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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 486, de 17/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 486
DE CONTROL PARLAMENTARIO DE RTVE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN ALBORCH BATALLER
Sesión núm. 26
celebrada el miércoles, 17 de junio de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para que el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española
(RTVE) elabore un informe s obre los principios básicos y criterios de
programación. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número
de expediente 161/000682) ... (Página 13988)
- Sobre reajuste de la plantilla del Ente Público de Radiotelevisión
Española (RTVE). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número
de expediente 161/000734) ... (Página 13996)
- Por la que se insta al director general de Radiotelevisión Española
(RTVE) a retirar cualquier lista de planes para jubilaciones
anticipadas o bajas laborales, hasta tanto no termine sus trabajos la
Subcomisión parlamentaria destinada a elaborar el futuro de dicho
Ente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (Número de expediente 161/000743) ... (Página 13997)
- Relativa al uso correcto de la toponimia gallega por el Ente
Público Radiotelevisión Española (RTVE). Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000783) ... (Página 13402)
- Por la que se insta al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE)
a que proceda a la retransmisión en las dos cadenas de televisión
estatal de determinados acontecimientos o competiciones deportivas de
interés para las Comunidades Autónomas con lengua propia en su lengua
oficial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
161/000915) ... (Página 13405)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
(RTVE) ELABORE UN INFORME SOBRE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE
PROGRAMACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 161/000682).
La señora PRESIDENTA: Buenos días. Comenzamos la sesión.
La primera cuestión que quería aclarar es que las votaciones se
acumularán al final de la sesión y que éstas no se producirán antes
de la una de la tarde.
Proposición no de ley para que el consejo de administración de
Radiotelevisión Española elabore un informe sobre los principios
básicos y criterios de programación, que presenta el Grupo
Socialista.
Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Antes que nada, y con permiso de la
presidenta, voy a repartir unos pequeños materiales para poder hacer
de una forma más profesional y más científica el debate. (La señora
Diputada procede durante su intervención al reparto de diversa
documentación a los señores miembros de la Comisión.)
Gracias, compañeros diputados, por haber tenido la paciencia de
permitirme que hiciera ese reparto.
Esta proposición no de ley la presentamos hace algún tiempo,
concretamente el mes de septiembre, y finalmente la vemos hoy. Por la
exposición de motivos, creo que SS.SS. habrán podido apreciar que la
idea tiene plena vigencia y actualidad. Yo diría que, tal vez,
algunos recientes acontecimientos permiten tener una idea todavía más
exacta del acierto de esa proposición no de ley que con el tiempo,
como el buen vino, ha mejorado porque la realidad le está dando la
razón.
El consejo de administración de Radiotelevisión, como ustedes saben
la radio y televisión pública, se rige por su Estatuto, aprobado por
Ley 4/1980, donde se establecen los principios básicos y las líneas
generales de lo que tendría que ser la programación. Para desarrollar
estos principios, el consejo de administración en el año 1981 elaboró
un material que se llama: los principios básicos de programación que,
de una forma u otra, emnarcan y deben inspirar toda la programación
que se emite por las cadenas públicas, por tanto por las dos cadenas
de televisión, y también por Radio Nacional de España. Desde
entonces, en lo fundamental, el desarrollo de estos principios del
artículo 4 del propio Estatuto no se ha modificado y creemos que
sería un buen momento para que el Parlamento evaluara el grado de
cumplimiento, cómo se cumple con los valores democráticos
inspiradores de la transición española y cómo estos valores siguen
siendo instrumentos eficaces contra el peligro y desarraigo de los
ciudadanos, de sus instituciones, contra la crispación de la vida
política, la falta de ética de
algunas acciones políticas y la manipulación interesada de la
información. De otra parte, la lucha contra todo tipo de violencia e
intolerancia, así como la postergación de cualquier clase de
discriminación e insolidaridad son valores cuya defensa y vigencia
deben ser permanentes en la sociedad española. Por ello, mi grupo
considera que ha llegado el momento de estudiar, de elaborar un
informe, en el que se intente apreciar si esto se está cumpliendo.
Esa proposición tenía un sólo apartado que decía: El Congreso de los
Diputados insta al consejo de administración de Radiotelevisión a que
en el plazo de tres meses elabore y presente en la Comisión de
Control de Radiotelevisión un informe en el que se recoja el grado de
cumplimiento de los principios contenidos en el artículo 4 del
Estatuto de Radiotelevisión, teniendo presente el desarrollo de los
llamados principios básicos y líneas generales de programación de
RTVE, aprobados el 28 de julio de 1981.
Desde el mes de septiembre hasta hoy han pasado cosas en el consejo
de administración. Como es voluntad de mi grupo que los medios
públicos sirvan a la convivencia a fin de encontrar el consenso entre
los demás grupos, a sugerencia de algunos grupos parlamentarios,
entre ellos el que apoya al Gobierno, nosotros no tendríamos ningún
inconveniente -también lo ha manifestado así Convergència i Unió y
algunos otros están en esta línea- de sustituir: instar al consejo de
administración, por instar al director general. ¿Por qué? Porque el
consejo de administración está bloqueado y qué le vamos a instar en
estos momentos; éste sería un debate que tendríamos que hacer en otro
punto.
Con el permiso de la Presidencia y de la Comisión, voy a poner como
ejemplo por qué creo yo -seguramente equivocadísima- que no se
cumplen los principios. Es muy breve. Sólo les voy a decir a ustedes
en qué se basa el criterio de los principios que desarrolló el
consejo de administración. Son un par de cosas muy simples. Por una
parte recogían que el Estatuto de la Radio y la Televisión
interpretará y aplicará, con arreglo a los criterios, el respeto,
promoción y defensa de los valores del ordenamiento constitucional.
Entre ellos, el artículo 4 del Estatuto dice que las informaciones
que la actividad de los medios de comunicación social del Estado
deben inspirarse en los principios de objetividad, veracidad e
imparcialidad de las informaciones. Aparte de algunas cosas más,
decía una cosa muy interesante: el respeto al honor, la fama, la vida
privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la
Constitución.
Vamos a poner un ejemplo. (A continuación se procede a oír una cinta
que contiene la grabación de la pregunta número 24, efectuada por la
señora Balletbó i Puig en el Pleno del miércoles día 10 de junio:
Muchas gracias señor presidente. Mire qué casualidad, don Francisco,
que yo también me intereso por esta periodista y no parece que
compartamos lista electoral... Rumores y protestas que impiden
escuchar la grabación.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, ¿se puede suspender un momento la
grabación?
Voy a explicar, como presidenta, lo que ha ocurrido. La señora
Balletbó pidió autorización ayer a la Presidencia
para poder reproducir en esta Comisión una grabación. Yo no vi en
ello ningún inconveniente y lo autoricé. Es un segundo y no creo que
perturbe el funcionamiento de la Comisión. (El señor Alcaraz Masats
pide la palabra) Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Esto tiene algo que ver con la estilística
del señor Boadella, que está informando de cómo hay que llevar los
debates a partir de ahora?
La señora PRESIDENTA: No he tenido la fortuna de hablar con el señor
Boadella, pero me parece que no había razones como para impedírselo a
la señora Balletbó... (Rumores y protestas.) Señorías, creo que
escuchar la grabación de la señora Balletbó nos va a llevar cinco
minutos. Vamos a emplear mucho más tiempo si abrimos un debate sobre
si se debe o no escuchar a la señora Balletbó. Creo que no hay ningún
tipo de problemas. Si SS.SS., en uso de sus facultades, quieren
intervenir para exponer las razones por las cuales consideran que no
se debe escuchar la grabación de la señora Balletbó, pueden hacerlo.
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Creo que la presidenta de esta Comisión no ha
actuado bien acordando por sí misma la audición de una cinta,
sorprendiendo a la Comisión sin previo aviso en relación con ese
asunto. Parece que lo lógico hubiera sido que la Mesa y los
portavoces hubieran opinado sobre esa posibilidad. Por tanto, nos
oponemos a que esa audición se haga en este momento.
La señora PRESIDENTA: Si ustedes me lo permiten interrumpimos la
sesión durante dos minutos para reunirnos la Mesa y los portavoces.
No tengo ningún inconveniente, más bien al contrario. Hay una serie
de cuestiones que quisiera explicar a la Mesa y los portavoces, no al
pleno de la Comisión.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Creo que usted no ha hecho bien...
La señora PRESIDENTA: Señor Peñalosa, si usted en lo que se empeña
es... (Protestas.)
El señor PEÑALOSARUIZ: Déjeme usted intervenir porque si no hace
usted más cosas mal de las que ya hace.
La señora PRESIDENTA: Intervenga, señor Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Hasta ahora no había actuado mal al no dejar
intervenir a los grupos, pero parece que esta mañana se ha empeñado
usted en conseguirlo. No ha obrado bien adoptando unilateralmente la
decisión de que se ponga esa cinta y nos parece absolutamente
improcedente que ahora se suspenda la Comisión para que se celebre
una reunión que no estaba convocada y que tiene que resolver un
problema que usted sola ha creado.
La señora PRESIDENTA: No.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Si me deja usted terminar, termino.
La señora PRESIDENTA: ¿Ya ha terminado? (Pausa.) Muchas gracias,
señor Peñalosa.
El artículo 72 dice: «Cualquier diputado podrá también pedir, durante
la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos
que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate.
La Presidencia podrá denegar las lecturas que considere no
pertinentes o innecesarias.» Se ha hecho una aplicación analógica de
lo que dice el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Para contribuir a que esta Comisión
no degenere en un espectáculo, deberíamos hacer todos un gran
esfuerzo para que esto sea una cosa seria y rigurosa. Hemos hablado
muchas veces de cosas de más intrascendencia de la que estarnos
hablando, porque, en definitiva, se refería a la lectura de un
documento y el Reglamento habla de lecturas de documentos. No creo
que ninguno de los miembros de esta Comisión tenga inconveniente en
que nuestra compañera lea los documentos que crea oportunos para su
aportación a esta proposición no de ley. Ahora bien, hemos tenido
antecedentes que creo que merecen que tratemos el tema en su justa
medida, y ésta es aquella que devuelva a la Comisión a su situación
normal de debate para evitar una situación de tensión que, por otro
lado, no se corresponde con el ambiente que he apreciado en esta
Comisión al inicio de la misma. Por lo tanto, ruego a la señora
presidenta que decida, porque reglamentariamente le compete, cuál es
el procedimiento que debemos seguir, visto lo que le estamos diciendo
los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir (Pausa.) Tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, el Reglamento de la
Cámara, tradicionalmente en estas Cortes y desde el siglo pasado,
consagra el principio de fedatarios a los funcionarios del Cuerpo de
Taquígrafos, y posteriormente también de Estenotipistas. Esto hace
que se consagre el principio de legalidad y legitimidad de los
documentos de la Cámara, me refiero a los internos, aparte de
cualquier otra publicación oficial, como el «Boletín Oficial del
Estado» o discursos impresos. Los documentos que tienen el rango
testimonial para ser aportados en las actas de las comisiones son los
«Diarios de Sesiones». Tan es así, que cuando por motivos de carencia
de personal del Cuerpo de Taquígrafos y Estenotipistas han tenido que
reunirse ponencias o comisiones, y sólo se ha podido hacer grabación
magnetofónica de las Intervenciones, el Reglamento de la Cámara no
permite su publicación en el «Diario de Sesiones» o en los boletines
de la Cámara. Son pruebas que sólo pueden ser oídas por las
comisiones y ponencias fuera de la sesión ordinaria (el visionado de
un vídeo de televisión o escuchar una cinta), porque los taquígrafos
tienen que dar fe en su acta taquigráfica de lo que se está
pronunciando. De aquí que el Reglamento sea claro, como usted bien ha
leído, y diga: lectura de documentos.
No es audición de cintas, de las que no se puede dar fe testimonial.
Lo cual no quita para que, como es práctica habitual, los diputados
de cualquier grupo, del Gobierno o de la oposición, cuando invocan
intervenciones de su propio grupo, del mismo diputado o de diputados
de otros partidos, den el número y fecha del «Diario de Sesiones»,
que es el documento que se puede presentar.
Si hay una grabación magnetofónica de una sesión, de comisión o de
donde haya sido, debe estar reflejada en un «Diario de Sesiones», que
es la prueba documental que hay que exigir. Esto lo ratificará la
Mesa si la señora presidenta consulta sobre el procedimiento anómalo
que estamos escuchando a través de la audición de una cinta, cuya
veracidad la damos por supuesta, pero no es un documento que esté
refrendado en el «Diario de Sesiones». La diputada Balletbó, como
cualquier otro diputado, puede invocar que se añada a las actas de
esta Comisión el «Diario de Sesiones» en que está recogida esa
intervención, que la repita o que el secretario o el letrado de la
Mesa lea su intervención de tal fecha. Pero siempre es lectura. El
Cuerpo de Taquígrafos no puede dar testimonio de otra grabación aneja
a lo que se está diciendo verbalmente por los diputados presentes en
una comisión.
Esto es lo que quería decir en aras del Reglamento, señora diputada,
porque en mis quince años de diputado en esta Cámara y tres en la
Comisión de Reglamento, jamás he visto este procedimiento tan
peculiar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Ante todo quiero decir que mi
grupo se toma muy en serio la Comisión, tan en serio que nos ha
parecido oportuno presentar alguna documentación. Seguramente el
momento en que se redactó el Reglamento no estaba prevista la
audición de cintas. Por lo tanto, creemos que la decisión que ha
tomado la Presidencia es acertada. Ahora bien, lo que ha dicho el
diputado de Coalición Canaria nos parece que también responde a la
verdad y está en lo cierto. Nosotros entenderíamos que de la
propuesta que ha hecho la señora Balletbó se podría dejar de escuchar
la cinta cuyo texto corresponde a lo publicado en el «Diario de
Sesiones». Sin embargo, nos parece extremadamente importante que se
escuche la otra cinta, que es la respuesta que se ha hecho desde
Radio Nacional al debate que tuvo lugar la semana pasada en el Pleno
de la Cámara. Esa es la posición del Grupo Parlamentario Socialista
en apoyo a la decisión de la Presidencia y en apoyo a lo que ha
defendido el diputado de Coalición Canaria.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Oídas
las razones expuestas por el señor Mardones y la señora Conde y
también las de los portavoces del resto de los grupos de la Comisión,
la Presidencia toma la decisión de que lo que consta en el «Diario de
Sesiones» no tiene por qué escucharse. No obstante, sí me parecería
interesante que se pudiera escuchar, según la propuesta hecha por la
portavoz del Grupo Socialista, lo que se dijo en Radio Nacional de
España, porque el argumento del señor Mardones no cuadra con esta
cuestión.
El señor MARDONES SEVILLA: Si no cuadra, señora presidenta,
consúltese al presidente de la Cámara y a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: No he querido entrar en el tema y por eso he
pedido la suspensión de la Comisión, para tratarlo con la Mesa y los
portavoces. Ayer se me consultó si la señora Balletbó podía traer una
cinta. Por otra parte, se me dijo que había antecedentes al respecto,
y no se me volvió a insistir sobre el tema por parte de la persona
que realizó la consulta. Yo pensé que se había desistido de traer
esta grabación a la Comisión. Y esta mañana, si ustedes me permiten
que lo cuente con la sinceridad que me caracteriza, también me he
visto sorprendida. Al pensar que había decaído la idea de traer la
grabación, antes de iniciar la sesión no he consultado a la Mesa y
portavoces. Valgan las explicaciones y disculpas, si ha lugar, que
presenta esta Presidencia, pero, dicho esto, de alguna manera tenemos
que desbloquear la situación. Si quieren, nos reunimos durante unos
minutos la Mesa y portavoces y tomamos una decisión.
Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Mi grupo tiene especial interés en que
esta proposición no de ley sea aprobada, y creo que podemos
conseguirlo, pero nadie de mi grupo quiere provocar ningún desorden.
Acepto plenamente, como ha dicho la presidente y la portavoz Rosa
Conde, lo que ha explicado el señor Mardones. Yo se lo he repartido,
luego está escrito. Ustedes lo pueden leer, aunque yo reproduciría
verbalmente el documento. Porque si no lo escuchamos, no podremos
comparar lo que dijo un diputado en el Pleno del Congreso y lo que se
dijo en Radio Nacional de España. Aquí está el quid de la cuestión
para el cumplimiento del Estatuto.
Lamento ser la protagonista de esta historia. Preferiría mucho más
que lo fuera otra persona, pero como me ha afectado mucho,
comprenderán que me haya tomado el interés de grabar las cintas, de
hacer las fotocopias personalmente, etcétera. No vean en ello ganas
de boicotear esta Comisión, de organizar ningún cirio, ni de hacer
una representación de Els Joglars. Me parece pura y simplemente, y
ustedes con la cultura que tienen lo saben perfectamente, que en
todos los parlamentos del mundo las comisiones que controlan la radio
y la televisión públicas utilizan videos, audios y fotografías
digitales sobre la pantalla para ilustrar las preguntas que
posteriormente hacen. El que no lo haya hecho otro diputado aquí no
significa que no se pueda hacer. Además, como decía muy bien el señor
Mardones, que tiene experiencia de quince años en esta Cámara -yo
debo llevar aproximadamente el mismo tiempo, más o menos-, se han
escuchado cintas, se han visto videos, se han pasado programas y no
pasa nada. Al fin y al cabo estamos tratando de reproducir documentos
públicos que no tienen ninguna otra finalidad que ilustrar una
explicación. Si les he molestado en algo les pido disculpas, pero no
está en la intención de esta diputada ni de mi grupo provocar ningún
problema en esta Comision. Lo que sí agradeceríamos es que un
documento que ha sido público pudiéramos escucharlo por dos minutos y
desde luego no queremos reproducir la sesión de Pleno, que todos
ustedes
oyeron, y que además, como dice muy bien el señor Mardones, son
fedatarios los taquígrafos de la casa.
La señora PRESIDENTA: Señor Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Ya he expresado mi opinión con anterioridad.
Creo que no puede venir uno aquí a sorprenderse en cada comisión de
control con las originalidades que cada uno quiera tener. Me parece
que esta iniciativa gozaba, en las conversaciones previas, de un
amplio acuerdo. Se está produciendo una absoluta manipulación de la
iniciativa en este momento y, por tanto, nosotros, además de no
aceptar -y se podrá decir que no porque si sólo se puede decir lo que
le interesa a la Presidencia mal estamos- la propuesta, nos vamos a
replantear también el apoyo a la propia iniciativa, ya que los
términos en los que se había negociado no son los que se están
expresando en este momento.
La señora PRESIDENTA: La Presidencia decide a partir de este momento
que no hay grabación, porque después de oír a los portavoces creo que
es el sentir mayoritario. Lo siento muchísimo, señora Balletbó, y
seguimos con la sesión.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señora presidenta, ¿puedo reproducir
verbalmente los testimonios? (Asentimiento.) En la pregunta del
Grupo Socialista del Congreso -para no molestarles me saltaré un
trozo- yo dije: «Mire usted, señor vicepresidente del Gobierno, toda
la profesión periodística está en contra de esta medida, y
concretamente dice la nota interna que se ha dirigido a doña
Monserrat Minobes que faltó al respeto a la figura del presidente del
Gobierno español. Señor Álvarez-Cascos, dígame usted qué sucede en
este programa de Carlos Herrera cada día donde se ridiculiza
permanentemente -permanentemente- a don Felipe González, a don Josep
Borrell, al señor Serra y al presidente del Gobierno andaluz. Pongan
ustedes la radio, señores del PP; cada día no sólo se les dice
imbéciles, sino que se les hace quedar como imbéciles. (Rumores.)
Pero, señor Álvarez-Cascos, nosotros no nos quejaremos nunca de un
programa de humor, porque sabemos que no existe un código
deontológico, señor Álvarez-Cascos, que pueda poner en duda el
derecho al humor en este país, que es lo que nos faltaría ya para
acabar de hacer el duro con el Gobierno del PP». Eso fue el miércoles
pasado.
Tertulia de Radio Nacional de España del 11 de junio. Asisten a la
tertulia María del Carmen Aránzazu, Juancho Armas Marcelo, César
Alonso de los Ríos, Ramón Pí. Carlos Herrera señala (es un resumen,
ya que no podemos oír la cinta, pero pierde porque el tono peyorativo
de burla, de mofa, de ridiculizar a una señoría de esta Cámara, sea
quien sea, hubiera valido la pena que lo hubieran escuchado porque me
veo incapaz de reproducirlo) que la señora Balletbó dijo ayer en el
Congreso, refiriéndose a una sección de este programa El Gran
Carnaval, que en una tertulia se ridiculiza al presidente de la Junta
de Andalucía, al señor Felipe González, con un sketch en el que señor
Borrell intenta hablar y los demás no le dejan -esto no lo dije-, a
imitación de los que se hacían cuando El Gran Carnaval no
estaba en Radio Nacional de España y que le parecían muy bien a la
señora Balletbó, que no ha escrito ninguna carta al director de la
SER. Mi amigo Augusto en ningún momento me ha dicho que ha escrito
Ana diciendo que esto le parece intolerable y ahora sí le preocupa.
Repito que yo dije que nunca nos quejaríamos de un programa de humor,
nunca. Por tanto, de momento lo que no hay es veracidad.
Dice la señora Carmen Aránzazu: La pobre -esa soy yo- queda fatal, y
afirma que Ana Balletbó dijo que en esa tertulia de Radio Nacional no
hay ningún periodista del PSOE, no hay ningún periodista de La
Vanguardia y El País, todos son del ABC y El Mundo, con lo cual poco
favor les hace a los compañeros de estos periódicos. Ustedes tienen el
texto encima de su mesa.
Finalmente, César Alonso de los Ríos afirma: Por si me estás
escuchando, Ana -les recuerdo que había Pleno, teníamos algunas otras
cosas que hacer-, si quieres hablamos de ti de verdad y punto; ya que
hablas de los demás, vamos a hablar de ti, de tu vida y milagros y de
tu entorno familiar.
Principios de programación, respeto al honor, respeto a la vida
privada y lo que los programadores se olvidaron de poner es no
amenazas desde la radio pública.
Debo decir en honor a la verdad -y lo quiero decir en esta Comisión-
que yo hablé con Diego Armario, director de Radio Nacional, que me
dio toda la razón, que me dijo que esto era intolerable y en el
programa del día siguiente hubo una más o menos matizada
rectificación, por lo menos intentando suavizar esas amenazas que se
habían pronunciado. Lo quiero decir también en honor a la verdad.
Ese es un ejemplo que tiene poca importancia, un día seré yo, otro
día será otra persona, lo que dice mi grupo parlamentario es que
creemos que la radio pública debe ser un instrumento de convivencia,
no puede contribuir a la crispación; debe seguirse los principios del
Estatuto jurídico de la radio y televisión, debe seguir los
principios de la programación, debe respetarse a las personas, debe
ser fedatario de la veracidad, no pueden hacerse ese tipo de debates
y la única cosa que pienso (a lo mejor estoy equivocada, sólo les he
puesto un ejemplo y a lo mejor es toda una excepción y ha pasado sólo
ese día), es que podría ser interesante que el director general de
televisión nos confirmara con un estudio si todos estos principios se
están cumpliendo.
Les agradezco la atención. Les ruego me disculpen el tiempo que he
hecho perder intentando traer aquí unas pruebas sonoras. Les
agradeceré mucho que ustedes, si lo entienden así, voten nuestra
proposición no de ley, y como compañera y como colega sólo me resta
decirles que en la defensa de mi honor, señorías, estoy defendiendo
también el suyo. Un día tal vez ustedes no estén en el gobierno y yo
les apoyaré también si alguien les falta.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Empezamos por el Grupo Mixto y tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La verdad es que como Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya vamos a votar favorablemente esta
proposición.
Como me parece que el consenso está bastante avanzado, permitirán SS.
SS. que consuma brevísimamente este turno haciendo, no obstante,
algunas reflexiones generales.
A nuestro modo de ver, el problema que se suscita y que está en el
trasfondo, ineludiblemente, de esta proposición es un problema
abierto, es un problema permanente e incluso no hay por qué invocar
ni los principios básicos de programación, ni siquiera habría por que
invocar el Estatuto; habría que invocar directamente la Constitución
en muchos casos, donde se fijan ya unos principios que entendemos se
vulneran cotidianamente por activa y por pasiva en Radiotelevisión
Española.
Pero dicho esto, que el problema está abierto, también habría que
constatar que, aun admitiendo la buena voluntad tanto de los
proponentes, que desde luego no se puede dudar, ni del resto de
grupos parlamentarios, que al parecer van a votar favorablemente, lo
que hoy se va a aprobar va a tener una cierta irrelevancia. A nuestro
modo de ver no hay una solución definitiva en el actual modelo legal;
es decir, con el actual modelo legal que regula Radiotelevisión
Española va a ser de alguna forma imposible el que las buenas
intenciones que hoy manifiesta esta Comisión de control sirvan para
algo. Fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque
mientras el funcionamiento global -y hablamos sobre todo de
Televisión Española, aunque ahora se haya polarizado en la radio-
esté regido por unas ciertas normas de puro mercado, o digamos de
asimilación al mercado televisivo general, difícilmente se van a
poner en primera línea de preocupación una serie de elementos de
servicio público, etcétera.
En segundo lugar, por la gubernamentalización de la estructura de
Radiotelevisión Española. Que, además, este Gobierno esté haciendo
más que un uso un abuso absoluto de las potestades que le otorga la
ley, es otra cuestión. En fin, el conjunto de priorizar las reglas de
mercado en la programación más la gubernamentalización en la
estructura va a impedir que se avance mucho. Incluso esta proposición
no de ley, que sin duda es oportuna porque se constata que hay unos
incumplimientos de los principios que deberían regular la
programación, no deja de ser un cierto fracaso de esta misma
Comisión, no deja de ser una especie de reconocimiento de las propias
insuficiencias que por razones reglamentarias o del esquema global
que plantea la legislación actual tiene esta Comisión.
Personalmente no he querido terciar en el debate procedimental a que
ha dado lugar la grabación. Yo creo honestamente que la decisión
adoptada es la correcta desde el punto de vista reglamentario, pero
no deja de ser un reconocimiento de obsolescencia de un sistema que
una comisión de control parlamentario de radiotelevisión no pueda
escuchar grabaciones en sus sesiones o ver un vídeo. Y no lo digo por
este caso concreto, ya que debería ser la práctica habitual. El
control se ejerce sobre el funcionamiento de la fábrica, pero al
final el control de calidad debe realizarse sobre los productos que
se elaboran. Por tanto, de alguna forma es el sistema en su conjunto
el que funciona mal. Hay una subcomisión funcionando y no se ha
podido avanzar. Otras ocasiones tendremos -y ya hemos tenido- de
repartir responsabilidades, y está muy claro del lado de quién.
Vamos a votar la proposición, pero manifestando un cierto
escepticismo, porque, por otro lado, lo que va a decir
el director general, si nos pusiésemos a escribirlo aquí, podríamos
saberlo, porque qué va a decir el director general. Se supone que una
de dos: que lo está haciendo muy bien y, por tanto, va a decir que se
cumplen los principios de programación, si no debería dimitir, o es
un cínico redomado. Como entenderán sus señorías, no me voy a
pronunciar yo sobre el carácter de cinismo del señor director
general. Tendremos que entender que el producto que nos llega del
director general será digno de tenerse en cuenta no solamente por su
procedencia, sino porque seguramente provocará algún elemento que dé
lugar a ese derecho al humor que otra portavoz invocaba. Dicho todo
esto, votaremos a favor porque parece que es lo más lógico; explicar
el no sería bastante más difícil.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: De la lectura de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista -tal como viene explicitado en el ejemplar
del diario de la Cámara del 14 de octubre de 1997, en su número 188-
se desprende que estamos instando desde el Congreso de los Diputados
al consejo de administración de Radiotelevisión Española para que
mande aquí el informe, recogiendo el grado de cumplimiento de los
principios contenidos en el artículo 4 y, como se dice aquí, los
principios básicos y criterios de programación. Nosotros habríamos
votado en contra porque entendemos -tras la lectura del Estatuto de
Radiotelevisión, que está aprobado por la Ley 4/1980, y del artículo
8- que es al director general del Ente Público Radiotelevisión
Española a quien compete llevar la propuesta para que la apruebe el
consejo de administración, porque podría darse el caso de que un
director no lleve una propuesta al consejo y éste no puede aprobarla
por sí mismo. A quién se debe pedir el informe que contenga los
criterios, principios básicos y líneas generales de programación es
al director general del Ente Público y no al Consejo, porque éste
podría contestar diciendo: usted qué me pide, si a mí no me ha dado
el director general el documento para su aprobación, que es lo que me
compete, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley del Ente Público de
Radiotelevisión Española.
Como los criterios que se señalan en el artículo 4 son los que
conocemos y ha esbozado algunos la señora Balletbó, yo entiendo que
lo que se modifica aquí, por lo comentado por los portavoces, es que
donde dice consejo de administración de Radiotelevisión diga director
general del Ente Público, en cuyo caso nosotros votaríamos
afirmativamente esta iniciativa. Lo que sí quiero dejar claro, señora
presidenta, es que entiendo que el resto del texto no se modifica.
Como el resto del texto -y aquí pido la atención de los portavoces
que vayan a hacer el seguimiento- no tiene fecha de inicio de esta
petición de información, se entiende que in fine es hasta el momento
actual, pero desde un principio de la existencia de estas
posibilidades. Aquí no se dice de qué año arranca la petición de
informe sobre principios básicos. Lo quiero dejar claro, porque si yo
tengo que tener una responsabilidad en redactar un informe de este
tipo, solicito desde qué fecha quieren que se haga el informe de las
supuestas conculcaciones al artículo 4.
Quiero dejar claro que yo estoy aquí votando una cosa que no trae
fecha de inicio y no sé si se está refiriendo a la época del actual
director general, a la anterior de la señora Ridruejo, a la de los
anteriores directores del Ente Público señores García Candau, Solana
y señora Miró, que en paz descanse, señor Calviño o a los de la época
de UCD. Aquí se pide un informe en ese sentido. Por tanto, quiero que
se aclare esto para evitarnos más situaciones kafkianas de las que se
están derivando de algunas iniciativas en este tema de la radio y de
la televisión.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, la proposición que nos
presenta doña Ana Balletbó en nombre del Grupo Socialista -me ciño a
su contenido- nos habla de los principios contenidos en el artículo 4
del Estatuto, de los llamados principios básicos y de las líneas
generales de programación de Radiotelevisión Española, que fueron
aprobados en 1981. La señora Balletbó no ha mantenido la redacción
inicial, que solicitaba un informe al consejo de administración de
Radiotelevisión Española -abundo en lo que se ha dicho aquí
anteriormente que recogiera el grado de cumplimiento de los
principios contenidos en el artículo 4 del Estatuto. Mi grupo
entiende que una de las funciones del consejo es velar por el
cumplimiento de determinados principios en la programación y una
petición de informe al consejo, entrando en este contexto, entiendo,
señora Balletbó, que está fuera de lugar. De esta manera insisto
también en lo que se ha dicho respecto al consejo, puesto que su
señoría sabe que estatutariamente el consejo de administración se
pronuncia en sus propios mecanismos y no mediante el que se proponía
en la redacción inicial de la señora Balletbó. Por otro lado, señora
presidenta, periódicamemente -cada seis meses o cada año, según se
acuerde- el consejo aprueba las líneas de programación urgentes que
deben adecuarse a los principios básicos, a los que la proposición
demuestra que también lo es en dicha programación, y que se adapta al
Estatuto. Por tanto, una posición del consejo a este respecto ya
existe por este mecanismo y pensamos que no requiere de ningún otro
tipo de informe.
