Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 470, de 27/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 470
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 36
celebrada el miércoles, 27 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Exterior y para
la Unión Europea (De Miguel Egea) para informar sobre:
--Gestiones realizadas por el Gobierno en favor de una solución pacífica
a la crisis de Kosovo. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número
de expediente 213/000607) (Página 13533)
--Medidas adoptadas ante el Gobierno de México tras la expulsión de dicho
país de tres ciudadanas y un ciudadano del Estado español que llevaban a
cabo actividades de solidaridad con las comunidades indígenas de Chiapas,
así como posibles iniciativas futuras para garantizar la protección de
ciudadanos que realizan tareas solidarias en México, tanto ante el
Gobierno mexicano como ante la Unión Europea (UE). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
213/000646) (Página 13543)
--El cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el día 24/02/98,
relativa a la matanza de indígenas en el Estado de Chiapas, así como
sobre la actuación del Gobierno ante la expulsión de
cuatro ciudadanos españoles de México. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000648) (Página 13543)
Preguntas:
--De la señora Balletbó Puig (GSC) sobre información que posee el
Gobierno sobre las recientes expulsiones de representantes españoles de
una organización no gubernamental (ONG) en Chiapas (México) (Número de
expediente 181/001588) (Página 13543)
--Del señor Encina Ortega (Grupo Socialista del Congreso), sobre el
estado en que se encuentra la propuesta de cosoberanía de Gibraltar que
presentó España al Reino Unido el día 10 de diciembre de 1997 (Número de
expediente 181/001512) (Página 13552)
--Del mismo señor diputado, sobre las acciones emprendidas para poner
límite a los incidentes que están enfrentando a embarcaciones pesqueras y
policía española con patrulleros de Gibraltar en aguas de la Bahía de
Algeciras (Número de expediente 181/001513) (Página 13554)
--De la señora Romero López (Grupo Socialista del Congreso), sobre
conocimiento por el Gobierno de las graves irregularidades laborales en
las que se encuentran muchos españoles que trabajan en Gibraltar (Número
de expediente 181/001519) (Página 13556)
--De la misma señora diputada, sobre la situación en que se encuentra la
propuesta de enlace fijo España-Marruecos (Número de expediente
181/001526) (Página 13557)
--De la señora Balletbó Puig (Grupo Socialista del Congreso), sobre
posición del Gobierno en relación con el código de conducta sobre
exportación de armamento elaborado en el año 1995 por varias
organizaciones no gubernamentales (ONG) (Número de expediente 181/001515)
(Página 13559)
--De la misma señora diputada, sobre gestiones que ha hecho el Ministerio
de Asuntos Exteriores en favor de los trabajadores Alex Choni Tonka y
José Luis Bomao Arranz, detenidos en Guinea Ecuatorial (Número de
expediente 181/001582) (Página 13560)
--De la misma señora diputada, sobre información acerca de los últimos
acontecimientos producidos en Irán (Número de expediente 181/001589)
(Página 13561)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre gestiones
ante el Gobierno británico para el inmediato cumplimiento por el mismo de
las sentencias que reconocen derecho a indemnizaciones a favor de las
empresas españolas perjudicadas por la aplicación de la «Merchant
Shipping Act» (Número de expediente 181/001601) (Página 13563)
Dictamen sobre:
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un puente internacional sobre el río Miño, entre las
localidades de Goian (España) y Vila Nova de Cerveira (Portugal), firmado
en Madrid el 19 de noviembre de 1997 (Número de expediente 110/000155)
(Página 13565)
--Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, del Mar
Mediterráneo y la zona Atlántica contigua, hecho en Mónaco el 24 de
noviembre de 1996 (Número de expediente 110/000166) (Página 13566)
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a
la cooperación judicial en materia penal y civil, hecho en Madrid el 19
de noviembre de 1997 (Número de expediente 110/000167) (Página 13566)
--Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de
Nicaragua modificando el Convenio de doble nacionalidad de 25 de julio de
1961, hecho en Nicaragua el 12 de noviembre de 1997 (Número de expediente
110/000168) (Página 13566)
--Protocolo Adicional entre el Reino de España y la República de Costa
Rica modificando el Convenio de doble nacionalidad de 8 de junio de 1964,
hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Número de expediente
110/000169) (Página 13566)
--Tratado y Reglamento de la OMPI, sobre el derecho de marcas, adoptado
por la Conferencia diplomática en Ginebra el 27 de octubre de 1994, así
como Reserva y Declaraciones que España va a formular en el momento de su
ratificación (Número de expediente 110/000173) (Página 13566)
--Enmiendas de los artículos 14 y 37 de los Estatutos de la Organización
Mundial de Turismo, de 27 de septiembre de 1970, adoptadas en Nueva Delhi
el 14 de octubre de 1983 y en Roma el 25 de septiembre de 1981,
respectivamente, por la Asamblea General de la OMT (Número de expediente
110/000174) (Página 13566)
--Convenio relativo al traslado de personas condenadas para el
cumplimiento de penas privativas de libertad entre el Reino de España y
la Federación Rusa, hecho en Moscú el 16 de enero de 1998 (Número de
expediente 110/000175) (Página 13567)
--Arreglo Técnico relativo a la aplicación del artículo VIII del Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las
Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo
al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997 (Número
de expediente 110/000176) (Página 13567)
--Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la promoción y
protección recíproca de inversiones, hecho en Kiev el 26 de febrero de
1998 (Número de expediente 110/000177) (Página 13567)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de la India, firmado en Nueva Delhi el
30 de septiembre de 1997 (Número de expediente 110/000178) (Página 13567)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de esta Comisión de Asuntos
Exteriores, que se va a celebrar de acuerdo con el orden del día previsto
pero con alguna pequeña variación, que someto a la consideración de SS.
SS.
Como saben ustedes, el primer punto del orden del día era la
comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores ante la Comisión para
informar de las gestiones realizadas por el Gobierno a favor de una
solución pacífica en la crisis de Kosovo. Era una iniciativa solicitada
por el Grupo Mixto. También quiero señalarles que, en nombre del
Gobierno, comparecerá en esta ocasión el secretario de Estado para
Asuntos Exteriores y para la Unión Europea, don Ramón de Miguel, cuya
presencia entre nosotros agradezco.
Entretanto, la Presidencia ha recibido un escrito del Grupo Mixto,
firmado por don Manuel Alcaraz y don Ricardo Peralta, solicitando el
aplazamiento o, eventualmente, la retirada de dicha iniciativa por la
imposibilidad en que se encuentran sus autores de comparecer en estos
momentos. La Presidencia no tiene por menos que dar por retirada, o
aplazada, en cualquier caso, a todos los efectos, dicha iniciativa porque
los grupos son dueños de sus iniciativas. Al mismo tiempo, tengo que
recordarles a todos ustedes que la Comisión puede alterar el orden del
día si hay consenso y unanimidad entre todos los participantes en la
Comisión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA
LA UNION EUROPEA (DE MIGUEL EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:
--GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN FAVOR DE UNA SOLUCION PACIFICA
A LA CRISIS DE KOSOVO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número
de expediente 213/000607).
El señor PRESIDENTE: Acabo de recibir en este momento una petición por
parte del Gobierno, a través de don Ramón de Miguel, para que el tema de
Kosovo sea introducido en la agenda de orden del día de esta Comisión de
Asuntos Exteriores, y es por ello por lo que debo reglamentariamente
someter a la consideración de SS. SS. si aceptan este cambio en el orden
del día para introducir de nuevo el tema de Kosovo. ¿Hay alguna objeción
al respecto? (Pausa.) No habiéndola, el Gobierno, a solicitud propia, va
a informar sobre la crisis de Kosovo con todas sus implicaciones y,
naturalmente, explicando de una manera específica cuál es la actitud, la
visión y la opinión del Gobierno español al respecto.
De nuevo agradezco la presencia entre nosotros del señor secretario de
Estado, a quien doy la palabra para solventar este primer punto del orden
del día.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): En primer lugar, pido excusas a la Presidencia
y a los miembros de la Comisión por mi ligero retraso, debido a que he
tenido que venir desde lejos y el tráfico estaba mal.
Con respecto al tema de Kosovo, me ha parecido oportuno no perder la
oportunidad para hablar de él tanto más porque la actualidad de los
últimos dos días casi lo impone. El Consejo de Asuntos Generales de
Ministros de Asuntos Exteriores, el pasado lunes, en Bruselas, trató el
tema casi monográficamente, con la presencia --por
cierto, no muy habitual-- del enviado de la OSCE y de la Unión Europea
para la mediación en Kosovo, don Felipe González, que intervino
personalmente en el Consejo. Habiendo tenido lugar esta reunión el pasado
lunes, si el Gobierno hubiera obviado esta oportunidad para hablar de
Kosovo me parece que, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, hubiera
quedado mal. Por tanto, agradezco que la Comisión considere oportuno que
hable de este tema y voy a realizar la exposición que tenía preparada
para responder a esta comparecencia que había sido pedida y que ha sido
posteriormente retirada.
Todos sabemos que éste es un problema complejo que entraña el mayor
riesgo potencial de generar un conflicto de los que hoy en día aquejan a
Europa del sudeste. La cuestión de Kosovo, territorio de Serbia cuya
población es en un 90 por ciento de origen albanés, se encuentra en el
origen del conflicto de la antigua Yugoslavia. Cabe recordar que, en
1989, la supresión por las autoridades serbias de la autonomía que la
región disfrutaba en el marco de la Constitución yugoslava de 1974 fue
uno de los detonantes del conflicto. En efecto, rebajar el status de
Kosovo al de simple provincia serbia suscitó inmediatamente los temores
de otras repúblicas en el sentido de que temían que pudiera iniciarse un
proceso de dominación serbia en todo el país. Estamos hablando de la
antigua Federación yugoslava. Yo creo que ese temor está en el origen del
colapso que meses o años después afectó a todo aquel país que era la
Federación de Yugoslavia.
En septiembre de 1991 los líderes albaneses, unilateralmente, declararon
la independencia del territorio, y en mayo de 1992 celebraron unas
elecciones presidenciales y parlamentarias en las que resultó elegido
presidente de Kosovo el máximo dirigente de la Liga Democrática de
Kosovo, que era el señor Rugova, de nuevo hoy de actualidad por ser la
persona que está dialogando con el presidente Milosevic. En aquel
momento, la elección de Rugova era un claro desafío a la autoridad de
Belgrado, pero la tensión no desembocó en conflicto principalmente por la
política conciliatoria de Rugova, que en vez de enfrentarse por medios de
fuerza empleó la práctica de la no violencia y la resistencia pasiva.
Marcada por esta táctica de la no violencia, la estrategia de la
comunidad albanesa a lo largo de estos años ha tenido dos objetivos. En
primer lugar, la creación de una estructura política y social separada de
la del Estado serbio, que incluye la práctica totalidad de las
actividades de la vida diaria, es decir, economía, educación, justicia,
medios de información, sanidad, etcétera. Debo decir que la aplicación de
esta política presenta hoy una peculiar estructura de organización
social, en la que el 90 por ciento de la población de Kosovo vive de
facto al margen del Estado. Se ha llegado a describir a Kosovo como una
gigantesca organización no gubernamental que desarrolla sus actividades
bajo la cúpula del aparato estatal serbio.
En segundo lugar, otra consecuencia de esta política ha sido la de
perseguir la internacionalización del conflicto, buscando, a través de la
persuasión, que Kosovo fuese una cuestión de interés prioritario para los
Estados Unidos y la Unión Europea, quienes habrían de forzar a Serbia a
aceptar una independencia negociada. Durante los primeros años del
conflicto en la antigua Yugoslavia, mientras tenía lugar la guerra en
Croacia y posteriormente en Bosnia, esta estrategia parecía correcta. El
señor Rugova incrementó notablemente su prestigio, su credibilidad y
obtuvo un reconocimiento en los países occidentales por haber evitado un
baño de sangre. Se reconoció asimismo la firmeza y la unanimidad de toda
la sociedad kosovar en constituir sus propias estructuras al margen del
Estado, con las enormes dificultades que semejante ejercicio conlleva.
Por otra parte, la estrategia de los serbios se había limitado al
mantenimiento de una situación de represión constante destinada a
asegurar el control de Belgrado, aunque con un perfil suficientemente
bajo para evitar una reacción de la comunidad internacional. La situación
en Kosovo, caracterizada por el desarrollo de un conflicto de baja
intensidad y políticamente estancado, tuvo una evolución a finales del
pasado verano y se entró en una fase que todos conocemos de mayor
inestabilidad.
Este cambio, en nuestra opinión, se ha debido fundamentalmente a tres
factores. En primer lugar, que sectores cada vez más numerosos de la
población albanesa empezaban a rechazar la política de la no violencia
que mantenían Rugova y otros líderes, al considerar que no estaba dando
dividendos. En segundo lugar, la represión serbia como respuesta al
incremento de disturbios y a la aparición de ciertos fenómenos
terroristas se iba haciendo cada vez más patente; es decir, lo que era un
sistema represivo callado pasa a ser un sistema represivo abierto. Por
último, la esperanza de una intervención internacional, que estuvo
siempre en el origen de las ideas de esta estrategia, había ido
progresivamente desapareciendo tras años de evasivas europeas y
norteamericanas, que naturalmente ya tenían bastante con lo que tuvieron
en Croacia y, sobre todo, con lo que estaban teniendo en
Bosnia-Herzegovina, y lo único que hacía era dar largas y decir que no se
levantara ningún conflicto civil que obligara a una intervención.
El colapso sufrido por el Estado albanés el pasado año y la prudencia que
luego el primer ministro socialista albanés, Fatos Nano, mostró hacia la
cuestión de Kosovo también agudizaron el sentimiento de que se quedaban
abandonados. Estos tres factores fueron dando lugar a la aparición de
opciones políticas más radicales. En el verano de 1995 apareció un
movimiento de carácter terrorista, encarnado en el llamado Ejército de
Liberación de Kosovo; acciones esporádicas y sin continuidad que tuvieron
lugar el primer año de su existencia fueron dando paso a una campaña
sistemática de atentados contra ciudadanos serbios y kosovares
colaboracionistas. Hay evidencias de que esa organización está tomando
popularidad entre los jóvenes albaneses, los más contestatarios hacia la
política de Rugova que, junto con el factor nacional, sufren masivamente
la frustración de sus expectativas personales debido a la catastrófica
situación económica y al enorme índice de desempleo.
Durante la segunda mitad del pasado año, el margen de maniobra para una
salida negociada era cada vez más pequeño. Por una parte, el presidente
Milosevic, acosado por un nacionalismo cada vez más radical encarnado por
el entonces contrincante político y ahora viceprimer ministro
del Gobierno de Serbia, señor Sesels, y por el nuevo frente abierto en
Montenegro, iba viendo recortada su capacidad de actuar y su, hasta ese
momento, absoluto control de la situación. Por otra parte, el dirigente
de la comunidad albanesa, señor Rugova, se veía cada vez más empujado
hacia alternativas más radicales. La incapacidad de ambos para poner en
funcionamiento el acuerdo sobre educación alcalzado en septiembre de 1996
fue buena prueba de estas dificultades. Finalmente, los obstáculos para
el inicio de una negociación iban aumentando según crecía la progresiva
degeneración de la vida política serbia, en la que las opciones más
radicales y nacionalistas iban ganando influencia y representación,
mientras que la supuesta oposición democrática al régimen de Milosevic se
hundía como consecuencia de sus querellas internas.
En lo que se refiere a la percepción internacional de la cuestión
kosovar, hay que señalar que tanto la Unión Europea como los Estados
Unidos habían mantenido --como ya he dicho-- un cierto distanciamiento
del conflicto. Como no había una violencia generalizada, pensaban que lo
mejor era mantenerse aparte. La Unión Europea se limitó a establecer como
posición general que el conflicto debería resolverse mediante el diálogo
entre Belgrado y los dirigentes kosovares, apostando por la concesión a
Kosovo de una amplia autonomía. Por otra parte, los Estados Unidos han
mantenido siempre un rechazo absoluto, también como la Unión Europea, a
las pretensiones de independencia que tenían los sectores más radicales
de la población de Kosovo. El mensaje permanente a los líderes kosovares
era el de moderación para evitar un estallido de violencia, ante el temor
de que ésta pudiera extenderse a los países vecinos, fundamentalmente a
Albania, cuya estabilidad era precaria, a Macedonia y a Montenegro. Pero
la verdad es que nadie estaba ofreciendo ninguna alternativa real.
En este marco político, las autoridades serbias decidieron llevar a cabo
una operación policial dirigida, según sus portavoces, a aplastar el
grueso del Ejército de Liberación de Kosovo. La operación, que se inicia
el 28 de febrero de este año, se prolonga hasta el 9 de marzo, provoca
una inflexión en la evolución de los acontecimientos. Esta intervención
merece algunos comentarios. En primer lugar, existen claros indicios de
que el Gobierno serbio la estaba considerando desde hace tiempo,
esperando un momento apropiado. Y lo encontró. La única diferencia en la
situación entre el momento elegido y cualquier tiempo en los meses
anteriores radica en que, pocos días antes del 28 de febrero, los Estados
Unidos anuncian las primeras concesiones a Belgrado desde la firma de los
acuerdos de Dayton. Ello parece confirmar que el presidente yugoslavo
Milosevic albergaba la convicción de que su apoyo en Bosnia y en
Eslovenia oriental, así como medidas cosméticas democratizadoras de
carácter interno, bastarían para que la comunidad internacional no tomara
demasiado en cuenta una acción represiva en Kosovo.
Efectivamente, la reacción de la comunidad internacional ya ha confirmado
que el cálculo fue erróneo, pero la verdad es que Milosevic pensó que en
este momento la comunidad internacional iba a ser más comprensiva. En
principio, la operación tuvo un carácter policial, y ello es
particularmente relevante en la medida en que la actitud que adopte el
ejército federal en el interior de Kosovo será determinante para el
futuro de cara a la gravedad militar del conflicto. La operación se ha
revelado como un craso error político para los intereses de Belgrado.
Aunque asestó un duro golpe al Ejército de Liberación de Kosovo, en la
práctica ha servido para reforzar esa organización en la medida en que la
ha llevado al primer plano del conflicto y ha aumentado su prestigio
entre la juventud kosovar. Por otra parte, ha empujado a la comunidad
internacional a dirigir su atención hacia Kosovo, aumentando con ello la
presión sobre Belgrado.
Antes de pasar a la exposición de la respuesta internacional a los
acontecimientos en Kosovo y a la acción española en este marco,
permítanme transmitirles la valoración del Gobierno español sobre estos
hechos.
En primer lugar, y condenando en los términos más firmes las acciones
terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, es necesario señalar
que la primera responsabilidad por el agravamiento de la situación reside
en el Gobierno de Belgrado y, en particular, en la desproporcionada
respuesta de represión policial, que ha provocado la pérdida de vidas
inocentes.
En segundo lugar, el Gobierno no puede aceptar el calificativo de asunto
interno dado por el Gobierno serbio y el Gobierno federal a la cuestión
de Kosovo. Una respuesta policial que incluye ejecuciones extrajudiciales
no puede ser un asunto interno; un conflicto potencial que, en caso de
estallar, desencadenaría una crisis en el sur de los Balcanes no puede
ser considerado un asunto interno. La comunidad internacional tiene un
interés legítimo en Kosovo y diría incluso que, más allá de ese interés,
tiene también una responsabilidad.
Desde el principio de la operación, la mayor parte de los países
occidentales emitieron duros comunicados de condena, entre ellos la Unión
Europea. Más allá de estas reacciones iniciales, la actuación
internacional se coordinó rápidamente en el marco del llamado Grupo de
Contacto, que celebró el día 9 de mayo, en Londres, una reunión
ministerial de emergencia. Este grupo tomó tres tipos de decisiones. En
primer lugar, aprobó cuatro medidas sancionadoras, que deben entenderse
como la manifestación del imperativo político de dar respuesta al
comportamiento del Gobierno serbio. Las cuatro medidas, que algunos
diputados recordarán, puesto que se anunciaron en la prensa, fueron las
siguientes: embargo de armas a la República Federal de Yugoslavia;
negativa a vender a la República Federal de Yugoslavia material que pueda
ser utilizado en la represión o en actividades terroristas; denegación de
visados a representantes de la República Federal de Yugoslavia y de
Serbia que tengan responsabilidad en las acciones represivas de Kosovo y
moratoria en la financiación pública al comercio con Serbia y a las
inversiones, incluidas las destinadas al proceso de privatización de las
empresas públicas en esa República.
Es importante señalar que en esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido
durante el período de aplicación de sanciones por la guerra de Bosnia, se
ha excluido a Montenegro
de estas medidas de castigo. Esta es una innovación interesante. Así,
Montenegro, que forma parte de la actual República Federal de Yugoslavia,
no se ve afectada ni por la negativa a conceder visados a sus
responsables políticos ni por la sanción económica. El embargo de armas o
de material susceptible de ser usado en la represión sí afecta,
naturalmente, a Montenegro, pero estas medidas son claramente
irrelevantes para la imagen del presidente montenegrio Jukanovic. La
verdad es que esta distinción entre las dos repúblicas que conforman
Yugoslavia se consideró necesaria por el Grupo de Contacto a la vista de
las responsabilidades fundamentalmente serbias y federales en la cuestión
kosovar. Por lo tanto, consideraron que era injusto aplicar medidas
contra Montenegro por unos hechos en los que carece de capacidad de
influencia.
El segundo tipo de decisiones tomadas por el Grupo de Contacto en Londres
se refieren a la imposición al presidente yugoslavo, Slovodan Milosevic,
de una serie de actuaciones destinadas a desactivar el conflicto y poner
en marcha un diálogo político sin precondiciones con los líderes
albano-kosovares. No solamente sobre la cuestión de fondo, que es el
status político y territorial de Kosovo, sino sobre toda la actuación y
la presencia serbia en la zona. Las sanciones se condicionaron a la
respuesta de Belgrado a este diálogo que había propuesto el Grupo de
Contacto.
El Grupo de Contacto reclama acciones por parte de una serie de
organizaciones, también a instancias del Derecho internacional, y
naturalmente apoya la misión de un mediador que se había decidido por la
OSCE y por la Unión Europea, que en este caso es el ex presidente del
Gobierno español Felipe González, como representante personal del
presidente en ejercicio de la OSCE y con un mandato específico de diálogo
para Kosovo.
Como todos sabemos, en las últimas semanas, a pesar de los apoyos del
Grupo de Contacto, de los vaivenes, puesto que ha habido un empuje muy
fuerte y muy claro en Londres, y de un cierto repliegue en la reunión del
Grupo de Contacto en Bonn, en donde parece que ha habido más prudencia,
la OSCE y la Unión Europea han mantenido su firmeza al indicar que el
diálogo político debía llevarse a cabo con este representante, el ex
presidente del Gobierno español Felipe González, y el presidente serbio
de la República Federal de Yugoslavia, el señor Milosevic. A pesar de
este empuje, las reacciones del presidente serbio han sido siempre
evasivas, hasta el punto de que no se ha logrado establecer ese diálogo
por parte de este representante de la OSCE y de la Unión Europea. Por el
contrario, el presidente Milosevic lo que ha hecho ha sido citar al
dirigente más moderado, a Rugova, que estaba ya bastante desprestigiado
en las últimas semanas por su posición pacifista, para iniciar este
diálogo. De hecho, el presidente serbio y el presidente Rugova ya se han
visto, pero no parece que haya resultados palpables, y la comunidad
internacional sigue insistiendo en la mediación de una personalidad que
represente a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a la OSCE,
y que sea una especie de punto de unión entre las autoridades serbias y
las reivindicaciones kosovares.
Por último, he de citar que el Consejo de Ministros de la Unión Europea
trató de este tema el pasado lunes de manera monográfica, y que además el
tema de Kosovo fue objeto de la consideración de los ministros de la
Unión Europea Occidental, que se reunieron en Rodas unas semanas antes,
me parece que el día 11 de mayo.
