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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 465, de 26/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 465
DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
Sesión núm. 16
celebrada el martes, 26 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado para las Administraciones
Públicas (Fernández Díaz) para:
-- Explicar las razones que justifican la prohibición del Ejecutivo de
realizar una consulta popular en el Condado de Treviño (Burgos), con el
fin de que los vecinos se pronuncien sobre la incorporación de este
enclave al País Vasco. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 213/000563) (Página 13394)
-- Explicar las razones por las que el Gobierno ha denegado la
celebración de una consulta popular, convocada por el Ayuntamiento del
Condado de Treviño. Sobre el futuro de dicho enclave. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000568) (Página 13394)
Preguntas:
-- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Número de expediente 181/001540) (Página 13403)
-- De la señora Leiva Díez (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Número de expediente 181/001566) (Página 13404)
-- Del señor Rodríguez Zapatero (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de Castilla y León
(Número de expediente 181/001541) (Página 13408)
-- Del señor González Revenga (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (Número de expediente 181/001542) (Página 13408)
-- De la señora Fernández Ramiro (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Número de expediente 181/001543) (Página 13408)
-- De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de Cantabria
(Número de expediente 181/001544) (Página 13408)
-- Del señor Morlán Gracia (Grupo Socialista del Congreso), sobre
causas del retraso en el calendario previsto para la negociación del
proceso de transferencia de educación de las funciones y servicios
previos al nivel universitario a la Comunidad Autónoma de Aragón (Número
de expediente 181/001567) (Página 13408)
Proposiciones no de ley:
-- Relativa a la devolución de la propiedad del inmueble «A Senra,
Bergondo-A Coruña», incautada el 14 de julio de 1937, al Centro de
instrucción y recreo Bergondo y sus contornos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000889) (Página 13418)
-- Relativa a la devolución de propiedades incautadas en 1936 al Centro
de instrucción, protección y recreo de Cervás-Ares (La Coruña).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
161/000901) (Página 13418)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES (FERNANDEZ DIAZ) PARA:
--EXPLICAR LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PROHIBICION DEL EJECUTIVO DE
REALIZAR UNA CONSULTA POPULAR EN EL CONDADO DE TREVIÑO (BURGOS) CON EL
FIN DE QUE LOS VECINOS SE PRONUNCIEN SOBRE LA INCORPORACION DE ESTE
ENCLAVE AL PAIS VASCO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 213/000563).
--EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA DENEGADO LA CELEBRACION
DE UNA CONSULTA POPULAR, CONVOCADA
POR EL AYUNTAMIENTO DEL CONDADO DE TREVIÑO, SOBRE EL FUTURO DE DICHO
ENCLAVE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
213/000568).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados; buenos
días, señor secretario de Estado.
Se abre la sesión de la Comisión del Régimen de las Administraciones
Públicas con el primer punto del orden del día, relativo a la
comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para explicar las razones que justifican la prohibición del
Ejecutivo de realizar una consulta popular en el Condado de Treviño
(Burgos) con el fin de que los vecinos se pronuncien sobre la
incorporación de este enclave al País Vasco.
He de comunicar a sus señorías que la portavoz correspondiente del Grupo
Parlamentario Mixto ha solicitado la retirada del punto 2 del orden del
día, comparecencia que pensábamos tramitar conjuntamente con la primera y
que ahora decae.
Sin más, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias,
señoras y señores diputados.
Manifiesto en primer lugar y nuevamente la satisfacción y el honor que
significa para mí comparecer ante esta Comisión del Régimen de las
Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados. Según me ha
manifestado el presidente, se trata de una petición de comparecencia
formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para
contestar acerca de las razones que impulsaron al Gobierno a denegar la
consulta popular solicitada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño
para el pasado 8 de marzo en orden a que pudieran manifestarse los
treviñeses respecto de si querían que se celebrara o no un referéndum
para decidir acerca de la desagregación del municipio del Condado de
Treviño de la provincia de Burgos, perteneciente, como es sabido, a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, a los efectos de proceder a su
anexión a la provincia de Alava, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tengo que decir que el procedimiento previsto en nuestra legislación en
orden a la autorización de celebración de consultas populares en los
municipios viene regulado en el marco general de la Constitución en el
artículo 149, que establece que es competencia exclusiva del Estado
autorizar la celebración de referéndum en el territorio nacional, y de
acuerdo también con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 2/1980,
que regula las distintas modalidades de referéndum para el supuesto
particular que nos ocupa de consultas populares en el ámbito municipal o
local. El marco jurídico concreto es el artículo 71 de la Ley 7/1985 que,
como ustedes saben, es la Ley reguladora de las bases de régimen local.
El citado artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
literalmente establece lo siguiente: «De conformidad con la legislación
del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia
estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por
mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la nación,
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para
los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la
Hacienda local.»
En consecuencia, señorías, para que el Gobierno de la nación pueda
conceder la oportuna autorización, tal como en el supuesto que nos ocupa
solicitó en nombre del Ayuntamiento del Condado de Treviño su alcalde, es
necesario que la consulta popular solicitada cumpla los requisitos, tanto
procedimentales como de fondo, que establece el citado artículo 71 y que
son, en primer lugar, que la solicitud de consulta popular sea acordada
por el Ayuntamiento en pleno por mayoría absoluta. Este requisito se
produjo, puesto que fue acordado por el Ayuntamiento no sólo por mayoría
absoluta sino por unanimidad de los siete concejales que componían la
corporación municipal en la fecha del 15 de enero, en la que se adoptó el
citado acuerdo plenario del Ayuntamiento; en segundo lugar, que el objeto
de la consulta sea un asunto de la competencia propia municipal; en
tercer lugar, que el objeto de la consulta sea un asunto de carácter
local; en cuarto lugar, que se trate de temas que sean de especial
relevancia para los intereses de los vecinos, y finalmente que no se
trate de un asunto relativo a la Hacienda local. Veremos a continuación
que se trataba de analizar si concurrían todos y cada uno de los
requisitos que la ley exige a los efectos de que el Gobierno, previo
acuerdo del Consejo de Ministros, accediera a autorizar o por el
contrario denegar la petición de consulta popular solicitada.
Tengo que decir que, desde el punto de vista de la organización interna
de la Administración general del Estado, la propuesta del correspondiente
acuerdo del Consejo de Ministros sobre la autorización de la consulta
solicitada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto
1892/1996, de 2 de agosto, de estructura básica del Ministerio de
Administraciones Públicas, que a su vez fue modificado por el Real
Decreto 1329/1997, de 1 de agosto, corresponde a la Secretaría de Estado
para las Administraciones Territoriales y en particular, dentro de ella,
a la Dirección General para la Administración Local que, como digo, tenía
que elaborar la propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros.
En relación con la cuestión que estamos comentando, tenemos que decir que
el Ministerio de Administraciones Públicas entendió que no se cumplían
dos de los requisitos materiales exigidos por el artículo 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, para proceder a proponer al Consejo de Ministros
la autorización de la consulta popular solicitada en el ámbito del
Municipio del Condado de Treviño. El primero de los requisitos materiales
que no se cumplía era que el asunto fuera de competencia propia municipal
y el segundo que el asunto fuera de carácter local. Los demás se
cumplían, es decir, es un asunto de especial interés y relevancia para
los vecinos del municipio del Condado de Treviño
si siguen perteneciendo administrativamente a la provincia de Burgos y,
en consecuencia, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León o, por el
contrario, pasan a depender administrativamente, a través de la
Diputación Foral de Alava, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y no
era un asunto relativo a la Hacienda local el que en todo caso debía
ventilarse en esa consulta popular solicitada. Insisto, esos dos
requisitos materiales no se cumplían en el supuesto que nos ocupa. No se
cumplía el primer requisito, que el asunto fuera del competencia
municipal, ya que no figura ni en el artículo 25 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local --materias en las que en todo caso ha de
ejercer competencias el municipio-- ni en el artículo 26, servicios
mínimos obligatorios a prestar por los municipios, ni en el artículo 28,
actividades complementarias del municipio, ni haber sido atribuido al
municipio por leyes del Estado o de las comunidades autónomas. En segundo
lugar y también en relación con este requisito material, la consulta
tenía una relación muy directa con el referéndum previsto en la
disposición transitoria séptima, apartado 3, del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León y en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, excediendo de la competencia propia municipal. En tercer lugar --y
los tres supuestos que estoy comentando van en la línea de intentar
justificar el porqué no se cumplía este primer requisito material, que
fuera el asunto de competencia propia municipal--, el Ministerio de
Administraciones Públicasy después el Consejo de Ministros --y este punto
me parece especialmente relevante--, consideraron que el objeto de la
consulta suponía trastocar y alterar las fases del procedimiento previsto
en la citada disposición transitoria séptima, apartado 3, del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León en el que el refrendo se inserta como una
fase o requisito con sustantividad propia posterior y condicionados los
requisitos o fases anteriores entre ellos al informe de la provincia a la
que pertenezca el municipio a segregar y de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León favorable a la segregación, trascendiendo de manera
indubitada el asunto de la consulta de la competencia municipal. Por
tanto, no se cumplía el primer requisito material al que he hecho
referencia. Tampoco se cumplía el segundo requisito material, el de que
fuera un asunto local. La consulta popular no era de carácter local por
trascender el ámbito del interés exclusiva y puramente local, por afectar
a ámbitos supralocales, en este caso de la provincia y de la comunidad
autónoma e incluso del Estado, ya que está afectando al territorio de dos
comunidades autónomas integrantes del Estado español y requerirse
siempre, y de acuerdo con los estatutos de autonomía de las dos
comunidades autónomas afectadas, en la fase de culminación del
procedimiento de la aprobación de la segregación del municipio para
incorporarse el territorio de otra comunidad autónoma, de una ley
orgánica aprobada por las Cortes Generales.
Se está en presencia de una consulta que incide sobre una posible
segregación de un municipio y de su agregación a una provincia y a una
comunidad autónoma distintas de las que está integrado, por lo que la
consulta no se circunscribe o limita al ámbito local ni ofrece ese mero
carácter local, siendo evidente el carácter supralocal del tema sobre el
que incide la consulta, cuya autorización se solicitó del Gobierno de la
nación.
En consecuencia, la propuesta de acuerdo que el Ministerio de
Administraciones Públicas elevó al Consejo de Ministros, de conformidad
con lo previsto en el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, fue la de no autorizar la citada consulta popular por no
cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 71 de la Ley 7/1985
y porque ya existe un procedimiento concreto en el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León dentro del cual está prevista la celebración de un
referéndum específico. Además, todo ello está aclarado por el Tribunal
Constitucional cuando resolvió los recursos que planteó tanto el Gobierno
como el Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación
con la disposición transitoria séptima, apartado 3, del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, sentencia 99/1986, de 11 de julio, donde
declaró la plena constitucionalidad de esa disposición del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León y donde dejó claro que desde el estatuto de
una comunidad autónoma no podía decidirse la anexión de un territorio que
estuviera geográficamente incluido en el ámbito de una comunidad autónoma
pero que administrativamente perteneciera al ámbito de otra comunidad
autónoma. Esto fue resuelto por el Tribunal Constitucional y, en
consecuencia, el Gobierno de la nación a la hora de responder a la
petición de la consulta popular --lo que hizo el Consejo de Ministros,
como he intentado explicar-- fue ceñirse exclusivamente a la ley, cumplir
y hacer cumplir la ley, sin entrar en pronunciamientos de carácter
político, sin entrar en el fondo de la cuestión que entendemos no le
correspondía al Gobierno, sino que lo que tenía que hacer, y es lo que
hizo, fue obedecer y hacer obedecer la ley y negar la autorización para
la celebración de la consulta popular que como SS. SS. saben, pese a todo
y aunque sin ningún valor jurídico, se celebró el pasado 8 de marzo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su
información. El grupo solicitante de la comparecencia no está presente en
la sala, motivo para agradecer su intervención. Procede, por
consiguiente, preguntar a los grupos parlamentarios si desean intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor secretario de Estado, por su
presencia.
Esta comparecencia resulta un tanto obsoleta por las fechas en que se
produjo su motivo. Como es sabido, el enclave de Treviño es
administrativamente un territorio burgalés desde el pasado siglo, como
consecuencia de residuos feudales situados en pleno corazón de Alava.
Está formado por dos municipios: el del Condado de Treviño y el de La
Puebla de Arganzón. Tanto el Estatuto de Guernica en su artículo 8, como
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su disposición transitoria
séptima, regulan el procedimiento de agregación y segregación de enclaves
de forma coincidente en cuanto a los requisitos de
iniciación del proceso. En ambos dicho procedimiento empieza mediante la
adopción del correspondiente acuerdo municipal por el Ayuntamiento o
ayuntamientos que pertenezcan al enclave. Queda pues establecido que son
los ayuntamientos las instituciones competentes jurídicamente y
habilitadas políticamente, para iniciar el procedimiento de segregación
del enclave.
Aun examinando sólo los años de período democrático, la cuestión del
enclave de Treviño se ha abordado siempre desde una óptica de conflicto
en la que las vías ordinarias del diálogo y comunicación, tanto social
como institucional, han sido sustituidas por el inmovilismo, la falta de
atención a la pluralidad de postulados o por el recurso judicial. Después
de casi dos décadas siguen produciéndose las mismas actitudes, vetando e
interfiriendo las iniciativas de las instituciones municipales del
enclave. Tal situación es de máxima gravedad política porque en el caso
actual los vetos políticos se dirigen contra iniciativas legítimas
adoptadas en el ámbito municipal en base al diálogo y consenso de los
directos interesados.
Desde el Grupo Vasco entendemos que la consulta popular que solicitó el
Ayuntamiento, y se ha celebrado en el Ayuntamiento del Condado de
Treviño, es políticamente adecuada y jurídicamente correcta. La Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 71, como ha
citado el señor secretario de Estado, la contempla expresamente. No puede
entenderse fuera de la competencia municipal porque el objeto de la
consulta es preguntar a los ciudadanos del municipio del Condado de
Treviño si desean o no que el Ayuntamiento adopte el acuerdo de
iniciación del procedimiento de segregación. Se ha explicado en su
momento, por el Gobierno del Estado, la no autorización de la consulta,
en razón de que excede la competencia municipal, afectando a los
intereses provinciales de Burgos y regionales de Castilla y León.
Resulta jurídicamente incomprensible que el Ayuntamiento del Condado de
Treviño sea competente, según el Estatuto de Castilla y León, para
adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento de segregación y sin
embargo no lo sea para preguntar a sus ciudadanos la opinión al respecto.
En ese sentido resulta más inexplicable todavía la no autorización por el
Gobierno de la consulta desde la óptica política. Tratar de impedir una
expresión de opinión en términos de participación ciudadana supone un
quebranto de los principios en que se sustenta la democracia, un veto
público a la apertura de vías de solución a un problema y, en definitiva,
una actuación arbitraria del Gobierno.
El señor secretario de Estado ha realizado en su respuesta un verdadero
esfuerzo jurídico tratando de explicar el acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se denegaba la solicitud del Ayuntamiento del
Condado de Treviño para realizar esta consulta popular. Repasando
documentación anterior, me ha parecido entender una argumentación muy
similar a la que en 1940 el ministro de Gobernación del régimen fascista
realizó ante una situación bastante similar. Finalmente indicaría que nos
encontramos ante un problema fundamental de índole política, ante un
problema de democracia o de mantenimiento de una situación de origen
feudal que no permite a los ciudadanos expresarse libremente sobre
problemas que de una forma muy directa les conciernen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Simón de la Torre.
El señor SIMON DE LA TORRE: Es verdad que a estas alturas discutir por
qué no se autorizó el referéndum no tiene excesivo sentido, sobre todo si
tenemos en cuenta que dicha consulta se llevó adelante el día 8 de marzo
y que, aunque no haya tenido efectos jurídicos, como ha dicho el
secretario de Estado, sí que está teniendo unas serias e importantes
repercusiones políticas, prueba de ello es que en distintas cámaras se
está tratando este tema continuamente. Por lo tanto, creo que esta
intervención tiene sentido si actuamos desde un punto de vista político y
lo afrontamos, puesto que la situación del enclave de Treviño, al estar
dentro no sólo de otra provincia sino dentro de otra comunidad autónoma
le hace diferente a otros enclaves que existen, lo que obliga a que se dé
un tratamiento específico que, sin salirse de la legalidad vigente, tenga
en cuenta las distintas especificidades que se dan en estos momentos. En
primer lugar, la cercanía del Condado de Treviño a la capital alavesa y,
en segundo lugar, como contraposición, la gran distancia a la que se
encuentra la capital burgalesa con algo esencial en este tema: no haber
hasta el momento entre Treviño y Burgos ninguna otra ciudad que por
delegación administrativa pueda resolver las cuestiones de tipo
burocrático.
Yo no entraría mucho en las razones históricas porque me parece que a
estas alturas de la vida se pueden esgrimir muchas razones históricas a
favor de una u otra solución. Lo que a mí me parece importante es que se
deben anteponer los intereses de las personas que forman la comunidad que
vive en estos momentos en el Condado de Treviño. Por eso nosotros creemos
que debe y puede darse una solución que, aun no siendo del total agrado
de todo el mundo, sí sea lo suficientemente elástica para que no tenga el
rechazo absoluto por parte de nadie, evitando así que el problema pudiera
acabar en un enfrentamiento entre los propios habitantes del enclave.
Esta posible solución tiene que implicar a aquellas administraciones que
ejercen su función en este territorio, o que dentro de discusión de
futuro tienen implicaciones. Por un lado está Castilla y León y la
Diputación Provincial de Burgos, dos de las administraciones que tienen
la mayor parte de las competencias en el enclave; por otro lado, está la
Comunidad Autónoma de Euskadi, esencialmente a través de la Diputación
Foral de Alava que, sin tener hoy competencias directas, sí que reciben
demanda de los treviñeses --eso hay que tenerlo presente--, y finalmente
está el Gobierno central, que no puede ser lo neutral que algunos están
poniendo ante la mesa, ni lo neutral que algunos quieren. Yo creo que no
hay que olvidar que hasta este momento el Gobierno central tiene
bastantes competencias en el enclave, competencias en educación, en
sanidad, en trabajo, competencias que le obligan a tener una intervención
directa y no sólo, como se nos intenta trasladar, de arbitraje.
Las actuaciones regladas está claro que en estos momentos no son la
solución puesto que todas ellas son excesivamente drásticas. Por lo tanto
nos vemos obligados a buscar algunas soluciones, soluciones que tienen
que ser necesariamente políticas porque lo que estamos viviendo allí es
un problema político, y son soluciones que tienen que tener implicación
de los tres estamentos citados sin olvidar naturalmente a los
representantes de los ciudadanos que son las corporaciones locales de La
Puebla de Arganzón y de Treviño. Por cierto, y entre paréntesis, hoy nos
encontramos con que la corporación de Treviño está sin regidor como
consecuencia de los efectos que ha producido ese referéndum que sí se
celebró, aunque no se autorizó; luego estamos hablando de consecuencias
reales que están viviendo los ciudadanos.
