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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 491, de 24/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 491
ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS
Sesión núm. 47
celebrada el miércoles, 24 de junio de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo) para informar
sobre:
- La situación económica, en particular sobre el sector exterior, así
como de las reformas del sector financiero recientemente adoptadas en
desarrollo del plan de liberalización y de impulso de la actividad
económica. a solicitud del grupo parlamentario popular en el Congreso
(Número de expediente 213/000701) ... (Página 14138)
- Posición del Gobierno en relación con las negociaciones en la OCDE
relativas al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) y del
grado de cumplimiento de la Resolución de 11 de marzo de 1998, a
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
213/000634.) ... (Página 14138)
- Posición del Gobierno español en relación con el Acuerdo
Multilateral de Inversiones (AMI), a solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000644) ... (Página 14138)
- El estado de las negociaciones que se están llevando a cabo en
relación al Acuerdo Multilateral de Inversiones, a solicitud del
Gobierno (Número de expediente 212/001320) ... (Página 14138)
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
Página
- Posición del Gobierno respecto de las negociaciones del Acuerdo
Multilateral de Inversiones en el seno de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, a solicitud del Grupo Catalán
Convergència i Unió (Número de expediente 212/001385) ...
(Página 14138)
- Las conclusiones de la cumbre de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrada los días 27 y 28 de
abril de este año, de la posición española mantenida en la misma, así
como de las perspectivas de futuro, todo ello relativo al Acuerdo
Multilateral sobre Inversiones, a solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista (Número de expediente 212/001386) ... (Página 14138)
- El Acuerdo Multilateral de Inversiones, a solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
213/000707) ... (Página 14138)
Proposiciones no de Ley:
- Por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley de
modificación de la Ley de auditoría de cuentas, presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (Número de
expediente 161/001045) ... (Página 14166)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA(DE RATO FIGAREDO)PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN ECONÓMICA, EN PARTICULAR SOBRE EL SECTOR EXTERIOR,
ASÍ COMO DE LAS REFORMAS DEL SECTOR FINANCIERO RECIENTEMENTE ADOPTADAS
EN DESARROLLO DEL PLAN DE LIBERALIZACIÓN Y DE IMPULSO DE
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO (Número de expediente 213/000701).
- POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓNCON LAS NEGOCIACIONES EN LA OCDE
RELATIVAS AL ACUERDO MULTILATERAL SOBRE INVERSIONES (AMI) Y DEL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE MARZO DE 1998, A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 213/000634).
- POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACIÓN CON EL ACUERDO MULTILATERAL
DE INVERSIONES (AMI), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(Número de expediente 213/000644).
- EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN
RELACIÓN AL ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIONES,
A SOLICITUD DEL GOBIERNO (Número de expediente 212/001320).
- POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, A SOLICITUD DEL GRUPO CATALÁN
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (Número de expediente 212/001385).
- LAS CONCLUSIONES DE LA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICO, CELEBRADA LOS DÍAS 27 Y28 DE ABRIL DE ESTE
AÑO,DE LA POSICIÓN ESPAÑOLA MANTENIDA EN LA MISMA, ASÍ COMO DE LAS
PERSPECTIVAS DE FUTURO, TODO ELLO RELATIVO AL ACUERDO MULTILATERAL
SOBRE INVERSIONES, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA(Número de expediente 212/001386).
- EL ACUERDO MULTILATERAL DE INVERSIONES, A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
213/000707).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, buenos días.
Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, que si no me equivoco es la número 48 en los papeles
internos de la Comisión y la número 47 en función del «Diario de
Sesiones». Lamento que no esté aquí el señor Posada para discutir al
respecto
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con él, sin perjuicio de lo cual vamos a comenzar sin ningún problema
esta sesión informativa, en primer término, y con posterioridad
debatiremos una proposición no de ley.
Vamos a celebrar la comparecencia del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda ante esta Comisión para
informar sobre la situación económica, en particular sobre el
sector exterior, así como las reformas del sector financiero
recientemente adoptadas en desarrollo del plan de liberalización y de
impulso de la actividad económica, a solicitud del grupo Popular;
para informar sobre la posición del Gobierno en relación con las
negociaciones en la OCDE relativas al Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones (AMI) y del grado de cumplimiento de la Resolución del
de marzo de 1998, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Mixto, y
para informar de la posición del Gobierno español en relación con
el Acuerdo Multilateral de Inversiones, también del Grupo
Parlamentario Mixto.
Asimismo, someto a la consideración de la Comisión y de los
portavoces de los grupos parlamentarios autores de las solicitudes de
comparecencia la inclusión en el orden del día de las siguientes
comparecencias: del Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa ante esta Comisión para informar sobre el
Estado de las negociaciones que se están llevando a cabo en relación
al Acuerdo Multilateral de Inversiones, de la cual es autor el
Gobierno. Pido al Gobierno su consentimiento a los efectos de que no
sea el secretario de Estado de Comercio sino el Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda quien
responda a esta información que el Gobierno desea realizar a la
Cámara. Del Secretario de Estado de Economía para informar sobre la
posición del Gobierno respecto de las negociaciones del Acuerdo
Multilateral de Inversiones en el seno de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico. Solicito al señor portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el cambio de la
comparecencia del Secretario de Estado de Economía por el
Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
(Asentimiento.) Muchas gracias por su asentimiento y
consentimiento.
También propongo a la Comisión la inclusión en el orden del día de
otra comparecencia, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista, del Secretario de Estado de Economía y Hacienda para
informar acerca de las conclusiones de la cumbre de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, celebrada los días
27 y 28 de abril de este año, de la posición española mantenida en la
misma, así como de las perspectivas de futuro, todo ello relativo al
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Solicito su asentimiento y
consentimiento a los efectos del cambio de la persona del
compareciente, para que en lugar de ser el Secretario de Estado de
Economía sea el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda. Señor Eguiagaray, ¿da usted su consentimiento
como portavoz de su grupo? (Asentimiento.)
Asimismo, se solicita -y en este caso recabo la unanimidad de la
Comisión que, por supuesto, estoy convencido de que será así- que se
incluya en el orden del día (y digo que es requisito necesario la
unanimidad por cuanto todavía no ha sido calificada por la Mesa de la
Cámara y en
la medida en que no se han cumplimentado todavía todos los trámites
reglamentarios para su inclusión en el orden del día) la
comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, a instancia del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, para que informe a la Cámara sobre el Acuerdo
Multilateral de Inversiones. ¿Se acuerda? (Asentimiento.)
Alterado el orden del día en estos términos, se procederá al debate
de hoy según lo acordado en la Mesa y en la Junta de Portavoces.
También se ha solicitado la comparecencia, a instancias del
Gobierno, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda para informar sobre la convalidación de gastos
autorizados en 1997. Hemos acordado celebrar esta comparecencia en un
segundo bloque, en el supuesto de que diera tiempo a ello, en la
medida en que el señor compareciente debe abandonar la sesión a más
tardar entre las doce y doce y cuarto, ya que hoy es la onomástica
real y debe asistir a Palacio para cumplimentar a Su Majestad el Rey.
También hemos adelantado, con esta ocasión, la celebración de la
Comisión de las diez a las nueve de la mañana. Por todo lo cual,
ruego tanto al señor compareciente, como a los señores portavoces
de los diferentes grupos parlamentarios, no brevedad, sino concisión
y síntesis en sus exposiciones, a los efectos -en la medida en que el
tiempo no es abundante aunque sí suficiente, al menos así lo estimo-
de que sepa concretar sus intervenciones, de forma y manera que
diciendo todo aquello que deben decir, para lo cual no seles va a
regatear nunca el tiempo que crean conveniente, lo hagan a la mayor
brevedad posible.
Para la celebración de esta comparecencia vamos a agrupar todas las
que he leído con anterioridad, con excepción de la referente a la
convalidación de gastos. Habrá una primera intervención del señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno, don Rodrigo Rato, para que
posteriormente, y con el orden tradicional de intervención, lo hagan
los diferentes grupos parlamentarios para fijar su posición,
realizar preguntas y pedir aclaraciones. Habrá una segunda
intervención del señor compareciente y si hubiera lugar a ello,
celebraríamos un segundo turno muy breve de réplicas para formular
más preguntas, aclaraciones por parte de los grupos parlamentarios
y concluir el debate con el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
Sin más trámites, tiene la palabra, para realizar su exposición, el
señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA(De Rato Figaredo): Tengo el honor de comparecer ante esta
Comisión por segunda vez en este período de sesiones. Para seguir
el orden que ha planteado la Presidencia, me referiré, en primer
lugar, a las medidas que ha adoptado el Gobierno respecto al ámbito
financiero con el objetivo de mejorar la canalización de recursos
hacia la economía productiva; en segundo lugar, al Acuerdo Multilateral
de Inversiones; en tercer lugar, a la situación económica
y, por último, si hubiera tiempo, como ha dicho el Presidente de la
Comisión, haré una referencia a las convalidaciones de gasto
aprobadas por el Gobierno en el año 1997.
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
Respecto al primer tema, desde el punto de vista del crecimiento del
ahorro, su canalización hacia la economía productiva, sí quisiera
enmarcar mi intervención dentro del conjunto de la política económica
del Gobierno como consecuencia de nuestro planteamiento de reducir
los desequilibrios y aumentar la estabilidad macroeconómica de la
economía dentro no sólo del proceso de integración europea, sino del
proceso más general de modernización y de apertura de la economía
española. Es indudable, desde el punto de vista del Gobierno, que en
el diseño de la política económica las políticas de regulación de
demanda -es decir, la presupuestaria y la monetaria- van a estar
clara- mente comprometidas no sólo por nuestros acuerdos europeos,
sino también por los objetivos de estabilidad. En ese sentido, el
margen de la política presupuestaria vendrá de la continuidad del
proceso de reasignación de recursos hacia políticas de
competitividad, inversión en capital humano, tecnológico e
infraestructuras y, claramente, con la voluntad política del
mantenimiento y mejora de las políticas de bienestar. Por otro
lado, el impulso al crecimiento y a la creación de empleo descansará
mucho más a partir de la puesta en marcha de la moneda única en
políticas de flexibilización de mercados, de factores y productos.
Dentro de estas últimas y, por lo tanto, dentro de las políticas que
nos van a permitir expandir nuestra economía y aumentar nuestras
posibilidades de empleo, es fundamental el papel de las reformas
que afectan al ahorro y al sistema financiero.
La sostenibilidad de un intenso crecimiento de la inversión exige,
por un lado, lograr elevados niveles de ahorro y, por otro, que éste
se canalice eficientemente hacia la economía productiva,
proporcionando financiación adecuada en su naturaleza, plazos y coste.
En este sentido, el nuevo marco de la Unión Económica y Monetaria
favorece clara- mente la inversión en España desde todos los puntos
que queramos plantearnos y, sin embargo, la financiación del proceso
inversor, en opinión del Gobierno, debe seguir apoyándose
fundamentalmente en el ahorro interno, máxime si tenemos en cuenta
que la internacionalización creciente de la economía española
requiere a su vez una creciente inversión directa de nuestras
empresas en el exterior.
El papel del sector público en la formación de ahorro ha sido crucial
en los últimos dos años, como he puesto de relieve en algunas de mis
comparecencias ante esta Comisión y en el Pleno, y el proceso de
consolidación fiscal que se ha producido en los últimos dos años ha
supuesto, entre otras, las siguientes características que me gustaría
resaltar. En primer lugar, la contribución de las administraciones
públicas al ahorro nacional ha cambiado de signo y es positiva ya
desde 1997, algo que no se producía desde principios de la década de
1990. En segundo lugar, se ha reducido extraordinariamente la
competencia del sector público por la captación de fondos. Si durante
el período 1990- 1996 por cada 100 pesetas de incremento de recursos
a disposición de los inversores institucionales la deuda pública
crecía 110 pesetas, la deuda pública en 1997 creció 20 pesetas. Por
último, la consolidación presupuestaria ha permitido una relajación
de la política monetaria en el sentido de acercarla más a una
neutralidad con respecto a nuestro ciclo económico, lo que, unido a
la menor competencia del sector público frente al sector privado por
la captación de
recursos, ha contribuido decisivamente a la reducción de los tipos de
interés en todos los plazos.
Por otra parte, como la Comisión es consciente, desde junio de 1996 el
Gobierno ha venido adoptando importantes medidas orientadas a
favorecer tanto la generación de ahorro familiar a medio y largo
plazo como su adecuada asignación. Hemos pasado de un sistema en que
las ganancias patrimoniales podían quedar totalmente exentas de
tributación, y en el que las decisiones de ahorro se adoptaban en
función del tiempo transcurrido para poderse beneficiar de estas
totales exenciones de tributación, a otro que permite basar las
decisiones en criterios racionales y que es homologable con el de la
mayor parte, por no decir la totalidad, de las economías de nuestro
entorno. El Gobierno está convencido que en este cambio de sistema,
desde el punto de vista de la tributación de las ganancias de
capital, se basa un importante elemento de la reducción de los tipos
de interés en España. Se han modificado asimismo los límites a las
aportaciones a planes y fondos de pensiones que perjudicaban
fundamentalmente al ahorro de las familias con menos recursos y que,
claramente, inciden en la capitalización de la economía. Por
último, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
proyecto que está en este momento en debate en esta Comisión, ya se
consolidan las medidas anteriores y se produce un importante avance
hacia la neutralidad del impuesto sobre todos los instrumentos de
ahorro.
El nuevo marco de estabilidad y la modernización del tratamiento
fiscal del ahorro está permitiendo no sólo el mantenimiento de
elevadas tasas de ahorro en un contexto de intenso crecimiento, sino
también una mayor disposición de los ahorradores a asumir mayores
riesgos para conseguir mejoras de rentabilidad. Entre 1996 y 1998
el ahorro de las familias se ha mantenido en torno al 8 por ciento.
Desde 1996 se ha intensificado el cambio en la distribución del
ahorro financiero de las familias que ya venía produciéndose. En
1985, para que la Comisión pueda hacerse una opinión, un 64 por ciento
del ahorro financiero de las familias se materializaba en depósitos
bancarios. En l995 -es decir, 10 años más tarde- su peso había
disminuido hasta el 56,2 por ciento y entre l995 y 1997 esta cifra ha
bajado al 44 por ciento. Paralelamente, y como no podía ser de otra
manera, la inversión directa en valores, fondos de inversión, fondos
de pensiones y seguros ha pasado del 27 por ciento en el año 1985 al
37 por ciento en el año l995 y a más del 50 por ciento dos años más
tarde, es decir, en el año 1997.
Si nos quisiéramos referir a la canalización del ahorro hacia el
sector productivo, me gustaría mencionar las reformas que ha llevado
a cabo el Gobierno en el sistema financiero. Es indudable que todo
este proceso de mantenimiento del ahorro de las familias, de una
contribución positiva del ahorro del sector público a la economía y,
al mismo tiempo, una mayor capacidad del ahorro de las familias para
dirigirse a instrumentos con riesgo y a financiación de la economía
productiva exigen modificaciones en nuestro sistema financiero que
faciliten todo este proceso de modernización de nuestra economía. En
ese sentido era preciso, en opinión del Gobierno, continuar avanzando
en el proceso de desintermediación financiera, sobre todo por el lado
de la demanda, y, al mismo tiempo, mejorar la capacidad
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de nuestro sistema financiero para asignar recursos en función
de las posibilidades de que un proyecto genera riqueza en el futuro y
no tanto la riqueza generada en el pasado.
Es indudable que una de las modificaciones más importantes a las
que tiene que someterse la economía española, y yo diría que el
conjunto de las economías europeas cuando se comparan con la
economía norteamericana, es precisamente esto, la capacidad que
tengamos de que nuestro sistema financiero esté en condiciones de
responder a proyectos que vayan a generar riqueza en el futuro y no
tanto a acumulaciones de capital que garanticen en este momento la
financiación de unos proyectos que quizá fueron rentables en el
pasado pero que no lo son tanto en estos momentos; dicho de otro
modo, ampliar la capacidad de contribuir a renovar los proyectos
consolidados y ofrecer posibilidades al desarrollo de nuevas ideas.
La manifestación más clara de este proceso de desintermediación
financiera, que ha sido muy intenso en los últimos años, en cuanto
a la posibilidad de ahorradores de ofertar recursos directamente en
los mercados de capitales, es el profundo cambio de la estructura del
ahorro de las familias que acabo de describir anteriormente. Pero este
proceso no ha tenido un desarrollo paralelo al de las posibilidades
del sector privado para acceder a esos recursos. La desintermediación
no ha sido tan intensa por el lado de la demanda debido
fundamentalmente a la presión ejercida por el sector público para
financiar sus elevados déficit y también al insuficiente desarrollo
de instrumentos adecuados. En este sentido, en el ámbito de las
medidas dirigidas específicamente a la mayor parte de nuestra
economía -es decir, a las pequeñas y medianas empresas- quisiera
recordar ante la Comisión que en junio de 1996 el Gobierno inició
la reforma del marco legal del capital inversión, que culminará con
la aprobación definitiva por esta Cámara del proyecto de ley que
actualmente se está tramitando, y los resultados alcanzados en 1997,
en opinión del Gobierno, son muy positivos. Los fondos aportados al
sector capital inversión ascendieron a 70.000 millones de pesetas,
casi un tercio del capital aportado por los inversores en los once años
anteriores, desde la aprobación del régimen de capital-riesgo en el
año 1986. Las inversiones realizadas por el sector -44.000 millones
de pesetas- superaron en un 50por ciento a las de 1996 y duplicaron
la media de años anteriores.
Por primera vez los fondos de pensiones y las compañías de seguros,
que en otros países donde el sector está más desarrollado son los
principales inversores, comienzan a destinar parte de sus recursos
a invertir en empresas no cotizadas, a través de este vehículo del
capital-riesgo.
En 1997 los fondos de pensiones y las compañías de seguros han
aportado un 8,1 por ciento de los nuevos recursos, cuando en 1996,
es decir, escasamente un año antes, apenas aportaban el 0,5. También
por primera vez empiezan a cotizar en nuestro mercado de valores
entidades de capital-riesgo y con ello se abren nuevas posibilidades
de dotar de liquidez a este tipo de inversiones y nuevas posibilidades,
por tanto, de mayor participación de los inversores
institucionales en el futuro.
En el nuevo contexto de mayor estabilidad macroeconómica el sector
público demanda menos recursos y los
activos sin riesgo que emiten ofrecen, claramente, menos
rendimientos. Los depósitos bancarios ofrecen menos rentabilidad,
que sumando a la estrategia comercial de las propias entidades y al
tratamiento fiscal más racional del ahorro de las familias, está
aumentando las preferencias de éstas por la inversión directa en
Bolsa y en instrumentos de inversión colectiva.
A su vez, los fondos de inversión y otros instrumentos de canalización
institucional del ahorro asignan cada vez mayor peso en sus carteras a
los activos emitidos por el sector privado, aunque aún lejos de lo
deseable. Un ejemplo claro es la renta variable. En 1997 se ha
duplicado el patrimonio de los fondos de inversión mobiliaria no
garantizados en Bolsa, que han pasado de un 7,98 por ciento a un
14,89 por ciento, invertidos en este tipo de activos.
La respuesta del Gobierno a las nuevas oportunidades que ofrece este
contexto se ha orientado, en primer lugar, a facilitar el acceso de
las empresas de menor tamaño al mercado de capitales y potenciar
otros instrumentos que les permitan recurrir a los mecanismos
tradicionales de financiación en condiciones más adecuadas a sus
necesidades y, en segundo lugar, a desarrollar nuevos instrumentos y
perfeccionar los existentes con el objetivo de profundizar el
proceso de desintermediación.
En esta misma línea el Real Decreto-ley 7/1996, uno de los primeros
que elaboró este Gobierno, permite que las instituciones de inversión
colectiva inviertan entre un 5 y un 10 por ciento de sus activos,
según los casos, en valores no cotizados, incluidas las entidades de
capital-inversión. El proyecto de ley de capital-riesgo también
incorpora mejoras del marco legal del factoring, que se dota de mayor
seguridad jurídica a la actividad, paso necesario para su
consolidación y expansión, con lo que también se amplían las
posibilidades de gestión del capital circulante de las pequeñas y
medianas empresas. Del mismo, modo la mejora del régimen jurídico
de las sociedades de garantía recíproca y de las sociedades de
refinanciamiento, así como la línea PYME del ICO, que entre mayo de
1996 y mayo de 1998 ha duplicado el crédito concedido, están
contribuyendo claramente a mejorar las posibilidades de
endeudamiento a medio y largo plazo de las pequeñas y medianas
empresas.
Por lo que se refiere a las medidas adoptadas para profundizar en el
proceso de desintermediación financiera, hay que destacar el decreto
de fondos de titulización de activos, recientemente aprobado por el
Gobierno. La titulización de activos permitirá a las entidades de
crédito liberar parte de los recursos que tienen invertidos en
préstamos personales, créditos a las pequeñas y medianas empresas,
etcétera, y destinarlos a financiar nuevas operaciones. A su vez, se
posibilita la inversión de los recursos de los fondos de inversión y
otros instrumentos de ahorro colectivo en este tipo de activos y la
titulización en España, que representó en 1997 sólo un 3 por ciento
del conjunto de la titulización en Europa. Por ello entendemos que
este decreto, que ha tenido una buena acogida en el sector y en las
principales entidades de crédito, está preparando una nueva expansión
de este tipo de operaciones durante 1998.
Quisiera, señor presidente, resaltar que este tipo de medidas que el
Gobierno está llevando a cabo y desarrollando coinciden plenamente
con las que se están planteando
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
desde el punto de vista de las recomendaciones, de las grandes
orientaciones de política económica en la Unión Europea y también de
las propias recomendaciones de los organismos internacionales.
Desde el punto de vista de la renta fija privada, me parece
importante destacar que en este proceso de desintermediación está
claramente poco desarrollada, en relación con las economías de
nuestro entorno, la existencia de renta fija privada. El peso de la
deuda viva emitida por las empresas españolas en los mercados de
capitales en relación al producto interior bruto, se situaba en
torno al 10,8 frente al 45,8 de media de la Unión Europea. Por tanto,
creo que SS. SS. pueden perfectamente darse cuenta de la falta de
desarrollo de este instrumento en nuestro mercado de capitales. Por
cada peseta de deuda privada emitida en los mercados españoles hay
13 pesetas de activos bancarios, cuando esta relación se sitúa en
el 3,8 en el conjunto de la Unión Europea, en el 3,6 en Francia y en
el 1,16 en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, además, que más
de la mitad de las emisiones realizadas en los mercados españoles de
renta fija privada son emisiones de entidades financieras y, por
tanto, la presencia de las empresas no financieras es todavía más
reducida. El escaso desarrollo de estos mercados se explica, en gran
medida, por las elevadas necesidades de endeudamiento del sector
público hasta fechas muy recientes. Sin embargo, en 1998 los intereses
de la deuda pública ya superan el aumento de la deuda del Estado, lo
que significa que los inversores de deuda pública ni siquiera van a
poder reinvertir los intereses en estos activos. Para que la Comisión
tenga las cifras, les diré que habrá 3 billones 190.000 millones de
pesetas, que supondrá el repago de intereses, frente a una emisión de
deuda pública de 2 billones 400.000 millones de pesetas.
La menor presión, por tanto, del sector público sobre el mercado no
se ha traducido, sin embargo, en una expansión de la deuda pública
privada, como cabría esperar, lo que nos asemejaría a situaciones con
otros países a los que me acabo de referir. El principal problema hoy
es la existencia de retenciones, un factor determinante para los
inversores institucionales, especialmente si las inversiones de renta
fija privada en otros países no están sujetas a retención. En este
sentido, el Gobierno -como ya he anunciado en otros foros y quiero
ratificarlo en la Comisión de Economía del Congreso está estudiando
la posibilidad de avanzar en la equiparación de las emisiones
privadas de renta fija a las de deuda pública para las personas
jurídicas.
Quisiera, por último, hacer referencia, señor presidente, a las
privatizaciones y al papel que han jugado éstas desde el punto de
vista de la ampliación de nuestros mercados de capitales. El deseo
inversor de la sociedad española se refleja en el largo recorrido
ascendente de los mercados bursátiles y en las múltiples
sobresuscripciones por parte del público minorista en los procesos de
privatización llevados a cabo por el sector público. En este
sentido el proceso de privatizaciones ha logrado generar dos tipos
de efectos en el mercado financiero, aparte de la mejora de
eficiencia en los sectores afectados. En primer lugar, ha permitido el
acceso de los pequeños ahorradores a los beneficios de los incrementos
de riqueza financiera que se han producido en España en los últimos
años. En segundo lugar, el incremento de la oferta de títulos en el
mercado ha
permitido absorber una serie de recursos que habrían ido a parar a
otras alternativas más especulativas, de no haber sido por el proceso
de privatizaciones, siendo el objetivo prioritario de este Gobierno
fomentar las inversiones productivas y mejorar y abaratar su
financiación. Las privatizaciones de Telefónica, Repsol, Endesa,
Aldeasa y Aceralia, han supuesto por sí mismas un aumento de la
capitalización bursátil cercana a los 2 billones de pesetas. A éstos
hay que sumar las nuevas salidas a Bolsa y las emisiones de las que
ya cotizaban y que suman unos 150.000 millones de pesetas. La
capitalización de la Bolsa española prácticamente se ha duplicado
entre 1995 y 1997, pasando del 31,43 del producto interior bruto al
55, 37 del producto interior bruto, lo cual creo que son cifras
suficientemente significativas.
