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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 494, de 17/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 494
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 17 de junio de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre generalización de la red hospitalaria en instalaciones de
cogeneración. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000741) ... (Página 14246)
- Sobre inicio de estudios para comprobar los efectos nocivos
producidos por las radiaciones procedentes de las antenas de los
teléfonos móviles. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/000756) ... (Página 14250)
- Por la que se insta al Gobierno para que realice los trámites
necesarios para la aprobación por Real Decreto de la inclusión como
prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud de los programas
de rehabilitación cardiaca. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000807)
... (Página 14252)
- Sobre prevención y seguridad en materia de investigación biológica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000897) ... (Página 14254)
- Sobre medidas para resolver el problema de la asistencia sanitaria
existente en la localidad de Cieza (Murcia). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000899) ... (Página 14259)
- Por la que se insta al Gobierno a que proceda al cese de proceso
seguido para la selección de personal para el tomar las medidas
necesarias para reiniciar el mismo garantías de equidad y
transparencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquieda
Unida. (Número de expediente 161/000941) ... (Página 14262)
- Relativa a la extensión a toda la red hospitalaria del Insalud de la
utilización de la unidosis medicamentosa. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000970)
... (Página 14265)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos. Damos comienzo a
la sesión de la Comisión con el debate y posterior votación de la
proposición no de ley que todas SS.SS. conocen.
En principio, si no hay inconveniente por parte de SS.SS., las
votaciones las haríamos en cualquier caso no antes de la una, y todas
serían acumuladas. ¿Están de acuerdo SS.SS.? (Asentimiento.) Muchas
gracias.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Quería proponer con carácter previo una
cuestión de orden, relativa precisamente al propio orden del día.
Como SS.SS. saben, el artículo 44 del Reglamento del Congreso, en su
apartado 3, dice que las comisiones por conducto del presidente del
Congreso podrán recabar la presidencia de autoridades y funcionarios
públicos por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar
a la Comisión.
Asimismo, el acta de la sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo
celebrada al comienzo de esta legislatura, el día 12 de junio de
1996, en su primer punto relata lo siguiente.
Se plantea la aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la
Mesa, a la que hace referencia la resolución de la presidencia de la
Cámara, de 2 de noviembre de 1983, de las facultades previstas en el
artículo 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados. A propuesta
del señor presidente, la Comisión acuerda por asentimiento unánime
delegar en su Mesa las facultades establecidas en el artículo 44
del Reglamento de la Cámara, siempre que la decisión se adopte por
unanimidad (repito, siempre que la decisión se adopte por
unanimidad); en caso de no obtenerse ésta la decisión se sometería a
la Comisión.
Como parte de SS.SS. recordarán, en la última reunión de la Mesa de
la Comisión en la cual se planteó la elaboración del orden del día
de esta Comisión, la unanimidad no se dio. Por lo tanto, estimo que
la interpretación tanto del Reglamento del Congreso como del acuerdo
de la propia Comisión de Sanidad y Consumo a principios de esta
legislatura plantea necesariamente, y así lo propongo, la
decisión de incluir en el orden del día (hablo en sentido genérico,
evidentemente no para esta Comisión) solicitar la
comparecencia del gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón, que
por tres voces consecutivas mi grupo parlamentario ha expresado como
prioritaria, para su inclusión en el orden del día de esta Comisión.
Insisto, ya que, por tres voces consecutivas se ha pedido, y que por
otras tres ha sido rechazada con los votos del Grupo Popular y de
otros grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, pido en este
momento que la Comisión actúe en función de sus competencias propias
que suponen la reclamación de la facultad de elaborar el orden del
día que en su momento delegó en la Mesa, con la especificación clara,
a mi juicio, de que esta delegación se establece siempre que la
decisión se adopte por unanimidad.
Informo también a SS.SS. de que, a consecuencia de lo ocurrido en la
reunión de la Mesa y portavoces de la última Comisión, tres grupos
parlamentarios (el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida)
solicitaron el amparo del presidente y de la Mesa del Congreso de los
Diputados, al entender que actitudes obstruccionistas por parte
fundamentalmente del Grupo Popular y de otros grupos parlamentarios
estaban impidiendo que el orden del día se elaborara con la
normalidad con la que ha venido haciéndose en otras épocas y en otras
comisiones. Todavía no cuento con el acta escrita de la reunión de la
Mesa del Congreso de ayer; sin embargo, me consta -el señor letrado
lo podrá ratificar- que la Mesa del Congreso se remite precisamente a
esta interpretación del artículo 44 del Reglamento de que sea la
propia Comisión la que elabore el orden del día en caso de no
existir unanimidad, junto con la recomendación expresa de que el
consenso en la elaboración del orden del día prevalezca como criterio
para su confección. Por lo tanto, y en concreto, reclamo que la
Comisión de Sanidad, en este momento constituida, se pronuncie acerca
de la inclusión en el orden del día de la solicitud de comparecencia
del gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón.
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Es para oponernos a la propuesta que acaba de
hacer la portavoz de Izquierda Unida en base a lo que estipula el
Reglamento. Y como muy bien ha dicho la diputada doña Ángeles Maestro,
El orden del día se configura por unanimidad en caso de que la haya; si
no la hay, por la votación de los miembros de la Mesa, que es lo que
sucedió en la última reunión de la
Mesa y portavoces de esta Comisión. Pero, dado que algún grupo pueda
poner algún reparo a los hechos que la Mesa haya confirmado relativo
al orden del día de la Comisión a celebrar en las siguientes
sesiones, lo que sí prevé el Reglamento es que la delegación que la
Comisión hace en la Mesa debe ser solicitada en ese momento para que
se debata en el día de hoy. Es decir, los grupos que consideraron que
sus derechos no estaban salvaguardados tenían que haber propuesto
que el orden del día de hoy tratara la votación para incluir en él la
solicitud de comparecencia que pedía el Grupo de Izquierda Unida. Es
decir, si nosotros, indicando que al decir nosotros me refiero a la
Junta de portavoces y la Mesa de la Comisión de Sanidad, en su
momento no solicitamos que la votación por parte de la Comisión para
establecer el orden del día fuera incluida en el de hoy, ahora no se
puede introducir la votación para meter un nuevo punto. Al final de
la sesión de hoy tendremos una nueva reunión de portavoces y miembros
de la Mesa, y, si algún grupo considera que alguna de sus
propuestas no se incluye para la próxima Comisión, ése será el
momento en que ellos pueden solicitar que se haga una votación por
parte de la Comisión.
Por lo tanto, yo le reitero al señor presidente que no está incluido
en el orden del día de hoy la votación de un nuevo punto.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro. Le ruego no reabra ningún
debate.
La señora MAESTRO MARTÍN: No, pero quiero insistir porque es un tema
para el que yo solicito intervención del señor letrado. He leído
textualmente el acuerdo de la Comisión de Sanidad; en ningún momento
en él se hace mención alguna a la necesidad de que con carácter
previo ningún grupo parlamentario solicite que la Comisión de Sanidad
sea la que retome en su seno la elaboración del orden del día. Y por
lo tanto, estimo que el señor Villalón no ha leído el acta o hace una
interpretación que, a mi juicio, no es pertinente.
Dice textualmente: A propuesta del señor presidente, la Comisión
acuerda por asentimiento unánime delegar en su Mesa las facultades
establecidas en el artículo 44 del Reglamento de la Cámara, siempre
que la decisión se adopte por unanimidad -punto y seguido-. En caso
de no obtenerse ésta, la decisión se sometería a la Comisión. Es
decir, es todo lo previsto. Estoy en condiciones de facilitársela
al señor letrado, si no dispone en estos momentos del acta, porque
creo que la interpretación que hace el señor Villalón no ha lugar y
no tiene referencia en el acuerdo de esta Comisión, que es el que
establece la delegación en la Mesa, y por lo tanto el poder retomar
como tal Comisión esa delegación de la que en todo momento es dueña
y soberana.
El señor PRESIDENTE: Yo estimo que usted ha propuesto que esto se
haga para acuerdos futuros en los que no haya unanimidad, no para el
caso de hoy. Usted plantea su queja hoy para reuniones futuras en la
Comisión.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, el hecho se ha producido
precisamente en la elaboración del orden del día de esta Comisión, es
decir, que no tiene un carácter de recomendación genérica. Se trata
del orden del día de esta Comisión de Sanidad, el que ha planteado
problemas, sobre el que no ha habido unanimidad, y por lo tanto yo
planteo que esta Comisión recupere la facultad soberana de elaborar el
orden del día, que delegó en la Mesa con unas ciertas condiciones que
en estos momentos no se dan y que por lo tanto debe retomar.
El señor PRESIDENTE: Su señoría es consciente de que el orden del día
de hoy está cerrado, y es éste.
La señora MAESTRO MARTÍN: No, señor presidente. Precisamente el
acuerdo de esta Comisión de Sanidad plantea que, en caso de no haber
unanimidad, sea la propia Comisión la que elabore el orden del día.
Por lo tanto, yo solicito que se produzca la votación sobre el orden
del día de hoy. Otra cosa será la imposibilidad material de que la
solicitud de comparecencia se produzca en el día de hoy. Creo que es
muy importante desde el punto de vista del Reglamento, de la
seguridad jurídica de las facultades de los grupos parlamentarios,
que se produzca la votación sobre la elaboración del orden del día de
hoy, y después veremos la forma en que los puntos incluidos en el
orden del día abordan hoy o en lo sucesivo.
El señor PRESIDENTE: Es consciente de que esta presidencia y esta
Mesa en pleno amparará siempre la legitimidad de cualquier actuación
que tenga la Mesa. En aras a esto, yo le pediría al señor letrado que
aclare desde el punto de vista de funcionamiento técnico-legal de la
Comisión el trámite procesal oportuno a seguir en este momento.
Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: A mí me parece que es preciso hacer una
aclaración: y es que la propuesta que hace ahora la diputada doña
Ángeles Maestro la tendría que haber expuesto el pasado día, cuando
hubo el acuerdo, aunque fuera por mayoría. (Rumores.) Y hay
antecedentes de otras comisiones que están en el mismo caso. La
propuesta se hace al terminar la reunión de Mesa y portavoces de
cada Comisión y, si no se llega a un acuerdo por unanimidad para
establecer el orden del día, se solicita que vaya a votación la
próxima Comisión que se celebre. Usted tenía que haber propuesto el
pasado día que en el primer punto se votara el orden del día a
establecer en esta Comisión o siguientes. (Rumores.) Yo creo que no
está indicado que ahora hagamos una votación como primer punto para
establecer el orden del día de la Comisión de hoy. Yo creo que el
orden del día está establecido y, como ha dicho el presidente, se
recoge lógicamente su propuesta, pero para próximas reuniones tanto
de la Mesa y de portavoces como de esta Comisión. (Varios señores
diputados piden la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ante las diversas peticiones de
palabra, si lo estiman oportuno, yo creo que lo mejor sería suspender
momentáneamente la Comisión, hacer reunión de Mesa y portavoces y,
con el asesoramiento
del letrado, tomar la decisión que se estime oportuno.
(Rumores. -Protestas.)
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, usted mismo -vamos a
intentar aclararnos lo más posible- ha solicitado la intervención
del letrado, que yo creo que es pertinente. Hay un acuerdo de la Mesa
del Congreso -reitero- que se remite precisamente a la aplicación del
acuerdo de la Comisión de Sanidad, referente al procedimiento de
delegación en la Mesa para la elaboración del orden del día. El
trámite que está planteado no es que la Mesa y Junta de Portavoces
vuelva a reunirse, sino que esta Comisión se pronuncie, porque habría
que pensar si esta Comisión acepta o no la reunión de la Mesa y Junta
de Portavoces, con lo cual estaríamos en lo mismo. Está reunida la
Comisión en pleno y es el momento procesal oportuno de que se
apliquen tanto sus acuerdos como la referencia a los mismos hecha en
la reunión de la Mesa del Congreso ayer mismo, acerca de la solicitud
de amparo que he citado con anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Le doy la palabra al señor Astarloa, letrado de
la Comisión.
El señor LETRADO: Los términos reglamentarios de la cuestión, a mi
juicio, son los siguientes: Ala hora de celebrar una comparecencia de
una autoridad en una comisión se requieren tres trámites,
reglamentariamente hablando: el primero, la admisión de la
solicitud por la Mesa de la Cámara; el segundo, la decisión de
estricta oportunidad de la Comisión de si quiere celebrar una
comparecencia o no; y tercero, una vez decidido que efectivamente
quiere celebrar una comparecencia, la inclusión de ese asunto en el
orden del día de una sesión. Ésa es la secuencia reglamentaria de
cómo se produce una comparecencia. En este asunto, naturalmente
está cumplido el primero de los trámites la Mesa admitió a trámite la
comparecencia a que se refiere S.S., y la remitió a la Comisión.
Faltan por cumplir los otros dos (la decisión de incluir o no la
comparecencia por razones de oportunidad, es decir, que la Comisión
estime que quiere celebrar esa comparecencia; y, si así lo decide, la
incluya en el orden del día).
Para el segundo trámite, para la decisión de si quiere o no celebrar
la comparecencia, está la previsión del artículo 44 desarrollado por
la resolución de la presidencia que S.S. ha citado. Es decir, la Mesa
de la Comisión decide si quiere o no celebrar una comparecencia. En
la primera reunión de las mesas de las comisiones de cada
legislatura, como saben SS.SS., cada comisión decide cuál es el
régimen que quiere seguir en relación con ese tipo de decisión de la
Mesa. Ustedes saben que hay comisiones que tienen absolutamente
delegada en la Mesa esa facultad, y es la Mesa laque decide si hace o
no una comparecencia, y hay otras comisiones que establecen variantes
a eso. Ésta es una de las comisiones que las tiene. Es decir, la
Comisión de Sanidad acordó en su primera reunión de la Mesa lo que
S.S. ha leído. Ala hora de decidir si una comparecencia se hace o no,
lo decide la Mesa, siempre que sea por unanimidad. Si no hay
unanimidad, existe la facultad de que la decisión corresponda a la
Comisión.
Me parece muy importante aclarar una cosa, para que SS.SS. resuelvan
el problema reglamentario que están debatiendo. No estamos hablando
de incluir la comparecencia en el orden del día, estamos hablando
de si se hace o no la comparecencia. Si S.S. propone: hágase la
comparecencia, y sin que haya unanimidad, aunque no se vaya a
producir la comparecencia, existe reglamentariamente la facultad de
que sea la Comisión la que tome esa decisión. Lo que pasa es que lo
que ha planteado S.S. no es exactamente esa decisión de si se hace
o no se hace. Lo que S.S. está solicitando es que se incluya ya en el
orden del día, y concretamente en uno. La Comisión lo que tiene que
decidir primero es si se hace o no la comparecencia; luego, en su
caso, quien tiene la facultad para decidir que se incluya en el orden
del día es, en primer término, la Mesa o, en segundo, esta Comisión,
si se propone una modificación del orden del día, porque no derivaría
eso del acuerdo de la Mesa de la Comisión, sino del precepto del
Reglamento, artículo 68, que dice cómo se hace una modificación del
orden del día. Así se darían los dos requisitos que S.S. necesita
para la inclusión de esa comparecencia: que sea dicho sí por la
Comisión y que, una vez dicho sí, se modifique el orden del día de
una sesión, en este caso de ésta, para poderlo incluir en él.
Así, señor presidente, es como ya interpreto la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Yo quiero aclarar a la señora Maestro y al pleno
de la Comisión que en ningún caso ni el Grupo Parlamentario Popular ni
los grupos que le apoyan se negaron a la comparecencia solicitada por
la señora portavoz de Izquierda Unida. Unicamente la discusión ha
sido por el momento en que se pudiese celebrar esa comparecencia. Lo
que fue debatido en la Mesa y portavoces no era la negativa a la
comparecencia, en ningún caso, sino el momento oportuno para la
aceptación y la comparecencia solicitada por la señora Maestro.
A tenor de eso, yo recuerdo que este mismo problema lo tuvimos, y la
señora Maestro pidió amparo a la Mesa, con unas preguntas orales en
Comisión, donde invocaba que sus preguntas eran anteriores a otras
formuladas por una parlamentaria de Nueva Izquierda. La Mesa acordó
aquel día la prioridad de los temas que expondría concretamente la
señora Almeida sobre las preguntas de la señora Maestro. La Mesa de
la Cámara le contestó que la Mesa de la Comisión es soberana para
establecer el orden del día, dándole una explicación muy sencilla y
que estimo que todos los miembros de la Comisión lo aceptarán. Si
fuese por orden de presentación, cualquier grupo parlamentario podría
bloquear el trabajo del resto de los grupos, porque haría una batería
de cien preguntas o pediría cien comparecencias, o presentaría cien
proposiciones, y estaría -si nos atuviésemos a ese orden- bloqueada
para el resto de los grupos la posibilidad de presentar iniciativas
parlamentarias.
En este caso lo que se debatió en Mesa y portavoces fue no si
comparecía o no comparecía este señor, sino cuándo comparecía. Y
según criterio de los grupos parlamentarios de la Comisión se
estableció que comparecerá. ¿Cuándo? Pues, cuando lo estimen oportuno
Mesa y portavoces. Ése es el debate que se estableció exclusivamente.
Y en ningún caso la señora Maestro ni los grupos que han firmado
también el escrito pidieron que se debatiese en Comisión. Por lo cual,
no está incluido en el orden del día.
La señora MAESTRO MARTÍN: Independientemente de la historia que
podemos hacer, no es ése el tema en el que estamos ahora. Yo acepto
plenamente las valoraciones que ha hecho el señor letrado, la
secuencia procedimental. El hecho es que hoy no está incluida en el
orden del día la solicitud de comparecencia del gerente de la
Fundación Hospital de Alcorcón. La situación de esa iniciativa
parlamentaria es la misma que para el resto de las que no están
incluidas en el orden del día. Por lo tanto, según ha señalado el
señor letrado, me remito a la secuencia procedimental a la que él
se ha referido. Pido que en este momento la Comisión se pronuncie
acerca de la inclusión en el orden del día de la solicitud de
comparecencia del gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón.
Y con posterioridad, y evidentemente en función de esa decisión de la
Comisión, se procedería o no señalar la fecha de la Comisión en cuyo
orden del día sería incluido. Me remito estrictamente a lo que él ha
planteado. En este momento lo que procede es que la Comisión se
pronuncie acerca de la inclusión de este punto en el orden del día y
con posterioridad se determine la fecha en que tal comparecencia se
produzca.
