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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 501, de 24/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 501
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 49
celebrada el miércoles, 24 de junio de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la necesidad de instaurar la sección de la Policía Nacional
en el municipio de Utrera (Sevilla). Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001032) ... (Página 14420)
- Relativa a la adopción de medidas para facilitar la circulación de
vehículos y maquinaria agrícola en general. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000467) ... (Página 14424)
- Sobre desarrollo de la Ley de condiciones generales de la
contratación en materia de acceso telemático al Registro Mercantil.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergencia i
Unió), Vasco (PNV) y Coalición Canaria. (Número de expediente
161/001001) ... (Página 14424)
Nota: El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Justicia e
Interior, del miércoles 24 de junio de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.
Se abre la sesión a las diez treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: El orden del día que figuraba en la convocatoria
ha de ser alterado, puesto que la Mesa lo había establecido en la
inteligencia de que las ponencias de los proyectos de ley a los que
se refiere la misma, los que figuran en la convocatoria, hubieran
ultimado, cada una de ellas, el correspondiente informe. Como quiera
que en ninguno de los mismos se ha emitido el informe por parte de
la ponencia, indicación que sus señorías ya veían que estaba en la
propia convocatoria, no queda más remedio que modificar dicho orden
del día eliminando el debate de los proyectos de ley a los que se
hacía referencia en la ya citada convocatoria.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA NECESIDAD DE INSTAURAR LA SECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN
EL MUNICIPIO DE UTRERA (SEVILLA). PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001032.)
El señor PRESIDENTE: El orden del día queda, por tanto, constreñido
exclusivamente a las proposiciones no de ley y vamos a iniciar, si la
Comisión no tiene inconveniente, en primer lugar, el debate de la
presentada por el Grupo Socialista sobre la necesidad de instaurar la
sección de la Policía Nacional en el municipio de Utrera (Sevilla). Si
algún comisionado tiene inconveniente, naturalmente mantendríamos el
orden del día tal como estaba, si no, a petición de la señora
Rubiales, que tiene otras obligaciones parlamentarias, con mucho
gusto accedemos a su petición.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor Presidente, nos gustaría conocer el
orden en el que serán debatidas las tres proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Empezaríamos por la tercera y luego ya por el
orden que figuran, siempre, repito, que no haya inconveniente.
Iniciamos el orden del día con la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la necesidad de instaurar
la sección de la Policía Nacional en el municipio de Utrera.
Las votaciones de las tres proposiciones no de ley las haremos
conjuntamente al terminar el debate de las mismas, calculo que no
antes de las doce de la mañana; en el momento en que termine el
debate de la última de ellas procederemos a la votación de todas.
Para la intervención, en relación con esta proposición no de ley y
por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Muchas gracias, señor presidente, por su
amabilidad (el señor vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la
Presidencia), y gracias igualmente al resto de los portavoces y a
los miembros
de esta Comisión por haber permitido la petición que esta diputada
les hizo de alterar el orden del día porque, efectivamente, tengo
una pregunta parlamentaria en otra comisión y me venía bien el
hacerlo así para poder realizar las dos cosas.
Señorías, la proposición no de ley que sometemos hoy a consideración
y a votación de esta Comisión es sobre la necesidad de instaurar la
sección de la Policía Nacional en el municipio de Utrera (Sevilla),
municipio de mi circunscripción que conozco especialmente de cerca,
porque, como sabemos sus señorías, fui delegada del Gobierno en
Andalucía en la última fase del Gobierno socialista, y la verdad es
que desde que tomé posesión de este cargo, el alcalde de este
municipio, que es un también del Partido Socialista y lleva de alcalde
desde antes de que hubiera democracia, lo primero que me planteó -al
igual que cuando toma posesión cualquier delegado del Gobierno o
cualquier secretario de Estado de Interior o ministro- es el problema
de su municipio.
Utrera es un término municipal que está situado al sur de la
provincia de Sevilla, como dice en la motivación de la proposición no
de ley, y que lo componen seis entidades, algunas conocidas
anecdóticamente -señalo a sus señorías que en ellas se encuentra la
pedanía de El Palmar de Troya, donde sucedió aquello del Papa
Clemente y esas cosas que usted habrán oído por los medios de
comunicación, aunque ahora no estén tan de moda como hace unos años
-y tiene muchas urbanizaciones. Es un municipio importante de nuestra
provincia, sin duda ninguna los que son sevillanos lo saben muy bien
y desde el año 1979, progresivamente y sin que ellos lo
comprendieran -me refiero a los habitantes y ayuntamiento de este
municipio- hasta el año 1982 fueron perdiendo la presencia en la
localidad del cuerpo de la Policía Nacional y empezaron a
sustituirla por Guardia Civil, que además, y según ellos, se les va
reduciendo el número de miembros de la misma.
Han hecho un esfuerzo importante de Policía municipal, han tenido
serios problemas y enfrentamientos para poder afrontar la
problemática que la seguridad ciudadana exige en núcleos de población
tan importantes como éste numéricamente, y además tan dispersos, y
desde siempre han solicitado al Gobierno de la nación, o a sus
representantes, la posibilidad de que volvieran a tener Policía
Nacional. Ellos aducían -y me consta que era así, por lo menos en la
época en que yo era delegada del Gobierno- que había una línea
divisoria más o menos establecida en el Ministerio del Interior entre
qué municipios tenían Policía Nacional y qué municipios tenían
Guardia Civil; era el mayor grado de urbanización del municipio, es
decir, la Guardia Civil se quedaba para los núcleos más rurales
mientras que la Policía Nacional quedaba para los núcleos más urbanos;
Utrera participa de esas características. Éste es un problema que ha
tenido el Partido Socialista en los casi catorce años que ha sido
Gobierno, es más, cuando se termina de perder la Policía Nacional es
con la llegada de los socialistas al poder, con lo cual me pueden
decir ahora: ¿Qué hace usted aquí trayendo este tema que no fueron
capaces de resolver? No tengo el más mínimo empacho en reconocerlo
porque las cosas son como son y hay que contarlas así. Lo que sí es
verdad es que a mí, como les he dicho, me lo plantearon muchísimas
veces,
hice muchísimas gestiones con el entonces Ministerio de Justicia e
Interior, concretamente con la secretaria de Estado Margarita
Robles, y creíamos que teníamos el tema en condiciones de comenzar a
tender la petición del municipio de Utrera, la creación de una nueva
comisaría de policía en esta localidad; perdimos las elecciones y
hemos esperado dos años para ver de qué manera el nuevo Gobierno
enfocaba la solución.
El alcalde -con el que sigo hablando en ocasiones; él me pidió que
hiciera esta iniciativa- no se queja en absoluto del trato que ha
recibido del Gobierno actual ni del subsecretario de Estado señor
Martín Fluxá, con el que han tenido -como digo que ha venido siendo
tradición- numerosas entrevistas, amén de que tiene problemas con la
expedición del documento nacional de identidad, que por el carácter
de los núcleos existentes les hace que tengan problemas que tratamos
de venir a resolver.
Simplemente he contado esto para que vean el porqué de la iniciativa;
no tratamos de decir que este Gobierno no resuelve los problemas de
los ciudadanos, ni muchísimo menos, es un problema que está ahí,
discutible y opinable como todos los problemas de Policía
Nacional-Guardia Civil, que -repito, señorías- conozco muy bien. He
visto casos contrarios, casos en que tienen Policía Nacional y en el
municipio quieren Guardia Civil, pero suele ser por otro tipo de
razones. Es verdad que en este caso es por el carácter del propio
municipio. Tengo aquí -y supongo que también lo tendrán sus
señorías- un informe que han realizado sobre la cantidad de
gestiones que se han llevado a cabo sobre este tema, la cantidad de
acuerdos municipales, la participación de las asociaciones de
vecinos, y aquí hay acuerdos de todos los partidos políticos. Es
decir, es una necesidad absolutamente sentida por todos los vecinos y
por el Ayuntamiento de Utrera. Y repito que nosotros, en todos los
años que hemos gobernado, no hemos sido capaces de resolver. Mi
ilusión, ahora que ha pasado el tiempo, es pensar que estuvimos a
punto de resolverlo en los últimos años de nuestro Gobierno -no fue
así porque no nos dio tiempo- y me gustaría que este Gobierno
continúe las negociaciones con el Ayuntamiento de Utrera para que, al
final, vuelva la Policía Nacional al municipio.
Por todo eso es por lo que instamos al Gobierno a que cumpla lo que
el municipio solicita y lo que los socialistas creemos que es de
justicia que el Gobierno pueda llevarlo a cabo con el tiempo que
requiere, y es que vuelva a instalar la sección de la Policía
Nacional en el municipio de Utrera (Sevilla), y que solucione la
problemática existente en el municipio para la tramitación del
documento nacional de identidad.
