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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 506, de 09/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 506
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 9 de septiembre de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes
Juan) para informar sobre la detención de los marineros del buque
«Briz-3» realizada en Gambia. A petición propia (número de expediente
214/000088) y a solicitud del Grupo Socialista del Congreso (número
de expediente 213/000754) ... (Página 14610)
- Comparecencia del señor director general para las Naciones Unidas,
la Seguridad y el Desarme (Garrigues Flórez) para informar sobre la
declaración interpretativa de la Convención sobre la prohibición del
empleo, el almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales y sobre su destrucción (COMAP). A petición propia
(número de expediente 212/001476) ... (Página 14619)
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES
JUAN), PARA INFORMAR SOBRE LA DETENCIÓN DE LOS MARINEROS DEL BUQUE
«BRIZ-3» REALIZADA EN GAMBIA. A PETICIÓN PROPIA (número de
expediente 214/000088) Y A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(número de expediente 213/000754).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenas tardes.
Se abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que es la
primera de este curso parlamentario. Quería darles la bienvenida a
nuestros trabajos con el deseo de que las vacaciones les hayan
resultado suficientemente largas y reparadoras.
Como saben, tenemos una sesión con tres puntos en el orden del día,
dos de los cuales se refieren a la misma sustancia, la retención de
un buque de pesca español en Gambia y los sucesos consiguientes.
A tal efecto, el ministro de Asuntos Exteriores comparece a petición
propia, y quiero saludar su presencia aquí y agradecerla. Al mismo
tiempo, hay una petición de comparecencia del Grupo Socialista
del Congreso.
Como es habitual, vamos a tratar ambas solicitudes conjuntamente, de
manera que procederé a dar la palabra, en primer lugar, al señor
ministro de Asuntos Exteriores, y luego, en la forma habitual, será
el Grupo Socialista el que consuma el primero de dichos turnos.
Consideraremos posteriormente la comparecencia del director general
para las Naciones Unidas con respecto a la declaración sobre minas
antipersonas.
Sin más preámbulo, y reiterando la bienvenida al señor ministro de
Asuntos Exteriores, le doy la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas
gracias, señor presidente, por sus amables palabras de bienvenida.
Muchas gracias, señorías, por su presencia.
He solicitado comparecer ante la Comisión, y accedo también con
agrado a la solicitud del Grupo Socialista en el mismo sentido, para
informar de las vicisitudes padecidas por los marineros del «Briz-3»
desde su detención en aguas de Gambia el 2 de junio pasado hasta la
liberación completa de los dos últimos de sus tripulantes, los
señores Lozano y López, que ayer llegaron felizmente a España.
Como es habitual, vengo a esta Cámara seguro de que a todos nos anima
el deseo de hacer más eficaz nuestro servicio exterior. Estoy
seguro también de que en esta ocasión, y a pesar de lo dilatado y
complejo del problema, los servicios de mi Ministerio han hecho
cuanto estaba en sus manos para resolver, en primer lugar, el problema
humano de los marineros retenidos y, en segundo lugar, el problema
empresarial del armador afectado.
Desde que desempeño la cartera de Asuntos Exteriores uno de los
objetivos fundamentales de este Ministerio ha sido el de ejercer con
la máxima eficacia la llamada protección consular. Me he interesado
personalmente, a través de múltiples gestiones y en mis viajes
oficiales -lo que no suele ser corriente entre los ministros de
Exteriores- por la situación de españoles detenidos en el extranjero
o con problemas con las autoridades locales, y asimismo he buscado
con insistencia, cuando ha sido necesario, la solidaridad
comunitaria para resolver conflictos de esta naturaleza, consciente
de que el apoyo de la Unión Europea, como conjunto, mueve
generalmente más influencias que la acción de un único país. Por
supuesto también en este caso ha sido importante la cooperación de la
Comisión Europea, aliada incondicionalmente con nuestros intereses.
Quiero agradecer expresamente las diversas gestiones realizadas por
el comisario Piñeiro y sus servicios y las declaraciones de la
Comisaría de Pesca en el sentido de que en tanto no estuviera
resuelto este tema no habría negociación de un acuerdo de la Unión
con Gambia.
Con la tranquilidad que me proporciona el haber mantenido
constantemente esta línea de actuación he de manifestarles que,
desde el momento que tuvimos noticia del incidente protagonizado por
el «Briz-3» hemos dedicado toda nuestra atención al problema, hemos
movilizado todos los recursos a nuestro alcance y hemos prestado la
ayuda requerida de toda índole a nuestros conciudadanos, víctimas
directas de esta situación.
Las gestiones realizadas en relación con este asunto han sido
innumerables, y precisamente para no detallarlas y no cansarles le he
pedido al señor presidente que haga distribuir una nota
informativa, que les será entregada, donde aparecen en detalle esas
múltiples gestiones desde que la Embajada española fue notificada de
esa detención, que fue justamente al día siguiente de que ésta se
produjera. Pero aunque esa nota les da referencia completa de todo el
proceso, me permitirán que les haga un relato muy sucinto
y extractado de los principales hitos de esa larga secuencia.
El pasado 2 de junio, «el Briz-3», matriculado en Dakar, Senegal,
propiedad de la empresa senegalesa Atlantic Peche y explotado por la
empresa española Tarso Consulting, atravesaba aguas gambianas, al
parecer para desplazarse desde un caladero senegalés situado al sur
de Gambia hacia otro situado al norte. Como SS. SS. saben, Gambia es
un pequeño país que ocupa un tramo de costa en el interior de
Senegal. Llevaba los aparejos de pesca desplegados -los llamados
tangones- y las redes suspendidas de los tangones, pero según
declaraciones de la tripulación -que España en todo momento ha
defendido y ha suscrito, y yo muy especialmente-, estas redes
estaban sin calar. En estas circunstancias fue abordado a las cinco
de la tarde por una patrullera de Gambia, el barco fue obligado a
atracar en Banjul, su capital, y acusado de faenar sin licencia. Los
marineros fueron conminados a firmar un documento en el que
reconocían estar pescando ilegalmente, a lo que el patrón de la
embarcación se negó. Una vez que el buque llego al puerto de Banjul,
la embarcación fue fondeada con toda la tripulación a bordo y bajo
la custodia de los soldados de la patrullera, en tanto el capitán y
el maquinista eran trasladados y detenidos en dependencias policiales
de la marina de Gambia en Banjul, donde quedaron.
Al día siguiente, el 3 de junio, el apresamiento fue conocido por
nuestra embajada en Dakar e inmediatamente se dio aviso al vicecónsul
honorario de España en Banjul, quien se desplazó a las dependencias
policiales encontrando en buen estado a los dos españoles y,
gracias a sus gestiones, logró que el capitán y el maquinista
fueran libera- dos -estaban detenidos-, que se hospedaran en el hotel
Sun Wing y disfrutaran de libertad de movimientos en la ciudad, a la
espera de que el armador negociara la multa del buque y la tripulación
pudiera salir de Gambia.
Las gestiones realizadas desde este momento fueron innumerables -las
tienen ustedes detalladas en la nota informativa-, todas ellas
tendentes a asegurar la protección de los retenidos. Desde el
momento en que el armador solicitó -y creo que es un dato importante;
estamos hablando de tres meses- el apoyo consular a sus gestiones de
negociación, un mes y una semana después del apresamiento, nuestras
autoridades apoyaron las gestiones del armador para conseguir la
devolución del buque.
La movilización de los recursos de este Ministerio ha sido total,
puesto que en las gestiones realizadas han intervenido, además de
la Embajada de España en Dakar y del vicecónsul en Gambia, la
Embajada de España en París, dado que el embajador de Gambia en
Francia está también acreditado en España, por tanto, había que
utilizar los servicios de nuestra Embajada cerca de la de París; los
servicios centrales del Ministerio en todo momento en contacto
conmigo: el subdirector general de Consulares, el subsecretario, el
secretario de Estado y la representación permanente en Bruselas; la
Comisión Europea, como les he dicho; las embajadas de otros países
comunitarios en Gambia, etcétera. Gracias a estas múltiples
gestiones, todos los miembros españoles de la tripulación que
quedaban retenidos en aquel momento en Gambia pudieron finalmente ser
liberados y regresar a España el 12 de agosto; gracias -repito- a
todas estas gestiones, que empezaron sobre el 10 de julio, cuando el
armador solicitó apoyo.
Por tanto, se apoyaron todas las gestiones que hizo el armador, que
fueron fructificando con exasperante lentitud-no es un secreto que
para algunos países el sentido del tiempo es otro-, lo que, y es
comprensible, suscitó nervio- sismo e impaciencia en quienes
deseábamos la resolución del problema. Sin embargo, y en todo
momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores se mantuvo en contacto
fluido con la Junta de Andalucía, que se interesó por el problema,
y con los familiares de las dos personas que entonces quedaron
retenidas. El armador puso por escrito su agradecimiento por el
apoyo que venía recibiendo el 6 de agosto. En otro escrito, de fecha
20 de agosto, que también obra en mis manos, solicitaba más presión.
A pesar de las dificultades que ha habido que salvar, entiendo que
hemos logrado ir avanzando de manera coordinada. He informado
personalmente a los responsables de la Junta de Andalucía, incluido
su presidente; creo que habló cuatro veces el secretario de Estado,
señor De Miguel, y creo recordar que otras cuatro he hablado yo
personalmente repito con él. Tengo que insistir en que me ha dado
reiteradamente las gracias, la última vez ayer mismo por la mañana,
cuando ya estaban llegando a Madrid, y me puntualizó que en ningún
momento había criticado la actuación del Ministerio. Incluso me mandó
por fax fotocopia
literal de sus declaraciones y, repito, me agradeció una vez
más las gestiones. Tengo que decir que no ha habido petición
formulada a este Ministerio por la Junta o por el presidente de la
Junta que no haya sido inmediatamente atendida.
He de decirles que he estado preocupado por estos españoles, alejados
a la fuerza de su país durante estos meses, y personalmente he
impulsado y seguido todas las gestiones que se han realizado. El juez
encargado de instruir el caso no empezó sus diligencias hasta
entrado el mes de agosto. El patrón y el jefe de máquinas, que junto
con el barco, fueron retenidos en Banjul, fueron finalmente citados
por el juez. A partir de ese momento, nuestros esfuerzos
consistieron en conseguir que hubiera una cierta coincidencia entre
la terminación del juicio y la negociación con el Gobierno de la
sanción pecuniaria, porque incluso se podría dar el caso de que, si se
producía primero la sentencia y en aquel momento no había acuerdo
pecuaniario y no se podía pagar la multa, los dos españoles, en
cumplimiento de la ley de Gambia, habrían tenido que ingresar en la
cárcel. Esa negociación también se resolvió bien. Como ustedes
recordarán, el lunes de la semana pasada tenía que celebrarse el
juicio, y como no estaba cerrada la negociación, se obtuvo un
aplazamiento para que ese juicio se celebrara el jueves. El
miércoles se llegó a un acuerdo, al parecer, sobre el importe de la
multa; el jueves tenía lugar el juicio con el pago de dicha multa, que
además coincidía el importe de la negociación con la estimación del
juez, y el jueves, repito, con el dinero reunido y con el armador
per- sonado en Banjul, tuvo lugar finalmente el cumplimiento de todas
las obligaciones por parte del citado armador.
En este momento los acontecimientos se precipitaron, por cuanto que
parece ser que el Ministerio de Pesca, que había contemplado desde el
primer momento con cierta reticencia esta negociación entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Gambia y el armador, asistido por
nuestros servicios, cuando tuvo conocimiento del importe de esa
multa, algo por encima de los 30 millones de pesetas, planteó su
disconformidad con la misma, y es cuando se produjo la posibilidad
de que dicho Ministerio de Pesca recurriera la decisión del juez
reclamando una multa que se acercaba a los 200 millones de pesetas,
o, en sustitución de la misma, cuatro años de cárcel. Ese fue el
momento en el que consideré que era pertinente, oportuna y
justificada una decisión política, una intervención mía al máximo
nivel. Hasta ese momento, con toda franqueza, como saben ustedes que
son expertos en temas diplomáticos, una intervención política
hubiera resultado contraproducente y difícilmente justificable,
porque se nos hubiera acusado de injerencia en un proceso judicial en
marcha y en un país soberano que, como SS. SS. conocen, es uno de los
más pequeños y pobres de la comunidad internacional, en este caso, las
circunstancias acababan de cambiar, puesto que el armador había
pagado la multa, el tribunal había actuado y resuelto y la liberación
no se producía.
Así las cosas, decidí ese mismo día, el viernes, hablar con el
presidente de Gambia. Fue una conversación larga, franca, que terminó
muy cordialmente, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer la
intervención personal del presidente gambiano, quien manifestó toda
su comprensión hacia los argumentos que tuve ocasión de exponerles,
incluso hacia el hecho de que en aquel momento recabáramos su
gestión personal, y así lo hizo él saber una vez que se había
producido la sentencia judicial y se había abonado la multa.
Dijo que era un hombre que quería ser respetuoso con las decisiones
judiciales, pero que ése era un momento para que yo interviniese y
evitar ese recurso por parte de su Administración.
Aquella misma noche fueron entregados los pasaportes a los dos
ciudadanos españoles y hubieran podido ya partir de regreso a casa,
pero decidieron acabar de efectuar provisiones y salir al día
siguiente por la mañana. Nada me pudo alegrar mas, después de hablar
con el presidente, porque lo consideré un deber humanitario, que
comunicarles la buena noticia a sus esposas, cuya angustia comprendía
y compartía. El día anterior me había puesto al teléfono porque una
de ellas, en cinta, había querido hablar conmigo para que yo le diera
mi parecer.
Resuelto felizmente el problema humano, aunque todavía no nos hayamos
rehecho todos de la zozobra vivida, pienso que este es momento de
sentir alegría por el desenlace de un caso complejo, sometido a la
justicia de un país soberano, que ha llegado a un final feliz gracias
al empeño de todos.
