preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): E1 grupo que ha pedido
la comparecencia es el de Convergencia i Unió, por tanto el señor
Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Rodríguez Román por
su intervención.
Como puede comprobar -y además el retraso en la comparecencia le ha
permitido comprobarlo de primera mano- está usted en un Parlamento
tremendamente peculiar,
puesto que unos incidentes en el barrio de Malasaña -no sé si
usted conoce el barrio de Malasaña- el 20 de marzo de 1998 o un
problema sin duda importante en su momento, todos los problemas son
importantes sobre todo en la medida en que afectan a una sola persona
de una carga por parte de la policía en un colegio publico en Miranda
del Castañar -dudo más que sepa usted dónde está Miranda del
Castañar- ha suscitado todo el interés de los medios de comunicación
y de los miembros de esta Comisión. En cambio, la comparecencia del
máximo responsable ejecutivo en España -por tanto, uno de los máximos
responsables ejecutivos en Europa- de toda la lucha contra la
delincuencia organizada en el ámbito económico, el máximo responsable
en España en términos ejecutivos de todo lo que supone la lucha
contra la criminalidad organizada de los países del Este (las mafias,
la financiación de las redes terroristas en Europa y concretamente la
financiación terrorista en España), quien tiene sobre sus hombros la
responsabilidad de eso, quien tiene la máxima responsabilidad de la
brigada de delitos económicos o monetarios no suscita mayor interés,
es un tema menor, es un tema que parece más o menos casero y que pasa
desapercibido. Probablemente mañana no suscitará una sola línea en el
periódico, mientras que en la prensa local correspondiente a Miranda
del Castañar habrá sin duda una página completa dedicada a las
interpelaciones de unos y de otros. Este es el Parlamento en el que
estamos y esta es la Comisión en la que estamos.
Le digo eso para que no se sorprenda porque yo sí me lo voy a tomar
con un poco más de calma y estoy seguro que también los demás que
están aquí. Lamento que eso provocará que comamos un poco más tarde,
pero algunos nos negamos a que este tema pase desapercibido de esta
manera.
Este grupo parlamentario pidió su comparecencia exactamente hace un
año. Esta comparecencia ha ido pasando detrás de otras tantas
Mirandas del Castañar que han ido pasando por delante, quizá porque
en su momento tenían más urgencia, esto nunca es urgente, y
afortunadamente hoy ha podido ser visto.
Decía usted que es lo mismo que hizo en la Comisión Mixta para el
tratamiento de los temas de la droga y no lo es. Esta es la Comisión
legislativa que tiene entre sus responsabilidades precisamente la
fiscalización de los temas de justicia e interior. Es una Comisión
Legislativa y, por tanto, las iniciativas legislativas también pueden
ser de estos grupos. No es una Comisión especializada como es la de
los temas de la droga. Entre sus ámbitos de responsabilidad está sin
duda el blanqueo que procede de la droga, si no me equivoco es el 50
por ciento, como también es el 50 por ciento el dinero de la droga
del total de 800.000 millones de dólares que según los datos de que
uno dispone corren por el mundo en dinero negro en este momento;
800.000 millones de dólares son muchos millones, la mitad se
corresponde con dinero de la droga, la otra mitad no, procede de
otros ámbitos delictivos y, por tanto, la comparecencia de hoy tiene
un ámbito mucho más amplio.
Es una comparecencia de control, pero no de reproche de ninguna
actuación concreta, sino informativa. Esa primera parte ya ha sido
cubierta. Es la primera vez que usted comparece en esta Comisión. Hay
gente -me consta y no
va en detrimento de nadie sino para que usted lo sepa que cuando mi
grupo pidió su comparecencia no sabía exactamente de qué demonios
estaba uno hablando, no cómo se llamaba el director, cosa que
probaría su propia discreción profesional, sino qué es eso del set
black, ni la más remota idea de que en el Banco de España hay un
organismo que tiene entre sus funciones esta. Sin embargo,
políticamente sí; aquí hemos hablado de las mafias organizadas del
Este y le podría traer montones de «Diario de Sesiones» en los que se
ve que todos los grupos políticos hablan, en general, de la
importancia y de la preocupación que nos suscitan las mafias del Este
y su actuación en España. Se ha hablado montones de veces del tema de
las mafias del Este en la costa, por ejemplo, de sus inversiones en
el ámbito patrimonial, o se habla, muy particularmente desde el grupo
mayoritario y con todo el apoyo de mi grupo, de la lucha contra el
terrorismo en el plano financiero. Recientes actuaciones de la
Audiencia Nacional acreditan la importancia de este tema y reuniones
en Londres durante la Presidencia británica de la Unión Europea
acreditan la importancia de este tema. Hoy en día la lucha contra el
terrorismo no pasa sólo por la detención de activistas que ponen
bombas, sino por la desarticulación de todo el sistema de
financiación que hay detrás. Eso, señor Rodríguez, en España pasa por
sus manos y eso en España hoy es responsabilidad suya
fundamentalmente, desde el punto de vista ejecutivo, no desde el
punto de vista de la alta política, puesto que los cauces de
financiación ilegal del terrorismo son los que usted está en
condiciones de inspeccionar y de perseguir o de transmitir a quienes
después efectuarán las actuaciones judiciales. Esa era un poco la
primera introducción, mi cierta sorpresa por el desinterés que
aparentemente -no lo digo por los presentes sino por los ausentes-
pueda suscitar esto.
En segundo lugar, le agradezco el conjunto de su exposición
y teniendo la Memoria del año 1997, que sigue a una muy buena Memoria
también del año 1996, le ahorro a usted detallar estadísticas y datos
más precisos de cuáles han sido sus actuaciones. Por tanto, lo que
haría sería una serie de preguntas muy concretas, sobre las que le
pediría respuesta, bastante desordenadas en la relación de unas con
otras, pero que me las suscita su actividad y su propia intervención.
La primera es muy concreta, y espero no ponerle en una situación
comprometida. Me gustaría que nos dijera aquí si suscribe usted o no,
porque aquí no hay término medio, las afirmaciones del fiscal
anticorrupción conforme a las cuales el sistema bancario español no
colabora todo lo que debería en la lucha contra el blanqueo de
capitales. Fue un tipo de acusación muy general que hizo el fiscal
general anticorrupción la semana pasada, que fue respondido
inmediatamente por la Asociación Española de la Banca Privada y sobre
la que este grupo no tiene opinión; ha escuchado una y creo que es
obligatorio preguntarle a usted la suya. ¿Suscribe usted esa opinión
o no? En su caso, quisiéramos que la detallara. ¿Están colaborando
todo lo que podrían las entidades bancarias en este tema? Digámoslo
invirtiendo los términos verbales y, por tanto, con mucha más dureza,
¿están cooperando las entidades bancarias españolas al blanqueo de
capitales, a veces a través de filiales en paraísos fiscales? Esa es
la acusación que hizo el fiscal anticorrupción,
no es la que hago yo. Quisiera conocer su opinión como
responsable de este tema.