También estuve hablando, con motivo de la presentación de esta
proposición no de ley, con el alcalde y con el coronel de la Guardia
Civil de Sevilla, y me dicen que, al menos en lo que es el incremento
de efectivos, se va a mejorar la situación de inseguridad ciudadana
que este municipio tiene. Desde aquí quiero agradecer todo esto a la
Guardia Civil, como no podía ser de otro modo, porque sé que siempre
que han podido han tratado de echar una mano a Utrera para resolver el
problema de seguridad. Sé que esto ha mejorado en muy pocos días y,
por tanto, deseo que conste en acta y que se reconozca. Pero, además
ellos tienen una muy antigua petición -ya se lo he contado a sus
señorías-, peticiones la que hoy, en nombre de los ciudadanos de mi
circunscripción, y concretamente del ayuntamiento del municipio de
Utrera, traigo a la consideración de sus señorías para que, si lo
tienen a bien, votemos favorablemente y podamos dar esa
satisfacción que hará que el Gobierno busque la fórmula no sólo de
llevar a la Policía Nacional, que es su vieja reivindicación, sino
también facilitándole que los trámites del documento nacional de
identidad puedan ser más sencillos y beneficiosos para los
ciudadanos de este municipio.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo de
Izquierda Unida, el señor Castellano tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como comprenderá el señor
Presidente mi intervención es para apoyar esta proposición, que más
que una proposición no de ley concebida como acto de control al
Gobierno, debe ser entendida como un acto de colaboración con el
mismo, porque cuando una Diputada como la señora Rubiales la plantea
y en la forma en que la ha planteado, pues está haciendo un favor al
Gobierno, ya que le está diciendo que ahí hay un conjunto de
ciudadanos que desean que ese servicio de garantía de sus intereses
que representan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenga
mayor presencia -por algo lo pedirán- y, en consecuencia, nos parece
tan absolutamente irreparable, en el sentido de que no se puede hacer
ninguna clase de reparos a esta proposición no de ley, que creo que
debe ser votada por unanimidad por toda la Cámara, porque lo que en
ella se pide no es ninguna clase de trato de favor ni se pide
ninguna situación de privilegio, sino pura y sencillamente que la
dotación de la comisaría alcance los efectivos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y que se facilite a los ciudadanos lo
que es una obligación, que es gozar y disponer del DNI. En
consecuencia, nuestro grupo se suma a tal proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Popular, el
señor Seco tiene la palabra.
El señor SECO GORDILLO: El Grupo Socialista presenta ahora una
proposición no de ley que ha descrito sucintamente la portavoz de su
grupo en esta materia, la señora Rubiales, en la que se contienen dos
peticiones; por un lado, que se vuelva a instaurar la sección de la
Policía Nacional en la localidad de Utrera, suficientemente conocida
e importante para los que procedemos de esa circunscripción y, por
otro lado, que se resuelvan los problemas en torno a la tramitación
del DNI en dicha localidad.
En relación con el primero de los puntos señalados tenemos que
recordar que la estructura orgánica y las funciones de los
servicios de la policía vienen regulados en la Orden de 28 de febrero
de 1995, y en dicha orden, aprobada también durante el mandato del
anterior Gobierno socialista, se establecen las poblaciones que
cuentan con comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y aquellas
poblaciones que no cuentan, por razones que se expresan en dicha
orden, con esa comisaria.
En la localidad de Utrera -como ha dicho muy bien la señora Rubiales-
existe una dotación de la Guardia Civil que garantiza, en la medida
de sus posibilidades, el orden público y la seguridad de todos los
utreranos. La creación de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
en localidades que no están comprendidas en la orden a que antes he
hecho referencia, requiere una serie de inversiones inmuebles, en
medios técnicos, en personal, etcétera, que hay que conjugar con las
disponibilidades que actualmente posee el Ministerio del Interior;
eso exige un estudio muy detallado de esas necesidades y
disponibilidades para llegar a la conclusión más adecuada. Como
quiera que en el Municipio de Utrera el problema de la seguridad
ciudadana está suficientemente garantizado con la presencia de la
Guardia Civil, creemos que es más conveniente potenciar dicha
dotación, y en ese sentido se iniciaron hace tiempo gestiones por el
municipio de Utrera, y especialmente por el portavoz del Grupo
Popular en dicho municipio, Carlos Sánchez, para la ampliación de
los efectivos de la Guardia Civil en Utrera y para la ampliación del
inmueble en que se sitúa esa dotación. Consecuentemente,
entendemos que es mucho más adecuado a las posibilidades y a las
disponibilidades del Ministerio del Interior, y a las necesidades de
seguridad de la población de Utrera el incremento de dicha dotación
de la Guardia Civil que no la instauración de una nueva comisaría de
la Policía Nacional, que, como digo, exigiría una cuantiosa
inversión en inmuebles, así como una reorganización de los efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura Superior de Andalucía
occidental.
No quiero con esto cerrar ninguna posibilidad de solución a este
tema, sino simplemente decir que por el momento la solución más
adecuada, la más práctica, la más rápida en su realización es la de la
ampliación de la dotación de la Guardia Civil, sin cerrar la puerta
de continuar con el estudio de la posibilidad de reinstaurar el
cuartel de la Policía Nacional. Pero creo que con esta proposición no
de ley limitaríamos en cierto modo la capacidad de actuación y de
decisión del Ministerio del Interior en esta materia tan sensible y
tan importante como es la ordenación de los efectivos de la Policía
Nacional. En consecuencia, no nos vamos a mostrar favorables a este
punto de la proposición no de ley.
Me gustaría matizar alguna incorrección que he observado en la
justificación o en la motivación de esta proposición no de ley
porque, tras de describir las gestiones y las visitas que se han ido
realizando a lo largo del tiempo, se concluye que a partir de la
visita que realizó el señor alcalde de Utrera al secretario de
Estado para la Seguridad no se ha recibido ninguna contestación, y la
señora Rubiales, si tiene la documentación completa que le haya
remitido el Ayuntamiento de Utrera, tendrá también una carta enviada
por el secretario de Estado de Seguridad el 10 de diciembre de 1997 en
la que se hace referencia a parte del contenido de esta proposición
no de ley.
En cuanto a la segunda de las peticiones contenidas en la proposición
no de ley, la relativa a la expedición del DNI, al no contar con una
comisaría en dicha localidad la tramitación del DNI se realiza por
los equipos rurales de la Policía Nacional de Sevilla, que realizan
visitas periódicas
y programadas a dicha localidad con la colaboración del Ayuntamiento
de Utrera a través del cual se realizan las citaciones. Posiblemente
cuando la señora Rubiales hace referencia a largas colas que se han
formado se esté refiriendo a un período de tiempo, entre finales del
año 1997 y principios de 1998, en que hay una sobre acumulación de
renovaciones del DNI, porque, en el año 1992 se expidieron en
Utrera más de 10.000 DNI con una vigencia de sólo cinco años y no la
normal de diez años; por tanto, es una situación transitoria que se
resolverá simplemente por el transcurso del tiempo aumentando las
visitas del equipo rural del DNI a Utrera.
En cualquier caso, si me gustaría matizar esta parte de la
intervención de la señora portavoz del Grupo Socialista en el sentido
de que cada vez que el equipo rural del DNI gira visita a la
localidad de Utrera se cita a 125 personas, y se ha constatado por
dichos equipos rurales del DNI que la media de asistencia de los
citados al trámite de expedición o renovación del DNI está situado
sólo en el 60 por 100;esto choca con que se formen grandes colas. No
sé cuál será el motivo de que se formen esas colas, pero si se cita a
125 y sólo acuden el 60 por 100 no parece que debiera haber mucha
gente aunque todos conocemos la afición de los andaluces, en general,
y de los sevillanos en particular, por las colas y por las bullas.
(Murmullos).
Concretamente, en este mes de junio de 1998 se han girado, hasta la
fecha, seis visitas del equipo rural del DNI, concretamente los días
5, 8, 9, 10, 15 y 16, me parece que se está realizando un esfuerzo
importante; en cualquier caso, por la Secretaría de Estado de la
Seguridad, en la carta a que me refería de 10 de diciembre de 1997, se
comunicó la disposición de estos equipos rurales del DNI a ampliar el
número de visitas hasta lo necesario para solucionar estos
problemas.
Consecuentemente, dado que en esta segunda parte la proposición no de
ley trata más de un problema transitorio que de un problema de fondo,
tampoco votaremos a favor.
Y no quiero terminar sin agradecer el tono de la intervención de la
señora Rubiales y el reconocimiento de que, efectivamente, durante el
mandato del Grupo Socialista, durante casi catorce años, tampoco se
solucionó este problema. Comprendo que el juego parlamentario
admita la presentación de este tipo de proposiciones en las que se pide
cosas que se sabe son difíciles de conseguir cuando no se han podido
lograr con anterioridad. No quiero profundizar en este argumento,
simplemente, dejar constancia de que es una proposición admisible
desde el punto de vista del juego parlamentario habitual, pero quizás
por la vía de la negociación con el Ayuntamiento de Utrera, por la
vía del incremento de las visitas del equipo rural del DNI y por la
vía del incremento de la plantilla de la Guardia Civil en la
localidad de Utrera, se resolverán perfectamente los problemas que
se exponen en la proposición no de ley sin necesidad de encorsetar al
Ministerio del Interior en una solución determinada.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): La señora Rubiales tiene
la palabra para una réplica lo más breve posible.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Rapidísima, señor presidente. Quiero
agradecer al Grupo de Izquierda Unida y su portavoz el apoyo a esta
iniciativa que venía a resolver un problema. Tengo aquí el dossier a
disposición de sus señorías, larguísimo, donde en el año 1990 se
aprueba una propuesta del Partido Popular que dice: «Aumento de
plantilla Guardia Civil y establecimiento Policía Nacional. A
petición del Grupo Popular, el Ayuntamiento de Utrera en sesión
plenaria, acuerda solicitar del Ministerio del Interior o del
organismo competente la vuelta a Utrera del destacamento de Policía
Nacional que ya tuvo, igual que otros pueblos limítrofes como Morón de
la Frontera, Alcalá de Guadaira o dos Hermanas, donde siguen
prestando este servicio, mientras que en Utrera lo retiraron en contra
de la voluntad del pueblo y de su ayuntamiento soberano.
Quiero decir que no es una iniciativa que surja del Partido
Socialista ni de un grupo político, sino que es una necesidad. Tengo
aquí los recortes de prensa donde se exige la vuelta de la Policía
Nacional: el Gobierno local vuelve a pedir el regreso de la Policía
Nacional. Es decir, que es una petición antiquísima y muy sentida en
el municipio, que es verdad que nosotros no la resolvimos -lo he
reconocido- y le damos hoy la oportunidad al gobierno de la nación,
después de dos años de gobernar, de que la resuelvan.