Con esto, señor presidente, paso a abordar el segundo punto del orden
del día de mi comparecencia, que se refiere a dar cuenta a la
Comisión de Economía del Congreso de la situación en la que se
encuentra el Acuerdo Multilateral de Inversiones. En primer lugar,
quisiera hacer referencia al origen, desarrollo y situación actual
de las negociaciones y al papel de España. La fuerte expansión
experimentada en los flujos de inversión, de 25.000 millones de
dólares en 1973 a 350.000 millones de dólares en 1996, junto con el
reconocimiento de la existencia de barreras a la inversión y
situaciones de tratamiento discriminatorio, impulsaron en 1991 a la
OCDE a iniciar los estudios para la elaboración de un acuerdo que
permitiera crear un marco multilateral para las inversiones
internacionales a través del establecimiento de reglas claras y
transparentes que velara por la liberalización y protección de las
inversiones. Así se iniciaron las negociaciones formales del
Acuerdo Multilateral de Inversiones, que pretende la creación de un
marco multilateral estable y completo para las inversiones
internacionales, reforzando así el régimen comercial multilateral y
completándolo con un sistema de resolución de diferencias
inversor-Estado y Estado-Estado.
Si bien el mandato inicial preveía el fin de las negociaciones en
abril de 1998, la dificultad para resolver determinados aspectos
técnicos, la dificultad para llegar a acuerdos políticos en
determinados temas sensibles y, a su vez, la necesidad de afrontar un
mayor debate público hizo que se otorgara un nuevo mandato de
negociación sin fijar una fecha de finalización definitiva. En este
sentido la participación de España, señoras y señores diputados, ha
sido la siguiente. España, como país miembro de la OCDE, ha participado
desde el inicio en las negociaciones del Acuerdo, es decir,
desde 1991. La delegación española en el Acuerdo está compuesta por
el personal de la Subdirección General de Inversiones Exteriores,
integrada en la Dirección General de Política Comercial e
Inversiones Exteriores, que se ha coordinado con otras direcciones
del propio Ministerio de Economía y Hacienda, del Ministerio de
Industria y Energía y del Ministerio de Educación y Cultura
principalmente.
El texto actualmente en negociación se ha elevado a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos en dos ocasiones, en septiembre de
1997 y en abril de 1998, y se mantienen contactos constantes con
los ministerios involucrados. Además de la coordinación interna y
de las discusiones en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos,
también
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se ha informado y mantenido un contacto permanente con sectores e
instituciones involucrados, como son comunidades autónomas,
asociaciones de profesionales, organizaciones sindicales, grupos
parlamentarios y organizaciones no gubernamentales. Por último,
España, en su interés por incorporar a los países latinoamericanos a
este acuerdo, cofinanció el primer seminario sobre el Acuerdo
Multilateral de Inversiones celebrado en julio de 1996 en São
Paulo, y la delegación española ha mantenido diversas reuniones
y contactos informales con las delegaciones de estos países. ¿Cuáles
son las principales características del Acuerdo Multilateral de
Inversiones? Quisiera primero mencionar el tratamiento y protección de
los inversores y sus inversiones. El Acuerdo Multilateral de
Inversiones pretende establecer un régimen legal riguroso y no
discriminatorio para el tratamiento otorgado a los inversores y a sus
inversiones. Tiene como principios esenciales el de la transparencia
de la legislación aplicable a las inversiones, el del tratamiento
nacional, que supone que los países están obligados a dar el mismo
tratamiento a los inversores de otros países que el que otorgan a sus
nacionales, y el de nación más favorecida, según el cual cualquier
inversor de una parte contratante puede exigir a otro país que le
dé el mejor tratamiento que éste otorgue a terceros países.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones pretende ser el marco de
cobertura para los inversores de las diferentes partes contratantes y
sus inversiones, introduciendo compromisos en temas no cubiertos
por los acuerdos bilaterales de inversión, como son procesos de
privatización, designación de monopolios, permisos de entrada y de
trabajo de las personas consideradas esenciales para la inversión. El
acuerdo pretende proporcionar un Acuerdo Multilateral con normas
rigurosas de protección de las inversiones y también reflejar un
planteamiento global del tratamiento de las inversiones al asociar al
mismo las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,
que establecen normas voluntarias de conducta para los inversores
internacionales.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones se concibe, pues, como un
acuerdo integral que hace referencia a las medidas gubernamentales
que afectan a las inversiones procedentes de los inversores de los
países signatarios del acuerdo. El objetivo es aplicar las disciplinas
del mismo a todos los sectores de la economía y a todos los niveles
de la Administración. Y la definición de inversión se extiende más
allá de la inversión directa, incluyendo las inversiones de cartera,
préstamos, derechos concedidos en virtud de una ley o contrato,
licencias y autorizaciones y otros instrumentos financieros.
El tratamiento no discriminatorio constituye la obligación central
del acuerdo. A fin de asegurar la transparencia, se exigirá a las
partes contratantes publicar o garantizar la publicidad de toda ley,
reglamento o práctica administrativa que pudiera afectar al
funcionamiento del acuerdo. Una de las características innovadoras
del acuerdo es la incorporación de nuevas disciplinas y temas
especiales en áreas cuya cobertura o tratamiento por éste u otros
acuerdos resulta insuficiente en la actualidad y, por lo tanto,
facilitar la entrada, estancia y trabajo de los inversores; por ejemplo,
la prohibición de la exigencia de que los directivos, gerentes y
consejeros que gestionen las inversiones sean
nacionales o residentes en el país; otro ejemplo, la prohibición de
exigir a los inversores el cumplimiento de determinadas
obligaciones, como la exportación de un determinado porcentaje de lo
que se produce o la compra de bienes y servicios suministrados en el
territorio; otro ejemplo, el tratamiento no discriminatorio y
transparencia de los procesos de privatizaciones y en el
comportamiento de los monopolios, y otros muchos temas.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones también garantiza la
seguridad jurídica y protege a los inversores y sus inversiones
mediante disposiciones inspiradas en los acuerdos bilaterales de
protección y promoción de las inversiones, los denominados Apris,
fundamentalmente en lo que respecta a expropiaciones, disturbios y
guerras, estableciendo las compensaciones. Adicionalmente, se
prohíbe que las partes contratantes restrinjan la libertad de
transferencia de los pagos relacionados con la inversión. La
inversión relacionada con los servicios financieros queda totalmente
amparada por el acuerdo, y se ha redactado una cláusula de
salvaguardia en caso de desequilibrios graves de balanzas de pagos o
dificultades financieras exteriores o cuando los movimientos de
capital provoquen dificultades graves en relación con la política
monetaria o cambiaria. Se está también considerando una disposición
que salva- guardaría las transacciones realizadas por un banco
central o autoridad monetaria a la hora de poner en práctica su
política monetaria o de tipo de cambio.
La imposición está excluida con carácter general de este acuerdo, dada
la imposibilidad de dar el mismo tratamiento fiscal a residentes de
los países con distinta presión fiscal, ya que en la mayoría de los
sistemas tributarios se da un tratamiento diferente a los residentes
en paraísos fiscales. No obstante, se está analizando la posibilidad
de incluir una declaración política que reconozca la importancia de
otorgar un tratamiento fiscal no discriminatorio a los inversores
extranjeros y sus inversiones, y adicionalmente se establece la
obligación de que los sistemas fiscales sean transparentes y de que
si se utilizan los tributos con fines expropiatorios, se compense al
inversor perjudicado.
Las normas laborales, las de protección y conservación del medio
ambiente y los compromisos de defender un desarrollo sostenible se
están abordando de diversas maneras, estudiando la inclusión de
referencias aprobadas en el texto.
Esto en cuanto a lo que contiene en este momento o a lo que pretende
el Acuerdo Multilateral de Inversiones. Me referiré ahora a cómo se
plantea en este momento en el acuerdo el proceso importante de
resolución de conflictos.
El Acuerdo Multilateral de Inversiones contará con un mecanismo eficaz
de resolución de conflictos, concebido para cubrir todas las
obligaciones previstas en el acuerdo, dirigido en primer lugar a la
prevención de los conflictos y a su resolución a través de
procedimientos informales, incluyendo consultas bilaterales y
multilaterales. En el caso de conflictos, se prevé un recurso al
procedimiento de arbitraje vinculante. En el caso de la resolución
de disputas entre Estados, cualquier país firmante puede llevar ante
un tribunal de arbitraje internacional a la otra parte, es decir, al
otro país.
El tema probablemente más importante, que es el arbitraje entre el
inversor y un determinado Estado, tiene una
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característica clave en la mayor parte de los tratados bilaterales
de protección de la inversión, supone una clara novedad en relación
con el sistema previsto en otros acuerdos multilaterales. Este nuevo
sistema permitirá a los inversores iniciar los trámites para
resolver sus disputas de forma directa, contribuyendo así a la
despolitización de los conflictos sobre inversiones.
Me gustaría ahora, señor presidente, referirme muy brevemente a
otros aspectos del Acuerdo Multilateral de inversiones, empezando
por el de las excepciones.
Como he dicho antes, el Acuerdo Multilateral de inversiones pretende
ser global, es decir, integral, y sus obligaciones abarcan la
totalidad de los sectores y actividades económicas, pero existen y
están planteadas determinadas excepciones. Por un lado, las partes
contratantes se comprometen a no introducir nuevas excepciones una
vez ratificado el acuerdo, y, en consecuencia, los países no podrán
cerrar su economía a la inversión extranjera una vez que se haya
liberalizado un determinado sector. Por otro lado, al igual que en
otros acuerdos internacionales, el acuerdo admite la introducción de
excepciones generales a sus obligaciones en determinadas áreas,
como la protección de sus intereses básicos de seguridad y el
cumplimiento de sus obligaciones de mantener la paz y la seguridad
internacional.
Pero se está considerando también la inclusión de otras posibles
excepciones de carácter general a los principios básicos del acuerdo.
Entre éstas, destacan la cláusula específica para que las
organizaciones económicas de integración regional, por ejemplo la
Unión Europea no se vean obligadas a extender a terceros países
firmantes de este acuerdo el trato que se otorgan entre sí los países
miembros de la organización, y que es, en general, más favorable que
el que dan a terceros países. Igualmente, se ha propuesto dejar fuera
del acuerdo a las industrias culturales y se está considerando un
trato especial para preservar los derechos y obligaciones asumidos
por las partes en otros acuerdos internacionales.
Además, señor presidente, hay otras disposiciones que me gustaría
mencionar. Es probable que las directrices para las empresas
multinacionales de 1976 formen parte de este Acuerdo Multilateral de
inversiones. Dichas directrices son normas voluntarias de conducta
para las empresas multinacionales y reflejan las expectativas de
los gobiernos respecto a la responsabilidad de los inversores ante
los países en los que operan. En el Acuerdo Multilateral de
inversiones pueden participar países que no sean miembros de la OCDE
y que se comprometen a cumplir las obligaciones que se establecen en
el mismo. Actualmente participan plenamente en las negociaciones
del acuerdo los observadores de Argentina, Brasil, Chile, República
Eslovaca, Hong Kong, Estonia, Letonia y Lituania, con el objetivo de
su incorporación como miembros fundadores de este acuerdo.
Señor presidente, después de informar a la Comisión del contenido de
los objetivos, de los sistemas de control, de resolución de
conflictos y de las excepciones, quisiera hacer una breve referencia
acerca de la posición española respecto a esta cuestión.
España ha reiterado su voluntad política de alcanzar un acuerdo
siempre que éste sea consecuente con los compromisos asumidos en
otros acuerdos internacionales y con el
derecho internacional, respete la potestad reguladora de los
gobiernos, preserve el proceso de integración comunitaria y asegure
un equilibrio de derechos y obligaciones por parte de todos los países
y niveles de gobierno. Sin embargo, es un hecho que el Acuerdo
Multilateral de Inversiones no constituye una de las prioridades de
nuestro Gobierno. Conviene tener presente que la mayor parte de
nuestras inversiones tienen como destino la Unión Europea o los países
iberoamericanos, donde, por una parte, ya existe un amplio marco de
liberalización para los movimientos de capital y, por otra, en el caso
de los países latinoamericanos, a excepción de México, se trata de
países que no forman parte de la OCDE, pero con los que ya existen
trata- dos bilaterales de promoción y protección recíproca de
inversiones. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que el
Acuerdo Multilateral de Inversiones salga adelante, y si cumple las
condiciones que después mencionaré estaremos plenamente dispuestos a
respaldarlo; pero es obvio que no es una necesidad inmediata desde el
punto de vista de la promoción de las partes más importantes de
nuestro comercio internacional.
Es cierto que el Acuerdo Multilateral de Inversiones supone también
un apoyo a la atracción de inversiones extranjeras y España pertenece
al conjunto de países que reconocen aplicar reglas no
discriminatorias y de protección a las inversiones internacionales.
En este contexto, España ha indicado insistentemente que sólo
estaremos dispuestos a firmar el acuerdo si se cumplen una serie de
requisitos que paso a enumerar.
En primer lugar, se exige la inclusión de una excepción general para
las organizaciones de integración regional con el objetivo de
preservar el proceso de integración europeo. Esta reivindicación se
realiza en conjunto con la Unión Europea -no creo que SS. SS. se
sorprendan por ello- como un elemento importante para cerrar el
acuerdo. En segundo lugar, la opinión española cree que es preciso
encontrar una solución en el acuerdo para las medidas con efectos
extraterritoriales y, en particular, a las leyes Helms-Burton y
D'Amato-Kennedy, al amparo del entendimiento alcanzado entre la Unión
Europea y los Estados Unidos en la cumbre de Londres del pasado 18 de
mayo sobre disciplinas para reforzar la protección de inversiones;
se presentará una propuesta relativa a estas medidas en el Acuerdo
Multilateral de Inversiones. En tercer lugar, en lo que respecta a
las excepciones, España sólo firmará el Acuerdo Multilateral de
Inversiones si existe un equilibrio en las obligaciones asumidas y
si, por tanto, el acuerdo resulta beneficioso para las empresas y
ciudadanos españoles. En cuarto lugar, es imprescindible la
modificación o supresión de la cláusula de aplicación geográfica.
Esta cláusula, señor presidente, señorías, estipula que cualquier
Estado puede en cualquier momento modificar unilateralmente el ámbito
territorial del acuerdo. España considera que este artículo puede ser
perjudicial para nuestros intereses en el caso del Reino Unido
respecto a Gibraltar y, por ello, exigimos la modificación de dicha
cláusula. En quinto lugar, y en materia de protección del medio
ambiente y de las normas laborales, España defiende la inclusión de
referencias claras a los compromisos asumidos en la Declaración de
Río, en la Agencia XXI y en la Declaración de Copenhague. Asimismo,
considera esencial la inclusión de una cláusula que
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impida que los países reduzcan sus estándares laborales y sociales con
el objetivo de atraer una inversión concreta y apoya la asociación de
las directrices sobre empresas multinacionales. Y en sexto y último
lugar, España, apoyada por México y por los países no OCDE,
observadores como Argentina, Brasil y Chile, defiende la existencia
de una versión auténtica del texto del Acuerdo Multilateral de
Inversiones en español con el fin de incentivar la entrada de los
países latinoamericanos que no son miembros de la OCDE.
A continuación, señor presidente, paso al tercer punto del orden del
día, que se refiere a la situación económica. Como saben SS. SS., la
economía española alcanzó un ritmo de crecimiento del 3,6 por ciento
en el último trimestre de 1997, con un 3,1 de media para todo el
año, además, con dos rasgos destacables. El primero es que, a
diferencia de lo que había ocurrido en otras fases similares del
ciclo en períodos anteriores, la aceleración del crecimiento está
siendo compatible con la estabilidad de precios y con un fuerte
crecimiento de las exportaciones. Y el segundo es que todos los
indicadores, tanto el paro registrado como la encuesta de población
activa como la contabilidad nacional o las afiliaciones a la
Seguridad Social ponen de manifiesto un intenso ritmo de creación de
empleo. Por lo tanto, podríamos resumir estos datos diciendo que el
crecimiento de la economía española en 1997 se produce sin
desequilibrios y con una intensa creación de empleo. Todo indica que
durante los dos primeros trimestres del año 1998 la economía española
ha continuado acelerándose y el crecimiento apoyándose
fundamentalmente en la recuperación de la demanda interna, cuyo
componente más dinámico sigue siendo la inversión, tanto en bienes de
equipo como en construcción. El Instituto Nacional de Estadística va
a hacer públicos hoy los datos de contabilidad nacional
correspondientes al primer trimestre; creo que ya son públicos a
estas horas de las mañana.
Por lo que se refiere al consumo privado, este primer trimestre
mantiene la trayectoria ascendente iniciada a comienzos de 1997,
ejercicio en el que se registró un crecimiento medio en términos
reales del 3,1 por ciento y del 3,3 en los dos últimos trimestres,
que se verá reforzada por el fuerte clima de confianza que existe
entre los consumidores. Los indicadores de confianza, señor
presidente, apuntan a unos niveles de optimismo desde el punto de
vista de los consumidores que no se disfrutaban desde finales de
los años ochenta.
Por su parte, la disminución del déficit comercial, unido al aumento
del superávit del turismo y la favorable evolución del resto de las
operaciones corrientes y de capital con el exterior, ha permitido a la
economía española incrementar en 1996 y 1997 su capacidad de
financiación frente al resto del mundo, situándose ésta,
aproximadamente, en un 1,5 por ciento del PIB en 1997. Y la tasa de
cobertura de las exportaciones de bienes sobre importaciones fue en
1997 del 85 por ciento, cifra máxima alcanzada en la economía
española.
En 1998, como consecuencia de la mencionada aceleración de la
demanda interna, la aportación del sector exterior al crecimiento
económico se estima que será ligeramente negativa, aproximadamente
en un menos 0,5 por ciento. Y el conjunto de la balanza por cuenta
corriente y capital de la balanza de pagos mantendrán un signo
positivo;
asimismo, la capacidad de financiación de nuestra economía
frente al resto del mundo también será positiva, como en el año 1997,
en 1998 en torno a un 1,3 por ciento del PIB.
La tendencia creciente de internacionalización de la economía española
a través de los flujos de inversión directa ha continuado en el
primer trimestre de 1998, tanto respecto de las inversiones del
exterior hacia España como de las de España hacia el exterior. En
esta última rúbrica me gustaría mencionar que se ha alcanzado la
cifra de inversiones españolas en el exterior de 478.000 millones
de pesetas durante el primer trimestre de 1998, más del doble que en
el mismo período del año anterior, lo cual indica claramente un
intenso proceso de internacionalización de nuestras empresas.
Dentro de este panorama, lo más importante en opinión del Gobierno es
el comportamiento del empleo. Los últimos datos de la encuesta de
población activa correspondientes a marzo alcanzan un máximo
histórico de 13.053.000 ocupados, con un crecimiento en el último año
de 420.000 personas, es decir, un crecimiento del 3,3 por ciento. En
la misma línea, el número de afiliados a la Seguridad Social
ascendió en abril pasado a 13.420.000 personas, con un incremento
cercano al millón de cotizantes desde 1996. De esta forma, el
desempleo se redujo en el primer trimestre de 1998 en 315.000
personas, con lo que la tasa de paro, según la EPA se sitúa en el 19,3
por ciento y la tasa de contratación indefinida ha pasado del 4,1 por
ciento de los nuevos contratos en 1996 al 9,3 en el primer trimestre
de 1998. Este cambio demuestra que el empleo poco a poco se está
haciendo más estable en nuestro país. La tasa de empleados con
contrato indefinido respecto al total de asalariados ha pasado del 67
por ciento al 69 por ciento en los últimos dos años, según los datos
de la encuesta de población activa.
La corrección del déficit y de la inflación también han continuado
durante los primeros meses de 1998. Como informó en la Comisión de
Presupuestos el Secretario de Estado de Presupuestos hace muy pocos
días, hasta mayo el déficit se ha reducido en un 29,6 por ciento en
términos de caja y en un 31,8 por ciento en términos de contabilidad
nacional. Y el déficit se sitúa en los cinco primeros meses del año
en un equivalente al 0,8 por ciento del PIB, plenamente compatible,
por tanto, con el objetivo ya revisado a la baja del 2,2 por ciento
para el conjunto del año. Por su parte, con el dato correspondiente a
mayo respecto a los precios, se ha mantenido nuestra inflación en
torno al 2 por ciento durante los últimos 14 meses, y los factores
condicionantes de la inflación presentan una perspectiva global-
mente positiva para los próximos meses, lo que en opinión del
Gobierno permite contemplar con una cierta seguridad el cumplimiento
de las previsiones de precios para 1998, que, como la Comisión
recuerda, eran del 2,1 por ciento.
De estos factores que alientan nuestra visión del conjunto del año,
me gustaría mencionar algunos. Por un lado, el índice de precios
industriales ha continuado su tendencia descendente hasta alcanzar una
tasa interanual del 0,1 por ciento en abril. Los convenios colectivos
registrados hasta el 30 de abril presentan un incremento salarial
medio del 2,46, lo que demuestra la progresiva acomodación salarial
a las favorables expectativas sobre inflación. Respecto a
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los productos alimenticios, su evolución durante el pasado mes de
mayo es similar a la registrada en el mismo período del año 1997; si
bien las tasas interanuales son algo superiores, los precios
percibidos por los agricultores han presentado ligeros descensos en
todo el primer trimestre del año, lo que permite un razonable
optimismo respecto a la futura evolución de los productos
alimenticios. Por su parte, los precios de algunos servicios muestran
un ligero deterioro respecto al año anterior, como consecuencia clara
de la expansión económica. No obstante, el Gobierno entiende que pese
a esta evolución, con un ligero aumento del precio de algunos
servicios, la incidencia favorable de las cotizaciones
internacionales de las materias primas contrarresta y va a
contrarrestar esta tendencia en el conjunto del IPC. De hecho, los
productos energéticos muestran un descenso de más de tres puntos y
medio respecto a 1997, con una rebaja de la tasa interanual del 2,5
por ciento en mayo pasado. Estos serían, señor presidente, los datos
sobre la evolución de la coyuntura en el primer trimestre de 1998.
Para terminar, quisiera hacer una pequeña referencia, señor
presidente, a la situación asiática, tal y como se contempla en
este momento desde el Gobierno y también desde el conjunto de los
gobiernos de la Unión Europea. Es indudable que la crisis asiática,
que comienza, como SS. SS. conocen, en el verano de 1997 (por tanto
estamos, prácticamente, en su primer año y creo que ha tenido una
intensidad muy importante, quizá mayor de la que en un primer momento
se había apreciado por algunas instituciones internacionales), ha
producido tensiones extraordinariamente importantes, no sólo desde
el punto de vista de los mercados de capitales sino tensiones en
algunos países con características sociales y económicas muy
profundas y representa en este momento probablemente uno de los temas
de mayor interés y mayor atención por parte del conjunto de los
gobiernos y desde luego de los gobiernos europeos. Las tensiones en
la zona se han recrudecido las últimas semanas y persiste
claramente una muy débil situación de la economía japonesa. La
cotización del yen ha acelerado su caída en las últimas semanas,
algo que los mercados interpretaron como un rebrote muy grave de la
ya larga crisis asiática y el temor a que la situación se hiciera
incontrolable. El pasado miércoles, es decir, hace escasamente una
semana, la reserva federal llevó a cabo una intervención en apoyo del
yen y en conjunción con el banco central japonés que ha modificado en
cierta medida las perspectivas de la crisis, aunque como la Comisión
conoce la evolución del yen ha vuelto a depreciarse otra vez a lo
largo de los últimos días. Esta intervención se produce de forma
paralela a un compromiso político de las autoridades japonesas de
garantizar la adopción de medidas de reactivación económica, de
apoyo al sistema bancario y también a su reforma y transparencia y de
reformas importantes en el sistema fiscal que, sin embargo, no se
darán a conocer hasta después de las elecciones japonesas, que se
celebran el 12 de julio. Por tanto, estamos ante una situación cuya
evolución se plantea con un importante compromiso por parte de las
autoridades japonesas de abordar reformas que le han sido demandadas
ya desde hace mucho tiempo por los organismos internacionales y,
desde luego, por la Unión Europea, pero en mitad de un proceso
electoral que finalizará aproximadamente
dentro de dos semanas estamos en un compás de espera
respecto a cuáles vayan a ser estas medidas y su intensidad, aunque
hay un consenso generalizado de que indudablemente tienen que abordar
temas como el sistema financiero, la política fiscal y la política
tributaria, al mismo tiempo que la desregulación de los sectores.
También se plantea como una cuestión esencial, y hasta ahora con
características optimistas, el compromiso reiterado por las
autoridades chinas de no llevar a cabo ninguna política de
depreciación o devaluación de su moneda, compromiso que se ha hecho
en muchos lugares, entre ellos en Madrid en febrero pasado por el
vicepresidente chino, y que ha sido reiterado recientemente por las
autoridades chinas, y que es un elemento esencial de la estabilidad
de esos mercados.