En cuanto a la legislación vigente y la valoración que ha hecho, he
tomado buena nota. Entiendo -y quisiera que así lo subrayara- que
considera que en este momento no es prudente proceder a ninguna
modificación legislativa respecto del marco jurídico que regula su
actuación y la de los servicios que de usted dependen. Creo que eso
es exactamente lo que esta Comisión tiene que sacar de su
comparecencia de hoy, quizá alguna modificación reglamentaria,
probablemente -y no lo ha dicho- importantes modificaciones
presupuestarias, puesto que es seguro que estaría usted más
satisfecho con más medios, pero desde el punto de vista estrictamente
normativo entiendo que afirma que aquí no hay nada que modificar y
así tomo nota.
Quisiera saber, desde el punto de vista de la prospectiva, su
valoración sobre cómo puede modificar, alterar o trastocar sus
actividades la introducción de la moneda única europea, el euro,
hasta qué punto, primero por una necesidad urgente de blanqueo y, por
tanto, en cuanto al incremento de circulación o de actividad de
blanqueo. Es evidente que en su momento habrá euros negros, pero las
pesetas negras dejarán de valer. Por tanto, las pesetas y los francos
negros deben convertirse en otra cosa hasta que en un futuro
relativamente próximo empiecen a nacer euros negros a los cuales se
les aplicará la misma metodología, pero entre tanto tenemos un
término intermedio en el que hay que hacer algo con las pesetas
negras, y eso al menos a usted le va a dar más trabajo. Quisiera
saber exactamente cómo examina eso desde su perspectiva de actividad.
Por otro lado, tampoco le he oído ninguna referencia - me parece
importante, me sorprendería que no estuviera en su lista no de
prioridades, pero al menos sí de inquietudes- al tema de Internet.
Aparece Internet en manos de los expertos como uno de los sistemas
más eficaces y con mayor impacto en este momento para el blanqueo y
para el movimiento de capitales, puesto que es el paradigma de la no
localización y exactamente en la misma proporción en la que las
transferencias bancarias electrónicas son cada vez más seguras, en
que instituciones, como Visa o American Express, han perfeccionado
casi al límite, aunque seguro que habrá evoluciones posteriores, los
mecanismos para hacer segura una transacción monetaria internacional
y los pagos internacionales a través de Internet, el blanqueo a
través de Internet, no ya a través de la ventanilla que usted
comentaba, se hace más posible. Por tanto, ya no habrá gente en la
ventanilla amenazada de muerte, sino que todas las transacciones se
harán desde casa, moviendo el dinero desde el ordenador. Eso, sin
duda, es uno de los temas -lo sabe usted mejor que yo- que preocupa a
todos los organismos internacionales que se ocupan de este ámbito,
por lo que querría que me hiciera desde su perspectiva una valoración
sobre este asunto y, volviendo a lo que decía anteriormente, si a lo
mejor por ese lado sería oportuno algún tipo de planteamiento
legislativo o de reflexión. Me gustaría que me comentara usted este
tema, porque, sin duda, es por ahí por donde va a ir la parte más
importante del blanqueo internacional.
Por otro lado, en listas de las que uno dispone, que son públicas
todas, porque si no no las tendría (a algunas de ellas accedí a ellas
a través de Internet), aparecen siempre
Ceuta y Gibraltar en la lista de los puntos donde el blanqueo de
capitales es importante, entre otros muchos lugares, por supuesto; lo
que ocurre es que las islas Caimán a usted le cogen más lejos y Ceuta
y Gibraltar no, y, por consiguiente, también desde esta Comisión de
Justicia e Interior nos gustaría escuchar su opinión -sobre
Gibraltar, habría que preguntar a Exteriores, pero no voy a llamar a
Exteriores otra vez. Creo que no habrá problema para que lo explique
usted hoy- y que nos dé su valoración, tan franca como sea posible,
respecto de las plazas de Ceuta y de Gibraltar como centros actuales
y eficaces de blanqueo de capitales. Si eso efectivamente es así, y
si es así, qué medidas cree usted que se podrían tomar y no se toman
para impedir o limitar la utilización de Ceuta y de Gibraltar como
plazas especialmente importantes de nuestro entorno más próximo para
el blanqueo de capitales, puesto que sobre esas sí que la
Administración española y el Gobierno español concretamente tiene
unas posibilidades de influir que probablemente no tiene ni sobre
Liechtenstein y menos sobre las islas Caimán.
Para terminar con esta lista de preguntas, pues cada una de ellas
daría para hablar con mucha calma, he comentado al inicio de mi
intervención el asunto del terrorismo. Sabe bien que es una de las
prioridades del Gobierno e insisto en este caso, como en otros, que
en lo que hace referencia a la lucha antiterrorista, cuenta con todo
el apoyo del grupo que represento. Una de las prioridades está en ir
a cegar las fuentes de financiación no sólo del crimen organizado en
general, sino concretamente de las bandas armadas y del terrorismo.
Es una línea nueva de investigación y que pasa lógicamente por sus
manos, no sólo porque está entre los objetivos que la propia ley le
fija, sino porque también, en términos de cooperación internacional,
es usted la única entidad, FIU me parece que le llaman (Financial
Intelligence Unit), y, por tanto, la información internacional que
exista en algún sitio, la poca que exista, pasará por sus manos antes
de ir a parar al Ministerio del Interior, puesto que es usted, su
Servicio, el interlocutor a escala internacional en todo lo que haga
referencia a transferencias financieras de carácter ilegal.