El señor PRESIDENTE: Señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Muy brevemente, señor presidente. El
tema está muy claro; lo que está solicitando la señora Maestro es
reclamar para la Comisión la facultad que delegó en Mesa y
portavoces. Como ése es un derecho que la señora Maestro está
reclamando, sométase esa reclamación de la comparecencia en esta
Comisión para poder incluir esa comparecencia en el orden del día de
la Comisión, no de hoy, de cuando toque, según la expresión al uso,
y terminemos la discusión. Creo la cuestión es así de sencilla.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego un momento. Tiene la palabra
la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Yo creo que estas cosas son un poco
anormales en la vida parlamentaria. El que se niegue una comparecencia
no significa que se deniegue el que comparezca, pero, si no se
explicita, no comparece. (Rumores.)
Lo que yo quiere decir es que el letrado incluso ha dado como por no
cumplido el segundo trámite. El segundo trámite está cumplido
también, según ha dicho el presidente. Yo digo que el presidente ha
dado por cumplido el segundo trámite y ha manifestado su pensamiento
de que esa comparecencia no ha sido denegada. El único dilema es
que dice: ¿cuándo va a venir? Usted o la Mesa entiende que no sea
conveniente ahora, y alguien que siente que no tiene otra oportunidad
pide que la Comisión decida esa inclusión, porque la Mesa por
mayoría se ha negado a que se incluya. Y negarse a que se incluya en
el orden del día es negarse a que este señor pueda comparecer, por
oportunidades o por lo que sea. Pero nos parece que no es justo que
la oportunidad la decida la Mesa. Un grupo se siente agredido
parlamentariamente y pide que lo resuelva la Comisión, que es
lo que está solicitando ahora la señora Maestro y los grupos que le
hemos apoyado. Creo que la Comisión debe votar en este momento su
inclusión, bien en este mismo orden del día, si es posible, o para el
de la semana que viene o el del jueves. Si así se hace, la Mesa lo
incluye por orden de la Comisión en la próxima sesión. Esto es lo que
yo creo que hay que discutir y lo que se debe votar. Luego ya se hará
la comparecencia normalmente.
El señor PRESIDENTE: No se ha denegado en ningún caso, señora
Almeida.
Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir
la diputada señora Almeida ni anteriormente la diputada señora
Ángeles Maestro.
El orden del día ya está establecido. Lo que plantean en este momento
es una modificación del orden del día. Pide como primer punto la
votación de comparecencia de un funcionario de la Administración.
(Rumores. -La señora Almeida Castro: Es el amparo. -Protestas.) Señor
presidente, la propuesta que hace la señora Maestro esta mañana la
tenía que haber manifestado el pasado día, cuando se reunió la Mesa y
portavoces. (Rumores. -Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.)
El señor VILLALÓN RICO: Lo primero que hay que atender, señor
presidente, es que la diputada de Izquierda Unida propone una
modificación del orden del día. El artículo 68 establece cómo se
modifica el orden del día. Es el primer punto que habría que debatir
en este momento: modificación del orden del día. Si se modifica el
orden del día y se incluye una votación para la comparecencia del
gerente del Hospital de Alcorcón, ya lo veríamos. Pero lo primero que
hay que hacer es modificar el orden del día, porque en el establecido
reglamentariamente para hoy no pone como primer punto la votación o
asumir la petición de comparecencia (Rumores.) por parte de la
Comisión. No, no; no son competencias distintas. El orden del día
está establecido reglamentariamente. (Rumores.) Lo que proponen
algunos grupos de la Comisión es modificar el orden del día. Por lo
tanto, atendiendo al artículo 68 habría que modificar el orden del día.
(Rumores.) Y si modificamos el orden del día, es cuando en una
segunda parte se realizaría la votación para que compareciera o no
compareciera el gerente del Hospital de Alcorcón. (Varios señores
diputados: No, no.) El orden del día está claramente establecido y
reglamentariamente.
La señora MAESTRO MARTÍN: No está establecido, no está establecido
porque no se han cumplido los requisitos previstos en el acuerdo de
delegación de esta Comisión. En este momento no estamos debatiendo de
política, estamos hablando de reglamento y por lo tanto, hay unos
procedimientos establecidos que todos los grupos parlamentarios
hemos aceptado y debemos cumplir. Me remito estrictamente a la
interpretación que el señor letrado ha realizado,
tanto del Reglamento del Congreso como del acuerdo de
delegación de esta Comisión de Sanidad; no hay más que discutir. No
hay temas políticos; hay un pronuncia- miento técnico de
interpretación, que es el que hay que poner en marcha en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Para ello le doy la palabra al señor Astarloa,
como letrado de la Comisión, y cerramos el debate aceptando su
propuesta reglamentaria.
El señor LETRADO: Reglamentariamente las consecuencias naturales de
lo que yo exponía antes, a mi juicio, serían las siguientes. Primera,
si se quiere hacer una votación en la Comisión de hoy para decidir
sí o no a la comparecencia que está planteada, a mi juicio se
requiere votar primero una modificación del orden del día. ¿Por qué?
Porque, aunque S.S. ha dicho con todo acierto que en el acuerdo de la
Mesa al inicio de la legislatura no se estable- ció ningún requisito
más (se dijo: si no hay unanimidad decidirá la Comisión); en este
caso se dan dos circunstancias. Primero, sí parece razonable con una
mínima antelación al inicio de la sesión que alguien plantee que
eso se incluya o no, porque políticamente nunca se sabe en esta casa
si la inclusión de un asunto o no se debe hacer automáticamente, como
creo que SS.SS. saben muy bien; y segundo, porque la Mesa hasta hoy
ha podido tener la impresión de que el problema jurídico que estaba
plantea- do no era el de su aplicación, porque hasta hoy la verdad es
que en las reuniones de la Mesa lo que se ha discutido es la
inclusión o no de un asunto en el orden del día, no la decisión de si
una comparecencia se hace o no se hace. Por esos dos elementos, yo
entendería que lo primero que procede en este caso es: vótese
modificación de orden del día, para inclusión, en su caso, de la
propuesta de votación. Lo segundo que yo haría: si se aprueba la
modificación del orden del día, proceder a la votación de sí o no.
Ahora bien, tercer aspecto tal y como se ha desarrollado el debate es
leal que el asesoramiento jurídico añada este dato al debate, si se
realiza esa votación no se está decidiendo que se incluya esa
comparecencia en el orden del día de hoy, de mañana o de pasado, no se
está decidiendo eso. Se está decidiendo una cosa más drástica, que
es: sí o no haremos esta comparecencia algún día. Y luego el día se
fijará de acuerdo con los canales establecidos. Pero la decisión es
sí o no haremos la comparecencia. (La señora Almeida Castro: Eso es
absurdo.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Una matización a las palabras del señor
letrado.
Yo lo que estoy planteando hoy aquí no es la revocación indefinida
de la facultad de esta Comisión de delegar en la Mesa y Junta de
Portavoces para la elaboración del orden del día. Ante un punto
concreto se trata de un acuerdo concreto de una reunión de la Mesa
y Junta de Portavoces que son tres pero me refiere a la última en
la cual no ha habido unanimidad, y, por lo tanto, se plantea la
modificación del orden del día.
Quiero añadir también, señor letrado, con respecto a la
interpretación, que en este momento no estoy en condiciones
de proporcionarle ni tampoco a la Mesa de la Comisión el acuerdo
de la Mesa del Congreso de ayer relativa a este tema, que se refería a
la aplicación de los acuerdos de la propia Comisión y al consenso
necesario para la inclusión en el orden del día. Estimo que la
facultad de esta Comisión de pronunciarse en este momento acerca de
la modificación del orden del día y de la inclusión de la solicitud
de la comparecencia del gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón
no anula la facultad de la Mesa y la Comisión de decidir sobre ésta y
sobre cuantas iniciativas los grupos parlamentarios estimen oportuno
proponer para futuros órdenes del día.
El señor LETRADO: No tengo duda.
El señor PRESIDENTE: Señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Atendiendo al artículo 68, y según parece por
las intervenciones que ha habido, nos gustaría saber si realmente hay
algún grupo que solicita modificación del orden del día. Querríamos
saberlo para que posteriormente, como ha dicho el letrado, se vote
por parte de la Comisión la modificación del orden del día.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la modificación del
orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Almeida Castro
pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Almeida, pida la
palabra oficialmente.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE GENERALIZACIÓN DE LA RED HOSPITALARIA EN INSTALACIONES DE
COGENERACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000741)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, proposición no
de ley sobre generalización de la red hospitalaria en instalaciones
de cogeneración. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra la señora Maestro.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora MAESTRO MARTÍN: Efectivamente esta proposición no de ley se
refiere a la posibilidad de que el Gobierno adopte las medidas
necesarias para introducir actividades en los hospitales de la red
sanitaria pública encaminadas a conseguir objetivos de eficiencia
económica y de rentabilidad desde el punto de vista ecológico.
Estamos inmersos, señorías, en un debate marcado por el objetivo
de disminuir el gasto sanitario. Estamos en plena
vorágine de propuestas relativas a disminuir las prestaciones a que
los usuarios de la sanidad pública tienen derecho en el marco de la
misma, tanto en materia de medicamentos, como se ha anunciado, como
en el caso estrictamente de prestaciones sanitarias.
Lo que se propone hoy aquí es un mecanismo que tiene por finalidad la
producción conjunta por el propio usuario de energía eléctrica, de
electricidad, y de energía térmica útil, con la posibilidad de
reducir costes al poder vender la energía eléctrica obtenida al
producir energía térmica. Esto es una ventaja desde todos los puntos
de vista, ya que posibilita un importante ahorro de energía
primaria al producir la electricidad con unas elevadas tasas de
rendimiento, disminuye el nivel de contaminación al emplearse
globalmente menos combustible, siendo éste frecuentemente de mejor
calidad, como el gas natural. Por otro lado, al aumentar la oferta
eléctrica suaviza las tensiones de los picos de demanda eléctrica
con la ventaja de no tener que realizar cuantiosas inversiones de
generación eléctrica y de utilización temporal reducida, pues los
procesos de cogeneración son generalmente continuos.
La propuesta que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hace en
este momento no es una preocupación nueva, ni por parte de mi grupo
parlamentario ni por parte de las propias administraciones. (El señor
vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.)
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha
realizado un estudio del potencial de cogeneración, indicando tanto la
potencia a instalar como la inversión a realizar en cada uno de ellos.
Es decir, afortunadamente, señorías, contamos en estos momentos con
Los estudios previos pertinentes que indican la viabilidad y la
oportunidad de la propuesta que hoy se hace aquí. Se analizó la
situación en 95 hospitales que inicialmente eran de la red del
Insalud, cuando este estudio se produjo, aunque con posterioridad los
hospitales de Canarias han sido transferidos. Se planteó un período
de ejecución de las instalaciones de cogeneración entre 12 y 18
meses, dependiendo de la complejidad de las instalaciones consumidoras
de cada hospital. En concreto se define una potencia para los sistemas
de cogeneración en estos 95 hospitales del Insalud de 25.573
kilovatios, con una inversión total de 4.107 millones de pesetas, con
un ahorro anual de 1.113 millones de pesetas, lo que significa un
período de amortización media de 3,7 años; es decir, un período de
amortización muy breve.
En este momento contamos con experiencias ya de introducción del
sistema de cogeneración de energía en el hospital de Guadalajara, en
cuya memoria relativa al año 1996 se indica lo siguiente: El coste de
la energía consumida por todos los conceptos por este hospital en
este año fue de 43.060.215 pesetas; la producción de energía
eléctrica generada por este sistema de cogeneración fue de 43.287.012
pesetas, es decir, más de 200.000 pesetas en beneficio conseguido por
este hospital.
En preguntas parlamentarias que yo misma he realizado estos últimos
meses me consta que se han realizado estudios para determinar el
potencial de cogeneración del hospital de San Millán, en Logroño,
La Rioja. Según se me refiere en esta pregunta, en 1993 la empresa
Grefen realizó un estudio de viabilidad para la implantación de un
sistema
de cogeneración que preveía una amortización en 3,5 años, y otro al
año siguiente, por la empresa Gas Rioja, que también definía un plan
de amortización de tres años. A pesar de todo eso, y de que hace
cuatro años del último estudio este hospital sigue sin haber
introducido el sistema de cogeneración.
No entiendo las razones por las cuales el Gobierno no ha adoptado las
medidas necesarias para introducir unos sistemas que, en mi opinión,
y no suele ocurrir con los aspectos de la vida social, no arrojan más
que beneficios tanto desde el punto de vista económico como desde el
punto de vista del ahorro de recursos energéticos. El período de
amortización es inusualmente breve, lo cual indica que las inversiones
a realizar podrían ser recuperadas con ventajas económicas en los
balances presupuestarios, que podrían incidir en el ahorro y, en este
caso, en la generación de recursos propios por parte de los
hospitales del Insalud.
Por otra parte, y termino con ello, señorías, el Comité Económico y
Social de la Comisión Europea emitió un dictamen en el año 1998, en
este mismo año, que trata de la comunicación, dirigido por la
Comisión al Consejo al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, sobre la necesidad de establecer
una estrategia comunitaria para promocionar la producción combinada
de electricidad y calor, y para eliminar los obstáculos a su
desarrollo. Evidentemente se refiere a la globalidad de las
instalaciones públicas o privadas, productivas o no productivas. Lo
que es evidente es que los hospitales, sobre todo aquellos
hospitales de más de 100 camas, que tienen servicios de cocina,
lavandería, etcétera, parecen el lugar idóneo para que el Gobierno
ponga en marcha este tipo de sistemas.
Por lo tanto, la proposición no de ley plantea a esta Comisión que el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a la realización de un
plan de inversiones bianual para que todos los hospitales públicos
incorporen este sistema y que también se promocione que los
hospitales privados, subvencionados por las diferentes
administraciones, puedan tener acceso a estas instalaciones; se
plantea obviamente la reinversión en aspectos de salud o en otros
aspectos de ahorro energético u hospitalario el monto económico
generado por estos nuevos sistemas, y se planifica también la oferta
industrial y de ingenierías con la puesta en práctica de las
medidas anteriores Éste es el contenido concreto de la proposición no
de ley planteada por mi grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): A esta proposición no de ley
se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Para defender esta enmienda, en nombre
del Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONAI PIÑOL: Los centros sanitarios, señorías, son los
edificios que presentan un consumo de energía por unidad de superficie
más elevado. Unas exigencias de confort ambiental altas y unos
equipamientos médicos que en determinados casos requieren elevadas
potencias contribuyen a que la factura energética de hospitales y
centros de asistencia primaria tenga un peso muy
significativo dentro de los gastos de explotación. Por ejemplo, en
Cataluña, el conjunto de centros sanitarios consume anual unas 80.000
toneladas equivalentes de petróleo, lo cual representa cerca del 15
por ciento de la demanda global del sector servicios, y una factura
anual que supera los 6.000 millones de pesetas.
Con la aplicación desde 1991 del Plan de cogeneración del sector
sanitario catalán, el proceso de la cogeneración ha repercutido y
está repercutiendo muy notablemente en la actividad económica con
unos efectos muy beneficiosos, tales como la reducción y mayor
control del gasto energético, la mejora de los equipamientos de
producción de energía, la utilización de combustibles menos
contaminantes, instalaciones necesitadas de optimación energética,
aumento de la fiabilidad en el suministro de energía eléctrica,
etcétera.
Señorías, las ganancias en la política de ahorro energético
mediante la cogeneración son importantes, tanto desde el punto de
vista del ahorro de energía como desde el punto de vista económico,
para la mejora de los costes hospitalarios. En consecuencia,
entendemos que es necesario apoyar la presente proposición no de ley,
a la que presentamos una enmienda pero, dada la magnitud de los
proyectos, proponemos no fijar un plazo determinado, por lo cual
presentamos una transaccional con la del Grupo Parlamentario
Popular que ponemos a consideración de sus señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): ¿Grupos que quieran fijar
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora García Manzanares.
La señora GARCÍAMANZANARES: Nos encontramos ante una proposición no
de ley sorprendente por cuanto supone de elemental medida que desde
el sentido común debería ya estar generalizada. Y sorprendente porque
no se les haya ocurrido incidir a los estrategas de ahorro del
Gobierno, y en concreto del Insalud.
En esta legislatura el Gobierno del Partido Popular no ha cesado de
emitir mensajes sobre el riesgo del crecimiento del gasto sanitario,
sobre la insoportabilidad del sistema, o la necesidad de introducir
determinados topes en las prestaciones, eso sí, adornado
retóricamente para lograr la comprensión del sufrido ciudadano. Así
se han cargado las tintas principalmente sobre la prestación
farmacéutica, y quién sabe cuánto tardaremos en encontrar
redefinidas, entre comillas, otras prestaciones asistenciales. Por
poner solamente algún ejemplo, diré que el Grupo Parlamentario
Socialista defiende la racionalización del gasto sanitario. Y el
gasto sanitario incluye, como bien saben SS.SS., muchas variables que
sería conveniente revisar una a una. Pues bien, una de ellas, y no
pequeña ciertamente, es el importante gasto que supone la factura
energética en los centros hospitalarios.
En los últimos años los avances de la técnica en España permiten en
estos momentos contar con energías alternativas más limpias y más
económicas y, como ya han dicho los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, el principal interés de la cogeneración,
que es la producción simultánea de calor y electricidad, en opinión
de los expertos radica en el ahorro de energía primaria. Entre
los combustibles utilizados en las plantas de cogeneración estamos
asistiendo a combustibles como pueda ser el gas natural, que es
considerado como la energía de calidad, además de ser el combustible
fósil menos contaminante.
Pues bien, como en la mayoría de los centros sanitarios, en el
hospital de Navarra coexistía una demanda de energía eléctrica con
otra térmica para calefacción y agua caliente sanitaria. No se trata
de grandes cantidades ni de grandes facturas, porque se refería a un
pequeño hospital. Sin embargo, en abril de 1995 se inauguró en el
hospital de Navarra la nueva instalación de cogeneración que, además
de permitir una gran rentabilidad económica de 40 millones de
pesetas de ahorro al año, contribuyó a mejorar el medio ambiente y
sirvió también, no lo olvidemos, para modernizar las salas de
calderas, que no suelen presentar precisamente en nuestros hospitales
un aspecto saludable ni grandes condiciones de salubridad.