Cuáles son las perspectivas o la influencia de la crisis asiática
para los países occidentales. Las últimas previsiones realizadas
por los países de la Unión Europea y por la Comisión indican que
puede tener incidencia en una disminución de la tasa de crecimiento
para el conjunto de la Unión Europea del 0,25 por ciento del producto
interior bruto europeo. Estas previsiones se basan en los flujos
comerciales y en la incidencia de los mismos.
Por lo que respecta a la economía española, la incidencia de esta
crisis tendría todavía menor magnitud que para el conjunto de la
economía europea, dado el reducido peso relativo de nuestros
intercambios con esa zona. Además, en el caso de España y en el caso
de la Unión Europea los efectos también se están compensando con una
intensificación de las exportaciones de los países comunitarios
cuyas economías reflejan actualmente un crecimiento más vigoroso
del inicialmente previsto.
Sin embargo, es indudable que las consecuencias de la crisis asiática
no tienen por qué tener sólo una manifestación comercial sino
también financiera y en ese sentido creo que todos los gobiernos de la
Unión Europea contemplan con mucha atención las decisiones que tome
el Gobierno japonés en las próximas semanas.
Señor presidente, con esto creo que doy respuesta al orden del día
que se me había planteado, dejando para una segunda intervención, si
hubiera tiempo, el tema de las convalidaciones.
Agradezco a la Comisión su atención y su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Pérez Segura.
El señor PÉREZ SEGURA: Señor Vicepresidente del Gobierno,
comprendemos ahora el porqué de la fijación de la comparecencia para
este día tan señalado, día 24 de junio. La premura de tiempo con que
tendremos que abordar los amplios temas que nos ha expuesto el
vicepresidente no nos permitirán abundar suficientemente en ello,
además con el añadido de que muchos de nosotros incluso tenemos la
cabeza en nuestros lugares de origen, porque hoy, afortunadamente, es
allí un día de fiesta; por tanto, esto nos produce una especie de
choque emocional que ustedes pueden perfectamente comprender.
Para seguir un poco el hilo de la exposición del señor
Vicepresidente, entraré directamente en el tema de la comparecencia
pedida por el Grupo Parlamentario Popular, que
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se refiere a las reformas recientemente adoptadas del sector
financiero en desarrollo del plan de liberalización e impulso de la
actividad económica. Ahora bien, en principio, es necesario
referirnos a la globalidad de este segundo plan de liberalización
económica, porque este segundo plan que nosotros ya anunciábamos como
un catálogo de medidas con una puesta en escena rodeada de gran
propaganda y que contenía muchos rótulos y epígrafes y pocos
compromisos concretos, se viene demostrando como un rotundo fracaso
por parte del Gobierno.
Aquí se nos han hecho una serie de comentarios en relación a algunos
aspectos financieros, pero incluso en el plan -por la documentación
que ha llegado al Congreso- desde este punto de vista financiero hay
muchos más aspectos a considerar de los que ha citado esta mañana el
vicepresidente del Gobierno. Por ejemplo, un ámbito que incide también
en el sector financiero es el de competencia y nada se nos ha dicho
de la reforma de la Ley de defensa de la competencia. Tampoco se nos
ha dicho nada de la nueva ley concursal, digamos nueva porque aún no
la ha visto nadie. Se nos ha comentado algo sobre leasing, pero no hay
desarrollo de esta figura; he consultado incluso a la Comisión de
Justicia, que es a la que compete regular esto y no ha entrado nada.
Se ha hablado de incrementar la seguridad jurídica en las empresas de
factoring pero sólo se ha tratado en un brevísimo artículo en la ley
de capital- riesgo; incluso nosotros ya acusamos de que no era manera
de tratar este tema en profundidad y no hablemos ya de la
modificación del régimen jurídico de las sociedades de garantía
recíproca y otros aspectos que ha enunciado el Vicepresidente del
Gobierno.
Nuestra consideración en relación a lo que nos ha dicho nos lleva a
pensar que todo este cúmulo de reformas parecen estar dirigidas más
a favorecer directamente a los sectores bancarios y no al ahorrador
español, ya que es una evidencia que la caída de los márgenes de
intermediación se quiere compensar con la entrada en otros nuevos
negocios, en otras nuevas figuras, por ejemplo el capital riesgo a
través de las sociedades de cartera o de gestión.
La evolución de determinados cambios en el ahorro tiene que ver
básicamente no con un tema de impulso de la actividad económica, sino
con los cambios fiscales, no tiene nada que ver con la rebaja de los
tipos de interés de las figuras tradicionales; por tanto, en este
sentido no son reformas neutrales.
El mercado de valores español sigue siendo estrecho para el ahorro,
es mucho más especulativo que financiador de las empresas. Quitando
las privatizaciones pocas salidas a bolsa de empresas hay hoy día, y
mañana, cuando se termine el proceso privatizador, veremos cuántas
va a haber.
Se sigue legislando sobre fondos, sobre titulización de activos
hipotecarios de forma dispersa aprovechando otras leyes, como ya he
dicho anteriormente, sin abordar de lleno estos aspectos, sino
metiéndolos en cuña en otras leyes como pueden ser la de capital
riesgo que antes he mencionado o en relación a la titulización
hipotecaria en la Ley del mercado de valores. Ésta es la primera
consideración que tenemos que hacer en relación al primer apartado
con que el señor vicepresidente del Gobierno nos ha obsequiado y
tenemos que fijar cuál es la propuesta del Grupo Socialista en
relación a la
liberalización de la actividad económica de nuestro país. Los
principios inspiradores son eliminar las trabas que dificultan el
funcionamiento competitivo del sector servicios y la supresión de
privilegios corporativos; compatibilizar la introducción de
competencia, mayor eficiencia, con la preservación de los
principios de universalidad e igualdad de acceso a los servicios con
estructuras de red, telecomunicaciones, etcétera; evitar la
formación de monopolios privados en el proceso de privatización de
las empresas públicas y no rehuir el debate sobre formas más
eficientes de asegurar la provisión de los servicios públicos. He
dejado también de citar otro aspecto relacionado con la
modificación del panorama financiero que hoy día está en los medios
de comunicación, y es la reforma de los consejos de administración,
un tratamiento más adecuado de estos organismos y nos encontramos con
la sorpresa de que la empresa señera, la empresa estrella de este
país, que es Telefónica, traba la posibilidad de acceso, la
permeabilidad de acceso a los consejos de administración con unos
bloqueos, unos blindajes por los que se requieren como mínimo tres
años y un paquete sencillo de acciones para poder acceder a este
consejo de administración. ¡Mal camino para la liberalización y mal
camino para la flexibilización!
Estos son los comentarios que con la brevedad que ya nos ha requerido
el presidente dedicaríamos al tema de la liberalización de la economía
y entraríamos ya de lleno en el tema del AMI. Señor Vicepresidente,
con todos los res- petos, nuestro grupo tiene que decir que allá a
finales del mes de abril la negociación del AMI se produjo, se
suspendió y hasta la fecha de hoy, dos meses más tarde, nadie sabe
como ha sido esta suspensión. Nos hemos enterado por unos muy breves
reflejos en la prensa, pero realmente no hemos tenido información
puntual de cuál es la posición española y por qué se produjo. Intuimos
que esta suspensión es debida, digamos, a no poder dar una
respuesta suficiente a los intereses de todas y cada una de las
partes que podían suscribir este acuerdo y que esto se lleva a final
de año para que acabe la discusión donde tiene que acabar, en la
Organización Mundial del Comercio y no en esta reserva de actuación
que se ha atribuido la OCDE.
Decimos que se ha suspendido y nadie sabe cómo ha sido porque así
podía resumirse el resultado de la cumbre de la OCDE que se produjo
en abril y en París. Se suspendió debido a las graves discrepancias
existentes en el seno de dicha organización y muy especialmente por
los reparos de nuestro país vecino, Francia. Aquí en España nadie
sabe hasta hoy cómo ha sido puesto que en nuestro país se ha cumplido
con ambición uno de los déficit denunciados en el debate europeo
alrededor del AMI, del que hemos estado casi ausentes a nivel de
sociedad: a saber el déficit de transparencia en cuanto al
conocimiento y análisis de sus contenidos, de una enorme
trascendencia en una economía tan abierta como la nuestra y en un
escenario tan mundializado.
Cabe preguntarse entonces, ¿es suficientemente conocida hasta hoy
la postura de la Administración comercial española al respecto? ¿Han
conocido los ciudadanos y las empresas españolas las enormes
repercusiones que pueden representar sus contenidos para nuestro país
tradicionalmente deseoso de inversiones extranjeras directas?
Nuestro grupo hasta la fecha de hoy, y han pasado ya dos meses,
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tiene que dar una respuesta clara: no hemos tenido suficiente
información.
Pero nuestro grupo también ha hecho un análisis de cuáles son las
novedades en el panorama de las inversiones internacionales que
comporta el Acuerdo Multilateral en cuanto a inversiones. En primer
lugar se da una definición más amplia del concepto de inversión
directa en el exterior para abarcar todo tipo de activo poseído y
controlado por un determinado inversor, lo que comportará un
tratamiento igualitario y no discriminatorio de las inversiones
extranjeras respecto a las nacionales. Por otra parte, estas
inversiones quedarán exentas de los requisitos de exportación y de
contratación de mano de obra local, comportará también una justa
valoración de los bienes expropiados y el establecimiento de
compensaciones a los daños y perjuicios ocasionados por causas
bélicas. Suplementariamente aparece en el acuerdo la posibilidad de
que existan una serie de excepciones generales relativas a la
seguridad tanto nacional como internacional y al orden público, así
como cláusulas de salvaguarda relativas a situaciones de crisis de
balanza de pagos. Esta es una narración que ya ha hecho S. S. y, por
tanto, no voy a abundar más en ello.
Creemos que es importante aprovechar la coyuntura suspensiva que se
nos presenta para recuperar el tiempo perdido e intentar analizar los
problemas que pueden presentársenos en el seno de la sociedad
española y muy en concreto en las empresas españolas que pueden verse
afectadas. Esta situación suspensiva arranca evidentemente del
inicio y el porqué de que se discuta este acuerdo en el seno de la
OCDE, y por ello hemos de hacer aunque sea un leve comentario a
algunos de los aspectos que sería necesario intentar modificar.
En España ustedes, los actuales gobernantes, han hecho hincapié
solamente y por lo que sabemos, en lo siguiente: la modificación de
las cláusulas de aplicación geográfica y de no aplicabilidad,
temerosos de que cualquier Estado pueda modificar el ámbito
territorial en el futuro y en concreto el Reino Unido con
Gibraltar. Supresión en mérito del acuerdo de las medidas con efectos
extraterritoriales, leyes Helms-Burton y D'Amato, exigencia de
inclusión de una excepción general para organizaciones de integración
regional con el objetivo de preservar el proceso de integración
comunitaria y en el principio stand still que recoge la obligación de
que los países no introduzcan excepciones nuevas una vez ratificado
el acuerdo.
Aquí sin duda tenemos que hacer una breve mención a todo lo que ha
significado el debate de la Ley Helms-Bur-ton, y también la Ley
D'Amato-Kennedy, pero muy concretamente la ley Helms-Burton y el
espectáculo que este parlamento tuvo en su sesión plenaria de hace
unas semanas en relación al cambio de posición del Gobierno y de
otros grupos en relación a este tema.
Nuestra posición también es conocida e incluso ha comportado que en
algunas de las iniciativas legislativas que el Gobierno ha traído a
esta Cámara en desarrollo de reglamentos comunitarios, en concreto la
Ley llamada de sanciones, fue el único grupo que tomó posición en
relación a una cobertura efectiva de los intereses de los empresarios
inversores españoles en los países objetivo de estas leyes
represoras de la inversión, en concreto en Cuba pero también en Libia
e Irán.
Nuestro grupo, frente a las sanciones necesarias para no obviar las
preceptivas denuncias a efectos de poder concurrir a los tribunales
internacionales en defensa de las inversiones españolas, ofreció
enmiendas para poder dar cumplida cobertura, cumplida seguridad a
estos empresarios españoles, y complementaba las sanciones necesarias
con las oportunas indenmizaciones que incluso formulaba a través de
la cobertura de los riesgos políticos inherentes a esta actividad
inversora.
El compromiso en este Congreso fue aceptar estas enmiendas en el
Senado, pero en el Senado se han producido la discusión y el debate
en Comisión y la verdad es que se han olvidado ustedes radicalmente
de ello. Por tanto, tenemos sanciones contra nuestros empresarios, que
invierten en estos países, y no tenemos ningún tipo de cobertura de
los daños y perjuicios que estas sanciones van a producir.
Cerrado este paréntesis, que creo es muy oportuno en este contexto de
regulación de las inversiones internacionales, tenemos que decir
también que nuestro grupo está plenamente de acuerdo con la posición
del Parlamento Europeo, a través del conocido e interesante informe
Kreissl-Dörfler y de la resolución contenida en 37 recomendaciones,
aprobada por práctica unanimidad. Creemos que éste es un elemento muy
a tener en cuenta para la fijación en otoño, de la posición
española. Ya que tenemos, por una parte, este déficit de debate, esta
necesaria discusión de todo lo que representa para nuestro país el
Acuerdo Multilateral de inversiones, y sólo hay que poner como
ejemplo el amplio debate que en prensa se ha producido en Francia a
través del diario Le Monde, que al menos tengamos en cuenta estas
recomendaciones del Parlamento Europeo.
Nuestro país necesita este debate; es necesario tratar del déficit
democrático existente en la toma de decisiones de estos organismos
internacionales, que, si no se resuelve, comportará que acuerdos
tomados por los 29 países más poderosos del planeta, afectarán por la
vía del tratamiento de nación más favorecida, a la totalidad de los
130 países pertenecientes a la OMC. Sin calibrar las consecuencias
que la globalización puede repercutir, hemos de debatir cómo superar
la falta de transparencia en las negociaciones, la falta de
información y el secretismo. Es necesario desenredar la madeja -si me
permite esta expresión- de normas e instituciones que pretenden
regular, cada una por su lado, las inversiones internacionales.
Hemos de impedir en suma que las grandes multinacionales impongan
sus condiciones a los Estados, a la voluntad popular en definitiva,
y también hemos de esclarecer aquí, en este mundo globalizado, quién
realmente emite normas y quién realmente llega a acuerdos en relación
a las inversiones, la OCDE, con su ámbito cerrado, la OMC o incluso
las influencias que en este sentido puede implementar el Fondo
Monetario Internacional. Realmente hay una madeja de decisiones que
se tiene que desenredar y nuestra recomendación como grupo
parlamentario es que la negociación del AMI, iniciada en la OCDE, se
eleve a su lugar natural en el futuro, que es la OMC, en su cumbre de
1999.
Para seguir con la lógica del debate que ha planteado el señor
Vicepresidente este portavoz tiene que revisar sus
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
notas para poder entrar en el otro aspecto que ha tratado en último
lugar, que es la situación económica y, muy en particular, los
datos relativos a la situación en el exterior. En este sentido le
quiero recriminar muy claramente -permítamelo, señor
Vicepresidente- un aspecto. El señor Fernández Norniella, al cual
este grupo, a posteriori de su dimisión, remite nuestros saludos y
nuestra ansia por su recuperación, nos traía aquí un informe
cuatrimestral (que entendemos que usted en su referencia a este
aspecto ha contemplado, si no no entenderíamos que usted se hubiese
extendido tanto) con una amplia documentación en relación a la
evolución de los números y las cifras del sector exterior, así como
la encuesta de coyuntura del ámbito exportador. Esto no lo tenemos y
la verdad que es decepcionante entrar en un debate sobre la
situación económica muy centrado, tal como dice la comparecencia, en
el ámbito exterior sin datos frescos; datos frescos que, por otra
parte, y ha sido denunciado incluso por medios de comunicación,
nunca son ya tan frescos como lo eran antes. Son datos -yo no sé
respecto a las estadísticas en este aspecto si la Dirección General
de Aduanas está callada o qué pasa- que incluso en los medios
informáticos, en Internet, aparecen muy atrasados, y ésta es una
queja formal de nuestro grupo.
Ahora bien, en relación a este tema, ante la situación económica en
general y en particular la del comercio exterior, hemos de comentar
que hay dos aspectos que nos preocupan gravemente. Por una parte la
evolución positiva que en años anteriores había presentado el sector
exterior y que realmente fue el impulsor de la bonanza económica que
todo el mundo reconoce que estamos hoy día disfrutando, yo diría
que más por factores externos que por sus habilidades, está
desacelerándose y, por tanto, es un elemento que hemos de tener en
cuenta. Si a este elemento le unimos sus propias declaraciones,
recogidas en medios de comunicación, de que el consumo privado va
tirando pero que hemos de plantearnos ya un escenario a medio plazo
de que este aumento de consumo se vaya ralentizando y que la
tendencia sea hacia la reducción, contemplamos evidentemente dos
alarmas que pueden anunciar -yo no soy econometrista y por tanto no
puedo hacer predicciones con fundamento de causa- que esa bonanza del
ciclo que ahora estamos disfrutando puede tener algunos elementos en
ámbar, si no de peligro al menos de alarma.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Segura, le ruego vaya concluyendo.
El señor PÉREZ SEGURA: Voy a ser muy breve, si me lo permite, señor
presidente.
En relación al déficit comercial nosotros ya habíamos anunciado hace
más de un mes que evolucionaba negativamente por la presión de las
importaciones y no por la deflactación de lo que podían ser las
exportaciones, pero al final se nos da una resultante que creemos es
digna de consideración en este ámbito que hasta ahora había
galopado adecuadamente.
También nos preocupa, por la incidencia que tiene en este sector, como
ha quedado la Ley de Cooperación. Usted sabe perfectamente, señor
Vicepresidente, que en sectores empresariales hay un grave
descontento, un descontento
importante, en relación a cómo ha quedado el reparto de competencias
en este aspecto. Se nos ha dicho, incluso ha aparecido en algunos
medios de comunicación, que los fondos FAD van a ser sustituidos
progresivamente por los fondos de inversión que ustedes introdujeron
-y que nosotros aplaudimos-; en el proyecto presupuestario para este
año, repito, esos fondos van a ser progresivamente sustituidos por
éstos. La verdad es que no tiene nada que ver, no podemos juntar
peras con manzanas; unos fondos son de inversión y afianzamiento de
inversiones y los otros son de apoyo directo a exportaciones de
bienes, de tecnología y de proyectos.
En este sentido, nuestro grupo está muy preocupado por cómo ha quedado
la situación en este aspecto. Creemos que se tiene que impulsar una
nueva regulación, no ya del FAD en concreto sino de nuevos mecanismos
destinados a países susceptibles de apoyo a nuestras exportaciones,
en los términos del consenso de la OCDE. Es precisa la formulación
de una nueva figura de apoyo a la actividad exterior de la empresa
española, porque las figuras que hoy tenemos se nos caen de las manos
y son susceptibles de crítica generalizada por parte de amplios
sectores sociales.
Iba a hacer una leve referencia a la situación económica
internacional, en concreto a la situación del sureste asiático, en
China, y la verdad es que aunque las comunicaciones del Gobierno nos
han ido diciendo que no tendría repercusiones ni sintonía de lo que
realmente se estaba analizando en foros europeos, desde nuestro
punto de vista -la verdad no la tiene nadie-, va a originar una caída
de nuestra tasa de cobertura en la balanza comercial del orden de
500.000 millones de pesetas, lo que comportará la reducción del PIB
en orden a 0,2 o 0,3 puntos, calculada sobre una caída del 30 por
ciento de nuestras exportaciones a la zona, incrementada por una
evidente facilidad de importación de productos en esta región y un
efecto rebote inducido en América latina.
Podríamos entrar en análisis más pormenorizados de las repercusiones
a través de la vía china, tenemos que estar muy atentos en relación
con la crisis del sureste asiático, pero en este primer turno no
puedo referirme a ello.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias por su comparecencia en esta
Comisión, señor Rato. De todas formas, nosotros creemos que es una
comparecencia ciertamente devaluada, teniendo en cuenta no sólo el
tiempo del que vamos a disponer, sino los temas que hay que tratar,
que de manera tan insistente como inútilmente hemos intentado que se
traten en el Pleno del Congreso, con la comparecencia en primer
lugar, del señor Aznar, y en segundo lugar de usted. Ha sido
absolutamente imposible obtener esta comparecencia en Pleno, cuando
el resto de los parlamentos no sólo europeos, sino del mundo, se
están electrizando en torno al debate del Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones, que usted ha tratado aquí de manera absolutamente
superficial a lo largo de quince escasos minutos.
Tengo algunas respuestas de ustedes tan insuficientes como el
tratamiento que en este momento ha dado usted en
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
el seno de la Comisión de Economía. Ha dicho más; ha dicho que el
Acuerdo Multilateral de Inversiones no es un acuerdo prioritario para
el Gobierno, le ha quitado importancia, le ha quitado peso, incluso
la nota de prensa que su Ministerio acaba de dar tiene menos de cien
palabras dedicadas al Acuerdo Multilateral de Inversiones. Lo que
usted ha dicho aquí nos ha sorprendido vivamente, porque nosotros,
como una gran parte de la izquierda mundial, estamos escandalizados,
pero no sólo de la izquierda, sino del centro y de la derecha
nacional mundial, nacional en el sentido de la necesidad de preservar,
hasta cierto punto, ciertas legalidades nacionales en este proceso.
Usted lo ha intentado situar como una especie de acuerdo que no
tiene mucho sentido, que no tiene mucha intensidad, que no va a tener
mucho poder respecto a singularidades nacionales, económicas y
laborales a partir de ahora. Sin embargo, Renato Ruggiero, el
director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), nos
dice -y lo dice por escrito-, creemos que describiendo con toda
justeza los contenidos que conocemos de este acuerdo: Nosotros
escribimos la constitución de una economía mundial unificada. Por
tanto no entendemos que ustedes le quiten esa importancia y que
cuando responden a preguntas que hemos formulado distintos grupos
-Izquierda Unida ha hecho cinco preguntas-, respondan de manera
absolutamente insuficiente y quitándole peso a este acuerdo.
Hace poco, en diciembre de 1997, Jack Lang, presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, decía:
Ignoramos quién negocia, qué y en nombre de quién. No se conocía el
texto, no estaba publicado en ningún sitio; incluso los oficiales del
Gobierno de los Estados Unidos lo negaron. Solamente la insistencia y
La investigación de un grupo de consumidores y de movimientos
ciudadanos logró conseguir un texto del acuerdo, tal como estaba en
ese momento, y se publicó en Internet. No ha sido la petición de
otros gobiernos, aunque sé que ustedes la han hecho en las últimas
reuniones; fue esta insistencia de un grupo de consumidores la que
logró que el texto saliera a la luz y empezáramos a conocerlo los
demás, porque hay una estilística, que hoy ha asumido usted aquí, de
que no se conozca, de que no se debata, de que se acuerde sin que los
parlamentos nacionales intervengan, observación muy seria que el
Parlamento Europeo ha hecho en este sentido en el acuerdo del 11 de
marzo de 1998 para que se supere esta situación. Efectivamente, los
gobiernos están negociando en secreto sin saber quiénes son los
negociadores -usted no lo ha dicho aquí ni me lo ha dicho en una
respuesta por escrito-, no sabemos quiénes ni a qué nivel están
negociando. Todos nos dicen que no hay que preocuparse, que este
acuerdo no tiene mucho sentido, que no va a tener mucha validez y que
simplemente trata de racionalizar lo que hay, racionalizar un poco
la OMC. Sin embargo, el acuerdo, cuando se conoce, como dice Lori M.
Wallach, director de una publicación muy interesante que se edita en
Wáshington, el acuerdo no puede salir a luz, es una especie de
drácula político que cuando sale a plena luz lía el follón, señor
Rato, como ha pasado en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, como está
pasando en muchos países de Europa y como ha pasado en Canadá. Cuando
se conoce el acuerdo todo el mundo estalla a partir de un escándalo
jurídico, económico y de desregulación
total de las inversiones a favor de las empresas
trasnacionales, a favor de los países más fuertes.
Me voy a blindar respecto a las opiniones que se dan y a la que yo
voy a dar a continuación, para que después no se me tache de radical o
de que estamos fuera de la realidad, ante la posible intervención
del señor Aguirre, que en estas reuniones hace de malo, mientras usted
plantea una dialéctica versallesca, utilizando las opiniones que han
dado otros políticos y otros ilustres tratadistas, no todos ni la
mayoría de izquierda. Digo que me voy a blindar en función de esas
opiniones radicales, para que después no se considere que la mía es
extemporánea o exótica. Por ejemplo, los sindicatos franceses
hablan de que el AMI implica riesgo cierto de vasallaje de unos
países respecto a otros, en función de las legislaciones laborales y
de las legislaciones con relación a inversiones de los países más
débiles fundamentalmente.
Pisani, el Ministro de Agricultura con De Gaulle, dice: El golpe del
AMI es un golpe de Estado; publicado en Le Monde el 19 de enero de
1998. Según la revista Marianne de 22 de febrero de 1998, el AMI es
un tratado secreto que abole las naciones en beneficio de los trust.
Son opiniones que proceden del centro y de la derecha, señor Rato.