Tengo la impresión, por tanto, pero querría que me lo comentara, de
que a pesar de que todo eso es así, por alguna razón no está del todo
entre las prioridades, entre otras cosas, no ha aparecido para nada
en su intervención, y aunque es obvio que el tema de la lucha contra
el narcotráfico es cuantitativamente el más importante, en términos
estrictamente económicos según los datos que aquí aparecen, el tema
de lucha antiterrorista representa un 1,7 por ciento, si no me
equivoco, del total de las operaciones que ustedes han detectado. Ese
1,7 puede suponer -y perdón por la demagogia, pues es muy vistoso-,
un coche-bomba en el centro de Madrid. Por tanto, a veces, las
estadísticas hay que ponerlas en su contexto correcto. No querría que
esto sonara a populista o demagógico, pero sí querría sacar el 1,7
respecto al 50 por ciento de la frialdad de los números y saber que
el 50 por ciento, a lo mejor, supone que España es un lugar de paso
simplemente en términos financieros entre los narcotraficantes
ingleses para un problema gravísimo, como puede ser la droga en
Manchester, y, sin embargo, ese 1,7 es un problema muy nuestro. No se
trata de tocar más
un tema de detrimento del otro, sino de recuperar la importancia que
tiene la financiación de los grupos terroristas.
Por la misma razón, si pasamos al ámbito del terrorismo islámico,
también España es o puede ser (y progresivamente existe el riesgo de
que lo sea) un punto perfecto de tránsito para la financiación de los
grupos de terrorismo islámico, no sólo en Europa, sino, en este
momento, en el mundo entero, y sabe usted que desde este verano, como
es obvio, este tema ha vuelto a adquirir una enorme importancia. Eso
también está entre sus responsabilidades, desde el punto de vista
propiamente efectivo. La financiación del terrorismo islámico es la
gran asignatura pendiente: En la Presidencia británica de la Unión
Europea ha habido una reunión específica sobre este tema y va a haber
otra en Viena, planteada por el Ministro del Interior de Austria,
porque ese es uno de los grandes temas que está en este momento sobre
la mesa en el ámbito del terrorismo internacional. Me gustaría que
nos dijera hasta qué punto está entre sus inquietudes, si me permite
la expresión ¿lo tiene en la cabeza, o no lo tiene? y si considera
-con esto termino- desde esta perspectiva, con respecto a este último
asunto, que la coordinación con el resto de la Administración
española es todo lo eficaz y todo lo correcta que podría llegar a
ser. Usted mismo ha planteado que hay distintos modelos sobre su
propia incardinación administrativa. Ustedes están adscritos al Banco
de España y, sin embargo, de usted depende una brigada policía. Es
una peculiaridad bastante original, pero es usted el responsable
máximo de una brigada policial. A su vez, el principal destinatario
de su información es otra brigada, la brigada de Policía judicial. No
sé si el sistema es el mejor o el peor, pero querría saber, en
relación al tema antiterrorista, si tiene usted la sensación, con
respecto al Ministerio del Interior muy particularmente, de que la
coordinación es todo lo oportuna que podría ser o no lo es o podría
ser mejorable, sin que eso sea imputable a nadie, sino que
sencillamente, por la propia inercia de las cosas, podría ser que eso
se pudiera mejorar.
Con esto termino. Se que cada uno de estos asuntos daría para hablar
mucho tiempo. Sé que usted no lo tiene, pero pediría que todos
aparquemos el hambre y le dediquemos a esto la importancia que tiene.
(El señor director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,
Rodríguez Román: No es el hambre, es el tiempo.) Sé que usted no lo
tiene, pero le pediría que aparquemos el hambre y el avión (que a
usted le esperará), dada la importancia del asunto y que su
comparecencia ha tardado un año y, por tanto, si la vuelvo a pedir
puede que tarde otro más.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Gracias, señor Guardans.
Los aviones no esperan.
Creo innecesario preguntar qué grupos desean intervenir, dado que
solamente están los grupos Popular y Socialista.
Señora Romero, cuando quiera.
La señora ROMERO LÓPEZ: Agradezco al director del Servicio Ejecutivo
su presencia y agradezco aún más al grupo de Convergència la petición
de esta comparecencia, porque e1 Grupo Socialista desde el principio
ha tenido
una gran preocupación por este tema y de hecho hemos tenido ya la
comparecencia del director en la Comisión para el estudio de la
droga. (El señor vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa la
Presidencia.)
Quisiera comenzar mi intervención pidiéndole, ya que en anteriores
intervenciones, no solamente del director del Servicio sino de
algunas otras autoridades que han estado en la Comisión para el
estudio de la droga, se han quejado de la carencia de medios -y
recuerdo alguna frase suya, que decía que les cuesta trabajo
conseguir lo que piden-, que nos diga qué necesidades prevé y qué
previsiones presupuestarias tiene para el próximo año el Servicio
Ejecutivo. Es una petición que nos parece sustancial en estos
momentos debido a la importancia que está teniendo este tema, y
observo que todos los grupos parlamentarios se la dan.
También quisiera agradecer que el portavoz de Convergència haya hecho
referencia al fiscal anticorrupción y a las declaraciones del señor
Jiménez Villarejo sobre el comportamiento de los paraísos fiscales y
de los bancos en los paraísos fiscales, y espero que el señor
portavoz de Convergència apoye la petición del Grupo Socialista para
que el fiscal anticorrupción comparezca en la Cámara y pueda
explicarnos de viva voz cuáles son los problemas que está
compartiendo. Parece que mi grupo está teniendo dificultades en que
el Gobierno este de acuerdo con la comparecencia del fiscal
anticorrupción. No comprendemos esas reticencias que está teniendo el
Gobierno para la comparecencia aquí del fiscal anticorrupción y, por
lo tanto, esperamos que el Grupo de Convergència apoye la petición de
mi grupo para que dicho fiscal venga a esta Cámara y pueda exponernos
de viva voz las preocupaciones de esa Fiscalía con respecto a este
tema tan grave que nos aqueja.
Ya hemos intervenido en este tema en la Comisión sobre el estudio de
la droga y, por consiguiente, no quiero extenderme en aquellos
aspectos en los que ya hemos insistido en otra ocasión, pero sí
quisiera llamar su atención, a pesar de que sé que no son sus
competencias, sobre algunas actuaciones normativas que están
pendientes y que son muy urgentes, sobre las que no tenemos hasta
este momento ningún resultado. Sabe que las oficinas de cambio a las
que ha hecho referencia, están adquiriendo una gran dimensión, están
pendientes de una reglamentación que está prevista en la Ley de
presupuestos de este año. Nos extraña que hasta este momento no
tengamos noticia de ello. Tampoco sabemos qué ha pasado con las
conclusiones del grupo de trabajo sobre el transporte físico de
dinero. No sé si ha sido en la memoria del Servicio Ejecutivo o en el
informe del Gafi donde se habla de que países como Francia le han
dado una extraordinaria importancia a este tema. Es evidente que en
nuestro país se necesita una actuación mucho más contundente en este
terreno. Lleva mucho tiempo este grupo de trabajo sin que las
conclusiones se hayan traducido en actuaciones normativas. Por lo
tanto, quisiera decir que no ha habido una diligencia del Gobierno en
este tema. Tengo que agradecerle extraordinariamente los elogios que
hace a la ley que posibilitó la creación de este Servicio, pues cada
vez que interviene es para decir que todos los países elogian también
nuestro Servicio y nuestra legislación. No quiero recordar aquí lo
que fue el
debate cuando intentamos llevar a cabo la aplicación de esta
directiva. (El señor vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la
Presidencia.)