Al trasladar los valores energéticos térmicos a monetarios, como
les decía, esa factura, se redujo en 40 millones de pesetas, siendo la
inversión fácilmente amortizables en los dos o tres primeros años.
Les propongo, señorías, un pequeño ejercicio: si en España existen
460 hospitales demás de 100 camas -públicos y privados-, sin que
evidentemente sea con precisión, ni con rigor ni con exactitud, sino
probablemente incluso a la baja, multipliquemos esos 40 millones de
ahorro producidos en este pequeño hospital por 460 hospitales
(evidentemente no sería así, en un pequeño ejercicio nada más para la
reflexión), y verán el panorama de ahorro tan impresionante que en
muy poquitos años tendríamos delante: el panorama de racionalización
de gasto sanitario, que puede y debe ser reinvertido en otros
aspectos que mejoren y garanticen la viabilidad y calidad del sistema
sanitario y sus prestaciones sin tocar un solo vatio. No es el único
aspecto del gasto sanitario que hay que revisar, probablemente otro
día tocará hablar de los profesionales que pueden estar, valga la
expresión, por el tema que nos ocupa a medio gas, o de los
suministros, o del papeleo y de las pérdidas en burocracia, pero bien
merece la pena pensar en serio, estudiar este tema, decidirse por la
modernización, limpieza y economía de las instalaciones de nuestros
hospitales. El Grupo Parlamentario Socialista también quiere
contribuir a remover estos obstáculos, para que la red generalizada
de cogeneración sea una realidad al menos en todo el territorio del
Insalud, y por ello, apoyará esta oportuna y energética proposición
no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Señorías, el Ministerio de Industria y
Energía lleva promoviendo desde hace tiempo el uso de tecnologías
eficientes que fomenten el uso racional de la energía. Una de estas
tecnologías es la cogeneración, la cual se ha desarrollado con el
impulso del Ministerio de Industria y de los organismos autónomos de
una manera muy significativa tanto en el sector industrial como en el
de servicios.
Ateniéndonos al campo sanitario, mi grupo está de acuerdo en que la
cogeneración en los hospitales es una
buena iniciativa para el ahorro del gasto energético, aunque desde
luego no la única. No obstante, no negando su viabilidad, como
queda demostrado con las instalaciones en funcionamiento, es
necesario ser prudente a la hora de hacer afirmaciones con intención
de generalidad.
Señorías, cada uno de los centros sanitarios pertenecientes a la
red pública, pese a sus elementos comunes, tiene una estructura
diferente que impide la implantación generalizada y sistemática del
sistema alternativo del suministro de energía conocido como
cogeneración. Habría que estudiar en cada caso particular no sólo la
viabilidad, sino también la rentabilidad, partiendo de varios
factores, como el período de amortización de las inversiones,
cantidad de energía, estacionalidad, precio de la energía primaria
consumida y de la generada.
El Insalud, sin embargo, viene ya desarrollando una serie de
actuaciones en relación con este tipo de energía. Así en 1996
suscribió un acuerdo con la empresa Gas Natural, Sociedad Anónima, con
el objeto de establecer un marco de relaciones para la utilización
del gas natural en calderas para la producción de vapor, plantas de
cogeneración e instalaciones de climatización pertenecientes a
centros de Insalud, y cuya cláusula quinta establece el compromiso de
Gas Natural para la realización de estudios de previabilidad, que
permitieran a los responsables del Insalud analizar la rentabilidad
técnico-económica que conllevaría la implantación de esta energía en
los hospitales de la red.
Además, el año pasado elaboró un pliego tipo por el que se habrá de
regir la gestión del servicio de regulación y optimización del actual
modelo de demanda energética de los hospitales del Insalud. En la
actualidad cinco hospitales del Insalud ya cuentan con el sistema de
cogeneración como experiencia piloto para la extensión de este
sistema a otros centros.
Señorías, respecto a los cuatro puntos de la proposición no de ley
nos gustaría significar:
En cuanto al punto primero, que el Gobierno no puede realizar un plan
de inversiones para todos los hospitales públicos de más de 100
camas, porque las competencias corresponden en algún caso a las
comunidades autónomas que tienen transferida la red de hospitales
públicos.
En relación al segundo punto, he de significar que el Gobierno ya
está promoviendo la eficiencia energética, como decía al principio de
mi intervención, en el sector hospitalario, tanto público, como
privado, y que a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía viene difundiendo los resultados de estas innovaciones
entre todo el sector hospitalario impartiendo seminarios de
información y cursos de formación, tanto para los propios técnicos de
los hospitales como para los sectores intervinientes de ingeniería
y de equipos de montaje.
Respecto al punto tercero, no podemos estar de acuerdo en que la
repercusión y ahorro que pueda suponer la implantación de
cogeneración se pueda reinvertir en aspectos de ahorro energético
hospitalario, como pretende la iniciativa, ya que todo ahorro
económico, con independencia del concepto de la partida
presupuestaria en la que se produzca, siempre revierte en los
créditos destinados a la asistencia sanitaria.
Por último, sobre el punto cuarto, los sectores industriales y de
servicios de ingenierías conocen, a través de las
acciones de promoción del IDAE y de los organismos e instituciones de
las comunidades autónomas, cuál es la demanda de mercado y la
actividad que se prevé al respecto. Sin embargo, con atención a la
enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió),que recoge de un modo global el sentir que mi grupo ha
expuesto, queríamos matizar que consideramos que a la luz de este
estudio de viabilidad que está realizando el Gobierno, y una vez
analizados los resultados por la Comisión de Energía del Insalud, el
plan definitivo que se elabore debe establecer no sólo las
inversiones precisas, sino también el cronograma de actuaciones, así
como otras circunstancias.
Por ello presentamos una enmienda transaccional in voce al párrafo
primero de la enmienda de Convergència i Unió, manteniendo el segundo
párrafo sobre que las comunidades autónomas puedan, dentro de ese
plan, ver la posibilidad de la cofinanciación de los proyectos de
cogeneración.
Esperamos que tanto el grupo enmendante como el grupo proponente de la
proposición no de ley aceptarán esta enmienda transaccionada, en cuyo
caso nuestro voto sería favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): A efectos de hacer constar
si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Dado que la propuesta que se hace, en mi
opinión, se cae por su propio peso en cuanto a su viabilidad y a su
necesidad, aunque a mi juicio el propio Gobierno o institutos
públicos, como es el IDAE, han hecho estudios globales sobre
hospitales públicos que permiten afirmar -y en esto contradigo a la
diputada del Partido Popular- que sí tienen carácter general, al
menos en la red pública del Insalud, porque el estudio está hecho,
entiendo que todo avance es positivo y que de lo que se trata es de
que esta iniciativa parlamentaria sirva para empujar decididamente
las actuaciones del Gobierno encaminadas a implantarla.
Por lo tanto, he de decir que acepto tanto la enmienda de
Convergència i Unió como la enmienda del Grupo Popular al párrafo
primero de la enmienda de Convergència i Unió, lamentando que en
ellas no se establezcan plazos, porque evidentemente eso deja el
camino abierto para que ésta sea una iniciativa bien intencionada que
solamente podrá llevarse a efecto en función de la voluntad del
Gobierno y -quiero insistir aquí- de las presiones de las compañías
eléctricas en contra de esta medida, que actuarán para que la
cogeneración sea algo alabado por todo el mundo pero puesto en marcha
solamente en aquellos casos en los que no se lesionen intereses
económicos más o menos respetables y desde luego subordinados al bien
común, tanto desde el punto de vista medioambiental, como de los
recursos económicos destinados a sanidad. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
Por lo tanto, acepto la enmienda, esperando que la voluntad del
Gobierno se refleje en la aceleración de los procedimientos que en
ella se recogen.
- SOBRE INICIO DE ESTUDIOS PARA COMPROBAR LOS EFECTOS NOCIVOS
PRODUCIDOS POR LAS RADIACIONES PROCEDENTES DE LAS ANTENAS DE LOS
TELÉFONOS MÓVILES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/000756).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley,
sobre inicio de estudios para comprobarlos efectos nocivos producidos
por las radiaciones procedentes de las antenas de los teléfonos
móviles.
El autor es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su presentación
y defensa tiene la palabra la señora Varela.
La señora VARELAVÁZQUEZ: El teléfono móvil, ese aparato que se está
haciendo imprescindible de un tiempo a esta parte, parece ser de
nuevo uno de esos inventos perjudiciales para el ser humano y para el
medio ambiente.
La red de telefonía móvil se ha ido expandiendo por todo el país
gracias a la instalación de multitud de estaciones base. Estas
estaciones consisten en un sistema de antenas que se instala en la
cubierta o en las fachadas de los edificios. El teléfono móvil
funciona a través de unas nuevas redes llamadas D y E, redes
digitales de modulación pulsatoria y baja frecuencia. Estas redes
emiten una radiación pulsatoria continuada y al parecer es
precisamente en este tipo de radiaciones donde radica el peligro. Y al
mismo tiempo que estos aparatos se multiplican, se multiplican también
las informaciones sobre sus efectos perjudiciales para la salud.
En el medio ambiente, según los informes, miles de hectáreas de
bosque están sufriendo seriamente las influencias de las emisiones
procedentes de este tipo de redes. En el ser humano se han realizado
encefalogramas a personas expuestas a dichas radiaciones, mostrando
máximos desconocidos hasta ahora, y cuyas consecuencias pueden ser,
por ejemplo, cánceres de piel y cerebro, Alzheimer, cataratas,
trastornos nerviosos, dolor de cabeza, insomnio, envejecimiento
prematuro de neuronas, etcétera.
Según investigaciones de Van Klitzing, de la Universidad de
Medicina de Lübeck, en Alemania, las radiaciones de los teléfonos y
antenas alteran los encefalogramas, manteniéndose los efectos
incluso 24 horas después del uso. Henry Lai, de la Universidad de
Washington, en Seattle (Estados Unidos), ha comprobado que en las
ratas expuestas a microondas idénticas a las de un portátil se
provocan roturas de los cromosomas. Anne Marie Maes (del Hospital
Universitario de Gand, en Bélgica), D'Ambrosio, de la Universidad de
Nápoles y Peter French, de la Universidad de Sidney, en Australia,
han llegado a las mismas conclusiones. John Holt, cirujano y
radioterapeuta en Darwin (Australia), afirma que puede demostrar la
relación entre la evolución de ciertos cánceres situados en la cabeza
y la telefonía móvil. Ha contrastado en sus pacientes que el cáncer
evoluciona más rápido, hasta un 20 por ciento, con la vecindad a la
fuente de microondas. Las células recuperan su normalidad cuando son
alejadas y, según Holt, la aceleración se debe al calentamiento de
las células por las micro- ondas.
En la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia,
aquí en España, se ha llevado a cabo por los profesores Javier Núñez,
de biología animal, y por Raúl de la Rosa, de cálculos y controles
físicos y geofísicos, una investigación sobre animales de laboratorio
sometidos a la radiación de microondas de telefonía móvil con
resultados que indican un claro cambio en el ritmo cardiaco de los
citados animales sometidos a tales radiaciones.
Hay que tener en cuenta que las investigaciones financiadas por las
empresas relacionadas con las telecomunicaciones indican,
lógicamente, que las radiaciones son supuestamente inocuas, pero que
hasta hoy ninguna ha rebatido los estudios que he mencionado
anteriormente, sino que se han limitado a señalar que los efectos
no son perjudiciales para ciertos órganos. Así, tres estudios, dos
financiados por Motorola y otro por France Télécom, concluyen que los
móviles no perjudican al corazón, salvo a la gente portadora de
marcapasos, ni al sistema inmunitario, aunque Bernald Veynet, autor
de uno de esos proyectos matiza, y cito textualmente: No lo sabemos
todo; en nuestras condiciones experimentales no sucede nada, pero esto
no quiere decir que los teléfonos no sean peligrosos.
Si tenemos en cuenta que las empresas ofrecen alrededor de un
millón y medio de pesetas por el uso de la azotea, y que si
encuentran resistencia por parte de los vecinos prometen que
aislarán la finca de las radiaciones (el aislamiento consiste en
capas de fibra de vidrio, poliéster y poliuretano y una chapa de
acero, con lo que los materiales elegidos a decir verdad, además de
ser poco ecológicos, aíslan del frío y del calor, pero no de las
radiaciones); si tenemos en cuenta que en Estados Unidos muchos
lugares públicos prohíben el uso del teléfono móvil; si tenemos en
cuenta que en Alemania se han realizado estudios y además el
Ministerio de Salud alemán prohibió el uso del teléfono móvil en
consultas médicas y hospitales desde marzo de 1995; si tenemos en
cuenta que para quienes no puedan renunciar al móvil, la división
de ciencias aplicadas de Cambridge ha diseñado un modelo de manos
libres, con un sistema que reduce la absorción de energía
electromagnética por parte del cerebro; si tenemos en cuenta que para
determinar el alcance del problema varios países han puesto en marcha
investigaciones, y tal es el caso del Gobierno Británico que ha
destinado 500.000 libras esterlinas para la realización de un estudio
que determine las posibles repercusiones de los móviles, o de
Dinamarca que ha iniciado una investigación para determinar si los
usuarios de los móviles padecen más tumores cerebrales, o de la
Comisión Europea que comenzó en octubre de 1995 un estudio que se
extenderá a lo largo de 5 años con un presupuesto de 3.000 millones
de pesetas, e incluso la Organización Mundial de la Salud ha anunciado
a principios de este año que va a realizar un estudio para
verificar si la utilización de teléfonos móviles comporta un riesgo
de aumentos de los tumores cerebrales, estudio que se llevará a cabo,
se hará en Australia, Canadá, Francia, Italia, Israel y los países
nórdicos; si tenemos en cuenta todo lo anteriormente expuesto, con-
vendrán conmigo SS.SS. que es lógico que nos preguntemos si
realmente la telefonía móvil puede tener efectos nocivos. De ser así,
¿hasta qué punto son nocivos los aparatos
de telefonía móvil? ¿Hasta qué punto influyen las radiaciones
de la telefonía móvil en el sistema neurológico de los usuarios? Si
el uso de tal telefonía es habitual, intenso, ¿puede hablarse de
lesiones evidentes? ¿Qué secuelas pueden dejar estas radiaciones? ¿En
qué pueden afectarnos? En definitiva, ¿hasta dónde pueden dañar o
alterar nuestra salud?
Las respuestas a todas estas preguntas las debe de dar el Gobierno
con la obligación además que tiene de velar por la salud de todos los
ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista opina que para poder
ofrecer esas respuestas, el Gobierno necesita comenzar un estudio. Un
estudio aséptico, no un estudio realizado por compañías relacionadas
con las telecomunicaciones. Un estudio donde se valore la situación,
se calibre el problema y se ofrezcan soluciones si es que es
necesario ofrecerlas. Este estudio, para que concluya lo más
fidedignamente esta posible relación entre algún tipo de enfermedad
por determinar, potencialmente ligada con el factor de riesgo
estudiado y las antenas de telefonía móvil, a juicio del Grupo
Parlamentario Socialista debería llevar los siguientes apartados:
Uno, que sería medición y comprobación de los distintos tipos de
antenas, su potencia, intensidad, amplitud de campo, penetración de
la onda en los edificios y comprobación directa de las dosis
recibidas a distintas distancias de las antenas. Dos, un estudio de
la población abarcada dentro de dicho campo que al menos haya estado
sometida a su influencia durante un tiempo a determinar según los
tipos de enfermedades pro- puestas, comparativamente con grupos de
control de población no expuesta. Y tres, el estudio de casos y
controles.
Por último, y ya para ir terminando, diré que el Grupo Parlamentario
Socialista piensa que nuestro país no puede quedarse a la zaga de
tales estudios, piensa que nuestro país debe ser pionero en
investigaciones que sirvan para esclarecer las posibles
repercusiones que la telefonía móvil pueda ejercer en nuestro
organismo, piensa que el Gobierno debe elaborar sus propios
estudios, independientemente de los que se realicen en otros países o
por otros organismos, a fin de que además se puedan contrastar los
diferentes resultados obtenidos en esos diversos estudios, y piensa
además que el ciudadano tiene el derecho, y el Gobierno la obligación
de informarle sobre las causas que pueden modificar su salud, a fin
de que libremente decida las medidas a tomar para reducir en lo
posible los efectos de esas posibles causas.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la proposición
no de ley que SS.SS. conocen, y pide al mismo tiempo que sea apoyada
por todos los miembros de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muy brevemente, señor presidente, porque
creo que la intervención de la diputada del Partido Socialista ha
planteado en sus justos términos el problema. El contenido concreto
de la proposición no de ley plantea algo elemental, y es la
necesidad de que nuestro país cuente con datos independientes
-insisto
en lo de independientes- que orienten a los ciudadanos y que, en su
caso, el Gobierno establezca las normativas necesarias para que algo
que se está extendiendo, no solamente el uso de teléfonos móviles,
sino la correspondiente instalación de antenas en edificios de
viviendas a cambio de determinadas cantidades de dinero, cuente con
la reglamentación que la protección de la salud pública y la
prevención de la enfermedad aconsejen.
Por lo tanto, mi grupo parlamentario votará favorablemente la
proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, el desarrollo de la tecnología
está planteando una serie de posibilidades casi ilimitadas en los
avances en la comunicación. Pero también ha planteado una serie de
preocupaciones y un debate social actualmente en Europa.
La posibilidad de que las antenas de los teléfonos móviles
produzcan reacciones con consecuencias negativas y efectos nocivos
para la salud de las personas es estudiado en estos momentos en
organismos internaciones, como la OMS 0 la Comisión Europea,
atendiendo a una demanda social que han suscitado algunas
publicaciones en este sentido.
Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Catalán(Convergència i Unió)
votará negativamente a esta proposición, entendiendo que aunque la
intención de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista es compartida por mi grupo, no parece tener sentido
iniciar un estudio local para comprobar la existencia de campos
electromagnéticos dentro del espectro de microondas producidas por
las antenas de teléfonos móviles, así como del grado de la incidencia en
relación a la salud de las personas cuando ya se están realizando por
estos organismos internacionales.