Para centrar el tema, diré que la aprobación de esta proposición no
de ley en su redactado inicial hubiera supuesto, de hecho, una
verdadera confusión entre las atribuciones del director general, del
consejo de administración, de su propia labor de control y, en todo
caso, de la función que realiza esta Comisión. El consejo no forma
parte de la línea ejecutiva de Radiotelevisión Española y, por tanto,
no debe ni puede elaborar ningún informe, porque su papel es el de
órgano que ejerce colegiadamente sus funciones, claramente tasadas en
el Estatuto, y que tiene un reflejo en las votaciones. Fuera de eso
lo único que cabe es, como se ha dicho y como he entendido que
proponía la señora Balletbó, la manifestación del director general o
la manifestación individual de algún consejero. Por consiguiente,
quien ordena y quien dirige la programación, según el Estatuto, es el
director general y es al que corresponde la elaboración de toda la
documentación que sea menester, bien dirigida al propio consejo o
bien dirigida a la Comisión de control.
Desde ese punto de vista, mi grupo ha escuchado atentamente los
argumentos de la señora Balletbó, los que se circunscriben
esencialmente a la proposición no de ley, y entiende que el
planteamiento que centra en el director general la solicitud de esta
documentación podría ser objeto -al menos así lo entendíamos- de
amplio consenso en esta Comisión de control.
La señora Balletbó habla de los principios de programación y yo
quisiera hacerles alguna reflexión. Es cierto que los principios de
programación y las líneas generales aprobadas en 1981 en algunos
aspectos están claramente desfasados, pero yo creo que, en su
sustancialidad, siguen conteniendo ese talante de defensa de los
principios y valores que la democracia debe impulsar en todo momento:
la tolerancia, el diálogo, la pluralidad, la objetividad. En este
período de sesiones hemos tenido algunos debates en esta Comisión de
control en los cuales nuestro grupo se ha manifestado claramente
sensible a una utilización en todo caso no coincidente con lo que
esos propios principios de programación contienen, y les voy a poner
tres o cuatro ejemplos.
Ninguna opinión atentatoria -se dice en los principios de
programación- o vejatoria para la democracia y sus instituciones será
expresada unilateralmente ni en concurrencia permanecerá irrebatida.
De hecho, señorías, en este período de sesiones y en el anterior
hemos tenido debates sobre esta cuestión en esta Comisión de control,
que nosotros entendemos que era un claro incumplimiento de este
principio básico de programación.
Por otro lado, dice: Los Medios de Comunicación -se entiende que los
medios de comunicación públicos porque está en mayúsculas- procurarán
en plenitud la defensa, promoción y divulgación de la cultura y del
idioma de la nación española. E inmediatamente añade: Igualmente
serán respetuosos con los hechos culturales y lingüísticos
diferenciales de sus nacionalidades y regiones, fundamentando
y potenciando su difusión y, en general, comprensión hacia los mismos.
Nosotros entendemos que desde los medios públicos de cobertura
estatal muchas veces no se facilita esa comprensión hacia ese hecho
diferencial, como, por ejemplo, el hecho diferencial lingüístico en
las comunidades que tienen lengua propia, lo que también ha sido
objeto de consideraciones por parte de nuestro grupo en este último
período de sesiones.
También quisiera decirles que los principios básicos encomiendan al
ente y a sus órganos directores estimular los hábitos de diálogo, de
tolerancia, de apertura y propiciar el debate como fórmula de
disminuir las discrepancias y los conflictos. Luego habla también de
la diferencia entre opinión e información y de lo que debe ser el
tratamiento del honor de las personas, de la imagen. En definitiva,
yo creo que, en diálogo y en tolerancia, deberíamos conseguir que
estos principios básicos de programación se actualizaran y se
cumplieran en aquellos aspectos en que verdaderamente puede haber
alguna situación de incumplimiento. Por otro lado, para eso está esta
Comisión de control y para eso lo decimos cuando lo tenemos que
decir.
De todas formas, señora Balletbó, con ese cariño que sabe que le
tenemos, le tengo que decir que ustedes tienen su estrategia y
nosotros tenemos la nuestra, y nuestra estrategia se fundamenta
básicamente en evitar que la radiotelevisión
pública de cobertura estatal se convierta en un elemento de
confrontación constante entre los partidos. Nosotros decimos esto
siempre que tenemos ocasión y yo creo que este también es un buen
momento para decirlo. Creo que esta estrategia -la nuestra- va muy
ligada a algo que en catalán decimos tarannà, que es ese talante que
tiene que hacer posible que las cosas se consensúen. Cuando esta
mañana he entrado en esta sala he visto con satisfacción que esa
inicial proposición, ese planteamiento inicial había sufrido un
proceso, pero que luego, quizá por cuestiones de procedimiento -y
ahora hablaré también del procedimiento-, puede irse al traste.
Nosotros quisiéramos que eso no fuera así y que esta proposición
saliera por consenso.
Por tanto, en cuanto al texto de la proposición hay esa llamada al
director general, pero, por otro lado, hay otro asunto, el espacio.
Porque la pregunta es desde cuándo; desde cuándo hay que hacer una
valoración. Más que de un informe, nosotros entendemos que lo debe
hacer el director general es una valoración del grado de
cumplimiento. Desde ese punto de vista, nosotros votaríamos a favor
si queda claro que en todo caso es a lo largo de todo este tiempo,
porque si no estamos entrando en una situación verdaderamente difícil
para saber si esto debe producirse desde un año determinado, o desde
1981, o desde cuándo.
Respecto al procedimiento, nuestro grupo entiende que una Comisión de
este tipo debe ser ágil, operativo y que no debe prescindir de todos
aquellos elementos que la tecnología nos pueda aportar. De hecho, en
este punto estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el
portavoz del Grupo Mixto en relación con la aportación de elementos
de audio, de video o cualquier otra circunstancia que pueda facilitar
el debate y los elementos de contraste en esta Comisión, pero creo
que también deberíamos hacer un esfuerzo por contribuir a que esos
elementos tecnológicos y de referencia fueran utilizables como
elemento de debate en esta Comisión.
Termino diciendo que estamos a la espera de lo que nos pueda decir la
proponente, la señora Balletbó, y de lo que nos puedan decir el resto
de los grupos parlamentarios para, finalmente, llegar a lo que podría
ser una votación de consenso, que es lo que nuestro grupo desea
fervientemente.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra don Luis Felipe Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Voy a ser muy breve.
Respecto a los temas que contiene la proposición no de ley y a la
corrección consecuente, comparto lo que se ha dicho con anterioridad
en cuanto a delimitar en el director general la responsabilidad de
valorar y, respecto al segundo tema, sobre qué período habría que
definir ahora, creo que se podría hacer a través de una transaccional
o de un consenso mayoritario, porque nosotros, si esto se produce de
manera adecuada, estamos dispuestos a votar afirmativamente.
Otra cosa es el procedimiento que se ha intentado iniciar aquí esta
mañana. A nosotros nos ha sorprendido porque desde la Mesa, desde la
Presidencia, no se había advertido, no por el sentido de los temas
que se iban a tratar. Es más, creemos que sería un buen precedente
que la Mesa de esta Comisión se reuniera con los portavoces y
definiéramos
cómo, en el siglo de la tecnología, y de ahora en adelante de la
tecnología digital, podemos contar con una serie de testimonios y de
avances que hasta ahora no teníamos por razón de una lectura estricta
del Reglamento, que quizá permita lo que se ha intentado aquí esta
mañana; yo no lo sé, pero a nosotros, como Izquierda Unida, este
precedente no nos perjudica. Si se va a hacer así, nosotros nos vamos
a acoger de manera recurrente a este precedente porque, en este
sentido, muchas veces nos sentimos no agredidos, pero sí que no hay
sintonía con los principios de programación básica, tal como aquí se
ha dicho.
Por otra parte -se lo digo con cariño, señora Balletbó-, resulta que
la proposición no de ley se iba a argumentar en función de una cosa
que afecta directamente a ella, que es quien nos introduce la voz a
través de los muros, como en el Tenorio de la señora Balletbó. Quizá
hubiera sido procedente que lo hubiera hecho otra diputada o diputado
del Grupo Socialista, porque es excesivo, y lo digo en el sentido de
que uno no puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte porque
la argumentación ha sido muy estrecha con respecto al marco general
de lo que se pretende. Ha sido un caso puntual. Efectivamente, en el
momento en que algún periodista habla de la vida personal, yo corto,
desconecto totalmente, pero eso lo podía haber hecho otra diputada u
otro diputado del Grupo Socialista. Como digo, a mí no me molesta.
Yo venía preocupado por el precio del crudo, porque el que baje el
precio del crudo quiere decir que inmediatamente va a subir o que va
a subir a medio plazo; toda fluctuación grave en el precio del crudo
anuncia una recesión económica y esto, mezclado con la crisis del
Japón, puede suponer un nuevo ciclo económico en este país y me
preocupaba tremendamente. El que sucedan cosas como las que han
ocurrido aquí esta mañana me reconcilian con esta idea de vivir la
vida como si fuera un comic. O sea, que esta mañana yo traía un
sentido del humor bastante estropeado y esto no me viene mal, pero me
ha sorprendido que la Mesa no avisara de que se iba a hacer de esa
manera, rompiendo normas, que a lo mejor es sano para que, de ahora
en adelante, esta Comisión tenga esas oportunidades. Como digo, a
nosotros, en principio, no nos molesta esto. Por tanto, si se ve el
plazo exacto al que se refiere la proposición no de ley y se consigue
el tema de la referencia directa al director general, a nosotros no
nos parece mal que esta proposición salga adelante.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, ¿está usted planteando una
enmienda in voce? El señor Mardones ha hecho una sugerencia respecto
al interlocutor, pero no ha planteado una enmienda in voce. ¿Usted
está planteando una enmienda in voce?
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, estoy planteando que
entre todos veamos el plazo...
La señora PRESIDENTA: Entre todos no. Usted, ateniéndonos al
Reglamento, ¿está planteando una enmienda in voce?
El señor ALCARAZ MASATS: Si yo planteara una enmienda in voce, señora
presidenta, lo haría de manera
concreta, porque esa proposición no de ley dice que se valore el
cumplimiento de los principios desde 1981 a esta parte. Lo digo para
que se tenga en cuenta lo que plantea textualmente. Por tanto,
sugiero que esto se aclare y que todos estemos de acuerdo con la
aclaración que se produzca.
La señora PRESIDENTA: El señor portavoz del Grupo Popular tiene la
palabra.
El señor ORTIZ PÉREZ: La verdad es que yo me he quedado también
sorprendido no sólo por el procedimiento utilizado por la señora
Balletbó, sino también porque en conversaciones previas habíamos
llegado a un principio de acuerdo, y el hecho fundamental es que la
propuesta de autoenmienda, por llamarlo de alguna forma, no ha sido
efectuada por el Grupo Socialista. Por lo tanto, nosotros quedamos a
la espera de la propuesta concreta, por escrito y no por grabación,
que pueda hacer la señora Balletbó y que haga llegar a la Mesa, y
entonces nos pronunciaremos tras estudiarla detenidamente.
Centrándome en la proposición no de ley, no me ha extrañado la
utilización de esta iniciativa por parte de la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, porque yo sabía que se iba a hacer para
acusar una vez más al director general y al Gobierno de manipulación,
de listas negras y de toda la debacle que produce Televisión
Española. Yo sé que no les gusta que hablemos del pasado, pero mi
paisano y ex director general, señor García Candau, fue un verdadero
maestro en cuanto a manipulación y utilización de listas negras y
otros aspectos de los que acusan ahora al director general, y el
hecho es que desde que ha dejado de ser director general de
Televisión Española el señor García Candau, ha habido más audiencia,
más objetividad (El señor Aguiriano Forniés: Menos audiencia), más
pluralidad y, además, si me permiten una nota de humor, desde que él
no es director general, se ha permitido que el Villarreal ascienda a
primera división. (Rumores.).
Señora presidenta, ruego su amparo para que pueda ser escuchado.
La señora PRESIDENTA: Continúe.
El señor ORTIZ PÉREZ: Centrándome en la proposición no de ley, ya ha
manifestado nuestro grupo a la señora Balletbó que no podíamos
votarla favorablemente tal como está redactada, y por eso le hemos
sugerido algunas modificaciones que espero que después haga llegar de
forma concreta a la Mesa.
Decía que nuestro grupo no podía votarla porque aunque nosotros
consideramos que es factible ponderar la puesta al día y revisión de
los principios básicos y líneas generales de programación aprobados
por el consejo de administración de Radiotelevisión Española el 28 de
julio de 1981, también entendemos, y entenderá la señora Balletbó,
que el consejo de administración de Radiotelevisión Española goza, en
el ejercicio de sus competencias, de una libertad de acción que en
principio no contempla el estímulo de iniciativa parlamentaria para
inducir su actividad. Además, en este caso se daba la peculiaridad y
la circunstancia de que el destinatario es el propio consejo de
administración, cuyos componentes -no hay que olvidarlo- son elegidos
por el Parlamento.
También consideramos que la actual situación del consejo de
administración de Radiotelevisión Española, en el que existen
vacantes, dos de ellas correspondientes a consejeros elegidos a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular y que no se cubren por el
constante bloqueo del Grupo Parlamentario Socialista -porque no hay
que olvidar que para su elección se necesita una mayoría cualificada
de dos tercios-, esta situación, repito, determina un claro
desequilibrio respecto a los criterios que a la hora de emitir este
informe pudiera tener el consejo de administración de
Radiotelevisión.
Por otra parte, el informe que se solicita puede entrar -y es una
sugerencia- en el conjunto de datos que la subcomisión deba manejar a
la hora de realizar estudios y formular propuestas sobre el futuro
modelo de la radio y televisión pública. Entiendo, con mi grupo, que
no se puede instar al consejo de Radiotelevisión a la elaboración de
un informe, y nosotros estaríamos dispuestos a estudiarlo si se
modifica la redacción en el sentido de que el Congreso inste al
director general del ente público a la presentación del informe y que
la fecha sea a partir del 28 de julio de 1981, cuando fueron
aprobados los principios básicos de programación.
Señora presidenta, a la espera de la propuesta que pueda hacer llegar
a la Mesa, reitero que por escrito, la señora Balletbó, aplazamos
nuestro pronunciamiento al momento de la votación.
La señora PRESIDENTA: La señora Balletbó tiene la palabra.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Tengo tal interés en que ustedes se vean
en condiciones de aprobar nuestra proposición no de ley que estoy
incluso dispuesta a que me contradigan, encantada de que citen cosas
que yo no he dicho e incluso me parece estupendo que el señor Alcaraz
se lo pase fantástico. Da igual. Yo no creo que el fin justifique los
medios; creo que los medios siempre condicionan el fin, pero creo que
en este caso podríamos incluso pensar que sería un precedente tan
extraordinario y sería tan positivo para el partido del Gobierno que
se produjera una votación unánime, tan buen precedente y tan ejemplar
de diálogo y tolerancia, que me parece fantástico que ustedes estén
dispuestos a votarlo y, a la vez, se sientan obligados, porque el
cuerpo se lo pide, a darme alguna patada en la espinilla. No pasa
nada.