Con respecto a la UEO, no hubo ninguna decisión particular, más que
mantener el apoyo de las acciones de refuerzo de la policía albanesa con
objeto de controlar la frontera y evitar el tráfico de armas en Kosovo.
También se manifestó el interés de seguir manteniendo la fuerza de
Naciones Unidas en Macedonia, con objeto de que la retirada, que está
prevista para dentro de unas semanas, no produzca un vacío de poder en la
región. Por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, las
conclusiones fueron muy claras en el sentido de mantener la presión sobre
el presidente serbio, instar al diálogo y la mediación internacional.
El presidente González hizo una presentación interesante ante el Consejo
de Asuntos Generales, en la que yo creo que el mensaje más destacado fue
que era mucho más importante mantener el mandato que mantener al
mandatario. Instó a los ministros de la Unión Europea a que se mantuviera
la presión para propiciar este diálogo entre el Gobierno serbio y las
autoridades de Kosovo. Al mismo tiempo, quiso señalar que su persona no
era lo más importante de la operación, que lo más importante de la
operación era que se mantuviera una presión y que la Unión Europea
debería considerar la posibilidad de adoptar una acción común dentro de
la PESC que tuviera una serie de elementos.
Quisiera, por su interés, mencionar los elementos que el ex presidente
González sugirió al Consejo de Ministros de la Unión Europea, porque creo
que ésas pueden ser las bases. El se ha dedicado, por mandato del Grupo
de Contacto, a analizar la situación. Creemos que, por el mandato que
tiene, es una de las personas en mejores condiciones de aconsejar sobre
la política que se debe mantener, sobre todo por lo que respecta a la
acción común. El sugirió que los elementos de esta acción común podrían
ser los siguientes: en primer lugar, reforzar urgentemente la posición en
Albania y Macedonia, sobre todo en esta última, cuya inestabilidad es muy
grave; y, en segundo lugar, hacer una oferta a Milosevic de un
intercambio racional entre un estatuto provisional de la República
Federal de Yugoslavia en la OSCE y la recuperación de un estatuto
provisional de autonomía en Kosovo.
La acción común, según el ex presidente González, debe tener cuatro
frentes. En primer lugar, asegurar una convergencia total por parte de la
Unión Europea con el mandato de la OSCE y mantener la confianza de
americanos y rusos en este planteamiento. En segundo lugar, poner en
marcha la estrategia regional que se definió hace un año en un documento
que es plenamente válido y acertado --se está refiriendo al documento de
estrategia que fue publicado por el Consejo de Ministros en abril de
1997--. En tercer lugar, aplicar los medios materiales y humanos de los
que la Unión Europea, Consejo, países miembros y Comisión disponen sobre
el terreno. Se trata de emplear a
fondo --como decía el ex presidente González-- tanto las zanahorias como
los palos que la UE puede tener a disposición en este momento y que son
los que Milosevic entiende, porque hay acciones que entiende
perfectamente. En cuarto lugar, coordinar los esfuerzos y acciones de
todos, no solamente del Grupo de Contacto, sino también de la Unión
Europea y de rusos y americanos para alcanzar estos objetivos.
Respecto a las menciones de los países cercanos --que, como he dicho,
hizo Felipe González--, él insistió en que hay que mantener el apoyo y
alargar el actual mandato de Naciones Unidas. Sobre Albania opinó que la
OTAN debe seguir ejerciendo su acción de presión y la UEO mantener su
acción de entrenamiento de la policía para controlar las fronteras. Con
respecto a Montenegro, es partidario de mantener el apoyo a Jukanovic, en
lo que yo creo que todo el Consejo está de acuerdo. Estas son en
sustancia la presentación y las sugerencias hechas por Felipe González al
Consejo de Asuntos Generales.
Tengo la impresión de que las palabras de Felipe González fueron bien
acogidas por los ministros que aprobaron el contenido de su intervención,
y en este momento hay un mandato claro al Consejo y a las instancias de
la cooperación política para tratar de montar un plan de acción común en
Kosovo en torno a estas consideraciones, y naturalmente a otras que están
muy presentes dentro de la Unión y en las que prácticamente todos
coinciden. La idea es seguir manteniendo la presión e insistir sobre este
mandato de mediación. Naturalmente, la Unión Europea ha dado su respaldo
a la continuación del mandatario, es decir de don Felipe González, como
representante de la OSCE y de la Unión Europea en esta tarea y al
mantenimiento de la presión para que Milosevic inicie un diálogo con este
representante o con Kosovo a través de este representante.
Señor presidente, este tema albanés tiene otras muchas derivaciones, pero
creo que, habiendo hecho una exposición general sobre cuál ha sido su
evolución y cuál es su situación actual, es suficiente y tendré mucho
gusto en responder a sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
En función del cambio de naturaleza de la iniciativa, y habiéndola
tramitado como una petición de comparecencia del Gobierno, vamos a
proceder a un turno de intervención de los grupos de menor a mayor, como
es habitual en estos casos.
¿Qué grupos parlamentarios desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don
Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Lo haré, señor presidente, con mucho gusto y
con gran brevedad, en primer lugar agradeciendo este cambio del orden,
porque creo que es interesante que se haya restituido este tema en la
propia iniciativa que ha tomado el señor secretario de Estado.
Le agradezco la información y el enfoque de la misma, creo que es una
cuestión puramente de Estado, y lo digo en el mejor sentido de hacer una
política exterior con las personas, instituciones y entidades citadas en
la exposición del señor De Miguel y por parte de la persona propuesta por
las instituciones internacionales, el anterior presidente del Gobierno
español, don Felipe González.
Celebro que el señor De Miguel haya destacado el planteamiento de que es
importante mantener la situación por encima de que haya cuestiones de
veto personales y que el status debe seguir siendo una constante en la
política de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de los
restantes países aliados y de la Unión Europea. Ese mantenimiento del
carácter negociador, por encima del personalismo que pudiera atribuirse
al negociador es positivo e indica un talante de querer solucionar esta
importante crisis.
Sólo me cabe formular una pregunta al señor De Miguel sobre si en el
mantenimiento de esta situación, por encima de las posiciones que hayan
tomado representantes de la ex Yugoslavia sobre el asunto de Kosovo,
nuestros aliados y nosotros mismos hemos considerado que sería necesaria
alguna acción de fuerza bajo algún soporte militar, y cuál sería en este
caso la posición española, pues la experiencia ha demostrado --se ha
hablado del palo y la zanahoria y de saberlos administrar-- que, junto a
las decisiones que se han adoptado de bloqueo económico, sólo una
presencia contundente, persuasiva y disuasoria de fuerzas militares
aliadas ha hecho que los líderes serbios y su máximo representante se
ponga en situación de entendimiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Agradecemos al secretario de Estado su
comparecencia.
Nuestro grupo juzga oportuno haber entrado en esta cuestión y comparte la
preocupación que han expresado tanto el compareciente como mi antecesor
en el uso de la palabra.
Señor secretario de Estado, tenemos que hacer dos consideraciones: una es
la existencia de un régimen claramente dictatorial que reprime de forma
violenta y agrede los derechos humanos de la población de una región
concreta, Kosovo, que por otra parte tiene manifestada su propia
personalidad. En el último siglo y quizás en los últimos 25 años hemos
tenido antecedentes suficientes en la evolución de conflictos semejantes
en Europa y de lo que significa el mantenimiento de una tensión que, en
principio, parece derivar hacia aspectos de no violencia unidos a
aspectos de no injerencia desde el punto de vista internacional, pero que
al final degeneran en una situación conflictiva, altamente explosiva, a
la que usted ha aludido y que preocupa a mi grupo.
Mi grupo quiere resaltar especialmente su sensibilidad hacia lo que
significa la represión de la propia cultura y la propia identidad que
está sufriendo en estos momentos la población de esa región, de esa
provincia o de esa entidad, Kosovo, que ha gozado de una autonomía, y
creemos que el tratamiento que durante estos últimos años ha tenido la
cuestión es absolutamente inconveniente, por decirlo con una terminología
suave.
Por otro lado, nos preocupa, señor secretario de Estado, la política
exterior, la internacionalización del conflicto en el sentido de mantener
la posición del avestruz, de ojos cerrados respecto a experiencias muy
cercanas y hacia dónde han derivado estos conflictos. A estas alturas del
siglo XX, señor secretario de Estado, la política de no injerencia y de
mantenerse al margen puede tener justificación desde el punto de vista de
respetar la soberanía, pero es muy difícil de justiciar si se agreden los
derechos humanos y no se respetan los elementales principios
democráticos. Por eso nuestro grupo también comparte esa preocupación de
hacia dónde puede degenerar esta situación en Kosovo y le agradecería nos
diera su opinión sobre las perspectivas de evolución en los próximos
meses de esta situación y de una posible intervención, de una posible
acción de fuerza que pusiera las cosas en un sitio más adecuado, para que
la solución no degenerara en un conflicto regional donde se perdieran
muchas vidas humanas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor secretario de Estado, porque
también nuestro grupo entiende que es muy importante que hablemos de este
problema, un problema que afecta a la comunidad internacional, que afecta
especialmente a Europa y lógicamente a los Balcanes.
En la parte más importante de su intervención ha subrayado el papel de la
comunidad internacional en este conflicto, papel que, según sus palabras,
ha sido de despreocupación mientras el conflicto era de baja intensidad y
no superaba unos ciertos límites en cuanto a sus consecuencias. No sé si
esto va a acompañado de una clara voluntad de modificar los criterios que
actualmente se aplican por parte de esa comunidad internacional a la cual
nosotros pertenecemos para afrontar los nuevos conflictos que se puedan
originar. ¿Seguiremos aplicando la misma terapia a los conflictos de baja
intensidad hasta que dejen de serlo y nos tengamos que preocupar por
tener unos buenos cirujanos que curen las heridas que provoquen los
conflictos pequeños que han pasado a ser mayores? Este es el primer
análisis que hacemos del comportamiento de la comunidad internacional
ante este problema, sobre todo cuando este problema no surge antes de
ayer sino que viene arrastrándose desde hace prácticamente diez años. En
1989 se abolió la autonomía que tenía Kosovo y, ante ese primer
acontecimiento, que iba acompañado de otros acontecimientos en Los
Balcanes, no supimos reaccionar. Las consecuencias de aquel acto fueron
la disolución del Parlamento, represión política, prohibición de la
enseñanza en albanés, etcétera. La respuesta de esa sociedad que había
visto perder lo que eran sus derechos fue la desobediencia civil no
violenta --como usted bien ha dicho-- y, a la vez, crear una estructura
paralela a la del propio Estado, dotándose de medios de educación,
sanidad, Parlamento, de instrumentos políticos. Esta situación en el
tiempo difícilmente se podía sostener, puesto que la presión seguía
manteniéndose y no había movimientos de mejora para quien, de alguna
forma, reclamaba que tenían que recuperarse sus derechos. Y ese
movimiento de resistencia pacífica se ve debilitado por el resurgimiento
de la reacción de grupos armados, puesto que --como usted ha subrayado--
no consideraban eficaz algo que estaba perdurando en el tiempo y que no
conseguía los objetivos que pretendían alcanzar.
Nuestros gobiernos durante estos años --y aquí poco podemos discutir--
han cerrado los ojos, han mirado para otro lado, han esperado que los
acontecimientos mejorasen motu proprio, por decantamiento, y la situación
ha ido empeorando. Hoy mismo viene en la prensa: «Nueva matanza de
albaneses en Kosovo». Hablan de casi una treintena de muertos.
Al final, si ante el desarrollo de los pequeños conflictos nuestra
principal alternativa va a ser, movidos por nuestras conciencias
humanitarias, evitar el sufrimiento de los que padecen aplicando nuestra
terapia más agresiva, que es pasar por el quirófano, es decir, volver a
afilar nuestro armamento para poder desplegar una invasión que consiga
eliminar las agresiones de unos contra otros, creo que es una terapia no
sólo agresiva sino peligrosa y arriesgada y de ninguna forma debe ser la
terapia que la comunidad internacional tiene que aplicar en la resolución
de los conflictos.
Cuando la propia Unión Europea habla de una rápida acción por parte del
Grupo de Contacto al elaborar esa serie de propuestas que usted ha
enumerado, yo me cuestiono la rapidez. ¿Cómo se puede juzgar en el seno
de la Unión Europea la velocidad con la cual se debe actuar en alguno de
los conflictos importantes que afectan aunque sólo sea geográficamente
--evidentemente tendríamos que ser sensibles ante todos los conflictos--
a Europa? Yo esto no lo calificaría de rápida acción. La Unión Europea lo
califica de rápida acción porque, ante el tamaño del deterioro de este
conflicto, hay que tomar alguna medida. Creo que las soluciones que se
pueden aplicar a este problema son difíciles. El mantenimiento de la
situación actual es un estímulo a la tensión, a seguir constantemente las
afrentas de unos y las ofensivas de los otros. A mí se me ocurre analizar
tres horizontes imaginables para este conflicto. Primero: situar a Kosovo
en su condición de 1989, situación que es la que abandera la propia Unión
Europea, ¿satisfaría las exigencias, las demandas de los propios
albaneses después del tiempo transcurrido?, ¿los propios serbios estarían
en condiciones de aceptar una situación como la del mantenimiento de
status quo anterior? Situándonos en el posicionamiento que origina la
supresión de esa autonomía en 1989, con el paso del tiempo no ha mejorado
en absoluto sino que se ha radicalizado, por lo que la aplicación de esa
medida se me antoja de difícil solución. Segundo, convertir a Kosovo en
una república integrada en la propia República Federal yugoslava, como,
de hecho, existen otras. Tercero, la posibilidad del reconocimiento del
derecho de autodeterminación, posibilidad que tiene muchas menos voces a
favor porque no sólo Belgrado, sino la propia comunidad internacional la
rechazan.
Me gustaría saber cuáles son las previsiones de actuación de la OTAN. Me
preocupa terriblemente la posibilidad
de que empecemos a dar como fracasadas todas las iniciativas de
negociación para empezar a subrayar como ineludible, como una necesidad
imperiosa, el desembarco en una acción militar en aquella zona; si
realmente la estrategia a seguir debe ser, a corto plazo, sellar las
fronteras de Albania y Montenegro, las fronteras comunes con Kosovo.
Sobre la OSCE, quisiera saber con qué medios humanos y materiales cuenta
en la zona para la serie de actuaciones que podrían ser necesarias para
aplicar las propuestas que, tanto el mediador internacional, como la
propia OSCE, pueden decidir en un momento dado.
Me preocupa el nivel de tensión que tiene actualmente la zona. Por parte
de Belgrado se han recogido 157 incidentes armados fronterizos con
Albania. Eso supondría la posibilidad de globalizar el conflicto más allá
de las propias reivindicaciones de Kosovo respecto a la federación
yugoslava, por el riesgo que se corre de que podamos introducir en este
conflicto a países afectados por la situación que se está viviendo, lo
cual supondría una confrontación de consecuencias muy difíciles de
calcular.
Mantenemos la idea de que el plan de acción para Kosovo, acordado por el
grupo de contacto, es imperioso que se vaya aplicando, especialmente en
lo que respecta al embargo ONU sobre la venta de armas a Yugoslavia y la
suspensión de visados a autoridades serbias. Hay que subrayar esa medida.
Debemos exigir a corto plazo la aplicación de los acuerdos de 1996, y la
solución en este momento no pasa por una vía militar. Reclamamos a los
dos bandos, como usted ha dicho, tanto a los serbios por la represión
violenta de la que es objeto la población de Kosovo como a los actos
terroristas de la UCK, que renuncien a la violencia, perjudicial para la
estabilidad en toda la región, empezando a caminar por este sendero,
sobre todo por el de la política preventiva. Vuelvo a poner el símil
médico, es mucho mejor curar un catarro o una pulmonía que tener que
amputar un pulmón. Por lo tanto, los mea culpa que entonamos a la hora de
analizar un conflicto cuando ya es de alta intensidad deberían servir
para cambiar nuestros métodos de análisis y de actuación en los
conflictos, para que nunca dejen de superar esa definición de baja
intensidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: He escuchado con atención las palabras del señor
secretario de Estado y en gran parte estamos de acuerdo con ellas, pero
quisiera hacer algunas reflexiones que quizá contribuyan a avanzar en
otros terrenos.
El tema de Kosovo es de alta importancia para todos los países europeos
porque el riesgo que late detrás de ese problema es que se repita o no la
terrible experiencia de Bosnia. Ahora que la hemos vivido precisamente
sabemos cuáles han sido sus espantosos efectos, es preciso encontrar vías
que permitan resolver el problema de Kosovo sin llegar a esos extremos.
Sabemos que no es una tarea fácil porque están en juego muchísimas cosas
y porque hay elementos fundamentales que lo impiden. Por ejemplo, ¿se
trata sólo de resolver el conflicto de Kosovo o hay que resolver algunas
más? ¿Es posible pensar en una solución al problema de Kosovo sin avanzar
en la democratización de Serbia y en general de la antigua Yugoslavia?
Porque nos encontramos ante el asunto de Kosovo, pero es muy difícil
encontrar un equilibrio real en el interior de lo que es actualmente
Yugoslavia si en una parte tan importante como Serbia subsiste la actual
situación. Es un problema de derechos humanos; no sólo se trata de
reconocimiento de la autonomía de Kosovo, sino también de la situación
interna de Serbia en lo que se refiere a aspectos fundamentales. Por
ejemplo, las libertades públicas, los medios de comunicación públicos y
privados, el condicionamiento total del poder judicial, etcétera, son
cuestiones que no se pueden diferenciar de lo que es la visión global del
problema en aquella zona.
También es relevante la situación de Montenegro. El próximo domingo se
celebran elecciones, y creo que el presidente de esta Comisión va a estar
presente como observador. Estas elecciones son extraordinariamente
interesantes porque de ellas depende que el señor Milosevic, que ya no es
presidente de Serbia, pero sí de Yugoslavia, tenga o no mayoría. Por
consiguiente, según cuál sea el resultado de Montenegro, puede producirse
un cambio en la correlación de fuerzas internas que puede o no hacernos
avanzar, depende de cómo actúe la comunidad internacional. En todo caso,
es decisivo.
Cuando tratamos más específicamente el asunto de Kosovo, lo que no
podemos admitir de ninguna manera, por todo lo que acabo de decir, es que
se trata de un problema interno, como está aduciendo constantemente el
presidente Milosevic, incluso con aquella terrible farsa del referéndum
que organizó hace unas semanas. No es un problema interno porque es de
derechos y éstos nunca son internos únicamente, y también por lo que
acabo de decir, por las implicaciones que pueda tener en el equilibrio de
aquella zona tan fundamental para todos. Por consiguiente, de cómo se
resuelva o no el problema de Kosovo dependen muchísimas cosas, y aquí es
donde empiezan a surgir los interrogantes.
Tenemos que estar todos de acuerdo con el hecho de que no se intente
resolver el conflicto de Kosovo sobre la base de una secesión, ni
siquiera como una proclamación de una nueva república en el seno de
Yugoslavia. Este no es el problema, y aquí es donde empieza a haber
disensiones entre los países europeos y Estados Unidos, que no han tenido
la misma visión. En cambio, tenemos que insistir muchísimo en que se
trata de ir hacia una amplia autonomía sin cuestionar y, sobre todo, sin
poner en marcha la posible operación de nuevas fronteras, incluso aunque
sean fronteras internas. Tenemos que mantenernos firmes, porque de otro
modo abriríamos un camino que no sabemos adónde nos conduciría ni cuáles
serían sus límites.
Tampoco se puede perder de vista la situación de los países limítrofes.
Se ha hablado también de la de Albania y Macedonia. En este momento
ninguno puede permitir que se produzca un flujo de emigración hacia
ellos. Albania no está en condiciones de recibir ni un solo refugiado,
porque sus condiciones internas son tan desastrosas y difíciles que
significaría un colapso total. En el caso de Macedonia,
la existencia de una fuerte minoría albanesa en situación no
especialmente conciliadora sino con problemas de coexistencia, también
produce situaciones de fuerte tensión. Como saben, el actual Gobierno de
Macedonia ha planteado la posibilidad de la creación de un corredor
especial para que los posibles refugiados de Kosovo vayan directos a
Albania y no se queden en Macedonia, lo cual es una demostración exacta
de lo que está ocurriendo, y es lo que cada uno de esos países quiere.
Por consiguiente, al resolver este problema solucionamos algunos otros,
muy serios, que tienen esos países limítrofes. Uno de ellos es que no
haya flujo de refugiados. Para que eso sea factible hay que tomar medidas
que favorezcan la estabilidad de Albania y de Macedonia. Si no es así, si
se producen filtraciones y confrontaciones, difícilmente podremos dar una
solución global.
Desde esa perspectiva nos inquieta la falta de unidad de las diversas
instituciones que están participando en el intento de solución o más
exactamente la falta de existencia de un acuerdo básico común; aunque los
términos en que cada uno se desenvuelve parece que son los mismos, sin
embargo no lo son en la práctica. Por ejemplo, hay una clara división en
cuanto a la capacidad de acción de los países europeos y Estados Unidos.
Aunque unos cuantos forman parte del grupo de contacto es cierto, sin
embargo, que luego en la puesta en práctica de las estrategias no hay
unanimidad. Hemos visto cómo por iniciativa unilateral de Estados Unidos
se ha iniciado un diálogo, que no sé si es verdadero o falso, entre el
presidente Milosevic y el señor Rugova que es interesante, por un lado,
pero, por otro, también puede ser una maniobra del presidente Milosevic
precisamente para mantener el mismo margen de maniobra, incluso en
relación con, insisto, esta perspectiva de un posible cambio de mayorías
con las elecciones de Montenegro.
Por consiguiente, o hay más unidad de criterio y sobre todo más unidad de
acción o es muy difícil que la presión necesaria que se tiene que imponer
al régimen del señor Milosevic tenga unos efectos. Porque él sabe
perfectamente que existe esa situación y que puede maniobrar en la medida
en que las posiciones de las diversas fuerzas no son iguales y cuando hay
disensiones internas que hacen que la presión no sea tal o que ofrezca
agujeros que él aprovecha, y ése es uno de los motivos seguramente que
retrasa la solución coherente del problema.
Están en acción en este momento diversas instituciones. Evidentemente se
habla del papel posible de la OTAN, del de la Unión Europea Occidental,
del de la OSCE, del de la Unión Europea y también del del Consejo de
Europa que también está interviniendo en relación con el desarrollo de
los derechos humanos. Pero, si se trata de manejar una teoría que en
términos muy simples se puede llamar de palo y zanahoria, es decir, de
ofrecer posibilidades y, al mismo tiempo, presionar muchísimo con
sanciones, si estas posibilidades no se utilizan o se cierran, no sé
hasta qué punto tenemos todos la misma concepción de lo que es el palo y
la zanahoria y, sobre todo, aunque la tengamos, si sabemos aplicarla
todos al mismo tiempo. Ese es el problema principal que hoy existe en el
caso de Kosovo.
Por eso, le quería hacer, señor secretario de Estado, un par de preguntas
para continuar el diálogo entre nosotros, que son las siguientes. ¿Qué
piensa el Gobierno en cuanto a la posibilidad de una fuerza de
interposición? ¿Tiene un criterio claro al respecto o no lo tiene y
cuáles son sus preocupaciones? ¿Piensa incluso en la posibilidad de una
intervención militar? En la reunión a que el señor secretario de Estado
se refería en Rodas este problema se planteó entre los ministros de la
UEO y es cierto que no hubo unanimidad de criterios. Hubo países como
Gran Bretaña, la República Federal Alemana y Grecia que no eran
partidarios, pero otros países sí. No digo que tengamos que definir ya lo
que va a ser una intervención militar, simplemente deseo saber si la
vemos como perspectiva y en este caso qué medidas tomaríamos para una
posible intervención. Me gustaría que el señor secretario de Estado nos
diese algún elemento. Allí se planteó esta cuestión incluso por uno de
los miembros de esta Comisión, el señor De Puig, que es el presidente,
como ustedes saben, de la Asamblea del Consejo de la Unión Europea
Occidental.