En este sentido, quiero resaltar los esfuerzos desarrollados por la
Junta de Andalucía y la propia presión y solidaridad mostrada en
todo momento por la población de Isla Cristina, así como por las
familias de los marineros. Quiero también, una vez más, felicitar a
mis servicios diplomáticos y consulares, ya que sin la base de
todas esas gestiones que se habían hecho, que obran en su poder
detalladamente y que, como verán, son cuantiosísimas, numerosísimas y
de una gran importancia, probablemente mi gestión, que resultó
fructuosa, no habría sido así. A fin de cuentas no hemos hecho más que
cumplir con nuestra obligación, y creo que podemos felicitarnos del
resultado final de esta aventura.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, que es el
autor de la petición de comparecencia, tiene la palabra el señor
Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor ministro, en el doble sentido
de comparecer e informar de manera rápida, no sé yo si detallada, y
porque sus gestiones han ayudado a que dos marineros de Isla
Cristina, provincia de Huelva, circunscripción a la que pertenezco
como diputado, estén felizmente en su casa.
Digo que la información no sé si será completa, y nos movía al Grupo
Parlamentario Socialista en la solicitud de la comparecencia el que lo
fuere, porque difícil va a ser que en Andalucía, en Huelva, y de
manera especial en Isla Cristina, no se hagan la pregunta que se
hacen también las editoriales de muchos periódicos provinciales,
regionales y nacionales de por qué se esperó tanto tiempo.
Ha dado usted una justificación de carácter procesal sobre la cual yo
quisiera hacer alguna puntualización, pero no me conteste a mí cuando
hace ese tipo de información; debe contestar a la mayoría de los
ciudadanos de aquella provincia, de la región, y en gran medida de
España, que veían cómo dos ciudadanos españoles estaban retenidos en
Gambia, parecía que con una escasa asistencia de tipo jurídico, ya
que había sólo un cónsul en la ciudad en la que estaban retenidos;
con una limitada información, a menos a efectos familiares durante
los primeros días; y con una escasa información a los empresarios que
permanecían uno en Gambia y otro aquí pendientes de poder hacer
efectiva la multa mediante el acopio de los créditos oportunos para
que eso fuera posible. A todos ellos, señor Matutes, que hoy aparecen
satisfechos porque se cierra una pesadilla familiar y humana, debe
contestarles, ya que han preguntado algunas cosas que no aparecen en
su información referentes a la solicitud de una mayor
profundización en la información y no otra.
Ellos recordaban todavía ayer, y se lo habían dicho antes a sus
familiares, que recibieron un tratamiento brutal: hubo sevicias y
torturas, en el apresamiento, de lo que el señor ministro hoy no nos
ha informado, y previsiblemente a esta gente, que está pendiente de
ver cómo se cierra por el Gobierno español esta pesadilla -insisto en
la palabrales gustará escuchar que el ministro del Gobierno central
deplora esta actitud, si así ocurrió, y que ha hecho lo imposible
ante las autoridades correspondientes por considerar que han sido
absolutamente improcedentes. Porque dos marineros, uno patrón del
barco, no un marinero cualquiera, y el otro jefe de máquinas, es
decir, los dos máximos responsables del barco, tuvieron la gallardía
de no sentirse culpables y, por tanto, de no hacer un acto impropio
de una persona de bien, que hubiera planteado un problema mucho más
grave al Gobierno español, y deben tener esa misma consideración
cuando expresan que fueron torturados, ya que hubo actos que podían
calificarse con ese nombre, como golpes al patrón, amenaza con
pistolas a los miembros de la tripulación, etcétera. La opinión de
estas personas y de sus familiares es que ha habido una cierta
dejación o pasividad, que usted considera que no ha sido así, por
parte del Gobierno español, y esa sensación es la que usted debería
intentar desvanecer.
Algunas actuaciones de miembros del Gobierno no parecía que ayudaran a
la hora de solventar este problema. Concretamente la ministra de
Pesca consideró de manera publica que la actuación de estas personas,
que da lugar a un proceso judicial, era consecuencia de un delito, es
decir, que el gobierno de Gambia había apresado el barco y retenido a
estas dos personas como consecuencia de la comisión de un delito,
cosa que usted mismo ha aceptado que no era así. Por tanto, parece
que todos los miembros del Gobierno deberían haber mantenido, en su
momento, una actitud de mayor prudencia. Yeso también se achacaba, en
el pueblo de Isla Cristina y en la familia, realmente preocupada,
al Gobierno español, que parecía que lejos de defender de manera
cercana a estas dos personas retenidas injustamente, más bien los
consideraba culpables. Siento no tener en este momento las
declaraciones de la señora ministra, tengo otro tipo de
declaraciones en periódicos y editoriales que con mucho gusto le
paso, pero si usted me las requiriera con mucho se las haría llegar.
Yo diría, señor ministro, con toda franqueza y con toda moderación, y
aceptando, por supuesto, el nivel de agradecimiento que como
diputado de Huelva debo expresarle por sus gestiones, que no estoy
muy seguro de que el Gobierno español no haya podido tener una
actitud más
activa en este tema. Yo tuve alguna intervención y procuré que fuera
prudente porque conozco un poco estas situaciones. Al presidente de
la Comisión le parecerá extraño que yo esté en ella, pero recordará
que pertenecí a la misma durante años, por eso entiendo bien como son
estas cuestiones. Pero bajo esa sombra de prudencia, en ocasiones
también se ensombrecen actitudes de pasividad, y el señor ministro da
esa impresión. Si su actitud final de relación con el presidente del
Gobierno de Gambia se hubiera producido al inicio del proceso y no
a la mitad, porque usted sabe que la sentencia en primera instancia
tiene una posibilidad de recurso y el proceso estaba abierto; si esa
intervención se hubiera dado al inicio, repito, esos marineros no
hubieran estado cerca de cien días en Gambia en una mala situación.
Hay muchos marineros españoles (andaluces, gallegos, etcétera) en
aguas jurisdiccionales de países con un sentido del Estado de Derecho
y de la democracia menos sensibles y muy alejados de los criterios
europeos, y no sé si después de la actitud del Gobierno y de la
información de hoy, señor ministro, y se lo digo sin ironía, se van
asentir tranquilos.
Señor ministro, creo que hubo escasa información en los primeros
días. Sí me consta que hubo una actividad importante y casi frenética
en la última semana y una leal colaboración entre administraciones,
que hay que agradecer tanto a la central como a la autonómica. Lo
que se preguntan muchas personas, señor ministro, es por qué ha
sido tan frenética la actividad al final y tan escasa al principio.
No creo que sea a consecuencia de la solicitud de comparecencia,
estoy seguro de ello (El señor ministro de Asuntos Exteriores,
Matutes Juan: De la sentencia) porque no podemos darle ese valor.
Ojalá, porque el Parlamento debería tener esta cualidad y activar las
energías de los gobiernos respectivos, pero no creo que sea así.
Alguna explicación tendrá y si usted me dice que es de carácter
procesal, si me lo permite, señalaré que me parece una información
o una argumentación escasa. El proceso está abierto, toda vez que no
habla sentencia definitiva, puesto que estaba en la vía de recursos,
y bien sabe usted que apeló a ellos el ministro de Pesca, seguramente
para aumentar la cuantía de la multa en un momento determinado. Por
tanto, respecto a que la actuación fue en el momento oportuno no
estoy muy seguro, señor ministro. No creo que sea del todo correcto
como explicación.
En todo caso y termino, señor ministro, quisiera de verdad
-créamelo- darle las gracias por la actividad desplegada,
fundamentalmente en las últimas dos semanas, ello en primer lugar. En
segundo lugar -y también si me lo permite- para que en lo posible no
vuelva a ocurrir, quisiera hacer una mínima recomendación, la de
que intentemos intensificar las medidas de protección de manera tal
que nuestros marineros no tengan esta inseguridad, jurídica
y asistencial, por la que pasaron estas dos personas de la provincia de
Huelva. Y aunque sé que no lo va a aceptar, creo que el Gobierno
central debía haber tenido más reflejos, si me permite esta
expresión un ministro al que le gusta el deporte y que imagino que
todavía será amante del esfuerzo físico; quizá más reflejos en este
tiempo no nos hubiera venido mal a todos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Permítanme
que agradezca al señor Barrero su tono pausado y constructivo y
también que le exprese mi gratitud por su agradecimiento al ministro
y al Ministerio. Créame -se lo digo con toda franqueza, señor
Barrero- que esas gracias las merecemos, y se lo voy a demostrar
con más detalle, puesto que usted me ha pedido que profundice en las
explicaciones.
Se ha referido al trato brutal. Efectivamente. se lo planteé al
presidente de la República y estaba muy enterado de ello. Me dijo: Su
cónsul les vio al día siguiente de ser detenidos y ya he leído por
la prensa que hablan sido objeto de muy malos tratos. Lo de las
torturas psicológicas yo no lo sé, porque cada cual se tortura
psicológicamente con lo que quiere, y entiendo que había razones para
una ansiedad, pero yo mismo me he preocupado de averiguar si ha
habido malos tratos. No sé si alguien les ha enseñado o no un arma,
o si les ha apuntado, pero tengo garantías -me dijo el presidente- de
que no se les ha torturado ni se les ha infligido esos malos tratos
físicos, porque de otro modo -me señalaba- ¿qué explicación tendría
que tras la intervención de su cónsul, al día siguiente, no sólo se
les pudiera examinar, sino que se les dejara libres para que se
pudieran mover? Parece que difícilmente se compadecen una actuación y
la otra.
En todo caso, poco podía yo hacer en aquel momento, a tres meses de
estos hechos; de lo que se trataba era de ser prácticos, no enredarse
en las cuestiones de principio y conseguir la liberación, pero si se
lo planteé al señor presidente de la República, que, repito, me lo
negó rotundamente, y hubo un momento que a la vista del tono que
iba adquiriendo, creí que corría el peligro de que entre tanta
polvareda se nos perdiera don Beltrán, ya que el tema de la discusión
era que se les devolvieran los pasaportes. En esos temas, ciertamente
siempre estoy al lado de los míos, en este caso los pescadores
españoles, con razón o sin ella, y seguiré apoyándoles.
Después se ha referido S. S., siempre con un tono constructivo, a
la escasa asistencia. Figura detallada en la información que se les
ha dado. Si alguien puede calificar esa asistencia de escasa, yo
desde luego estaré de acuerdo, pero antes pediré a SS. SS. que me
dupliquen los presupuestos para el servicio exterior, porque con el
embajador destacado allá, el cónsul honorario movilizado
permanentemente y el encargado de negocios para arriba y para abajo,
en pocas ocasiones en la historia se ha dado una asistencia tan
continuada, tan permanente y tan prolija.
La tercera cuestión que S. S. plantea es por qué no se intervino
antes. Yo creo que lo he explicado cumplidamente -el propio
presidente me lo insinuó-, en el sentido de que una llamada un día
antes no habría sido atendida o no habría tenido éxito. Le voy a
dar más detalles. España es la segunda potencia pesquera mundial
desde hace más de veinte años; por lo tanto, comprende varios
gobiernos. Tenemos una media de apresamiento de pesqueros y
tripulación entre 60 y un centenar anual y a todos ellos se presta
servicio consular. Aveces no tenemos la suerte de poder actuar tan
rápidamente y de estar allí a las veinticuatro horas, pero en este
caso se pudo hacer, y
tengo que decirle que en los mil y pico casos que se han dado en los
últimos doce años, según consta en el Ministerio, por poner un
ejemplo, no figura un solo antecedente en el que el ministro
personalmente se haya interesado. Estamos hablando de mil y pico
casos. Por tanto, el servicio se ha dado, pero no ha sido en aquel
momento conveniente o posible o no se ha considerado oportuno
intervenir, y en los mil y pico casos de los últimos diez años y en
los dos mil y pico de los últimos veinte no aparece en los
antecedentes del Ministerio ninguna intervención del ministro en
relación con pescadores españoles. Sólo aparecen dos
intervenciones. Una se dio en el caso del capitán Pecina, en Nigeria,
que estuvo dos años y medio retenido, como usted recordará. Era un
mercante no un pesquero, que estuvo retenido dos años y medio, y
seguramente entonces muchos se preguntaron también si no se podría
haber intervenido antes, pero en aquel momento la oposición
consideró que había que apoyar al Gobierno, y seguramente cuando mi
ilustre y llorado por mí -y con mucha razón llorado- predecesor
Fernández Ordoñez consideró que había que hacerlo fue porque en aquel
momento se podía hacer y probablemente no antes. Figura también el
antecedente de otro mercante, el del capitán Rosales, en Irán,
cuando llevaba más de un año preso. Son los dos únicos antecedentes
que en estos momentos figuran. Yo he pedido información a los
servicios, porque naturalmente mi memoria histórica no llega a tanto,
y tengo que fiarme de estos datos, aunque puede que se haya
traspapelado algún documento, pero repito que no figura ningún
antecendente de intervención en dos mil y pico casos, y desde luego
ha habido detenciones, no retenciones como en este caso, mucho más
largas, lo cual no quiere decir que yo me vaya a ahorrar un esfuerzo;
lo voy a hacer y seguiré haciéndolo, porque, como todo el mundo,
tengo aciertos y errores, pero si de algo me enorgullezco al frente
de este Ministerio, en el que hay un personal tan competente y tan
dedicado, es de que justamente ya no se habla de cuestiones
consulares.
Muchos de mis colegas de Exteriores -no quiero señalar ninguno en
concreto- en todo el mundo distinguen entre las cuestiones
diplomáticas o de Estado y las cuestiones consulares, considerando,
estas últimas como temas menores en los que normalmente los ministros
no entran, pero este ministro dejó claro desde el primer día que
cuando hay una de esas cuestiones consulares, no sólo el director
general de Asuntos Consulares y toda la Dirección General tienen que
estar movilizados, lo cual quiere decir que lo están permanentemente,
sino que tiene que estar movilizado todo el Ministerio, empezando por
el ministro, que no deja de llamar a todos a cualquier hora del día o
de la noche. Esa es una costumbre que todo el mundo en el Ministerio
conoce, y le puedo dar algunos ejemplos. En el caso de las Hermanas
de la Caridad, Sagrario Larralde y Rosa Muñoz, les asigné al
embajador porque yo creía que estaba en riesgo su vida. Le dije que se
esposara con ellas y que no las dejara, porque las fuerzas del Zaire
querían separarlas, ni se moviera de su lado y que si por primera
vez tenían que dormir con un hombre, aquella noche dormirían con el
embajador de España. Se quedó con ellas y yo creo que contribuimos a
salvarles la vida. Yo seguí de cerca el asunto y hablé con ellas
dándoles ánimos. Los ánimos, afortunadamente, no los necesitaban,
porque esas dos monjas
se comportaron como dos verdaderos hombres de pelo en pecho y eran
ellas las que daban ánimos al ministro y al embajador. Y no tuvieron
ni una queja después de haber estado quince días apretadas por la
guerrilla; recibiendo algún culatazo y en peligro de muerte.