Yo sólo quiero dejar sentadas un par de cosas, modestamente. El
Estatuto jurídico de la Radio y la Televisión, como muy bien han
expresado algunos diputados, establece lo que se llaman los
principios de programación (Rumores.- El señor Peñalosa Ruiz: No hay
un segundo turno.) ¿Os molesta que conteste? ¿No puedo contestar?
La señora PRESIDENTA: Perdonen un momento. La señora Balletbó tiene
el uso de la palabra para proponer las enmiendas. Señora Balletbó,
proponga las enmiendas.
La señora BALLETBÓ I PUIG: ¿Sólo las enmiendas? Pero, ¿puedo
justificarlas un poco o no? (Varios señores diputados: No.) ¿De qué
tienen miedo? ¿No puedo hablar un poco de la enmienda? Es que esto es
extraordinario.
La señora PRESIDENTA: Señora Balletbó, yo creo que puede dar una
breve explicación, del porqué acepta no de las enmiendas, porque no
se han presentado enmiendas in voce, sino las modificaciones que el
Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a admitir después de
oído el resto de los portavoces de los distintos grupos sobre la
proposición no de ley. Una brevísima explicación al respecto, y, como
se ha dicho, traiga, por favor, a la Mesa la proposición final para
que pueda ser leída y posteriormente votada.
Muchas gracias.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Gracias, señora presidenta.
Punto primero, la proposición no de ley se hizo el 30 de septiembre
de 1997. Se ha visto hoy y la ha defendido esta diputada, que es la
que la presentó el 30 de septiembre de 1997, y ha puesto los ejemplos
que ha pensado que ayudaban. Como se hizo el 30 de septiembre de
1997, nosotros habíamos puesto el consejo de administración de
Radiotelevisión. ¿Por qué lo pusimos? Pues porque fue el consejo de
administración de Radiotelevisión que aprobó los principios básicos
de programación y porque éstos no han sido derogados y el consejo de
administración, teóricamente, tendría que mantenerlos. Punto segundo,
somos conscientes de la situación de crisis, como he dicho en mi
primera intervención, en que se encuentra el consejo de
administración. Punto tercero, nosotros queremos el consenso de los
grupos parlamentarios y, por tanto, en conversaciones con los
representantes de los mismos, hemos captado que si poníamos al
director general, ese consenso se produciría. Punto cuarto, ustedes
comprenderán que cuando se redactó este informe el 30 de septiembre
de 1997, la idea de mi grupo parlamentario, en esta ocasión
representado por esta diputada -pero esto es lo de menos-, era que
elaborara un informe que recogiera el grado de cumplimiento de estos
principios durante el mandato del actual director general. ¿Por qué?
A mí no se me ocurriría hacer un proceso histórico de esa cuestión,
aunque ustedes pueden tener otra iniciativa en cualquier otro momento
y hacerlo. A mí no me importa en absoluto que lo haga el director
general.
Uno de los diputados que ha intervenido anteriormente, concretamente
Manolo Alcaraz, ha expresado que a lo mejor eso no va a servir de
mucho, porque -como es natural- el señor director general tiene que
cumplir los principios, pero yo creo que es muy interesante que lo
aprobemos nosotros como un instrumento de control de esta Comisión,
no para censura sino para que el director general vea que nosotros
apoyamos los principios de programación y los del estatuto jurídico.
Nada más. Esa es la idea.
Por tanto, si a ustedes les parece bien, para aclarar todas las
dudas, para favorecer su votación positiva, para quitar todo el
hierro que podamos a esta Comisión -ya sé que es difícil, pero
estamos dando los primeros pasos-, para que podamos hacer ese
ejercicio de unanimidad, la enmienda quedaría en los términos
siguientes: El Congreso de los Diputados insta al director general
-esa seria la enmienda- a que en el plazo de tres meses elabore y
presente en la Comisión de Control de Radiotelevisión un informe en
el que se recoja el grado de cumplimiento durante su mandato de los
principios contenidos,
etcétera. Además, como él es consciente de que los cumple, ya se
ocupará de demostrarlo, y si ha habido alguna excepción -que yo he
puesto como ejemplo hoy y no quiero molestar a nadie-, ya he dicho en
mi intervención anterior que el director de Radio Nacional de España
me ha presentado excusas y ese también es un principio del estatuto.
Por tanto, el ejemplo ya está pasado. Vamos a ver si se cumplen los
principios de programación, no sólo en los temas de los que hemos
hablado, sino también en los de defensa de la infancia, en contra de
la violencia y otra serie de temas que pueden ser útiles a esta
Comisión.
Paso a la presidencia con mi letra manuscrita esta propuesta.
Agradezco a todos aquellos que han manifestado su interés en votar a
favor, Manolo Alcaraz, el señor Mardones, el señor Burballa, Felipe
Alcaraz y el representante del Partido Popular. En nombre de mi grupo
parlamentario agradecemos su buena disposición, su actitud dialogante
y esperamos poder culminar ese proceso con una aprobación por
unanimidad.
La señora PRESIDENTA: Con independencia de que volvamos a leer la
propuesta en el momento de la votación, damos ahora lectura de la
misma. Dice: El Congreso de los Diputados insta al director general a
que en el plazo de tres meses elabore y presente en la Comisión de
Control de Radiotelevisión Española un informe en el que se recoja el
grado de cumplimiento durante su mandato de los principios contenidos
en el artículo 4 del Estatuto de Radiotelevisión Española, teniendo
presente el desarrollo de los llamados principios básicos y líneas
generales de programación de Radiotelevisión, aprobados el 28 de
julio de 198l.
Si ustedes me lo permiten, antes de pasar a la segunda proposición no
de ley y para zanjar de momento el tema de los audiovisuales,
quisiera exponer muy brevemente a esta Comisión que, en primer lugar,
saben los señores y señoras diputados, que se aplica siempre el
Reglamento; en segundo lugar, que en defecto de éste se aplican
precedentes, y había precedentes -hemos consultado no sólo ayer sino
hoy de nuevo a los letrados de la Cámara-, y como hay precedentes, la
presidenta puede tomar la decisión por sí sola. Sólo si la presidenta
lo decide, puede consultar a la Mesa.
Aclarado este punto, que convenía hacerlo para que quedara clara la
posición de esta Presidencia, no obstante (Rumores.) -insisto,
señores diputados, les agradecería que me escucharan-, creo que sería
conveniente, dado el debate que se ha producido esta mañana, que
tanto la Mesa como los portavoces instemos a la Mesa del Congreso de
los Diputados a que establezca un sistema ya para siempre en el que
se admita este tipo de procedimientos, pero que la actuación de esta
Presidencia no ha sido en absoluto porque sí.
- SOBRE REAJUSTE DE LA PLANTILLA DEL ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA (RTVE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número
de expediente 161/000734).
- POR LA QUE SE INSTA AL DIRECTOR GENERAL DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
(RTVE) A RETIRAR CUALQUIER TIPO DE PLANES PARA JUBILACIONES ANTICIPADAS
O BAJAS LABORALES, HASTA TANTO NO TERMINE SUS TRABAJOS LA SUBCOMISIÓN
PARLAMENTARIA DESTINADA A ELABORAR EL FUTURO DE DICHO ENTE.
PRESENTADA POR ELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 161/000743).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, que
hace referencia al reajuste de la plantilla del Ente Público de
Radiotelevisión Española.
La presenta el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Señora presidenta, para una
cuestión de orden. ¿No se podrían acumular las dos proposiciones no
de ley que vienen a continuación, si los demás grupos lo consideran
oportuno?
La señora PRESIDENTA: ¿Los demás grupos que opinan? (Asentimiento.)
Muy bien. Entonces, se agrupan.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Alcaraz
.
El señor ALCARAZ RAMOS: En nombre de Nueva Izquierda Iniciativa per
Catalunya defenderé esta proposición no de ley, que fue registrada, y
la fecha tiene bastante importancia, el 13 de noviembre del año
pasado. Tiene importancia por dos razones, primero, porque ha pasado
mucho tiempo desde entonces, han ocurrido muchas cosas que tienen que
ver con la proposición no de ley -que ruego a SS.SS. que las tengan
en cuenta a la hora de evaluar su importancia-, pero también tiene
importancia porque fue registrada después de que el director general
de Radiotelevisión Española anunciara un expediente de regulación de
empleo, en definitiva, un ajuste de plantillas, que, a su vez, lo
hizo transcurridas muy pocas horas después de que se constituyera la
subcomisión creada en esta Cámara en el seno de la Comisión
Constitucional, para estudiar las posibles reformas tanto del modelo
legal como de la financiación de Radiotelevisión Española.
Desde luego, causa una cierta sorpresa y extrañeza esta coincidencia
de fecha, es decir, que justo cuando hay una subcomisión creada se
anuncie esa decisión. En cualquier caso, ya nos encontraríamos con
una desconsideración hacia los trabajos y las intenciones de esa
subcomisión parlamentaria, en la que, por cierto, el primer
compareciente fue el señor director general, y podría haber
aprovechado la ocasión, al menos, para informar de sus intenciones
allí. Ni siquiera a eso esperó.
La verdad es que no nos extraña -y ruego a SS.SS. que entiendan esto
que voy a decir como un elemento puramente descriptivo, no
necesariamente valorativo- conociendo el talante habitual del
director general de Radiotelevisión Española en esta Comisión o ante
esta Cámara, pero no podemos dejar pasar por alto una interferencia
que afecta al
futuro modelo que al menos algunos pretendíamos diseñar para
Radiotelevisión Española en esa subcomisión.
Por tanto, no es un problema solamente de formas sino que es un
problema de contenido importante porque con esa decisión se
adelantaba o se introducía un elemento ya insoslayable a los trabajos
de la subcomisión. No voy a entrar en el fondo de la cuestión del
expediente de regulación de empleo. Por tanto, mi intervención, salvo
en un punto al final en que haré alguna alusión al contenido concreto
de la propuesta de la Dirección General, se va a centrar en esa
evasión de control parlamentario que pretendió hacerse, porque aunque
existan métodos de control parlamentario, entre ellos esta
proposición no de ley, aunque hayan pasado bastante meses desde su
registro hasta su debate, entendemos que cuando hay una subcomisión
creada ante la que deben comparecer una serie de personas, entre
ellas el director general, supone -y así lo valoramos- un intento de
evasión de ese control parlamentario establecido constitucionalmente.
De todas formas, es muy significativa la explicación dada por el
señor director general de por qué se inicia el proceso del expediente
de regulación de empleo. ¿Saben SS.SS. por qué precisamente cuando se
constituye la subcomisión se acomete un ajuste de plantillas? ¿Saben
por qué o qué razón ha dado el director general? No se lo voy a decir
yo. Le voy a ceder la palabra al señor López-Amor dentro de la
ortodoxia estricta reglamentaria hasta que medien otras aclaraciones,
leyéndose una respuesta que dio a este diputado, publicada en el
Boletín de la Cámara el 28 de enero. Dice así: La reducción de
personal que se presenta tiene como objetivo dar cumplimiento al
acuerdo del consejo de administración de Radiotelevisión Española de
6 de octubre de 1993 -no he citado mal, de 1993- que aprobó por nueve
votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones la plantilla
total del grupo Radiotelevisión Española.
Hay que señalar al respecto que esta competencia del consejo de
administración le está reconocida en virtud del artículo 8, apartado
f, de la Ley 4/1980, de 10 de enero, por la que se aprueba el
Estatuto de la Radio y la Televisión. Y en un rasgo de simpatía dice:
Simplemente y a título anecdótico, en el acta de la sesión por la que
se adoptó el acuerdo de aprobación de la plantilla se recoge lo
siguiente: La totalidad de los señores consejeros muestran su opinión
favorable al documento elaborado, que es calificado como un documento
de calidad sin excepción por parte de los señores consejeros. Hace
cinco años aproximadamente se decía lo que acabo de señalar.
Me gustaría preguntar a SS.SS. si sospechaban este amable aspecto del
señor director general, el de respeto estricto a los acuerdos del
consejo de administración, claro que son acuerdos del consejo de
administración de 1993, no está tan claro que siga un respeto tan
estricto a los acuerdos de su consejo de administración.
De todas formas, no deja de ser una agravante invocar un acuerdo de
1993, con todo lo que ha llovido desde entonces y todas las
situaciones variables que se han producido, para justificar su
interferencia en los trabajos de la subcomisión.
Insisto, no quiero entrar en el fondo de la cuestión, pero no puedo
dejar de recordar que en la misma respuesta se
evalúa el excedente real de la plantilla en 1.981 trabajadores,
aunque, por las actividades de la televisión temática, hay que
reducir la cifra -decía el señor director general- en unos 400 ó 450.
Sin embargo, tampoco está de más traer a colación que en otra
respuesta del director general, publicada en el boletín de la misma
fecha, el 28 de enero, reconocía que entre el 1 de diciembre y el 30
de noviembre de 1997 se produjeron 350 nuevos contratos, eso sí,
todos temporales. Aún así, la cifra causa un cierto asombro de cómo
se pretende, con una determinada prisa, hacer una cosa y
paralelamente se haya producido tanta contratación.
Para concluir, con independencia del tiempo transcurrido desde la
presentación de la proposición, o sea, siete meses, con independencia
del destino último del expediente de regulación de empleo, con
independencia de la situación en que se encuentra la subcomisión o de
la opinión que se tenga sobre la misma, que puede transitar entre la
de creer que está muerta o simplemente que nació cataléptica, rogaría
a todos los grupos parlamentarios, rogaría a SS.SS. que hoy, por
respeto a las funciones estrictas de control parlamentario
a Radiotelevisión Española, por respeto en definitiva a la dignidad de
esta Cámara, se votara a favor de nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Alcaraz, don Luis
Felipe.
El señor ALCARAZ MASATS: Pocas horas después de inscribirse la
proposición no de ley que acaba de defenderse, nosotros registramos
la nuestra en la misma dirección, en función de la sintonía que
mantenemos ciertos grupos con los representantes sindicales. Están
publicadas el mismo día del mes diciembre, lo que quiere decir que es
un tema que se tenía que haber visto antes, pero que en este momento
podría recibir un voto, que nos parece adecuado, porque el proceso
que se sigue en Televisión Española es inverso a la dinámica que
tenía que haber establecido la subcomisión. Primero hay que señalar
el presupuesto y la dimensión de la casa y, como consecuencia, la
plantilla y el organigrama, y no a la inversa, tal como se ha hecho.
Este expediente de regulación de empleo ha sido además aprobado por
una minoría del comité sindical, puesto que la mayoría, Comisiones
Obreras fundamentalmente, no firma. Los sindicatos que lo han hecho
defendiendo al mismo tiempo que no baje la dimensión de la casa, el
modelo de Radiotelevisión Española y que no se reduzca la
financiación, sobre la base de que firmaban un mal menor o, en todo
caso, con una mala comprensión de la situación y con un cierto, en
este caso sí, sindicalismo de acompañamiento. A mi juicio no han
tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta tampoco por el señor
director general los riesgos que corría poner en marcha este
expediente de regulación de empleo. El riesgo fundamental es la
posibilidad de una progresiva privatización de programas. Lo voy
a explicar brevísimamente también, señora presidenta, porque a nuestro
juicio este es el problema fundamental, junto al tema de que van a
dejar la casa gentes cuya cultura audiovisual no debe ponerse de
vacaciones. Son de enorme importancia para el futuro de la casa y
para el futuro de la producción propia.