Nos preocupa extraordinariamente que sea el Servicio, aun entendiendo
que eso demuestra su eficacia, la principal fuente de información de
las fuerzas de seguridad. Ya hemos hecho, de acuerdo con lo que el
fiscal antidroga nos explicó en la comparecencia en la Comisión sobre
el estudio de la droga, preguntas al Gobierno acerca de la
posibilidad de la creación de fiscales expertos financieros y siempre
el Gobierno se ha remitido a ese Servicio. Después de ver en la
memoria el personal de que consta el mismo -lo ha explicitado aquí,
aunque yo no me hubiera atrevido tanto-, pensar que esa es la
dotación que tiene para las operaciones de las que está hablando
equivale francamente a que estamos en pañales y a que esta ley no
está teniendo la ejecución que la importancia del tema nos demanda.
Si está hablando de 2.000 ó 3.000 operaciones mensuales, ¿qué pueden
hacer esos inspectores a los que está haciendo referencia, qué puede
hacer la Fiscalía, qué puede hacer la Administración de justicia con
estos expertos financieros que tenemos? Nos preocupa
extraordinariamente cuando hemos hablado de expertos financieros en
sociedades interpuestas y hasta ahora no sabemos de qué número de
expertos financieros disponenos en sociedades interpuestas, no digo
ya los expertos al servicio de la Administración de justicia. Cuando
le he preguntado en qué número se había incrementado la brigada de
delitos monetarios o los propios inspectores financieros, usted no ha
tenido más remedio que decirme que han sido dos o tres más o algunos
refuerzos. Francamente esto no se corresponde con la situación que
estamos viviendo y con el incremento del blanqueo de capitales, ya no
digo en todo el mundo, me voy a referir solamente a la provincia por
la que soy diputada y al área en donde ejerzo mis tareas
parlamentarias. Yo quisiera que usted viera simplemente los anuncios
que aparecen en The Economist sobre lo poco que cuesta abrir una
sociedad en Gibraltar y, evidentemente, lo poco que cuesta que
desaparezca esa misma sociedad. Es algo bastante escandaloso que se
corresponde con las propias declaraciones del fiscal anticorrupción.
La situación es bastante escandalosa como para que los grupos
parlamentarios no la aborden con la importancia que tiene.
Quisiera decirle que a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo
su propio Servicio para hacer un censo, etcétera, estamos todavía a
años luz de otros países. El propio informe del GAFI del año 1997
hace referencia a aquellos sujetos obligados, a los cuales ni
siquiera hemos llegado ni por el forro, porque usted mismo ha
reconocido en la anterior comparecencia que a lo más que ha llegado
es a reunir a los notarios, pero hay muchísimos de ellos que no sé si
tienen información sobre lo que deben hacer, pero desde luego la
ignorancia de la ley no les exime de su cumplimiento. No quiero
decirle lo que ha significado el incremento de las fincas rústicas,
pero los notarios tienen ahí un campo extensísimo de actuación y,
evidentemente, tiene un campo extensísimo de actuación el Gobierno,
si quiere poner los medios, para que podamos saber adonde van muchos
fondos que vienen de no se sabe dónde, de mafias rusas o de no se
sabe dónde, pero lo estamos viendo en la zona por la que soy diputada
y no solamente en Cádiz, sino
en Málaga y en toda esa zona, y no hablemos de todo el dinero
procedente de la costa norte de África, donde también hay dinero en
inversiones inmobiliarias.
He visto por encima la memoria, porque no he tenido tiempo de
estudiarla, pero por la declaración que acaba de hacer, quiero
decirle que me sorprende que aunque vayan incrementándose las
actuaciones previas, van también incrementándose las que están
archivadas. Espero que eso no se produzca por una falta de examen
riguroso de los datos; dado el personal de que dispone el Servicio
Ejecutivo, no sé si se podría establecer una correlación entre el
archivo de actuaciones previas y la carencia de medios. Según me ha
dicho, en 1996 había 412 actuaciones previas, de las cuales 209 se
archivaron; en 1997, 837 actuaciones previas, de las cuales 511 se
archivaron, y en lo que va de año y según las cifras que acaba de
dar, han sido 337 actuaciones previas las archivadas ya. Nos
preocupa, por tanto, el desarrollo de la aplicación de estos
principios legales que usted y otros países elogian, porque,
evidentemente, en el espíritu de la ley o en la creación del Servicio
está la intención de responder a una realidad, pero la realidad va
adquiriendo unas dimensiones y necesitando unos medios y,
desgraciadamente, hasta este momento esos medios no están al servicio
de su departamento. Por eso he empezado mi intervención con esa
petición de que, a ser posible, nos hablara de las previsiones
presupuestarias.
Por la experiencia y por la información que tenemos, tengo que
decirle que hasta el momento los instrumentos que tiene la ley no
están respondiendo a las necesidades que tiene la sociedad y que, a
pesar de su buena voluntad, parece que el Ministerio de Economía y el
propio Gobierno están dejando en vía muerta este Servicio. Sin duda,
y no puedo evitar traer a colación la libertad de mi crítica
política, este Gobierno tiene tareas más nobles de las que ocuparse
en este momento, y ejerciendo mi libertad de crítica, tengo que decir
que probablemente impulsando el encarcelamiento de sus adversarios
políticos. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Señor Gil Lázaro?
El señor GIL LÁZARO: Para una cuestión de orden. La crítica política
está absolutamente abierta.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por favor, no inicie un
debate.
El señor GIL LÁZARO: Es que la señora Romero ha hecho una
consideración absolutamente ajena a la cuestión que el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular no puede pasar por alto. Simplemente
quería replicar a esa consideración, absolutamente ajena a la
cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Gil Lázaro, en
este momento inicia usted un debate.