Confiaban en Dios y confiaron en los servicios.
Le voy a citar otro caso, pues más que nada se trata de un síntoma de
cómo se funciona en este Ministerio, al menos desde que estoy yo. En
mi última visita a Túnez, sobre el 20 de marzo del año pasado, nos
encontramos con un marinero gallego llamado Jorge Santos, que
trabajaba en un mercante o correo que iba de Marsella a Túnez, y en
una inspección que hizo la policía encontraron en su camarote tres
gramos de hachís. Se ve que el pobre hombre, en las largas travesías,
se fumaba algún porro, y le cayeron cuatro años. Había cumplido uno y
medio, su mujer estaba muy enferma, él también, tenía niños
desamparados en Galicia, y resulta que el Convenio de traslado de
presos no cubre los casos de narcotráfico. Uno de los temas que
planteé con prioridad al presidente Ben Ali fue la posibilidad de que
este hombre pudiera terminar su condena en España. Me dijo que no me
podía negar nada, que me conocía de mis tiempos de comisario y que lo
mandaría a España, pero yo recordaba que hacía aproximadamente ocho
meses el señor Fraga había hecho la misma gestión y finalmente no se
había trasladado al señor Santos. Así que le dije: señor presidente,
tengo que pedirle un segundo favor. ¿en qué consiste? Pues que me voy
a España con mi avión, tengo una plaza vacía y me gustaría
llevármelo. Eso era a las diez de la mañana. Me dijo: ¿Y a qué hora
se va usted? Alas cuatro -le contesté- pero si tengo que irme mañana,
me voy mañana, porque me encantaría llevarme a este español para que
pase la Semana Santa con su familia. Me dijo: A las tres lo tendrá
usted en la Embajada. Me lo traje, y supongo que vivo andará por
Galicia don Jorge Santos para hacerme valedor de cuanto les acabo de
decir. Recuerdo que era el 20 o el 21 de marzo porque fue justo unos
pocos días antes de irme a Ibiza a descansar y fue allí donde medio
el infarto; por lo tanto, tengo una memoria muy vivida y clara de
esos días.
Estos no son más que ejemplos que le doy para contestar a la
pregunta que S. S. se ha hecho: ¿pueden sentirse tranquilos los
marineros españoles a partir de ahora? Pues sí, señor Barrero, pueden
sentirse tranquilos, por lo menos, tanto o más que antes, y que tengan
la seguridad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro
seguirán haciendo cuanto esté en su mano, tenga yo que intervenir
personalmente o no, para ayudarles en sus dificultades.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Tiene la
palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Yo imagino que el nivel de satisfacción que
todos tenemos viene dado porque compartimos la alegría de las
familias de estos marineros, pero, insisto, la prudencia no debe
llevarnos a que en este tipo de control parlamentario para temas de
Exteriores todos sepamos medir bien las palabras, sino a que la
euforia no haga
realmente triste lo que ha sido un momento complicado para dos
personas que, como ciudadanos españoles, estaban retenidas en una
zona muy difícil.
Seguro que yo voy a tener ocasión de comentar algunas cosas con esas
personas, porque soy diputado por esa circunscripción y me debo a
ellos, como no podía ser de otra manera, pero no estoy muy seguro de
si sabré decirles correctamente hasta qué punto el Ministerio ha sido
sensible a su angustia. Eso de que parece que eran menos
sensibles los gobiernos anteriores es una vieja doctrina bien conocida
por todos nosotros, señor Matutes. Cuya reiteración no la pone nunca
en valor, porque jamás, a no ser que ahora sea doctrina Matutes, el
agravio comparativo, incluso entre generaciones, podría resultar
atractivo para nadie.
Por tanto, no creo que esa sea la mejor información. Estas personas,
señor Matutes, lo pasaron mal. Yo que soy de una zona de pescadores,
que sufren estas retenciones, aunque obviamente no sabría decirle
ahora ningún dato en concreto, me temo que más de un ministro de la
etapa anterior tuvo alguna intervención en estos temas, me consta;
relacionarle cuáles me resultaría difícil, pero me pongo a su
disposición para ver el archivo y remitírselas, ya que estamos
acostumbrados en Huelva o en Cádiz a pasar por estas situaciones tan
lamentables, es decir, de ciudadanos españoles que por motivos
diversos son retenidas en lugares donde el Estado de Derecho no está
muy consolidado, donde se precisa una asistencia tanto social como
jurídica, o humanitaria en su caso, bastante mayor que en aquellos
países donde el Estado de Derecho no tiene estas dificultades a la
hora de imponerse. En consecuencia, todos nos hacemos la pregunta de
si debemos de estar tranquilos. Quizás el esfuerzo debiera ser mayor.
Nosotros echamos en falta, y estará usted con nosotros en que el
Grupo Parlamentario Socialista y los diputados ahí fuimos muy
prudentes -y ahora lo echamos en cara, una vez que usted ha entrado en
más profundidad-, una mayor actividad a la hora de procurar que el
crédito destinado a pagar la multa se hiciera realidad, porque los
empresarios que tenían retenido el barco en aquella zona no podían
utilizarlo como valor de carácter hipotecario ni de ningún otro; sus
empresas no son excesivamente florecientes, sus bienes personales
son escasos y hubo que intermediar para buscar una cierta
flexibilidad en la entidad financiera más cercana con el fin de que
se aportaran créditos -que no subvención alguna- destinados al pago
de la multa que ponía al final en la calle y en libertad a estas
personas, junto con sus gestiones y la ayuda de otras personas.
Por tanto, estas preguntas no son retóricas y lo que busco, señor
ministro, es poder llevar ante la provincia de Huelva la seguridad de
que el Ministerio va a hacer más -si usted melo permite-. Usted ha
dicho que siempre hay errores, es verdad, y eso le engrandece, y no
estoy muy seguro de si éste no será uno de ellos. Es posible que yo
pueda ser un buen portavoz suyo a la hora de decir en la provincia de
Huelva que se van a intensificar más las medidas de todo tipo, de
asistencia jurídica, social e incluso económica en el nivel de
intermediación para que estas situaciones en lo posible no vuelvan a
suceder. Lejos de mí está achacar este tipo de historias, que tienen
sus autores, a un ministro que, desde luego, no tiene culpa alguna
del tema más grave, que es que unos señores son retenidas de una
manera ilegal e
injusta en aguas jurisdiccionales. Lo que traigo a la reflexión de
todos, señor ministro, es que el esfuerzo que al final fue de todos,
el esfuerzo común, quizás hubiera resultado mejor y más brillante de
haberlo hecho con antelación.
Si usted me permite, con la felicitación que debemos llevar a los
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores -que buen trabajo
tienen y más en estos temas- debemos animarles a que, aparte de las
gestiones, contesten con un poquito más de rapidez a las informaciones
que se les soliciten. Lo hacemos por el bien de todos, señor Matutes,
y como sé que está usted buscando ese mismo bien, he de decirle que
la Junta de Andalucía a principios de julio solicitaba información
porque junto con la que nosotros mismos le pedíamos, queríamos
remitírsela a la familia, que estaba angustiada, y se envió una carta
a mediados de julio por parte del director general de Pesca al
subdirector general de Asuntos Consulares, se reiteró después en
agosto solicitando información para que pudiéramos remitirla a la
familia y sólo a principios del mes de septiembre se contestó dando
cuenta de una serie de gestiones que ya todo el mundo conocía a
través de los medios de comunicación y de las informaciones que usted
iba dando, señor ministro, por cierto, a partir de la última semana
con rapidez y con reflejos.
Este era el pequeño matiz que quería poner de manifiesto, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos cuyos portavoces deseaban tomar la
palabra? (Pausa.)
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a hablar con gran brevedad, señor
ministro.
Quiero comenzar en nombre de mi grupo Coalición Canaria sumándome a
esa felicitación general. Bien está lo que bien acaba, señor
ministro. Las felicitaciones que le dirige este portavoz son dobles
para que entre usted con merecimiento propio como representante de la
diplomacia española, no solamente por la feliz conclusión de los
hechos, pese a las tremendas dificultades, sino por su prudencia
como buen ministro de Asuntos Exteriores -a buen entendedor pocas
palabras bastan-. El entramado jurídico al que tienen que verse
obligadas muchas empresas de pesca es complicado. Estaba leyendo el
primer párrafo de la nota que nos ha repartido el señor ministro y es
ya para abrir un tratado de Derecho mercantil mezclado con el
internacional por las figuras interpuestas de armadores y
tripulaciones de nacionalidad española con buques de bandera de
terceros países en este caso con matricula de bandera y empresa
senegalesas y con licencia de pesca senegalesa. Si a esto añadimos
la dificultad obvia que tiene cualquier marino o cualquier persona
con un mínimo de cultura geográfica para determinar cuál es el límite
o los límites jurisdiccionales entre las aguas gambianas y
senegalesas, es ya para escribir muy fino sobre las cartas marinas, y
sin buscar ningún otro tipo de responsabilidad a las tripulaciones ni
a terceros países la experiencia nos demuestra todas las dificultades
añadidas que puede haber aquí no solamente en relación con España,
sino en las propias relaciones entre Senegal y Gambia. No obstante,
basta
asomarse al mapa para ver donde están las dificultades y dónde
estaban.
Una vez terminado este episodio concreto quiero resaltar al señor
ministro lo que ha dicho como declaración de principios que me mueve a
felicitarle y a mantener esa línea. El primer principio es el de la
protección consular, principio inequívoco y permanente en cualquiera
de las circunstancias. Aquí, como para el viejo político de
principios de siglo, con la patria se está, con razón y sin ella, y
con los ciudadanos españoles se está, con razón y sin ella que muchas
veces también, como los conductores de trafico, la tienen. Me
satisface oírle pronunciar este principio de protección consular al
señor ministro como declaración fundamental.
El segundo principio es el de tranquilidad, que también hay que asumir
con todos los riesgos cuando nos metemos en esas zonas donde el
Derecho internacional está escrito sobre las aguas del mar donde no
hay boyas ni balizas que indiquen noche y día los límites
jurisdiccionales y donde por cualquier circunstancia humana se puede
entrar en ese terreno. Estamos tan habituados a ello en Canarias, con
los conflictos de las patrulleras marroquíes y de otras aguas
jurisdiccionales que vamos a seguir para adelante. El que vaya con el
cumplimiento por delante debe saber dónde se arriesga a hechar sus
redes, porque hay terceros países donde el Estado de Derecho, el
respeto a los derechos humanos y al Derecho publico internacional no
se puede exigir a los comandantes de sus patrulleras, por hablar con
conocimiento de causa.
En tercer lugar señor ministro, me congratulo por algo muy importante
que ha dicho para un país miembro de la Unión Europea, que es contar
con el apoyo de las instituciones comunitarias. Es muy importante
el reconocimiento que usted ha brindado al comisario europeo y a las
instancias comunitarias, que también presionaron. Esto es
relevante en primer lugar por ser una aportación pequeña a la política
exterior común de la Unión Europea pero también para hacer ver a
estos países del Tercer Mundo que obtienen sustanciosos beneficios
de los tratados de Lomé como países ACP y donde participa España
sacrificando muchas veces cuotas de producción hortofrutícolas,
agrícolas, etcétera, en beneficio de estos países, que la llamada
de atención no es solamente unilateral por parte del Gobierno
español, sino que también es solidaria por parte de los países de
la Unión Europea.
Me congratulo mucho de este tercer principio, señor ministro, porque
conviene también la utilización permanente, dura y pura de las
instancias comunitarias, que son a fin de cuentas las entidades
jurídicas que han suscrito los acuerdos Lomé, por poner este ejemplo
de los ACP, que benefician a todos estos países de esa zona africana
en este caso concreto, para estar solidariamente comprometidos entre
todos. Yo reconozco, señor ministro, que esta es una buena dirección
de la política. Le felicito y nuestra palabra de aliento va en esta
línea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias por su comparecencia, señor
ministro.
El motivo que nos trae hoy nace en un momento en el cual curiosamente
hay una escasa cantidad de noticias en los medios de comunicación y
curiosamente también, como usted mismo ha dicho, hay multitud de
casos similares que se producen a lo largo del año y durante años
anteriores. Este caso tiene una trascendencia mediática
importantísima respecto a esos otros que ocurren también. Analizando
asépticamente la cronología de los acontecimientos y la parte
sustancial de la duración de la retención, vemos que cuando usted
actúa directamente como jefe de la diplomacia española, como máximo
responsable lógicamente de esa competencia constitucional, usted, no
su ministerio, no sus representantes diplomáticos o consulares, se
consigue una aceleración extraordinariamente rápida de la solución
del conflicto. Ante esa cronología totalmente aséptica -no hay
valoraciones-, es comprensible que pese en el aire la sospecha de una
cierta relajación por parte del ministro en la parte sustancial de la
retención y una aceleración de la actividad a partir de que ya la
resonancia que iba alcanzando este caso superaba cualquier tipo de
cálculo anterior.
Acaba de hacernos entrega de una serie de actuaciones del Ministerio
de Asuntos Exteriores que estudiaré con mucho detalle. Usted ha dicho
que son innumerables las gestiones que han llevado acabo. Yo me
pregunto si es necesario para este caso, igual que para otros tantos
como hay, tener que hacer tantas e innumerables gestiones para un
final feliz como éste. ¿Es necesaria esa movilización que usted
comenta, que ha sido importantísima? Algo que considero fundamental y
a lo que usted ha hecho mención es que todos intentamos no sólo
mejorar nuestros servicio exterior dotándolo de mayores medios, sino
lógicamente conseguir mayor eficacia. Usted en su introducción ha
hecho mención a la mejora de la eficacia. Yo creo que ahí está una
parte crucial del problema que hoy nos trae aquí. Si esas
innumerables gestiones hubiesen estado dotadas del alto y razonable
grado de eficacia, yo entiendo que quizás el final feliz podíamos
haberlo celebrado mucho antes, pero no creo que el retraso en la
ayuda consular de alguna forma se justifique por el tiempo
transcurrido entre la retención y la solicitud por parte del armador
porque evidentemente el Ministerio, en el momento en que se produjo la
detención, tuvo conocimiento de la misma y, por supuesto, en ese
ejercicio de competencias debe de hacer el ofrecimiento de los
servicios de ayuda y apoyo consular y, sobre todo, para el trámite
que se presuponía como un trámite judicial.