En este momento, 52 productoras privadas están llevando el trabajo
principal de la producción que emite la radio y la televisión
pública. Estas 52 productoras privadas suponen un gran aumento con
respecto a todo lo que había existido en conexión con la radio y la
televisión pública hasta este momento; es decir, que está aumentando
esta tendencia, tendencia que va a tener un nuevo alimento a partir
de las consecuencias que se derivan de este ERE, de este expediente
de regulación de empleo. Por lo tanto, está aumentando mucho la
producción privada y se están privatizando una serie de áreas de
enorme importancia, de las que depende el futuro del modelo, de la
dimensión y, en definitiva, teniendo en cuenta los afanes
privatizadores del actual Gobierno, de la propia caracterización como
pública de esta radio y de esta televisión.
En el expediente de regulación de empleo se plantea que sobran
trabajadores de categorías o de zonas de enorme importancia. A
nuestro juicio no sobran de ninguna manera, teniendo en cuenta la
necesidad de la producción propia. Este expediente de regulación de
empleo abarca a trabajadores a partir de 58 años y, en un plazo de
tiempo que ahí se señala, hasta 1.500 trabajadores. Desde nuestro
punto de vista, no se tiene en cuenta la necesidad de recuperación de
esta empresa ni que estamos en una empresa en expansión, en un sector
absolutamente expansivo, que va a tener su dinámica positiva a partir
de lo que aquí se apruebe mañana, una parte de cuyo texto lo
compartimos. Me refiero al protocolo anexo del Tratado de Amsterdam,
en el que se legitiman las televisiones públicas en sus dimensiones
adecuadas y en función de una financiación mixta suficiente.
Cuando se habla del expediente anterior en Radiotelevisión Española
por el equipo directivo a la hora de intentar justificar el actual no
se tiene en cuenta que el expediente de regulación anterior no sirvió
para nada, teniendo en cuenta los objetivos que se habían señalado de
cara al ahorro, a la austeridad, al mejor funcionamiento o de cara a
los planes de la empresa, entre otras cosas porque el anterior
expediente de regulación de empleo no contenía un plan de empresa, un
plan de futuro, como tampoco lo contiene éste. Si no se sabe hacia
qué futuro vamos a lanzar la radio y la televisión pública,
difícilmente podemos tener un plan en ese sentido, pero aunque
hubiera designios secretos con respecto a este futuro, tampoco lo
presenta este plan, que tendría que ir anejo al texto del expediente
de regulación de empleo.
Nosotros deducimos que solamente porque lo ha firmado una parte de
los sindicatos la Administración ha dado el permiso administrativo
correspondiente y la Administración no ha tenido en cuenta que a este
expediente de regulación de empleo tendría que haber acompañado un
plan de futuro, un plan de empresa y un plan de empleo. Por lo tanto,
no hay plan y, por otra parte, no esperan a los trabajos de la
subcomisión, que no está muerta. Nosotros no vamos a aceptar la
voladura gratuita de esta subcomisión, porque eso sería lo que
interesaba a gente que puede tener ya diseñado el modelo de
radiotelevisión. En el plazo que queda, si se señala el dinero
presupuestario para 1999 y se corta, por lo tanto, el aumento de la
deuda y al mismo tiempo se señala la necesidad de un compromiso
cierto, formal y explícito de asumirla y pagarla en el plazo que sea,
pero
de cara a que no pese como una losa sobre la vida diaria de la radio
y la televisión pública, yo creo que la subcomisión puede diseñar el
resto de los temas que quedarían pendientes, pero sin marcar estos
dos previamente, difícilmente puede tener sentido la subcomisión a lo
largo de los próximos meses. Yo tengo esperanzas de que se señale
alguna de las líneas fundamentales de la financiación y con respecto
a la deuda en los próximos días.
Nosotros, señora presidenta, pedimos el voto afirmativo. De no darse
así se apoyará una dinámica en la que 52 empresas privadas, teniendo
en cuenta que ahora necesitarán mayor espacio dentro de la televisión
pública, de cara a la producción ajena, van a ir privatizando sin que
nadie se dé cuenta la actuación de esta radio y televisión pública,
actualmente con mucha mayor facilidad, porque van a faltar a partir
de ahora 1.500 trabajadores, muchos de ellos de enorme importancia de
cara a un futuro que nosotros concebimos para la Televisión Española
incardinado en la matriz europea de lo que es una televisión pública
-hasta Polonia da más dinero público a la televisión que España-
y por tanto no entendemos que se haya iniciado este expediente de
regulación de empleo.
Pedimos, consiguientemente, el voto afirmativo para ver qué
consecuencias puede tener, pero sin ese voto afirmativo seguiría
adelante la dinámica sin ningún tipo de matiz y de crítica, lo cual,
a nuestro juicio, sería absolutamente negativo.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene
la palabra el representante de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Nuestro grupo parlamentario va a votar
en contra de estas dos proposiciones no de ley que nos plantean el
Grupo Mixto e Izquierda Unida. Seguramente la dinámica parlamentaria
general nos obliga muchas veces a pronunciarnos en relación a textos
y propuestas cuya toma en consideración chocaría con lo que es la
pura realidad de los hechos. Estamos hablando de las proposiciones no
de ley planteadas a finales de 1997, cuando el proceso que se
pretende denunciar o parar está absolutamente consolidado.
Señalada esta primera cuestión y sin querer entrar en el fondo del
debate, que es lo que nos planteaba el señor Luis Felipe Alcaraz en
su intervención, nos parece que hoy plantear en el seno de esta
Comisión de control evitar que aquello que fue acordado en su día por
el consejo de administración y también por una parte minoritaria del
comité de empresa con el amparo de la autoridad laboral competente,
siga adelante no tiene ningún sentido. Es más, entendemos que
corresponde al ámbito del consejo de administración hacer el
seguimiento específico de este tipo de decisiones de la dirección.
Ahí se han tenido que producir los debates correspondientes. Por otro
lado, entender que los trabajos de la subcomisión pueden permitir la
paralización de la toma de decisiones que convienen para mantener el
ente público en condiciones de cumplir las funciones que tiene
encomendadas nos parecería un error. La subcomisión no puede ser una
excusa para evitar que se tomen las decisiones que se deben adoptar
en estos meses.
Por tanto, insisto en que sin querer entrar en el fondo de la
cuestión, para nuestro grupo parlamentario sería un error hoy tomar
en consideración estas dos proposiciones no de ley y por ello vamos a
votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: El Grupo Socialista va a votar a favor de
las dos proposiciones no de ley, no sólo porque está de acuerdo en la
forma en que están redactadas y en el planteamiento que han hecho los
dos portavoces que las han defendido, sino por algo más importante.
Se ha dicho que el expediente de regulación de empleo cumple con la
legalidad. ¡Faltaría más! Si no cumpliese con la legalidad vigente,
si no tuviese el apoyo de algún sindicato y el aval de la autoridad
laboral competente, no estaríamos aquí hablando de este asunto, sería
una ilegalidad absoluta y sería otro tema. Aquí estamos hablando de
cuestiones y de decisiones políticas y el problema no es legal sino
político.
Nuestro apoyo, como digo, no sólo se basa en el acuerdo con el texto
presentado y con las alegaciones que han presentado los portavoces,
sino en el respeto a esta Cámara. Esta Cámara aprobó en el mes de
mayo -si las fechas no me bailan en la memoria- la creación de una
subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional que iba a
estudiar el modelo de financiación de Radiotelevisión Española, el
problema de la deuda y las modificaciones necesarias,
fundamentalmente del Estatuto de la Radio y la Televisión pública, y
cuál es el modelo de la radio y televisión pública que el Congreso de
los Diputados considera necesario para este país en este momento. Por
tanto, la subcomisión tenía como misión estudiar una solución al
problema de la deuda, buscar un sistema de financiación que
garantizara mediante los ingresos y gastos correspondientes la
estabilidad necesaria para el mantenimiento de una radio y una
televisión pública en España, las modificaciones legales necesarias
para poner en práctica todo esto y fundamentalmente el estudio de un
nuevo modelo de la radio y la televisión.
Desde la existencia del estatuto de la televisión han ocurrido muchas
cosas que todo el mundo sabe: la aparición de la televisiones
autonómicas, de las televisiones privadas y últimamente de las
televisiones digitales, que modifican sustancialmente el modelo de
radiotelevisión que los legisladores pensaron en el año 1980, en que
se aprobó el Estatuto de la Radio y la Televisión, por lo que hay que
modificarlo y debemos decidir qué modelo queremos de nuestra radio y
televisión. Pensamos que la plantilla de Radiotelevisión Española
está en función de ese modelo. Yo en este momento no puedo decir si
sobra o falta personal en la plantilla de Radiotelevisión Española,
no tengo ni idea. Dependerá del modelo de radiotelevisión que apruebe
esa subcomisión; dependerá de si se van a mantener o no -yo creo que
hay que mantenerlos- los centros territoriales; dependerá de si se
van a mantener cuatro cadenas de la radio pública; dependerá de si
vamos a tener dos cadenas -creo que sí- en la televisión pública;
dependerá de si Televisión Española está dispuesta a mantener el
nivel mínimo exigible en las informaciones obtenidas de
corresponsales
en el extranjero. La plantilla dependerá de tantas cosas que a lo
mejor no sobra personal; a lo mejor sobra personal en una sección y
falta en otra. No lo sé, dependerá del modelo, dependerá de la
televisión pública que queramos los diputados de esta Cámara, y en
función de eso, habrá qué decidir cuál es la plantilla. Por eso me
parece muy poco serio que se haga prácticamente sin constituirse la
subcomisión. Recuerdo que en su sesión constitutiva mi grupo planteó
la petición de que se suspendiese el expediente de regulación de
empleo hasta que la subcomisión dictaminase qué modelo de
radiotelevisión queríamos para este país. Por tanto, me parece una
falta de respeto a esta subcomisión. Hay precedentes en esta Cámara.
Hubo una subcomisión de Sanidad que se estaba reuniendo y trabajando
mucho, a la vez que el Gobierno estaba dictando normas que estaban
modificando el mapa sanitario del país. Aquella subcomisión terminó
como terminó. No nos gustaría que la de televisión terminase igual.
El Grupo Socialista la abandonó por otro motivo, porque en el mes de
abril del año pasado se pidió al Gobierno un informe sobre la
situación, ni siquiera se pedía en aquel informe soluciones a los
problemas, sino simplemente saber cuál era la situación de la radio y
la televisión pública española, porque considerábamos que era
fundamental, era un documento extraordinariamente importante para el
trabajo a desarrollar por la propia subcomisión. En todas las
sesiones de la subcomisión el Grupo Socialista pidió, exigió,
solicitó y rogó que se enviase desde el Gobierno ese informe.
Anunciamos que si en un plazo de tiempo determinado no la presentaban
el Grupo Socialista abandonaría esa subcomisión. Se vio en la
necesidad de hacerlo declarando que el día que el Gobierno enviase
ese informe el Grupo Socialista se incorporaría a la subcomisión.
Queremos llegar a acuerdos, queremos conseguir una modificación de la
situación actual de televisión y garantizar un futuro para la radio y
la televisión pública, pero hay que hacerlo con un cierto respeto. No
se puede aprovechar que está una subcomisión trabajando, hablar de
que hay que hacer un pacto de Estado para sacar a la televisión de la
situación en la que está, y a la vez, modificar soluciones o ideas
que la propia subcomisión pueda dar forzando mediante la aprobación
de un expediente de regulación de empleo las conclusiones de esa
propia subcomisión. Espero a ver el resultado de la votación que va a
haber a continuación. Yo soy muy escéptico; en esta sociedad de la
informática y de la cibernética uno apenas tiene ya posibilidades de
creer en milagros, pero piensa que lo que le pasó a Saulo camino de
Damasco puede volver a ocurrir y alguien se verá iluminado y se dará
cuenta de que el respeto a esta Cámara merece o exige como mínimo la
aprobación de estas dos proposiciones no de ley.
Nos quedan dos posibilidades, o la subcomisión es un planteamiento
serio por parte del Gobierno y del partido que lo apoya de que de
ella salga el modelo de la radiotelevisión, no sólo el análisis del
problema de la deuda y de la financiación sino el modelo de la
radiotelevisión -y por tanto no pueden hipotecarse los resultados de
esa subcomisión a la aprobación y la puesta en marcha de un
expediente de regulación de empleo que ni siquiera el director
general tuvo la amabilidad de explicamos en su comparecencia- y en
este caso, si esa subcomisión goza del respaldo y de la
opinión favorable del Gobierno para sacarla adelante, el Grupo
Popular votará a favor de esta proposición; o la subcomisión no es
más que una pantalla para perder el tiempo, no es más que una
pantalla para que mientras los diputados se reúnen y discuten sobre
cuál es la solución, el Gobierno por su parte ya está elaborando las
medidas necesarias para cambiarla de arriba a abajo merced a su
voluntad conseguida mayoritariamente en esta Cámara.
Por eso, como digo, la votación nos va a indicar muy claramente cuál
es la voluntad del grupo mayoritario, si se toma en serio la
subcomisión o no es más que una pantalla. Dentro de poco, en la
votación, lo veremos. Yo, como siempre, conociendo a mis clásicos, me
temo lo peor.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el representante del Grupo
Popular.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señorías, tomo la palabra en nombre del
Grupo Popular para fijar posición de mi grupo en relación a las dos
iniciativas que ya se han presentado por los representantes de
Izquierda Unida y del Grupo Mixto, que están publicadas en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales del 2 de diciembre. En ambas
iniciativas, como hemos tenido ocasión de conocer, se pretende que el
director general firme la ejecución del expediente de regulación de
empleo que se ha puesto en marcha en el grupo Radiotelevisión
Española hasta que la subcomisión creada en la Comisión
Constitucional ultime sus trabajos.
Yo creo que antes de fijar la posición de mi grupo convendría repasar
un poco cuál ha sido la política de personal del grupo de
Radiotelevisión Española en los últimos años. Mi grupo parlamentario
desde hace mucho tiempo -desde hace mucho tiempo quiere decir desde
finales de los ochenta- viene señalando que la política de personal
del grupo Radiotelevisión Española entendía que no era coherente,
entendía que no respondía a una definición o delimitación de un
modelo de este importante grupo de sociedades y por tanto
considerábamos que era una política de personal no adecuada.
Conviene conocer que, por ejemplo, el número de efectivos ha crecido
y ha disminuido a lo largo de estos años sin un determinado criterio.
Obsérvese que en 1986, según datos que obran en el grupo
parlamentario por respuestas obtenidas de los directores generales de
entonces, el número de efectivos fijos superaba los 10.158. En el
período de 1986 a 1990 el incremento de personal asciende a un 30 por
ciento, de tal forma que los fijos en 1990 estaban en 13.994.
Posteriormente, desde esta fecha, que coincide más o menos con cuando
se rompe el monopolio de Televisión Española, cuando empiezan a
surgir las pérdidas y las dificultades graves para este grupo,
comienza una disminución en la plantilla hasta situarse en 9.660
personas en 1994. Naturalmente, en paralelo con el crecimiento de
personal, que recuerdo que es la primera partida de gasto del
presupuesto de explotación del grupo, se produce el consecuente
incremento de los créditos destinados a este cometido, hasta el punto
que en diez años, desde 1986 hasta 1996, la cifra de gastos dedicada
a personal salta de 39.844 a más de 63.000 millones a finales de
1996.
En esta Comisión y en relación a estas iniciativas se ha hablado
repetidas veces de la posición que mi grupo mantiene
en la subcomisión. La subcomisión que estudia el nuevo modelo que
debe salir de sus conclusiones para el grupo de Radiotelevisión
Española ha sido iniciativa de este grupo parlamentario y
precisamente por la seriedad con la que el Grupo Popular afronta los
trabajos de la subcomisión, hemos recopilado importante información
de los especialistas que hasta la fecha han comparecido en la misma.