El señor GIL LÁZARO: No; en todo caso, lo ha iniciado la señora
Romero.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pues usted participa y
colabora en este momento en la extensión de un debate absolutamente
fuera de lugar.
El señor GIL LÁZARO: Seguiré las indicaciones de la Presidencia,
dejando constancia de que la última afirmación de la señora Romero
está fuera del contexto de este acto y, además, es sencillamente
falsa. Este Gobierno se dedica a cumplir con su responsabilidad, a
respetar las decisiones independientes de los tribunales y jamás a
perseguir a sus adversarios políticos.
E1 señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Gil Lázaro, no ha
querido hacer uso del turno que ha solicitado, pero al final lo ha
hecho.
Tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Pensaba iniciar esta intervención anunciando
que será breve por compartir con los demás grupos la preocupación por
los problemas derivados del blanqueo de capitales, por el origen de
esos capitales que se blanquean y también por los fines a los que
muchas veces se destinan o se pretenden destinar esos capitales
a blanquear, pero desgraciadamente tengo que mostrar mi más absoluta
repulsa a las últimas manifestaciones de la señora Romero en una
cuestión absolutamente ajena al motivo de esta comparecencia, que al
parecer -le habrá traicionado el subconsciente-, tenía que soltar, y
ha esperado la primera oportunidad para un exabrupto fuera de lugar.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): señor Seco, permítame
que le interrumpa, pero ya su portavoz ha hecho mención al tema. Le
ruego que se ciña a la cuestión.
El señor SECO GORDILLO: Me ceñiré a la cuestión, señor presidente,
después de decir que también mi libertad de crítica política debería
ser amparada en los mismos términos en que lo han sido las de los
demás portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): señor Seco, le ruego que
no discuta con la Presidencia. Su libertad de crítica está amparada;
yo pensaba que había sido suficientemente amparada con las palabras
de su portavoz.
El señor SECO GORDILLO: Centrándome en la cuestión, quería
previamente señalar que valoramos la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y que celebramos que al fin se
haya podido celebrar, tarde, como suele ocurrir, porque el volumen de
iniciativas es muy grande, pero se ha celebrado, y no es el Grupo
Parlamentario Popular el que menoscaba la importancia de la misma ni
desde el punto de vista cuantitativo, de presencia de diputados, ni
desde el punto de vista cualitativo, en la medida en que se encuentra
presente el portavoz del grupo parlamentario en esta Comisión, el
señor Gil Lázaro, que ha tenido la gentileza de cederme la
intervención en esta materia.
Compartiendo gran parte de las afirmaciones que se han hecho
anteriormente, seré breve a fin de evitar reiteraciones, aunque sí me
gustaría señalar que el Grupo Parlamentario
Popular siente una gran preocupación por esta materia, por la
importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales, no sólo como
hecho en sí mismo repudiable y perseguible, sino también en los
aspectos colaterales que tiene, en la medida en que sirve de
instrumento esencial en la persecución de otros delitos, y en este
sentido me gustaría animarle a profundizar en esa colaboración con
las Udyco, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
mejor persecución de los delitos.
Comprendemos que se enfrenta a numerosas dificultades de todo orden,
especialmente las derivadas de la complejidad de estas materias.
Estamos hablando de movimientos de capitales afectados por la
libertad de circulación de los mismos en la Unión Europea, y existe
la complejidad de los delitos que se persiguen y de los mecanismos de
control que se pueden utilizar para abordar estas actividades
perseguibles. Comprendemos esas dificultades y nos gustaría animarle
a continuar en esa labor de prevención del blanqueo de capitales y de
infracciones monetarias en las materias que nos ha ido relatando,
completando el censo de sujetos obligados y animando a la
incorporación a este censo del mayor número de representantes
posibles en aquellos sectores que tienen más difícil control por no
existir registros oficiales, como el sector de joyerías, el mercado
del oro, antigüedades, etcétera.
Queremos también animarle a aumentar y a profundizar en la
investigación de esas operaciones sospechosas, cuyas noticias reciben
de las comunicaciones de estos representantes y que pueden dar lugar
a la persecución, a la sanción y al castigo de los delitos que están
detrás de estas cooperaciones sospechosas. También nos gustaría
animarle a profundizar y a ampliar la colaboración internacional en
esta materia, tanto en el GAFI como en otros grupos, coincidiendo en
esta materia con el Grupo de Convergencia i Unió en que la
incorporación a la Unión Europea, la implantación del euro y el
desarrollo en los últimos anos de las redes de Internet suponen una
dificultad añadida a la persecución de estas actividades ilegales que
sólo con una colaboración internacional, profunda y provechosa puede
llevarse a buen término.
También comparto con el grupo proponente que es bueno profundizar en
la investigación de los sistemas de las redes de financiación de las
bandas terroristas. No creo que sea un problema de porcentajes; el
propio portavoz de CiU ha dado unas cifras estimativas de lo que se
mueve en dinero negro en el mundo, que evidentemente es mucho mayor
de lo que se puede mover en el ámbito de las actividades terroristas.
Lo importante es que se investigue en el mayor grado posible, que el
porcentaje no se refiera al número total de operaciones desarrolladas
o al volumen total del dinero negro que se mueve en el mundo, siro al
que mueven estas organizaciones terroristas. Si se aborda el
porcentaje desde esa perspectiva, veríamos que la actuación del
Servicio es bastante positiva también en esta materia.
Concluyo agradeciendo de nuevo la iniciativa de CiU que nos permite
abordar un debate sobre un tema que nos preocupa a todos los grupos
de esta Cámara y a toda la sociedad y agradeciendo al director de
Servicio Ejecutivo las informaciones que nos ha hecho llegar. Estoy
convencido de que oportunidad tendremos en el futuro de debatir
nuevamente en esta Cámara sobre este tema y de profundizar en la
lucha contra el blanqueo de capitales.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Una vez terminadas las
intervenciones de los grupos parlamentarios, le doy la palabra al
señor Rodríguez Román para que conteste a las preguntas que se le han
formulado.
Señor Rodríguez Román, cuando quiera.
El señor DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTlVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS (SEPBLAC)
(Rodríguez Román): Voy a procurar dar respuestas puntuales a los
múltiples temas que han manifestado.
A1 señor Guardans le agradezco el énfasis que ha puesto en las
responsabilidades del Servicio y de su Director. Si así fuera, el
director del Servicio tendría que volver a las responsabilidades que
ocupaba hace veinte años, sustituyendo a quien ha sido mi predecesor
en esta Comisión, porque uno viene ya de muy lejos.