Ahondando en cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, el
tema de la sanción ha sido un elemento fundamental. Más allá de
celebrar ese final, quisiera analizar esos detalles o esos elementos
importantes del proceso, si esa sanción es realmente razonable, si es
justa y si se sujeta al ordenamiento de Gambia, dentro de la lógica
de la investigación que se haya abierto por las autoridades
gambianas y en base al reconocimiento de culpa que hayan hecho
nuestros pescadores.
Si realmente tengo que creer -y de hecho creo- en los lamentos por la
detención, que hubo golpes y amenazas y que hubo realmente
zozobra; si también tengo que creerme que el Ministerio de Pesca
gambiano, que lógicamente era uno de los elementos clave para poder
solucionar este entuerto, ha estado esquivando permanentemente a
las autoridades españolas; entendiendo también que las declaraciones
de la ministra Loyola de Palacio no ayudan para nada a mantener una
cierta cordura en el discurso oficial, sobre todo a mantener la
calma de los afectados y de todos aquellos que estamos hondamente
preocupados e interesados por los acontecimientos, al final me
pregunto si el Ministerio de Asuntos Exteriores se siente satisfecho
no con el final sino con los antecedentes y, sobre todo si saca
conclusiones respecto a si se ha vulnerado incluso -no lo conozco-
algún convenio internacional entre Estados o algún tipo de
comportamiento, y si se llega a esa conclusión, si España va a tomar
alguna medida.
También le quiero preguntar si alguien de la Administración del
Estado español ha recomendado o insinuado a los pescadores que no
denuncien algunos de los comportamientos de las autoridades
gambianas -lo que me parecería especialmente grave-, en vez de
intentar que estos acontecimientos no se vuelvan a producir y que
España tenga una defensa como se merecen los ciudadanos españoles en
los distintos vericuetos en que se puedan encontrar en la política
exterior y se conozca que este Estado es capaz de defenderles no
sólo en la teoría, en los enunciados de las convenciones sobre
relaciones consulares o diplomáticas, etcétera, sino que, en la
práctica, nuestra diplomacia y nuestra acción exterior es capaz de
exigir y de reclamar a los Estados que de alguna forma puedan haber
abusado de su condición con nacionales españoles las compensaciones
políticas y económicas a que hubiera lugar.
La protección de las personas y de los intereses españoles en el
extranjero es una de las funciones fundamentales de la labor
diplomática y, por ello, ante situaciones semejantes todos nuestros
representantes diplomáticos tienen como misión ineludible realizar
cuantas gestiones sean necesarias para asegurar esa protección.
Nuestros diplomáticos en la zona se han lamentado de que alguien
pueda dudar de su profesionalidad o del ardor que han aplicado en la
solución de este conflicto. Yo no voy a ser quien dude de ello, pero
creo que lo que necesita cualquier acción exterior es la fortaleza
de un Estado, una política exterior que llegue a dotar a esos
funcionarios de esa salvaguarda y de esa credibilidad de sus acciones,
que por supuesto requiere una política exterior que nos dé esa
fortaleza que hoy por hoy, en este caso concreto, también se lo digo,
señor ministro, no se ha visto. El peso político de España en la
comunidad internacional -algo que al Gobierno le gusta expresar
cíclicamente-, en las ocasiones concretas en las que se tiene que
demostrar, nosotros no lo vemos.
Creo que es importante la política de cura que ha aplicado usted en
este conflicto; una vez que a nuestros pesca- dores les han retenido
durante tres meses y les ha ocurrido toda esa serie de altercados en
la detención y con la sanción, usted ha aplicado una política de
cura y los tiene en su casa de vuelta. Sin embargo, creo que también
es importante destinar esfuerzos a las labores preventivas, a eso
que en medicina se llama atención primaria. Por tanto, es fundamental
dotar a España de ese mayor peso político en la comunidad
internacional.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Empezaré mi breve intervención -espero que
lo sea, pero, sobre todo, lo esperan los demás miembros de la
Comisión- mostrando mi agradecimiento al señor ministro, a todo el
Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Dirección General de Asuntos
Consulares, a nuestro embajador en Senegal, acreditado también en
Gambia, don José María Otero, y a los secretarios de Embajada,
cónsules honorarios e innumerables personas que en estos meses de
julio y agosto se han ocupado de hacer que la protección consular a
nuestros ciudadanos se ejerciera adecuadamente y que la defensa de
nuestros intereses, en este caso los de unos empresarios de Huelva,
fueran debidamente protegidos. El resultado creo que es
satisfactorio: los españoles se han reencontrado con sus familias y el
barco vuelve a estar donde debe, que es en su base de trabajo en
Senegal.
Si me permite, señor Barrero -aunque no soy diputado por una
provincia de pescadores, algo sé de eso-, creo que en cualquier caso
S. S. debería moderar sus presunciones de culpabilidad y de
inocencia. No estamos aquí para saber a cuantas millas estaba este
barco, si estaba o no con los tangones desplegados o cerrados, si
los marineros estaban dados de alta en la Seguridad Social, si el
armador tardó o no tardó en comunicar al Ministerio de Asuntos
Exteriores la situación de los pescadores; no estamos, repito, para
exigirle a nadie ni, por tanto, para dar a nadie esas garantías de
claridad y de limpieza en el origen de la lamentable situación en
que se han encontrado nuestros compatriotas, sino que estamos para
ver si se ha ejercido adecuadamente la protección consular y se han
defendido de manera correcta, rápidamente y con eficacia nuestros
intereses. Del informe presentado por el señor ministro y del
documento entregado a SS. SS. se deduce claramente que ha habido
innumerables y eficaces gestiones que han culminado en un plazo de
tiempo razonable, sin duda demasiado largo, aunque todos hubiéramos
deseado -naturalmente que esta situación no se hubiera producido
nunca-, no solamente en la liberación de nuestros compatriotas sino
también de la nave con toda su carga en condiciones, al parecer,
aceptables, lo cual es una noticia positiva.
Es verdad que durante el mes de agosto el señor Barrero y sus
compañeros de partido han estado vendiendo y de hecho ya han vendido
este pescado, lo cual implica que ahora deben moderar el tono, porque
ya no hay ningún otro pescado que vender. Han sido sus compañeros de
partido, entre otros el director general de Pesca de la Junta de
Anda- lucía, al que usted hace mención, los que han ido a Isla
Cristina a excitar una situación que incluso ha provocado
manifestaciones contra la sede del Partido Popular en dicha localidad,
lo cual es absolutamente increíble. Pienso que la moderación que
ahora exhibe el señor Barrero hubiera sido mucho más útil en el mes de
agosto, en el que sin duda por falta de noticias o de protagonismo de
algunos compañeros suyos, se han desorbitado las cosas y se ha creado
una situación no razonable habida cuenta la abundancia y la cascada
de gestiones producidas por nuestros servicios consulares, por
nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y por el ministro mismo para
resolver esta difícil situación. Supongo que no es ese el camino que
desea seguir el señor Barrero, ya que, si se trata de defender
adecuadamente a nuestros compatriotas, que son muchos, y no
solamente
andaluces sino de otras comunidades autónomas y de otras regiones de
España, que se dedican a pescar y a recoger este bien precioso y
escaso que son los pescados, los mariscos en todas las aguas del
mundo, probablemente sería bueno hacer una reflexión sobre la
respuesta que tenemos que dar los políticos cuando se produce este
tipo de situaciones, porque los españoles, la industria pesquera
española y los pescadores españoles somos y debemos ser los
primeros interesados en que nuestros compatriotas pesquen bien, porque
la mejor manera de defender la riqueza que España produce en todos
los océanos y mares del mundo es que nuestros compatriotas no sólo
pesquen bien, sino que pesquen lo mejor posible y que este tipo de
situaciones no se vuelvan a repetir ni por acción ni por omisión.
Y para que nuestros compatriotas sean adecuadamente defendidos es
necesario también, más allá de los debates políticos, provinciales,
regionales y locales que a nosotros, diputados y miembros de la
Cámara, nos ocupan, que nuestro servicio diplomático y consular tenga
la certeza de que el normal ejercicio de sus funciones no viene a ser
interferido, no viene a ser dificultado por batallas que poco tienen
que ver con la defensa y la protección consular y sí tienen que ver
con la falta de noticias en el mes de agosto o con la necesidad de
algunos de provocar noticias donde realmente hay una situación
lamentable pero, como ha sido explicado, repetida por la cantidad de
veces y la cantidad de barcos españoles que faenan y que salen a
faenar en todas las aguas del mundo.
Es cierto que no solamente este es un ministro y esta es una
Administración que se ha ocupado de estos asuntos, sino que también
hay que reconocer y agradecer al señor ministro el que haya venido a
esta Comisión de Asuntos Exteriores a informarnos de las gestiones
realizadas por el Ministerio que él dirige. Eso es también un hecho
excepcional porque las cuestiones consulares han sido
tradicionalmente poco consideradas, al menos en mi experiencia como
diputado en muy pocas ocasiones he podido ver a un ministro de Asuntos
Exteriores venir a explicar una situación de esta naturaleza. Estoy
seguro de que nuestros compatriotas merecen esta atención, pero
pediría a los demás grupos de la Cámara, y desde luego comprometo a
mi propio grupo, que esta defensa de los españoles y de los
intereses españoles se enmarque dentro de un procedimiento que no sea
atizado por esas pasiones y esa falta de moderación en el tratamiento
de estos asuntos. Sin duda nuestros compatriotas serían mucho mejor
defendidos, como estoy seguro que hubieran sido mejor defendidos
muchos de los españoles que se han encontrado en estas
circunstancias.
De nuevo, me excuso por el tamaño de mi intervención.
(El señor Barrero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, me imagino que estará pidiendo la
palabra por alusiones, porque creo que las cosas están
suficientemente dichas y no me gustaría reabrir el debate.
El señor BARRERO LÓPEZ: Sí, por alusiones, que es lo que me parece
que es más reglamentario.
El señor PRESIDENTE: Entonces, brevísimamente, tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Muy breve, pero creo que sería malo para los
parlamentarios, entre ellos para el portavoz del Grupo Popular, que
querrá conocer la verdad, que no se expresara en esta Comisión, puesto
que él le ha pegado un pequeño revolcón a esa verdad de la que tiene
escaso conocimiento.
Primero, con el permiso del dignísimo representante del Partido
Popular, me va a permitir que el Grupo Parlamentario Socialista
sepa qué actitud debe tomar a la hora de representar los intereses
del pueblo, para lo que somos votados. Es decir, a mí ya me cuesta,
con cinco legislaturas en una Comisión como es ésta a la que
pertenecí en su época, ser reñido porque mi actitud parlamentaria no
entra en los cánones del señor portavoz del Grupo Popular. (Risas.)
Me temo que esa actitud parlamentaria mía va a seguir siendo así
porque no tuve hace cinco legislaturas un maestro como el portavoz
del Partido Popular, que me hubiera encauzado por el buen camino (El
señor Robles Fraga: Le hubiera ido mucho mejor). Por lo tanto seguiré
representando el interés del pueblo de Huelva de esta manera tan
apasionada, por lo que veo, que siento mucho que haya excitado de
esta manera al ilustre portavoz (El señor Robles Fraga: Excitado no
es la palabra.), excitado en el sentido jurídico que, como bien saben
SS. SS., no es lo mismo que en el sentido social.
El señor PRESIDENTE: Al grano, al grano, a la alusión, señor
Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: No hubo nadie de la Junta de Andalucía en la
manifestación de Isla Cristina, porque el Grupo Parlamentario
Socialista tuvo buen cuidado de no aparecer, intentando no provocar
o ayudar a esta pasión, como aquí se ha definido, porque nos parecía
que el problema era de carácter familiar y que había que actuar
prudentemente. Por tanto, quiero recordar que la única aportación que
tuvimos nosotros en un momento dado a finales de agosto -y podía
haber sido en julio- fue una actitud que permitiera, a través del
Grupo Parlamentario Socialista, que ambas administraciones y alguna
actividad financiera empezaran a tomar una actitud más enérgica en
este tema; pero no recuerdo nada, ni en radio, ni en prensa de este
parlamentario que fuera por otro camino. No estuve en la manifestación
que hubo en Isla Cristina y no hubo ningún parlamentario, ni tampoco
hubo ningún miembro del Partido Socialista en esa manifestación
puesto que la encabezaron los familiares.
Permítanme decirles que antes del año 1996, en mi condición de
parlamentario de la provincia de Huelva, cualquier problema en los
temas pesqueros era duramente -por decirlo suavemente- denunciado
por el partido que en ese momento estaba en la oposición y que hoy
tan dignamente está en el Gobieno Estoy seguro que hace tres años
las manifestaciones de este portavoz en supuestos como la parada
biológica, de la que se nos hacía responsables, hubieran resultado
una actitud absolutamente light. Fíjense ustedes que no nos hacían
responsables de retenciones en país extranjero, sino que en más de
una ocasión se nos hizo
responsables a los miembros del gobierno Socialista de la época de la
parada biológica, que es competencia exclusiva, por ejemplo, de
Marruecos. Por tanto, de verdad, entremos en caminos correctos.
Si me permite déjeme decirle algo que pone de manifiesto la actitud
prudente de mi grupo parlamentario y no sé si decir excesivamente
prudente. El viernes o el sábado -y me permito decirlo aquí porque es
un buen foro para hacerlo- el ministro de Asuntos Exteriores estuvo
hablando con el presidente de la Junta intentando buscar una
solución eficaz a este conflicto -y el ministro ha dado noticia de ello
con las cuatro intervenciones que tuvo- a sabiendas que en ese
momento había -ahí, sí- una cierta pasión de familiares e incluso de
empresarios en el país de Gambia, y eso lo recordará en este
momento el ministro. Pues bien, este parlamentario y algún otro
llamaron incluso al empresario, como consecuencia de una conversión
del ministro con el presidente de la Junta, para rebajar su nivel de
nerviosismo, que en ese momento era alto. Por tanto, no sólo
mantuvimos una línea de prudencia sino que intentamos ayudar en esta
condición de parlamentarios para la resolución del problema. Y ese
mismo día -y termino- a las seis de la tarde hubo una rueda de prensa
de la familia que no parecía que fuera destinada contra el Gobierno de
Gambia, sino más bien contra el Gobierno de la nación, España, y hubo
insinuaciones por parte de los parlamentarios socialistas y
especialmente por mi parte para rebajar el tono de esa rueda que
ayudaba poco a la -en ese momento sí- eficaz gestión del ministro
de Asuntos Exteriores español.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES(Matutes Juan): Brevemente,
señor presidente, para dar las gracias a los portavoces señores
Mardones, Navas, Robles y Barrero, que aunque ya se las he dado antes
ahora las repito.