Señorías, señor presidente, no se trata de hacer trabajo por
duplicado. El objetivo debe ser que, si se detecta en esos informes
alguna incidencia nociva para la salud pública por la utilización
de la telefonía móvil, se dupliquen las medidas necesarias par evitar
esta nocividad de la tecnología.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Desde hace tiempo se vienen realizando
estudios sobre las posibles consecuencias de las radiaciones
emitidas por las antenas de los teléfonos móviles sobre la
naturaleza humana, en los que sin perjuicio de criterios diversos en
algunos casos, hasta el momento no se ha demostrado la existencia de
riesgo alguno que aconseje adoptar medidas especiales de control
dentro de los límites legalmente establecidos.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha presentado
recientemente los resultados de un informe elaborado por encargo del
Congreso de los propios Estados Unidos en 1991, en el que el
subcomité de evaluación, tras el análisis de más de 500 estudios
publicados a lo largo de
17 años, concluyó que la exposición a estos campos
electromagnéticos no representa un peligro para la salud humana en
cuanto al desarrollo de cáncer, respuestas neurológicas o defectos
de reproducción y desarrollo.
La Unión Europea se ha ocupado también del asunto que debatimos,
regulando en la Directiva del Consejo89/336/CEE, la utilización de
productos generadores de ondas electromagnéticas en lo relativo a su
compatibilidad, estableciendo un límite de potencia en los teléfonos
móviles para evitar que la emisión de radiaciones sobre el nivel
establecido, que se mide por el baremo denominado tasa de absorción
específica, y fijando la misma para los países de la Unión en 1,6
vatios por kilogramo. Por tanto, creemos que hay un marco establecido
y un marco de control sobre los efectos de las antenas de los
teléfonos móviles.
A pesar de ello, y por un principio de cautela, conviene seguir
investigando y revisando los límites de exposición laboral y
doméstica a los campos electromagnéticos. De acuerdo con este
principio, la Comisión Europea, por medio de la Dirección General V,
ha convocado un comité de expertos nacionales cuyo trabajo principal
será elaborar una guía para aquellos países que deseen emprender
iniciativas tendentes a establecer medidas específicas frente a los
campos electromagnéticos. Este comité ha celebrado su primera reunión
el pasado 27 de noviembre.
La Comisión Europea tiene intención de proponer al Consejo de
Ministros la adopción de una recomendación sobre los límites de
exposición del público a los campos electromagnéticos. Actualmente se
está discutiendo un borrador en el que se establecen unos criterios
mínimos basados en las recomendaciones públicas hechas por la Comisión
Internacional sobre la protección contra la radiación no ionizante.
El Gobierno español, estamos seguros ala luz de estas propuestas
adoptará las medidas más eficaces para la protección de la
población española.
De otra parte, el grupo del área de toxicología ambiental del Centro
Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III tiene
en marcha desde hace unos años diversos proyectos de investigación
sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, en
colaboración con otros servicios de bioelectromagnetismo de
hospitales públicos. Creemos que además es de destacar entre estos
estudios uno muy específico con el Instituto de Físicas Torres
Quevedo, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas y con
la Universidad Complutense.
Entendemos que en este momento no hay una urgencia especial, dado que
no se ha demostrado de forma terminante que haya un riesgo especial
de estos aparatos, y que, además, se están llevando a cabo, como
venimos diciendo, investigaciones dotadas con fondos y con
conocimientos científicos importantes por parte de la Unión Europea,
por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de
iniciativas privadas de tanto prestigio como el centro Carlos III, y
que en consecuencia el Gobierno lo que tendrá que hacer, y lo que hará
sin duda, es seguir y aplicar cuanto antes estos resultados. Nos
parece innecesario que se abra un nuevo centro de estudios, cuando ya
está en manos de importantes científicos y dotados con fondos
importantes.
Por tanto, vamos a votar en contra de la proposición.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA LA APROBACION POR REAL DECRETO DE LA INCLUSIÓN COMO
PRESTACIÓN SANITARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE LOS PROGRAMAS
DE REHABILITACIÓN CARDIACA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000807).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
por la que se insta al Gobierno para que realice los trámites
necesarios para la aprobación por real decreto de la inclusión como
prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud de los programas
de rehabilitación cardiaca.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: La proposición no de ley presentada por mi
grupo se refiere, como todas SS.SS. saben, a intervenir sobre la
principal causa de muerte, la primera causa de muerte en nuestro
país.
Obran en mi poder diversos artículos, tanto nacionales como
internacionales, creo que la bibliografía es amplia a la hora de
constatar, y me extrañaría que los grupos parlamentarios cuando han
preparado su trabajo en relación con esta proposición hayan
encontrado en la bibliografía - porque yo no lo he hallado- aspectos
que cuestionen las ventajas económicas tanto para los servicios
sanitarios como para los sistemas de protección social de los
programas de rehabilitación cardiaca.
Los primeros estudios hace tiempo que fueron presentados. El año
1964 es la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud
establece la recomendación explícita de su inclusión. Sin embargo, hay
una cita que no me resisto a reproducir, una cita del siglo XVIII
de un médico inglés llamado Heberden, que fue el primero en definir
una angina de pecho y el que también constató los beneficios de
algunas actividades que hoy se recogen bajo el epígrafe de programas
de rehabilitación cardiaca. Decía así: Un leñador de la campiña
inglesa sufría de angina de pecho y mejoró de la misma serrando
madera durante media hora diaria. Es decir, señalaba exactamente cómo
una actividad reducida que no sobrepase el umbral de la angina de
pecho, del dolor torácico, puede mejorar notablemente la calidad de
vida y el pronóstico de la propia enfermedad.
Me gustaría señalar que no se trata, a pesar de este relato que les
hacía, de planteamientos exclusivamente de actividad física. La
actuación integral desde el punto de vista psicológico y desde el
punto de vista de la salud de las personas es lo que está en la base
de las propuestas de los programas de rehabilitación cardiaca. Y
también la reintegración social y laboral de los enfermos cumple
unas funciones importantísimas. Estos resultados han sido
establecidos por los grupos de trabajo de rehabilitación cardiaca
de la Sociedad Española de Cardiología, y los ahorros de gastos
directos de los pacientes incluidos en los programas de
rehabilitación son al menos del 25 por ciento del total en el período
de un año, llegándose a alcanzar hasta el 30 por
ciento en un período de seis años. Asimismo, teniendo en cuenta no
solamente los costes sanitarios, sino los costes por bajas laborales
e incapacidades, el ahorro supera el 32por ciento en el primer año y
casi el 45 por ciento en un período de seis años.
Quiero señalar que los programas de rehabilitación cardiaca tienen
un coste de inversión muy reducido, los gastos de personal son
también relativamente modestos, la necesidad de colaboración entre
el nivel de atención primaria y de atención especializada, junto con
autoridades de ámbito territorial, como las autoridades municipales,
etcétera, podrían permitir con un coste mínimo la extensión de un
procedimiento sanitario cuya rentabilidad económica, social y
sanitaria estimo incuestionable.
Quiero hacer una reflexión, para terminar, de carácter general,
sorprendiéndome de que propuestas como éstas, que iniciativas de este
carácter, que gozan, creo, de todo el aval técnico requerido, estén
presentes en nuestro país con un carácter que se puede calificar de
anecdótico por su extensión; que sorprende, y es una reflexión que me
hago, que precisamente iniciativas de estas características, que
suponen una reducción importante del consumo farmacéutico y del
consumo de tecnología médica en particular, no gocen de las ventajas
del apoyo en los medios de comunicación y desde luego por parte de
las autoridades sanitarias. Una vez más, la pregunta que me hago es
hasta dónde llega el poder económico de la industria farmacéutica y
delas empresas fabricantes de tecnología médica a la hora de relegar a
un segundo plano procedimientos a mi juicio tan sencillos y con
ventajas tan incuestionables como ésta.
Para terminar, ahora sí, del todo, quiero hacer mención a un
histórico estudio de salud pública realizado en Estados Unidos hace
unos años y que duró 15 años, para determinar la proporción en que
las causas conocidas de enfermedad cardiovascular contribuían a
esta enfermedad. Se estimó que el colesterol, la hipertensión
arterial, la obesidad, problemas relacionados con el estrés, con la
dieta, contribuían solamente en un 25 por ciento a la producción de
enfermedad cardiaca. El estudio norteamericano señalaba que en el
75 por ciento restante la intervención de la causalidad tenía que
ver con algo tan intangible como la felicidad, la autoestima y la
satisfacción en el trabajo. Hechos que evidentemente remiten -y me
interesa constatarlo-, en momentos en los que el biologicismo campa
absolutamente por sus respectos acerca de la importancia que los
factores psicológicos, sociales y económicos derivados del modelo de
sociedad, en algo aparentemente tan sencillo y tan bien conocido como
es la enfermedad humana y en este caso la enfermedad cardiovascular.
Estimo suficientemente argumentada la propuesta, y espero contar con
el apoyo de los grupos parlamentarios para la que los programas de
rehabilitación cardiaca estén incluidos dentro del catálogo de
prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: De forma muy breve para fijar la posición del
Grupo Socialista. Yo creo que la proposición no de ley viene lo
suficientemente documentada y avalada por su propia exposición de
motivos, que es muy detallada y yo creo que bien fundamentada, como
para que nuestro grupo la vote favorablemente. No obstante, me
gustaría hacer algunos comentarios al respecto.
Efectivamente el concepto de salud no puede ser solamente -y no lo
es para ninguno de los grupos, me consta- la prevención de la salud
o la curación de las enfermedades, sino también el concepto de la
rehabilitación. Todo ello engloba un concepto integral de la salud, y
así lo recoge la propia Ley de Sanidad.
Dicho esto, es verdad que el síndrome postinfarto es un verdadero
problema, tanto familiar como personal, naturalmente para el que lo
padece, y también económico y social. Esto está ya he dicho y
perfectamente detallado en la exposición de motivos. Lo único que a
mí me gustaría resaltar es que las modernas técnicas de tratamiento
de infarto, ni el tratamiento cada vez más precoz, la intervención
tanto quirúrgica a corazón abierto, como se suele decir, pero sobre
todo las nuevas técnicas hemodinámicas que se practican con la
microcirugía, están dando como resultado que se reduzca el síndrome
postinfarto en un número muy importante de pacientes. Por lo tanto, es
verdad que tiene que haber un procedimiento rehabilitador, pero
también es verdad que prevenir en el caso concreto de infartos, coger
al enfermo cuanto antes y tratarle lo más precozmente posible, y a
veces con técnicas de microcirugía o medianamente agresivas, puede
suponer reducir cada vez más el porcentaje de enfermos que quedan
limitados en su actividad laboral o física por haber sufrido un
infarto de miocardio. Estas técnicas se practican en España en
determinados hospitales, en centros muy especializados que cuentan
con servicios de cardiología, unidades coronarias, y además cirugía
cardiaca y hemodinámica, pero no están extendidas a todo el territorio
español. Es verdad que incluso con estas nuevas técnicas sigue
persistiendo el síndrome postinfarto en un porcentaje importante de
la población que sufre infartos de miocardio, y en todo caso es
necesario que desde el punto de vista personal, desde el punto de
vista social y desde el punto de vista laboral y económico se ha de
establecer un programa nacional de rehabilitación y que éste se
incluya en las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Actualmente la rehabilitación cardiaca se
considera una parte integrante del conjunto de la prevención, el
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, si corresponde, de
aquellos pacientes afectados de patología cardiaca.
El sistema sanitario cuenta ya con programas de prevención de la
patología cardiaca, lucha contra el tabaquismo, hipertensión,
etcétera. La atención primaria de salud es la encargada de prevenir
y, orientada por especialistas, trabajar conjuntamente con ellos el
tratamiento de pacientes afectados de patología cardiaca.
Los centros hospitalarios y los centros sanitarios son parte
importante del diagnóstico y del tratamiento de pacientes afectados
de patología cardiaca. Así pues, y dado que se considera que la
rehabilitación cardiaca es un aspecto más de un enfoque integral
hacia los pacientes con patología cardiaca, no estaríamos de
acuerdo con la incorporación de la rehabilitación como prestación
sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley que
ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Estamos hablando de rehabilitación cardiaca. De la intervención de la
señora Maestro y de su exposición de motivos compartimos, como no
podía ser de otra manera, los datos o la mayor parte de los datos que
ha dado, no así alguna de sus opiniones, y a ellas me referiré, en
relación con la bondad de este procedimiento de rehabilitación
cardiaca, instaurado en diversos países desde hace algunos años, y
también contemplado en el propio Sistema Nacional de Salud, que se
lleva a cabo en distintos centros del Sistema Nacional de Salud, que
se lleva a cabo por profesionales de los centros del Insalud y que
está financiado públicamente, como no podía ser de otra manera.
De la intervención de la señora Maestro, y también de las de los
otros intervinientes, quiero resaltar cómo ha evolucionado el
concepto de la patología cardiaca desde su diagnóstico inicial
bastante tardía hasta en la actualidad afortunadamente, su
diagnóstico, mucho más precoz, también la atención que en el
Sistema Nacional de Salud se hace sobre la prevención de los factores
desencadenantes de los fallos cardiacos. Quiero hacer constar que
este tipo de servicio de rehabilitación cardiaca no se lleva a cabo
en todas las patologías cardiovasculares, que sí es la primera causa
de mortalidad, sino casi exclusivamente para aquellos enfermos o
para aquellos pacientes que, como decía el señor Blanco, han sufrido
un infarto de miocardio, son portadores de una angina inestable o
bien han sufrido algún tipo de intervención quirúrgica a corazón
abierto, de tipos hunt o derivación, o quizá por vía percutánea o
cateterismo para hacer indicaciones o actuaciones intravasculares.
El concepto de rehabilitación cardiaca es un concepto
multidisciplinar, que atiende fundamentalmente a mejorar la nutrición
del paciente, a dar asesoramiento y consejos en esta línea, a
prevenir las cifras altas de lípidos y de colesterol en sangre, y
también a marcar pautas distintas de comportamiento que, como decía
la señora Maestro en su exposición de motivos, luchen contra el
estrés y alcancen cierto grado de felicidad en la vida de los
individuos.
En lo que no estamos de acuerdo ya en sí mismo es cómo introducir en
el Sistema Nacional de Salud algo que ya está inherente en el propio
Sistema Nacional de Salud, y concretamente en dos de los apartados
del real decreto de 1995 que tiene competencia en la materia. Estos
dos apartados son en concreto aquellos que se dedican a la atención
primaria en relación al tratamiento de las enfermedades crónicas y, en
cuanto a atención especializada, a aquel
campo de la rehabilitación como medidas especiales de la
rehabilitación cardiaca.
En resumen, presidente, estamos de acuerdo con la exposición de
motivos, estamos de acuerdo con la importancia de la rehabilitación
cardiaca, estamos de acuerdo con que se potencie en todo el Sistema
Nacional de Salud y estamos de acuerdo con que esto sirva de altavoz
para que la rehabilitación cardiaca siga produciendo los efectos
beneficiosos que en este momento está consiguiendo. Pero no podemos
incluirla en el real decreto, no podemos incluirla porque ya está
incluida. De otra manera significaría que cuantas actuaciones y
cuantos servicios realiza el Instituto Nacional de Salud tendrían que
estar contemplados explícitamente en los reales decretos.
Estos programas de rehabilitación cardiaca no están excluidos, como
otros programas, de la financiación pública del Sistema Nacional de
Salud, se lleva a cabo y está financiado públicamente, y es
innecesaria su introducción implícita en la financiación, porque ya
está financiado públicamente. Por ello, vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Solicito la palabra un minuto, por una
aclaración, no con ánimo de entrar en polémica.
Quizás no he sido suficiente explícita. La proposición no de ley se
refiere fundamentalmente a los estudios hechos por la Sociedad
Española de Cardiología y a la rehabilitación tras infarto agudo de
miocardio, respecto a la que la propia Sociedad habla de que el
mantenimiento de la actual situación es insostenible con sólo un 2
por ciento de pacientes rehabilitados.
- SOBRE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 161/000897).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
sobre prevención y seguridad en materia de investigación biológica.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: La inclusión de esta proposición no de ley,
aparte de otras discusiones previas, es oportuna desde el punto de
vista de la estricta actualidad que tienen, desgraciadamente para
nuestro país, los problemas de riesgo medioambiental y, en
concreto, laboral.
Afortunadamente, en nuestro país se realizan actividades relativas
a investigación y desarrollo en el sector público, y en concreto,
tanto de lo que se deduce de los contenidos del Plan nacional de
investigación como de la participación de nuestro país en proyectos
europeos de investigación, el área que cuenta con más recursos es
precisamente la biotecnología, detrás de las telecomunicaciones.
Este es un sector en amplio desarrollo, en el que asistimos a una
intensa proliferación de centros relacionados
con investigaciones en el marco de la biotecnología y, por tanto, a
un incremento de las situaciones de riesgo.
Hace unas semanas mi grupo parlamentario solicitaba la comparecencia
del director general del INL, para tratar sobre problemas que
afectaban al centro de investigación en sanidad ambiental. Como
recuerdan SS.SS., asistió por elevación el secretario de Estado, y
tras negar puntualmente, como ya viene siendo casi habitual, las
apreciaciones y hechos que por parte de mi grupo parlamentario se le
exponían, informo a SS.SS. de que este secretario del Estado, señor
Lamela, a pocos días de su comparecencia aquí, cesó al director del
INIA. Sería bueno saber cuáles han sido los motivos, tras negar en
esta Comisión, insisto, todos los hechos que mi grupo parlamentario
puso de manifiesto en relación con el Centro de Investigación de
Sanidad Ambiental, que cae dentro de la competencia de este alto
cargo.
El objetivo de la proposición no de ley no busca que el Gobierno
dicte nuevas normativas, que ya existen (la Ley de prevención de
riesgos laborales y el Real Decreto sobre Riesgos Biológicos), sino
algo tan elemental, y de lo que luego a veces desgraciadamente tenemos
ocasión de lamentarnos, como la aplicación sistemática en los centros
de las medidas previstas en la legislación.
Como decía, la proliferación de centros que realizan investigaciones
en biotecnología de alto nivel de riesgo aumenta preocupantemente.
Recientemente la Universidad Autónoma de Madrid se ha negado a poner
en marcha un laboratorio de nivel de seguridad P-3 en el Centro de
Biología Molecular, entre otras cosas porque está situado en el
centro geográfico de las facultades de la Universidad Autónoma de
Madrid, por lo que se ha adoptado un criterio de concentración de
riesgos y se plantea como alternativa que se ubique en el Centro
Nacional de biotecnología. (El señor vicepresidente, Alcalde Sánchez,
ocupa la Presidencia). Hay preocupación en la comunidad científica,
señorías, con respecto a esta situación. Los centros de este tipo
tienen un alto coste de mantenimiento, y la preocupación es que
puedan ser utilizados por empresas multinacionales para llevar a
cabo investigaciones cuyos riesgos no son deseados en otros países
donde se ubican estas multinacionales.