El señor Seco me ha dicho que hay una orden de 1995 hecha por el
Gobierno socialista donde estaba establecido quiénes tenían Policía
Nacional, qué municipios, pero el señor Seco sabe perfectamente que
las órdenes se modifican por otras órdenes posteriores, que es lo que
nosotros estuvimos a punto de hacer, y es lo que el secretario de
Estado, señor Fluxá -y viene en la iniciativa que mi grupo ha
presentado-, le promete, en julio de 1997, que va a hacer. Es decir,
que este Gobierno, también como el anterior, le ha dicho al
Ayuntamiento de Utrera que lo iba a resolver, por eso no entiendo el
que vayan a votar en contra lo lamento porque va a ser una frustración.
Ni siquiera decimos al Gobierno cuándo, cómo o de qué manera debe
resolverlo, ni con qué prisas. Creemos que es un problema que tarde
o temprano se tendrá que resolver, nosotros estuvimos a punto de
hacerlo peor no nos dio tiempo, somos absolutamente conscientes de
ello. Y no limitaríamos la capacidad del Ministerio del Interior de
ninguna de las maneras, señor Seco, porque la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados le diga al Gobierno que
resuelva este problema, que es un problema antiguo que está ahí y
que a lo mejor no es sencillo de solventar; ni le decimos que lo haga
de hoy para mañana, sino simplemente queremos que el Congreso de los
Diputados conecte con lo que es la voluntad mayoritaria de un
ayuntamiento y de los vecinos de ese ayuntamiento.
La documentación que tengo es larguísima y no he hecho ninguna
crítica a la actuación de este Gobierno. He dicho que he esperado dos
años para planteárselo porque creo que había que darle un tiempo
suficiente y ahora solamente le pedimos que conecte con lo que dicen
los ciudadanos.
Por último quiero decirle al señor Seco que las largas colas se
hicieron sólo en la Expo, porque el fresquito de nuestra tierra no es
el más indicado para que les guste a los ciudadanos hacer colas. El
problema del DNI ha sido un problema largo, cierto y sentido; tengo
aquí también los resúmenes de prensa de las protestas de los
ciudadanos con largas colas para la tramitación del DNI. Diario ABC de
Sevilla: «El ayuntamiento exige que se agilice la tramitación del
DNI» «El ayuntamiento reitera una solución urgente para la
tramitación del DNI». Creo que ha mejorado últimamente esa
tramitación, pero no parece que la respuesta sea que nos guste a
los sevillanos hacer colas y no seme ocurre que sea por el fresquito,
señor Seco, sino que usted sabe que las razones son otras. La
petición era absolutamente prudente, razonable y sencilla, como
para que hubiera merecido el apoyo de su grupo parlamentario; no ha
sido así y lo lamento. Le daré traslado al Ayuntamiento y a su
alcalde para que lo hagan conocer al resto de la corporación y no
sé que les va a parecer a los concejales del Partido Popular de ese
municipio.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Seco tiene la
palabra.
El señor SECO GORDILLO: Con toda brevedad, para decir que creo haber
dejado claro en mi intervención anterior que el Grupo Parlamentario
Popular no se opone en absoluto al estudio y consideración de la
posibilidad de reinstaurar una sección de la Policía Nacional de
Utrera. Creo haber dejado claro también que las necesidades de
seguridad de Utrera están suficientemente garantizadas por el momento
y que las diponibilidades y las posibilidades económicas,
materiales y de efectivos humanos del Cuerpo Nacional de Policía son,
como todos sabemos, limitadas.
Lo que he pretendido exponer -que parece que no lo he conseguido- es
que se va a seguir estudiando esta posibilidad, se va a seguir
negociando o hablando con el Ayuntamiento de Utrera, pero nos
parece que esta iniciativa encorseta en exceso la posibilidad de
solución. Habrá que terminar los estudios pertinentes y habrá que
tomar una determinación; si la solución es la reinstauración de la
Policía nacional, bienvenida sea, y si no lo es, como se está
haciendo en la actualidad se potenciará y ampliará la plantilla de
la Guardia Civil en Utrera.
Y en cuanto a lo de las largas colas, ha sido una expresión que si
quiere la señora Rubiales la retiró, me parece que no es para hacer
motivo de profunda discusión en esta iniciativa el tema de las
colas, pero sí me gustaría recordar a la señora Rubiales que, de 125
personas que se citan en cada visita que realiza el equipo rural
del DNI, sólo acude el 60 por 100, por tanto, aparte de lo que digan
los titulares de prensa, que, efectivamente, tienen parte de razón,
es también cierto que se producen unas ausencias muy notables que
crean disfunciones en el funcionamiento del propio equipo rural de
seguridad. Quizás sería aconsejable recordar y recomendar a los
utreranos que cuando sean citados para este trámite procuren, en la
medida de sus posibilidades, acudir a cumplimentarlo.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000467.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley (el señor Seco Gordillo pide la palabra).
El señor Seco tiene la palabra.
El señor SECO GORDILLO: Con carácter previo, señor presidente, para
señalar que esta iniciativa tuvo su origen en el informe del Consejo
de Estado a la Ley de Procedimiento Administrativo en la que se
recomendaba la posibilidad del uso de fotocopias compulsadas más bien
del informe del Consejo de Estado que de la iniciativa presentada,
apenas unos días después la Dirección General de Tráfico cursó las
oportunas instrucciones y circulares para que en todas las jefaturas
provinciales de tráfico se autorizan la expedición de fotocopias
compulsadas que pudieran reemplazar en su uso ordinario a este tipo
de documentos cuando se utilizan por vehículos y maquinarias
agrícolas en los que dichos títulos están expuestos a un especial
peligro de deterioro que podría causar incluso su destrucción.
Por este motivo, y dado que se trata de una materia que ya está en
funcionamiento desde hace un año y por tanto esta iniciativa carece
de contenido, de fondo el Grupo Parlamentario Popular desea
retirarla.
- SOBRE DESARROLLO DE LA LEY DE CONDICIONES GENERALES DE
LA CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ACCESO TELEMÁTICO AL REGISTRO MERCANTIL.
PRESENTADAPOR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ,
VASCO (PNV) Y COALICIÓN CANARIA. (Número de expediente 161/001001.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley.
El señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señorías, el 5 de septiembre de 1997 el
Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el proyecto de ley
de condiciones generales de la contratación. Este proyecto preveía,
en su disposición adicional segunda, una modificación de la Ley
Hipotecaria, aprobada por el decreto legislativo de febrero de 1946,
en la que se establecía que se prohíbe a estos efectos el acceso
directo por cualquier medio físico o telemático a los archivos de
los registradores de la propiedad y mercantiles -y subrayo la
expresión «y mercantiles»- que responderán de su custodia, integridad
y conservación así como se prohíbe la incorporación de la publicidad
registral obtenida, bien por solicitud expresa, bien de un boletín
oficial, a bases de datos para su consulta o comercialización.
Este proyecto de ley fue objeto de diversas enmiendas por parte,
entre otros, de mi grupo parlamentario y concretamente de la
enmienda 115 del Grupo Parlamentario de
Convergencia i Unió, que pretendía la supresión de la expresión
«mercantiles» y por tanto, garantizar el acceso telemático a los
registros mercantiles, así como también la posibilidad de elaborar
bases de datos que pudiesen ser objeto de consulta o comercialización.
Hay que decir que en estos momentos existen en España diversas
empresas que proceden a su comercialización contribuyendo, de esta
manera, a garantizar la seguridad en el tráfico mercantil.
El día 6 de febrero de 1998 se reúne la ponencia constituida para
el debate del proyecto de ley. En ese trámite de ponencia la
disposición adicional segunda en este aspecto no sufre modificación
ninguna. Sin embargo, ha que decir que la Dirección General de
Registros y del Notariado, con una celeridad encomiable y digna de
mejor causa, el 17 de febrero, una vez transcurrido el trámite de
ponencia pero antes de que el proyecto fuese aprobado por Comisión
con competencia legislativa plena, dicta una resolución que pretende
desarrollar el contenido de una ley no aprobada, en la que establece
o impide ese acceso telemático a los datos no sólo del Registro de la
Propiedad sino del Registro Mercantil, así como también la
elaboración de bases de datos para consulta y comercialización por
terceros.
En virtud de la soberanía que ostenta esta Cámara, enmendando la
plana a la Dirección General de Registros y del Notariado, el 19 de
febrero, dos días después, la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, con competencia legislativa plena, acepta la
enmienda presentada por el grupo parlamentario de Convergencia i
Unió, entre otros, y, por tanto, elimina la referencia a los registros
mercantiles en esa modificación de la legislación hipotecaria, con
lo cual, la prohibición de acceso telemático se limita a los registros
de la propiedad y no a los registros mercantiles; así como también
la previsión de elaboración de bases de datos para consulta y
comercialización se limita a los registros de la propiedad y no
produce efecto respecto de los registros mercantiles. Con lo cual,
nos encontramos con una resolución de 17 de febrero, que sin lugar a
dudas fue producida presumiendo infundadamente que el texto de la
ponencia sería el que prevalecería en todo el trámite legislativo,
una resolución contrario a lo que posteriormente se aprobó no sólo ya
en la Comisión de Justicia del Congreso el 19 de febrero, sino que se
mantuvo a lo largo de todo el procedimiento legislativo hasta el
final hasta la publicación de esta ley de condiciones generales de
contratación y de esta disposición adicional segunda en el «Boletín
Oficial del Estado».
El objetivo de la proposición no de ley que presentamos varios grupos
y que está firmada por el Grupo Parlamentario Catalán, pretende
restaurar, por así decirlo, la corrección del ordenamiento jurídico
y que se deje sin efecto la instrucción de la Dirección General de
Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, con la finalidad
de ajustar este acto, que puede decirse que integra el ordenamiento
jurídico, que es una disposición de carácter «doméstico» entre
comillas, como se dice a veces al derecho administrativo; que sea
perfectamente conforme, repito, a la legislación hipotecaria, por
lo tanto, dejarla sin efecto, así como adoptar aquellas
disposiciones que sean convenientes para garantizar ese acceso
telemático al Registro Mercantil y la incorporación de esos datos a
bases para su comercialización, sin perjuicio -como se indica
en la resolución- de las garantías contenidas en la legislación
general en materia de tratamiento automatizado de datos personales, o
incluso de un planteamiento que pudiera hacerse de futuro, y que
desde luego examinaríamos con la atención que merecería, sobre si el
acceso a esos datos debiera estar sometido al pago de algún canon o
tasa.