Para el realizador Tavernier y el ex Ministro de Cultura de Miterrand,
Jack Lang, cuando por fin conoció el texto emitió opiniones
como las siguientes: Se trata de un proyecto monstruoso. Y nos llega a
decir después que es una maquinaria absolutamente desestructurante
respecto a legislaciones que actualmente están en vigor y que va a
dar mucho más poder a los más fuertes frente a los más débiles si se
mantiene en la situación actual. Para el señor Wilson, en Observateur
de 19 de febrero de 1998, el AMI es el enemigo, es un escándalo.
Esto lo publica también en Le Monde el 10 de febrero de 1998.
Por tanto, aquí hay opiniones que le puedo seguir dando respecto a
tratadistas y gentes procedentes de izquierda, de centro y de
derecha, pero todos absolutamente demócratas y todos absolutamente
escandalizados, señor Rato. Hay una costra de silencio sobre este
tema que nosotros no hemos logrado romper. Este debate tenía que
haberse celebrado en Pleno y las cinco preguntas que yo he hecho
han sido contestadas de manera absolutamente insuficiente.
En la contestación a esas preguntas, se nos dice que se intenta -como
senala la nota de prensa que ha repartido- un debate transparente y
abierto, cosa que contradice absolutamente lo que nosotros estamos
viendo con estos ojos que se ha de comer la tierra. Cuando les
preguntamos quién esta negociando, en nombre de quién y a qué nivel,
se nos dice que el Gobierno ha designado a los funcionarios competentes
en materia de inversiones y punto final. Es lo que sabemos
que el Gobierno ha mandado a la negociación del AMI. Eso sí, a partir
de la resolución del Parlamento Europeo del 11 de marzo de 1998,
ustedes dicen que tomarán nota, puesto que se trata de una resolución
de enorme importancia. Desde el punto de vista democrático, esa
resolución es absolutamente radical en contra del AMI y es normal que
los parlamentos nacionales tomen nota porque, si no, vamos a sufrir
lo que han dicho aquí algunos tratadistas: un auténtico golpe de
Estado a las legislaciones nacionales y al desenvolvimiento actual
de nuestra economía.
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
El Parlamento Europeo, entre los considerandos de esta resolución que
ya he citado, nos dice que está preocupado porque en el proyecto del
Acuerdo Multilateral sobre inversiones existe un desequilibrio entre
los derechos y las obligaciones de los inversores, ya que garantiza
estos derechos y protección totales mientras que impone a los Estados
signatarios graves obligaciones que podrían dejar desprotegidas a
sus respectivas poblaciones. Hasta ahora, como usted ve, yo soy el
más moderado de todos, incluso que el Parlamento Europeo. El
Parlamento Europeo sigue diciendo: Considerando que el AMI no sólo ha
de generar ventajas para las empresas y los países de origen, sino
que también ha de contribuir a un desarrollo justificado del país de
residencia mediante el fomento de la tecnología, el crecimiento
económico sostenible, el empleo, unas relaciones sociales adecuadas
y protección del medio ambiente. Después hace una serie de
recomendaciones; ahora sólo voy a citar una y una y luego comentaré
el resto de manera sucinta. El Parlamento Europeo subraya la
necesidad de un debate público más amplio y de un seguimiento
parlamentario regular de las negociaciones que se llevan a cabo
actual- mente en el marco de la OCDE, sabiendo que las decisiones
que se han de tomar son competencia de los parlamentos federales y
nacionales. Sin embargo, los señores representantes de Estados Unidos
han logrado introducir la estilística de que nadie se entere/y que
cuando se entere haya en todo caso un debate formal lo más
superficial y lo más acotado posible, exactamente como éste que
nosotros estamos haciendo en este momento.
Aparte de las fechas que usted ha dado, el relanzamiento
fundamental del Acuerdo Multilateral de inversiones -y ya entro en
la opinión todavía sucinta del Grupo de Izquierda Unida- se negocia a
partir de 1995; desde luego en el mayor secreto y en el estrecho
marco de la OCDE. Después de la negociación hasta sabemos que el
acuerdo será sometido a la firma de los demás países por el método de
lo toma o lo deja, no habrá posibilidad de negociar el acuerdo que
logren estos países -a los que ahora me referiré- que se separaron
de otros que sí lo vetaron en un momento determinado, que están
fuera, y que cuando se sumen no tendrán posibilidad alguna de
negociar, de matizar o de cambiar alguno de los aspectos del AMI.
A nuestro juicio, el AMI va mucho más allá del establecimiento de un
marco jurídico que unifique los más de1.800 acuerdos bilaterales que
existen y va mucho más allá de cierta garantía jurídica de las
inversiones internacionales. A nuestro juicio, señor Rato -y
coincidimos con las opiniones que le he leído anteriormente-, se
trata de una especie de golpe de Estado silencioso que pretende
garantizar a las multinacionales una libertad absoluta, subordinan-
do las instituciones al mercado, reduciendo las prerrogativas del
Estado, como dice Le Monde Diplomatique en último momento, incluso se
está diciendo ya en algunos medios de comunicación españoles. Los
intereses de las multinacionales aparecen absolutamente blindados y
si se mantiene el acuerdo en los términos actuales podría perjudicar
al conjunto de derechos sociales, culturales, medioambientales y
democráticos actuales y futuros de cada país. El AMI consagra los
derechos exclusivos de los inversores e impone obligaciones drásticas
a los Estados.
Nosotros pedimos el aplazamiento total de esa firma que podría tener
lugar en octubre, quizá en noviembre. No se ha aplazado
definitivamente; se viene hablando de octubre o noviembre. Pedimos
que no se firme el AMI en estas condiciones. Entre septiembre y
octubre no tenemos tiempo para un debate real, no sólo en el
Congreso y en el Senado sino en todo tipo de instituciones y a nivel
de la sociedad civil. El Gobierno debe asumir esta necesidad de
lanzar el debate de un tema de tan enorme importancia; a nuestro
juicio, el Gobierno debe pedir de manera firme el aplazamiento de
esa firma que podría realizarse -repito- en el mes de octubre.
En nuestra opinión, el AMI surge durante las negociaciones de la
Ronda Uruguay del GATT. Parecía que tampoco tenía importancia el
GATT, la OMC, pero parece que sí tiene importancia, teniendo en
cuenta lo que está pasando con el aceite de oliva. El AMI
introduciría nuevos factores de desregulación en todo tipo de
intercambios comerciales y parece que puede tener cierto sentido a
partir de cosas concretas como las que estamos sufriendo en este
momento. En la Ronda Uruguay se intentó concertar un código de
inversiones, pero 15 países en vías de desarrollo -India, Ghana,
Tanzania y otros- se negaron a esta concertación y bloquearon el
proyecto; los países ricos decidieron entonces negociarlo en el
marco de la OCDE. Esas negociaciones no se inician realmente en
1991, se inician de lleno en 1995 y se realizan en sesiones cada seis
semanas en el seno de la OCDE. En principio, la firma estaba prevista
para mayo de 1997, pero en función de presiones -se filtró el texto y
supuso un escándalo tremendo- se aplaza con el intento de limar
algunas divergencias existentes.
El contenido del AMI se basa, fundamentalmente, en un derecho muy
ampliado de los inversores y tiene por objetivo la protección de las
sociedades que invierten en el extranjero en todo momento y en toda
circunstancia, como se dice literalmente en el texto actualmente
consolidado. El proyecto de acuerdo prohíbe a los Estados un trato
discriminatorio de los inversores extranjeros respecto de los
nacionales. El AMI, por ejemplo, prohíbe que se imponga a una empresa
extranjera una cuota de contratación de trabajadores locales o la
obligación de abastecerse en empresas locales, de instalar una sede
social en el país de acogida o de invertir una parte de sus beneficios
en investigación y desarrollo.
En este sentido -y aquí recalo con un poco más tiempo-, el
Parlamento Europeo ha emitido una resolución que a nuestro juicio es
preciso estudiar y debatir por su enorme claridad y contundencia. En
esa resolución, que se adoptó por mayoría aplastante -437 votos a
favor, ocho en contra y 62 abstenciones- y se refuerza con una enmienda
que aprobaron otros 447 eurodiputados, se pide claramente que los
parlamentos nacionales y los gobiernos no firmen el AMI en su actual
texto consolidado; por tanto, se pide su aplazamiento. No partamos de
la base de que estamos ante un tema que no es importante ni
prioritario porque en la situación actual. es una agudización de la
OMC, y si se firma en octubre señor Rato, nosotros estamos
implicados hasta las cejas. No nos digan ustedes que esto no es
prioritario y que no va a tener consecuencias, porque sí las va a
tener y de enorme importancia. En la resolución del Parlamento
Europeo se subraya la necesidad
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
de este amplio debate y se pide una evaluación independiente y
profunda de los efectos resultantes en materia social, ambiental y de
desarrollo, porque quedan congeladas en gran parte las legislaciones
laborales y medioambientales de muchos países que entrarían de
manera absolutamente irregular en esta negociación. En la
resolución se pide que el tema se examine en un marco más amplio en
el que participe el conjunto de países en vías de desarrollo, que
tendrían que aceptar el AMI de manera pasiva sin poder matizarlo en
ninguno de sus sentidos, y se pide que los inversores extranjeros no
sean mejor tratados que los nacionales. El Parlamento Europeo expresa
-concretamente, en relación con el punto 12 del AMI en su actual
texto consolidado- la preocupación de que las obligaciones de
resultado limiten el derecho de los Estados de aplicar en el futuro
sus propias políticas industriales, especialmente en los campos de
la legislación social, de la cultura y del medio ambiente. El
Parlamento Europeo pide que se prohíba toda rebaja de las normas
vigentes en materia social y ambiental y se permita la introducción
de nuevas formas en el futuro; pide que se excluya del AMI la propiedad
intelectual y los derechos de autor y que se precise el tema de
las patentes de genes vegetales, animales y humanos; se rechaza
toda limitación o traba a la legislación actual y futura de la Unión
Europea y se rechaza también toda obligación de extender a países
terceros el beneficio de trato preferente reservado a los Estados
miembros; se plantea la necesidad de reglas que eviten una carrera
internacional de concesión de subvenciones para atraer
deslocalizaciones y se pide que no se obligue a los Estados a pagar
indenmizaciones cuando adoptan normas en materia de medio ambiente,
empleo. salud y seguridad laboral. Es decir, hay que pagar a los
inversores si un país adopta resoluciones jurídicas legislativas en
este sentido. Se pide también, como se ha dicho aquí anteriormente,
que se prohíban legislaciones extraterritoriales como las leyes
Helms-Burton y D'Amato. Por tanto, señor Rato, solicitamos de este
Gobierno -lo digo muy claramente- parar este debate en el círculo
restringidísimo y secreto en que se está realizan- do en estos
momentos, que el Gobierno español debiera dar una lección como otros
que se están lanzando en esta dirección. Por ejemplo, el señor Jospen
acaba de contestar a una pregunta en la Asamblea Francesa donde dicen
que no están dispuestos a firmar este acuerdo y hay que verlo con lupa
a través de un debate transparente y público. Pedimos que el
Gobierno español se incorpore a esta necesidad de debate para lograr
la posibilidad de un acuerdo internacional que pueda racionalizar
los acuerdos contenidos en la Organización Mundial del Comercio, pero
que no lleve a una situación de golpe de Estado multilateral respecto
a la protección de las empresas multinacionales y de los inversores
en general.
Señor Rato, creemos que desde las políticas neoliberales donde
ustedes de forma explícita se inscriben, se está haciendo una apuesta
firme por crear unas relaciones económicas internacionales basadas en
la desregulación absoluta de los intercambios. Estos aspectos se
contienen en esos conceptos que a veces parecen abstractos pero que
cuando se plasman son tremendos respecto a las consecuencias que
implican para ciertos países, como el nuestro
en el caso del aceite de oliva, son los conceptos como
internacionalización, mundialización o globalización.
El proceso de la Unión Europea que están ustedes concibiendo a
partir de ahora se inscribe en esta tendencia que no se dirige a un
proceso de convergencia real. Ahora me referiré a él cuando hable del
problema del paro al que usted ha dedicado gran parte de su
intervención y fundamentalmente el 80 por ciento de la nota que han
hecho pública desde el Ministerio para esta sesión de la Comisión de
Economía.
Cuando se desciende de verdad a la realidad (y ustedes la están
separando del Pacto de Estabilidad y de la estabilidad de las
cifras macroeconómicas y de esa economía macroeconómica a partir de la
cual desprenden el eslogan publicitario de que España va bien) cuando
se desciende a lo concreto, los conflictos se desarrollan de forma
dramática socialmente. Si ustedes visitan hoy Andalucía, Extrema-
dura o parte de Castilla-La Mancha, incluso parte de Cataluña,
verán que en función de la reforma del aceite de oliva y del futuro
de los fondos de cohesión o de la frustración que ha habido por el
escaso avance de la reforma del Tratado y de la unidad política de
Europa, hay una reacción social que no consona con ese ciclo eufórico
que intentan vender. Cuando analicen las encuestas y vean que no des-
pegan electoralmente, dónde buscan eso ¿en las comparecencias
semanales de don Miguel Ángel Rodríguez que por lo visto no comunica
bien? No lo busquen ahí, sino en lo que le estoy diciendo y cuando
hablen con la gente, ahora en Andalucía respecto al aceite de oliva,
encontrarán la explicación.
Está habiendo una respuesta cada vez más seria y amplia en el sentido
de que se puede estar vendiendo pública y publicitariamente una
estabilidad en las cifras macroeconómicas, un avance en programas
globales de inversión de ahorro del crecimiento del consumo, pero eso
no se percibe de igual manera abajo y mucho menos la creación de
empleo que han lanzado a bombo y platillo. El titular de la nota que
ustedes han dado hoy es que la intensa creación de empleo requiere
mayores inversiones, pero a nuestro juicio eso no concuerda con la
realidad.
Me voy a referir ahora de forma esquemática a la crisis que deriva de
la situación que afecta a Japón y a los llamados dragones
asiáticos, crisis que usted también ha minimizado. No compartimos
esa idea y me parece que tampoco Tony Blair cuando habló en el seno
del último Consejo de Europa. Se está demostrando que hay un
crecimiento extremadamente vulnerable, la crisis asiática tanto la
de Japón como la de los dragones asiáticos, lo ponen de manifiesto.
Sin embargo, ésta es la bandera de la política neoliberal incluso
desde la década de los años setenta se intenta basar el crecimiento
económico en las exportaciones, éste era el ejemplo que ustedes
intentaban poner ahora mediante salarios bajos, derechos laborales
reprimidos y una alta tasa de ahorro interno, como en Japón y nunca
se hablaba del gran sistema de corrupción financiera que estaba
funcionando en la base de este esquema, de ese ejemplo que están
poniendo. Cuando alguien se remitía al Japón desde las políticas
neoliberales se hablaba de la necesidad de importaciones masivas de
capital.
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, termino en breve plazo,
aunque todavía no llevo los veintitantos minutos.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, usted reclamó un debate en Pleno
en el cual hubiera tenido diez minutos, y lleva exactamente el doble.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, pero todavía no he consumido el tiempo
que se ha consumido anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, si no le importa el tiempo lo
distribuyo yo, por eso le advierto que concluya en breve plazo.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, concluyo en breve plazo, pero déjenos
hablar en el breve plazo que tenemos.
El señor PRESIDENTE: El plazo es para distribuirlo entre todos los
grupos parlamentarios y tenga en cuenta que tenemos un tiempo limitado
de intervenciones, si usted sigue interviniendo durante el tiempo que
tenga por conveniente, lógicamente no es el tiempo que tienen por
conveniente los demás grupos parlamentarios. Es preciso concitar
y coordinar entre todos los portavoces para distribuir el tiempo de
forma equitativa y razonable.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, no sabíamos que había que
terminar a las doce de la mañana.
Desde ese punto de vista, señor Rato, pensamos que en el seno de los
llamados dragones asiáticos se ha dado lugar a crecimientos
espectaculares de su producción, y sin embargo se ha frenado en seco
a partir de la crisis del vera- no pasado. Usted dice que va a tener
trascendencia mínima que va a poder afectar al 0,25 del crecimiento en
el seno de la Unión Europea y mucho menos en el crecimiento que se
está produciendo en nuestro país pero no compartimos esa idea, por lo
menos no estamos tan seguros como usted. Aquí se ha demostrado que
con una gran facilidad este sistema desregulado de relaciones
financieras económicas puede llegar a extremos de inestabilidad
tremendos en muy poco espacio de tiempo y no compartimos la seguridad
que usted usted adopta, aunque la comprendemos. Si usted dice lo que
yo, ahora mismo habría una convulsión en la Bolsa, pero usted debe
entender lo que le digo desde otro punto de vista y es que va a tener
muchas menos repercusiones en la Bolsa.
La debilidad de este sistema de mundialización o globalización de
la economía está expuesta a que cualquier factor desencadene una
crisis cuyas proporciones se amplifican por la interconexión y la
regulación de los intercambios a escala planetaria y nuestra
situación es débil en este momento.
Termino con el tema del paro en el que voy a ser muy breve, señor
presidente. Señor Rato, en cualquier etapa de reactivación el
Gobierno de turno, cuando es un Gobierno de izquierda transformadora,
vende la moto, vende la idea de que las cosas van bien, pero además
oculta que la economía
funciona por ciclos e intenta dar una idea de que el período de
reactivación nunca va a terminar y que el período alcista nunca va a
sufrir ningún ciclo a la baja, es decir, nos hace ver un período en el
que no sólo han desaparecido gran parte de los problemas, sino que va
a desaparecer el problema del paro.
El otro día dijo el señor Aznar: con esta velocidad el problema del
paro desaparece. Después han ido matizando y dijeron: lo que
desaparece es que el paro sea el problema número uno. Otros añadieron
que en cinco años desaparece el paro. Hasta el Consejo Económico y
Social se manifestó diciendo: no, a esta velocidad serían diez años.
Al mismo tiempo, lo que no se dice, pero nosotros sí, es que la
economía funciona por ciclos, señor Rato. ¿Cómo se puede extender el
ciclo alcista al resto del período, hasta los 10 años, teniendo en
cuenta condiciones que he intentado exponer anteriormente, que están
ahí y que marcan un cuadro absolutamente imprevisible? La economía
funciona por ciclos y no es lógico extrapolar a largo plazo las tasas
actuales de crecimiento, máxime cuando el crecimiento está por encima
de la creación de empleo.
Ustedes están vendiendo cifras y las enfocan de manera absoluta, sin
tener en cuenta lógicas comparativas. Eurostart acaba de publicar
las cifras comparativas y son lamentables, decepcionantes. Le voy a
dar algunas de ellas. Nos encontramos con el 19,3 por ciento de paro
estadístico, que es el único paro comparable en Europa. Cuando usted
ha hablado antes de que las cosas van muy bien, la primera referencia
que ha hecho es al paro registrado. Ustedes deben olvidarse de esa
referencia; referencia que no se puede hacer porque están
confundiendo a la gente. No estamos en el 12 por ciento de paro y
no estamos en dos millones de parados. Estamos en 3.200.000 y en el
19,3 de paro estadístico, que es la única forma de comparar el paro
español con el del resto de los países de la Unión Europea. Lo demás
es confundir. Por tanto, le ruego que no empleen más la fórmula del
paro registrado que no tiene ningún sentido a la hora de intentar
comparar las cifras. Eurostat publica un estudio sobre el mercado del
trabajo español -termino rápidamente- y España se sitúa en último
lugar en relación con la tasa de empleo, el 48 por ciento frente al
60,1 de la media comunitaria. Esta es la primera comparación que se
establece y que crea, cuando se ven las cifras desde un punto de
vista comparativo, una enorme tristeza. Pero es que además el grado
de precariedad es mucho mayor. En Europa, por término medio, sólo el
12,2 por ciento de los contratos son temporales, mientras que en
nuestro país, según las cifras de Eurostat, este porcentaje se eleva
al 33,6 por ciento. Mayor gravedad reviste el tema del empleo
juvenil. El 75,2 por ciento de los jóvenes españoles menores de 25
años que trabajaron en 1997 lo hicieron sujetos a contrato temporal y
la media europea está en el 36,2. La euforia tampoco aparece en la
evolución de las magnitudes. En la encuesta de población activa
española la tasa de temporalidad ha pasado, señor Rato, de un 33,6
por ciento, en el primer trimestre de 1997, al 33,4 por ciento en el
mismo período de 1998. Es decir, el tan cacareado beneficio de la
reforma laboral consiste sólo en reducir en un año 0,2 puntos los
contratos temporales. Por tanto, señor Rato, de verdad, no se está
arañando ni tocando la bestia de fondo del desempleo en España; se
está haciendo una distribución del empleo precario y se está
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vendiendo de una forma determinada que no coincide con la realidad.
Por eso nosotros estamos insistiendo. Hasta la OCDE reconoce que éste
podía ser un camino viable en ciertos aspectos, en la reducción de
jornada sin reducción salarial a las 35 horas en cómputo semanal, y
ustedes hasta ahora hacen la vista gorda y siguen vendiendo cifras
que -le repito, y termino, señor Rato- no arraigan en la sociedad, que
no se las cree la gente porque no las está viviendo. La gente, sin
conocer los datos de Eurostat tiene la impresión, alguno de ellos el
conocimiento, de que las cifras macroeconómicas pueden ir bien, pero
la creación de empleo es el gran lastre. Incluso en Euskadi, según las
encuestas del CIS, el paro es el problema número uno. Ustedes no lo
tienen en cuenta, y mientras no lo tengan en cuenta y no lo traduzcan
en políticas económicas y laborales determinadas seguirán mirando
con tristeza el resultado de las encuestas.
El señor PRESIDENTE: ¡Media hora, señor Alcaraz! !Tres veces lo que
hubiera representado en un Pleno!
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, he estado el mismo tiempo
que el portavoz socialista.
El señor PRESIDENTE: No, señor Alcaraz. Aparte de que los tiempos no
se miden comparativamente.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Tengo menos derecho que el Grupo
Socialista?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) , tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, para su tranquilidad y
la de los demás miembros de la Comisión no durará media hora mi
intervención. Seré bastante más breve porque, de entrada, voy a
hacer pocos comentarios a la exposición inicial del señor Ministro, a
quien agradezco su presencia en esta Comisión, no sólo por razones de
celeridad de tiempo y porque preferiré con- centrarme en el Acuerdo
Multilateral de Inversiones, sino -y así lo quiero manifestar
expresamente- por la plena sintonía con todo lo que ha manifestado,
es decir, con las distintas medidas -primer punto del orden del día-
de fomento de la economía productiva. Sabe el señor Ministro, y no
es ninguna sorpresa, que cuenta con nuestro apoyo, por lo que sería
redundante que yo me dedicara a glosarlas. Por la misma razón, los
análisis de prospectiva futura que se derivan de la última parte de
su intervención, de la que destacaría la situación asiática, por la
importancia que tienen y el interés con que las he escuchado tampoco
los voy a glosar, simplemente tomamos notas -insisto-, dándole la
importancia que tienen. Querría centrar mi intervención en lo que
hace referencia al Acuerdo Multilateral de Inversiones, a la
información que nos ha facilitado y alguna más que le voy a pedir al
respecto.
De entrada quiero agradecer que finalmente se pueda hablar en esta
Cámara del Acuerdo Multilateral de Inversiones. Si este grupo pidió
la comparecencia en su momento del Secretario de Estado de Economía
sencillamente fue
porque él asistió a la reunión de la OCDE en la que se suspendió la
negociación. Sabemos que orgánicamente dependía de la Secretaría de
Estado de Comercio, aunque también es cierto que, por razones de
todos conocidas, tampoco estaba el secretario de Estado en
condiciones de venir a informar. Digo esto en cuanto a que no es que
no sepamos quién ocupa y qué papel en el Ministerio de Economía.
En todo caso, el hecho de que sea el Ministro el que venga a informar
nos parece muy bien, siempre y cuando no sea por razones de celeridad
de tiempo o de que el Ministro, en la medida en que está en el
vértice del Ministerio, no tiene por qué controlar el detalle de
cada una de las cosas que están en su órbita de competencias. Insisto
en que no querríamos que el hecho de que sea el Ministro quien informe
suponga reducir la importancia de cuestiones que parecen de detalle
pero que no lo son y que el Ministro y a la vez Vicepresidente del
Gobierno no tiene por qué controlar, porque tiene muchos frentes que
cubrir, pero sobre las que sí le queremos destacar la importancia,
para que así lo transmita a sus colaboradores y a las personas más
directamente implicadas en esta cuestión.
Es cierto es que sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones no ha
habido hasta ahora una información a la altura de la gravedad del
asunto; gravedad no en el sentido negativo de la expresión, sino
sencillamente materia grave, seria e importante. El Acuerdo
Multilateral de Inversiones, cuyo texto tengo aquí en su integridad
en su actual momento negociador, obtenido afortunadamente a través de
Internet y no a través de ningún otro servicio oficial -lo ha citado
el portavoz de Izquierda Unida pero lo querría reiterar-, lo define
Renato Ruggiero -que no es un anarquista ni un dirigente de un grupo
radical ni un demagogo contemporáneo, sino que es el director
general de la Organización Mundial de Comercio- con las siguientes
palabras: Estamos escribiendo la constitución de una economía
mundial unificada. Estas no son unas declaraciones hechas en un
pasillo que luego tenga que rectificar diciendo que no las quiso
decir, sino que es una expresión que está puesta por escrito por el
señor Rugiero. Lo que quiero dejar claro en mi intervención es que
este tema es muy serio, lo cual no significa que no estemos de
acuerdo; ya diré en que punto el AMI nos provoca cierta inquietud y
en cuáles lo que querríamos es simplemente más información. Pero de
entrada lo que nos parece fundamental del Acuerdo Multilateral de
Inversiones es que se discuta en esta Cámara y que se sepa exactamente
de qué va. El propio Secretario de Estado de Economía, el señor
Montoro, según informaciones de prensa, a la salida de la reunión
de la OCDE dijo - y cito literalmente un entrecomillado de prensa- que
este es un acuerdo enormemente ambicioso y lamenta que haya un
proceso abierto que no ha suscitado un gran debate en nuestro país.