En relación a la política de plantilla que estamos intentando
analizar conviene que la Comisión conozca que, por ejemplo,
consejeros comparecientes en la subcomisión tantas veces citada en el
día de hoy han señalado que, en efecto, las áreas de gestión del
grupo de Radiotelevisión Española no están convenientemente dotadas.
Hay áreas que están sobredotadas y hay otras que están por el
contrario infradotadas y puede que sea necesaria una reasignación del
personal en función de las necesidades de cada área. De igual forma,
representantes sindicales han reconocido la necesidad de modificar y
llegar a nuevos acuerdos en lo que a ordenanza laboral y convenio
colectivo se refiere, confirmando de esta forma una tesis que
nosotros habíamos mantenido durante muchos años, que significaba que
la productividad, desde nuestro punto de vista y utilizando datos
oficiales, del personal de Televisión Española estaba muy lejana de
la media de la productividad del sector de la televisión en nuestro
país.
También representantes sindicales nos han podido informar cómo el
personal que del grupo Radiotelevisión sale al mercado considera poco
apetecible entrar en empresas del sector privado, por cuanto que, en
opinión del representante sindical, y así consta en el diario de la
subcomisión, las condiciones socioeconómicas del sector privado son
poco favorables para los trabajadores, lo que quiere decir
naturalmente que las condiciones del sector público son aún mejores.
Con las condiciones socioeconómicas me estoy refiriendo a que el
propio representante del sindicato en cuestión mencionó la no
existencia de un convenio colectivo en el sector.
Por otra parte, también un representante sindical nos aportó una
información que yo considero bastante interesante, que a mediados de
los años noventa el señor García Candau puso en marcha un primer
expediente de regulación de empleo, con todos los fundamentos legales
del caso, expediente de regulación de empleo que pretendía rebajar de
14.000 a 10.000, aproximadamente, el número de personas en el grupo
como trabajadores fijos. El efecto reductor de plantilla de este
expediente de regulación de empleo se vio neutralizado con la
incorporación de personas que tenían puestos fijos. Luego para tal
viaje no hacía falta el más mínimo esfuerzo, porque no consiguió de
ninguna manera disciplinar u ordenar el incremento importante o el
desbarajuste económico que había en relación a los créditos de
Radiotelevisión Española.
Ya se ha hablado aquí del expediente de regulación de empleo que nos
ocupa. Es una decisión del consejo de administración del año 1993. En
efecto, yo recordaba perfectamente que el plan de viabilidad, que
nunca vio la luz y nunca se reconoció como plan de viabilidad formal
por parte del anterior director general, contemplaba esa reducción de
plantilla. Naturalmente, en aquel momento no se pudo desarrollar por
las razones que el director general de
entonces tuviera en consideración. (El señor Aguiriano Forniés:
Vosotros lo bloqueásteis.) Nunca jamás fue reconocido el plan de
viabilidad como formal y, si no, ahí están las actas de las sesiones.
En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en el repaso de la
información que he intentado aportar a la Comisión parece que en
efecto la política de personal no fue coherente, la política de
personal no fue la conveniente, la política de personal no respondía
a ningún tipo de modelo establecido por los responsables de entonces
del grupo Radiotelevisión Española y que naturalmente el importante
incremento de los créditos destinados a este cometido contribuyeron
en parte importante a la situación de generación de pérdidas y de
crisis financiera que el grupo hoy en día tiene.
Toda esta situación conviene tenerla muy presente por cuanto que es
una empresa que tiene desde hace muchos años, desde principios de los
años noventa, una situación financiera muy delicada. Hay que recordar
que en el período 1991-1996 las cifras de pérdidas de explotación,
según la documentación remitida a la Cámara con motivo de la
tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de cada
ejercicio, superan los 480.000 millones y que en el período 1993-1996
se producen aportaciones con cargo a los fondos presupuestados por
importe superior a 100.000 millones de pesetas. Es evidente que si al
director general le exigimos un celo en la administración de los
fondos públicos, y los presupuestos de televisión tienen tal carácter,
y si además ese grupo de empresas recibe dinero del presupuesto,
se le debe exigir naturalmente que intente conseguir minorar las
pérdidas y tratar de ofrecer unos presupuestos de explotación en
mejores condiciones de las que, de no hacerlo, resultarían.
Naturalmente, en el caso de que prosperasen las proposiciones no de
ley, ello significaría mermar muy notablemente las competencias de
gestión que la Dirección General tiene, hasta el punto que si las
proposiciones no de ley sometidas a la Comisión se aprueban, ello
implicaría que de igual forma podríamos evitar o cercenar el ámbito
de competencia del director general en cuanto a mejorar la gestión de
los centros temporales de Televisión Española, en los que también
había disfuncionalidades importantes, o podríamos impedir que el
director general adoptara medidas para conseguir una mejora de la
gestión de los gastos de producción, que todos saben que es la
segunda partida en importancia en el grupo.
Desde el punto de vista formal, ya se ha comentado que el Estatuto de
1980, que es la única pieza del ordenamiento jurídico que rige la
actividad del grupo de Radiotelevisión Española, en su artículo 11,
le confiere al director general la gestión y las decisiones máximas
de impulsar la actividad del grupo. Naturalmente las plantillas
vienen determinadas por las competencias que el consejo de
administración tiene, pero ese requisito formal está cubierto de
manera sobrada por la decisión del consejo de Administración de 1993.
Yo creo que, repasada esta secuencia de acontecimientos que ha
caracterizado la política de gastos de personal, queda claro que la
posición de mi grupo va a ser una posición negativa en relación a las
dos proposiciones no de ley sometidas a debate, porque entendemos que
por parte del director general se cumple la obligación primera de
intentar
poner orden en las cuentas que él ha heredado de gestores anteriores,
entendemos naturalmente que se ajusta plenamente a derecho en lo que
a las decisiones de la Dirección General significa, es completamente
voluntaria y en ningún caso atenta ni significa una falta de respeto
a la voluntad de esta Cámara de diseñar un nuevo modelo del grupo
Radiotelevisión Española.
- RELATIVA A USO CORRECTO DE LA TOPONIMIA GALLEGA POR EL ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA(RTVE). PRESENTADA POR ELGRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente 161/000783).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley relativa al uso correcto
de la toponimia gallega por el Ente Público Radiotelevisión Española.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, representante del Grupo Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Seré muy breve y empezaré por decirles
que no vayan a creer que vivo una realidad fantasmagórica o que estoy
en un proceso de paranoia, porque a lo mejor puede pensar alguien que
el contenido de esta proposición no de ley se trata de un capricho,
sobre todo si vio justamente ayer, veinticuatro horas antes de esta
Comisión, el telediario de Televisión Española donde apareció por
primera vez, después de tres meses de salir una ley en el «Boletín
Oficial del Estado», los topónimos de A Coruña y Ourense
correctamente reproducidos en el mapa del tiempo.
Sin duda, cuando pasan estas cosas quiere decir que estamos ante una
realidad y ante una estructura de poder -no digo ya ante un Gobierno-
francamente hostil, indiferente o ignorante, que es lo peor, de las
causas que llevan a que la identidad cultural, en elementos tan
básicos como los topónimos, tenga que ser respetada. Se trata, en
definitiva, de que no se niegue la existencia del otro, la existencia
simbólica, ya no digo la existencia política y social, y los derechos
que la misma conllevan.
Es curioso que el señor director del ente público, al que no conozco
de nada pero que responde firmando él personalmente, se haya atrevido
a poner por escrito, para justificar tres meses de retraso, en
respuesta que recibí el otro día, que para respetar estas cosas hay
que poner en marcha procedimientos apropiados de cambios de
rotulación y de subtitulaje. Ustedes imaginen lo que es que tarden
tres meses en quitar una ele y poner una u. Yo creo que esto ni en
las sociedades feudales pasaba. Cambiar una ele y poner una u en un
mapa del tiempo no creo que lleve tres meses, y que se haga
condicionado ya por la presión del día siguiente me parece muchísimo
más grave.
Esto indica que si no fuera por una cuestión de legalidad estricta
sin lugar a ambigüedades y por la pertinaz insistencia del gallego de
turno, pasarían vilmente de leyes que votamos por unanimidad, lo cual
ya es decir. Pero es más grave cuando sabemos que hubo cadenas de
televisión privadas que inmediatamente asumieron el topónimo
A Coruña, Ourense antes de estar aprobado incluso en el Senado, una vez
que tuvo lugar la votación unánime del
Congreso de los Diputados, lo cual también es bastante indicativo.
Esta proposición no de ley hay que mantenerla por una cuestión grave.
En la respuesta del señor director del ente público se dice que la
Ley del 5 de marzo de 1998 está para establecer que el nombre de las
capitales de las provincias es A Coruña y Ourense. Nada más falso. La
ley que votamos aquí es para adaptar el nombre de las provincias, que
eso sí es competencia estatal, al nombre que tienen oficial
y legalmente las capitales, que son A Coruña y Ourense, desde el año
1983. Entonces, como esta contestación es tan sumamente grave, me
parece que es muy necesario que le llegue la comunicación de que hay
una legislación precisa y estricta respecto de los topónimos de
Galicia desde 1983. Por tanto, se trata de acuerdo el nombre de las
provincias con el de las capitales, porque estaba distorsionado, y el
Estado lo aceptó de buen grado, porque la única forma legal es
A Coruña y Ourense, no por otro motivo, si fuera A Coruña, La Coruña,
Ourense, Orense, entonces la ley sería igual. Las capitales de
provincia son La Coruña, A Coruña, Orense, Ourense, y no actuó así
porque hay una legislación previa que dice taxativamente que los
nombres de los topónimos de Galicia, de sus ciudades, municipios y
entidades de población son los originarios no deturpados en lengua
gallega, desde 1983.
Como este señor dice que las leyes del Parlamento de Galicia afectan
únicamente al ámbito de competencia de esta comunidad autónoma es
necesario que le llegue la advertencia de que la ley otorga
competencia exclusiva a la Xunta de Galicia en la designación de los
topónimos del país, y por esto ahora tenemos cambiados los nombres de
las provincias, si no, no podríamos. A mí me parece alarmante que se
actúe con esta desfachatez y esta indiferencia y que se pongan por
escrito semejantes barbaridades. Quiero advertir a las señoras y
señores diputados que no se trata de que los invitados que vayan a
Televisión Española ni los diputados digan como les salga de dentro.
Se trata de los usos administrativos y públicos tanto del Ente
Radiotelevisión Española como de los Ministerios. No hablamos de
casuísticas personales e individuales.
El Parlamento de Galicia tiene una ley totalmente bilingüe
y distorsionada contra el gallego, sin embargo, esto fue unánime en
decir que las formas tenían que ser las gallegas por una cuestión
básica, y es porque la forma originaria es una, no son dos, la forma
propia es una, no son dos, y, lo que es más grave en el caso de
Galicia, la forma sin deformar, no esperpéntica, es una, y con unos
ejemplos lo van a entender. El río Verduxo, que quiere decir un río
poco transparente, con las aguas un poco enturbiadas de color verde,
¿saben cómo se llama en la toponimia españolizada? Verdugo. La villa
de Ordes, que es una planta, Órdenes, o sea la militarizaron. Son
barbaridades, eso no es que sea español; es que son auténticas
atrocidades. Todo el mundo conoce Pontevedra y siempre se la llamó
Pontevedra, no hay problema ninguno, antes, durante el antiguo
régimen y hasta en el capitalismo que vivimos, y los más españoles
dicen Pontevedra, o dicen Ponteceso, pero resulta que en otras villas
de Galicia más pequeñas a las que iban veraneantes de Madrid se llama
desde el siglo XIX Puentedeume, Puente. Entonces, tenemos unas
españolizadas la mitad, otras enteras como deben de ser, otras con
barbaridades de este tipo Puenteareas -ahora ya le pusieron
Ponteareas-. Este es un motivo por el cual allí los partidos
políticos, al margen de su ideología política, tuvieron que reconocer
que había que restaurar eso a la forma originaria, porque si no era
una burla, un auténtico atropello, pero un atropello de falta de
sentido común. Yo les doy esta explicación para que queden tranquilos
de que no se trata de la normalización de la lengua gallega, que la
pobre está muy lejos de alcanzar esa normalización social y política.
Ahora, como esto lo tienen que admitir por la insistencia del gallego
de turno, yo les pediría que le mandemos otro nuevo avisito al
director de Radiotelevisión Española diciéndole que a nivel político
ya está asumido y que incluso hay resoluciones por unanimidad del
Pleno del Congreso de los Diputados. Yo creo que quince años de
vigencia de la ley darían para que estuviese cumplida, pero hay
quince años que se la pasan por el forro.
De todas maneras quiero agradecer al señor director general su
sensibilidad y su gran premura, como diría el otro, en haber cambiado
ayer el mapa meteorológico, que no deja de ser una satisfacción de la
cual estamos muy agradecidos, porque eso de ver A Coruña y Ourense en
un mapa del tiempo, aunque a ustedes les parezca mentira, allí costó
multas, incluso prisión y juicios por desacato y ya el Partido
Popular dice que hasta las matrículas de los coches se van a cambiar.
Afortunadamente. Todo para bien.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene
la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, manifestamos la total
conformidad con la proposición no de ley planteada, en la medida en
que recuerda la necesidad de aplicar la nueva legalidad existente, y
una legalidad, por cierto, preexistente ya desde hace muchos años,
como se ha dicho. Nuestro grupo entiende que éste no es un tema menor,
porque se fundamenta en aquellos principios estatutarios
y constitucionales del respeto hacia el pluralismo lingüístico, hacia
los hechos diferenciales fundamentados en culturas que tienen como
lengua propia y oficial determinadas comunidades autónomas en nuestro
Estado y, por tanto, este tema en la consideración de nuestro grupo
no es un tema menor.
Señor diputado, en Cataluña tuvimos también una experiencia
semejante, afortunadamente resuelta, aunque no del todo, porque
todavía en este momento tenemos en los medios de radio y televisión
públicos de cobertura estatal algunas intervenciones, no de
tertulianos, invitados o personas externas a lo que puede ser el ente
o sus órganos directivos, gestores o profesionales, sino de estos
mismos profesionales en las que aún utilizan de una forma inexacta la
toponimia y los nombres de Lleida o de Girona, aunque reconocemos que
se ha avanzado y que el paso que se ha dado en este es muy importante
en los últimos quince años. Quizá se ha avanzado por motivos
extraadministrativos, quizá habría que buscar en cosas como el
deporte, el fútbol, la presencia del Lleida en primera división
durante una temporada, como hecho que ha contribuido; o como antes se
citaba aquí, el caso del Villarreal, al que deseo la misma
experiencia en el ámbito del conocimiento y de la proyección.