Me gustaría también que el señor secretario de Estado nos dijese algo
sobre este tema tan preocupante, al que ya he aludido, de la disfunción
que hay entre las intervenciones de estas instituciones y el papel de
Estados Unidos, sobre todo en relación con lo que ha ocurrido
últimamente: cómo podemos ver exactamente si se produce o no una
auténtica convergencia de criterios y de acciones o si vamos a volver a
caer en la posición de que cada uno vaya por su lado, que es también una
de las causas de la tragedia de Bosnia. Si nos dividimos, si tenemos
opciones diferentes en función de intereses distintos, si no conseguimos
realmente que exista una unidad de acción y de pensamiento en esos temas
decisivos, es muy posible que no se resuelvan o que no se resuelvan bien.
Eso es lo que le quería decir, señor Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Ricomá tiene la palabra.
El señor RICOMË DE CASTELLARNAU: Desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos, en primer lugar, sumarnos a las palabras de bienvenida y
agradecimiento dirigidas al señor secretario de Estado de Política
Exterior y para la Unión Europea, señor De Miguel, por su presencia en
esta Comisión para informar sobre el papel del Gobierno español en pro de
conseguir una solución pacífica a la crisis de Kosovo, agradecimiento más
intenso si cabe desde el momento en que la comparecencia finalmente ha
sido motu proprio, una vez que el Grupo Mixto había solicitado su
aplazamiento o su retirada.
Centrándome ya en el tema, hay que señalar que el conflicto del que
hablamos, tras moverse durante muchos años por la barra de equilibrio que
suponía la meritoria política de no violencia adoptada por la población
albanesa en un entorno intransigente y represor dibujado por las
autoridades serbias, está llegando a una situación en la que existe el
serio riesgo de que un paso en falso abra el camino a la generalización
de la violencia y con ella a una situación de impredecibles
consecuencias.
Tras casi nueve años, los transcurridos desde la supresión en 1989 de la
autonomía de que disfrutaba la región, la radicalización de las posturas
albaneses, la aparición del Ejército de Liberación de Kosovo y sobre todo
el progresivo incremento y dureza de la represión serbia --ya se ha hecho
mención en esta Comisión a que hoy podemos leer en la prensa una nueva
matanza cercana a la treintena de albaneses a manos del ejército
yugoslavo--, todas estas circunstancias han provocado un giro en la
cuestión de manera que desde el pasado verano la tensión controlada en
que se movía ha derivado en un estado prebélico que debe activar todos
aquellos mecanismos de prevención posibles y entre ellos el que ha de
resultar sin duda más eficaz, que no es otro que la mediación
internacional.
Sólo puede obtenerse una conclusión de la irracionalidad que conlleva
todo conflicto armado y es precisamente la de intentar que no se repita
nunca jamás. Por ello, no podemos ser ajenos a los tristes ejemplos que
en la misma región balcánica han supuesto los casos de Croacia y Bosnia.
En este sentido, desde el Grupo Popular entendemos que existen al menos
prudentes razones para creer que Kosovo no cogerá en fuera de juego a la
comunidad internacional. Hay razones objetivas fruto de actuaciones
concretas, como las cuatro medidas sancionadoras surgidas del grupo de
contacto a raíz de la desmesurada intervención policial ordenada por las
autoridades serbias entre los días 28 de febrero y 9 de marzo a las que
el señor secretario de Estado ya ha hecho referencia, y razones también
consecuencia del juego diplomático desarrollado por organismos
internacionales entre los que cabe destacar los empeños positivos de la
OSCE.
De la información facilitada por el señor De Miguel nos tranquiliza
también observar la visión que tiene el Gobierno sobre la cuestión.
Primero, vemos su clara posición ante el motivo generador del problema:
un status político para el territorio de Kosovo completamente equivocado.
Entendemos que entre las posturas independentistas de algunos líderes
kosovares --argumentadas por razones demográficas, circunstancia
realmente peligrosa, pues de aceptarlas podría incluso llevar a la
inestabilización de muchas fronteras europeas -- y la actual definición
que tiene el territorio como provincia serbia existen varios matices que
pueden definir una imagen territorial de mayor claridad. También nos
complacen las afirmaciones que ha hecho el secretario de Estado en cuanto
a que el Gobierno manifiesta la opinión de que no se trata de un problema
interno dadas las circunstancias por las que se mueve y las consecuencias
que podría tener más allá de sus fronteras.
Segundo, es importante ver que el Gobierno está plenamente convencido de
que la solución tiene que llegar forzosamente vía diálogo. Por ello, al
margen de aplaudir y alimentar el acuerdo entre los embajadores
norteamericanos y el presidente Milosevic para que existan reuniones
entre las autoridades yugoslavas y las albanesas --quizá todavía muy
embrionarias y con no excesivas garantías de desarrollo, pero desde el
momento en que es una fuente de diálogo hay que aplaudirla--, lo que
resulta interesante también es el apoyo manifestado por el Gobierno a don
Felipe González como mediador tanto de la Unión Europea como de la OSCE,
avalando de esta manera la fuerza que implica unificar en una sola
persona lo que es la influencia política de la Unión Europea y la
capacidad diplomática de la OSCE. En este sentido esperemos que la
presión que se está ejerciendo de los diferentes estamentos
internacionales pueda convencer a Milosevic para que éste ceda y acepte
de una vez por todas lo que puede ser realmente una vía mucho más
factible para llegar a conclusiones positivas de diálogo en pro de la
solución del conflicto.
Tercero, y aunque es un capítulo que quizá deberíamos obviar, al menos
así desde el Grupo Popular lo preferiríamos, es bueno saber que tampoco
se deja nada a la improvisación, que se contemplan alternativas. En
consecuencia, hay que prever también la eventualidad no deseada pero hoy
por hoy todavía factible de que el entendimiento serbio-albanés se
convierta en una cuestión imposible. En este sentido resultan
interesantes las palabras del presidente del Gobierno en la clausura de
la Asamblea Parlamentario de la OTAN ayer en Barcelona, celebrada estos
días, donde señaló que los países miembros no pueden permanecer pasivos
ante el deterioro de la situación, cita posterior a la condena unánime de
las delegaciones presentes en la asamblea, si bien nos hubiera gustado
mucho más que de ella hubiera salido alguna resolución clara sobre la
cuestión.
Finalmente, y cuarto, hay que valorar también positivamente la celeridad
con la que ha actuado el Gobierno para poner en funcionamiento aquellos
mecanismos en los que tiene competencia como país miembro de la Unión
Europea y que son su responsabilidad al considerar ésta, la Unión
Europea, como suyas las sanciones recomendadas por el grupo de contacto.
En este sentido sería interesante saber si desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores se han cursado ya instrucciones para que en el ámbito del
territorio nacional se apliquen las cuatro medidas sancionadoras surgidas
del grupo de contacto.
Por todo lo expuesto, consideramos clarificadora la intervención del
secretario de Estado, tranquilizadora en cuanto a la garantía que nos ha
ofrecido de que el Gobierno está obrando responsablemente dentro del
vehículo común de actuación que representa la Unión Europea y
esperanzadora en la medida en que, como ha señalado con anterioridad, se
tienen bien presentes los viejos errores cometidos con el caso
Bosnia-Herzegovina. No hay que dejar que el toro dé varias vueltas por la
plaza; hay que cogerlo bien de entrada por los cuernos, antes de que
salga para ser lidiado.
En definitiva, para finalizar, reiteramos desde el Grupo Parlamentario
Popular el apoyo al Gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores en sus
actuaciones con la cuestión a debate. Tampoco quisiera acabar sin
reiterar nuestro agradecimiento al señor De Miguel por el qué y por el
cómo de lo que ha sido su exposición sobre la cuestión en esta Comisión.
Muchas gracias, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Voy a tratar de ser breve.
Yo ya había acortado mi intervención antes porque me pareció que me
estaba extendiendo demasiado y no entré en los detalles sobre lo que fue
la intervención del presidente de la OSCE, el gran mérito de la
iniciativa de la OSCE, las mediaciones de los embajadores norteamericanos
Holbrooke y Gelbard, el nacimiento de todo lo que fue la misión de
mediación porque yo creo que eso era ya más que conocido por SS. SS.
Ahora también trataré de ser breve porque yo creo que, además, muchos de
los intervinientes han hecho complementos muy interesantes al estudio
conjunto del fondo de la situación que es fundamentalmente el objeto de
estas comparecencias en la Comisión de Exteriores. Se trata de que haya
un movimiento de ida y vuelta, es decir, una información del Gobierno y
que él reciba los inputs y las impresiones de los diferentes grupos
políticos. Yo creo que podemos constatar con cierta satisfacción que aquí
todo el espectro político de nuestro Parlamento coincide en una misma
aproximación al problema.
En primer lugar,laposicióndelGobiernoespañol --creo que coincidimos
todos-- no está ni por la opresión serbia en la provincia de Kosovo ni
tampoco por un movimiento de autodeterminación. Creemos que la solución
tiene que ir por la vía, que por cierto en nuestro país está bien
ensayada, de dar a la región su autonomía y su autogobierno dentro del
marco de la legalidad constitucional de la República Federal Yugoslava.
Con respecto a las medidas quiero decir --y respondo al señor Ricomá--
que, naturalmente, el Gobierno español ha cursado instrucciones desde el
primer momento para que todas las medidas dictadas por el grupo de
contacto sean aplicadas rigurosamente. Por lo tanto, no hay créditos a
Serbia ni hay visados ni hay exportaciones de armas, absolutamente nada;
quiero aclarar que todo eso se aplica con el mayor rigor.
Con respecto a nuestra posición en los organismos internacionales, tanto
en la Unión Europea como en la OSCE, como en la UEO, como en el OTAN, ha
sido siempre la misma. El señor Solé Tura mencionaba que el presidente de
la Asamblea Parlamentaria, nuestro compatriota el señor Puig, que está
aquí presente, estuvo en Rodas y vio lo que había allí. El es testigo de
la posición totalmente constructiva que nuestro país tuvo. Si no se pudo
ir más lejos, porque tampoco se pudo, en la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, según mis noticias, es porque hay algunos países que lo impiden. En
el fondo estamos siempre con el mismo problema, el meollo del conflicto
yugoslavo, porque es que hay intereses creados que no permiten una
posición común. Algunos países pretenden seguir protegiendo a Serbia o a
Milosevic por razones de tradición política, como es el caso de Rusia, y
otros países, que no mencionaré, por otros intereses de tipo comercial o
por su vecindad o por su proximidad a la zona. Al final, no se logra nada
sólo con tener voluntad. Yo diría que en ese reducido grupo de contacto
no ha habido unanimidad. Incluso nosotros sabemos que la misión de Felipe
González, que es universalmente aceptada, ha tenido algunas dificultades
dentro de ese grupo. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos hacer es
mantener nuestra posición constructiva, apoyar naturalmente esta
mediación internacional.
Yo quisiera decir aquí que apoyamos plenamente la misión de Felipe
González y no solamente eso, sino que le damos todo el apoyo logístico y
material necesario, incluso con la asistencia de funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores que trabajan para él, viajan con él y
que le ayudan en todo lo necesario, como le corresponde, puesto que tiene
una grandísima responsabilidad y él no puede hacerlo completamente solo.
En la UEO también fuimos partidarios de ir más lejos que con la pura
asistencia a la policía de Albania pero no se pudo. Pasado mañana, como
ustedes saben, empieza un consejo atlántico en Luxemburgo, al cual yo
tendré que asistir al frente de la delegación española, puesto que el
ministro Abel Matutes se encontrará todavía con Sus Majestades los Reyes
en Grecia, y de nuevo nuestra posición será plenamente constructiva.
Naturalmente que todos queremos evitar una intervención militar, pero
habrá que preguntarse si en algún momento no habrá que hacer alguna
operación, aunque sea de disuasión; es decir, se trata de establecer la
buena dosis de la que hablábamos entre las medidas del palo y de la
zanahoria. Se ha utilizado la de la zanahoria: se han abierto puertas al
señor Milosevic, incluso para su participación en la OSCE; se le ofreció
en uno de los últimos consejos, e incluso abrir el mercado internacional,
relajar las sanciones, pero quizá habría que tener también una postura
más firme con respecto a una futura intervención en la zona. Pero de
momento nosotros seguimos esperanzados, como creo que todos los miembros
de la comunidad internacional, en que el diálogo y sobre todo la
mediación de Felipe González, que está planteada, abra una oportunidad de
enganchar un proceso de diálogo.
Respecto a la intervención directa en Kosovo, me parece de momento
lejana, pero desde luego lo que ha sido sugerido en diversos foros, y que
últimamente expresó el ex presidente Felipe González en el Consejo
respecto a reforzar la presencia de Naciones Unidas en Macedonia y en
Albania para el control de la frontera, son medidas que ya deberían
empezar a aplicarse; haremos todo lo posible para apoyar cualquier
iniciativa en todos los foros de los que España es parte, tanto en la UEO
como en la OTAN y, naturalmente, en el Consejo de la Unión Europea.
Por lo tanto, finalizo asegurando a SS. SS. que el Gobierno tiene la
impresión de estar en sintonía con las fuerzas políticas de este
Parlamento con respecto al análisis y a la actitud que debemos mantener
en este conflicto, que vamos a seguirlo muy atentamente, y que
naturalmente estamos dispuestos a hacer, como lo estamos haciendo ya,
todo lo necesario y más, como lo hicimos en el momento en que se pidió
nuestra ayuda para intervenir en Albania. Si una misión de paz tipo
Petersberg pudiera perfilarse en el futuro, la fomentaríamoscon mucho
gusto y participaríamos en ella.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
--MEDIDAS ADOPTADAS ANTE EL GOBIERNO DE MEXICO TRAS LA EXPULSION DE DICHO
PAIS DE TRES CIUDADANAS Y UN CIUDADANO DEL ESTADO ESPAÑOL QUE LLEVABAN A
CABO ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD CON LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE CHIAPAS,
ASI COMO POSIBLES INICIATIVAS FUTURAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DE
CIUDADANOS QUE REALIZAN TAREAS SOLIDARIAS EN MEXICO, TANTO ANTE EL
GOBIERNO MEXICANO COMO ANTE LA UNION EUROPEA (UE). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
213/000646).
--EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA EL DIA 24-2-98,
RELATIVA A LA MATANZA DE INDIGENAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ASI COMO
SOBRE LA ACTUACION DEL GOBIERNO ANTE LA EXPULSION DE CUATRO CIUDADANOS
ESPAÑOLES DE MEXICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 213/000648).
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA BALLETBO PUIG (GSC) SOBRE INFORMACION QUE POSEE EL
GOBIERNO SOBRE LAS RECIENTES EXPULSIONES DE REPRESENTANTES ESPAÑOLES DE
UNA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) EN CHIAPAS (MEXICO) (Número de
expediente 181/001588).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a considerar los puntos 2 y 3 del orden del
día. Ambas son comparecencias, la primera solicitada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y la segunda por el Grupo
Parlamentario Mixto, referidas a Chiapas, por lo que me parece que
podemos proceder a su discusión conjunta. Además, aunque no veo que en
este momento esté con nosotros la señora Balletbó, pensaba acumular en la
comparecencia la pregunta número 10, de la señora Balletbó, que se
refiere también a la expulsión de representantes españoles de una
organización no gubernamental en Chiapas, que es uno de los temas a
considerar dentro de la comparecencia.
De manera que, en esos términos, el señor secretario de Estado se
referirá a las medidas adoptadas por el Gobierno de México tras la
expulsión de dicho país de tres ciudadanas y un ciudadano del Estado
español que llevaban a cabo actividades de solidaridad con las
comunidades indígenas de Chiapas y, al mismo tiempo, informará sobre el
cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el día 24 de febrero de
1998 por esta Comisión de Asuntos Exteriores relativa a la matanza de
indígenas en el Estado de Chiapas.
El señor secretario de Estado, Ramón de Miguel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Gracias, señor presidente.
El pasado día 12 de abril fueron expulsados de territorio mejicano, con
prohibición de reingreso, doce extranjeros, de ellos, cuatro jóvenes
españoles (Olga Clavería Iranzo, Julián Cobo Segasti, Pilar Ana López
Castillejo y Marta Sánchez Zaragoza). Junto a los cuatro ciudadanos
españoles, también fueron expulsados tres estadounidenses, dos
canadienses, dos belgas y un alemán.
Los doce extranjeros más arriba señalados, incluyendo los cuatro
españoles, así como otras personas de nacionalidad mejicana, fueron
detenidos el día 11, a las cinco de la mañana, hora local, mientras
pernoctaban en Taniperlas, por un destacamento del ejército y de la
policía. Seguidamente fueron trasladados a la Delegación Migratoria de
San Cristóbal de las Casas, donde recibieron la visita y primera
asistencia del cónsul honorario de España, y de ahí a Tuzla Gutiérrez,
capital del Estado de Chiapas, desde donde conversaron y tomaron contacto
con el embajador de España en México. El día 12 fueron trasladados por
avión a la ciudad de México y, una vez allí, fueron conducidos a las
oficinas del Instituto Nacional de Inmigración, donde recibieron la
visita del personal de la embajada y del consulado general de España en
México. Por último, tras tomarles declaración individualmente, el cónsul
general les acompañó al aeropuerto, desde donde tomaron el vuelo con
destino a Madrid a las 21,25 hora local. Esta es la evolución de los
acontecimientos.
Según consta en la resolución dictada y comunicada a los expulsados, los
cargos están relacionados con su presencia, junto con un grupo de
habitantes del poblado de Taniperlas, Estado de Chiapas, en los actos
públicos que tuvieron lugar el día 10 de abril, con los que se pretendía
declarar a dicho pueblo municipio autónomo. Esto contraviene, según las
autoridades mejicanas, el artículo 115 de la Constitución de México, que
establece el municipio como base de la organización política nacional y
regula la organización municipal, reservando a las legislaturas de los
Estados la competencia exclusiva sobre la división municipal de sus
territorios. Asimismo, se les acusa de haber impedido el desarrollo de
las actividades de las autoridades legítimamente constituidas. Por ello,
se les ha aplicado el artículo 33 de la Constitución mejicana, en virtud
del cual los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los
asuntos políticos del país. Este mismo artículo otorga al Ejecutivo la
facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional
inmediatamente, y sin necesidad de juicio precio, a todo extranjero cuya
permanencia juzgue inconveniente.
Por lo que se refiere a estos ciudadanos españoles, salvo el caso de Olga
Clavería, que poseía un visado de estudiante, los expulsados estaban en
territorio mejicano con un visado de turista y, por lo tanto, sin la
documentación necesaria para realizar labores de observación. Se da
además la circunstancia de que dos de ellos se encontraban de manera
ilegal en México, al haber rebasado la estancia en el país de tres meses
a que da derecho el visado de turista. En efecto, según la ley interna
mejicana, para que los extranjeros
puedan actuar en México como observadores en materia de derechos humanos,
deben rellenar el correspondiente formulario y presentarlo en las
oficinas consulares mejicanas en el exterior. Este es el único modo de
realizar labores de este tipo sin vulnerar el ordenamiento jurídico
mejicano; no obstante, la condición de observador en ningún caso permite
al extranjero mezclarse en actividades políticas dentro del territorio de
la República. Dicho de otro modo, aunque los doce extranjeros hubieran
gozado del estatuto de observadores con arreglo a la normativa mejicana,
habrían sido objeto de una orden de expulsión por violación del artículo
115 de la Constitución y en aplicación del artículo 33 del mismo texto
legal.
Conviene, por tanto, señorías, tener presente que con la orden de
expulsión las autoridades mejicanas no han hecho sino aplicar su propia
Constitución, haciendo uso de las prerrogativas inherentes a la soberanía
estatal. Partiendo de esta premisa, interesa --por lo menos interesa al
Ministerio de Asuntos Exteriores-- sobre todo comprobar que nuestros
connacionales han recibido un trato digno y respetuoso. En líneas
generales, debo informar a SS. SS. que así ha sido. Por un lado, la
expulsión se llevó a cabo cumpliendo las garantías previstas por la
legislación interna, tales como revisión médica para verificar la
ausencia de malos tratos y un trámite de audiencia para que los
interesados pudieran hacer las alegaciones que consideraran oportunas.
Por otro lado, la detención fue inmediatamente comunicada a nuestra
embajada, gracias a lo cual se pudieron tomar las medidas necesarias para
que los cuatro españoles estuvieran atendidos desde el primer momento.
Como he dicho, al principio les asistió el cónsul honorario en la zona,
quien se trasladó rápidamente de Tuzla Gutiérrez a San Cristóbal de las
Casas, entre las que hay una distancia considerable por cierto. El
embajador conversó con ellos por teléfono y pudo saber que se encontraban
en buen estado y que no habían recibido malos tratos. Asimismo, el
embajador contactó con el delegado del Gobierno en Chiapas para obtener
todas las garantías respecto al bienestar de estos españoles.
Posteriormente, la embajada se encargó de comunicar la noticia a sus
familiares en España. Cuando llegaron a México D. F., el cónsul general,
el primer secretario de la embajada, el consejero de prensa y el primer
oficial del consulado se entrevistaron directamente con ellos y los
acompañaron al aeropuerto hasta el momento de su embarque en el vuelo que
los repatrió. Es decir, las autoridades mejicanas facilitaron el acceso y
la comunicación con la embajada y con el consulado General de los cuatro
españoles, quienes han expresado su satisfacción por las actuaciones
realizadas por nuestra representación.
Por último, la operación se llevó a cabo sin causar víctimas, lesiones ni
daño físico, como comentaron los interesados a nuestro embajador en la
primera conversación que mantuvieron. En ningún momento hubo malos tratos
hacia los cuatro españoles por parte de las autoridades mejicanas.
Dicho todo esto, también hay que reconocer, porque a nadie se le oculta,
que se trató de una operación contundente como lo demuestra el hecho de
que tuviera lugar en plena madrugada, cuando estaban durmiendo, y con un
importante dispositivo policial y militar, puesto que participaron el
ejército y la policía y los servicios de inmigración. Todo esto,
lógicamente, ha incidido, como no podía ser menos, en el ánimo de los
afectados, quienes sufrieron momentos de ansiedad y miedo, como es
lógico, que seguramente les han dejado una honda impresión, que nosotros
pudimos comprobar y que también han podido hacerlo in situ sus
compatriotas y sus familias cuando llegaron aquí. Pero, salvo esto, no ha
habido ninguna otra incidencia digna de destacar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Señorías, vamos a proceder de la siguiente manera. En primer lugar,
tendrán la palabra los portavoces de los dos grupos autores de las
comparecencias; a continuación la tendrá la señora Balletbó, que en este
trámite realizará la pregunta que se refiere al mismo tema, y
posteriormente pasaremos a los portavoces de los distintos grupos. Me
atrevo a pedirles que sean lo más breves que puedan, porque, si no, vamos
a estar muy mal de tiempo enseguida.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, quiero señalar que la
voluntad de concisión y brevedad estarán presentes en mi intervención,
pero recuerdo a S. S. que hay una acumulación de dos comparecencias y,
por lo tanto, también solicito que se tenga en cuenta.
Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia, pero
debo recordarle que uno de los motivos de su presencia en esta Comisión
es dar cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir los
términos de la proposición no de ley aprobada por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios en esta Comisión de Asuntos Exteriores el día 24 de
febrero de 1998. Son cuatro puntos en los cuales, primero, se instaba al
Gobierno a continuar desarrollando iniciativas diplomáticas ante el
Gobierno mejicano para el desbloqueo de las conversaciones de paz y la
desmilitarización de los Altos de Chiapas y de la selva Lacandona.