Hay que tener en cuenta y matizar que una cosa es la lucha contra la
droga, contra el blanqueo de capitales procedentes de la droga o de
otros tipos delictivos, de lo que es el marco de esta ley. Esta es la
Ley del establecimiento de determinadas medidas de prevención contra
el blanqueo de capitales, fundamentalmente, a través del sector
financiero, de actividades económicas que quiero recordar, por las
intervenciones de dona Carmen Romero, cuando se gestaba la ley, que
han sido incluidas, como pueden ser los casinos. Sin embargo, el
Servicio Ejecutivo no es el responsable directo de la lucha contra el
blanqueo o el lavado del dinero que procede de todo tipo de
actividades delictivas.
Estamos en el marco del sector financiero y de una legislación
preventiva. Eso determina que el Servicio Ejecutivo no puede ser
celoso -lo que no se acaba de entender, y que me perdonen, por los
medios de comunicación- por la creación de otras unidades de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están destinadas a la
lucha contra el blanqueo. Nosotros estamos para recoger la
información que nos viene del sistema financiero sobre sus
operaciones sospechosas, analizarlas, verificarlas y pasarlas para su
explotación e investigación final, externa, formal y operativa a los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los sesenta funcionarios que integran el Servicio pueden que sean
pocos, pero yo no le puedo poner a un inspector de aduanas un chaleco
antibalas para que haga vigilancia contra el terrorismo. Quiero decir
con esto que nosotros tenemos la responsabilidad en la lucha y la
búsqueda del dinero que procede de las actividades delictivas que nos
marca la ley. Olvidémonos de otros tipos de actividades delictivas
tan importantes como la prostitución, el tráfico de trata de blancas
o tráfico de órganos humanos, etcétera. Conviene matizar esto para
que nos coloquen en nuestra verdadera dimensión y en el papel que
ocupamos.
Habla usted de que por qué estoy en esa Comisión. Yo voy donde me
llamen, como es lógico. Llevamos una política de discreción a
rajatabla. Pocas veces me verá usted fotografiado como el fiscal
anticorrupción ni oirá manifestaciones del Servicio Ejecutivo. Eso ha
sido quizá la garantía de nuestra eficacia. Sin embargo, estoy
dispuesto a venir
aquí y a mandar a mi gente cuando sea necesario, porque ustedes están
en su legítimo derecho de pedirnos cuentas. Ahora la Comisión de la
que nacemos y dependemos es la Comisión de Economía y Hacienda.
Voy a ir tocando puntos salteados al hilo de sus intervenciones.
Habla usted también de las mafias del Este. Nosotros estamos haciendo
seguimientos fundamentalmente por las comunicaciones que recibimos de
las entidades de crédito, en las que casi todo lo que afecta a los
rusos nos lo dicen. Evidentemente, viene mucho dinero. El dinero
empezó viniendo, primero, en maletas; posteriormente, a través de
transferencias que vienen de paraísos que tienen ya leyes de blanqueo
o de paraísos fiscales. Se están dedicando fundamentalmente, en
primer lugar, a comprar su apartamento, su piso o su chalet, y
empiezan a meterse ya, sobre todo en las zonas levantinas, en
determinados sectores industriales, en cerámica y telas. Ahora,
¿hemos detectado realmente en el Servicio desde su labor preventiva
la existencia de mafias, en ese concepto que tenemos de mafias? No,
puedo decirle que hoy he firmado el traslado a la Comisaría General
de la Policía Judicial de un asunto de rusos y les doy toda la
información, porque hemos detectado que ha habido un muerto, y que
puede haber algo de mafia ahí, pero yo no soy el que lucha contra las
mafias, ni las descubro. Doy la información cuando tengo la sospecha
que puede haberla. Se dice mucho en la prensa que hay mafias rusas,
pero la mafia como esas organizaciones que van detrás de los que
traen el dinero para decir o me das una prima, o una cantidad por
protegerte o si no, te mato, eso no lo hemos detectado. Detectamos
que está viniendo mucho dinero, el problema nos preocupa a nosotros y
preocupa a todos los países mediterráneos.
En el Servicio, que no se permite el lujo de tener servicio de
estudios, acabamos de recibir un funcionario de alto nivel del Banco
de España que más que investigador guarda relación con estudios, y
eso es lo que le he dicho: ponte a estudiar todo lo que tenemos en
relación con la información de los rusos a ver qué directrices o qué
características generales podemos encontrar. De tal manera que en
futuras comparecencias podría darles cuenta del resultado. Ahora, mi
apreciación personal es que nosotros no hemos detectado mafias.
Usted ha hablado del terrorismo, un tema muy delicado. Nosotros
trabajamos sobre las informaciones que recibimos. Si tuviésemos
muchos funcionarios podríamos entrar, no digo que el reglamento no me
lo impida, a inspeccionar determinadas entidades, aunque sea por
muestreo, a ver lo que tenéis. Hasta ahí, ni el reglamento me concede
esas funciones, ni tengo medios suficientes para ello, lo cual no
excluye decirle que nosotros nos hemos encontrado con temas de
terrorismo. Hay dos temas bastante importantes que se han pasado a la
Comisaría General de Policía Judicial que se han judicializado y que
el señor Garzón, no sé cuándo, los pondrá en explotación. Colaboramos
bastante con la Comisaría General de Información, hasta tal extremo
que hay veces que funcionarios de la Comisaría General de Información
vienen a estudiar a nuestros despachos toda la documentación que
tenemos. Pero nosotros no estamos en la lucha contra el terrorismo.
¿Suscribo o no las palabras del fiscal anticorrupción? El
responsable de esas palabras es Jiménez Villarejo, con el cual tengo
magníficas relaciones.
Ahora, yo quiero hacer unos matices y unas afirmaciones. Los
requerimientos que ha hecho el Servicio de información a cualquier
entidad de crédito son contestados íntegramente y en plazos
absolutamente prudenciales. En ese sentido yo no tengo queja. Ahora,
que los bancos comuniquen todo lo que debían de comunicar, de eso
puedo tener alguna duda. De hecho a veces pienso que las grandes
organizaciones de blanqueo no pasan por España, quizás a lo mejor,
como saben que aquí ya se les vigila están buscando otras vías, pero
indudablemente grandes operaciones se han hecho, y vuelvo a repetir
que yo, mirando para adentro creo que deberíamos sacar mejores
resultados. Cuando veo lo que ha salido después, a veces son notorios
en algunos casos. ¿Colaboran todo lo que han de colaborar? Yo creo
que las principales entidades quizás sí, porque tienen unos
responsables, unos representantes que son órganos que se han
constituido expresamente con esa función. Ellos mismos van creando su
función y van desarrollando su afán de colaborar, tienen que hacerse
un sitio dentro de la propia organización bancaria o de la caja. A mi
me han contestado siempre, no sé lo que le pasará al fiscal de la
corrupción. Él utiliza mandamientos judiciales, yo no los necesito ni
los tengo.