Yo creo que también, afortunadamente, en estos momentos la Diputación
Provincial de Burgos y las Cortes de Castilla y León, o la Junta de
Castilla y León no han sido totalmente cerradas en sus respuestas, han
dejado una puerta abierta a la esperanza de futuro para encontrar unas
soluciones políticas. ¿Cuáles pueden ser esas soluciones? Tanto en el
Congreso como en el Senado, así como en el Parlamento de Castilla y León
o en la Diputación Provincial, nosotros, los socialistas, hemos hecho
expresa mención de cuál, en nuestra opinión, es la solución inmediata,
que no consiste más que en un acercamiento en los acuerdos de todas las
administraciones implicadas, incluido el Gobierno central, para buscar a
través del artículo 145 de la Constitución o de cualquier otra
disposición la posibilidad de que sin variar en principio los límites
geográficos del enclave, la dependencia de tipo administrativo o
burocrático pasase a depender de la Diputación Foral de Alava.
Naturalmente esta solución debe tener en principio un carácter
provisional en el tiempo para llegar a la solución definitiva que marcan
los correspondientes estatutos de autonomía, tanto el castellano-leonés
como el del País Vasco.
El calendario para que ante los ciudadanos esto tenga credibilidad
necesariamente debe ser muy concreto, a la vez que respetado y, dada la
proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, deberíamos
utilizar este período de tiempo para, en conversaciones entre las
distintas administraciones, ir creando el marco de los acuerdos dentro de
un debate sobre soluciones funcionales, y huir en todo momento de
pertenencias territoriales. Desde nuestro punto de vista es a partir de
las elecciones de 1999, una vez que hayamos pasado las elecciones
municipales, las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Castilla y
León, cuando podría utilizarse, como ya hemos visto en esta Cámara en
alguna ocasión, lo establecido en el artículo 145.2 de la Constitución,
suscribiendo un acuerdo de cooperación y de colaboración de los previstos
en el citado artículo, que deben aprobarse y autorizarse por las propias
Cortes Generales, lo cual le da un soporte jurídico que garantice la
posibilidad de resolver los problemas, que ahora mismo están generando
grandes inconvenientes de disfunciones en la tributación, en el sistema
fiscal y en un largo etcétera, a los ciudadanos del Condado. Al final de
la siguiente legislatura de Cortes Generales se debería hacer un estudio
de todo lo que ha ido pasando y todo lo aplicado en este período de
tiempo, con sus ventajas e inconvenientes, que nos permita la actuación
de futuro, desactivando seriamente las falsas polémicas, que podrán
llevarnos a todos a un determinado sosiego, no sólo a los habitantes del
Condado de Treviño sino, lo que es importante también, a los que vivimos
en la provincia de Burgos y a los que viven en la provincia de Alava.
En definitiva de lo que se trata claramente es de realizar una acción
política en la que predomine por encima de todo el interés no de la
pertenencia del enclave sino de sus ciudadanos, sin precipitaciones que
enconen los enfrentamientos ni paradas que alejen la deseada solución
para los treviñeses.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Moneo Díez.
La señora MONEO DIEZ: Señorías, sean mis primeras palabras para agradecer
al secretario de Estado su comparecencia en esta Comisión, sobre todo
teniendo en cuenta que el proponente de dicha comparecencia no nos ha
honrado con su presencia, y por supuesto la amplia y acertada explicación
que sobre la situación del enclave se nos ha dispensado. Pero sus
señorías habrán de recordar que no es ésta la primera vez que en este
foro se habla del enclave del Condado de Treviño. El pasado mes de marzo,
ante una interpelación del Grupo Parlamentario Vasco, el ministro de
Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, comparecía ante el Pleno
del Congreso para explicar cuál era la posición del Gobierno respecto al
enclave del Condado de Treviño. De igual modo la moción consecuencia de
esta interpelación fijó la posición tanto del Grupo Popular como del
resto de grupos parlamentarios, y la posición, señorías, no puede ser
otra que la que ha mantenido el Gobierno y que hoy, tras la comparecencia
del secretario de Estado, podemos observar sigue manteniendo, y debe ser
así porque es lo que establece la ley.
Convendrán conmigo SS. SS. que la primera y fundamental obligación de
cualquier Gobierno es cumplir y hacer cumplir la ley, y en este sentido
la legalidad es clarificadora. Es muy claro cuando se nos dice que la
llamada consulta informal llevada a cabo por iniciativa del Ayuntamiento
del Condado de Treviño el pasado día 8 de marzo no se acomodaba a la
secuencia prevista en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Recordarán SS. SS. que en su disposición transitoria séptima dicho
Estatuto inserta como requisito necesario el informe de la provincia a la
que pertenece el núcleo a segregar y el de la comunidad autónoma de que
se trata, en este caso la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
trascendiendo, por tanto, el tema de la consulta de la competencia propia
municipal. Tampoco se encuentra amparada por el artículo 71 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Dicho artículo establece
igualmente que: «De conformidad con la legislación del Estado y de la
comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente
atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta
del Pleno y autorización del Gobierno de la nación, podrán someter a
consulta popular aquellos asuntos de la
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial
relevancia para los intereses de los vecinos.» Como vemos, la consulta
también extralimitaba manifiestamente el objeto propio de dicha norma.
Por tanto, señorías, sólo por respetar la legalidad, no se autorizó dicha
consulta del referéndum, por esa única y exclusiva razón que, en
cualquier caso, señorías, es una razón de peso, es una razón jurídica.
No obstante, el Grupo Popular, y así se manifestó votando a favor el
pasado 24 de marzo la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco,
ha realizado un gran esfuerzo por encontrar soluciones imaginativas,
encaminadas al entendimiento y al diálogo con una sola finalidad: lograr
el mayor bienestar de los ciudadanos de los municipios del Condado de
Treviño, la atención de sus necesidades concretas y desde luego la eficaz
prestación de sus servicios. Ahora bien, busquemos acuerdos entre las
instituciones competentes, entre la Junta de Castilla y León, por
supuesto, y entre el Gobierno vasco; respetemos la legalidad vigente, y
desde luego no utilicemos los intereses de los treviñeses como
instrumento con una finalidad no suficientemente clarificadora.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Voy a contestar brevemente a cada uno de los
representantes de los grupos parlamentarios que han fijado su posición.
En relación con el señor Caballero, del Grupo Vasco, hacerle una
aclaración porque me parece --salvo que le haya entendido mal, en cuyo
caso le pido disculpas-- que lo que planteó el alcalde presidente del
Ayuntamiento del Condado de Treviño al Gobierno, en relación con el
acuerdo que por unanimidad adoptó la corporación municipal que presidía
el 15 de enero de 1998, no era una petición para iniciar el expediente de
desagregación previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Yo
tengo aquí el escrito dirigido por el alcalde, fechado en Treviño a 20 de
enero, por cierto de 1997, o sea, un error material --de hecho es
evidente que se estaba refiriendo a 20 de enero de 1998-- que dice
literalmente lo siguiente: Acordado por el Pleno municipal de este
Ayuntamiento del Condado de Treviño (Burgos), por unanimidad de la
totalidad de los miembros de la corporación, en sesión extraordinaria
celebrada en fecha 15 de enero de 1998, la realización de una consulta
popular en el sentido de que los electores del municipio manifiesten si
desean o no desean que se celebre un referéndum para la incorporación de
este municipio a la provincia de Alava, como alcalde presidente del
Ayuntamiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, formulo
la solicitud de autorización del Gobierno de la nación a fin de realizar
la mencionada consulta popular.
Este es el escrito oficial que, para entendernos, inicia el expediente.
No pedía, como pidió sin embargo el 16 de marzo, el inicio de los
trámites previstos en la transitoria séptima, 3, del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León que, como usted sabe, establece un
procedimiento para la desagregación que comienza con la petición
planteada por el Ayuntamiento o ayuntamientos afectados, mediante
acuerdos corporativos adoptados por dos tercios de los miembros de hecho
de la corporación o, en todo caso, por mayoría absoluta de los mismos;
una segunda fase que significa que la provincia de Burgos, en este caso
concreto, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León manifestaran si por
razones históricas, sociales, culturales y económicas procede la
desagregación de esos municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León a efectos de su anexión o agregación a otra comunidad autónoma;
finalmente referéndum que debía ser aprobado por la mayoría de los
votantes que ejercieran el derecho al sufragio en ese referéndum y,
posteriormente, ley orgánica aprobada por las Cortes Generales.
Ese es el procedimiento del Estatuto de Castilla y León. Después está el
artículo 8 del estatuto de Autonomía del País Vasco, como S. S. sabe muy
bien, con el que coincide sustancialmente, aunque con matices, puesto
que, entre otras cosas, exige también una aprobación por el Parlamento
Vasco. A su vez el informe que pide, en este caso de la comunidad
autónoma y de la provincia a la que pertenece administrativamente el
Condado de Treviño, no necesariamente tenía que ser positivo, sino que
dice: oída la comunidad autónoma y la provincia. Este es el
procedimiento. Entonces, la primera fase del procedimiento es el acuerdo
corporativo adoptado por mayoría absoluta o por los dos tercios de los
miembros de hecho de la corporación, y eso el 15 de enero ya se había
dado con exceso, puesto que se había aprobado el acuerdo corporativo por
unanimidad de los siete concejales que componían la corporación
municipal. Por tanto, la siguiente fase del procedimiento era pedir
informe a la Diputación de Burgos y a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León; y la siguiente, una vez cumplido ese trámite, ya era la del
referéndum, que no debe ser solicitado por el Ayuntamiento, sino que por
ministerio de la ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, el Gobierno viene obligado a convocar una vez se hayan
cumplido las fases anteriores. Lo que pedía el alcalde del Ayuntamiento
de Condado de Treviño difícilmente, desde mi punto de vista, y con todo
respeto, señoría, puede plantearse en términos de jurídicamente correcto.
No entro en el debate de si era políticamente adecuado o no, porque ya he
dicho que la posición del Gobierno de la nación en este asunto no ha sido
ni ideológica ni política, para entendernos, sino que ha sido
estrictamente jurídica de cumplimiento de la ley, bajo el principio de
que, como antes decía la señora Moneo, evidentemente todo Gobierno en un
Estado de Derecho viene obligado a cumplir y a hacer cumplir la ley. No
se cumplía la ley. No se pedía el inicio del procedimiento, sino que se
saltaba absolutamente el procedimiento e iba a pedir una consulta popular
para que los treviñeses se manifestaran en relación con el referéndum
que, repito, no es dispositivo del Ayuntamiento, ni siquiera del Gobierno
de la nación, sino que es exigible desde el Estatuto de Castilla y León,
una vez cumplidos los trámites anteriores.
Por cumplir la ley y hacerla cumplir en un Estado democrático, social y
de Derecho, como el que viene regulado en nuestra Constitución,
difícilmente puede ser calificado el Gobierno como fascista, o el
ministro que toma esa decisión, plenamente democrática y en el marco de
un Estado democrático, y con plena sujeción a la ley democráticamente
aprobada por los representantes del pueblo en estas Cortes Generales; no
puede ser considerada como una decisión de signo fascista, salvo que
intentemos llamar fascistas a quien hace lo que no nos gusta, y sólo sea
demócrata quien dé una respuesta en los términos que nos convenga, que
creo que no debe ser el caso ni entiendo que debe ser la voluntad de su
señoría.
Decía el señor Simón de la Torre que efectivamente estamos ante un
problema político, nadie lo duda, con consecuencias jurídicas y sobre
todo de tipo administrativo y funcional, porque es evidente que los
treviñeses, tanto los que pertenecen al municipio de la Puebla de
Arganzón como los que pertenecen al municipio del Condado de Treviño,
como consecuencia de esa discontinuidad territorial en la que viven (el
Condado de Treviño administrativamente pertenece a la provincia de Burgos
y geográficamente está enclavado en pleno territorio histórico de Alava),
ven deteriorada la prestación de los servicios públicos a que tienen
derecho, como todos los ciudadanos españoles --servicios públicos que se
les deben prestar además en igualdad de condiciones con el resto de
ciudadanos españoles--; esta prestación se ve deteriorada, condicionada y
afectada sin ningún género de dudas, por esa peculiar situación, que
lleva a que efectivamente esos municipios estén mucho más próximos de
Vitoria a Gasteiz que de Burgos, eso lo conocemos todos. Precisamente por
eso la ponencia de enclaves territoriales, constituida en el Senado, en
el seno y a iniciativa de la Comisión General de Comunidades Autónomas,
en el estudio que realizó sobre enclaves territoriales existentes en
España, se refirió de manera muy especial a la problemática del enclave
del Condado de Treviño en sus conclusiones, que sin duda SS. SS. conocen,
de fecha 19 de diciembre de 1995, conclusiones muy importantes, porque la
moción que aprobó este Congreso por asentimiento de todos los diputados
el pasado 24 de marzo hacía referencia expresa a que el Gobierno de la
nación, como mandato del Congreso de los Diputados contenido en esa
moción, insisto, ajustara su actuación en esta cuestión de la
problemática que rodea al enclave del Condado de Treviño a las
conclusiones contenidas en el dictamen de la ponencia sobre enclaves
constituida en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas
del Senado. Creo que es importante que nos refiramos a ello, entre otras
cosas porque el Gobierno viene obligado políticamente, puesto que
responde políticamente ante el Congreso de los Diputados, al contenido de
esa moción que, insisto, instaba al Gobierno a ajustar sus actuaciones y
sus criterios a las conclusiones de esa ponencia.
¿Qué dicen las conclusiones de esa ponencia? Pues dicen: La ponencia
considera que la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en
condiciones de igualdad debe también de atender, entre otros criterios, a
la mayor proximidad de las administraciones que hayan de prestarlos, para
lograr lo cual en este caso sería preciso que la Diputación de Burgos y
el Gobierno de Castilla y León firmaran un convenio de cooperación y
colaboración con la Diputación Foral de Alava y el Gobierno vasco, de
acuerdo con el artículo 145.2 de la Constitución, que es a lo que S. S.
se ha referido, igual que el otro día en el Senado, en una comparecencia
de similares características, a la que tuve que asistir, me planteaba el
portavoz del Grupo Socialista en el Senado, señor Laborda, coincidiendo
con S. S. también en la conveniencia en estos momentos de separar el
debate de pertenencia del debate de funcionalidad. No planteemos un
debate sobre la pertenencia del enclave a Burgos o a Alava y centremos en
este momento político y cronológico el debate en el ámbito de las
conclusiones del Senado y, por tanto, vayamos a resolver los problemas
que tienen en estos momentos los ciudadanos treviñeses y que, según la
ponencia de enclaves del Senado, tendrían una mejor respuesta si se
conviniera por parte de las diputaciones foral de Alava y provincial de
Burgos y las comunidades autónomas de Castilla y León y del País Vasco
firmar un convenio de cooperación y colaboración, insisto, de los
previstos en el artículo 145.2 de la Constitución.
Siguen las conclusiones del Senado: Este convenio debería permitir en
unos casos que la Diputación de Alava extendiera sus servicios a los
ciudadanos del territorio del enclave de Treviño; en otros casos se
posibilitaría la prestación conjunta de servicios o su prestación por una
Administración y la financiación por otra.
La ponencia estima también --sigo-- que la formación de un consorcio
entre las citadas administraciones --en ningún momento está citando al
Gobierno de la nación, por cierto-- y entes privados del enclave podría
constituir un medio eficaz para la gestión de ciertos servicios o para la
financiación global de los servicios convenidos o acordados, sin
perjuicio de establecer otras fórmulas de cooperación interadministrativa
y, termino, sobre todo invitaba la ponencia a la constitución de una
comisión integrada por representantes del Gobierno vasco y de la Junta de
Castilla y León que tenga por objeto buscar una respuesta definitiva a la
cuestión y el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave
de Treviño, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León y de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Esto es lo que dicen las conclusiones de la ponencia senatorial sobre
enclaves, a las que se remite, insisto, la moción aprobada por esta
Cámara. Por tanto, el Gobierno, en el marco del cumplimiento de la ley,
enmarca su actuación política en relación con esta cuestión en lo que son
estas decisiones políticas, estas resoluciones parlamentarias de la
conclusión de la ponencia senatorial y de la moción aprobada por
asentimiento del Congreso de los Diputados. Eso en ningún caso significa
ser sujeto pasivo de todo este procedimiento ni significa tampoco
mantenerse al margen, sino simplemente reconocer que en el ámbito de
estas resoluciones parlamentarias que establecen unas directrices
políticas y un mandato político desde el Parlamento al Gobierno para
seguir una determinada política en relación
con el Condado de Treviño, lo que tiene que hacer el Gobierno, insisto,
es propiciar que las instituciones implicadas, según reza la resolución
aprobada por asentimiento por el Congreso de los Diputados, que son
Diputación Foral de Alava, Diputación de Burgos, comunidades autónomas de
Castilla y León y del País Vasco y los ayuntamientos de La Puebla de
Arganzón y de Condado de Treviño, lleguen a acuerdos satisfactorios y, en
su caso, convenios de cooperación y colaboración para una prestación
eficaz de los servicios públicos en igualdad de condiciones con el resto
de ciudadanos españoles por parte de los treviñeses.
Tengo que decir, finalmente, señoría, que, como usted sabe, esa comisión
interinstitucional a cuya constitución invitaba el Senado, se constituyó;
esa comisión interinstitucional Castilla y León-País Vasco ha celebrado
ya tres sesiones, una constitutiva y dos de trabajo propiamente dichas, y
además yo recientemente me he puesto en contacto con las autoridades de
la Junta de Castilla y León para, una vez conocido el pronunciamiento de
las Cortes dicha comunidad autónoma el 7 de mayo y de la Junta el 31 de
marzo, así como de la Diputación Provincial de Burgos el 1 de abril,
conocer de primera mano las iniciativas que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León está adoptando en relación con el cumplimiento de los
criterios contenidos en las conclusiones de la ponencia senatorial y de
la moción que aprobó el Congreso de los Diputados, y el consejero de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León,
que preside la representación del gobierno regional castellano-leonés en
esa comisión mixta interinstitucional, ha informado oficialmente la
pasada semana, con fecha 21 de mayo, de todas las resoluciones y
decisiones adoptadas por las Cortes de Castilla y León y me comunica
además que antes de final de mes --me lo decía el 21 de mayo-- la Junta
acordará crear un centro administrativo en Miranda de Ebro a fin de
descentralizar en el mismo todos aquellos servicios que sea posible...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón señor secretario de Estado. Señorías, guarden
silencio, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
... Lo que me anunciaba que será desarrollado normativamente a lo largo
del mes de junio.
Señor Simón de la Torre, yo coincido con S. S. en que en el ámbito de esa
comisión interinstitucional, a ser posible aparcando cuando menos el
debate sobre pertenencia, en la línea de las conclusiones, repito
contenidas en la moción del Congreso de los Diputados de 24 de marzo y de
las conclusiones de la ponencia senatorial de 19 de diciembre de 1995,
hay camino para recorrer conjuntamente por las dos comunidades autónomas,
por las dos diputaciones, en beneficio de los treviñeses. Hay también una
referencia jurídico-constitucional, el artículo 145.2, que establece esa
posibilidad de celebrar convenios de cooperación y colaboración, con
aprobación además de las Cortes Generales --por tanto, con una
participación muy activa de esta Cámara--, para, repito, dar una solución
democrática al conflicto del Condado de Treviño, y cuando digo
democrática quiero decir, obviamente, que respete y tenga muy en cuenta
la voluntad de los treviñeses y por supuesto tenga también muy en cuenta
la voluntad de otras instituciones tan democráticas como son sus
ayuntamientos, la Diputación Foral de Alava, la Diputación Provincial de
Burgos y la Comunidad Autónoma, la Junta y las Cortes de Castilla y León.