Segundo, a seguir realizando una política activa en Latinoamérica a favor
del respeto por el plurialismo cultural, lingüístico y nacional,
etcétera. Tercero, a solicitar del Gobierno mejicano la adopción de
medidas que supongan el esclarecimiento de las matanzas y que sus
responsables sean juzgados; el cese de las prácticas de intimidación
sobre las comunidades indígenas de México y el respeto de sus derechos;
el fin a la militarización de los conflictos con los indígenas y los
desplazamientos de estas comunidades así como su atención humanitaria;
poner fin a las intimidaciones y expulsiones de los cooperantes y
observadores internacionales; reanudar el diálogo con el EZLN y
desarrollar los acuerdos de San Andrés, así como el pleno respeto de los
derechos humanos. Cuarto, a adoptar las medidas oportunas para garantizar
la máxima protección de los ciudadanos de la Unión Europea que actúan
como cooperantes o religiosos en la zona, amparándoles frente a las
actuaciones intimidatorias de la Administración
mejicana y de los grupos políticos y económicos del Estado de Chiapas.
Parece que esta Comisión de Asuntos Exteriores tuvo actitudes proféticas
respecto a los acontecimientos que se produjeron a continuación y que yo
voy a relatar brevemente.
Desconozco si el motivo es que la Embajada española no ha informado
adecuadamente al señor secretario de Estado o cuáles puedan ser para que
la información sobre los hechos acaecidos que relata sea en los términos
en los que aquí se ha expresado. Obra en mi poder, como no me cabe la
menor duda que también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, una
certificación de la Universidad Autónoma de Madrid acreditando que doña
Olga Clavería Iranzo, estudiante de Antropología, está llevando a cabo un
trabajo de campo en la comunidad de Taniperla, del municipio de Ocosingo
(Chiapas) y que, por lo tanto, tiene el correspondiente permiso
migratorio de estudiante. Si bien los permisos de estancia en México de
las otras tres personas eran de turista, el señor secretario de Estado
sabe tan bien como yo la situación del Estado de Chiapas, que el Gobierno
mejicano ha reconocido el papel de la Conai (Comisión Nacional de
Intermediación) en el conflicto surgido con el EZLN y que existe una
institución llamada Campamentos Civiles por la Paz, a los que asisten
ciudadanos mejicanos y de otros países que tienen la función de observar
y relatar posibles violaciones de los derechos humanos, es decir, que no
son circunstancias que puedan pasar por mentes calenturientas sino que
tienen su objeto en matanzas como la que dio origen a la proposición no
de ley a la que me he referido.
Señor secretario de Estado, aunque no pueda relatarlos detenidamente, son
evidentes los hechos sufridos por nuestros compatriotas en aquellas casi
48 horas y que no surgieron de su detención. En ningún momento nuestros
compatriotas fueron detenidos legalmente por ninguna de las autoridades
policiales o militares que procedieron a la ocupación del municipio de
Taniperla. En todo momento se les negó ese carácter de detención y
simplemente les decían, aunque fueron tratados a golpes y esposados, que
el motivo de su retención era comprobar la situación de emigración de
esas personas.
Quiero manifestar mi protesta por la actuación del cónsul honorario
español en San Cristóbal de las Casas, que en ningún momento intervino
para terminar con la actitud, que sólo puede calificarse de cínica, de
llevarse a unas personas golpeadas, retenidas, esposadas, incomunicadas,
sin concederles derecho a asistencia letrada alguna, diciéndoles que,
como no son delincuentes, no son de aplicación los derechos que se les
reconocen a las personas detenidas. Estas personas fueron golpeadas
repetidas veces; estuvieron apenas sin comer durante 24 horas; estuvieron
hacinadas; si bien solicitaron ser reconocidas por un médico, en ningún
momento obtuvieron exploración física alguna, y la actitud de una médica
en San Cristóbal de las Casas fue impedirles dormir en el suelo,
colaborando activamente en el interrogatorio al que estaban sometidos por
las autoridades de la oficina de migraciones. Esta situación, señor
secretario de Estado, está acreditada. Creo que usted desconoce, si no
hechos o relatos, documentos como un parte de lesiones, pues exactamente
24 horas después de su deportación a Olga Clavería se le realizó un
reconocimiento físico en un centro público dependiente del Ayuntamiento
de Madrid. En dicho parte se informa de la existencia de hematomas,
hemorragias, heridas incisocontusas con pérdida de materia. Si usted
entiende que eso significa que han sido tratados con amabilidad en el
curso de su retención, detención o deportación, yo no sé cuáles son las
palabras del castellano que conviene utilizar en estos momentos.
Hay un hecho más. Usted está aludiendo, señor secretario de Estado, a la
vulneración de artículos de la Constitución mejicana. Afortunadamente, se
pudo tramitar, en el escaso tiempo que transcurrió y en ausencia total de
asistencia letrada, un recurso relativo a la Ley de amparo mejicana para
la interrupción de la deportación. La embajada española conocía que, a
las ocho de la tarde del mismo día en que fueron deportados nuestros
compatriotas, existía una orden judicial, del Juzgado número 3 de lo
Penal del Distrito Federal, por la cual se cursa la suspensión de oficio
de los actos reclamados, consistentes en todo aquello que comporte
peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los
previstos por el artículo 22 de la Constitución federal. Usted debe
conocer mejor que yo, señor secretario de Estado, que, en la deportación,
detención, malos tratos y agresiones que sufrieron nuestros compatriotas
se han vulnerado artículos y leyes de la Constitución mejicana que,
afortunadamente, ampara a todo extranjero que se halle legalmente en
territorio nacional, como lo refieren los artículos 11, 1 y 33 de la
Constitución mejicana. El artículo 16 de la Constitución mejicana dice
que nadie puede ser molestado en su persona sin mediar orden de autoridad
judicial. Por cierto, usted ha afirmado, señor secretario de Estado, que
nuestros compatriotas fueron detenidos. ¿Conoce usted la existencia de
alguna orden judicial de detención de nuestros ciudadanos?
Es obvio que la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita tanto
por el Estado español como por el mejicano, ha sido violada en múltiples
puntos. Señor secretario de Estado, manifiesto la profunda preocupación
de mi grupo parlamentario por la violación expresa y flagrante del
contenido y del espíritu de la proposición no de ley --insisto, apoyada
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de esta Comisión de
Asuntos Exteriores--, además de por el desamparo que nuestros ciudadanos
sufrieron en las cuarenta y ocho horas siguientes, y me abstengo de
calificar su situación porque evidentemente no se atiene a ninguno de los
preceptos legales de la legislación mejicana. Este desamparo ha supuesto
el incumplimiento de las obligaciones de protección de los derechos de
ciudadanos españoles, que corresponde a las autoridades españolas en
Méjico. Insisto, a pesar de que las autoridades españolas y las
autoridades mejicanas competentes, como lo son por orden del juzgado el
comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de
Migración, la directora de la Inspección y Control Migratorio del
Instituto Nacional de Migración, el delegado regional del Instituto
Nacional de Migración del aeropuerto internacional Benito Juárez, de la
ciudad de Méjico, y el procurador general
de la República, conocían con antelación la orden judicial de suspensión
de las autoridades judiciales mejicanas, que suspendían de oficio la
deportación de nuestros ciudadanos, se abstuvieron de intervenir. Me
parece imposible que usted no conociera la existencia de esta suspensión
de oficio de la deportación, que implica la apertura de un sumario, de un
proceso judicial que culminará con una sentencia, y ante ese proceso
nuestros ciudadanos no podrán utilizar su derecho a la defensa, porque la
orden de deportación implica la imposibilidad para nuestros ciudadanos de
volver a pisar suelo mejicano sin fecha.
Que el señor Matutes haya declarado ante los medios de comunicación, como
usted ha hecho hoy, por otra parte, que nuestros ciudadanos fueron bien
tratados y no sufrieron ninguna violencia física, que sus derechos fueron
respetados y que las autoridades mejicanas actuaron en el cumplimiento de
la legislación, no tiene justificación alguna. Ha habido declaraciones
por parte de autoridades mejicanas, con una ignorancia incomprensible,
atribuyendo al hecho de que uno de nuestros ciudadanos fuera vasco, de
conocida militancia vasca --yo creo que el ser vasco no implica ninguna
militancia por el hecho de serlo--, que eso supusiera --palabras
textuales-- algo así como pertenecer a ETA. El Gobierno español no ha
entendido que esas declaraciones públicas, realizadas por altos cargos
del Gobierno mejicano, supusieran agresión, insulto o merma de los
derechos a la imagen de nuestros ciudadanos. Además, como hubo otros
ciudadanos de otras nacionalidades que fueron objeto del mismo
tratamiento que nuestros compatriotas, hay agravio comparativo. Señor
secretario de Estado, lamento decir que siento vergüenza de la actuación
del Gobierno español comparándola con la del Gobierno canadiense, que ha
ejercido los cauces diplomáticos oportunos para presentar una queja ante
el Gobierno mejicano, haciendo declaraciones que evidentemente reflejan
la realidad. Hay una situación grave de conflicto. El Estado de Derecho
no existe en las comunidades indígenas de Chiapas. Ha habido un proceso
de conversaciones, un proceso de diálogo incumplido...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, su turno, incluso con la
acumulación, está suficientemente cubierto.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ya, señor presidente. Solamente voy a
formular unas preguntas bien concisas.
Ante esta situación, yo le pregunto, señor secretario de Estado: ¿Da por
zanjadas las actuaciones del Gobierno español ante el Gobierno mejicano?
¿No cree el Ministerio de Asuntos Exteriores que los hechos ocurridos son
suficientemente graves como para realizar algún tipo de investigación
antes de conformarse exclusivamente, según usted ha manifestado, con la
versión de los hechos que ha dado el Gobierno mejicano? ¿Piensa, en
función de esa investigación, que todavía es posible llevar a cabo algún
tipo de protesta por parte del Gobierno español? ¿Ha llamado el
Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de España en Méjico para
darle instrucciones en relación con la actuación del Gobierno mejicano
hacia nuestros ciudadanos? Finalmente y resumiendo, señor secretario de
Estado: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno español para aplicar los
términos a los que se le insta en la proposición no de ley aprobada el
día 24 de febrero de 1998?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Los diputados y diputadas de Iniciativa per
Catalunya-Nueva Izquierda pedimos la comparecencia del ministro --hoy
acude el secretario de Estado-- fundamentalmente para solicitar dos tipos
de informaciones. Una es la referencia a cuál fue la actuación del
Ministerio de Asuntos Exteriores en la expulsión de nuestros compatriotas
y, otra, cuál es el grado de cumplimiento por el Gobierno de los acuerdos
que se tomaron por unanimidad el 24 de febrero en esta misma Comisión.
Quiero indicar al señor secretario de Estado que no nos ha dicho nada
respecto a cuál es el grado de cumplimiento de los acuerdos de la
proposición no de ley, es decir, qué es lo que el Gobierno ha hecho, qué
dificultades tiene, qué propuestas ha realizado.
En segundo lugar, el secretario de Estado nos ha hecho una referencia a
qué ocurrió con cuatro personas que fueron expulsadas de Méjico, y he de
señalar que, de hecho, en síntesis, lo que nos ha dicho es que estuvieron
bien tratados y bien expulsados. Creo que usted se equivoca cuando dice
eso. Tuve la oportunidad, hace dos meses, de estar en la Comisión civil
de derechos humanos en Méjico y presencié la detención de algunas
personas y el intento de expulsión de algunos observadores
internacionales, en concreto italianos. Luego me referiré a ello, pero he
de decirle que la campaña en contra de los extranjeros que se está
lanzando por parte de sectores del Gobierno y de algunos medios de
comunicación, si se está 24 horas en Méjico, hace imposible poder pensar
que el tratamiento que se dio fue correcto. Si además uno habla con
alguna de las cuatro personas que fueron expulsadas, de ninguna de las
maneras puede decir usted lo que ha dicho. Señor secretario de Estado,
creo que el Gobierno español tuvo que actuar --ya se ha dicho antes--
como actuó el Gobierno canadiense o, como mínimo, el Gobierno italiano,
que, en una situación parecida, tuvo una actuación mucho más eficaz,
contundente y clara. El Gobierno español, en estas cuatro personas que
fueron expulsadas de Méjico, ha dejado --como me decía uno-- la sensación
de orfandad, como si el Gobierno español no existiera. Desde ese punto de
vista, creo que esto es grave para esas cuatro personas y para las
relaciones diplomáticas entre Méjico y España, pero es grave,
fundamentalmente, no ya por este hecho en concreto, sino porque creo que
todos estamos convencidos --yo estoy absolutamente convencido-- de que,
en Méjico, el conflicto de Chiapas puede llegar a una situación de
guerra, el conflicto puede volver a estallar y, en ese sentido, me parece
que el Gobierno español tiene la obligación, atendiendo lo que se aprobó
en la Comisión de Asuntos Exteriores, de realizar todas aquellas acciones
que sean necesarias para que el conflicto no estalle.
Muy breve y rápidamente, señor secretario de Estado, quiero decirle que
la campaña de expulsión de extranjeros y de hostigamiento a los
extranjeros, por parte del Gobierno mejicano, viene condicionada por la
situación política de Chiapas, que es la siguiente. En primer lugar, el
problema central es el incumplimiento por parte del Gobierno de los
acuerdos de San Andrés. Es decir, en febrero de 1996 se alcanzaron unos
acuerdos entre el Gobierno, las fuerzas políticas parlamentarias y el
ejército zapatista, que después de más de dos años no se han cumplido, a
pesar de que la Cocopa --un organismo reconocido por ley--, en el que hay
representación de todos los partidos parlamentarios, en noviembre de 1996
ya hizo una propuesta de reforma constitucional y de desarrollo
legislativo que debía servir para superar la situación de conflicto. Esta
propuesta --insisto--, hecha por todos los partidos parlamentarios de
Méjico, entre diputados y senadores, en una comisión mixta, fue
inmediatamente rechazada por el presidente Zedillo y, posteriormente, fue
rechazada también por el PRI. Este bloqueo de la situación, en estos
momentos, viene agravada en Chiapas por la militarización creciente del
Estado; hay que pasear por allí. En Chiapas --según versiones oficiales--
hay más de 50.000 soldados, que dificultan e imposibilitan el ejercicio
normal de la vida cotidiana --el poder trabajar en el campo, el poder ir
a la escuela, el poder pasear-- y, al mismo tiempo, hay una situación de
vulneración de los derechos humanos que tiene su máxima expresión en la
existencia de grupos paramilitares que, en connivencia con determinados
sectores de las fuerzas de seguridad, atropellan, matan y hacen que haya
un nuevo problema --que es el de los desplazados-- con más de 8.000
personas por aquellos bosques y selvas sin poder vivir.
Usted sabe perfectamente, pero se lo quiero recordar, que no fue sólo la
matanza de Acteal. Una de las personas que vino a la Comisión civil, a la
que asistimos hace un par de meses, a declarar qué es lo que había visto,
al cabo de dos horas era asesinado. En ese contexto, ustedes no pueden
venir aquí hoy diciendo que todo ha estado bien. Como mínimo, ustedes
debían reconocer que algunas cosas se han hecho mal, que el Gobierno
mejicano no lo está haciendo todo bien, cuál ha sido su forma de actuar;
si no, con la versión que nos da hoy del significado o de la legalidad de
la expulsión y de la actuación del Gobierno español, yo creo que usted,
en definitiva, con sus palabras, desde el punto de vista de los
contenidos, está incumpliendo los acuerdos de esta Comisión. Su
explicación de hoy no tiene nada que ver con lo que acordamos aquí en el
mes de febrero. Por tanto --con esto acabo--, insisto, señor secretario
de Estado, en que la expulsión concreta de estas cuatro personas es
producto del intento del Gobierno mejicano de limpiar de extranjeros,
para que no se hagan visibles las violaciones constantes de los derechos
humanos en el Estado de Chiapas, y creo que el Gobierno español
--insisto--, como han hecho otros gobiernos, tiene la obligación, en
primer lugar, de defender los derechos humanos de los compatriotas
españoles que están allí y, en segundo lugar, contribuir a que en Méjico
no estalle dentro de muy poco una nueva situación de conflicto.
El señor PRESIDENTE: Como hemos acumulado la pregunta de la señora
Balletbó que figura con el número 10, sería éste el momento en el que la
señora Balletbó podría tomar la palabra, si así lo desea.
La señora BALLETBO I PUIG: Señor presidente, además de formular mi
pregunta, hablaré en nombre de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, a efectos de claridad, prefiero que
hable en su nombre, como autora de la pregunta, para no alterar luego el
reparto respectivo de los turnos de grupo. Cuando le toque, le daré la
palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Es que...
El señor PRESIDENTE: Bueno, hable como usted desee; luego, ya veremos.
La señora BALLETBO I PUIG: Se lo agradeceré porque, en cualquier caso, es
la única forma que sé de hacerlo, como yo sé. (Risas.)
Agradezco sus explicaciones al señor secretario de Estado. No quiero
reiterar algunos de los argumentos que se han expuesto por parte de los
representantes de otros grupos parlamentarios, pero sí me gustaría hacer
algunos comentarios. En primer lugar, se trata de cuatro personas de
nacionalidad española, de Castellón, de Burriana; una, peluquera; otra,
una chica de vacaciones. Yo, leyendo sus respectivos currículos, ya veo
que son unos terroristas internacionales de primera fila. Eso, de
entrada. A mí me parece una broma que se pueda suponer que esa chica
peluquera, que se va dos meses a Méjico con un visado turístico, va a
hacer actividades ilegales para violentar la Constitución mejicana. En
segundo lugar, estas ciudadanas españolas tenían permiso de estancia para
46 días más; luego tampoco parece ser exacto que se les hubiera terminado
su permiso de estancia en Méjico. En tercer lugar, creo que si, desde
1996 hasta hoy, 208 extranjeros han recibido oficios de salida, acusados
todos de estar haciendo actividades ilegales en Chiapas, lo que ya me
parece difícil es que te den un visado especial para que vayas allí de
observador; me parece una auténtica contradicción. Es decir, tú no puedes
ir con un visado de turista porque tienes que ir con un visado especial;
pero en un país en el que sacan a 208 extranjeros de una zona --entre
ellos, algunos periodistas españoles--, que han sido expulsados porque no
quieren que estén allí para poder actuar con más comodidad, no creo que
tú puedas ir y decir: a mí deme un visado para venir aquí a observar y a
hacer labores humanitarias. Bueno, a eso, en mi tierra lo llaman perder
el tiempo. Eso, de entrada.
Creo, de verdad, que aquí lo que se nos plantea, señor secretario de
Estado, es un problema bastante más de fondo, que yo razonaría en dos
aspectos. El primero es que me parece que los tiempos --como usted sabe--
han cambiado mucho y que ya no estamos en aquellos momentos en que la
embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la señora Kirkpatrick,
del dictador Pinochet, decía
aquello de: He is a son of a bich, but is our son of a bich. Eso pasó ya,
por tanto, señor Secretario de Estado, una cosa no excluye la otra.
Nosotros tenemos que tener unas magníficas relaciones diplomáticas con
Méjico, soy la primera en defenderlo; tenemos que tener las mejores
relaciones comerciales con Méjico, soy la primera en defenderlo, pero hay
otra cosa que se llama una cierta defensa de los derechos humanos y un
hacer y velar mínimamente por el cumplimiento de unas ciertas normas de
comportamiento democrático. También en Méjico, no sólo en Kósovo, no
quiero comparar, ni mucho menos, porque aquí esta mañana hemos estado
hablando de posibles intervenciones, y pedimos un poquito menos.
En el informe que usted conoce perfectamente, en la memoria de Kofi
Ahnah, hay un capítulo muy interesante en relación a la buena gestión
pública, los derechos humanos y la democratización. Dice, más o menos,
que cada vez la buena gestión pública es un requisito fundamental para
conseguir los objetivos de un desarrollo sostenible, la prosperidad y la
paz. En este sentido, la situación de cada país es única; pero un sentido
amplio, sin perder de vista las diferencias culturales, la buena gestión
pública comporta el imperio de la ley, las instituciones estatales
eficaces, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los
derechos humanos en cualquier zona.
Yo creo cada vez más vamos en esa dirección y que deberíamos insistir en
esas cosas, no sólo en la defensa de nuestros ciudadanos --quiero entrar
rápidamente en ello--, sino también en la busca de soluciones que den
salida a situaciones de conflicto como la que se vive en este país
centroamericano.
También quería señalar una cosa más, si usted me permite, con todo el
afecto y con toda cordialidad. Creo que tenemos otro problema, y es que
no podemos como país no defender ni proteger suficientemente a nuestros
ciudadanos expulsados de Méjico, a nuestros ciudadanos detenidos en
Guinea, también de nacionalidad española, a los empresarios españoles que
están en Miami y comercian con Cuba. No es que seamos Estados Unidos,
pero somos España. Se lo digo yo que soy catalana, que hemos tenido fama
de sentirnos quizás un poquito menos españoles que otros. Yo quiero que a
los ciudadanos españoles, que tienen conflicto en cualquier país del
mundo, mi Gobierno los defienda con la misma vocación y fuerza que los
Estados Unidos; lo quiero para mis españoles y también para esos
ciudadanos españoles que a su vez son ciudadanos europeos.
Si en esa configuración del marco europeo no empezamos a defender y
proteger con uñas y dientes a nuestros ciudadanos, nos van a tomar por el
pito el sereno. Eso, aparte de ser un derecho, es una obligación. Yo creo
que hay que intervenir, hay que ejercitar todos los resortes que podamos
para que a nuestros ciudadanos fuera no se les trate y no se les maltrate
de cualquier manera, sea lo que sea lo que hayan hecho, luego los
tribunales ya los juzgarán y ahí ya veremos lo que pasa.
Usted ha explicado muy bien que se los detuvo de noche, con un despliegue
del ejército, con un despliegue policial. Aunque usted aludía a que no
había habido malos tratos --luego algún que otro diputado lo ha
contradicho--, la forma en que se llevó a cabo no parece tampoco el
sistema más adecuado para retener y expulsar a unos ciudadanos españoles.
Yo creo, señor secretario de Estado --estoy seguro que usted está de
acuerdo con nosotros--, que el problema es la situación de extrema
pobreza de algunas zonas, que esto tiene que ver con la falta de
profundización en el sistema democrático de algunos países y en la
búsqueda de salidas que den un trato igual a todos los ciudadanos.
Uno de los problemas que hay, como usted sabe mejor que nadie, en los
temas de secesión, cuando la gente se quiere independizar, cuando quiere
irse de un territorio, es que siempre considera que sus derechos no son
atendidos; por tanto, el reconocimiento de los derechos de cualquier
minoría, de mejor democratización en el reparto de la riqueza soluciona
alguno de los problemas.
Es verdad que el tema que nos guiaba hoy en esta denuncia era el trato de
esos cooperantes españoles. Yo creo, señor secretario de Estado, que esto
no se ha hecho bien, en esta Comisión lo que hicimos fue aprobar por
unanimidad, el 24 de febrero de 1998, una proposición no de ley relativa
a las matanzas de indígenas en el Estado de Chiapas, y, aunque el señor
Robles Fraga, seguramente querrá sacar ciertas interpretaciones,
conflictos en prensa, con relación a algún dirigente de mi partido,
ustedes tienen que trabajar para que esto se cumpla, y, en la misma
línea, tienen que trabajar para que cualquier ciudadano que quiera ir a
desarrollar labores humanitarias no pueda ser tratado como ha ocurrido
con estos cuatro ciudadanos españoles.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, no he intervenido en el debate
todavía y he sido ya aludido sin necesidad de hablar, lo cual demuestra
que este tema escuece en el Partido Socialista. Yo no sé si tiene algo
que ver con algún viaje del secretario general del Partido Socialista y
algunas pequeñas contradicciones internas sobre este tema. (El señor
García-Santesmases Martín-Tesorero: Esto está superado.--La señora
Balletbó i Puig: No insistas.)