Eso lo dijo el señor Montoro, lamentando que no hubiera un debate en
nuestro país. Lo que pretendemos precisamente es apoyar al señor
Montoro y suscitar este debate en nuestro país, porque es cierto que
este tema es importante.
Bien sabe el señor Ministro que hay en este momento en Internet -que
en los tiempos que corren no deja de ser un índice de la inquietud de
la sociedad en ciertos extremos- páginas y páginas dedicadas al
Acuerdo Multilateral de Inversiones. Hay asociaciones que no tienen
otro
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objeto que el seguimiento, y en la mayoría de los casos la crítica,
del contenido del Acuerdo Multilateral de Inversiones. Hay clubes de
opinión, foros enteros que dedican horas y horas al día a hablar del
texto para criticarlo y matizarlo. Ha habido simposios, ha habido
reuniones de todo tipo, y hoy es el primer día en que le dedicamos dos
horas en esta Cámara. No hay todavía crítica al contenido del AMI. Lo
que sí hay es una critica que no le dirijo al señor Ministro porque
es un tema más amplio; la crítica se diluye al conjunto de los
países de la OCDE, porque la situación española no es muy distinta de
la de otros países europeos; pero hay un absoluto gap, un absoluto
desequilibrio entre la importancia de lo que estamos hablando, que
se deriva de su propia intervención -no por la extensión de la misma
sino por la definición que ha hecho del contenido del AMI- y el
reflejo que tiene en el debate económico, en el debate social y en
el debate parlamentario. Eso es lo primero que quería poner de
relieve, muy por encima de otros comentarios más concretos. Quizás
esa falta de información acerca del contenido del Acuerdo
Multilateral de Inversiones está provocando un discurso
tremendamente negativo allí donde las opiniones se están poniendo de
manifiesto, que suelen estar en manos de un talante más radical, más
negativo. Y si esas opiniones no son ciertas lo que merecen es una
respuesta, porque esas son las únicas que hay y porque es cierto que
la literalidad del texto (lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida,
no es anecdótico, es importante) sólo porque alguien así lo decidió, y
no precisamente ningún organismo oficial, ese texto ha salido a la
luz. El ministro francés de Cultura dijo en público que no conocía el
texto que se estaba negociando en la OCDE; quizá se lo podía haber
preguntado a su colega de Economía, pero en todo caso es un índice.
Y porque una asociación canadiense consiguió el documento, a partir
de ahí hemos llegado al otro extremo, -que quizá tampoco es el más
normal- de que en Internet se esté siguiendo cada una de las
modificaciones que se presentan a un texto en plena negociación y
esté publicado. Precisamente por esa falta de información y porque el
texto tal cual está en algunos extremos tiene una apariencia
peligrosa, hemos leído cosas como las siguientes, que no sé si
compartimos, probablemente no, pero ahí quedan y es lo que hoy se
está diciendo sobre el AMI. Estamos ante una conquista del poder por
parte del ultraliberalismo a ultranza. Estamos -y eso es importante,
si es que es así- ante la auténtica conquista del poder jurídico,
una vez conquistado el poder económico, por parte de las grandes
multinacionales. Hoy aparece en un artículo de prensa -no sé qué
veracidad tiene el dato pero así aparece publicado- que de las cien
primeras economías del mundo 51 no son países, son empresas. Si
tomamos el PIB y el volumen de negocio de esas empresas, 51 no son
países, son empresas. Con el AMI y su reflejo jurídico estaríamos
convirtiendo por primera vez ese poder, hasta hoy poder económico, en
un auténtico poder jurídico, y no es exactamente lo mismo. Estaríamos
ante el reconocimiento a las grandes empresas multinacionales de
todo tipo de derechos y de ningún deber; porque yo no he sabido ver
en el AMI -y lo he leído entero- la imposición de ningún deber y, sin
embargo, sí la imposición de una carta de derechos, que pueden
proteger también a las empresas españolas en un momento, pero
parece
-y lo estoy poniendo todo en condicional- que existe un cierto
desequilibrio. Derechos que podrán ejercer por primera vez -y lo ha
comentado el señor Ministro en su intervención- directamente frente a
los Estados, y no como era hasta ahora tradición del Estado de la
nacionalidad de la empresa respecto del estado del destino de la
inversión, es decir, la propia titular de la inversión respecto del
Estado donde ha hecho esa inversión. Por tanto, una equiparación en
la práctica, respecto de lo que ha sido la situación actual, entre
grandes empresas y multinacionales y Estados en cuanto a su capacidad
de interlocución, que puede ser muy positiva, pero esa es la situación
hacia la que vamos y que merece un debate: la imposición a Estados
menos desarrollados de controles, de requisitos, de complementos a la
inversión que todos los estados, incluida España, hemos considerado
lógicos durante nuestra fase de desarrollo: la posibilidad de
vincular las inversiones con mano de obra local durante un periodo de
tiempo en fases de desarrollo -no es la situación española actual
pero sí puede que lo sea de otros Estados-; la vinculación con la
compra de determinados productos locales, etcétera. Todo eso son
cosas que van a desaparecer, incluso el privilegio en ciertos casos
-tal como se está redactando en este momento- del inversor extranjero
sobre el inversor local. No sólo hay una equiparación entre el
inversor extranjero y el inversor nacional en el país destino de la
inversión, sino que el inversor extranjero tiene más ventajas que el
inversor local. Lógicamente eso está hecho pensando en las empresas
del primer mundo respecto de los países del segundo mundo, porque los
del tercer mundo no son ni destino de inversión.
Mi grupo no se atreve a pronunciarse con suficiente solidez sobre todo
esto, pero sí merece una explicación detallada, merece un debate
sobre esta cuestión. Es muy útil hablar de todo ello, sobre todo
porque el Acuerdo Multilateral de Inversiones, tal como está hecho,
es un acuerdo en el que se entra pero del que no se sale. No es
posible abandonar el contenido del AMI una vez se ha ratificado; le
vincula a uno durante 20 años aunque se diera de baja o denunciara su
contenido. El tema es suficientemente serio como para que conozcamos
de qué estamos hablando. Además, -este es un detalle importante,
aunque de apare- ciencia meramente reglamentaria-, sabe muy bien el
vicepresidente que aunque formalmente y en pura teoría, con la
Constitución en la mano, este acuerdo cuando sea firmado por España
deberá someterse a la ratificación de esta Cámara y sólo tras su
ratificación podrá entrar en vigor y se podría decir: No se preocupen
ustedes que lo tendrán que votar antes de que les vincule, sabe bien
muy bien el Vicepresidente que aunque España no lo firmara se le
acabará imponiendo la firma porque, si al final ese acuerdo se elabora,
España no podrá quedar descolgada. Supongo que acabará haciendo
lo mismo que los demás países de la Unión Europea y por el juego
general no podrá quedar descolgada. Pero suponiendo -y así lo
vemos- que en conjunto el hecho de que exista el AMI sea positivo,
el trámite parlamentario en su momento de ratificación nos impedirá
modificar un párrafo, un artículo o un capítulo. Es imposible porque
cualquier enmienda a un tratado internacionales una enmienda a la
totalidad. Por tanto, cuando termine la negociación y nos encontremos
con el texto, los grupos
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
parlamentarios no tendremos más remedio que oponernos a la
globalización económica -cosa que no es la posición de nuestro grupo-,
oponernos a la liberalización de las inversiones -que tampoco es ni
de lejos la posición de nuestro grupo- o salvaguardar algunos puntos
concretos, como los que le voy a comentar después, que nos preocupan
y que nos parecen especialmente importantes. Por tanto, previo a ese
matar moscas a cañonazos, insistimos en que en la fase negociadora
querríamos que el Gobierno estuviese especialmente activo, sobre todo
en puntos sensibles.
Insisto en que ni de lejos -y lo sabe el señor Ministro pero no
querría que se dedujera de mis palabras- nos estamos oponiendo al
AMI como tal, al hecho de que se liberalicen las inversiones como
tal, entre otras cosas porque no sólo hablamos de inversiones en
España de empresas extranjeras sino también de la posibilidad -pienso
muy concretamente en empresas catalanas pero también en empresas de
todo el Estado- de que van a beneficiarse de esta liberalización en
sus inversiones en terceros Estados, van a tener más seguridad y van
a estar más protegidas. Por tanto, no se trata de oponerse a la
liberalización, al menos no por parte de este portavoz, no sé si por
parte de otros. La liberalización es buena, la globalización no sé si
es buena pero en todo caso es imparable, y lo que hay que hacer es
conducirla bien. No hay crítica al AMI en cuanto tal, pero cuidado
con determinados contenidos. La universalización de la cláusula de
nación más favorecida puede tener riesgos. Lo ha dicho el señor
Ministro hablando, por ejemplo, de los compromisos que tiene la Unión
Europea con otros Estados y de que es un requisito previo para la
firma; lo quería mencionar expresamente. ¿Equiparación entre
inversores nacionales e inversores extranjeros? Correcta, pero no la
preferencia de inversores extranjeros sobre los nacionales porque en
algunos Estados puede suponer un clarísimo desequilibrio. A los
inversores extranjeros se les llega a permitir, tal como está
redactado, unas garantías de su inversión que no tienen los
inversores nacionales. Ya hay un precedente en Canadá en este momento,
del que le puedo -supongo- informar a través de sus colaboradores,
donde una empresa inversora extranjera demanda a la administración
por una modificación del statu quo de su inversión, que era
simplemente una subida de impuestos. Es decir, que se está atando las
manos a los gobiernos ante las inversiones extranjeras en cuestiones
que no son confiscatorias ni son inconstitucionales en los propios
Estados, pero que evidentemente suponen una modificación de la
situación respecto del momento en que esa inversión tuvo lugar:
subidas de impuestos, incrementos de tasas, requisitos
medioambientales incrementados, normativas que pueden hacer menos
interesante una inversión y que, si se aplica el AMI tal cual está
previsto, pasarían a ser modificaciones de la situación nacidas de un
parlamento o de un gobierno y que darían derecho a la multinacional a
reclamar entre ese Estado por haber modificado sus expectativas de
beneficio en el momento en que hizo la inversión. Esa es la lectura
-no voy a entrar aquí en un debate jurídico- que se hace de
determinadas disposiciones del AMI por parte de gente que nos merece
toda confianza y que -insisto- no son cuatro histéricos minoritarios;
estoy hablando de informes en publicaciones económicas rigurosas
que hacen esa lectura de un riesgo posible. ¿Hay que proteger las
inversiones? Sí. ¿Hay que garantizar las inversiones? Hay un riesgo
en toda inversión y es el mismo para el inversor nacional y para el
inversor extranjero. Así lo dice expresamente el Parlamento Europeo.
No es una afirmación que yo me pueda sacar de la manga o que pueda
parecer más o menos una denuncia de algunos. El propio Parlamento
Europeo, en una resolución de enorme interés aprobada por unanimidad
el 11 de marzo de 1998, destaca que los inversores extranjeros no
deberían tratarse mejor que los inversores nacionales. Hay un riesgo
de que eso sea así con la versión actual del AMI.
Entrando en otros puntos más concretos, primero (yo tenía entendido
que esa era la posición de España pero no lo he escuchado en la
intervención del señor Ministro), por qué se está negociando en la
OCDE y no en la Organización Mundial de Comercio. Por su contenido,
por la forma de negociación y sobre todo por los países que van a ser
afectados por este texto tendría mucho más lógica que estuviera
siendo negociado en la OMC y no en la OCDE, al menos así nos lo
parece. Quizás hay otros argumentos que no conocemos, pero sí
querríamos saber exactamente por qué países con derecho a voz y voto
en la OMC no lo tienen y en la OCDE y a los que finalmente este
texto se les acabará imponiendo para que lo ratifiquen. En segundo
lugar, voy a referirme a algo que ha comentado de pasada el señor
Ministro y a lo que mi grupo le da importancia. Conoce los tres
debates sucesivos que ha habido en las últimas semanas sobre el
acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, de 18 de mayo,
relativo a determinadas disciplinas sobre protección de las
inversiones en bienes expropiados. Este es el ampuloso nombre que se
le ha dado.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le ruego vaya concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBO: Tengo un reloj aquí delante. No he llegado
a los ocho minutos, señor presiden- te. Lo debo tener parado. (El
señor Caldera Sanduy-Capitán: Es que Rato viene poco)
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, según mis cuentas lleva usted 17
minutos.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy terminando.
Mi grupo tiene presentada una proposición no de ley en la Comisión de
Asuntos Exteriores para impedir que el con- tenido de ese acuerdo sea
reflejado en el AMI, en plena sintonía con lo que el propio Ministro
de Exteriores en el marco de ese debate ha dejado claro. Simplemente
se lo señalo, también para que sus colaboradores tomen nota en su
momento, incluso antes de que se apruebe, porque tenemos la
impresión de que esa proposición no de ley recibirá la aprobación de
la Cámara, recordando que no se podrá imponer a las inversiones
españolas esos requisitos que están previstos en ese acuerdo entre la
Unión Europea y Estados Unidos. No puedo entrar en el detalle por
falta de tiempo, pero en todo caso es algo importante que también el
Parlamento europeo recalca muy expresamente en el punto 24 de su
resolución. Insisto en que mi grupo, en el debate en el Pleno, en el
debate en la Comisión Mixta de la
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Unión Europea y ahora con una proposición no de ley que ya está en el
registro de la Cámara sobre este tema, quiere dejar claro que ese
acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos no puede reflejarse
en el contenido del AMI porque sería un grave perjuicio para las
inversiones españolas.
He dejado para el final lo más importante, precisamente porque me
parece lo más fundamental en todo este Acuerdo Multilateral de
Inversiones. Los principales enemigos del AMI son Francia y Canadá.
¿Por qué? Por el tema cultural, señor Ministro. Ha comentado que
entre los negociadores, hay representantes del Ministerio de
Educación y Cultura y, sin embargo, me ha sorprendido profundamente
que al final de su intervención, al exponer los requisitos que pone
España para firmar este acuerdo, no haya hecho mención a la excepción
cultural. No sé si ha sido un lapsus o es una posición política. Si
es una posición política le manifiesto mi cordial y sincera pero
radical discrepancia. En todo caso sobre este tema tomaríamos más
iniciativas políticas. Vender cultura, invertir en cultura, invertir
en cine o invertir en música no es invertir en zapatos o en petróleo.
Por tanto, no se pueden aplicar los mismos criterios de equiparación
nacional en el mundo cultural que en el mundo de los zapatos, el
petróleo o la minería. Eso que hasta ahora era una percepción del
Gobierno anterior español y del Gobierno actual al permitir imponer
legislativamente cuotas en materia cinematográfica por ejemplo, en
materia de protección de la industria audiovisual española, todo eso
se iría a paseo -con perdón de la expresión- si entra en vigor el
AMI, porque el AMI en su redacción prohíbe cualquier discriminación
entre nacionales y extranjeros en todas sus inversiones. Si se
incluye la cultura, quedaría prohibida y nula, por la posterioridad
de la norma y por la precedencia del convenio internacional, toda la
protección que existe en España de la cinematografía. Eso que lo
percibe muy bien Francia, que así lo ha puesto de relieve y que
parece, según informaciones de prensa, que es uno de los argumentos
para la suspensión del acuerdo, resultaría que no está entre las
prioridades del Gobierno español. Yo le pido muy sinceramente que
revise ese tema, si puede lo conteste y si no lo estudie. Le remito,
como algo que merece nuestro pleno apoyo, al punto número 26 del texto
del Parlamento europeo, en el que se dice expresamente y leo -termino
con esto, señor presidente-: El AMI no puede poner en tela de
juicio la autonomía y diversidad culturales de los Estados
signatarios ni puede poner en peligro los objetivos culturales y las
iniciativas de la Unión Europea para apoyar una política cultural
europea. El Parlamento europeo exige, por tanto, una cláusula de
excepción en la aplicación del acuerdo al sector cultural y en
particular al sector audiovisual ,que podría ser del siguiente tenor.
Y da incluso un texto. Querría mi grupo que esto no sea sólo algo que
defiende el Parlamento europeo y que, según nos consta, defiende el
Gobierno francés, sino que tuviera como un participante muy activo
también al Gobierno español.
En suma, gracias por las explicaciones. Es positivo el AMI en su
conjunto, pero tiene una serie de riesgos, algunos posibles, sobre
los cuales no nos pronunciamos pero sí queremos que formen parte del
debate porque otros los han reflejado. En concreto, en el ámbito
cultural sí que es un
riesgo, una voz de alarma que hacemos propia y sobre la que
manifestamos nuestra absoluta inquietud. Querría subrayar que una cosa
es que el Gobierno no considere el AMI entre sus prioridades -lo cual
nos parece muy bien porque probablemente no lo es-, pero eso no
impide que mientras tanto el AMI esté siguiendo su curso de alguna
manera. Por tanto, aunque no esté entre sus prioridades, quisiéramos
que estuviera entre sus prioridades impedir que se configure un texto
negociado por otros, redactado más o menos por otros con una cierta
pasividad española, aparente por lo menos -no sé si es así, pero la
apariencia es, sobre todo en el tema cultural-, y que finalmente nos
acabara llegando un texto en el que no hayamos hecho valer nuestra
voz, que es cierto que es una voz limitada, pues no somos más que un
país entre todos los de la OMC-. Bien sabe el señor Ministro que la
voz de España en estos temas es importante, más aún si se une en
concreto a la voz francesa en el tema cultural y a otras voces como
la canadiense en otros problemas que afectan al AMI.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Quiero agradecer también en nombre de mi
grupo la comparecencia del señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y las explicaciones que nos ha dado sobre los
puntos del orden del día. Voy a intentar ser breve, dentro del tiempo
que tenemos, pero me gustaría tratar los tres temas, sobre todo los
dos primeros.
Respecto a las medidas en el ámbito financiero, me voy a referir a la
regulación del ahorro y a su canalización porque estamos asistiendo
en estos momentos a una situación económica que está permitiendo a
las familias tener unos excedentes y aumentar de forma importante su
capacidad de ahorro. Esta situación está siendo aprovechada por los
mercados financieros y muchas instituciones financieras para sacar
productos que tienen una atracción importante, sobre todo en su
rentabilidad financiero fiscal, y en muchos casos van por delante
incluso de la propia normativa fiscal que pueda establecer una
regulación clara y segura para el inversor. Por otra parte, nos hemos
encontrado también con otros productos que tratan de captar el
ahorro a largo plazo con fines de ahorro previsión que también basan
su atractivo en la rentabilidad financiero- fiscal. En el desarrollo
de estos productos es manifiesto que las perspectivas de futuro son
importantes, y lo son porque hay un potencial de desarrollo al que el
Estado español no está llegando en los mismos niveles que otros países
europeos, y no digamos de América. Mi grupo parlamentario entiende
que la situación y las perspectivas que existen exigen que se ponga
atención especial en el establecimiento de una regulación adecuada
que dé seguridad jurídica y claridad al mercado y a los inversores.
En este sentido, aunque con otros objetivos además de estos, se
enmarca la creación, en su día, de la subcomisión que estudió
durante cerca de dos años la canalización del ahorro hacia la
previsión social complementaria, cuyas conclusiones se van a
incorporar en parte en la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Con ello se ha pretendido dar respuesta a lo
que establecía el
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
punto 14 del Pacto de Toledo, que recomendaba canalizar el ahorro
hacia la complementariedad de las pensiones públicas. Además, las
conclusiones de esta subcomisión han tenido la virtud, a mi modo de
ver, de poner de acuerdo mayoritariamente a las fuerzas políticas en
el Congreso sobre el establecimiento de un texto legislativo que debe
elaborar el Gobierno y que tiene como finalidad dar una seguridad
jurídica a la canalización del ahorro destinado a la previsión social
complementaria. Y mientras podemos decir que este tipo de ahorro a
largo plazo tiene ya su marco jurídico determinado y adecuado, aunque
habrá que esperar a que lo desarrolle el Gobierno, no pasa lo mismo
con el ahorro a corto y a medio plazo y el ahorro especulativo, que
busca más la rentabilidad financiera fiscal.
Como he dicho, el cúmulo de productos financieros que está siendo
desarrollado por las entidades financieras y de seguros es de tal
magnitud que el pequeño ahorrador no tiene capacidad de asimilar esta
proliferación de productos y de acceder a estos mercados, lo que
produce al final situaciones como la de la reciente crisis de la
sociedad de valores AVA. Esto deja al inversor, sobre todo al
pequeño ahorrador popular, en una situación de indefensión a la que
creo que tenemos obligación de dar respuesta. Esto me hace pensar que
sería importante que esta Cámara se planteara la necesidad de crear
una ponencia o una subcomisión -y este es el mensaje que quiero
dejar sobre este punto- que estudie la situación de este tipo de
ahorro y que proponga las reformas legales necesarias que den
seguridad tanto al mercado como a los inversores. Dejo apuntada esta
propuesta, que, a la vista de los resultados que tuvo la subcomisión
que trató del ahorro a largo plazo destinado a la previsión social,
puede ser un elemento importante para que a través del Parlamento
demos las orientaciones al Gobierno para que se establezca no sé si
un texto legislativo, una ley, pero sí un marco jurídico que dé
seguridad a estos productos financieros que proliferan todos los días
y que es muy difícil dominar, salvo para los especialistas, aunque
ellos tampoco lo dominan, y por eso me refiero a situaciones como la
producida con la sociedad de valores AVA. Dada la dimensión de la
situación en que estamos, de crecimiento económico y de previsiones
de ahorro de las familias, creo que es necesario que esta Cámara se
pro- ponga dar la necesaria seguridad jurídica. Como digo, dejo esta
idea apuntada, pero sobre todo manifiesto la preocupación que tiene
mi grupo parlamentario sobre el futuro del ahorro especulativo y sobre
los productos de canalización de ahorro que están saliendo
permanentemente a los mercados.
La segunda cuestión a la que quiero referirme, creo que siguiendo el
orden de la intervención del señor Ministro, es la situación
económica. No voy a analizar la situación económica porque creo que
todos la conocemos, ya que todos los días hablamos de lo mismo, pero
vamos muy bien, es evidente. Se me está ocurriendo algo que no sé si
tiene que ver, y es que también iba bien la selección española
(Risas.) hasta que hemos tenido que jugar el Mundial. No creo que
tenga mucha relación; ojalá no la tenga. Quiero decir con esto que
«vamos muy bien» es una expresión que al final se tiene que traducir
en hechos concretos, y yo creo que vamos bien, que estamos
creciendo, pero los datos que conocemos hasta ahora sobre los informes
de coyuntura, sobre todo en comercio exterior, son los que a
nuestro grupo nos empiezan a preocupar más, porque indican que aunque
se mantiene el ritmo de crecimiento de las exportaciones y de las
importaciones, que ya venía produciéndose en el año 1997, a pesar
de eso es necesario reflexionar sobre la situación y las
consecuencias que puede tener la referida crisis asiática, que ya
tratamos en la anterior comparecencia del Ministro aquí en febrero.
En principio no le dábamos demasiada importancia; pensábamos que
era una crisis que podía controlarse, una crisis de unos mercados
lejanos con los que no tenemos excesiva relación comercial, por las
cifras de exportaciones e importaciones, y que por lo tanto no nos
preocupaba demasiado. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de
que esto sea motivo de mayor reflexión porque, desde nuestra óptica,
ya no es sólo la situación asiática, sino que hay que decir que
también existe cierta crisis, o al menos una situación preocupante,
en Rusia y en Latinoamérica, al menos en parte de esta área. Estamos,
pues, ante una acumulación de problemas en el ámbito internacional que
puede tener la consecuencia para la Comunidad Europea y para nosotros
de frenar de nuestras posibilidades de crecimiento. Como digo, esta
es la situación no sólo de Asia sino de Rusia y Latinoamérica.
Especialmente importante la crisis japonesa porque, como todos
sabemos, Japón ha pasado de tener un crecimiento del 5 por ciento en
1987 al 1 por ciento en la actualidad y una previsible deflación de
precios de la actividad económica y un creciente desempleo por la
caída de la capacidad productiva. Consecuencia de esta situación ha
sido la caída de la divisa nipona, que creo que está a 146 yenes por
un dólar, lo que ha motivado también que el Tesoro americano haya ido
a todo correr en favor del yen, porque la situación ya les estaba
afectando a ellos por las relaciones comerciales que tienen con Japón.
