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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 463, de 21/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 463
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 47
celebrada el jueves, 21 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor ministro del Interior (Mayor Oreja) para informar
sobre:
--Los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) el día 2
de abril de 1997. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número
de expediente 213/000281) (Página 13324)
--Número de condecoraciones concedidas por el Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil durante el año 1997, con especial especificación de las
pensionadas, así como de los criterios seguidos para la concesión de
estas últimas. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de
expediente 213/000455) (Página 13333)
--Actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio ante las denuncias de
seis organizaciones humanitarias sobre malos tratos en los centros
penitenciarios durante los años 1996 y 1997. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000596) (Página 13338)
--Denuncias formuladas por seis asociaciones humanitarias sobre denuncias
por malos tratos producidas en 14 prisiones durante los años 1996 y 1997.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000603) (Página 13338)
--Situación de los centros penitenciarios, trato a los reclusos y
denuncias de malos tratos por diversas organizaciones humanitarias. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 212/001283)
(Página 13338)
--Denuncias por malos tratos a reclusos ocurridos en los centros
penitenciarios en los años 1996 y 1997, así como las medidas que ha
adoptado o piensa adoptar al respecto. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso (Número de expediente 213/000622) (Página 13338)
--Las circunstancias que rodean a las 40 denuncias de malos tratos en
centros penitenciarios presentadas por diversas organizaciones
humanitarias y que el Consejo General del Poder Judicial va a investigar
a través de 31 diligencias informativas. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 212/001282) (Página 13339)
--La política de orden público y seguridad ciudadana en lo referido a la
protección del derecho de manifestación y concentración, así como su
violación y represión discrecional en Galicia por parte de la Delegación
del Gobierno. A solicitud del Grupo anterior (Número de expediente
213/000508) (Página 13358)
--Si comparte la actuación del Delegado del Gobierno en Galicia, con
motivo de las movilizaciones de ganaderos del día 20 de enero de 1998. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000509) (Página 13358)
--El dispositivo y acciones policiales el pasado día 20 de enero en
Galicia, jornada de movilización de los agricultores gallegos. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000559) (Página 13358)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
En primer lugar, quiero poner de manifiesto a SS. SS. que la Presidencia,
haciendo uso de sus facultades reglamentarias y después de haber tenido
un cambio informal de impresiones con los grupos parlamentarios, entiende
que deben sustanciarse agrupadas las comparecencias interesadas por
distintos grupos del ministro de Interior ante esta Comisión, que figuran
en el orden del día como números 3, 4 y 5. Al mismo tiempo, hecho un
excursus sobre las iniciativas pendientes, existía una comparecencia
también del ministro de Interior, solicitada por el Grupo Socialista, que
es la 213/000622, y que rezaba así: Solicitud de comparecencia de don
Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior, ante la Comisión de Justicia e
Interior para informar sobre las denuncias por malos tratos a reclusos
ocurridos en los centros penitenciarios en los años 1996 y 1997, así como
sobre las medidas que ha adoptado o piensa adoptar al respecto.
Dada la identidad de objeto de esta comparecencia con aquéllas a las que
he hecho referencia antes de comenzar el desarrollo de esta sesión,
intereso de SS. SS., de acuerdo con el Reglamento, la decisión sobre la
conveniencia de que además de esas tres comparecencias que vuelvo a
repetir figuran como puntos 3, 4 y 5 del orden del día, se sustancie
también junto a ellas ésta a la que acabo de referirme. De todas formas,
si SS. SS. tienen algún inconveniente, ruego me lo hagan saber. (Pausa.)
En consecuencia, queda modificado el orden del día en el sentido de
incorporar esta comparecencia del Grupo Socialista.
También quería poner de relieve, señorías, que por parte de algunos
diputados de la Comisión y de algunos portavoces, se había sugerido a la
Presidencia (y entiendo que hasta donde sea factible dar satisfacción a
los deseos en los trabajos parlamentarios de todos los diputados, los
órganos de dirección parlamentaria deben intentar complacerlos) la
posibilidad de que antes de los puntos 1 y 2 se tramitaran precisamente
estos puntos 3, 4 y 5 más el que ahora mismo acabamos de referir, después
se tramitaran los puntos 6, 7 y 8 y a continuación los que figuran como
puntos 1 y 2 del orden del día. Comprendo que es difícil, pero quiero que
sea la Comisión la que manifieste su parecer y que ninguno de los señores
diputados que me hicieron esa petición entienda que yo no observaba
rigurosamente el desarrollo del orden del día en la forma y cadencia de
desarrollo de la misma que se establecía por la Presidencia y la Mesa en
la convocatoria, y que si los demás señores diputados no tienen
inconveniente se hiciera así, y si no sencillamente hay que estar siempre
a lo que previamente se escribió.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: El Grupo Mixto no tiene ningún
inconveniente en modificar el orden del día en el sentido que ha señalado
el presidente.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, tampoco tenemos inconveniente en
que se altere el orden. Lo
único que queremos pedir a la presidencia es que por las mismas razones
que se ha incluido la petición de comparecencia por parte del Grupo
Socialista, y que a mí me parece bien, relativa a las denuncias
formuladas por asociaciones humanitarias en relación con las cárceles,
que también se incorpore la solicitada por Izquierda Unida en relación a
la actuación policial de Aranjuez, porque la tenemos registrada con fecha
3 de abril de 1997 y con número de entrada 019543.
El señor PRESIDENTE: Sin duda, el Gobierno no tendrá ningún
inconveniente, porque son los mismos hechos referidos a Aranjuez. Seguro
que eso obedeció a dos razones, señor Meyer: probablemente a la ausencia
en ese momento del debate en la Mesa de algún representante de su grupo
que recordara la existencia de esa iniciativa, y a lo mejor a que la
profusión de iniciativas que agobian a esta Comisión, hizo que en ese
momento la Mesa no fuera consciente de eso. ¿Algún grupo tiene
inconveniente en que se haga así?
Señor Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor presidente, lamento no haberle
entendido el motivo de la propuesta, a pesar de estar muy atento.
El señor PRESIDENTE: El señor Meyer propone ahora la modificación del
orden del día, orden del día que ahora solamente puede ser modificado por
la Comisión, señor Sáenz Cosculluela, como S. S. muy bien conoce, en el
sentido de incorporar una nueva comparecencia, que es aquella a la que he
hecho referencia, que no sé si S. S. la entendió bien, y eso ha quedado
ya cerrado. El señor Meyer manifiesta que además de ésa hay otra del
Grupo de Izquierda Unida, que vamos a localizar inmediatamente, que se
refiere también a los acontecimientos sucedidos en el Ayuntamiento de
Aranjuez, en relación a los cuales su grupo tiene interesada la que
figuraba como primera comparecencia del orden del día. Izquierda Unida
también había promovido una iniciativa en relación a esos mismos hechos
acaecidos en el Ayuntamiento de Aranjuez el día 2 de abril de 1997, y
como evidentemente sería una reiteración en su día dar trámite a esa
comparecencia, lo que ahora yo interesaba de la Comisión es que se
pronunciara sobre la oportunidad de que se modificara el orden del día
para incorporar esa comparecencia del ministro de Interior, a solicitud
de Izquierda Unida, también relativa a lo que acaeció en el Ayuntamiento
de Aranjuez el día 2 de abril de 1997. Si SS. SS. no tienen inconveniente
lo incorporaríamos, y si S. S., señor Sáenz Cosculluela, tiene alguna
objeción, tiene la palabra para manifestarse al respecto.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Que se acumulen dos solicitudes de la misma
naturaleza y con el mismo objetivo, no tiene dificultad ni podemos
ofrecer objeción. La pregunta que formulaba a S. S. era relativa al
cambio de orden, porque no he conseguido oírle el motivo.
El señor PRESIDENTE: Pues lo reitero, señor Sáenz Cosculluela.
Interpreta la Presidencia, entonces, que hay asentimiento sobre la
modificación del orden del día para incorporar esa iniciativa de
Izquierda Unida. Por tanto, queda en ese sentido incorporada y
naturalmente acumulada en su debate.
En segundo lugar, había puesto de manifiesto la petición de algunos
diputados y portavoces en esta Comisión en el sentido de que el orden de
las iniciativas señalado en la convocatoria para el día de hoy se
alterara. Dado que no ha sido un solo diputado ni un solo portavoz,
estaba sometiendo a la Comisión la oportunidad de alterar aquí no el
contenido, sino el desarrollo del orden del día y con eso naturalmente
daba por cumplida, la petición que me habían hecho estos señores
diputados y portavoces.
En ese punto, el señor Gil Lázaro había pedido la palabra, pero antes
usted anunció su deseo de intervenir y yo se lo había concedido; se lo
reitero por si S. S. quiere hacer alguna manifestación al respecto.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Sólo quiero echar de menos la cortesía de que
se nos hubiera comunicado por esos portavoces y con carácter previo, el
motivo por el que solicitan el cambio del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Pero, ¿S. S. no expresa su parecer?
El señor SAENZ COSCULLUELA: Nos resulta muy incómodo, señor presidente,
pero tomada la decisión no la vamos a desautorizar volviendo atrás otra
vez.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz, la Presidencia no ha adoptado ninguna
decisión. En vez de tomar esa decisión, que además no estaría entre sus
facultades, la Presidencia ha puesto a disposición de la Comisión una
petición. La Comisión adopta la decisión que estime oportuna, y
naturalmente todos nos allanaremos a ella no solamente como es nuestra
obligación, sino como es debido.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Pues entonces, señor presidente, formulamos
objeción porque nadie se ha tomado la molestia de darnos un motivo, y
lógicamente sin motivación no tiene razón de ser que nosotros accedamos a
un cambio del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, S. S. había pedido la palabra.
El señor GIL LAZARO: Quiero intervenir con toda brevedad, señor
presidente, para decir que nosotros no vamos a oponer ninguna objeción al
hecho de que se produzcan esas acumulaciones en este acto, en la medida
que afectan plenamente al fondo del asunto de las comparecencias del
señor ministro. Sí quiero hacer la reserva, como es natural, de que este
sistema no cree ni genere ningún tipo de precedente que se pudiera
invocar en el futuro por parte de algún grupo, precisamente cuando las
comparecencias
no afecten directamente al fondo, a la identidad misma de la cuestión por
la cual comparece la autoridad correspondiente.
En cuanto a la segunda cuestión que planteaba S. S., simplemente tengo
que manifestar que mi grupo, por razones obvias de cortesía y por
representar lo que representa, no va a oponer ningún tipo de resistencia
si hay un acuerdo generalizado de los grupos para producir esa alteración
en el orden del día, pero sí tengo que señalar que, efectivamente, los
problemas que pueda tener algún ponente para solicitar esa alteración del
orden del día son también problemas de compromisos que tienen los
ponentes previstos en mi grupo.
Dicho esto, quiero insistir en que sobre la segunda cuestión y por
razones de cortesía, nosotros no opondremos ninguna resistencia si hay
acuerdo de los grupos, pero nos gustaría que en el futuro estas cosas
pudiéramos verlas antes de llegar a la sesión.
El señor PRESIDENTE: Pues lleva mucha razón
S. S., seguro que llevan razón, cada uno desde su perspectiva todas las
señoras y señores diputados que se dirigieron a la Presidencia en ese
sentido, pero al no haber ese consenso, acuerdo o sencillamente
disposición a la alteración del desarrollo del orden del día, entiende la
Presidencia que en caso de duda no conviene mudanza, como dice el viejo
aforismo. Por tanto, vamos a iniciar la tramitación del orden del día con
arreglo a lo que estaba establecido, con las acumulaciones a que había
hecho referencia.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR (MAYOR OREJA) PARA INFORMAR
SOBRE:
--LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ (MADRID) EL DIA 2
DE ABRIL DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 213/000281).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a tramitar el punto primero:
Comparecencia del ministro de Interior para informar de los hechos
ocurridos en el Ayuntamiento de Aranjuez, a la que se une la iniciativa
que, en los mismos términos, se había suscitado por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
A efectos de la primera intervención reglamentariamente pertinente, tiene
la palabra el señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señorías, esta comparecencia
está precedida de la respuesta a una pregunta también del Grupo
Socialista, el 9 de abril del año 1997, con ocasión de los sucesos
acaecidos en un Pleno en el Ayuntamiento de Aranjuez
En el inicio, quiero simplemente hacer un breve relato de hechos para
terminar con una serie de consideraciones sobre la opinión que al
Ministerio de Interior le merecen esos sucesos.
El relato de los hechos es el siguiente: a las seis de la tarde del
pasado día 2 de abril, comenzó en el Ayuntamiento de Aranjuez un Pleno
ordinario con la asistencia de todos los concejales y de unas 200
personas que lo seguían, tanto en el salón de plenos como en la plaza de
la Constitución. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.
Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Alrededor de las siete de la
tarde se inició el debate sobre la privatización de la gestión del
servicio de basura y limpieza viaria, y a partir de este momento el
público asistente comenzó a gritar, a lanzar graves insultos contra el
alcalde y su equipo municipal, llegando un momento en que el volumen de
los gritos del público era superior al de la megafonía del salón por lo
que no era posible la continuación del Pleno.
Durante 45 minutos el alcalde pidió a las personas allí presentes que
moderasen su comportamiento y permitiesen el desarrollo de la sesión
plenaria. Ante esta situación el alcalde, en ejercicio de sus facultades,
ordenó el desalojo del público y anunció que suspendería el Pleno durante
una hora. Tras este anuncio, la policía local, en cumplimiento ya de las
órdenes del alcalde, intentó el desalojo de la sala consistorial con
resultado infructuoso. Por esta razón, el alcalde solicitó a la comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía la colaboración de ésta con la policía
local, siendo enviados un subinspector y ocho policías.
Tras la presencia de los miembros de ambos cuerpos de policía, se
consiguió que únicamente diez personas abandonaran el consistorio, si
bien la situación era cada vez más violenta, incluso provocada por
algunos concejales que requerían al público para que no abandonara el
salón. Debido a la gravedad de la situación y ante la más enérgica
resistencia del público al abandono del Pleno, se personó en el
Ayuntamiento un subgrupo de la primera unidad de intervención policial de
Aranjuez. El subinspector responsable de esta unidad habló personalmente
con los presentes para tratar de convencerles de que el salón fuera
desalojado pacíficamente y a la mayor brevedad. Ante la negativa
reiterada de los ocupantes, se intentó nuevamente por la policía local el
desalojo. En esta ocasión, fue de nuevo desatendida la actuación policial
por el público congregado, que continuaba profiriendo gritos, insultos y
amenazas.
Sobre las nueve y cuarto de la noche y transcurrida casi una hora de
intentos por parte tanto del alcalde como de los efectivos policiales
para realizar el abandono, el alcalde comunicó que el Pleno se iba a
reanudar y que debía desalojarse el salón. Los integrantes de la primera
UIP, provistos de escudos, comenzaron a impeler a los presentes, los
cuales respondieron agrediendo a los agentes con toda clase de objetos
contundentes. Al mismo tiempo, desde la calle se lanzaban piedras,
botellas, un mástil de hierro con la bandera de la Comunidad Autónoma de
Madrid y otros
objetos contra las ventanas, causando importantes desperfectos en el
edificio de la Casa Consistorial.
En estas condiciones, el desalojo se llevó a cabo en un espacio de tiempo
aproximado de siete minutos. A consecuencia del mismo, resultaron heridos
cuatro policías con lesiones leves y dos con magulladuras que no
precisaron asistencia médica, así como 15 personas del grupo de
desalojados, todas ellas de pronóstico leve. Quiero que sepan SS. SS. que
a pesar de las informaciones que han circulado sobre este asunto, entre
el público desalojado no hubo niños ni mujeres embarazadas.
Las consideraciones que estos hechos me merecen son las siguientes:
primero, la intervención policial resultaba obligatoria, ya que el
requerimiento procedía de la máxima autoridad municipal que denunciaba la
existencia de desórdenes públicos, y en segundo lugar por la debida y
necesaria colaboración con la policía municipal por parte del Cuerpo
Nacional de Policía.
Segundo, hay una serie de informaciones y algunas declaraciones que
pueden haber distorsionado la realidad de los acontecimientos. Se han
utilizado términos como conmoción cerebral, infartos, etcétera, que han
magnificado las consecuencias de la actuación policial.
Tercero, no hubo propiamente carga policial. En ningún momento se
dispararon pelotas de goma dentro del Ayuntamiento; únicamente se
hicieron dos disparos de fogueo en la plaza del Ayuntamiento cuando los
concentrados intentaban ocupar de nuevo las instalaciones.
Cuarto, se puede hablar de una especial violencia empleada por parte de
los concentrados, tanto ante la decisión del alcalde de desalojar la sala
de Plenos como ante la actuación policial para dar cumplimiento a la
misma.
Quinto, el desalojo se llevó a cabo después de hora y media de diálogo e
intentos de la policía local y del Cuerpo Nacional de Policía para que se
produjera pacíficamente.
Hay una última consideración, que probablemente es la única novedad que
aporto a la contestación que hice al señor Sáenz Cosculluela a la
pregunta en el Congreso de los Diputados, y es que por estas actuaciones
se han tramitado diligencias que han sido remitidas a la autoridad
judicial. En ellas se consignan, además, los objetos utilizados y
lanzados pro los desalojados contra los funcionarios policiales.
Hay que decir que por el transcurso de estos incidentes fue detenida una
persona perteneciente al servicio de limpieza e identificado como autor
de las lesiones ocasionadas a uno de los policías heridos. Posteriormente
fue puesto a disposición de la autoridad judicial por orden del fiscal
jefe de la zona sur en diligencias número 1.693 tramitadas por estos
hechos. Por su parte esta misma persona detenida presentó denuncia ante
el juzgado por presunta comisión de delito contra su persona por parte de
la policía y en este sentido --y ésa es la novedad-- ha recaído ya un
auto del Juzgado de primera instancia e instrucción de Aranjuez, el 18 de
septiembre e 1997, en el que se acuerda el sobreseimiento provisional y
el archivo de las diligencias. Este auto ha sido ratificado por otro
posterior de 18 de diciembre de 1997, del mismo Juzgado de Aranjuez, en
el que se desestiman los recursos interpuestos por los denunciantes en
relación con el mismo asunto y en esta resolución judicial se afirma
literalmente lo siguiente: La orden de desalojo, fuera o no la más
correcta en su momento, no parece arbitraria ni torticeramente injusta ni
tampoco aparece que sea manifiestamente ilegal al encontrarse entre las
facultades del alcalde y darse una situación objetiva de alteración del
orden, por lo que no aparecen indicios racionales de la comisión del
delito que se le imputa, según interpretación jurisprudencial del Código
Penal, procediendo a la desestimación de los recursos planteados.
Esa es la única novedad, porque los demás hechos, aunque fuese de una
manera muy sintética, ya fueron analizados en el Pleno del Congreso al
que con anterioridad me refería.
El señor PRESIDENTE: Quizá por el orden de inclusión en el del día
debería intervenir primero el portavoz del Grupo Socialista, pero acaso
por el orden que resultaría de la acumulación que hemos acordado debe
hacerlo en primer lugar el portavoz del Grupo de Izquierda Unida y por
seguir ese criterio ya estable le concedo la palabra al señor Meyer en
primer lugar en nombre del Grupo de Izquierda Unida.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, atendiendo a que estaba
registrado en el orden del día el Grupo Socialista, le cedo la palabra.
El señor PRESIDENTE: Si S. S. se la cede, tiene la palabra por el Grupo
Socialista el señor Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor presidente, señor ministro, para
conocimiento de la Comisión, aunque creo que los hechos son notorios,
conviene recordar dos o tres elementos de juicio previos. El pleno del
Ayuntamiento de Aranjuez se convocó con objeto de privatizar, entre otras
cosas, el servicio de recogida de basuras en el municipio. El asunto
había generado una enorme tensión social, los trabajadores pedían una
negociación que les fue negada por el Ayuntamiento y esos trabajadores
acudieron con sus familias y esposas y efectivamente alborotaron con
voces en el pleno del Ayuntamiento que tiene cabida para unas 120
personas.
A la vista de los incidentes verbales e interrupciones que se produjeron,
el alcalde suspendió el pleno por una hora; con posterioridad ordenó
desalojar el salón de plenos. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo
en estos datos.
Primera observación, los concejales estaban en su perfecto derecho como
miembros del ayuntamiento a permanecer en el salón de plenos durante el
período de suspensión del pleno. Supongo que S. S. no me podrá discutir
el derecho de esos concejales a permanecer en el salón de plenos.
Segunda observación, con independencia de la imprudencia que late en esa
decisión, es verdad que el alcalde tenía facultades para ordenar
desalojar el salón de plenos al público, no a los concejales.
Tercera observación, este desalojo cabía hacerlo de forma pacífica y
además ésos son los precedentes numerosos cuando en distintos
ayuntamientos se dan situaciones de esa naturaleza. Eso era lo prudente,
eso era lo razonable, eso es lo que debe hacer una autoridad con
sensibilidad democrática y con espíritu de tolerancia, máxima sabiendo
que entre el público hay mujeres, jóvenes y personas muy mayores.
El alcalde no notificó en ningún momento la suspensión definitiva del
pleno ni modificó el horario de suspensión que era por una hora. En
consecuencia los concejales seguían estando en su derecho perfecto de
permanecer en el salón de plenos. No creo que nadie me pueda discutir
esto.
No sé qué autoridad ordenó realmente el desalojo, pero los concejales
arguyeron su condición de concejales y su derecho a permanecer en el
salón y así lo manifestaron a la fuerza pública. A pesar de ello alguien
dio la orden de desalojo violento. Aquí una precisión, señor ministro, la
carga fue de una violencia inusitada, desproporcionada y no justificada
ante una resistencia que fue pasiva. Su señoría no podrá nunca demostrar
que hubo agresiones con objetos contundentes.
Le voy a poner solamente un dato. Hubo veinte heridos y contusionados
entre las 110/120 que había en el salón. Para imponer temor los policías
lo primero que hicieron, quizá por crear un clima de temor o de presión,
fue romper los cristales de las ventanas generando un clima favorable,
según ellos, al desalojo. No hay armas ni objetos y tengo la foto de una
señora obesa, puede usted pensar en 90 ó 95 kilos, que tiene en la mano
la siguiente arma: un abanico. Yo he visto las lesiones que se le
produjeron a esa señora que por lo visto atacó a la policía con el arma
contundente consistente en un abanico.
Tengo fotos de personas acorraladas en las que no se aprecia ningún
objeto contundente y sencillamente recibieron, si me permite la expresión
el señor ministro, jarabe de palo en abundancia. Veinte heridos,
fracturas; no piense, señoría, que estamos hablando de contusiones, hubo
fracturas incluso.
Por último, todos los precedentes en casos similares de esta naturaleza
se suelen resolver con un desalojo pacífico. La policía está en
condiciones de hacerlo; no estábamos ante un público violento ni
estábamos ante una causa que justificase esa reacción.
Le voy a decir algo, señor ministro. Usted también ha sido concejal y es
perfectamente conocedor de muchas ocasiones en las que en los
ayuntamientos se dan circunstancias de cierto desorden y no conozco
muchos desalojos del salón de plenos, ni siquiera en esos ayuntamientos
donde se exhiben fotos de terroristas y donde se amedrenta al consistorio
público y en el pueblo de Aranjuez resulta que está justificado dar una
paliza a todos los asistentes.
Señor ministro, creo que no le han dado una información correcta;
sinceramente creo que no le han dado la información adecuada, y lo
lamento. Me gustaría saber quién dio la orden de actuar de esa manera. No
creo que fuera el delegado del Gobierno, no creo que fuera el señor
secretario de Estado de Seguridad y si fue el alcalde, como parece ser,
¿por qué se delegó en este intemperante personaje lleno de soberbia poder
dar una orden de esa naturaleza? ¿Por qué no se intentó el desalojo por
otros medios? ¿Por qué no se respetó ni siquiera a los concejales, que
esos sí tenían derecho a estar en el salón de plenos? ¿Qué explicación
ofrecer al caso del barrendero Bernardo Clara Monzón, que es la persona
aludida en esas diligencias que ha mencionado S. S.? Es un hombre, al que
conozco, de apocado carácter que es detenido dos horas después cuando el
camión recoge los cubos de basura en la puerta de la comisaría, salen los
policías detrás de ellos y el único hombre que no corre es detenido y
está toda la noche en el calabozo, señor ministro; así fue detenido don
Bernardo Clara Monzón.
No sé qué pasará con las diligencias. Todos sabemos que las diligencias
de prueba no siempre son fáciles de obtener, no siempre se consigue
probar las cosas, pero ésta es la versión real de los hechos, señor
ministro. Dos horas después, cuando cumplía con su cometido como basurero
municipal es perseguido por la policía al pasar delante de la comisaría,
es detenido y está toda la noche en la comisaría; por cierto, tampoco
creo que fuera muy importante esa forma de detenerle.
Usted, señor ministro, podía reconocer --y todavía tiene tiempo-- que
hubo un exceso y con eso para mí se acaba la historia porque creo que
todos pueden cometer un error, también S. S. y todos estamos
predispuestos a comprender los fallos y los errores que se cometen en la
vida pública. Le puedo asegurar, señor ministro, que con eso me conformo.
Ha habido un error, ha habido una imprudencia, ha habido una orden
excesiva y todos no solamente podemos sino que queremos actuar con
comprensión. Ahora, si mantiene S. S. su insistencia, tendré que formular
algunas conclusiones.
Primero, tendré que decir que ustedes tienen en Aranjuez un alcalde
indecentemente intolerante y soberbio. Segundo, que la policía actuó de
esa forma sin legitimidad y recibiendo órdenes de quien no tenía
competencia para ello, porque alguien se tiene que responsabilizar de una
actuación de esta naturaleza. Tercero, han tratado al pueblo de Aranjuez
de una forma que no se atreven a tratar a la población en otros sitios,
en otros plenos donde hay alborotos, y yo quisiera saber por qué a los
más débiles les cae siempre encima la solución más drástica. Todos
nosotros somos conscientes de que estas cosas pasan en los ayuntamientos,
pero sólo en Aranjuez hubo una reacción tan tremendamente violenta.
Señoría, usted conoce estos casos, tiene experiencia, ha estado en el
Ayuntamiento de San Sebastián y sabe que no se desaloja a palos a nadie
al mínimo incidente.
El alcalde de Aranjuez podía haber sido más prudente, no quiso serlo
porque carece de sentido común. ¡Qué le vamos a hacer! Pero no se
subrogue usted en sus decisiones. La violencia que se ha reservado para
estas familias de los empleados de la limpieza de Aranjuez fue exagerada
y fue un ejercicio de la autoridad muy poco recomendable, señor ministro.
Usted está a tiempo de pedir una elemental disculpa que todo el mundo le
va a agradecer, que todo el mundo desea y que a usted le va a honrar. Si
por escrúpulo intelectual no quiera formular esa mera disculpa hasta
aclarar las cosas, tendremos paciencia para esperar que usted pueda
corroborar, de verdad, la versión de los hechos.
Me cuesta creer que usted o el delegado del Gobierno, por quienes tengo
un profundo respeto, ordenasen efectuar esa carga y adoptasen decisiones
y actitudes tan necias, tan autoritarias y tan prepotentes como las de
ese alcalde de Aranjuez, que se comportó --permítame que se lo diga,
señor ministro, y no suelo usar esta palabra con alegría-- como un
fascista, con una soberbia intolerable. En fin, confío en que usted tenga
la oportunidad de no tener que cargar con el peso de decisiones como las
que tomó el alcalde de Aranjuez.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Cosculluela, la Presidencia de esta
Comisión tiene la costumbre, salvo que se trate de situaciones
absolutamente desproporcionadas, de no intervenir nunca respecto a las
manifestaciones efectuadas por los portavoces, porque las valoraciones
políticas son de cada uno. Pero alguna de las expresiones o calificativos
que S. S., en el uso de su libertad parlamentaria, ha realizado y que
esta Presidencia, naturalmente, le ha dejado realizar --aunque entiende
que en la cortesía del debate a lo mejor tienen un enmarque más
difícil--, quizá no sean correctos. Tratándose de personas que pueden ser
enjuiciadas políticamente, el empleo de alguna expresión como las que S.
S. ha utilizado, por ejemplo, la de necio, no estaría en el punto de la
cortesía en que debe producirse siempre la vida política de una Cámara.
Son expresiones de S. S. y quedan en el «Diario de Sesiones». Yo no le
digo que las retire, solamente me parece que como presidente de la
Comisión le tengo que hacer esa consideración, y se la hago con toda
cortesía a S. S.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor presidente, creo que he manifestado
explícitamente mi profundo respeto y mi consideración, que son muy
grandes, tanto por el delegado del Gobierno como por el ministro, a los
que considero responsables políticos de la política de Interior. Si
respecto de ellos se hubiera escapado por mi parte alguna expresión que
rozase la incorrección, no tendría más que señalármelo para desdecirme
inmediatamente. Ahora, de los calificativos que he dirigido al alcalde de
Aranjuez no me desdigo ni de una coma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáenz Cosculluela. Así queda
recogido en el «Diario de Sesiones» para su testimonio político y el de
su grupo.
La tramitación del debate, después de unas comprobaciones realizadas
sobre las iniciativas del grupo proponente, se va a desarrollar con
arreglo a los criterios generales del Reglamento.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Lo cierto es, señor ministro, que yo, que en el
ámbito parlamentario le he escuchado otras intervenciones sobre hechos
conflictivos en la Comunidad de Madrid, como pudieran ser el cero que se
realizó a Los Poblados y otras actuaciones, no le reconozco en esta
intervención y en este reiterado intento de justificar un hecho que estoy
convencida de que usted sabe que no tiene justificación, que fue un
profundo error político, que fue un exceso del alcalde de Aranjuez. Por
cierto, yo he escuchado mal todo el desarrollo de los acontecimientos,
pero tengo algunas respuestas de su propio Ministerio por escrito que no
coinciden con la explicación que hoy nos daba usted aquí.
En todo caso, también estoy convencida de que usted sabe que todo parte
de un problema de gestión política, que existe un proceso de
privatización que genera una enorme tensión. Sabe perfectamente que se
demandaba una negociación y que hay otras alternativas y otras soluciones
distintas de las que se formularon por el alcalde de Aranjuez. Estoy
convencida de que no hace un favor a nadie manteniendo que no es preciso
--si es que lo mantiene-- que se formule un informe o que se produzca una
investigación y que la actuación fue correcta. (El señor vicepresidente,
Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.)
No voy a entrar más allá de la estricta actuación en los diferentes
momentos, lo que sí le voy a pedir es que me aclare, en primer lugar, lo
de que la petición de desalojo fue hecha directa y personalmente por el
señor alcalde ante lo caótico de la situación, que estaba perfectamente
informado de las circunstancias en que se encontraban todos los presentes
en el salón de plenos, incluidos los señores concejales de la oposición.
Esto lo dicen ustedes en una respuesta por escrito. Por tanto, se hizo la
petición de intervención conociendo que, en el ejercicio de sus derechos,
estaban presentes los concejales de la oposición. Me dicen ustedes
también que la petición fue realizada por el alcalde de Aranjuez al jefe
de la comisaría de la localidad a las 19,40 horas para desalojar a las
personas que estaban impidiendo la celebración del pleno ordinario,
sabiendo que había concejales en el salón de la casa consistorial. El
responsable de la comisaría solicitó a las 19,45 horas el apoyo de los
efectivos de la brigada de Madrid, informando de los incidentes que se
estaban produciendo y de la petición del señor alcalde.
Por tanto, deduzco de las respuestas que, conociendo exactamente la
situación, la petición fue directa y clara del señor alcalde y
posteriormente, a los cinco minutos, de la comisaría pidiendo el refuerzo
de la brigada de Madrid. Esto no me cuadra con la explicación secuencial
que usted ha dado, aunque es cierto que no he podido escucharla bien. Lo
que se deduce de aquí es que el alcalde directamente, conociendo la
situación, llamó a la comisaría y de ésta llamaron a la brigada de
Madrid. Por tanto, es una situación diferente de la que se contiene en el
informe que usted nos ha planteado. Unica y exclusivamente por ese
motivo, más allá de lo que posteriormente pasó, nuestro grupo entiende
que se debería haber ordenado una investigación sobre los hechos de
Aranjuez.