Quizá eso ha contribuido más a que se utilicen correctamente
los toponímicos, en este caso el nombre de una ciudad, pero creo que
deberíamos esforzarnos por hacer llegar el mensaje a la dirección
general del ente público para que mantuviera ese tono, y que las
instrucciones que tuvieran todos los profesionales que ejercen en la
casa fueran las de contribuir con su actitud personal a que este
hecho, que en este momento parece que debería estar ya superado
ampliamente, no se repitiera y que, en todo caso, el tema del respeto
hacia lo que es la personalidad de las naciones que conviven en el
Estado español fuera un ejercicio del día a día. Por tanto, nuestro
grupo votará a favor de esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros comprendemos la contenida
indignación del señor Rodríguez, porque efectivamente hay que
respetar, de manera cada vez mas rigurosa, los procesos de
normalización lingüística, a los que se está procediendo con ciertas
dificultades tanto en Euskadi como en Cataluña o en Galicia. Poco a
poco se van superando las trabas que no tienen justificación técnica,
porque es simplemente cambiar una letra u otra. Se trata de trabas de
tipo simbólico. No se acepta fácilmente el cambio cuando se ha
impuesto previamente a través de procesos de diglosia que todos hemos
sufrido, incluso los andaluces, en el período anterior (no me refiero
al democrático anterior, sino al anterior al democrático), y que
incluso en algunas zonas seguimos viviendo actualmente. En Andalucía
en muchos textos se contiene la definición de que el andaluz es una
corrupción del castellano y no un idioma in situ, moderno,
fundamentalmente oral. Por tanto, comprendemos la propuesta del señor
Rodríguez y la vamos a apoyar, porque no se puede admitir el cambio
de topónimos, ni siquiera en el caso de Verdexo, aunque los verdugos
llevaran el capuchón verde. Ni siquiera esa traslación metafórica es
aceptable, porque cambia un topónimo que fundamenta el sustrato
simbólico de lo gallego en este caso y en muchísimos otros.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Únicamente quiero manifestar cuál es la
posición en esta cuestión del Grupo Parlamentario Socialista, que
recibe con enorme interés y oportunidad la proposición del Grupo
Parlamentario Mixto y, en concreto, del Bloque Nacionalista Galego.
Con interés, porque pensamos que nadie como esta Comisión ha de estar
interesada en que se cumpla exquisitamente el artículo 4.º del
Estatuto del Ente Público de Radiotelevisión Española, en el cual se
preserva el pluralismo en su sentido más amplio, incluido el
pluralismo lingüístico. Interés que desde luego sobrepasa incluso a
esta Comisión, porque todos los diputados de esta Cámara también
debemos velar exquisitamente por el cumplimiento de la normativa
vigente, tanto de la ley de normalización lingüística, aprobada por
el Parlamento de Galicia, como de la que en marzo del presente año
llevó a cabo esta Cámara para
admitir el cambio de nombre de las provincias de A Coruña y Ourense,
para tomar el nombre de las ciudades que ya recibían este nombre en
la toponimia original gallega, aprobado por el Parlamento de Galicia.
Si hemos señalado el interés, también queremos señalar la
oportunidad, porque habiendo transcurrido un plazo de tiempo
suficientemente razonable -esta proposición es del año 1997-, sin
embargo hemos podido comprobar cómo este mismo lunes, en el
Telediario de las tres de la tarde, en los mapas del tiempo aún no se
había corregido la toponimia tanto de A Coruña como de Ourense. Por
eso estimamos que es oportuna y necesaria esta proposición no de ley.
Desde luego, en este momento también, y habiendo comprobado que ayer
martes ya se había procedido a la corrección, quiero felicitar al
Ente Público Radiotelevisión Española por su corrección, así como a
los parlamentarios del Partido Popular en esta Cámara y en esta
Comisión, porque estimamos que habrán contribuido a que se haya
corregido algo que entendíamos que no se ajustaba a la legalidad,
pero sobre todo que hería la sensibilidad de muchos gallegos y de
otros que, sin ser gallegos, somos gallegoparlantes.
La señora PRESIDENTA: El señor Fariñas tiene la palabra.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Para empezar, siento enormemente que el
señor Rodríguez no nos acompañe en este momento, espero que lea por
lo menos el «Diario de Sesiones» y que algo tenga que decir a las
argumentaciones que desde esta humilde posición, no olvidemos que
también de gallego, voy a exponer hoy en esta Comisión. Para el
tiempo que estuvo, seguramente también podría haber traído una
grabación y no hubiese sucedido nada.
Se nos presenta hoy aquí a debate una proposición sobre el uso de la
toponimia gallega por parte del Ente Público Radiotelevisión
Española. Anticipo que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar
decididamente esta proposición, pero no sin antes exponer una serie
de argumentos que me parecen inexcusables para una mejor fijación de
la realidad y la concordancia con el objetivo de esta proposición.
Desde luego, siento mucho que el señor Rodríguez, como paisano mío,
tenga una postura que yo no puedo considerar aceptable, ni muchísimo
menos, porque lo único que hace es fomentar (como el grupo al que
representa, y tengo que decirlo claramente) una división entre las
gentes que habitan y pueblan Galicia, haciendo bandera en este caso
de la lengua como arma y como disculpa. Si esta propuesta viene con
fecha 11 de diciembre, y en su propia exposición de motivos se
asegura que en su trámite en las Cortes falta como único paso la
aprobación en el Senado para que se adopten los topónimos gallegos
por parte de Radiotelevisión Española, se debe reconocer que esta
Cámara ha aprobado esas modificaciones o esas rectificaciones. Pero
para justificar esta presentación en Comisión se alude a la Ley 3/
1983, de Normalización lingüística de Galicia, que, sí es verdad,
lleva aprobada quince años, pero también es verdad -y no hace falta
que se lo recuerde aquí a S.S.- que las normas o leyes aprobadas por
los parlamentos autonómicos tienen un ámbito de aplicación que se
circunscriben al ámbito competencial y territorial de la comunidad
autónoma.
Queda, pues, meridianamente claro que a nivel nacional y para la
emisión de programas a todo el territorio no hay
ninguna norma, ninguna disposición que hubiese obligado desde el año
1983 hasta hace tres meses a Radiotelevisión Española a utilizar
topónimos que no estaban aprobados por el Parlamento nacional. Yo
estoy seguro, además, de que contradiciendo de nuevo al señor
Rodríguez, el Gobierno ni es indiferente, como queda palpable, aunque
sólo hayan transcurrido 24 horas, ni hostil, entre otras cosas porque
hostil e indiferente son tremendamente contradictorios y
contrapuestos, y muchísimo menos ignorante, porque aquí, aunque sólo
sea por cortesía parlamentaria, cada uno sabe el papel que está
jugando y cómo lo tiene que jugar.
Así las cosas, no cabe más que afirmar que se presentó esta
proposición no de ley por un interés meramente oportunista para
vender, a modo de bandera galleguista, algo que estaba ya en trámite
de ser aprobado en diciembre de 1997. Desde el Grupo Parlamentario
Popular no debemos admitir como seña de identidad de nadie ningún
movimiento individualista en defensa de la lengua gallega, porque en
ese movimiento estamos todos los diputados gallegos y las gentes de
Galicia. Insisto, tanto los que estamos aquí, pertenecientes
a cualquier grupo parlamentario, como los que, no olvidemos, están allá
y que con una mayoría absoluta han dicho sí a esta ley, que
curiosamente son y pertenecen a un partido que ahora se pretende
censurar; y me hace gracia que a la hora de la verdad se diga que
pretendemos distorsionar un bilingüismo. De ninguna manera, y tengo
que recurrir inexcusablemente también a algunos argumentos que no
pretendía utilizar, pero a la hora de valorar y utilizar la toponimia
gallega se debería adecuar por parte de algunos grupos, ya que de
forma reiterada e injusta no se une a esa legalidad vigente, término
acuñado en esta proposición no de ley (legalidad vigente, repito), la
que ellos utilizan habitualmente, incluso en escritos oficiales
firmados por algún parlamentario que se sienta hoy aquí en esta
Cámara, utilizando términos que no son aprobados por quien tiene que
serlo, por quien rige las normas de normalización lingüística en
Galicia, que es la Real Academia de la Lengua Gallega. Utilizar
España, por ejemplo, con nh y sin ñ, como Coruña, con nh y sin ñ, o
como A Galiza por Galicia, por no seguir, no es lo correcto, no es lo
aprobado legalmente. Por tanto, si recurrimos a la legalidad vigente
para unas cosas, tenemos que recurrir a la legalidad vigente para
otras, porque no olvidemos que esa ley 3/1983 también fue aprobada en
ese sentido.
Aún no han sido reivindicados en ese Parlamento estos vocablos, puede
que lo sean algún día; pero si tenemos que calificar algo de
atropello no es precisamente lo que desde el Parlamento autonómico de
Galicia se promulga y se propaga como defensa del interés general de
los gallegos. Defender por un lado lo que hoy se defiende aquí y por
otro lado lo contrario, es como defender a tirios y a troyanos
independientemente, indiferentemente, y según conviene en cada
ocasión.
Señorías, señora presidenta, en Galicia desde hace mucho tiempo se
practica un bilingüismo aséptico, limpio y democrático, no impuesto,
que aquí de imposiciones bastante sabemos; se utiliza por parte de la
población sin ningún tipo de problemas y conviven de forma natural el
gallego y el castellano. Yo creo que algún respeto a los derechos
constitucionales del ciudadano tenemos que mostrar también, por lo
menos desde el rigor que supone el ejercicio
del Gobierno. Con respecto a esa distorsión o a ese bilingüismo
problemático, a esa utilización del gallego, tenemos que decir que no
tenemos más que recurrir a recientes encuestas del CIS sobre su
utilización, incluso a nivel administrativo. Yo no quiero hacer
comparaciones con otras autonomías cuyo problema no conozco tan bien
como el mío, pero el CIS lo deja meridianamente claro.
En este sentido, tengo que decir que por muchas cámaras que aprueben
mil iniciativas, los gallegos van a seguir utilizando Ourense y
Orense, La Coruña y A Coruña, indistintamente y comprendiéndose
perfectamente, sin ejercer en ningún momento ninguna agresión al
lenguaje, porque como sociedad bilingüe tiene derecho a utilizar el
idioma que crea oportuno y en el momento en que lo crea oportuno. Eso
no es una agresión.
Ya no digamos si en lugar de hablar de gallegos tenemos que hablar de
otros españoles residentes en otras comunidades autónomas, que
tendrán que utilizar aquellas expresiones que consideren más
familiares, más oportunas o incluso más fáciles de pronunciar, porque
todos sabemos que hay fonemas en algunos de los idiomas que comparten
con el castellano la oficialidad en distintas comunidades autónomas
que son de difícil pronunciación para el resto de los castellanos.
Cada uno, repito, usará lo que le parezca más oportuno. Digo esto
porque, a pesar de que se aprueben normas en sentido contrario,
incluso nadie se puede creer que se vaya a utilizar Puente-Arenas,
Puentedeume o Cerezal; aquí a nadie se le ocurre pensar semejante
cosa. Aunque nos lo impongan, los gallegos seguiremos utilizando los
topónimos que hemos utilizado siempre en gallego.
Haciendo caso de la expresión que también se utiliza en la
proposición, tengo que decir -repito, el momento es oportunista- que
Televisión Española ha respetado y sigue respetando -porque es y debe
ser su obligación respetar- las normas que emanan de este Parlamento
para su aplicación a todos los niveles administrativos.
Por tanto, como ya afirmé al principio, nosotros apoyaremos esta
moción. Y ahora que está el señor Rodríguez, me gustaría, hacerle una
matización, aunque como experto lingüista, que sé que lo es, no
necesita que yo lo haga, pero me gustaría que conste en los «Diarios
de Sesiones». El río Verdexo, como su propio nombre indica en
gallego, procede de verde, aunque verde sea relacionado con turbio, y
la acepción original de la palabra verdejo, o verdugo, como él quiso
decir, no es simplemente un término de connotación peyorativa en
cuanto a ejecutor de sentencias; verdugo, lo sabemos todos, también
significa capuchón para protegerse del frío o también los
verduguillos, alguaciles que vestían de verde. Por tanto, la palabra
emana de verde y no de ninguna otra cosa.
Por finalizar en un tono mucho más distendido -y termino, señora
presidenta-, quiero señalar que, a pesar de la especial preocupación
del grupo proponente por la información meteorológica y que aparezca
A Coruña y Ourense, las temperaturas en Galicia, a pesar de ello, no
han variado, siguen y van a seguir siendo exactamente las mismas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por alusiones, el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero advertir que si yo tengo que salir disparado
es porque estoy en otra Comisión, en la Comisión de Industria, donde
está el señor Piqué a punto de responderme a una serie de cuestiones.
Bastante desgracia es tener que andar corriendo por el pasillo
continuamente. Sabe perfectamente bien que no es mi estilo -lo sabe
incluso el señor diputado del Partido Popular-, que no me caracterizo
por ser jeta. Aprovecho la ocasión para decirlo, pero da igual.
De todas formas, creo que hay una cosa que debíamos tener clara.
Traigo aquí una proposición no de ley (que es objetivo) de diciembre
de 1997, que es objetivo, que en los años 1997, 1996, 1995 había una
ley que había que respetar que se la pasaban por el forro. Pero es
que hay más: en el año 1997 había una ley aprobada por este Congreso
de los Diputados que debía cumplirse y que avalaba ya, desde el punto
de vista estatal, que esto se hiciese así. Posiblemente los gallegos
vayamos a comer igual, no digo mejor, con A Coruña y con Ourense, pero
creo que esa concepción del problema lingüístico nos está llevando a
donde nos está llevando, que es al deterioro progresivo de nuestra
lengua y a que posiblemente algún día dejemos de comer también, pero
ese ya sería un gran debate en el que no voy a entrar.
Quiero decir que hay una ley de 1983 que es restrictiva y hay que
cumplirla y que obliga a todo el Estado, a la Administración, no a
los individuos en su dialéctica personal, que allá lo que quieran
hacer; si la gente se realiza diciendo La Coruña, que lo diga, a mí
me trae sin cuidado. Lo que yo quiero es que la Administración, los
organismos públicos del Estado, los entes públicos respeten la ley,
porque un principio básico de una democracia burguesa es respetar las
leyes que nos damos a nosotros mismos. Nada más que eso. No voy a
entrar en otro tipo de consideraciones porque ¡manda caray! lo que
hay que escuchar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: En todo caso, pido excusas al señor
Rodríguez porque yo no sabía que estaba interviniendo en otra
Comisión. Sin que lo entienda como una connotación negativa ni como
un ánimo de menospreciar su labor parlamentaria, reitero mis excusas
por mis palabras ante su asistencia en el momento en que he iniciado
mi intervención.
- POR LA QUE SE INSTA AL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA(RTVE)
AQUE PROCEDA A LA RETRANSMISIÓN EN LAS DOS CADENAS DE TELEVISIÓN
ESTATAL DE DETERMINADOS ACONTECIMIENTOS O COMPETICIONES DEPORTIVAS DE
INTERÉS PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LENGUA PROPIA EN SU LENGUA
OFICIAL.
PRESENTADA POR ELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/
000915).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley por la que se insta al
Ente Público Radiotelevisión Española a que proceda a la
retransmisión en las dos cadenas de televisión
estatal de determinados acontecimientos o competiciones deportivas de
interés para las comunidades autónomas con lengua propia en su lengua
oficial.
Tiene la palabra el proponente, don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La verdad es que cuando intervengo en nombre
de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya para defender esta
proposición lo hago gratamente porque entiendo fundamentalmente que
es proposición que se explica por sí misma, que no requiere de mucha
explicación. Además, seguramente todas SS.SS. van a entender el
sentido y lo que pretende, sobre todo lo van a entender con gran
rapidez aquellas señorías que siendo aficionados al deporte además
hablen una lengua distinta del castellano.
El origen o la fundamentación jurídica última de la pretensión de la
proposición se puede ubicar en la propia Constitución. Como S.S. no
ignora, el artículo 3 de la Constitución establece todo el sistema
que debe regir para el respeto estricto y la promoción de las
lenguas, tanto del castellano como de las lenguas distintas al
castellano y de otras modalidades lingüísticas en el conjunto del
Estado. Pero no está de más recordar que salvo en este artículo 3, la
única mención explícita que nuestra Carta Magna hace del pluralismo
lingüístico lo hace precisamente en el artículo 20, para establecer
que sea un elemento básico el pluralismo lingüístico, conectado a la
libertad de expresión, el que rija el funcionamiento de los medios de
comunicación y lógicamente de los medios de comunicación públicos. A
mayor abundamiento, el Estatuto de Radiotelevisión, en su artículo 4,
ha fijado el pluralismo lingüístico también como un elemento básico.