En cuanto a la señora Moneo, tengo que decir que le agradezco mucho sus
palabreas, y coincido sustancialmente con su planteamiento. Efectivamente
lo que yo he dicho hoy aquí, quizás más extenso porque era otro trámite
parlamentario, como no podía ser de otra manera, ya lo dijo anteriormente
el ministro de Administraciones Públicas en esta Cámara, que el Gobierno
no ha actuado en este caso en absoluto por criterios ideológicos,
partidistas o, si se me permite la expresión, políticos, sino con
criterios estrictamente jurídicos de cumplir y hacer cumplir la ley, como
he intentado demostrar.
Queda claro que ante la decisión del acuerdo del Consejo de Ministros en
un Estado de Derecho caben recursos y sería razonable que quien
considerara que el acuerdo del Consejo de Ministros ha violentado
manifiestamente la ley planteara las iniciativas de los recursos que
procedieran. El Gobierno se ha mantenido, insisto, al margen de
decisiones políticas y guiado por criterios estrictamente jurídicos y,
como usted sabe, pese a que de acuerdo con la ley denegó la autorización
solicitada para celebrar una consulta popular, permitió que se celebrara,
aunque, como he dicho, esa consulta popular no tiene ningún valor
jurídico, y lo que ha hecho después ha sido impugnar ante la jurisdicción
contencioso-administrativa todos aquellos actos y decisiones, empezando
por el acuerdo plenario de 15 de enero, pasando por el acuerdo plenario
de 5 de febrero del Ayuntamiento de Condado de Treviño, que llevaron a
celebrar una consulta popular declarada ilegal, de acuerdo con la ley,
por el Gobierno de la nación. Por tanto, la actuación del Gobierno, si me
permite la expresión, señor Caballero, ha sido muy atemperada porque
conocemos perfectamente que en un clima de crispación hay poco ámbito
para el diálogo razonado, razonable y para el consenso. El Gobierno
entiende que lo mejor que podemos hacer todos --todas las instituciones
implicadas-- en beneficio de los treviñeses es aplacar los ánimos y
dialogar mucho con voluntad de llegar a acuerdos para poder prestar a los
treviñeses unos servicios públicos en igualdad de condiciones con el
resto de los ciudadanos y contribuir decisivamente de esa manera,
respetando la voluntad de todas las personas e instituciones implicadas,
a una solución definitiva del Condado de Treviño, que no debe ser fácil
cuando, como el señor Caballero ponía de manifiesto en su interpretación
y en su dicción, que no en la mía, estamos hablando de residuos feudales.
Si son residuos feudales, permítame que le diga que no se le puede exigir
al Gobierno que en dos años lo haya resuelto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. (El
señor Caballero Basañez pide la palabra.)
Señor Caballero, le puedo dar un turno muy breve para formular
escuetamente alguna pregunta o pedir alguna aclaración según el uso de
esta Comisión.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muy brevemente quiero aclarar un punto en
relación con la intervención del señor secretario de Estado en el sentido
de que en ningún momento he llamado fascista al Gobierno, puesto que
entiendo que es un Gobierno plenamente democrático, sino que me he
referido a que la argumentación --creo que he dicho literalmente más o
menos así-- me ha resultado muy similar a la que se realizó en 1940 por
el ministro de Gobernación de entonces, y de ninguna manera, y quiero
aclararlo en el caso de que se haya entendido así, califico en esos
términos al Gobierno actual, al que considero plenamente democrático.
El señor PRESIDENTE: Señor Simón, le ruego que sea breve, por favor.
El señor SIMON DE LA TORRE: Estoy de acuerdo con el secretario de Estado
en casi todo lo que ha expuesto. Necesariamente hemos de buscar una
solución democrática al problema, solución que contenga la voluntad de
los treviñeses, de los castellano-leoneses, así como de los alaveses.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor SIMON DE LA TORRE: Desde luego, creo que a estas alturas nadie
duda que existe un problema en Treviño. Lo que hay que buscar es el punto
de encuentro. ¿Ese punto de encuentro pasa necesariamente por lo que
usted ha señalado de la voluntad de la Junta de Castilla y León de crear
un centro administrativo en Miranda de Ebro? En estos momentos tengo mis
serias dudas. Creo que la voluntad de los ciudadanos del condado para que
este problema tenga visos de solución no pasa necesariamente por ahí.
¿Pasa por que la Administración del Estado, por que el Gobierno de la
nación, acogiéndose a lo que usted nos ha señalado de todas las
propuestas de resolución sea --y entiéndame lo que le voy a decir-- un
mero espectador del problema? No. Creo que el Gobierno no es un mero
administrador; el Gobierno ha de dirigir, ha de implicarse y necesita más
compromiso en esta cuestión. Es cierto que si la Junta de Castilla y León
y la Diputación Provincial no llegan a acuerdos con la Diputación Foral
de Alava y con el Gobierno vasco no tiene solución, pero creo que el
Gobierno tiene mucho y claro que decir en este tema. Lo que no puede ser
la Administración central es una mera espectadora de lo que está
ocurriendo.
El señor PRESIDENTE: Señora Moneo, brevemente, por favor.
La señora MONEO DIEZ: Muy brevemente, señor presidente. En primer lugar,
quiero reiterar mi felicitación al secretario de Estado, por el tono
dialogante y la actitud del Ministerio de Administraciones Públicas y
mostrar cierta sorpresa ante alguna intervención que he escuchado hoy,
sobre todo ante la del portavoz del Grupo Socialista. Creo que la
propuesta que ha llegado a la mesa respecto al posible convenio que se
pueda firmar entre la Junta de Castilla y León e instituciones vascas,
con la descentralización que puede producirse a través del municipio de
Miranda de Ebro, es una solución que queda en la mesa, es una solución
que va a complacer mayoritariamente a los treviñeses y que demuestra la
preocupación del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y de las
instituciones competentes por solucionar el problema de Treviño.
Este no es un problema que venga de dos años para acá, sino que se viene
arrastrando desde hace varios años y este Gobierno es el que ha sentado
las bases de una posible solución. El problema del Condado de Treviño y
su posible segregación del territorio histórico de Castilla y León no es
algo que se haya planteado en este momento, sino que se planteó hace
algunos años por un municipio gobernado por un alcalde del Partido
Socialista y al que en aquel momento no se le dio una solución. Quizá si
entonces se hubiesen sentado las bases de una solución, no hubiésemos
llegado a este extremo.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir, señor Navas?
El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente.
Al finalizar este debate, quiero pedir disculpas por el retraso de mi
presencia, ya que siendo el grupo proponente de la comparecencia, por
causas ajenas a mi voluntad no he podido llegar antes.
Nos felicitamos por el debate que ha habido a lo largo de esta
comparecencia, porque lo que pretendemos es romper la parálisis en que a
juicio de alguno de nosotros están los aspectos más importantes de este
problema. Consideramos que la comisión interinstitucional es clave para
que se pueda articular la futura solución a este conflicto; conflicto que
todos reconocemos que existe, que necesita soluciones y que van a venir
dadas mediante el diálogo y el consenso entre las instituciones, los
partidos y entre los propios ciudadanos afectados.
Reitero mis disculpas y espero que el debate haya sido fructífero.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Comenzando por el final, agradezco al señor Navas sus
disculpas y, sobre todo, que la iniciativa de su grupo haya permitido
esta comparecencia, que deseo --no sé si lo habré conseguido-- que haya
contribuido a clarificar algo más una problemática tan compleja como la
del Condado de Treviño, cuya solución nos afecta y nos convoca a todos
sin ningún género de duda.
Al señor Caballero, si no le he entendido mal, también le agradezco su
aclaración. Creo que hay comparaciones que son odiosas; por tanto, le
agradezco muy sinceramente las
palabras que ha pronunciado, que aclararan que aunque esa argumentación
ha resultado muy similar, nada más lejos que comparar determinados tipos
de gobiernos y de ministros.
El señor Simón de la Torre ha vuelto a reiterar que la solución al
problema no es la creación de un centro administrativo en Miranda de Ebro
por parte de la Junta de Castilla y León. Yo también estoy de acuerdo con
eso y no es lo que he dicho. De lo que estoy convencido es de que
iniciativas de estas características, adoptadas, como es en el caso que
nos ocupa, por la Junta y las Cortes de Castilla y León, trasladadas
después al foro interinstitucional de diálogo y de negociación entre
administraciones implicadas --a la comisión mixta interinstitucional que
se creó a iniciativa de la ponencia sobre enclaves constituida en el
Senado-- sin duda serán provechosas.
También ha dicho el señor Simón de la Torre, rogando que fuera
adecuadamente interpretado y creo que así lo he hecho, que el Gobierno ha
de dirigir e implicarse en el proceso y no puede ser un mero espectador.
Por supuesto que el Gobierno no puede ni va a ser un mero espectador,
entre otras cosas porque surgen cuestiones incidentales, como la de la
solicitud de consulta popular, en la que el Gobierno no sólo no es un
espectador, sino que es quien tiene que decidir de acuerdo con la ley. Al
margen de eso, el Gobierno no es un mero espectador, ¡faltaría más!,
entre otras cosas porque hay resoluciones parlamentarias que mandatan al
Gobierno a adoptar una serie de actuaciones y a actuar en este caso de
acuerdo con unos criterios políticos que --insisto-- han fijado el Senado
y el Congreso en las resoluciones a las que reiteradamente me he referido
en esta comparecencia.
Quiero decir una cosa que sin duda entenderá el señor Simón de la Torre,
y la misma complicidad --si me permite la expresión-- que usted
solicitaba de mí solicito ahora de usted y de los demás miembros de la
Cámara. El Gobierno ha de implicarse, pero no puede suplantar el
protagonismo que corresponde a las instituciones directamente implicadas.
El procedimiento de desagregación está regulado en el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León y el de agregación está regulado en el
Estatuto de Autonomía del País Vasco (transitoria séptima, 3, y artículo
8 respectivamente) y el Tribunal Constitucional ha fallado claramente la
plena constitucionalidad de esa disposición del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León y ha dicho más, ha dicho que para poderse producir esa
desagregación y posterior anexión, en su caso, del enclave de Treviño, de
la provincia de Burgos (Comunidad Autónoma de Castilla y León), a la
provincia territorio histórico de Alava (Comunidad Autónoma del País
Vasco) deben cumplirse los dos trámites previstos en los dos estatutos.
El trámite previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León no
hace ninguna referencia al Gobierno de la nación, salvo, si usted quiere,
en su caso, muy indirectamente, por la vía del trámite final de una
aprobación por ley de Cortes Generales, que es tan indirectamente que en
la práctica no lo es, porque una cosa son las Cortes Generales y otra
cosa es el Gobierno; incluso no sería necesaria la participación del
Gobierno en ese trámite, puesto que en lugar de un proyecto de ley podría
ser una proposición de ley signada por los grupos parlamentarios la que
diera cumplimiento a esa fase del procedimiento previsto en el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León. Por tanto, cuando la Diputación
Provincial de Burgos tiene que emitir un dictamen --en este caso ya lo
emitió el pasado 1 de abril-- y la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Junta y Cortes, ha emitido el suyo, es muy difícil que el Gobierno de la
nación se introduzca en ese procedimiento. Por supuesto que el Gobierno
de la nación sí puede y debe negociar, hablar, pero, para ser eficaz,
tiene que hacerlo con la mayor discreción posible, porque nada más
contrario al buen fin de este contencioso que el Gobierno intentara
asumir un protagonismo que institucionalmente no le corresponde, porque
los actores principales llamados a resolver este conflicto, insisto, son
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la Diputación Provincial de Burgos, la Diputación Foral de Alava
y, por supuesto, los ayuntamientos de La Puebla de Arganzón y del Condado
de Treviño; éstos son los actores institucionalmente llamados a tener
todo el protagonismo. Tienen un ámbito de diálogo y de negociación, que
es la comisión interinstitucional; tienen el marco jurídico para llegar a
una solución, que son los estatutos de autonomía, perfectamente aclarados
con la sentencia 99/1986, de 11 de julio, del Tribunal Constitucional. El
Gobierno puede impulsar, dialogar, pero dése cuenta, señoría, de que el
marco jurídico, el marco institucional, las instituciones, son las que
son, ahí no está el Gobierno de la nación. Hay ocasiones en las que
conviene pasar y actuar con discreción si se quiere ser eficaz, y repito
que le he solicitado, señoría, que me entienda, entre comillas, como me
lo pidió usted a mí y como le he interpretado. Ya le dije que estoy
convencido de que la solución no es el centro administrativo, pero, a mi
juicio, la decisión tomada por la Junta y por las Cortes de Castilla y
León de crearlo en Miranda de Ebro va en la buena dirección. En todo
caso, es la voluntad de una comunidad autónoma, que el Gobierno no puede
cuestionar y de la que deberá responder en todo caso políticamente el
Gobierno, la Junta de Castilla y León ante las Cortes de aquella
comunidad autónoma. El Gobierno no ha de responder políticamente ante el
Congreso de los Diputados de una iniciativa que no le corresponde.
Finalmente, le quiero agradecer a la señora Moneo el apoyo, la
solidaridad y la comprensión por la actuación del Gobierno y reiterarle,
sobre todo como diputada burgalesa, igual que al señor Simón de la Torre
y al señor caballero, que el Gobierno desea que las instituciones
implicadas actúen, como estoy seguro que lo van a hacer, con altura de
miras institucional y que entre todos podamos superar democráticamente
con diálogo, con absoluta tranquilidad, convivencia ciudadana y paz este
problema que viene arrastrado desde hace muchos siglos, confiando que
tenga solución en el siglo XXI, que ya está muy próximo.
PREGUNTAS:
-- DEL SEÑOR MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO
PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE
LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE LA RIOJA (Número de expediente 181/001540).
--DE LA SEÑORA LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
(Número de expediente 181/001566).
El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación pasamos a la contestación,
por parte del señor secretario de Estado, del conjunto de preguntas que
figuran en el punto tercero del orden del día. En primer lugar, pregunta
del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Martínez Sanjuán tiene la
palabra.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Como habrá podido observar el secretario de
Estado, señor Fernández Díaz, hay una serie de preguntas del Grupo
Parlamentario Socialista, preocupado por el retraso en el calendario
previsto para las transferencias no universitarias. Como cuestión previa,
quería decir al señor presidente que vamos a retirar la pregunta número
8, dado que es similar a la número 3 y afecta a la misma comunidad
autónoma. El Grupo Parlamentario Socialista, en este caso mi compañera
Ana Leiva y este diputado, estamos preocupados por el retraso en el
calendario previsto en la transferencia de las enseñanzas no
universitarias a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Bien es conocido --y el señor secretario de Estado de esto sabe mucho--
que en el pacto autonómico del año 1992 se prevé que en un período
relativamente breve de tiempo se debía de producir una serie de
transferencias a las comunidades autónomas del 143, entre las que
destacaba como importante la educativa en el aspecto no universitario. Es
verdad que en el último año y medio esta transferencia ha empezado a
discutirse; es más, concretamente en Baleares, con efecto del 1 de enero
de 1998, se ha producido la transferencia de la enseñanza no
universitaria, pero en una serie de comunidades autónomas, entre ellas la
de La Rioja, no ha habido, más allá de conversaciones privadas,
bilaterales, algunas públicas, un avance sustancial en una transferencia
que es muy importante para la Comunidad Autónoma de La Rioja, no por lo
que supone en sí misma la enseñanza no universitaria, pieza importante en
el diseño educativo de cualquier comunidad autónoma, sino por cuanto que
la dotación de esa transferencia puede suponer casi la mitad del
presupuesto ordinario de una Comunidad Autónoma como La Rioja.
A lo largo de estos últimos meses ha habido información periodística y
política, pero con un cierto grado de oscurantismo, señor secretario de
Estado, lo tengo que decir. Ha habido conversaciones bilaterales,
reuniones, concretamente hace 15 días en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, con las fuerzas políticas y sociales para informar por parte del
Gobierno, concretamente el consejero de Educación y Cultura, de cuáles
eran los avances producidos en las negociaciones bilaterales y se daba
casi por concluido un proceso que podría llevar en breves fechas, según
palabras del citado consejero, a la firma de las transferencias de
enseñanzas no universitarias.
Creemos que una transferencia de esta importancia social, desde el punto
de vista económico, debe ser hecha con consenso y con la participación y
aceptación de las fuerzas políticas y sociales y fundamentalmente de la
comunidad educativa. Deseamos --ésta es una de las razones por las que
hemos hecho esta pregunta-- que el Gobierno en el Congreso de los
Diputados, nos despeje las dudas, las incertidumbres, la filosofía, por
dónde va y cuál puede ser el proceso y los plazos finales de esta
transferencia que, como decía, si no está bien dotada, bien realizada y
consensuada, podría suponer una hipoteca para cualquier comunidad
autónoma, fundamentalmente para las pequeñas, como la nuestra, con una
dotación presupuestaria realmente inferior a la de otras, y una mala
transferencia podría producir unos problemas importantes, desde el punto
de vista social, económico y de la supervivencia financiera de nuestra
comunidad autónoma. Trasladamos nuestra preocupación al Gobierno, al
secretario de Estado para las Administraciones Territoriales porque a lo
largo de estos últimos años la política presupuestaria del Gobierno de
España ha llevado a que el funcionamiento de la educación no
universitaria en todas las comunidades autónomas, incluida la mía, haya
sido exiguo, de recortes, y lo vemos con una cierta preocupación.
El consejero de Cultura y Educación ha trasladado a la mesa de Educación
y a los colectivos sociales su satisfacción por un preacuerdo sobre una
dotación presupuestaria en torno a 16.000 millones de pesetas. Sin
embargo, no debe tener muy buena conciencia cuando en función de la tasa
de crecimiento durante los próximos años, mantiene que en el año 2002 la
cifra de la dotación presupuestaria de esa transferencia de enseñanza no
universitaria estará en torno a los 20.000 millones, como cifra totémica,
que ha sido la que todos los colectivos sociales, sindicatos,
asociaciones de padres, etcétera, han establecido como una referencia
idónea para lo que debiera ser una transferencia no universitaria a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Señor secretario de Estado, el domingo se celebró en la Comunidad
Autónoma de La Rioja la fiesta de la enseñanza pública, organizada por la
federación de padres, los partidos políticos y los sindicatos educativos,
en la que hubo cierta unidad en torno a que los 16.000 millones de
pesetas no sería una buena transferencia educativa, desde el punto de
vista de nuestra región. ¿Por qué? Porque debido a la política
presupuestaria de estos últimos años, la generalización de la Logse no se
ha desarrollado en unos términos correctos y homogéneos y está lejos de
los parámetros de estándar de calidad y de lo que debía ser una relación
apropiada de profesor/alumno. En estos momentos
en la enseñanza secundaria se está desarrollando un ratio en torno a 35
alumnos por profesor, cifra muy alejada de lo que debe ser la calidad
educativa; los centros no tienen los medios de apoyo oportunos y creemos
que no se ha desarrollado en los debidos términos la generalización de
las inversiones necesarias para la implantación de la Logse con calidad y
con eficacia. Quizá todos estos aspectos, señor secretario de Estado, son
los que están pesando en una valoración y en una determinación futura y
esto es lo que tiene preocupada a toda la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
No queremos hablar sólo de lo que conocemos a través de reuniones en el
ámbito de la comunidad ni tampoco a nivel de comentarios periodísticos,
sino que aprovechando su presencia en esta Comisión, queremos preguntarle
cuáles son las causas de este retraso en la transferencia de la enseñanza
no universitaria, por dónde van los estudios del Ministerio y cuál puede
ser la fecha aproximada de la firma de la transferencia de la enseñanza
no universitaria a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esperando su
respuesta, quedamos a su disposición, señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán, por su
intervención.