Aquí, como siempre que hablamos de un país iberoamericano, se mezclan
muchos niveles de discusión; uno, la capacidad o la necesidad de defender
los derechos humanos y las reformas democráticas en los países de la
comunidad con la que compartimos los mismos valores y principios; existe
un nivel, que es el de la protección consular, que es el más directamente
referido a una de las comparecencias; existe la cuestión de Chiapas y
existe la cuestión de las relaciones entre España y Méjico, que no es
poca cosa, de manera que tendríamos para mucho más de dos comparecencias.
Quiero anunciar que mi grupo va a presentar una proposición no de ley,
que estoy seguro tendrá el apoyo unánime
de esta Comisión, sobre las relaciones entre España y Méjico. Méjico no
solamente es un país amigo, es un país importante y es una gran nación
iberoamericana, que debe tener con España y con la Unión Europea el mayor
nivel de interlocución política y que debe recibir el mayor interés por
parte de la Unión Europea y de España.
Naturalmente, las relaciones entre España y Méjico, entre la Unión
Europea y Méjico, en las que desde luego España tiene un papel muy
importante, no acaban en Chiapas. Afortunadamente, no acaban en Chiapas,
por muy importante que la cuestión sea y por muy sensible que sea la
opinión pública o algunos grupos parlamentarios, en este caso, yo creo
que todos, a la situación que se vive en ese Estado de la unión mejicana.
Sobre los derechos humanos, por la diputada Angeles Maestro he sido
acusado de injerencista en varias ocasiones por pedir que en otro país
iberoamericano muy cercano a Méjico, España defendía los derechos humanos
y las reformas democráticas, y me refiero a Cuba, naturalmente, pero, al
parecer, para la diputada Angeles Maestro lo que vale para Cuba no vale
para Méjico, y al revés. En Cuba hay una revolución triunfante, que
simboliza los mejores deseos y aspiraciones del pueblo, y, en cambio, en
Méjico hay un Estado opresor que viola sistemáticamente los derechos
humanos. Ya gustaría a los cubanos tener la posibilidad de recibir
observadores internacionales con la cantidad de los que recibe Méjico.
La prueba de que hay observadores en materia de derechos humanos es que
el señor Saura ha estado en una reunión y que hay centenares de
cooperantes observadores, multitud de ONG, que realizan su tarea
preferente en Chiapas, no en otros estados de la unión mejicana, donde
sin duda también sería bueno que hubiera atención por parte de la opinión
pública organizada del mundo y también de España. Pero --repito-- no cabe
duda de que hay presencia extranjera importante, muchas de las cuales
respeta las leyes del Estado mejicano, tiene sus visados en regla, es
decir, sigue esos trámites que en este caso parece que no se han seguido.
Luego hay otra cuestión, que yo creo que es probablemente la más
relevante, a la que el señor secretario de Estado ha prestado atención
preferente, como no podía ser de otra manera, que es si ha existido o no
la adecuada atención diplomática y consular. No me cabe duda de que esa
protección diplomática y consular ha existido y ha sido desde el primer
momento en que el cónsul honorario en la zona tuvo noticia de esta
detención y en su paso por Méjico fueron debidamente atendidos por la
embajada y el consulado. No podemos pretender que la protección
diplomática y consular sustituya a la propia legislación mejicana o a la
propia actuación de la autoridades mejicanas, incluyendo las judiciales.
Sin embargo, esa protección ha existido, ha sido pronta y, según las
informaciones que nos ha brindado el secretario de Estado, ha sido
eficaz. Ponerla en duda sería un error, entre otras cosas, porque esa
protección no solamente se refiere a esos cuatro españoles, sino a todos
los cooperantes y observadores españoles que están a día de hoy en la
zona y necesitan que ese canal de comunicación siga abierto y esa
protección se siga ejerciendo. En cualquier caso, me parece que la
discusión debe centrarse en este último punto, es decir, la protección
consular y la diplomática es debidamente ejercida si además existen
relaciones o el mayor nivel de diálogo político posible entre el país
representado y el que recibe a esas autoridades diplomáticas y
consulares.
Hay una cierta contradicción, que no ha salido en este debate pero ha
sido planteada en otros anteriores, entre pedir el mayor nivel de diálogo
político, la mayor protección diplomática y consular, el mayor nivel de
exigencia y luego negarse o proponer que no se ratifique el acuerdo
global entre la Unión Europea y Méjico, que es lo que da, precisamente,
como no podía ser de otra manera, a la Unión Europea la capacidad
jurídica internacional para proteger y preocuparse no solamente por la
situación de sus ciudadanos nacionales europeos, sino por la situación de
los derechos humanos y las reformas democráticas en el Estado mejicano.
Dicho sea de paso, es un Estado extraordinariamente celoso de su
soberanía, como sin duda conocen todos ustedes, pero que tiene en ese
acuerdo la obligación jurídica contraída con la Unión Europea de respetar
los derechos humanos, las libertades más fundamentales, permite que ésta
intervenga y se haga esa injerencia benéfica que supone la preocupación
por los derechos humanos. Sin duda, el debate sobre las fronteras
nacionales y los derechos humanos es un debate ya roto, afortunadamente,
pero este acuerdo permite no solamente el diálogo político más eficaz, al
más alto nivel y más continuado posible, sino también da base jurídica
para que esta legítima preocupación de los europeos por los derechos
humanos en un país iberoamericano tenga un fuerte asidero jurídico y
pueda ejercerse con la mayor eficacia y el mejor resultado posible.
Terminaré lamentando la odisea de nuestros cuatro compatriotas, como no
podía ser de otra manera. Estoy seguro de que no ha sido una situación
fácil ni agradable para ellos. De eso no hay duda en esta Comisión, como
tampoco la hubo en debates similares. Estoy seguro de que estos
ciudadanos ejercerán sus derechos en España y podrán dar trámite a todas
sus peticiones. Tengo la seguridad de que seguiremos hablando de Méjico y
ocupándonos de los derechos humanos en todos los países de Iberoamérica y
en todos los lugares que comparten con nosotros los mismos valores y
principios. Espero de los demás grupos la misma energía.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): La señora Maestro y el señor Saura me han
recordado que no he hecho mención a la proposición no de ley, y tienen
razón, lo voy a hacer.
En el primer apartado de esa proposición no de ley se hacía referencia al
desarrollo de iniciativas diplomáticas entre las autoridades mejicanas
para el desbloqueo de las conversaciones de paz y la desmilitarización de
los altos de Chiapas y la selva de la Candona. En conexión con esta
acción, en la proposición se instaba también al Gobierno
español a solicitar del Gobierno mejicano la aclaración de las medidas
tomadas en relación con una serie de temas que aparecen recogidos en el
punto tres.
El Gobierno español, al igual que los demás gobiernos de la Unión
Europea, mantiene un diálogo político constante con las autoridades
mejicanas. Así, en los últimos tres meses, los embajadores de la Unión
Europea se han reunido en varias ocasiones, entre otros, con la
secretaria de Relaciones Exteriores, con el subsecretario de Relaciones
Exteriores y con el subsecretario de Gobernación. En estas ocasiones, se
trasladó información pormenorizada al embajador español, junto con el
resto de los comunitarios acreditados, de las iniciativas tomadas por el
Gobierno mejicano encaminadas a la pacificación de la región y de las
medidas emprendidas para intentar atacar los males de fondo que la
afectan.
El diálogo político ya existente se verá reforzado con la entrada en
vigor del acuerdo global Unión Europea-Méjico, firmado el pasado 8 de
diciembre en Bruselas. Este es un marco apropiado para tratar los asuntos
de carácter político que afectan a los Estados miembros de la Unión
Europea. La próxima ratificación parlamentaria de dicho acuerdo
proporcionará una mejor base jurídica para el tratamiento permanente y
alto nivel de estas cuestiones. La importancia que las propias
autoridades mejicanas otorgan a este acuerdo lo demuestra, por ejemplo,
la intervención de la secretaria de Relaciones Exteriores ante el
Parlamento Europeo el pasado mes de marzo. Además, el pasado 13 de mayo
el Parlamento Europeo ha dado su dictamen favorable al proyecto de
acuerdo interino. En este momento, el Gobierno estima que la acción de
los Estados miembros debe conducirse discretamente ante las autoridades
mejicanas para perseguir el logro de objetivos específicos,
fundamentalmente el acceso de ONG al territorio mejicano, sin incurrir en
ejercicios de coerción política que ofendan la sensibilidad de Méjico
que, al fin y al cabo, como hemos dicho, es una nación amiga, llevándoles
a una confrontación nada deseable y posiblemente contraproducente con las
autoridades mejicanas, pero con una actitud, al mismo tiempo, que atenta
a la evolución de los acontecimientos.
Otro de los puntos de la proposición no de ley instaba al Gobierno a
seguir realizando una política diplomática activa en Latinoamérica, a
favor del respeto por el pluralismo cultural, lingüístico y nacional, en
la convicción de que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
está una vía de convivencia, justicia y bienestar para la zona. En
relación con este tema, he de señalar que la acción del Gobierno es
amplia y variada. En el documento que refleja la estrategia española de
cooperación con los pueblos indígenas se señala que la cooperación
española con estos pueblos se orienta, fundamentalmente, hacia los países
de ámbito iberoamericano. Asimismo, se afirma que el objetivo principal
de la estrategia es apoyar todos los procesos de autodesarrollo
sostenible de estos pueblos que permitan su participación en los procesos
de toma de decisiones que les afectan directamente.
En este sentido, y solamente en los últimos meses, quisiera destacar las
siguientes acciones en este campo. El pasado mes de marzo, España ha
procedido a la entrega de una parte de su contribución al fondo
fiduciario del fondo indígena por valor de 85 millones de pesetas. España
ha sido uno de los primeros países en hacer efectivo sus compromisos con
este fondo. En noviembre, Madrid fue sede y España financió parcialmente
la celebración del taller sobre conocimientos tradicionales de los
pueblos indígenas dentro del convenio de la biodiversidad. Previamente al
taller se celebró un foro indígena para la preparación de la postura
indígena en la reunión. Entre ambas cosas, se aportó por España unos 70
millones de pesetas. Se ha celebrado la muestra del V Festival de Cine y
Vídeo de los pueblos indígenas iberoamericanos. Para la celebración de
esta muestra, que posteriormente es presentada en varias ciudades
españolas y americanas, España ha aportado 20 millones de pesetas. En
este momento, España sigue financiando la participación indígena
iberoamericana en el convenio de la biodiversidad, en particular, la
participación en el foro previo y en la conferencia de las partes de
Bratislava, con un gasto de más de 10 millones de pesetas. La Comisión
Europea está preparando en este momento un proyecto de documento de
estrategia de cooperación de la Unión Europea con los pueblos indígenas.
España está participando activamente en la redacción de dicho documento y
técnicos españoles han acudido a Bruselas a varias de estas reuniones,
que contaron también en algunos casos con la representación de
representantes de diversos pueblos indígenas. España participa también
activamente en las reuniones del Consejo directivo del fondo indígena,
como la recientemente celebrada en Guatemala.
Por último, en la proposición no de ley se instaba al Gobierno a adoptar
las medidas oportunas para garantizar la máxima protección de los
ciudadanos de la Unión Europea en la zona. Este apartado tiene relación
con la otra comparecencia y con las preguntas que hemos tratado. Creo que
la labor de protección diplomática de la Embajada de España en Méjico,
los consulados de carrera y los consulados honorarios, está fuera de toda
duda. Todas las oficinas consulares y diplomáticas en Méjico están
permanentemente informadas de la situación de los españoles y, en
particular, de la de los cooperantes en la zona de Chiapas, y dispuestos
a prestarles la ayuda que en cada momento precisen, como así sucedió
cuando ocurrió esta detención.
En el caso de los cuatro españoles, ya lo he dicho, en el momento de su
detención, que fue inmediatamente comunicada a la Embajada, se pudieron
tomar las medidas necesarias para que los cuatro estuvieran atendidos
desde el primer instante. Fueron asistidos por el cónsul honorario, que
se trasladó a San Cristóbal de las Casas, el embajador contactó con
ellos, en Méjico Distrito Federal fueron atendidos por el cónsul general
y por diversas personas de la embajada, el embajador recabó de inmediato
de las autoridades mejicanas información sobre los hechos y explicaciones
sobre la correcta aplicación de la normativa interna mejicana y, tras las
exposiciones al subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Rebolledo,
y al subsecretario de Gobernación, señor Solís, fueron convocados a la
reunión de embajadores de la Unión para dar explicaciones sobre lo que
había sucedido.
En el curso de esta convocatoria, el embajador de España requirió de sus
interlocutores una mayor rapidez por parte de las autoridades mejicanas
en la tramitación y posterior concesión del estatuto de observador a los
representantes de las ONG con objeto de evitar situaciones como la que
hemos descrito que pongan en peligro la integridad de los españoles en la
zona. Tanto el subsecretario de Relaciones Exteriores como el de
Gobernación tomaron buena nota y prometieron proceder con agilidad en el
futuro para la concesión de visados de permanencia.
Con respecto a la actuación de las autoridades diplomáticas y consulares
en Méjico con ocasión de la detención --y esto quiero repetirlo--, parece
que la señora Maestro ha dado mucha importancia al término detención.
Efectivamente, yo no sé si había un mandato judicial, pero quisiera
recordarle que, en asuntos de inmigración, todos los gobiernos del mundo
tienen potestades ejecutivas y no necesitan ningún mandato judicial para
detener y expulsar a un ciudadano que esté en situación ilegal en un
país. Eso es precisamente lo que hicieron: comprobar simplemente que no
estaban en situación legal y, en aplicación de su Constitución,
expulsarles del país.
Yo le puedo garantizar --no sé las informaciones que usted tiene-- que a
la Embajada no le constaron malos tratos ni ellos tampoco lo manifestaron
a los representantes diplomáticos y consulares. Usted me puede sacar el
documento que quiera sobre malos tratos; yo le digo que, sobre el
terreno, en el momento de su detención, los representantes consulares les
tomaron declaración, hablaron con ellos y no citaron malos tratos, no
tenían lesiones, no hubo más que una interrupción abrupta --eso sí-- y
seguramente con medios desproporcionados de su estancia en Méjico. El
Gobierno mejicano la realizó amparado por su propia legislación, lo hizo
respetando los derechos de las personas, sin malos tratos, y simplemente
tuvieron un plazo inmediato de abandono del país. Le aseguro, señora
Maestro, que las autoridades consulares no percibieron ningún tipo de
abuso distinto del de la detención abrupta de estos señores ni ningún
tipo de malos tratos en aquel momento en Méjico. Tampoco ellos, que
tuvieron posibilidad de haberlo declarado y de haber hecho una denuncia,
lo declararon en aquel momento.
Por tanto, no puedo compartir esa visión tan catastrofista que usted da.
No crea usted que satisface al Gobierno español ni a sus agentes
diplomáticos consulares tener una situación en la cual ciudadanos
españoles se ven forzados a abandonar un país expulsados por las
autoridades gubernativas, pero quiero garantizarles a usted y a la señora
Balletbó que, tanto en el caso de Méjico como en el caso de otros países,
el principal objetivo de la acción diplomática consular de España es
garantizar, naturalmente, la aplicación de la más estricta legalidad a
todos los españoles y velar, sobre todo, por su bienestar personal.
Creo que la posición de los agentes consulares y diplomáticos españoles,
tanto en el caso de Méjico como en el caso de otros países donde
ciudadanos españoles han podido tener problemas, es irreprochable. Les
agradecería que, si tienen evidencias de algún caso en que algún español
en algún punto del mundo no ha tenido toda la asistencia material y
personal que le ha podido dar el servicio exterior de España, lo ponga en
mi conocimiento porque me gustará mucho conocerlo. Por suerte, estas
situaciones de desamparo no suceden casi nunca y, desde luego, no
sucedieron en el caso de estos ciudadanos españoles expulsados de
Chiapas. (La señora Maestro Martín y la señora Balletbó Puig piden la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, por un minuto literalmente, y la
señora Balletbó por otro minuto estrictamente porque es un turno
excepcional.
La señora MAESTRO MARTIN: He sido aludida por el señor Robles Fraga.
El señor PRESIDENTE: Ha sido referida más bien. Adelante, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: No es mi objetivo entrar en polémica,
simplemente quiero recabar explicaciones y constatar que hay
informaciones que obran en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores, no
sólo en mi poder, evidentemente, que contradicen las explicaciones que el
señor secretario de Estado ha dado.
Quiero decir, en primer lugar, que, por desgracia para mí, lo que voy a
decir es con conocimiento de causa. En el año 1994, en octubre, fui
secuestrada, después de haber acreditado mi condición de diputada,
durante dieciocho horas en las oficinas de inmigración del aeropuerto de
Méjico, sin haberme ofrecido alimentación, sin haberme dicho cuál era mi
situación de detención, etcétera.
Quiero decirle, señor secretario de Estado, que lo que le exhibo en estos
momentos y que, evidentemente, pongo a su disposición, es una
documentación que acredita todo lo que yo he dicho. Hay parte de
lesiones, suspensión de oficio del juzgado, eso me parece muy importante
y usted no ha hecho ninguna mención a ello en absoluto; hay una actuación
judicial que suspendía la deportación, conocida por la Embajada de España
y por las autoridades mejicanas.
Toda esta documentación, que por razones de tiempo no concreto, tiene
fecha de entrada en el registro general del Ministerio de Asuntos
Exteriores de 22 de mayo. Voy a suponer que no ha tenido tiempo, a la
hora de preparar esta comparecencia, para consultar esta documentación
que obra en su poder y que --insisto-- no son valoraciones, sino
documentos acreditativos de lo que yo he dicho aquí esta mañana. Entiendo
que si el señor secretario de Estado, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, no han podido analizar esta documentación afortunadamente aún
estaríamos a tiempo de que el Ministerio actuara en función de una
documentación que supuestamente desconocía cuando ha omitido adoptar
actuación diplomática alguna en relación con la actuación de las
autoridades mejicanas --lo que más me importa--, para garantizar que en
el proceso abierto contra estos cuatro ciudadanos españoles puedan
ejercer su legítimo derecho a la defensa, toda vez que la orden de
deportación les impide, sin fecha, su ingreso en el país que ha tomado
esta decisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Muy brevemente.
Quiero que el señor secretario de Estado tenga muy clara la posición de
mi grupo en relación con este tema, pero, sobre todo, en relación con el
delicado tema de las relaciones de España con Méjico. Nosotros somos
conscientes de todo eso y además defendemos, como los primeros, estos
lazos de amistad, de interés, de afecto, etcétera. Pero quisiera también
señalar otra cosa, porque quizá no me he expresado bien. Yo estoy
convencida de que el cuerpo consular cumple con su deber y hace lo que
entiende que debe hacer. Pero a veces todos nos sentimos influenciados
por el ambiente general y por las actitudes de nuestros superiores. Yo
creo que si sabemos distinguir por una parte estas relaciones entrañables
de amistad, de afecto, de lazos, de cultura, de religión, de interés
económico, etcétera, y, por otro, la defensa de los derechos humanos, una
cosa no tiene por qué entrar en contradicción con la otra. Además, déjeme
que le diga que creo que ésta es una inversión de futuro, porque las
cosas cambian.
Hay sólo una cosa puntual que no puedo resistir comentarle. Cuando usted
ha leído esta larga lista de actividades, que tratan de dar cumplimiento
a la proposición no de ley que aprobamos aquí en febrero de este año, me
ha venido a la cabeza una cosa que en términos lingüísticos se llama
diglosia; en términos políticos podría decir que también es una especie
de diglosia. Usted sabe que durante muchos años los catalanes teníamos el
derecho de hablar catalán cuando tratábamos de temas folclóricos,
antropológicos o culturales, es decir, en el lenguaje coloquial
doméstico, mamá, papá, sopita, esas cosas típicas y, luego, cuando
hablábamos de reestructuraciones exteriores, de ermitas en el Pirineo,
grandes paellas de arroz en Calella de la costa; ésa era la programación
televisiva. Pero cuando se hablaba de temas importantes, política,
participación política, ciencia, economía, lo teníamos que hacer en
castellano.
De verdad, todo ese dinero, que seguro que está destinado con muy buena
intención a las muestras folclóricas, a preservar la biodiversidad de los
indígenas de aquí y de allí, creo que si lo pudiéramos poner --y se lo
digo afectuosamente-- en una canalización, aguas limpias, aguas sucias,
por ejemplo, en algún barrio de alguna ciudad de Chiapas, cultivos
alternativos, alcantarillado, estaría mejor, porque cuando la gente vive
mejor económicamente ella misma se preserva la cultura, lo hace solita.
No le quiero molestar y se lo digo con todo el afecto. Si todo ese dinero
lo empleamos en un proyecto de mejora de calidad de vida o quizá,
incluso, a estudiar cómo podríamos hacer que los precios del café en la
zona de Chiapas no se hayan estrellado o conseguimos que haya unas
ciertas subvenciones para estos cultivos, cuando uno es feliz y vive
mejor lo demás se le da por añadidura; sí, señor presidente, usted lo
sabe por añadidura porque se le ve feliz y estupendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Señora Maestro, lamento que usted me haya
repetido tantas veces que no conozco los documentos o que no me he
preparado lo suficiente para esta comparecencia. Los conozco
perfectamente y le digo que estoy preparado. Pero usted me explicará qué
hace un embajador de España, aun conociendo que existe una sentencia de
suspensión, si el Gobierno mejicano no quiere respetar su propia
legalidad. Si el Gobierno mejicano es el que tiene que entender de un
requerimiento de una autoridad judicial para que se suspenda la acción de
expulsión de unos ciudadanos y no atiende a este tema, no hay nada más
que hacer; es un asunto interno mejicano en el cual ni un embajador ni un
gobierno puede inmiscuirse. Ellos han sido los que han apreciado si
conocían o no una sentencia; nosotros indudablemente la conocimos, pero
el Gobierno mejicano decidió no tener conocimiento de este tema y
proceder con la expulsión. Nosotros lo hemos conocido después y no en el
mismo momento de la expulsión. Por lo tanto, ése es un tema que concierne
al Gobierno mejicano.
En segundo lugar, respecto a la intervención de la señora Balletbó,
quiero decir que yo he respondido exclusivamente a un apartado de la
proposición no de ley que habla de política diplomática en favor del
respeto por el pluralismo cultural, lingüístico y nacional. Eso no
excluye otras muchas acciones que en el campo de cooperación para el
desarrollo se están realizando en todo el territorio de Méjico y,
naturalmente, en Chiapas, todas las que usted ha citado y muchas más
porque tenemos un programa muy amplio en todo Méjico. Por lo tanto, al
referirme a esto, quería responder exclusivamente a lo que decía la
proposición no de ley, no le estaba diciendo cuáles son las acciones de
cooperación del Gobierno mejicano, porque estas acciones que hacemos en
territorio mejicano son mucho más que unas pequeñas acciones como estas
que he descrito para el tema de la diversidad y el pluralismo cultural,
lingüístico y nacional.
--DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA PROPUESTA DE COSOBERANIA DE GIBRALTAR QUE
PRESENTO ESPAÑA AL REINO UNIDO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1997 (Número de
expediente 181/001512).
El señor PRESIDENTE: Con ello pasamos al capítulo de las preguntas en el
orden del día.
En primer lugar, pregunta número 4, de la que es autor el señor Encina
Ortega, sobre el estado en que se encuentra la propuesta de cosoberanía
de Gibraltar que presentó España al Reino Unido el día 12 de diciembre de
1997.
Señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, el pasado 10 de
diciembre el Gobierno español presentó al Gobierno británico la
viabilidad de iniciar negociaciones
sobre Gibraltar en base a un documento en el que se planteaba un período
de cosoberanía transitorio sobre el Peñón y a través de un régimen
autonómico similar al de las comunidades más avanzadas del Estado español
y otros puntos que usted conoce perfectamente, estoy seguro.
Al objeto igualmente de conocer si se han producido avances en esa
propuesta, es por lo que le planteo la pregunta sobre el estado en que se
encuentra y si ha existido respuesta formal o informal por parte del
Gobierno británico al contenido del escrito.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): El señor ministro de Asuntos Exteriores tuvo
oportunidad de hacer una amplia exposición y debatir sobre esta cuestión
con SS. SS. en la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores el pasado
18 de febrero.