En este momento, lo único que se pretende es ajustar estas
disposiciones, que en virtud de la potestad reglamentaria o de esa
potestad doméstica tiene la Dirección General de Registros y del
Notariado, a lo que es no sólo la ley sino lo que entendemos que ha
sido una clarísima voluntad del legislador porque en este caso no
cabe entender que una cosas era la voluntad del legislador y otra cosa
la voluntad de la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo
Nacionalista Vasco, la señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: El Grupo Vasco firmó conjuntamente con
otros dos grupos esta iniciativa, que obedece a las razones que con
el rigor que le caracteriza ha expuesto el señor Silva en
representación de CIU, grupo coproponente de esta proposición.
Efectivamente, al presentarse en esta Cámara el proyecto de ley de
condiciones generales de la contratación, en todos los sectores
sembró suspicacias la modificación que del artículo 222 de la Ley
Hipotecaria se hacía en su disposición adicional segunda, porque
singularmente causaba enormes trastornos a los que podía ser el
sector de empresas dedicadas a facilitar información respecto de
terceros: el sector de la información comercial que se dedica como
objeto social a facilitar información a terceros para la valoración
de riesgos por parte de futuros acreedores, o para disuadir o impedir
el endeudamiento temerario.
Ocurre, además, que durante la tramitación de esta ley, y tal como ha
explicado el señor Silva, se produjo una importante modificación en
la adición de esta disposición adicional en el trámite de Comisión,
que no en el de ponencia, pero para entonces, la Dirección de
Registros y de Notariado ya se había adelantado dictando su
distribución de 17 de febrero de 1998, en la que se extiende a todos
los registros la prohibición de acceso telemático y de
incorporación de la información obtenida a bases de datos. Repito, al
Registro Mercantil y a los registros de la propiedad, que eran los
regulados en el texto de la ley.
En el texto definitivo de la ley, tal y como también él ha expresado,
el artículo 222, quedó con una redacción muy distinta que ya no se
conectaba con el tenor de la instrucción de la Dirección de
Registros y del Notariado. Así lo hicimos notar distintos ponentes en
el trámite de nuestra intervención en Pleno, cuando se aprobaron las
enmiendas procedentes del Senado. Nos pusimos en contacto en
sucesivas ocasiones con esta Dirección de Registros, y se prometió su
adecuación a los reglamentos de la ley, haciendo desaparecer, en la
medida de lo posible, el contenido de esta instrucción.
Dirigimos diversos faxes -y así podrá acreditarse- a la Dirección de
Registros, siempre dándonos promesas de arreglo, pero, al no ser
éstas efectivas, finalmente, con fecha 22 de abril, decidimos
presentar, en unión de Coalición
Canaria y del Grupo de Convergencia i Unió, la proposición no
de ley que hoy se debate en esta Comisión, que, ¡oh casualidad!,
coincide en fecha con otra resolución de la Dirección de Registros y
del Notariado, también de 22 de abril, en la que se intenta dar una
solución al asunto, pero que deja la cuestión en una nebulosa y que,
finalmente, se ha evidenciado que ha generado más problemas que los
que intentaba solucionar.
Creemos que el único arreglo posible en estos momentos es hacer
desaparecer del mundo del Derecho la instrucción de la Dirección de
Registros y del Notariado y que, por supuesto, se proceda cuanto
antes a instar, desde el propio Ministerio, el desarrollo
reglamentario de la Ley de condiciones generales de la contratación
aprobada, teniendo evidentemente en cuenta las obligaciones que
respecto de la protección de datos que exige la ley. Creemos, por
tanto, que la proposición de no de ley debe votarse en sus propios
términos: primero, hacer desaparecer, derogar la instrucción de la
Dirección de Registros y del Notariado y, en segundo lugar, procédase
cuanto antes, con respecto de los mandatos de la ley a los
desarrollados reglamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para terminar con los
grupos parlamentarios que han presentado la proposición no de ley,
el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero sumarse a lo dicho por mis
compañeros diputados en esta Comisión y que han actuado como
portavoces en la defensa de esta iniciativa de proposición no de
ley, tanto por el Grupo Parlamentario Catalán, CIU, como por el
Grupo Parlamentario Vasco PNV. Por tanto, poco que añadir.
Entendemos que es en este momento perentorio cuando la Dirección
General de Registros y del Notariado debe anular la instrucción a que
no hemos referidos, porque sería nula prácticamente en un contencioso
administrativo que pudiera presentarse. Extraña que en una política
comercial de una economía libre de mercado, donde está predominando
el principio de liberalización y de una agilidad en cualquier tipo de
transacciones comerciales, aparezca un reducto con una reglamentación
prohibiendo este acceso telemático al Registro Mercantil, cuando
estamos en el mundo de las facilidades de la cibernética y de las
bases de datos en ordenador, y no se puede seguir poniendo
cortapisas a una serie de flexibilidades que el mercado mercantil ha
venido realizando.
Y también para levantar una vieja tradición en la Administración
española de que pese a las leyes, los decretos y las órdenes
ministeriales, el principio absoluto de las instrucciones y
circulares de la dirección generales parece que impregna nuestro
Derecho. Acabamos de ver la explicación del anterior punto reiterado
respecto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para que los
vehículos agrícolas, los tractores, la maquinaria, pudiera llevar una
fotocopia compulsada del permiso que da la Administración. Había
circulares de la Dirección General de Tráfico que prohibían
solemnemente esta extensión, que estaba contemplada, si no tanto en
la letra, sí en el espíritu de las anteriores leyes administrativas
del Estado, y esta circular era conocida solamente por los
funcionarios de detrás de la
ventanilla, quienes hacían uso de la misma frente al ciudadano. Pues
bien, vemos aquí que desde el propio Ministerio de Justicia, una
Dirección General de Registros y del Notariado emite estas
instrucciones de circular -en este caso la del 17 de febrero- que
nosotros quisiéramos, con esta iniciativa de proposición no de ley,
que la retirasen. Apoyamos -y quiero dejar constancia de este tema-
la política de flexibilidad y de liberalización que viene realizando
el Gobierno y que estamos manifestando a través de esta aprobación,
como es caso patente la reciente Ley de las condiciones generales de
contratación, en que grupos como el de Convergencia i Unió, Vasco PNV
y Coalición Canaria venimos en sintonía con la política del Gobierno,
apoyando y perfeccionando su proyecto de ley en esta línea que no
tiene más explicación que la del sentido común.
Por esta razón mi grupo ha firmado también con los dos anteriores
intervinientes esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Terminada la
presentación de la proposición no de ley, toca el turno a la fijación
de posición del resto de los grupos parlamentarios. Por Izquierda
Unida, el señor Castellano tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Creemos necesario hacer un
comentario previo antes de entrar a fijar nuestra posición, y es el
comentario acerca de esta tendencia que estamos observando en el
Ministerio de Justicia para convertirlo casi en el ministerio de
registros y del notariado; basta con asomarse a algunas de las
traslaciones a nuestra legislación de determinadas directivas
europeas para ver cómo una figura que merece todos nuestros
respetos, la de los registradores y la de los notarios, está
adquiriendo tal predominio que sinceramente algún día habrá que hacer
una tesis doctoral acerca de lo que significa la jerarquización de los
registros; quizás a ello obedezca esta instrucción, igual que a ello
obedece el que en otro conjunto de leyes casi sea imposible circular
por el mundo de lo jurídico sin permiso del registrador. En ese deseo
de protección es evidente que esta instrucción ha conculcado no
solamente, como han señalado los intervinientes, el legítimo y
razonado derecho de empresas dedicadas a facilitar la información
sobre el tráfico mercantil, sino que ha conculcado una cosa mucho
más importante hoy en día que se llama publicidad.
Si en algún tema es exigible la más absoluta transparencia es en el
tema del mundo de lo mercantil: ¿Quién está detrás de cada sociedad?,
¿quién compone su consejo?, ¿qué responsabilidades pueden alcanzar si
no se les cono- ce?, ¿cuál es la movilidad del capital que tiene una
determinada empresa?, ¿quién hay detrás de un determinado
establecimiento permanente de comercio? En fin, todo un mundo que
siempre ha venido presidido por la más absoluta transparencia. Y,
lógicamente, si esa transparencia en el mundo en que nos toca ahora
vivir puede ser facilitada ni más ni menos que por inventos o
descubrimientos técnicos, tenía que ser al revés: no tendríamos que
estar encontrando con instrucciones que tendieran a facilitar al
ciudadano el conocimiento más completo del mundo del tráfico
mercantil, incluido también lo fiscal, detrás de lo cual a lo menor
resulta que esta instrucción de lo que trata es precisamente
de mantener un oscurantismo en cuanto a cuál sea la tenencia y
movilidad de actividades tanto del capital como del carácter
mercantil.