Quiero aclarar, porque que se me ha formulado la pregunta, que el
ministro actuó y estuvo en contacto desde el primer momento con
nuestro embajador, señor Otero. Yo mismo le hice interrumpir sus
vacaciones, le dije que volviera allá y que no se moviera del lado
del armador, que en aquel momento había solicitado la ayuda, y estuvo
con el director general de Relaciones Consulares, después con el
subdirector y con el secretario de Estado. Una cuestión distinta es
que en aquel momento la actuación del ministro tenía que ser interna y
no podía proyectarse al exterior, en tanto que autoridad política. Y
ya he explicado las razones -el propio presidente las insinuó con
muchísima claridad-: en aquel momento se hubieran estrellado contra
la incomprensión.
En cuanto al apoyo consular a los marineros y a todas las personas
afectadas, se les prestó desde el primer momento, y no dejó de
prestárseles. Cuestión distinta es que el armador hubiera solicitado
el apoyo a sus gestiones económicas, que eran exclusivamente suyas,
un mes y una semana más tarde de la detención. No podíamos
prestársela antes si él no la solicitaba, pero el apoyo consular se
prestó desde el primer momento y no dejó de prestárseles.
Concluyo contestando a otra pregunta que se me ha hecho en el sentido
de si el Ministerio se siente satisfecho con el resultado. Desde
luego, el ministro se siente satisfecho con todas las gestiones
efectuadas desde el primer momento. Se siente satisfecho con el qué,
con el cómo y con el cuándo. Dios quiera que en próximas ocasiones
podarnos celebrar, aunque a veces más tarde de lo que todos
desearíamos, resultados tan satisfactorios como el que hoy nos ha
traído aquí.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor minis-tro, por su
comparecencia, por sus palabras y sus aclaraciones.
Cinco minutos de interrupción, señoras y señores diputados.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS,LA
SEGURIDAD Y EL DESARME (GARRIGUES FLÓREZ) PARA INFORMAR SOBRE
LA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN
DEL EMPLEO, EL ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN (COMAP). A PETICIÓN PROPIA.
(número de expediente 212/001476).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración del punto tercero del
orden del día, la comparecencia, a solicitud del Gobierno, del
director general para las Naciones Unidas, la Seguridad y el
Desarme, don Javier Garrigues, ante esta Comisión, para informar
sobre la declaración interpretativa de la Convención sobre la
prohibición del empleo, el almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonas y sobre su destrucción.
Quiero dar la bienvenida entre nosotros al señor Garrigues y, sin
más preámbulo, darle la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME ( Garrigues Flórez): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecerles que me hayan permitido
comparecer ante esta Comisión de Asuntos Exteriores para explicar
las razones por las que el Gobierno estima conveniente efectuar una
declaración interpretativa en el momento de depositar ante el
secretario general de las Naciones Unidas el instrumento de
ratificación de la Convención de Ottawa sobre prohibición,
almacenamiento y transferencia de minas antipersonas y su destrucción.
Como SS. SS. saben, España ha participado activamente en el
esfuerzo colectivo de la comunidad internacional por deshacerse de
las minas antipersonas, ya desde la enmienda, en mayo de 1996, al
Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
minas, armas, trampas y otros artefactos. En este mismo sentido,
SS.SS. dieron un
mandato claro y firme al aprobar la proposición no de ley de 27 de
febrero de 1997, en la que se instaba al Gobierno a lograr un acuerdo
internacional, verificable, sobre la prohibición total y general de
las minas antipersonas. Siguiendo este mandato, España se incorporó
decididamente al llamado proceso de Ottawa, que culminó con la
convención que el secretario de Estado, Ramón de Miguel, firmó en
diciembre de 1997 en la capital canadiense. finales de diciembre del
año pasado el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales un
proyecto de ley sobre prohibición total de minas antipersonas y armas
de efecto similar que, según tengo entendido, SS.SS. están a punto de
culminar.
Quiero subrayar que este proyecto sitúa a España en la vanguardia del
cumplimiento de la Convención de Ottawa pues, frente a los cuatro años
que prevé la Convención para la destrucción de las minas
antipersonas, el proyecto de ley exige la destrucción de las minas
españolas antipersonas en menos de tres años. Esto implica algo más
de un año y medio de antelación sobre la Convención. En el seno de la
Unión Europea, España ha trabajado en pro de la renovación de la
acción común que impulsa la acción política de la Unión hacia la
universalidad de la convención y la acción financiera.
Por último, SS.SS. tienen ante sí el expediente de ratificación de
la Convención de Ottawa. El Gobierno quiere que España se encuentre
entre los primeros 40 países necesarios para la entrada en vigor de
la convención. En la actualidad son ya 36 Estados los que han
ratificado la convención, por lo que queda poco tiempo para poder
estar entre esos 40 primeros países ratificantes.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de antemano a SS.SS.
todos los esfuerzos que puedan hacer por agilizar al máximo la
tramitación de esta ratificación, acumulando, si ello fuera posible,
este expediente con el de la declaración que el Gobierno propone.
Paso a referirme al motivo concreto de mi comparecencia. Como decía,
se ha estimado conveniente que España haga una declaración
interpretativa en el momento de depositar su instrumento de
ratificación de la Convención de Ottawa ante el secretario general de
Naciones Unidas. El texto de la declaración propuesta -que creo obra
ya en poder de SS.SS.- sería el siguiente: En relación con la
Convención sobre la prohibición, el empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su
destrucción, hecho en Oslo el 18 de septiembre de 1997 y abierto a la
firma en Ottawa el 3 de diciembre de 1997, el Reino de España entiende
que la participación de las fuerzas armadas españolas o de nacionales
españoles en actividades militares realizadas en combinación con las
fuerzas armadas de países que no son Estados parte de la convención
no supone una contravención del artículo 1.1.c) sobre la necesidad
de no ayudar, estimular o inducir a participar en una actividad
prohibida por la convención.
Como SS.SS. saben, en virtud del artículo citado 1.1.c) de la
Convención de Ottawa, los Estados parte se comprometen a no ayudar,
estimular o inducir de una manera u otra a cualquiera a participar en
una actividad prohibida a un Estado parte, conforme a esta
convención.
Sin apartarse de la letra ni del espíritu de la convención, lo cierto
es que la redacción de este artículo permite varias
interpretaciones acerca de lo que pueda o no ser ayuda, estimulo o
inducción de una trianera u otra; ahora bien, una interpretación
excesivamente amplia impedirla en muchos casos el cumplimiento de
nuestros compromisos, ya que cualquier tipo de acción u omisión por
parte de nuestro país en favor de un Estado no parte puede verse
interpretada como ayuda, estímulo o inducción.
Deseo aclarar que no se está proponiendo efectuar una reserva a la
Convención de Ottawa, posibilidad que queda excluida en virtud de su
artículo 19, sino exclusivamente atribuir al artículo 1.1.c) una
interpretación, de entre las distintas posibles, para determinar que
la mera participación en actividades militares junto a fuerzas de
Estados no parte de la convención. Las actividades no infractoras
derivadas de esa participación no se encuentran incluidas en la
prohibición general del mencionado artículo 1.1 c), interpretándose
así los términos ayudar, estimular o inducir a cualquiera. En efecto,
por el hecho de pertenecer a una alianza o tomar parte en una
operación o maniobra multinacional, unidades de Estados parte de la
convención participan en todo tipo de operaciones junto con Estados
no parte que, en uso de su derecho, pueden utilizar minas
antipersonas en esas operaciones. La mera participación, colaboración,
coordinación y apoyo prestado a Estados no parte podría quedar
incluido en el artículo 1.1.c) en situaciones en que las fuerzas de
Estados parte no han realizado actividad alguna real en
contravención de la convención.
Así, se ha constatado que la aplicación internacional de la
Convención de Ottawa en combinación con otros compromisos
internacionales de carácter político-militar suscritos por España
puede plantear problemas, que se agravan si tenemos en cuenta que
algunos de los Estados más relevantes desde el punto de vista de las
minas antipersonas han anunciado que no van a adherirse a la
convención. En concreto, dentro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, España ha asumido una serie de compromisos
políticos de defensa de los que su mayor exponente es el artículo 5
del Tratado de Washington. Recientemente, como SS.SS. bien conocen,
España se ha integrado en la estructura militar de la Alianza y
participa en todos los órganos de la OTAN. Ahora bien, dos de
nuestros aliados, Turquía y Estados Unidos, han afirmado que no se
encuentran en condiciones de adherirse a la convención, mientras que
un tercero, Grecia, que sí la firmó en Ottawa, alberga dudas acerca
de su ratificación. España, en todos los foros, y en éste en
particular, está intentando, junto con otros aliados, que estos
tres países ratifiquen la Convención de Ottawa. Respecto a los
países invitados a adherirse a la Alianza, los tres han firmado ya la
Convención de Ottawa y expresado su firme voluntad de ratificarla
lo antes posible.
No obstante, mientras Turquía, Estados Unidos y Grecia no ratifiquen
la convención, una situación que podría durar al menos un lustro,
subsistirán los complejos problemas de funcionamiento e
interoperatividad de la OTAN, de planificación de operaciones, de
funcionamiento conjunto y combinado de los Estados mayores, de
participación en operaciones, maniobras, ejercicios y otras
actividades de carácter militar y de seguridad, que afectan
plenamente a la seguridad de España y a la Alianza Atlántica. Sin
carácter exhaustivo, cabe señalar, por ejemplo, que la Convención de
Ottawa permite la minas anticarro dotadas de dispositivo
antimanipulación, pero prohíbe los llamados sistemas mixtos,
anticarro-antipersonas, que algunos aliados no parte poseen en sus
inventarios y piensan seguir utilizando.
Por otra parte, uno de los aspectos esenciales de la Alianza es el
apoyo logístico mutuo. Los aliados parte no pueden almacenar minas
antipersonas en su territorio, ni sus fuerzas pueden controlar
depósitos de minas antipersonas, estén o no en su territorio, ni
transferirlas o recibirlas en transferencia salvo para su
destrucción. Sin embargo, hay dos aliados que seguirán usando estas
armas.
Otra función esencial de la Alianza es la planificación de las
distintas contingencias previsibles o actuales ante lasque pueda
verse obligada a intervenir. Los aliados parte no pueden planificar
el uso de un arma cuyo empleo es ilegal. mientras que los aliados no
parte sí pueden hacerlo. Esto rompe con la planificación aliada, que
forzosamente debe ser conjunta y combinada, sin que se puedan
permitir planificaciones separadas dentro de la misma. Al mismo
tiempo, no se puede evitar que los aliados no parte, que no
consideran las minas antipersonas ilegales, contemplen unilateralmente
el eventual empleo, de forma táctica, de las mismas en las distintas
operaciones.
Conectado con el punto anterior se encuentra el problema del mando.
Al obligar a los aliados parte a prever sanciones legales,
administrativas o penales para los individuos que incurran en
acciones prohibidas por la Convención de Ottawa, se está colocando a
sus oficiales en unidades y Estados mayores multinacionales con
participación de unidades y oficiales de aliados no parte en una
situación potencialmente comprometida ya que, estrictamente
hablando, el solo hecho de encontrarse en una cadena de mando que
planee u ordene el uso de minas antipersonas podría ser incluido
dentro de los supuestos del artículo 1.1.c).
Pero no quiero aburrirles con la infinita casuística de problemas que
pueden crearse en un conflicto o en una misión de paz. Ni que decir
tiene que planteamientos similares pueden darse fuera de la OTAN,
en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o de
la OSCE o en ejercicios y maniobras multi o bilaterales,
situaciones todas ellas en las que Estados parte participan junto
a Estados no parte. La operatividad en este tipo de casos es distinta a
la de la OTAN, pero es posible que los Estados no parte utilicen
minas antipersonas. A modo de ejemplo, sólo en el año 1997 nuestras
Fuerzas Armadas efectuaron más de 71 ejercicios y maniobras en la
mitad de los cuales participaban también países no firmantes de la
Convención de Ottawa.
Interesa destacar, por otra parte, que España no ha sido el único
país que ha sentido esa necesidad de protección de sus Fuerzas Armadas
y de delimitación de la amplitud del artículo 1.1.c). De hecho,
España no será el primer Estado parte en realizar una declaración
interpretativa de este tipo; lo han hecho países poco sospechosos de
querer desvirtuar la Convención de Ottawa, e incluso promotores de la
misma, como Canadá, que hizo la declaración al ratificarla en Ottawa
el 3 de diciembre de 1997, o el Reino Unido, que lo ha hecho
recientemente. Otros aliados están considerando efectuar una
declaración similar. Las razones que han movido a nuestros aliados a
realizar esta declaración son idénticas a las nuestras: querer
compatibilizar su irrenunciable
compromiso con el objetivo de la eliminación total de minas
antipersonas con los compromisos asumidos en el seno de la OTAN.
Finalmente, aun a costa de repetirme, quiero volver a dejar bien
claro que esta declaración no pretende en modo alguno disminuir o
diluir las obligaciones que impone la Convención de Ottawa, asumidas
en su integridad por España. Todo lo contrario, pretende delimitar la
amplísima disposición del artículo 1.1.c) dentro de un marco real y
apropiado que permita a nuestro país y a los miembros de nuestras
Fuerzas Armadas cumplir con todos nuestros compromisos de la forma
seria y eficaz en que se viene realizando, sin comprometer a
nuestras Fuerzas Armadas ni vernos obligados, en situaciones límite,
a dilucidar complejos conflictos jurídicos.
Debe quedar claro que España y sus Fuerzas Armadas cumplirán todas y
cada una de las disposiciones de la Convención de Ottawa. En este
sentido, puedo asegurarles que al igual que el Gobierno y las Fuerzas
Armadas españolas se han puesto a la vanguardia mundial para la
destrucción de las minas antipersonas, el mismo escrúpulo se aplicará
a la hora de suprimir las minas antipersonas del arsenal doctrinal de
la defensa española, según prescribe el artículo 5 del proyecto de
ley antes mencionado. Además, España seguirá defendiendo en todos los
foros internacionales la universalización de los objetivos de la
Convención de Ottawa, intentando atraer hacia estos principios a
todos los sujetos de la comunidad internacional. Esto incluye,
obviamente, a todos nuestros aliados, pues el hecho de que compartan
todas nuestras obligaciones y compromisos facilita notablemente el
cumplimiento de los mismos.
Termino, señorías. Como ya he señalado, uno de los principales
objetivos de este Gobierno es que España se encuentre entre los 40
primeros Estados que ratifiquen la Convención de Ottawa. Las
previsiones más optimistas sitúan ya para finales de septiembre o
principios de octubre, todo lo más, la fecha de depósito del
cuadragésimo instrumento de ratificación. Debemos, por lo tanto,
apresurarnos si queremos dejar clara ante la comunidad internacional
la intensidad del compromiso de nuestro país con el objetivo de la
eliminación global de las minas antipersonas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor director general.
Antes de proceder a los trámites habituales en estas comparecencias,
conviene que nosotros tengamos en cuenta y el Gobierno tenga en
cuenta, algunos aspectos. Lo digo por aquello de la prisa, porque
nosotros hemos hecho nuestros deberes, y calculo que también el
Gobierno los suyos. Nosotros los hicimos, exactamente, el 24 de junio
de 1998. En la sesión correspondiente de la Comisión de Asuntos
Exteriores -y así fue comunicado- decidimos proponer al Pleno de la
Cámara conceder la autorización solicitada por el Gobierno, al amparo
del artículo 94.1 de la Constitución, para que el Estado pueda
obligarse internacionalmente por medio de la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento producción y transferencia de
minas antipersonas y sobre su destrucción, hecha el 18 de septiembre
de 1997. Es decir, esta Comisión, dentro de sus
funciones constitucionales y reglamentarias expresó su opinión
positiva respecto del texto que le había sido enviado por el Gobierno
en el momento correspondiente. La decisión fue positiva y entiendo
que estaba en el tiempo debido. Ese dictamen que emitió la Comisión
está todavía pendiente de dictamen por el Pleno de la Cámara y, por
supuesto, por parte del Senado.
Es evidente que la manifestación de voluntad de esta Comisión de
Asuntos Exteriores no se podía producir sobre la declaración de la que
ahora nos ha hablado el director general porque en ese momento no
estaba incluida en el texto. Con independencia del fondo de la
discusión, respecto de la cual tendrán SS.SS. ocasión de
manifestarse según su parecer y entender, creo que conviene que
recordemos algunos puntos inexcusablemente formales y en torno a los
cuales debemos trabajar. No quiero hacer en este momento ningún tipo
de pronunciamiento formal sobre lo que debamos hacer, que eso
corresponderá en última instancia a la Mesa del Congreso de los
Diputados y, eventualmente, al Consejo de Estado, pero sí quiero
recordar algunos temas que saltan inmediatamente a la vista y que
provienen directamente del mismo Reglamento de la Cámara.
El artículo 155 del Reglamento dice que el Gobierno solicitará de las
Cortes Generales la concesión de la autorización para la
ratificación de los tratados internacionales «...mediante el envío al
Congreso de los Diputados del correspondiente acuerdo del Consejo de
Ministros...» -según entiendo, el Consejo de Ministros todavía no se ha
pronunciado sobre la declaración, de manera que en su momento, cuando
el Consejo de Ministros se pronuncie, tendremos ocasión de hacerlo
nosotros- «...junto con el texto del tratado o convenio. así como la
memoria que justifique la solicitud y las reservas y declaraciones
que el Gobierno pretendiere formular, en su caso. El Congreso deberá
pronunciarse tanto acerca de la concesión de la autorización como
sobre la formulación de reservas y declaraciones propuestas por el
Gobierno.» Entonces no tuvimos ocasión de pronunciamos sobre esa
declaración porque en ese momento no existía. Ahora se nos pide que
nos pronunciemos sobre una declaración que todavía no existe
formalmente, porque no ha sido adoptada por el Consejo de Ministros.
Y surgen una serie de preguntas, siendo la más elemental saber si esa
declaración debe ser dictaminada o tratada como un apéndice o
adición al tratado sobre el que ya nos pronunciamos o si, por el
contrario, cosa que también es perfectamente debatible y lícita,
tenernos que reabrir todo el proceso. Y el Gobierno, después de
consultar al Consejo de Estado, porque entiendo que esta declaración
no ha sido previamente consultada en dicho Consejo ...
El señor DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME (Garrigues Flórez): Sí está.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, en la memoria correspondiente
interesaría conocer cuál es el parecer del Consejo de Estado al
respecto. Pero cualquiera de las dos posibilidades es posible: que
nos pronunciemos
exclusivamente sobre la declaración o que nos tengamos que pronunciar
de nuevo sobre todo el proceso.
El párrafo 3 del artículo 155 establece los plazos a los que se
tienen que atener el Gobierno y la Cámara, plazos que, naturalmente,
incluyen también la consideración de los plazos de enmiendas y otros
tipos de plazos concebidos para la salvaguardia de todo el proceso
legislativo correspondiente. Hay que recordar también que la
tramitación en el Congreso de la concesión de autorización se
ajustará al procedimiento legislativo común, es decir, plazo de
enmiendas y otros aspectos correspondientes. De manera que por parte
de esta Comisión, como ya se demostró el día 24 de junio de 1998,
existe una convicción, compartida con el Gobierno, de proceder
cuanto antes a la finalización de todo este proceso, pero qué duda
cabe que la aparición tardía de esta declaración va a introducir toda
una serie de retrasos en la tramitación del mismo. Lo digo sin ningún
tipo de satisfacción o de placer, pero los aspectos formales están
precisamente para salvaguardar los derechos de todos los que en esta
Cámara trabajan y pertenecen a la representación popular. Lo digo
porque convendría que lo tuviéramos en cuenta a todos los efectos.
Dicho todo esto, pregunto quiénes son los portavoces de los grupos
parlamentarios que desearían tomar la palabra en este momento.
(Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero agradecer al señor director general
del departamento de Exteriores la información que nos ha dado. He de
decir que mi grupo está en una línea consecuente con las iniciativas
legislativas que han pasado por esta Cámara, cuando en el mes de
junio votamos en esta Comisión, como ha recordado el señor
presidente, don Javier Rupérez, la convalidación de la Convención
sobre la prohibición, el empleo, almacena- miento, producción y
transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción, tal y
como figura en el texto presentado en Oslo el 18 de septiembre de
1997 y concordante con la declaración de Ottawa. Repito que mi grupo
está en la línea del Gobierno español y de este Parlamento, así como
con la iniciativa parlamentaria sobre el asunto de las minas
antipersonas que fue debatido y aprobado.
Dicho esto, apoyamos cualquier iniciativa que vaya al fondo de la
cuestión porque, tal y como ha dicho el señor director general, el
documento importante no es esta declaración que, como bien ha
recordado el señor presidente, don Javier Rupérez, todavía no ha
aprobado el Consejo de Ministros y lo ha remitido a las Cortes, sino
que el documento básico que genera el derecho es precisamente la
convención -y lo digo aquí porque ayer mi grupo lo ha apoyado en
la Junta de Portavoces de esta Cámara-, y en el orden del día del
próximo Pleno del miércoles 17 está incluida la votación y
ratificación por el Pleno de la Cámara de esta convención que
habíamos aprobado en la Comisión. El documento que hay que
depositar a tenor del artículo 21 ante el secretario de Naciones
Unidas es el convenio y no la declaración, luego si lo que se nos
pide es llegar a tiempo para estar entre los cuarenta principales
(Risas.) de la declaración correspondiente, dado que hay 36, vayamos
sobre esta ficha del propio documento que es
el que hay que depositar para que al cabo de seis meses, como dice el
articulo 17: Esta convención entrará en vigor el primer día del sexto
mes a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de
ratificación. Pero el documento de ratificación es éste, el que vamos
a votar el próximo miércoles 17 en el Congreso de los Diputados y
después urgiremos al Senado para que tramiten en un plazo rápido la
ratificación definitiva. Que después venga la declaración considero
que es materia para que el Gobierno aclare el alcance del artículo
1.1.c) en lo que puede afectar a las Fuerzas españolas que estén en
actuaciones o maniobras militares con Fuerzas aliadas, como es el
caso de Esta- do Unidos, Turquía o Grecia que son miembros de la
OTAN, pues nos podemos ver involucrados en operaciones en las que
estos países, como no signaron el acuerdo de Ottawa ni el de Oslo,
puedan utilizar sus mandos militares en las minas antipersonas, pero
el documento básico es éste.
Además quiero recordar que el artículo 19 dice tajantamente:
Reservas: los artículos de esta convención no estarán sujetos a
reservas. Por eso el Estado español no puede hacer una reserva; ha
hecho esta declaración para que si a estos aliados se les ocurre
emplear minas antipersonas, nadie pueda pensar que se está
conculcando el artículo l.l.c) del convenio.
Dicho esto, señor director general, comparando lo que ha leído y el
texto que se nos remitió por fax, he oído una palabra que ha
pronunciado aquí y al seguirle literalmente he comprobado que no está
en el texto. No sé si es una omisión de redacción. Usted habla sobre
la participación de las Fuerzas Armadas españolas «o de nacionales
españoles en actividades militares». Sin embargo, el texto que se nos
ha remitido se refiere a «actividades realizadas en combinación con
la Fuerzas Armadas», no dice actividades militares.
Es importante que se hable de esto, porque no es lo mismo para
aquellas empresas españolas que no son del Ministerio de Defensa ni de
fuerza armada militar que pueden colaborar en programas de
electrónica o de desminado, etcétera, ya que se podrían ver excluidas
si se emplea la expresión «actividades militares realizadas en
combinación».
Asimismo, quiero preguntarle si cuando se emplea después de Fuerzas
Armadas Españolas la expresión «o de nacionales españoles» se está
refiriendo a figuras como el Euroejército o se está refiriendo a las
personas físicas de nacionales españoles, pues como sabe, señor
director general. hay Fuerzas Armadas, me refiero a países miembros
de la OTAN, que permiten que formen parte de sus contingentes
militares no nacionales, como ocurre con la Legión Extranjera
Francesa. Los norteamericanos también permiten que en sus Fuerzas
Armadas estén encuadrados ciudadanos no norteamericanos, igual que
los británicos. Asimismo, en España, en la Legión Española,
denominada tradicionalmente Tercio de Extranjeros, figuran soldados
que, sin ser nacionales, combaten bajo la bandera y disciplina
españolas.
Quería lances esa advertencia para ver cuál es el alcance de la
expresión «nacionales españoles», si se está interpretando que son
nacionales españoles en el Euroejército, por ejemplo, o son
nacionales españoles en su condición de
personas físicas que están en fuerzas militares extranjeras que
permiten el alistamiento en estas unidades.
Por lo demás, tiene nuestro testimonio de plena colaboración en la
línea que indique el presidente de esta Comisión y estemos de
acuerdo los grupos parlamentarios para llevar a cabo esta situación
lo antes posible. Vuelvo a decir que entiendo que el documento
fundamental sea depositado en Naciones Unidas, sin perjuicio de que
al cabo de unos meses llegue la declaración española complementaria
para aclarar cual es la interpretación jurídica, que supongo
coincidirá con la de otros países aliados miembros, Francia, Italia,
Alemania, Reino Unido, Canadá, que signaron la Declaración de Ottawa
y la Convención de Oslo.
El señor PRESIDENTE: Ya saben que no es mi costumbre intervenir muy
a menudo y no lo voy a hacer sobre problemas de fondo, pero sí de
forma.
El señor Mardones se refiere a uno de los temas que tendremos que
dilucidar, saber si el Gobierno pretende que la ratificación se adopte
sobre el texto del convenio y la declaración o si, por el contrario,
el Gobierno pretende y es posible -cosa que dudo, dicho sea de paso,
si se quiere hacer que la declaración sea eficaz- lo que S.S. apunta,
proceder a la ratificación del texto sin adiciones y posteriormente
a la declaración.
Yo creo que eso no es posible porque en el fondo la urgencia del
Gobierno es que la declaración vaya aneja y formando parte del texto
que ratificamos y que consiguientemente la Cámara también la
ratifique. Esto trae una serie de consecuencias, al mismo tiempo,
posiblemente la retirada del orden del día del próximo día 17 de la
ratificación del dictamen que habíamos emitido el día 24. Lo digo a
efectos puramente especulativos, pero a efectos formales nos
tropezamos con algunas de esas dudas a las que S.S. apuntaba y que
también quiero subrayar, porque nos encontraremos con una discusión
sobre el fondo que tendrá lugar cuando nos veamos confrontados en el
momento de la aprobación de la declaración y/o del convenio
correspondiente. No obstante, eso es lo que tendremos que dilucidar
entre nosotros con la decisión final de la Mesa de la Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Yo también creo respecto a las valoraciones
del Gobierno y los textos que estamos discutiendo que,
evidentemente, la segunda interpretación que usted hace podría ser
la ajustada, es decir, que cuando vayamos a firmar tengamos que hacer
las declaraciones interpretativas a que haya lugar. Por lo tanto, he
creído entender que la declaración interpretativa que pretende
presentar el Gobierno de alguna forma sí que es algo más que una mera
aclaración sobre las distintas interpretaciones que se pueden dar
de este artículo 1.1 c). Yo creo que se han dado cuenta en este
momento de que la interpretación más importante que se puede dar
sobre ese punto es aquella que dice que todos los países firmantes de
este acuerdo evidentemente no podrán colaborar en aquellos actos que
vayan contra la propia filosofa del acuerdo. Ahora nos hemos dado
cuenta de que participamos en organizaciones multilaterales militares
en las cuales hay
miembros que no han firmado este acuerdo y que, como usted muy bien ha
dicho, dentro del ejercicio de su autonomía están legitimados para
poder hacer uso de esas armas, puesto que no hay ningún convenio
internacional que les obligue a evitar su utilización.
Yo no creo que este acuerdo, primero, vaya contra las alianzas
militares que España tenga firmadas, simplemente las sitúa en un
marco respecto a la utilización de este tipo de armas en el cual no
se permite, lógicamente, la colaboración en acciones militares en las
cuales vaya a haber utilización de este tipo de armas. Por lo tanto,
nosotros interpretamos que no hay una ruptura de la planificación
aliada, como usted ha comentado, puesto que de alguna forma, si nos
atenemos a la cantidad de países firmantes de este acuerdo en el
ámbito de relación más importante que tenemos, que es la propia Unión
Europea, nos encontramos con que todos, salvo Finlandia, lo han
firmado y que, en el marco militar por excelencia, que es OTAN, de 19
miembros 17 lo han firmado dando su apoyo a este acuerdo, pero, claro,
de los otros dos, Estados Unidos es uno de los que no ha firmado.
Quizá eso puede llevar a la interpretación de que esto puede romper
la planificación aliada. Yo lo que creo es que el posicionamiento de
Esta- dos Unidos puede romper el ejercicio libre de decisión de las
organizaciones militares de los países miembros -ya ha dicho que
Canadá y Reino Unido lo han planteado- porque, de hecho, España ya
está revisando uno de los elementos fundamentales de esta
convención. ¿Por qué? Porque, evidentemente, prefiere situarse en
el discurso de quien no ha firmado el acuerdo, para no interferir en
el desarrollo de utilización de estas armas por parte de Estados
Unidos en las acciones militares que vaya a emprender en el marco
de la OTAN, en vez de atraer a aquellos que no lo han firmado hacia
el posicionamiento común mayoritario y, si se quiere decir, hasta más
democrático por cuanto que la inmensa mayoría de los países lo han
acordado. Si hacemos mención a la proposición no de ley que se aprobó
unánimemente en el Congreso de los Diputados, hablábamos en el
punto 2 que si España apoya plenamente la eliminación total de las
minas antipersonas y trabaja activamente en el ámbito bilateral y
multilateral para lograrlo, considera que la firma de estos acuerdos
debe tener carácter universal y el Congreso pide que se continúen las
acciones ya emprendidas para promover y lograr en el marco de la
acción común de la Unión Europea un acuerdo internacional
verificable sobre la prohibición total y general de las minas
antipersonas.
Por lo tanto, esa es la filosofa que ha emanado de esta Cámara y yo
creo que esta declaración interpretativa va a romper frontalmente con
esta filosofía. Por consiguiente, yo prefiero el texto y la filosofía
que emanaron de esta Cámara sobre todo porque creo que es un intento
de desvirtuar el compromiso que el Gobierno aceptó y asumió
cuando el partido que apoya al Gobierno y sus aliados, junto con la
oposición, aprobamos unánimamente este acuerdo y esta filosofía que
debía desarrollar el Gobierno español en sus relaciones exteriores.
Entendemos que va a posibilitar a España que pueda participar en
operaciones con países que sí la utilizan y-usted ha hecho mención a
ello- en los estamentos militares
podría darse el caso de que soldados españoles estuviesen
instalando minas antipersonas. Si la sensibilidad de quien manda
puede separar a aquellos soldados que son nacionales de países que
han firmado el acuerdo y les exime de ese tipo de acción militar,
estarían participando en ese ejército, una de cuyas estrategias
tácticas es el desarrollo de ese tipo de armas. Por tanto,
contraviene el espíritu de Otawa, interrumpe el compromiso del
Gobierno español con la sociedad civil, con todo el conjunto de ONG,
con el conjunto de ciudadanos que se movilizaron, que además
participaron activamente en los debates incluso haciendo propuestas,
desoye esa voluntad unánime del Congreso, a la que he hecho mención, y
rompe el principio que entiendo que debía prevalecer en la propia
OTAN ya que, ante la abrumadora mayoría de países que han aceptado
la firma de este acuerdo, quien debería plantearse la revisión
respecto a la firma o no de este acuerdo debían ser los dos que no lo
han firmado y no los 17 que sí lo han hecho para posibilitar que esos
dos puedan seguir desarrollando esa estrategia militar.
Por tanto, como mal menor nosotros, lo único que incluiríamos en esta
propuesta de declaración interpretativa, en el mismo texto que
ustedes presentan como posible, sería lo siguiente. Quizá leyendo el
conjunto del texto quede mejor enmarcado. Ustedes dicen: España
entiende que la participación de sus Fuerzas Armadas en actividades
militares realizadas en combinación con las Fuerzas Armadas de
países que no son Estados parte en la convención no supone una
contravención del artículo l.c) sobre la necesidad de no ayudar,
estimular o inducir a participar en una acción prohibida por la
convención. Lo lógico sería, en coherencia con la filosofía que estoy
planteando, que se añadiera: siempre y cuando en dichas actividades
no se haga uso alguno de minas antipersonas. Eso sería mucho más
coherente con la política que ha emanado por unanimidad del
Congreso y creo que por unanimidad de la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Empezando por el final y retornando la
reflexión que hacía el presidente de la Comisión, señor Rupérez,
comparto las preocupaciones reglamentarias que ha expresado esta
tarde porque no son preocupaciones puramente formales. Creo que el
rigor en materia de tratados internacionales exige que haya una
precisión y una carga de absoluta seguridad jurídica en los textos que
aprobamos. La tramitación que hemos tenido con el debate de este
convenio ha requerido un esfuerzo importante de todos los grupos.
En esta legislatura es difícil encontrar un ejemplo de un texto
aprobado por unanimidad de todos los grupos, no solamente que lo
aprobaran por unanimidad sino que retiraran al final cualquier tipo de
enmienda que quedara, pues no hubo ninguna sustancial, porque todas
fueron subsumidas al final y el texto salió sin enmiendas y por
unanimidad.
A mi grupo le gustaría que este episodio final de la declaración
interpretativa no empañara la trayectoria de este proceso y, al
final, se viera truncada por algunas disidencias en torno a su
tramitación final. Mi grupo no tiene
objeciones de fondo a lo que se está planteando aquí y voy a explicar
por qué, pero no tiene objeciones de fondo si, al mismo tiempo, el
Gobierno afina algo más en su pretensión. Me explico.
Hablaba el señor Rupérez de que el Parlamento había cumplido los
deberes, y entendía que probablemente el Gobierno los había cumplido
también. Yo me atrevería a decir que el Gobierno no los ha cumplido
tanto en este caso. ¿Por qué? Porque el Gobierno trae ahora, como si
se hubiese dado cuenta de pronto de que había una laguna en el tratado
y en la ley que aquí se aprobó en relación con esta materia, la
necesidad de una declaración adicional interpretativa como
consecuencia de un olvido que se había experimentado a la hora de su
redacción.
Yo le quiero decir en este momento al representante del Gobierno que
si se produjo tal olvido, el olvido en cierto modo es reprochable al
Gobierno, por unas razones muy sencillas, primero, porque el Gobierno
tenía algunos textos encima de la mesa de algunos países que ya
habían aprobado la legislación en esta materia que sí introducían
una cautela de esta naturaleza, concretamente la ley canadiense del
año 1997 decía casi lo mismo que dice ahora el Gobierno español o que
pretende ahora introducir el Gobierno español, y es del año 1997,
anterior a esa declaración complementaria que usted ha mencionado
ya existía una ley del Parlamento de Canadá sobre minas antipersonas
en la que se decía que se podía autorizar excepcionalmente a
participar en operaciones con países no firmantes, siempre que tal
participación no implicase asistencia en actividades prohibidas por
el tratado. Ya se decía en la ley canadiense.
Nosotros, que teníamos este texto, y somos el partido de la
oposición, entendíamos que el Gobierno debería tener también la
obligación no sólo de tenerlo sino de haberlo consultado, porque
probablemente, junto con la ley italiana, eran casi los dos únicos
países que tenían una legislación desarrollada sobre la materia.
Una semana o quince días antes de que el Gobierno trajera un
proyecto de ley sobre la materia el Grupo Socialista había presentado
una proposición de ley articulada que luego nosotros retiramos e
hicimos un texto consensuado común. No tenía sentido mantener un
texto paralelo que iba en la misma dirección. Pero en nuestra
proposición de ley se recogía también este texto de la ley
canadiense, y le digo exactamente lo que nosotros en nuestra
proposición de ley, que el Gobierno conocía, que había tenido entrada
en la Cámara, que no se había debatido porque se esperó ya a la
tramitación del proyecto de ley pero que era del conocimiento del
Gobierno, se decía que, no obstante, podrá excepcionalmente
autorizarse participar en operaciones, ejercicios y actividades con
fuerzas armadas de otro Estado no firmante, etcétera, siempre que
dicha participación no signifique colaboración activa en actividades
prohibidas por la convención. Prácticamente era casi lo mismo que la
ley canadiense.
Al final, el Gobierno trajo su proyecto de ley. En aras del consenso,
todas las enmiendas fueron retiradas, y esto, que era una
incorporación del Grupo Socialista, no quedó incorporado para no
mantener ninguna enmienda. Pero el Gobierno lo conocía y podía haberlo
introducido. No hizo caso de la ley canadiense, o no la consultó, lo
cual ya es llamativo, y no hizo caso tampoco de la proposición del
Grupo Socialista, que también la introducía, lo cual no sé si es más
o menos llamativo, eso ya lo dejo a interpretación de su señoría.
En cualquier caso, estamos ahora en una situación donde tenemos que
resolver un problema, y la redacción que el Gobierno nos trae sobre
una declaración interpretativa probablemente en la única solución,
digo probablemente, tampoco es muy claro. Estamos en una sesión
informativa de sondeo de opinión y de tanteo. Todavía no hay una
declaración del Gobierno, del Consejo de Ministros al respecto.
Por una parte, es evidente que no se pueden hacer reservas, porque
el tratado expresamente las prohibe. En todo caso, lo único que cabe
hacer son declaraciones En segundo lugar, cabría no hacer ningún
tipo de declaración, cabría dejar el tratado como está (digo cabría,
no sé si es la mejor solución o no) y no sé si otros países irán por
ese camino. No lo sé. El representante del Gobierno ha mencionado el
caso de Canadá y el de Inglaterra como países que sí han considerado
oportuno introducir una cláusula de aclaración, por decirlo de
alguna forma. No sé si el resto de los países firmantes van a ir en
la misma dirección o van a considerar que el tratado es lo
suficientemente expresivo como para no introducir cláusulas
interpretativas que pudiesen dejar algún portillo abierto y prefieran
luego estar a la casuística del caso por caso para resolver en su día
en lugar de introducir un cierta modificación del tratado. Es posible
que haya países que decidan entrar en esa línea y no hacer ninguna
cláusula o ninguna declaración adicional interpretativa. En ese
sentido, creo que a lo mejor esa, no es mala solución. Yo le pido al
Gobierno que reflexione sobre esa solución y que, puesto que él
conoce exactamente cómo está la tramitación de este tratado y las
intenciones del resto de los gobiernos firmantes al respecto, si nos
encontramos con que hay un núcleo de países importantes que van en la
dirección de no hacer declaraciones adicionales interpretativas, a
lo mejor eso es mucho más correcto y no que se quede España dentro de
un grupito de países aislados que sí quieren hacer esa declaración
interpretativa. El Gobierno debería reflexionar un poco sobre esto y
ver cómo está la situación con el resto de los países firmantes.
En segundo lugar, si se opta por la decisión de hacer una declaración
interpretativa porque todos los países firmantes, o la inmensa
mayoría, consideran que es oportuno y razonable, creo que la
declaración que nos somete el representante del Gobierno a
consideración, a mi juicio, necesita mayores precisiones y estar más
aquilatada. El representante de Izquierda Unida decía que en esa
declaración del Gobienno debería introducirse algún matiz más que
no abriera demasiado la puerta.
Yo creo que la redacción debería ir incorporando la de la ley
canadiense o la del Grupo Socialista, que es la misma que la de la
ley canadiense, que dice exactamente lo mismo que dice el Gobierno
pero, al final, le añade una coletilla, porque el Gobierno dice: el
Reino de España entiende que la participación de las Fuerzas Andadas
españolas o de nacionales españoles en actividades militares
realizadas en combinación con fuerzas de países no parte de la
convención, no supone contravención del artículo 1.1 sobre la
necesidad de no ayudar, estimular, etcétera. Es verdad, la mera
participación en unas maniobras con otros países de
por sí no supone que se esté contraviniendo el Tratado de Ottawa.
Ahora bien, quizá no esté mal decir que no lo supone siempre que
-nosotros decíamos en nuestro texto y dice la ley canadiense- dicha
participación en esas operaciones no signifique colaboración activa
en actividades prohibidas por la convención. Me parece que es una
coletilla importante, porque pudiera ocurrir que en operaciones de
esta naturaleza el operativo militar conllevara que los países
firmantes estuviesen, de una manera más o menos explícita,
colaborando de una forma clara en actividades de puesta de minas
antipersonas, que están prohibidas por la convención. Por eso creo
que cuando el Parlamento de Canadá introduce esa coletilla de decir
que se puede participar en operaciones militares con países no
miembros, pero, ojo, que los países firmantes no tengan ninguna
colaboración, dentro de esos operativos, que tengan que ver con
actividades prohibidas por el tratado. Si eso no lo decimos, la
declaración interpretativa que pretende el Gobienno se queda
bastante laxa.
Por tanto, le pido al Gobierno, en primer lugar, que reflexione sobre
el contenido de cuál sería la declaración interpretativa que, a
nuestro juicio, debe ser más restrictiva y afinada de la que aparece
en este momento como propuesta sobre la mesa; en segundo lugar, que
reflexione también sobre si es necesario o conveniente hacer la
declaración interpretativa; en qué situación se encuentra el resto
de los países, si hay una importante mayoría de países que no lo creen
necesario y que pueden considerar que es una cuestión a resolver en
su momento caso a caso para no desvirtuar el tratado. Yo creo que
aquí hay flecos muy importantes. La cuestión no es baladí, no se
trata de una cuestión puramente técnica y, por tanto, requiere que el
Gobierno afine más en esta materia y que lo mire, porque no sé
exactamente cual es el alcance de lo que aquí se está diciendo.
El artículo 18 del Tratado de Ottawa dice que cada Estado parte en
el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión podrá declarar que aplicará provisionalmente el
párrafo 1 del artículo 1 de esta convención. Pues bien, este párrafo,
que tiene tres apartados a), b) y c), en el c), que es sobre el que
estamos discutiendo en estos momentos y es sobre el que incidiría esta
declaración, dice que cada Estado podrá declarar que aplicará
provisionalmente el párrafo 1. ¿Qué se quiere decir con esa
provisionalidad, que cualquier declaración que se haga sobre este
apartado concreto, que es el único que está mencionado en este
apartado de la aplicación provisional, tiene que tener un carácter
provisional? Quisiera que el Gobierno aclarara el alcance de lo que
significa el artículo 18, cuando habla de aplicación privisional a
la hora de hacer declaraciones interpretativas. No sé si se refiere a
que son aplicaciones coyunturales a situaciones concretas. Puesto que
se trata de un artículo del tratado, por tanto de obligado
cumplimiento, y que se refiere a las declaraciones que se puedan
hacer en relación con el tratado por parte de un Estado parte, cuando
se habla de que sean declaraciones provisionales ¿qué alcance se está
intentando dar en el Tratado cuando se habla de provisionalidad.
El Gobierno tiene todavía bastantes elementos de reflexión en esta
materia. Si el Gobierno hubiese hecho los deberes, una simple lectura
de la ley canadiense o la lectura de una modesta proposición de ley
del Grupo Socialista,
mucho más cercana en el espacio y en el tiempo, habría ahorrado todos
estos problemas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Es un tema bastante complejo, desde el
punto de vista jurídico y formal, pero después de la intervención de
los tres portavoces que han intervenido, en el fondo podemos
coincidir perfectamente. Como muy bien han recordado, en todo este
proceso que se inició hace tiempo en el Parlamento, por impulso del
Gobierno, hace un año y pico, ha habido una gran disposición del
Gobierno a facilitar esa unanimidad parlamentaria. Creo que la
presencia en la Cámara a petición propia del director general para
explicarnos lo que el Gobierno considera oportuno hacer es síntoma
de transparencia, de claridad y de que se pretende la unanimidad
parlamentaria y no romper ningún proceso iniciado anteriormente. De
las palabras del director general nuestro grupo parlamentario
entiende eso con toda claridad. Por eso salimos al paso, con
moderación, de las manifestaciones un tanto precipitadas que se han
hecho en el sentido de que se rompe el proceso. Esto no va a romper
ningún proceso, sobre todo porque el Gobierno es muy consciente de
que necesitamos la mayoría, y en este caso la unanimidad
parlamentaria sacarlo adelante, porque así está mandado por el
Pleno del Congreso.
Señorías, no debemos confundir los dos procesos: el convenio
internacional, que está en proceso de ratificación, y la ley
española. El portavoz del Grupo Socialista ha hecho mención a su
proposición no de ley que retiraron en aras de esa misma unanimidad
cuando el Gobierno presentó el proyecto de ley que había prometido,
y lo hizo en tiempo y forma. Una vez que fue firmado el 3 de diciembre
del año pasado la Convención de Ottawa, el Gobierno presentó el
proyecto de ley prometido a la Cámara. Dicho proyecto está en
trámites en el Senado, y hubiera sido aprobado sin ningún tipo de
dificultad si no se nos hubiera deslizado a los diputados el término
Congreso en sustitución del más correcto jurídicamente de Cortes
Generales. En ese sentido, se presentaron enmiendas en el Senado que
han determinado que no fuera aprobado antes de terminar el último
período de sesiones. Volverá a esta Cámara la ley española de
prohibición de minas antipersonas con una enmienda presentada por
unanimidad por todos los grupos del Senado relativa a lo que me estoy
refiriendo. No sé, y lo dejo encima de la mesa por si los servicios
jurídicos de la Cámara quisieran indagar en la cuestión, si estamos a
tiempo de recoger la sugerencia del Grupo Parlamentario
Socialista hecha esta tarde de incorporar esos aspectos de su pro-
posición no de ley, que tampoco fueron incorporados en el trámite
del Congreso de la ley española de prohibición de minas antipersonas.
No sé si el plazo de enmiendas en el Senado habrá vencido o si puede
presentarse una enmienda que aclare el objeto de lo que estamos
hablando. En cualquier caso, el Grupo Popular está abierto a todo
tipo de sugerencia y creo que el Gobierno también, para que todos los
grupos parlamentarios, junto con el Gobierno, alcancemos una
solución adecuada, tanto en el texto de la declaración como en su
tramitación formal. En mi opinión, sería
dificultosa o por lo menos no conveniente la retirada -y no estoy
prejuzgando ninguna opinión puesto que expresamente me someto a la
de la mayoría desde el primer momento- en el próximo Pleno del
tratado internacional.
Sin embargo, recuerdo a SS. SS. que las previsiones del tratado
establecen que a la firma del miembro 40 entra en vigor y España lo
firmó el 3 de diciembre, por lo que entraría en vigor para España,
porque 40 Estados firmantes lo han suscrito, aunque quizá estemos
hablando de cuestiones un tanto accidentales. Posteriormente. si
jurídicamente es posible, el Gobierno siempre podrá hacer, de
acuerdo con las previsiones del propio tratado, la interpretación
declarativa establecida de común acuerdo por las Cortes, porque, en
definitiva, tendrá que ir al Consejo de Ministros, al Consejo de
Estado para ser informada y a las Cortes Españolas para ser
ratificada, de acuerdo con nuestra propia Constitución.
Quiero terminar, señor presidente, agradeciendo mucho su
intervención, que intenta ser aclaratoria, si se me permite el
término, de todo este complejo entramado, así como la del director
general porque, como he dicho al principio, demuestra la voluntad de
no romper la unanimidad y, en cualquier caso, de solucionar un
problema. No es una reserva, señorías, y tampoco es una cautela,
como se ha dicho; me parece que es una aclaración que establece una
prevención jurídica completamente necesaria, por cuanto la propia
ley española y el propio convenio van a impedir, con toda seguridad,
la participación de España en actividades prohibidas por la ley,
tanto, en operaciones bilaterales de carácter militar que pueda hacer
con países no firmantes de la convención, como en el seno de la
Alianza Atlántica, tal y como hemos deducido de las palabras
clarísimas del director general.
Creo, señorías, que entre todos hemos de encontrar una fórmula
satisfactoria para no romper el proceso iniciado ni la unanimidad
parlamentaria que también desea el Gobierno -entiendo- tanto en su
tramitación como en el fondo y en la redacción final de la
declaración interpretativa que se quiere plantear.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME (Garrigues Flórez): Señorías, muchas gracias por todos los
comentarios que, en general, considero muy constructivos. Por mi
parte, quiero aclarar que lejos de mí cualquier intención de crítica
sino voluntad de autocrítica y deseo de hacer los deberes bien, o lo
mejor posible, en algo que es ciertamente complejo y que está
planteando una problemática complicada, complejísima, que está
siendo estudiada en la OTAN y en todos los países, aliados y no
aliados, para obvervar todo ese entramado complicadísimo, casuístico,
que esto puede plantear.
Se han hecho aquí comentarios de muy diversa índole en cuanto a las
cuestiones de procedimiento, formales, que son importantes, en cuyo
debate por supuesto no puedo participar, como he dicho en mi
intervención, si no es para agradecer todos los esfuerzos que se
puedan hacer por tratar de acelerar, de agilizar la tramitación, si
es posible de acumular -eso sería el ideal-, porque la intención del
Gobierno era la simultaneidad, es decir, que fuera en el momento de
depositar el instrumento de adhesión ante el secretario general de
Naciones Unidas cuando se efectuara esta declaración interpretativa.
Ése es el objetivo. Las consecuencias de eso comprendo que son
complicadas y de ahí los problemas que tenemos ahora planteados.
Quizá el tema de la premura es el que ha venido a ensombrecer la
cuestión, porque parece como si hubiera una agenda oculta, lo que
está muy lejos de la intención del Gobierno. Es, al revés, un afán de
transparencia el que hoy me trae aquí, incluso antes de que el
expediente haya pasado por el Consejo de Ministros, para presentar a
SS.SS. el texto de esta propuesta y ver de qué forma podemos entre
todos resolverlo de la mejor manera posible.
Respecto a cuestiones concretas planteadas, como la pregunta de si el
texto de la declaración propuesta se refiere a actividades
militares, tengo que decir que el adjetivo militar sí figura en el
texto que proponemos. Quizá se ha distribuido una versión incorrecta o
anterior, desconozco el motivo del error, pero ciertamente es en
actividades militares en las que estamos pensando.
En cuanto a la referencia a nacionales españoles, estamos pensando
en personas físicas, precisamente por cubrir todo tipo de problemas
que puedan surgir, y tengo que decir que no estaba pensando
concretamente en la pertenencia ala Legión Extranjera u otro tipo de
ejemplos que se han mencionado.
En todo caso sí quiero subrayar algo que han mencionado varias de
SS.SS.: esto no es una reserva, sino claramente una declaración
interpretativa. Esto lo debemos tener todos muy claro. Y, si me
permiten, voy a citar lo que dice la Convención de Viena de Derecho
de los tratados en su artículo 2.1.d). Dice así: Se entiende por
reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado
o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o adherirse a él, con objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado
en su aplicación a ese Estado. Por el contrario, las declaraciones
interpretativas son aquellas por las que se atribuye a una
disposición una interpretación determinada de las varias posibles. La
declaración interpretativa que proponernos no excluye o modifica los
efectos jurídicos del artículo 1.1.c), sino que los interpreta.
España no entiende que mediante esta declaración el artículo 1.1.c)
deje de ser aplicable a España ni a sus nacionales cuando participen
en actividades militares junto a fuerzas de Estados no parte, lo
que sí hace es interpretar que la mera participación en esas
actividades y en actividades no infractoras derivadas de esa
participación no se encuentran incluidas en ese artículo. Creo que la
diferencia está meridianamente clara.
En cuanto a la necesidad de promover la universalización de la
Convención de Ottawa, el Gobierno es plenamente consciente de ello
y, como he dicho en la intervención, está haciendo todos los
esfuerzos que están en su mano por lograrlo; ahora bien, vivirnos en
un mundo real y tenemos compromisos multilaterales y bilaterales que
no podemos obviar ni desconocer y que tenemos que hacer compatibles de
la mejor manera posible y siempre teniendo en cuenta que, además, la
fuerza propia de la convención que es irresistible, va a atraer a los
aliados que no han ratificado,
o no tienen intención de ratificarla, al marco de la
convención. Por tanto, estamos ante un problema provisional por su
naturaleza, porque será cuestión que se plantee en unos años.
En cuanto a las propuestas concretas de redacción, tengo que decir
que la idea de añadir la frase «siempre y cuando en esas actividades
no se haga uso alguno de esa sarmas» -no recuerdo exactamente si es
así-, es lo que yo llamaría una enmienda asesina, ya que anula el
sentido de la declaración y, por tanto, la hace inútil. Yo rogaría que
lo reconsideren.
Por último, diré que esta iniciativa del Gobierno de proponer esta
declaración ha sido meditada, reflexionada con cautela y lo mejor
posible dentro de la complejidad del asunto y la premura de los
plazos. Quizá es consuelo de tontos, pero diré que no somos los únicos
en esta situación; como he dicho, Canadá tenia su ley, pero, a la
hora de la firma, hizo una declaración en la que no añade la
coletilla ala que se refería S.S.; el Reino Unido lo ha hecho; Italia
lo está considerando, y hay otros aliados debatiéndose en esa
disyuntiva de si será mejor hacer una declaración que aclare esto
de una vez por todas o enfrentarnos al constante problema casuístico
y a, digamos, dilucidar cuestiones jurídicas muy complejas, muy
difíciles y que -no hay que olvidarlo- a veces plantean problemas de
resolución inmediata; es decir, qué se hace con este soldado o qué se
hace con este oficial, que, por el mero hecho de estar participando
en un planeamiento conjunto de una operación no sabe si está
incurriendo en una contravención.
Esa reflexión está hecha de forma multilateral y nacionalmente y es
la conclusión a la que hemos llegado, y por eso ahora, quizá con muy
poco tiempo por delante, porque se ha dado la coyuntura desafortunada
de que se ha acelerado el proceso o el ritmo de ratificaciones que
cabía prever, estamos en la ratificación número 36, y aspiramos a
estar entre los 40 principales, como se ha dicho con gracia. Yo espero
que todavía sea posible lograr el objetivo de estar entre los 40
primeros países ratificantes y hacerlo al tiempo que se efectúa esta
declaración, que es de importancia capital para nuestras Fuerzas
Armadas.
Una vez más, agradezco la colaboración que se me ha brindado y sigo a
la disposición de SS.SS. para hacer cualquier aclaración o
comentario adicional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor director general.
Creo que, efectivamente, el Gobierno es transparente, diría que
incluso emocionantemente ingenuo en su transparencia, y esto es
siempre de agradecer. Pero, con independencia
del fondo del asunto, aquí hay una serie de cuestiones que
importa que el Gobierno tenga en cuenta y creo que es mi deber
recordarles. Primero, el Gobierno debe aprobar la declaración
interpretativa, lo que todavía no ha hecho. Segundo, el Gobierno, si
todavía no lo ha hecho, debe solicitar del Consejo de Estado el
dictamen sobre el texto de la declaración y al mismo tiempo también
el parecer del Consejo de Estado sobre la tramitación de esa
declaración, teniendo en cuenta que la tramitación ya ha comenzado en
esta Cámara y ha sido objeto de un dictamen favorable de esta
Comisión de Asuntos Exteriores. Entiendo que el Gobierno quiere
mantener la declaración, como yo creo que, por otra parte, es debido,
aneja y simultánea a la tramitación del tratado. Tercero, si todo eso
es así, yo creo que el Gobierno debe solicitar la retirada de la
consideración del texto del Pleno del día 17, a no ser que el
Gobierno, contradiciendo sus propios planteamientos, quiera que el
día 17 ratifiquemos el tratado sin la declaración, lo que
produciría una serie de efectos posiblemente perniciosos para el
tratado y para la declaración. Y cuarto, yo creo que el Gobierno debe
informar a la Mesa de la Cámara de las razones que apoyan en este
momento la necesidad de la declaración y solicitar al mismo tiempo de
la Mesa de la Cámara la aclaración sobre los trámites
consiguientes, es decir, si es posible otorgar un tratamiento aislado
a la declaración, y consiguientemente, retener el tratamiento que ya
hemos comenzado con respecto al tratado hasta que hayamos considerado
la declaración, o si, por el contrario, es conveniente reabrir todo
el tratamiento del tratado junto con la declaración.
En cualquier caso me parece evidente que debemos atenernos a los
extremos constitucionales y reglamentarios, y si no estamos entre los
40 principales, pues estaremos entre los 50 o los 60, porque me parece
que la diferencia entre la ratificación de los 40 o el proceso de
adhesión es puramente conceptual y no afectaría en absoluto a
nuestros derechos y a nuestras obligaciones al respecto. Adelanto
mi opinión de que en este trámite estas cuestiones son absolutamente
imprescindibles para seguir adelante con la tramitación de la
declaración y todos los efectos consiguientes. ¿Algo más, señor
director general? (Pausa.) ¿Alguna cosa más, señoras y señores
diputados? (Pausa.) Si no plantean nada más, muchísimas gracias por
su asistencia y su participación.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.