Quisiera reiterar dos puntos. La respuesta del Reino Unido a la propuesta
sobre Gibraltar que se hizo en la reunión ministerial del proceso
Bruselas en Londres, el pasado 10 diciembre, fue moderadamente positiva
puesto que, al contrario que en anteriores sesiones negociadoras y ante
el carácter sustancial de nuestras ideas el Gobierno británico tomó nota
de ella con interés y aceptó continuar las conversaciones sobre la base
de las mismas. Todo ello figura en el comunicado conjunto que se hizo
público en Londres.
En segundo lugar, en cumplimiento de lo acordado en este comunicado
conjunto, los directores generales de Europa de los respectivos
ministerios de Asuntos Exteriores, en su calidad de coordinadores del
proceso Bruselas, se reunieron el pasado 10 de marzo y tuvieron
intercambios de puntos de vista sobre nuestra oferta, en el cual se puso
de manifiesto el interés británico por profundizar sobre la misma. El
interlocutor británico reiteró el propósito de su Gobierno de ofrecer una
respuesta oficial detallada al término de la Presidencia británica de la
Unión Europea que se desarrolla durante el primer semestre de este año y
hasta el 1 de julio. Esperamos que al término de esta Presidencia, las
autoridades británicas estén en disposición de darnos ya esa respuesta
que nos ha anunciado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Señor De Miguel, sabe usted que los socialistas
apoyamos en su momento, sin fisuras, la propuesta española de cosoberanía
sobre Gibraltar, la calificamos de avanzada, inteligente y bien
articulada. Matizamos que se basaba en una propuesta anterior del
ministro de Asuntos Exteriores socialista Fernando Morán, que había ido
incluso más allá y le dimos nuestro apoyo sin lugar a dudas. Sin embargo,
comenzamos a detectar que el tiempo transcurre y España no recibe una
señal de respuesta formal por parte del Gobierno británico ni siquiera
informal, a pesar de la gran y muy entrañable amistad de nuestro
presidente Aznar con Tony Blair y de sus vacaciones conjuntas en Doñana.
Son ciertas las excusas que usted nos acaba de trasladar --y así lo
manifestó en su momento-- en el sentido de que la Presidencia británica
de la Unión Europea complicaba las agendas, pero no lo es menos que en
esa propuesta de cosoberanía se hablaba de constituir grupos de trabajo o
comités de seguimiento que estudiaría la oferta española y que el mismo
no se ha constituido ni reunido.
El único avance en este sentido que nos conste, ratificado hoy por sus
palabras, ha sido la reunión que mantuvieron el 10 de marzo --si nuestras
noticias son correctas-- el director general para Europa y América y su
homólogo británico, y que, al parecer, no pasó de ser mas que una mera
toma de contacto, puesto que era la primera vez que el representante
británico celebraba una reunión después de su toma de posesión.
Por otra parte, consideramos que difícilmente se puede avanzar, ni
siquiera intentar avanzar, si no se tiene en cuenta algo muy importante:
los gibraltareños. Y si se siguen lanzando a la opinión pública, de
manera interesada o no --no entro en la forma--, manifestaciones del tipo
de la que acaba de hacer hace unos días el señor director general para
Europa y América del Norte, en las que ni más ni menos decía que España
no cerraba la verja porque la Unión Europea se lo impedía. Esas palabras
se han dicho en una mesa, ante los máximos representantes del gobierno
andaluz, de la administración local de La Línea y, por tanto, con
personas que pueden dar fe de ello. Incluso se profundizaba en algo que
ha sido tremendamente contestado por los empresarios de la zona del Campo
de Gibraltar: el desinterés actual de España por el uso conjunto del
aeropuerto de Gibraltar.
Quiero trasladarle, señor secretario de Estado, que el Grupo Socialista
rechaza de plano, no ya esas manifestaciones, que son rechazables, por
supuesto, en la forma, sino también en el fondo. Porque estamos
convencidos de que hoy en día sólo el diálogo puede hacer posible avanzar
en este largo y difícil contencioso. Mientras tanto consideramos que
sería positivo que se produjera el encuentro anunciado hace meses entre
el señor ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, con el señor
Caruana. Desconocemos también si finalmente se va a producir, el alcance,
el lugar, la fecha y los temas que se van a tratar, pero estamos
convencidos de que es necesario y positivo, porque elevar el diálogo a la
normalidad es la mejor manera de que se vaya avanzando, si quiere, poco a
poco, pero sin diálogo no va haber avance de ningún tipo. Además esto es
lo que se reclama --y me hago partícipe de la voz de los ciudadanos más
afectados por este problema, que son los ciudadanos del Campo de
Gibraltar--, especialmente en temas como el uso conjunto del aeropuerto,
los dobles filtros en la frontera de Gibraltar, que tanto y tanto
criticaron ustedes cuando eran oposición y cuando llegaron al Gobierno
han seguido haciendo exactamente igual que el gobierno socialista, o los
incidentes pesqueros --hablaremos de ellos en la otra pregunta-- que se
vienen produciendo en los últimos meses.
La solución paulatina de esos problemas menores, en comparación con el
problema de la cosoberanía, darán pie seguramente para solucionar los
problemas más importantes, como son los derivados de esa cosoberanía.
Nosotros estamos convencidos de que la única clave en el problema de
Gibraltar es el diálogo, por lo que le solicito que se intensifique ese
diálogo. Efectivamente, existen problemas de agenda, pero por parte de
España no se ve una voluntad decidida de ir dialogando sobre problemas
menores para que se pueda avanzar sobre problemas mayores. Estamos
convencidos de que la política de mano dura sobre Gibraltar no conduce a
nada, de que las palabras del señor Rodríguez-Spiteri, que han sido
dichas ni más ni menos que en La Línea de la Concepción, deberían ser
inmediatamente aclaradas por el Gobierno, ya que han producido un
rechazo, una condena unánime. Por tanto, sabemos que existe un sector del
Gobierno, incluso del Partido Popular, que apuesta por la mano dura, pero
el Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que eso conduce
irremediablemente al fracaso. Si se quiere avanzar en la cosoberanía y en
los problemas menores, pero muy importantes para la zona del Campo de
Gibraltar, como son los que le acabo de decir relativos al uso conjunto
del aeropuerto, los filtros en la aduana, los incidentes pesqueros que se
vienen produciendo en los últimos meses, la única manera de hacerlo es el
diálogo, que, desde luego, no lo están practicando como debieran.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Creo que S. S. no es justo cuando dice que no
estamos practicando el diálogo; lo estamos practicando. Si el señor
Encina conoce el problema y la zona, como parece, no creo que pueda decir
que en estos temas el diálogo es fácil y, como no es fácil y lo estamos
haciendo con la mejor voluntad y lo mejor que podemos, esperamos que el
Partido Socialista tenga, respecto al tema de Gibraltar, la misma actitud
de apoyo que tuvo el Partido Popular durante toda la etapa socialista. Le
quiero recordar que tampoco es cierta la aseveración que usted ha hecho
aquí de que el Partido Popular atacó los filtros en la frontera. No lo
atacó; nunca lo criticó, sino todo lo contrario: se ha apoyado siempre en
la política que hizo el Gobierno durante toda la etapa socialista y, por
tanto, yo lo único que le pido es la misma actitud comprensiva y el mismo
apoyo político, porque le diré que el tema de Gibraltar no tiene
banderas, es un tema nacional y, forzosamente, tenemos que estar de
acuerdo todas las fuerzas políticas del país; forzosamente, tenemos que
estar de acuerdo. Naturalmente, el partido que está en el Gobierno aplica
con su mejor voluntad el criterio que le corresponde, puesto que tiene la
responsabilidad de hacerlo y las circunstancias varían, pero creo que la
trayectoria es ahora la misma que era anteriormente. Yo diría más. En
cuanto al diálogo, hemos hecho un gran esfuerzo, pero S. S. sabe que para
dialogar hacen falta dos y, por tanto, no solamente hace falta que
nosotros hagamos esfuerzos de diálogo, sino que esos esfuerzos tienen que
ser correspondidos por parte británica y por parte gibraltareña.
Con respecto a las declaraciones que me dice el señor Rodríguez-Spiteri,
únicamente le diré que no puedo --y usted lo comprenderá-- pronunciarme
sobre ellas porque no conozco el contexto en que se hicieron ni cómo se
hicieron, pero tendré mucho gusto en comentarlas con S. S. cuando conozca
el contexto y vea cuál es la trascendencia que tenían en función del
diálogo, del debate que se produjera en el sitio en que se produjera. Por
tanto, no voy a desautorizar a un director general del Ministerio de
Asuntos Exteriores sin conocer el contexto en que se hicieron y el tenor
de esas declaraciones. Usted excusará que no me pronuncie sobre el
asunto, pero, como le digo, tendré mucho gusto en hablarlo con usted en
el momento en que vea el contexto en que se produjeron esas
declaraciones.
--DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PONER LIMITE A LOS INCIDENTES QUE ESTAN
ENFRENTANDO A EMBARCACIONES PESQUERAS Y POLICIA ESPAÑOLA CON PATRULLEROS
DE GIBRALTAR EN AGUAS DE LA BAHIA DE ALGECIRAS (Número de expediente
181/001513).
El señor PRESIDENTE: La pregunta número cinco es también del señor Encina
Ortega y se refiere a las acciones emprendidas para poner límite a los
incidentes que están enfrentando a embarcaciones pesqueras y policía
española con patrulleros de Gibraltar en aguas de la bahía de Algeciras.
Tiene la palabra, señor Encina, y, si pudiera ser un poquito más breve
que la vez anterior, seguramente todos se lo agradeceríamos.
El señor ENCINA ORTEGA: Lo intentaré, señor presidente.
Señor secretario de Estado, en los últimos meses se han venido
produciendo incidentes, algunos de ellos de cierta gravedad --acosos,
detenciones por parte de la policía de Gibraltar--, sobre pesqueros
españoles que faenan en las aguas de la bahía de Algeciras. ¿Qué acciones
son las emprendidas por el Gobierno español para poner límite a esta
situación?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Quisiera reiterar al señor diputado la
respuesta a una pregunta escrita, de términos similares, del 13 de marzo
y que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el 2 de abril: El
Gobierno comparte la preocupación ante estos incidentes pesqueros que se
han producido en las últimas semanas y en los que se han visto
involucrados pescadores tanto de Algeciras como de La Línea de la
Concepción, no sólo
por las graves repercusiones económicas que aquéllos pueden suponer como
por su incidencia negativa en las relaciones bilaterales de España con el
Reino Unido en un momento en el que, tras la reunión celebrada en Londres
el pasado 10 de diciembre, el proceso negociador de Bruselas se ha
abierto a nuevas posibilidades de avance en la solución del contencioso
sobre soberanía y, con ello, a una eventual normalización de relaciones
económicas y sociales en el área del Campo de Gibraltar.
Desde el primer momento, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores,
se hicieron gestiones con la Embajada británica en Madrid, una vez
conocidos los hechos a través de la cofradía de pescadores de Algeciras y
de comunicaciones de las autoridades locales. Se hizo ver a nuestros
interlocutores británicos la necesidad de actuar con la máxima prudencia
y moderación al tratarse de aguas controvertidas entre ambos Estados y no
delimitadas debido precisamente al contencioso de soberanía.
Al producirse el apresamiento del Cristóbal y la detención de su
tripulación por la policía gibraltareña, inmediatamente se realizó una
gestión con el embajador británico expresándole nuestra repulsa por esta
detención, especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de un acto
de jurisdicción ejercido en aguas cercanas al istmo, que fue ocupado
ilegalmente por Gran Bretaña y sobre el que España no reconoce ningún
tipo de derechos soberanos al Reino Unido, lo cual es extensible a esas
aguas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado. Señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor secretario. No hacía falta
que me leyera una respuesta que obtuve hace unos meses porque,
sinceramente, sabemos leer. Usted se ha dedicado a reproducir una
respuesta que me han dado hace unos meses. Se supone que eso lo conozco.
Lo que yo esperaba era una respuesta sobre un problema que sigue, como lo
demuestra esta comunicación, que es de hoy, de esta mañana, de la
cofradía de pescadores de La Línea, que es donde se están produciendo los
problemas principales de los pesqueros, y que dice textualmente: Callada
y abandono total y absoluto por parte de la Administración central.
Tendré el placer de darle la comunicación ahora, cuando termine, para que
usted lo verifique. Ha sido enviada por fax por el órgano de gobierno de
la cofradía de pescadores.
Nadie duda que ustedes comparten la preocupación por los incidentes en
los que se están viendo inmersos pescadores españoles en aguas de la
bahía de Algeciras. Tampoco tiene usted que dudar en absoluto de la
actitud de respeto y apoyo al Gobierno por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Le digo que no nos cabe duda de la preocupación del Gobierno,
pero del mismo modo le digo con fuerza que los pescadores no están
recibiendo ningún tipo de respuesta del Gobierno español. Acabo de leerle
textualmente lo que ellos mismos trasladan: abandono absoluto por parte
de la Administración central, de la Presidencia del Gobierno, del
Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Agricultura y Pesca,
a los que se han dirigido en carta que tiene usted aquí y que le
ofreceré, con mucho gusto, al final de este debate, en la que trasladan a
los ministerios respectivos y a la Presidencia del Gobierno los problemas
y a la que ni siquiera por cortesía han respondido. Por eso no me extraña
que los pescadores, que son la parte más afectada, se sientan abandonados
y se estén buscando la vida sentándose a hablar, ya que no lo hace el
Gobierno, con los representantes del Gobierno de Gibraltar y con los
ecologistas. Porque en el fondo hay también un aspecto ecológico, que es
lo que alega el Gobierno británico para impedir que sigan faenando en
unas aguas en las que llevan haciéndolo desde tiempo inmemorial, y es
solamente en estos últimos cinco meses cuando están surgiendo problemas
de diálogo, cuando se produce esta situación. Desde hace más de 150 años
faenan los pescadores linenses y algecireños en esas aguas. El problema
sigue sin solucionarse, no se avanza, sólo el buen tiempo está haciendo
que los pescadores vayan a otros caladeros, pero temen volver, cuando
llegue el mal tiempo, a esa zona porque saben que pueden seguir los
problemas.
Quiero recordarle que existen procedimientos judiciales abiertos por la
autoridad de Gibraltar, que han tenido que depositar una fianza de
800.000 pesetas y que tienen pendiente un juicio y una posible sanción de
un millón de pesetas. Este problema no sólo lo ha tenido un pesquero,
sino varios, y muchos otros se sienten abandonados. Solamente el Gobierno
andaluz, a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, le ha prestado
apoyo, el apoyo que no le ha dado el Gobierno central, apoyo no sólo
moral sino incluso económico, depositando dos millones y medio de pesetas
para poder hacer frente a la fianza y que pudiera salir el barco de
Gibraltar.
Yo le pediría, en nombre de los pescadores de la zona y en nombre de
muchos ciudadanos del Campo de Gibraltar, que cumplan la proposición no
de ley que aprobó esta Comisión el 5 de marzo, por la que se instaba al
Gobierno a garantizar la libertad y la seguridad de los españoles que
faenan en la zona del Estrecho frente a los apresamientos ilícitos. En el
fondo de todo ello late de nuevo lo que he dicho anteriormente: falta de
diálogo, que es necesario mantener también con la autoridades de
Gibraltar y que ustedes, hasta ahora, no están llevando a cabo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Yo quisiera decir a S. S. que le he respondido
lo mismo que le contesté por escrito porque la pregunta era idéntica, por
tanto no tengo absolutamente nada más que añadir.
Usted me habla de unas nuevas intervenciones de los pescadores afectados
en La Línea, que dice que son de esta misma mañana. Yo todavía no las he
recibido, cuando las reciba reaccionaré, pero lo único que le puedo decir
es que nuestra actitud será siempre la misma, es decir hacer lo mismo que
en anteriores ocasiones, que fue reaccionar inmediatamente
ante el Gobierno británico y procurar su inmediata liberación.
Por otra parte, quisiera reiterar que la zona donde estos pesqueros han
tenido problemas con las autoridades de vigilancia de Gibraltar es una
zona cuyas aguas no están delimitadas precisamente por el contencioso de
Gibraltar. Por tanto, el Gobierno español, ni éste ni el anterior, puede,
de facto, ejercer una protección por medio de autoridades de Marina,
puesto que al no estar las aguas delimitadas es una zona totalmente
indefinida. Si había pescadores que anteriormente faenaban en esa zona y
no les sucedía nada, lo que tenemos que tratar es que, mientras siga esta
situación de indefinición, no les pase nada, pero no estamos al abrigo de
que, a su propio arbitrio, las autoridades de Gibraltar decidan
detenerlos. Lo único que podemos hacer es protestar, que es lo que
estamos haciendo, y evitar que esas detenciones se reproduzcan, pero
también es verdad que los pescadores españoles, conscientes de una
situación como la que hay, deben ejercer al máximo su prudencia para no
caer en posiciones de provocación que lo único que pueden hacer es
provocar incidentes y hacer la situación más grave en el futuro.
--DE LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE
CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LAS GRAVES IRREGULARIDADES LABORALES EN
LAS QUE SE ENCUENTRAN MUCHOS ESPAÑOLES QUE TRABAJAN EN GIBRALTAR (Número
de expediente 181/001519).
El señor PRESIDENTE: Vamos a tramitar a continuación las preguntas de la
señora Romero, que tienen una cierta contigüidad político-territorial, y
posteriormente procederemos al trámite de la pregunta número 6, de la
señora Balletbó.
Pregunta número, 7 de la señora Romero, sobre conocimiento por el
Gobierno de las graves irregularidades laborales en las que se encuentran
muchos españoles que trabajan en Gibraltar.
Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor secretario de Estado, cinco trabajadoras
españolas presentaron hace un año denuncias ante los sindicatos españoles
y ante los sindicatos ingleses por las condiciones tercermundistas en las
que trabajaban en una empresa hotelera de La Roca. Parece que no se
respetaba ninguna condición prevista en convenio, ni estaban dadas de
alta en la Seguridad Social y, al parecer, les deducían las tasas que
supuestamente no se ingresaban en la Hacienda inglesa. En definitiva, se
trataba de una situación irregular que denunciaron ante los sindicatos.
Después de esta denuncia y viendo que la situación no mejoraba para
ellas, presentaron denuncia ante el alcalde de La Línea, ante el ministro
de Trabajo de la Roca y posteriormente mandaron muchas cartas a distintas
autoridades para hacerles saber cuál era su situación laboral. Entre
todas ellas me gustaría destacar algunos párrafos de la carta que
dirigieron al ministro, porque son bastante significativos de su
situación, cuando dicen: Seguimos confiando en la justicia y en nuestras
autoridades españolas para poner remedio a tanta injusta discriminación
hacia los trabajadores españoles. Nos da un poco la impresión --dicen
ellas-- del señorito en la plaza del pueblo escogiendo arbitrariamente a
éste sí, a éste no, según personales preferencias y sin derecho a nada.
Continúan en la carta diciendo: Si para todas nosotras es ya una
vergüenza acudir a tierra española en manos extrañas para poder trabajar,
mucho más lo es tener que admitir condiciones de trabajo injustas e
infamantes, y nadie parece querer prestarnos oído a pesar de tantas
buenas palabras. Ya no sabemos a dónde acudir. Encima --continúan y
finaliza la carta-- nuestro puesto de trabajo ya sabemos que peligra por
haber dado este paso adelante.
Efectivamente, su puesto de trabajo peligró, porque, según mi
información, cuatro de ellas fueron despedidas y un arreglo que hubiera
podido presentarse en un principio con la Administración gibraltareña
pareció frustrarse por la divulgación de este tema en la prensa.
Denunciaban no solamente su situación sino la de muchos otros
trabajadores que no se atreven a expresar cuál es su situación laboral y
que parece ser que se ven también sometidos a irregularidades laborales.
Esa es la razón por la cual nosotros hemos pensado que era oportuno
plantearlo aquí, en el Parlamento, y, aun conociendo que estas
trabajadoras están sujetas a la legislación británica --y, por tanto,
nuestro Gobierno no tiene competencias en esa legislación, que es
diferente de la nuestra--, quisiéramos saber qué gestiones ha hecho hasta
este momento el Gobierno para conocer este tipo de irregularidades.
Sabemos que las buenas relaciones de vecindad deben ser la tónica de
nuestra proximidad geográfica, pero estas buenas relaciones no pueden ser
a costa del abuso. Por eso queremos conocer qué gestiones ha hecho
nuestro Gobierno y pedir para ellas un trato conforme a la ley, porque
son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras y se merecen un trato
conforme a la ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Efectivamente, a finales del año pasado el
ministro de Asuntos Exteriores recibió una carta que le dirigieron doña
Ana María Rueda Morales y otras cuatro trabajadoras del hotel Caleta
Palace, en Gibraltar, denunciando las irregularidades laborales que
estaban sufriendo por parte de la empresa de este hotel. Inmediatamente
conocidas estas irregularidades el ministro de Asuntos Exteriores puso el
asunto en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
a su vez entró en contacto directamente con las interesadas para conocer
los aspectos estrictamente laborales y sindicales de su caso, y por
nuestra parte estamos recibiendo información de las autoridades locales,
principalmente del
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y por otros medios, para
conocer las posibilidades que existen de una solución pactada entre las
trabajadoras españolas y la empresa del mencionado hotel. También estamos
haciendo investigaciones sobre en qué medida los recursos internos
judiciales dentro de Gibraltar han sido utilizados, puesto que el
agotamiento de estos recursos judiciales es condición previa para que el
asunto pueda ser considerado desde el punto de vista internacional. Es
decir, no se puede hacer una reclamación de Gobierno a Gobierno hasta que
en Gibraltar no se hayan agotado los procedimientos judiciales internos.
En este momento, como he dicho, vamos a ver si puede haber una solución
pactada, como se apuntaba: Si les daban una compensación suficiente se
daría el asunto por zanjado, y, en caso contrario, se podría proceder
inmediatamente a la vía judicial interna, para la cual estas trabajadoras
recibirían toda la asistencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales hasta agotar dicha vía interna. Si tampoco obtuvieran solución
por este camino y un tribunal de Gibraltar no les diera la razón, aunque
a nosotros nos parece que sí porque parece más que evidente que las leyes
sociales del Reino Unido que imperan en Gibraltar tendrían que aplicarse
en este caso y, por lo tanto, el Hotel Caleta Palace tendría que ser
forzosamente condenado a cumplir sus obligaciones contractuales, nosotros
estamos dispuestos a intervenir por la vía diplomática, incluso en las
instancias comunitarias.
La diputada Romero conoce que tenemos un problema de gran magnitud, con
un procedimiento de infracción grave ante el Tribunal Europeo de
Justicia, por irregularidades en el pago de la Seguridad Social a
trabajadores españoles en Gibraltar. Parece que el comisario de Asuntos
Sociales, señor Flynn, está muy sensibilizado con este problema, a pesar
de una primera reacción de evitarlo un poco, puesto que se trata de un
problema británico y a los irlandeses no les gusta enfrentarse con los
británicos en estos temas. Ahora tanto él como la Comisión Europea son
plenamente conscientes del problema, se ha abierto procedimientos de
infracción y se ha llevado éste al tribunal. Ahí tenemos un precedente
claro de una flagrante violación de los derechos sociales, a gran escala,
de muchos trabajadores españoles y ahí tenemos también la fuerza para
poder engancharnos a ese caso grande y demostrar que además de ése hay
otros casos. Este es muy inquietante porque es inexplicable que en un
sitio como Gibraltar, que no solamente es parte integrante del Reino
Unido, sino que además se dice territorio de la Unión Europea, se estén
violando las condiciones más elementales de las leyes sociales de la
Unión Europea y del Reino Unido. En ese sentido, quisiera asegurar a la
señora Romero que la posición del Gobierno está claramente a favor de
apoyar a estas damnificadas en todos los pasos que se están dando, tanto
en la búsqueda de una solución pactada y una compensación como en los
recursos internos, que si al agotar el recurso interno judicial no
tuvieran la compensación que ellas merecen, no dudaríamos en llevarlo
ante la Comisión Europea, además de tratarlo también como un conflicto de
Derecho internacional diplomático entre el Reino Unido y España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor secretario de Estado, quisiera insistir en
mi deseo de que el Gobierno hiciera suyo este problema, no sólo en lo que
atañe a las cinco trabajadoras, sino también en lo relativo a la
investigación de las irregularidades que afectan a más de 1.500
trabajadores, muchos de ellos procedentes de pueblecitos y ciudades
vecinas a La Línea de la Concepción o próximas a La Roca que se ven
sujetos a esas mismas condiciones laborales.