Por lo tanto, sin negar, porque lo conozco perfectamente, que hay
centros de nuestro país que tienen establecidas medidas de seguridad
que se cumplen con eficacia, el objetivo de esta proposición no de
ley es señalar que esto no se produce con carácter general ni
sistemático; por ejemplo, en muchos proyectos de investigación, a la
hora de valorarlos riesgos para la salud tanto de los trabajadores
que intervienen en ellos como de la población expuesta, se plantea
el problema de que no está previsto el presupuesto correspondiente
para medidas de seguridad.
Por lo tanto, una de las propuestas concretas es que en todo proyecto
de investigación se exija la inclusión de un apartado que contemple
las medidas a poner en marcha para controlar los riesgos biológicos
que pudieran deducirse de la aprobación del proyecto. Que una cosa
son los boletines oficiales del Estado y otra cosa es la realidad lo
marca el hecho de que en una reunión reciente del presidente del
CSIC, ésta persona negara a una representación de los trabajadores que
en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas se estuviera trabajando con virus de la
hepatitis B, y que le fueran enseñadas, mostradas tesis doctorales,
publicaciones en revistas científicas realizadas dentro del propio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Por lo tanto, es objeto de esta proposición no de ley en que esta
Comisión de Sanidad inste al Gobierno a tomar las medidas necesarias
para los requisitos de publicidad, de aplicación sistemática de las
reglamentaciones se produzca en todos los centros en los cuales se
estén llevando actividades de biotecnología.
En concreto se plantea algo que, si SS.SS. recuerdan, la propia Ley
de Prevención de Riesgos Laborales establecía, y era la existencia de
un mapa de riesgos y el correspondiente plan integral de prevención
y seguimiento, en este caso, de los riesgos biológicos; que se
elaboren o se revisen los protocolos que garantizan la seguridad en
materia de salud del conjunto de los ciudadanos que residen en zonas
geográficas próximas a estos centros o instalaciones; que se plantee
la adopción de planes de formación, tanto de la población como de los
trabajadores, para establecer y conocer el comportamiento adecuado
ante la eventualidad de un riesgo biológico; que se abran cauces de
negociación con los trabajadores en ámbitos relativos al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, al INIA, hospitales y
universidades, industria farmacéutica y otros relacionados con la I+D;
la elaboración de protocolos de seguridad consensuados para todos
los puestos de trabajo que impliquen riesgos; la potenciación de
planes de formación, en este caso para los trabajadores, y la
potenciación de los comités de seguridad y salud para, de esta forma,
establecer cauces normalizados de participación en los centros
dedicados a la investigación con agentes biológicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): Ruego vaya acabando,
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Sí, termino inmediatamente. El
protagonismo de los trabajadores en su propia prevención era uno de
los factores que animaban el espíritu de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Estas situaciones pueden parecer lejanas hasta que los riesgos y las
situaciones difíciles se producen. Estamos hablando de unos centros
que manejan material cuyas consecuencias pueden mantenerse en el
tiempo, y en este caso, como les decía, señorías, el objetivo de la
proposición no de ley es que por parte del Gobierno se establezcan
los mecanismos que realmente garanticen y evalúen la aplicación de
la normativa existente en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): ¿Hay algún grupo que haya
presentado enmiendas? (Pausa.)
Para la fijación de posición, tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, según indica el preámbulo de la
proposición no de ley que debatimos, en el Estado español existe un
único laboratorio de alta seguridad biológica de tipo P4, que
depende del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el INIA,
y diversos centros
repartidos por la geografía española que disponen de
laboratorios del tipo P1 y P2.
Por otra parte, parece que diversos centros y comunidades autónomas
se han planteado la necesidad de disponer de laboratorios del tipo
P3, por razones que no se comentan en la proposición no de ley, pero
es razonable pensar que agilizarían sus actividades de investigación.
La autorización de estos tipos de laboratorios y las medidas de
seguridad que hay que aplicar ya están reguladas por un real decreto
sobre riesgos biológicos. Ahora bien, la información facilitada al
grupo parlamentario proponente por los delegados de prevención de
los centros más relevantes parece indicar que se producen graves
faltas de cumplimiento de la normativa de seguridad y riesgos
laborales, que pueden afectar al personal que trabaja y también a la
población que vive cerca de estas instalaciones.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos propone
la elaboración de un mapa de riesgos, el establecimiento de un plan
integral de prevención, la elaboración o revisión de diversos
protocolos, y el establecimiento de planes de formación,
información y otras proposiciones más.
Puede parecer no razonable plantear estas propuestas. Parece más
efectivo que la Administración asuma su responsabilidad de seguridad
de la población, y que ejerza las funciones que tiene asignadas de
inspección, verificación y control de esas actividades. Y en el caso
de que hubiera algún centro en que se hubiese detectado el
incumplimiento de la normativa, que se aplicaran las sanciones
oportunas, incluso con la posibilidad de clausurar los laboratorios
infractores. Estamos totalmente de acuerdo en que la situación
denunciada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es
preocupante e inadmisible, pero la excusa de evitar la proliferación
de riesgos no es motivo suficiente para oponerse a la creación de
otros laboratorios en el ámbito de las comunidades autónomas, tal como
se explícita en la exposición de motivos de la proposición no de ley.
No se puede pretender que la responsabilidad de unos cuantos
entorpezca la actividad de la mayoría ni que la desidia de la
Administración a la hora de exigir el cumplimiento de las medidas
de seguridad previstas impida, cuando sea realmente necesario, la
creación de nuevas estructuras que den servicios a las actividades de
I+D en las comunidades autónomas.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará
negativamente esta proposición no de ley, por entender que el
incumplimiento de una normativa por una minoría no puede traducirse
en el seno de la investigación y desarrollo de la que estamos tan
escasos en el Estado español en comparación con otros Estados en la
Unión Europea. Y lo que sí deberíamos exigir desde el Congreso de los
Diputados a la Administración es que cumpla con su obligación de hacer
cumplir la normativa vigente y velar por la seguridad de la
ciudadanía.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez):Tiene la palabra la señora
Pozuelo, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora POZUELO MEÑO: La proposición que nos presenta Izquierda
Unida en esta Comisión se refiere
efectivamente a un asunto de la mayor importancia, como es el
establecimiento de las condiciones y garantías suficientes y
necesarias para que los centros de investigación biológica realicen
sus trabajos con todos los requisitos y normativas de seguridad, para
que ni los trabajadores de estos centros ni el conjunto de los
ciudadanos ni tampoco el medio ambiente estén sometidos a riesgos
posibles de contaminación, cuando los procesos de investigación que
tienen lugar en nuestros centros son en sí mismos proyectos de
riesgo.
Al entrar en el contenido específico de la proposición nos
encontramos con unas propuestas que no avanzan mucho sobre la
normativa que existe actualmente sobre el control de riesgos en los
centros de investigación y zonas de experimentación en cuanto a los
ensayos biológicos.
Por otra parte, tampoco acotan o plantean qué problemas han podido
producirse de manera muy concreta en la aplicación de las normas de
seguridad existentes o qué otras nuevas demandas o necesidades han
surgido que necesiten la implantación de nuevas medidas de seguridad.
Hace escasamente un año se aprobó el reglamento largamente
demandado, que desarrolla la Ley 15/1994, de 3 de junio, sobre
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, precisamente para prevenir
los riesgos de la salud humana y el medio ambiente. Este reglamento
regula exhaustivamente las actividades de riesgo de investigación,
clasificando las de bajo y alto riesgo, determinando los requisitos en
el desarrollo de las actividades, al objeto de garantizar la máxima
seguridad para las personas y el medio ambiente. Se enumeran y se
concretan a lo largo de todo el articulado prácticamente todas las
demandas que contiene la proposición no de ley: establecimiento de
comités de seguridad biológica, aplicación de códigos locales de
conducta para la seguridad del personal, proporcionar formación del
personal, medidas de control en la indumentaria y equipos de
protección personal, medidas de control en la indumentaria y equipos
de protección personal, etcétera. Es una larga enumeración de
medidas de confinamiento para los organismos de alto riesgo, en los
que se relacionan todos los controles y datos sobre la seguridad de
los trabajadores y del medio.
En cuanto a los planes, se toman medidas para elaboración de planes
de emergencia y de información a posibles afectados con carácter
general y en caso de accidente; en este sentido, se contempla la
elaboración de planes de emergencia sanitaria y de vigilancia
epidemiológica y medioambiental, estableciendo la coordinación
necesaria entre las administración públicas, el propio Estado español
y la Comisión Europea. En definitiva, este reglamento recoge e
incorpora todas las normas europeas, las directivas y decisiones de
la Comisión sobre prevención de riesgos para la salud humana y para
el medio ambiente.
Consideramos, tras la intervención de la portavoz de Izquierda Unida,
que no se trata tanto de recoger y de enumerar las medidas de
control y las normativas de seguridad, sino de solicitar al Gobierno
que se cumplan y se exija su cumplimiento de la manera más rigurosa y
más estricta posible. En ese sentido, a pesar de no compartir la
exposición de motivos, previa a la consideración de los términos de
la propia proposición no de ley, daríamos nuestro voto a
favor al contenido explícito, específico de la proposición no de ley
que presenta Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Alcalde Sánchez): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Voy a comenzar diciendo que la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre prevención y seguridad en materia de investigación
biológica, tiene una formulación muy amplia y está dirigida a distintos
sectores, algunos de ellos en el ámbito público, y otros fuera de él,
como los de la industria farmacéutica y otras diversas iniciativas
privadas relacionadas con la investigación y el desarrollo.
Como SS.SS. saben, aunque la mayoría de los centros que se citan
pertenecen al ámbito de la sanidad, motivo por el que se discute esta
proposición no de ley en esta Comisión, la planificación y gestión
de los mismos corresponde, por un lado, al Ministerio de Educación y
Cultura, caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y
para algunas actuaciones específicas, al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, cuando no a comunidades autónomas con
competencias asumidas en el ámbito de sanidad, incluido el Insalud en
su caso, o en el de las universidades. En cuanto a los riesgos para
la población, son competencias de medio ambiente y de salud pública.
Final- mente, en cuanto a las competencias sobre prevención de
riesgos laborales, la ejecución de la normativa al respecto
corresponde a las comunidades autónomas con competencias asumidas,
salvo en lo que afecta a la propia Administración general del
Estado respecto a sus centros.
En cuanto a las posibles denuncias sobre el incumplimiento de la
aplicación de la normativa laboral vigente habría que recabar
información de la Dirección General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Pues bien, como la proposición no de ley formulada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene por
objeto instar al Gobierno a emprender una serie de acciones en
relación a los riesgos biológicos, su prevención y su seguimiento,
una vez expuesto ordenadamente la extensión que abarca y sus
correspondientes competencias, me permito recordarles que las
acciones que proponen ya se encuentran contenidas en la normativa
vigente de forma general, para después pasar a analizar
pormenorizadamente cada uno de los puntos o medidas de la
proposición no de ley, instando al Gobierno a que las adopte.
Los laboratorios de alta seguridad biológica se encuentran
comprendidos en el ámbito del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo. En este real decreto se establece que el sujeto en el marco
de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, es la protección de los trabajadores contra los riesgos
para la salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo, así como la prevención de dichos
riesgos. En este sentido, el citado real decreto contempla una serie
de obligaciones del empresario, tales como la identificación y la
evaluación de riesgos y la
reducción de los mismos, lo que implica el establecimiento de
procedimientos de trabajo adecuados y de planes específicos, entre
otras actuaciones.
Asimismo garantiza la información y la formación específica de los
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la consulta y
participación de los trabajadores en las cuestiones a que se
refiere el citado real decreto que se realizarán de conformidad con
lo establecido en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Por otra parte, está pendiente la aprobación de un proyecto de real
decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos
laborales a la Administración general del Estado, que ya ha sido
informado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y que en el momento actual está pendiente del dictamen
previo del Consejo de Estado. Así, una vez expuesta ya la normativa
vigente, quede forma general recoge las medidas planteadas, quiero
brevemente pasar a analizar cada uno de los seis puntos incluidos
en la presente iniciativa parlamentaria.
Primer punto: Elaboración y, en su caso, revisión de un mapa de
riesgos y de un plan integral de prevención y seguimiento de riesgos
biológicos. Esta previsión se con- templan tanto en la Ley General de
Sanidad de 1986 como en la Ley de Prevención de Riesgos de 1995,
siendo su inclusión en esta última un traslado de lo dispuesto en
aquélla, ya que se abarca en el artículo 10, que trata de las
actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
sanitaria; en concreto, en ambos textos se dispone que corresponderá
a dichas administraciones la implantación de sistemas de información
adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades
laborales competentes, de mapas de riesgos laborales.
En la misma ley, en sus artículo 14 y 16, del capítulo tercero, se
ocupa del derecho a la protección de riesgos laborales, de los
principios de la acción preventiva y de la evaluación de los riegos a
que puedan estar sometidos los trabajadores. Todo lo anterior se
desarrolla en el capítulo segundo, sección primera, artículos 3 a 7,
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de los servicios de prevención.
Igualmente esta previsión se encuentra recogida de una forma más
específica en el capítulo segundo del Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo; igual- mente son de aplicación a este propósito la
disposición primera, sobre la elaboración y actualización de la guía
técnica de riesgos, y los seis anexos de este real decreto.
En conclusión, la posible elaboración de un mapa de riesgos, que, en
definitiva, no es más que un instrumento de información, entre otros,
de un plan integral de prevención y seguimiento de los riesgos
biológicos correspondería a cada ámbito ministerial del cual
dependieran los centros concretos, sin perjuicio de los que
correspondan a otros ámbitos competenciales, como son las
Administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades
locales. Todo ello no impide que en cada centro, en aplicación de la
normativa de prevención de riesgos laborales, se adopten todas las
medidas necesarias para evitar en lo posible
los riesgos y controlar adecuadamente los riesgos que no pueden
evitarse.
Segundo punto: Elaboración y, en su caso, revisión de protocolos que
garanticen la seguridad en materia de salud. La iniciativa en la
elaboración de protocolos de seguridad, así como la adopción de planes
de formación e información del conjunto de los ciudadanos en las
zonas próximas a este tipo de centros, corresponde a las autoridades
competentes, tanto sanitarias como medioambientales, sin perjuicio
de las que puedan corresponder al área de protección civil y a la
Administración de la cual dependa el centro en cuestión, en
aplicación de la directiva de accidentes mayores y de la normativa
española de transposición que establece los procedimientos a seguir
en estos casos. No obstante, la adopción de medidas sanitarias de
este rango requiere una reflexión previa sobre su pertinencia. El
cumplimiento de las medidas de control y seguimiento en las
actividades que entrañan un riesgo de contacto con portadores o
muestras no hacen imprescindible ni urgente el dirigir campañas de
sensibilización a la población cercana no incluida entre los
trabajadores.
Por otra parte, la adopción de medidas de carácter general podría
generar innecesarias reacciones de ansiedad o de angustia en la
población o un rechazo indirecto y prejuicioso de algunos
trabajadores o pacientes por su hipotética condición de portadores o
contaminadores, lo que vulneraría el artículo 14 de la Constitución
española. En cualquier caso, habría que conjugar este aspecto con
el que se deduce de los artículos 40.2, 43 y 45 de la misma.
En cuanto al punto tercero, podemos hacer extensivo lo considerado en
el punto anterior, compartiendo la inquietud reflejada en el
apartado, en el sentido de que es necesario continuar con la
política de negociación y discusión sobre los temas de bioseguridad a
través de las comisiones al efecto, dentro de la Administración
pública, incluyendo en la misma empresas privadas, industria
farmacéutica, hospitales de titularidad privada, etcétera.
Cuarto punto: La elaboración de protocolos de seguridad consensuados
para todos los puestos de trabajo que impliquen riesgo biológico,
corresponde al ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 12
de mayo, relativo a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante
el trabajo, que se ha actualizado recientemente mediante la Orden
Ministerial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 25 de
marzo de 1998. Ambos textos desarrollan lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales e incorporan por completo lo
dispuesto en las cinco directivas comunitarias vigentes sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, me refiero a la
90/679, 93/88, 95/30, 97/59 y 97/65 de la Comunidad Económica Europea.
Esta legislación está completamente actualizada de acuerdo con los
últimos conocimientos y técnicas existentes, siendo la más avanzada
en este ámbito, y se considera suficientemente rigurosa para
garantizar con su cumplimiento la seguridad y la salud de los
trabajadores implicados en este tipo de actividades. (El señor
vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.). Por otra
parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención, es
obligado realizar una evaluación de todos los riesgos a los que
pudieran estar expuestos cada uno de los trabajadores. Esta
evaluación deberá mantenerse actualizada por medio de todas las
revisiones necesarias y su resultado es la base para una adecuada
planificación y organización de la actividad preventiva. En todos
estos aspectos debe contarse con la participación activa de los
trabajadores y de sus representantes, especialmente los delegados de
prevención.
En cuanto al punto quinto, la elaboración de planes de formación e
información para todos los trabajadores que desarrollen su actividad
de riesgo ante agentes biológicos, igualmente corresponde al ámbito de
aplicación del citado Real Decreto 664/1997, como desarrollo de lo
dispuesto en la propia Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, más concretamente en su artículo 19.
El derecho a la formación e información específica corresponde no sólo
a los trabajadores implicados en cualquier actividad donde pueda
haber alguna posibilidad de exposición de agentes biológicos, sino
que es extensible a sus representantes, debiendo el empresario o el
responsable de la dependencia, si es la Administración pública,
adoptar las medidas adecuadas para satisfacerlos en cumplimiento de lo
dispuesto específicamente en el artículo 12 del citado real decreto.
No obstante, creemos que, de acuerdo con este punto, es necesario
potenciar los planes de formación e información de los trabajadores en
todos los centros y ámbitos que se requieran.
En cuanto al punto sexto, la potenciación de los comités de seguridad
y salud recogidos en el artículo 39 de la Ley31/1995, de 8 de
noviembre, puede darse una respuesta análoga al punto anterior. No
obstante, cabe añadir que para adoptar la aplicación de las
disposición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la
normativa de desarrollo al ámbito de la Administración general del
Estado, en breve será aprobado por el Consejo de Ministros un real
decreto de aplicación de la normativa de prevención de riesgos
laborales en este ámbito, tal y como hemos mencionado al iniciar
nuestra intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro):Vaya terminando, señor
Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Voy a terminar, señor presidente.