La situación en Rusia no es mejor, con otra consideración: que Rusia
no es Japón y su poder de recuperación es muy débil, complicado con
las dificultades que está teniendo para acceder a un crédito de 9.000
millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, lo que pone
a Rusia -y esto no lo digo yo sino que lo dicen analistas económicos-
al borde de la suspensión de pagos. La situación en Latinoamérica a
laque me he referido tampoco es optimista. La evolución de las
cotizaciones de los bancos que han adquirido, por ejemplo, el Banco
Bilbao-Vizcaya y el Banco Santander ha descendido en los últimos
tiempos en un 30 por ciento, mientras que algunos países, como
Chile, Colombia o Venezuela, no tienen capacidad de reacción ante esta
situación. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la situación que he
descrito? La primera es que tenemos que ser conscientes de las
consecuencias que esta situación está empezando a tener en las
economías occidentales, y de las que no podemos escapar, con el
agravante que conlleva el hecho de la incertidumbre que produce el no
poder prever hasta dónde pueden llegar los efectos negativos de estas
crisis. Ya en su anterior comparecencia el señor Ministro, ante el
análisis de la situación de los países asiáticos, reconocía la
influencia de esta crisis en los países industrializados, y creo
recordar que la cifraba en unas décimas sobre el crecimiento para el
año 1998. Si bien cuando trasladaba este análisis ala economía
española era francamente optimista porque
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
decía que iba a producir un impacto nulo sobre la cotización de la
peseta, cosa evidente, que daba una relevancia limitada al impacto
comercial por la escasa exportación a estos países del área asiática
y, en definitiva, que la situación era controlable, lo que no dijo,
quizá porque no se había valorado, era el impacto indirecto que puede
tener a través de la recuperación en las economías de otros países con
los que mantenemos relaciones comerciales fuertes por efecto de esa
globalización de la economía. Por tanto, puede que estas
consecuencias no sean de una percepción directa por la crisis
concretamente del mercado asiático, pero sí puede tener
consecuencias, ya las está teniendo en otros mercados como el de
Estados Unidos, y puede tenerlas también en mercados importantes de
la Unión Europea con los cuales sí tenemos unas relaciones
comerciales fluidas e intensas. En segundo lugar, debemos abandonar
el de que no tengamos que estar levantándonos todos los días con esta
permanente complacencia triunfalista sobre nuestra situación
económica y sobre los resultados obtenidos, que son ciertos, que
están ahí, las magnitudes macroeconómicas reflejan la buena
situación de nuestra economía, pero ya está, ya lo hemos dicho, lo
sabemos todos, lo saben los mercados, lo sabe la ciudadanía, lo saben
los electores, lo sabe todo el mundo; ya está. Lo que tenemos que
hacer es, aparte de felicitarnos por los logros conseguidos, seguir
trabajando; eso es lo que creo que debemos hacer, porque los tiempos
que vienen no van a ser fáciles y, en concreto, la influencia negativa
de la situación de los países que he mencionado puede trastocar las
previsiones de crecimiento en los próximos años, y esto si seria
grave. Por tanto, prudencia y seguir con las reformas estructurales
de la economía española. En tercer lugar, es absolutamente necesario
que estos países acometan urgentemente las reformas económicas
-me refiero a los países asiáticos fundamentalmente- que han sido
propuestas por el Fondo Monetario Internacional y que son
necesarias para acceder a las ayudas y para que éstas tengan efecto.
En este sentido yo creo que debemos presionar, dentro de nuestras
posibilidades y en el marco de la Unión Europea, para forzar a
estos países a tomar medidas para las reformas necesarias.
Esto es lo que quería comentar y analizar sobre la crisis asiática y
la previsión de una influencia negativa sobre la economía, en
concreto la economía española, porque creo que es importante que
seamos conscientes de la situación y que no nos quedemos en la
complacencia de pensar que de alguna forma se resolverá y que otros
lo harán. Es decir, tenemos que saber medir cuáles son las
consecuencias que puede tener para la economía española, sobre todo
para el crecimiento económico en el que estamos basándonos para hacer,
entre otras, reformas impositivas como la que vamos a acometer. Yo
creo que es importante ser conscientes y dar incluso más valor del
que puedan tener las consecuencias de la crisis asiática.
Por lo que respecta, finalmente, al Acuerdo Multilateral de
Inversiones, poco le voy a decir porque la verdad es que poco conozco
de ello, entre otras cosas porque no navego por Internet,
desgraciadamente, porque no tengo tiempo. Creo que ha sido muy
provechosa la intervención del portavoz del Grupo de Convergència i
Unió porque en diez minutos he aprendido del AMI mucho más, y eso se
lo tengo que agradecer a él. Con esto lo que quiero decir, señor
Ministro, es que indudablemente es un tema importante
del cual me gustaría conocer algo más y, como le digo, dado que
no navego, le agradecería que nos proporcionara el texto que se
está manejando. De lo que usted ha dicho hay algún aspecto que me
gustaría que pudiera aclarar, si no es excesivo el tiempo que tiene
que dedicar a ello. Me gustaría saber cómo encaja este acuerdo para
los Esta- dos de la Unión Europea, sobre todo con respecto a la
libertad de capitales, porque si los objetivos del AMI son la
liberalización de las inversiones y a la vez la protección de las
mismas, me interesaría saber cómo puede encajar esto en la Unión
Europea con la libertad de capitales. Hay otro aspecto que he
subrayado de lo que han comentado, y es que para facilitar la entrada
y la expansión de las inversiones extranjeras se prevé la concesión de
incentivos a la inversión. Me gustaría que, si puede, me explicara qué
es esa concesión de incentivos a la inversión, que se traduciría en
medidas dentro del AMI para dar entrada a la expansión de inversiones
extranjeras. Estas son las cuestiones que con respecto a este punto
le quería presentar al señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, es preocupación del
Bloque Nacionalista Galego la falta de debate y de información que
existe sobre los grandes temas de política económica, de
macroeconomía transnacionalizada e incluso de institucionalización
transnacional. En el caso del Estado español solamente nos llegan los
ecos, pero claro está que no hay que escandalizarse cuando no existe
escándalo alguno, teniendo en cuenta que vivimos situaciones tan
paradójicas o tan dignas de mención como asistir a la ratificación
nada menos que del Tratado de Amsterdam por el Congreso de los
Diputados de España sin que se entere nadie, con lo cual esta especie
de alianza político-mediática que conduce al silencio o a la
ocultación parece ser una característica de un Estado como el
español, que tiene una falta de autonomía política evidente en la
escena internacional y que reduce la política a una especie de visión
malamente doméstica, como guerra interpartidaria, que eso sí que
tiene grandes espacios en los medios de comunicación.
En todo caso, en el tema que nos ocupa del AMI es evidente que a
nivel internacional hay una doble y antagónica valoración, la que va
de aquellos que dicen que se trata de una especie de soviet económico
mundial animado por los dirigentes de las grandes multinacionales y
excluido del control de las naciones a la de a aquellos otros que,
pensan- do que hablan en positivo, dicen que sería una constitución
de la economía mundial unificada. En todo caso, un grupo como el
Bloque Nacionalista Galego, que tiene muy serias discrepancias
respecto del proceso de globalización que se da a nivel mundial y que
considera que muchas de las estructuras de las que se está dotando
este proceso de globalización no son de recibo por su carácter
jerárquico, por su carácter dual o por su carácter marginador
-llámese en gran parte Unión Europea, OCDE u OMC-, piensa que estamos
asistiendo precisamente a un proceso de devaluación y/o arrase
competencial de la soberanía política de muchos Estados, de muchas
naciones, y sobre todo del derecho de todos a contar con una base
económica propia.
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
En Galicia tenemos buena prueba de esto. Sus señorías saben la
importancia que damos a salvar nuestro sector lácteo, con evidentes
ventajas comparativas, puesto en entredicho por decisiones
políticas, no por ningún tipo de regla de la competitividad, o cómo
sufrió nuestro sector naval precisamente también por decisiones
políticas emanadas del proceso de transnacionalización.
En todo caso, la OCDE no es un organismo neutral, sino que
corresponde ni más ni menos que a los veintinueve Estados que la
constituyen, a los que corresponden el 88por ciento de los flujos de
inversión directa extranjeros. Por tanto, no se trata de una
casualidad que quieran blindar precisamente aquello a que se dedican,
como no es menos cierto que la OCDE, fundada en 1960, se concibió
como brazo económico de la OTAN y está firmada por USA más Europa y
el tigre asiático. Es un organismo que está dedicado desde hace
mucho tiempo a perfilar las estrategias alargo plazo en el terreno
económico, con esta dualidad de política y economía donde la
política, de manera hipócrita o cínica o haciendo que no ve, permite
a los gestores económicos que vayan trazándole el camino por
adelantado. Es un organismo que, por lo demás, nos tiene habituados
al mensaje del tipo de que hay que flexibilizar aún más el
mercado de trabajo, que incluso no debe haber un salario mínimo
interprofesional, aunque después los gobiernos de los Estados puedan
decir lo contrario. En definitiva, hay un empeño clarísimo y el AMI
responde a esta intención de desterritorializar más la economía, de
desnacionalizarla, no de otra manera se puede entender la intención
de que no tengan sede social en el propio territorio las
transnacionales que actúan en determinado tipo de Estados, que
todos sus directivos puedan ser totalmente foráneos, que se puedan
realizar compras de bienes y equipos en cualquier parte, no en el
lugar donde se está ubicado, de blindarse frente a expropiaciones
hipotéticas derivadas de cambios políticos, incluso de realizar la
transferencia de activos como le venga en gana a la transnacional de
turno.
En conclusión, hay dos cuestiones básicas: instituciones
subordinadas al mercado como único poder legítimo y primacía de la
economía sobre la política con las consecuencias devastadoras para
cualquier tipo de régimen democrático, lo cual el Bloque Nacionalista
Galego no comparte en absoluto. Se está yendo a configurar una especie
de supuesto nuevo Derecho internacional que se basa en las
antípodas del actual, cosa que nos parece un salto cualitativo de tal
importancia que no se puede aceptar deforma alegre, baladí o
inconsciente. Que el derecho de injerencia quede consumado con
todas las garantías en el terreno de la actuación económica y de los
flujos de capital, que se afecte a la soberanía de los Estados de
forma tan grave y en contradicción tan explícita con la carta de los
derechos y deberes económicos de los Estados, Carta que nos dio la
ONU, que para nosotros sigue teniendo un valor testimonial y real de
participación de todos los Estados del mundo muy superior a los
organismos a los que antes me referí, hace que nosotros no concibamos
correcto este proceso que no es un proceso de internacionalización
sino de trasnacionalización desigual y jerarquizado.
Afortunadamente, señorías, todo tiene sus contradicciones, Aquí
escuchamos muchas veces encendidas defensas de la base agraria del
aceite de oliva español, no por
supuesto de la leche, de lo cual nos congratulamos porque es una
contradicción interesante con aquellos que dirigen la política
internacional y de la dualidad entre política y economía, puesto que
ya vemos las encendidas defensas que hacemos todos del derecho de Cuba
a subsistir cuando hay otros que no tienen mucho interés en que así
ocurra, incluso el interés del Gobierno y del señor Rato en particular
porque quede claro que la Unión Europea es una unidad diferenciada
en relación con el contexto internacional y que no se puede hacer
tabla rasa de que existe una economía más cohesionada, más
privilegiada y un trato preferencial. Igual que deja clara la
cláusula de excepción cultural si se trata del español. Me alegra
mucho saber que usted defiende la versión auténtica del AMI en lengua
española, lo cual sería muy bueno si tuviese esa misma actitud tan
reverente y respetuosa respecto de la identidad o la excepción
cultural dentro del propio Estado. En definitiva, pensamos que hay
que ser cautos y hay que rectificar. Nosotros no compartimos este de
barco velero que conduce a un camino, aunque afortunadamente con
contradicciones de las que esperamos sacar el mejor partido, no en
nombre de ninguna actitud sectaria o de contradecir el proceso de
internacionalización en lo que tenga de positivo, sino de anularlo en
todo aquello que está yendo a misa y que es muy negativo.
Para ir finalizando, quiero hablar de el problema asiático y la
situación laboral, económica, del Estado español. Señorías tienen que
aceptar, que llevamos muchos años de propaganda sobre lo bien que le
iba al sudeste asiático y en concreto a la batuta japonesa y a todos
sus acólitos. Ahora de repente parece que por arte de la fatalidad
todo se viene abajo y se dice que eran gigantes con pies de barro. Son
unos gigantes con pies de barro montados sobre los flujos financieros
que no se sabe si ahora por poco rentables, si porque se ha llegado
al tope de lo que se podía especular con los mismos, o incluso por
alguna decisión política para debilitar en concreto alas pretensiones
de Japón de seguir blindado en relación con algunos intercambios
comercia- les, de repente hay una crisis general de la que no
teníamos siquiera idea de que se pudiese producir. En todo caso quiero
decirles que a los obreros de Ferrol y su comarca se les vendió,
durante diez años, la idea de que había que desmantelar los
astilleros públicos porque en otros lugares competían de una manera
que no era abordable desde la perspectiva europea, pero todos venimos
a saber ahora que la clase obrera, por ejemplo, de Corea del Sur
tenía un estatus laboral nada despreciativo en relación con los
obreros de Astano y, por tanto, su competitividad debía estar basada
en algo distinto que no era exclusivamente el nivel de sus salarios.
Sería interesante que el señor Rato nos dijese si él conoce que en el
aspecto político de esta cuestión sola- mente hay retroceso y, por
tanto, ponerle un límite al flujo financiero porque era excesivamente
especulativo y no respondía a una base real, y alguien tendrá que
pagar por esto, o hay algún tipo de operación política en relación
con Japón, que son guerras por supuesto comerciales, que no llegan a
ser guerras en el sentido literal del término. Para concluir voy a
hablar sobre mi país. Los números generales siempre son engañosos. Yo,
señor Rato, insistentemente le tengo que decir que Galicia tiene hoy
250.000 personas menos ocupadas que en el año 1976, y esto además en
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pleno retroceso demográfico, que tiene menos gente empleada en el
sector industrial que en el año 1960, que los salarios están por
debajo de la media del Estado español, la renta per cápita
exactamente igual, y que las inversiones de las administraciones
locales, aquellas que sirven a los ciudadanos, están muy por debajo
también de la media que existe en el resto del Estado, curiosamente
teniendo una estructura de municipios que sabe usted que es la de una
población muy dispersa y que a lo mejor debía estar disparado el
gasto público en este aspecto derivado de unos gastos de
infraestructuras que muchas veces incluso nosotros mismos nos
alarmamos. Parece ser que no, que aún estamos también por debajo en
estos gastos de servicios públicos sociales que tienen las
administraciones locales. Por tanto, si la economía española y en
concreto la población ocupada en el año 1976 y hoy más o menos se ha
mantenido en unos parámetros muy similares o prácticamente sin
oscilaciones graves, en el caso gallego no es así, y esto hay que
atribuirlo a una destrucción de sectores productivos básicos de
nuestra economía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Como podrán comprender mis compañeros de
Comisión, en esta ocasión voy a ser especialmente breve precisamente
para contribuir a la contestación del Vicepresidente que considero en
este caso interesante por los planteamientos que se han hecho en la
mañana de hoy. Pero antes de entrar en la cuestión, creo que recogería
el sentir general de la Comisión si le rogara al Vicepresidente del
Gobierno que trasladara a su antiguo Secretario de Estado, el señor
Norniella, el agradecimiento de esta Comisión por la colaboración
que ha mantenido durante su mandato y desearle su estabilización en
el proceso de salud en el que se encuentra inmerso. No voy a hacer de
malo, señor Alcaraz, precisamente porque considero que es usted un
parlamentario comprometido y cortés y, por tanto, está muy legitimado
para defender las posiciones que considere oportuno, pero permítame
que discrepe en algunas de las cuestiones que nos ha planteado tenga
mi discrepancia y vayan a formar parte de las afirmaciones que hoy
haga este portavoz.
Creo que las tres partes en las que ha dividido el señor
Vicepresidente su intervención son de enorme interés. Probablemente
ha tenido mayor atención para la Comisión todo lo relativo al Acuerdo
Multilateral de Inversiones, pero no por ello deberíamos dejar de
hacer alguna afirmación en torno a la primera parte cuando se ha
referido a las modificaciones introducidas en el sector financiero.
Fundamentalmente, mi grupo tiene que mostrar su satisfacción y animar
al Gobierno a que insista en ese camino, porque el Gobierno se ha
percatado, creo que a tiempo y con medidas muy oportunas, del
cambio que se está produciendo en España en la estructura del ahorro.
España ha pasado de una situación en la que el ahorro tenía una
característica que podíamos vincular a la palabra cautivo a un ahorro
muy dinámico. Consideramos que era necesario no sólo dar un marco
legal a la cantidad de productos nuevos que están apareciendo en el
mundo financiero, que dotara de seguridad jurídica a todos los
ahorradores, sino también
introducir un mayor grado de competencia en el mercado. Consideramos
que las medidas aquí expuestas por el vicepresidente como relato de
la agenda de acuerdos tomados por el Consejo de Ministros y las
validaciones que este Parlamento hace de algunos de esos acuerdos
introducen precisamente seguridad jurídica para el ahorrador,
introducen competencia y dan forma a una nueva realidad del ahorro
que España está registrando en este momento, aunque, como se ha dicho,
estamos probablemente en posiciones todavía muy incipientes en
comparación con otros países de nuestro entorno europeo.
También consideramos de enorme importancia que en la mañana de hoy se
haya debatido sobre el AMI de manera tan prolongada y consideramos
incluso que las contestaciones que el Gobierno ha ido dando en
relación con preguntas que otros parlamentarios han formulado sobre
el contenido del AMI, sobre el mecanismo de trabajo del AMI, sobre la
representación del AMI, son claramente suficientes y
satisfactorias. Debo reconocer que tendríamos que hacer público el
contenido de esas contestaciones y podríamos ver que, cuando se ha
contestado sobre quiénes estaban negociando, se ha hecho con toda
precisión, con el nivel necesario y con toda transparencia; cuando se
ha contestado cuá1 era el contenido de esas negociaciones, también
se ha hecho con toda precisión y hoy mismo hemos podido asistir a un
relato en el que, desde la necesidad de establecer unas reglas claras
y transparentes para el tratamiento no discriminatorio de las
inversiones entre países, se ha partido de reconocer esa necesidad,
pero también se ha partido de reconocer que estamos en una coyuntura
suspensiva. El hecho de que el acuerdo haya ido aplazándose poco a
poco y prorrogando su firma, bien en el plazo de1995, de 1997, de
1998 o, como se encuentra en este momento, sin una fecha fija para
firmar ese acuerdo, lo que identifica es que estamos en una posición
de debate y de negociación en la que se hace necesario construir o
crear condiciones para una más amplia cobertura y respaldo de los
países que firmen este acuerdo, en la que se hace necesario
identificar algunos aspectos de acuerdos políticos sobre temas
sensibles, pues en este momento no hay coincidencia entre los
países que están debatiendo. Creo que - por qué no decirlo- el motivo
por el que se está prorrogando sucesivamente la firma de este
acuerdo es porque se hace necesario -y aquí se ha puesto de
manifiesto- un mayor asesoramiento y una apertura de consultas en los
países para poder determinar la verdadera trascendencia de este
acuerdo. Por tanto, creo que lo que hay en estas prórrogas es todo
un signo de prudencia al haber examinado la trascendencia que tiene
el acuerdo, que podrá ser de mayor o menor interés para algunos países
en función de los flujos de inversión que se tengan. Teniendo
presente que España concentra fundamentalmente esos flujos de
inversión en la Unión Europea y en Iberoamérica, desde esta óptica nace
una necesidad de ser más prudentes y, si cabe, nace una necesidad de
aumentar esa prudencia cuando se comprueba, como se ha dicho
anteriormente, que se está redactando casi la constitución de una
economía mundial unificada.
Por tanto, considero que el tiempo y los contenidos de la negociación
que se ha llevado a cabo y, por qué no decirlo, los retrasos que se
están produciendo son un indicio de
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
que existe la necesidad de abrir todo un periodo de consultas y, en
ese periodo de consultas, sin ningún género de dudas, no podrían
faltar los parlamentos implicados en este acuerdo. Por tanto, ante un
acuerdo integral de estas características, cuando vemos con
satisfacción que se aborda una mayor precisión en el concepto de qué
se considera inversión; cuando vemos también el contenido de todos
los elementos de salvaguarda que se redactan en este acuerdo; cuando
vemos también con satisfacción el mecanismo de resolución de
conflictos y el mecanismo de excepciones, debemos considerar que, en
efecto, el AMI ha entrado en un proceso de consultas. Estas consultas
no sólo tienen que abarcar a los parlamentos, considero que seria muy
prudente también, como así se ha hecho ya, ampliar estas consultas
a las comunidades autónomas para que ellas también dieran su
opinión respecto a la trascendencia y la incidencia del borrador de
este acuerdo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, también consideramos que el
seno del debate debería ser la OCDE, por tres razones fundamentales.
Primero, porque en la OCDE se dan cita unos países cuya similitud es
mayor que la de aquellos que reúne la OMC. Segundo, porque consideramos
que los países que componen la OCDE vienen a concentrar casi el
90 por ciento de los flujos de inversión que se producen en esta
área. Tercero, porque la OCDE ha tenido ya experiencias muy
satisfactorias de haber redactado códigos o directrices sobre
liberalización de movimientos de capital o sobre inversiones
directas. Estas tres razones nos hacen pensar que el seno adecuado de
este debate debe residir en la OCDE.
Para terminar y procurando la brevedad que había anunciado para dar
paso a la intervención del señor Vicepresidente, quisiera hacer una
mención a la situación económica, que ha constituido la tercera
parte de la intervención del señor Rato. Para mí, la economía en su
situación de bonanza se mide en resultados. Por tanto, respecto a
cualquier actividad de la economía, son los resultados los que tienen
que decir si una situación es favorable o sus índices son
desfavorables. En la economía española, esos resultados son bastante
descriptivos. España está en un acelerado ritmo de crecimiento, tiene
una intensa creación de empleo, sobre la que me hubiera gustado
hablar, pero el tiempo limitado me impide extenderme en las cifras ya
conocidas. Creo que España ha salido de una situación de atonía en el
consumo para estar en este momento en un consumo bastante
razonable. Creo que también es interesante la limitación que se
está produciendo de la contribución negativa que habitualmente daba
el sector exterior y, si me apuran, la situación del sector exterior
y la balanza de pagos es importante porque va a mantenerse un saldo
positivo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y la
capacidad de financiación frente al resto del mundo será todavía
positiva, como lo fue ya en los años 1996 y 1997, y se prevé que,
para el año 1998, ese saldo positivo sea en torno al 1,3. Creo que,
mientras no se vea dañada la capacidad de financiación frente al
resto del mundo, el que en este momento se estime una contribución
negativa leve, en torno al 0,5 por ciento, ni siquiera es una señal
de alarma.
Por tanto, los resultados nos están confirmando que España se
encuentra en una situación de clara bonanza económica. Quiero
insistir en un mensaje que mi grupo
parlamentario quiere transmitir en esta intervención. Se debate mucho
sobre si la bonanza económica de la economía española obedece
exclusivamente a factores provinientes del ciclo económico. Mi grupo
tiene que reconocer que, sin ningún género de dudas, el ciclo
económico en este momento le es favorable, pero es evidente que las
medidas de equilibrio que se han introducido en nuestra macroeconomía,
que las medidas de flexibilización que se han introducido en
nuestra microeconomía y que las medidas de consolidación fiscal son
también tres elementos que han contribuido a aprovechar de manera más
positiva la bonanza de la economía se debe sólo a factores
exteriores, me parece una visión bastante simple, pretendiendo -como
ha en algunas voces- excluir que las medidas que un Gobierno adopta
hacen potenciar más la capacidad del ciclo.
Señor Vicepresidente, considero que su intervención entorno a las
modificaciones del sector financiero ha obtenido muy pocas
críticas, lo cual viene a representar el amplio respaldo que hay
sobre las mismas. Respecto al AMI, considero que este Parlamento
debe de entrar en un período de estudio y de consulta y, en ese
sentido, mi grupo trabajará codo con codo con los demás grupos
parlamentarios que así lo deseen. Igualmente, consideramos que los
índices actuales -que para unos podrían resultar preocupantes y para
nosotros son el reflejo del funcionamiento normal de la economía-
ponen de manifiesto que el ciclo económico y la situación económica
en España está instalada en una fase de estabilidad; estabilidad que
redunda en la bonanza económica. A nuestro grupo nos gustaría
-insistimos en ello- que esta bonanza económica siempre fuera enfoca-
da a fortalecer nuestros esfuerzos en dos sentidos: la creación de
empleo y el fortalecimiento de las políticas conducentes al
mantenimiento del Estado de bienestar.
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor
Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA(De Rato Figaredo): Ante todo, quiero agradecer a los
grupos parlamentarios no sólo el tono, sino también el fondo de sus
intervenciones, sobre los asuntos a los que trataré de dar respuesta
de manera general, haciendo algunas valoraciones concretas de algunas
intervenciones. Debido a unas cuestiones de premura de tiempo que ha
planteado el presidente al comienzo de mi intervención, me
disculparán si hago una referencia a todos los asuntos que se han
tocado, pero, habida cuenta que ha habido muchas reiteraciones -como
no podía ser de otra manera, con un orden del día uniforme para todos
nosotros-, creo que podré hacerlo respondiendo a todas las
preocupaciones o preguntas de sus señorías.
Quiero comenzar diciendo que la comparecencia que yo realizo hoy aquí
no viene a sustituir ninguna comparecencia de ningún secretario de
Estado. La nueva Secretaria de Estado de Comercio comparecerá
-supongo que ya el próximo periodo de sesiones- y reanudará la
práctica de las comparecencias periódicas ante la Comisión. El
Secretario de Estado de Economía -que ha comparecido hace pocos días-
ha dedicado una parte de su intervención y de
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su informe escrito al sector exterior. Por lo tanto, si en este
momento la Comisión considera que falta información escrita sobre
cuestiones del sector exterior, estoy plenamente dispuesto a que se
le envíe, pero, en cualquier caso, no es ésta una sustitución de una
comparecencia de la Secretaria de Estado de Comercio.
El señor Pérez Segura me ha planteado, primero, cuestiones
relacionadas con el plan de liberalización y, desde ese punto de
vista, tengo que decir que es la primera vez que un Gobierno realiza
un plan completo sobre estas cuestiones y se compromete a cumplirlo;
en estos momentos estamos en un cumplimiento superior al 80 por
ciento. Es verdad que el señor Pérez Segura ha puesto el dedo en los
temas que aún no se han cumplido; me parece lo lógico desde el punto
de vista de la oposición y además me parece lo útil. El Gobierno está
trabajando en una reforma de la Ley de defensa de la competencia, que
en este momento está siendo estudiada por el propio Tribunal. Nos
parece imprescindible que haya una continuidad institucional en este
tema. En cuanto a las cuestiones que ha planteado respecto al
leasing, quiero decir que -como él sabe muy bien- mañana se aprobará
en el Congreso la ley definitiva de ventas a plazos de bienes
muebles. Esta modernización del procedimiento y ejecución del leasing
está contenida en una disposición adicional y, por lo tanto, los
grupos parlamentarios han tenido -y van a tener en el Senado-
oportunidad de mejorar lo que el Gobierno ha planteado sobre estas
cuestiones; lo mismo tengo que decir sobre el tema factoring, que
forma parte de la ley de capital riesgo y que está en pleno debate en
el Parlamento, como también las mejoras de los regímenes jurídicos de
garantía recíproca y de las sociedades de refianzamiento.
En cuanto a la visión de que las medidas que aporta el Gobierno son
exclusivamente en beneficio del sector bancario y no del ahorrador,
tengo que decirle -con todos mis respetos- que eso se contradice con
la afirmación siguiente de que lo que necesitamos es un mercado de
capitales más amplio y más profundo. Las medidas, indudablemente,
afectan a los sectores financieros que trabajan en el mercado de
capitales, pero van dirigidas, sobre todo, a los usuarios del
mercado de capitales. En ese sentido, creo que la capacidad que en
este momento estamos dando, por un lado, a los usuarios del mercado
de capitales como ahorradores y, por otro, a los inversores en el
mercado de capitales y al acceso que tengan las pequeñas y medianas
empresas al mercado de capitales es, sin duda, una prioridad del
Gobierno y entiendo que es una de las necesidades que comparte la
mayor parte de la Comisión. Creo firmemente que ése va a ser uno de
los grandes elementos modernizadores de los próximos años, y estoy
absolutamente de acuerdo en que debemos caminar en esa dirección y
profundizar todo lo que sea posible en mejorar la desintermediación
financiera. En ese sentido, todas las iniciativas de los
grupos parlamentarios serán estudiadas con el máximo interés por
parte del gobierno, habida cuenta que en estos momentos los grupos
tienen en sus manos tres instrumentos legales: uno es la ley del
mercado de valores, que está en el Senado; otro es la ley de
capital-riesgo, que está en el Congreso y otro es la ley de venta de
bienes inmuebles, que está a punto de salir del Congreso para el
Senado. Por lo tanto, creo que hay margen para establecer debates.
Creemos que éste es uno de los temas más importantes que se tienen
que producir en la economía española en los próximos años y estamos
dispuestos a avanzar al mayor ritmo posible que nos plantee el
Parlamento, incluida nuestra propia capacidad de acción, que creo
que la estamos demostrando; sólo la cantidad de leyes que se están
debatiendo sobre este tema creo que es lo suficientemente claro.
Al hilo de otras intervenciones sobre la realidad económica
española, quiero decir que en este momento, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística hechos públicos hoy mismo, la
inversión está creciendo al 8,8; la inversión en bienes de equipo
está creciendo casi al 15 por ciento, al 14,9; la inversión en
construcción está en una clara recuperación, creciendo casi al 5 por
ciento, al 4,8, y el con- sumo está creciendo al 3,5, frente al 3,3
de trimestres previos. Creo que las cifras que estoy dando no
indican en absoluto que la economía española esté en una fase de
ralentización; más bien, parecería lo contrario. En ese sentido,
tengo que decir que tampoco parece que la recuperación no esté
llegando a los ciudadanos, habida cuenta del crecimiento del consumo
privado. Por otra parte, y como continuación, de la política de
estabilidad del gasto público del Gobierno, quiero poner también en
conocimiento de la Comisión que el consumo público en términos reales
ha registrado un crecimiento cero, frente al 1,8 en el último
trimestre de l 997. Por lo tanto, desde el punto de vista del
conjunto de la demanda interna, estamos ante un crecimiento del 4,1
y, en cuanto al exterior -aún con una aportación para el conjunto
del año que ya he dicho que creo que puede ser ligeramente negativa-,
hemos de tener en cuenta que las exportaciones de bienes y servicios
están creciendo al 14,1 por ciento -cuatro puntos por encima de la
media de 1996- y que las importaciones están creciendo al 14,9 por
ciento, como consecuencia del vigor de la demanda interna. Creo que
estos son datos que indican que la economía española está en una fase
de crecimiento sostenido.
Respecto a la pregunta que muchos portavoces han realizado en el
sentido de si pueden pensar que ésta es una situación eterna,
seguramente nadie puede pensar que las situaciones económicas son
eternas; pero -como he planteado en el Pleno y vuelvo a insistir en
la Comisión- en este momento la mayor preocupación del Gobierno es
afianzar esta recuperación y darle la mayor capacidad decrecimiento
en el tiempo. Es decir, hemos conseguido un crecimiento estable y
ahora tenemos que conseguir un crecimiento sostenido. Tengo que
decir que la mayor parte de las medidas de las que hemos hablado hoy
en relación con el tema financiero y otras que hemos debatido en otros
momentos y que esta Comisión va a abordar dentro de muy poco, como es
la reforma fiscal, la propia evolución del déficit público o la
liberalización, de sectores (se nos urge para que la completemos y yo
acepto claramente esa recomendación de la oposición), todas son
contribuciones a que el crecimiento, además de estable, sea
sostenido. Creo que España tiene hoy grandes oportunidades de
asentarse en un ciclo largo de crecimiento en el que, sin duda,
existen, riesgos a nuestro alrededor -qué duda cabe que la economía
mundial nos afecta-, pero yo quisiera también tranquilizar a SS.
SS. -si es necesario, que no me lo parece- sobre lo que en este
momento está sucediendo a nuestro
COMISIONES 24 DE JUNIO DE 1998.-NÚM. 491
alrededor. Es verdad que hay una crisis profunda en el sudeste
asiático. No es menos cierto que el sudeste asiático no representa ni
el 3 por ciento de nuestras importaciones ni de nuestras
exportaciones y que, por lo tanto, los efectos directos sobre
nosotros son, indudablemente, leves.
Es cierto que una crisis prolongada a lo largo de varios años en el
sudeste asiático llegaría a afectarnos de una manera distinta a una
crisis que pueda corregirse; no es menos cierto que en este momento
el Fondo Monetario Internacional, del cual España forma parte y la
Unión Europea es su principal contribuyente, ha tomado medidas muy
importantes para la solución de la crisis en varios países y no es
menos cierto que la situación en Japón está en una fase en la que hay
una coincidencia total sobre la necesidad de que el gobierno japonés
aborde reformas estructurales, y yo creo que esa coincidencia va
unida a una recomendación de la mayor intensidad por parte tanto de
la Unión Europea como de los Estados Unidos, como de cada uno de
nuestros países y también de sus propios vecinos.
En ese sentido, yo no creo que debamos ser alarmistas sino que
tenemos que ser realistas. Hay una crisis que nos afecta de manera
limitada, pero indudablemente es una crisis que no podemos
contemplar no sólo sin interés, sino sin una gran atención, y creo
que lo estamos haciendo a través de los cauces pertinentes.
En cuanto a las consecuencias que algunos señores portavoces han
sacado sobre si la realidad del milagro asiático de los años setenta u
ochenta debemos ponerla en revisión, seguramente sí, lo que pasa es
que no creo que en este momento sea mi labor hacer un análisis de
cuál ha sido la evolución de esos países en los últimos veinte años.
Creo que merece la pena hacerlo y que no se pueden sacar consecuencias
tan rápidas sobre lo que ha sucedido en esos países. En
los últimos años, políticas que han primado desde el punto de vista de
la opacidad, de la falta de transparencia de mercados y de la falta
de liberalización, han producido efectos muy negativos en esos países,
de los cuales creo que podemos sacar algunas consecuencias. Desde
el punto de vista del empleo, los datos que he dado creo que son
suficientemente ilustrativos, aunque se nos dice que no son
suficientes. En ese sentido, sigue siendo indudablemente la primera
prioridad de la política económica del Gobierno. Yo creo -vuelvo a
insistir- que si nosotros -cuando hablo de nosotros me refiero al
conjunto de la sociedad española- fuéramos capaces de mantener un
ritmo de crecimiento como el actual, con una creación de empleo del
3,3 por ciento a lo largo de varios años, como lo estamos haciendo en
los años 1997 y 1998, una gran cantidad de los problemas que hoy
describe la realidad social española tendrían una definición distinta.
En ese sentido, creo que desde todos los puntos de vista, las cifras
que estamos contemplando son positivas.
De ahí no creo que haya que sacar ningún tipo de planteamiento ni
triunfalista ni de autosatisfacción, sino que lo que tenemos que
extraer es una lección de por qué camino tenemos que resolver
nuestros problemas, y el camino es sin duda la contención del gasto
público, la reducción del déficit público, la liberalización de
mercados, las reformas modernizadoras de nuestros impuestos, la
internacionalización de nuestra economía y la incorporación en un
proceso cada vez más intenso de integración europea, del cual
podemos obtener muchos beneficios, por ejemplo, en la ampliación del
mercado de capitales desde el punto de vista de financiación de la
economía productiva.
Sobre una cuestión específica que me ha planteado el señor Pérez
Segura, sobre la reforma del consejo de administración, tengo que
decir que este Gobierno ha impulsado el primer código de conducta
sobre consejos de administración conocido en España. Por lo tanto,
estoy de acuerdo en que se pueden expresar opiniones sobre lo que se
quiera, pero este Gobierno es el que ha impulsado ese código de
conducta, que es el código Olivencia, que creemos que es un punto de
referencia que nos sitúa en el grado de exigencia de las economías
industriales más importantes desde el punto de referencia que nos
sitúa en el grado de exigencia de las economías industriales más
importantes desde el punto de vista de la transparencia de los órganos
de dirección de las sociedades que solicitan financiación de los
mercados públicos.
Sobre el AMI, creo que el debate ha sido y debe seguir siendo muy
interesante, pero no podemos hacer un debate, ustedes perdónenme, ni
en condicional ni sobre el debate en Francia, porque creo que, aunque
sea muy interesante lo que les pasa a los franceses y lo que dicen
los franceses -y voy a poner un ejemplo muy importante, como el tema
cultural- no es exactamente lo que nos importa a nosotros. Por
tanto, del debate cultural en Francia o de todos los posibles riesgos
que puedan derivarse de cualquier análisis, por muy alejado que se
encuentre de la realidad, yo creo que quizás no nos concentra en los
temas.
Yo he tratado en mi intervención, primero, de presentar ante la
Comisión cuáles son los objetivos, después de trasladar claramente
que estamos ante una suspensión sine die en este momento, que por lo
menos estamos nos va a llevar al año 2000, y, tercero, cuáles son las
posiciones que mantiene España, sin las cuales no está dispuesta a
que se firme ese acuerdo, partiendo de una afirmación que quiero
claramente enfatizar: el AMI no es una prioridad en nuestra política
comercial exterior, es un acuerdo muy importante. El que no sea una
prioridad para nosotros, habida cuenta de que nuestras relaciones
comerciales están plenamente garantizadas en la misma línea que
establece el AMI dentro de la Unión Europea y con los países
iberoamericanos, no quiere decir que no consideremos que es un
acuerdo muy importante y, por tanto, estamos siendo claramente
activos en el AMI. ¿Quiénes son los que participan en el AMI? Creo
que he leído todas las subdirecciones generales que participan y creo
que ese es un debate que está suficientemente clarificado.
Varios portavoces, empezando por el señor Pérez Segura, por el
señor Guardans y también por el señor Alcaraz, me han preguntado por
qué se plantea este debate en la OCDE, y si ésa es una ventaja o un
inconveniente. Yo creo que la razón, como ha dicho el señor Aguirre,
es obvia. Primero, la OCDE se negocia en veintinueve países, no en
ciento treinta y tantos países. Segundo, los países de la OCDE
suponen el 88 por ciento de la inversión extranjera en origen y el 65
por ciento en destino, tienen una gran similitud de desarrollo
económico y tienen una gran especialización y experiencia. De ahí,
algunos portavoces parecen sacar la consecuencia de que este
acuerdo va a imponerse al resto del mundo, y eso no es así, es más
bien al
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contrario, Nosotros nos vamos a obligar a unas condiciones de
transparencia inversora de las que otros países se van a poder
aprovechar en nuestros países y nosotros no vamos a poderlas exigir en
el suyo, salvo que suscriban el AMI, y eso de que ustedes partan de
la base de que los que no lo suscriban se van a ver obligados a
suscribirlo, es una presunción que algunas de SS. SS. puede hacer.
Yo, desde luego, no estoy nada seguro de ello. Yo creo que es un paso
muy importante en un proceso de transparencia, de seguridad
jurídica y de igualdad de condiciones de los inversores,
independientemente de su nacionalidad en los mercados, y eso creo que
es interesante para países como España o el conjunto de la Unión
Europea, o los países de la OCDE, es un paso que puede llegar a
influenciar decisiones que afecten a muchos más países, pero que
está por ver si eso se va a producir. En cualquier caso, el fenómeno
que les he descrito a SS. SS. es el que se va a producir si llegamos
a un acuerdo, que todavía, vuelvo a reiterar, está por ver si llegamos
a un acuerdo, habida cuenta de que en este momento los plazos
han sido ya claramente sobrepasados, los problemas planteados son
muy profundos y no hay una fecha cerrada.
En cualquier caso, si llegáramos a ese acuerdo, los veinticuatro o
veintinueve países firmantes, algunos de ellos no miembros de la OCDE
y que quieren sumarse -no están obligados, pero quieren sumarse-,
estaríamos obligados a aplicar ese tratado mientras que el resto de
los cien países que no lo van a firmar no lo estarían, pero podrían
beneficiarse de esas condiciones, en el caso de sus inversiones en
nuestros países. Por lo tanto, yo comprendo que se quiera hacer un
discurso en algunos casos de imposición, pero más bien creo que
estamos en una situación completamente distinta.
Desde el punto de vista de información, quiero decir que nosotros
hemos enviado más de quinientas correspondencias, entre ellas
algunas con el texto de la negociación, a todas las comunidades
autónomas, a todas las organizaciones empresariales, a las Cámaras,
a los sindicatos, a las asociaciones de exportadores; que estamos en
contacto con las ONG para temas de medio ambiente, y que desde febrero
de 1998 el AMI ha sido puesto por este Ministerio en Internet, no
necesariamente por los canadienses, que también seguramente
contribuyen al debate, y estamos manteniendo un sinnúmero de
reuniones con todas las partes interesadas. Por otra parte, me
parece lo lógico y me parecería absurdo que no hubiera sucedido todo
esto.
Quiero reiterar que nuestro interés en este acuerdo está sobre todo
en que a él se sumen países latinoamericanos importantes y creemos
que eso es importante para España. El hecho de que participen Brasil,
Chile, Argentina y que Méjico sea ya miembro de la OCDE nos indica que
es un acuerdo que para nuestros intereses y para lo que nosotros
representamos en el mundo tiene una amplia base.
Para acabar con el tema del AMI, sin querer entrar en conflicto sobre
el Parlamento Europeo, nosotros estamos de acuerdo con el
planteamiento del Parlamento Europeo; ha sido la posición que
nosotros hemos defendido dentro de la OCDE con respecto a la
extraterritorialidad de las leyes o los conocidos efectos de la Ley
Helms Burton o D'Amato Kennedy; he dicho que era una de las
condiciones que nosotros poníamos para firmar el acuerdo y que
esperábamos que se recogieran nuestras posiciones en el acuerdo
final, y, si no, no lo firmnaremos. Por tanto, en eso, señor
Guardans, me remito a lo que creo que es un consenso general de
esta Cámara.
En cuanto a la excepción de integración regional, sería absurda y la
compartimos con otros países europeos. Con respecto a la excepción
cultural, no somos partidarios de una excepción cultural europea. No
lo hemos sido nunca y no lo vamos a ser por razones obvias. Es posible
que a la cultura francesa le interese una excepción cultural europea,
a nosotros no. A nosotros nos interesa que en el Acuerdo Multilateral
de Inversiones no se introduzca ninguna cláusula que suponga vaciar
de contenido la normativa nacional o de tratados internacionales que
tenemos suscritos sobre patrimonio histórico, propiedad intelectual o
estímulos para las artes e industrias culturales. Una cosa es un
tratamiento específico de las distintas materias culturales, quede
hecho tienen y deben seguir teniendo, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional y que se manifiesta, por ejemplo, en las
limitaciones al comercio de bienes de patrimonio artístico y en
especial a la protección de derechos de propiedad intelectual y a las
medidas de fomento, y otra cosa es que nosotros vayamos a estar de
acuerdo con una determinada excepción cultural que afecta
directamente a nuestros intereses, porque tenemos un ámbito cultural
mucho más amplio que el europeo. En ese sentido, nuestra posición no
es, ni mucho menos, la misma que puedan mantener otros Estados, lo
cual no quiere decir que no estemos dispuestos a escucharles.
Hay tres excepciones culturales: la cuota de pantalla, las licencias
de doblaje y la televisión transfronteriza. En cualquier caso,
quisiera tranquilizar a SS. SS., porque no estamos cambiando de
posición para nada, sino que estamos manteniendo nuestras
posiciones tradicionales.
Vuelvo a reiterar que el AMI no se va a firmar en octubre de este
año, ni mucho menos. No es previsible que se firme antes de abri1 del
año 2000, por tanto estamos ante un proceso muy largo.
En cuanto a las multinacionales, quiero decir -y lo he dicho en mi
primera intervención, probablemente sin suficiente énfasis- que se
van a incluir las directrices sobre empresas multinacionales. Nosotros
hemos defendido esa inclusión y así lo he dicho en mi intervención.
Hay un código de conducta de empresas multinacionales que queremos
que forme parte del Acuerdo Multilateral de Inversiones.
Se ha planteado también el tema del futuro de los créditos FAD y la
cooperación. Primero, quisiera decir que este Gobierno ha sido el
primero que ha enviado una ley de cooperación a esta Cámara y, por
tanto, estamos plenamente satisfechos de ello. A otros, seguramente,
les hubiera gustado, pero no lo han hecho. Cuando uno no lo puede
hacer, es una cuestión que, desde el punto de vista de iniciativa
política, hay que subrayar. Segundo, hemos entendido que había
algunas clarificaciones técnicas en la ley, de la cual hemos sido los
principales impulsores, que hubieran sido mejores, pero no por ello
hay que darles mayor importancia. Se ha preguntado si el FAD va a ser
sustituido por los nuevos fondos de inversión y garantías; la
contestación es no. Lo que estamos impulsando, de acuerdo con las
empresas, es modernizar y mejorar los instrumentos financieros de
exportación e inversión, y en esta
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línea está la creación de los fondos que fueron votados en la última
ley de presupuestos, el FIEX y el GIES, que no van a sustituir al
FAD, ya que éste, en nuestra opinión, tiene todavía grandes
posibilidades de cumplir objetivos nacionales en los próximos años.
Por ejemplo, la cartera de consultas FAD hoy es de casi 300
proyectos, por más de 600.000 millones de pesetas, aunque creo que la
Comisión es consciente de que los créditos FAD tienen cada vez
mayores limitaciones sectoriales y por eso han nacido estos fondos a
los que hemos hecho mención algunos portavoces, y también para
apoyar aquellos sectores que son rentables y que por disciplinas de
la propia OCDE ya no pueden beneficiarse de los créditos FAD.
Señor presidente, sobre el AMI me gustaría, primero, considerar que
hay un interés importante en la Comisión de que este tema se siga con
el mayor detalle. Los grupos pueden plantear la iniciativa que les
parezca conveniente para el seguimiento de este tema y el Gobierno
estará plenamente dispuesto a remitir periódicamente o comparecer
en la forma que quieran los grupos para explicar cómo va la cuestión.
Desde el punto de vista de la urgencia, estamos en unos plazos
relativamente seguros y, desde el punto de vista de las prioridades,
he querido entender que las que me han planteado la mayor parte de
SS. SS. coinciden con las del Gobierno, que he querido expresar en mi
primera intervención y que reitero en la segunda.
Con respecto a algunas cuestiones que se han planteado, como la que
ha planteado el señor Zabalía, sobre el ahorro a largo plazo,
quiero decir que el Gobierno respalda, como no podía ser de otra
manera, el mandato de la Cámara sobre el ahorro a largo plazo.
Estamos en un proceso de negociación sectorial y social. Creemos que
este debe ser un paso que se dé con el mayor consenso posible, pero
coincidimos con S. S. en la importancia de regular cada vez mejores
instrumentos que permitan el ahorro de los ciudadanos a largo plazo.
En cuanto a las dificultades que pueda generar la crisis asiática,
que han sido mencionadas por varios portavoces, quisiera decir que,
además de las referencias que he hecho, quiero que seamos conscientes
de que, desde el punto de vista de unos efectos no positivos pero sí
que contribuyen a una estabilidad, se está produciendo una menor
tensión del crecimiento y, por tanto, un posible endurecimiento de
las políticas monetarias como consecuencia de ello y una evolución
de las materias primas, que no es precisamente perjudicial para los
países industriales. Vuelvo a insistir, creo que está en el interés de
nuestro país, de los países europeos y de los industriales, que la
crisis asiática entre en una fase clara de solución. Esa fase clara
de solución pasa por las ayudas internacionales que se han realizado
por el Fondo Monetario Internacional, pasa por las reformas
estructurales que se están planteando en varios países, como
Tailandia o Corea, por las reformas muy profundas que requieren
economías e incluso sociedades, como el caso indonesio.
Indudablemente, el tema más importante, que es el de Japón, exige una
acción muy concreta, amplia y de gran envergadura por parte del
Gobierno japonés, y así se le ha manifestado por parte del Gobierno
español, de la Unión Europea, de la Presidencia europea y de todas
las organizaciones al Gobierno japonés, cosa que SS. SS. conocen. Creo
que hay un legítimo compromiso del
Gobierno japonés de llevarlo a cabo, pero reitero que existe en
este momento un calendario electoral en Japón que condiciona, por lo
menos temporalmente, la solución a estos temas.
Señor presidente, creo que he abordado los temas que me han planteado
los señores diputados, todas las cuestiones relacionadas con el AMI
he tratado de que quedaran lo suficientemente claras. Creo que la
situación de la coyuntura económica es claramente satisfactoria,
sobre todo desde el punto de vista del objetivo, que entiendo
compartimos, de tomar medidas para alargar el crecimiento, no sólo para
tenerlo de forma estable, sino hacerlo más sostenido. Se dan una
serie de circunstancias nacionales e internacionales que nos
permiten tener ese objetivo, y la crisis japonesa o la rusa a la que
se ha hecho mención, no por mí, aunque quisiera decir algunas
palabras- son problemas internacionales a los que tenemos que
prestar una observación constante.
Primero, cualquier movimiento de la situación internacional es muy
distinto con una economía con fundamentos sólidos que con una
economía desequilibrada; es obvio, pero es una realidad. Segundo,
desde el punto de vista de lo que está sucediendo en Rusia, también
es indudable que, como ha puesto de relieve la propia Unión Europea
en la última declaración del Ecofin, es imprescindible que el Gobierno
ruso aborde reformas muy profundas, algunas de las cuales relacionadas
con su aparente dificultad para aumentar la recaudación de impuesto y
que, sin ello, será muy difícil que pueda solucionarse.
En cuanto a la financiación, los últimos días nos han mostrado que
existe capacidad para que los inversores privados financien las
peticiones del Gobierno ruso, pero al final, vuelvo a insistir, las
reformas internas que tiene que realizar la economía rusa las tienen
que abordar en su Parlamento, y así parece que lo ha expresado el
Gobierno al propio Parlamento ruso en fechas muy recientes.
Quiero agradecer, señor presidente, una vez más a la Comisión la
oportunidad de comparecer. Espero que en el próximo período de
sesiones podamos seguir abordando todos estos temas. Quiero reiterar,
sobre los dos elementos básicos, aparte de la coyuntura, que han sido
objeto de mi comparecencia, que, desde el punto de vista del sistema
financiero, existen en este momento debates legislativos que pueden
contribuir a la ampliación de las medidas propuestas por el Gobierno
y, desde el punto de vista del Acuerdo Multilateral de Inversiones,
quiero reiterar la gratitud por el interés de los grupos y sus
comentarios, que tenemos un plazo de tiempo extenso para hablarlo y
que estamos dispuestos a las fórmulas que parlamentariamente decida
la Comisión para que nuestra información o nuestro intercambio de
opiniones pueda realizarse en la fórmula que la Comisión determine.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UN PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE AUDITORÍA DE
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CUENTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈN-
CIAI UNIÓ) (Número de expediente 161/001045).
El señor PRESIDENTE: Tras despedir al señor Rato, pasamos al
siguiente punto del orden del día, consistente en la proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley
de modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, de la que es autor
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la
palabra el señor Homs. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, aprovechando que se tiene
que marchar el señor Ministro, ¿podríamos suspender durante cinco
minutos la sesión?
El señor PRESIDENTE: Sí. Se suspende por unos minutos y luego
continuamos. (Pausa.)
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La finalidad de la proposición no de ley
que plantea mi grupo es adquirir un compromiso político en esta
Comisión de Economía para instar al Gobierno a presentar ante la
Cámara una reforma de la actual legislación que regula la auditoría de
cuentas. En 1988 se aprobó por primera vez en España una ley que
abordaba la regulación de la auditoría de cuentas. Este mero hecho ya
fue un primer paso positivo, a mi entender, a los efectos de reforzar
la transparencia y fiabilidad de las empresas respecto a la
información económica y contable y se reguló a partir de aquel
entonces la auditoría de cuentas, de forma que se armonizaba la
legislación interna con la existente entonces en la Comunidad
Europea.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, está usted de broma. Muchas
gracias por su buen humor.
Decía que la adaptación a la octava directiva del Consejo era una
obligada referencia y actuación legislativa. Pero en su momento la
ley fue muy criticada por ser intervencionista y por dejar
demasiados temas al arbitrio de la regulación posterior. Sin
embargo, ha sido, señor presidente, el propio rodaje y la aplicación
de la misma norma lo que ha ido poniendo de manifiesto sus
insuficiencias y sus inconsistencias. Por eso, señor presidente, mi
grupo entiende que, transcurrido ya un tiempo razonable, casi diez
años desde aquella aprobación, se ha puesto de manifiesto la urgencia
y la necesidad de superar las insuficiencias y las inconsistencias que
hoy ha puesto de manifiesto la aplicación de aquella ley.
Ante una inminente incorporación en el ámbito de la Unión Europea,
dada nuestra incorporación a la tercera fase de la Unión Monetaria
para asumir lo que podía ser una nueva regulación a nivel de Europa,
mi grupo entiende que deberíamos abrir en España otra vez la revisión
de esta Ley
de Auditoría de Cuentas. Nuestra incorporación a la Unión Europea así
lo impone. Hemos estado hablando en el debate que ha precedido a
esta iniciativa sobre el AMI, que es una de las novedades que va a
influir en toda la dinámica económica internacional, de su incidencia
en el proceso económico de globalización, de reformar y adaptar la
Ley de Auditoría de Cuentas a estas pautas de globalización y de
internacionalización que es una exigencia, y mi grupo entiende que
debería abordarse.
Creemos que la actual ley está dando en estos momentos algunas
muestras de absoluta necesidad de revisión en temas como la
definición de la propia profesión de la auditoría de cuentas;
definir mejor todo lo que serían los planteamientos relativos a la
responsabilidad real del auditor; establecer límites al secreto
profesional; regular de una forma mejor la independencia e
incompatibilidades del auditor e incluso las propias vías de acceso a
la profesión; definir pautas más exigentes y de mayor garantía para
una mayor calidad de la actividad del auditor. Todo ello, señor
presidente, configura unas materias que deberían ser objeto de una
revisión, junto con la reforma del ICAC como instituto de cuentas,
que debe ser revisado y adaptado en el contexto de lo que hoy
existe en la mayoría de los países de Europa.
Señor presidente, no quiero alargarme más. Sé que el interés de su
Presidencia y de esta Comisión es no prolongar la sesión de hoy,
puesto que a la una del mediodía hay convocadas unas ponencias, para
lo que faltan unos minutos. No quiero extenderme, pero sí terminar
indicando que este compromiso que mi grupo propone a la Comisión, que
es instar al Gobierno a que plantee un proyecto de ley de reforma de
la Ley de Auditorías, debiera recibir el apoyo de todos los grupos,
porque entiendo que estamos planteando dar urgencia y prioridad a
esta reforma y no dejarla para otras legislaturas, puesto que el
proceso de integración a la Unión Europeo nos lo impone y nos lo
exige.
El señor PRESIDENTE: Han sido presentadas dos enmiendas a esta
proposición no de ley. Para la defensa de la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: En primer lugar, voy a aclarar el porqué de
la presentación de esta enmienda a la proposición no de ley del Grupo
de Convergència i Unió. En principio, mi grupo parlamentario presentó
una proposición no de ley para debate en esta Comisión, lo que hubiese
producido el debate conjunto de las dos proposiciones no de ley.
Pero mi grupo entendió que este debate es importante, que la reforma
que se pretende también es importante y trascendente y pensamos que
debería trasladarse al Pleno. Por lo tanto, mi grupo parlamentario
retiró la proposición no de ley del debate en Comisión para
trasladarlo al Pleno. En consecuencia, lo que nosotros planteamos con
nuestra enmienda es el texto de nuestra proposición no de ley, cuyo
fin es el que propone el Grupo de Convergència i Unió. Al final lo
que pretendemos es que se reforme la Ley de Auditoría de Cuentas. En
la exposición de motivos están suficientemente resumidas las
razones principales por las que se solicita. Pensamos que la ley,
aprobada en 1988, que pretende adoptar la normativa
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interna de las directivas comunitarias, no contempló ninguna de las
propuestas que fueron realizadas en ese momento ni por los
profesionales ni por las empresas ni por el resto de los partidos
políticos porque, entre otras cosas, había mayoría absoluta en esta
Cámara. No se estaba de acuerdo con la forma en que la ley abordaba
los aspectos básicos, por ejemplo, los aspectos técnicos en cuanto a
la formación y preparación del auditor, al ejercicio de la
profesión o al acceso a la misma, en cómo se regulaba el secreto
profesional, ya que se ignora que es una profesión y se trata más
bien de regular una actividad, y tampoco en cuanto a la independencia
de la profesión y a su deontología profesional.
Por tanto, una vez que esta ley lleva en vigor casi diez años y
vistas las manifestaciones que se han hecho en los medios de
comunicación, tanto en revistas especializadas como en el Parlamento
y por los profesionales, creo que ha llegado el momento de que esta
Cámara se plantee la urgente necesidad de reformar la Ley de
Auditoría de Cuentas. Además, ha habido iniciativas parlamentarias
que ya lo han solicitado. Les recuerdo a SS. SS. que en diciembre
de 1994, en el informe de la Comisión de investigación sobre el caso
Banesto, en una de las conclusiones se estableció el hecho de que,
en el tema de las auditorías, había que mejorar, perfeccionar y
desarrollar los mecanismos correspondientes a los trabajos de
auditoría para el cumplimiento de sus fines. Es decir, que esta
Cámara ya era consciente de la necesidad, de la problemática que se
está produciendo en estos momentos en el mundo financiero y en el
mundo económico y que exige la reforma de esta Ley de auditorías.
Como digo, han sido muchos los profesionales, las empresas, los
representantes políticos, el propio Gobierno, los que lo han
manifestado; hay una confluencia de intereses y todos estamos de
acuerdo en que hay que reformar la Ley de auditorías.
Si estamos de acuerdo en que hay que reformarla, si tenemos una
experiencia de diez años, si se han realizado estudios e incluso
portavoces de esta Comisión hemos participado en cantidad de debates
al respecto a lo largo de los dos últimos años, entendemos que es
necesario que en el Parlamento se tome, de una vez por todas, la
decisión de exigir o instar al Gobierno a que se reforme esta ley. La
sociedad demanda una mejor y mayor transparencia en la información de
la situación contable de las empresas, esto es claro. Los inversores,
cada vez en mayor número, necesitan garantía del rigor de los
estados financieros de las empresas y si a esto le añadimos la
complejidad de las relaciones económicas, del marco normativo
internacional, que además de complejo está disperso, y de la
aparición constante de productos financieros, concluimos que a
estos retos hay que darles una respuesta y que esa respuesta tiene que
ser la reforma de la actual Ley de auditorías.
Creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en la
necesidad de esa reforma y lo que nos falta es poner una fecha
límite, porque esto que estamos comentan- do hoy lo estamos
comentando en otros foros desde hace dos años. Por eso, la intención
de mi grupo parlamentario es establecer un compromiso en el tiempo
para que el Gobierno presente a esta Cámara la reforma de la Ley de
auditorías. Yo, en principio, estoy de acuerdo con la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), pero me gustaría añadir un compromiso sobre
fechas. Si eso no puede ser, traslado este debate, y en estos
términos, para cuando se vea la proposición no de ley de mi grupo
parlamentario en el Pleno de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Les advierto a los señores diputados que luego
hay que votar.
Para defender su enmienda, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: En primer lugar, quiero decir,
señor presidente, que no es sólo del Grupo Popular, sino que está
presentada y firmada por el Grupo Popular y por el Grupo de Coalición
Canaria y, por lo tanto, compartiré el tiempo con el señor Gómez.
El señor Homs decía que hoy había que salir de la Comisión con la
voluntad política clara y manifiesta de reformar la ley. Nuestro
grupo quiere expresar con claridad -porque protocolizar no se puede-
que la voluntad de nuestro grupo es que se acometa una reforma
profunda de la Ley de auditorías, tan profunda como sea necesario.
También queremos felicitar al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) por la oportunidad. Las iniciativas
parlamentarias, además de adecuadas, tienen que ser oportunas, y,
señor Homs, en el caso de la proposición que usted ha defendido esta
mañana no sólo es adecuada, sino que, además, es oportuna. Es oportuna
porque están recientes las fechas en que la Unión Europea, a través de
una comunicación de 11 de mayo y de una resolución del Parlamento de
Estrasburgo de 15 de enero, hacía referencia a la necesidad de
acometer, en el ámbito de toda la Unión Europea, una reforma, un
estudio sobre el sector, sobre la profesión, sobre la actividad que
pusiera que manifiesto los problemas que aparecían en el libro verde;
a que había que poner sobre la mesa los problemas de la profesión
para abordarlos y darles solución, ya que muchos de los asuntos
problemáticos son comunes en toda la Unión Europea, motivo por el cual
aquel 15 de enero se constituyó el subcomité técnico que en estos
momentos está estudiando el libro verde que circula por la Unión
Europea y al que nuestro grupo hace referencia en su enmienda. Y
ésta es la primera de las coincidencias, porque, según nuestra
opinión, esta proposición no de ley debe dar comienzo a un cúmulo de
coincidencias más allá del ámbito político, donde, efectivamente,
todos los grupos reconocerán que las hay; hay un gran ámbito de
coincidencia en la necesidad de reformar la ley y hay un gran ámbito
de coincidencia en reconocer que los problemas que tiene la Ley de
auditorías son fundamentalmente tres: lo tocante a la responsabilidad
del anditor, lo tocante al control del trabajo realizado por los
profesionales de la auditoría y lo tocante a la propia profesión,
es decir, al ámbito propiamente corporativo de la profesión: cómo
se organiza, qué tipo de actividades puede seguir desempeñando y
cuáles deben quedar sometidas al ámbito de las incompatibilidades.
Sobre estos tres asuntos creo que hay un consenso básico entre todos
los grupos de la Cámara, porque, como dijo el señor Zabalía, es muy
cierto que hay miembros de esta Comisión que llevan dos años
participando intensamente en reuniones con el sector de auditoría,
reuniones que deben seguir produciéndose, porque en el sector sigue
habiendo un ámbito de desencuentro
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importante y que yo no quería pasar por alto en esta sesión de hoy.
Por tanto, sirva esta Comisión para manifestar no sólo la voluntad
política de reformar la ley, sino la voluntad de transmitir esa
unidad al sector, de modo que puedan enviarse dos mensajes claros a
la profesión: uno, de tranquilidad, en el sentido de decirles una vez
más que los grupos parlamentarios están comprometidos con la reforma
de la ley porque somos conscientes de los problemas, y otro, el
reconocimiento expreso del mucho trabajo realizado durante estos dos
años por parte del sector, de las corporaciones donde se agrupan los
profesionales de la auditoría, pero que tiene que traducirse en un
esfuerzo mayor del habido hasta el momento para ofrecer un marco de
unidad que de momento no se produce.
Hablando de algún tipo de teoría, como la que se puede aplicar...
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, compartir el tiempo no es
duplicarlo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUE- LA: Termino.
Aquí pueden colisionar, señor Zabalía, dos bienes jurídicos o, en
este caso, dos bienes políticos: el del tiempo y el del consenso.
Sería sencillo acometer una reforma de la ley, pero sin consenso, ya
que en estos momentos creo que no lo tendría. Lo más importante,
señor Zabalía, es que la reforma tenga calidad y, para que eso se
produzca, creo que tiene que haber un ámbito de coincidencia y
recoger las propuestas que vengan de la Comunidad Europea en forma de
trabajos que se están realizando en el seno de este subcomité
técnico, de modo que, en el ámbito de la Unión Europea, como también
recordaba el señor Homs, haya una mayor unidad respecto a los
pronunciamientos técnicos en relación con la profesión. Creo que
también debe contarse con este consenso de la Unión Europea. Por
tanto, solicitamos que esta reforma se produzca con esa cualidad
que resulte de las aportaciones de su comité técnico que está reunido
en la Unión Europea y que durante ese lapso de tiempo se pueda
producir ese tipo de acercamientos, algo a lo que nuestro grupo se
compromete, de modo que ese consenso político que existe en torno a
este asunto se traslade al consenso que debe existir en la profesión
para acometer una reforma lo más consensuada posible, que es lo que
desea nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, voy a decirle una cosa: lo que se
dice en esta casa no sólo se protocoliza sino que se publica; por el
sistema de transcripción, pero bien que se publica. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra).
Dígame, señor Homs.
El señor HOMS i FERRET: Señor presidente, pido la palabra a los
efectos de dar respuesta a las dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Espere usted, porque antes tiene que intervenir
el señor Gómez Rodríguez, que también es coautor de esta enmienda a
su proposición no de ley.
El señor HOMS I FERRET: Perdón, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para codefensa, tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez, a fin de que comparta el tiempo que le ha dejado el
señor Cámara, muy abundante, por cierto.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, como siempre, hablaré en
plan telegrama.
Ha nacido magnífica y digna de aplauso la iniciativa que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
me han gustado mucho las intervenciones del señor Homs, del señor
Zabalía, y no digamos la intervención que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, porque refleja la realidad.
Precisamente por estar dentro de Europa tenemos que respetar los
trabajos que se están haciendo en relación al Libro Verde sobre el
papel, la precisión y la responsabilidad de los auditores de cuentas.
El Parlamento europeo aprobó una resolución sobre el citado libro
verde el 15 de enero del presente año, y en la misma se pedía la
constitución de un grupo dentro del comité de contacto con
representación de los profesionales donde se debatirán las diferentes
opciones para regular, entre otros, temas tan fundamentales como el
control de calidad, la utilización de las normas internacionales de
auditoría, independencia de los auditores y responsabilidad del
auditor, que son los puntos que se van a tratar. Cada uno de estos
temas va a disponer de seis meses y formarán parte de los mismos
organismos españoles. Por tanto, para no estar sometidos a la ola de
la incontinencia legislativa y hacer las cosas como Dios manda, parece
prudente esperar a que se terminen los trabajos de Europa, y una vez
finalizados, España traspondrá la directiva europea, como ha hecho
en otras ocasiones.
Nosotros, respaldados por la opinión de los colegios profesionales de
economistas, por el Consejo Superior de titulados mercantiles y
también por el propio Icade, pedimos que se acepte que la instancia
al Gobierno se lleve a efecto una vez concluidos los trabajos de
Europa. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, espere porque vamos a terminar el
turno de los grupos que desean fijar posición y luego solamente
tendrá la palabra el señor Homs a los efectos de rechazar o aceptar
las enmiendas que han sido presentadas. ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Sergio Moreno Monrove.
El señor MORENO MONROVE: Señor presidente, como decía recientemente
Miquel Roca, la Ley de auditorías de 1988 representó un paso
importante en la regulación de la auditoria de cuentas en España.
El señor Zabalía ha recordado que en aquel momento había mayoría
absoluta; siempre recuerda que no le gustó, sobre todo como
consecuencia de que finalmente resultó ley.
Por el contrario, a nuestro grupo le parece que aquella ley del año
1988 fue muy importante y que con ella no sólo
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se pretendía trasponer a nuestro país el contenido de la VIII
Directiva comunitaria, sino que se aprovechó esta obligación para
mejorar la información contable en las empresas y la seguridad
jurídica de las mismas ante el proceso de internacionalización de la
economía española. Se reforzó la transparencia y fiabilidad de los
dutos contables y económicos en base a una información más ajustada
a la realidad y a las exigencias del momento.
De cualquier manera, como hemos manifestado a lo largo de los dos
últimos años en diferentes foros, fundamentalmente del sector, han
pasado diez años desde la aprobación legislativa y han ocurrido
muchos y diversos acontecimientos económicos de primera magnitud en
los que el sector de las auditorías ha tenido un importante
protagonismo; ha habido cambios en el ámbito europeo en el sector y
surgen dentro y fuera de España voces autorizadas, aunque no siempre
coincidentes, en línea con la necesidad de introducir cambios más o
menos importantes sobre la legislación de las auditorias de cuentas.
La Federación de expertos contables europeos elaboró en 1996 un
documento expresando las limitaciones y cambios que se debían
producir en los ámbitos legislativos europeos. Posteriormente, la
Comisión Europea publicó en julio de 1996 el libro verde o documento
de discusión sobre la regulación de la auditoría en la Unión Europea;
libro verde que ha sido ampliamente debatido, al que se han hecho
multitud de aportaciones desde los Estados miembros y sus
organizaciones oficiales así como desde instituciones y
aportaciones individuales y privadas.
Como han recordado otros portavoces, en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» se publicó el 8 de mayo de este año la
comunicación de la Comisión relativa a la auditoría legal en la Unión
Europea y el camino a seguir. En dicha comunicación se abordan y
sugieren los temas de reflexión y adaptación en materias como el plan
de acción a seguir, la creación del Comité de auditorias, la
evaluación de las normas de auditoria, el control de calidad de los
trabajos, el principio de independencia, la responsabilidad civil
de la profesión de auditor y la capacitación profesional, entre otras
cuestiones, temas todos que han sido amplia, profusa y muy
exhaustivamente debatidos por el sector a lo largo de los años
anteriores.
Lo que más comparto con el señor Zabalía es que a pesar de tanta
discusión y tanto debate durante los dos últimos años no se ha
producido el necesario consenso final que a todos nos gustaría, que
hemos reclamado insistentemente y que todos hemos condicionado a la
elaboración de una reforma de la ley. A pesar de que el representante
del Partido Popular se comprometió en nombre del Gobierno y en alguno
de esos encuentros privados, a que en febrero de 1997 hubiera un
proyecto de ley de auditorias, que a todos nos pareció de imposible
cumplimiento aunque lo dijo delante de todo el sector, quizá eso
condicionó la urgencia con que ahora otros grupos, en buena lógica,
se sienten legitimados para urgir más en este tema. Sin embargo, el
consenso del sector y la finalización de los trabajos en sede de la
Unión Europea nos siguen pareciendo absolutamente imprescindibles si
queremos hacer la reforma que seguramente todos tenemos en la cabeza
aunque después haya aportaciones de manera individualizada entre los
distintos
grupos parlamentarios que sugerirán el debate y el consenso
final.
A nuestro grupo le parece que todos los temas que se han sugerido,
tanto desde el sector como desde la Unión Europea, son muy
importantes y mantiene los argumentos y posiciones que en su momento
manifestará ampliamente en el debate en sede parlamentaria. Por ello,
señor presidente, y para terminar, nuestro grupo apoya, como ya
hizo hace dos años aunque no en sedes parlamentarias, sino privadas,
la necesidad de la reforma, no como consecuencia de lo mala que fue
aquella ley, sino como consecuencia de que diez años y un recorrido
muy importante desde el punto de vista de la evolución de nuestra
economía y de nuestras empresas hacen necesaria esa reforma. La
compartimos y en esa perspectiva apoyamos la proposición no de ley. Nos
parece que es una iniciativa que era necesario hacer en sede
parlamentaria, la vamos a votar favorablemente, y en aras al
consenso y, por tanto, tratando de ligar el timing como un elemento
que quizá sea lo que en este momento esté más en cuestión; en aras al
consenso, como digo, el texto nuevo que propone el Grupo Parlamentario
Popular enmendando la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) nos parece bien y da una salida
razonable a la manifestación de voluntad de la necesidad de la
reforma; en segundo lugar, insta al Gobierno a que la produzca y, en
tercer lugar, de alguna manera supedita este nuevo texto legal a que
se consumen los dos consensos básicos que todos estamos deseando se
produzcan en el ámbito de la Unión Europea y en el del propio sector.
El señor PRESIDENTE: A efectos de manifestar la aceptación o no de las
enmiendas formuladas, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: A esos solos efectos, señor presidente, y si
me lo permite para agradecer las buenas palabras que me han
dirigido mis colegas portavoces de los demás grupos en cuanto a la
oportunidad, el acierto, en fin el interés de esta iniciativa que mi
grupo propone a la Comisión. Señor presidente, las enmiendas me
permiten dar ese primer paso de consenso que predicaba el portavoz
del Grupo Popular. Vamos a dar ese primer paso de consenso en torno
a esta reforma y con el fin de alcanzarlo mi grupo, propone una
enmienda transaccional a todas las que se han planteado que no tiene
otro propósito que definir un compromiso político: que el Gobierno
presente a esta Cámara, en el plazo más breve posible, esa reforma de
la Ley de auditoria.
Hay un elemento importante, sin duda, en la enmienda del Grupo Vasco,
señor presidente, que es poner plazo a ese compromiso político. En
aras de que en este momento el Grupo Parlamentario Popular
-mayoritario en la Cámara- prefiere no adquirir un compromiso
temporal y yo valoro mucho el consenso que podamos alcanzar ahora con
el Grupo Parlamentario Popular, invito al Grupo Vasco a que
desplacemos al debate de su iniciativa que vamos atener en el Pleno
ese compromiso de poner fecha a la remisión del proyecto de ley.
Es decir, el Grupo Parlamentario Vasco tiene una iniciativa, que la
ha remitido al Pleno de la Cámara, y el único punto en que
discrepamos de su posición
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es poner una fecha. Yo estoy de acuerdo en poner fecha, pero hoy
y en aras de ese consenso, doy más importancia a adquirir un
compromiso y dejar la fecha para trámites posteriores.
Por consiguiente, señor Zabalía, vamos a debatir su iniciativa en
el Pleno, y, en definitiva, el debate en el Pleno va a ser para poner
fecha a ese compromiso político. Mi grupo va a estar de acuerdo con
el suyo en buscar esa mejor fecha; ahora, comprometámonos todos los
grupos a remitir al Gobierno la obligación de presentar a la Cámara
ese proyecto de ley.
Señor presidente, pido, pues, al señor Zabalía que se adhiera a ese
consenso. La enmienda transaccional que ofrezco, se la paso ahora a
la Mesa, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
presentar un proyecto de ley de modificación de la Ley l9/]988, de 12
de julio, sobre auditoría de cuentas, a los efectos de actualizar su
contenido en función de la experiencia practicada de su aplicación
en el último decenio, para lo que previamente analizará los trabajos
del subcomité técnico que estudia en el seno de la Unión Europea el
Libro Verde sobre auditoría con el objeto de adaptar nuestro
ordenamiento jurídico a dichos trabajos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía para
manifestar su posición en relación con la enmienda transaccional.
El señor ZABALÍALEZAMIZ: Hablaré con mucha brevedad ante el
compromiso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
creo que también de otros grupos que indirectamente lo han
manifestado, para que en
el debate que tengamos en el Pleno sobre la proposición de ley que
hemos presentado se establezca un plazo de compromiso por parte del
Gobierno para presentar este proyecto de ley.
En aras a este consenso y como paso previo, manifiesto que voto a
favor de la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, dejando
siempre constancia de que es un paso previo para el establecimiento
en el próximo debate que se haga en el Pleno de una fecha con la que,
de alguna forma, se comprometa al Gobierno a traer a esta Cámara la
reforma de ese proyecto de ley.
Aprovecho para decir al portavoz del Grupo Popular que siento que no
haya sido él quien durante dos años haya compartido con nosotros estos
debates porque no partiría de cero, como es la sensación que me ha
dado su intervención, pensando que, a partir de ahora, tendremos
que debatir esto. Esto está muy debatido y muy debatido por su grupo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Los señores Cámara y Gómez ya me han manifestado
la aceptación de la enmienda transaccional formulada; entonces, la
sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran la una y quince minutos de la tarde.