Me parece que tampoco tiene ningún sentido que se mantenga --cuando hay
cintas grabadas del pleno, cuando hay fotografías y cuando hay
información suficiente-- que la carga fue proporcional y adecuada a los
acontecimientos, y que no se produjeron incidentes más allá de lo normal
y más allá de lo que las propias personas que permanecían en el pleno
pudieron hacer a la policía. Mantener ese criterio me parece una burla a
lo que ocurrió ese día en el pleno de Aranjuez, impropia de la
responsabilidad y del sentido estricto de la ponderación que usted ha
manifestado ante otros hechos de estas características.
Resumo --y quiero que nos lo aclare--: el alcalde procedió a la
suspensión; sabía que permanecían en el salón vecinos y concejales de la
oposición y conocía su derecho a permanecer porque se trataba de una
suspensión de una hora; sabía que existía un problema de gestión política
que generaba una gran tensión y que se podía haber solucionado, o por lo
menos aplazado su solución, para dilucidarlo en otros términos de
negociación; que él llamó personalmente a la comisaría y ésta, cinco
minutos después, a los antidisturbios (por tanto, nosotros entendemos que
él fue el principal responsable de todos los incidentes); que
circunstancias como éstas tienen la alternativa de la negociación o,
cuando menos, la de paralizar el pleno para retomar la negociación en
otra situación más favorable; que ésas --ya se ha dicho-- son las
situaciones que se suelen producir habitualmente cuando ocurren
incidentes de estas características, y que los concejales de la oposición
intentaron reiteradamente identificarse y hablar con los antidisturbios
haciendo valer su derecho de permanecer en el salón de plenos, cuestión
que no fue atendida.
Por todo ello, señor ministro, nosotros le pedimos, en primer lugar, que
se reconozca que hubo un exceso por parte del señor alcalde, de la misma
forma que hubo un exceso por parte de los antidisturbios, que
posiblemente desconocían la situación real y, por tanto, actuaban bajo
las órdenes directas del señor alcalde. Nosotros le preguntamos qué
motivos alega para contestarnos: No se ha iniciado ninguna actuación en
el ámbito disciplinario ni ninguna otra, puesto que consideramos que la
actuación policial fue correcta en todo momento, utilizando los policías
intervinientes los medios adecuados.
Acabo diciéndole que en la Comunidad de Madrid se están produciendo
demasiados hechos circunstancialmente con demasiados problemas de
actuación policial. No es éste un hecho aislado, puesto que han ocurrido
hechos similares en Arganda, en el cerco de Los Poblados, en la
desocupación de viviendas o en el Metro. Más allá de lo que hoy nos pueda
contestar aquí, tiene que tener en cuenta que se están dando una serie de
coincidencias donde no parece que se esté dando la necesaria coordinación
--tampoco creo que sea una cuestión del delegado del Gobierno-- ni que
las Fuerzas de Seguridad estén cumpliendo su función estricta en
incidentes de este tipo, en los que tienen que actuar atemperando más que
interviniendo en la dirección lamentable en la que lo hicieron en el
Ayuntamiento de Aranjuez.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor presidente, el señor Bardisa va a intervenir
para definir nuestra posición sobre el fondo del asunto, pero yo en este
acto, con carácter previo y acogiéndome a la benevolencia de la
Presidencia, quiero hacer una brevísima intervención en orden
precisamente a lo que ha sido la intervención anterior del señor
presidente de la Comisión, aunque en ese momento no he querido pedir la
palabra a efectos de agilizar el debate.
Como cuestión de orden, señor presidente, quiero decir que mi grupo
parlamentario será siempre beligerantemente solidario --subrayo lo dicho:
beligerantemente solidario-- con el derecho, como no puede ser de otra
forma, a la libertad de expresión de cualquier grupo parlamentario, y se
nos situará activamente al lado de cualquier grupo parlamentario en el
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, señor
presidente, entendemos que, en este acto, el Gobierno viene a responder
de hechos que afectan a la responsabilidad del Gobierno, y que pretender
establecer un juicio político en ausencia de una persona a la que se
imputan determinadas responsabilidades, que por sí misma no está --por no
estar presente-- en condiciones de suscitar ese debate, supone quizá
utilizar de una forma torticera el propio trámite reglamentario.
En todo caso, lo que quiero señalar, señor presidente, es que mi grupo,
coherente con esa posición antes señalada, es decir, de máxima
beligerancia en la solidaridad y en el apoyo al derecho a la libertad de
expresión de cualquier grupo parlamentario, entiende, sin embargo, que la
firmeza, la contundencia, el rigor en la expresión de esa libertad de
juicio de cualquier grupo no tiene que estar necesariamente unida al uso
de términos gruesos. Y precisamente por eso yo me voy a parar aquí,
porque a lo mejor, señor presidente, pudiera decir --y no quiero
decirlo-- (El señor Villarrubia Mediavilla: Pues no lo digas.) que cuando
desde unos grupos parlamentarios a alguien ausente se le acusa de
manifiestamente indecente o de fascista, se olvida que desde esos mismos
grupos, no hace más de unas horas, se lucían determinadas chapas de
determinada solidaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Gracias, señor Gil Lázaro.
Sus palabras quedan en el «Diario de Sesiones». En cualquier caso, creo
que usted está conmigo en que, entre el Reglamento y la libertad de
expresión, es mejor que prevalezca la libertad de expresión.
Señor Bardisa, tiene usted la palabra.
El señor BARDISA JORDA: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor
ministro de Interior por las explicaciones que nos ha dado en la tarde de
hoy, sobre todo, porque ha quedado claro --así lo han dicho el resto de
los grupos parlamentarios-- que hubo una actuación policial proporcionada
y que, en ese sentido, hay que felicitar tanto al señor ministro como a
las fuerzas del orden público que intervinieron.
El portavoz del Grupo Socialista ha explicado a su manera los hechos que
ocurrieron en Aranjuez. Efectivamente, esta situación se originó porque
se iba a aprobar la privatización de los servicios de limpieza viaria y
recogida de basuras, y durante la semana anterior se estuvo calentando el
ambiente entre los trabajadores con mensajes
como que la privatización iba a suponer el despido seguro. Esto está
dentro del juego político y no hay nada que decir, y me parece bien que
se distribuyan octavillas y todo este tipo de cosas. El portavoz
socialista dijo que hubo un alboroto del pleno. Efectivamente, hubo un
alboroto del pleno cuando en una intervención del secretario general de
UGT se dijo que, si no se retiraba ese punto del orden del día, a partir
de ese momento se acababa con la paz social en Aranjuez. Pero no es que
se acabase con la paz social en Aranjuez --y tanto Comisiones Obreras
como UGT están en su legítimo derecho--, sino que en ese momento hubo una
grave alteración del pleno que se estaba celebrando en el Ayuntamiento de
Aranjuez.
Además, se ha calificado aquí al alcalde de Aranjuez como fascista. Creo
que hay que tener en cuenta que es una persona que está presidiendo un
pleno, que ha sido elegido democráticamente, que tiene la mayoría de los
votos del Ayuntamiento de Aranjuez. A partir de ese momento, empiezan los
insultos, a él y a todos los concejales del Partido Popular, encabezados
fundamentalmente por los concejales del Partido Socialista; comienzan a
llover mesas y sillas, piedras, ladrillos, una barra de hierro arrancada
de la plaza de la Constitución y hay frases fascistas --muy fascistas--
de algunas personas que se sientan entre concejales de la oposición.
Porque díganme ustedes --y perdonen por las frases-- si estas frases no
son fascistas: «Os vamos a dar el paseíllo», «De aquí no salís vivos»,
«Os vamos a cortar los cojones». Perdón por la frase, pero es la frase
textual que allí se dijo y yo quiero trasladarla aquí, al Congreso de los
Diputados, porque si vamos a contar los hechos, vamos a contarlos tal y
como fueron, no vamos a quitar ni una sola palabra. Señores diputados, no
me dirán que no son actitudes fascistas mantenidas por unas personas que
yo no sé si serían de la izquierda, de la derecha o de qué, pero fueron
actitudes fascistas. Que aquí se acuse de fascista a un alcalde que está
intentando mantener el orden me parece francamente muy duro, y más cuando
ese alcalde no está presente en este momento para defenderse, como ha
indicado mi portavoz y compañero Ignacio Gil Lázaro, de las graves e
injustas acusaciones que se le han dirigido por parte del portavoz
socialista, lo cual me parece totalmente impresentable desde cualquier
punto de vista. Por lo tanto, yo no voy a defender al alcalde, él se
defenderá, pero lo que sí quiero decir es que creo que la Federación
Socialista Madrileña es muy sensata, su mismo presidente, el señor
Lissavetzky, yo creo que es un hombre sensato, un hombre demócrata, un
hombre que comprende perfectamente las cosas, e igualmente ocurre con
Izquierda Unida. Creo que Izquierda Unida debe apartarse de estos
lenguajes revolucionarios porque ya no están con el comunismo
revolucionario, con el comunismo leninista, están en otro tipo de
comunismo, lo cual me parece muy bien y yo lo aplaudo --soy el primero--,
pero son ustedes los primeros que deberían condenar estas actitudes
fascistas, son ustedes los primeros que no deberían permitir que estas
frases que constan en el acta se digan allí por parte de unas personas
que llevan pegatinas del Partido Socialista o que llevan pegatinas de
Izquierda Unida. Yo creo que eso ya ha pasado, señores del Partido
Socialista y señores de Izquierda Unida, y serían ustedes los primeros
que deberían condenarlo. Porque eso sí son actitudes fascistas. Ya está
bien de que nos llamen fascistas. No, es un alcalde elegido
democráticamente por el pueblo de Aranjuez que está presidiendo un pleno
y al cual no se le permite desarrollarlo.
Les quiero decir además que al menos en cinco ocasiones la policía local
y miembros de la Policía Nacional intentaron que se vaciase el salón de
plenos de forma pacífica, pero no lo consiguieron. Intentaron dialogar
con los encerrados, intentaron dialogar con todo el mundo, pero seguían
lloviendo mesas y sillas, piedras, ladrillos, una barra de hierro de la
comunidad arrancada de la plaza de la Constitución. Todo eso no lo hizo
el alcalde; el alcalde no fue el culpable.
Yo creo, señores diputados, que lo que hay que hacer es confiar --y yo
confío-- en la sensatez del Partido Socialista de Madrid; confío en la
Federación Socialista Madrileña, confío en Izquierda Unida, porque creo
que hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Esta mañana hemos aprobado
una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid con la
unanimidad de todos los grupos. Creo que estas cosas hay que dialogarlas,
hay que hablarlas y no se puede actuar con acciones tan radicales. Hay
que defender las ideas, hay que defender las propuestas sin violencia.
Lógicamente, hubo también policías heridos, hubo dos policías con
magulladuras que tuvieron que ser atendidos. Por lo tanto, hubo una
situación violenta, pero en ningún momento fue ocasionada por el alcalde
de Aranjuez, que yo creo que intentó varias veces seguir con ese pleno
que se estaba celebrando y que no pudo desarrollarse por esos insultos
que hubo contra él. De todas formas, creo que ustedes deberían de
colaborar y la forma de hacerlo no es insultando al alcalde de Aranjuez,
no es insultando a un señor que ha sido elegido en las urnas, que tiene
la mayoría. A lo mejor es que el señor Sáenz Cosculluela se va a
presentar a las primarias en Aranjuez y trae hoy este asunto aquí; debe
ser algo de esto, yo no me puedo explicar otra cosa.
Por lo demás, muchas gracias, señor ministro, por su explicación, pero,
sobre todo, quiero felicitarle por la actuación de la Policía Nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para contestar, tiene la
palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señorías,
yo le aseguro al portavoz del Partido Socialista y al portavoz de
Izquierda Unida que a mí no me cuesta nada rectificar o aceptar una
limitación, un error, una actitud poco razonable, poco democrática que
dependa del Ministerio de Interior, pero es que en estos momentos yo
sería injusto, arbitrario, si lo hiciese, por un motivo muy sencillo --y
no han hecho referencia ustedes a ello--: porque la mejor investigación,
la más profunda y la que nos debe merecer más respeto es sin duda la
investigación judicial de un acontecimiento de estas características.
Ustedes han hablado de todo menos de la resolución judicial a la que yo
he hecho referencia con anterioridad.
En ese auto ratificado el 18 de diciembre de 1997 aparecen tres
conclusiones que, de alguna manera, no explican la versión ni de la
oposición ni del alcalde ni del ministro de Interior, es la versión de la
justicia, y la versión de la justicia tiene tres conclusiones: primera,
que la orden de desalojo emanada del alcalde no es injusta ni arbitraria
ni ilegal; segunda, que se produjo una situación objetiva de alteración
del orden público; y, tercera, que no existen indicios racionales de
comisión de delitos por parte de los funcionarios policiales. Si además a
ello hay que añadir el escrito del fiscal, que destaca que la persona
--que yo no he citado y que ha citado el señor Cosculluela-- fue
identificada y detenida por haber golpeado violentamente la cara a un
policía nacional, yo estoy simplemente trasladando las conclusiones de
una investigación siempre más profunda y más rigurosa que la
estrictamente administrativa o policial, que es la judicial, que ya ha
determinado un conjunto de conclusiones. En definitiva, yo no voy a
ahondar más en los sucesos, voy a ahondar en lo que ha sido una
resolución judicial, también en la versión que tengo, que evidente es
distinta de la del señor Sáenz Cosculluela y de la portavoz de Izquierda
Unida. Evidentemente, las versiones no coinciden, son diferentes, siempre
sucede esto a la hora de abordar en el Parlamento estos acontecimientos.
Lo importante es que el Gobierno, en la medida que pueda sostener la
versión que le dan sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la sostenga. Si
además existe una determinación judicial en la misma dirección, pues
todavía con más razón. Pero, evidentemente, lo injusto, lo arbitrario, lo
que estaría fuera de lugar es que yo en estos momentos, con esta
resolución judicial, sabiendo que hay dos versiones, la del ayuntamiento
y la de la oposición, dijese que no creo en los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que no tengo confianza en ellas, que los que
dirigían la UIP actuaron arbitrariamente. Sería injusto, arbitrario y
sería exactamente lo contrario de lo que yo creo que hay que hacer en
este caso. Si además existe una determinación judicial, un auto con las
características que he señalado, con menos razón que nunca la posición
del ministro se entendería en función de lo que ustedes me solicitan que
haga en la tarde de hoy. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Yo le quiero decir que, en la medida en que se sostenga un sentido de la
proporción, a mí me parece razonable que la oposición critique la
decisión del alcalde. Yo no voy a defender aquí al alcalde, pero me
parece que se ha perdido esa proporción. En cualquier caso, a mí me
parece que es perfectamente legítimo y razonable que ustedes sigan
defendiendo su versión, aunque evidentemente usted tendría que tener más
cuidado en conocer exactamente y enjuiciar la resolución judicial; es
decir, cuál es su opinión no sólo de la actuación del alcalde, no sólo de
la actuación de las UIP, sino sobre la resolución judicial a la que antes
yo he hecho referencia.
Por último, yo le quería decir que se ponga un poco en el lado, que es lo
que me corresponde valorar, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de los
responsables de la UIP, en un suceso de esa naturaleza. ¿Qué debe hacer
un responsable policial, un responsable de unas unidades de estas
características en estas circunstancias, ante lo que, evidentemente, era
un alboroto --ha quedado determinado por la justicia que además se
lanzaron objetos y había agresiones-- y ante una petición de ayuda del
máximo responsable municipal? ¿No intervenir? ¿Hacer caso a la oposición
y no al alcalde? ¿Desobedecerle? Porque, evidentemente, hubiesen
desobedecido la determinación primera de las autoridades policiales
máximas y, en segundo lugar, si no hubiesen prestado la ayuda necesaria,
podrían haber incurrido en una denegación de auxilio identificada y
tipificada en el artículo 412 del Código Penal. Evidentemente, si
hubiesen sucedido hechos no deseables, entonces habría habido una máxima
responsabilidad de esas unidades que habrían sido incapaces de sostener
una situación de esas características.
En definitiva, no sólo hay versión real de la oposición o del alcalde o
del ministro del Interior, sino que hay una resolución judicial que he
tratado de explicar en sus conclusiones más importantes, más relevantes,
y ello hace que reitere que no tengo ninguna razón para desautorizar al
delegado ni al responsable de las unidades de intervención que aquella
tarde actuaron en Aranjuez.
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Cosculluela, con brevedad.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Con toda brevedad, señor presidente.
Usted, señor ministro, podía haber ordenado una investigación interna y
haberla llevado a las diligencias previas; una investigación, no una
versión. No la llevó. Solamente le voy a recordar una cosa: el juez dictó
un auto de sobreseimiento sin declaración de hechos probados. Por tanto,
no dé a las cuatro o cinco líneas que contiene un auto tratando de
justificar una decisión la versión de una declaración de hechos probados.
Y buena prueba de que usted es consciente de eso es que tampoco el auto
habla de que se han utilizado armas y objetos contundentes y usted se
queda con la versión que le interesa para alegar esos hechos previos y
con la versión judicial para el resto de las manifestaciones. El auto es
una mera declaración de que no ha habido delito, de que aparentemente no
se ha cometido el delito anunciado contra la policía, pero no siempre que
no hay delito hay un comportamiento democrático; por tanto, la ausencia
de delito, que es lo que investiga el juez, no garantiza que el
comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado haya sido
correcto, proporcionado y adecuado, y menos todavía el de las autoridades
políticas. No se trata de discutir ahora la resolución judicial; es un
mero auto de sobreseimiento porque se cree que no se ha cometido un
delito y punto, pero si usted quiere atenerse al auto, aténgase en toda
su versión, ya que el auto no habla de objetos contundentes ni de barras
de hierro y cosas por el estilo.
Segunda precisión. Se ha planteado una cuestión de orden porque yo he
dicho que el comportamiento del señor alcalde de Aranjuez fue un
comportamiento fascista, y se me ha dicho que no estaba aquí para
defenderse. Desde luego, sobraba la cuestión de orden planteada por el
Grupo Popular porque tampoco otros han podido defenderse de
las trece o catorce veces que el portavoz del Grupo Popular ha mencionado
comportamiento fascista, y además atribuido a todo un colectivo de
concejales, dirigentes de Comisiones y de UGT. En fin, como aquí o va a
haber una sentencia, sino que tan sólo se trata de un acto de control
político, que juzgue la gente, porque, desde luego, yo voy a repartir
3.000 ejemplares del «Diario de Sesiones» en Aranjuez y, como digo, que
juzgue la gente.
Para terminar, señor ministro, no quiero dejar de decirle que usted, como
responsable político, tendría que hacer un juicio de ponderación. Le he
dicho con suavidad, y no voy a incrementar el vocabulario al repetir esta
idea, que muchas veces y en muchos ayuntamientos se ven comportamientos
que moralmente justificarían más el uso de la violencia, y hay alcaldes
prudentes y tolerantes que buscan una salida menos violenta y traumática
a esa situación, y he puesto un ejemplo muy genérico, he hablado del
Ayuntamiento de San Sebastián, donde quienes alborotan en un pleno no son
unos sindicalistas un poco indignados. En Aranjuez, el comportamiento fue
intolerablemente imprudente, y usted, señor ministro, hace mal en delegar
el mando de la fuerza pública a alcaldes así de soberbios, porque si la
orden de entrada en el salón la dio él, fue una orden intolerable.
No me ha contestado usted, señoría, al hecho cierto y verdadero de que
los concejales tenían derecho a estar en el salón de plenos. Legalmente,
el alcalde no está autorizado a desalojar a los concejales durante el
período de suspensión y se acreditaron y se identificaron. En fin, éste
es un acto de control político y tampoco vamos a llevar las cosas más
allá, ni siquiera las vamos a llevar al terreno al que las ha llevado el
portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: En primer lugar, diré que creo que hay un
acuerdo, un reconocimiento de que en aquel momento existía un conflicto
social en Aranjuez y, ante esto, como ya se ha indicado, la resolución
judicial marca que existió o que pudo existir una ausencia de delito;
pero, más allá de esto, lo que usted debe valorar es lo correcto o lo
incorrecto de una actuación policial que, a la postre, genera más
problema del que pretende solucionar. Esta es la valoración que nosotros
estamos pidiendo: la de la actuación policial cuando, finalmente, genera
un problema, repito, mayor que el que en teoría pretendía solucionar. En
democracia, señor ministro, cuando un alcalde pide la ayuda de un cuerpo
Nacional de Policía --si estuviéramos hablando de la policía local no
estaríamos aquí--, se debe medir mucho lo que le acabo de decir; se debe
medir si la actuación policial va a generar mayor problema del que se
pretende solucionar.
Finalmente, usted no nos ha dicho nada, sino que lo ha obviado, de por
qué en ningún momento se preservó el derecho de los concejales de la
oposición a permanecer en el pleno. El pleno estaba suspendido y, por
tanto, había que haber garantizado, los cuerpos de policía tenían que
haber garantizado también, su derecho a permanecer en el salón de plenos,
lo que no se hizo.
A mí me parece que el que desde el Ministerio, desde la Delegación, no se
haya tenido el gesto de abrir una investigación interna para de alguna
manera objetivar una y otra versión, en realidad significa que no se ha
entendido, que usted no ha querido entender o no se ha querido entrar en
un conflicto, y yo ya le digo y le alerto de que posiblemente tengamos
más conflictos de estos, por lo menos en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Quería hacer unas
precisiones a las palabras de los portavoces de Izquierda Unida y del
Grupo Socialista.
El primer asunto al que me quería referir lo han planteado ustedes, lo ha
mencionado al final la portavoz de Izquierda Unida: ¿es mejor, cuando
existe una investigación judicial, que haya una investigación interna? Yo
he conocido mucho tiempo una teoría: que cuando exista una investigación
judicial no era bueno que en el Parlamento existiera una comisión de
investigación de esos sucesos. Si existe una investigación judicial, por
supuesto que hay una investigación policial interna, porque la policía
judicial está investigando los hechos con la misma fuerza, con la misma
intensidad que si se tratase de una investigación interna. Yo siempre he
entendido que cuando existía una investigación judicial era bueno que
otras instituciones, bien parlamentarias o bien en el terreno ejecutivo,
no hiciesen simultáneamente lo mismo que está haciendo la justicia con la
policía, con lo cual no entiendo esa diferencia tan importante que
ustedes plantean en función de si nosotros habíamos abierto o no una
investigación interna en el seno de la policía y que contradice algunas
de las doctrinas que ustedes, especialmente ustedes, han defendido mucho
tiempo en esta Cámara: la maldad de las investigaciones en paralelo una
vez que la justicia ha comenzado la investigación de un acontecimiento.
En segundo lugar, quiero decirle que el auto no es un auto de
sobreseimiento exclusivamente; hay un inicial auto de sobreseimiento,
pero hay un auto que confirma el sobreseimiento y también desestima todos
los recursos planteados. Es algo más, insisto, que un auto de
sobreseimiento, y ahí yo le vuelvo a plantear, como usted lo ha planteado
al final: ¿es el terreno de la legalidad del alcalde y de las Fuerzas de
Seguridad o es un terreno de la oportunidad o inoportunidad política de
una decisión de un alcalde? Usted, al final, ha dicho que salvo lo de los
concejales, pero no lo ha explicado. Yo digo que el auto no ha apreciado
indicio de ilegalidad, y si hubiesen hecho algún acto ilegal en ese
terreno con los concejales, probablemente también hubiese constado en ese
auto, y por parte de la autoridad judicial no ha habido indicio de
delito, con lo cual, respecto a ese planteamiento al que dice que no he
contestado, le diré que lo ha contestado ya el auto judicial
correspondiente.
Vuelvo a decir que el problema va a estar en un terreno político;
ustedes, legítimamente, dicen que fue un comportamiento poco prudente del
alcalde, y ni alcaldes fascistas ni no fascistas, para eso existen las
elecciones y van a ser muy pronto. Y en Aranjuez van a votar en función
de los comportamientos del alcalde y de la oposición tras este pleno y
supongo que tras cuatro años de acción, por lo que vamos a ver sin
necesidad de aplicar calificativos de más o menos fascistas. Las urnas
van a determinar cuál es el mejor alcalde para Aranjuez en los próximos
cuatro años. Si en estos momentos ustedes consideran que ha actuado mal
el alcalde, confíen en la sociedad de Aranjuez, que probablemente dirá
que ese alcalde no debe ser reelegido, y si nosotros decimos que ha
actuado razonablemente, es probable que el alcalde de Aranjuez quedará
reelegido. La cuestión, pues, no es tanto calificar al alcalde como
confiar que las elecciones determinan el acierto o el desacierto del
alcalde en situaciones de esa naturaleza. Pero debe quedar claro que hubo
legalidad, que hay una determinación judicial en este terreno, y lo que
puede ser discutible es la corrección, la oportunidad del hecho que usted
enjuicia.
Por último, quiero decirle que algo habrá pasado en Aranjuez aquel día.
No ha habido otras actuaciones iguales. No será sólo un alcalde el que
determina una actuación de esa naturaleza. Algo habrá sucedido. No sucede
eso en casi ningún sitio de España. En estos dos años es prácticamente el
único suceso de las características que usted ha definido. Algo habrá
pasado. No confiemos en la versión de unos de una manera tan extremada.
Algo habrá pasado, repito. Habría un conjunto de preocupaciones no bien
encauzadas en las relaciones entre el Gobierno municipal y la oposición.
Esta no es una situación generalizada, sino un suceso puntual. Por eso,
yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de proporcionar nuestra
posición al respecto.
No quiero hablarle del Ayuntamiento de San Sebastián. Le digo lo mismo:
yo creo que algunas veces habría que actuar más en el Ayuntamiento de San
Sebastián, pero eso lo dirán también los ciudadanos en las elecciones
municipales, y a lo mejor en este terreno mi opinión como ex concejal de
dicho Ayuntamiento no serviría para nada. Porque algunas veces el error
puede ser el exceso, pero en otras puede ser el defecto. En estas
cuestiones, insisto, lo que hay que hacer es confiar en las sociedades de
las ciudades para que determinen al final quién acierta más y quién
menos. Lo importante es que en lo que corresponde al Ministerio del
Interior respecto de la legalidad de la actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado, la resolución judicial determina una situación
objetiva de alteración del orden público, y ello hace que la actuación de
las Fuerzas de Seguridad del Estado se haya producido en la más estricta
legalidad.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro me había pedido la palabra.
El señor GIL LAZARO: Yo había pedido la palabra por la alusión que se ha
hecho a la cuestión de orden que yo había planteado, pero siempre, como
es natural, antes de las palabras del señor ministro. Después de su
intervención, me parecería que está de más.
En todo caso, agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su
segunda intervención por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque
ha demostrado él mismo la utilidad de la cuestión de orden, en la medida
en que ha pasado de una primera calificación de «indecentemente
intolerable» a una segunda de «intolerablemente imprudente». Y en segundo
lugar, agradezco también, como es natural, que en esa segunda
intervención hayamos podido tener suficientemente claro, explícito y sin
dar lugar a hacer ninguna otra interpretación más auténtica que la dicha
por el propio portavoz, y es cuál era el objeto de esta comparecencia:
como él ha recordado: repartir en Aranjuez 3.000 ejemplares del «Diario
de Sesiones».
Me remito, por lo demás, a todo lo que ha dicho el señor ministro del
Interior, que este grupo comparte. (El señor Sáenz Cosculluela pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Cosculluela, ¿a qué efecto me pide la
palabra?
El señor SAENZ COSCULLUELA: He sido aludido.
El señor PRESIDENTE: No ha sido aludido su señoría.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Se me ha contestado.
El señor PRESIDENTE: Se le ha contestado a S. S., que había intervenido
previamente, y ése es el orden del debate. El Grupo Parlamentario Popular
no había consumido un turno porque el señor Bardisa, que había
intervenido en nombre de ese grupo, no lo había pedido, y por tanto este
debate...
El señor SAENZ COSCULLUELA: No sabía yo, señor presidente, que cerraba el
debate el portavoz del grupo mayoritario.
El señor PRESIDENTE: Porque era para una cuestión de orden.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Pues yo planteo una cuestión de orden, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué cuestión de orden, señor Sáenz Cosculluela?
El señor SAENZ COSCULLUELA: La cuestión de orden es la siguiente:
subrayaremos la intervención del Grupo Parlamentario Popular para que la
gente pueda apreciar quién se ha manifestado en términos más veraces y
más correctos.
El señor PRESIDENTE: Eso no es una cuestión de orden, sino una opinión,
señor Sáenz Cosculluela. Queda cerrado el debate.
--NUMERO DE CONDECORACIONES CONCEDIDAS POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA
Y GUARDIA CIVIL DURANTE EL AÑO 1997, CON ESPECIAL ESPECIFICACION DE LAS
PENSIONADAS, ASI COMO DE LOS CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA CONCESION DE
ESTAS ULTIMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 213/000455).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia del señor ministro del Interior para informar acerca del
número de condecoraciones concedidas por el cuerpo Nacional de Policía y
Guardia Civil durante el año 1997, con especial especificación de las
pensionadas, así como de los criterios seguidos para la concesión de
estas últimas, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Tanto el cuerpo de la Guardia Civil como el cuerpo Nacional de Policía,
siguiendo ya una larga tradición, tienen establecidas una serie de
condecoraciones dirigidas a premiar la dedicación, así como la superación
de riesgos y peligros que sus componentes tienen que afrontar en el
cumplimiento de sus funciones. Asimismo, con estas distinciones se
recompensa a quienes, ajenos a las Fuerzas de Seguridad del Estado,
colaboran para el mejor logro y cumplimiento de esas misiones.
Es preciso destacar que el marco social en el que se desarrolla
actualmente la labor policial es considerablemente distinto del existente
hace varias décadas: el aumento de delitos organizados, la aparición de
numerosas bandas criminales organizadas, la existencia de nuevas técnicas
delictivas y, en general, un comportamiento más violento de los
delincuentes habituales conforman un escenario en el que la actividad de
los cuerpos de seguridad ha variado sustancialmente. Es evidente,
señorías, que, a la vista de estas circunstancias, la práctica totalidad
de los funcionarios policiales se hacen merecedores de estas
distinciones. Por ello, cuando el riesgo permanente ha pasado a ser una
característica principal de la labor policial, y sin olvidar hechos
excepcionales, como el asesinato de un miembro del cuerpo Nacional de
Policía, por el que he tenido ocasión de asistir esta mañana a un acto en
Barcelona, hay que tener en cuenta el historial profesional de aquellos
funcionarios que a lo largo de su dilatada e intensa trayectoria
profesional han prestado servicios extraordinarios, con un evidente
riesgo o peligro.
Las propuestas para la concesión de las condecoraciones se canalizan a
través del Consejo Superior de la Guardia Civil y de la Junta de Gobierno
de la Policía, debidamente documentadas e informadas por los órganos
proponentes. Posteriormente, los directores generales trasladan las
propuestas para proceder a su firma. Yo quiero decir que hay dos
criterios esenciales por los que en el año 1997 se han regido las
entregas de condecoraciones concedidas. En primer lugar, el mantenimiento
del marco de las mismas. La ley de 19 de mayo de 1997 creó, por ejemplo,
la orden de mérito de la Guardia Civil, que no se ha modificado, y el
Real Decreto de 20 de octubre de 1995 adecua las cuantías a las personas,
a las medallas y a las condecoraciones de las distintas órdenes del
mérito policial tanto en la Guardia Civil como en el cuerpo Nacional de
Policía. En definitiva, no hemos querido cambiar criterio alguno, como
una línea esencial en la concesión de las mismas.