Esta diputada cree que el Gobierno debe hacer gestiones diplomáticas al
margen de cuál sea la investigación judicial y la resolución judicial de
La Roca respecto a este caso. Además, en el Congreso de los Diputados hay
un acuerdo sobre una iniciativa, con una enmienda de nuestro grupo, en la
que se habla de reclamar a las autoridades gibraltareñas la protección y
garantía de los derechos sociales y laborales de todos los ciudadanos del
Campo de Gibraltar que trabajan en la colonia. Es decir, que hay
precedentes parlamentarios, con el apoyo de todos los grupos, mediante
los cuales el Gobierno puede tener un aval para interesarse por las
irregularidades que afectan a los trabajadores españoles en la colonia
sin esperar a una resolución judicial.
Señor secretario de Estado, la información periodística en estos últimos
días ha sido muy abundante sobre el fenómeno de esa situación laboral.
Incluso han presentado el problema a un comité consultivo, que se creó
entre los sindicatos españoles e ingleses y la Cámara de Comercio, para
que informara de esta situación ante la Unión Europea. Los reportajes que
surgen sobre este tema no ayudan a las relaciones de buena vecindad y,
sobre todo, dejan en muy mal lugar a España. Por eso, le rogaría que
hiciera gestiones más amplias, que no se ciñeran simplemente al caso de
estas cinco trabajadoras, sino que investigaran por qué razón la
inspección gibraltareña no se está poniendo en funcionamiento para
controlar la aplicación de la legislación británica y por qué razón se
han podido dar situaciones como las que han afectado a estas cinco
trabajadoras.
Por tanto, quisiera insistirle en ello para que conozca la gravedad del
problema, que no afecta solamente a ese caso que acabo de enunciarle,
aunque sea un caso grave porque afecta a cuatro mujeres y a su futuro
laboral, sino que tiene una dimensión mucho más amplia.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Tomo buena nota de la sugerencia de la
diputada, señora Romero, que transmitiré al Gobierno y particularmente al
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
--DE LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA
SITUACION
EN QUE SE ENCUENTRA LA PROPUESTA DE ENLACE FIJO ESPAÑA-MARRUECOS (Número
de expediente 181/001526).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8: Situación en la que se encuentra
la propuesta de enlace fijo España-Marruecos.
Le agradecería que formulara brevemente la pregunta y que luego se
explayara para así no prolongar demasiado el trámite.
Señora Romero, tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor secretario de Estado, esta diputada ha
formulado alguna pregunta por escrito sobre este tema y he recibido como
contestación que la propuesta de construcción de este enlace se ha visto
dificultada por los últimos informes que se han emitido.
Por lo que se sabe, la respuesta específica a la opción túnel implica la
construcción de una galería subterránea de reconocimiento y que ha sido
precisa una reprogramación del proceso de estudio para completar el
conocimiento de las realidades geológicas. El enlace no parece ser tan
fácil como al principio se había previsto y por esa razón es por la que
quiero conocer exactamente en qué situación se encuentran ahora estos
estudios y esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Como es bien sabido, España y Marruecos
suscribieron el 24 de octubre de 1980 un acuerdo complementado por el
adicional de 1989 para estudiar la viabilidad del enlace fijo a través
del Estrecho de Gibraltar, para cuyo efecto dos sociedades nacionales,
Secegsa y Sned, deberían emprender los trabajos correspondientes. Un
comité mixto Marruecos-España para enlace fijo tenía el encargo de asumir
la supervisión en curso de las actividades relacionadas con tan ambicioso
proyecto.
Durante la tercera reunión de alto nivel de 4 y 5 de junio de 1997 entre
nuestros dos países la cuestión fue evocada por ambas partes, que
expresaron su aprecio por los resultados de los estudios de desarrollo
del proyecto. En efecto, en la declaración conjunta de la reunión se
afirmaba que dichos estudios --que han conocido un salto cualitativo
importante en estos últimos años gracias a la ejecución de estructuras
experimentales, pozos y galerías y de sondeos profundos en el mar--
confirman el interés técnico y económico de la elección de la solución
del túnel ferroviario, cuya ejecución por fases implica la construcción
previa de una galería submarina de reconocimiento.
Con posterioridad, se celebró en Rabat, los días 24 y 25 de julio del
mismo año, la 32.ª reunión del comité mixto hispano-marroquí, para el
enlace fijo a través del Estrecho de Gibraltar. A la luz de los
resultados obtenidos por los sondeos profundos, a través de la campaña
llamada Bucentauro 97, se mejoró el conocimiento de la composición del
lecho y subsuelo marino y se concluyó en la necesidad de emprender nuevas
investigaciones que deben rebasar los límites operativos de anteriores
campañas, tanto de sondeos profundos como eventualmente geofísicas de
apoyo. Al propio tiempo, se profundizaría en el conocimiento del medio
socioeconómico en el que habría que operar el enlace fijo y, en especial,
las previsiones de tráfico por el mismo, que constituye la dimensión
esencial del proyecto.
Una nueva reunión del comité mixto debe analizar los resultados
últimamente recopilados y, en consecuencia, decidir la manera de
continuar su programa de trabajo. He de decirle que en la última reunión
de alto nivel se aludió a este tema y se definió a la nueva reunión del
comité mixto. Por tanto, estamos a la espera de que esta nueva reunión
tenga lugar, para que se contrasten cuáles son los últimos resultados de
las investigaciones y se decida la continuación de los trabajos. Sin
embargo, no se le oculta a la señora diputada que este proyecto de enlace
fijo es extraordinariamente complejo desde el punto de vista de
ingeniería y, naturalmente, también difícil en cuanto a financiación, por
lo que todos estos elementos hacen que se avance con muchas dificultades.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias por su respuesta.
La información de que disponemos es la de que los últimos estudios
realizados han demostrado que en la zona central del Estrecho no hay
roca, como se preveía, sino arcilla, por lo que parece ser mucho más
difícil la galería subterránea prevista para los estudios técnicos
futuros y para el posterior desarrollo del enlace fijo.
Por esa razón, por ese último descubrimiento, parece que se ha sentido un
desánimo generalizado entre los técnicos que están trabajando en el
proyecto y que las primeras previsiones de coste se han visto muy
desbordadas porque incluso tendrían que cambiarse las tecnologías
previstas.
Dada la importancia del proyecto --que desde luego es un proyecto para
nuestra provincia, pero también para la comunicación entre las zonas de
Andalucía y Marruecos y no digamos para lo que es el flujo entre los dos
continentes--, específicamente por lo que me afecta a mí como diputada de
Cádiz y por lo que afecta al Campo de Gibraltar, quisiera que me
desvelara esta sensación de desánimo que existe con respecto a este tema.
Por tanto, quisiera hacerle una pregunta más específica, porque su
respuesta ha sido un poco inquietante.
Quisiera preguntarle si existen tecnologías para continuar, si este
Gobierno está dispuesto a financiarlas, y si con la tecnología actual
sería posible continuar con la construcción del futuro túnel. Parece que
los técnicos dicen que no, por lo que quisiera saber si el Gobierno va a
paralizar este proyecto, si está dispuesto a seguir impulsándolo, si está
dispuesto a impulsar las nuevas tecnologías que son necesarias y, al
mismo tiempo, a poner sobre la mesa el presupuesto que requeriría esta
nueva etapa por la que atraviesa este enlace fijo después de los últimos
informes geológicos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Efectivamente, existen dificultades y problemas
para los cuales no hay todavía soluciones claras, y ésa es la razón de
continuar las investigaciones y hacer un balance y un análisis en la
reunión del próximo comité mixto.
Nadie puede en este momento pronunciarse, tampoco yo, sobre la
posibilidad o imposibilidad de realizar el proyecto. La cuestión no es
tanto de tecnologías, porque tecnologías para este tipo de proyectos
existen, sino de coste del proyecto, coste que naturalmente incide en las
previsiones de financiación futura.
Lógicamente, el Gobierno español y también el marroquí, puesto que es un
proyecto entre los dos, tienen que evaluar todas esas dificultades,
evaluar los posibles --casi seguros-- sobrecostes respecto al cálculo
estimado y tomar una decisión sobre la ejecución del proyecto. Creo que
en este momento todavía no están todos los elementos encima de la mesa
para hacer una evaluación y para tomar una decisión, pero lo estarán, y
en el momento en que estén habrá que tomarla. Sin embargo, lo que quiero
decir aquí es que la voluntad del Gobierno español de llevar a cabo este
proyecto continúa y que, por tanto, si surgen nuevas dificultades, habrá
que afrontarlas con imaginación para ver qué soluciones se les va a dar.
Francamente, el Gobierno español no tiene ninguna intención de descartar
el proyecto únicamente porque existan dificultades. Las dificultades
deben poder ser superadas y se debe poder reprogramar también la
financiación si esto tuviera una incidencia muy grave sobre la ejecución
de las obras.
--DE LA SEÑORA BALLETBO I PUIG (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL CODIGO DE CONDUCTA SOBRE
EXPORTACION DE ARMAMENTO ELABORADO EN EL AÑO 1995 POR VARIAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) (Número de expediente
181/001515).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6: Posición del Gobierno en relación
con el código de conducta sobre exportación de armamento, elaborado en el
año 1995 por varias organizaciones gubernamentales. Es autora de la
pregunta...
La señora BALLETBO I PUIG: ¿La hace usted?
El señor PRESIDENTE: La leo, señora Balletbó, si me lo permite, vamos.
La señora BALLETBO I PUIG: Perdone, pero yo pensaba, señor presidente,
que usted sólo daba la palabra.
El señor PRESIDENTE: De momento, si me lo permite, señora Balletbó, estoy
indicando que ésta es la pregunta de la cual es autora usted. De manera
que, si quiere tomar la palabra, en este momento es suya.
La señora BALLETBO I PUIG: Muchísimas gracias, señor presidente, no sabe
cómo se lo agradezco. En fin, quizás me haya confundido. Perdone usted.
La pregunta, como muy bien ha formulado el presidente de la Comisión, es
la que consta en el orden del día. Sólo quiero añadir que, en marzo de
1997, el Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley sobre
transparencia y comercio de armas --usted sabe que se aprobó
prácticamente por unanimidad--, que representaba una posición muy
avanzada a nivel internacional en relación a todos estos temas. Instaba
al Gobierno a incorporar a la legislación y desarrollar los ocho
criterios comunes sobre comercio de armas y material de doble uso, civil
y militar, adoptados por la Unión Europea.
Quería saber cuál es la posición y la intención del Gobierno respecto al
código de conducta, que ha sido presentado, como usted sabe, por unas
organizaciones a nivel internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Señora Balletbó, desearía informarla de que, el
pasado lunes, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea
aprobó, después de un debate laborioso a nivel de grupos, y más tarde en
el seno del Consejo, el código de conducta para la exportación de armas
de la Unión Europea.
Este código de conducta, cuyo texto --por cierto no muy elegante porque
es un documento del Consejo con las últimas correcciones y además en
inglés, que es la única versión que tengo-- puedo ponerlo a disposición
de S. S. para que lo tenga ya.
Simplemente quiero decirle que España, inspirada por las indicaciones
tanto de las ONG como de los diferentes grupos políticos del Congreso,
tuvo una posición totalmente constructiva y positiva desde el primer
momento. Es decir, nuestra posición --y yo se lo dije a los periodistas
reunidos en Bruselas el lunes pasado-- era que estábamos dispuestos a
llegar tan lejos donde llegara el que más.
Debo decirle que tuvimos alguna frustración, en el sentido de que veíamos
que algún país, que no nombraré, puso dificultades a cosas verdaderamente
inexplicables. Ya en el debate del Consejo --donde yo dirigía nuestra
delegación de España debido a que el ministro acompañaba a los Reyes de
España en su visita oficial a Grecia-- empujamos hasta el límite para
lograr la versión más estricta con respecto al código de conducta. Vimos
que, en un momento dado, por la intransigencia de un par de delegaciones,
el proyecto del código de conducta se hundía y nuestra impresión en aquel
momento, que coincidió con la impresión de la mayor parte de los países
que compartían nuestras tesis, era que más valía echar un poco de
agua al café y hacerlo un poco más descafeinado, pero, por lo menos, que
hubiera un código de conducta comunitario. Este código tiene el valor de
obligar a los Quince y de establecer un precedente que no se puede
ignorar en la comunidad internacional, puesto que si toda la Unión
Europea adopta este código de conducta es evidente que otros países
productores de armas se verán moralmente obligados, de alguna manera, a
seguirlo y tendrán toda la presión de la Unión Europea para ello.
Pensamos que una posición común era mejor, aunque se quede un poco por
debajo de nuestras aspiraciones. Efectivamente, esta posición común fue
adoptada y tengo la satisfacción de decirle que hoy ya existe un código
de conducta de exportación de armas de la Unión Europea. Por lo tanto,
ese código de conducta de la Unión Europea es el nuestro y este problema,
a partir de este momento, está definitivamente zanjado.
También le tengo que decir que nada impide al Gobierno español tener, en
algunos casos, apreciaciones más estrictas, además de que la situación
queda dentro del marco jurídico y político comunitario en el que estamos
insertos y en cuya elaboración hemos participado. Al mismo tiempo, el
Gobierno español, en los casos en que desee ir más lejos, tiene abierta
la posibilidad de hacerlo.
Por lo tanto, ésta es la situación al día de hoy. Yo creo que el que este
código de conducta se aprobara el pasado lunes, cuando mucha gente era
muy pesimista respecto a que se pudiera aprobar finalmente, es un hecho
por el que nos debemos felicitar todos, el Gobierno desde luego se
felicita, así como todos aquellos que desde las diferentes fuerzas
políticas y las ONG han empujado a que haya una conciencia cívica sobre
estos temas tan importantes para la vida internacional.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Cuando presenté la pregunta pensé que tendría
la oportunidad de formularla antes del día 25. En aquellos momentos
existía la inquietud de que el borrador inicial de las organizaciones no
gubernamentales había sido sensiblemente rebajado por lo que llamaríamos
la propuesta franco-británica.
A mí me hubiera gustado hablar sobre los siete puntos relativos a
procedimientos de consulta multilaterales, certificados de último
destino, control parlamentario previo, registro europeo, lista de
materiales prohibidos, fabricación bajo licencia y completa
transparencia. De todas formas, he querido mantener la pregunta porque,
como es obvio, no tengo el texto definitivo, que agradeceré me lo haga
llegar. Además, me alegro, señor secretario de Estado, de que haya
manifestado públicamente, sin mencionarlo, esa divergencia por parte de
la representación española en relación con que sus deseos hubieran sido
ir más lejos y de que siendo éste el mínimo exigible, la representación
española puede ser más estricta en su complimiento, tal como que, de una
u otra forma, usted mismo hubiera deseado que se aprobara en
representación del Gobierno español.
Yo le agradezco el texto y la respuesta que me ha dado.
--DE LA SEÑORA BALLETBO I PUIG (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
GESTIONES QUE HA HECHO EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN FAVOR DE
LOS TRABAJADORES ALEX CHONI TONKA Y JOSE LUIS BOMAO ARRANZ, DETENIDOS EN
GUINEA ECUATORIAL (Número de expediente 181/001582).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, también de la señora Balletbó,
sobre las gestiones que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores en
favor de los trabajadores Alex Choni Tonka y José Luis Bomao Arranz,
detenidos en Guinea Ecuatorial.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Hago esta pregunta, como suele suceder en
algunos de los trámites parlamentarios, en el momento en que se ha
introducido en el orden del día. Cuando yo presenté esta pregunta todavía
no había habido juicio, estos trabajadores habían sido detenidos y la
información de la que yo disponía en relación con todos ellos, pero
especialmente respecto a Alex Choni Tonka, era que se habían desplazado
allí y sin más ni más, en este caso concreto, había sido detenido.
He leído hoy en la prensa que el fiscal no ha mantenido ninguna acusación
contra los cuatro españoles detenidos, de lo que se deduce que los
detuvieron sin ninguna prueba que pudiera sustentar tal detención.
También he estado leyendo estos días que ha habido una cierta
movilización por parte de la representación española en Guinea para
ofrecer apoyo jurídico a esos cuatro detenidos. Prefiero que sea usted
quien nos exponga exactamente cómo ve la situación, qué se ha hecho y
luego, si acaso, ya le pediré alguna ampliación.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Señor presidente, con mucho gusto voy a
responder a esta pregunta.
Don Alejandro Choni Tonka y don José Luis Aran Bomao fueron detenidos
como consecuencia de los episodios de violencia ocurridos en la isla de
Bioko el pasado 21 de enero, que se saldaron con la muerte de seis
personas y que el Gobierno guineano atribuye al movimiento para la
autodeterminación de la isla de Bioko. Junto con ellos fueron también
detenidos otros dos españoles de origen ecuatoguineano, Francisco Biachó
Chale y Juan de Dios Ripeu. Todos ellos han sido acusados de complicidad
en diversos delitos, entre ellos el de terrorismo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado múltiples gestiones en
favor de estos cuatro españoles. En líneas generales, se puede distinguir
entre las que han tenido por objeto ejercer adecuadamente la asistencia
consular y las que han tratado de que la situación de los detenidos se
aclare lo antes posible. Así, tras vencer la resistencia inicial por
parte de las autoridades guineanas, la Embajada de
España en Malabo consiguió regularizar la cuestión de las visitas
consulares. A partir de entonces, y mientras los españoles han
permanecido en prisión, el encargado de la sección consular ha acudido
semanalmente a la comisaría central para comprobar su estado y tomar nota
de sus necesidades, especialmente las relativas a la salud y a la
alimentación. Los señores Aran, Biachó, Choni y Ripeu han sido examinados
en diversas ocasiones por un médico español y por una enfermera, se les
han practicado unos análisis y han recibido los medicamentos necesarios
para el tratamiento de las enfermedades que padecen; asimismo, la
Embajada les ha suministrado regularmente alimentos y agua potable.
Paralelamente a esta acción de asistencia consular, el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha realizado innumerables gestiones diplomáticas para
tratar de obtener una pronta solución en relación con este asunto. En
este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores tuvo ocasión de suscitar
este tema en la entrevista que mantuvo con su homólogo guineano, el señor
Oyono, durante su visita a Madrid el pasado 16 de abril. Además de
pedirle la máxima agilidad y transparencia en el proceso, se le solicitó
que considerara la posibilidad de conceder la libertad condicional a los
españoles detenidos durante el tiempo que durase dicho proceso. Los
señores Aran, Biachó, Choni y Ripeu fueron puestos en libertad
condicional el 22 de abril, con la obligación de presentarse ante el
juzgado de instrucción cada tres días y sin poder abandonar el país hasta
la celebración del juicio. Tras su liberación, los españoles fueron
recibidos por el embajador, quien pudo comprobar que se hallaban en buen
estado tanto física como anímicamente. El juicio, como sabe la señora
Balletbó, ha comenzado anteayer, y entre tanto la Embajada de España en
Malabo ha continuado ofreciendo su apoyo y su asistencia a los cuatro
españoles, proporcionando alojamiento a dos de ellos que así lo han
solicitado. Por último, dos abogados de reconocida solvencia se están
encargando de la defensa jurídica a los señores Aran, Biachó, Choni y
Ripeu. Dada la carencia de recursos económicos de los procesados, será la
Embajada de España en Malabo quien abone los honorarios de dichos
letrados.
Por tanto, después de habernos asegurado de su integridad física, de que
han sido bien tratados, de que están en libertad condicional, de que
tienen la defensa adecuada y de que, además, a lo largo de todo el juicio
recibirán todo tipo de asistencia no solamente letrada, sino material, de
alojamiento y todo lo que necesiten, sólo nos queda esperar que este
juicio se celebre de manera regular y justa, y puesto que no pesan cargos
sobre ellos que puedan ser absueltos.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Este tema que acabamos de abordar enlaza
directamente con todo ese proceso de cambio que se produce en Guinea. Yo
me alegro de la buena disposición que ha habido por parte de las
autoridades españolas en relación con estos cuatro ecuatoguineanos de
nacionalidad española, pero también quiero decirle la profunda
preocupación que sentimos ante unas próximas elecciones, en las que al
parecer no todos los partidos han sido legalizados, así como el interés
que yo creo deberíamos sentir para poder hacer compatible, como antes
hemos dicho, unos lazos de relación con un país, a la vez que debemos
velar por el cumplimiento de todos estos principios de derechos humanos.
Estos cuatro españoles han dicho que habían recibido malos tratos --por
lo menos esto es lo que yo he leído-- y que habían sido detenidos sin
pruebas, como finalmente se demuestra al parecer durante este proceso,
pero la verdad es que --aunque no sea una competencia directa de los
asuntos consulares-- ha habido otros muchos detenidos (en este caso no de
nacionalidad española, sino de nacionalidad guineana, como pueden ser
Felipe Ondo Obiang y Guillermo Nguema), algunos de ellos --como usted
sabe--, incluso fueron secuestrados en el vecino Gabón y llevados a
Guinea, para ser encarcelados.
Creo que sería interesante estudiar todas las posibilidades para enviar
observadores, sobre todo en el próximo proceso electoral --estoy segura
de que el Ministerio ya lo tiene en cuenta--, para intentar que ese
proceso sea lo más democrático posible y permita a este país salir de la
situación en que se encuentra, puesto que todos necesitamos que vaya
caminando hacia la consolidación democrática y los máximos respetos a
todas las medidas de derechos humanos y seguridad jurídica.
--DE LA SEÑORA BALLEBTO I PUIG (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
INFORMACION ACERCA DE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EN IRAN
(Número de expediente 181/001589).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, también de la señora Balletbó,
relativa a los últimos acontecimientos producidos en Irán.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Quiero disculparme con el señor secretario de
Estado porque parece que estoy quedándome con todo su tiempo de
comparecencia. Habitualmente no intervengo mucho en esta Comisión, pero
ha habido esta coincidencia. El señor presidente me mira discrepando,
pero como es una mirada, ni siquiera puedo decir que sea cierta mi
interpretación de esa mirada. (Risas.)
Como usted sabe bien, Irán está en un proceso de cambio que es lento y
difícil. Hubo unas elecciones, que dieron la victoria al señor Jatamí, y
de una forma tímida han iniciado todo un intento de suavizar la situación
política en ese país en relación con los derechos de las mujeres, con el
respecto a los derechos humanos, a los derechos y libertades de sus
ciudadanos. Como era previsible, ha habido algunas reacciones por parte
de los sectores más integristas del régimen, que han culminado con unos
hechos que creo son significativos, como es la detención del alcalde de
Teherán, anterior alcalde de Isfahán, que es un hombre de gran prestigio
y reputación por haber sido un aperturista y la persona que más apoyó a
Jatamí en su carrera hacia la
victoria electoral. En estos momentos, la respuesta popular en la calle
ha obligado de una u otra forma a tomar unas medidas, entre ellas la de
conceder la libertad condicional de este dirigente político, pero yo
quisiera tener información de primera mano, a través del representante
del Gobierno español, de cómo se siguen y cómo se ven estos
acontecimientos por cuanto la situación no es fácil. Este intento de
abrir el país tiene sus detractores. Jatamí --por lo que yo sé-- no
consigue satisfacer plenamente las demandas de quienes en él confiaron y
le votaron, y por contra las pocas cosas que puede hacer son rápidamente
denunciadas y rechazadas --en este caso con una complicidad judicial por
encima de cualquier marco de comportamiento democrático--, siendo
utilizadas como elemento de aviso, y a la vez de freno a ese proceso. Por
tanto, le agradecería mucho que nos ilustrara sobre la situación.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): El presidente Jatamí inició tras su elección
una paulatina liberalización del régimen, cuyas principales expresiones
son el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, primacía de la
Constitución, apertura cultural, convocatoria de elecciones locales --que
se han celebrado recientemente-- y sobre todo una mayor participación de
la mujer en todas las esferas de la vida iraní; asimismo, ha iniciado un
proceso de mayor libertad de información. (El señor vicepresidente,
Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.)
Todos estos aspectos los ha podido apreciar la señora Balletbó y los ha
mencionado. Como era previsible, este proceso de liberalización ha
originado una dura pugna para controlar los resortes del poder, algunos
de los cuales, como el sistema judicial, sigue en manos
ultraconservadoras.
Me referiré a continuación a una serie de acontecimientos que creo son
una muestra representativa del momento que atraviesa la vida iraní. Por
una parte, las elecciones locales del13 de marzo, con gran ventaja
conservadora, constituyen una clara advertencia para la corriente
moderada del presidente Jatamí.
En segundo lugar, el episodio más importante de la lucha por el poder
entre conservadores y moderados ha sido el encarcelamiento que usted ha
mencionado del alcalde de Teherán el 4 de abril, acusado de malversación
de fondos; su puesta en libertad 11 días después por el guía supremo, Alí
Jamenei, ha representado una clara victoria del presidente Jatamí sobre
el ministro de justicia, el conservador Mohamed Yazdi. Política y
culturalmente de tendencia moderada, el alcalde de Teherán dirigió la
campaña electoral del presidente Jatamí en mayo de 1997.
En tercer lugar, la lucha por el poder entre las diferentes tendencias
religiosas sigue viva, unos defienden el mantenimiento del Velayat El
Faqih, máxima autoridad del guía supremo, encabezados por el propio guía
espiritual, Alí Jamenei, y otros, liderados por el ayatola Montazeri
consideran que se debe seguir la voluntad popular. Las dificultades de
acceso a este último, establecidas por los poderes públicos, han
provocado disturbios y enfrentamientos en Isfahán y en otras ciudades en
la última semana de abril.
Por último, los derechos humanos muestran ciertos avances en algunos
aspectos, como en la libertad de expresión, eliminación de restricciones
de los medios de comunicación y en el derecho a manifestarse, aunque
todavía persisten serias violaciones en la mayoría de ellos,
especialmente en lo que se refiere a los derechos del individuo y la
libertad religiosa. Empieza a haber cierta tolerancia de culto hacia
cristianos, judíos y zoroastristas, pero los sunitas, y en especial los
baha'i sufren una encarnizada persecución. La Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado 23 de abril una resolución
que concluye diciendo que en Irán siguen siendo violados los derechos
fundamentales de la persona.
Por otra parte, el caso Rushdie, que es un caso simbólico, sigue sin
resolverse, incidiendo en las relaciones entre Irán y la Unión Europea,
aunque el investigador de los derechos humanos en Irán nombrado por
Naciones Unidas en 1995 ha apreciado algún progreso en las posiciones
iraníes. Por otra parte, Morteza Firouzi, antiguo redactor jefe de Iran
News ha visto confirmada su condena de muerte por el Tribunal Supremo
iraní. La Unión Europea ha hecho saber a las autoridades iraníes las
graves consecuencias que la ejecución de la sentencia tendría para sus
relaciones políticas con Teherán.
Todo este fresco no hace más que describir una situación en la que hay
una pugna de poder entre las dos tendencias que se enfrentan en la
sociedad iraní: la tendencia conservadora de siempre, la vieja guardia de
los ayatolas, y la nueva tendencia moderada aperturista que encarna el
presidente Jatamí y una serie de líderes políticos a todo lo largo del
espectro, que es apoyada con mucha timidez, y me atrevería a decir que
incluso con miedo, por grandes sectores de la sociedad iraní, y sobre
todo por los sectores más excluidos, que son los que más sufren, entre
los que no se puede ignorar a las mujeres, que quizá son las grandes
perseguidas por la situación de los conservadores religiosos. Es evidente
que aunque los signos externos muestran que todavía los conservadores
tienen una enorme fuerza y que en el exterior parece que todo sigue
igual, hay signos esperanzadores de que algo se mueve dentro de la
sociedad iraní y que hay nuevas actitudes. Nuestra posición en
particular, y la de la Unión Europea en general, es favorecer este
diálogo crítico con Irán, no romper los puentes con Irán para que siempre
que haya oportunidad se favorezcan estas nuevas tendencias moderadas que
van a dar a la sociedad de Irán esa dimensión que había perdido con el
régimen de los ayatolás.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Quiero agradecer las amplias explicaciones que
a pesar de la hora nos ha facilitado el secretario de Estado.
No obstante, voy a hacer dos comentarios. Uno de ellos es que respetando
la no injerencia, como es razonable en
este caso, deben ser de gran ayuda las muestras de otros países en
relación con estos intentos que se están desarrollando en Irán. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
En ese sentido, sería bueno poder apretar en la firma de un protocolo de
cooperación que está más o menos redactado. Me consta que en estos
momentos la Embajada española en Teherán cuenta con gente cualificadísima
y una representación muy eficaz en esta línea. También las posibles
reuniones o contactos bilaterales. Sé que un día de éstos el
vicepresidente de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, tiene
proyectos de viajar o ha viajado a Teherán y quizá fuera interesante que
el Gobierno español hiciera algún gesto a través de un secretario de
Estado, no de ministro. Aunque es cierto que las aperturas no se ganan
desde el exterior, a un régimen que ha estado tan bloqueado durante
tantos años cualquier apoyo puede ayudarle y nuestros socios europeos
como Italia y Alemania están en esta línea aunque España sólo ha enviado
representaciones a nivel de director general.
Si me equivoco me corrige, aunque no me corresponde saber el detalle,
pero una posible visita de un secretario de Estado podría ser útil, ya
que como usted sabe muy bien las relaciones económicas son muy
importantes con este país, sobre todo en lo que se refiere a las
explotaciones petroleras. Esto podría ser un intento de restablecer, de
no quedar rezagados en este camino y apoyar al sector moderado que trata
de establecer una primacía de los derechos humanos en la que estamos
comprometidos y defendemos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Quiero confirmar a la señora Balletbó que la
intención del Gobierno es seguir acompañando el proceso. También quiero
informarla que desde que el embajador español volvió a Teherán junto con
los embajadores comunitarios, ha habido ya una visita del director
general de Relaciones Económicas Internacionales, una visita del
secretario general de Pesca Marítima y otra del secretario general de
Política Exterior y de la Unión Europea. Además está prevista la visita a
España del ministro de Asuntos Exteriores de Irán en breve plazo. Por
tanto, vamos evolucionando gradualmente, insistiendo en esa apertura
hacia Irán y ejerciendo el diálogo, amistoso pero crítico, que es la
manera de que este país vaya entrando en la vía de la normalización.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE GESTIONES ANTE EL
GOBIERNO BRITANICO PARA EL INMEDIATO CUMPLIMIENTO POR EL MISMO DE LAS
SENTENCIAS QUE RECONOCEN DERECHO A INDEMNIZACIONES A FAVOR DE LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS PERJUDICADAS POR LA APLICACION DE LA MERCHANT SHIPPING
ACT (Número de expediente 181/001601).
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver la última pregunta de la que es autor el
señor Peralta. Dicha pregunta es relativa a las empresas españolas que
han sido perjudicadas por la aplicación de la Merchant Shipping Act.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor secretario de Estado, conoce usted que
hace años cuando la jefa de Gobierno en Inglaterra era la señora
Thatcher, haciendo un alarde de liberalismo y de europeísmo hizo aprobar
la ley Merchant Shipping Act, en virtud de la cual las empresas
extranjeras, incluidas las de la Unión Europea, serían obligadas a ceder
la mayoría de su capital a ciudadanos ingleses para poder faenar en aguas
inglesas, y además los barcos para poder faenar también allí incluso con
bandera británica, tenían que tener un porcentaje del 75 por ciento de
ciudadanos británicos.
Esta, Ley, como era previsible, fue anulada por el Tribunal Europeo de
Justicia, y a partir de esa anulación, se plantearon reclamaciones por
parte de las empresas afectadas, un buen número de empresas españolas, en
reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Estas reclamaciones,
planteadas a través de los distintos escalones judiciales británicos, han
dado lugar sucesivamente a sentencias estimatorias de las reclamaciones
que finalmente han culminado con una sentencia de la Corte de
Apelaciones, el Tribunal Supremo británico, estimatoria de esas
pretensiones.
Aunque es difícil saber en el día de hoy exactamente la cantidad, se
calcula que podemos estar hablando de cifras en torno a 20.000 ó 25.000
millones de pesetas, son las cifras que se han barajado sobre las
indemnizaciones que podían percibir las empresas españolas por los
perjuicios ocasionados durante estos años como consecuencia de la
aplicación de la citada ley.
Sin lugar a dudas, es una cuantía muy importante, muy significativa, y
una vez que se han terminado los procedimientos judiciales en el Reino
Unido interesa que se hagan efectivas con la máxima celeridad.
Estoy convencido de que el Gobierno español es consciente de la
importancia que tiene el cumplimiento de esta sentencia para los
intereses españoles, y que ya se han llevado a cabo actuaciones en
relación con el Gobierno británico para el más inmediato cumplimiento de
la misma.
Me gustaría saber, por ejemplo, si en las reuniones que a los pocos días
de conocerse esta sentencia se celebraban entre el presidente del
Gobierno y el propio primer ministro británico, o en otras actuaciones
que han tenido lugar posteriormente, se ha avanzado con ese objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): La sentencia del Tribunal de Apelación
británico sobre el caso Factortame, que reconoce el derecho de las
empresas perjudicadas por la aplicación de la Ley de Marina Mercante a
ser indemnizadas por el Gobierno del Reino Unido todavía no es firme. E1
plazo legal para que la administración
británica presente el último recurso posible ante el Tribunal de la
Cámara de los Lores aún no ha finalizado, aún no ha comenzado a correr a
causa de un defecto formal en la notificación a las partes. Por ello
resulta prematuro abordar la cuestión del cumplimiento de una sentencia
que todavía no es firme, y por eso de momento, aunque sí se han hecho
sugerencias a todos los niveles, no se ha hecho ningún requerimiento
formal a la administración británica puesto que todavía la sentencia no
es firme.
Dejando de lado el caso concreto a que se refiere esta pregunta, como
norma general, el Gobierno español confía en que las instituciones
jurídicas de un Estado de Derecho, como es el Reino Unido, basten para
asegurar la protección de los derechos y el resarcimiento de los daños
reconocidos por los tribunales británicos en favor de cualquier persona
física o jurídica de nacionalidad española.
No obstante, cualquier persona física o jurídica española que solicite a
la Administración una asistencia razonable para la protección de sus
legítimos intereses en el Reino Unido o en cualquier otro país, será
atendida debidamente tanto por el servicio central como por el servicio
exterior del Estado, y por tanto lo único que puedo decir como conclusión
es que el Gobierno español ha seguido y ha apoyado este proceso con mucho
interés, estamos pendientes de que la sentencia se haga firme, y desde el
momento que se haga firme no dudaremos en exigir al Gobierno británico
que asuma las responsabilidades, que la asignan los tribunales de su
propio país.
La experiencia enseña que el Gobierno británico es muy respetuoso con la
sentencia de sus tribunales y me parece que no habrá necesidad de hacer
ningún tipo de gestión y que ellos asumirán sus responsabilidades de
acuerdo con las sentencias que les atribuyan esas responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Estoy convencido y no dudo de que el Gobierno
británico es respetuoso como todo gobierno democrático con las sentencias
de los tribunales, afortunadamente, además, en el Reino Unido hay ahora
un Gobierno que es proeuropeísta, a diferencia del que aprobó esa ley que
fue desautorizada por el Tribunal de Justicia europeo.
Creo que este cambio que se ha producido puede hacer viable que por parte
del Gobierno español se intente conseguir que no se demore y alargue
innecesariamente un pleito en relación con el cual ya se han pronunciado
los tribunales europeos que han anulado la sentencia y se han pronunciado
reiteradamente, y siempre en el mismo sentido, los propios tribunales
británicos, dando la razón a quienes reclamaban las indemnizaciones por
una ley que fue desautorizada por el Tribunal de Justicia europeo. Esta
podría ser la primera gestión que llevara a cabo el Gobierno español: que
no se demore innecesariamente una tramitación judicial, que visto desde
la lejanía siempre eso es un riesgo, pero no parece que tenga muchas
posibilidades de prosperar, cuando de manera reiterada y siempre en el
mismo sentido los tribunales de justicia británicos ya han manifestado
una opinión estimatoria de esas pretensiones. Este sería un primer
terreno.
Un segundo terreno sería, una vez que se produce la firmeza de la
sentencia, pensar que tanto el Gobierno británico, como los gobiernos en
general, con toda la voluntad de cumplir una sentencia tienen
limitaciones, y los pasos previos para dar cumplimiento a unas sentencias
son que requieren disponibilidades presupuestarias, que se pueden cubrir
por distintas vías, en relación con lo cual las gestiones de carácter
político, esas sugerencias a que ha hecho referencia el secretario de
Estado, o cualquier otra actuación, pueden conducir a que con mayor
celeridad se consiga ver la adecuada satisfacción --y es bueno
reconocerlo aquí-- que ha sido marcada por los tribunales de justicia.
Han pasado años pero han sido los tribunales de justicia los que han
dicho que esas indemnizaciones corresponden a unas empresas, en este caso
españolas y de las que estamos hablando, que han tenido unos perjuicios
significativos, entre 20.000 y 25.000 millones de pesetas. Sería bueno
para los intereses de nuestro país y sería bueno para el propio proyecto
europeísta que este tipo de conductas reciban la adecuada sanción. Por
tanto, nos atreveríamos a animar al Gobierno español a que llevara a cabo
las actuaciones a que he hecho referencia en las direcciones que estime
oportuno.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Solamente para decir que estoy de acuerdo con
el señor Peralta y que tomo muy buena nota de sus observaciones, que
asumo plenamente. (El señor Estrella Pedrola, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Concluimos la presencia del señor secretario de Estado entre nosotros.
Quiero agradecerle su presencia y desear que en fecha próxima volvamos a
contar con la misma.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel Egea): Señor presidente, quiero reiterarle mi total
disponibilidad para venir a esta Comisión cuando ésta y su presidente lo
deseen.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Si se quiere, es para una cuestión de orden o
para conocer la fórmula que la Presidencia vea bien para introducir esta
cuestión.
Todos los portavoces de la Comisión hemos visto la conveniencia de no
pasar la ocasión de abordar y expresar el sentir de la Comisión sobre los
acontecimientos que se están produciendo y se van a producir en los
próximos días en Guinea Ecuatorial. Procedimentalmente existen problemas
para que se hubiera planteado una proposición no de ley. Algunos
portavoces habíamos pensado en la
fórmula de un comunicado, no una declaración institucional que sabemos no
entra dentro de nuestras atribuciones, o la fórmula que el presidente vea
oportuna, para expresar el sentir de la Comisión respecto a la
preocupación por ese juicio que se está celebrando ahora mismo en Guinea
Ecuatorial, en el que están acusados, entre otros, cuatro españoles, que
según informaciones que obran en nuestro poder indican que buena parte de
los acusados podían haber sido objeto de malos tratos y que el derecho de
los procesados a un juicio justo no está plenamente garantizado. También
queremos hacer patente nuestra inquietud ante las perspectivas de que el
próximo proceso electoral en Guinea Ecuatorial no reúna las adecuadas
condiciones de libertad, democracia y pluralismo, lo que pondría en
peligro el necesario proceso hacia una plena democratización de Guinea
Ecuatorial, y finalmente, señor presidente, reiterar nuestra voluntad ya
expresada en otras ocasiones, de favorecer la completa inserción de
Guinea Ecuatorial en la comunidad de naciones democráticas del mundo, lo
que permitirá el impulso a unas relaciones fructíferas de cooperación y
entendimiento entre España y Guinea Ecuatorial.
Estas son las ideas en las que hemos trabajado y que dejamos al criterio
del presidente articularlas con éstas o con otras palabras.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, la usanza de comunicados es
inexistente. En esta Comisión alguna vez hemos hecho una declaración,
pero eso ha sido cuando no había en el orden del día espacio o no se
había previsto un asunto que por su natural importancia todos los grupos
consideraban que debía ser tratado, pero es que hoy hemos tratado el tema
de Guinea. Ha habido la pregunta de una diputada del grupo al que
pertenece el señor Estrella sobre el juicio al que hace referencia este
señor diputado. Creo que hubiera sido una magnífica ocasión para que todo
eso que acaba de decir el señor Estrella hubiera sido dicho, y si no ha
sido dicho no entiendo cómo se puede introducir ahora en el orden del día
algo que no está, cuando además ha habido ocasión para hacerlo. No voy a
discutir sobre el fondo de la cuestión, pero me parece que si cada vez
que hay un asunto en una Comisión se pide un turno de orden para abrir un
debate que ya se ha producido, entiendo que todo lo que ha manifestado el
señor Estrella podía haber sido dicho, porque se ha tratado del asunto
del juicio de Malabo. En otro caso que lo hubiera previsto el Grupo
Socialista en su día, porque este juicio lleva mucho tiempo, pero tenemos
que respetar las normas. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, evidentemente una pregunta
sobre un aspecto de cuestiones de protección consular no es el conjunto
del problema; en segundo lugar, no es la expresión de la voluntad de la
Comisión.
Si por parte del Grupo Popular existen objeciones, nosotros retiramos la
propuesta inmediatamente y el Grupo Socialista individualmente presentará
las iniciativas que oportunamente pueda presentar.
El señor PRESIDENTE: Como saben ustedes, no sólo la Presidencia sino en
general todos los miembros de esta Comisión hemos trabajado con cierto
margen de flexibilidad, pero la flexibilidad es la que es y la
Presidencia tiene que atenerse a las normas procesales que dicen muy
claramente que para alterar el orden del día de la Comisión
necesitaríamos la unanimidad de todos los miembros de la misma, por no
hablar nada más que de la forma, y parece que no es el caso.
No creo que hubiera graves divergencias sobre una manifestación igual o
parecida a lo que ha dicho el señor Estrella respecto al proceso de
Guinea Ecuatorial, pero no cabe duda que la forma siempre es importante
para mantener las garantías de todos los derechos de los miembros, de
manera que en estas circunstancias no puede la Presidencia acceder a lo
que se ha dicho, con independencia de las cuestiones de fondo.
Lo digo para que lo tengamos en cuenta en momentos sucesivos, porque
quizá con un poco más de anticipación pudiéramos dar lugar a esta
consideración flexible de la realidad.
DICTAMEN SOBRE:
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MIÑO, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE GOIAN (ESPAÑA) Y VILA NOVA DE CERVEIRA (PORTUGAL), FIRMADO
EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000155).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores miembros de la Comisión de Asuntos
Exteriores, como es notorio estamos abusando de nuestro tiempo de manera
que de forma absolutamente excepcional y en contra de los más arraigados
criterios del presidente, vamos a proceder a la votación de los convenios
sin que necesariamente procedamos a su debate, a no ser que algún grupo
parlamentario indique su voluntad de tomar la palabra en alguno de los
convenios.
¿Hay algún grupo parlamentario que desearía tomar la palabra en alguno de
los convenios? (Pausa.)
No es así. Vamos a proceder directamente a la votación de todos y de cada
uno de ellos.
En primer lugar, dictamen del convenio entre el Reino de España y la
República portuguesa para la construcción de un puente internacional
sobre el río Miño, entre las localidades de Goian (con i latina, indico
el error que ya está corregido en los textos) y Vila Nova de Cerveira,
firmado en Madrid el 19 de noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO SOBRE LA CONSERVACION DE LOS CETACEOS DEL MAR NEGRO, DEL MAR
MEDITERRANEO Y LA ZONA ATLANTICA CONTIGUA, HECHO EN MONACO EL 24 DE
NOVIEMBRE DE 1996 (Número de expediente 110/000166).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del
mar Negro, del mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua, hecho en
Mónaco el 24 de noviembre de 1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, RELATIVO A
LA COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL Y CIVIL, HECHO EN MADRID EL 19
DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000167).
El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República
portuguesa, relativo a la cooperación judicial en materia penal y civil,
hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBlICA DE
NICARAGUA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 25 DE JULIO DE
1961, HECHO EN MANAGUA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente
110/000168).
El señor PRESIDENTE: Protocolo adicional entre el Reino de España y la
República de Nicaragua modificando el convenio de doble nacionalidad de
25 de julio de 1961, hecho en Managua el 12 de noviembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBlICA DE COSTA
RICA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 8 DE JUNIO DE 1964,
HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente
110/000169).
El señor PRESIDENTE: Protocolo adicional entre el Reino de España y la
República de Costa Rica modificando el convenio de doble nacionalidad de
8 de junio de 1964, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO Y REGLAMENTO DE LA OMPI, SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, ADOPTADOS
POR AL CONFERENCIA DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 27 DE OCTUBRE DE 1994, ASI
COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU
RATIFICACION (Número de expediente 110/000173).
El señor PRESIDENTE: Tratado y Reglamento de la OMPI, sobre el derecho de
marcas, adoptados por la conferencia diplomática en Ginebra el 27 de
octubre de 1994, así como reserva y declaraciones que España va a
formular en el momento de su ratificación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ENMIENDAS DE LOS ARTICULOS 14 Y 37 DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE TURISMO, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1970, ADOPTADAS EN NUEVA DELHI
EL 14 DE OCTUBRE DE 1983 Y EN ROMA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1981,
RESPECTIVAMENTE, POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OMT (Número de expediente
110/000174).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas de los artículos 14 y 37 de los estatutos
de la Organización Mundial de Turismo, de 27 de septiembre de 1970,
adoptadas en Nueva Delhi el 14 de octubre de 1983 y en Roma el 25 de
septiembre de 1981, respectivamente, por la Asamblea General de la OMT.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
--CONVENIO RELATIVO AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LA FEDERACION RUSA, HECHO EN MOSCU EL 16 DE ENERO DE 1998 (Número de
expediente 110/000175).
El señor PRESIDENTE: Convenio relativo al traslado de personas condenadas
para el cumplimiento de penas privativas de libertad entre el Reino de
España y la Federación Rusa, hecho en Moscú el 16 de enero de 1998.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ARREGLO TECNICO RELATIVO A LA APLICACION DEL ARTICULO VIII DEL ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ALBANIA Y LOS GOBIERNOS DE LAS
NACIONES CONTRIBUYENTES A LA FUERZA MULTINACIONAL DE PROTECCION, RELATIVO
AL ESTATUTO DE DICHA FUERZA, HECHO EN ROMA EL 21 DE ABRIL DE 1997 (Número
de expediente 110/000176).
El señor PRESIDENTE: Arreglo técnico relativo a la aplicación del
artículo VIII del acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y
los gobiernos de las naciones contribuyentes a la fuerza multinacional de
protección, relativo al estatuto de dicha fuerza, hecho en Roma el 21 de
abril de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA PROMOCION Y
PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN KIEV EL 26 DE FEBRERO DE
1998 (Número de expediente 110/000177).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Kiev el 26 de
febrero de 1998.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LA INDIA, FIRMADO EN NUEVA DELHI EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000178).
El señor PRESIDENTE: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de la India, firmado
en Nueva Delhi el 30 de septiembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Con ello, llegamos al final de la consideración de la agenda de esta
sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Gracias a todos ustedes por
su atención y su presencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.