En consecuencia, es una proposición no de ley que nace del más
estricto sentido común y del concepto que tenemos de lo que son las
relaciones mercantiles y su transparencia. ¿Qué hay una diferencia
con los registros de la propiedad? Es evidente: no se pueden
comparar todos ellos. Aún así, nos parece que ciertos datos del
Registro de la Propiedad tendrían también que se objeto de público
conocimiento en una relación muy directa con el catastro por
aquello que señala nuestra Constitución de contribuir al
sostenimiento de las cargas generales con arreglo a la capacidad de
cada uno; por tanto, para ver si se cumple ese principio debería ser de
conocimiento general cuál es el grado de contribución exigible en
virtud del patrimonio que se posee. Pero ahí cabe alegar el derecho a
la intimidad, cabe alegar otro conjunto de derechos que todos
contemplamos con un enorme respeto y necesitados de tutela. Pero,
desde luego, en el mundo del registro mercantil no cabe, bajo ningún
concepto, puntos de oscurantismo ni de reserva. Por ello, es tan
obvia esta proposición no de ley que nos vamos a unir muy
gustosamente a votar a su favor para que inmediatamente se solucione
esta situación que, como se dice en la propia proposición no de ley,
constituye un acto nulo de pleno derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Villarrubia
tiene la palabra.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con el pretexto de incorporar a la
legislación española la Directiva comunitaria 13/93, sobre cláusulas
abusivas de los contratos con consumidores, el Gobierno elaboró y
presentó al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de
condiciones generales de la contratación. El Grupo Parlamentario
Socialista estuvo frontalmente en contra del contenido íntegro
prácticamente de esta ley y, por fortuna, por vía de numerosas
enmiendas, fundamentalmente de nuestro propio grupo parlamentario y
del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, se pudieron modificar
algunos de los aspectos que considerábamos más impresentables del
proyecto. El referido proyecto de ley incluía, además, en su disposición
adicional segunda, la modificación de determinados artículos de la
Ley Hipotecaria, algo insisto en una trasposición de una directiva
comunitaria sobre cláusulas abusivas en los contratos de los
consumidores; es decir, se modifica, y de manera importante, nada
menos que la Ley Hipotecaria.
La modificación se encaminaba, por una parte, a restringir el
acceso al contenido de los registradores convertidos en vehículo
exclusivo de la publicidad de un registro que, por su propia
naturaleza, es y debe seguir siendo público.
Por vía de enmienda se impidió que saliera adelante algo que para
nuestro grupo parlamentario venía a ser una patrimonialización
corporativista de un registro público estatal. Pese a todo, el
Director General de los Registros y del Notariado, por medio de una
instrucción, la que es objeto de la proposición de no de ley de 17
de febrero del año
actual, que obviamente ni siquiera alcanza el rango de orden
ministerial, volvió a introducir los mecanismos res-
trictivo- corporativistas a la publicidad registral que expresamente
habían sido rechazados por esta Cámara al negar- se a aprobar la
modificación de la Ley Hipotecaria a que hemos hecho referencia en lo
que se refiere al Registro Mercantil. Vaya por delante, para que quede
constancia, que la postura de nuestro grupo parlamentario sería que
tampoco hubiera impedimento al acceso al Registro de la Propiedad,
pero al menos se salvó que sí lo hubiera respecto al Registro
Mercantil.
La instrucción, como decía, reintroduce mecanismos expresamente
rechazados por esta Cámara restrictivo-corporativistas a la
publicidad registral. A título de ejemplo, la norma primera de la
instrucción sigue excluyendo de la publicidad aquellos datos que
según el registrador carezcan de trascendencia jurídica. Por otro
lado, la norma segunda prohíbe a los particulares copiar los asientos
y retirar fotocopias de su contenido. Y la norma tercera, que es la
que fundamentalmente estamos debatiendo, prohíbe el acceso directo,
por cualquier medio físico o telemático, a la base de datos
contenidos en los archivos de los registradores de la propiedad y
mercantiles.
El Director General de los Registros y del Notariado, un funcionario
dependiente del Ejecutivo, se permite el lujo, en estricta defensa de
intereses de la corporación profesional a la que pertenece, de
saltarse a la torera, mediante una norma que ni siquiera tiene el
rango de orden ministerial -tampoco sería suficiente-, la negativa
del Congreso de los Diputados a admitir determinados mecanismos
restrictivos de la publicidad de registros de titularidad estatal que
son, por su propia naturaleza, de carácter público. No es problema tan
sólo del señor Director General de los Registros y del Notariado,
sino también del Gobierno y de la señora ministra.
El señor Director General de los Registros y del Notariado, lo
mismo que la señora ministra, siempre ignoran y siempre se equivocan
en la misma dirección, que es la descarada defensa de los
inmediatos intereses de toda suerte de corporativismos. Y cuando
hablamos de intereses inmediatos estamos tomando la frase prestada
del profesor Alfaro Águila Real de aumentar el tamaño del zurrón de
estos corporativismos.
Don Luis Cabello de los Cobos, que es el Registrador de la Propiedad
y Director General de los Registros y del Notariado, y la señora
ministra, han decidido que, ante el riesgo que para esta corporación
pude llegar a representar el imparable avance de la informática, el
cuerpo de registradores ha de blindarse, restringiéndose los
instrumentos y convirtiendo a los registradores de la propiedad en
vehículos exclusivos y excluyentes de su publicidad.
El decoro de esta Cámara, señorías, y el respeto que
constitucionalmente merece no pueden sufrir el público menosprecio de
que ha sido objeto por parte del señor director general de los
Registros y del Notariado y de la señora ministra de Justicia. La
instrucción, como proponen Convergencia i Unió, Coalición Canaria y
el Grupo Parlamentario PNV, ha de dejarse inmediatamente sin
efecto. Pero con eso no basta. El incalificable proceder del señor
director general ha de merecer la reprobación expresa de
esta Cámara y la señora ministra, políticamente, no tiene otra
solución que proceder a su inmediato cese.
El señor director general, contra el acuerdo expreso de esta Cámara,
aprueba un instrucción en defensa de esos intereses de su propio
gremio y en perjuicio del tráfico jurídico y de los consumidores,
profesionales y entidades interesados en la publicidad registral.
Insisto, en contra y con el conocimiento de que esta Cámara se ha
pronunciado, dicta una instrucción que es manifiestamente ilegal y lo
hace, además, coetáneamente con la tramitación parlamentaria de
dicho proyecto, donde ya, en esa fecha, por vía de enmienda, había
sido suprimida la prohibición de acceso por vía telemática a los
registros mercantiles. Hemos tenido conocimiento -y se ha puesto de
manifiesto a lo largo de las intervenciones anteriores- de que,
además, se le ha insistido en que procediera a la rectificación de lo
que podía haberse considerado un error y se ha negado tajantemente.
Esto es motivo suficiente para que, sin más dilación, no dure ni un
día más en un cargo en el que ha demostrado que no puede ser digno,
no ya de la confianza de la ministra, que seguro que sí lo es, sino,
en un sistema democrático, de mantenerse en un puesto representativo,
por designación del Ministerio, cuando ha procedido a un desprecio
total y absoluto de este Parlamento.
Señorías, para concluir, quiero decir que desde el Grupo Socialista no
recordamos ni un solo proyecto legislativo procedente del Ministerio
de Justicia que no haya tenido un dificilísimo tránsito por esta
Cámara. Y no nos extraña porque, mientras siga la señora ministra
manteniendo o conservando colaboradores como este director general,
todo lo que venga del Ministerio nos resultará sospechoso y nos
obligará, muy a nuestro pesar, a leer entre líneas sus proyectos en
busca del «a quién aprovechan». Estén ustedes seguros, señores del
Partido Popular, de que casi siempre vamos a encontrar al
beneficiario y de que nunca toleraremos que se beneficiario sea otro
que el servicio o el interés público.
En definitiva, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Estamos
ante una instrucción manifiestamente ilegal e insistimos en que esto
no debe ser sólo una constatación de esta ilegalidad y un mandato al
Gobierno para que esta instrucción sea derogada, sino que debe
tomarse por el desprecio, sin precedentes recientes, al menos que
este porta- voz conozca, que se ha producido a la Cámara de los
representantes del pueblo español.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Burgos tiene la
palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: Uno de los aspectos de la Ley de condiciones
generales de la contratación más controvertidos en su día y con mayor
relevancia, a nuestro juicio, lo constituía precisamente la
modificación de la legislación hipotecaria, en concreto, de sus
artículos 222, 233, 253 y 258. El alcance de aquellas modificaciones
venía destinado a acomodar las obligaciones profesionales de los
registradores de la propiedad y otros a la normativa sobre protección
del consumidor y sobre condiciones generales de la contratación. Y
todo ello en línea absoluta con las disposiciones del Libro Verde de
la Comisión Europea
sobre acceso de los consumidores a la justicia y la propia directiva
de la que traía causa la ley.
Mi grupo parlamentario defendió aquellas modificaciones porque
contribuían a mejorar los derechos de los usuarios, por cuanto
simplificaba la publicidad registral, sin merma de la eficacia
jurídica; potenciaban y articulaban la plena informatización de los
registros, regulando las vías de acceso; establecían garantías de la
conservación de los archivos, evitando su manipulación, y erradicaban
la publicidad engañosa derivada de una comercialización de datos
sin garantías.
Defendíamos esos criterios entonces y los seguimos defendiendo ahora.
Y pudimos especial énfasis en la exigencia de un control
profesional por parte del registrador de la publicidad formal que
asegurara su valor jurídico. A esta finalidad respondía el
reconocimiento legal de la posibilidad de publicidad sin
intermediación y la exigencia de que el registrador adoptara medidas
que evitaran la manipulación o televaciado de los datos contenidos
en el registro, en la convicción, por parte de mi grupo, de que los
registros existentes a los que nos referimos aquí no son registros de
valor jurídico destinados tan sólo a facilitar a la generalidad sus
contenidos, sino, básicamente, a la atribución de los derechos
inscritos de su plenitud de efectos, en favor del titular de esos
derechos y en aras de la agilidad y seguridad en la contratación con
terceros. Por tanto, entendemos que era y es exigible conciliar las
facilidades en el acceso y los requisitos que aseguren su veracidad y
exactitud en cuanto a la información ofrecida; conciliar, señorías,
el carácter público de la información con el cumplimiento de las
normas sobre protección de datos contenidas, entre otros, en el
artículo 18.4 de nuestra Constitución.