Señor presidente, hay siete preguntas, tras ser retirada la octava como
anunciaba S. S., que tienen un común denominador. El título de la
pregunta es el mismo y la proyección es en distintas comunidades
autónomas. Si me lo permiten SS. SS., en este turno daré una contestación
en esta primera pregunta que después ya no reiteraré, en la medida en que
son argumentos comunes al proceso de negociación del traspaso de las
enseñanzas no universitarias para el conjunto de las comunidades
autónomas. Luego están las singularidades y especificidades en las
proyecciones de cada una de las siete comunidades autónomas, pero por
economía procesal hay argumentos que no repetiré. Otra cosa es que si me
olvido de alguno, aprovecharía el turno de otra pregunta para contestar.
Me pregunta S. S. cuáles son las causas del retraso en el calendario
previsto para la negociación del proceso de transferencia de educación de
las funciones y servicios previos al nivel universitario a la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Como muy bien ha dicho S. S., en los acuerdos
autonómicos de 1992, firmados el 28 de febrero de ese año, se estableció
que primero mediante un a ley orgánica de las previstas en el artículo
150.2 de la Constitución, la que después fue la Ley 9/1992, de
transferencia o delegación de competencias de titularidad estatal a las
comunidades autónomas, se incorporaría al ámbito competencial de éstas,
incluyendo entre esas competencias las de enseñanzas no universitarias,
también las universitarias, pero ahora me referiré a las no
universitarias. Tal como se convino en los pactos políticos que
acompañaron a esos acuerdos autonómicos, se estableció que después de la
aprobación por las Cortes Generales de la ley prevista en el artículo
150.2, insisto, la que fue después Ley 9/1992, se aprobarían las
correspondientes reformas de estatutos para que esas competencias no
fueran asumidas por transferencia o delegación sino como competencias
propias, incluidas en los estatutos de autonomías como normas
institucionales básicas de cada una de las comunidades autónomas, y se
procedería al traspaso de las funciones y servicios necesarios para el
ejercicio de esa competencia a medida --y ésta es una singularidad de los
acuerdos autonómicos de 1992 en lo que hace referencia a la educación--
que se fue aplicando la Logse, de tal suerte que, a diferencia de otras
competencias incluidas en los acuerdos autonómicos de 1992, donde el
compromiso que constaba por escrito era que los traspasos se
desarrollaran a lo largo de la legislatura autonómica que concluyó en
1995, en este supuesto se hacía referencia a que el traspaso debía
adaptarse a la aplicación de la reforma educativa. Tengo que decir que
ésa fue una exigencia muy intensa, y ahora añado que muy razonable, del
Gobierno de la época, que era del Partido Socialista.
El actual Gobierno, que como partido en la oposición firmó aquellos
acuerdos autonómicos, se siente absolutamente corresponsable en el
perfeccionamiento de los mismos y, dentro de la política autonómica del
Gobierno, el cumplimiento de los acuerdos autonómicos de 1992, como no
podía ser de otra manera, juega un papel determinante. Consciente de que
uno de los grandes bloques de traspaso derivados de aquellos acuerdos que
falta por perfeccionar es el de la educación no universitaria, desde los
primeros meses se puso a trabajar con el conjunto de las comunidades
autónomas del artículo 143, las diez que en aquel momento no tenían
asumida esa competencia, para establecer un calendario y un procedimiento
de negociación.
Me dice, y es cierto, que con ocasión de la negociación del nuevo modelo
de financiación autonómica al que a nivel de acuerdo político se llegó en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de septiembre de 1996,
se determinó además la conveniencia de que los traspasos para el conjunto
de esas diez comunidades del artículo 143 estuvieran realizados con
efectos desde el 1 de enero de 1998, para favorecer que las comunidades
que hubieran asumido el nuevo modelo de financiación autonómica pudieran
pasar a tener una cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con capacidad normativa en el 30 por ciento. En esa dirección
hemos trabajado. Es verdad que el primer calendario con el que trabajó el
Gobierno y al que hubiera querido ceñirse era el que acabo de señalar,
que con efectos del 1 de enero de 1998 esas diez comunidades autónomas
hubieran asumido este traspaso.
Empezamos a negociar con las comunidades autónomas en noviembre de 1996.
Hubo una reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas, a la que
asistieron los consejeros de Educación y de Economía y Hacienda de las
diez comunidades autónomas del artículo 143, con el ministro de
Administraciones Públicas, la ministra de Educación y Cultura y, en
representación del ministro de Economía y vicepresidente segundo, señor
Rato, que por una
cuestión de fuerza mayor no pudo acudir como estaba previsto, asistió el
secretario de Estado de Hacienda, es decir, participaron los tres
ministerios más directamente afectados en este proceso, el de Educación,
por razones obvias, como Ministerio sectorial y funcional directamente
afectado, el Ministerio de Hacienda, porque, como saben SS. SS., en los
procesos de traspaso juega un rÖle determinante y decisivo, y más en un
traspaso de esas características que, grosso modo, debía significar en
torno a 900.000 millones de pesetas de recursos para las comunidades
autónomas y 140.000 funcionarios traspasados, y el Ministerio de
Administraciones Públicas, que, como S. S. sabe, debe pilotar los
procesos de traspasos, porque le corresponde dirigir, impulsar y ejecutar
la política autonómica del Gobierno. El ministro de Administraciones
Públicas preside todas las comisiones mixtas de transferencias con las
diferentes comunidades autónomas. Convocamos a los consejeros de Economía
y de Educación de las diez comunidades autónomas, conscientes de que éste
es un traspaso en el que la presencia del consejero funcionalmente
responsable en los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas de
la política educativa y del consejero de Economía y Hacienda era
absolutamente imprescindible. No podemos olvidar que estamos en presencia
de un traspaso que para las comunidades del 143, en términos generales,
significaba duplicar su presupuesto y duplicar el número de sus
funcionarios. Por tanto, hubo un error --que siempre es posible, porque
somos humanos y por tanto imperfectos y limitados-- de un 1 por ciento en
la valoración del coste del traspaso, que, en un traspaso que tuviera un
coste efectivo de un millón de pesetas no tiene trascendencia, pero, en
un traspaso de estas características, podría condicionar el futuro
equilibrio presupuestario y las finanzas públicas de una comunidad
autónoma. Si a eso añadimos además que, como usted sabe, la financiación
de la educación es financiación incondicionada --a diferencia, por
ejemplo, de la financiación de la sanidad, que es financiación
incondicionada--, que por parte de las comunidades autónomas haya una
plena sintonía y un pleno acuerdo, que siempre debe venir precedido de
una plena información en relación con los datos y las cifras que a
efectos del traspaso le facilitaba a el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Administraciones
Públicas, nos daremos cuenta de que no es extraño que en este caso
concreto los plazos se hayan dilatado. No digo que sea bueno, digo que no
es extraño. Porque además hay más causas o razones --me lo preguntaba S.
S.-- que a mi juicio no digo que justifiquen, pero en todo caso explican
el porqué del retraso en principio en cuanto a la fecha inicialmente
prevista de 1 de enero de 1998. Y es que, a diferencia de otros
traspasos, con las circunstancias que yo acabo de comentar de éste, el
volumen, la importancia y trascendencia, éste es un traspaso que se
efectúa en plena reforma. Hemos de traspasar la educación y resulta que
el sistema educativo está en plena reforma, porque estamos aplicando la
Logse. No es lo mismo traspasar una competencia en una situación de foto
fija, con sus condiciones de traspaso claramente determinadas, que
traspasar una competencia como la educación que está en plena aplicación
de una reforma muy importante. Y no le oculto, señoría, que esto ha sido
uno de los elementos que, no digo que justifique, pero que, cuando menos,
con toda seguridad, está explicando la complejidad de este traspaso. Se
traspasaron en la anterior legislatura las universidades, con la
excepción de la de Baleares, que ya nos tocó a nosotros traspasar en
septiembre de 1996, pero las universidades en aquel entonces no estaban
en un proceso de reforma, como está ahora, insisto, las enseñanzas no
universitarias.
Por si fueran pocas estas razones, tengo que decir a
S. S. que por medio también hubo un cambio en el modelo de financiación
autonómica. Es, por tanto, un traspaso muy importante, cuantitativa y
cualitativamente. En plena reforma del modelo de financiación, esto
significó unas dificultades adicionales sobre lo que hubiera sido un
traspaso en otras condiciones. Ello ha explicado el retraso en cuanto a
su perfeccionamiento, en relación con los deseos y las previsiones del
Gobierno, que consideraba la fecha del 1 de enero de 1998. Hablo del
modelo de financiación autonómica, porque sin duda todas SS. SS. saben
perfectamente hasta qué punto el nuevo modelo de financiación autonómica
incide en los traspasos. Si a una reforma de la competencia le añades una
reforma de la financiación, generas incertidumbres y temores que
políticamente son comprensibles, porque yo no le quiero negar que en
general --no hablo de ninguna comunidad autónoma en particular-- hay un
cierto miedo escénico --como yo lo denomino-- por parte de las
comunidades autónomas a asumir una competencia muy compleja, cuando
además hay incertidumbres derivadas de su reforma y de su financiación.
El anterior modelo de financiación autonómica era claro. El nuevo modelo
de financiación autonómica, basado en la corresponsabilidad fiscal, llevó
a que doce comunidades autónomas que lo asumieron, unas cuantas del 143 y
a las que por tanto afectaba este traspaso, no tuvieran la financiación
incondicionada, que evolucionara anualmente, según los criterios del
anterior modelo, a PIB nominal. En la medida en que una parte sustancial
de esa financiación pivotaba sobre el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, añadía una incertidumbre a esas comunidades autónomas,
que yo creo que explica perfectamente --ya digo que no hablo de
justificar, no intento ni creo que deba justificar a nadie a estos
efectos-- que las comunidades autónomas en este caso se tomaran un tiempo
prudencial para estudiar las cifras que, a partir de esa reunión
inaugural de noviembre de 1996, suministramos a cada una de las
comunidades autónomas bilateralmente, en la correspondiente ponencia
técnica.
Piense, señor Martínez Sanjuán, que usted hablaba de La Rioja y de un
coste efectivo de en torno a 16.000 millones de pesetas en 1998. Para la
Comunidad Autónoma de La Rioja usted sabe lo que eso significa, desde el
punto de vista porcentual, en relación con su presupuesto. Por tanto, que
en este caso concreto la comunidad autónoma que usted mejor conoce, La
Rioja, se tome su tiempo, es razonable.
Tengo que decirle asimismo que he celebrado muchas reuniones, unas
privadas, o discretas --no sé si hay privado
en política; en todo caso, discretas--, otras públicas, bilaterales, y
que a su vez la comunidad autónoma ha mantenido muchas reuniones. De las
que pueda tener la comunidad autónoma yo no tengo por qué responder,
obviamente, responderá el Gobierno de La Rioja ante su Parlamento. Yo lo
que le digo es que el Gobierno ha mantenido, en este caso concreto con la
comunidad autónoma de La Rioja, varias reuniones en ponencia técnica,
diversas reuniones con su consejero de Educación y Cultura, con los
consejeros de Economía y Hacienda, porque sabe usted que cambió hace unos
meses, con el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, don Pedro
Sanz; es decir, hemos mantenido numerosísimas reuniones de trabajo para
intentar ir aclarando los datos, las cifras suministradas en ponencia
técnica por el Ministerio de Educación y Cultura, explicando también,
desde el modelo de financiación autonómica, hasta qué punto, a nuestro
juicio, es perfectamente posible, con el coste efectivo previsto y con
las condiciones establecidas por el sistema de financiación autonómica,
que se financie plenamente la administración educativa riojana,
aplicándose lógicamente la Logse.
Otro de los elementos que ha retrasado el proceso de toma de acuerdos en
comisiones mixtas con las comunidades autónomas, en relación con la
educación no universitaria, es que la Logse, como usted sabe, no son los
mandamientos de la ley de Dios y que su aplicación admite
interpretaciones distintas; se puede aplicar la Logse con un margen no
diré de discrecionalidad y mucho menos de arbitrariedad, pero sí de
distintas formas. Yo he escuchado de responsables del Ministerio de
Educación y de responsables educativos de distintas comunidades autónomas
criterios distintos para la aplicación de la Logse. Esto en principio no
nos debe sorprender, porque, en general, muchas leyes admiten
interpretaciones distintas; en supuestos de discrepancias o de
conflictos, nos remitimos a los tribunales para ver cuál es la correcta o
la adecuada. La Logse, efectivamente, en la medida en que además juega
con creación de centros nuevos y con ratios de profesor/alumno, admite
interpretaciones y aplicaciones distintas, y eso también es un elemento
de discrepancia y de negociación entre el Ministerio de Educación, el
Gobierno de la nación y la comunidad autónoma. Es evidente que toda
comunidad autónoma --aquí no hay colores políticos; es igual que gobierne
un partido político u otro en la respectiva comunidad autónoma--, a
través de su Gobierno, quiere una transferencia educativa en las mejores
condiciones de dotación económica. Y el Gobierno tiene que transferir en
las condiciones económicas que considere que le corresponden, con una
simulación de aplicación de la reforma que es la que haría el Ministerio
de Educación si no se produjera el traspaso y, por tanto, siguiera siendo
ese Ministerio la Administración competente en el territorio de la
respectiva comunidad autónoma.
Todas estas razones, señor Martínez Sanjuán, son las que han llevado a
que en estos momentos todavía no hayamos cerrado, más allá de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, acuerdos de traspaso en esta
materia con las nueve restantes comunidades autónomas. Pero le quiero
decir dos cosas más para concluir mi intervención. Primera, como usted
sabe, recientemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptó un
acuerdo en virtud del cual se garantiza a las comunidades autónomas que
asumieron el nuevo modelo de financiación autonómica una financiación
incondicionada, que va a evolucionar con un criterio de crecimiento que,
como mínimo, asegura PIB nominal para esas comunidades autónomas durante
el período de vigencia del presente quinquenio de financiación. Eso es en
aplicación de una de las cláusulas de garantía del modelo. Usted sabe que
el modelo de financiación tenía tres garantías: la garantía de la
financiación per cápita, a igualdad de competencias entre las distintas
comunidades autónomas a la finalización del quinquenio; igualdad de
financiación per cápita en cuanto a que todas tendrán, como mínimo, un
promedio del 90 por ciento de la financiación per cápita, a igualdad de
nivel competencial. Esa era una de las garantías del modelo. Otra de las
garantías establecía un crecimiento de los recursos generados por el
sistema para cada una de las comunidades autónomas que no podía ser
inferior al 90 por ciento del crecimiento promedio de recursos que el
sistema otorgara al conjunto de las comunidades autónomas, también a
igualdad de nivel competencial. Y había aún otra garantía adicional que
vinculaba la evolución de la recaudación por IRPF --para aquel tramo que
en el modelo de financiación se llama tramo PIR, participación en
ingresos territoriales por IRPF-- a la evolución de la recaudación por
IRPF en el territorio nacional.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera interpretó que, en la medida
en que la recaudación por IRPF a nivel nacional, con ocasión de la
reforma, podía modificarse, por aplicación de esa cláusula, rebus sic
stantibus, habría que adaptar esa garantía a la nueva situación creada.
En virtud de eso, como digo, se ha garantizado a esas comunidades
autónomas la evolución de la financiación incondicionada como mínimo a
PIB nominal, sin perjuicio de que la participación de ingresos generales
del Estado residual de las comunidades que hubieran asumido el modelo
evolucione, como usted sabe, según el criterio de los ITAE.
Eso elimina uno de los elementos de incertidumbre que planeaba sobre el
actual proceso de negociación de esos traspasos, directísimamente
vinculado al cambio del modelo de financiación autonómica, que yo le
comenté como uno de los que han explicado --insisto en que no
justificado-- el retraso en esa negociación. Esta nueva cláusula de
garantía adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
recientemente ha tranquilizado al conjunto de las comunidades autónomas.
Eso, unido a que los presupuestos de educación este año han crecido en un
6,4 por ciento, ha llevado a que se hayan acelerado las negociaciones en
las últimas semanas. Con ello, y ya concluyo, tengo la esperanza, señor
Martínez Sanjuán, partiendo de la base de que llegar a un acuerdo es
voluntad de dos partes, de que podremos perfeccionar un acuerdo con la
Comunidad Autónoma de La Rioja en torno a esa cifra de coste efectivo que
usted ha señalado, con efectos a 1 de enero de 1999, y que, en su caso,
se pueda firmar un convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y la Comunidad Autónoma de La Rioja para cubrir el espacio
temporal que
vaya desde la entrada en vigor del decreto de traspasos publicado en el
Boletín Oficial del Estado a la fecha de entrada efectivamente en vigor
del ejercicio de esa competencia, que, como le he señalado, sigue siendo
para el Gobierno, en este caso concreto de La Rioja, el 1 de enero de
1999 y que esperamos y confiamos en que sea plenamente alcanzable.
Perdón, señor presidente, me he extendido mucho, porque, como he dicho,
he utilizado en este turno algunos argumentos que son de carácter general
para otras comunidades autónomas, incluida la de Cantabria.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, señor secretario de Estado.
--DEL SEÑOR RODRIGUEZ ZAPATERO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
(Número de expediente 181/001541).
-- DEL SEÑOR GONZALEZ REVENGA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA (Número de expediente 181/001542).
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ RAMIRO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA
(Número de expediente 181/001543).
--DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CAUSAS DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS
PREVIOS AL NIVEL UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA
(Número de expediente 181/001544).
-- DEL SEÑOR MORLAN GRACIA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CAUSAS
DEL RETRASO EN EL CALENDARIO PREVISTO PARA LA NEGOCIACION DEL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE EDUCACION DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PREVIOS AL NIVEL
UNIVERSITARIO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON (Número de expediente
181/001567).
El señor PRESIDENTE: Señorías, todas las preguntas tienen el mismo
contenido, aunque referido a diferentes comunidades autónomas. Hemos
pensado, por consiguiente, que, puesto que el secretario de Estado ha
hecho una intervención de carácter general, además de las referencias
concretas que ha hecho a la Comunidad Autónoma de La Rioja, objeto de la
primera pregunta, a continuación vamos a dar la palabra a cada uno de los
autores de las preguntas y al final contestará en un solo turno el señor
secretario de Estado.
Señor Martínez Sanjuán, le agradezco suplementariamente su buena
disposición.