Por último, en cuanto a estas medidas, quiero señalar el punto de
vista del Insalud, que dice en este punto: La prevención de riesgos
debe tratarse para la globalidad de sus trabajadores, de acuerdo con
la normativa vigente, incluyendo al personal investigador que presta
servicios en los hospitales, en cuanto trabajadores de dicho centro.
Pero no se considera que se deba legislar específicamente esta
cuestión para este personal de modo aislado. Téngase en cuenta que los
hospitales, al confeccionar sus mapas de riesgos, incluyen lógicamente
los laboratorios de investigación existentes en los mismos, señalando
las características de sus instalaciones, sus riesgos y los elementos
de protección con que deben contar; además, disponen en general de
protocolos adecuados para actuar con la debida seguridad.
Por todo lo expuesto, señorías, y aunque coincidimos en la
conveniencia de potenciar la negociación y discusión
de todos los temas de bioseguridad, tal y como se propone en el punto
o medida tercera de esta iniciativa, en nombre del Grupo Popular les
manifiesto que para ello no nos parece necesario que el Parlamento
apruebe un mandato al Gobierno, máxime cuando este tipo de acciones se
está desarrollando en la actualidad, y cuanto todas las medidas que se
proponen en esta proposición no de ley están ya con- tenidas en la
normativa vigente, tal y como hemos señalado y volvemos a señalar,
concretamente en el Real Decreto 664/1997, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo, y en la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.
Por todas estas razones y argumentos expuestos, el Grupo
Parlamentario Popular no dará su apoyo y votará en contra de esta
iniciativa sobre prevención y seguridad en materia de investigación
biológica que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
- SOBRE MEDIDAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE
LA ASISTENCIA SANITARIA EXISTENTE EN LALOCALIDAD DE CIEZA(MURCIA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA(Número
de expediente 161/000899).
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Pasamos a debatir la
siguiente proposición no de ley, que figura con el número cinco del
orden del día, sobre medidas para resolver el problema de la
asistencia sanitaria existente en la localidad de Cieza (Murcia).
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En nombre de dicho grupo,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a intentar cumplir ser breve para
defender algo que es muy sentido en una población como la de Cieza,
con 32.000 habitantes efectivos, aunque la población ya supera los
35.000, algo que nosotros consideramos que significa hacer frente a
una demanda social.
La propuesta quiere hacer frente a una demanda, a una realidad con
tres objetivos. En primer lugar, que el Insalud abra la posibilidad
de construcción de un segundo centro de salud en Cieza, puesto que el
volumen de personal por cada centro de salud supera notablemente lo
que sería razonable.
En segundo lugar, que mientras esa realización se introduce dentro
del mapa sanitario y se inicia la obra (nosotros proponemos que las
medidas se aborden durante el año 1998), se mantenga abierto el
ambulatorio que en la actualidad está sito en la calle Santa
Gertrudis de Cieza. Y es éste el problema fundamental, puesto que en
realidad se había pensado por parte del Insalud en la posibilidad de
cerrar este ambulatorio para trasladarlo al centro de salud actual,
que se encuentra en las afueras de la ciudad.
La población que se beneficia ahora mismo de este ambulatorio viene a
ser de unas 4.000 personas. Precisamente estas personas que viven
en el casco antiguo de la ciudad, pertenecen a una franja de la
población de la tercera
edad, es decir, incorporados a la jubilación y pensionistas, y
de unos estratos sociales y económicos más limitados. Por tanto, el
objetivo es que este personal, que ahora mismo vive en el centro de
la ciudad, no tenga que trasladarse hacia las afueras de la propia
ciudad, puesto que ese trasiego en esta franja de población
significaría una limitación de este servicio y una pérdida de
calidad del servicio. Este traslado del ambulatorio hacia lo que es el
actual centro de salud fue suspendido, puesto que en apenas cuatro
días se recogieron más de 3.000 firmas de esos 4.000 ciudadanos que
reciben atención en este ambulatorio.
En la actualidad, la evolución de ese traslado ha estado parada, pero
en los últimos días, en este mes de junio, ha recuperado protagonismo
en la vida de la ciudad. Lo cierto y verdad es que el Insalud
pretende trasladar a los sustitutos del personal que se va
jubilando, en concreto dos de los médicos que se han ido jubilando y
han dejado de trabajar en este ambulatorio, al centro de salud; por
tanto, en jornada de tarde se atenderá la prestación que ahora mismo
reciben en jornada total y desde el propio ambulatorio.
Esa discusión ha llevado a que la plataforma que ha estado defendiendo
la necesidad de mantener el ambulatorio mientras se construye el
centro de salud, haya estado planteando exigencias ante la
Administración, ante el propio director provincial del Insalud y
ante el responsable de atención primaria.
Ayer inclusive la plataforma celebró una asamblea de afectados o de
vecinos que pertenecen a ese ambulatorio, y tomó la decisión de
exigir, mediante recogida de firmas, ante el Insalud que se mantenga
abierto ese ambulatorio, con el mismo grado de atención que ahora
tiene.
Y el tercer punto -decía que eran tres objetivos- es que ese
ambulatorio no se vea recortado, reducido en cuanto a recursos
materiales y humanos, y poco a poco o paulatinamente, antes de que
se produzca la construcción de ese nuevo centro de salud, pueda ser
trasladado y agrupado todo a un mismo centro de salud que en la
actualidad está funcionando en otro punto.
Por tanto, ése es el objetivo. La realidad es que, para la defensa de
esta propuesta, nos avala que el propio pleno del Ayuntamiento de
Cieza aprobara por unanimidad una proposición (respaldada, por tanto,
por el Grupo Popular, por el Grupo Socialista y por el Grupo de
Izquierda Unida- Los Verdes), manifestándose en contra de que se
cerrara este ambulatorio; segundo, que la ubicación de este
ambulatorio fuese el centro en el que ahora mismo está, en la calle de
Santa Gertrudis, o en otro que reuniera mejores condiciones, en la
misma zona, en el propio centro; y se mantuviera esta actividad
mientras no se construyese el segundo centro.
Por tanto, la parte resolutiva de la proposición no de ley, diría que
el Congreso instara al Gobierno para que, por parte del Insalud, se
abriera esa posibilidad, se adoptaran con carácter urgente las
medidas necesarias para que en el año 1998 se inicien todos los
caminos para construir un centro de salud se necesita, en primer
lugar, que sean estudiadas las condiciones, la población y la
realidad de la propia ciudad; en segundo lugar, que el mapa
sanitario lo pueda recibir, y en tercer lugar, la previsión
presupuestaria. Todos esos trámites nosotros creemos que se pueden
cumplir en este año, para que sea una realidad la construcción
de ese segundo centro y que la población de Cieza esté atendida en
las mínimas condiciones de calidad, como lo están otras poblaciones
de nuestro país.
Pretendemos que mientras tanto se mantenga abierto ese ambulatorio,
que se dote de recursos materiales y humanos para que la calidad sea
la suficiente. Ése es el objetivo que persigue nuestra propuesta, y
esperamos que sea respaldada por todos los grupos, bien textualmente
con- forme está, bien con las aportaciones o precisiones que se crean
necesarias para que encuentre un cauce de confluencia de intereses,
o de coordinación administrativa, como mandata la Constitución, puesto
que lógicamente hay unas competencias de ordenación sanitaria o de
planificación que tiene la comunidad, otras competencias de gestión
las tiene el Insalud, mientras no se transfieren, y otra forma de
colaboración la tiene el propio ayuntamiento, en cuanto a la
posibilidad de relación con un centro, mientras no se tenga ese propio
centro de salud.
Con el objetivo, por tanto, de solventar con el mismo grado de
unanimidad o de acuerdo que allí se produjo, puesto que es un
problema sentido y de fácil respaldo ya he puesto el ejemplo anterior
que en apenas cuatro días de las4.000 personas afectadas, 3.000
firmaron para apoyar este planteamiento, mantenemos aquí lo mismo que
se mantuvo en la región de Murcia como posicionamiento de los
distintos grupos, dando un marco para que el Gobierno actúe.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): ¿Grupos parlamentarios que
quieren fijar su posición? (Pausa.)
El nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERAI BEN: Esta diputada se congratula, en nombre de mi
grupo parlamentario, de que el Grupo Popular, el partido que sustenta
al Gobierno, presente al Grupo proponente de Izquierda Unida una
enmienda, que parece ser que va a ser aceptada por el grupo
proponente, en el sentido de llegar a un acuerdo sobre las necesidades
que la localidad de Cieza pone encima de la mesa, y que además han
sido constatadas y aprobadas por unanimidad de todos los grupos
políticos que están representados en el pleno municipal.
Pensamos que para el pueblo de Cieza, para la propia Comunidad de
Murcia, obviamente es una cuestión de primera importancia dar
solución a este problema, y pensamos que es positivo encontrar este
punto de acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Murcia.
Esperamos, pues, que esto sea aprobado y que el grupo proponente
acepte esta propuesta de resolución y de acuerdo; evidentemente,
para ello van a contar con los votos favorables de mi grupo
parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Señoras y señores diputados, la iniciativa
que nos presenta Izquierda Unida, además de acertada, a nuestro
juicio, tiene un amplio marco legal
que lo ampara, como es el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero; la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; el Decreto 53/1989,
de 1 de junio, de reglamento general de funcionamiento de los equipos
de atención primaria; la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la
Región de Murcia; el acuerdo de la Comisión mixta de atención
primaria, en virtud de la resolución de la Dirección General de Alta
Inspección del Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de
Murcia, de fecha 9 de enero de 1989, por las que se crearon en el
municipio de Cieza dos zonas de salud.
Existe efectivamente, tal y como se ha dicho con anterioridad, una
clara voluntad política de que se produzca la situación que propone
la iniciativa. Existe, tal y como se ha mencionado, un acuerdo del
pleno del Ayuntamiento de Cieza, de fecha 27 de enero, por el que se
acuerda por unanimidad no cerrar el ambulatorio de dicha población
hasta que no se habilite un segundo centro de salud para dar cabida
al segundo equipo de atención primaria. Asimismo, y en el ámbito
regional, existe una respuesta parlamentaria del consejero de Sanidad
y Política Social, de fecha 9 de enero, en el sentido de que entre
los objetivos del Plan Regional de Salud 1998-2000 no existe
previsión alguna de supresión de las zonas de salud ya creadas.
La situación del municipio es la que se ha mencionado, es un
municipio de unos 32.000 habitantes. Es su momento fueron delimitadas
dos zonas de salud por la autoridad competente, la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. En dicho municipio desde 1985 funciona un
centro de salud que alberga un equipo de atención primaria y un
ambulatorio, propiedad municipal, aunque cedido a la Tesorería de la
Seguridad Social para prestar asistencia a la segunda zona de salud.
En 1993 el Gobierno de la nación pretendió y presupuestó por una
cantidad superior a los 100 millones la ampliación del centro de
salud existente para albergar al segundo equipo de atención primaria,
idea que finalmente no se consumó por decisión política y técnica:
política, pues el centro de salud actual está ubicado lejos de la
segunda zona de salud; y técnica, pues dicho edificio, construido
en 1985, por un importe de unos 50 millones de pesetas, no admitía
razonablemente tal cienmillonaria ampliación.
En enero de 1998, la Dirección Provincial del Insalud planteó el
cierre del actual ambulatorio y la apertura del centro de salud por
las tardes para atender la segunda zona de salud. Tal decisión se
revocó por presión ciudadana, recogida de más de 3.000 firmas, un
acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Cieza y el compromiso,
lógicamente, del propio director provincial del Insalud.
Pese a la voluntad del consejero de Sanidad de no modificar la
existencia de dos zonas de salud en el municipio de Cieza, se han
abordado obras de construcción de centros de salud sin la exigible
coordinación entre la Administración central y la autonómica -me
refiero lógicamente a lo que es el ámbito regional-, pues en los
últimos tres años no se ha reunido la Comisión mixta de atención
primaria, lo cual no nos parece apropiado, creada por resolución de 2
de enero de 1989, observando por ejemplo (lo cual no deja de ser una
contrariedad) cómo se están llevando a cabo construcciones de dos
centros de salud en municipios que no cuentan con dos zonas de salud.
Esto no nos parece mal,
nos parece oportuno si es necesario, pero no entendemos muy bien por
qué no se abordan proyectos para otros municipios que si cuentan
con dos zonas de salud, como son los casos de los municipios de
Molina de Segura y de Cieza.
En consecuencia, entendemos perfectamente posible y razonable, desde
el punto de vista técnico y político, y fundamentalmente como una
necesidad social el que se pudiera llevar a buen término lo que se
nos propone en la proposición de Izquierda Unida. Por tanto, la
posición del Grupo Parlamentario Socialista va a ser la de votarla
favorablemente, sin perjuicio de que se pueda llegar a un consenso,
tal y como está planteado en el acuerdo final.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): En el nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señorías, en cuanto a la proposición no de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con
tres puntos de resolución, el Grupo Parlamentario Popular coincide
tanto en la necesidad de que Cieza tenga otro centro de salud, como
en que mientras que no exista ese centro de salud no se cierre el
ambulatorio. Y aquí quiero hacer una primera precisión. Además, el
Grupo Parlamentario Popular coincide en que ese ambulatorio debe
estar suficientemente dotado en cuanto a recursos, ya sean recursos
materiales, ya sean recursos humanos. Estamos de acuerdo en el fondo
de la solicitud de la resolución de esta proposición no de ley, y
vamos a intentar -es posible que lo consigamos- estar también de
acuerdo en las formas, que a voces son tan importantes como lo pueda
ser el fondo.
El Grupo Parlamentario Popular considera que esta pro- posición no de
ley, en su redacción o en su expresión carece de la madurez
suficiente en cuanto a la forma y quizás sea algo precipitada en
cuanto a su resolución.
Además, me parece interesante, señor presidente, que en estos
momentos se diga desde el Grupo Parlamentario Popular que el
municipio de Cieza tiene un centro de salud que va a comenzar a
funcionar por las tardes, sin que eso sea motivo para restringir la
asistencia en el actual ambulatorio, que sigue abierto en horarios
de mañana, y también posee desde hace un año un hospital que puede
considerar- se modélico, el Hospital Socio sanitario, en donde el
Insalud se ha volcado (también el Gobierno regional murciano y la
Consejería de Sanidad y de Política Social) de manera efectiva. Y
cuando digo de manera efectiva es porque los resultados (que no se los
doy a SS.SS. por ahorrar tiempo) cuando menos podríamos definirlos
como satisfactorios, tanto en el área social, de atención y de
cuidados asistenciales, como en el área funcional, porque el
Insalud -repito- está dotando de medios, de recursos humanos y
materiales a este hospital, a través de unos convenios específicos.
Dicho esto, y que el Grupo Parlamentario Popular considera
satisfactorio el grado de implicación del Insalud en Cieza, también
hemos de constatar que en la primera parte hemos considerado que
quizás la redacción era algo precipitada, o por lo menos -y ésta es
la consideración que yo le quiero hacer al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, al grupo proponente- debería razonarse en el sentido
de
que las transferencias en planificación sanitaria, como muy bien sabe,
son competencia absoluta del Gobierno de la comunidad autónoma. Sería
el camino adecuado que en el primer punto -y ésta es la oferta que le
hace el Grupo Parlamentario Popular al grupo proponente- se hiciera
una corrección para propiciar este acuerdo. Una corrección del primer
punto de la resolución, que quedaría sustituido, en aras de que no
haya ningún tipo de injerencia de este Parlamento en el Parlamento
regional, y solicitar que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a iniciar conversaciones con el Gobierno regional de
Murcia para replantearse -y quiero explicar la palabra replantearse,
puesto que se necesitaría un nuevo mapa sanitario, un nuevo
planteamiento para poder ubicar allí un nuevo centro de salud,
aunque ya el portavoz del Grupo Parlamentario socialista ha
manifestado que efectivamente existen dos zonas reconocidas
oficialmente- un estudio sobre la necesidad de construir un segundo
centro de salud en Cieza (Murcia). Ésta cuestión la consideramos de
vital importancia. Esa importancia viene dada por el hecho
autonómico en sí mismo y el hecho competencial.
En segundo lugar, yo le pediría al grupo proponente que en el segundo
punto dejara un margen a la parte negociadora, sobre todo al
ayuntamiento, porque sabemos que el edificio del ambulatorio ha
sido cedido por el ayuntamiento. Si el ayuntamiento, o cualquier otro
organismo, es capaz de habilitar un edificio que reúna mejores
condiciones que las actuales y que no esté a mucha distancia del
sitio originario de lo que se ha llamado el casco antiguo,
proponemos que se omitiera de alguna manera en el segundo punto la
frase «sito en la calle Santa Gertrudis de Cieza» para poder darle un
margen de libertad, para poder ser más operativos y tener las
mejores ofertas que nos ofrezcan.
Desde esa perspectiva, señor presidente, señorías, y desde esos
puntos concretos, el Grupo Parlamentario Popular, si el grupo
proponente acepta esta corrección, estaría dispuesto a votar a favor
de esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Señor Ríos, ¿acepta S.S. la
corrección propuesta?
El señor RÍOS MARTINEZ: La primera de las indicaciones que hace el
Grupo Popular es que la redacción sea más respetuosa con la
distribución competencial que ahora mismo existe dentro de las
distintas instituciones que componen el Estado, y la verdad es que
nos parece positivo, puesto que es verdad que la parte de
programación o planificación sanitaria le corresponde a la
comunidad autónoma, se recoge esa coordinación constitucional entre
el Insalud y la comunidad autónoma. En cuanto al tema de replantearse
la necesidad de construir el segundo centro de salud, la verdad es
que las dos áreas están definidas. Otra cosa es que en las
prioridades del Insalud esté el construir el centro ahora, dentro de
tres años o dentro de cuatro. Pero en el ánimo de facilitar esa
relación y de que aquí se dé una orientación al Gobierno que lo
facilite, nosotros vamos a aceptar esa primera propuesta.
Y en cuanto a la segunda, lleva razón. El acuerdo municipal,
aprobado por unanimidad, dice: en éste o en los centros que mejoren
las condiciones. Como lo que facilita la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Popular es no
limitarse a éste, y está comprometido a que se mantenga abierto el
ambulatorio hasta que se construya el centro de salud, nosotros
aceptamos esas dos modificaciones.