Eso nos llevó en el trámite parlamentario a una explícita
restricción del acceso directo a los archivos de los registradores
de la propiedad por cualquier medio físico o telemático y la
prohibición de la comercialización de datos obtenidos de los mismos.
Y en este caso hubo acuerdo de la mayoría de los grupos
parlamentarios. Y lo hubo también para excluir de lo dispuesto en la
ley a los registros mercantiles, por la naturaleza de su
información y por la voluntad del legislador, también del Grupo
Parlamentario Popular, de no establecer una prohibición de alcance
general que afectara a los registros mercantiles. No se trataba de
enmendar la plana a nadie, sino de desarrollar la propia autonomía de
este Parlamento para establecer las limitaciones de la propia ley.
De esto pretenden deducir algunas de sus señorías que no existe
ninguna limitación, ni condición, ni requisito de ningún tipo para
el acceso a la información de los registros mercantiles y que, por
tanto, cualquier regulación, norma o concreción de ese derecho al
acceso en la práctica al registro se consideraría ilegal. Y de ahí se
extrae la peregrina conclusión de que, puesto que la instrucción
resulta en alguno de sus extremos contradictoria con la ley
-recuerdo que la propia ley sólo habla de los registros de la
propiedad-, la instrucción presenta una manifiesta ilegalidad. Mi
grupo, como es lógico, no comparte esa opinión. La instrucción,
siquiera, señorías, porque es muy anterior al 17 de febrero de 1998
-la ley recuerdo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el
13 de abril-, no puede ser ilegal; la ley entró en vigor, además,
veinte días después, la primera semana de mayo, y no
podemos, por tanto, aceptar que se califique de ilegal una
instrucción que en el momento de presentar en esta Cámara esta misma
proposición no de ley seguía en vigor, puesto que la propia ley que en
principio la derogaría ni siquiera había entrado en el registro. La
fecha de entrada de esta proposición en el registro fue el 23 de
abril. La Ley de condiciones generales de la contratación entraba
en vigor la primera semana de mayo. Calificaban ustedes de ilegal una
norma que estaba perfectamente en vigor, de acuerdo y de forma
incuestionable con todas las normas vigentes en la materia, que son
fundamentalmente las dictadas a partir de 1996, pero también toda una
doctrina anterior que estableció el Gobierno del Partido Socialista
y que influía y potenciaba esos mecanismos
restrictivo-corporativistas a los que aludía el portavoz del Grupo
Socialista. Eran las resoluciones circulares del 8 de abril de 1983 o
del 12 de junio de 1985 las que regulaban la publicidad formal de los
registros y las que, según ese mismo criterio, ya avanzaban esos
criterios restrictivos-corporativistas.
Yo creo, señorías, que la ligereza en los términos, dejándose
llevar a veces por un exceso de suficiencia y de afán de notoriedad,
resulta poco compatible con el riesgo exigible a un representante de
esta Cámara, por no hablar de algunas de las afirmaciones cuento
menos gratuitas que aquí se han realizado.
La instrucción de 17 de febrero de 1998, objeto de esta proposición,
y no olvidemos la resolución de 22 de abril de 1998, que la
desarrolla, para delimitar en concreto el artículo 12 del Registro
Mercantil, garantizan precisamente el acceso telemático en la
solicitud de información y, en definitiva, lo facilitan conforme a la
Ley orgánica 5/1992 sobre tratamiento automatizado de datos de
carácter personal. Lo digo a efectos de que quede claro cuál es el
campo normativo exacto que se afecta con lo que se pretende en esta
proposición no de ley, porque no se trataría sólo de derogar la
instrucción sino también las resoluciones que posteriormente han
interpretado, aclarado o rectificado, planteadas por los diferentes
intermediarios.
Señorías, a mi grupo le hubiese gustado encontrar una actitud más
flexible en sus presuntos socios de Gobierno ala hora de presentar
esta iniciativa, y ello máxime cuando les hemos hecho notar nuestra
coincidencia en el hecho evidente de que con la aprobación de la ley
no se producía una idealidad de la instrucción, sino, en todo caso,
una obsolescencia de la misma, un anacronismo, una mera
contradicción, que la propia jerarquía normativa resuelve por sí misma,
hecho obvio y, por tanto, no necesitado de ningún reconocimiento. Y
buena prueba de ello ha sido nuestra disposición y voluntad de instar
al ministerio competente a una urgente resolución de cualquier
pretendido conflicto de interpretación, si es que éste cabe entre una
ley y una instrucción. Y, si lo hubiera, parece lógico pensar que
cualquier laguna existente que diera lugar a una interpretación
equívoca debería quedar resuelta por la vía positiva y no por la mera
supresión de la instrucción, por la vía positiva -insisto- de un
rápido desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda
de la ley, que se refiere a la Ley hipotecaria, y que mi grupo está
en disposición de afirmar que ya no se encuentra en trámite
ministerial, sino que hace tiempo que pasó el trámite de informe
preceptivo del Consejo de Estado.
La Agencia de Protección de Datos, a reserva de su potestad
sancionadora, ha informado favorablemente su texto y el mismo,
señorías, sigue el dictado, y no podrá ser de otra manera, que se
expone en la propia ley y que también se expone en la proposición no
de ley que hoy debatimos. Será la aprobación de este reglamento, vía
decreto, la que culmine de forma entendemos que muy positiva la
regulación de este tema, a sabiendas de que en cualquier caso el
artículo clave es el cuarto de la ley de tratamiento automatizado de
datos, en aplicación del artículo 18.4 de la Constitución. La próxima
aprobación del decreto de desarrollo reglamentario hace que para
nosotros sea perfectamente compatible una votación favorable a la
proposición no de ley, ante la evidencia e inevitabilidad de la
promulgación de dicho reglamento que derogará de forma explícita la
propia instrucción.
Una última cuestión que, con la benevolencia del presidente, quiero
recalcar: El Registro lo entiende mi grupo parlamentario como una
institución de seguridad instrumentada como un servicio público,
abierto a la sociedad, en un sentido positivo y creador de hacer
posibles ulteriores relaciones y negocios jurídicos. La
informatización, el llamado hecho informático registral, provoca casi
siempre una doble actitud: la apologética y la apocalíptica. De ambas
quiere estar mi grupo ausente y, si es posible, superarlas. No
compartimos ni las apelaciones al uso indiscriminado de la
información por mor del ultramercantilismo, ni mucho menos, aquellas
que obvian el hecho de que, a diferencia de un ordenador que saca
hojas de texto o que rellena facturas, en el sector jurídico, tanto
jurisdiccional como registral, lo humano y el concepto de lo humano
jurídico-social aparece en primera fila. Por tanto, son exigibles
las cautelas en el ámbito de la informatización, de los cana- les de
acceso telemático, y mucho mayor debe ser esa exigencia cuando nos
ocupamos de la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Siempre recomendaremos la prudencia, como hace por otra parte la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los límites al honor
y a la intimidad, frente al consumismo informativo registral,
defendido con ardor de militantes fedayines por algunos. Y me
gustaría citar textual- mente al magistrado del Tribunal
Constitucional don Vicente Gimeno Sendra, que en numerosas revistas de
La materia ha escrito lo siguiente: El control del registrador de la
intimidad, sea ésta estricta o amplia, de todos los sujetos de
derecho que accedan a los registros, es esencial para el buen
funcionamiento del tráfico jurídico en un sistema democrático en el
que no pueden tener cabida, no ya los estados policías, sino lo que
es todavía peor, la sociedad de las multinacionales policías, modelos
de formación social a que podemos llegar si se permite el trasvase en
masa de la información de los registros de la propiedad y mercantiles
a los bancos de datos de los particulares.
Ami grupo, señorías, le preocupan esas empresas que cita la
proposición no de ley, que deben ser muy importantes para haber
suscitado tan encendida defensa, que se verían supuestamente
incapacitadas para facilitar a sus clientes la información que figura
en el registro, pero no les quepa duda que nos preocupa bastante más
que, por una mala entendida comodidad de los operadores económicos,
intermediarios sin cualificación profesional sigan creando
en este país bases de datos que ofrecen al público, creando una
apariencia de fiabilidad que no es otra cosa que publicidad
jurídica engañosa sin responsabilidad alguna y con sobrecostes que sí
perjudican al usuario, sea éste empresario, profesional, o ciudadano
sin más. La naturaleza intrínsecamente variable de esta información
puede generar que este tráfico de información acarree notables
perjuicios a sociedades y particulares, y, frente a quienes afirman
que ante esos casos lo mejor es aguantar y espabilar, nosotros
creemos que son exigibles a los poderes públicos iniciativas que
eliminen o minimicen riesgos de conductas irregulares o
fraudulentas.
Señorías, en alguna capital andaluza hay en estos momentos registros
paralelos, donde no se garantiza la fiabilidad y los riesgos para
el usuario son obvios, o en alguna capital catalana funcionan
empresas con la denominación «Registro Mercantil, Sociedad Anónima».
En definitiva, seguimos estando, desde el Grupo Parlamentario
Popular, por una actuación en esta materia que sirva al doble
objetivo de servir a la intimidad y al derecho a la información, ese
bien común y justicia registral a la que debe servir toda la
organización y la normativa de registros en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): La señora Uría tiene la
palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Quisiera manifestar a todos los miembros de
la Comisión, pero sobre todo al interviniente en nombre del Grupo
Popular, que es difícil encontrar las posiciones flexibles que él ha
mencionado, sise alude a la suficiencia o el afán de notoriedad de
quienes hemos intervenido como proponentes de la iniciativa y quienes
han anunciado que la van a apoyar; estos objetivos creo que casan
mejor con la propia intervención de quien ha defendido la postura que
sostiene el Grupo Popular.
Pensamos además, que la certeza jurídica de la posición que
proponemos en la proposición no de ley ha quedado suficientemente
aclarada. Las fechas en las cuales se publica la instrucción de la
Dirección de Registros y del Notariado, el debate de la modificación
de la Ley de condiciones generales de la contratación, justifican
adecuadamente cómo ha existido un solapamiento de fechas, cómo la
instrucción se produce una vez entrado en la Cámara el proyecto
de ley, y se mantiene una vez modificado el tenor de la ley en la
tramitación parlamentaria.
Por último, queremos hacer una referencia al exquisito respeto a los
derechos individuales, a la tutela del ámbito de intimidad de los
ciudadanos y a la protección de la ley, achacándonos a quienes hemos
propuesto la iniciativa la defensa de intereses corporativos. Creemos
que el interés corporativo mayor es el que está detrás de la
instrucción, tal y como ha manifestado el portavoz de Izquierda
Unida, que no supone más que la defensa de los intereses de los
registradores de la propiedad y la consolidación en ellos de una
serie de derechos. En todo caso, la referencia y la tutela de los
derechos individuales es una constante en las posiciones del grupo
al que represento en esta Cámara y me remito al «Diario de Sesiones»
para decir que quien más veces he pedido que de una vez se traigan a
esta Cámara los derechos de Lortad, es el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Mardones tiene
la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a intervenir, señor presidente, para
dejar clara las intenciones de mi grupo, que coinciden con las de los
otros dos proponentes, el Grupo Catalán y el Grupo Vasco, en
determinadas afirmaciones que, por la parte de cuota que me pueda
tocar y que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, me
obligan a esta intervención.
No hemos hecho ninguna encendida defensa de las empresas de
gestoría que pueden solicitar acceder o quieren acceder por vía
telemática al Registro Mercantil. No sé, ni me consta, si son muy
grandes y muy importantes en España las gestorías. Lo que mi grupo ha
querido defender en esta iniciativa es el derecho al acceso, sin
preocupar- nos de la intervención, de qué tamaño, importancia o
capacidad de lobby pueda tener, que considero totalmente inadmisible y
rechazable. Estamos defendiendo un principio legal de acceso a un
registro mercantil, punto primero, sin aceptar ninguna presión
espuria, de lobby o de intermediación inaceptable desde el punto de
vista ético y político. Que quede esto muy claro. Defendemos un
principio; que no se nos mezcle este principio en el Registro
Mercantil con el derecho al honor o a la intimidad. No sé qué honor o
intimidad hay en que se conozca quiénes forman parte de un consejo de
administración de una empresa registrada legalmente en el Registro
Mercantil. Como bien ha señalado el portavoz de Izquierda Unida,
este principio de publicitación tiene que impedir en todos los
sistemas de transparencia democrática. Pero, porque conozcamos
quiénes están en un consejo de administración, qué capital social
tiene la empresa, qué estructura tiene, a qué se dedica, qué
actividades ha tenido, si tributa o no tributa por un impuesto de
sociedades cuando se tenga que registrar cualquier actuación de este
tipo, no creo que nadie tenga que invocar el principio de honor o de
intimidad. Esto sólo requiere el principio del sentido común,
democrático y de transparencia para todas estas actuaciones.
Nosotros sí hemos tenido en todo momento un principio de
flexibilidad; quien no lo ha tenido me parece que es la Dirección
General de Registros y del Notariado, y para mí grupo, Colación
Canaria, llueve sobre mojado. Porque cada vez que se traspone una
directiva comunitaria el texto de la iniciativa del Gobierno se
parece muy poco a la iniciativa comunitaria, y a las pruebas me
remito con el proyecto de ley de la propiedad compartida, donde una
directiva comunitaria la han transformado los señores de la
Dirección General del Registro y del Notariado en un auténtico grupo
de intereses corporativistas, para devengar derechos en el Registro
de la Propiedad. Y lo digo claramente, porque, desde luego, no
puedo aceptar la cuota que me corresponda de una iniciativa peregrina
de ligereza o de gratuidad. Lo hemos hecho en esta declaración de
principios y quisiera que quedase constancia en el «Diario de
Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Silva.
El señor SILVASÁNCHEZ: Yo querría ser muy breve, porque, existiendo
acuerdo sustancial en la proporción no de ley que hemos presentado
conjuntamente varios grupos y creo que también entre la publicidad de
los datos registrales, que para eso se inscriben en un registro, y
el derecho a la intimidad de las personas, no me gustaría discutir
sobre los motivos. Sólo querría decir dos cosas. Primero, no puede
identificarse en modo alguno el Registro de la Propiedad con el
Registro Mercantil; querría recordárselo al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, y acepto su planteamiento de que una de las
funciones fundamentales del Registro de la Propiedad es permitir el
ejercicio de determinados derechos y para eso están esas
inscripciones consecutivas en algunos casos, declarativas en otro, y
cuarenta principios, pero no es exactamente igual lo que ocurre con
el Registro Mercantil y, desde luego, la eficacia de una inscripción
en el Registro de la Propiedad y en el Registro Mercantil es muy
diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la función del
Registro Mercantil es fundamentalmente informativa, mientras que la
función del Registro de la Propiedad, además de informativa, es
facilitar el ejercicio de derechos. Porque, ¿qué ejercicio de
derechos facilita el depósito de cuentas en el Registro Mercantil? Lo
que se trata es de conocer la situación económica de una empresa y
ver si conviene contratar o no contratar. En un caso será facilitar
el tráfico mercantil y, en otro, el tráfico inmobiliario o la
movilización de la propiedad, pero la situación, desde esa
perspectiva, es diferente.
Por lo tanto, creo que tiene mucho sentido haber excluido de la ley
la referencia al Registro Mercantil y no lo que hace referencia al de
la Propiedad. Por lo demás, intención espuria, ninguna; he puesto de
manifiesto, incluso en la intervención, que, si lo que pretende
decirse es que hay compañías que están comercializándose y lucrándose
con lo que es la función de un registro público cuyo lucro, entre
comillas, debiera ir, no a sus funcionarios, sino al Tesoro público,
estudiase fórmulas de cánones, tasas o lo que haga falta, si en vez de
solicitar aisladamente un dato se solicitan de 10.000 en 10.000. Pero
quiero decir que, en estos momentos, son precisamente esas compañías
un instrumento absolutamente esencial de publicidad y colaboran con
el Registro a dar una publicidad que el Registro por sí mismo no está
en condiciones de dar.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés):Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Aunque nuestro grupo haya fijado
posiciones, volvemos a intervenir, pero que no crea nadie que lo
hacemos para tratar de arreglar una situación entre el Gobierno y
aquellos a los que ha calificado de una forma que todavía yo no había
oído: presuntos socios. Yo creí que eran socios de verdad. La
expresión presunto connota un cierto tono peyorativo y de
culpabilidad, que evidentemente la tienen precisamente por ser socios
del Gobierno, pero el Gobierno debería contemplarles con una menor
animosidad y agradecer que le han sacado en muchas ocasiones de
alguna que otra dificultad. Intervenimos porque el tema es
importantísimo y aprovechando, como se dice en el lenguaje taurino,
que «se
nos han caído del cartel» otra clase de temas, podemos dedicarle
cierta atención, porque además creo que es necesario seguir
profundizando.
Evidentemente, aquella vieja frase que se nos enseñaba en la facultad
de que lo que no está en el registro no está en el mundo hay que
completarla, ya no queda más remedio. Lo que no está en el registro no
está en el mundo y lo que está en el registro es propiedad de los
registradores. Hay que dejarlo claro para que se sepa quién es quién,
y mucho más los registradores de la propiedad, por aquello de que la
propiedad debe ser protegida constitucionalmente.
Seguridad jurídica, absolutamente de acuerdo todos. Servicio público,
absolutamente de acuerdo todos. Uso indiscriminado, nadie lo ha
defendido; la propia proposición dice: Sin perjuicio de las
correspondientes garantías contenidas en la legislación general en
materia de trata- miento automatizado de datos de carácter personal.
Luego, por lo tanto, no creo que haya en esto ninguna extremosidad,
no creo que podamos decir que peque de maximalismo esta proposición
que nosotros apoyamos.
Entonces, ¿cuáles son los argumentos por los cuales se rechaza? Se
habla de ultra mercantilismo. Si hablamos de ultramercantilismo, no sé
cuál será el ultramercantilismo de las compañías, que parece se que
legítimamente se dedican al estudio de sus trabajadores; ahora, el
ultramercantilismo de los notarios y de los registradores llega
hasta el extremo de que un servicio público no sea objeto de
control, sino que sea objeto de peaje. En este proceso de
liberalización en que se puede ejercer la profesión, se haya nacido en
Baviera o nacido en Maastricht, ¿cómo es posible que sigamos teniendo
un coto cerrado en que unos señores que se reclaman titulares de un
servicio público no son funcionarios del Estado y cobran el sueldo
que les corresponda, por alto que sea -que no creo que su función
sea muy superior a la de un miembro del Tribunal Constitucional-,
sino que cobran por peaje, cobran por arancel? ¡Hombre! Hay una
relación lógica entre la defensa y la reserva de los datos con
relación a que cada vez que se pongan a disposición se cobra por
ello. Por lo tanto, si hablamos de ultramercantilismo, traslade ese
adjetivo a la Dirección General de Registros y del Notariado, que más
bien es Dirección General de Protección de los Registradores y
Notarios. Se lo traslada usted y que le hagan un homenaje.
En cuanto a consumismo informativo, no sé si alguno estaremos en el
consumismo informativo; la que sí que estamos pidiendo desde hace
mucho tiempo es transparencia en todo. Y da la pequeña casualidad
de que cada vez que llega una disposición es para lo contrario, para
seguir protegiendo un determinado monopolio. No creo que vayan por ahí
ni desde el punto de vista liberal, incluso desde el punto de vista
de centro izquierda del que ustedes reclaman últimamente. No creo que
vayan por ahí los tiros. Es más, oír ahora paradójicamente que el
Grupo Popular es partidario de un cierto intervencionismo estatal a
nosotros nos llena de alegría, pero, si es intervencionismo estatal,
que sea a través de funcionarios públicos, que no sea a través de
oficinas privadas, que no sea a través de los señores registradores
y notarios, a los que nadie pide cuentas y que de su función extraen
muy buenos dividendos.
En todo caso, lo que es evidente es que esta iniciativa, que nosotros
apoyamos sin tener ningún complejo de ultramercantilistas
ni de consumismo, está en contra radicalmente de la
tendencia que se observa en el Ministerio de Justicia. Mi querido
amigo, el Ministerio de Justicia, en su programa, cuando estaban en
la oposición, iba a desaparecer. Porque, si las facultades de
justicia iban al Consejo General del Poder General del Poder
Judicial, las instituciones penitenciarias al Ministerio de
Interior, la proporción de datos en materia de actos de últimas
voluntades podría ir tranquilamente a los registros civiles, y lo que
se llama el Registro Central de Penados y Rebeldes iba a otro lado,
iba a desaparecer. Pero lo que estoy viendo es que no han hecho
ustedes desaparecer el Ministerio de Justicia y yo estoy de acuerdo
con que desaparezca y se trocee en otros ministerios. Lo que pasa es
que lo están ustedes reduciendo sólo a ministerio de registros y
del notariado y toda ley que viene de allí sigue ad maiorem registrum
gloriam.
En la transición hubo una época en la que se nos acusaba a los
abogados de haber hecho la transición desde el punto de vista de los
juristas; aquello pasó, desaparecieron los juristas. Podríamos decir:
primera etapa, de la transición, predominio de los juristas;
segunda etapa, entraron los económetras -llamarles economistas ya es
demasiado-. Pero ahora ya estamos en la tercera etapa. El final de
la transición es los registros y notarios. Pues los registros y
notarios, so pretexto de la seguridad jurídica, mi querido amigo,
tienen una propensión absolutamente imparable y enfermiza a la
confiscación de bienes; se les llama registradores de la propiedad
porque parece que lo que les interesa es registrar las carteras y no
otra cosa. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Elseñor Villarrubia
tiene la palabra, por el Grupo Socialista.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a intervenir con mucha brevedad,
pero no podemos por menos que contestar al portavoz del Grupo Popular
y decir- le, con todos los respetos, que no hay más sordo que el que
no quiere oír y que tan solo el haber hecho una intervención leída
sin haber escuchado los argumentos del resto de los portavoces puede
justificar las barbaridades, que constarán en el «Diario de
Sesiones», que ha manifestado. El respeto a los intervinientes y la
cortesía, sobre todo desde el punto de vista personal, debe primar,
con independencia de las discrepancias.
Señor presidente, creo que debiera, cuando menos, pedir que se retiren
del «Diario de Sesiones» alguna de las expresiones que ha
manifestado. Nos ha denominado, por ejemplo, fedayines. No sé si le
ha traicionado el subconsciente, no sé qué tipo de experiencias
personales estaría recordando cuando escribió semejante adjetivo,
pero me parece impropio e impresentable decirlo en esta Cámara.
Voy concluyendo. La ignorancia jurídica que ha demostrado es tan
clara y supina que no merece mayor comentario. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés):Silencio, por favor,
señorías.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Hablar, señorías, de cómo vamos a
interpretar, si por vía reglamentaria, cuál es la vigencia de una
ley sobre una instrucción
del director de los registros y del Notariado, nos parece - insisto-
de una ignorancia jurídica de primer orden. ¿Qué más da, señor
portavoz del Grupo Popular, la fecha de la instrucción? ¿Que fue
anterior a la aprobación de la ley? ¿Qué fue coetánea? Si fue
anterior, deviene manifiestamente ilegal en el momento en que entra
en vigor la ley, lo cual quiere decir que, a fecha de hoy, como es
manifiestamente contradictoria, es manifiestamente ilegal. Y no hay
interpretación que valga, porque no es una omisión. Perfectamente
conocía el director general de los Registros y del Notariado que lo
que estaba diseñando en su instrucción había sido expresamente
rechazado, no por omisión, sino por una enmienda concreta del Grupo
Parlamentario de Convergencia i Unió.
Termino, señor presidente: Fíjense ustedes ante qué tamaña barbaridad
nos encontramos que el propio decano del Colegio de Registradores -y
tenemos la circular, no vamos a decir cómo la hemos conseguido- ha
distribuido una circular entre todos los registradores de España,
para decirles que eso no se puede aplicar, que es una barbaridad.
Y defiende esa barbaridad el grupo parlamentario que sustenta al
Gobierno, descalificando -aunque allá ellos- a sus propios socios
parlamentarios. Parece ser, como ha ocurrido en otras ocasiones, que,
a la vista de su soledad, en las razones, que no en los votos, que
van a cambiar el sentido del voto, para no tener una nueva derrota
parlamentaria.
Nada más, y agradecería que rectificara esas barbaridades y esas
descalificaciones que ha realizado sobre el resto de los
intervinientes, que hemos tenido un debate neta y exclusivamente
jurídico sobre una cuestión que es tan clara que es la página una del
libro primero del curso primero de la carrera de Derecho, portavoz
del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Estoy seguro, señor
Burgos, que desea intervenir. Lo único que le ruego es que no reabra
el debate.
El señor BURGOS GALLEGO: Quiero agradecerle, porque debe ser un caso
bastante insólito, que, habiendo manifestado todos los grupos que
vamos a votar a favor de la proposición no de ley, se haya concedido
por la Presidencia un turno de réplica, lo cual sin duda habla de la
benevolencia del señor presidente.
Para que quede absolutamente clara nuestra posición en esta
proposición, mi grupo va a votar a favor y desde luego quiere
eliminar cualquier susceptibilidad que por parte de algunos de los
portavoces de los grupos se ha planteado. Mis referencias a los
afanes de protagonismo no iban referidos obviamente a la portavoz
del PNV, ni de CiU, ni de Coalición Canaria; iban evidentemente
referidos al porta- voz del Grupo Socialista. Como nos conocemos
todos desde hace bastante tiempo, creo que no merece la pena ni
siquiera entrar en la respuesta a sus consideraciones. Sus señorías
juzgan el estilo de cada cual en las formas y en el fondo. Y quien ha
hablado de menosprecio, de incalificable proceder, y otras lindezas
por el estilo, no ha sido este portavoz; ha sido el portavoz del
Grupo Socialista, con el estilo
que en él es bastante habitual, en esta Comisión y en otros
ámbitos políticos.
Respecto al desarrollo reglamentario, sí quiero decir que mi grupo se
ha manifestado absolutamente a favor de ese desarrollo urgente que
otros grupos han solicitado, pero, quiero recordar, que la ley se
aprobó en el mes de mayo y que sería un caso excepcional que a
escasamente un mes y medio de su aprobación ya estuviera presentado el
desarrollo reglamentario, el decreto que desarrolla
reglamentariamente esta ley, lo cual no quiere decir que, como ya he
afirmado, el mismo esté en trámite de audiencia en el Consejo de
Estado y, por lo tanto, la voluntad del Ministerio es que su
aprobación sea inminente.
Con relación a las empresas que supuestamente pueden estar
interesadas en influir sobre la presentación de esta proposición, me
limito meramente a la lectura de los antecedentes de la proposición
no de ley, que cita textualmente que la misma se presenta
reconociendo la situación de una serie de empresas dedicadas a
facilitar a sus clientes la información que figura en el Registro
Mercantil y que podría tener graves perjuicios. Y esto no lo ha
escrito el Grupo Parlamentario Popular, que se ha limitado
simplemente a tomar nota de esta consideración que se incluye en la
proposición no de ley.
Seguimos manteniendo que los argumentos que ha dado el propio Grupo
Socialista son los que avalan nuestra tesis. Si es manifiestamente
ilegal la instrucción que trae causa de esta proposición no de ley,
¿para qué presentar una proposición no de ley que pida su retirada? Si
es manifiestamente ilegal, evidentemente no es necesario a todos
los efectos que se produzca ninguna manifestación de esta Cámara.
Sería absurdo que esta Cámara se manifestara reiteradamente sobre
todo aquello que decae por normas de rango superior o todo aquello
que queda realmente superado por los acontecimientos. La ilegalidad,
señorías, es ilegalidad, con independencia de lo que diga esta
Cámara, incluso aunque todos nos hubiéramos manifestado a favor del
mantenimiento de la instrucción.
Por supuesto que no es igual, señor portavoz de CiU, Registro de la
Propiedad que Registro Mercantil y por eso se excluyó en el proyecto
de ley. En todo caso, en ambos hay un principio que para nosotros es
esencial en el acceso a los datos contenidos en el Registro Mercantil
o en cualquier otro registro público, el principio de seguridad
jurídica debe ser un elemento esencial a la hora de regular las
posibilidades y los límites en el acceso a esa información. Yeso
puede ser de aplicación más amplia o más restrictiva en función de
las propias características de cada registro, pero el principio
permanece insoslayable.
Mi grupo, por tanto, vuelve a reafirmarse en sus opiniones, no tanto
jurídicas como de sentido común. No voy a presumir de ser jurista,
porque no lo soy, pero lo que me resulta más preocupante es que quien
afirma serlo tenga unos argumentos tan pobres como, en algunos
casos, tan absolutamente disparatados al respecto de una cuestión
como ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés):Vamos a proceder a las
votaciones de acuerdo con el orden del día.
En primer lugar, la proposición no de ley presentada por los grupos
parlamentarios Catalán CiU, PNV y Colación Canaria, sobre
desarrollo de la Ley de condiciones generales de la contratación en
materia de acceso telemático al Registro Mercantil.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Queda aprobada por
unanimidad.
En segundo lugar, se somete a votación la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la necesidad de instaurar la sección de la Policía Nacional en
el municipio de Utrera (Sevilla).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Queda rechazada.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.