Sin embargo, para no perdernos en la pura retórica de la enumeración
de unas causas de discriminación -y entre ellas al final siempre
aparece la de la lengua o, dicho en positivo, se sirve a unos
principios genéricos y al final siempre aparece como coletilla el
pluralismo lingüístico- , hay que entender que una visión de las
lenguas cooficiales como un instrumento moderno de comunicación, de
generación de identidades no excluyentes y también como una
aportación libre a un enriquecimiento de una dinámica pluricultural
exige una presencia muy activa en los medios de comunicación de
masas, una visión no antropológica o arqueológica de estas lenguas. Y
ello significa que también en la programación encuentren su lugar
programas que, por captar más la atención del espectador, porque
existe un mayor interés, porque la realidad sociológica que envuelve
al evento dirige más al espectador hacia ese programa, se emita en
lenguas distintas del castellano. Desde luego nos encontramos en el
caso de las retransmisiones deportivas.
También hay que recordar que de la declaración como lengua propia
cooficial se sigue, desde el punto de vista estrictamente jurídico,
que hay que promover un respeto a los derechos de los hablantes en
las lenguas distintas del castellano y una obligación para todos los
poderes públicos -insisto en el todos-, no solamente los de la
comunidad autónoma que ha proclamado una lengua como propia y como
cooficial, sino también para el conjunto de poderes del Estado en las
actuaciones que les son propias en su marco de competencia,
incluyendo ahí la radiotelevisión
pública española. Estos son, por lo tanto, los argumentos de índole
política y jurídica que quería explicar a SS.SS.
A este texto ha sido presentado una enmienda del Grupo de Convergència
i Unió, al que agradezco el interés que ha mostrado, que, como sabe
su portavoz, nosotros en principio estábamos dispuestos a aceptar. Lo
que sucede es que ha generado menos consenso que nuestra propuesta
originaria. En este sentido, no aceptamos ahora la enmienda de
Convergència i Unió y mantenemos el texto que hemos presentado.
La señora PRESIDENTA: Como se acaba de indicar, Convergència 1 Unió
ha presentado una enmienda y, por tanto, tiene la palabra el señor
Burballa para defenderla.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, la proposición no de ley
que presenta el Grupo Mixto y que ha defendido el señor Alcaraz trata
un tema que ha sido motivo de preguntas e intervenciones de nuestro
grupo desde el momento en que el Ente Público Radiotelevisión
Española retransmitió los partidos de fútbol de la Copa del Rey, en
los que participaba el Fútbol Club Barcelona en sistema dual, con la
lengua catalana como segunda opción en el territorio de Cataluña y
que, a juicio de nuestro grupo, pone de manifiesto la discriminación
a la que la actual dirección del Ente público somete la lengua propia
de Cataluña.
Nuestro grupo, a través de mi compañero Carles Campuzano, le preguntó
al director general hace unas semanas sobre este tema y la respuesta
del director general, señora presidente, no fue satisfactoria y se lo
dijimos a continuación. No fue satisfactoria porque nos vino a decir
-y creo que lo dijo textualmente- que el idioma oficial de La Primera
era el castellano y que, en todo caso, el catalán quedaba para
opciones en La 2 y que, Radiotelevisión Española -añadió-, siguiendo
en esa línea de potenciación del catalán y de contribución a la
normalización lingüística que ha hecho no solamente con el centro
territorial de San Cugat, sino también con Radio 4, hacía un gran
esfuerzo técnico en aportar el sistema dual para que se pudieran ver
y escuchar los partidos, y especialmente los de gran interés en
Cataluña, en catalán por el sistema dual como segunda opción.
Nosotros dijimos al director general que entendíamos que esa
situación no era concurrente con lo que manda la Constitución y el
Estatuto, en el mismo sentido que plantea el señor Alcaraz en su
proposición no de ley.
Todo ello viene agravado porque esta decisión, que cuenta con
precedentes recientes -porque en este momento SS.SS. deben saber que
los partidos del Mundial se están dando en Cataluña de la misma
manera, en segunda opción y en el dual en catalán-, se ha logrado
haciendo un gran esfuerzo técnico, dice el ente público -y nosotros
estamos seguros de que es así-, pero este gran esfuerzo técnico se
concreta en que la retransmisión solamente la puede oír en catalán un
núcleo muy reducido del territorio de Cataluña, porque
tecnológicamente el dual no da para más. Quizá esta situación se
debería corregir, es posible, pero de todas formas la enmienda que
hemos presentado pretende que en los acontecimientos deportivos y las
competiciones de interés para las comunidades autónomas que tienen
lengua oficial propia, si se emiten en el respectivo territorio,
aunque
sea en sistema dual, se utilice como primera opción la lengua propia
y oficial de la comunidad autónoma, porque entendemos que así se
cumple mejor el principio constitucional y estatutario del pluralismo
lingüístico, el principio que aquí esta mañana hemos tratado
frecuentemente.
Quiero decir a SS.SS. que la letra y el espíritu de los artículos 3 y
4 de la Ley 4/1980, de Estatuto de la Radio y la Televisión, van
claramente en esa dirección. Igualmente contradice la normativa
vigente, en cuanto a la normalización de la lengua catalana que ha
aprobado el Parlamento de Cataluña, el hecho de que en este momento
se siga emitiendo en el ámbito de Cataluña y en catalán solamente por
el sistema dual y como segunda opción retransmisiones deportivas y
acontecimientos como los que se plantean en la proposición no de ley,
de gran interés en Cataluña.
También hay pronunciamientos, señorías, del Consejo Asesor de
Radiotelevisión Española, así como del Sindicatos de Periodistas que
SS.SS. conocen perfectamente y que no voy a citar de nuevo aquí. En
ese sentido habíamos planteado nuestra enmienda. Señorías, nuestra
enmienda no transgrede ni se diferencia, en absoluto, del contenido
de la proposición no de ley y como la posición de nuestro grupo ha
sido siempre encontrar consenso entre los grupos parlamentarios,
a pesar de que este tema nosotros lo seguimos y seguiremos
reivindicando ante las instancias pertinentes, retiramos nuestra
enmienda para conseguir que la proposición presentada por el Grupo
Mixto y en su nombre el señor Alcaraz, pueda ser aprobada por todos
los grupos parlamentarios. En ese sentido le doy las gracias, señora
presidenta, señorías.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente, señora presidenta, para
decir que me congratulo de la retirada de la enmienda que ha
presentado el señor Burballa en nombre de su grupo parlamentario,
puesto que ello permite a mi grupo apoyar también favorablemente esta
iniciativa con nuestro voto.
La señora PRESIDENTA: El señor Martínez Laseca tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Voy a fijar la posición del Grupo
Socialista en relación con esta proposición no de ley del Grupo Mixto
que pretende se proceda a la retransmisión en las dos cadenas de la
televisión estatal y en su lengua oficial de determinados
acontecimientos o competiciones deportivas de interés para las
comunidades autónomas con lengua propia.
Ya se ha hecho aquí referencia a distintos aspectos de índole
jurídica y política, como es el artículo 3 de nuestra Constitución,
donde se trasluce esa idea de España como país con una realidad
lingüística plural, que en su tercer apartado sanciona ese especial
respeto y protección que se debe tener a la diversidad lingüística,
señalando al mismo tiempo que incumbe a los poderes públicos de
manera especial cuando advierte que la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección. En la
exposición de motivos, y así se ha señalado por el portavoz del Grupo
Mixto, se hace referencia al artículo 4 del propio Estatuto de
Radiotelevisión, donde se establece que la actividad de los medios de
comunicación social del Estado se debe inspirar entre otros en el
principio del pluralismo lingüístico.
En las líneas generales de programación televisiva de las diferentes
televisiones hay una cosa que sí contempla siempre con especial
interés -mucho se ha hablado sobre ello- y obviamente es la emisión
de los diferentes eventos deportivos de masas, que suponen una
demanda de audiencia por ese interés mayoritario que tienen.
Parece lógico, con relación a todo esto que venimos comentando, que
la televisión pública española, como servicio público esencial que
es, debe servir con el máximo respeto a esos valores que reconoce
nuestra Constitución y entre los que se encuentra el mencionado
pluralismo lingüístico. También abunda en lo mismo la Ley 21/1997, de
3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos; en concreto, en su
artículo 5, señala que con el fin de atender a las diferentes lenguas
oficiales del Estado, todas las competiciones o acontecimientos
deportivos catalogados de interés general podrán ser retransmitidos
en la lengua oficial propia de la correspondiente comunidad autónoma.
No es ajeno el momento que estamos viviendo, y no es otro que el
Mundial de Francia 98. Se ha planteado toda una serie de problemas
que en cierto sentido, aunque no en la línea que sigue esta
proposición no de ley, daban esa respuesta y venían a ser los
acuerdos establecidos entre la Federación de organismos de Radio y
Televisión Autonómicos (Forta) y Televisión Española. La Forta agrupa
a una serie de televisiones, entre las que se encuentran las
televisiones autonómicas que alcanzan una audiencia en torno a los 30
millones de espectadores, entre los que se sitúan los
teleespectadores de lenguas distintas al castellano. Ése es un
problema en el que la dirección de Radiotelevisión Española no ha
mantenido una postura similar a la que mantuvo en otro acontecimiento
de tanta relevancia como este Mundial, en aquel caso era el Mundial
disputado en Estados Unidos, y en éste hemos visto que no se ha
logrado el acuerdo.
Entre los antecedentes que tenemos y que sirven para indicar cuál ha
sido la postura del Grupo Parlamentario Socialista en el último
debate de política general en torno al estado de la Nación, el PNV
presento una resolución, la número 41, que fue respaldada
unánimemente, instando al Gobierno a que realice las oportunas
gestiones ante Radiotelevisión Española para que, en la medida que
técnica y jurídicamente sea posible, los ciudadanos que así lo deseen
puedan seguir las retransmisiones televisivas del Mundial de Fútbol
1998, en el ámbito de las comunidades autónomas y en las distintas
lenguas oficiales del Estado.
Nosotros mantenemos ese planteamiento, en coherencia con el respaldo
que el Grupo Socialista dio a esa resolución en el debate sobre el
estado de la Nación, buscando el equilibrio, el acuerdo, la
reciprocidad aceptando la diversidad y la pluralidad, el respeto al
pluralismo lingüístico también se recoge en los estatutos de las
televisiones autonómicas, y creemos que la convivencia es siempre
fruto del equilibrio y del acuerdo.
Por todo lo expresado, votaremos a favor de esta proposición no de
ley.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular y quiero dejar bien claro que creo nos consta a todos que
Televisión Española no sólo respeta en su actividad cotidiana el
pluralismo lingüístico, en cumplimiento del artículo 4 de su
estatuto, sino que también colabora activamente con su programación
en la difusión y fomento de todas las lenguas vernáculas cooficiales
en las distintas comunidades autónomas; en muchas comparecencias del
director general así se ha reconocido también por diferentes grupos.
Quiero resaltar en esta actividad los convenios que se están firmando
con las comunidades autónomas, que también contemplan la posibilidad
de que sean emitidos los espacios que se están dando a comunidades
autónomas en sus propias lenguas autóctonas. En efecto, y por medio
de sus centros territoriales, Televisión Española emite diariamente
su programación regional, en todo o en parte, en la lengua de la
región o país que abarca su ámbito de emisión; así, País Vasco,
Navarra, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares emiten todos o
una parte de sus informativos y magazines en la lengua autóctona.
Igual consideración cabe, aunque con mayor extensión y profundidad,
respecto a Cataluña, por medio del centro de producción de Sant
Cugat. Habría que resaltar que dentro de estas programaciones
específicas, y para cada una de las comunidades personalizada en su
propia lengua, también se encuentran algunos programas deportivos,
incluidas las retransmisiones.
También hay que decir que hay personas que piensan que
retransmisiones como las de selecciones nacionales tienen que
llevarse a cabo en el idioma que es común a todos los españoles. Es
una opinión que debemos poner sobre la mesa, y también debemos
resaltar que hay espectadores que se quejan por la pérdida de ciertos
comentaristas que han sido grandes deportistas, como Pedro Delgado,
Ángel Nieto o Andrés Jimeno, entre otros, para hacer retransmisiones
en la lengua autóctona de las comunidades autónomas.
El respeto a la pluralidad de audiencia que se pretende proteger es,
precisamente, el principal fundamento de la existencia de las dos
cadenas estatales, una más generalista, como bien sabemos, y otra más
sectorializada y con un marcado carácter cultural. Por ello, la
utilización de las dos cadenas simultáneamente sería claramente
perjudicial, y al decir simultáneamente me refiero al mismo idioma
para una parte de la audiencia. La solución técnica adecuada para
atender la solicitud de retransmisiones en doble lengua es la
utilización, como ya se ha comentado, por cierto, esta misma mañana,
del sonido dual en las emisiones. Ello exige una red de retevisión
que esté preparada para ello, circunstancia que, según nuestras
noticias, ya empieza a darse. De esta forma, en cada comunidad los
espectadores dispondrán de sonido en castellano y en su lengua
respectiva.
Podemos decir que en estos momentos Radiotelevisión Española está
negociando los correspondientes contratos con Retevisión para emitir
con sonido dual en todos los centros. También habría que resaltar,
independientemente
de la marcha de dichas conversaciones, que es preciso tener presente
las dificultades que esta nueva situación puede comportar. A un
incremento sensible de los costes sobre unos aspectos técnicos hay
que sumar la insuficiencia de posiciones de comentaristas en muchos e
importantes acontecimientos que tienen las posiciones limitadas, así
como el mayor capítulo presupuestario destinado a gastos de viaje,
dietas, estancias, etcétera. Televisión Española trata de complacer
al máximo las peticiones que le formula su audiencia, pero también -y
eso debemos tenemos claro- debe moverse siempre dentro de sus
posibilidades técnicas, logísticas y económicas.
Teniendo en cuenta todo lo que he dicho para que conste el sentido de
nuestro voto y resaltando el esfuerzo que está haciendo
Radiotelevisión Española, pensamos que debemos seguir trabajando en
la línea de fortalecimiento de la pluralidad lingüística, por tanto,
señora presidenta, el voto del Grupo Parlamentario Popular será
favorable a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a las votaciones de las
diferentes proposición no de ley. (El señor Burballa i Campabadal:
Pronuncia palabras que no se perciben.)
La presidenta dijo que las votaciones serían no antes de la una de la
tarde, y es la una y cuarenta y dos minutos.
En primer lugar, proposición no de ley para que el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española elabore un informe sobre
los principios básicos y criterios de programación.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, proposición no de ley sobre reajuste de la plantilla
del Ente Público Radiotelevisión Española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Seguidamente, proposición no de ley por la que se insta al director
general de Radiotelevisión Española a retirar cualquier tipo de
planes para jubilaciones anticipadas o bajas laborales hasta tanto no
termine sus trabajos la subcomisión parlamentaria destinada a
elaborar el futuro de dicho ente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa al uso correcto de la toponimia
gallega por el Ente Público Radiotelevisión Española.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley por la que se insta al Ente Público
Radiotelevisión Española a que proceda a la retransmisión por las dos
cadenas de televisión estatal de determinados acontecimientos o
competiciones deportivas de interés para las comunidades autónomas
con lengua propia en su lengua oficial.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias, señorías.
Para información de las señoras y señores diputados, la próxima
reunión de la Comisión se celebrará el día 24, a las once de la
mañana, convocándose la reunión de Mesa y Portavoces a las diez y
media.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.