Señora Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCIA: Efectivamente, yo también me voy a acoger a la
economía del procedimiento y no voy a repetir los argumentos expresados
ya por el Grupo Parlamentario Socialista en la intervención del diputado
por La Rioja, señor Martínez Sanjuán. Sí voy a exponer algunas cuestiones
que me han sorprendido. (El señor vicepresidente, Soriano Benítez de
Lugo, ocupa la Presidencia.)
La primera es que, un asunto tan concreto como es el plazo, usted
únicamente lo confía a la esperanza. Y nosotros esperamos, desde luego,
que un gobierno que ha de negociar con gobiernos de comunidades autónomas
disponga al menos de objetivos y plazos concretos. Hasta ahora, ha
transcurrido algo más de un año y no ha podido cumplir lo que eran
acuerdos desde 1992 y el Gobierno del Partido Popular inició en 1996 las
negociaciones para la transferencia.
En segundo lugar, los argumentos que usted ha expresado para justificar
este retraso más parece hacer suyo lo que son los planteamientos de la
oposición que los que mantiene el propio Gobierno. No debo decirle que
produce gran satisfacción oír al secretario de Estado para las
Administraciones Públicas que, en la transferencia de la competencia en
materia de educación no universitaria, ha de tenerse en cuenta el coste
de la valoración de la implantación de la Logse, cuestión que el
Gobierno, en ningún momento, hasta ahora, ha admitido con la claridad con
que yo entiendo que usted lo ha expresado hoy aquí.
El Gobierno responde por escrito --y se lo voy a leer-- al diputado por
Zamora, Demetrio Madrid López, cuando le hace exactamente la misma
pregunta que hoy hacemos, fecha prevista para transferir las competencias
de educación no universitaria a la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
no dándole ninguna fecha, primero, y, segundo, diciéndole que el coste
efectivo de la transferencia en materia de educación será la inversión,
el coste de la función educación 1997, más el 6,4 por ciento. Además, se
dice que, comunicados estos extremos a la Junta
de Castilla y León, la misma, transcurrido un año, no ha respondido.
Yo voy a hacerle preguntas absolutamente concretas. En primer lugar, el
plazo previsto para hacer efectiva la transferencia. En segundo lugar,
cómo se va a calcular el coste de la función educación a transferir a
Castilla y León. ¿Se va a tener en cuenta el coste efectivo de los
servicios en estos momentos en funcionamiento en Castilla y León más el
6,4 por ciento? ¿O, por el contrario, se va a tener en cuenta el coste de
implantación de la Logse? También, si este coste va a ser una cantidad
adicional. La tercera cuestión es: ¿Cómo se va a financiar el coste de
implantación de la Logse, con cargo al 30 por ciento del IRPF que se
transferirá a las comunidades autónomas que han firmado el pacto de
financiación?
Quiero, señor secretario de Estado para las Administraciones Públicas,
que tenga usted en cuenta que el presupuesto de Educación del año 1997 ha
sido el más restrictivo de los últimos años, con una caída del 2,5 por
ciento, lo que ha colocado a la función educación en Castilla y León en
los peores presupuestos de toda la etapa democrática. Esto ha generado un
agujero financiero que los cálculos más optimistas que se han presentado
en Castilla y León cifran en no menos de 16.000 millones de pesetas, si
la transferencia se realizase a coste efectivo. Si a ese coste efectivo
ha se sumársele como cantidad adicional el coste de implantación de la
Logse, qué cantidad, de los 230.000 millones que fijó la ministra de
Educación en julio pasado como coste de implantación de la Logse en todo
el territorio que administra, le correspondería a la Junta de Castilla y
León.
Sin más, espero respuestas claras y precisas a lo que han sido también
preguntas claras y precisas.
El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Tiene la palabra don
Adolfo González Revenga, en relación con las transferencias a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El señor GONZALEZ REVENGA: Señor secretario de Estado, efectivamente hay
un claro retraso en el traspaso de competencias educativas en los niveles
no universitarios a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y le
tengo que decir que la responsabilidad del retraso es del Gobierno del
Partido Popular, como han dicho los anteriores intervinientes, Gobierno
que ha estado ralentizando estas negociaciones a través de propuestas
que, en el caso de Castilla-La Mancha, no podían ser asumidas por el
Gobierno de la comunidad.
El plazo previsto del 1 de enero ha sido claramente superado y lo ha sido
porque no ha habido una voluntad firme del Gobierno, en concreto de los
ministerios de Administraciones Públicas, Hacienda y Educación, para
respetar los plazos previstos para estos traspasos. El ministro Rajoy,
interpelado en diversas ocasiones por el Grupo Parlamentario Socialista,
se ha limitado a afirmar que las transferencias de educación eran un tema
muy complejo, que había que poner de acuerdo muchos elementos y que por
eso se estaban produciendo retrasos.
Creo, señor secretario de Estado, que por parte del Gobierno no ha habido
una verdadera voluntad negociadora, sino todo lo contrario; el objetivo
en este caso ha sido alargar la negociación y colocar los traspasos al
final de la legislatura. Y sería conveniente que nos explicara el porqué
de esa actitud dilatoria, por qué se han querido llevar los traspasos
hasta el final de esta legislatura.
En esa línea de actuación, las propuestas que ustedes han hecho al
Gobierno de Castilla-La Mancha eran inaceptables para esa comunidad
autónoma. A pesar de ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha
manifestado con reiteración la voluntad de asumir de forma inmediata
estos traspasos y esa voluntad ha sido expresada con claridad desde las
primeras reuniones a las que usted hacía mención. Ese compromiso político
en Castilla-La Mancha se ha plasmado en un acuerdo de bases sobre las
transferencias educativas y un pacto por la educación en la región, un
acuerdo que es expresión del interés y de la trascendencia que para los
ciudadanos de Castilla-La Mancha tiene la asunción de la gestión del
servicio educativo. Ha sido un pacto que el gobierno regional ha firmado
con todas las organizaciones sociales con presencia en el mundo educativo
y que ha obtenido el respaldo de todos los grupos políticos del
Parlamento regional. Hay, pues, en Castilla-La Mancha unanimidad social y
política en la reclamación de los traspasos en materia educativa, como lo
atestigua ese acuerdo social y político.
Pero mientras desde Castilla-La Mancha se pedían negociaciones y
participación, desde el Gobierno de la nación no siempre se ha
correspondido a esa llamada. Prueba de ello es la negativa, en este caso
del Ministerio de Educación y Cultura, a que la Junta de Comunidades
participara en la Comisión sectorial de educación. En una situación de
cambios profundos en la educación y en el umbral de los traspasos en esta
materia no se debería haber negado algún tipo de participación en la
citada comisión a una comunidad que ha mostrado su interés por participar
en ella. Asimismo, durante este proceso negociador, se han tomado
decisiones que afectan de manera importante a Castilla-La Mancha sin
consulta de ningún tipo por parte del Ministerio de Educación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Señor secretario de Estado, desde Castilla-La Mancha se han rechazado las
ofertas del gobierno por insuficientes y se le ha reiterado que la
valoración de los traspasos educativos no sólo debe contemplar el coste
efectivo del servicio educativo, sino también el coste adicional que para
la región representa la total implantación de la Logse. Castilla-La
Mancha en este caso reclama los medios necesarios par garantizar una
educación de calidad y en condiciones de absoluta igualdad con el resto
de comunidades autónomas con transferencias efectivas en educación, un
modelo educativo basado en la solidaridad y corrector de las
desigualdades. Y, en ese sentido, también en Castilla-La Mancha el
acuerdo habido entre el Gobierno y las organizaciones sociales y
políticas ha contemplado una red de centros cuya ejecución y puesta en
marcha es absolutamente necesaria para la correcta implantación de la
Logse. Todas estas actuaciones implican un coste suplementario que de
ninguna manera puede evitarse, ya que se corresponde con obligaciones
establecidas por ley.
Señor secretario de Estado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha
expresado al Gobierno de la nación que no valorar adecuadamente esa
situación real de necesidades puede suponer una considerable carga
financiera muy difícil de asumir por la comunidad receptora de los
traspasos educativos. Esa circunstancia, si fuera así, conllevaría un
claro deterioro del sistema educativo, traducido en una menor dotación de
recursos y en un descenso de la calidad del servicio educativo prestado.
Concluyo, señor secretario de Estado, diciéndole que el planteamiento que
hace el Gobierno de Castilla-La Mancha no justifica en modo alguno el
retraso de los traspasos educativos por parte del Gobierno de España. Y
nos gustaría conocer en esta Comisión la fecha de los traspasos, cuándo
se van a producir, para esta región. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista esperamos y deseamos un pronto acuerdo que asegure la
necesaria calidad de la educación para los ciudadanos de esta comunidad
y, por tanto, unos traspasos que necesariamente tienen que ir acompañados
de la financiación suficiente para conseguir ese objetivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Señor secretario de Estado, usted conoce
perfectamente que la Junta de Extremadura ha manifestado en reiteradas
ocasiones y de manera pública su voluntad negociadora y la urgencia que
para Extremadura tiene el abordar cuanto antes el proceso de
transferencia. Sin embargo, parece que este Gobierno del Partido Popular
no comparte esta misma idea y una y otra vez elude el tratamiento de
estos temas y el debate serio y riguroso que este asunto requiere.
Señor secretario de Estado, quiero recordarle que el comienzo de este
proceso fue fijado por los responsables ministeriales en la reunión de la
Comisión mixta del 7 de noviembre de 1996 y que las fechas inicialmente
previstas para avanzar en el proceso de transferencias de educación se
han ido posponiendo una y otra vez hasta llegar al momento en que hoy nos
encontramos. En definitiva, señor secretario de Estado, una reunión para
hacerse la foto y después nada, de nada, de nada.
Siendo prudente, señor secretario de Estado, tengo que decirle que no
sabemos la estrategia que está utilizando este Gobierno, pero, teniendo
presente el prisma economicista desde el que contempla la educación,
somos conscientes de que lo que pretende es traspasar los servicios
educativos con el mínimo coste posible, modificando las exigencias de la
Logse y su desarrollo normativo de acuerdo con sus necesidades y
criterios.
Reiteradamente ustedes escamotean una negociación abierta en la que se
analicen las auténticas necesidades del subsistema educativo extremeño.
La Junta de Extremadura quiere hablar, en primer lugar, de política
educativa, de criterios, en definitiva, de modelo educativo y luego
entrar en las valoraciones económicas, pero así las cosas cada vez
estamos más convencidos de que en estos momentos el traspaso efectivo de
los servicios educativos no universitarios depende más de los criterios
económicos que de los académicos. Ya es preocupante el retraso que se
está produciendo en el calendario de negociaciones, pero nuestra
preocupación no es solamente por el retraso en sí, sino por la evolución
que va experimentando el desarrollo de las enseñanzas reguladas por la
Logse: reducción escandalosa de asesores de formación de los centros de
profesores en un 50 por ciento; transformación masiva de puestos estables
de profesores, pedagogía, terapéutica, etcétera, en itinerantes,
procedimientos establecidos de admisión de alumnos claramente parcial;
las decisiones tan importantes que están tomando o dejando de tomar,
haciendo dejación de funciones que corresponden a la Administración y
propiciando graves enfrentamientos en el seno de las comunidades
escolares.
Nuestros planteamientos, señor secretario de Estado, son claros: igualdad
de oportunidades para todos; compensación de desigualdades educativas,
calidad de la enseñanza y de los servicios; inversión en infraestructuras
y en recursos materiales y humanos sin discriminación y consideración de
las peculiaridades regionales, en cuanto a las variables geográficas
poblacionales, socioeconómicas y culturales. Y todo esto en base a la
extensa zona rural de Extremadura, para la que no queremos una enseñanza
de primera, la urbana, y otra de segunda, la rural. Le aseguro, señor
secretario de Estado, que los ciudadanos extremeños, con su Gobierno
regional a la cabeza, van a luchar hasta la saciedad por estos derechos
que nos corresponden. No creemos en el falso discurso que se ha
transmitido a las asociaciones de padres de las zonas rurales, a los que,
bajo la apariencia de una negociación, se ha instado a que sus hijos
permanezcan en los centros de primaria estudiando el primer ciclo de
secundaria obligatoria, con la promesa imposible de cumplir de que se les
dotaría de los medios y recursos para que tuviesen una educación de la
misma calidad que la impartida en los institutos de educación secundaria.
(El señor vicepresidente ocupa la Presidencia.)
Señor secretario de Estado, ésta es una buena fórmula para ahorrar
inversiones y desprestigiar la enseñanza pública. Una vez más la
demagogia se ha impuesto para beneficio del Gobierno y perjuicio de las
zonas rurales. Y todo esto, señor secretario de Estado, bajo la amenaza
de la segregación del alumnado desde tercero de Eso y a ser posible con
acceso directo de los ciclos formativos de grado medio a grado superior;
es decir, otra vez las dos vías, o mejor tres, otra para los que no van a
ninguna parte.
Señor secretario de Estado, díganos aquí hoy cuándo se van a hacer las
transferencias de Educación a la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Tiene la palabra doña
Matilde Fernández Sanz, en relación con el traspaso de competencias a la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor secretario de Estado, según escuchaba a
mis compañeros me preguntaba cómo intentar hacer las cosas de una manera
diferente para
que no resulte aburrido tantas preguntas, aunque aburrido no es, porque
el tema es importante, tiene que ver con la educación de las generaciones
españolas.
Señor secretario de Estado, la década de los setenta fue una época en la
que, en materia educativa, los gobernantes de nuestro país tuvieron que
hacer frente, sobre todo en la segunda parte de los setenta y por tanto
el gobierno de UCD, a la escolarización obligatoria, a tener cubierta la
escolarización obligatoria, a producir una concentración en las zonas
rurales y desarrollar e impulsar unos equipamientos en las nuevas zonas
urbanas de las ciudades, fruto de la movilidad geográfica del campo a la
ciudad. Eso está en el haber de una etapa de nuestro país.
En los ochenta se dio un paso en la escolarización en los tramos no
obligatorios, en el incremento de la escolaridad en la enseñanza media y
en la universitaria y en el desarrollo del marco legislativo de la LODE y
de la Logse. Eso está en el haber de los gobernantes de la década de los
ochenta.
Ustedes son los gobernantes en la segunda parte de los noventa. En
opinión de esta diputada y de su grupo, su responsabilidad es producir
las transferencias de la manera correcta, la descentralización de una
competencia a las comunidades autónomas y hacerlo con las posibilidades
cualitativas que hay detrás de esta gran política finalista, la
educación, la política que iguala oportunidades, más que ninguna otra, en
una sociedad y hacerlo lo antes posible. Usted ha dicho que el tiempo no
es importante cuando se trata de una política que a la vez es
fundamental. El tiempo no es importante, pero no hay que frenar el
sentimiento colectivo de que se produzca y la decisión política que usted
mismo ha situado en el año 1992 y después a principios de 1996.
Voy a hablarle de lo que está pasando en una región como Cantabria, por
la que yo soy diputada. Empezaré por lo más micro, que tiene que ver con
la vida cotidiana de los ciudadanos. En el año 1997 --no sé si tiene ya
que ver con esto de los costes efectivos de la transferencia del año
1997--, ¿sabe usted que hasta se cambió el sistema de facturación del
gasto del comedor en los institutos y en los centros escolares? No se
hacía a principios de mes y en función del número de niños que
teóricamente tenían concertado el comedor, sino que se hacía al final de
mes y se descontaba si un niño había faltado un día o dos. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Ese día o dos históricamente formaba
parte de una bolsa con la cual o se mejoraba el comedor o se hacía una
actividad extraacadémica por parte de ese centro con la APA o por
iniciativa de los propios profesores.
Micro, micro; empiezo por lo micro. Y le voy a decir otra cosa que está
pasando. En este momento, ustedes no sólo han pedido suelo a los
ayuntamientos que tienen que hacer inversiones, sino que están pidiendo a
los ayuntamientos que adelanten recursos para poner en marcha las
inversiones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Piélagos comunica a sus
concejales que tiene que poner dinero para empezar la construcción del
instituto, porque si no se demoran todos los plazos. O sucede algo más
grave, señor secretario de Estado, que como un ayuntamiento que tiene
dibujado en el mapa que ahí se va a hacer un instituto no tiene recursos,
aparece otro ayuntamiento, unos kilómetros más allá, que dice: Como yo sí
lo tengo, que se haga en mi territorio, que se haga en mi municipio. Esto
tiene nombre: es Meruelo en relación a Hazas de Cesto. La verdad es que
en Cantabria había un mapa con ocho institutos pendientes de producirse
su inversión y de los ocho sólo se ha empezado uno, Corrales; el resto
está sin que la consejera de Educación diga cuándo y cómo se va a empezar
a hacer esa inversión, inversión que supongo que formará parte de un
crecimiento más a añadir a la fórmula, al modelo que al final ustedes
decidan.
La consejera de Educación en Cantabria no informa. No informa a los
medios de comunicación --y eso es lo menos importante--, no informa a los
profesionales de la educación, no informa a los padres, no informa a los
alumnos y no informa a los grupos parlamentarios en la Asamblea. No hay
información acerca de lo que se está discutiendo en la comisión técnica o
en cualquier otra reunión más política que se tenga entre el Gobierno de
la nación y la comunidad autónoma; incluso ha sido curioso cómo, ante una
huelga de interinos, la consejera amenazaba con retrasar la transferencia
si no se acababa la huelga. Las hemerotecas lo recogen perfectamente.
Esto es lo que pasa en una comunidad autónoma como Cantabria.
Señor secretario de Estado, me sumo a mis compañeros para decirle que la
transferencia se tiene que hacer sin poner freno a las discusiones.
Ustedes tienen que decidir sobre el modelo y marco financiero. Ya han
hablado de tres fórmulas y conocen que nuestro grupo no acepta el coste
efectivo del año 1997 --por cierto, el primer año en que decrecen un 2
por ciento los presupuestos de educación, no había sucedido eso en
veintitantos años--; no vale la fórmula del nuevo sistema de IRPF y la
transferencia del 30 por ciento, porque la educación no puede depender de
resultados fiscales parciales con evoluciones demográficas diferentes en
según qué comunidad autónoma se hable y la evolución de las comunidades
del norte es muy diferente, en aspectos demográficos, de la de las
comunidades del sur. Ha desaparecido una propuesta de una cantidad
estimable a estudiar, que la ministra de Educación había trasladado para
dotar los presupuestos generales del Estado de esa cantidad.
Ustedes tienen que resolver el tema del modelo, plantearlo y negociar con
todos nosotros, y también el modelo educativo. Esta diputada, en función
de estas tres o cuatro cosas que le ha contado que suceden en Cantabria,
tiene la sensación de que ustedes quieren aspirar a una concentración
máxima de alumnos en centros, para evitar inversión, para evitar capítulo
1, es decir RPT y de profesionales de la educación, con un coste de
transporte de niños durante horas hacia ese centro escolar y con otros
serios problemas.
Termino, señor secretario de Estado, diciéndole que necesitamos las
fechas de la transferencia, pero necesitamos también que concreten cómo
se va a hacer esta transferencia financiera y los aspectos cualitativos
en la transferencia de la educación que todos los consejeros le han
planteado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán Gracia.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su presencia en esta Comisión.
La verdad es que nos encontramos con una forma atípica de contestar una
pregunta, pero intentaré, en la medida de lo posible, resumir el
planteamiento de mi pregunta, porque entiendo que en la contestación
global que usted ha dado ha hecho referencia a dos justificaciones por
las cuales usted entendía que se había producido ese desfase en la
transferencia de educación no universitaria a las comunidades autónomas.
Hablaba usted de que se hacía en plena implantación de la Logse. Pero
esto es algo que ustedes ya sabían y no hay por qué comprometerse a hacer
esta promesa cuando ustedes son conscientes, al menos cuando se produce
esta reunión, en 1996, de que la situación de la educación es la que es y
de que el desarrollo de la Logse se encuentra en la situación en que se
encuentra; o una distinta interpretación en la aplicación de la Logse,
como usted ha indicado. Creo que lo que les ha faltado ha sido
concreción, un entendimiento, una coordinación entre ustedes mismos, para
diseñar cuál es el modelo educativo que debiera haber en este país,
circunstancia que todavía no está aclarada.
En la comunidad autónoma aragonesa se ha producido una serie de fenómenos
en estos últimos tiempos que han tenido mucho que ver con un desencuentro
entre la Administración central y la comunidad autónoma, por lo que estoy
observando. En noviembre de 1996 se anunciaba a bombo y platillo que diez
comunidades autónomas, entre ellas la aragonesa, iban a iniciar un
proceso de transferencias en materia de educación no universitaria, con
un coste total de más de un billón de pesetas y un traspaso de 140.000
funcionarios. En ese mes de noviembre, los ministros de Economía,
Administraciones Públicas y Educación y Cultura, tal y como usted ha
indicado en su contestación, junto a los diez consejeros de Educación de
las comunidades autónomas, iniciaron una negociación que, de acuerdo con
fuentes del MAP, finalizaría, y usted lo ha recordado en su propia
contestación, en septiembre de 1997, con efectos de 1 de enero de 1998.
Desde un primer momento se pone de manifiesto una falta de adecuación
entre las necesidades de la comunidad autónoma aragonesa, en este caso
concreto, y el montante de los recursos que, según la evaluación del
Gobierno, supone la transferencia de personal, bienes y servicios a la
comunidad autónoma.
Existe la duda razonable sobre si el desarrollo de la Logse, en cuanto a
inversiones de obra nueva se refiere, va a verse cumplido con el gasto de
los 5.500 millones de pesetas en que está evaluado, según todos los datos
a los que hemos tenido acceso, el importe de las obras a llevar a cabo en
los distintos centros educativos de toda la comunidad autónoma. No quiere
ello decir que se gasten en un año, pero sí es cierto que había esa
necesidad de invertir esos 5.500 millones de pesetas en las tres
provincias aragonesas con la finalidad de atender esas exigencias. En
esos meses todas las manifestaciones de responsables públicos de la DGA,
entre otros de su propio consejero de Cultura y Educación, tanto en las
Cortes aragonesas como en los medios de comunicación, iban encaminadas a
convencer a todos los grupos políticos de la bondad de las transferencias
y de su dura y férrea posición a que en modo alguno hubiera una rebaja en
la dotación presupuestaria que tenía que venir de la Administración
central para hacer frente a estas transferencias. Es cierto que desde el
primer momento el Grupo Socialista ha sido muy escéptico en este
planteamiento porque veía que esa bonita imagen que ustedes habían dado a
este proceso de transferencias iba a quedar, como dicen en mi tierra, en
agua de borrajas. La verdad es que se ha quedado en esa situación, sobre
todo con las cifras que se han ido poniendo encima de la mesa.
Durante el año 1997 se van desgranando todas las condiciones económicas
que rodean este proceso de transferencias educativas y es a mediados de
año cuando el MEC da una cifra de cuál va a ser el coste efectivo de las
transferencias en materia de educación. La cifra es de 60.000 millones de
pesetas, cifra que, de acuerdo con los propios datos del MEC, implica que
no asume las carencias en infraestructuras, en inversiones en secciones,
en ciclos formativos, ni la ejecución del modelo educativo aragonés que
fue presentado al Ministerio, ni los módulos de profesores. La reacción
de la Comunidad Autónoma aragonesa a esta oferta fue algo ya típico en
muchas posiciones suyas: se colocaron a la cabeza de la manifestación y
no reclamaron los 90.000 millones de pesetas que solicitaban las fuerzas
sociales y políticas, sino que se situaron en una cifra intermedia,
80.000 millones de pesetas, anunciando en todo momento que no iba a haber
ninguna rebaja porque entendían que era la cifra más adecuada para hacer
frente al coste de la transferencia. Con posterioridad, y seguro que a la
vista de las presiones que han ejercido sobre la propia comunidad
autónoma y sobre el señor Lanzuela, el presidente de la comunidad
autónoma ya está dispuesto a que el coste de las transferencias no sea de
80.000 sino de 70.000 millones, de los cuales 66.000 millones de pesetas
de 1998 serían el coste efectivo de la transferencia y 4.000 millones al
año irían a inversiones en infraestructuras para el desarrollo de la
Logse.
Si comparamos estos 4.000 millones de pesetas en inversiones con la
realidad de la inversión en materia de educación en la Comunidad Autónoma
aragonesa, en las tres provincias, en los últimos tiempos, nos
encontramos con que mucho tienen que cambiar las cosas para que eso sea
así. Mientras que en 1996, de acuerdo con los datos de las tres
direcciones provinciales de la Comunidad Autónoma aragonesa, había una
inversión de 2.300 millones de pesetas en infraestructuras educativas, en
1997 esta inversión se redujo a 1.639 millones de pesetas y en 1998 está
previsto que sea de 1.701 millones de pesetas. En modo alguno las
pretensiones que tiene el Gobierno central y la posición que mantiene el
Gobierno de la comunidad autónoma se unen en algún punto, porque la
diferencia entre unos y otros es que mientras uno solicita 4.000
millones, ustedes están dispuestos a que en 1998 se gasten 1.701 millones
de pesetas en transferencias en inversiones educativas en Aragón.
Señor secretario de Estado, esta disparidad de cifras, esta diferencia de
criterios, esta falta de coordinación entre las dos administraciones está
provocando que en toda la comunidad educativa se produzcan recelos,
dudas, titubeos, incertidumbres que están conduciendo a una
intranquilidad y desasosiego, tanto en los padres como en los profesores,
que debe ser preocupante para ustedes.
Yo creo que tendrían ustedes que fijar ya la fecha efectiva de las
transferencias. Ha dicho usted en su contestación inicial que sería el 1
de enero de 1999. Me gustaría creerle y también me gustaría creer que esa
voluntad política que usted ha manifestado va acompañada del coste
efectivo de las transferencias. No diga usted, porque pienso que las
cosas no deben plantearse así, que parece que la Comunidad Autónoma
aragonesa se va a hacer cargo de parte de ese coste efectivo en función
de la cesión del IRPF que usted ha mencionado, porque nosotros entendemos
que tiene que ser una obligación de la Administración central. Para
nosotros la calidad de la enseñanza no debe depender de la hipotética
evolución del IRPF, circunstancia que así se da si se aplica la fórmula
que usted ha puesto de manifiesto en esta comparecencia.
Señor secretario de Estado, a la vista de la visita del señor secretario
de Estado de Educación hace unos días a Zaragoza, que no dio entonces
ningún dato concreto respecto a fechas o costes cuando, por el contrario,
fue explícito el consejero de Educación y Cultura afirmando que la
comunidad autónoma iba a reconsiderar su planteamiento inicial e iba a
rebajar sus pretensiones en cuanto a costes de transferencias, me
gustaría que aclarara, porque su exposición no me ha convencido, por qué
razones se ha producido este retraso en las transferencias, cuál es su
origen; si se confirma para todas las comunidades autónomas, incluidas
las del artículo 143 de la Constitución, la transferencia de 1999 y si
usted tiene datos sobre cuál va a ser el coste efectivo de la
transferencia y en qué medida va haber alguna partida presupuestaria
encaminada a las inversiones en infraestructuras de desarrollo de la
Logse.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Quiero dar las gracias a SS. SS. por sus intervenciones
y señalar un argumento que, en términos matemáticos, sería el factor
común de respuesta a todas las preguntas, argumento que olvidé en mi
contestación al señor Martínez, diputado por La Rioja.
Uno de los elementos implícitos en el proceso de negociación de este
traspaso que está ocasionando retrasos es el de que algunos hayan
entendido que todo traspaso, y muy especialmente éste, debe llevar
consigo una dote económica. Lo digo con toda claridad y desde la
experiencia de estar dos años negociando con todas y cada una de las
comunidades autónomas cantidad de traspasos. Este es el Congreso de los
Diputados, que controla e impulsa la acción del Gobierno de la nación, y
supongo que SS. SS. deben tener interés --y sin duda lo tienen-- en que
el Gobierno gestione adecuadamente los recursos públicos que SS. SS.
aprueban con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tengo que decir que de las nueve comunidades autónomas --no entro en
nombres y, mucho menos, en colores políticos-- que todavía no han asumido
la competencia en materia educativa hay algunas gobernadas por el Partido
Popular, otras por el Partido Socialista y no se han puesto de acuerdo
con el Gobierno de la nación. Como es evidente, en los procesos de
traspasos se actúa con criterios institucionales y no partidistas. Repito
que hay miembros de consejos de Gobierno de comunidades autónomas que
interpretan que porque toca el traspaso de la educación les ha tocado la
lotería y establecen unas exigencias económicas para materializar el
traspaso a las que el Gobierno no está dispuesto a acceder, salvo que
estén plenamente justificadas, entre otras cosas porque, como muy bien se
ha señalado, hemos de procurar de una manera muy especial la igualdad en
el trato a todas las comunidades autónomas para que el traspaso y la
calidad de un servicio público tan importante como el servicio educativo
no se vea alterada, salvo que lo fuera al alza. Hay que mantener la
calidad del sistema educativo, en lo cual toda la comunidad educativa
está de acuerdo. Por supuesto, el Gobierno desea fervientemente que la
calidad del servicio público no se altere ni salga perjudicada por el
traspaso.
Yo no quiero responder a los juicios de intención política que se han
manifestado en relación con cuál es la voluntad perversa que se esconde
detrás de las actuaciones del Gobierno, que está dilatando este proceso
de negociación, sin duda alguna con el interés de deteriorar el servicio
público educativo, un servicio público tan trascendente e importante para
el futuro de nuestras jóvenes generaciones. Las actuaciones del Gobierno
en materia de política autonómica son institucionales, por lo menos ésa
es la intención, ya que hablamos de juicios de intención. El presidente
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señor Rodríguez Ibarra, su
vicepresidente, don Carlos Sánchez Polo, y su consejero de Trabajo, don
Victorino Mayoral, manifestaron su interés en que les fuera traspasada
una competencia emblemática para empezar a diseñar una política activa de
promoción y gestión de empleo en el ámbito de su comunidad, como es la de
formación profesional ocupacional. Nos manifestaron la voluntad de asumir
lo antes posible ese traspaso. Ese traspaso no se había producido en
ninguna comunidad autónoma del artículo 143. La primera comunidad
autónoma a la que se le transfirió la formación profesional ocupacional
en diciembre del pasado año fue la de Extremadura. Había por lo menos
siete comunidades --que yo recuerde-- gobernadas por el Partido Popular
que habían pedido ese traspaso. Podría poner muchos ejemplos como éste,
como la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en esta legislatura.
El presidente Bono y los dirigentes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha manifestaron su interés, en el ámbito de las
posibilidades de actuación del Gobierno, en que se acelerara la reforma
estatutaria de Castilla-La Mancha. Saben ustedes que después de la
reforma del Estatuto de Aragón, y del Estatuto de Canarias, que ya habían
sido admitidos a trámite en la anterior legislatura, el primer estatuto
de comunidad
autónoma del artículo 143 aprobado por estas Cortes Generales en esta VI
Legislatura, fue el de Castilla-La Mancha, que ha incrementado
notablemente las posibilidades del autogobierno de una comunidad
autónoma, Castilla-La Mancha, que precisamente no está gobernada por el
Partido Popular.
Podría ponerles muchos más ejemplos. Si ustedes hablaran con los
dirigentes autonómicos de su partido en esas comunidades podrían
acreditar que lo que digo es verdad. Lo menciono a título de ejemplo para
poner de manifiesto que en política autonómica --y no quiero abusar del
concepto--, en la medida en que afecta nuclearmente a la organización
territorial del Estado, no podemos desarrollar una política de este o de
aquel partido, tenemos que aplicar una política que desarrolle el Título
VIII de la Constitución y el bloque de la constitucionalidad. Porque, en
definitiva, la organización territorial es la del Estado --según el
Título VIII de la Constitución-- y no es la organización territorial de
este o de aquel partido. Dicho de otra manera, la política autonómica
debe ser una política de Estado, sin abusar de ese concepto. Por ello
procuramos --no sé si acertamos o no-- desde el Ministerio de
Administraciones Públicas, como Ministerio responsable, de impulsar y
desarrollar la política autonómica del Gobierno y de actuar con criterios
institucionales.
He puesto dos ejemplos porque afectan a dos comunidades del artículo 143
en donde gobierna el Partido Socialista, pero podría citar otros muchos
para intentar llevar a su ánimo que si hacen un juicio de intención
política creyendo que el Gobierno está favoreciendo o perjudicando con
determinadas políticas a una o a otra comunidad autónoma, están
equivocados. Les he puesto dos ejemplos emblemáticos, porque la formación
profesional ocupacional es un traspaso emblemático. Lo tiene en estos
momentos Extremadura, Aragón y Baleares, pero la primera comunidad
autónoma que lo tuvo fue, insisto, Extremadura. Lo querían todas las
comunidades autónomas, pero empezamos por esa comunidad porque las
razones que invocó el Gobierno de la Junta de Extremadura nos parecieron
razonables y sensatas.
He hablado de la reforma de un estatuto, que es una cuestión importante y
la primera comunidad ha sido la de Castilla-La Mancha. Yo rogaría que en
este traspaso relativo a la educación no hicieran juicios de intenciones
tendentes a crear que hay una actitud del Gobierno basada, por una parte,
en deteriorar el servicio educativo, la administración educativa, y, por
otra, beneficiar o perjudicar a una u otra comunidad autónoma. No es eso.
Acertaremos o no, pero repito lo que he dicho al principio y lo mantengo:
hay algunos dirigentes autonómicos que creen que con ocasión del traspaso
están en condiciones de exigirle al Gobierno una dote. Hasta tal punto
que llegan a decir en privado: Reconozco que el coste efectivo es éste,
pero yo necesito tanto dinero. Dicen que si no hay acuerdo es culpa del
Gobierno de la nación, pero es que cada 80.000 millones son 0,1 puntos
del PIB, con un PIB de 80 billones. Para este año, según acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, el déficit de las
administraciones territoriales es el 0,2 --de hecho, 0,24--, dos tercios
por comunidades autónomas, 0,16 y el 0,08 para entidades locales. Fíjese
en qué niveles de déficit estamos. Le puedo asegurar que si sumáramos la
dote que nos piden todas las comunidades autónomas para ese traspaso,
superábamos el punto de PIB de déficit, sólo con ocasión de este
traspaso. Yo creo que a eso no ha de decir que sí el Gobierno de la
nación.
Quiero dejar claro que comprendo perfectamente --ya he dicho antes que no
intento justificar ni dejar de justificar-- que las comunidades
autónomas, ante un traspaso de estas características, que es muy
voluminoso en sus recursos económicos, en sus recursos humanos, que tiene
una cierta dosis de incertidumbre en la medida en que se realiza en plena
reforma y que se ha solapado en el tiempo con una reforma en profundidad
del modelo de financiación autonómica que tiene una gran trascendencia,
comprendo, digo, que quieran actuar prudentemente, sobre todo porque ha
habido traspasos muy complejos con anterioridad, por ejemplo, el de
universidades, y algunas comunidades autónomas interpretan que se
equivocaron, que han tenido después unos déficit muy importantes y es
razonable que ahora quieran tentarse la ropa antes de poner la firma en
ese acuerdo de traspaso. Yo les ruego que no piensen en cosas extrañas.
Eso es de verdad lo que está pasando.
El señor Morlán hace un momento afirmaba que la Comunidad Autónoma de
Aragón la gobiernan en coalición el PAR y el Partido Popular y que, por
tanto, lo que él decía no tenía carácter partidista. Señalaba S. S. que
la comunidad educativa habló de 90.000 millones y que posteriormente se
redujeron a 80.000. ¿Qué teníamos que haber dicho, que sí a 90.000
millones, que sí a 80.000 millones para que se materializara el traspaso?
Si estudiado de una manera rigurosa a nosotros nos sale una cantidad
determinada, hemos de defender a capa y espada esa cantidad, salvo que se
nos demuestre que estamos equivocados. Eso es lo que se espera de
nosotros como gestores de fondos públicos y no estamos para decir que sí
a las peticiones --en algunas ocasiones muy poco fundamentadas-- que se
nos hacen que llevan a pensar que esto es un matrimonio porque hay
acuerdo y el Gobierno tiene que aportar la dote. El Gobierno no tiene que
aportar la dote, tiene que utilizar la metodología de la valoración del
coste de los servicios transferidos establecidos en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, partiendo de la base de que los recursos
son los que son y que se han de distribuir equitativamente entre todas
las comunidades autónomas. El señor Morlán sabe --y por extensión
contesto a todas las señorías que me han preguntado-- que lo que se da de
más a una comunidad autónoma se le da de menos a otra. En este tema la
transparencia del proceso hace que si alguien pretende hacer trampas en
el solitario se las van a descubrir. La garantía y la publicidad del
proceso de traspaso es previa para que éste se produzca en condiciones de
equidad y de justicia, se dote el traspaso de la financiación necesaria
para que la calidad del servicio educativo no se deteriore y, además,
pueda aplicarse la reforma. Eso es lo que hay. Lo digo como criterio
general y como explicación adicional, que no justificación, del retraso
de las negociaciones en relación
con los argumentos que con carácter general le trasladé al señor Martínez
Sanjuán.
Dice la señora Valcarce, en relación con Castilla y León, que dé unos
plazos concretos que sea algo más que la esperanza. Señora Valcarce, lo
puedo repetir mil veces. Puedo decirlo más alto, pero no más claro. Dos
no convienen si uno no quiere. El Gobierno está convencido de que el
traspaso en general al conjunto de comunidades autónomas, en los términos
en que lo ha planteado, con pequeñas, razonables y normales correcciones
en estos procesos que en una negociación se aclaran y se liman, lo puede
asumir el conjunto de las comunidades autónomas, pero el Gobierno no
puede endosarle un traspaso a una comunidad autónoma. El Gobierno puede
manifestar su voluntad política de que este traspaso sea eficaz en una
fecha determinada. Pero si la otra parte no quiere constitucionalmente es
imposible, salvo para alguna parte de la doctrina que, como usted sabe,
interpreta que el artículo 150.2 de la Constitución no sólo debe servir
para transferir o delegar facultades correspondientes a materias de
titularidad estatal a las comunidades autónomas que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, sino también
para endosar un traspaso cuando una comunidad autónoma no quiere. Es una
interpretación doctrinal. No sé si llegará un momento en el desarrollo de
nuestro Estado autonómico que, a lo mejor en el ámbito parlamentario,
tendremos que consensuar si esa interpretación doctrinal es válida
políticamente o no. Pero en estos momentos no hay ese consenso político y
ésa no es la posición del Gobierno. No podemos endosar un traspaso si no
hay acuerdo de la otra parte de la comunidad autónoma. El Gobierno desea
fervientemente que, con efectos de 1 de enero de 1999, pueda
materializarse ese traspaso, en este caso concreto con la Comunidad
Autónoma de Castilla-León, pero corresponde a dicha comunidad decir si
está de acuerdo o no con las condiciones de traspaso que le ofrece el
Gobierno y, en su caso, cuáles son las diferencias. En ese proceso
estamos, pero no puedo decirle más porque entonces estaría
extralimitándome en mis competencias, estaría haciendo un brindis al sol,
señora Valcarce, pero no contestando con el rigor y con la
responsabilidad con que se supone debo responder ante una Comisión como
ésta, interesándose por el proceso de traspaso de la competencia de las
enseñanzas no universitarias.
Me ha dicho también la señora Valcarce que el presupuesto de 1997 era
restrictivo. Tengo que responderle que, en todo caso, ya estamos en el
presupuesto de 1998, que no ha sido restrictivo precisamente, porque ha
habido un incremento de un 6,4 por ciento en unos presupuestos que han
crecido el 3,4 por ciento.
Me pregunta también cómo se va a calcular el coste, si será el coste
efectivo más 6,4 por ciento, cómo se va a realizar la financiación de la
Logse y qué parte corresponde a Castilla y León de los 230.000 millones a
los que aludió la ministra de Educación en relación con el coste de
implantación de la reforma. Con todos los respetos --lo digo de verdad,
no como fórmula retórica--, creo que ése es un planteamiento equivocado.
Los traspasos no se financian de esa manera. El coste efectivo es la
metodología de valoración de los traspasos establecida por acuerdo entre
el Gobierno y el conjunto de las comunidades autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera; metodología, por cierto, que ha ido
variando a lo largo del tiempo, desde la primera metodología de
valoración de 1977, con ocasión del primer quinquenio de financiación, a
la reforma que hubo en 1994, por ejemplo, en la que se consideró que a
efectos de la valoración del coste de los traspasos, en el capítulo VI de
inversiones, además de la inversión de reposición, había que incluir la
inversión nueva. Como es evidente, el Gobierno se está ciñendo, en cuanto
a metodología de valoración de los traspasos, a los acuerdos del Consejo
de Política Fiscal y Financiera. No podemos inventarnos una metodología
ad hoc para traspasar una competencia a una determinada comunidad
autónoma.
Lo que sí le digo, si me lo permite, señora Valcarce, es que puede tener
la seguridad y la tranquilidad de que para la Comunidad de Castilla y
León, en la medida en que es una comunidad que asumió el nuevo modelo de
financiación autónoma, funcionará la garantía establecida por el Consejo
de Política Fiscal y Financiera en su última reunión, a la que antes me
referí, es decir, que la financiación incondicionada evolucionará como
mínimo a PIB nominal. Con esto contesto también al señor Morlán, que
decía que no podían aceptar que la financiación del coste del traspaso de
la competencia educativa se haga sobre la base del IRPF. El coste del
traspaso es el que es, y eso después se consolida en el ejercicio
presupuestario siguiente como financiación incondicionada. De ese volumen
de financiación incondicionada una parte irá para las comunidades que han
asumido el nuevo modelo de financiación por la tarifa autonómica de
participación de un 15 por ciento de los ingresos territoriales del IRPF
y una participación de ingresos del Estado resultante. Ahora se asegura a
esas comunidades, Aragón y Castilla y León, entre otras, que todo ese
volumen de financiación va a evolucionar, como mínimo, a PIB nominal.
Tengo que decirle también que, respecto al programa de convergencia, el
Gobierno ha presentado en todas las instituciones en las que tenía que
presentarlas sus previsiones de evolución del PIB nominal. Tengo que
recordarles que, si no recuerdo mal, en ese programa de convergencia, que
es responsabilidad del Ministerio de Economía y Hacienda, el PIB nominal
crece por encima del 5 por ciento. Vea usted lo que significa que ese
coste efectivo evolucione con una garantía mínima de crecimiento de PIB
nominal del 5 por ciento y llévelo usted hasta el año 2002, fecha en la
que tiene que acabar la implantación de la reforma introducida por las
Cortes en la Ley de Medidas para este año y así verá los recursos que va
a tener cada una de las comunidades autónomas y si esos recursos pueden o
no financiar la reforma educativa.
Les voy a decir algo que espero que no se me interprete como una boutade,
pero es que se escuchan a veces cosas increíbles. Hay algunas comunidades
autónomas que quieren --y me parece legítimo-- que el servicio educativo
que se les traspase tenga unos recursos que les permitan una educación
como en Beverly Hills, y nosotros tenemos la educación de España. En el
año 1998 hemos de aspirar a
que nuestro sistema educativo tenga una calidad extraordinaria, cada vez
mayor, pero lo que es evidente es que el Gobierno transfiere lo que
tiene. Si alguien quiere que en los centros públicos se enseñe
equitación, me parece muy bien, pero a lo mejor España no está en
condiciones de financiar en estos momentos que los niños practiquen
equitación en los centros públicos.
Sé muy bien lo que estoy diciendo porque, repito, llevo muchas horas
negociando este proceso. El Gobierno traspasa lo que tiene. El Ministerio
de Educación y Cultura opera en el territorio MEC en estos momentos, hay
que aplicar una reforma y hay que dar unos recursos a esa comunidad
autónoma que garanticen la financiación del sistema educativo en estos
momentos y la aplicación de la reforma en la proyección en el tiempo
prevista por la ley. Esto es lo que hay, que da unas cifras y unas
garantías. Insisto en que la más determinante a estos efectos es la que
mencioné antes en cuanto al crecimiento del PIB nominal de la
financiación incondicionada.
Hay otra cosa muy importante y es que, en la medida en que la
financiación es incondicionada, puede ir o no a financiar la educación
íntegramente. Pero eso forma parte de la autonomía financiera de gasto
que tienen las comunidades autónomas, y ahí el Gobierno no puede decir
nada. El Gobierno traspasa unos recursos para financiar la educación; si
después, en uso de su autonomía política y, dentro de ella, de su
autonomía financiera de gasto, el Parlamento y el Gobierno de la
comunidad autónoma quieren destinar más recursos a la educación, pueden
hacerlo; si quieren destinar menos recursos a la educación, también
pueden hacerlo y el Gobierno no puede decir nada. Es un conflicto que
normalmente se produce entre las consejerías de Educación y de Economía y
Hacienda de cada uno de los consejos de Gobierno de cada una de las
comunidades autónomas, pero ése es un debate en el que el Gobierno de la
nación no puede entrar.
El señor González Revenga, de Castilla-La Mancha, ha dicho que la
responsabilidad es del Gobierno. Yo quiero decirle que en los últimos
días --porque quizá me interesa más proyectarme hacia el futuro e
interpreto que a S. S., también-- hemos tenido varias conversaciones con
el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, señor Zambrana, quien
nos ha trasladado la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha y su
voluntad política de asumir ahora el traspaso. Nos ha dicho que el coste
efectivo que corresponde en 1998 a Castilla-La Mancha, según las cifras
que maneja el Gobierno, está en torno a 109.000 millones y que, en
función del crecimiento que han tenido los recursos para Castilla-La
Mancha en el ejercicio presupuestario 1998 y los que previsiblemente va a
tener para 1999, seguramente estaríamos en condiciones de materializar un
acuerdo que permitiera la asunción de esa competencia por la comunidad
autónoma con efectos 1 de enero de 1999, si eso iba acompañado de un
convenio para inversiones adicional e ilimitado. No quiero dar más datos
porque creo que eso forma parte de la lealtad institucional de las
negociaciones bilaterales entre gobiernos, pero se lo digo como
referencia para que vea que estamos manteniendo conversaciones muy
próximas en el tiempo y que, en principio, esas conversaciones pueden
llevar a un buen fin con la fecha de asunción del traspaso de 1 de enero
de 1999. La diferencia va a estar, en todo caso, en ese convenio, porque
Castilla-La Mancha tiene un mal recuerdo, según alegan, de las
condiciones en las que se les traspasó la universidad, tiene preocupación
por ese motivo, lo que nosotros comprendemos, y quiere garantizar unos
recursos determinados. La negociación se va a centrar, en todo caso, en
ese convenio adicional en las próximas semanas. Yo manifiesto aquí mi
deseo y mi esperanza de que esas conversaciones finalicen
satisfactoriamente en los plazos y en las condiciones que acabo de
comentar.
La señora Fernández Ramiro, de Extremadura, ha hecho alguna referencia
que pone de manifiesto lo que acabo de comentar. A eso puedo añadir el
buen fin que tuvieron, si no se me informó mal ayer, las conversaciones
que ha habido en el ámbito de la comunidad autónoma para llegar a un
principio de acuerdo en cuanto a la iniciativa de reforma del Estatuto de
Extremadura. Ayer mismo hablé con el vicepresidente de la Junta de
Extremadura, señor Sánchez Polo, que se había dirigido al ministro
solicitando una reunión de la Comisión mixta de transferencias para
negociar el traspaso de la educación, reiterando otras peticiones
anteriores. Saben los dirigentes de la Junta de Extremadura, con quienes
mantenemos un diálogo muy fluido a nivel personal e institucional, que la
Comisión Mixta de transferencias no es el órgano de negociación de
acuerdos de traspaso, sino que es el órgano institucional de
formalización de acuerdos que han sido negociados políticamente con
carácter previo y técnicamente instrumentados en el ámbito de las
ponencias técnicas. Ayer mantuve esta conversación con él, y tenemos
previsto reunirnos en fechas próximas los responsables de los Ministerios
de Administraciones Públicas, de Economía y Hacienda y de Educación y
Cultura con los consejeros de la Junta de Extremadura para concretar las
respectivas posiciones y ver si es posible llegar a un acuerdo también
con efectos 1 de enero de 1999, que es la voluntad política que sigue
manteniendo el Gobierno, una vez que es evidente que no fue posible
cumplir la voluntad política que en su día tenía de que el traspaso se
consumara con efectos 1 de enero de 1998, lo que sólo se consiguió con
Baleares.
También tengo que poner de manifiesto que no me parece razonable que aquí
imputemos toda la responsabilidad al Gobierno por el retraso de esas
negociaciones y que en los respectivos Parlamentos autonómicos se deben
ir imputando las responsabilidades a los gobiernos autonómicos, con
independencia de su color político. Si aquí se nos imputa siempre al
Gobierno de la nación, y en los parlamentos autonómicos la oposición de
cualquiera de las fuerzas políticas se le imputa al Gobierno autonómico,
algo está fallando. Quizá sea --ésa es la verdad-- que la responsabilidad
es compartida. Yo no hablaría de fracasos, sino simplemente de una
responsabilidad compartida, porque se supone que tenemos intereses
compartidos, en el sentido de hacer un buen traspaso, distintos,
garantizando el mantenimiento de la calidad del servicio educativo y la
aplicación de la reforma educativa. A partir de ahí las diferencias son
notables porque, como es evidente: la comunidad autónoma tiene la
obligación de conseguir un traspaso con la mayor dotación posible y el
Gobierno de la nación con la dotación necesaria, no la mayor posible sino
la necesaria para la comunidad autónoma; nosotros respondemos de los
intereses del Gobierno de la nación y la comunidad autónoma de los
intereses de su Gobierno, de sus ciudadanos y de su comunidad autónoma.
Tenemos intereses no incompatibles ni antagónicos, pero distintos, aunque
coincidentes en el objeto de formalizar un buen traspaso.
A doña Matilde Fernández, diputada por Cantabria, le agradezco su tono.
Comparto muchas de las cosas que ha dicho con la excursión que ha hecho
en el tiempo, desde un punto de vista estratégico, de lo que significaron
los gobiernos de la UCD en la década de los 70 y con la educación, lo que
pudo significar la década de los 80 y la responsabilidad que nos
corresponde a nosotros en la segunda parte de la década de los 90. Sepa
S. S., sin duda lo sabe, que tenemos esa voluntad. Le rogaría --sé que
estará dispuesta a creerme si le convenzo-- que no hiciera juicios de
intenciones perversos. Las teorías conspirativas normalmente no
funcionan, lo que pasa es que las cosas son complicadas.
Voy a dar unos datos que me parecen importantes, porque varias de SS. SS.
han criticado al Gobierno aludiendo a lo que significaron los
presupuestos de educación de 1997. Podríamos referirnos a lo que han
significado los presupuestos de 1998, con un crecimiento del 6,4 por
ciento, cuando a nivel general han crecido un 3,4. Nosotros vamos a
invertir 40.000 millones este año y 70.000 millones entre 1997 y 1998.
Reitero que eso ha significado inaugurar un centro cada seis días.
Tengo algunos datos de la memoria que acompañaba la Logse. Por cierto,
será bueno que cuando en el futuro hagamos todos una ley tan importante
como la Logse la acompañemos de una ley de financiación. Todos estamos de
acuerdo en reformar la educación y ponerla al nivel del siglo XXI, pero
si no lo acompañamos de una ley de financiación, luego pasa lo que pasa.
Seguramente si hubiera habido una ley de financiación acompañando aquel
año a la Logse, estaríamos ahorrándonos muchos de los problemas que
estamos padeciendo y que si no justifican, sí explican las dificultades
de estas negociaciones.
En la memoria que acompañaba a la Logse --décadas del 90 al 97 inclusive,
señora Matilde Fernández-- las inversiones previstas eran de 373.000
millones de pesetas. Me queda el año 1995, porque ya no les imputo la
responsabilidad de las inversiones de 1996, ni de 1997 ni de 1998. De
1990 a 1995, años en que gobernó el Partido Socialista, memoria de la
Logse, inversiones previstas en relación con inversiones realizadas:
220.000 millones menos de inversiones efectuadas sobre las previstas.
Memoria de la Logse, cifras oficiales y cifras de liquidación de
presupuestos: 220.000 millones menos de los previstos. El Partido
Popular, el Gobierno actual, va a invertir 40.000 millones en este año y
70.000 millones entre 1997 y 1998, pese a ser unos ejercicios
presuntamente tan catastróficos. Ruego un esfuerzo de rigor, porque a la
larga el rigor es lo que más vende en política.
Señor Morlán, usted ha dado algunos datos que se han publicado, pero
usted implícitamente me estaba contestando. Cuando la comunidad educativa
aragonesa pedía en manifestación 90.000 millones para el traspaso de
educación, ¿qué tenía que haber hecho el Gobierno? Estamos hablando de un
coste efectivo de 66.000 y pico millones de pesetas. Dice S. S. que esa
cifra se rebajó a 80.000, luego se habla de 70.000. Algo pasa cuando
pasamos de 90.000 a 80.000 y a 70.000, con los sindicatos, la mesa para
la educación, las fuerzas políticas y las Cortes de Aragón. Lo que ha
hecho el Gobierno es intentar explicar a la Comunidad Autónoma y a la
Diputación General de Aragón sus cifras. Afortunadamente hemos llegado a
una aproximación muy razonable y hemos convencido a la Diputación General
de Aragón de que no hay gasto escondido y de que las cifras son las que
son. Además, esas cifras permiten una aplicación razonable, y si me
permite la expresión, en algunos casos hasta ambiciosa, de la reforma
educativa, porque pese a que alguien se sorprendiera, la aplicación de la
reforma tiene evidentemente un margen de discrecionalidad y de
interpretación. Sólo faltaría que una ley no se pudiera interpretar de
manera distinta, sobre todo cuando estamos hablando de temas como los
profesores, los alumnos, los centros y la calidad de la enseñanza. Es
lógico que las comunidades autónomas se sitúen en el punto más alto en
cuanto a la intensidad de la aplicación de la reforma y que el Gobierno
se sitúe en lo que entiende que procede y corresponde, desde la
solidaridad, en la distribución de los recursos públicos que, por serlo,
tienen que ser gestionados con mucho rigor, y que además son limitados.
Hemos hecho una buena aplicación a la reforma, en todo caso la reforma
que haría el Gobierno si no traspasara la competencia y por tanto fuera
la del Estado la administración educativa competente en el territorio.
Estamos en un proceso de aproximación muy importante. No tenga ningún
problema, señor Morlán, en cuanto a que la financiación del traspaso de
educación a la Comunidad Autónoma de Aragón se va a financiar a costa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Su señoría sabe
perfectamente que ése no es un planteamiento razonable de lo que es la
financiación del traspaso. Ese traspaso iría a coste efectivo, con
efectos del ejercicio presupuestario de 1999, y después va a ser
financiación incondicionada que, con independencia de cuál sea la
recaudación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, va a
crecer al PIB nominal en los próximos años, según acuerdo adoptado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta es una buena garantía para
el futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto al mantenimiento
de la calidad del sistema educativo. El objetivo es su mejora en los
próximos años, una vez que se haya materializado la reforma a partir del
año 2002.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Señorías, con esto terminamos el turno de preguntas correspondientes a
nuestro orden del día.
Interrumpimos medio minuto la sesión para despedir al señor secretario de
Estado, a quien agradecemos su presencia en la Comisión en la mañana de
hoy. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA DEVOLUCION DE LA PROPIEDAD INMUEBLE «A SENRA, BERGONDO-A
CORUÑA», INCAUTADA EL 14 DE JULIO DE 1937, AL CENTRO DE INSTRUCCION Y
RECREO BERGONDO Y SUS CONTORNOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente 161/000889).
--RELATIVA A DEVOLUCION DE PROPIEDADES INCAUTADAS EN 1936 AL CENTRO DE
INSTRUCCION, PROTECCION Y RECREO DE CERVAS-ARES (LA CORUÑA). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000901).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día. Los puntos
10, 11 y 12 hacen referencia a diferentes proposiciones no de ley. He de
advertir a SS. SS. que se ha solicitado el aplazamiento de la última
proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, para otra sesión de
esta Comisión. Por consiguiente, no veremos hoy el punto 12 del orden del
día, pero sí los puntos 10 y 11 que vamos a tramitar agrupadamente aunque
votemos, como es reglamentario, separadamente.
Pasamos al trámite de debate conjunto de los puntos 10 y 11 del orden del
día, proposiciones no de ley, la primera relativa a la devolución de la
propiedad del inmueble A Senra, Bergondo-A Coruña, incautada el 14 de
julio de 1937, al Centro de instrucción y recreo Bergondo y sus
contornos, del Grupo Parlamentario Mixto, y la segunda relativa a la
devolución de propiedades incautadas en 1936 al Centro de instrucción,
protección y recreo de Cervás-Ares (La Coruña), también del Grupo
Parlamentario Mixto.
Para la presentación y defensa de estas proposiciones no de ley tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, según los últimos estudios,
existen en Galicia 395 escuelas de indianos que están a la espera de ser
recuperadas o reutilizadas. Estas escuelas de indianos representaron en
el primer tercio del siglo que estamos acabando una posibilidad de
alfabetización y muchas veces de modernización de la sociedad gallega,
que vio así cómo una parte de los esfuerzos de los emigrantes repercutía
positivamente en un cambio social. La asociación de la que vamos a hablar
ahora, aunque no es exactamente una escuela de indianos, sí tenía su
departamento dedicado a alfabetización y, por tanto, a educación.
La asociación Centro de instrucción y recreo Bergondo y sus contornos
sigue teniendo existencia jurídica y está empeñada en obtener la
restitución del inmueble que recibe el mismo nombre y que fue incautado
por aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del
período 1936-1939. En 1924, una fecha en que fue común la fundación de
muchos de estos centros de instrucción, tuvo lugar también por parte de
los emigrantes de Bergondo en Nueva York la fundación de esta asociación
Centro de instrucción y recreo, que fue inscrita en el Gobierno civil de
A Coruña el 17 de diciembre de 1926. En concreto, los emigrantes lograron
construir en una finca una serie de edificios que paso a enumerar: un
edificio de planta baja y piso alto, destinado éste a oficinas y salón de
actos con dos torretas laterales, hallándose distribuida la parte central
de la planta baja en cantina, salón de espectáculos y escenario, teniendo
en sus partes laterales sus salones para escuela. Dicho edificio ocupa la
superficie de unos seiscientos metros cuadrados. Al este del anterior
edificio una caseta de cemento armado, de planta baja, que ocupa la
superficie de 36 metros cuadrados. La inauguración de todo este conjunto
tuvo lugar el 12 de julio de 1936, desafortunadamente, como saben
ustedes, seis días antes del alzamiento franquista y, por tanto, el
pueblo de Bergondo no pudo disfrutar de esta construcción que debía en
gran parte a sus emigrantes. Hoy es propiedad del Estado, es dueño por
tanto, y tiene como título el expediente de incautación seguido y
acordado el 14 de julio de 1937 por la Comisión central administradora de
bienes incautados con fundamento en el Decreto 108 de la Junta de Defensa
Nacional, de 13 de septiembre de 1936, y la Ley, de 9 de febrero de 1939,
de responsabilidades políticas. De todas maneras, en este caso la
asociación siguió viva en Nueva York, donde realizó numerosas gestiones
en el extranjero, por supuesto, ante las autoridades españolas para
lograr la restitución de los bienes incautados. En la medida en que hoy
existe continuación de esta asociación estamos en la misma batalla y debe
tenerse en cuenta que la Asociación de Emigrantes, en Nueva York, por
acuerdo de la junta general de 30 de septiembre de 1997 dio la
continuidad a la asociación que hoy tiene sede en Bergondo-A Coruña y que
está empeñada en la restitución. La decisión de la junta general de 30 de
septiembre de 1977, en Nueva York, fue ratificada nuevamente por la misma
junta celebrada en la Casa de Galicia, el 5 de octubre de 1984, en la
misma ciudad norteamericana. Las condiciones en que realizó esta sesión
de continuación de las gestiones legales para su recuperación son las
siguientes: Cede sus derechos sobre los bienes incautados otorgando el
derecho a reclamarlos y ofreciéndoles su ayuda para gestionar la
devolución de los mismos y para emprender la restauración del edificio
social, en un estado prácticamente ruinoso. La Dirección General de
Patrimonio, del Ministerio de Economía y Hacienda, conoce perfectamente
todos los antecedentes y tiene en sus manos este expediente y sus
antecedentes prácticamente desde 1985; sabe también del estado de
abandono y de ruina del edificio, como sabe que hay suficientes
antecedentes legales de todo tipo para justificar la devolución. En todo
caso, señorías, cabe resaltar en esta ocasión que los bienes son
concretos e identificados, que no pertenecen a terceros sino al Estado
por incautación, por tanto por un acto ilegítimo, y que no están
afectados al dominio público. Ultimamente
parece que el ayuntamiento estaba interesado en comprar esta finca,
tasada en 22.835.000 pesetas, pero también sabe el ayuntamiento que
cometería un acto a todas luces fraudulento tratándose de un proceso que,
como ven ustedes, es meridiano y tiene una continuidad en el tiempo. El
Parlamento de Galicia ya tomó una decisión unánime, hace dos
legislaturas, en su Comisión Institucional solicitando esta devolución.
Por tanto, esperamos que ahora en este nuevo contexto, a través de
gestiones de los propios afectados y de la ayuda de este Congreso de los
Diputados, se logre la finalidad que se expresa en nuestra proposición no
de ley a través del siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a: Restituir gratuitamente el inmueble «A Senra», inscrito en
el Registro de la Propiedad de Betanzos, con el número 10.961, al folio
10 del libro 131 de Bergondo, Tomo 921, general, a favor del Estado
español, por incautación el 14 de julio de 1937, a la Asociación «Centro
de Instrucción y Recreo de Bergondo y sus contornos», su legítima
propietaria.
El otro caso que nos ocupa, el del Centro de instrucción de Cervás, en
Ares, fue también fundado en 1924, pero no tuvo local propio hasta el año
1931, gracias al esfuerzo económico y físico de los vecinos y vecinas de
esta parroquia y de las delegaciones de emigrantes en Estados Unidos y
Cuba. Tenía un ámbito cultural y recreativo, pero es curioso que además
tenía una finalidad de Seguridad Social que se establecía en el capítulo
III, artículo 4.º de sus estatutos, con la siguiente frase que sin duda
alivió muchos padeceres de vecinos y vecinas de la parroquia:
proporcionar a los asociados en el caso de enfermedad una peseta diaria
en el primer mes y cincuenta céntimos los dos meses siguientes; si
persistiese la enfermedad y si ésta se prolongase más de tres meses, la
junta directiva resolverá. Estamos, como vemos, ante un antecedente de la
Seguridad Social o, por lo menos, unos fondos privados de beneficio de
carácter público colectivo. En 1936, cinco años después de contar con
local propio, pasó a propiedad de la Delegación Nacional de Sindicatos de
FET y de las JONS después de una sentencia de 3 de abril de 1946, no
precisamente muy ajustada a derecho, que tomó la Comisión calificadora de
bienes sindicales marxistas que al mismo tiempo incautó la radio con la
que contaba el centro y quemó todos los libros existentes, especialmente
aquellos que tenían pastas rojas. El centro languideció, empezó también a
deteriorarse y a ser una ruina, hasta que en 1973 la Organización
Sindical hace cesión a favor del Ayuntamientos de Ares, libre de cargas y
para ser destinado a algún beneficio público. Inmediatamente la
Asociación de Vecinos de Cervás-Os Castros presentó una moción en el
Ayuntamiento de Ares en 1980, que fue aprobada por unanimidad, pidiendo
la devolución a sus antiguos propietarios, algunos de ellos todavía con
vida en la parroquia de Cervás. Pero la Xunta de Galicia en aquel
momento, por acuerdo del 12 de abril de 1980, suspendió esta petición, no
la declaró ajustada a derecho y fue ratificada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de A Coruña. En
1984 otra moción, esta vez por cuenta del Bloque Nacionalista Galego,
reiteró la petición de devolución, fue aprobada por unanimidad, pero
nuevamente el Gobierno civil y la Xunta de Galicia la declararon no
ajustada a derecho. En 1987 se fundó una comisión gestora para recuperar
la antigua sociedad con el título de Centro instructivo recreativo y el
ayuntamiento le entregó prácticamente los locales a esta asociación,
incluso con un proyecto de rehabilitación de un local en el que sí
participó curiosamente la Administración autonómica, que entregó del
erario público, en el año 1991, dos millones de pesetas destinados a
rehabilitación del edificio.
También la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia solicitó en
la anterior legislatura y en la actual la devolución a los vecinos de
Cervás, en concreto a la sociedad Centro instructivo recreativo de
Cervás, de este bien incautado que, como ven ustedes, por la dinámica que
siguió parece que se confundió con un bien de carácter sindical, cuando
no lo era en absoluto. En todo caso, estamos en un contexto muy favorable
a que se pueda estudiar esta posibilidad que nosotros formalizamos en la
proposición no de ley instando al Gobierno a devolver las propiedades del
Centro de instrucción, protección y recreo, incautadas a raíz del
levantamiento fascista de 1936, a la sociedad del mismo nombre que
representa las justas demandas históricas de los vecinos y vecinas de la
parroquia de Cervás en Ares. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego
está dispuesto a cualquier transaccional que conlleve una mayor
sensibilización administrativa del Gobierno para solucionar estos casos
que tienen fácil solución jurídica y que no plantearían ningún tipo de
litigio con terceros de llevarse por la vía que nosotros solicitamos.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas a las dos proposiciones
no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa
tiene la palabra la señora Marón Beltrán.
La señora MARON BELTRAN: Señor presidente, antes de defender el sentido
de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, permítanme rendir
un modesto homenaje de recuerdo a las asociaciones Centro de instrucción
y recreo de Cervás y Centro de instrucción y recreo de Bergondo y sus
contornos; también de agradecimiento por aquella iniciativa social y
cultural que hace casi 75 años llevaron a cabo un grupo de emigrantes y,
cómo no, transmitirles nuestra solidaridad con la lucha continua que
tuvieron en sus justas reivindicaciones.
El Centro de instrucción de Cervás fue incautado en la guerra civil (no
me voy a extender demasiado en los detalles, que ha definido
perfectamente el señor Rodríguez Sánchez, pero sí voy a dar unas breves
pinceladas sobre la situación actual), posteriormente pasó a la
Organización Sindical que en el año 1973 hace cesión de uso al
Ayuntamiento de Ares, creándose en 1987 una comisión gestora para la
recuperación de la sociedad que hoy utiliza el local social, por lo que
asociación y ayuntamiento colaboran en el mantenimiento y uso de las
instalaciones pero mantienen su legítimo deseo y petición de restitución.
El Centro de instrucción de Bergondo fue creado en 1926 con un ambicioso
proyecto educativo y cultural --como también ha dicho el señor
Rodríguez-- por un grupo de emigrantes residentes
en Nueva York; un proyecto tan ambicioso como efímero puesto que,
inaugurado el 12 de junio de 1936, fue incautado siete días después.
Finalizada la guerra civil fue el SEU el que ocupó esas instalaciones y
actualmente se encuentra en un estado lamentable de abandono que da pena
ver la situación: una superficie de más de 9.000 metros cuadrados de
terreno con un edificio de planta de unos 700 metros cuadrados que,
curiosamente, colinda con un centro escolar de ese municipio al que
vendrían perfectamente estas instalaciones para seguir con la labor
cultural y social definida por la asociación. Es de significar que las
asociaciones, tanto una como otra, siempre han mantenido su estructura en
el exterior y desde el año 1970 en España recabándose continuamente en
las distintas instituciones su legítima restitución, con una larga
trayectoria reivindicativa. Con ánimo constructivo y al mismo tiempo
realista por las dificultades que sabemos conlleva esta devolución, el
Grupo Socialista ha presentado una enmienda a ambas proposiciones no de
ley con la finalidad de buscar soluciones satisfactorias y que al mismo
tiempo signifiquen un avance; enmiendas que han sido entregadas y que
conocen los grupos presentes en esta Cámara.
Tengo la seguridad de que el grupo proponente no desconoce que la
devolución de las propiedades incautadas tiene que ser por ley y que el
camino propuesto es una buena declaración de intenciones, pero saben
perfectamente que mediante una proposición no de ley no pueden devolverse
estas propiedades y, por tanto, no se resolvería el problema. Tampoco
este tema es nuevo en esta Cámara. Como muchas de SS. SS. conocen, una
vez más tenemos la ocasión de recordar que 21 años de democracia
constitucional no han sido suficientes para hacer justicia a muchos
desastres de la guerra civil y de 40 años de dictadura. Fueron muchas las
iniciativas que se llevaron a cabo en esta Cámara: la Ley 4/1986 que
permite el reintegro a las organizaciones sindicales de los bienes
incautados, la Ley de reconocimiento de asistencia médica y pensiones a
mutilados y militares de la República, etcétera. Quedaba, pues, la
devolución de bienes a partidos políticos y a asociaciones, cuestión que
ya ha sido debatida en septiembre de 1995, con aceptación unánime de una
enmienda del Grupo Socialista en el sentido de que el Gobierno elabore un
informe para analizar la problemática de las personas que se vieron
privadas de bienes y derechos patrimoniales por razones político-sociales
derivadas de la guerra civil. Este informe se elaboró, pero, como SS. SS.
saben, el presidente de Gobierno disolvió las Cortes Generales y se
convocaron elecciones generales, por lo que hoy se está tramitando en
esta Cámara la ley que permite la devolución patrimonial a los partidos
políticos y, por tanto, es responsabilidad del partido en el Gobierno
continuar en ese camino, ir siguiendo con las etapas que ha habido. Estoy
segura de que el Gobierno tendrá el apoyo mayoritario de los grupos de
esta Cámara y, por supuesto, del nuestro. En este sentido va nuestra
enmienda, dejando abierta la posibilidad de que se haga justicia no sólo
con estas dos asociaciones, sino con otras que estoy segura de que
existen en España en similares circunstancias. Por tanto, nos parece que
con estas enmiendas abrimos un camino, avanzamos y vamos cubriendo etapas
para dar muchas respuestas que todavía quedan pendientes y que quede hoy
el compromiso unánime de seguir cerrando estos capítulos. Nuestro grupo,
si hubiera una transaccional adecuada, estaría en disposición de
aceptarla con el ánimo de que hoy salga de aquí un compromiso unánime
para seguir avanzando.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Por el
Grupo Popular tiene la palabra la señora Faraldo Botana.
La señora FARALDO BOTANA: Señorías, intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación con las dos proposiciones no de
ley, suscritas por el Bloque Nacionalista Galego, relativas a la
devolución de propiedades al Centro de instrucción y recreo de Bergondo y
sus contornos, así como al Centro de instrucción, protección y recreo de
Cervás. Como se ha expuesto aquí, ambas sociedades, fundadas en 1924,
nacen con fines de carácter instructivo, culturales y de protección
social, y gracias al esfuerzo de sus socios fundadores contaron para dar
cumplimiento a tales fines con local propio, como ya ha explicado el
señor Rodríguez, desde 1931 en el caso del Centro instructivo de Cervás y
desde su inauguración el 12 de julio de 1936 en el caso del Centro de
Bergondo y sus contornos; inmuebles que al amparo del Decreto 108 de la
Junta de Defensa Nacional, de 13 de noviembre de 1936, y la Ley 9 de
febrero de 1939 fueron incautados, pasando a ser ocupados como propiedad
del Estado. La causa de la incautación por razones políticas como
fundamento es totalmente injusta y hoy no puede sostenerse tras la
restauración de la democracia y las instituciones públicas, lo que hace
que mi grupo coincida plenamente con el espíritu que anima estas dos
iniciativas. Pero no podemos deslindar el fondo de la técnica
parlamentaria en virtud de la cual se quiere defender ese fondo.
El artículo 9.3 de nuestra Constitución sólo permite remover relaciones
jurídicas cumplidas y agotadas a través de norma con fuerza de ley. Al no
encontrarse los inmuebles afectados por la Ley 4/1986, de 8 de enero,
sobre cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado y no existir,
salvo ésta, ninguna ley que prevea la devolución de bienes incautados
prohibida, por otra parte, por el Decreto-ley 10/1976 sobre amnistía, a
mi grupo le surge la duda de la viabilidad jurídica de las restituciones.
Sin embargo, en aras del consenso de que aquí se hablaba y de seguir
avanzando en la restitución, quizá legítima, de estos bienes inmuebles,
es por lo que consideramos la necesidad de presentar enmiendas
transaccionales a cada una de las enmiendas del Grupo Socialista y que
paso a exponer para su aprobación tanto por el grupo enmendante como por
el proponente. Quedaría redactada en los siguientes términos. Se insta al
Gobierno a estudiar la posibilidad de restituir el inmueble A Senra,
inscrito en el Registro de la Propiedad de Betanzos, con el número
10.961, al folio 10 del libro 131 de Bergondo, Tomo 921, incautado el 14
de julio de 1937, al Centro de instrucción y Recreo Bergondo y sus
contornos. Del mismo modo, se insta al Gobierno a estudiar la posibilidad
de restituir las propiedades al Centro de Instrucción, Protección y
Recreo de Cervás-Ares.
El señor PRESIDENTE: Señora Faraldo si es tan amable de pasarme la
enmienda por escrito se lo agradecería.
Señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra a efectos de la aceptación o no
de las enmiendas.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda
transaccional, tal como la formaliza el Grupo Parlamentario Popular, en
la idea de que ese estudio de la posibilidad de restitución será seguido
muy de cerca por las asociaciones respectivas. Esperemos que no existan
dificultades de carácter administrativo, pues se trata de un problema
político de fondo y ahora va a haber una ley que cuando menos va a dar
una cobertura de legitimidad a casos similares a los que la ley plantea,
al margen de las enmiendas que puedan ser aprobadas en el proceso de
discusión parlamentaria. Solamente quiero agradecer, de producirse la
aceptación unánime, la disposición de todos los grupos a que esos casos
tan sangrantes cuando menos se puedan estudiar y solucionar, que buena
hora es. Está claro que son actos ilegítimos, cometidos por un régimen
ilegítimo y que la legitimidad debe ser restaurada en este momento que
estamos viviendo, después de que han pasado ya tantos años de régimen
democrático.
El señor PRESIDENTE: Señora Marón, tiene la palabra, a efectos de aceptar
o no la enmienda transaccional, aunque debía haberle preguntado antes de
que hablara al señor Rodríguez Sánchez.
El señor MORLAN BELTRAN: Acepto sus disculpas, señor presidente. De todos
modos, en el ánimo de mi grupo y en el mío está aceptar la enmienda
transaccional puesto que es preparar el camino de futuro para dar un
nuevo impulso, esperando que después se cumpla la segunda parte de
nuestra enmienda, que es proponer las medidas adecuadas. En ese sentido y
con ese ánimo constructivo aceptamos la enmienda transaccional.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor presidente, a los efectos de las
votaciones doña Carmen Silva sustituye a don Francisco Vázquez.
El señor PRESIDENTE: Tomamos nota. ¿Hay más sustituciones en los grupos
parlamentarios? (Pausa.)
Señorías, pasamos a la votación de las dos proposiciones no de ley por
separado. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a la
devolución de la propiedad inmueble A Senra, Bergondo-A Coruña, incautada
el 14 de julio de 1937, al Centro de Instrucción y Recreo Bergondo y sus
contornos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a devolución de propiedades incautadas en
1936 al Centro de Instrucción, Protección y Recreo de Cervás-Ares (La
Coruña).
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, ¿me permite una pequeña
observación? Aprovechando que estamos en la Comisión de Administraciones
Públicas y que está el señor letrado delante, quería que se tuviese en
cuenta en el futuro el respeto estricto de la legalidad vigente en
materia de toponimia y las leyes que aprobamos por unanimidad en el
Congreso de los Diputados. Lo digo por los servicios de la Cámara, sobre
todo porque vengo observando que en algunos casos no se respeta, en
absoluto, lo que aprobamos unánimemente, y como yo estoy obligado a
respetar la ley, incluso las que no me gustan, quiero que todo el mundo
las respete exactamente igual.
El señor PRESIDENTE: Tomamos nota, señor Rodríguez Sánchez.
Señorías, pasamos a la votación de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.