El segundo criterio ha sido confiar plenamente por parte de este
Ministerio en el Consejo Superior de la Guardia Civil y la Junta de
Gobierno de la Policía. Yo no he cambiado ni he revocado ni he modificado
ninguna de las propuestas que venían del Consejo Superior de la Guardia
Civil y de la Junta de Gobierno de la Policía, exclusivamente porque he
creído siempre que hace falta confiar plena y absolutamente en los
responsables principales de estas Fuerzas de Seguridad del Estado como un
elemento esencial. Y en ese terreno he de decir que no ha habido nunca
por mi parte ninguna insinuación, ninguna revocación ni ninguna
modificación de estas propuestas que me venían de ambos cuerpos, porque
son los cuerpos los que esencialmente tienen y deben determinar a quién
deben concederse estas condecoraciones, en función de los servicios
prestados.
Pues bien, las condecoraciones concedidas durante el pasado año son las
siguientes. En la Guardia Civil, como ustedes saben, hay cuatro tipos de
condecoraciones: una cruz de oro, que está pensionada; una cruz de plata,
sin pensionar; una cruz con distintivo rojo, pensionada, y una cruz con
distintivo blanco, sin pensión. La concesión de la cruz de la orden del
mérito de la Guardia Civil, con carácter ordinario, se produce en la
festividad del 12 de octubre. Con carácter extraordinario se conceden por
servicios realizados, fallecidos y heridos en actos terroristas,
fallecidos en actos de servicio y números uno por realización de cursos
de ascenso. Además, para el personal que presta sus servicios en el País
Vasco y Navarra se concede la cruz con distintivo blanco si hay previa
solicitud de los interesados.
Así pues, por todos estos conceptos, el total de las condecoraciones
concedidas el pasado año en la Guardia Civil fue de 1.596, que se
distribuyeron de la siguiente forma: cruz de oro, pensionadas, cinco;
cruz de plata, no pensionadas, 120; cruz con distintivo rojo,
pensionadas, 48; cruz con distintivo blanco, 1.423.
No me voy a referir a los criterios que están enunciados en la orden del
mérito para diferenciar a quién corresponde la cruz de oro, la cruz con
distintivo rojo así como las otras dos cruces a las que antes he hecho
mención, pero sí quiero decir que los destinatarios de las cruces con
derecho a pensión fueron los siguientes. En la Guardia Civil, de las
cinco cruces de oro concedidas, dos se otorgaron a personal del cuerpo:
una, a un oficial general, y otra a un agente de la escala básica, y las
tres restantes se concedieron a título póstumo a funcionarios del cuerpo
Nacional de Policía. De las 48 cruces con distintivo rojo, 46 fueron
atribuidas a personal del cuerpo y dos a personal ajeno al mismo, un
militar y un civil. Y las 46 cruces del cuerpo se distribuyeron de la
siguiente forma: dentro de la Guardia Civil, oficiales
generales, ninguna; oficiales superiores, tres; oficiales, 14;
suboficiales, cinco, y escala básica, 24.
Tres breves conclusiones. Primera, de las 1.596 medallas concedidas por
la Guardia Civil durante 1997, sólo 53 tenían el carácter de pensionadas,
lo que representa únicamente un 3,3 por ciento sobre el total de las
condecoraciones. Segunda, de las 46 cruces con distintivo rojo concedidas
al personal del cuerpo, más de la mitad fueron destinadas a miembros de
la escala básica. Tercera, los datos que estoy aportando a SS. SS. sobre
el total de medallas concedidas en 1997 es muy similar al de años
anteriores: en el año 1990, 1.367; en el año 1991, 1.309, y en el año
1994, 1.443.
Cuerpo Nacional de Policía. En este cuerpo existen las condecoraciones
siguientes al mérito policial: medalla de oro, pensionada; medalla de
plata, pensionada; cruz roja, pensionada; cruz blanca, sin pensión. Como
viene siendo tradicional, coincidiendo esta vez con la festividad del 2
de octubre se concedieron la mayor parte de las condecoraciones que,
unidas a otras otorgadas a lo largo del año arrojan el resultado de 896
medallas concedidas, con la siguiente distribución: medalla de oro,
cuatro; medalla de plata, dos; cruz al mérito policial con distintivo
rojo, pensionada, 76; cruz al mérito policial con el distintivo blanco,
no pensionadas, 814.
Respecto a los criterios establecidos para la concesión de las
condecoraciones pensionadas, no voy a repetir lo que pueden significar,
son los mismas que antes he dicho para obviarlo: las condiciones de
obtención de la medalla de oro o plata al mérito policial o los
distintivos rojos de cruz al mérito policial. Pero sí voy a hablar otra
vez de las cruces pensionadas.
En cuanto a los destinatarios de estas distinciones con derecho a pensión
hay que significar lo siguiente. Primero, las cuatro medallas de oro
fueron concedidas a título póstumo a funcionarios fallecidos en acto de
servicio, de la misma forma que yo, esta mañana, he entregado una medalla
de oro al policía del Cuerpo Nacional asesinado en el día de ayer en
Barcelona; las dos medallas de plata fueron concedidas a dos ex
directores generales del Cuerpo Nacional de Policía, señores Conde Duque
y Olivares, como antes he señalado, por no modificar lo que ha
significado una costumbre que podrá se todo lo discutible que se quiera,
pero nosotros no queríamos introducir en este ámbito ninguna modificación
especial. Segundo. En cuanto a las cruces con distintivo rojo concedidas
en 1997, cuyo número es similar al del año anterior, 75, su distribución
ha sido la siguiente: comisarios principales y comisarios, 13;
inspectores jefes o inspectores, 46; subinspectores, una; oficiales, una;
policías, siete.
Es verdad que en este criterio de distribución hay una diferencia
respecto de la ordenación que he hecho en el caso de la Guardia Civil,
pero quiero dejar muy claro que, siguiendo exactamente el mismo criterio
de años anteriores, sin modificarlo, ha primado, para su concesión, el
historial profesional, que en la generalidad de los casos presenta la
realización de numerosos servicios de evidente interés y riesgo; la
dedicación y el espíritu de servicio de los condecorados, y el número de
años que a lo largo de su vida han estado al servicio de una función de
estas características, siendo esta última una de las razones, discutible
pero fundamental, para que el mayor porcentaje de los condecorados se
haya producido en las escalas superiores, como siempre, con un mayor
número de años de servicio, circunstancia que también se ha dado en años
precedentes.
En ocasiones se prefiere que la cruz con distintivo blanco empiece por la
escala básica para que luego puedan acceder al distintivo rojo, y que sea
el número de años y la dedicación a ese cuerpo los que esencialmente
configuren el criterio del otorgamiento. Los 68 integrantes del Cuerpo
Nacional de Policía que fueron condecorados el pasado año cuentan con una
antigüedad media de 24 años, en los que han sido recompensados de otra
forma, por su meritoria labor, con una media de 54 felicitaciones por
actuaciones en las que en la mayoría de las ocasiones tuvieron que hacer
frente a situaciones de peligro o cierta potencialidad.
En definitiva, ofrezco a SS. SS. tres conclusiones en lo que se refiere
al Cuerpo Nacional de Policía. Primera, del total de 896 medallas
concedidas por la policía durante 1997, sólo 82 tienen el carácter de
pensionadas, lo que representa un 9 por ciento frente al total de
condecoraciones concedidas, recuerden que eran el 3,3 por ciento en la
Guardia Civil. Segunda, el total de condecoraciones concedidas durante el
año 1997 por la policía fue superado el año 1993, en el que se
concedieron 2.769, pero fue similar a las de los años 1992, con 725
medallas, o 1995, con 674 condecoraciones. Tercera, el porcentaje de las
condecoraciones pensionadas durante 1997 es también inferior al de años
anteriores. Por citar algún ejemplo, puedo señalar a SS. SS. que durante
1992 las medallas pensionadas supusieron un 43,8 por ciento sobre el
total de las medallas concedidas.
Señorías, es difícil acertar en una decisión que uno tiene que tomar a
fin de escoger, dentro de un cuerpo tan amplio, a quién corresponde una
medalla de estas características. Yo les he explicado unos criterios que
al menos creo que tienen cierto sentido común, que pueden ser discutibles
y ustedes, evidentemente, están en su derecho de plantear otros de los
que yo tomaré buena nota y que trasladaré tanto a la Guardia Civil como
al Cuerpo Nacional de Policía, pero les aseguro que todos los criterios
sobre los que se ha definido y determinado la concesión de esas medallas
han sido única y exclusivamente los que yo acabo de enumerar a sus
señorías.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, autor de la iniciativa,
tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor ministro, le agradezco la abundante
información que nos ha ofrecido sobre la concesión de medallas en el año
1997, que era el objeto de la petición de comparecencia solicitada por mi
grupo.
Quiero empezar reconociéndole el mérito que supone no intervenir, como
usted ha dicho, ni a favor ni en contra en las solicitudes de concesión
de las medallas, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, y
que le viene determinada por los consejos correspondientes de ambos
cuerpos. Voy a hacerle una pequeña crítica en el sentido de que ustedes
tienen un programa que yo, obviamente, no comparto, pero estoy convencido
de que usted está muy orgulloso de poder defenderlo y llevarlo a cabo,
por tanto, me preocupa ese afán permanente que tienen todos ustedes de
decir constantemente que nosotros lo hacíamos de una manera o de otra,
que ustedes lo hacen un poco mejor o que nosotros lo hacíamos peor que
ustedes. Lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer en un momento
determinado, ya es cosa juzgada, y las comparecencias, el control del
Gobierno y las críticas es por lo que ustedes están haciendo ahora,
independientemente de la relación que tengan sus actividades con lo que
nosotros hacíamos o dejamos de hacer. Estamos intentando en algunos casos
conocer, en otros juzgar, en mucho criticar, y en muchas más ocasiones
que ustedes apoyar en lo que haga falta. En cualquier caso, tengo una
serie de dudas --por eso es la petición de comparecencia-- sobre estas
concesiones, y me gustaría y espero que usted me las aclare.
La Ley 5/1964, de 29 de abril, establece las condiciones que ha de reunir
el funcionario policial para ser merecedor de la cruz del mérito policial
con distintivo rojo para premiar hechos distinguidos que impliquen
acusado riesgo, y se fijó en su artículo 8 una pensión vitalicia sobre la
que no voy a hablar porque no viene a cuento en este momento. La cruz al
mérito policial con distintivo blanco se estableció para premiar a
quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes en la realización
de trabajos o estudios de carácter profesional, y ésta, como usted muy
bien ha dicho, no lleva aparejada pensión alguna. En su artículo 6 la ley
establece los requisitos para la concesión de la cruz al mérito policial
con distintivo rojo, y son: a) Resultar herido en acto de servicio o con
ocasión de él sin menoscabo del honor ni por imprudencia, impericia o
accidente. b) Participar en tres o más servicios en los que mediando
agresión de armas, concurran las circunstancias del apartado anterior,
aunque no resultara herido el funcionario. c) Realizar en circunstancias
de peligro para su persona un hecho abnegado o que ponga de manifiesto un
alto valor en el funcionario con prestigio para la corporación o utilidad
para el servicio. Y por último, d) Observar una conducta que sin llenar
plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la medalla al
mérito policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos
distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo
o peligro personal. Esto es lo que dice la ley.
Pues bien, en las condecoraciones concedidas en 1997 --y de ahí las dudas
que le planteo, señor ministro, que estoy convencido de que me las
aclarará-- ha habido funcionarios que han obtenido medallas con
distintivo rojo sin reunir las condiciones exigidas por la ley, y ha
habido también medallas con distintivo blanco que eran merecedoras de
distintivo rojo porque había habido riesgo e incluso habían sido heridos.
Incluso me permito recordar al señor ministro que ha habido un caso digno
de destacar. Entre los méritos reconocidos a un funcionario policial está
el haberse infiltrado en un grupo de estudiantes en el año 1972. Señor
ministro, un funcionario infiltrado en un grupo de estudiantes en 1972 es
uno de los méritos reconocidos para la obtención de la medalla al mérito
policial. Que esto fuese mérito en la época de la dictadura no me
extraña; que se le reconozca el mérito ahora me preocupa. Señor ministro,
me gustaría que me aclarase las dudas que le acabo de plantear.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, voy a hacer una referencia muy
breve a las medallas otorgadas al cuerpo de la Guardia Civil, porque ya
tuve ocasión de hablar de este tema en una comparecencia que pedí del
director general de la Guardia Civil. Simplemente quiero recordarle que
en esa comparecencia le manifesté al director general mi contrariedad por
los criterios a la hora de otorgar las condecoraciones a la Guardia Civil
el día de su patrona, el Pilar, porque entendía que no se habían valorado
suficientemente los informes y atestados de funcionarios de la Guardia
Civil que habían realizado actos de servicio y que no estaban siendo
condecorados, y que algunos de ellos se condecoraban y ni siquiera habían
participado en los hechos que se justificaban en la condecoración. Le
planteé al director general una serie de criterios que se debían
considerar a la hora de otorgar estos distintivos que, sin duda,
resuelven muchas veces algo muy importante para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado: una pequeña recompensa moral más que económica por
un trabajo bien realizado, una recompensa que el conjunto de la sociedad
les otorga de la mano de los responsables, en este caso del director
general de la Guardia Civil. Le planteaba que una de las condecoraciones
que en su momento me causaron sorpresa fue la otorgada a don Enrique
Lacalle, que es presidente de la Zona Franca de Barcelona, que justo en
el momento de otorgarle esta condecoración estaba incurso en denuncias
por financiación irregular del Partido Popular. En esa comparecencia,
después de escucharme, el director general de la Guardia Civil me vino a
decir que recogía las sugerencias que este portavoz le había realizado y
que se comprometía a que en las próximas condecoraciones se tuvieran
criterios mucho más estrictos a la hora de otorgarlas.
En relación a las condecoraciones del cuerpo Nacional de Policía, usted
conoce mejor que yo que en ese cuerpo ha caído muy mal, incluso algunos
sindicatos han interpuesto querella, los criterios de otorgamiento de
todas las condecoraciones. El portavoz socialista ha indicado los
criterios que se deben dar a la hora de conceder la cruz al mérito
policial. Los cuatro criterios a los que se ha referido, a), b), c) y d),
hablan de que a la hora del servicio prestado tiene que haber un riesgo
evidente para su persona. La sorpresa que tenemos a la hora de relacionar
todas las condecoraciones que nos ha facilitado el Sindicato Unificado de
Policía es que las condecoraciones con distintivo rojo --y nos lo han
facilitado en porcentaje-- son un 7 por ciento para comisariado
principal, un 16,3 para los comisarios, un 39,5 para inspectores jefes,
un 32,6 para inspector, un 2,3 para oficial de policía y 2,3 para
policía. La reflexión que nos trasladan es que no se puede considerar
lógico que una condecoración
que se debe dar cuando exista una actuación con riesgo para el
profesional actuante se conceda en mayor medida a las escalas ejecutivas
y superior encargadas de dirigir los servicios --en el caso de la escala
superior-- desde los despachos, donde se corren pocos riesgos, y no se dé
a los integrantes de las escalas de subinspección y básica, que sí ponen
en riesgo su integridad física actuando directamente sobre los
delincuentes. Además, nos facilitan algunos datos ilustrativos sobre cómo
es posible que no se les hayan dado estas condecoraciones a personas
como, por ejemplo, el grupo de estupefacientes de la comisaría de
Chamartín de Madrid, y relatan toda una serie de hechos con riesgo de su
vida y eficacia de actuación policial; al grupo de atracos: don Joaquín
de la Viña García, policía con 22 años de servicio que recibe tres
impactos de bala de un atracador que resultó muerto y que las lesiones
provocan su jubilación; don Manuel Jiménez Alumbreros, policía de
Torrejón de Ardoz que rescata de un pozo de 40 metros de profundidad a
una señora que había caído en el mismo, pone en riesgo su vida y salva a
la señora. Tampoco se le concede medalla. Hay algunos casos más que ponen
en evidencia que algo va mal y algo hay que corregir. Yo creo que lo
prudente y lo sensato es que a la hora de la concesión de medallas se
tengan en cuenta los criterios legales, se tenga en cuenta también la
opinión de los sindicatos policiales, por qué no, y se tenga en cuenta a
las asociaciones de la Guardia Civil, porque de una manera directa y
democrática también ellos tendrían que decir algo a la hora de señalar lo
conveniente o inconveniente de las concesiones.
Finalmente quiero decirle, señor ministro, que me ha sorprendido el dato
que nos ha facilitado el portavoz socialista en esta Cámara de que un
policía por haberse infiltrado en el año 1972 en el movimiento
estudiantil reciba hoy, en democracia, una condecoración. El que les
habla fue detenido en la plaza de Callao en el año 1972 por un infiltrado
de la policía. Fui detenido y llevado a Carabanchel porque era delegado
estudiantil en la facultad de económicas. Espero que no sea el mismo
policía porque me crearía una sensación bastante incómoda. En todo caso,
si esto es así, que se corrija de inmediato. Si la información que ha
dado el portavoz socialista es así, que esa condecoración se le retire de
inmediato.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Torme Pardo.
La señora TORME PARDO: Antes de iniciar mi intervención, quisiera
proponer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que si los demás
grupos parlamentarios no tienen inconveniente la Presidencia haga llegar
a la familia del policía nacional muerto ayer en un acto de servicio el
pesar y la condolencia de esta Comisión.
Mi intervención va a ser muy breve puesto que en la información aportada
por el señor ministro han quedado suficientemente claros cuáles son los
extremos que afectan a la cuestión objeto de comparecencia hoy. Sí quería
resaltar algún aspecto. En primer lugar, que las condecoraciones que se
han concedido, tanto por parte del cuerpo Nacional de Policía como por
parte de la Guardia Civil, se han ajustado en todo a la normativa
vigente, la que rige este tipo de concesiones. En cuanto al número de
condecoraciones concedidas, hay que destacar que las cifras que ha dado
el señor ministro acreditan que en términos generales el número de estas
condecoraciones se mueve en baremos similares a las que anualmente han
sido concedidas por gobiernos anteriores; eso por lo que se refiere a
cifras globales. En cuanto al porcentaje que suponen las concesiones de
condecoraciones pensionadas sobre el total de las mismas tenemos que
decir, como también ha señalado el ministro, que han descendido
notablemente.
La reflexión más importante que quisiera hacer hoy es que, dado que estas
condecoraciones significan un premio, una distinción a una labor de
servicio prestada por los distintos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, como quedó patente ayer y en la concesión que ha señalado hoy
el ministro, a agentes que participan y que ponen en peligro su vida, no
es conveniente que puedan suscitarse polémicas en torno a las mismas.
Sería conveniente que aquí, entre todos, decidiéramos no tratar de
someter a controversias políticas la concesión de las condecoraciones y
que, en el caso de que se pueda suscitar alguna cuestión, se plantee en
términos constructivos y tengamos en cuenta la intervención del señor
ministro, así como el ofrecimiento que en su día hizo el director general
de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor ministro, a
petición de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular se somete a su
consideración, en función del fallecimiento en un acto de servicio de un
miembro del cuerpo general de Policía en el día de ayer, que la Comisión
traslade a sus familiares nuestro sentimiento, nuestra condolencia,
nuestro pesar. Supongo que los portavoces están de acuerdo.
(Asentimiento.) Así se hará, destacando en este momento que la abnegación
en el servicio público tiene en el sacrificio de la propia vida sin duda,
la idea mayor que sin discusión expresa una forma de asumirlo con todas
sus consecuencias que merece a todos los poderes públicos la admiración
y, naturalmente, el respeto.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Intervendré con brevedad.
Primero, ante la observación del señor Aguiriano, quería decirle que si
yo he dado unas cifras de años anteriores no ha sido para criticarlas, ha
sido simplemente para poner de manifiesto algo que es muy importante en
mi brevísima experiencia en el Ministerio de Interior: dar continuidad en
muchos de estos temas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Creo que la experiencia que todos tenemos es de que, en la medida que se
revolucionan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en
determinados momentos se produce con seguridad un detrimento de la
eficacia de los mismos. Nosotros hemos querido simplemente decir que, en
este terreno, tampoco hemos hecho grandes modificaciones o grandes
transformaciones de los criterios existentes en el Ministerio de Interior
en el anterior Gobierno
porque hemos creído que no era bueno modificarlos sustancialmente. No lo
interprete usted como una crítica. No lo he lanzado como arma arrojadiza
contra el Gobierno anterior; lo he planteado como una norma de prudencia
en el funcionamiento del actual Ministerio en líneas generales y también
a la hora de abordar este criterio de las condecoraciones.
Usted plantea un tema que probablemente es el más difícil de todos, tanto
en el cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil. La medalla de
oro al mérito policial en un caso o en otro es fácil, porque las
tragedias, los muertos, como el de ayer de Barcelona, hacen que lo menos
difícil sea determinar y definir que se merecen la máxima recompensa. La
dificultad está en introducir esos factores intermedios, como son las
cruces al mérito policial con distintivo rojo o distintivo blanco. Estoy
seguro de que si todos los policías hacen una lista de méritos de los
policías compañeros suyos, cada uno haría una lista distinta. En el
fútbol estoy seguro de que todo el mundo haría alineaciones distintas.
Todo el mundo piensa también que si, por ejemplo, nosotros en el partido
correspondiente --ustedes en el Partido Socialista y nosotros en el
Partido Popular-- hiciésemos una lista de méritos de los compañeros que
han hecho más por el partido, estoy seguro de que habría grandes
dificultades para determinar correctamente a quién debemos condecorar. A
unos, por su juventud, a lo mejor es conveniente porque en el momento en
el que acceden la ilusión de la recompensa puede ser lo más útil para el
partido. A lo mejor otros piensan que los que llevan veinte años se
merecen de los compañeros de partido una recompensa no del último
ejercicio, sino de los veinte años de ejercicio profesional. Aquí sucede
lo mismo. La dificultad en esas cruces intermedias, en este caso con
distintivo rojo, es saber cuál es el criterio: ¿la escala básica, que
evidentemente están más en la calle y asumen más riesgos, o aquel que ha
sido escala básica y que en estos momentos está en la escala técnica o la
escala de mando y que tiene una recompensa a un conjunto largo de años de
trayectoria en la Policía? Ese es el criterio hacia el que en estos
momentos se han inclinado más, para lo que pueden significar las personas
que llevan más años en el cuerpo Nacional de Policía. Este criterio
tampoco es nuevo, es el que ha existido a lo largo de estos años.
Yo comprendo las dudas que usted expresa, las tengo yo también y estoy
seguro de que el cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil también
tienen los mismos problemas. Nosotros estamos abiertos a seguir dando
vueltas y reflexionando para ver, primero, cómo armonizamos mejor los
criterios distintos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía;
tradicionalmente tienen criterios distintos a la hora de dar sus
condecoraciones. Puede ser un criterio de futuro el armonizarlos más y
que cada cuerpo tenga que someterse a las directrices en esta materia de
la Secretaría de Estado de Seguridad. Es verdad que en estos momentos hay
una cierta autonomía en el número de condecoraciones y en los criterios
intermedios, para entendernos, a la hora de conceder unas determinadas
cruces. Nosotros no tenemos una posición definitiva ni dogmática ni para
siempre, y las reflexiones que usted nos hace nos obligarán más a seguir
pensando para perfeccionar este sistema.
Me ha hablado de un caso concreto, el de este funcionario del año 1972.
Mire usted, no tengo ni idea de si es un mérito o no el que usted dice.
Puede ser un señor que el año 1972 era policía y que realizó una
actividad determinada en el cuerpo, que no es un mérito sino simplemente
un relato de hechos en un momento determinado. Evidentemente, para un
demócrata no es ningún mérito hacer precisamente eso en el año 1972,
pero, a lo mejor, en esa continuidad que han tenido la Guardia Civil y el
cuerpo Nacional de Policía --porque para eso hemos creído en la reforma
que todos hemos colaborado a favorecer y facilitar--, en el relato de
sucesos está un hecho de esa naturaleza. Yo investigaré exactamente la
razón por la que se le da el premio y por qué se dice que es un mérito o
simplemente es un relato de hechos, y le contestaré cuando tenga
conocimiento de ello. En definitiva, señor Aguiriano, le quiero decir que
ciertamente no es fácil el acierto en algunas cruces con distintivo rojo
y que yo le he dado el criterio que en estos momentos impera en el cuerpo
Nacional de Policía, que ya ha visto que es distinto al de la Guardia
Civil.
Respecto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida, creo que el
tema del señor Lacalle ya se lo explicó en una comparecencia el director
general de la Guardia Civil. Yo me remito a lo que él le dijo en aquel
momento. Quiero recordarle que hay un sobreseimiento de todo lo que en
ese momento se apuntó sobre el señor Lacalle y quiero decirle también,
como él le contestó, que en el momento en que se determinó esta
condecoración no se conocían las circunstancias que posteriormente
salieron a la luz pública. En cualquier caso he de decir que, una vez
más, fue el Consejo Superior de la Guardia Civil el que determinó el
acierto en la concesión de esta condecoración.
Plantea usted algunos problemas que sí se han producido con algún
sindicato en esta materia, porque evidentemente los sindicatos creen que
hay una desproporción clara y flagrante en la escala básica del cuerpo
Nacional de Policía. Es un criterio respetable y razonable y tiene
sentido. De la misma manera que también los máximos responsables que hoy
están en el cuerpo Nacional de Policía, los profesionales del cuerpo
consideran que el otro criterio también es razonable. Es verdad que en
ese terreno esa distinción roja entre escalas ejecutivas y básicas en
estos momentos exige un equilibrio permanente, y probablemente tendrán
razón, y nosotros tendremos que acentuar el esfuerzo en premiar a esa
escala básica que sin duda corre riesgos determinados y habrá que buscar
un criterio razonable, prudente y equilibrado entre ambas escalas.
Respecto a los errores le voy a poner un ejemplo. Creía que me iba a
sacar un tema que yo no he oído, pero es verdad que en el año 1997 le fue
concedida la cruz al mérito policial con distintivo blanco a un policía
herido en Sevilla con motivo de la celebración, como antes he dicho, del
2 de octubre de los Angeles Custodios. Quiero decir que considero que
esto debe ser rectificado. De hecho, no es necesario que lo diga yo; es
que el 28 de noviembre de 1997 el jefe superior de policía de Andalucía
occidental elaboró una propuesta para que se le conceda la cruz al mérito
policial con distintivo rojo y, aunque está pendiente de su toma en
consideración por la junta de gobierno de la Dirección General de la
Policía, ya le puedo anticipar que estoy seguro de que esta propuesta
será acertada porque tiene lógica y sentido común, y exigirá una
rectificación y una modificación del criterio que en aquel momento se
tomó.
En definitiva, señorías, agradezco el tono de sus intervenciones y les
puedo asegurar que trasladaré algunas de las inquietudes que me han hecho
llegar en la tarde de hoy al cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia
Civil.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Muchas gracias, señor ministro, por su
información. El hecho de que usted no intervenga en las concesiones, ni
en anularlas ni en fomentarlas, supone que a veces los errores de los
demás uno tiene que asumirlos políticamente y en la medida en que usted
este dispuesto a corregir esos posibles errores bienvenida sea la
comparecencia.
Como usted se habrá podido enterar y contestando a mi colega del Grupo
Popular, en ningún momento, por lo menos mi grupo y creo que tampoco
Izquierda Unida hemos pretendido hacer una controversia de estos temas,
sino todo lo contrario; queremos precisamente mejorar las condiciones
para evitar al menos que haya gente que se sienta agraviada. Usted ha
dado el caso de una rectificación, a lo mejor le puedo dar algún caso más
para que rectifique. En cuanto al caso que le he contado del infiltrado
en un grupo estudiantil del año 1972 al que se le concede la medalla al
mérito policial con distintivo rojo por su actividad profesional,
constatada en tres puestos de trabajo diferentes: uno fue ése, otro en el
año 1980 en la Costa del Sol y otro como jefe de una comisaría en un
lugar de España, entre las razones de la concesión se habla de las
responsabilidades que ha tenido y la primera que se cita es aquella con
tan infausto motivo de la infiltración en un grupo de estudiantes
seguramente demócratas, y no con ánimo exclusivo y extraordinariamente
democrático.
No quiero terminar sin felicitar al señor ministro porque no sé si es por
su condición de vasco, no sé si es por llamarse Mayor Oreja o es que el
Ministerio del Interior imprime carácter, pero quizás es usted el único
miembro del Gobierno que para alabar la propia actuación de su Ministerio
declara públicamente que no hace más que ser la continuidad del Gobierno
anterior. Es un mérito que le reconozco a S. S., no existen demasiados
casos en el resto del Gobierno, creo que ningún caso. Yo le agradezco que
usted reconozca los méritos que habitualmente está obteniendo el
Ministerio del Interior gracias, entre otras cosas, a la continuidad de
los gobiernos anteriores. En la parte que me corresponde, muchas gracias,
señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, con mucha brevedad quiero
agradecerle que recoja como sugerencia para las próximas concesiones de
condecoraciones lo que hemos planteado y manifestarle un ruego, y es que
se aclare el dato que ha facilitado el portavoz del Partido Socialista en
el sentido de que no pueda aparecer en una concesión de una medalla como
mérito reconocido que un funcionario haya estado infiltrado en el
movimiento estudiantil en 1972, sencillamente en reconocimiento del papel
que jugó el movimiento estudiantil antifranquista en la lucha por las
libertades. Sería un sinsentido. Espero que nos dé información al
respecto para que quede claro que no se concede una medalla en función de
un reconocimiento de esas características.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Primero, quiero confirmar
que a la hora de la concesión de medallas, haya participado o no,
directamente asumo todas y cada una de las medallas. En ese terreno no
tengo ningún problema.
Segundo, el mérito en el Ministerio del Interior sólo es de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; ni de su Gobierno ni del nuestro. Los
éxitos son de todos, pero los méritos son de los que en materia
antiterrorista están luchando como son la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía; ni del Gobierno anterior ni de éste. En este terreno
dejo sólo la medalla a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
--ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MINISTERIO ANTE LAS DENUNCIAS DE
SEIS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS SOBRE MALOS TRATOS EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 213/000596).
--DENUNCIAS FORMULADAS POR SEIS ASOCIACIONES HUMANITARIAS SOBRE DENUNCIAS
POR MALOS TRATOS PRODUCIDAS EN 14 PRISIONES DURANTE LOS AÑOS 1996 Y 1997.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 213/000603).
--SITUACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS, TRATO A LOS RECLUSOS Y
DENUNCIAS DE MALOS TRATOS POR DIVERSAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
212/001283).
--DENUNCIAS POR MALOS TRATOS A RECLUSOS OCURRIDOS EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS EN LOS AÑOS 1996 Y 1997, ASI COMO LAS MEDIDAS QUE HA
ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR AL RESPECTO. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000622).
--LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN A LAS 40 DENUNCIAS DE MALOS TRATOS EN
CENTROS PENITENCIARIOS PRESENTADAS POR DIVERSAS ORGANIZACIONES
HUMANITARIAS Y QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VA A INVESTIGAR
A TRAVES DE 31 DILIGENCIAS INFORMATIVAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/001282).
El señor PRESIDENTE: Señorías, el siguiente punto del orden del día es la
comparecencia del ministro de Interior para informar de las actuaciones
llevadas a cabo por el citado Ministerio ante las denuncias de seis
organizaciones humanitarias sobre malos tratos en los centros
penitenciarios durante los años 1996 y 1997, del Grupo Parlamentario
Mixto, al que hemos agrupado la comparecencia del ministro de Interior
para informar acerca de las denuncias formuladas por seis asociaciones
humanitarias sobre denuncias por malos tratos producidos en 14 prisiones
durante los años 1996 y 1997, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
la comparecencia que estaba interesada del Director General de
Instituciones Penitenciarias para informar sobre la situación de los
centros penitenciarios, trato a los reclusos y denuncias de malos tratos
por diversas organizaciones humanitarias, también del Grupo Mixto, y la
del Grupo Socialista que habíamos acordado al comienzo de la sesión,
modificando el orden del día, comparecencia interesada para informar
sobre las denuncias por malos tratos a reclusos ocurridos en los centros
penitenciarios en los años 1996 y 1997, así como sobre las medidas que ha
adoptado o piensa adoptar al respecto. Observamos que ha quedado una
solicitud de comparecencia del Director General de Instituciones
Penitenciarias, interesada por el Grupo Mixto, para que explique las
circunstancias que rodean a las cuarenta denuncias de malos tratos en
centros penitenciarios presentadas por diversas organizaciones
humanitarias y que el Consejo General del Poder Judicial va a investigar
a través de diligencias informativas. Como quiera que el nexo de
redacción entre todas ellas es total y el objeto de estas iniciativas de
control del Gobierno tienen todas un mismo fin, por principio de
oportunidad y de economía incluso de los actos parlamentarios, si SS. SS.
no tienen inconveniente, sustanciaríamos también esta iniciativa,
teniendo en cuenta además la presencia hoy de diputados del Grupo Mixto
que quizá pudieran hacerse cargo de todas ellas. ¿Les parece bien a sus
señorías? (Asentimiento.) Si el Gobierno, señor ministro, no tiene
inconveniente, incorporaríamos también ésta que se refiere al mismo caso,
como acabo de decir. (Asentimiento.) Por tanto, se entiende modificado el
orden del día en esos términos, incorporada a este debate también esta
iniciativa que tiene el número de expediente 212/001282, al igual, que no
lo habíamos dicho antes y para que quede constancia en el «Diario de
Sesiones», que la interesada por el Grupo Socialista cuya inclusión en el
orden del día se había acordado al inicio de la sesión, la número
213/000622).
A los efectos de la primera intervención, tiene la palabra el señor
ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Me van a permitir SS. SS. una breve introducción que nos sitúe en el
contexto temporal y de fondo en que se produce esta denuncia ante el
máximo órgano de gobierno de los jueces. En el mes de diciembre del año
1997, el presidente del Consejo General del Poder Judicial recibió a
varias organizaciones y asociaciones que criticaban la pasividad de los
órganos jurisdiccionales a la hora de enjuiciar excesos, malos tratos o
torturas en algunos establecimientos penitenciarios. El presidente del
Consejo General del Poder Judicial solicitó a las mencionadas
asociaciones que especificaran documentalmente la denuncia formulada y
unos meses más tarde, el 24 de febrero de 1998, esas organizaciones
presentaron ante el presidente de ese órgano judicial un
documento-denuncia en el que se recoge una lista de presuntos malos
tratos en las prisiones españolas durante los años 1996 y 1997.
A la vista de estas denuncias, la comisión disciplinaria del Consejo
General del Poder Judicial acordó que el servicio de inspección de dicho
Consejo investigara alguno de estos casos; y con estas investigaciones
ordenadas por el máximo órgano de gobierno de los jueces se pretende
esclarecer la responsabilidad de los jueces y tribunales por su actuación
ante denuncias de malos tratos en prisiones. De alguna manera esos
órganos jurisdiccionales son acusados de cierta pasividad, de
negligencia, de trato de favor hacia los funcionarios de prisiones. En
todo caso, estas denuncias pretenden trasladar al Poder Judicial las
insatisfacciones de estas asociaciones denunciantes por un eventual mal
funcionamiento de juzgados y tribunales.
Quiero decirle, señoría --tendré ocasión de examinar detenidamente las 33
no 40 denuncias--, que no parece muy consistente que las denuncias
presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial pretendan de forma
interesada anunciarse como un auténtico proceso al respeto de los
derechos de los reclusos en los centros penitenciarios. Por todo ello,
insisto a SS. SS. que está claro de momento que los denunciantes
pretenden trasladar al Poder Judicial y a la opinión pública sus
particulares quejas sobre el funcionamiento de los jueces y sobre el
contenido de sus resoluciones.
Hecha esta introducción, simplemente quiero colocar en la Cámara tres
consideraciones, antes de entrar ya en el contenido concreto de todas las
denuncias presentadas. Primera consideración. Cualquiera que fuese la
pretensión de los denunciantes, una decisión disciplinaria del Consejo no
puede afectar el contenido de las resoluciones jurisdiccionales de los
órganos investigados; las decisiones de estos órganos, tanto las
decisiones firmes como las que están pendientes de resolución, no pueden
ser condicionadas jerárquicamente por los miembros del Consejo en virtud
del principio de independencia que asiste a los órganos jurisdiccionales
cuando administran justicia. Es por tanto,
desde el punto de vista de reclamación de sanciones judiciales, una vía
que a nosotros nos parece especialmente inadecuada para conseguir el fin
que la anima, sería, como decimos, señorías, una iniciativa tendente a
demandar eventuales responsabilidades disciplinarias de algunos jueces.
Con esta denuncia ante el Poder Judicial, las organizaciones pretenden
descalificar el órgano judicial porque no han obtenido una resolución de
su agrado.
Segunda consideración. A nosotros nos parece que la fórmula que se
utiliza para efectuar la denuncia resulta poco apta para investigar los
presuntos excesos que puedan cometerse en las cárceles. No parece serio
el procedimiento utilizado por estas asociaciones; se remite el escrito
ante el Poder Judicial para que este órgano investiga disciplinariamente
la actuación de los titulares de los diferentes órganos jurisdiccionales,
y a la vez se traslada a la opinión pública una información que yo me
atrevo a afirmar que siempre es poco documentada, poco seria, sobre los
excesos en la actuación de los funcionarios penitenciarios.
A nosotros nos parece, señorías, cuanto menos trasnochado plantear en la
actualidad una denuncia que pretende ser generalizada sobre torturas y
malos tratos en nuestras prisiones. La garantía del respeto y salvaguarda
de los derechos de los internos es un principio fundamental en nuestro
ordenamiento jurídico. El Estado de Derecho permite hablar de una
transparencia en el funcionamiento de las instituciones y del principio
del control judicial que garantice el buen funcionamiento de aquéllas.
Quiero recordar, además, que en el ámbito penitenciario existe una
institución ya prevista en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que son
los juzgados de vigilancia que tienen atribuida legalmente la misión de
salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y
desviaciones que puedan producirse en la ejecución de las penas
privativas de libertad. Quiero recordar, señorías, que el sistema
penitenciario español es especialmente garantista con los derechos de
estos reclusos, por cuanto dispone de un marco jurídico, como es la Ley
Orgánica General Penitenciaria, que recoge instrumentos de control que
permiten erradicar de los centros penitenciarios cualquier limitación no
amparada por la legalidad.
La implantación de la figura del juez de vigilancia, con amplísimos
mecanismos de control y absoluta transparencia, los fiscales de
vigilancia, el Defensor del Pueblo y los organismos fiscalizadores del
Consejo de Europa conforman un elenco de instituciones que, en mi
opinión, garantizan que cualquier exceso en un medio penitenciario no va
a ser tolerado ni amparado. Creo que tampoco es justo desconocer el
esfuerzo de los funcionarios y de los responsables de la administración
penitenciaria que aspiran a servir con objetividad los intereses
generales, cumpliendo las leyes con convicción y con rigor y siendo los
primeros interesados --como he podido demostrar o he podido ver siempre--
en la erradicación de cualquier sombra de sospecha sobre su trabajo que
en el fondo realizan con una especial competencia y profesionalidad.
La tercera consideración es que nos parece poco serio el modo de proceder
de estas asociaciones de denunciantes. No representan jurídicamente a los
internos y se limitan, en algunos casos, a reproducir sin otra base ni
soporte documental, noticias aparecidas en diferentes medios de
comunicación escritos. No es simplemente el objetivo lo que hay que
determinar en la seriedad de una asociación denunciante de estas
características sino también analizar el nivel de información, la solidez
o no de la misma, y he de decir que en la mayoría de los casos los
denunciantes no han tenido la condición de parte en los respectivos
procesos o en otros casos sus pretensiones han sido desestimadas en
distintas instancias.
En definitiva, señorías, lo que estoy diciendo es que ni la instancia ni
el procedimiento utilizado son, en mi opinión, los más útiles y adecuados
para el fin pretendido. Acudir al Consejo General del Poder Judicial con
la finalidad de modificar o alterar una resolución judicial es infundado
y peligroso; corresponde a aquel órgano exigir en su caso
responsabilidades disciplinarias de los distintos órganos judiciales,
pero no alterar el contenido de las resoluciones. Con esta actuación, los
organizadores denunciantes tratan de buscar un interlocutor de agrado
frente al verdadero interlocutor al que la ley otorga la competencia para
controlar el funcionamiento de la Administración.
Paso ya al contenido de las denuncias. No quiero hacer una intervención
excesivamente larga y reiterativa de todas y cada una de las denuncias,
pero vamos a establecer cuatro grandes grupos de esas 33 denuncias. El
primer grupo está constituido por aquellas denuncias que ya han
concluido; es decir, que se ha procedido al archivo de las mismas tanto
desde el punto de vista judicial como administrativo. Son exactamente
--en la información que yo tengo-- 15 denuncias que han concluido su
iter, de modo y manera que en estos momentos por lo visto se trata de
poner en tela de juicio por parte de los denunciantes el contenido de
unas resoluciones judiciales y administrativas, descalificando sin prueba
alguna aquellas decisiones que no son del agrado de los recurrentes.
El segundo grupo está formado por aquellas denuncias que son,
sencillamente, inexistentes. Son dos y, desde luego, ponen de manifiesto
en este extremo la poca seriedad de este documento, porque respecto a
estos casos no existen antecedentes administrativos ni judiciales y sólo
han sido recogidos en noticias de prensa, que es la única prueba que se
aporta para acreditar su existencia. Como son dos, puedo decir que hay un
escrito de denuncia en el centro penitenciario de Jaén, por hechos del 14
ó 15 de mayo de 1997, el interno es Koldo Martín Carmona, no constan
actuaciones administrativas, no consta denuncia del interno, y la única
referencia es un artículo aparecido en el diario Egin el 22 de mayo de
1997; y una segunda en el centro penitenciario de Málaga, el interno
Ahmed Aounallah. La denuncia recoge una noticia periodística sobre
supuestas agresiones al citado interno. No consta ningún dato; parece
referirse a un enfrentamiento con la policía local, antes de ingresar en
prisión. No existen actuaciones administrativas, no constan actuaciones
judiciales ni denuncias del interno, y la única referencia aparece en los
medios de comunicación de Málaga el 25 de mayo de 1997.
El tercer grupo son aquellas denuncias que han sido realizadas por la
propia Administración penitenciaria, que es la primera interesada en que
se erradique cualquier sombra de exceso o abuso en los centros
penitenciarios. Se trata de los dos --también-- únicos casos, de los 33
denunciados, en que se siguen actuaciones judiciales contra funcionarios
de prisiones. Quiero decir que evidentemente hay que lamentar que
situaciones como éstas se produzcan, pero --insisto-- son dos casos en
los que ya se han adoptado medidas desde la institución y en estos
momentos hay un proceso judicial en marcha. Desde el punto de vista
administrativo, se ha practicado en ambos casos una información
reservada, un expediente disciplinario, se han puesto siempre los hechos
en conocimiento de la autoridad judicial, y desde el punto de vista
judicial las actuaciones siguen su curso y se encuentran pendientes de
resolución. Un caso se produce en el centro penitenciario de Pamplona, y
otro en el centro penitenciario de Ocaña. Dentro de este tercer grupo, he
de decir que el resto de las denuncias que constan están actualmente en
fase de tramitación administrativa y/o judicial, y quiero señalar que, en
cualquier caso, la colaboración de la Administración con los órganos
jurisdiccionales, tendente al esclarecimiento de cualquier situación que
pueda suponer infracción penal, es plena y total por parte de
Instituciones Penitenciarias. El soporte documental de todos estos casos
descritos se encuentra a disposición de SS. SS.
El cuarto grupo se refiere a las muertes en prisión, y quiero decir que
en este terreno el ordenamiento jurídico y penal --como ustedes saben--
permite que en aquellos casos de internos que sufren padecimientos muy
graves e incurables, pueden obtener la libertad anticipada siempre y
cuando concurran todas las exigencias legales que estos supuestos
requieren. De las denuncias sobre las muertes en centros penitenciarios y
presuntas negligencias de funcionarios en la prestación del servicio y de
los jueces en la investigación, he de manifestar --al igual que en casos
anteriores-- que carecen del más mínimo rigor documental. Hoy son ocho
los casos relatados dentro de este cuarto grupo, como muertos en prisión,
y he de informar que tres de los internos fallecieron en los hospitales
de referencia de los centros penitenciarios --es decir, de la red
pública--, alguno de ellos con tiempo de internamiento superior a tres
meses, lo que evidencia la preocupación de la Administración, de los
servicios médicos de la Administración penitenciaria especialmente, por
garantizar a los internos una asistencia integral homologable con la de
cualquier ciudadano libre. Si en estos casos de enfermedad prolongada y
grave --en algún caso-- no se otorgó a los internos el beneficio de la
libertad condicional, fue debido a que no se pudo completar el expediente
por causas ajenas a la voluntad de la Administración (que es el caso del
interno García Gabarre, fallecido en el Hospital Virgen de la Macarena,
de Sevilla, el 10 de enero de 1996); en otros casos, el fallecimiento se
produjo tan rápido que a pesar de la diligencia en los trámites
administrativos lamentablemente no se llegó a tiempo (caso del interno
Villambres Ocejo, fallecido en el Hospital General de Asturias el 19 de
noviembre de 1997). Quiero decir que tanto sobre los fallecimientos
ocurridos en los hospitales como en los centros penitenciarios, se
emprendieron actuaciones administrativas y judiciales encaminadas a
esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Las
actuaciones e investigaciones administrativas concluyeron en todos los
casos con la resolución de archivo por tratarse de muertes naturales o de
etiología suicida imprevisible y por no existir responsabilidad por parte
de los funcionarios penitenciarios. Les recuerdo que son ocho los casos a
los que en este capítulo se refiere el informe denunciante. Con
independencia de estas actuaciones, quiero decir que en todos los casos
de fallecimientos en centros penitenciarios se abrieron diligencias
judiciales que fueron archivadas por los juzgados instructores, y en
algún caso también por la Audiencia provincial correspondiente, al
sustanciar los distintos recursos interpuestos por familiares o
asociaciones personados como acusación particular.
Estos datos puedo aportar. Evidentemente, quiero decir que este
ministerio --y también la Administración penitenciaria-- rechaza las
acusaciones generalizadas de malos tratos en prisión. No sólo es la
opinión de Instituciones Penitenciarias; yo aporto los dos datos
objetivos finales. Uno, referido al informe del Defensor del Pueblo
relativo a los años 1988-96, que literalmente refleja un avance en el
respeto a los derechos fundamentales de los internos y en especial en la
práctica erradicación de los malos tratos físicos, a lo que ha
contribuido --señala textualmente-- la sensibilización de los
funcionarios de prisiones y la firmeza y energía de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias en la corrección de los esporádicos y
excepcionales casos producidos; éste es el informe del Defensor del
Pueblo referido a ese período de tiempo. En segundo lugar, el Comité
Europeo para la prevención de la tortura y el trato o castigo inhumano o
degradante --en su visita a España, en alguna de las prisiones
españolas-- informa no haber escuchado alegaciones de tortura y no reunir
evidencias de malos tratos a presos por parte del personal penitenciario.
En definitiva, señorías, y por ello no sólo es la opinión de
Instituciones Penitenciarias sino también de otras dos instituciones que
tienen acreditado sin duda un trabajo muy peculiar, muy singular y muy
tenaz en lo que significa la defensa de los derechos humanos de los
reclusos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A los efectos de ordenación del debate, como son tres las iniciativas del
Grupo Parlamentario Mixto sobre esta cuestión, voy a conceder la palabra
a los tres diputados de dicho grupo que se encuentran presentes en la
sesión, salvo que ellos tengan que hacer otra observación. Son tres
iniciativas, pero dada la hora en que nos encontramos yo les rogaría que
procurasen, en lo posible, sintetizar al máximo sus intervenciones.
En primer lugar, la señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor ministro, por
comparecer y darnos información referida a cuestiones que yo calificaría
de francamente
graves. Ya la mera mención de malos tratos y torturas creo que tiene que
ser especialmente grave en la sensibilidad de todos nosotros. En este
sentido, quiero señalar que independientemente de cuál sea el resultado o
los informes, desde Eusko Alkartasuna no estamos hablando de cuestiones
generalizadas. Cuando hablamos como en este caso de Instituciones
Penitenciarias, nunca hemos hecho una consideración generalizada respecto
a determinadas actuaciones ni actitudes. No lo hacemos en este caso ni lo
haremos nunca, sino que simplemente nos preocupamos de que desde el
primero al último --en este caso, funcionario de prisiones--, cumpla su
deber correctamente y aunque la mayoría de ellos lo cumpla, si hay uno
que no lo hace, nos tenemos que ocupar y perseguir que, aunque sólo sea
uno, ese uno no actúe de manera contraria al ordenamiento jurídico. Por
tanto, nuestra solicitud de comparecencia hace referencia a cuestiones
que esperamos y creemos que son aisladas, pero son cuestiones de las
cuales nos tenemos que ocupar muy decididamente y muy responsablemente.
En su exposición, usted ha señalado en primer lugar una serie de
consideraciones generales, tanto en relación con el procedimiento como
con los contenidos. En cuanto al procedimiento, creo que ha hecho --si me
permite decirlo, y creo que incluso ha usado literalmente esta palabra--
una descalificación del procedimiento utilizado por las organizaciones
humanitarias. No voy a ser yo la que haga defensa de las organizaciones
humanitarias porque no me corresponde, pero creo que el procedimiento no
se puede descalificar así como así. Creo que la utilización de todos los
foros que tengamos, tanto instituciones como organismos de cualquier
tipo, es perfectamente legítima y adecuada, siempre y cuando se pretenda
investigar y analizar dentro de la competencia que les corresponda. En
este sentido, me parece que acudir al Consejo General del Poder Judicial
máxime cuando el propio presidente lo había solicitado en diciembre de
1997, es una cuestión absolutamente adecuada y absolutamente legítima.
Valorar que pretendían descalificar determinadas resoluciones judiciales,
es un poco excesivo, permítame, señor ministro. Yo creo que lo que
pretendían, o al menos es lo que se ha transmitido o lo que yo he
percibido, es que el Consejo General del Poder Judicial, dentro de sus
competencias, pueda analizar y valorar si aquellas personas, los jueces
de vigilancia penitenciaria, han cumplimentado su labor, han sido o no
especialmente diligentes. Creo que hacer valoraciones de otro tipo no
corresponde en este momento.
En relación a los contenidos ha hecho usted referencia a que esos 33
casos pueden ser divididos o subdivididos en cuatro apartados. Yo no voy
a entrar en los 33 casos porque creo que en este caso hay que hacer unas
precisiones generales pero también muy importantes. En primer lugar sabe
usted, señor ministro, cuando dice que en algunos casos no hay ni tan
siquiera denuncias, que hay veces, momentos y lugares en los que las
denuncias no son fáciles. Todos sabemos que la población reclusa aquí y
en cualquier lugar del mundo, por mil razones no tiene en muchos casos la
facultad ni el conocimiento o las posibilidades de hacer denuncias; es
decir, que en muchos casos se pueden producir hechos que ni tan siquiera
son denunciados por las propias víctimas. Estas palabras no son de esta
diputada; son reflexiones que se realizan en los distintos comités tanto
a nivel europeo como a nivel mundial que estudian este tipo de
cuestiones. El Comité de prevención de la tortura, el Comité respecto al
examen del pacto de derechos civiles y libertades fundamentales de la ONU
o el Comité sobre materia de tortura de la ONU, hacen referencia a la
dificultad en muchos casos de poder realizar las denuncias, con lo cual
el hecho de que no haya denuncias no significa a priori que no puedan
haber sucedido situaciones de violación de derechos humanos.
Usted ha señalado que hay otros casos en los cuales se han producido una
serie de instrucciones, pero no han dado lugar a ningún tipo de
actuación, es decir, no se ha producido ningún delito doloso, ninguna
infracción del ordenamiento jurídico desde el punto de vista de la
materia penal. Ciertamente, también sabrá usted como sabemos todos, que
hay veces que la facultad de probar las cosas no es especialmente fácil.
Yo creo que son precisiones que hay que tenerlas; significa que hay que
tener en consideración, como usted ha dicho, una serie de circunstancias
en este contexto que suele ser y es muy particular, y que por tanto
afecta luego al resultado de determinadas cuestiones.
Ha señalado usted, y no me quiero extender más en las 33 denuncias que
podríamos hacerlo persona por persona, que ha habido instancias muy
importantes, muy legítimas y muy respetables que han dicho que realmente
aquí no había problemas --usted ha señalado el Comité de prevención de la
tortura en su visita de los días 25 y 26 de abril de 1997, si no recuerdo
mal-- pero es que ese mismo Comité de prevención de la tortura, y tengo
aquí el informe, también señala una cuestión clave, que se la voy a leer
literalmente y así no hay ningún problema: la Administración
penitenciaria debe transmitir un mensaje claro a los funcionarios de
prisiones de que el mal trato a los presos no es admisible y que se
tratará con severidad. Apartado 27. Este es el mismo comité que ha
señalado que en la prisión de Ceuta, porque es la prisión que vieron,
quizá había que recomendar una mayor transmisión de ese mensaje, y lo
hacía extensivo a todas las prisiones. Podría señalarle todas las
recomendaciones que se hacen desde esos foros, porque tengo todos los
informes como los tendrá evidentemente usted; pero es que además el
Defensor del Pueblo, tanto en el año 1996 como en el año 1997, hablaba
incluso de la necesidad de iniciar procedimientos administrativos de
investigación aun cuando no hubiera denuncias e incluso la necesidad de
abrir expedientes administrativos aun cuando se diera el caso de que no
se hubiera padecido una infracción o una condena en el orden
jurisdiccional. Son aspectos muy claros y yo lo que quiero es llegar al
fondo de la cuestión.
Para que no se produzcan circunstancias de este tenor, para que no haya
un rebrote de algo que creíamos tenía que haber sido olvidado pero que
cada vez vemos que puede haber --digo que puede haber y no están
sucediendo este tipo de cuestiones--, creo que tiene que haber dos cosas.
En primer lugar una formación yo diría exquisita, excesiva
--por no decirlo de otra manera--, y si se quiere en abundancia. Yo creo
que es mejor pecar por exceso que por defecto en esta materia. En segundo
lugar, una decisión muy clara y unas instrucciones muy claras a aquellas
personas (en este caso funcionarios de prisiones, en otros casos
funcionarios de policías locales, autonómicas o de otro orden) de que no
va a haber ningún tipo de consideración, ningún tipo de protección y, en
definitiva, ningún tipo de impunidad. Si no se producen estas actuaciones
en estos dos ámbitos de manera clara y muy decidida, creo que volveremos
a encontrarnos en el mismo sitio. Además nos preocupa porque vemos que
vuelve a haber otra serie de actuaciones, que en este caso podrían ser
consideradas como actitudes vejatorias, por ejemplo, en el caso del
Puerto de Santa María, ya no sólo con la población reclusa sino incluso
con familiares --y tenemos denuncias muy recientes, de ayer o anteayer--
que van de visita que reciben un trato vejatorio. Vamos a esperar más
detalles, pero también le aseguro que pediremos otra comparecencia en
esta materia.
Creemos que hay recomendaciones --no son de esta diputada, son de todos
los comités, como le he citado, y podríamos leerlos literalmente-- que
recomiendan una mayor formación en derechos humanos, y sobre todo una
actuación decidida para que quede claro que aquí no va a haber impunidad.
Creo que todavía algo más se puede hacer, señor ministro, y eso ya no es
una cuestión de las personas en concreto ni de funcionarios concretos que
hayan actuado en uno u otro caso. Creo que es una responsabilidad
absolutamente clara del Gobierno, una responsabilidad política, y quiero
que nos transmita usted que están haciendo todo lo posible. Si realmente
es así, nosotros estaremos vigilantes y agradecidos por la situación,
pero realmente creemos que se puede hacer mucho más.
Es significativo que todos estos informes de los distintos comités sigan
recomendando lo mismo y es significativo que incluso personas que han
sido condenadas con sentencias --en este caso no eran funcionarios de
prisiones, sino funcionarios de policía-- por haber incurrido en un
delito de torturas estén en este momento siendo ascendidas. Eso significa
que se está de alguna manera amparando la impunidad y, desde luego,
nosotros no se lo vamos a permitir.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En primer lugar debemos informar que el
Bloque Nacionalista Galego viene teniendo preocupación por un tema tan
doloroso que habla de la marginación que existe en nuestra sociedad y es
indicativa de su dinámica.
El Gobierno debe saber que a lo largo de 1997 nuestro grupo político
presentó un sinnúmero de preguntas en relación con la excarcelación de
presos con enfermedades graves, en relación con el tema de las drogas en
la cárcel, con la situación del departamento de mujeres, de los
departamentos especiales, sobre las profilaxis de enfermos
infectocontagiosos o de enfermedades contagiosas y con especial
referencia al sida. Desde el mes de abril de 1997, ya hace más de un año,
está depositada una proposición no de ley que intenta que se tomen una
serie de medidas urgentes para mejorar la situación del sistema
penitenciario en el Estado español. Esto quiere decir que como Bloque
Nacionalista Galego no somos nada optimistas respecto de la situación de
este servicio público y pensamos que la observación incluso directa de
una cárcel como la de A Coruña hace años pero sin duda no abandonada en
esta dinámica incluso hoy mismo, es indicativa de que existen
deficiencias de higiene, de comida, desde luego una circulación de drogas
alarmante y un grado de habitabilidad que no es presentable. Sería
totalmente ilógico por parte de un diputado que conociendo
experimentalmente esta situación hiciese la vista gorda o incluso hablase
con eufemismo de este tema.
Creo, señor ministro, que nosotros tenemos que ser conscientes como
representantes políticos y usted como gobernante de que el Estado español
tiene alrededor de 50.000 reclusos en 85 centros penitenciarios, que es
uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea y no cabe duda que
nuestra legislación teórica --la ley orgánica General Penitenciaria--,
tiene como intención rehabilitar al delincuente, pero en la práctica se
convierte todo en un camino de ida y vuelta en la mayor parte de los
casos --prácticamente las tres cuartas partes son reincidentes--, que no
se utiliza la prisión preventiva de forma cautelar sino como una condena
anticipada, y que estamos muy lejos de la rehabilitación y de la
reinserción de aquellos que delinquen.
Hablando del servicio público que es lo que nos tiene que interesar, no
podemos ser tan ingenuos y pensar que el sistema penitenciario hoy es
mayoritariamente para pobres, para muy escasos caídos en desgracia que
dejan de serlo inmediatamente y que el sistema conduce a no abordar la
actual situación penitenciaria sino como mecánica rutinaria de control,
castigo, abandono y destrucción. Y sería injusto que esta política de
aparcamiento y deterioro la fuéramos a endilgar exclusivamente en el debe
del Gobierno. Nosotros pensamos que hay todo un clima de tensión en el
interior de las prisiones debido al mucho hacinamiento, a la falta de
medios y, por supuesto, al deterioro físico y psicológico de mucha parte
de la población reclusa, lo que provoca que muchas veces los funcionarios
no estén a la altura de las circunstancias, otras veces se adapten
rutinariamente a ellas o se frustren por la incapacidad para cambiar una
situación penosa. Y los jueces, en gran parte, hacen lo mismo y actúan
con indiferencia y burocráticamente a la hora de analizar casos que,
efectivamente, siempre están en una situación fronteriza entre el Derecho
penal y el Derecho administrativo y, desde luego, con un abandono de los
derechos fundamentales. Y qué le voy a decir si a eso añadimos una
sociedad que no se caracteriza por valorizar de manera correcta la
situación del hombre o de la mujer en prisión y que es insensible ante la
temática penal.
Por tanto, no queda más remedio que aceptar que el mejorar la situación
depende en gran parte de la voluntad política y, en ese caso, a partir de
los datos de su propio Gobierno, quiero alentarles sobre varias
cuestiones. Según
sus datos, los programas de distribución de metadona, los programas de
distribución de jeringuillas y los programas de distribución de
preservativos, que sería la única forma de evitar los contagios y, por
tanto, de amparar la situación sanitaria de los presos y presas, son
experimentales, van muy retardados y no están generalizados. Esta es la
primera cuestión, que es de trato humano: preservar la salud de los
presos.
En segundo lugar --y esto sí es muy objetivo, señor ministro, y yo creo
que ahí podrían hacer algo de manera rápida--, es cierto que son los
juzgados de instrucción y vigilancia penitenciaria los que tienen que dar
el visto bueno final a lo que posibilita el artículo 196.2 del reglamento
penitenciario, pero no cabe duda de que aquí las estimaciones
burocráticas --primeramente administrativas y después las judiciales; por
enfermedades graves o procesos terminales-- para hacer las
excarcelaciones no son rápidas. En respuesta por escrito, ustedes
reconocen que en 1996 murieron en las cárceles, fallecidas en el
interior, 289 personas. Reconocen también que en el año 1995 excarcelaron
a 578 personas en fase terminal y, en 1996, a 702, pero que de estas
personas prácticamente 500 murieron entre un mes y dos años después. Yo
creo que si ustedes dieran el porcentaje bien hecho, verían que la
mayoría muere antes de un año. Y aun así, tienen que admitir que les
queda casi un 23 por ciento del total de la población reclusa afectado
por el virus del sida, es decir, casi 7.500 personas. Si no hay voluntad
política para que esto se acelere y no hay un complemento social --que,
desde luego, no es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero esto
no se puede cargar solamente sobre las familias, sino también sobre los
servicios sanitarios y sobre casas de acogida de carácter público--, está
claro que no se puede cumplir el artículo 196.2 con la diligencia y el
rigor con que humanitariamente --ya no vamos a hablar de otra cosa--
habría que hacerlo. Además, fíjense de cuánta población reclusa nos
íbamos a librar, lo que, al mismo tiempo, garantizaba unas condiciones
higiénicas mínimas para los que quedasen.
Ustedes dicen, también en respuesta parlamentaria, que en el año 1995
solamente hubo nueve denuncias por malos tratos y, en 1996, 15 denuncias
por malos tratos, pero dice que todas fueron oficialmente desestimadas.
No opina así el Defensor del Pueblo en 1997, cuando hace el informe sobre
las prisiones, que reconoce que hay situaciones carcelarias deplorables
y, en concreto, en la cárcel de A Coruña; no opina así la Fiscalía
encargada de defender a los reclusos, por lo menos en el caso de Galicia,
que tiene un informe espeluznante sobre muchas situaciones deplorables.
En relación con la reciente denuncia de estas organizaciones solidarias
respecto a los malos tratos y las violaciones de derechos humanos en 14
prisiones en 1996 y 1997, yo le puedo asegurar una cosa: leída con
atención, puede ser discutible que muchos casos no sean efectivamente
comparables a los que se dan en otros Estados, pero éste no es el
problema; lo que yo digo es que los referidos a muertes son todos
indicativos, cuando menos, de una cosa: falta de diligencia y desatención
en la aplicación del reglamento penitenciario en su artículo 196.2, y no
solamente por parte de los funcionarios, sino también por parte de los
juzgados de vigilancia penitenciaria. En ese sentido, hay indicios claros
que obligan al Consejo General del Poder Judicial a abrir una
investigación.
No es bueno, señor ministro, que la reacción de la Administración sea de
autocomplacencia, porque no estamos ante un problema del Gobierno
exclusivamente, sino ante un problema acumulado durante muchos años y
acumulado porque hay una dinámica en la sociedad y en nosotros mismos de
pensar que, al fin y al cabo, estos señores son escoria y allá ellos.
Esta es la filosofía de fondo que mueve a la mayoría de las instituciones
públicas y, por supuesto, a la mayoría de los ciudadanos. Le voy a dar un
dato elocuente del eufemismo que se emplea. Cuando le pregunté al
Gobierno por qué razón no había permitido que la encuesta remitida por la
Universidad Pontificia de Comillas llegase a los internos de centros
penitenciarios, me dio una respuesta alarmante por eufemística y que
indica cómo a veces nos habituamos a auténticas barbaridades. La
respuesta fue la siguiente: La Administración penitenciaria no ha
impedido que los internos reciban, cumplimenten y envíen dicha encuesta
al mencionado profesor, sino que se ha limitado a intervenir esta
correspondencia conforme a lo dispuesto por la normativa penitenciaria.
Llámelo equis; que se pueda responder de una manera tan sumamente
eufemística para decir que efectivamente esto fue boicoteado indica que
realmente nos habituamos a cosas infumables.
Mire, señor ministro, desgraciadamente, creo que estamos ante un problema
social muy de fondo, de manera de concebir la sociedad, y sería bueno que
empezásemos a cambiar. La legislación avanzada que tenemos, que
efectivamente es legislación avanzada, se incumple y, además, es
continuamente reconducida por instrucciones y circulares internas, que,
si se analizasen con el debido rigor, se vería que son alarmantes.
Además, estamos aumentando la población reclusa, cosa que es más grave
todavía e inevitable en el modelo de sociedad que estamos teniendo. Por
tanto, pongamos todos lo mejor de la política, lo mejor de la legalidad y
lo mejor de los servicios sociales para reducirla todo lo que podamos a
través de los mecanismos legales que tenemos. Ahora, ir por la vía de
convertir los centros penitenciarios en laboratorio para ensayar formas
de control, de custodia o de retención, o degradar el rango de los
derechos fundamentales a través de normas o instrucciones nada correctas,
o justificar las insuficiencias del control jurisdiccional sobre la
Administración o incluso apoyarse en sentencias del Tribunal
Constitucional sobre la realidad penitenciaria --que, afortunadamente, en
algunos casos, a partir del año 1996 empieza a cambiar-- es considerar
que privar a la gente de libertad es un castigo que se puede reforzar a
capricho de funcionarios, jueces, Administración, gobiernos y políticos,
entre los cuales me incluyo, y pensamos que es muy mal camino. Lo mejor
es cumplir la ley escrupulosamente, pero con diligencia, con intención de
mejorar y de aplicar todas las casuísticas que tiene la ley para mejorar
y para beneficiar, no solamente para torpedear, y le puedo asegurar que
en el caso de las muertes se puede obviar esto; excarcelemos rápidamente,
tomando las medidas necesarias de carácter social para con todos los
infectados de sida, con todos los tuberculosos,
porque hay mecanismos para hacerlo, y no esperemos a que mueran en
prisión o a que mueran a los dos días de salir de la cárcel.
Hacemos esta petición conscientes de que la realidad es así y se lo dice
un diputado que pasó un mes entre rejas en la actual dinámica
penitenciaria y, realmente, no coger una enfermedad infecto-contagiosa es
prácticamente un milagro. Yo nada más le dijo una cosa: los funcionarios
entraban en determinadas dependencias con guantes como los que se
utilizan en las operaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, he de decirle que su intervención
me ha preocupado mucho porque tengo la sensación de que marca un espacio
de debate en el que es imposible escucharnos. Yo creo que todos los
diputados y diputadas de esta Comisión somos conscientes de que, en un
país democrático como España, existen mecanismos de control sobre la
política penitenciaria y, además, la mayoría de los funcionarios de
prisiones cumplen con su deber, pero sería absurdo negar que, en general,
las cárceles son agujeros negros donde en todos los países se producen de
forma minoritaria conculcaciones de los derechos humanos y a veces
graves. Y lo que usted nos ha manifestado aquí ha sido una
descalificación, por procedimiento --ha dicho-- y por instancia, de la
denuncia de las organizaciones humanitarias. Yo creo que lo que debería
usted hacer sería agradecer que las organizaciones humanitarias hayan
hecho esto, incluso en el caso de que estuvieran totalmente equivocadas,
y aun le pido que agradezca en su intervención a las organizaciones
humanitarias su denuncia, insisto, incluso en el caso de que se hayan
equivocado. ¿Por qué? Porque las organizaciones humanitarias están
ejerciendo una función de control del cumplimiento de los derechos
humanos en un espacio en el que seguro que en España no se cumplen en su
totalidad, como tampoco se cumplen prácticamente en ningún país del
mundo.
Por lo tanto, creo que su intervención ha sido desacertada, y lo digo de
forma suave, cuando intenta descalificar la denuncia de las
organizaciones humanitarias y cuando además no atiende otras denuncias
que han efectuado también otras instancias. Ya se ha hablado
anteriormente del Defensor del Pueblo, incluso de los informes tanto de
la Asociación contra la Tortura, cuyas conclusiones se realizaron el 18 y
el 19 de noviembre de 1997, como del Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, que señalan motivos de preocupación, algunos graves, a
los que usted no sólo no ha hecho referencia, sino sobre los que
simplemente ha comentado un párrafo positivo --entre comillas-- para la
actuación del Gobierno.
Digo esto siendo consciente de que en política penitenciaria el Gobierno
está siempre en un difícil equilibrio. Ha de tener una actitud de
respaldo al sistema penitenciario y a los funcionarios y, al mismo
tiempo, ha de garantizar que no se vulneren derechos humanos, y éste es
un equilibrio a menudo difícil de mantener. En todo caso, me gustaría,
señor ministro, que en su segunda intervención se situara en otro
terreno; se situara fundamentalmente en el terreno de agradecer la
preocupación de las organizaciones humanitarias y, desde el consenso de
todos nosotros de que en general el sistema penitenciario tiene
mecanismos democráticos de control que la mayoría de los funcionarios
cumplen, al mismo tiempo se situara en una actitud firme contra los casos
minoritarios de funcionarios que están vulnerando derechos humanos. Y
sobre esto usted no ha dicho prácticamente nada o ha dicho muy poco, con
lo cual esta comparecencia no tendría mucho sentido.
Quiero recordarle que el Defensor del Pueblo, que creo que ayer entregó
su informe de 1997, ya señalaba en algunas informaciones que habían
aparecido, según se ha dicho --yo aún no he tenido oportunidad de leerlo
porque aún no se nos ha entregado--, algunas de las críticas que le han
hecho las organizaciones humanitarias, como, por ejemplo, que las
autoridades no deben escudarse en el archivo judicial de las denuncias
para no depurar conductas que, si no conllevan castigo penal, sí pueden
merecer represión interna. Esta es una denuncia que insistentemente hace
el Defensor del Pueblo y que Instituciones Penitenciarias no atiende.
Por lo tanto, señor ministro, no estamos satisfechos con la respuesta que
usted ha dado hasta hoy a este problema y que sigue dando hoy, y no sólo
por la demora en su comparecencia. Creo, señor ministro, que cuando se
produce una denuncia de las características de las que efectuaron en su
momento las organizaciones humanitarias, usted debería comparecer
rápidamente, tanto si las organizaciones humanitarias están absolutamente
equivocadas como si tienen parte de razón. No me parece que sea
recomendable ni aceptable ni demostrativo del buen funcionamiento del
Ministerio que se demore en exceso su comparecencia aquí.
Yendo en concreto a algo a lo que usted no ha hecho referencia, es decir,
a cuál ha sido la respuesta de la Administración penitenciaria, quisiera
hacerle algunas preguntas: en primer lugar, si se ha acordado alguna
sanción disciplinaria por los hechos denunciados; en segundo lugar,
cuántas veces --usted ha hecho referencia a una-- se han adoptado medidas
cautelares contra funcionarios acusados de malos tratos en centros
penitenciarios; y la tercera, cuántos expedientes se han abierto por
causas que habían sido archivadas judicialmente. Parece ser que todas las
causas que se archivan judicialmente ustedes las archivan también
automáticamente. Por tanto, la tercera pregunta sería si, a pesar de que
se hayan archivado causas judiciales, ustedes han abierto expedientes.
Porque en este sentido queremos argumentar que desde la Administración no
se puede decir que cuando los jueces de vigilancia penitenciaria archivan
las causas, se archiva automáticamente el trámite administrativo. El
Defensor del Pueblo, insisto, ya ha denunciado este caso.
Yo quisiera, señor ministro, que usted se fuera de aquí con una
incertidumbre o con una pregunta. Si ustedes tienen mecanismos de control
según los cuales no existe ninguna irregularidad, es decir, que
desmienten todas las denuncias que se realizan, no sé si usted debería
preguntarse
si el problema podría estar precisamente en los mecanismos de control. Es
decir, si sus mecanismos de control no detectan en absoluto ningún
problema, como se puede desprender en parte de su intervención, me
gustaría que usted reflexionara en los próximos días sobre si existe un
problema de control.
Quiero recordar, señor ministro, que al inicio de la presente
legislatura, cuando su Ministerio asumió la gestión de la Administración
penitenciaria, nosotros criticamos esta medida. Nos parecía que la
política penitenciaria no formaba parte de la política de orden público,
sino que pensábamos, y pensamos hoy exactamente igual, que debía estar
orientada fundamentalmente, como señala la Constitución, a la reinserción
social del penado, por lo que creemos que debe ser la Administración de
justicia la que se haga cargo de la Administración penitenciaria. Ante
las últimas denuncias, nos vemos en la obligación de manifestarle de
nuevo nuestro desacuerdo con esta adscripción, aunque no tenemos
verdaderamente muchas esperanzas de que ustedes cambien de idea.
En todo caso, señor ministro, queremos recordarle una vez más que la
política penitenciaria no se circunscribe solamente al tratamiento de los
presos por delitos de terrorismo. Cuando asumieron la dirección de la
Administración penitenciaria asumieron también la responsabilidad por
hechos como los que se han denunciado. Les pedimos que afronten esta
responsabilidad, que nos conteste usted hoy, y creemos que sería
importante que el Ministerio --posiblemente no hoy-- también contestara
por escrito argumentando la contestación que el Ministerio da a las 33
denuncias de las organizaciones humanitarias y también a las ocho causas
de muerte.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, usted ha despachado esto con
bastante rapidez; ha dado carpetazo: en España no hay maltrato, en España
no se producen muertes en prisiones sin que previamente se produzca un
auxilio rápido y eficaz por parte de la autoridad médica. Y tan panchos
nos podemos quedar, pero este portavoz no se va a quedar satisfecho con
esa contestación que me imagino que le habrán preparado sus asesores.
Señor ministro, voy a entrar en la parte descriptiva de las denuncias que
han hecho la Asociación contra la Tortura, la Coordinadora de Barrios de
Madrid, Madres Unidas contra la Droga, Asociación Libre de Abogados y la
Coordinadora de Solidaridad con los Presos. De entrada le digo que yo no
comparto la valoración negativa que hace usted sobre estas ONG; muy al
contrario, me parece una actitud laudable que haya personas que se
preocupen de que en las cárceles se dé un trato humanitario y
absolutamente respetuoso con los derechos humanos y que sean la
conciencia crítica de la sociedad. Seguramente se equivocarán algunas
veces, pero, indudablemente, la finalidad de su acción social es
absolutamente laudable desde el punto de vista de una sociedad avanzada y
democrática, como ocurre con casi todo lo que hacen las ONG. Por lo
tanto, no comparto su valoración y lamento que la tenga sobre la
actuación de las ONG en su preocupación porque tengamos todos la garantía
de que no se comete en las prisiones de España ni un solo maltrato ni se
produce ninguna muerte sin la garantía de un auxilio eficaz y rápido por
parte de las autoridades médicas.
La parte descriptiva la conoce usted; yo voy a hacer mención rápida de
ella. Estamos hablando de un informe de 1996 a 1997, con 42 denuncias
--no 33, 42--. Entre otras están las cárceles de Jaén II, Soto del Real,
Villabona, Picassent, Villanubla, Puerto I, Viera, Brieva (Avila),
Pamplona, Segovia, Alhaurín de la Torre, Herrera de la Mancha, Ocaña y
Torremolinos. Son 42 las denuncias que formulan estas asociaciones de
1996 a 1997.
Puestos al habla con las asociaciones y con los funcionarios --creo que
usted comprenderá que la acción parlamentaria de los grupos nos exige ese
contraste directo con los afectados, con las asociaciones y con los
propios funcionarios-- nos han comunicado que a lo largo de 1998 se han
producido malos tratos en las cárceles de Herrera de la Mancha, Acebuche,
Villanubla, Villabona y Soto del Real, y se ha producido una muerte por
sobredosis en la prisión de Alhaurín de la Torre.
En cuanto a las muertes, señor ministro, algunas tienen un denominador
común. En primer lugar, la no concesión a tiempo del permiso judicial
para morir en familia a pesar de ser enfermos terminales. Y, en segundo
lugar, una posible negligencia médica o de los funcionarios a la hora de
atender al enfermo. Le ofrezco unos ejemplos. En la prisión de Nanclares
de Oca, un preso enfermo crónico de corazón comunicó su necesidad de
asistencia médica; se le indicó que rellenara una instancia y murió esa
tarde. En la prisión de Daroca (Zaragoza), un preso en tratamiento por
ser drogodependiente fue conducido al centro penitenciario de Huesca
donde existía el tratamiento de desintoxica ción; solicitó su traslado a
Daroca; no fue atendida su petición y murió ahorcado en la cárcel de
Torrero, en Zaragoza, mientras cumplía una sanción en celdas de
aislamiento. En la cárcel de Torrero (Zaragoza), Enrique Mur Zubillaga,
penado en segundo grado por insumisión --resalto y subrayo la palabra
insumisión--, a las dos y cuarto de la madrugada del 2 de septiembre de
1997 se cayó de la litera con convulsiones y vómitos; un compañero de
celda pidió urgentemente a los funcionarios una ambulancia; el
funcionario avisó al jefe de servicio y éste al médico, que llegó a las
tres y veinte minutos; no fue trasladado en una ambulancia sino en un
coche de bomberos y, al llegar al hospital, simplemente se certificó su
defunción.
No voy a leer la parte descriptiva, señor ministro --sin entrar en la
valoración de si son ciertas o no las reseñas, porque no somos jueces--,
pero la verdad es que nos llevan a un verdadero infierno. Yo no soy juez
y, por lo tanto, no puedo decir cuáles son ciertas y cuáles no lo son,
eso corresponderá a la justicia, pero hay un denominador común en todas
esas descripciones: en todas las agresiones, el presunto torturado lo
denuncia al juez de Vigilancia Penitenciaria; en la mayoría de las
ocasiones --por no decir la totalidad-- la causa es archivada sin
motivación; automáticamente, los funcionarios denunciados denuncian a su
vez al preso por atentado, y esta denuncia sí es atendida por el juez de
Vigilancia Penitenciaria.
Un segundo denominador común de estos hechos es que la Administración,
cuando un funcionario de prisiones está incurso en una causa penal, no le
incoa automáticamente un expediente preventivo para, sin esperar la
sentencia judicial, separarlo del servicio en el que está destinado para
evitar daños mayores. En este caso hay una negligencia clara por parte de
Instituciones Penitenciarias por no aplicar con absoluta dureza el
reglamento a estos funcionarios, sin esperar a que se resuelva la causa
judicial, y muchas veces el sobreseimiento de la causa penal lleva a la
Administración a la conclusión de que no hay que abrir ningún expediente
sancionador administrativo.
Señor ministro, esto ha motivado que el Defensor del Pueblo, en su
informe de 1997, eleve una queja a Instituciones Penitenciarias. En ella,
el Defensor del Pueblo hace mención al caso de que haya expedientes en
curso de funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Se la leo
literalmente: El caso al que se acaba de hacer referencia --se refiere a
un caso concreto-- ilustra cómo la Administración penitenciaria, durante
la tramitación de los expedientes disciplinarios, tiende a hacer un uso
restrictivo de las medidas cautelares de que dispone más allá de lo que
parecería proporcionado. Teniendo en cuenta la evidencia y gravedad de
los hechos denunciados, si no se aplican correctamente las medidas
cautelares se favorece que los funcionarios objeto del expediente puedan
seguir actuando en los lugares y ante los internos implicados durante la
tramitación del mismo. Por otra parte --señala el informe--, también se
ha señalado a la Administración penitenciaria que no se puede archivar el
expediente administrativo en razón de la inexistencia de conducta
penalmente tipificada, pues debe tenerse en cuenta que la responsabilidad
disciplinaria tiene un cauce propio para ser depurada y que la misma se
resuelve con arreglo a unos criterios y argumentos diferentes que la
responsabilidad penal.
Señor ministro, el Defensor del Pueblo viene a pedir más dureza con los
funcionarios acusados por malos tratos, mucha más dureza. El informe del
Defensor del Pueblo ya de por sí es bastante claro y le hace a usted una
recomendación, como responsable máximo de este asunto, en relación a los
funcionarios implicados en malos tratos, porque parece que haberlos,
haylos. Y hasta aquí la parte descriptiva. Ahora entramos en las
valoraciones.
Primera. La inmensa mayoría de los funcionarios de prisiones de España
realiza un trabajo absolutamente meritorio, empeñados en la reinserción
de los internos con total respeto a sus derechos; en Cataluña no lo sé,
porque está transferida la responsabilidad. (El señor Gil Lázaro: Sin
lugar a dudas, también.) Segunda. Aparece un sector duro de funcionarios,
numéricamente importante pero proporcionalmente no, agresor y violento
con los internos. Tercera. Está claro que el relato de los malos tratos y
de las muertes describe un verdadero infierno para los internos que
puedan padecer ese trato violento e inhumano. Cuarta. La actuación
judicial en relación a las denuncias deja mucho que desear. Ya sé que no
es su competencia, porque usted es ministro de Interior. A nosotros nos
hubiese gustado que Instituciones Penitenciarias dependiera del ministro
de Justicia y no del Ministerio de Interior; no sé qué pinta esta función
dentro del citado Ministerio, ya lo dijimos al comienzo de la
legislatura, cuando existía Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
pero, aunque no sea de su competencia, voy a describirle cuál es la
actuación judicial.
Como le decía, el procedimiento suele terminar con el archivo de la
denuncia sin motivación y abriendo diligencia contra los internos. Por lo
tanto, se crea una verdadera indefensión y da la sensación de que hay un
trato preferencial para con los funcionarios. Corresponde al Consejo
General del Poder Judicial --me parece muy importante que haya abierto
esta investigación-- determinar si ha habido retraso malicioso en la
tramitación de las causas, si se toman decisiones sin argumentar, si no
se dan respuestas, etcétera. El Poder Judicial debe ser especialmente
exigente en la persecución de los malos tratos a presos porque se trata
del colectivo más vulnerable a la violación de sus derechos y corresponde
legalmente a los jueces la tutela de los mismos.
Señor ministro, la Administración elude su responsabilidad a la hora de
depurar administrativamente --subrayo esta última palabra-- conductas
ilícitas que tal vez penalmente no merezcan castigo pero sí represión
administrativa, en la línea de lo que le plantea el Defensor del Pueblo.
La Administración penitenciaria continúa la práctica de hacer la vista
gorda con estas conductas, dando la sensación a la opinión pública de que
existe una especie de fuero privilegiado para con estos trabajadores
públicos. Señor ministro, la asistencia médica es insuficiente, lenta y
poco eficiente. Llama la atención, en esta confusión tremenda de lo que
se entiende por asistencia médica, por ejemplo, que un auto del juez de
Vigilancia Penitenciaria de Soto del Real recomiende que los médicos vean
a los reclusos enfermos sin entrar en la celda y abriendo poco su puerta.
Llama la atención cómo hasta los que deberían tutelar las garantías de
los presos, los jueces de Instituciones Penitenciarias, llegan a esta
conclusión. ¿Cómo se puede atender a un enfermo desde la puerta y
abriéndola poco? La verdad es que es tremendamente escandaloso. No se
garantiza una asistencia médica continuada en las prisiones. Según dice
el último informe, que nos fue entregado ayer, hay demoras de hasta 26
meses en traumatología y oftalmología; 26 meses.
Señor ministro, en esta valoración tengo que decirle que es un tremendo
error seguir manteniendo el criterio de lo que se llamaba antes presos
FIES, hoy presos en régimen especial, porque en la práctica convierten
esta catalogación en una privación de derechos fuera de toda norma,
convierten en un verdadero calvario esta catalogación para los presos
antes FIES, hoy presos en régimen especial. Estas catalogaciones hacen
muy difícil la reinserción social, que es en lo que todos nos deberíamos
empeñar. Nosotros cuestionamos claramente el régimen de aislamiento. No
nos parece que la respuesta hacia la reinserción de presos violentos sea
el aislamiento violento. Esto no nos parece una receta aceptable en la
vía de la reinserción. También quiero decirle, señor ministro, que sólo
cuatro de los 42 centros disponen de instalaciones estipuladas para
recibir
educación, tal y como recomienda en su literalidad la normativa vigente.
A partir de esta valoración le quiero hacer llegar nuestras propuestas,
porque queremos que este debate contribuya a que todos pongamos encima de
la mesa las ofertas necesarias para hacer imposible que en los centros
penitenciarios se pueda recibir un mal trato. En primer lugar, en orden a
la actuación judicial, planteamos al Gobierno --y espero que así lo haga
también el Poder Judicial en la investigación que tiene abierta-- a que
inste a los jueces de vigilancia a motivar sus resoluciones, que no dé
ningún caso cerrado sin motivación. En segundo lugar, que se aumente la
plantilla de jueves de vigilancia; hay 34 para una población de 44.000
reclusos. Y, en tercer lugar, que, como indica el portavoz del Poder
Judicial, haya una mayor presencia física de los jueces de vigilancia en
las prisiones.
Señor ministro, desde el Ministerio de Interior...
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, le ruego vaya terminando.
El señor MEYER PLEITE: Sí, voy terminando.
Señor ministro, le pedimos un cambio radical en relación a los
funcionarios acusados de malos tratos y mucha mayor dureza en la
aplicación sancionadora, sin esperar al mandamiento judicial, que es la
recomendación que le hace el Defensor del Pueblo. También le pedimos
incrementar las medidas preventivas de la reinserción, más asistencia
social, más ayuda psicológica de profesionales de psicología, más
asistentes sociales; en definitiva, hacer las prisiones más humanas, y
con ello hacer imposible que el funcionario caiga en la tentación del mal
trato. Queremos, lógicamente, garantizar la asistencia médica continuada
y eficaz, acabar con el régimen FIES, llamado hoy catalogación de presos
en régimen especial, acabar con los regímenes de aislamiento.
Finalmente, señor ministro, quiero señalarle su responsabilidad. Usted es
el responsable de que haya un cambio importante en cuanto al tratamiento
que se da a los malos tratos, y le emplazamos hoy a que encabece los
cambios necesarios para hacer imposible que en España se puedan cometer
malos tratos en las instituciones penitenciarias. Desde luego, usted será
el responsable directo, como no podía ser de otra manera, a partir de
esta comparecencia, si no se producen estos cambios, y de que a partir de
hoy tengamos otra vez noticias de que se producen malos tratos sin
depuración por parte de funcionarios, que no asiste a tiempo un médico en
caso de enfermos graves, que a un enfermo terminal no se le permite morir
con dignidad rodeado de su familia en su casa, etcétera. Por tanto,
espero, señor ministro, que en su contestación recoja algunas de las
sugerencias que le hacemos y que responda positivamente a la
recomendación que no le hace este portavoz, sino el último informe del
Defensor del Pueblo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAS-PNV), tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor ministro, cumplo con el deber de
cortesía de saludar su presencia en esta Comisión, pero como lo cortés no
quita lo valiente, quiero a continuación manifestarle que viene usted
poco por aquí y que su presencia suele coincidir con un horario parecido
al de hoy, es decir, cuando los diputados periféricos tenemos prisa por
volver a nuestras circunscripciones, puesto que los vuelos no tienen la
frecuencia que a todos nos gustaría.
Los puntos acumulados a que hace referencia la cuestión en la que voy a
intervenir no pueden despacharse a la ligera, y respecto de ella el grupo
al que pertenezco venía reuniendo documentación y pensaba solicitar su
comparecencia o alguna otra forma de actuación parlamentaria; ya la hemos
solicitado por una cuestión puntual, a la que se ha referido la señora
Lasagabaster: malos tratos familiares de presos en la prisión del Puerto
de Santa María, respecto de la cual le indico que hemos solicitado su
comparecencia. Pero, con todo, creíamos que al llevar usted ya dos años
al frente del Ministerio, y al haber pasado dos años también desde que
Instituciones Penitenciarias ha pasado a depender del área de Interior,
merecía que se hiciera una recopilación, y desde nuestra óptica creemos
que las cosas no van bien.
No tema el señor ministro, porque no voy a aludir a asuntos que son
innombrables en esta Cámara y en los que nuestras posturas, la suya y la
mía, la de mi partido y el suyo, la de su Gobierno y la del Parlamento,
resultan ser auténticamente irreconciliables. Pero menosprecia S. S. el
contenido concreto del objeto de las comparecencias, que son las
denuncias de las asociaciones humanitarias. Usted menosprecia lo
manifestado por ellas. Pero no son sólo las asociaciones humanitarias,
para el Consejo General del Poder Judicial las denuncias han tenido visos
de verosimilitud, y también para el Defensor del Pueblo. Ha hecho usted
referencia a informes de años anteriores; en el de este año, que yo sí he
tenido ocasión de leer, es especialmente duro a este respecto y pido a
las Cortes Generales que se inste al Gobierno a aplicar con más rigor el
régimen disciplinario de los funcionarios de prisiones.
Señor ministro, como ponente, en nombre de mi grupo, del proyecto de ley
de vigilancia penitenciaria y ocasional profesora en materia de derecho
sancionador, recopilo sentencias en materia disciplinaria, y leyendo las
del Tribunal Constitucional observo que desde el lado contrario, es
decir, aquellas sentencias en las cuales se revisan sanciones impuestas
por la administración penitenciaria a presos, las anulaciones de las
mismas por el Tribunal Constitucional son numerosísimas. Quiere esto
decir que desde la administración penitenciaria se actúa mal. Estamos
ante un ámbito en el que el Tribunal Constitucional dice que son más
sensibles las garantías y los derechos, ya que toda sanción supone,
respecto de los presos, una grave restricción de la ya restringida
libertad inherente al cumplimiento de la pena. Señor ministro, le insto a
que haga recopilar sentencias, porque casi todo lo que se encuentra del
Tribunal Constitucional en materia sancionadora hace referencia a
sanciones en instituciones penitenciarias.
También a la hora de recopilar jurisprudencia para esta comparecencia
quería encontrar algo en materia penal. He localizado una reciente
sentencia del Tribunal Supremo,
de 2 de marzo de 1998, de la que es ponente De Vega Ruiz, sobre torturas,
y, a la hora de localizarla, en las bases de datos encuentro como
descriptores, todo junto: presos, derechos fundamentales, malos tratos,
torturas, trato degradante, rigor innecesario, funcionarios de prisiones.
Creo que debiera inquietarle el que la expresión «funcionarios de
prisiones» aparezca como descriptor junto a malos tratos o torturas. Es
una sentencia muy dura en cuanto a las sanciones que contiene y también
creo que debiera revisarse.
No me extenderé más, puesto que, como le he dicho, tengo prisa por poder
coger el medio de transporte, pero creo que no debe usted tener esa
autocomplacencia que nos ha manifestado en su exposición inicial. Vigile
esto. Repito, no se quede en la creencia de que todo va bien. Hay datos,
hay indicadores de que no va bien en instituciones penitenciarias, y se
puede llegar a crear la idea en los ciudadanos de que hay ámbitos exentos
o hay funcionarios que tienen patentes de coros o que gozan de algún
fuero privilegiado, y esto, señor ministro, no se compadece con la idea
de Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Voy a tomar la palabra para exponer la
interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y, a la
vez, para ahorrar tiempo, señor presidente, fijar la posición de mi grupo
parlamentario respecto de las comparecencias acumuladas de los Grupos
Mixto e Izquierda Unida.
Efectivamente, señor ministro, el 24 de febrero de este año, seis
asociaciones humanitarias, a las que es injusto que descalifique S. S.
por proceder poco serio y por denuncias poco aptas --eso, permítame que
le diga como confidencia amable que contradice mucho la imagen de
ponderación que tanto le ha costado ganar al señor ministro--,
presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial en el
que denunciaban presuntos malos tratos infligidos a unos internos en
catorce centros penitenciarios, para que este máximo órgano de gobierno
de los jueces procediera a la investigación de los hechos denunciados por
si en ellos, como bien ha dicho el señor ministro, se hubiera producido
pasividad de algún juez de vigilancia penitenciaria y trato preferente a
algunos funcionarios presuntamente implicados.
Le hemos escuchado, señor ministro, calificar las denuncias --se lo acabo
de decir-- de poco aptas, poco serias y de proceder poco razonable el de
las asociaciones que las han formulado ante el Consejo General del Poder
Judicial. Su señoría ha hecho un estadillo de ellas colocándolas en
cuatro grupos: quince denuncias cuya investigación nos ha dicho que se ha
realizado por la propia administración penitenciaria y también en el
ámbito judicial, pero de las cuales no nos ha dicho o no ha escuchado
este portavoz el resultado de las investigaciones; en ese sentido, le
rogaría lo precisara en su respuesta. El segundo grupo de denuncias, dos,
ha dicho S. S. que eran poco serias porque se basaban en hechos
inexistentes, al no haber antecedentes fácticos sobre las mismas. El
tercer grupo, dos también, dice que se han formalizado exclusivamente a
instancias de la propia administración penitenciaria y, en la actualidad,
se encuentran pendientes de resolución judicial. Respecto de los ocho
casos de muertes producidas en prisión, tres fallecieron --ha dicho S.
S.-- en los hospitales de referencia de los centros penitenciarios
correspondientes, algunos otros no pudieron fallecer en su domilicio
porque los expedientes administrativos no pudieron ser tramitados hasta
el final y otros por lo repentino de la muerte.
Señor ministro, no quisiéramos que su tono descalificador de las
asociaciones y de las denuncias pudiera coincidir, si así se ha
producido, con esa opinión que, al parecer, ha manifestado la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias calificando estos hechos como que
contribuyen a distorsionar la realidad y a sembrar la duda sobre los
funcionarios de prisiones. Nunca considere, señor ministro, que denuncias
por malos tratos tratan de distorsionar y mucho menos de sembrar la duda
sobre el comportamiento escrupuloso de los casi 15.000 funcionarios de la
administración penitenciaria española. Del mismo modo, cuando se producen
denuncias respecto a otros colectivos, nunca se trata de denigrar a
través de ellas a los colectivos en su conjunto.
Por cierto, señor ministro, a las denuncias formuladas que han dado lugar
a esta comparecencia, y como nadie tiene más legitimidad, por su origen,
que este diputado y aprovechando el paso del Pisuerga por Valladolid,
quiero añadir que S. S. tiene también conocimiento, porque así se lo ha
manifestado el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, por escrito de 30
de abril del presente año --como han dicho otros portavoces--, de que, en
las inmediaciones de la prisión de Puerto de Santa María, un grupo de
familiares de presos y presas internados habían sido objeto, cuando les
visitaban, de alguna vejación sexista y mal trato por parte de algún
funcionario policial. Es verdad que esto no es objeto de la
comparecencia, pero, aprovechando esa presencia fluvial en mi provincia,
repito, aprovecho yo para solicitarle, puesto que otros portavoces han
dicho que pedirían su comparecencia, que proceda a investigar los hechos
que le denuncia la directora del Instituto Vasco de la Mujer.
Dicho esto, queremos afirmar, señor ministro, porque, si no, sería
absolutamente injusto y nos afecta a todos los demócratas, que el Grupo
Parlamentario Socialista coincide con el diagnóstico del Defensor del
Pueblo en su informe-estudio sobre la situación penitenciaria y los
depósitos municipales de detenidos en el período 1988-1996, en el sentido
de que se ha producido la práctica erradicación de los malos tratos en
los centros penitenciarios españoles. Que se produzcan casos más o menos
numerosos no autoriza a decir que en los centros penitenciarios españoles
se practica la tortura generalizada. A esta situación, evidentemente, se
ha llegado por el desarrollo continuado y permanente de los principios
inspiradores de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 y por la
participación de la inmensa mayoría de los 15.000 funcionarios
penitenciarios. No queremos pensar que el aumento estadístico
del número de quejas y denuncias en los años 1996 y 1997 supone un
rebrote ni una ruptura en la línea de descenso de denuncias por malos
tratos en los últimos años.
Al propio tiempo, este portavoz piensa que no debemos cejar en la
vigilancia y en la investigación de toda denuncia indiciaria de malos
tratos a detenidos y presos. En coherencia con esta posición
permanentemente defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, señor
ministro, como no nos ha dado respuesta del resultado de la incoación de
todos los expedientes, de si se han iniciado para la averiguación de los
hechos contenidos en las denuncias, tenemos que decirle que nos dé alguna
explicación, si puede en este momento y, si no dispone de la
documentación necesaria, lo haga en otra ocasión o nos lo haga llegar por
escrito. Es fundamental, señor ministro, que la sociedad española sepa
que todos los demócratas españoles queremos estar vigilantes para que no
haya ni un solo caso de malos tratos en las prisiones. Generalmente, esos
malos tratos se producen estadísticamente, bien con ocasión del traslado
de internos, bien con ocasión de la utilización de los medios coercitivos
legítimos que a la administración penitenciaria proporcionan la ley y el
reglamento penitenciarios.
Es necesario que todos los grupos parlamentarios, y sobre todo el
Gobierno como primer responsable, hagamos cada vez más difícil la
comisión de malos tratos de palabra o de obra contra los detenidos y
presos, por respeto a su dignidad y a los principios y normas del Estado
democrático de Derecho. Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista cree
imprescindible, señor ministro, la separación de los ámbitos de actuación
y el respeto a la independencia de los órdenes jurisdiccionales; que la
administración penitenciaria no espere para incoar expedientes
disciplinarios por malos tratos o para terminarlos hasta que recaiga
sentencia penal, con el fin de aprovechar los hechos probados de la
sentencia como base fáctica de la resolución administrativa, ni haga
depender la evolución e impulso del expediente de las vicisitudes
penales, porque son responsabilidades muy distintas las penales de las
administrativas y no se debe archivar los expedientes administrativos
automáticamente cuando las diligencias penales se sobreseen. En este
punto, el Grupo Socialista tiene la misma opinión que el Defensor del
Pueblo que, en su informe citado anteriormente, dice textualmente: cuando
concluya la investigación judicial, aunque suponga el archivo de la
causa, nosotros instamos a prisiones a que estudie, si cabe, la sanción
administrativa, porque acaso los golpes dados a un preso no son
constitutivos de delito, pero sí son conductas sancionables desde el
propio reglamento penitenciario. Ha podido haber un exceso de celo, una
falta de vigilancia, una negligencia del recuso, pues la tónica es que
prisiones, en cuanto se produce el archivo judicial, entiende que el caso
ya está cerrado, y nosotros creemos que no, que hay que buscar las
responsabilidades administrativas. Si se procede, señor ministro, como
indica el Defensor del Pueblo, se puede producir la prescripción de la
falta y, por ende, la impunidad de las conductas. Señor ministro, es
necesario, si se había olvidado, volver al criterio de la etapa
socialista, cuando ejercía la administración penitenciaria, y dar a esa
administración penitenciaria instrucciones para que continúen la
tramitación e impulso de los expedientes sin esperar la resolución final,
porque, insistimos, son responsabilidades distintas.
De igual modo, es conveniente que se impartan instrucciones para que se
cumpla estrictamente, por la administración penitenciaria, la utilización
de los medios coercitivos en los términos rigurosos que establece el
artículo 72 del reglamento penitenciario, con el fin de evitar que se
produzcan malos tratos porque son conductas que nos repugnan a todos los
demócratas.
Finalmente, señor ministro, queremos saber los propósitos de la conducta
del Gobierno sobre los hechos de las denuncias presentadas, y en tal
sentido le planteamos las siguientes cuestiones: ¿en cuántos casos de los
denunciados ha incoado la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias expedientes administrativos para la averiguación de los
hechos por malos tratos que se relatan en las denuncias? ¿Cuál ha sido el
resultado? ¿Es criterio del Gobierno, cuando coexisten actuaciones
penales y administrativas por unos mismos hechos, paralizar los
expedientes administrativos hasta tanto recaigan resoluciones penales?
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que no se produzca la
prescripción de las faltas disciplinarias mientras el expediente se
detiene a la espera de una resolución penal? ¿Se recuerda a los
funcionarios penitenciarios y a los directores de los centros, mediante
las correspondientes órdenes circulares, el contenido del artículo 4.2.a)
del reglamento penitenciario de 1996 sobre el respeto a la integridad de
los internos? ¿Se está cumpliendo escrupulosamente la circular, señor
ministro, reguladora de los traslados de internos en coordinación con la
Dirección General de la Guardia Civil para evitar cualquier tipo de
ocasión de malos tratos en los traslados? ¿Se realiza un seguimiento
especial por el Gobierno de la utilización de los medios coercitivos en
los términos que le autoriza la administración penitenciaria, artículo 72
del reglamento penitenciario y 45 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria?
Señor presidente, termino. Señor ministro, es necesario que se extremen
las medidas para que no se puedan producir conductas de malos tratos y,
si se producen, corregirlas rotundamente, porque esto irá en beneficio de
los derechos y de los principios que inspiran tanto la ley como el
reglamento penitenciario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil
Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Como una cuestión previa ante el señor ministro y
ante los demás grupos parlamentarios, quiero transmitir la excusa que me
ha rogado que hiciera el señor Silva, en nombre del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, por no poder estar presente a lo largo de esta
sesión como hubiera sido su deseo, y ello debido a un imprevisto surgido
a última hora que exigía su presencia.
Quiero decir, en relación con el asunto que ahora nos ocupa, que resulta
ciertamente difícil para este portavoz, en los términos en que debe
realizar su intervención --que son esencialmente breves--, poder hacerla
debidamente
ordenada. Y es ciertamente difícil poder realizar una intervención
ordenada en la medida en que parece que se ha producido una falta de
sistemática en intervenciones anteriores, como consecuencia,
probablemente, de haber trascendido en esas intervenciones lo que era el
objeto estricto de esta solicitud de comparecencia, y sin que lo dicho
pueda ir en menoscabo, en modo alguno, del deseo y desde luego de la
predisposición de este grupo parlamentario a realizar cuantos debates los
demás grupos entiendan necesarios sobre términos de políticas
penitenciarias generales o sobre aspectos sustanciales, concretos,
específicos de esas políticas penitenciarias. Pero le ha dado la
sensación a mi grupo parlamentario que probablemente porque de la
presunta sustancia que fundamentaba esta solicitud de comparecencia había
poco que rascar --y permítaseme la expresión coloquial--, se ha querido
trascender a otros extremos, ciertamente en algunos casos con manifiestas
inexactitudes o, si se me permite decirlo, con un no profundo
conocimiento de las cosas de las que se estaba hablando.
No voy a decir que mi grupo parlamentario sea más que nadie, pero
difícilmente --me reconocerán SS. SS.-- se podrá superar por nadie
tampoco la sensibilidad de este grupo en materia penitenciaria, y me
remito simplemente a los hechos y al balance de la última legislatura,
que hizo este grupo parlamentario como consecuencia de su compromiso
político con lo que significa la realidad penitenciaria, los derechos de
la población reclusa, los derechos de los profesionales, el exacto
cumplimiento del principio de reinserción social, etcétera; un amplio
balance, repito, que puede testimoniar ante la Cámara y ante la opinión
pública a lo largo de la última legislatura, y jamás planteó una sola
cuestión que se pudiera entender de una manera equívoca, o, dicho de otra
forma, que pudiera dar a la opinión pública la sensación de un mensaje
inexacto y que pudiera, a lo mejor, contribuir indirectamente a la
desmoralización de los profesionales.
Quiero decir con toda claridad que es inexacto, por no señalar que se
falta a la verdad, cuando se afirma, como se ha afirmado esta tarde, que
la administración penitenciaria hace la vista gorda --expresión literal
que se ha utilizado-- frente a los casos concretos, aislados siempre, que
se pueden dar en el orden de lo que hoy estamos debatiendo. Eso es
sencillamente faltar a la verdad, porque no es así. Probablemente, esa
afirmación se hace con la rotundidad o con el conocimiento de causa de
haber creado hoy aquí, como también se ha creado, un centro penitenciario
nuevo. Quiero señalar que el centro penitenciario de Torremolinos no
existe, salvo que pudiera existir en la imaginación de alguien, o a lo
mejor quien ha dicho eso quería referirse a que una de las denuncias está
ya siendo instruida e investigada por un determinado juzgado de
instrucción de Torremolinos. Si el conjunto de la solvencia con la que se
pretende dar justificación a estas presuntas denuncias es ésta,
probablemente este debate estaría de más tomando como argumento de
autoridad dichas denuncias.
Este grupo parlamentario comparte sin lugar a dudas lo dicho por el señor
ministro. Miren ustedes, a lo largo del balance de la pasada legislatura,
a lo largo de actuaciones, declaraciones y compromisos suscritos en la
legislatura, este grupo parlamentario, en consonancia, como es natural,
con el Gobierno, y respondiendo el Gobierno, en su acción política, a los
compromisos y programas de este grupo parlamentario y del Partido
Popular, han dicho sistemáticamente y han expresado la importancia que
tiene para este Gobierno y para este grupo parlamentario el voluntariado
social y la función de las asociaciones y ONG cooperantes en el ámbito
penitenciario, porque esas asociaciones, esas ONG establecen, en primer
lugar, un vínculo de comunicación entre la población reclusa y la
sociedad externa, un vínculo de comunicación que es básico para poder
desarrollar ese principio de reinserción. En segundo lugar, también,
porque la acción de esas asociaciones y de esas ONG constituye un
acicate, un elemento de control democrático de la acción del Gobierno y
de la administración penitenciaria en este campo concreto. Y ése es el
mensaje que inequívocamente ha dejado sentado el señor ministro, ése es
el mensaje que inequívocamente ha dejado sentado el Gobierno y este grupo
parlamentario, y eso es absolutamente compatible con decir, como ha dicho
el señor ministro y como comparte plenamente mi grupo, que estas
denuncias concretas, o que gran número de estas denuncias concretas,
carecían del más mínimo elemento de rigor.
Quiero recordar a SS. SS. --supongo que todos habrán leído esas denuncias
y que no se hablará en términos generales-- que cualquiera que conozca
mínimamente lo que es la realidad penitenciaria no puede darlas, con este
Gobierno, con el anterior o con el que venga pasado mañana, el más mínimo
crédito, por una sencillísima razón, porque el relato de hechos es en
algunos casos tan chusco que en un sistema de garantías internas dentro
de la propia administración penitenciaria y de garantías generales
externas a través de los órganos del Poder Judicial, a través de los
órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo, sería absolutamente
de libro el que los protagonistas de esos presuntos malos tratos, de esos
presuntos hechos delictivos, en este caso los funcionarios denunciados,
terminaran inequívocamente en prisión, y como es natural nadie se
arriesga, nunca jamás, a cometer un delito cuando es tan flagrante la
comisión de ese delito.
Hay retratos y relatos de situaciones que sencillamente no se sostienen
en pie, porque como ha dicho el señor ministro claramente hoy otra vez,
repitiendo reiteradas declaraciones de los responsables de la
administración penitenciaria, de los responsables del Partido Popular, ni
se amparan, ni se ampararán, ni se toleran ni se tolerarán ningún tipo de
excesos de nadie que supongan una vulneración manifiesta, una vulneración
evidente y mínima, me atrevería a decir casi que una vulneración aparente
de los derechos de los internos.
¿Cómo cuando el representante del Gobierno en su primera intervención
hace una afirmación tan contundente como ésa se puede intentar darle la
vuelta a ese mensaje para decir otra cosa, para decir precisamente lo
contrario? Creo que ése es, sin lugar a dudas, un mensaje equívoco y poco
responsable. A mí me gustaría --probablemente es el modesto deseo de
alguien que sabe un poco de esto-- que
nos situáramos todos en la parte contraria del discurso que se haya
podido hacer hoy aquí; que pensemos todos en propuestas, en materias, en
debates concretos sobre aspectos concretos que puedan mejorar las
condiciones de vida de los internos, como es compromiso de este Gobierno,
y profundizar en la cultura democrática de respeto a los derechos de los
internos. Quiero recordar --nadie lo ha citado en esta comparecencia de
hoy-- que ha sido este Gobierno el que ha remitido a la Cámara un
elemento más garantista en la defensa de los derechos de los internos y
en la posibilidad de que haya cauces fluidos para la defensa, desde su
propia vereda, de esos internos, como es el proyecto de ley que en este
momento está en trámite y en discusión en esta Cámara y que afecta al
procedimiento ante los juzgados de vigilancia penitenciaria.
No quiero entrar en ningún otro género de polémicas. Pero el que se nos
pueda dar como argumento de autoridad la existencia hoy de circulares que
se dice que vulneran la filosofía de ese respeto a los derechos de los
internos, cuando en la redacción y en la filosofía de esas circulares ha
habido en los últimos meses una manifiesta acomodación a lo que son los
principios constitucionales --y digo bien, los principios
constitucionales--, frente a una colección normativa anterior en la que,
por ejemplo, se crea el régimen Fies, que por cierto ha sido, en sus
términos originales, manifiestamente corregido precisamente para
garantizar esos derechos de los internos, me parece que es, en todo caso,
una cierta aventura de juicios que muy poco se corresponden con la
realidad.
Las medidas de aislamiento como política general nadie las comparte,
nadie; los primeros, la propia Administración penitenciaria. Pero cuando
se hace una formulación genérica y generalista sobre las muy restringidas
en casos y en número políticas de aislamiento, alguien tendrá que
considerar que cuando esa medida de aislamiento afecta a un sujeto
concreto, lo que probablemente se está haciendo es garantizar los
derechos más elementales, el primero el de la vida y la integridad
física, del resto del colectivo de la población reclusa que tiene que
convivir con ese sujeto, precisamente porque ha mantenido un grado de
comportamiento violento y agresivo no frente a la Administración
penitenciaria, al Gobierno o a ningún ente etéreo, sino precisamente
frente a las propias personas con las que convive y a las que la
Administración penitenciaria tiene la obligación inexcusable de
garantizar todos sus derechos, el más elemental, como es natural, el
derecho a la vida.
Que se está avanzando en materias de formación e instrucción en orden a
que la acomodación de todo el colectivo profesional penitenciario lo sea
a los principios dimanados de nuestra Constitución es claro. Pero yo me
atrevería incluso a decir que eso está bien como gesto, está bien como
elemento de reforzamiento de esa cultura democrática, pero me atrevería a
aventurar, por mucho que este juicio pueda parecerles sorprendente a
algunas de SS. SS., que a lo mejor resultaba innecesario. ¿Saben ustedes
por qué? Porque los primeros comprometidos, los primeros inequívocamente
comprometidos con la defensa de esos valores constitucionales y de esa
cultura democrática en el ejercicio de su tarea profesional son la
inmensa mayoría, la práctica totalidad de los profesionales
penitenciarios. Agradezco, por cierto, que todos los portavoces hayan
hecho con mayor o menor énfasis, con matices más o menos altos en la
expresión, ese reconocimiento, incluidos, como es natural (estoy seguro
de que el señor Meyer así también lo quería decir; y aprovecho para que
quede constancia en el «Diario de Sesiones»), los funcionarios no
dependientes de la Administración central, es decir, los funcionarios
dependientes de la Generalidad de Cataluña.
Voy a concluir. Creo que es desacertado, porque es antiguo, pensar
--dicho lo que acabo de decir-- que palabra de ONG o palabra de
asociación es palabra sagrada; creo que eso es profundamente desacertado
y es profundamente antiguo, aunque puede sonar muy mal en términos
políticos. Creo que la normalización que realizó el anterior Gobierno,
como ha realizado este Gobierno y como tendrá que realizar cualquier
Gobierno, de las relaciones entre el mundo penitenciario, la
Administración penitenciaria y el mundo externo a la realidad
penitenciaria pasa, como he dicho al principio de mi intervención, por
esa acción permanente de trabajo en común y también de acicate y de
fiscalización que supone la presencia de las ONG y la presencia, como es
natural, de otro tipo de asociaciones afectas a la contribución de lo que
son las tareas penitenciarias. Pero eso no impide el tener que aceptar
que todo lo que se diga desde esa vertiente o desde esa vereda de las ONG
y de las asociaciones es palabra sagrada, porque no lo es, y en este caso
sin duda no lo es. Muchas de esas denuncias no tienen más soporte que una
mera referencia periodística de un diario muy conocido, afecto sin género
alguno de dudas al mundo de los violentos, al mundo de los terroristas,
al mundo de los asesinos. Tengamos en cuenta también esas
consideraciones, porque las hay en el informe, y hay que decirlo con toda
claridad. Nosotros como grupo parlamentario estaremos siendo siempre un
elemento de contribución a la acción común de todos los grupos
parlamentarios para impulsar el compromiso, cada vez mayor, sobre el
importante compromiso que este Gobierno como anteriores gobiernos tenían
en materia de respeto a los derechos humanos en el ámbito penitenciario.
Desde luego, precisamente porque nuestro compromiso es claro, no vamos a
obviar el decir con claridad lo que pensamos cuando se pueden producir
determinadas conductas.
Concluyo, señor presidente, diciendo que se diga lo que se diga, el único
mensaje que puede salir con claridad de esta sesión, que debiera salir
con claridad de esta sesión, desde el punto de vista de este grupo
parlamentario, es que las garantías del sistema, las garantías
constitucionales generales, las garantías que contempla la Administración
penitenciaria y el ordenamiento jurídico penitenciario, impiden de suyo y
a toda costa el que se pueda dar una situación de vulneración de los
derechos fundamentales o de malos tratos generalizados en las prisiones
españolas. En segundo lugar, que es importantísimo señalar, convenir
todos y expresar con rotundidad que el comportamiento ejemplar del
colectivo de funcionarios penitenciarios no admite la más mínima sombra
de duda y que son los propios funcionarios penitenciarios los primeros en
no aceptar,
no amparar, no tolerar conductas de sus compañeros que puedan ser ajenas
a ese principio. Finalmente, que la acción de la Administración
penitenciaria y por tanto del Gobierno está siendo inmediata, rotunda,
clara e intensa ante cualquier supuesto de malos tratos que exija, como
es natural, la aplicación de los mecanismos internos de investigación
para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, para dar cuenta a la
autoridad judicial. Esa es la realidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego que concluya.
El señor GIL LAZARO: Con esa realidad concluyo, señor presidente. En todo
caso, quiero señalar que hemos tenido tiempo, han tenido tiempo todos los
grupos parlamentarios y representaciones de diputados que no configuran
grupo parlamentario para poder expresar sus opiniones, cosa que nosotros
celebramos y que modestamente, ante la amplitud de lo dicho, este
portavoz cree que tampoco se ha excedido en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de responder a lo que yo entiendo que debe ser el objetivo
esencial de la comparecencia, porque es verdad, como decía el portavoz
del Grupo Popular, por razones normales y obvias, que se ha producido una
gran dispersión de temas que no afectaban estrictamente a la
comparecencia, que evidentemente todo está relacionado con la
comparecencia, todo puede estar relacionado con los malos tratos, todo
puede estar relacionado con el informe denunciador que estamos analizando
en la tarde de hoy; en definitiva, voy a tratar de concretar mi posición
desde el Ministerio del Interior sobre lo que es el objetivo básico de la
comparecencia y que se sustancia en un documento de un conjunto de
organizaciones humanitarias.
En primer lugar, quiero dejar bien claro que yo no descalifico a ninguna
organización humanitaria; ni lo he hecho hoy ni lo he hecho nunca. Otra
cosa distinta es que en determinadas cuestiones concretas, determinada
elección de instancias, de procedimientos, de una institución humanitaria
o política o quien fuese, yo tengo el mismo derecho a defender la
posición del Ministerio respecto a lo que creo que es una posición en la
que no coincidimos, como ellos tienen de criticar al Ministerio de
Interior. Pero es tanto el respeto hacia este tipo de instituciones que
lo primero que hice, y a instancias precisamente del presidente del
Consejo General del Poder Judicial, fue ponerme en contacto con estas
instituciones humanitarias, y lamentablemente he de decir que no hemos
podido tener un contacto formal, pero no precisamente por voluntad del
Ministerio de Interior. Unicamente lo que yo he puesto de manifiesto es
que si se supone que hay malos tratos en las prisiones, con quien hay que
hablar y a quien hay que denunciar directamente lo que sucede en las
prisiones es al Ministerio de Interior, al responsable de Instituciones
Penitenciarias, y que en estos temas, si se quieren resolver cuestiones
concretas, caso a caso, situaciones injustas o de malos tratos, lo que
hay que hacer es hablar directamente con el responsable de la institución
penitenciaria. Yo interpreto que cuando lo que se plantea es buscar otro
procedimiento, que es tratar de poner en entredicho sentencias y
determinadas actuaciones en las cárceles, pero a través del Poder
Judicial, me parece que no se está llevando el camino recto, directo, que
en mi opinión es hablar directamente con el responsable de Instituciones
Penitenciarias. De hecho --les vuelvo a reiterar--, es tanto el respeto
que me merecen esas instituciones que yo personalmente he solicitado un
encuentro directo con este grupo de instituciones, más allá de lo que
podían haber hecho o haber tratado de hacer con los responsables del
Poder Judicial.
Vuelvo a insistir en que en este tema creo que hay dos planos distintos:
lo que se puede mejorar, el caso a caso, la situación que se debe
denunciar --evidentemente Instituciones Penitenciarias y los responsables
en el conjunto del Ministerio de Interior debemos ser sensibles--, y otra
cosa es la generalización, el intento de trasladar una imagen de
retroceso en lo que significa la situación de las cárceles de una manera
generalizada. Creo que eso es malo, no para el Ministerio de Interior ni
para la dirección de Instituciones Penitenciarias, sino en general para
un esfuerzo muy serio que hemos hecho todos los españoles en este
terreno. Eso es lo que yo trato de separar. Quien quiera mejorar, quien
quiera denunciar un caso u otro, ya sabe que el Ministerio de Interior e
Instituciones Penitenciarias están abiertos absolutamente a tratar de
mejorar esa situación, entre otras cosas porque todo está lleno de
limitaciones pero en Instituciones Penitenciarias, por razones obvias,
por la situación que no digo que esté fuera de la condición humana, pero
evidentemente tan anómala, tan extraña, tan poco deseable para las
personas que están allí, están llenos de limitaciones. Claro que hay
infinidad de cosas en las que se puede avanzar en las cárceles españolas,
pero sin perder nunca la satisfacción por una situación que, en términos
relativos, hace que muchos reclusos de otros países en nuestras cárceles
nunca deseen abandonar las cárceles españolas por las de sus respectivos
países de origen. A lo mejor eso que puede ser una anécdota, en mi
opinión, en buena medida es simplemente la constatación o la comprobación
de una situación real que va más allá de la pura y estricta anécdota. Yo
les he dicho que no hay descalificación de ninguna institución. Lo que
les digo es que si quieren resolver problemas concretos con quien tienen
que hablar directa y abiertamente, en primera instancia, es con el
responsable de Instituciones Penitenciarias. Todo lo demás puede tener la
intención de generalizar una situación de malos tratos o puede tener otro
tipo de objetivos distintos. Siempre que tengo un problema frente a otra
institución, me parece que lo primero que hay que hacer es hablar con esa
institución y explicarle directamente los problemas que en opinión de uno
tiene su funcionamiento. No he dicho nada más. Por eso para calificar ese
instrumento he utilizado los términos poco apto, poco razonable y poco
eficaz. Podría tener otros objetivos, pero para resolver casos
concretos de malos tratos yo vuelvo a insistir en que nuestra voluntad ha
sido y sigue siendo el estar abiertos a este tipo de planteamientos.
He tratado de responder a cuatro situaciones concretas, a cuatro grupos,
que es lo único que me ha denunciado el informe de este conjunto de
instituciones. En el primer grupo he incluido aquellas denuncias que han
terminado su iter --es decir, el camino--, se ha procedido al archivo de
las mismas tanto desde el punto de vista judicial como administrativo y
de las cuales yo he citado exactamente 15. ¿Qué tenemos que hacer con
estas 15 denuncias? Simplemente decir que en estos momentos, en opinión
de Instituciones Penitenciarias, han terminado todo el proceso legal.
¿Hay algún grupo que piensa que tenemos que hacernos cargo de estas 15
denuncias que han sido archivadas, que tenemos que estudiarlas?
Sinceramente, si el terreno administrativo y el terreno judicial está
terminado, pienso que habrá que tenerlo siempre en el recuerdo, y es
evidente que no cabe otra iniciativa. Si no es así, díganme: ¿qué otra
iniciativa distinta de la actual podemos tener nosotros sobre esos 15
supuestos?
Hay un segundo grupo, formado por dos denuncias que en nuestra opinión
son inexistentes. Es decir, han aparecido en medios de comunicación pero
no consta ni denuncia del interno ni actuación administrativa. ¿Qué
hacemos con esas dos denuncias? Nosotros, hasta que no conste, no podemos
hacer más de lo que hacemos. En este momento, si no consta nadie que
quiera denunciar esa situación, no podemos abrir ninguna investigación.
La pregunta la dirijo a los grupos parlamentarios: ¿qué hay que hacer
sobre esos dos casos concretos, el de Málaga y el de Jaén?
El tercer grupo recoge unas situaciones que se han producido en dos
cárceles en las que la propia institución penitenciaria ha abierto una
investigación en paralelo con la justicia. Yo quiero decir una cosa
porque el portavoz socialista me formulaba una pregunta en esos términos.
El artículo 23 del reglamento del régimen disciplinario de los
funcionarios obliga a suspender el expediente disciplinario cuando hay un
procedimiento judicial, de la misma manera que siempre que se inicia una
causa penal hay un expediente disciplinario abierto. Este tercer grupo
--al que usted hacía referencia-- incluye a todos aquellos que todavía en
estos momentos la justicia está investigando lo que está sucediendo. He
de decir que ésta es la única referencia del Defensor del Pueblo en la
que no coincide con nosotros, que para uno de los dos casos solicitó
medidas cautelares. Instituciones Penitenciarias no lo consideró oportuno
en aquel momento. Es un caso en el informe del Defensor del Pueblo del
año 1997.
Por último, el cuarto grupo: los que han muerto en prisión. Todas las
denuncias sobre muertos han sido archivadas por los jueces, los ocho
casos concretos denunciados por estas instituciones humanitarias han sido
archivados por los jueces. Pregunto a los grupos parlamentarios: ¿qué
hacemos sobre esos ocho casos? Han sido archivados por los jueces, ¿qué
impulso político damos a estos ocho casos desde el Ministerio de
Interior? Es evidente que si las denuncias han sido archivadas por la
justicia, si a nosotros no nos ha constado nunca ninguna irregularidad
que haya permitido abrir un expediente de esta naturaleza, en estos
momentos he de decir que no creo que sobre estos casos haya que hacer
otra cosa más que tratar de que no se vuelvan a producir estas
situaciones. Pero sobre estos ocho casos no hay otra decisión por parte
de Instituciones Penitenciarias. Esa era la comparecencia en mi opinión.
Había unos casos concretos. Tiene razón el señor Meyer que eran más de
33; yo me he equivocado al hacer la suma de los mismos, eran 41, 42 ó 44,
no sé cuántos son. Lo que ha hecho Instituciones Penitenciarias ha sido,
primero, estudiar todas y cada una de las denuncias; segundo, tratar de
establecer directamente un contacto con ellos. Sólo faltaba que no tenga
yo el derecho de poder decir en esta Cámara que no me parece que haya
sido acertado el procedimiento, la instancia que han utilizado estas
asociaciones, que me merecen todo el respeto como todas. Yo, desde luego,
en este terreno estoy abierto a trabajar caso por caso el mal trato. Lo
que no estoy dispuesto es a aceptar el criterio generalizado porque
interese políticamente a unos o a otros, porque me parece que eso es
hacer un flaco servicio a unas instituciones penitenciarias que están
teniendo un importante desarrollo en España --tenemos un sistema
garantista importante en España-- y yo, desde luego, por razones
políticas, por unos o por otros, ni por la fortaleza ni por la debilidad
estoy dispuesto a que se ponga en entredicho un avance importante de la
democracia española en este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Sánchez, brevemente.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Brevísimamente y sin ánimo de abrir ningún
tipo de polémica, quiero decir al señor ministro que el Bloque
Nacionalista Galego pidió la comparecencia por la situación del sistema
penitenciario, y en relación con esto por las denuncias, no lo hicimos de
manera descontextualizada.
En segundo lugar, nos alegra saber que usted anima al diálogo y dice que
es fácil hablar con Instituciones Penitenciarias, pero no es ése el
criterio que tienen las organizaciones no gubernamentales: les cuesta
auténtico trabajo, hasta ahora ha sido así, ellos tienen esta
experiencia. Precisamente para llamar la atención tuvieron que hacer
estas movidas de la catedral de la Almudena y cosas por el estilo y
casualmente apareció allí el Poder Judicial; es decir, que fue un acto en
cierta medida de fuerza para obligar a un clamor y a un diálogo.
En tercer lugar, yo estoy por asegurar que usted es consciente de que el
argumento de que el sistema penitenciario español es mejor que el de
otros Estados del mundo no nos consuela que en Colombia, en Venezuela o
en Nigeria, estén pero, es como ir por el camino de la imitación de esos
Estados. Yo espero que tengamos la capacidad de mejorar las cosas en el
Estado español, pero no por un motivo racista o chauvinista, y que
aquello en lo que hay indicios claros de que el sistema no funciona bien,
por lo menos tener la voluntad política de mejorarlo. En la medida en que
haya esa voluntad política nosotros siempre estaremos dispuestos a echar
una mano. Ahora bien, negar las evidencias para quien haya experimentado
la situación del sistema
penitenciario le puedo asegurar que es horrible. Si usted me dice que en
relación a un país de América Latina donde andan a tiros dentro de la
cárcel, a tiros no, pero aquí llevarse un navajazo es fácil, comer frío
todos los días es fácil también, si uno no tiene dinero para comprar en
el supermercado de la cárcel coger una tuberculosis a los tres meses
también es fácil y contaminarse de sida y de hepatitis B también es
fácil. Yo creo que tenemos que procurar por lo menos mejorarlo, porque
son ciudadanos como todo el mundo, sometidos a derechos, y desde luego
los políticos estamos para eso, para proteger los derechos de la sociedad
en su conjunto, incluidos los reclusos.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, yo creo que usted en su
intervención inicial ha tratado mal a las ONG --si lo he entendido mal,
lo retiro, leeré la transcripción--, pero tampoco discutimos aquí hoy si
las ONG utilizaron el procedimiento adecuado o no al que usted ha
dedicado otra vez buena parte de su segunda intervención. A mí de verdad
que hoy aquí lo que menos me interesa es si las ONG utilizaron bien el
procedimiento y la instancia adecuada; me da lo mismo.
Usted intenta decir que se dice que hay una vulneración generalizada de
los derechos humanos en las cárceles. Esto hoy aquí no lo ha dicho nadie,
no nos lo impute. Todo lo contrario, con mayor o menor énfasis todo el
mundo ha aceptado que porque estamos en una sociedad democrática, porque
existen controles democráticos, porque la mayoría de los funcionarios
cumplen no existe una vulneración generalizada de los derechos humanos.
¿Por qué dice esto, señor ministro? ¿Por qué dice una cosa que no ha
dicho nadie?
Luego usted nos hace preguntas. Algunas de las preguntas que usted lanza
tienen respuesta leyendo simplemente el informe del Comité contra la
Tortura. Por ejemplo, usted dice que hay dos que nadie ha denunciado:
¿qué hacemos, qué proponen los grupos? Fíjese usted, Declaración del
Comité contra la Tortura de los días 18 y 19 de noviembre. Le leo la
recomendación 17: El comité insta a las autoridades del Estado a adoptar
de oficio procedimientos para investigar la ocurrencia de datos de casos
de tortura o malos tratos de que tenga conocimiento o noticia por
cualquier medio, aun cuando las víctimas no formalicen su queja. Señor
ministro, haga usted esto. Léase simplemente las recomendaciones del
Comité contra la Tortura. Le podría leer otras recomendaciones. Por
ejemplo, el informe de la Comisión de los Derechos Humanos, refiriéndose
a que ha habido denuncias y casos de malos tratos, dice: A este respecto,
observa con inquietud que las autoridades públicas no siempre realizan
investigaciones sistemáticamente y que cuando los miembros de esas
fuerzas son declarados culpables de tales actos y condenados a penas de
privación de libertad a menudo reciben indultos. Aquí están denunciando
otro caso. Le voy a leer una última recomendación. Dice el mismo comité
que deplora las malas condiciones reinantes en la mayoría de las cárceles
debidas, en general, al hacinamiento que priva a los reclusos de los
derechos garantizados en el artículo 10. Sé que usted me puede decir que
éste no es el objeto concreto de la comparecencia. En todo caso, lo que
quiero decir, señor ministro, es que no estamos ante una invención de las
ONG o ante un intento de los grupos de la oposición de hacer oposición.
Yo le he hecho tres preguntas y usted no me ha contestado. En relación a
lo que repetidamente el Defensor del Pueblo ha dicho, yo le he formulado
tres preguntas, señor ministro, y ruego que me responda en su
contestación. Primera, ¿han acordado ustedes algunas sanción
disciplinaria por los hechos denunciados? Segunda, ¿cuántas veces se han
adoptado medidas cautelares contra funcionarios acusados de malos tratos
en centros penitenciarios: alguna vez, dos, nunca? Contésteme, por favor.
Tercera, ¿cuántos expedientes se han abierto por causas que habían sido
archivadas judicialmente? ¿Cuándo se archivan judicialmente
automáticamente ustedes no abren ningún expediente o lo abren, y si lo
abren, cuántos?
Por último, yo sí me he leído con atención las 33 denuncias y las ocho
por muerte. Ciertamente algunas denuncias están muy poco documentadas,
pero hay otras que están muy documentadas, y no quiere leer ninguna
porque se ponen los pelos de punta. Ante estas denuncias, señor ministro,
también le emplazo a que no nos conteste por bloques, que nos haga llegar
a los grupos parlamentarios un informe, denuncia por denuncia. No nos
hable de bloques porque, fíjese, de los 33 primeros casos de denuncia hay
14 que hoy están en procedimiento, prácticamente la mitad. Por tanto, no
nos hable usted de bloques sino remítanos un informe, denuncia por
denuncia, que aquellas que no tengan ningún soporte quedarán claras, pero
tengo la sensación de que cualquier persona que lea algunas de las
denuncias con fechas, horas, denuncias en el juzgado, partes médicos,
seguro que no ha sido casual y creo que usted no puede despachar estas
denuncias simplemente en cuatro bloques y diciendo que hay 14, que
prácticamente son la mitad, que aún están pendientes de resolución. Por
tanto, señor ministro, le agradecería que me respondiera a estas tres
preguntas y, al mismo tiempo, que nos hiciera llegar en el tiempo que
usted estime oportuno la contestación concreta del Ministerio a las 33
denuncias que se han hecho por las organizaciones humanitarias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les invito muy amablemente a la brevedad.
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, señor portavoz del grupo Popular,
yo sigo manteniendo que existe por parte de la Administración
penitenciaria una táctica de la vista gorda en este asunto. No solamente
lo dice Izquierda Unida, no solamente lo decimos nosotros. En un artículo
publicado el 25 de marzo de este año en un medio de comunicación el
magistrado don Alfonso Villagómez y Cebrián viene a decir textualmente lo
siguiente: Si la Administración penitenciaria continúa practicando la
táctica de la vista gorda, puede ser que llegue un día en que los
ciudadanos piensen en la existencia de una especie de fuero privilegiado
para aquellos trabajadores públicos que
realizan su actividad en el medio carcelario. Es decir que no solamente
es una opinión de este portavoz, sino que también es compartida por
magistrados, en este caso por don Alfonso Villagómez y Cebrián.
Señor ministro, no insista en plantear que hemos venido a la
comparecencia preocupados por la generalización de un problema. No; no
utilice usted esa táctica que solamente puede conducir a una cuestión:
que dentro de tres meses volvamos a pedir otra comparecencia para hablar
de lo mismo. Aquí no se está tratando de un problema generalizado; se
está tratando de casos concretos, de hechos concretos que merecen una
respuesta por parte de su Ministerio, por usted. No se trata de nada más
y no hay que hacer otras consideraciones sobre si los caminos son
adecuados o no, ni decir que tiene las puertas totalmente abiertas, lo
cual es estupendo, magnífico, pero que no es el tema del debate. El tema
a debate es qué hay que hacer para evitar que los casos aislados,
concretos de malos tratos se resuelvan por la vía judicial abierta, y le
tocará hablar al poder judicial, y por la vía administrativa, que le
corresponde a usted. Tan sencillo como eso y todo lo demás es irse por
las ramas. Además, tenemos la ventaja de que hay una recomendación para
usted y para esta Cámara por parte del Defensor del Pueblo que puede
resolver uno de los aspectos del problema: que cuando un funcionario de
prisiones esté incurso en un procedimiento penal o un procedimiento por
denuncias de malos tratos, no se espere a la sentencia, sino que
Instituciones Penitenciarias adopte las medidas cautelares normales. Esto
no lo recomienda este portavoz, sino el Defensor del Pueblo en el informe
de 1997. En este sentido, lo único que le pedimos es una rectificación,
un cambio, que se rectifique el criterio y que se den garantías para que,
cuando un detenido presente denuncia, sepa que no va a encontrarse por
los pasillos al funcionario que ha sido denunciado. Tan sencillo como
eso, tan elemental como eso. Una de las cuestiones fundamentales que se
pide es esa rectificación, y por tanto, señor ministro, no se escude
usted en algo que nadie ha planteado en este debate. Reitero que
afortunadamente la inmensa mayoría de los funcionarios de prisiones están
haciendo una labor loable, una labor difícil en la tarea de la
reinserción social y en condiciones muy difíciles por falta de medios en
los aspectos de asistencia médica, de educación, de asistencia social,
etcétera, como plantea el propio Defensor del Pueblo.
¿Que eso no forma parte de este debate? Colateralmente sí; colateralmente
claro que forma parte de este debate, y por tanto tendremos que estar
todos muy atentos a que usted anuncie hoy aquí, en su resumen final, que
hay un compromiso de rectificación para hacer más eficaz la garantía de
que se va a ser implacable, mucho más duro con aquellos funcionarios que
puedan actuar ilegalmente, como recomienda el propio Defensor del Pueblo,
y todos tendremos ya esa garantía de que se van a dar instrucciones desde
Instituciones Penitenciarias para que esto se lleve a buen término. A
partir de ahí, señor ministro, anunciando usted en su resumen ese
compromiso, todos tendremos la certeza de que por parte de Instituciones
Penitenciarias y de su Ministerio se pone en práctica la recomendación
del Defensor del Pueblo. Todo lo demás, lógicamente lo seguiremos
planteando; seguiremos planteando mayor asistencia social, mayor
asistencia sanitaria, mayores dotaciones sociales en los centros
penitenciarios, etcétera.
Este era el objeto del debate y no otra cosa, señor ministro, y yo espero
que en su respuesta avance por esta línea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: No quisiera dar motivo con mi breve intervención a
que el señor Gil Lázaro solicitara la palabra por alusiones, pero sí
considero necesario hacer unas puntualizaciones casi telegráficas a la
contestación del ministro.
El señor PRESIDENTE: Pues no se aludan, señor Pérez Solano. (Risas.)
El señor PEREZ SOLANO: Como ha ocurrido con el diputado Saura, no me ha
contestado a las cuestiones que le he planteado y le ruego amablemente
que ordene al director general de Instituciones Penitenciarias que, a la
vista del «Diario de Sesiones», me conteste por escrito a las cuestiones
que he planteado al final de mi intervención.
Señor ministro, no hay que desenfocar la cuestión. Efectivamente no
estamos discutiendo en términos cuantitativos; no estamos discutiendo si
de las cuarenta y tantas denuncias formuladas por las asociaciones
humanitarias hay que descontar tantas porque no tienen fundamento, tantas
porque ya han sido investigadas, tantas porque están archivadas,
etcétera, porque no es cuestión de cantidad, en eso coincidimos todos los
demócratas, sino de calidad. En el respeto a los derechos humanos no
podemos establecer cuantificaciones, sino que hay que hablar de calidad.
Con una única denuncia de las cuarenta y tantas que haya dado motivo a la
instrucción de expediente disciplinario ya es suficiente; no discutamos
la cantidad, porque nos perdemos por las ramas.
Es cierto, y este diputado lo conoce, que el ordenamiento jurídico
español ordena la suspensión de los expedientes administrativos por las
actuaciones judiciales, pero yo no le quería plantear eso, señor
ministro, sino la sugerencia que el Defensor del Pueblo realiza en su
informe al decir que no hay que ligar automáticamente el archivo judicial
con el archivo administrativo. Cuando se produzca el archivo judicial se
debe proseguir el impulso del expediente administrativo para que termine
por sus propios cauces, analizando si hay o no motivo para acordar
resoluciones administrativas sancionadoras, pero no hay que ligar
automáticamente, señor ministro, archivo de diligencias penales con
archivo de expediente administrativo sancionador, porque una cosa no
tiene que ver con la otra, son jurisdicciones independientes. No caigamos
en la corruptela --entre comillas--, de aprovechar los hechos probados en
las resoluciones judiciales como base fáctica exculpatoria
o condenatoria; esto se puede hacer según los casos, porque son
jurisdicciones independientes. La propia Administración tiene sus
mecanismos investigadores que si se demuestra la comisión de hechos
desembocarán en una falta administrativa y los tribunales penales
únicamente deciden si hay delito o falta, pero en los casos en que no hay
delito ni falta es posible que sí exista algún tipo de infracción
administrativa y sea acreedora de una corrección disciplinaria. Esa es la
recomendación que hace el Defensor del Pueblo y la petición que realiza
el Grupo Socialista es que se asuma por la Dirección general de
Instituciones Penitenciarias esta sugerencia, esta recomendación.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Quiero decir que, desde luego, compartimos
plenamente la afirmación del señor Pérez Solano en cuanto a que el
respeto a los derechos humanos no debe ser medido en cantidad, sino en
calidad. Afortunadamente, creo que ése es un espacio común en el que nos
movemos todos los grupos parlamentarios y el Gobierno. Quiero decir,
asimismo, que entendemos que esas garantías que se reclaman son las que
en un Estado como el nuestro están ya contenidas en el ordenamiento
vigente que por tanto suponen el estricto cumplimiento de la ley y que,
desde luego, el compromiso de las asociaciones, de la sociedad en
general, de los grupos parlamentarios en el cuidado de los derechos de
los internos, es sin género de duda el compromiso de los profesionales
penitenciarios, de la Administración penitenciaria y, en el mismo lado,
en el mismo término y en la misma medida que de los demás grupos, también
de este grupo parlamentario.
Por último, este grupo parlamentario celebra que finalmente este debate,
a tenor de todas las últimas intervenciones, termine como debe terminar,
o al menos así lo valoramos nosotros: en un tono constructivo, en un tono
de reafirmación de diálogo, con el compromiso por parte de todos de la
búsqueda de soluciones que mejoren la realidad de la vida penitenciaria
y, sin lugar a dudas, de que en esos términos de calidad se respeten en
todo punto y sin ninguna excepción los derechos básicos de los internos.
Quiero anotar que ese compromiso de diálogo y de puertas abiertas ha sido
siempre el compromiso del Gobierno, hoy lo ha reiterado el señor ministro
del Interior, y así queremos destacarlo. Desde luego, mi grupo
parlamentario siempre entenderá que las posiciones de los demás grupos en
este ámbito de defensa de la cultura de los derechos humanos son
opiniones constructivas y que nos sirven de acicate.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Voy a ser breve.
Me quedo con una afirmación que han hecho todos los grupos y que yo voy a
repetir, porque es lo que más me puede satisfacer: que no hay vulneración
colectiva, global de los derechos humanos. (El señor Saura Laporta:
¡Faltaría más!)
Es que eso es muy importante, señor Saura; esa afirmación es muy
importante, porque ya llevamos años en la política y, en ese terreno, uno
intuye que algunos tratan --no sé si hoy-- de que se cree clima
suficiente como para que en poco tiempo se vaya produciendo una sensación
de deterioro generalizado en la situación de los derechos humanos en las
cárceles. Por eso es muy importante que usted se haya expresado con tanta
rotundidad y haya dicho: Aquí no vamos a hacer un planteamiento de
crítica de la vulneración global y colectiva de los derechos humanos;
aquí venimos a hacer un planteamiento sobre unas denuncias concretas que
se han producido por un conjunto de asociaciones humanitarias. Creo que
eso es muy importante y yo me quedo con esa afirmación, coincido
plenamente con usted, y sólo quiero hacerle alguna consideración general,
a usted y a todos, no sólo a usted.
Las medidas que se pueden adoptar a efectos de investigar y de abrir un
expediente, tienen que ser razonables y posibles, porque estamos hablando
de un colectivo de 50.000. Imagínese usted que se investiga sobre
cualquier carta, sobre cualquier denuncia, sobre cualquier llamada
telefónica; por lo visto a lo mejor es indiferente que haya una
finalización de ese camino administrativo y judicial, y sobre eso hay que
seguir trabajando y también sobre cualquier tipo de denuncia de cualquier
asociación. Habrá que determinar cuándo comienza una iniciativa de estas
características; también habrá que tener algún límite. He dicho antes que
de todos los casos concretos que han planteado estas instituciones --yo
se los he precisado, pero a lo mejor no me ha entendido-- hay claramente
coincidencias en dos casos: donde se dice que había también una
investigación administrativa y un procedimiento judicial sobre esas dos
personas, esos dos penados a los que antes me he referido. Le he dicho
que en los demás casos, porque hayan muerto o porque haya terminado el
camino administrativo judicial, no cabe hacer mayor esfuerzo, porque todo
tiene que tener su límite, y es evidente que en este terreno hace falta
que todos tengamos prudencia para afrontar de manera razonable los
problemas respecto a los derechos humanos de 50.000 reclusos. Esta es la
única reflexión que le he hecho hoy en este terreno.
Hay una discrepancia con el Defensor del Pueblo, y es en un caso una
medida cautelar que no se adoptó por Instituciones Penitenciarias en el
año 1997, es una discrepancia concreta con Instituciones Penitenciarias,
y es evidente que el Defensor del Pueblo ha hecho una recomendación
general, de la que nosotros tomamos nota --no sé si la ha hecho por
escrito, pero me la ha hecho a mí verbalmente--, y que viene a pedir una
mayor actuación disciplinaria de Instituciones Penitenciarias en
determinados supuestos. De eso tomamos buena nota.
En definitiva, aquí no hay satisfacción, no puede haberla nunca con la
situación en las cárceles españolas, pero no hay vulneración, no hay
retroceso, y seguimos abiertos permanentemente al diálogo con aquellas
instituciones que quieran hacer denuncias concretas sobre casos
concretos.
En este terreno estamos absolutamente abiertos a ustedes, de la misma
forma que lo estamos a cualquier institución de carácter humanitario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--LA POLITICA DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LO REFERIDO A LA
PROTECCION DEL DERECHO DE MANIFESTACION Y CONCENTRACION, ASI COMO SU
VIOLACION Y REPRESION DISCRECIONAL EN GALICIA POR PARTE DE LA DELEGACION
DEL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 213/000508).
--SI COMPARTE LA ACTUACION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA, CON
MOTIVO DE LAS MOVILIZACIONES DE GANADEROS DEL DIA 20 DE ENERO DE 1998. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
213/000509).
--EL DISPOSITIVO Y ACCIONES POLICIALES EL PASADO DIA 20 DE ENERO EN
GALICIA, JORNADA DE MOVILIZACION DE LOS AGRICULTORES GALLEGOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 213/000559).
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día, señorías, que en
uso de las facultades de la Presidencia, también se va a agrupar, está
integrado por los que venían en la convocatoria como números 6, 7 y 8, a
saber comparecencia del ministro de Interior para explicar la política de
orden público y seguridad ciudadana en lo referido a la protección del
derecho de manifestación y concentración, así como su violación y
represión discrecional en Galicia por parte de la Delegación del
Gobierno, a iniciativa del Grupo Mixto. Comparecencia del ministro de
Interior para explicar si comparte la actuación del delegado del Gobierno
en Galicia con motivo de las movilizaciones de ganaderos del día 20 de
enero de 1998, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y
comparecencia del ministro del Interior para informar del dispositivo y
acciones policiales el pasado día 20 de enero en Galicia, jornada de
movilización de los agricultores gallegos, interesada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor ministro para la primera exposición de la
petición de comparecencia.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, trataré de
ser lo más breve posible a esta hora de la noche, y voy a empezar por
hacer una serie de consideraciones o reflexiones generales sobre esta
situación en Galicia.
Quiero insistir en que la actuación policial en las manifestaciones
celebradas en Galicia, al igual que en el resto de España, se atienen
estrictamente a la legalidad. Es evidente que no puedo compartir algunos
calificativos como los de violación o represión discrecional a que alude
en la solicitud de comparecencia el Grupo Mixto respecto de la actuación
del delegado del Gobierno en Galicia, sino que, por el contario, tengo
que rechazarlos con absoluta rotundidad. Creo que no son en modo alguno
acertadas ni se corresponden con la realidad una serie de
descalificaciones hacia el delegado del Gobierno en Galicia por parte de
algunos grupos políticos de la oposición, sino que por el contrario se ha
ajustado escrupulosamente a la legalidad tanto en lo que se refiere a
criterios para justificar la intervención como los medios empleados para
el restablecimiento del orden.
Quiero poner también de manifiesto que hay un dato que a mí me parece
enormemente significativo por el que se demuestra que no ha habido una
represión arbitraria de los derechos de los manifestantes ni se ha
cortado la libertad de expresión de los gallegos. En Galicia, durante el
año 1997 se han producido un total de 2.500 manifestaciones y
movilizaciones, lo que implica una media semanal de 50 concentraciones.
La gran mayoría de éstas han tenido lugar sin la preceptiva comunicación
previa y con frecuentes cortes del tráfico rodado, y en esos casos han
actuado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad invitando en primera instancia
a la disolución de las mismas, y en cualquier caso siempre en aras del
restablecimiento del orden público. Dejando al margen algunos incidentes
con motivo de ciertas movilizaciones, quiero poner de manifiesto un
talante respetuoso y democrático de la mayoría de estos colectivos que
han realizado manifestaciones y que en muchos casos han sabido respetar
los derechos esenciales del resto de los ciudadanos; pero también quiero
poner de manifiesto que no existe una política singular de orden público
específica para Galicia, y en ese sentido les reitero la confianza plena
en el funcionamiento de la Delegación del Gobierno en Galicia y de las
subdelegaciones en los cuatro territorios de Galicia. Tendré ocasión a lo
largo del debate de hoy de hacer quizá una mayor aproximación a lo que
sucedió en los cuatro territorios gallegos, pero quiero reiterar esta
confianza plena y total por parte del Gobierno hacia el delegado del
Gobierno y Galicia y que no hay una política concreta de orden público
específica para Galicia por parte de la Delegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente, y buenas noches a usted y al señor ministro, que en este
trámite en que estamos veo que es mucho más breve que en los anteriores;
yo espero que no sea porque se le da menos importancia a este punto, creo
que no y supongo que es por lo avanzado de la hora.
Nosotros cuando solicitamos esta comparecencia, pretendíamos que el señor
ministro nos explicase cuál era el
modelo de orden público del Gobierno, y por tanto si las actuaciones
llevadas a cabo por el señor delegado del Gobierno en Galicia, que es por
cierto el máximo responsable de las fuerzas de orden público, encajaba en
ese modelo del Gobierno y en última instancia si creía que las fuerzas
del orden público estaban dirigidas adecuadamente en Galicia. Después de
lo que nos acaba de manifestar en su primera intervención, parece que no
hay ningún modelo especial, que las actuaciones son todas ajustadas a la
legalidad y que respalda plenamente la actuación del señor delegado del
Gobierno en Galicia.
De toda maneras, señor ministro, quisiera decirle que puede usted estar
seguro de que la disconformidad que el Bloque Nacionalista Galego expresa
acerca de la actuación del señor delegado del Gobierno en Galicia, y
sobre todo del uso que hace de las fuerzas de orden público, es
compartida, que yo sepa --mire qué curioso--, por todas las fuerzas
políticas y sindicales de Galicia, excepto el Partido Popular. Desde
luego, aquí no estamos cuestionando una actuación puntual y más o menos
desafortunada de un delegado del Gobierno, sino una actuación global
desde su toma de posesión, por más que también hay que decir que en los
últimos tiempos se aprecia una posición más discreta del señor delegado y
del uso que está haciendo de las fuerzas de orden público.
Señor ministro, desde nuestro punto de vista con toda claridad, con todo
respeto y al margen de la cuantificación que se haga de las
manifestaciones que se desarrollaron con o sin incidentes y que ya
conocíamos porque hizo especial referencia a ellas el señor delegado para
demostrar que toda su actuación era muy democrática, creemos que alguna
actuación está claramente al servicio del partido en el poder, en este
caso el Partido Popular. Es una actuación demostrable con hechos, muy
amenazante con el discrepante, basada muchas veces en el principio de que
la mayoría en las urnas legitima cualquier tipo de actuación, y con una
interpretación muy sui generis de la colisión de derechos: un derecho no
puede colisionar con otro; respeto de derechos, etcétera, como S. S.
sabe; en todo caso, una interpretación un poco curiosa.
Hay una serie de actuaciones de las fuerzas de orden público al mando del
delegado del Gobierno que son desproporcionadas respecto a la gravedad de
las presuntas alteraciones del orden público y del riesgo para bienes y
personas. Por no relatar todas y para no alargar esta sesión
indefinidamente, sólo le relataré algunas. Como usted sabe hubo cargas
contra camiones de Tafisa en Pontevedra, con heridos, algunos de ellos
personas mayores; creo que la situación originada no fue de peligro para
el orden público, y así se recogió en casi todos los medios de
comunicación; actuaciones contra trabajadores de Endesa, con heridos,
incluido algún niño, y contra la población de Pontedeume que presenciaba
la manifestación; contra estudiantes universitarios, entre los que
también hubo heridos, contra vecinos de Vilaboa, opositores a la
instalación de una empacadora de basura, con un claro intento, además, de
imponerla por la fuerza ya que el poder político no consigue convencer a
esos vecinos; actuaciones contra estudiantes de enseñanzas medias que
entre otras cuestiones pasan por solicitar a los directores de los
colegios que informen sobre los grupos violentos; expedientes abiertos
sin mucho motivo a estudiantes jóvenes en Tuy que merecieron la mediación
del señor alcalde --por cierto, del Partido Popular-- para que se
reiterasen; contra trabajadores de Povisa; la famosa carga del Centro
Galego de Arte Contemporáneo, donde hubo una protesta de intelectuales y
estudiantes por la destitución de la entonces directora general del
citado centro, por no citar el famoso desplazamiento de la masa (que como
usted sabe es un término que inventó el señor delegado del Gobierno, que
también tiene agudeza para estas cosas, es decir no hubo una carga
policial sino un desplazamiento de la masa), contra los propietarios de
parcelas en las fragas del Eume, que deslucían un acto electoral del
señor Fraga Iribarne.
Pero culmina la actuación inadecuada del delegado del Gobierno en Galicia
con la famosa tractorada del 20 de enero. Señor ministro, respeto su
opinión de mantener que lo que se hace, bien está; pero esa actuación del
delegado del Gobierno no pretendía en modo alguno garantizar el orden
público, sino que desde nuestro punto de vista pretendía amedrentar e
impedir que los ganaderos expresasen su protesta ante la política del
Gobierno sobre el sector lácteo. Creemos que fue una actuación partidista
y desproporcionada. Se hizo utilización de las fuerzas de orden público
(hay datos remitidos por el Gobierno del número de fuerzas que
participaron en relación al número de manifestantes) que me parece no
pretendía proteger los derechos de los ciudadanos sino impedir que
expresasen su disconformidad con esa política. Esta visión es compartida
por la totalidad de las fuerzas políticas y sindicales en Galicia. Esta
actuación, que fue la gota que de alguna manera colmó el vaso, provocó la
convocatoria de una manifestación en Santiago, el pasado 14 de febrero,
en defensa de las libertades públicas, lo que no es habitual, señor
ministro, y tiene que responder a una situación de hastío generalizado
ante la política practicada por el señor delegado salvo que pensemos hay
una especie de conjura o contubernio contra esa persona, aunque yo creo
que no va por ahí el tema.
Esas actuaciones se acompañaron de la apertura de numerosísimos
expedientes sancionadores. Le voy a poner un ejemplo. Según respuesta del
Gobierno, los vecinos de Vilaboa tienen en este momento abiertos 230
expedientes por valor de 20.100.000 pesetas. Otro ejemplo: por la
tractorada del 20 de enero se abrieron 345 expedientes, cuando, además,
el Gobierno en su respuesta dice que sólo participaron 700 tractores en
esa movilización, lo cual supone que se expedientó a la mitad de los
participantes y multas por valor de 31.619.000 pesetas, y por cuestiones
que, como usted comprenderá, a mí me parecen que poco tienen que ver con
garantizar el orden público; fíjese que se abren expedientes a
tractoristas por carecer de documentación, por carecer de placas de
matrícula, por carecer de repuestos de señales luminosas, por llevar
placas de matrículas borrosas. Usted seguramente me va a contradecir,
pero comprenderá que estas infracciones no responden a un peligro para el
orden público.
También quisiera manifestarle con todo respeto y cordialidad que a mí me
parece que en las actuaciones del señor
delegado hay diferencias de criterio ante hechos semejantes. Por ejemplo,
en los últimos tiempos hubo en Galicia tres tractoradas: una, en enero de
1997, en la que apenas hubo problemas ni incidentes; curiosamente esta
tractorada tuvo lugar antes de las elecciones autonómicas de octubre, e
incluso en esa ocasión el señor delegado declaraba muy correctamente que
no estaba para nada en su ánimo abrir expedientes. Después la de enero de
1998. Hubo otra el 3 de marzo, posterior por tanto a la manifestación de
hastío de las fuerzas políticas en Galicia y que discurrió con
tranquilidad, prácticamente sin ningún problema y donde la actuación de
las fuerzas de orden público creo que en general fue adecuada, habiendo
participado muchos más tractores que la vez anterior. Sin embargo, en la
de enero de 1998, que ya relatamos, se produjeron los problemas citados.
Hay algo que no encaja, señor ministro.
No voy a entrar a valorar actuaciones como la acaecida en Cangas de
Morrazo, donde hubo gravísimos incidentes provocados contra el actual
gobierno municipal y que terminaron con la quema del coche de un
concejal, y hasta donde yo sé no se abrió ningún expediente ni hubo
actuación especial de las fuerzas de orden público. Yo no digo nada,
simplemente me parece que hay ciertas diferencias de criterio.
Tampoco quiero entrar en profundidad --porque a usted quizá no le
compete--, sobre el perfil acusadamente político del señor delegado del
Gobierno, entrando en política de manera excesiva y con constantes
descalificaciones de la oposición, fundamentalmente --hay que decirlo--
del nacionalismo, insinuando conexiones con la violencia. No quiero
entrar como digo en este tema porque a usted no le interesará demasiado,
pero en todo caso configura un tipo de actuación que nosotros no
compartimos.
Señor ministro, puede que el delegado actual sea grato a los ojos de
algún miembro de su gabinete o a la estructura del Partido Popular en
Galicia o incluso el señor delegado crea que esa actuación le sirve para
medrar políticamente; sin embargo, cuando hay una coincidencia tan grande
en la oposición, cuando menos me parece que debería hacerle reflexionar
acerca de si las fuerzas de orden público están en las mejores manos para
conseguir lo que todo el mundo pretende: el necesario prestigio social y
que la sociedad tenga la sensación de que está a su servicio.
Usted pasa por ser un ministro dialogante, inteligente, demócrata
convencido, tolerante y a la vista de la sesión de hoy creo que con mucha
resistencia en esta Comisión y supongo que también política, por lo que
creo le espera un buen futuro; insisto en que no sé si usted está
dispuesto a reconsiderar o corregir el rumbo de esa política y si eso le
va a ayudar a mantener esa imagen.
Yo no pretendo --y lo digo porque el peloteo constante a lo largo de la
tarde fue ése--, y creo que tampoco es la pretensión de ninguno de los
que me seguirán en el uso de la palabra, una descalificación global de
las fuerzas de orden público, porque siempre que se habla de estas cosas
se entra constantemente por ahí. Se trata de una actuación concreta de un
señor delegado que, desde el punto de vista de mi grupo político y
supongo que desde el punto de vista de otros grupos políticos, no tiene
el perfil más adecuado para el cargo de la responsabilidad tan importante
que ostenta. En todo caso, tendremos tiempo de debatirlo a lo largo de
esta sesión.
Aunque a lo mejor es un poco extemporáneo porque no es objeto de esta
comparecencia, también quisiera aprovechar la ocasión para que nos
explicara dos hechos acontecidos recientemente que nos preocupan y que
crearon una cierta alarma social. Por un lado, la detención de dos
jóvenes, el pasado 26 de marzo, en O Grove por agentes de la Guardia
Civil, al parecer por haber criticado durante las fiestas del carnaval la
labor de ese cuerpo en unas coplas. Por otro lado, la reciente detención
de dos mujeres en Lugo a quienes la policía confundió con miembros de una
banda de delincuentes y a las que, según sus relatos, no se les dio el
trato más correcto. En todo caso, nos gustaría saber, si es posible, si
el Ministerio piensa exigir algún tipo de responsabilidad y si el señor
ministro piensa adoptar alguna medida para corregir actuaciones de este
tipo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor ministro, Esquerda Unida en Galicia tiene
una posición muy clara, y es que el delegado del Gobierno en Galicia no
debería estar ni un minuto más al frente de esa responsabilidad por su
especial lectura a la hora de garantizar los derechos fundamentales.
Nosotros le pedimos hoy aquí formalmente el cese del delegado del
Gobierno en Galicia y que nombren ustedes a una persona que, a la hora de
garantizar los derechos fundamentales, no rompa ese equilibrio de
garantías siempre en perjuicio de los que quieren ejercer el derecho de
manifestación, el derecho de huelga, etcétera. Concretamente, señor
ministro, yo tuve la oportunidad de estar presente el día 20 en Galicia,
y la verdad es que el despliegue policial de los cuerpos especiales de la
Guardia Civil me produjo una sensación tremenda, como si fuera una
especie de ocupación. En Ferrol, donde yo estaba, hubo una desproporción
de medios tremenda. Desde nuestro punto de vista, la actuación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado previamente a la jornada
solamente tenía un fin, el de coartar el derecho de manifestación de los
ganaderos y crear un clima de cierta violencia --inexistente, por cierto,
en la convocatoria-- que justificase posteriormente una represión por
parte de las fuerzas del orden. Después, en la convocatoria de la
tractorada quedó claro que no hubo ninguna actuación violenta por parte
de los manifestantes. Sin embargo, todo ese despliegue previo, las
visitas previas a ganaderos y manifestantes en sus propias casas, en sus
propias parcelas, lo único que perseguían era un cierto amedrantamiento
para garantizar el fracaso de esa manifestación. Yo aquí le quiero
recordar que celebramos otra comparecencia en relación con la huelga de
enseñanza de Tenerife en donde se siguió el mismo procedimiento
equivocado, y se ha vuelto a repetir ahora en Galicia, que consiste en
que antes de la convocatoria de cualquier jornada de manifestación, de
huelga, etcétera, las fuerzas de seguridad van físicamente --en Tenerife
fueron a los centros de trabajo de los profesores-- a preguntar si van a
participar
o no en la jornada, y en este caso fuerzas de la Guardia Civil han ido a
las aldeas a preguntar a los aldeanos si iban a participar en una
manifestación. ¿Qué pinta la Guardia Civil en ese proceso previo? Se lo
vuelvo a reiterar en esta comparecencia. En la comparecencia de Tenerife
usted se comprometió en esta Cámara a corregirlo, y yo le daba una
posible solución para garantizar el ejercicio del derecho de
manifestación y de huelga, que pusieran, en coordinación con las fuerzas
convocantes, los efectivos policiales necesarios. Pero eso no se resuelve
visitando la víspera las aldeas y los centros docentes para hablar
directamente con los posibles participantes; se consigue hablando con los
convocantes, sean sindicatos, sean fuerzas sociales, con discreción, con
ánimo de colaboración, para garantizar lo fundamental, que es el derecho
a la manifestación. En aquella comparecencia usted nos anunció que iba a
estudiar esa posibilidad, pero veo que, transcurridos unos meses, se
vuelve a hacer lo mismo; otra vez, ante una convocatoria de tractorada,
previamente a la jornada de manifestación se va físicamente a las aldeas
a preguntar a los aldeanos si van a participar o no. Yo creo que ya
solamente la visita de ese funcionario a una casa para preguntar si va a
participar o no tiene que alterar a cualquier persona. Es una cuestión
absolutamente irregular. Yo creía que por parte de su Ministerio se iban
a dar las órdenes oportunas para corregirla, pero veo que se vuelve a
incidir en lo mismo, y con ello lo único que se hace es crear una
sensación claramente de coacción, un clima para impedir una participación
en el ejercicio de ese derecho de manifestación. Por tanto, si sumamos
esto a lo que supuso ese despliegue desproporcionado y la propia
actuación de la fuerza en la misma acción, todo eso debería de hacerle
ver a su Gobierno, y a usted particularmente, que el delegado del
Gobierno en Galicia no puede estar al frente de esa responsabilidad.
Nosotros desde aquí formalmente le pedimos la dimisión del delegado del
Gobierno en Galicia, y eso seguro que nos evitará próximas convocatorias
de comparecencias; eso sí, con el ruego al presidente de la Comisión de
que se hagan con otro horario y a ser posible por la mañana, porque, para
que conste en acta y a efectos de la Caja de este Congreso, tengo que
decir que he perdido el AVE que salía a las 9, que no ha sido mi
responsabilidad y que mañana tendré que sacar otro billete. Por tanto,
como he dicho, esto nos permitiría a todos celebrar próximas
comparecencias en las que sin duda estaríamos hablando de Galicia y sus
problemas desde otra perspectiva, no desde ésta, no sobre una actuación
irregular de un delegado del Gobierno que no ha sabido ponerse al frente
ni resolver la situación, que no ha garantizado este ejercicio de
manifestación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Blanco López.
El señor BLANCO LOPEZ: Agradezco su comparecencia, señor ministro, porque
usted como demócrata de buen talante tiene que comprender la preocupación
que tenemos, porque son malos tiempos aquellos en los que hay que salir a
la calle en defensa de las libertades. Esto sucedió en Galicia el día de
San Valentín, donde más de 15.000 personas lo han hecho como consecuencia
de las numerosas actuaciones que tuvieron su cenit el día 20 de enero,
con motivo de la movilización de los ganaderos en defensa del sector
lácteo.
Señor ministro, quisiera comenzar afirmando que el delegado del Gobierno
tiene toda nuestra consideración, pero muchas de sus actuaciones nos
merecen, como demócratas, todo nuestro desprecio y repulsa. Señor
ministro, no se puede entender el orden público como la intimidación, la
amenaza o la coacción para impedir el derecho a poder manifestarse en
libertad. Lo decía alguien hace un momento: la voluntad popular expresada
en las urnas, aunque ésta sea mayoritaria, no legitima a nadie para
conculcar los derechos consagrados en nuestro ordenamiento
constitucional. Han sido numerosas y reiteradas las actuaciones en
Galicia del delegado del Gobierno en las que su vena intolerante afloró.
Llueve sobre mojado, señor ministro, y, después de escucharle, nos da
usted la impresión de que mira a otra parte o que incluso avala estas
actuaciones.
Muchas de esas actuaciones --se ha dicho-- se saldaron con numerosos
heridos, otras con expedientes sancionadores abiertos, otras con heridos
y expedientes sancionadores, y todas bajo la mirada alarmada de la
sociedad gallega. Ejemplo de lo que digo fue la carga contra los
trabajadores de Povisa, en Vigo, contra los vecinos de Bilaboa, en
Pontevedra, contra estudiantes y artistas que protestaban en Santiago por
el cese de la directora del Centro Gallego de Arte Comtemporáneo, hasta
la que tuvo lugar --como se ha puesto de manifiesto y quiero reiterar--
en Puentedeume contra los agricultores de la fraga del Eume, que se saldó
con más de diez heridos y que ustedes justificaron como un desplazamiento
de masa. ¡Menudo desplazamiento, señor ministro!
Estos son solamente algunos de los ejemplos de los últimos tiempos; éstos
son solamente algunos de los ejemplos desde que el señor Diz Guedes es
delegado del Gobierno. Yo le pregunto: ¿no le parecen suficientes casos
para que se adopte algún tipo de medida? Señor ministro, cumplir con la
legalidad es compatibilizar el derecho de los que quieren movilizarse con
el de los que, como en este caso, querían circular libremente por las
carreteras gallegas. Cumplir la legalidad no es sinónimo de poner a
disposición de un partido político, del Partido Popular, las Fuerzas de
Seguridad del Estado para que actúen contra aquellos que protestan en
contra de una decisión impulsada por éstos.
Señor ministro, respecto a las movilizaciones de los ganaderos gallegos
el pasado 20 de enero, objeto de su comparecencia, hay un antes y un
después. Se emprendió en los días previos --usted lo debería conocer--
una campaña desde la Delegación del Gobierno de amedrentamiento e
intimidación al conjunto del sector ganadero, con el único objetivo de
hacer fracasar las movilizaciones a toda costa y a cualquier precio,
incluidas visitas domiciliarias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Señor ministro, el día 20 de enero, los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, en una movilización sin precedentes en Galicia
(1.739 agentes de la Guardia Civil, 427 policías
y 450 vehículos, según usted mismo me ha reconocido en un reciente
respuesta a una pregunta que le había formulado por escrito), obedeciendo
órdenes en todo momento del delegado del Gobierno, imposibilitaron la
circulación de tractores para impedirles que llegaran a los puntos de
concentración. Utilizaron para ello todos los instrumentos, desde la
solicitud de documentación hasta las retenciones, siendo en muchas
ocasiones las propias Fuerzas de Seguridad las que impidieron la libre
circulación de vehículos cortando el tráfico. Para que vea que no exagero
nada, un periódico tan prestigioso como La Voz de Galicia decía al día
siguiente: «La policía cortó el tráfico en la avenida de Madrid
atravesando sus furgonetas.» Le pongo simplemente un ejemplo.
Señor ministro, yo fui testigo de lo sucedido. No me lo han contado, no
lo he leído tampoco en los periódicos porque yo mismo fui zarandeado ese
día, cuando me encontraba en un arcén de una carretera concentrado en
apoyo de las reivindicaciones de los ganaderos. Los medios de
comunicación así lo reflejaron al día siguiente y también reflejaron
claramente lo que había sucedido ese día. Calificaron los hechos como una
batalla campal y la actitud del delegado del Gobierno de represiva y
provocadora. Con esta actitud ha conseguido que lo que era un cauce
normal de expresión, de protesta pacífica, tranquila y ordenada por los
arcenes de las carreteras, llamando la atención al Gobierno sobre los
problemas del sector lácteo y ante la ausencia de respuestas del propio
Gobierno, se convierta en una confrontación con cargas desproporcionadas
y arbitrarias contra agricultores, parlamentarios, concejales y contra
todo el que iba en esa manifestación.
Esta actitud intolerante contrasta con el carácter pacífico y tranquilo
de nuestros ganaderos y del pueblo gallego, como han demostrado los
propios ganaderos corrigiendo al delegado del Gobierno en las
movilizaciones que se realizaron mes y medio después. El día 6 de marzo,
ante la ausencia de actuaciones por parte del delegado del Gobierno y en
una manifestación de las mismas características, no hubo incidentes, los
ganaderos se movilizaron pacífica y tranquilamente con sus tractores y no
hubiera sido necesario haber convocado una movilización sin precedentes
desde hace muchos años en Galicia en defensa de los derechos democráticos
y las libertades.
Señor ministro, como ha dicho una señora diputada de nuestro grupo en la
Comisión de Administraciones Públicas en la que se debatía sobre el cese
del señor Diz Guedes, éste se propuso ser actor y director de una serie
de acción con varios capítulos en los que él, por supuesto, era el actor
principal, el hombre de hierro que se dedica a rodar cuantas más
secuencias y episodios mejor. Para buscar los mejores escenarios, propone
el despliegue adecuado y mucha acción, toda la acción del mundo para que
los efectos sean importantes.
Señor ministro, hoy yo no le voy a reiterar la solicitud de dimisión del
delegado del Gobierno. Lo hemos hecho en numerosas ocasiones y lo hemos
hecho también con nuestro voto en la Comisión de Administraciones
Públicas, cuando se sometía a consideración una proposición no de ley en
este sentido. Hoy le solicito que deje sin efecto los expedientes
abiertos por supuestas infracciones, bien sean penales, por infracciones
de la Ley Orgánica 1/1992 o por infracciones del Reglamento General de
Circulación. ¿No le parece una exageración la apertura de 345
expedientes, cuando el delegado del Gobierno dijo ese mismo día que
solamente se habían movilizado 700 tractores --la realidad luego demostró
que unos pocos más--, imputables todos ellos, desde mi punto de vista, a
la beligerancia, a la contumacia y a la intolerancia del propio delegado
del Gobierno? Esta decisión que hoy le solicito, de llevarse a efecto,
supondría pasar la página de una historia que nunca debió haber sucedido.
Espero que su buen hacer, del que hizo gala en más de una ocasión, le
sirva para entender y aceptar la petición que le formulo y dejar sin
efecto estas sanciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: En primer lugar, quiero disculparme porque mi
voz no es la más adecuada para una intervención parlamentaria, pero
intentaré, en aras de la hora que es, ser lo más breve posible.
Después de oír al señor ministro, creo que la conclusión a la que se
llega es que la actuación del delegado del Gobierno fue correcta y ceñida
en todo momento a la legalidad. Los datos aportados en esta Comisión
expresan cómo se han salvaguardado los derechos de los ciudadanos
gallegos desde el más escrupuloso respeto a la legalidad. Simplemente
haciendo un repaso a esa prensa a que se ha hecho referencia con
anterioridad se puede ver cómo en muchos de los casos, en la inmensa
mayoría de los casos, se agotaron todas las vías de diálogo precisamente
para evitar las intervenciones de los responsables de la seguridad.
Precisamente esas vías de diálogo fueron las que permitieron que, en la
inmensa mayoría de los casos, como he dicho, las concentraciones no
comunicadas se celebraran con absoluta y total normalidad.
También hay que poner de manifiesto que el ejercicio de ambos derechos,
en este caso el de la seguridad y el de la libertad, son perfectamente
compatibles y no antagónicos, como algunos parecen entender. Si algo debe
quedar claro es que ninguno de estos dos derechos debe ser utilizado como
arma política, ya que esto desvirtuaría claramente la labor que todos los
demócratas tenemos la obligación de defender.
Ya lo ha manifestado el señor ministro, pero utilizar calificativos como
violación o represión discrecional en este ámbito son rechazables en sí
mismos, ya que el ejercicio de la libertad es un derecho de todos los
ciudadanos, de los que se manifiestan y de los que no lo hacen. A veces,
cuando uno oye cómo se califican las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, da la sensación de que no se actúa con la ecuanimidad
necesaria, anteponiendo la supuesta rentabilidad política a la
objetividad en el relato de los hechos, siendo posteriormente los órganos
judiciales los que sitúan a cada uno en su sitio. El incumplimiento de la
ley, sea del carácter que sea, de uno u otro, no tiene justificación
posible y efectivamente todos, absolutamente todos,
tanto Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como delegados del
Gobierno o como nosotros mismos, estamos al servicio de la sociedad, de
toda la sociedad.
Decir de alguna manera que el hecho de que haya Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, en el número que fuere necesario, es crear clima de
cierta violencia es una afirmación que no es de recibo.
Para terminar, quiero hacer una última reflexión afirmando que,
afortunadamente, en este momento y en este país ya no hace falta salir a
la calle para defender las libertades ni los derechos fundamentales
porque todos los que estamos aquí los defendemos, los ciudadanos que
están en la calle y en primer lugar el Gobierno de la nación. Por cierto,
decir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ponen al
servicio de un partido político, más allá de una licencia parlamentaria
sencillamente creo que es una barbaridad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, cada vez
que hay un debate relacionado con el orden público reconozco que al final
del mismo tengo una especial incapacidad o impotencia, porque hay que
afrontar de otra forma los problemas de estas características, por
ustedes y por nosotros, por el Gobierno y por la oposición, porque
evidentemente es una especie de diálogo de sordos.
Usted sabe muy bien que yo no voy a cesar al delegado del Gobierno en
Galicia y yo sé que ustedes van a seguir reiterando en sus réplicas que
cese al delegado del Gobierno en Galicia. Usted sabe muy bien que voy a
decir en pocos minutos que las libertades y los derechos se respetan en
Galicia, y ustedes van a decirme que no se respetan y que hay un claro
retroceso. Al final es un debate que ni beneficia al Gobierno ni a la
oposición y, desde luego, a estas horas de la noche, seguro que a ninguno
de los dos. En cualquier caso, al margen de este tema en particular, les
lanzo una invitación para cuando se planteen problemas por parte de unos
partidos de la oposición de estas características, para ver si somos
capaces de poder acercarnos a estos debates de otra forma, porque de esta
manera es seguro que no hay ningún resultado. Y queda la invitación
genérica en este tema.
De verdad que yo nunca he entendido ninguna actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad que no sea para preservar los derechos de otras
personas a la hora de pasear o circular; no he entendido ningún temor a
manifestación alguna, no he entendido jamás ningún miedo a que se
movilicen de una manera u otra los profesores, los enseñantes o los
sindicatos, siempre y cuando no perturben los derechos de los demás, y
eso es algo que no entiendo. Porque si tenemos esa manera de aproximarnos
a estas cuestiones, mis compañeros de delegación del Gobierno tienen
otra. No me cabe en la cabeza, es más, yo creo que no es así; no hay que
tener en estos momentos en España ningún temor a la manifestación, a la
presión política de esa forma, siempre y cuando no se perturbe el
transcurso normal de las otras personas que ni están a favor ni en
contra, que simplemente quieren vivir tranquilos en su localidad o
circular por su carretera.
Uno de los dos grandes aspectos que ustedes plantean es la tractorada y
otro es la política global de orden público en Galicia. Pues bien, las
cifras que tengo en estos momentos son muy contundentes, hay 2.551
manifestaciones y movilizaciones en Galicia. ¿Eso es verdad o no es
verdad para la oposición? Si es verdad que se han producido 2.551
manifestaciones y movilizaciones en el año 1997, creo que no se puede
sostener simultáneamente que hay un déficit de la libertad de
manifestación o de movilización. La verdad es que cuando ha sido negado
el desarrollo de movilizaciones y manifestaciones ha habido muchas menos.
Creo que en una comunidad donde hay 2.551 manifestaciones y
movilizaciones es difícil que se pueda hablar de déficit en el derecho de
manifestación.
Si han sido comunicadas un 31,32 por ciento, eso significa que ha habido,
por cierto, un incumplimiento de la ley en un 70 por ciento. A lo mejor
no ha sucedido nada en las que no fueron comunicadas, pero esto apunta un
incumplimiento de la ley por parte del 70 por ciento de esas
manifestaciones. Pero si me dicen que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado han intervenido tan sólo en 36 manifestaciones de un total de
2.551, de las que han sido comunicadas un 31,32 por ciento, es decir, en
un 1,41 por ciento de las manifestaciones, difícilmente puede sostenerse
una actitud especialmente represora del delegado del Gobierno en Galicia.
Me refiero exclusivamente a las cifras globales a efectos de analizar si
se conculca el derecho de manifestación, si hay una comunidad muy
coartada en sus libertades. Ya se sabe que cuando hay déficit de libertad
nadie habla y nadie se manifiesta, y cuando hay libertad hay muchas
manifestaciones y hay muchas movilizaciones y se critica mucho a la
autoridad y al Gobierno, pero eso no suele ser un déficit de libertad,
eso más bien es, con las limitaciones que se quiera, la existencia de una
sociedad libre.
Entiendo también que en Galicia la situación política hace que haya
referentes políticos, en este caso el delegado del Gobierno, y de la
misma manera que ustedes me dicen que hay una clara insatisfacción por el
funcionamiento del delegado, yo también encuentro que no la hay y no en
cualquier partido, porque el Partido Popular no es cualquier partido en
Galicia, gobierna con más del 50 por ciento de los votos y además
gobierna sobre todo en la comunidad y son los representantes ordinarios
del Estado en la comunidad. Cuando el representante ordinario del Estado
en la comunidad hace una defensa clara y rotunda del delegado del
Gobierno hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, es el representante
ordinario del Estado en la comunidad, no el del Gobierno, y es un
referente a tener en cuenta. En definitiva, no se trata de hacer más caso
a unos que a otros, simplemente de poner de manifiesto que, de la misma
manera que ustedes me critican al delegado del Gobierno, yo también
escucho voces de claro apoyo desde Galicia, desde el corazón de Galicia,
desde la Comunidad Autónoma de Galicia en este caso hacia el delegado del
Gobierno.
Respecto al hecho concreto del 20 de enero de 1998, la famosa tractorada,
tampoco estoy en disposición de hacer un debate pormenorizado provincia a
provincia de lo que ustedes han dicho pero al revés. En Ferrol tenía
datos de que no habían pasado grandes cosas y el señor Meyer ha
contradicho de alguna forma también esa versión. No voy a entrar en el
detalle provincia por provincia. Voy a poner de manifiesto simplemente
que en el despliegue policial del 20 de enero le confirmo que hubo una
actuación de 427 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que hubo un
despliegue de la Guardia Civil de 1.739 efectivos, que los tractores
movilizados no son 700 sino que pueden estar entre 700 y 1.500, no son
coincidentes las cifras, según los datos que tengo, y hay que tener en
cuenta que son muchos tractores y que eso significa que ese despliegue en
cifras no es desproporcionado. Es mi opinión, en base a los datos que
tengo encima de la mesa.
En cuanto a los expedientes sancionadores a los que se ha referido el
Partido Socialista, hay 97 expedientes por infracciones de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y hay 248 infracciones
del reglamento general de circulación. No tengo ningún inconveniente en
trasladar al representante socialista la posibilidad de que me comunique
de alguna manera lo que me acaba de decir en esta comparecencia por
escrito, para que pueda estudiarlo. Hoy no me atrevo a contestarle ni en
una dirección ni en otra, habría que saber en qué forma y con qué
instrumento se paraliza un expediente de esas características. Lo que yo
hago, simplemente, es solicitarle que me envíe por escrito lo que pueden
haber significado esas infracciones.
En definitiva, estoy seguro de que la política del delegado del Gobierno
en Galicia no es muy distinta de la que yo acabo de expresar aquí. Estoy
seguro de que si ha habido actuaciones policiales en Galicia no ha sido
para reprimir manifestaciones o porque estamos muy preocupados por la
libertad de expresión, de movilización o de manifestación de los
gallegos, sino en la medida en que podían perturbar esas concentraciones
y movilizaciones lo que es el libre desarrollo de la vida cotidiana del
conjunto de los gallegos que ni están a favor ni en contra de las mismas.
Vuelvo a decirles lo que dije cuando comencé: el Gobierno apoya y
respalda al delegado del Gobierno en Galicia, y el Gobierno tiene, hasta
que no se demuestre lo contrario, una plena confianza en la actuación no
sólo del delegado --lo quiero dejar muy claro también-- sino en todo lo
que significa la administración periférica del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, le rogaría la mayor brevedad posible
en su segunda intervención. Tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: (don Guillerme): Señor presidente, usted ya
sabe que yo personalmente, y en general, soy bastante breve. En todo
caso, estamos a estas horas de la noche porque, como usted muy bien sabe,
los puntos anteriores --¿cómo se dice parlamentariamente?-- se
sustanciaron en un largo período de tiempo. Estábamos pensando antes si
abandonábamos o si teníamos que traer un kit de supervivencia.
Creo que el señor ministro va a mantener su posición; obviamente, como
representante del Bloque Nacionalista Galego, le diré que voy a mantener
también la misma si el comportamiento del señor delegado del Gobierno
sigue siendo el que referimos; si no sigue siendo el que referimos,
evidentemente no vamos a mantener la misma postura. Usted se equivoca en
decir que es una especie de pertinacia de la oposición, empeñada en hacer
que se destituya a este buen señor, incluso en sus filas creen que eso se
debe a que la oposición le tiene una especial manía, porque le da mucha
caña. Nada de eso, señor ministro. Al revés, políticamente podíamos
discutir sobre la eficacia para ustedes de mantener una persona así en
ese puesto. Pero eso no es objeto de esta discusión.
Usted, al final, hace referencia a los números. Efectivamente, vistas así
las cifras es probable que usted pudiera tener razón. Sin embargo, es
curioso ver cuáles son las manifestaciones, esas 35 ó 36 manifestaciones
que se reprimen. Creo que a estas alturas, señor ministro, lo que por lo
menos no puede negar es que en la manifestación del famoso 20 de enero
hubo una actuación desproporcionada por parte del señor delegado del
Gobierno y por parte, por tanto, de las fuerzas de orden público.
Aprovecho para decirle al representante del Partido Popular que aquí no
estamos criticando a las fuerzas de orden público sino a quien las manda.
A ver si empezamos a no eludir las responsabilidades políticas
enmascarándolas, diciendo que uno no puede meterse en destituciones,
etcétera.
Comentaba esto porque usted decía que hubo de 700 a 1.500 tractores. En
la respuesta que me da el Gobierno se asevera que eran 700. Pero es
igual, dejémoslo en 1.500. En todo caso, fuesen 700 ó 1.500, usted
comprenderá que el número de expedientes abiertos es altísimo. Además,
los motivos por los que se abren --le vuelvo a insistir en eso-- no son
por alteraciones del orden público, porque se le abrió un expediente a un
señor por llevar la matrícula del tractor sucia; no sé si eso es alterar
mucho el orden público o no, pero a mí me pega que no.
En todo caso, le insisto en que, efectivamente, fueran 700 ó 1.500, en la
tractorada de marzo pasado hubo más número que éste y no existió el mismo
comportamiento por parte de las fuerzas de orden público. Por tanto, el
señor delegado del Gobierno reconsideró su posición respecto a la que
había mantenido el día 20 de enero. Esos son hechos constatables. Como
usted también observará, casi nadie está hablando de la tractorada de
marzo. Aquí estamos hablando de unos hechos concretos que pueden ser
discutibles. Ya sé que usted como ministro --además, ésa es una manía que
supongo que se hereda--, al igual que todos los ministros de Interior, da
por buenas las versiones que ofrece la policía; también los de Defensa,
etcétera. No se puede dar simplemente por buena la versión porque desde
Galicia haya muchas voces --supongo que todas del mismo signo, aunque sea
un partido muy importante, como usted dice--, y decir que la actuación
del señor delegado es muy correcta. Comprenderá que no puede ser que
todas las fuerzas políticas y sindicales se opongan con
esa manía persecutoria al señor delegado del Gobierno, algo tiene que
pasar para que sea así.
Le vuelvo a insistir en que para que tuviera lugar una manifestación como
la del 14 de febrero en defensa de las libertades democráticas, alguna
gota colmó el vaso. Usted comprenderá que a los representantes de las
fuerzas políticas de Galicia no nos da la bruma o no nos afecta el
Atlántico de tal manera que nos volvamos todos medio turulatos y
decidamos que hay que hacer una manifestación en ese sentido. Creo que
eso es por algo.
Insisto en que si el comportamiento del señor delegado del Gobierno no
varía, obviamente vamos a seguir pidiendo su dimisión. Seguiremos
discutiendo, probablemente, en este Congreso sobre el tema. También
comparto la opinión del señor Meyer respecto a ver si es posible que lo
podamos hacer a una hora más razonable. En todo caso, si hay que hacerlo
a ésta, también lo haremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Intervendré con mucha brevedad.
Señor ministro, efectivamente, en la dialéctica Gobierno-oposición sí es
posible encontrar soluciones. Le doy un dato. La oposición no ha pedido
comparecencias al ministro para hablar del conjunto de las actuaciones de
todos los delegados del Gobierno en España; no. Estamos hablando de
comparecencias muy concretas de algunos delegados del Gobierno. Si mi
memoria no me falla, en esta legislatura habremos llegado a pedir
responsabilidades y dimensiones de tres o cuatro del conjunto de las
comunidades del Estado. Por tanto, que tome nota el Gobierno para ver si
es posible que al concretarse en determinadas responsabilidades compruebe
que hay que rectificar esa política de orden público.
Señor ministro, después de sus explicaciones vamos a seguir planteando,
para ahorrarnos nuevas comparecencias en relación con Galicia, el cese
del delegado del Gobierno actual y la elección de uno nuevo. Pero veo que
en su respuesta ha dejado claro que va a seguir manteniendo al mismo; muy
bien. Sí nos podemos poner de acuerdo en algunas cuestiones que ya
discutimos en otras comparecencias, como lo que le decía en cuanto a
Tenerife y la huelga. En aquella ocasión usted incluso se comprometió a
ver ese tema.
En esta tractorada, miembros de la Guardia Civil visitaban a ganaderos
para preguntarles sobre su intención de participar o no en dicha
protesta, y en algunos casos incluso intentaban convencerles de que no
fueran. ¿Qué efecto produce esa visita, como produjo la del cuerpo
Nacional de Policía a los profesores de Tenerife en la huelga? Produce un
efecto de disuasión, de intimidación. Le reitero lo que le dije entonces
sobre Tenerife. ¿Es posible que den instrucciones claras desde el
Ministerio a los delegados del Gobierno para que en las fases previas de
convocatoria, los agentes, sean Guardia Civil o cuerpo Nacional de
Policía, se dirijan directamente a los convocantes, las organizaciones, y
no indiscriminadamente en los centros de trabajo a las personas que
puedan participar o no en una huelga? ¿Es eso posible? Porque nos
ahorraría un problema en ese sentido. Se cumpliría la función de esa
información previa para garantizar el despliegue consiguiente, se
conseguiría una colaboración con los convocantes, incluso se podría
conseguir un bajar la tensión social en esa colaboración. Le reitero por
segunda vez en esta legislatura esa posibilidad. De Tenerife a Galicia
parece que no ha sido posible. ¿Será posible para la siguiente
comparecencia, cuando hablemos de la actuación de un delegado del
Gobierno, no tratar más este tema, es decir, que ningún agente del orden
va a ir a visitar a los ciudadanos en general preguntándoles si van a
participar o no en una concentración, en una manifestación? A ver si
somos capaces de resolver este problema.
Finalmente, señor ministro, reiteramos que fue una acción absolutamente
desproporcionada. Por los datos que usted ha dado, estamos hablando casi
de la mitad de una brigada de un ejército, y la verdad es que para esa
manifestación anunciada de ganaderos y de la tractorada, ese despliegue
produce un efecto contrario al de preservar la seguridad, de dar
garantías a los convocantes para que puedan ejercer los derechos civiles,
etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor ministro, comparto sustancialmente su
reflexión acerca de cuál tiene que ser el papel de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y también acerca de cuál tiene que ser el papel
de los que ordenan o de los que están --en este caso el delegado del
Gobierno-- sobre dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y creo
que es fundamental que en un Estado democrático y de Derecho seamos
capaces de compatibilizar el derecho de quien quiere manifestarse con el
derecho de quien quiere hacer su vida normal, en este caso el que quería
transitar por las carreteras gallegas. Pero si teóricamente estamos de
acuerdo, en la práctica no ha sucedido esto, señor ministro, por lo menos
no ha sucedido donde yo he estado presente. Los tractores circulaban por
el arcén hacia el mercado de Santiago y el delegado del Gobierno dio
órdenes estrictas de que no siguieran accediendo por ese arcén, a pesar
de que no cortaban ni imposibilitaban que los demás ciudadanos pudieran
circular libremente. Es más, en un momento de tensión, fueron
precisamente los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
obedeciendo indicaciones del delegado del Gobierno, los que cortaron el
tráfico de todo el mundo, incluso de los que querían circular y no tenían
nada que ver con las movilizaciones. Sirva simplemente como ejemplo, por
lo menos para que comprenda que algo extraño ha sucedido y que no se ha
respetado ese derecho al que yo hacía referencia en mi exposición.
En todo caso, señor ministro, le agradezco sinceramente el tono de su
comparecencia, y le agradezco, además, que me haya invitado a que le haga
llegar por escrito la petición de que se dejen en suspenso las sanciones
fruto de esta movilización. Mañana mismo, señor ministro, le
haré llegar la comunicación. Espero que la atienda con el cariño que
supondría cerrar una página sobre unos hechos que nunca --insisto--
debieron haber sucedido, y estoy seguro de que el conjunto de la sociedad
gallega se lo va a agradecer. Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Espero que en la siguiente
comparecencia el portavoz del Bloque Nacionalista Galego pida que siga el
delegado del Gobierno en Galicia y se mantenga por mucho tiempo al frente
de la Delegación.
Al señor Meyer le quiero recordar que ha pedido tres o cuatro dimisiones
en un año. A este paso, en esta legislatura nos quedamos sin delegados
del Gobierno, porque si vamos a tres o cuatro por año y medio, llegamos a
los diecisiete.
Respecto al tema más importante y que más me pueda preocupar, yo estoy
seguro de que no hay ninguna comandancia de la Guardia Civil en España
que, cuando hay una manifestación, ordene a sus guardias civiles que
pregunten quiénes van a esa manifestación. Lo que siempre pregunta la
Guardia Civil, para conocer el volumen de personas que se aproximan, es
cuántos pueden ir. Es decir, tiene que hacer un estudio aproximado de los
desplazamientos por carretera, para ordenar lo que puede significar un
conjunto de medidas que permitan una circulación normal y que no se
concentren en una ciudad determinada miles de personas de una manera
imprevista. Con motivo de los acontecimientos en Tenerife, quiero
recordar que nosotros modificamos la orden que regulaba exactamente la
petición que tenía que hacer y establecer cada una de las comandancias
para el conocimiento de las cifras de estas personas; tratamos de
perfeccionarla. No fue estéril aquella comparecencia, y lo que le quier
poner otra vez de manifiesto es que no hay un cambio de criterio, por
parte del Gobierno y por parte del Ministerio de Interior, para afrontar
este tipo de concentraciones.
Por último --y ya termino--, al portavoz del Partido Socialista le vuelvo
a reiterar que espero su escrito. Yo no sabía que usted hoy iba a
solicitar exactamente esta cuestión y, evidentemente, en estos momentos
no me encuentro capacitado para darle una respuesta concreta.
Estudiaremos jurídicamente la cuestión y veremos de qué forma podemos
afrontar esta situación.
Muchas gracias a todos por el tono de sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Hemos finalizado el orden del día. Muchas gracias,
señor ministro. Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.