Por tanto, la proposición no de ley quedaría con un punto primero, que
correspondería al texto que ha entregado a la Presidencia el
portavoz del Grupo Popular y el segundo y tercer punto tal cual están
en la proposición, suprimiendo el término «sito en la calle Santa
Gertrudis de Cieza».
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Se votará entonces la
proposición no de ley con las correcciones propuestas por el Grupo
Parlamentario Popular y aceptadas por el señor Ríos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PROCEDA AL CESE DE QUIENES SON
DIRECTAMENTE RESPONSABLES DEL PROCESO SEGUIDO PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL PARA EL HOSPITAL DE ALCORCON (MADRID), ASÍ COMO A TOMAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA REINICIAR EL MISMO DE FORMA QUE SE REALICE
CON LAS SUFICIENTES GARANTÍAS DE EQUIDAD Y TRANSPARENCIA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 161/000941).
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, que figura con el número 6 del orden del día,
y por la que se insta al Gobierno a que proceda al cese de quienes
son directamente responsables del proceso seguido para la selección
de personal para el Hospital de Alcorcón (Madrid), así como a tomar las
medidas necesarias para reiniciar el mismo de forma que se realice
con las suficientes garantías de equidad y transparencia. La
proposición es del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señorías, como es evidente, cuando uno
pretende cerrar la puerta a la realidad, ésta se cuela por la
ventana.
Si recuerdan SS.SS., la elaboración de este orden del día ha estado
repleta de incidentes, uno de ellos fue el que se votó en contra por
parte de varios grupos parlamentarios, entre ellos el mío. Y mire
usted por dónde, nos encontramos, sin que yo lo haya propuesto, con
un debate en torno a la selección de personal del Hospital de
Alcorcón. Tiene una propuesta, como es lógico, dirigida a restituir
los derechos fundamentales vulnerados y a reparar las graves
irregularidades cometidas.
Esta proposición no de ley se presentó con posterioridad a la
primera comparecencia en esta Comisión del señor presidente ejecutivo
del Insalud, planteada por los Grupos Socialista e Izquierda Unida, en
la que, tras debatir, pedir cuentas, exigir respuestas, confirmar
hechos, el señor Núñez Feijoó no tuvo otra respuesta ante esta
Comisión que la de decir que la selección de personal había sido
clara, transparente, sin ningún problema, ya que las 32
actas de la mesa de selección habían sido firmadas por las centrales
sindicales mayoritarias. Evidentemente, eso no es así. Lo firme quien
lo firme, el proceso de selección de personal del Hospital de
Alcorcón está lleno de irregularidades que empiezan, en mi opinión,
con el real decreto del cual se deriva la constitución de las
fundaciones y la aprobación de los estatutos en el Consejo de
Ministros del 22 de diciembre de l 996.
Esta ambigüedad jurídica (yo soy optimista y confío en que la
historia alguna vez diga lo que tiene que decir) deriva de la
confusión acerca del régimen jurídico que afecta alas nuevas formas
de gestión, entre las que se incluyen las fundaciones. Precisamente
desde el convencimiento de que el objetivo político del Partido
Popular es enmascarar el proceso de privatización de la gestión en
curso, en un intento de decir a la población que no hay nada de qué
preocuparse, que todo está en manos públicas, adopta decisiones que
le están cayendo como un bumerán. Nada obligaba a la Fundación
Hospital de Alcorcón, regida por el régimen jurídico del Derecho
privado, a establecer procedimientos de selección que se ajustaran a
los principios de mérito, capacidad y publicidad. Como régimen
jurídico de Derecho privado, hubiera podido seleccionar a aquellos
trabaja- dores que al patronato le hubieran parecido bien, como hace
cualquier empresa privada.
No obstante, había y hay afán de confundir y se dio la impresión de
que se estaba ante un concurso-oposición de carácter público. Pero no
paran aquí los acontecimientos, porque una cosa es dar la apariencia
de que se está ante un procedimiento de concurso-oposición, y otra
renunciar a meter a dedo a quien se pretendía incluir. Y por ello,
tras atribuir, eso sí, mediante concurso público, el proceso de
selección en su conjunto a la empresa Tea Cegos, tras la realización
de las dos primeras fases objetivas, la fase subjetiva se rescata y
se atribuye a la famosa mesa de selección.
Evidentemente, se abre un proceso, el proceso subjetivo, por el cual
el 20 por ciento de la puntuación global está determinada por una
entrevista, que dura aproximadamente cinco minutos, y en la que sin
ningún pudor se atribuyen cero puntos a personas que habían
conseguido las máximas calificaciones en función de las pruebas
objetivas, para poder en esta última fase incluir a aquellos y a
aquellas a quienes se había determinado previamente contratar.
Los hechos que han sucedido con posterioridad evidentemente
descalifican los argumentos utilizados por el presidente ejecutivo
del Insalud para ampararse en las actas de la mesa de selección para
establecer la validez del proceso. Al menos tres personas de las que
forman parte de la mesa de selección, o se han contratado a sí
mismas, o han contratado a familiares directos; incluidos,
desgraciadamente para los trabajadores y trabajadoras de este país,
representantes de centrales sindicales. Uno de ellos, según me
consta, ha dimitido de su cargo precisamente por haber incurrido
en esa situación, que ha supuesto que un familiar directo suyo fuera
contratado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es decir,
la mesa de selección también (no la mesa de selección sola, sino la
mesa de selección también) ha formado parte de esa especie de
tinglado oscuro que ha sido la estafa legal y económica realizada ni
más ni menos que sobre 76.191 personas.
Evidentemente, los hechos no terminan así: sigue la adjudicación a
dedo de servicios externalizados a empresas privadas y sigue la
maraña del proceso de selección, porque, como todas SS.SS. saben,
personas que concurrieron al proceso de selección con el objeto de ser
contratadas por el hospital han recibido ofertas de empleo de las
empresas privadas adjudicatarias de los servicios de limpieza, hecho
éste que ha sido puesto en conocimiento de la Agencia de Protección
de Datos.
Las cosas no terminan aquí; es necesario que el gerente de la
Fundación comparezca, es necesario que explique qué está pasando, por
qué se ha procedido al cierre de los centros de especialidades de
Jabonería, de Polvoranca y del Hospital Hermanos Laguna,
apresuradamente, antes de que el Hospital de Alcorcón esté funcionando
al 100 por cien, alargando, más de lo que ya estaban, las listas de
espera de consulta para especialidades, e incurriendo en hechos,
señorías, como la pérdida de historias clínicas, pérdida de pruebas
diagnósticas, que están suponiendo que personas que llevaban años
siendo tratadas en estos centros de especialidades o en el Hospital
Hermanos Laguna se vean obligadas a reiniciar, con efectos
negativos para su propio proceso de enfermedad, como de costos
económicos para la sanidad pública, todo el proceso diagnóstico como
si se empezara de nuevo Ésta es la situación, señorías. Esto es lo
que consigue cuando se aprueban engendros jurídicos como los que se
aprobaron con la Ley 15/1997, que sucede al Real Decreto de junio de
1996, reguladora de los nuevos modelos de gestión, como se viene
llamando. Por lo tanto, estimo, como decía al comienzo de mi
intervención, que el gerente del Hospital y quienes ha asumido ante
este Congreso de los Diputados toda la responsabilidad en el proceso,
como es el presidente ejecutivo del Insalud, y presidente del
patronato de la Fundación, deben ser cesados en opinión de mi grupo
parlamentario, por las gravísimas responsabilidades en las que han
incurrido; responsabilidades legales, que espero puedan plantearse en
la debida forma ante los tribunales, y responsabilidades políticas.
También se deben restablecer, desde el punto de vista jurídico, los
derechos fundamentales vulnerados de las personas que accedieron al
proceso de selección y reiniciar con todas las consecuencias un
proceso de selección que más parece propio de una sala de los
horrores que de un proceso que haya tenido que ver con una
instalación de la sanidad pública.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Volvemos hoy, una vez más, es la
tercera ya, sobre el tema de la Fundación Hospital de Alcorcón y
probablemente no será la última. Esperemos que no sea la última
porque hay una serie de problemas que conviene ir aclarando.
Como decía muy bien la diputada del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, el presidente ejecutivo del Insalud y Presidente
de la Fundación Hospital de Alcorcón, negó que hubiera habido
problemas en la contratación del personal de la Fundación Hospital de
Alcorcón, en la comparecencia
que tuvo ante esta Comisión. Incluso se permitió indicar
al que habla que algunas de las preguntas que sele hicieron en la
comparecencia eran incorrectas y que lo único que creaban era
malestar. Posteriormente a esta comparecencia y al cabo de muy
pocos días se tuvo que cesar al asesor jurídico que tenía un contrato
de arrendamiento de servicios, lo que motivó una batería de preguntas
al propio presidente ejecutivo del Insalud en la última Comisión de
Sanidad, y prácticamente el talante que manifestó el presidente
ejecutivo del Insalud (y presidente de la Fundación Hospital de
Alcorcón) era diametralmente opuesto al de su comparecencia.
Yo me limitaré casi a señalar algunas de las afirmaciones que a
preguntas de este diputado y de este grupo parlamentario el señor
Núñez Feijoó hizo en esta Comisión de Sanidad en la última sesión de
control. Es curioso que la persona que debía dar la orientación
jurídica a la fundación Hospital de Alcorcón y a la mesa de selección
que se constituyó para la contratación del personal, que era el
asesor jurídico, fuese cesado por conductas que se consideraron poco
éticas. El señor Núñez Feijoó contestaba a una de mis preguntas en
esta Comisión que, dado el comportamiento de ese asesor jurídico
-insisto, persona no desconocida por parte de los responsables del
Ministerio por su larga y estrecha colaboración desde ya lejanos
tiempos, como manifesté, desde su asesoramiento para la Fundación de
Verín, el Plan Estratégico de Insalud, y ahora la Fundación Hospital
de Alcorcón- la oportunidad aconsejaba que esa persona no volviese a
ser contratada por el Insalud en ninguna de sus formas, y señalaba
también que este asesor jurídico es el que participó como secretario
de la mesa de selección.
También manifestaba el señor Núñez Feijoó que consideraba una
actuación incorrecta mantener una relación de parentesco con una de
las solicitantes; por lo tanto, consideraba el señor Núñez Feijoó
que procedía abstenerse como secretario de dicha mesa de selección, y
su criterio era que debía imputarse (aunque había problemas de
interpretación legal, pero era el criterio del señor Núñez Feijoó, no
olvidemos, el máximo responsable de la Fundación Hospital de
Alcorcón) también a las fundaciones la teoría de la abstención y de la
recusación. Por tanto, me parece que queda claro que admite el señor
Núñez Feijoó que ha habido procesos en los que, cuando menos, sin
entrar en el tema de las responsabilidades legales, que deberán
dilucidarse en otro lugar y en otra sede, hay que aclarar las
responsabilidades políticas que la selección ha producido, y me parece
que el Congreso de los Diputados es el lugar idóneo para pedir estas
responsabilidades políticas. Cuando el propio presidente del
patronato señala que ha habido criterios que debían aplicarse y no se
han aplicado, cuando señala que un asesor jurídico debe saber que no
se puede adoptar una posición en un procedimiento que puede ofrecer
críticas fundadas en cuanto a su actuación, y considera -es opinión
del patronato, y por tanto del presidente del patronato- que la
actuación del asesor jurídico ha ofrecido críticas fundadas y, por
lo tanto, es responsable de dichas críticas, creemos que es necesario
dar una respuesta política a este hecho. Y ésta no queda minimizada,
como señalaba la diputada de Izquierda Unida, por el hecho de que
alguna central sindical haya participado también y
haya colaborado en este proceso, cuando los propios representantes
de esta central sindical han participado a su vez en la contratación
de personas de su entorno familiar. Su esposa, concretamente, se
presentó a la selección del proceso y se continuó.
Da la impresión, por toda la actuación que ha habido en contratación
del personal de la Fundación Hospital de Alcorcón, que ha existido una
especie de conjura en la mesa de selección para que unos apoyaran a
otros e intentaran paliar los efectos negativos que podía tener en la
opinión pública el reconocer las irregularidades que se han cometido.
Nosotros creemos que esto debe solventarse. Y por tanto, tal como ya
hicimos en una sesión anterior de esta Comisión, apoyaremos esta
proposición no de ley de Izquierda Unida, porque ya pedimos la
dimisión del gerente, y por extensión también la del presidente del
patronato, dado que él mismo señaló dos cuestiones que me gustaría
que quedaran claras en la sesión de hoy: Una fue que él asumía las
responsabilidades de estar en el patronato de la Fundación, por lo
que debe asumirlas y, otra, porque los contratos por un valor
inferior a 100 millones de pesetas eran competencia y estaban bajo la
estricta responsabilidad del gerente. Por tanto, aquí hay
responsabilidades, aparte del daño que ha podido representar para
la mayoría de los que se han presentado a esta convocatoria. Por eso,
nuestro grupo parlamentario dará su total soporte a esta proposición
no de ley. Esperamos, como digo, que el tema no quede cerrado con esta
proposición no de ley, sino que por las irregularidades que ha
habido, por los problemas de imagen que plantea, por las dificultades
que va a generar y está generando en el sistema Nacional de Salud y
porque nosotros sí creemos que es necesario que se arbitren nuevas
fórmulas de gestión para los centros sanitarios, pero dentro del
sector público, con total transparencia y siguiendo todos los
procedimientos legales, nosotros vamos -como digo a apoyar esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Una vez más en esta Cámara debatimos el tema
del Hospital de Alcorcón, y es -en opinión personal- un tema
extraordinariamente positivo que todas y cada una de las actuaciones
que se realizan en ese hospital sean supervisadas por esta Cámara,
por los grupos políticos desde sus distintas opiniones.
Hoy debatimos una proposición no de ley firmada por Izquierda Unida y
avalada por el Grupo Socialista en laque se pide, se solicita el
cese, por su nefasta gestión, del gerente del Hospital de Alcorcón y,
por elevación, del presidente de la Fundación. Y lo hace en su
exposición siguiendo el criterio de no estar de acuerdo con este
modelo de nuevas fórmulas de gestión, como su grupo ya dejó
constatado con su voto en contra. El Grupo Socialista aduce que el
procedimiento seguido no es el adecuado, introduce dudas respecto a
cómo se están llevando las cosas en Alcorcón, pero no pone en duda la
filosofía de las nuevas fórmulas de gestión. Por lo tanto, el enfoque
es completamente distinto. Me ceñiré a la posición de Izquierda
Unida, puesto que suya es la proposición.
Aduce en su exposición de motivos tres razones: en primer lugar, el
informe del Defensor del Pueblo; en segundo
lugar, y recogiendo alguna de sus afirmaciones, la supuesta estafa
moral y económica producida a los participantes en el proceso de
selección; y por último, la conculcación de los derechos en tanto en
cuanto no se cumplen los requisitos que marca la ley en todo
proceso de selección. Yo no puedo entrar en las opiniones de
Izquierda Unida, pero sí en los hechos, que son incuestionables. Y
frente a opiniones en las que, no voy a entrar, repito, de
inconstitucionalidad, de engendros jurídicos, de estafas, de salas
de los horrores, es decir, de algo no sé si satánico o infernal
(Risas.) me voy a ceñir a sus argumentos basados en los hechos: el
informe del Defensor del Pueblo. El informe está ahí, y es leído
desde el principio hasta el fin. De su lectura en ningún momento se
puede deducir que el Defensor del Pueblo haya denunciado el proceso
de selección. El Defensor del Pueblo ha emitido, frente a una
demanda, una serie de recomendaciones que la Fundación ha recogido en
su totalidad, ha hecho suyas y al final se han cumplido. Y leo
literalmente: En relación con el proceso de selección seguido y sin
que ello signifique prejuzgar la acomodación o no del proceso
selectivo, en concreto a los principios de mérito y capacidad, parece
conveniente realizar una serie de consideraciones. Y el informe del
Defensor del Pueblo emite esa serie de consideraciones y de
recomendaciones que, repito, la Fundación ha hecho suyas, como no
podía ser de otra manera. Y es más, el propio Defensor del Pueblo
en una comunicación enviada al presidente del Insalud el pasado 1 de
abril expresa que ha considerado finalizadas sus actuaciones. El
tema, por tanto, está claro.
Segundo punto. Los afortunadamente muchos participantes en el
proceso de selección, en concreto 76.191, que aspiraban a encontrar
una plata en el Hospital de Alcorcón, se dice que ha sido estafados
moral y económicamente porque han tenido que abonar 2.200 pesetas
por derechos de examen para obtener una plaza en un hospital que
atiende públicamente, que está financiado públicamente y que atiende
a más de 250.000 habitantes del área de la Comunidad de Madrid.
Hecho concreto: los derechos de examen son de 2.200 pesetas. Los
derechos de examen o las tasas de acceso a cualquier hospital del
Sistema Nacional de Salud rondan las 2.500 pesetas. La Fundación lo
que ha hecho ha sido ahorrar el 22 por ciento a todos los
aspirantes. (Rumores.) Estos son hechos. En cuanto a la convocatoria
en sí misma ha sido ampliamente divulgada, y prueba de ello es que se
han presentado 76.000 aspirantes. El pro- ceso de selección se ha hecho
cumpliendo todos y cuantos criterios legales son competentes en la
materia. Se han respetado los principios de mérito, capacidad y
libre concurrencia para elegir a los mejores, y ha habido fallos, es
cierto. Ha habido algún fallo, como es normal en un proceso de
selección. En cuanto al número de fallos se han producido poco más de
setecientas y pico reclamaciones, que es el 0,69 por ciento. En
cualquier proceso de estas características el número de
reclamaciones es muchísimo mayor, y SS.SS. lo conocen, si saben, como
estoy seguro, de estos temas. El 90 por ciento de reclamaciones era
fundamentalmente para requerir mayor información y para cotejar los
puntos del baremo, como ocurre habitualmente en cualquier prueba de
selección del Insalud.
En relación con los familiares de los miembros de la mesa de
selección, el presidente de la Fundación tomó una
medida drástica, que fue informada ya a esta Cámara, y es la
rescisión del contrato del asesor jurídico, que era la medida que se
tenía que tomar como quebranto de confianza, y no como
irregularidad.