En segundo lugar, lo de los paraísos fiscales es un hecho cierto.
Nosotros, en el Servicio, decimos gráficamente, y puede aprenderlo
doña Carmen Romero: si yo fuese un empresario español, tenga usted
una panameña en su vida. Hay unos instrumentos, estamos en un proceso
de liberalización de capitales que -permítanme la expresión-
contradice quizás la política de blanqueo, y en esa liberalización de
capitales están los paraísos fiscales, y los bancos, las empresas
privadas, las personas físicas, hacen uso de esos instrumentos
jurídicos, y a esos paraísos fiscales no podemos llegar nosotros.
Fíjese que en esa ley y ese reglamento, en cuya gestación creo que
intervino doña Carmen, las sucursales de entidades extranjeras en
España están bajo nuestra acción; las sucursales filiales de bancos
en el exterior se escapan. Hay una disposición adicional al final,
confusa, que dice: ustedes sujétense a las reglamentaciones locales,
tengan unos procedimientos de control... Los paraísos fiscales están
ahí, lo que dice el señor Jiménez Villajero en materia de paraísos
fiscales lo firmo. Es una hipocresía internacional, no se puede
luchar contra el blanqueo mientras haya paraísos fiscales, pero que
casualidad que cada país tiene su paraíso fiscal, y los tontos somos
nosotros, que no lo tenemos. Perdónenme ustedes lo gráfico de mis
palabras, no puedo ser más rotundo. Ahora, a mí los bancos me
contestan, y en este sentido no puedo hacer mías las expresiones del
señor Jiménez Villarejo. Parece que está conforme usted con razones
de prudencia de no abrir la reglamentación en este momento por falta
de experiencia y porque se generarían de nuevo presiones para
escaparse de ella.
La entrada del euro nos preocupa, naturalmente; puede provocar un
mayor movimiento físico de dinero, el dinero negro que se escapa,
cuanto más lejos, mejor, cuando ve que se va a tener que transformar
en euros; mayor salida de pesetas. Hay en gestación un proyecto de
decreto que modifica el actual de entradas y salidas de dinero físico
por
fronteras. Yo he presionado todo lo que he podido, creo que está en
avanzado estado de elaboración, no pasa por mis manos, próximamente
va a haber una reunión de la Comisión Nacional de Prevención y
sospecho que ahí se va a hablar de ese proyecto de decreto, no sé si
para oír el parecer de la Comisión, pero el tema de los euros nos
preocupa, lo estamos estudiando. En cuanto al movimiento físico del
euro, igual que ahora el de las pesetas, en su día, habrá que
estudiar cada sector. En relación con la droga, el hachís, la cocaína
o la heroína, cada uno tiene sus procedimientos distintos. Por
ejemplo, si es la heroína, que va a los turcos, seguirán sacando las
pesetas, como lo hacen ahora. Disminuirá la búsqueda del cambio de
libras a pesetas o de florines holandeses u otro tipo de monedas
europeas, pero si el marroquí quiere pesetas tendrá que transformar
los euros que recibe en pesetas. Habrá que establecer sus
matizaciones. Creo que, desde el punto de vista de las actividades
del Servicio en materia de prevención del blanqueo, la llegada del
euro no nos va a ocasionar mayores dificultades. Quizá nos causarán
más los temas del dinero electrónico en Internet. Estamos un poco en
mantillas, el GAFI lo está estudiando, nosotros también lo
intentamos, pero no cabe duda de que por ahora, como todo pasa a
través de las cuentas bancarias, por ahí tendremos nuestra principal
fuente de información. Todavía no es un tema que esté dominando, pero
nos preocupa, y me parece que en la memoria ya lo indicamos.
Además de Ceuta y Gibraltar, yo incluiría Melilla, que quizás es tan
importante como Ceuta. En cuanto a la salida del dinero físico de
Gibraltar, el Servicio Ejecutivo y su director han pedido que la
legislación de entrada y salida, de movimiento físico de dinero, sea
lo más dura posible. Los italianos, que acaban de sacar una
legislación en materia de blanqueo, han unido un control riguroso del
movimiento físico del dinero, tanto por frontera como interior. A
usted, señor Guardans, le puede coger la Gendarmería francesa en un
cruce de carreteras, mirar el vehículo y, si lleva más de los francos
necesarios, intervenirle ese dinero, porque hay la presunción de
que, mientras usted no demuestre lo contrario, ese dinero en esa
cantidad puede ser fruto del blanqueo. Eso en España no existe, usted
puede circular por cualquier lugar de España con doscientos millones
a bordo, nadie le puede decir nada. Esa legislación habrá que hacerla
más estrecha y más controladora.
En cuanto al problema de las sociedades gibraltareñas, doña Carmen,
le diré que abrir la frontera, desde el punto de vista del blanqueo,
fue negativo, no sé desde el punto de vista de Asuntos Exteriores.
Cuando se crearon esas sociedades propuse una solución que podía ser
muy dura y es negar la eficacia jurídica en España a esas sociedades
-y usted ya me escuchó la otra vez-. Esas sociedades se crearon en
Gibraltar pero no podían actuar y sus actos no tenían eficacia
jurídica en la Commonwealth, ni en el Reino Unido, las crearon para
nosotros y se toleró y se permitió. A lo mejor no hacía falta negar
efectos jurídicos a los actos de este tipo de sociedades. Eludo todas
las repercusiones de tipo internacional. Hablo desde la óptica
reducida del blanqueo de capitales.
Ya le he dicho algo sobre el terrorismo. Alguna vez nos ha llegado
algo del terrorismo islámico. Me estoy acordando de un caso de
argelinos fuera de España, del que dimos
cuenta a las autoridades que correspondía, y se desmontó difícilmente
el sistema que existía, que permitía que una serie de fondos pudiesen
caer en manos del terrorismo argelino. Tuve que hablar con las
autoridades del departamento que llevaban esto y se corrigió
rápidamente.
La coordinación con otros órganos policiales es total. Vuelvo a
repetir que nosotros somos un órgano de investigación informativa. Se
lo pasamos a la autoridad policial o, a través de los fiscales, pero
son otros los que tienen que llegar al final, que son los que lo
explotan en prensa y publicidad y ¡bendito sea Dios!, nosotros en la
trastienda. Con la Guardia Civi1 pudo haber más tensiones porque ésta
quería participar en el Servicio y que se hubiera creado otro para
ella. Tuvimos una serie de conversaciones y las relaciones existen.
Hay unos interlocutores: el jefe de Comandancia y el jefe del
Servicio Fiscal. No aceptamos que venga el sargento de un puesto de
la Guardia Civil pidiendo información, ni yo me dirijo al sargento
del puesto. He pedido muchas veces a la Guardia Civil informes de
actividades reales de la gente. Hay que tener en cuenta que en las
grandes capitales, en las que hay mayor circulación del dinero, me
dirijo a la Policía y en los ámbitos rurales, o donde no hay
comisarías, me dirijo a la Guardia Civil. Por tanto, esa coordinación
existe y muy cordial.
Por lo que se refiere a la carencia de medios, señora Romero, le diré
que siempre podíamos tener más. Los órganos que me tienen que dar
funcionarios son muy restrictivos. Momentos antes de llegar aquí me
comunicaba el Director General de Inspección Financiera que, por fin,
me manda un funcionario más, joven, aguerrido y con conocimientos de
inglés; a finales de mes lo tendré. Ahora bien, dados los limites de
nuestras actuaciones, tampoco necesitamos mucho más. Hay que ir
prudentemente. No se trata de organizar aquí una cuarta policía
española. Ya tenemos bastante con la Guardia Civil, con otras
organizaciones policiales paralelas, con el Cuerpo Nacional de
Policía, con las policías autónomas, con el Servicio de Vigilancia
Aduanera, como para crear otro cuerpo de vigilancia. Quizá
necesitaríamos algunos técnicos más para robustecer la asistencia
informática, técnicos que me presta el Banco de España pero que no
los destina. Creo que en este momento no serían necesarios muchos
más.
En cuanto a las previsiones presupuestarias le diré que no tenemos
presupuesto. Vivimos del Banco de España. Yo siempre que pido algo al
Banco de España me lo da. No se me ocurre preguntar cuanto le
costamos. Le debemos costar mucho. No tenemos un presupuesto nuestro.
Vivimos del Banco de España.
Por lo que se refiere a las actuaciones pendientes está la próxima
Comisión que se celebra el día 29 -iba a celebrarse el día 15, pero
se tuvo que suspender porque el señor Montoro tuvo que comparecer en
esta Cámara-. Está muy avanzado el decreto de oficinas de cambio que
creo que ha pasado por el Consejo de Estado donde se cierra mucho más
la libertad que existe en esta materia y se meten como tercer grupo
final de cambio los chiringuitos, es decir, las oficinas de
transferencia de dinero al exterior. E1 transporte físico de dinero
que tanto me preocupa no se en qué grado estará.
En cuanto a la necesidad de personal para nuestra función y lo que
hacemos, podíamos robustecerlo más, pero,
repito, no es muy necesario. Nosotros, señora Romero, estamos al
servicio técnico tanto de las fiscalías como de los jueces, ahora
bien, ellos tienen sus propios grupos de expertos: tienen policía,
funcionarios de Hacienda; independientemente de nosotros ellos tienen
también sus propios grupos, también escasos, posiblemente, pero los
tienen. El otro día tuvimos una reunión con el fiscal de la droga del
servicio, que se pasó todo el día, incluso comió con nosotros, y está
tratando también de aumentar sus efectivos.
Otros cuerpos de sujetos obligados. Hemos vuelto a tener reuniones
con los notarios, con los registradores, con los corredores de
comercio, estamos intentándolo con los seguros. Estoy trabajando
ahora con las asociaciones, que son distintas de las inmobiliarias.
He tenido una reunión con los notarios a la que ha venido el que
lleva los asuntos económicos de cada colegio, y naturalmente les
hemos hecho supuestos, están relacionándose para incorporar a una
circular corporativa suya posibles supuestos de hechos de blanqueo.
Se está trabajando en la medida que podemos.
Actuaciones archivadas. Efectivamente las que se archivan es bajo la
responsabilidad del director del Servicio, que creo que tengo alguna
formación jurídica, y tengo también gente, aunque no tengo abogados
destinados como tal o letrados, pero en general tenemos una formación
jurídica y creo que lo hacemos bien. Se archivan porque muchas de las
comunicaciones que recibimos carecen de entidad y enseguida te das
cuenta que es un señor que ha hecho una pequeña inversión de una
herencia que ha recibido y, por tanto, es un señor honesto y no
podemos ir contra ello. Yo me atrevo a asegurarle que la mayoría, que
son más del 50 por ciento las que se archivan, están bien archivadas,
después de habernos asomado al tema; lo hemos investigado, hemos
visto sus antecedentes, hemos visto sus
cuentas, etcétera, porque no todas las comunicaciones, como he dicho
antes, encierran operaciones sospechosas.
Creo que -iba a decir gráficamente- me he desnudado ante ustedes. Si
hubiéramos tenido más tiempo podríamos haberlo hecho con una mayor
profundidad. No ha podido ser así. Yo recibí un fax anteayer por la
tarde diciendo que tenía que comparecer y aquí he estado.
Personalmente estoy a disposición de cada uno de ustedes para,
previamente puestos en contacto, poderles dar las informaciones que
soliciten.
Nada más. Muchas gracias a todos y muchas gracias, señor presidente.
El1 señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Muchas gracias, señor
Rodríguez Román. Estoy convencido de que la Comisión sentirá una gran
satisfacción si algún día nos vuelve a hacer una visita. Le deseo un
feliz viaje, sobre todo útil, a Portugal esta tarde.
Quiero aprovechar la circunstancia muy temporal de mi Presidencia,
dado que el señor Padilla tenía una serie de obligaciones que
cumplir, para agradecer a los servicios de la Cámara, tanto a la
letrada por su asesoría como al cuerpo de taquígrafos por su trabajo
tan eficaz para nosotros, a los portavoces por sus atinadas
intervenciones, y al resto de los compañeros de la Comisión que se
han mantenido hasta ahora por su generosidad en compartir con
nosotros todos estos momentos.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.