Para terminar, señor presidente: marzo, abril, mayo, preguntas en el
Pleno al ministro, comparecencia del secretario de Asistencia
Sanitaria, proposición no de ley. El Grupo Parlamentario Popular está
abierto y es receptivo a hablar cuantas veces se quiera del Hospital
de Alcorcón, a hablar sobre la gestión que está realizando el equipo
directivo de la Fundación Alcorcón, de cuáles son los resultados de
la gestión de este equipo directivo, de cuál es la estancia media de
los enfermos, de cuál es la relación que hay entre los criterios de
atención primaria y especializada en el área 8, de cuál es el grado
de satisfacción de los usuarios. Una convocatoria que cumple todos los
criterios legales, que tienen tan alta participación, que tiene tan
escaso número de reclamaciones y que los fallos que se hayan
producido han sido solventados inmediatamente son datos que avalan una
gestión correcta del equipo directivo de la Fundación. Y por tanto,
señor presidente, vamos a votar en contra de la proposición de
Izquierda Unida.
- RELATIVA A LA EXTENSIÓN A TODA LA RED HOSPITALARIA DEL INSALUD DE LA
UTILIZACION DE LA UNIDOSIS MEDICAMENTOSA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000970)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley
relativa a la extensión a toda la red hospitalaria del Insalud de la
utilización de la unidosis medicamentosa. El autor es el Grupo
Parlamentario Popular y para su presentación tiene la palabra del
señor Gil Melgarojo.
El señor GIL MELGAREJO: Intentaré ser breve en aras a la hora que se
nos está viniendo encima.
Señorías, la presentación de esta proposición no de ley por parte del
Grupo Parlamentario Popular obedece a dos razones fundamentales: La
primera es aportar un argumento, un espacio, una línea de trabajo
más que repercuta en lo que hemos argumentado en esta mañana, en lo
que venimos argumentando desde hace un tiempo: en beneficio, en la
contención del gasto farmacéutico en general. La segunda se refiere
a poder llevar a cabo un punto más de nuestro programa, un punto
programático más que hablaba concretamente de poder llevar la
unidosis a los hospitales, a los ciudadanos de toda España.
Señorías, como ya sabemos, pero me van a permitir que haga un breve
resumen, el gasto farmacéutico, y no nos cansaremos de decirlo ha
sido y es al día de hoy un problema grave por sus magnitudes tanto
absolutas como relativas, si bien es cierto que en los últimos años
parece ser que la resolución se a aproximando, aunque de manera
lenta, pero también segura. Este problema lo ha sido para los gobiernos
anteriores, lo ha sido y lo sigue siendo para este Gobierno, también
para el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, para la sociedad
española. Si hiciéramos memoria de lo que ha sido la evolución del
gasto, señorías,
podríamos establecer dos términos para ser muy concretos. Uno, que
abarcaría un período que va de 1988 a 1995,cuando se pasa de un
volumen de 347.000 millones de pesetas a más de 800.000 millones de
pesetas, por lo tanto a un crecimiento del 130 por ciento, que tiene
su explicación en la aparición de medicamentos más eficaces, pero
más caros, y también en el envejecimiento de la población, que
determina un mayor consumo de medicamentos. Esto es así y esto se
explicó en parte, ya que el volumen, hemos dicho, era de tal magnitud
y composición que obligaba a profundizar en este problema y buscar
otras causas. En los períodos de 1996 a 1998 esta búsqueda y este
profundizar en otras causas, que indudablemente existían, de ese
incremento tenía que detectarse para, primero, frenar este gasto y,
segundo, disminuirlo. Y así se cumplía uno de los principales
objetivos de este Gobierno, que es el de consolidar y modernizar el
Sistema Nacional de Salud.
La fórmula adecuada, la correcta que se ha venido aplicando desde
el año 1996 no es ningún secreto, es actuar desde una globalización
de lo que es la política farmacéutica; es hacer de la política
farmacéutica una política integral, necesariamente demandada, con un
alto contenido de consenso social y que está dando resultados
efectivos e indudables. Ustedes saben, también se ha dicho aquí,
señorías, que la política farmacéutica integral se fundamenta en
varias áreas: acciones que van dirigidas a medicamentos, acciones que
van dirigidas desde la inspección a médicos y prescriptores, a
protocolos coordinados en patologías prevalentes, a elaboración de
guías farmaterapéuticas, etcétera.
Por otro lado, señorías, el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha
propuesto que la calidad sea el norte de todas sus actuaciones, y por
ende, este criterio, el de la calidad, participa en toda su expresión
del nuevo contrato de gestión del Insalud para 1998. Para conseguir
avanzar en esta dirección, el contrato de gestión contempla el
objetivo de implantar en cada centro un sistema de evaluación de
resultados mediante las medidas de una serie de indicadores comunes
a todos los hospitales y centros de salud que se han demostrado
válidos para la mejora de esta calidad en la asistencia. Este primer
año, señorías, se pretende que todos los hospitales implanten la
monitorización de estos indicadores, que se va a considerar como
núcleo a partir del cual se deberá elaborar un plan de calidad en
cada hospital. Pues bien, señorías, en sintonía con esto, tanto en la
preocupación por colaborar en un aspecto más de esa política
farmacéutica e integral como en dotar de más y mayor calidad el contrato
de gestión, se orienta esta proposición no de ley que presento en
nombre del Grupo Parlamentario Popular. La unidosis medicamentosa es
una herramienta indudablemente para la mejora de la calidad y del
servicio de farmacia hospitalaria y, consecuentemente, mejora la
calidad hospitalaria. Toda unidosis es un control de calidad ya en sí
mismo, que además de ahorrar parte del gasto en medicación, detecta
posibles errores en la prescripción y además permite una mayor
operatividad al personal de enfermería en las plantas de
internamiento. Permite protocolizar y elaborar protocolos de
consenso, conjuntamente por el personal facultativo y el servicio
de farmacia, e indudablemente se produce de manera efectiva, directa
y objetiva un ahorro en los costes. Además ofrece un aumento de la
seguridad de la asistencia a los pacientes, posibilita la detección
de
errores en la prescripción y saber en función de las órdenes médicas
que este documento, por el cual se guía la utilización de la
unidosis medicamentosa, es oficial para el servicio de enfermería, y
que en él se prescribe la medicación exacta en tiempo y duración para
las 24 horas del día.
Para terminar, señor presidente, y no alargarme mucho, quisiera
manifestar -aunque ya lo están suficientemente en la proposición no
de ley- de manera telegráfica las ventajas que pueda tener la
implantación de la unidosis en el contrato de gestión del Insalud para
el año próximo, de manera progresiva como no puede ser de otra forma,
puesto que los hospitales en sí mismos son grandes ciudades y cada
uno tiene sus propias peculiaridades y su complejidad que poco a poco
debe ir adaptándose a esta nueva forma de prescribir en un 40 por
ciento de los hospitales del Insalud. También es cierto, y hay que
decirlo aquí señor presidente que el 50 por ciento más de los
hospitales del Insalud actualmente ya tienen puesta en práctica, en
marcha la unidosis medicamentosa. Entre las ventajas, y ya con esto
termino, están: el coste (se reduce el gasto que se dedica a
medicación); la seguridad (se detectan con más facilidad los posibles
errores u olvidos en la prescripción); la agilidad (permite una
mayor operatividad al personal de enfermería en las plantas de
internamiento); la calidad (mejora la calidad de los productos
preparados por el servicio de farmacia hospitalaria); la coordinación
y la racionalidad.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa tiene la palabra la señora Frías.
La señora FRÍAS NAVARRETE: Efectivamente en relación con esta
proposición no de ley sobre la unidosis medicamentosa presentamos una
enmienda de adición que paso a defender en nombre del Grupo
Parlamentario Socia- lista.
Previamente, señorías, quiero señalar que nos parece lógico, pero
nada nuevo, que desde el grupo del Gobierno se aboge por el
cumplimiento y desarrollo de la normativa actualmente vigente sobre
la unidosis medicamentosa, normativa recogida en el artículo 91,
apartado 2, letra b, de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento. Allí se establecen las normas del uso racional de los
medicamentos en la atención hospitalaria; normativa, por cierto,
que se aplica en todos los hospitales públicos. ¿Es que hay algún
hospital de ámbito Insalud o de alguna comunidad autónoma en la que
no se le dispensa al enfermo la unidosis, en la que se dé el envase
entero, tal y como se compra en la farmacia? Yo no conozco
absolutamente ningún hospital; por supuesto, he comprobado todos los
del Servicio Andaluz de Salud, y los de Madrid (Ramón y Cajal y algún
otro al que he llamado) y la unidosis se aplica ya. Entonces, ¿por
qué traen ustedes esta proposición no de ley? Esto nos parece pura
propaganda del grupo que apoya al Gobierno. Esta proposición no de
ley está en la línea de otras que han traído a esta Comisión para
hacer pura propaganda; no tienen ningún sentido.
La enmienda que presentamos recoge las legítimas aspiraciones de
ciudadanos, a través de asociaciones de consumidores, a través de las
organizaciones que forman
parte de la plataforma para la defensa de la sanidad pública,
aspiraciones que en nombre de la racionalidad económica, en nombre
del sentido común, nos exigen que busquemos fórmulas eficaces para
reducir el gasto farmacéutico. Nos reclaman que generalicemos de una
manera u otra el sistema ya utilizado, ya empleado en los hospitales
públicos. La enmienda recoge también el sentir de muchos, y espero
que después de este debate sea de todos los grupos presentes en esta
Cámara, que defendemos una política racional, una política integral
de uso del medicamento, que entre otras medidas contempla la de que se
establezcan sistemas de prescripción y dispensación de medicamentos
por tratamientos y no por envases comerciales, tal y como se viene
haciendo en los hospitales. Todas las ventajas que ha citado el grupo
proponente de esta proposición no de ley, ventajas comprobadas,
evaluadas en los hospitales públicos donde se viene utilizando este
sistema desde hace mucho tiempo, todas ellas valen para extender con
una fórmula u otra, que tendríamos que buscar para que fuera la más
eficaz, este sistema de distribución de medicamentos por
tratamiento, repito. Quiero señalar, por insistir, que permite obtener
información tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo de la medicación consumida por paciente y por proceso.
Además, se obtiene la ventaja añadida de que se controla, se ahorra,
es mucho menor el gasto farmacéutico.
Por todo ello, señor presidente, para no repetir argumentos,
solicito el apoyo de todos los grupos presentes en esta Cámara para
la enmienda de adición que paso a leer: Asimismo, el Congreso de los
Diputados, obviamente insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para que la prescripción de medicamentos sea por
tratamiento y para que las prestaciones de las especialidades
farmacéuticas permitan una dispensación del número de unidades
estrictamente necesarias para el tratamiento prescrito.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Tomo la palabra porque a mí también me
asaltan dudas como las que ha señalado en su intervención la señora
Frías, del Grupo Parlamentario Socialista.
He comprobado en persona, las pocas voces que he estado ingresada,
cómo la medida general es que en los hospitales públicos el enfermo
recibe la dosis que en cada momento ha prescrito el médico para su
tratamiento. Constituiría un riesgo y sería una irresponsabilidad
del personal sanitario si se le dieran a una persona que está
ingresada, en condiciones que a veces los propios procesos indican
que no puede controlar su situación, envases completos. El espíritu
que subyace en la propuesta del Grupo Parlamentario Popular no está
recogido en el texto que presentan porque es una obviedad y no tiene
ningún sentido proponer que se cumpla, cuando otras veces el Grupo
Parlamentario Popular y los grupos que apoyan al Gobierno están muy
preocupados por demostrar que ya se hacen cosas que otros sugerimos.
Pues bien, este es un caso palmario de que ya se está haciendo lo que
se insta al Gobierno que haga.
No obstante, por si acaso el señor Gil Melgarejo aceptará la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir que me
parece pertinente.
Mi grupo parlamentario no quiero dejar de señalarlo por aquello de la
memoria histórica, con objeto del debate de la Ley del medicamento en
1990, presentó una enmienda exactamente en el mismo sentido,
solicitando la unidosis en los tratamientos y que se obligara a los
laboratorios a que las prestaciones se adecuaran a las indicaciones
más habituales de los tratamientos. Es una propuesta de sentido
común, tampoco yo me vanaglorio de haber descubierto el Mediterráneo
porque eso es algo elemental que, sin embargo, no se ha hecho hasta
ahora, algo a lo que el ministro de Sanidad se ha comprometido de
manera confusa, como suele ser su estilo, aunque parece deducirse de
algunas de sus intervenciones que esa era la intención del Gobierno.
Quiero añadir a las ventajas económicas una muy importante, cual es
el uso racional del medicamento en la medida en que este tipo de
actuaciones impediría la acumulación de medicamentos en las farmacias
individuales de cada casa.
En el caso de que el Grupo Parlamentario Popular estimara la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, yo me permito hacer en
este momento una pequeñísima adición que explica mejor el objetivo
de la enmienda del Grupo Socialista. Lo que está por hacer, señor Gil
Melgarejo, señorías, es introducir la unidosis y la adecuación de
las presentaciones a la duración de los tratamientos en todos los
centros sanitarios, al menos del Insalud. En todos los centros
sanitarios, señor Gil Melgarejo, en la medida en que es precisamente
en atención primaria y en las consultas de atención especializada
donde está pendiente en estos momentos. En el caso de que se estimara
la enmienda y la pequeña sugerencia que yo hago, que contribuiría a
centrar mejor el objetivo, mi grupo parlamentario votará gustosamente
la propuesta de la unidosis medicamentosa en el ámbito que está
pendiente de hacer . En caso contrario, si el Partido Popular insiste
en plantearlo exclusivamente en la red hospitalaria del Insalud, mi
grupo parlamentario se abstendrá porque es difícil de entender la
aportación real de la propuesta del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿tiene inconveniente en aportar
a la mesa la enmienda de adición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: El Grupo Popular presenta una proposición no de
ley a la que sólo se puede votar favorablemente. Y sólo se puede
votar favorablemente porque, entre otras cosas, nos está ofreciendo
la oportunidad de que consensuemos que en la realidad ya se está
practicando este sistema, si no de una manera absoluta, sí en una
parte importante de los hospitales del Insalud y en la mayoría de los
hospitales de las comunidades autónomas con competencias en materia
de salud.
En Cataluña hace mucho tiempo que esta es la práctica habitual y que
no se da a los enfermos, como decía la señora Maestro, los lotes
enteros de medicamentos para que a su gusto y placer se automediquen.
Esto no tan sólo sería
una insensatez, sino que podría ser de juzgado de guardia. Como
estamos de acuerdo con la propuesta, mi grupo la va a votar
favorablemente.
En cuanto a la enmienda que propone la señora Frías, tiene también
una lógica y marca una tendencia hacia laque nos debemos dirigir ya
que estamos todos los grupos parlamentarios sensibilizados y
preocupados por la racionalización del coste farmacéutico.
Probablemente, señora Frías, sea la atención primaria la próxima
etapa donde las distintas administraciones tendrán que marcarse
nuevas fórmulas o metas para intentar aplicar estos criterios de
unidosis por prescripción, por tipo de enfermedad, por patología, en
el sentido de que ayuden también desde la atención primaria a
racionalizar el gasto farmacéutico. Aun dándole la razón en el
espíritu, mi grupo parlamentario va a abstenerse porque considera
que, ya que tenemos competencias en la materia, es preferible que
nuestra comunidad autónoma estudie con mayor detenimiento su
propuesta.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Melgarejo tiene la palabra a los
efectos de aceptación o denegación de la enmienda.
El señor GIL MELGAREJO: Voy a intentar explicar que el concepto de
utilización y extensión de la unidosis medicamentosa es relativamente
moderno. Los que estamos en esta Comisión, señor presidente,
señorías, y somos médicos hospitalarios, hemos ejercido hasta hace
relativa- mente poco tiempo especialidad y sabemos perfectamente
-debo dejarlo definido aquí- que cuando el paciente está en el
hospital recibe de la enfermería el medicamento en cuestión.
Señor presidente, quisiera explicar que no se trata de que el enfermo
reciba la caja, sino el medicamento que le ha prescrito el médico.
¡Faltaría más! Se trata, en primer lugar, de que el servicio de
farmacia pase de ser agente pasivo a agente activo. En segundo lugar,
de que los tratamientos estén regulados desde flujos que se llaman
protocolos, que aseguran una serie de acciones, unas de calidad
y otras de ahorro, pero todas de racionalidad. Esta forma de actuar no
está extendida, ni mucho menos, en todos los hospitales como
unidosis, como forma de actuar dentro de un protocolo. Por eso la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular pretende la
extensión, de esa forma, con esas características y peculiaridades a
todos los hospitales del Insalud.
Dicho esto, que era importante, no tengo más remedio, aun estando de
acuerdo que rechazar la enmienda de adición, por una razón muy
sencilla, porqué sobrepasa el contenido de la proposición no de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Popular y lo dispersa. Estoy
convencido de que esta proposición no de ley se verá más adelante en
otras proposiciones no de ley que han presentado los Grupos
Socialistas e Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de todas las proposiciones
no de ley, vamos a proceder a las votaciones.
Procedemos a la votación de la primera proposición no de ley sobre
generalización de la red hospitalaria en instalaciones de
cogeneración, en los términos de aceptación
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida con la enmienda
introducida por Convergència i Unió y la transaccional introducida
por el Grupo Parlamentario Popular.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a votar
la proposición no de ley sobre inicio de estudios para comprobar
los efectos nocivos producidos por las radiaciones procedentes de
las antenas de los teléfonos móviles.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley por la que se insta la
Gobierno para que realice los trámites necesarios para la aprobación
por real decreto de la inclusión como prestación sanitaria del
Sistema Nacional de Salud de los programas de rehabilitación
cardiaca.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley sobre prevención y seguridad en
materia de investigación biológica.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre medidas para resolver el problema de la
asistencia sanitaria existente en la localidad
de Cieza, en Murcia. Se vota en los términos/de, la corrección
introducida por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 6, por la que se insta al
Gobierno a que proceda el cese de quienes son directamente
responsables del proceso seguido por la selección del personal para
el hospital de Alcorcón, de Madrid, así como a tomar las medidas
necesarias para reiniciar el mismo de forma que se realice con las
suficientes garantías de equidad y transparencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 7, relativa a las extensión a toda la
red hospitalaria del Insalud de la utilización de la unidosis
medicamentosa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
NOTA. -El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Sanidad y
Consumo, del miércoles, 17 de junio de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones».