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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 461, de 20/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 461
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 32
celebrada el miércoles, 20 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social
(Aparicio Pérez), para informar sobre:
--Las conclusiones del estudio técnico y económico remitido por el
Gobierno en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley
27/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema
de Seguridad Social. A petición propia (Número de expediente 212/001333)
(Página 13258)
--Las intenciones de ofrecer en el futuro prestaciones sociales a las
amas de casa. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió (Número de expediente 213/000434) (Página 13258)
--Si va a cumplir la resolución del Pleno del Congreso de los Diputados
sobre la exclusión del derecho de jubilación anticipada de los
trabajadores autónomos, empleados del hogar y agrarios, cómo y en qué
plazo. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(Número de expediente 213/000626) (Página 13269)
--Las limitaciones por el Gobierno al retiro de los trabajadores
autónomos, repercusión social de esta medida y posibilidad de su
rectificación. A solicitud del grupo parlamentario Mixto (Número de
expediente 213/000636) (Página 13269)
--La situación financiera del sistema de Seguridad Social. A petición
propia (Número de expediente 212/001401) (Página 13278)
Preguntas:
--De la señora Romero López (Grupo Socialista del Congreso), sobre
conjunto de acciones informativas desarrolladas por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales sobre la revalorización de pensiones en el año
1998 y cuál ha sido el coste total de cada una de ellas (Número de
expediente 181/001370) (Página 13297)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre actuaciones
para que los ciudadanos españoles que prestan servicios en organismos
internacionales tengan garantizados los derechos pasivos de Seguridad
Social (Número de expediente 181/001545) (Página 13301)
--Del señor Vaquero del Pozo (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre contratación por la Administración de la Seguridad Social
de médicos-inspectores y de visitadores con empresas de trabajo temporal.
(Número de expediente 181/001571) (Página 13302)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Bienvenido, señor secretario de Estado de la Seguridad Social.
Antes de entrar en el punto 1 del orden del día, voy a señalarles que ha
entrado una petición del Gobierno de comparecencia urgente del propio
secretario de Estado para la Seguridad Social, que ha sido admitida a
trámite por la Mesa de la Cámara, para informar de la situación
financiera del sistema de la Seguridad Social. De forma que sería un
punto a añadir, el 5, que pasaría a ser la última de las comparecencias y
que trataremos antes de pasar a las preguntas incorporadas al orden del
día. Tenemos a disposición de los grupos parlamentarios documentación en
relación con esta comparecencia y se va a proceder a su reparto.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(APARICIO PEREZ) PARA INFORMAR SOBRE:
--LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO REMITIDO POR EL
GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY
27/1997, DE 15 DE JULIO, DE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL. A PETICION PROPIA (Número de expediente 212/001333).
--LAS INTENCIONES DE OFRECER EN EL FUTURO PRESTACIONES SOCIALES A LAS
AMAS DE CASA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I
UNIO) (Número de expediente 213/000434).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 1: Comparecencia solicitada por
el Gobierno para presentar las conclusiones del estudio técnico y
económico remitido en cumplimiento de la disposición adicional primera de
la Ley 27/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social.
Tiene la palabra el secretario de Estado, señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez): En
cumplimiento de la previsión que contenía la disposición adicional
primera de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, el Gobierno envió a esta
Cámara, y más concretamente a esta Comisión de Política Social y Empleo,
dos estudios técnico-económicos. Uno, el primero, sobre el régimen
especial de trabajadores autónomos y su situación comparativa con el
régimen general de la Seguridad Social; y un segundo sobre la posible
inclusión en el campo de aplicación del régimen especial de trabajadores
por cuenta propia o autónomos de quienes trabajan al cuidado de su propio
hogar y no están amparados por otras prestaciones contributivas.
El primero de los estudios --lógicamente, está a plena disposición de SS.
SS. y estoy seguro de que será un elemento que les permitirá llevar a
cabo iniciativas parlamentarias
y expresar su opinión con posterioridad-- destaca el proceso
homogeneizador de la acción protectora del régimen especial de autónomos
respecto al régimen general; siempre desde el bien entendido --y a lo
mejor este recordatorio es innecesario-- que es el propio Pacto de Toledo
el que nos habla de un escenario de futuro en el que estén estos dos
regímenes como troncales, como regímenes básicos del sistema de Seguridad
Social y, naturalmente, de manera diferenciada. Dicho de otro modo, no se
trata de llegar a una plena identificación; es el propio Pacto de Toledo
el que nos habla de la necesidad de ir homogeneizando, pero manteniendo
esos dos grandes ámbitos: el ámbito de cuenta propia y el de cuenta
ajena.
Hecha esa consideración, podemos ver que el proceso ha reducido
notablemente las diferencias entre ambos. Así, y sin ánimo de ser
exhaustivo, cabe destacar aspectos en los que se ha producido dicha
homogeneización. En primer lugar, porque se ha unificado el sistema de
cálculo de las pensiones de jubilación y de invalidez. Asimismo, las
prestaciones de muerte y supervivencia --viudedad, orfandad, etcétera--
son reconocidas con las mismas condiciones, requisitos y cálculo de su
cuantía que en el régimen general. Se ha ampliado a lo largo de estos
años la acción protectora de este régimen especial de trabajadores
autónomos eliminando el requisito de que el beneficiario de la pensión de
incapacidad permanente total tenga 45 años de edad. Para el acceso a las
pensiones de invalidez derivadas de accidente no se exige ningún período
previo de cotización. Se ha extendido, también en estos últimos años, el
derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo al régimen
especial de autónomos en las mismas condiciones que en el régimen
general. Igualmente, también en este último período de tiempo, se han
reconocido dos pagas extraordinarias a favor de los pensionistas
procedentes de este régimen. Se reconoce, asimismo, la prestación de
maternidad en el RETA --en el régimen especial de trabajadores
autónomos-- con igual extensión y en idénticos términos que en el régimen
general. Y la última medida homogeneizadora, de la mano de la Ley
66/1997, ha sido el establecimiento para este régimen especial de los
mismos porcentajes aplicables a la base reguladora para determinar la
cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal que los
vigentes para los procesos derivados de contingencias comunes en el
régimen general.
No obstante, es cierto que persisten algunas diferencias entre ambos
regímenes objeto de comparación, si bien puede afirmarse que son muy
escasas y, en general, consecuencia obligada de las características de la
propia esencia del trabajo autónomo. Fundamentalmente serían: en primer
lugar, respecto a la extensión de la acción protectora, no se contemplan
las contingencias profesionales ni el desempleo --también es cierto que
no se cotiza por él--, ni tampoco la incapacidad permanente parcial ni el
incremento del 20 por ciento en la incapacidad permanente cualificada.
Respecto a la intensidad protectora, debe señalarse que la misma deriva
de la cotización y, en consecuencia, está en consonancia con el esfuerzo
financiero asumido por los asegurados, dado el sistema de cotización del
régimen de autónomos que permite al interesado elegir libremente la base
de cotización comprendida entre la mínima y la máxima legalmente
establecidas en cada ejercicio. Muchos trabajadores autónomos, a pesar de
obtener ingresos que podríamos calificar como saneados, optan por la base
mínima o por bases muy próximas a la mínima, lo que produce a la hora del
reconocimiento de las prestaciones pensiones mínimas o muy próximas a las
mínimas.
Refiriéndome a la extensión de la acción protectora, y concretamente a
las diferencias subsistentes, cabe señalar, en primer lugar, que las
contingencias profesionales, accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, sí están protegidas como riesgos comunes. Esto viene
determinado porque en el RETA, en el régimen especial, se produce esa
confusión entre trabajador y empresario, con lo que pierde sentido la
configuración objetiva de la responsabilidad empresarial que se dan en
aquél y la posible sobreprotección que conllevase. En segundo lugar, la
no existencia de la prestación de desempleo en el régimen especial de
trabajadores autónomos creemos que está igualmente justificada por la
propia esencia, por las propias características esenciales del trabajo
autónomo, que convertiría, por otro lado, en prácticamente imposible el
control de la voluntariedad o no de la situación de desempleo. En tercer
lugar, y en cualquier caso, debe destacarse que no se cotiza ni por estas
contingencias profesionales citadas ni por este desempleo.
No contemplar en el RETA la incapacidad permanente parcial y el
incremento del 20 por ciento de la incapacidad permanente cualificada
obedece, asimismo, a las características esenciales del trabajo de
autónomo, en las que el trabajador reúne muy a menudo la condición de
empresario, circunstancia que le permite una mayor libertad para
organizar el trabajo y, en consecuencia, la posibilidad, que no tienen
los trabajadores por cuenta ajena, de paliar de muy diferentes modos las
consecuencias negativas que para cualquier trabajador por cuenta ajena
supone la calificación de un determinado grado de incapacidad permanente.
Respecto de la extensión de la acción protectora, se puede concluir que
en lo básico se ha producido una homogeneización entre el RETA y el
régimen general, subsistiendo las diferencias, a las que muy brevemente
se ha hecho referencia, y que en esencia se deben a las características
propias del trabajo que justifican la existencia de este régimen especial
(la existencia de este régimen especial, insisto, viene refrendada por el
propio Pacto de Toledo como marco de referencia), a tenor de lo
establecido en el artículo 10.1 de la Ley General de Seguridad Social,
sin que pueda suponerse trato discriminatorio respecto a la situación de
los trabajadores por cuenta ajena, pues sólo cabe hablar de un trato
discriminatorio si a situaciones objetivamente iguales se da un
tratamiento diferente, según reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional.
La intensidad protectora, como ya he indicado, deriva de la cotización,
esto es, del sistema de cotización del régimen de autónomos, que permite,
como característica más peculiar, la elección de sus bases. En efecto, la
opción para realizar un menor o mayor esfuerzo contributivo depende
de la libre voluntad de los interesados, que gozan de la posibilidad de
elección de sus bases. Así, a partir del análisis económico realizado se
han extraído algunas consideraciones. En primer lugar, que un elevadísimo
porcentaje, prácticamente el 95 por ciento de los autónomos, realiza la
cotización por base mínima (en el ejercicio de 1998, 110.580 pesetas)
frente a los trabajadores del régimen general, que cotizan por salarios
reales. Se observa también que la afiliación se produce en edades muy
altas. En muchos casos se cotiza un número reducido de años,
prácticamente los exigidos como período mínimo para acceder a la
jubilación. De hecho, la media de años cotizados en el régimen especial
de autónomos es de 24 años, frente a los 32 que en promedio ofrece el
régimen general.
En definitiva, la menor protección de que puedan disfrutar en la
actualidad los trabajadores por cuenta propia incluidos en este régimen
especial frente a los trabajadores incluidos en el régimen general
deriva, fundamentalmente, de su menor esfuerzo contributivo y, en muy
escasa medida, de las normas reguladoras de dicho régimen. Y creo que
esta conclusión no debe perderse de vista, pues si la mayor
homogeneización posible con el régimen general es un objetivo a
perseguir, no es menos importante preservar la solidaridad y la equidad
dentro del sistema de Seguridad Social.
Pasaría de esta manera, entiendo que sintética y que permita expresarse a
SS. SS., al segundo estudio, que es el que trata sobre la posible
inclusión en el régimen especial de trabajadores autónomos de quienes
trabajan al cuidado de su propio hogar. En el citado estudio se ha
analizado la posibilidad de cobertura de aquellas personas que trabajan
al servicio de su propio hogar a través de la inclusión de los mismos en
el sistema de Seguridad Social. En efecto, a la hora de abordar la
extensión de la Seguridad Social a dicho colectivo surgen una serie de
planteamientos: primero, si del ordenamiento jurídico español puede
inferirse la posibilidad de extender la Seguridad Social contributiva a
las personas que trabajan al servicio de su propio hogar. En principio
debe señalarse que nuestro sistema se vertebra básicamente a través de
una modalidad contributiva de protección, cuya inclusión queda
condicionada a que el interesado realice una actividad remunerada. Hago
un especial énfasis en que ése es el concepto sobre el que pivota nuestro
sistema profesional de Seguridad Social. Además, el aseguramiento es
obligatorio, quedando previsto el aseguramiento voluntario básicamente
para el mantenimiento de derechos de cotizaciones previamente realizadas,
que fundamentalmente es el caso de la suscripción de convenios
especiales. En segundo lugar, en ninguno de los sistemas de Seguridad
Social de los países de la Unión Europea existe un mecanismo específico,
que pudiéramos denominar como tal, de quienes trabajan al cuidado de su
propio hogar. No existe en el Derecho comparado de la Unión Europea una
referencia que pudiéramos tomar como base analógica de estudio. En todo
caso, existen o bien unos mecanismos de cobertura universal, dentro de
los cuales podrían también incluirse a estas personas, o bien la
posibilidad de aseguramientos voluntarios en favor de la generalidad o de
parte de la población inactiva. Aquí podría quedar englobado dicho
colectivo, desde esa óptica, porque estamos en condiciones muy
semejantes. La existencia de un sistema no contributivo que da un
acogimiento final a las situaciones de necesidad y la existencia de unos
sistemas complementarios, bien de carácter colectivo bien de carácter
individual, dejan abiertas puertas y vías para una mejora de la
protección social cuando adquieran la condición de pasivos.
A renglón seguido se plantea si la posible extensión debería
circunscribirse al referido colectivo o a las personas que no realizan
una actividad lucrativa. Asimismo, también es preciso plantearse si debe
extenderse la inclusión en el sistema de Seguridad Social con carácter
obligatorio o con carácter voluntario. Lo primero puede ser inasumible
por un gran número de posibles afectados. Declarar la obligatoriedad
parece una opción escasamente viable. Lo segundo vendría a procurar una
protección a los afectados con mayores recursos económicos, con más
medios económicos y, en consecuencia, menos necesitados de protección, y
permitiría --creemos que esto es muy importante y sobre ello llamo la
atención-- que la afiliación se materializase justo en el momento
necesario para que al llegar a la edad de jubilación se acredite el
período mínimo de cotización, fomentando con ello lo que en algún momento
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara hemos criticado, el
fenómeno denominado compra de pensiones. Asimismo, debe valorarse el
mecanismo jurídico de esa extensión mediante un convenio especial u otros
actos de encuadramiento, así como el régimen de encuadramiento.
Cualquiera que sea el mecanismo utilizado, debe tenerse en cuenta también
cuál debe ser el ámbito de la protección: la globalidad de prestaciones
o, siguiendo lo que parece que es la línea tendencial de las demandas
sociales, solamente la jubilación. Una vez determinado dicho ámbito es
también preciso analizar qué requisitos deberían exigirse para acceder a
las pensiones en su globalidad, como citaba, o a la jubilación, en su
caso, el cálculo de las mismas y la cotización. Finalmente, debe hacerse
una valoración económica de esta posible inclusión de las personas que
trabajan al cuidado de su propio hogar desde la perspectiva de la
incidencia --y creo que esto es básico-- que ello produciría en el
equilibrio financiero del sistema.
Hasta aquí se ha realizado un breve apunte de las enormes dificultades
técnicas y jurídicas que existirían para llevar a efecto la inclusión de
este colectivo en el sistema de la Seguridad Social, que representaría
básicamente la desnaturalización del actual sistema en la medida que se
conculcarían buena parte de los caracteres o principios que la informan,
esto es, un sistema profesionalista basado en los principios de
solidaridad, obligatoriedad y proporcionalidad entre contribuciones e
importe de las prestaciones. Estos últimos, no debe olvidarse, han sido
objeto de especial reforzamiento en las recomendaciones del Pacto de
Toledo y en el acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema
de la Seguridad Social suscrito entre el Gobierno y los sindicatos
Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores.
No obstante, y partiendo de las premisas que harían factible la
integración en el régimen especial de trabajadores
autónomos de quienes trabajen al cuidado del hogar, considerando las
características del trabajo y todas las dificultades legales ya
brevemente enumeradas, así como el volumen del colectivo afectado, se ha
realizado una valoración económica desde las siguientes hipótesis.
Primera, afiliación voluntaria; segunda, que el ámbito de protección se
limitase a la jubilación; tercera, la cotización sobre las bases mínimas
del régimen especial de trabajadores autónomos; cuarta, un tipo de
cotización del 15 por ciento en la prestación de jubilación; quinta, un
período de carencia para jubilación de 15 años y una garantía de mínimos
en las mismas condiciones que los pensionistas. Pues bien, se ha
comprobado que el equilibrio del gasto de la prestación de jubilación se
obtendría únicamente con el tipo de mínimos del 38 por ciento. Si el
cálculo del tipo de equilibrio se realiza en capitalización actuarial
para la pensión mínima y en equilibrio individual, el resultado obtenido
sería un tipo del 47,34 por ciento, siempre sin contar gastos de gestión
ni margen de seguridad, lo que representaría elevadas cuotas de difícil
pago y desincentivaría la afiliación de las personas sin suficientes
recursos.
Los resultados económicos, añadidos a la otra serie de problemas
técnico-jurídicos, vienen a demostrar que la hipótesis manejada como
factible no resulta suficiente financieramente y repercutiría de una
manera muy importante en el equilibrio del sistema de Seguridad Social. Y
aquí no queda más remedio que recordar la recomendación del Pacto de
Toledo acerca de los principios de equidad y el carácter contributivo y
proporcional de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y su
reforzamiento.
No obstante, cabe la posibilidad de que aquellas personas de este
colectivo que dispongan de recursos para hacer frente a su coste puedan
cubrir determinadas contingencias a través de los sistemas
complementarios de protección social, también previstos en el artículo 41
de la Constitución. Y en este sentido cabe citar los objetivos y
criterios contenidos en las conclusiones de la Subcomisión de estudio
sobre los sistemas privados de previsión social de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda de esta Cámara y en la subsiguiente
proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular, Catalán,
Vasco y de Coalición Canaria.
He intentado de esta manera, y sin perjuicio de los estudios y
consideraciones que tengan a bien realizar tanto SS. SS. como los grupos
parlamentarios, hacer una descripción de ambos estudios. Se ha podido
cumplir en plazo y forma el envío y remisión de ambos a esta Cámara, y
estoy seguro de que pueden y van a suponer una base de trabajo importante
para el futuro.
Hay que destacar que en el segundo de los casos hemos tenido también
ocasión de conocer y contrastar la opinión de los agentes sociales
respecto a este documento, y se podría afirmar que, en la Comisión que
realiza el seguimiento del acuerdo alcanzado sobre consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, las posiciones de las
centrales sindicales firmantes del acuerdo son sustancialmente
coincidentes con las conclusiones que se han presentado en el informe y
que, respecto al primero de los informes, el relacionado con el régimen
especial de trabajadores autónomos, se puede calificar de positiva la
labor de aproximación realizada. Y es que, como les decía en la primera
parte de mi intervención, de subsistir diferencias, éstas están mucho más
asociadas a la naturaleza del trabajo por cuenta propia que a una
discriminación normativa y también que estas posibles diferencias de
cobertura tienen su traslación al esfuerzo contributivo que le es
solicitado a este colectivo. Creo que con ello puede darse por satisfecho
el mandato que establecía la citada Ley de consolidación y
racionalización, y tengo la certeza de que puede ser, insisto, una buena
base de trabajo y de perfeccionamiento en el futuro, a tenor de las
iniciativas y comentarios que tengan a bien formular SS. SS.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio.
Antes de conceder la palabra a los representantes de los grupos, quisiera
preguntar al secretario de Estado si, dado que el grupo que solicita la
comparecencia es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
podríamos acumular el siguiente punto del orden del día.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Por mi parte no existe ningún inconveniente, pero espero las indicaciones
de S. S.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Aparicio.
Así pues, vamos a realizar la segunda de las comparecencias, para lo que
puede continuar en el uso de la palabra, señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señor presidente, por mi parte poco más tengo que añadir, salvo que
entiendo --y a efectos de que conste en el acta-- que la solicitud de
comparecencia está de alguna manera relacionada --no digo satisfecha,
porque eso dependería de la opinión de quien formula la iniciativa-- con
mi primera intervención, por lo que no sé si procede en este momento la
intervención de los grupos, ya que la documentación que yo tenía que
aportar fue entregada a los distintos portavoces y obra en su poder.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muy buenos días, señor Aparicio. En nombre de mi
grupo parlamentario, le agradezco su comparecencia de hoy ante esta
Comisión y valoro que el Gobierno se haya ajustado a las fechas previstas
para la presentación en esta Comisión de Política Social y Empleo del
informe que se le había solicitado por todos los grupos de la Cámara.
Nuestro grupo valora el informe en la justa medida de lo que pensamos que
pretende,
que es poner en evidencia que, afortunadamente, hemos ido consiguiendo de
forma paulatina que el régimen general de autónomos se aproxime al
régimen general en la mayoría de prestaciones, y coincide con lo que ha
dicho el señor secretario de Estado sobre la existencia de ciertas
diferencias, algunas de las cuales posiblemente pueden subsanarse --y
sabe usted, señor Aparicio, que mi grupo parlamentario es partidario de
que se subsanen--, pero otras entendemos que, por la idiosincrasia y
características del régimen general de autónomos, son de difícil solución
o quizá requerirán un estudio sobre las posibles maneras de paliarlas, ya
que quizá no sea posible eliminarlas del todo.
Nosotros pensamos que sería deseable que en breve plazo consiguiéramos un
acuerdo de esta Cámara sobre las diferencias que aún persisten y que son
negociables, para poder poner fin al período discriminatorio y consensuar
la manera de llegar a esta homologación. La distinción que existe entre
riesgos comunes y riesgos profesionales en el régimen general de
autónomos puede llegar a equipararse estudiando, si es preciso, si tiene
que haber alguna modificación en el régimen de cotización de autónomos,
porque, como muy bien ha dicho usted, tampoco cotizan por la prestación
profesional, por lo que es lógico que tampoco tengan cubierta la
prestación en el momento en que tuvieran que hacer uso de ella. Pero
pensamos que esto está abierto a una posible vía de negociación y de
estudio.
También sería necesario incluir la protección por lesiones permanentes no
invalidantes, así como permitir la concesión de indemnizaciones en los
casos en que el fallecimiento del causante sea derivado de riesgos
profesionales, en el bien entendido de que previamente se haya subsanado
la diferencia que existe por no estar este riesgo cubierto ahora y que
pueda estarlo en un futuro, y que sea posible tener derecho a prestación
económica por hijos a cargo. Pensamos que es posible incluir la
incapacidad permanente parcial y que en los casos de incapacidad
permanente total haya la posibilidad de elevar este porcentaje por lo
menos en el 20 por ciento como ocurre en el régimen general, y estudiar
si en el caso de producirse este evento en personas mayores de 55 años
sería posible elevar aún más este porcentaje.
En el caso de incapacidad permanente total, cuando se opte por la
sustitución de la pensión por una indemnización a tanto alzado, pensamos
que se podría elevar el número máximo de mensualidades al que pueda
ascender dicha indemnización. No quisiera precisar ahora una cifra
concreta, pero pensamos que el Gobierno tiene que efectuar este estudio y
que sería bueno que llegásemos a acuerdos sobre esta cuestión.
Quiero hacer énfasis sobre lo que mi grupo parlamentario ha puesto de
manifiesto en reiteradas ocasiones, bien a través del portavoz habitual
de esta Comisión, señor Campuzano, bien a través de mi compañero Francesc
Homs, que, como vocal de la Comisión de Economía y Hacienda, ha tratado
estos asuntos varias veces en Pleno y con el Gobierno. Hoy, por distintos
motivos, porque no podemos estar en todas partes, soy yo la que le
sustituyo y me permito trasladar y dar continuidad a conversaciones y
propuestas que seguramente han tenido ambos portavoces con usted. Mi
grupo parlamentario cree que es totalmente necesario que todos los
miembros de esta Cámara hagamos un esfuerzo para llegar a grandes
acuerdos en estos temas. El Gobierno tiene que efectuar los estudios
pertinentes y ponerlos sobre la mesa --lo ha hecho ahora-- y los demás
grupos parlamentarios, los que estamos dando soporte al Gobierno y los
que en este momento están en la oposición, pensamos --estoy segura que
ésta es la voluntad coincidente en todos-- que deberíamos también hacer
propuestas, discutir lo que sea necesario, transaccionar lo que sea
transaccionable para llegar a grandes acuerdos que puedan enmarcarse
dentro de lo que es el Pacto de Toledo. No creo que deba ser objetivo de
ningún grupo parlamentario el poner de manifiesto que estamos en contra
de, sino todo lo contrario. Pienso que los ciudadanos y ciudadanas del
Estado español lo que están esperando en este momento de los hombres y
las mujeres que estamos trabajando en esta Comisión es que seamos capaces
de consensuar las grandes líneas que tienen que dar credibilidad,
seguridad y fiabilidad a un proyecto que forma parte esencial de lo que
son las estructuras del Estado del bienestar. Hay que transmitir
tranquilidad, todo lo que sea transmitir desconfianza es perjudicial para
todos. Por tanto, nuestra apuesta es contundente en este sentido:
estudiemos las propuestas, negociemos, hablemos, lleguemos a acuerdos,
pero seamos capaces de conseguir un amplio consenso y de que este
consenso pueda ser aprobado por la mayoría de la Cámara.
En cuanto al apartado al que ha hecho referencia al hablar del régimen
especial para las amas de casa; como mi compañera Mercè Amorós es la que
normalmente ha llevado estos temas, con permiso de la Presidencia, le
cedo la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Ante todo, señor Aparicio, quiero agradecerle su
comparecencia, al igual que lo ha hecho mi compañera, y decir que lo
cierto es que esta comparecencia fue solicitada a raíz de una enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán a la disposición adicional primera de la
Ley 24/1997, del 15 de julio, de la consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social, en la que pedíamos la realización de este
estudio y su presentación en esta Comisión. Señorías, quiero recordarles
que el día 10 de mayo, y en el Pleno del Congreso de los Diputados, todos
los grupos parlamentarios aprobamos una proposición no de ley que
reconocía el trabajo realizado por las amas de casa y su inclusión en una
cuenta satélite, para así poder cuantificarlo en el PIB nacional.
Señor Aparicio, de la presentación de este estudio técnico y económico es
bien cierto que se desprende la conveniencia de desestimar la posibilidad
de incluir en la Seguridad Social a las amas de casa como tomadoras de
servicio. Leyendo este estudio estamos seguros de que no habría ningún
componente del colectivo de amas de casa dispuesto a colaborar en la
desestabilización del sistema de la prestación social y aún menos de
exigir el sacrificio económico, inasumible para muchas familias, para
disfrutarlo.
Las amas de casa forman un colectivo invisible que, dentro de su
invisibilidad, cada mañana dan cuerda al motor de la sociedad para que
funcione. Son un colectivo prestador de servicios indispensable, que, sin
recibir nada más que la satisfacción moral de un trabajo bien hecho,
permite un ahorro que aún no se ha calculado económicamente, al prestar
servicios sociales a través de la familia cuidando a los enfermos en los
centros hospitalarios o en los hogares, cuidando a personas mayores,
dependientes o no, a discapacitados y a los menores; sacrificando en
muchas ocasiones sus sueños profesionales, culturales o lúdicos en pro de
la familia y, en consecuencia, en pro de la sociedad.
El estudio que nos ha presentado vuelve a incidir en esta afirmación de
sacrificio y contribución social sin esperar nada a cambio. Señor
Aparicio, la voluntad mueve montañas y la voluntad política contribuye
aún más a este movimiento. Herramientas para elaborar con otros
parámetros este estudio es bien seguro que la Administración las tiene,
sin intentar innovar concepto alguno, pues regímenes especiales y
coberturas sociales de este tipo ya existen en la actualidad, y voluntad
para que llegue a todo el colectivo también debería existir. Sin embargo,
esta cuestión no es tanto económica como de concepto, y es el caso que ya
en la primera página del informe presentado se asume que el colectivo de
amas de casa no tiene por derecho propio ninguna prestación social sino
que la reciben por la participación y extensión de los derechos
reconocidos a otra persona; o son hijas o son esposas o son madres, pero
no están consideradas como perceptoras de servicios por derecho propio.
Señor Aparicio, en ningún momento pretendemos que un estudio sea bueno
porque sea favorable a unas demandas, ni mucho menos, simplemente
querríamos que un colectivo tan necesario para el muy alto grado de
calidad de vida del que disfrutamos en el Estado español pudiera tener un
reconocimiento social, dándole asimismo un reconocimiento laboral y
haciendo a este colectivo merecedor de prestaciones sociales por derecho
propio, al igual que cualquier trabajador o trabajadora que tiene
reconocido este derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a intervenir muy brevemente, señor
presidente, para manifestar la posición de nuestro grupo respecto a estos
dos informes que nos ha comentado el secretario de Estado.
En primer lugar, queremos felicitarnos de que estos informes hayan
llegado a esta Cámara y, en segundo lugar, la felicitación se extiende a
que en el contenido del informe se constata una homologación, una
aproximación de los dos grandes sectores o segmentos de trabajadores de
este país, los de cuenta propia y los de cuenta ajena. Esto no quiere
decir que no sigamos apostando por profundizar en una mayor
homogeneización de sus condiciones de cobertura social. Creemos que
tenemos que seguir siendo ambiciosos en este sentido, porque hay
cuestiones que se pueden derivar de la idiosincrasia de un trabajo o de
otro. En cualquier caso, existen las contingencias profesionales y
algunas otras cuestiones que la compañera del Grupo Catalán que me ha
precedido en el uso de la palabra ha manifestado, y pensamos que por ahí
tendrían que ir las propuestas en el futuro, para que se fuese
consolidando una mayor aproximación y confluencia.
Efectivamente, creemos que será necesario seguir trabajando en el
consenso dentro del ámbito del Pacto de Toledo y, aunque se ha
cristalizado en una comisión de seguimiento en el ámbito de lo sindical,
esto no excluye sino que más bien pide de forma muy natural que ese
consenso y ese seguimiento también se produzcan en el ámbito
parlamentario. Por ello esperamos que haya ocasiones como ésta, incluso
de una forma más institucionalizada, para el seguimiento de todas estas
cuestiones, una de ellas, sin duda, la de ir viendo cómo se formulan
propuestas para ir homogeneizando ambos regímenes.
Respecto al tema de las amas de casa, en primer lugar, quiero señalar que
coincidimos con algunas de las valoraciones que se hacen por parte del
secretario de Estado, después de analizar las conclusiones del estudio o
informe que se nos presenta. Nosotros hemos apostado por el
reconocimiento del ciclo reproductivo de la sociedad, en el cual el
trabajo de las amas de casa tiene un significado muy especial. Ese
reconocimiento, en primer lugar, de todo el conjunto de la sociedad, y,
en segundo lugar, también en el ámbito político y parlamentario de las
instituciones del Estado, es de justicia. Pero una cosa es eso y otra que
el intentar dar soluciones a ese reconocimiento en un ámbito laboral
propiamente dicho pueda entrañar problemas de desnaturalización, como
aquí se acaba de decir por parte del secretario de Estado, del régimen
del sistema público de Seguridad Social que se contempla hasta ahora en
nuestro ordenamiento jurídico, porque no conviene, bajo nuestro punto de
vista, modificarlo de forma tan sustancial que pueda entrar en una etapa
de peligros y de situaciones no deseables.
En cualquier caso, nosotros creemos que el hecho de producirse un
reconocimiento de la posibilidad de ir acumulando o de ir capitalizando
para obtener una pensión al final de una vida laboral por parte de las
amas de casa sin duda alguna podría generar una discriminación en
distintos estratos y segmentos de esta sociedad que no consideramos
deseables. Por decirlo de una forma llana y simple, habría amas de casa
que podrían permitírselo, ya que en su ámbito familiar --no solamente el
propio de la actividad laboral de ama de casa, que, por no ser generadora
de recursos ajenos, no permite esa capitalización-- sí pueden obtener
esos recursos para ir pagando la pensión, pero otras muchas familias,
posiblemente la inmensa mayoría, no podrían pagarlo. Eso generaría una
discriminación porque sería un beneficio sólo para las capas
medias-altas.
Por otro lado está la institución del seguro privado, que a lo mejor
habría que extenderlo, y nosotros no estamos cerrados a ver fórmulas de
aseguramiento público. En cualquier caso, este tipo de institución
novedosa se tendría que tratar como tal, aunque ya está contemplada en la
realidad institucional de nuestro país. En relación con los seguros
que proporciona cualquier compañía de seguros hasta ahora privada,
nosotros no estamos cerrados a que en el futuro quizás se pudiera
estudiar la asunción por parte del sistema público de alguna modalidad de
este tipo, pero en cualquier caso evitando todo tipo de discriminación.
E1 señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, en primer lugar, tiene la
palabra la señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
quisiera empezar dando la bienvenida a esta Comisión al secretario de
Estado de Seguridad Social.
Como todas SS. SS. bien conocen, la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social daba al Gobierno un plazo
de ocho meses para traer a esta Comisión el estudio técnico y económico
sobre el régimen especial de los trabajadores autónomos que contemplase
la mejora de las prestaciones y su aproximación a las del régimen
general, plazo que se ha cumplido, por lo que, tanto mi grupo como todos
los miembros de la Comisión debemos felicitarnos por poder tener dicho
estudio aquí, el cual, sin duda, es bastante valioso.
Es conocida por todos los miembros de esta Comisión la posición del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la Ley de consolidación y racionalización
del sistema de Seguridad Social elaborada por el Gobierno. En dicha ley
no fue posible alcanzar el consenso y el acuerdo deseado por mi grupo, ya
que, después de varias promesas, en las que se nos decía que se tomarían
en consideración nuestras observaciones y, por más que desde este grupo
se reiteró de una manera constructiva haciendo una exposición rigurosa y
exhaustiva de las simetrías que había entre el Pacto de Toledo y esta
ley, no se nos aceptó prácticamente ninguna enmienda importante. Esta
cuestión la vamos a dejar ya en el pasado, pero reiteramos el deseo de
nuestro grupo parlamentario de alcanzar el consenso máximo posible en
todos los temas de calado social, como son éstos.
Entrando ya en el estudio técnico y económico objeto de la comparecencia
que hoy nos trae el Gobierno, desde el primer momento queremos dejar bien
claro desde el Grupo Socialista que nuestra posición referente al estudio
elaborado es la de que, en principio, no nos duelen prendas al
calificarlo de bastante riguroso. Creemos que es bastante exacto en las
cifras, por lo menos en las que el secretario de Estado de Seguridad
Social nos presenta, aunque no sabemos lo que opinarán otros secretarios
de Estado. Pero en principio creemos que el informe es bastante
clarificador en términos generales, poniendo de manifiesto las
diferencias que aún existen entre ambos sistemas. En lo que no podemos
coincidir tanto, según la valoración que hace el Gobierno, es en que,
fruto del estudio, se pueda sacar la conclusión, a nuestro juicio un poco
alegre, de que las diferencias que existen son muy escasas, tal como
aparece en el informe. Creemos que existen diferencias importantes y de
un gran calado social, sobre las que debemos seguir avanzando. Mi grupo
insiste en que ése es el camino por el que debemos ir y para lo cual
podrá contar siempre con nuestro apoyo.
A modo de ejemplo, y aunque ya se ha citado por otros portavoces, hemos
de resaltar que, con respecto a la extensión, siguen sin protegerse las
contingencias profesionales y el desempleo, cuestión muy importante para
nuestro grupo. Igualmente queda desprotegida la incapacidad permanente
parcial y no se incrementa con el 20 por ciento la incapacidad permanente
total cualificada, entre otras muchas cuestiones en las que no voy a
detenerme, porque creo que vienen reflejadas en dicho informe. En las
páginas 16 a 18 del mismo se puede comprobar que aún quedan bastantes e
importantes diferencias por superar entre la acción protectora que presta
el régimen general y la del régimen especial de autónomos. Una última
diferencia, en la que quiero hacer también hincapié, es la prestación por
jubilación. En este capítulo anunciamos desde mi grupo que éste será uno
de nuestros principales temas de propuesta.
Hay un dato que me gustaría resaltar y sobre el que el secretario de
Estado no ha dicho nada, pero que a mí me parece importante. Según los
datos de que disponemos, de Eurostar, las cotizaciones sociales españolas
en su conjunto, medidas en relación con el PIB, se sitúan en la zona
media de la Unión Europea. Me parece recordar que ocupamos el octavo
puesto --las cotizaciones más altas o las más bajas, según se mire-- del
conjunto de los países de la Unión Europea en el régimen general; en
cambio, en relación con la cotización española al régimen autónomo, somos
la tercera cotización más alta en términos de PIB de la Unión Europea. Yo
creo que ése es un dato interesante que también puede servir para evitar
esas discriminaciones.
En algunas otras valoraciones del informe tampoco podemos coincidir,
porque casi todo él se justifica o se intenta justificar en que las
discriminaciones son por las cotizaciones y el esfuerzo que hacen los
autónomos. A la vista del informe, se justifica casi con carácter general
que la intensidad protectora de los autónomos se deriva casi por su baja
cotización; es verdad que se le permite elegir la cotización mínima, pero
no creo que deba ser una excusa con carácter general, porque no todos los
autónomos pueden hacer un gran esfuerzo contributivo. A mí me parece que
habrá autónomos que puedan incrementar ese esfuerzo en sus cotizaciones,
dentro de lo que la legislación les permita, pero también es verdad que
hay muchos autónomos en nuestro país que están haciendo un gran esfuerzo
por cotizar --lo que en los pueblos llaman pagar sus sellos-- un gran
esfuerzo contributivo, siendo en ese ámbito de autónomos, en el que no
pueden realizar más esfuerzo, donde el Grupo Socialista hace hincapié en
que es donde se debe seguir avanzando para que no existan tantas
discriminaciones.
Para terminar con respecto al informe, yo creo que ustedes han ordenado
todos los datos que, por otra parte, ya conocíamos en este estudio, lo
cual facilitará sin duda el trabajo, pero no aparece ninguna propuesta de
futuro. Es posible que eso no haya que abordarlo ahora, sobre todo hoy
que estamos valorando el informe, pero todo llegará; sabemos que será
dentro de la subcomisión del Pacto de Toledo donde tendremos ocasión de
aportar nuestras propuestas, esperando que en esa ocasión podamos
alcanzar ese consenso, solicitado ya también por otros grupos, al
igual que lo obtuvimos en el Pacto de Toledo y que no fue posible
alcanzar en esta ley. Cuenta usted desde hoy con el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista para erradicar y mejorar las diferencias puestas
de manifiesto en el estudio que hoy debatimos. Esperamos que en esta
ocasión podamos avanzar conjuntamente.
Por último, las cifras y datos que aportan en el informe no creo que
deban ser motivo de discusión. Son en su totalidad datos estadísticos por
lo que creemos que todos los miembros del Gobierno estarán de acuerdo. En
cuanto a los datos y cifras de la Seguridad Social, al final de la
Comisión tendremos ocasión de poder discutirlo.
Para la segunda parte del informe, la que afecta a las amas de casa, el
portavoz va a ser el compañero Alejandro Cercas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alejandro Cercas.
El señor CARCAS ALONSO: Acaba de referirse la portavoz socialista a
nuestra satisfacción por haber podido disponer de un estudio sobre el
régimen especial de trabajadores autónomos, que ciertamente está en la
línea de las expectativas que podríamos tener los miembros de esta
Comisión, con el objeto de seguir adelantando y avanzando con un criterio
de rigor y al mismo tiempo de generosidad en la mejora del sistema
económico de la Seguridad Social. Sin embargo, sobre el segundo informe
que tenemos a nuestra disposición en la mañana de hoy relativo a la
posible inclusión del colectivo de amas de casa en la Seguridad Social,
nos parece, señor secretario de Estado, que, sin descalificar los méritos
de las hipótesis en él contempladas, se queda bastante corto con respecto
a la labor de investigación que el Gobierno puede realizar. Si quiere,
está capacitado para realizarlo y explico el porqué, señor secretario de
Estado.
El informe que los diputados de esta Comisión tenemos en este momento
desautoriza clarísimamente cualquier avance para ampliar el ámbito
protector de la Seguridad Social, el ámbito subjetivo de los objetos
protegidos. No podía ser menos, porque si esa ampliación al colectivo de
amas de casa se hiciera bajo las hipótesis de dicho estudio, sería
verdaderamente una insensatez que fuéramos por ese camino, pero no está
escrito en las tablas de la ley que tenga que ser exactamente con arreglo
a esas hipótesis. Me referiré, por no entrar en mayores detalles, a que
todo él está enfocado bajo la hipótesis de que toda las beneficiarias se
afiliarían a la Seguridad Social a la edad de 50 años, y que todas las
beneficiarias, en contra de lo que dice la legislación española, serían
perceptoras de la pensión mínima de jubilación. Lo primero es un
apriorismo que no se tiene en pie, de por qué ese colectivo iba a
provocar con conjunto de afiliaciones a la Seguridad Social con el único
objetivo de comprar una pensión. Lo segundo, obviamente, señor secretario
de Estado, usted sabe mejor que yo que además es contrario a la
legislación vigente. Un ama de casa, que en el 90 por ciento de las
circunstancias tendrá un marido perceptor de prestaciones contributivas
de la Seguridad Social, no percibiría la pensión que ustedes dicen en su
estudio; percibiría exclusivamente lo que le correspondería con arreglo a
la cotización realizada. Simplemente con esta pequeña matización, que es
la de aplicar al estudio actuarial el conjunto jurídico normativo de
nuestro ordenamiento, las cifras serían radicalmente distintas de las que
los diputados tenemos hoy sobre la mesa.
Pero hay más, señor secretario de Estado. Algún otro interviniente se ha
referido --en una proposición no de ley-- al reconocimiento del trabajo
de las amas de casa. No podemos entrar hoy en profundidad en un asunto
tan complejo, en el que no debe ni puede hacerse una faena de aliño, pero
detrás de esa proposición no de ley hay una realidad de seis millones de
mujeres que no solamente a lo largo de toda su vida están exclusivamente
en el hogar, sino que un porcentaje muy alto de ellas han trabajado en el
sistema productivo, han acumulado cotizaciones que por los períodos de
calificación resultan ser inútiles para la vida pasiva de esas
trabajadoras. Señor secretario de Estado, usted comprenderá que a veces
ése es uno de los mecanismos más perversos de nuestra Seguridad Social,
porque si nuestra Seguridad Social tiene mecanismos de asignación
negativa de rentas, se producen fundamentalmente en contra de las
mujeres. Son millones de mujeres las que cotizan meses o años que no les
sirven absolutamente para nada. Esas cotizaciones, a pesar de ser
normalmente de familias muy modestas, son las que permiten un cierto
margen para que usted o yo, por ejemplo, tengamos pensiones muy altas
cuando llegue nuestra vida pasiva. Hay que hacer una profunda
investigación sobre las transferencias entre sexos en la Seguridad
Social, y no se puede despachar simplemente con un estudio en el que se
ha partido del apriorismo de que ese colectivo de millones de personas
son simplemente compradoras de pensiones. No, señor secretario de Estado;
la realidad es mucho más compleja y son imaginables soluciones mucho más
amplias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha pretendido, con un espíritu
constructivo, incluso con alguna iniciativa que ha presentado en la
Cámara, aproximarnos --y reconozco que no ha sido hecho tampoco para
merecer el Premio Nobel-- a una reflexión que simplemente le enunciaré a
continuación. Señor secretario de Estado, si usted lee ese informe con
detenimiento verá que quienes lo han redactado lo han hecho con una
mentalidad profundamente conservadora --conservadora en el sentido
técnico de la palabra-- de lo que han sido las instituciones de la
Seguridad Social. Se nos recuerda los principios de contributividad, el
principio laboralista de la Seguridad Social, el principio de afiliación
obligatoria. Todos esos principios son propios del comienzo del sistema
de Seguridad Social; son principios de los años 50, 60, 70, de un momento
en el que la sociedad española y el mercado de trabajo español eran
radicalmente distintos de los que vamos a tener en el siglo XXI. La
Seguridad Social está construida en esas leyes primigenias bajo dos
premisas que ya han sido derrumbadas por la historia: la primera era que
los trabajadores varones eran el núcleo del sistema y que tenían carreras
estables, permanentes y crecientes de seguro y, la segunda, que las
mujeres estaban en su casa y no formaban parte de la población activa.
Pues bien, señor secretario de Estado,
ni los varones tienen ya carreras estables, permanentes y crecientes de
seguro, sino que son discontinuos, son trabajadores que difícilmente, con
un criterio laboralista como el de los años 50, van a poder construir su
Seguridad Social en la ancianidad, ni las mujeres forman parte de un
colectivo que se dedica básicamente a la reproducción y a la fuerza de
trabajo del hogar. Las mujeres son otra cosa, la familia es otra cosa y
el mercado de trabajo es otra cosa. Si seguimos con los criterios que
dice su estudio en el preámbulo no vamos a dar respuesta, por supuesto, a
los problemas de las mujeres, pero por supuesto tampoco a los de millones
de hombres. En otros países donde se está avanzando en seguridad social
se está descubriendo técnicas novedosas en la relación jurídica de
Seguridad Social. Y abordo la cuestión porque desde el Grupo Socialista
pensamos que no se trataría sólo de las amas de casa, sino de un concepto
mucho más amplio, de abrir la Seguridad Social a todas las personas que
realizan un trabajo útil para la sociedad. Cuando una persona, sea hombre
o mujer, cuida un enfermo de Alzheimer, o cuida a niños, o vigila
aspectos del bien común, como pueden ser los nuevos yacimientos de empleo
(temas de medio ambiente, etcétera) la Seguridad Social tiene que empezar
a pensar en otras relaciones que las puramente laborales que establece el
preámbulo de su estudio. Posiblemente hay una cierta simplicidad en el
estudio que ustedes hacen de ese colectivo de ciudadanos, porque a esas
personas no hay por qué aplicarles las técnicas tradicionales de la
Seguridad Social, señor secretario de Estado. Hoy en la Cámara, con el
apoyo de su grupo, hemos aprobado medidas en las que resultan
beneficiados en cientos de miles de millones de pesetas cuando se
configure de una manera estable los sistemas de promoción de los
contratos indefinidos, en los que a los trabajadores y a las empresas que
contratan a trabajadores con contrato indefinido su cotización resulta
minorada en un 50 por ciento. ¿Por qué hacen ustedes un estudio actuarial
en el que no se contemple incentivos desde el Estado a las personas que
hacen un trabajo social? Porque todas las cifras cambiarían. Le he
demostrado que cambiarían las cifras de gasto, pero también las de
ingresos, si hubiera la sensibilidad para entender que quizá una persona
que está cuidando un enfermo crónico o un niño puede tener una parte de
su cuota hecha por el Estado, y también con un carácter diferencial si
forma parte de una familia con rentas de 200.000 o de 60.000 pesetas al
mes.
Por tanto, señor secretario de Estado, le agradezco lo que han hecho,
pero lamento expresarle que nos han demostrado que el camino que se
contiene en el estudio no es practicable, pero ése es su camino, aunque
además hay muchos otros para el futuro de la Seguridad Social española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señor presidente, haré un breve comentario al
estudio sobre los autónomos y luego cederé la palabra a mi compañera, la
señora Pardo, si le parece bien, que hablará del supuesto régimen de las
amas de casa.
En primer lugar, quiero felicitar al secretario de Estado por el rigor a
que nos tiene acostumbrados. Creo que el tener esta seriedad es
fundamental en algo tan delicado como la Seguridad Social. Por otro lado,
refiriéndome a este estudio del régimen especial de trabajadores
autónomos, tenemos que contemplarlo como lo que es, el inicio de una
etapa que tenemos que estudiar, y cuya importancia ya han puesto de
manifiesto el resto de los grupos. Como decía antes, siempre que se habla
de Seguridad Social hay que verlo desde el punto de vista del equilibrio
y compaginar solidaridad y equidad del sistema. Estamos dentro de unos
principios generales que se han tratado en los Pactos de Toledo, y no nos
podemos olvidar de la contributividad del sistema y de otros principios
que son básicos para que esto funcione.
Cuando hablamos de los autónomos nos encontramos con dos cosas
perfectamente homologables en su importancia. En primer lugar, hay que
guardar ese equilibrio, cuestión muy importante. Además el tono en el que
todo el mundo habla hoy en esta Comisión sobre la Seguridad Social es muy
respetuoso con el equilibrio, y eso es muy bueno, porque se nota que
todos vamos entendiendo que el bien común es lo importante, aunque
también es verdad que existen los autónomos y que ellos mantienen todavía
una sensación de agravio. El Grupo Popular está de acuerdo en que son
diferentes y no pueden igualarse, evidentemente, pero sí se puede evitar
esa palabra que algún interviniente ha dicho de la existencia de
discriminaciones; diferencias sí, discriminaciones ninguna. Sin duda, en
esa dirección tenemos que trabajar. Además, los autónomos tienen una
serie de características que los hacen especiales porque aportan al
sistema un riesgo, una inseguridad, una imaginación, unas horas de
trabajo superiores a lo normal y estas cosas son las que nos tienen que
dar pie desde este estudio a ponerlo encima de la mesa y ver cómo se
puede continuar manteniendo estas diferencias, sin que tengan ninguna
discriminación, puesto que aportan mucho al sistema y son una columna
vertebral muy importante en la economía de este país. Por lo demás,
existen diferencias que se ponen de manifiesto en el mismo estudio, pero
se pueden corregir y debemos estudiarlas.
Respecto a la incapacidad permanente parcial, alguna es muy digna de
estudio, y por eso decía que es verdad que se confunde muchas veces al
empresario con el trabajador; también es verdad que se confunde al que
está trabajando doce horas y tiene menos posibilidades de descanso porque
está solo. Si se tiene en cuenta una cosa también debería tenerse en
cuenta la otra.
En fin, no es éste el momento de entrar en ese estudio, aunque hay que
decir que a partir de él es importante que todos los grupos nos
esforcemos en dar una solución a algo que está en la calle y que demanda
la sociedad: esta equiparación en lo posible y la eliminación de
cualquier tipo de discriminación, teniendo en cuenta siempre que la
Seguridad Social es un instrumento de solidaridad, pero no es la casa de
los milagros. Esa es la dirección en la que todos los grupos tenemos que
andar.
Muchas gracias, y le cedo la palabra a mi compañera doña Carmen Pardo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Buenos días a todos. Permítanme dar la bienvenida
al secretario de Estado de Seguridad Social puesto que aparte del cargo
que ostenta ahora ha sido durante varias legislaturas nuestro compañero
en esta Comisión y, por tanto, sabe lo que se cuece en este otro
banquillo, al lado de la Mesa presidencial.
Quisiera manifestar, como representante del Grupo Parlamentario Popular,
la gran sintonía que ha habido de los grupos por los colectivos de las
amas de casa. Todos somos conscientes de que es un colectivo desprotegido
muchas veces y quizá inigualable por su trabajo, su valor y por estar
administrando unos salarios muy precarios que los maridos aportan a la
economía familiar, lo cual les obliga a hacer milagros para subsistir y
llevar su casa adelante.
Se está debatiendo en estos momentos, y hay que felicitar al Gobierno en
la persona del secretario de Estado de la Seguridad Social, el informe
que ha remitido en tiempo y forma a la Cámara, y por eso me uno a los
distintos grupos, porque estoy orgullosa de mi Gobierno pues veo que
cumple lo que promete, sobre todo, cuando tiene que hacer un trabajo,
aunque sea arduo como ha sido éste.
Siguiendo con la valoración de las amas de casa, ningún grupo ha hecho
descalificaciones ni ha propuesto disyuntivas a la hora de aunar
esfuerzos. Es bueno que queramos aunarlas en esta Cámara para proteger a
este colectivo, pero hemos de llamar a las personas componentes de esta
Comisión a hacer un ejercicio de responsabilidad. No se puede hacer
demagogia. Citemos, por ejemplo, el caso de la Junta de Andalucía cuando
prometió vacaciones a las amas de casa, quienes todavía están en la cola
para ver si les toca. Otra cosa es la responsabilidad desde el rigor,
desde un estudio científico de la propia Secretaria de Estado de la
Seguridad Social y no decir alegremente que ya podemos plantear la
Seguridad Social a las amas de casa.
No sé si en esta legislatura hay otra diputada que antes de serlo haya
sido simplemente ama de casa --me están diciendo que hay otra en
Convergència i Unió--, pero supongo que las mujeres que no están en estos
foros nunca tendrán mejores defensoras que nosotras, pero desde el
ejercicio de la responsabilidad y el equilibrio que requiere el sistema
de la Seguridad Social como lo recomienda el Pacto de Toledo; equilibrio
que todos ustedes saben que se ha de buscar para que todos los
pensionistas de la Seguridad social puedan llegar algún día a cobrarlo.
Quedamos a disposición de ese esfuerzo para que, avanzando en los
estudios, podamos llegar a una solución factible, pero responsable y, por
eso cabe citar los adjetivos y criterios contenidos en las conclusiones
de la subcomisión de estudio sobre los sistemas privados de previsión
social de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, que está
funcionando ahora mismo en esta Cámara y en la que los grupos
parlamentarios Popular, Catalán, Vasco y de Coalición Canaria están
elaborando una proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Antes de conceder la palabra al señor Aparicio, en
nombre de todos los viudos, divorciados y solteros me sumo a las
expresiones en favor de las amas de casa. (Varios señores diputados: Y
casados.-- La señora Amorós i Sans: Os apuntáis a todo lo bueno.--
Rumores.)
Señor Aparicio, tiene la palabra.
El Señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señor presidente, comprendo que temas como éstos hacen muy interactiva a
la Comisión y suscitan una multiplicidad de diálogos. Sin embargo, espero
que también se tenga en cuenta la opinión de esta Secretaría de Estado.
Coincido en todas las afirmaciones que se han realizado de reconocimiento
de la importancia social que tienen ambos grupos que han sido afectados
por los informes. Está fuera de toda duda el interés y el valor social
que tienen aquellas personas que cuidan su hogar y que sin un trabajo
remunerado llevan a cabo una función que considero imprescindible para el
normal funcionamiento de la sociedad. Es un común denominador que nos
debe animar a trabajar y a perfeccionar el campo de la protección social
de estas personas, protección social que no se circunscribe
exclusivamente a lo que pueda ser una expectativa de jubilación, cosa que
me gustaría destacar.
Centrándome en el caso de las amas de casa, debo decir que la cuestión
exacta, la cuestión a la cual debo atenerme en mi comparecencia y a la
cual responde el informe, no es el análisis in genere de cualquier
posibilidad, de cualquier mejora factible para estas personas. Era
concretamente --y me gustaría recordar el tenor de la disposición
adicional primera-- ver la posibilidad real, exacta de su inclusión y
acomodación en alguno de los regímenes existentes y concretamente en el
régimen especial de trabajadores autónomos. Por eso no pretendo polemizar
con quienes sugieren que pueden existir otras vías; naturalmente que
pueden existir. Pero me permito recordar que la pregunta exacta, el
motivo de la comparecencia y del informe, que ha servido de guión a los
buenos técnicos de la Seguridad Social que han realizado este trabajo
--sería injusto atribuirme ningún mérito especial en ello, porque son
técnicos que han acreditado una extraordinaria solvencia durante años--,
era ver la posibilidad real desde esos parámetros de identificación con
el sistema de trabajadores autónomos (léase desde una perspectiva de
obligatoriedad). Por ilustrar esta cuestión diré que la obligatoriedad
tiene cara y cruz. Si he dado antes unos supuestos de cifras de carreras
cortas es porque en general --y lo acababa de citar en el informe de
autónomos-- las carreras medias en régimen de autónomos alcanzan
escasamente los veinticuatro años frente a los treinta y dos del régimen
general.
La obligatoriedad ciertamente tiene cara y cruz; imagínense ustedes que
alguno de estos hogares tuviese una situación de dificultad económica. Me
cuesta imaginar --lo digo con toda sinceridad-- una persecución por vía
de recaudación
ejecutiva de hogares familiares con dificultades. Es otro elemento más
que nos debe llevar a la reflexión.
Se ha citado y creo que con razón, que el objetivo, que supongo asumimos
con mayor intensidad dentro de la protección de las amas de casa, de
quienes cuidan el hogar, sean hombres o mujeres porque no me gustaría
introducir ningún matiz sexista a este respecto (El señor Griñán
Martínez: Haberlos, haylos.), es la especial atención hacia los hogares
con menores posibilidades económicas, con menores recursos. Parece que
estos procedimientos de obligatoriedad y, en cualquier caso, de cuantías
altas disponibles de manera rígida, de manera inflexible durante largos
períodos de tiempo dificultarían a los hogares de menores recursos y sólo
lo harían accesible a quienes tengan mejores fuentes de renta.
Suscribo las posibilidades que también esboza el informe. Conviene
recordar que en el ámbito del artículo 41 de la Constitución figuran la
posibilidad de sistemas complementarios y en ellos --creo que esta Cámara
ha superado ya la dialéctica de confrontación respecto a los sistemas
públicos-- debe haber especialidades de atención, control y tutela del
Gobierno para facilitar su acceso; aportan elementos de flexibilidad,
positivos para este desarrollo; es más, si me lo permiten, también
alentarían la posibilidad de organización de estas personas dentro del
tejido social. Insisto, comparto al cien por cien el reconocimiento que
pueda hacerse de la función social, incluso de la traslación económica de
este trabajo, aunque esta cuestión no es pacífica ni sencilla, como decía
antes.
Hemos estudiado con minuciosidad el derecho comparado. En ningún país de
la Unión Europea hemos podido encontrar un referente claro que nos
sirviese como base analógica de trabajo, ni en lo que se refiere a
pensiones de jubilación ni en lo que se refiere a una cuantificación y
traslación a términos de producto interior bruto o a otras magnitudes de
su trabajo. Supongo que a nadie se le oculta la importancia que tendría
una oscilación abrupta del PIB de un Estado en estas circunstancias o en
unos momentos en los que ciertamente, y sé que a lo largo de la mañana
será objeto de este debate, con este tipo de alteraciones bruscas pueden
suscitar imputaciones macroeconómicas. Desde esa perspectiva, insisto, el
estudio pretendía dar respuesta, y creo que lo consigue, a la cuestión
exacta que le fue suscitada en la disposición adicional primera.
En el segundo tema también hay un común denominador, y tal vez sea mi
reflejo natural buscar aquello en lo que estamos de acuerdo; reflejo
natural y además creo que compartido por varios de los intervinientes a
lo largo de esta mañana. Creo que debemos poner especial énfasis en la
búsqueda de los elementos de sintonía, de los elementos que compartimos y
supongo que uno de ellos es el perfeccionamiento constante y progresivo
de nuestro sistema de protección social y, como también se ha dicho por
el señor Cercas, su adaptación a las nuevas realidades sociales. Creo que
es evidente que debemos tener un sistema suficientemente dinámico para
conocer cuáles son los cambios sociales, económicos de producción que se
vayan dando en nuestro entorno y a los que debe dar respuesta el sistema
de Seguridad Social. Eso, al final, no es nada distinto de lo que
suscribimos en el llamado Pacto de Toledo: ese compromiso permanente de
diálogo y de adaptación a las nuevas realidades y a las situaciones de
dificultad que pueda encontrar el sistema.
Centrándome en el campo de autónomos, nuevamente no sólo hay que destacar
la importancia que tiene, desde el punto de vista social que debería ser
objeto de reconocimiento, el hecho de que en España tengamos una
población muy alta, no sólo una cifra absoluta de más de 2,5 millones de
trabajadores autónomos. Estamos hablando también de que representan una
parte muy importante, aproximadamente el 18 por ciento de la población
ocupada. Luego, eso no está en juego, sino que es un elemento que
absolutamente todos compartimos. Entiendo que también coincidimos en que
en el Pacto de Toledo se habla con claridad de que debe de haber
diferencias. Sería un debate equivocado el que dijese que no puede, no
debe haber diferencias entre el régimen de trabajadores autónomos y el
régimen de trabajadores por cuenta ajena o régimen general. Debe
haberlas, como hay elementos de flexibilidad en cuanto a la elección de
bases. Debe reconocerse el hecho de que coinciden de una manera casi
indisoluble la condición de empresario y trabajador, pero precisamente la
responsabilidad, que es característica del empresario, se confunde en
este caso con los derechos que como trabajador tiene. Ciertamente el
equilibrio contributivo es importante. Hemos visto que alguna de las
coberturas --no las consecuencias de un accidente, y sirva como ejemplo--
como las consecuencias últimas de un accidente laboral y de una
enfermedad profesional están admitidas; hay cobertura. Pero, si no existe
una cotización para las contingencias que denominamos específicas de
accidente de trabajo, de enfermedad profesional, es lógico que el
tratamiento sea diferente por ese principio de simetría entre esfuerzo
contributivo y compensación que se espera recibir por parte del sistema.
Hoy cabe ver --y coincido con alguna de las afirmaciones que se hacían--
cómo ha habido un gran esfuerzo, y lo debo reconocer, de aproximación en
la contribución de los que hoy son trabajadores autónomos activos. Pero
tampoco puede ignorarse que la mayor parte de las pensiones que gozan de
complemento de mínimos proceden de estos regímenes. Dicho de otra manera,
ha sido un esfuerzo constante y aún se puede hablar de un esfuerzo
fundamental del resto de trabajadores acogidos al sistema de seguridad
Social en favor de esos regímenes especiales. Quienes más ejercen la
solidaridad que se expresa en forma de complementos a mínimos son, y creo
que me parece bien porque también han cumplido su función social, los
trabajadores autónomos. Pero tampoco creo que fuese justo un análisis que
separase las poblaciones activa y pasiva que aún conviven en esta
sociedad española de trabajadores autónomos. Creo que el peso relativo de
los trabajadores autónomos en el grupo de pasivos y su especial
aplicación de complementos a mínimos debe ser tenida en cuenta. Hay
datos, insisto, que no contienen juicios de valor; las carreras de
cotización son sistemáticamente menores y casi un 95 por ciento se sitúa
en las bases mínimas del sistema. Lo cual creo que nos habla en muchas
ocasiones con
más expresividad en la orientación de nuestras acciones que precisamente
cualquier juicio de valor.
Se ha avanzado en ese esfuerzo de aproximación de conseguir, bajo alguna
hipótesis que alguien considerara correcta, que las cotizaciones cubran
las pensiones mínimas, para que cotización mínima se corresponda con
pensión mínima. También diré, y lamento que en este momento no esté la
señora Salinas, que en ese avance, en ese ritmo puede haber distintas
graduaciones o intensidades. En estos dos últimos años se ha optado por
que los crecimientos de las bases de cotización sean ligeramente
superiores a los que se corresponderían con el IPC, apenas, un punto.
Conviene recordar que en los años 1993, 1994 y 1995 estos ritmos eran del
10 y del 11 por ciento. Se ha dicho que las bases de cotización de los
trabajadores autónomos españoles pueden ser altas en relación con las
existentes en la Unión Europea. Supongo que algo tendrá que ver esa
acción sostenida y especialmente intensa producida --insisto-- durante
los años 1993, 1994 y 1995. Creo que es correcto, y así no lo he
entendido yo sino la mayoría del Parlamento, que esos ritmos, aun
tendiendo al objetivo de equilibrio actuarial, sean asumibles o
soportables por unas economías que ciertamente tienen a veces
dificultades y en cualquier caso están sujetas a condiciones variables de
mercado. Creo que ésta es la línea por la que podemos seguir avanzando.
De igual manera que en la materia básica del desempleo conviene recordar
las dificultades, conocidas por este y por anteriores gobiernos, de
identificar con claridad --no voy a decir controlar, porque creo que es
un término incorrecto--, de poder apreciar con exactitud cuándo se
dispone o no del propio puesto de trabajo; cuándo existe voluntariedad o
involuntariedad. Sí que hay una historia, que conocen mejor que yo
quienes me precedieron en responsabilidades de Seguridad Social, sobre
algunas características abusivas, especialmente detectadas y constadas en
el año 1992 en los entornos de los administradores de sociedades
mercantiles y en entornos característicos del ámbito autónomo; las
conocen igual o mejor que yo. Tampoco ignoran, igual o mejor que yo
quienes han tenido responsabilidades en Seguridad Social, que esa
movilidad característica, bien sea el propio domicilio no solamente el
laboral, sino el normal, el familiar, dificulta en muchas ocasiones el
seguimiento, la correcta aplicación de las prestaciones y el correcto
funcionamiento de esta protección. Creo, por eso, que alguna de las
medidas que a todos nos pueden parecer positivas han de tener en cuenta
la gran magnitud --estamos hablando del 20 por ciento de la afiliación a
la Seguridad Social-- que comporta: Antes que nada deben de tener también
en cuenta lo que para mí es importante. El propio Pacto de Toledo nos
habla de que tienen que existir diferencias y entiendo que éstas tienen
que ser y deben limitarse, pero no pueden omitirse aquellas que derivan
de la propia naturaleza del trabajo, de esa situación en la que coinciden
las responsabilidades características de un empresario y los derechos
propios de un trabajador en la misma persona. Creo que ésta es una
situación siempre difícil.
No he tenido ningún inconveniente, ni lo voy a tener, en reconocer como
correctas la mayor parte de las actuaciones realizadas en estos últimos
años. No soy partidario de elogios que puedan tener algún aspecto de
simpatía personal, pero que tiendan a dificultar mis relaciones con otras
áreas del Gobierno o con otras secretarías de Estado. Admito todos los
elogios salvo los que pretendan indisponerme con otros miembros de un
Gobierno del que me siento partícipe y solidario. Si en algo puedo
resumir el tono de esta intervención es en decir lo que al principio
comentaba. Creo que tenemos una posible herramienta de trabajo para el
futuro, para intentar proseguir en el camino de perfeccionar la
protección, tanto de los trabajadores autónomos como de los que se
emplean en el cuidado de su hogar porque, además, estoy seguro que
interpreto el sentir mayoritario de toda la Comisión.
--SI SE VA A CUMPLIR LA RESOLUCION DEL PLENO DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS SOBRE LA EXCLUSION DEL DERECHO DE JUBILACION ANCICIPADA DE LOS
TRABAJADORES AUTONOMOS, EMPLEADOS DEL HOGAR Y AGRARIOS, COMO Y EN QUE
PLAZO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Número de expediente 213/000626).
--LAS LIMITACIONES POR EL GOBIERNO AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES
AUTONOMOS, REPERCUSION SOCIAL DE ESTA MEDIDA Y POSIBILIDAD DE SU
RECTIFICACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 213/000636).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia solicitada por el Grupo
de Izquierda Unida relativa a explicar si se va a cumplir la resolución
del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la exclusión del derecho de
jubilación anticipada de los trabajadores autónomos, empleados del hogar
y agrarios, cómo y en qué plazo.
Si el señor Rodríguez da su conformidad podríamos acumular la
comparecencia que ha solicitado, que es la que viene a continuación.
(Asentimiento.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Entiendo que en ambas solicitudes de comparecencia se están cuestionando
decisiones que se adoptaron por parte de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social mediante resoluciones de 14 de
noviembre y de 5 de diciembre, por las cuales se dictaban instrucciones a
efectos del reconocimiento del derecho a obtener pensión de jubilación a
partir de los 60 años a los trabajadores del régimen especial de
trabajadores autónomos, régimen especial agrario, régimen de empleados de
hogar y a algunos grupos de emigrantes.
Para situar este problema es fundamental partir de las siguientes
premisas. En primer lugar, las aludidas decisiones, dado el órgano del
que proceden, son meramente interpretativas
del ordenamiento jurídico; lo son siempre las resoluciones de la
Seguridad Social. Ello implica que no se produce con ellas una variación
de los criterios aplicados en coherencia con la jurisprudencia social
sobre la materia. Conviene recordar que traen causa y tienen su origen en
sentencias de unificación de doctrina de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo. Es cierto que las normas de Seguridad Social, a pesar
del avance producido hacia su homogeneización dentro del sistema,
establecen diferencias de regulación, como acabamos de ver, entre los
distintos régimenes que lo componen, el general y los especiales. Sin
embargo, también el Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas
ocasiones que esas diferencias de regulación constituyen una opción del
legislador lícita y no discriminatoria que se justifica, entre otras
consideraciones, por razones financieras, valorando las circunstancias
económicas y las disponibilidades del momento. Una de las materias en las
que existe una regulación diferenciada es precisamente la que se refiere
a la edad de jubilación, en concreto a la posibilidad de anticiparla a
partir de los 60 años. Conviene recordar que esta medida está establecida
en nuestro ordenamiento con carácter transitorio, no alcanza a la
totalidad de los trabajadores acogidos al régimen de Seguridad Social, ni
siquiera a todos los trabajadores del régimen general, y sí a los
regímenes especiales de la minería del carbón y de trabajadores del mar.
Creo que hay que insistir en que es una medida excepcional ya que con
carácter general rige la edad de 65 años; una edad que, por otra parte,
se vio reforzada por el deseo expresado por los grupos parlamentarios de
que fuese no sólo la de referencia administrativa sino la edad común, la
edad normal de jubilación. A mayor abundamiento se recuerda que tal
posibilidad se estableció en una norma transitoria con la finalidad de
respetar las expectativas de derechos de determinados trabajadores,
aquellos que cotizaban antes del 1 de enero de 1967 a mutualidades
laborales de trabajadores por cuenta ajena en cuyos estatutos se
reconociese esta posibilidad de jubilarse a los 60 años. Para que pueda
entenderlo cualquiera, estaríamos hablando de una norma que en principio
afectaría a personas de más de 80 años, a quien tuviese 50 años o más en
el año 1967. Creo que ése fue el origen de la aparición de la
prejubilación en nuestra legislación: el respeto a los derechos que
constaban en los estatutos de mutualidades y montepíos que fueron
integrados. Se les reconocía esta posibilidad cuando se produjera el
hecho causante de la pensión en el régimen general o especial en el que,
a partir de 1967, hubiera quedado incluido el colectivo del que se
tratara, razón por la que no en todos los regímenes se establece la
posibilidad citada de anticipar la edad de jubilación, sólo en
determinados regímenes de trabajadores por cuenta ajena en los que quedan
comprendidos los sectores que disfrutaban de este beneficio en sus
respectivas mutualidades laborales.
Las citadas resoluciones no han hecho sino acoger los criterios
interpretativos que en la materia ha consolidado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo dictada en unificación de doctrina, al establecer el
sentido de las normas que regulan el derecho a la jubilación anticipada.
La adecuación a la doctrina del Tribunal Supremo resulta insoslayable en
la actualidad, no sólo en términos de estricto rigor jurídico sino
también por la valoración de sus consecuencias económicas al referirlas
al conjunto de la población que puede acceder a la jubilación anticipada.
En resumen, la resoluciones discutidas, en cuanto delimitan el colectivo
de personas que pueden acceder a la pensión a partir de los 60 años, no
inciden en discriminación alguna por razón de pertenencia a distinto
régimen de Seguridad Social, ya que tal diferenciación es permitida por
la doctrina del Constitucional y efectúan una interpretación de normas
vigentes acogiendo los criterios establecidos al respecto por el Tribunal
Supremo; residencian en sus justos términos la interpretación de una
norma excepcional de carácter transitorio que ni siquiera afecta a todos
los trabajadores del régimen general; por último, no eliminan el derecho
a anticipar la pensión de jubilación de los cotizantes a las referidas
mutualidades laborales si posteriormente realizaron actividades agrarias
por cuenta propia o prestaron servicios como empleados de hogar, puesto
que por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas cabe
la posibilidad de que se les respete dicho beneficio.
Pues bien, en primer lugar hay que deshacer el equívoco de que las
aludidas resoluciones impiden la jubilación a partir de los 60 años a
quienes cesan en su trabajo agrario por cuenta propia o de empleado de
hogar, ya que si a lo largo de su vida laboral han quedado incluidos
durante más tiempo que en los restantes en alguno de los regímenes que
reconocen las jubilaciones anticipadas, procede que por aplicación de las
normas sobre cómputo recíproco se declare la existencia de tal derecho.
Así, los aspectos concretos que habían sido abordados por las
resoluciones ya citadas afectan a los supuestos en que el interesado
acredita cotizaciones a distintos regímenes de la Seguridad Social y/o
cotizaciones en el extranjero. La interpretación se centraba en la
referencia inexcusable a la existencia de cotizaciones a las mutualidades
laborales de trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967,
en la medida en que la norma transitoria que reconoce el derecho menciona
exclusivamente a este colectivo y no a otro, siendo así que en tal
momento en España coexisten diversas instituciones y entidades a través
de las cuales se realiza la previsión social obligatoria. Esa es la tesis
normalmente sostenida por el Tribunal Supremo. Centraba también el
aspecto de exigencia estricta de que el trabajador que haya cotizado a
distintos regímenes consolida su derecho a la pensión de jubilación
anticipada en el régimen general o en los regímenes de trabajadores por
cuenta ajena que la reconocen --tesis igualmente del Tribunal Supremo--
por cumplimiento de todos los requisitos exigidos para ello.
Las modificaciones que se producen con la admisión de estos criterios
respecto a los que se venían aplicando son las siguientes: ineficacia de
las cotizaciones efectuadas en el extranjero antes del 1 de enero de 1997
para acceder al beneficio de la jubilación anticipada, en la medida en
que no son cotizaciones a las mutualidades a que se refiere la norma.
Afirma en este sentido el Tribunal Supremo que no pueden asimilarse a
estas últimas las cotizaciones realizadas en Suiza, Alemania y Gran
Bretaña porque, entre otros
fundamentos, aunque respondan a trabajos de idéntica naturaleza que los
que en España podrían haber estado incorporados en el mutualismo laboral
--esto es, realizados por cuenta ajena--, no puede desconocerse que hasta
1967 coexistían en nuestro país regímenes distintos de aquél para los
trabajadores por cuenta ajena, por lo que no todas las actividades de esa
naturaleza llevan aparejadas cotizaciones al mutualismo laboral. Por lo
que respecta al segundo de los requisitos, consolidación del derecho a
pensión de jubilación anticipada en el régimen general o régimen de
trabajadores por cuenta ajena que lo tenga reconocido, se trata, en
definitiva, de acreditar rigurosamente, de acuerdo con la normativa
aplicable sobre cómputo recíproco de cuotas, que cuando el interesado ha
estado incluido en varios regímenes su actividad predominante ha sido
como trabajador por cuenta ajena al que se reconoce tal beneficio. Desde
un punto de vista estrictamente jurídico, las normas sobre cómputo
recíproco de cuotas (voy a hacer gracia de ellas a SS. SS. puesto que
supongo que las conocen) están reflejadas en los distintos reglamentos
generales de los diversos regímenes.
Pues bien, con estas actuaciones --que espero que se entiendan, y hago ya
un brevísimo resumen de ellas-- no se pretende abordar un rango normativo
sino hacer simplemente una interpretación. No son una modificación
normativa sino interpretativa por naturaleza de las resoluciones, tal
como se ve si uno tiene ocasión de analizar las numerosísimas
resoluciones que genera la Seguridad Social. En este caso una
interpretación que, además, creo que carece de elementos de subjetividad
porque intenta simplemente, y yo diría que lo conseguía, trasladar las
sentencias de unificación de doctrina producidas por el Tribunal Supremo.
En la sesión del 31 de marzo se produce una petición del Parlamento. La
petición del Parlamento --la conocen igual que yo-- es contradictoria con
los términos en los que se había expresado el Tribunal Supremo y plantea
una situación --por qué no decirlo-- difícil al Gobierno; difícil porque
creo que el Gobierno ni puede ni debe ignorar en ningún momento las
sentencias del Tribunal Supremo y, asimismo y con igual énfasis, ni puede
ni debe ignorar las posiciones expresadas por el propio Parlamento y
resumidas en esta resolución, sabiendo que los aspectos de interpretación
normativa estaban más que resueltos por el propio Tribunal Supremo.
¿Cuáles son las actuaciones subsecuentes a la aprobación de esta
resolución? La primera, clarificar cuál era el rango normativo necesario
para poder abordar una de estas materias en los términos en los que
parecía expresarse el Congreso. Dicho de otra manera, comprobar,
verificar si era simplemente una resolución que saldase las anteriores,
que realimentase ese ciclo de resoluciones que a su vez anulaban otras, o
debía adoptarse por norma con rango de ley. Esta es la opción que se ha
entendido más correcta y prudente a la vista de dictámenes que yo creo
que están muy sólidamente fundados y coincidentes en este caso, tanto los
externos como los internos. Estamos ante una materia que debe abordarse
con rango de ley y que debe, como muy bien dice la resolución, atenerse a
los principios que marca el Pacto de Toledo. Son pactos en los que todos
conocemos que no debe producirse una sistemática de anticipación,
especialmente si no existe un grado suficiente de consenso social y
político, un alejamiento de esa edad de referencia normal que con gran
esfuerzo se ha mantenido como tal. España puede sentirse orgullosa de no
haber tenido que alterar o modificar lo que es su edad de referencia de
jubilación. Estamos ante una materia que debe abordarse sin que
distorsione, evidentemente, lo que son las reglas generales del sistema;
dicho de otra manera, que no vaya creando una sucesión de agravios
respecto a otros grupos. Estamos hablando de aplicar un beneficio, una
situación que, como hemos visto, no es extensible a la totalidad de
trabajadores acogidos al régimen de Seguridad Social, ni siquiera a los
acogidos al régimen general. Se estaba pidiendo que se aplicasen
características del régimen general a trabajadores que no están en el
régimen general en el momento de solicitar la jubilación, o que no han
estado el tiempo necesario en el conjunto de su vida para que se pueda
afirmar que la nota dominante de su carera es la del régimen general,
porque ésa es la cuestión de fondo.
Pues bien, creemos que esa norma, con carácter urgente, que ha tomado la
figura del decreto-ley precisamente para evitar situaciones poco
deseables respecto a quienes ya hubiesen podido formular sus peticiones,
debería seguir unas pautas claras que paso a exponerles como criterios.
Primero, que en la vida de un trabajador haya existido, exista y se pueda
acreditar una fracción significativa del régimen general porque
--insisto-- al final la cuestión básica es quién puede acogerse a
características de una parte del régimen general. Evidentemente pueden
abrirse dos opciones y pensamos que las dos serían lícitas: una regla de
carácter general que exigiese al menos un 25 por ciento de vida laboral
afecta al régimen general y también --porque esa ha sido una pauta hasta
ahora comúnmente admitida-- que en carreras excepcionalmente largas en
las que la contributividad haya operado durante un largo período de
tiempo pudiera reducirse a una cuota fija que inicialmente sería deseable
que se situase en torno a cinco años. Dicho de otra manera, para esas
carreras más cortas que parece que son más proclives o se sitúan más en
las fronteras de la compra de pensiones que el requisito sea al menos
--me parece razonable-- una cuarta parte para que se pueda identificar
esa componente del régimen general que invoca y que de alguna manera este
requisito se ablande, por decirlo así, o sea más amable para quienes
tengan carreras largas de cotización. ¿Qué se puede entender por carrera
larga de cotización? Yo entiendo, a la vista de los datos que hemos
manejado esta mañana, más de 30 años. En el caso de carreras de 30 o más
años sería suficiente con la adscripción de cinco años de pertenencia al
régimen general.
Para evitar este problema que podría generarse --lo voy a decir con
claridad-- a quienes están en tramitación (yo no sé si inducidos o no; me
importa poco, saben que no es mi estilo hacer ningún juicio de intención)
para evitarles problemas habría que dar cabida y acogida --como si no se
hubiesen producido las resoluciones citadas-- dar salida a los
expedientes referenciados antes de la fecha en la que el propio Congreso
debatió esta cuestión. Es decir, con
ello se podría afirmar que no habría conflictos a pasado --y espero la
ganancia de claridad, de seguridad jurídica y de concordancia con las
normas de cómputo recíproco ya existentes-- y que, por qué no decirlo, el
mantenimiento no voy a decir de derechos, pero sí de expectativas de
derechos, quedaría suficientemente saldado. Sólo quedarían fuera aquellos
casos en los que su fracción de vida laboral al régimen general fuese
realmente inapreciable o aquellas personas que --insisto-- parece que por
la luz de lo que son las cifras que aportan de cotización y especialmente
el momento de incorporación puedan estar persiguiendo objetivos que
aunque legítimos yo creo que es poco deseable su existencia en el sistema
de Seguridad Social; es decir, espero que se dificulten los márgenes
residuales que puede haber de compra, de adquisición irregular de
pensiones. En esa línea, quiero dejar bien claro que en ningún momento ha
sido una cuestión de carácter general. Si se quiere saber cuántas
personas utilizaron este cauce para acceder a su situación de jubilación
o prejubilación el año pasado, les diré que no alcanzó a las 2.000
personas y que la serie es claramente decreciente en los últimos años. Se
ha dibujado una imagen de generalidad que yo pienso que no se corresponde
con la certeza de las cifras y de los datos y tampoco se centra --lo voy
a decir con claridad-- en ninguno de los regímenes. El reparto a través
de los regímenes de empleados de hogar y de trabajadores autónomos
agrarios diluye bastante esa cifra, ya de por sí reducida, de 2.000 y
creo que nunca ha tenido ni gravedad ni intensidad. No obstante, insisto
en que el Gobierno quiere dar una rápida y pronta respuesta que concilie
la difícil situación de atender, entiendo con igual respeto y con igual
intensidad, a los otros dos poderes, en este caso la sentencia del
Tribunal Supremo y la resolución aprobada por el Pleno de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el grupo solicitante de la
comparecencia, Izquierda Unidad, el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado, voy a procurar
interpretar su exposición sobre la posición que ahora mismo tiene el
Gobierno. En primer lugar, quiero decirle que no son las solicitudes de
estas comparecencias las que cuestionan las circulares y resoluciones del
Ministerio, sino que es la propia proposición no de ley la que lo pone en
cuestión. Nosotros, en último término, al solicitar su comparecencia lo
que pretendemos es que se nos aclare exactamente qué perspectivas tiene
el Gobierno de cara a la aplicación de esa decisión del Legislativo. En
segundo lugar, quiero decir que nosotros sabemos cuál era la situación
previa. Conocemos que desde la Ley General de la Seguridad Social existía
un criterio de cómputo recíproco de cotizaciones y el Real Decreto
2.957/1973, de 16 de noviembre, cubría la laguna de aquellos regímenes
que no tuviesen regulado ese cómputo recíproco de cotizaciones. Después
se completó, porque había una insuficiencia legislativa clara, con la
Circular 112, de 1978, con la que se cerraban las lagunas, extendiendo el
beneficio de la jubilación anticipada a todos los trabajadores que
hubieran cotizado al mutualismo laboral como trabajadores por cuenta
ajena antes del 1 de enero de 1967, sin ningún tipo de límite respecto a
la cantidad de días que hubiesen cotizado.
El Tribunal Supremo interpreta, en cualquier caso, la decisión del
Legislativo; es claro que interpreta una decisión del Legislativo, que
somos nosotros, es decir, este Parlamento, este Congreso de los
Diputados. Por tanto, yo creo que es falsa esa posición que puede tener
el Gobierno y que acaba de manifestarnos usted de que quiere hacer
compatible la decisión del Legislativo con la del Judicial. Permítame,
señor secretario de Estado, que le recuerde esto que es elemental. El
Legislativo pretende que el Ministerio realice una interpretación
auténtica de la ley, de aquellas leyes que pretende de forma taxativa que
se mantengan, porque la proposición no de ley dice literalmente que las
medidas correspondientes mantengan la vigencia de la resolución de la
Dirección General de Prestaciones del entonces Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, de 9 de agosto de 1978, y por consiguiente las
circulares afectadas. Es muy clara esa decisión de la proposición no de
ley votada por el Congreso de los Diputados. Por tanto, a mí me parece
que no se trata de que haya una contradicción con el Tribual Supremo. El
Tribunal Supremo cumple su papel, que nosotros respetamos, pero que no
puede servir de justificación, de excusa para que el Ejecutivo realice lo
que es, sin duda alguna, una interpretación posterior y auténtica de la
voluntad de la ley. Nosotros creemos que lo que corresponde es que se
cumplan estrictamente por el Ejecutivo, por el Gobierno, en este caso por
usted, los términos de esa proposición no de ley, sin marear la perdiz.
Obviamente el Ejecutivo podrá ejercer las competencias que la ley le da,
y es tomar la iniciativa de proponer a esta Cámara un cambio legislativo.
Nosotros tomamos nota de que hay voluntad del Gobierno de plantearnos una
ley que será nueva, que regulará de forma distinta --siempre en función
de la voluntad de esta Cámara-- la situación antes contemplada
perfectamente regulada por las circulares. Mientras tanto lo que
pretendemos --y éste es el motivo de la comparecencia-- es que se nos
aclare qué es lo que se va a hacer. Al final de su comparecencia nos ha
dicho que se va a dar salida a los expedientes que estaban acumulados
hasta ahora para que no se quiebren las expectativas de derecho.
Permítame que le diga que yo no he entendido la coletilla que ha añadido:
salvo aquellos casos en los que hubiera un período inapreciable de vida
laboral en los regímenes. Me gustaría que nos lo explicase claramente
porque podría crearse una excepcionalidad que rompiese las expectativas
de derecho.
En cualquier caso, quiero decirle que no es el momento de entrar en los
criterios que nos ha expuesto sobre la norma que el Gobierno pretende
plantear. No voy a entrar a discutir esos criterios; tiempo tendremos de
hacerlo. Quiero, eso sí, anticiparle que en principio no estamos de
acuerdo con que se empeore la situación que existía hasta ahora, y estoy
convencido de que menos de acuerdo todavía estarán los colectivos
afectados, que si bien es cierto que en concreto pueden ser muy pocas
personas, razón de más para que no se levante una polvareda ni se
provoque
un conflicto social ni ningún quebranto de expectativas de derecho a
través de un cambio legislativo que, en todo caso, sería inoportuno. Pero
ya le digo que tendremos ocasión de discutirlo en el futuro. Lo que sí me
interesa ahora es saber qué va a pasar respecto al período transitorio y
hasta que no exista la ley no solamente con los expedientes acumulados
hasta ahora, sino también con los que se presenten desde la resolución
hasta que haya una nueva legislación. ¿Se va a contemplar la circular 112
sin más interpretación que la que ha realizado estrictamente el Congreso
de los Diputados a través de ese mandato? ¿O se van a seguir poniendo en
contradicción ambiguamente las interpretaciones que realice el Tribunal
Supremo con lo que ya ha dicho y aclarado el Congreso de los Diputados?
Esa es mi pregunta, porque hay que comprender los expedientes de tres
períodos: los acumulados hasta la resolución de la proposición no de ley
del Congreso de los Diputados, los que se presenten desde el 31 de marzo
hasta que entre en vigor la nueva ley y los que se presenten después de
la nueva ley. Me gustaría que nos aclarase con precisión qué va a pasar
respecto a esos tres períodos. El primero ya está aclarado, pero respecto
al segundo y al tercero, concretamente al segundo me quedan muchas dudas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego desea expresar
un cierto estupor por la contradicción que existe entre las declaraciones
del Gobierno tendentes a hacer propaganda de su intención de homogeneizar
los derechos de los ciudadanos, incluso a la hora de posibilitar
pensiones, y la constatación de que en la práctica esta tendencia que
tenemos que catalogar de propagandística se ve desmentida por los hechos.
Uno de los últimos hechos fue la resolución de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, de 14 y 15 de noviembre de 1997, que
en términos subjetivos no cabe duda de que evita que una cantidad
importante de trabajadores, 2.000 según el señor secretario de Estado, se
puedan jubilar cada año anticipadamente --hay que decir que hasta ahora
sí podían hacerlo-- y coincide además, con lo que es más grave, con una
legislación que curiosamente se fue conformando en los últimos años del
franquismo y que alcanzó su cénit en una resolución de agosto de 1978, un
momento crucial en el cambio de régimen.
No cabe duda de que la Orden Ministerial de 13 de enero de 1977, que
posibilita en su artículo 9 la jubilación anticipada a los 60 años con
las cotizaciones requeridas y alguna al régimen de cuenta ajena,
significaba una conquista y una cierta homogeneización en los derechos de
los trabajadores; trabajadores, además, que estaban claramente
discriminados, bien por su trabajo en el exterior del Estado español,
bien porque hacían alguna actividad que merecía que se tuviese en cuenta
una reducción de la edad de retiro. Esta primera orden ministerial fue
completada con otras que posibilitaban la suma de cuotas de diferentes
regímenes para tener acceso a la jubilación anticipada, como fue el
Decreto 2.957 del año 1973, y, por fin, la circular del año 1978 que
generalizaba muchas posibilidades para retirarse a los 60 años. Repito
que los sectores sociales que estaban afectados eran trabajadores
autónomos, los del régimen de la seguridad especial agraria, los
empleados o empleadas del hogar y los emigrantes, sectores sociales no
precisamente privilegiados.
Cuando el señor secretario de Estado habla de que en todo caso lo que se
hace es una interpretación legal y cuando el señor ministro Arenas dice
que es una decisión técnica, se olvidan de decir que hay 20 años de
práctica política y gubernativa detrás, que también son una
interpretación del Ejecutivo. Yo creo que cuando hay interpretaciones
contradictorias, lo que es sintomático desde el punto de vista político
es si se hace caso a la más progresista socialmente, a la más amparadora
o a la más restrictiva. Es curioso el afán prioritario por cargarse la
resolución del año 1978, que era sin duda la más generalista, como se ve,
por ejemplo, en el apartado séptimo de la resolución del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Pero lo que es más grave --y usted hizo
alusión a ello--es que es increíble que un Gobierno, ante una duda
interpretativa referida a los emigrantes, se acoja siempre al peor
aspecto de la cuestión, y es curioso que diga lo siguiente --algo que
usted también leyó--: Ha llegado a la conclusión de que no son asumibles,
entre otros fundamentos, porque aunque responden a trabajos de idéntica
naturaleza, esto es, efectuados por cuenta ajena, a los que en España
podrían estar incorporados al mutualismo laboral, no cabe desconocer que
en nuestro país coexistían hasta dicho momento para los trabajadores por
cuenta ajena regímenes distintos de aquél, por lo que no toda actividad
de la referida clase llevaba consigo cotizaciones a ese mutualismo, según
afirma la sentencia. Es decir, que ustedes aplican todo lo que es
discrecional y discriminatorio. Yo creo que un Gobierno razonablemente
favorable a los intereses sociales nunca haría esto. Ustedes utilizan
ahora lo que era un caso excepcional en el Estado español para privar de
derechos que sí son propios de trabajadores por cuenta ajena.
En definitiva, señor secretario de Estado, yo creo que es objetivo
políticamente, al margen de interpretaciones, decir que se reducen
derechos, y además de forma expresiva, porque estas jubilaciones
anticipadas llevaban también reducción en la cuantía de la pensión, lo
que es todavía más indicativo desde el punto de vista de la actitud del
Gobierno respecto a los derechos sociales. Con esta línea de actuación,
en definitiva, no se homogeneiza ni homologa, sino que se recortan
pequeños derechos, se produce más precarización. A mí me parece que en un
momento en que hay que crear trabajo es más positivo que un taxista se
retire a los 60 años y deje el taxi a su hijo, que un trabajador del
campo de la seguridad especial agraria deteriorado físicamente abra paso
también a otros sectores de la juventud, sean o no de su familia, o que
las personas que se dedican al servicio doméstico, que no es tampoco un
trabajo físicamente irrelevante, pudiesen beneficiarse de algo que usted
dice que es residual, que va en retroceso y que tiene un límite temporal.
Una última reflexión. El 40 por ciento de la población ocupada de Galicia
son trabajadores autónomos y trabajadores
que dependen del régimen especial agrario. Creo que esta medida tiene un
gran impacto. Si al mismo tiempo le añade los trabajadores gallegos que
estuvieron en Alemania, en Gran Bretaña o en Suiza, ya me dirá usted cuál
es el resultado de esta medida tan baladí, porque seguramente la
concentración territorial también será evidente.
Usted presenta alguna solución que nosotros pensamos que es de agradecer,
pero que sigue incidiendo en algo muy discrecional. Imagine usted lo que
significaría que ahora se vayan a solucionar los casos que están en
trámite y que se paralice para los que puedan estar el año que viene en
disposición de acceder a ello, cuando están en la misma situación
objetiva. Creo que era mucho más positivo dejar que este proceso residual
fuese desapareciendo --que va a desaparecer, usted mismo lo dice--,
porque desde el punto de vista económico es perfectamente asumible,
incluso para un Estado empeñado en cumplir los criterios de convergencia.
Además, creo que se daría una señal de que, cuando menos, hay una cierta
comprensión por los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Hay picaresca, pero creo que la picaresca es residual. Incluso algunas
veces la picaresca, en relación con la vida laboral que se tiene detrás,
hasta está justificada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra doña Zoila Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor Aparicio, como usted muy bien ha recordado,
el 31 de marzo pasado el Pleno del Congreso aprobó con 277 votos a favor
y una abstención, del total de 278 votos emitidos, una proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno a que, en el marco del Pacto de
Toledo, se adopten las medidas legales necesarias para que dejen de
contemplarse las resoluciones en las que se cuestionaba el derecho a
jubilación anticipada de determinados colectivos.
Mi grupo parlamentario, señor Aparicio, por pura lógica y por pura
coherencia con lo que aprobamos en el Pleno --teniendo en cuenta además
que fue mi grupo parlamentario, junto con el Grupo Parlamentario Vasco,
el que propuso una enmienda transaccional a la moción de Izquierda Unida,
enmienda que fue aprobada--, tiene forzosamente que insistir en la idea
de que el Gobierno cumpla este mandato. En caso contrario, por un lado
irían las votaciones y por otro los discursos, cosa que parece que no es
deseable para ninguno de los que estamos aquí.
Esperábamos hoy, señor Aparicio, que por lo menos usted pudiese precisar
un poco más si había disponibilidad, disposición o qué perspectivas ve el
Gobierno. Ha apuntado usted alguna pauta. Ha dicho que quizá sería
posible contemplar estas jubilaciones anticipadas --si no lo he anotado
mal-- para aquellos trabajadores que por lo menos en un 25 por ciento de
su vida activa hubieran estado cotizando en el régimen general. Ha dicho
también que para lo que podríamos llamar --utilizando su expresión--
carreras cortas por lo menos hubiese una cotización de cinco años. Son
pautas, señor Aparicio, pero sería necesario poder concretar mucho más
estos aspectos. Nosotros insistimos --y así lo hizo en su día en el Pleno
del Congreso el portavoz de mi grupo, señor Homs-- en que cuando se
defienden los derechos de estos trabajadores que cotizaron en alguna
mutualidad --los trabajadores que cotizaron antes del 1 de enero de
1967-- puede darse alguna incongruencia en el sentido de que un
trabajador que hubiera cotizado un solo día, por decirlo de alguna
manera, podría tener ventajas sobre trabajadores que hubiesen cotizado
muchos más años. Estas cosas se entienden y me parece que son
perfectamente asumibles por todos, y por ello, intentando buscar el
sentido común, a pesar de que sea a veces el menos común de los sentidos,
sería conveniente que el Gobierno hiciera propuestas factibles y que los
demás grupos parlamentarios tuviésemos ocasión de discutirlas y de llegar
a acuerdos.
Como he dicho antes, pienso que éste debe ser el objetivo que todos
tenemos que perseguir. Nos estamos moviendo dentro del Pacto de Toledo y
este pacto tiene que ser la norma común, pero debo instarle, con todo
respeto y con la seguridad de que ustedes han trabajado en ello, para que
por favor precise un poco más, que nos dé pistas sobre si va a haber
posibles vías de solución, porque este colectivo de autónomos, por el que
todos los grupos de esta Cámara demostramos tener una sensibilidad, está
pendiente en este momento; tienen una incertidumbre, una losa que pesa
sobre sus cabezas porque no saben cómo se va a despejar esta incógnita y
si va a primar lo que ha mandatado la Cámara o las interpretaciones del
Tribunal. Pensamos que lo que tiene que primar es lo que ha mandatado la
Cámara y que el Gobierno tiene que ajustarse a este mandato. En este
sentido, señor Aparicio, le rogamos una mayor concreción, a ser posible,
en las formas y en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor secretario de Estado, escuchándole me he
quedado muy asombrada, porque, aunque no llevo mucho tiempo en esta
Cámara, sí me creo que la voluntad popular está depositada aquí y que lo
que la Cámara aprueba, y además por una mayoría tan aplastante como en
este caso, es de obligado cumplimiento para el Gobierno. Para mí no es un
problema elegir entre lo que dice el Tribunal Supremo o lo que dice la
Cámara, porque el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal interpreta
las leyes pero es el Legislativo el que hace las leyes. Por tanto, creo
que debería quedar soslayada esa posibilidad.
Dice que el 31 de marzo nosotros cuestionamos una norma o la aplicación
de una norma. No, nosotros no compartíamos la aplicación que se intentaba
dar de una norma y, como no la compartíamos, tomamos una decisión para
que el Gobierno adoptara las medidas pertinentes para que no se llevara a
cabo la aplicación de esa norma. Para mí y para mi grupo no es tanto el
problema de si son 2.000 o si son 1.500, sino que estamos hablando de que
hay unos posibles beneficiarios que están acogidos a regímenes diferentes
y que tienen la posibilidad de jubilarse a los 60 años,
que cada vez serán menos por la propia edad, y nuestra voluntad es
conseguir que la gente acogida a esos regímenes especiales siga teniendo
la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Esa es nuestra voluntad
política y la de toda la Cámara.
He querido entender que el Gobierno lo va a hacer por decreto-ley, para
posteriormente traer a esta Cámara una ley para regularlo. Esperaremos
esa ley, pero me preocupa la voluntad política de este Gobierno, porque
realmente no va en la misma dirección que la voluntad política de los
grupos que apoyan al Gobierno y la de toda la Cámara, ya que todos
aprobamos que se dejara sin efecto esa resolución.
Para mí lo razonable --por mi corto entender o por mi poca experiencia,
llámelo como más le guste-- hubiera sido que hoy se dijera que estas dos
comparecencias no tienen sentido porque el Gobierno, tal y como le
corresponde, va a aplicar la resolución del 31 de marzo y va a traer una
ley, y punto. Sin más discusiones ni más justificaciones. Por tanto, para
mí es difícil comprenderlo, y no se trata sólo de que se aclaren o se
dejen de aclarar algunas cosas.
Hay otra cuestión que también me preocupa, y creo que a todos los grupos.
A veces, a base de repetir que uno es alto, aunque mida 1,50, se cree
alto. La verdad es que me disgusta enormemente lo de la compra de
pensiones y su picaresca, porque a base de repetirlo y de oírlo todos los
días al final nos lo creemos. Yo no discuto que pueda haber algún caso,
no lo discuto, pero no como para elevarlo a la categoría de problema
general de la Seguridad Social, porque entonces tendríamos que hablar de
otra manera. Por tanto, yo les pediría a todos, y especialmente a usted
que representa a la institución, que por favor dejáramos de hablar de la
picaresca o la compra de pensiones. Habrá que decir que tomaremos las
medidas para que no se produzca, pero es que estamos llamando casi en
términos generales defraudadores a todas las personas que están cobrando
una pensión por el hecho de que no sabemos diferenciar.
Por lo tanto --y con esto termino--, nosotros vamos a mantener la misma
posición. Queremos que se cumpla la resolución en los términos aprobados
el 31 de marzo casi por unanimidad por parte del Congreso de los
Diputados --creo que la abstención fue una equivocación--, que se cumpla
la voluntad popular de que estos colectivos tengan el derecho a seguir
jubilándose a los 60 años.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gerardo
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor secretario de Estado, gracias por su
comparecencia, aunque me da la impresión de que, por las intervenciones
de algunos de los representantes que me han precedido en el uso de la
palabra --sus mismas palabras me lo corroborarán posteriormente--, soy el
único o casi el único que le ha entendido. Lo que yo he deducido de sus
palabras es que, en primer lugar, ha dado una explicación de la situación
en la que se encontraba el Gobierno justamente antes de la moción que
aprobó esta Cámara, una situación que hacía referencia a una serie de
resoluciones administrativas, y yo comparto en este caso con el señor
secretario de Estado, yo y la totalidad de la doctrina jurídica, que las
resoluciones administrativas no son ley sino interpretación
administrativa de la ley para su aplicación. En este caso, nos
encontrábamos con resoluciones que habían sido puestas en cuestión o en
solfa nada más y nada menos que por nuestro Tribunal Supremo y que iban a
entrar en vigor intentando hacer que esos criterios aplicativos que el
Tribunal Supremo había determinado posteriormente se hicieran valer en
trato normal de la Administración frente a los administrados. Y
justamente ése no era el debate, sino los antecedentes que creo que ha
intentado explicar, y muy razonablemente, incluso claramente, el señor
secretario de Estado, aunque me temo que haya sido mal entendido por
algunos de los grupos con representación en esta Comisión.
También ha dicho, y de una forma muy clara, que estamos ante una materia
de carácter excepcional y transitoria y que no debemos tender, como
hacemos en muchas ocasiones en esta materia de Seguridad Social y ha
ocurrido ya en debates previos en esta misma mañana, a generalizar lo que
todos sabemos que es excepcional y transitorio y, por tanto,
individualizado. Porque toda generalización puede chocar (y en este caso
nosotros no queremos erigirnos en los máximos defensores, pero al menos
sí en este punto en los más firmes defensores del Pacto de Toledo) con lo
que sería el equilibrio económico y financiero de nuestro sistema. Por lo
tanto, tenemos que ser muy rigurosos cuando tomemos medidas que van a
suponer posible aumento de gasto y tenemos que ser lo bastante
coherentes, serios y rigurosos para que eso siempre lo hagamos con los
informes necesarios, para que sepamos que nunca pondremos en peligro un
sistema como éste. Porque, señor secretario de Estado, a lo mejor lo digo
por mi propia edad, pero no sólo me preocupan las pensiones de los que
hoy las están cobrando, sino que también me preocupan las de aquellos a
los que nos quedan aún decenas de años para poder tener la posibilidad de
cobrarlas. Al menos me gustaría que ese sentimiento de preocupación, que
puede ser individual o generacional, se pueda tener en cuenta en este
caso, encontrándose no sólo en mi grupo parlamentario sino en mi persona
uno de los más firmes defensores del mantenimiento del equilibrio
económico-financiero del pacto.
Como muy bien ha dicho el señor secretario de Estado, el problema real es
que nos encontramos con unas resoluciones de nuestro Tribunal Supremo que
interpretan o varían los criterios aplicativos de una norma. Algún
portavoz ha dicho que esto es bastante fácil de solucionar: mantengamos
las normas, que es para lo que la moción insta al Gobierno, y aquí paz y
después gloria. Pues justamente, señorías --tal vez aquí me traicione mi
formación jurídica--, eso es lo que no hay que hacer porque eso es nada
menos que mantener la inseguridad jurídica para todo este colectivo de
trabajadores. Mantener un criterio aplicativo en contra de la opinión del
Tribunal Supremo, al que ni la Administración ni esta Cámara pueden
desoír, es lo mismo que mantener en la inseguridad jurídica todos y cada
uno de los derechos subjetivos de esos trabajadores ya que, a pesar de
que se hayan reconocido administrativamente sus
derechos, pueden ser luego anulados judicialmente, pues la doctrina del
Tribunal Supremo es clara y, además, en casación para unificación de la
doctrina, o sea, aplicable a todos los supuestos que se puedan dar en
esta materia.
Por lo tanto, señorías, nada de mantener (porque ésa sería una postura
cobarde y además perjudicial para el colectivo de trabajadores al que nos
estamos dirigiendo) resoluciones que claramente han sido desoídas por
nuestro Tribunal Supremo. A nosotros nunca nos ha interesado enterrar ni
una ni dos veces a Montesquieu, creemos que su teoría está muy bien tal y
como está y que debemos ser respetuosos con ella y, por lo tanto, con las
interpretaciones que nuestro Tribunal Supremo hace. Pero, señorías,
también tenemos que ser conscientes de lo que esta Cámara aprueba y de
los elementos que nosotros mismos tenemos a nuestra disposición en virtud
del Reglamento del Congreso de los Diputados. Lo que esta Cámara aprobó
fue una moción que no tiene ninguna fuerza legislativa. En una moción se
insta al Gobierno al cumplimiento de un compromiso político que esta
Cámara adopta, y el Gobierno sí que debe responder frente a todos
nosotros, porque además fue acordada por unanimidad, del contenido de
aquella moción. Pero esa moción quiere mantener vigentes una serie de
resoluciones que chocan con los derechos subjetivos que el Gobierno debe
defender también, como es en este caso, y todo esto se debe a lo
apresurado de la situación para llegar a una enmienda transaccional de
todos los grupos para poder conseguir unanimidad al respecto, por lo que
reitero que tal vez esa moción no tenga la claridad suficiente en
términos jurídicos. Lo que quisimos decir claramente al Gobierno, y en
esto comparto las palabras de portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), es que era él el que debía afrontar estos
problemas, pero no manteniendo de manera rigorista los criterios que el
Tribunal Supremo daba para la legislación que ahora hay que aplicar, sino
de la manera en la que la mayoría de los portavoces que no expresamos ese
día en la Cámara dijimos, y hago mías sus palabras: aplicando el sentido
común a todos esos supuestos para no perjudicar los derechos subjetivos
de muchos de los trabajadores, pero tampoco para garantizar o generalizar
situaciones que ha nombrado ella en el caso más extremo, pero que no se
nos escapa a ninguno de nosotros que pudieran convertirse claramente, a
nuestro juicio, en abusivas de derecho y en perjuicio del resto del
colectivo de trabajadores a los que pudiera llegar esta medida.
Por lo tanto, este grupo parlamentario estará siempre en contra de un
planteamiento que sea insuficiente e inadecuado a todas luces para
mantener una legislación y una interpretación posteriormente, como es la
que existe en estos momentos, que lo único que generaría sería
inseguridad jurídica. Si alguien quiere hacer de ello bandera electoral,
lo único que conseguirá hacer será demagogia política. Lo serio --y lo
dijimos en ese debate-- si pretendemos verdaderamente solventar el
problema es modificar la ley. Alguien ha recordado aquí que somos el
Legislativo y que podemos hacerlo, pero entonces lo que este grupo echa
en falta es que no haya ni una sola proposición de ley con entrada en
esta Cámara que justamente busque la modificación de este texto legal. En
todo caso, el único que hasta ahora ha anunciado que habrá una
modificación legal en este sentido, cumpliendo el mandato de este
Parlamento, ha sido hoy el secretario de Estado cuando ha anunciado un
real decreto que puede acometer la resolución del problema de este
colectivo de trabajadores.
El contenido del real decreto --y luego me pronunciaré sobre los
criterios orientativos que ha explicado-- podrá parecer bien o mal, ésa
es otra discusión, y en eso sí que coincido con el portavoz de Izquierda
Unida, pero hasta este momento la única actitud valiente, coherente y
responsable --reconózcanlo, señorías--, aparte de la propia de los
diputados de instar al Gobierno a que realice lo que entendemos puede ser
la resolución de un problema, es la del Gobierno al decir: señores, yo
entiendo que tiene que ser mediante norma legal --nosotros compartimos
también ese criterio, señor secretario de Estado--, esa norma legal la va
a traer el Gobierno y posteriormente discutiremos de los criterios
orientativos. Por lo tanto, aquí nadie ha huido de su responsabilidad, al
contrario, la ha cumplido con una celeridad que en este caso honra al
secretario de Estado y al Gobierno que él representa, porque si dijimos
en aquel momento que lo valiente y lo coherente era hacer una
modificación legal, hoy tenemos la oportunidad todos los grupos, a partir
del anuncio del señor secretario de Estado, de proceder a discutir sobre
el contenido de esa modificación legal que se ha anunciado.
Señor secretario de Estado, de los criterios que usted ha dado, a mi
grupo le parece altamente positivo que el acceso a la pensión de
jubilación por ley se produzca claramente para aquellos que cotizaron
antes del 1 de enero de 1967 a las mutualidades de previsión social y que
ya no haya posible discusión sobre ello; nos parece seguridad jurídica.
Que todo ello se interprete en algo que no existía entonces, ni cuando
las circulares de interpretación posteriores, como es el Pacto de Toledo,
y se tengan en cuenta los principios de contributividad y
proporcionalidad a la hora de fijar cómo tenemos que tener en cuenta esas
carreras de cotización profesionales para que no se produzcan abusos de
derecho o situaciones discriminatorias de unos sobre otros, a mi grupo
también le tiene que parecer bien; como también le parece bien,
evidentemente --y creo que ahí ha sido muy claro, aunque no sé si se ha
entendido por otros grupos de esta Cámara--, que se solvente la situación
de ese colectivo que desde el 1 de abril (fecha en que tendrían que haber
entrado en vigor estas resoluciones interpretativas aunque este Congreso
instó para que no se hiciera, suspendiéndose su entrada en vigor) puede
haberse sentido perjudicado en su derecho y, que, en todo caso, puedan
acogerse a esta norma que lo que va a hacer será garantizarles unos
derechos que ahora mismo tienen en una situación de suspensión,
llegándose a encontrar incluso en una situación de indefensión.
Todo eso --mi grupo lo dijo en ese debate, señor secretario de Estado, y
me gustaría preguntárselo hoy-- nos gustaría que se hiciera, si no se ha
hecho ya, con el concierto, el acuerdo, la información de los agentes
sociales. Nos parece muy importante que cuando hablemos de nuestro
sistema de protección social se siga manteniendo el
hilo conductor político del Pacto de Toledo entre los grupos
parlamentarios, pero también con los agentes sociales, porque al final
ellos representan a quienes van dirigidas estas medidas. Por eso, y
termino, señor presidente, frente a ciertos intentos demagógicos o
criterios poco responsables de defensa de los derechos subjetivos de un
colectivo importante de trabajadores, lo serio, lo responsable, lo
coherente, lo convincente es la celeridad con la que ha actuado el
Gobierno, y con la que ha acometido el problema. Nos ha anunciado la
modificación legal vía real decreto, que además, justamente por ser por
real decreto, podrá atemperar con mucha mayor rapidez las circunstancias
de estos derechos subjetivos a los que me refería con anterioridad. Y
sobre todo la valentía, que ya anunciamos, de que somos capaces, dejando
de lado posiciones que podían ser más cómodas en lo político pero
bastante más problemáticas para la continuidad de nuestro sistema de
protección social, de acometer estas situaciones pensando no sólo en
resolver el problema de hoy, que se resolverá, sino sobre todo en
mantener nuestro sistema de protección social para el futuro, que es la
garantía de pervivencia para muchos de los que hoy nos encontramos aquí
sentados.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Con la máxima brevedad, deseo resolver las posibles dudas que mi primera
intervención haya generado. Tal vez me he extendido más en lo que era la
situación preexistente que en lo que son las actuaciones previstas de
manera inmediata --y subrayo ya inmediata-- por parte del Gobierno,
dejando claro que algunas de las situaciones que se han descrito son
absolutamente ciertas. Las situaciones de abuso, el recurso a un único
día de cotización antes del 1 de enero de 1967, son las que precisamente,
por la vía del pleiteo, llevaron al Tribunal Supremo a pronunciarse, y
difícilmente puede hablarse de derechos adquiridos cuando las normas
administrativas en las que pretenden sustentarse esos derechos han sido
declaradas no conformes por el propio Tribunal Supremo. Estoy totalmente
de acuerdo en hablar de derechos adquiridos, pero para la adquisición de
un derecho hace falta una norma que sea conforme a la ley, y parece que
no es éste el caso; y precisamente por las situaciones de abuso, que no
son de apreciación subjetiva sino que han sido las que motivaron estas
sentencias del Supremo, es por lo que era necesario actuar.
También se me olvidó decir --y aquí hago una especial pausa-- que este
problema no es de ayer ni de anteayer. La sentencia del Tribunal Supremo
data del año 1995, y yo creo personalmente --y lo digo sin ningún ánimo
de crítica retrospectiva-- que debería haberse actuado también en aquel
momento. Insisto en que el Gobierno no debe permanecer nunca impasible
ante los pronunciamientos del Tribunal Supremo y menos aún, o con igual
valor, cuando se pronuncia esta Cámara. Sus dudas debía tener también el
propio Pleno del Congreso cuando habló in genere de normas legales. De
ahí que el único retraso, que no debe interpretarse como falta de
voluntad política, haya sido precisamente una delimitación de cuáles eran
las normas que debían ser modificadas, y con especial cuidado de no
alterar, porque supongo que no está en el ánimo de ninguno de los grupos,
aquellas partes de nuestra normativa y de nuestra legislación que no han
estado nunca sujetas a cuestión. Me gustaría destacar que nunca han
estado sujetas a cuestión las reglas de carácter general para cómputo
recíproco de cotizaciones, que son con las que se manejan la práctica
totalidad de nuestros trabajadores. Se ha hablado --y yo lo comparto-- de
situaciones excepcionales; no sólo excepcionales, sino también
transitorias. Yo creo que no debe ser nuestra forma de actuar la
consolidación, la cristalización de situaciones de carácter excepcional y
transitorio reservado para momentos bien concretos de nuestra historia.
Algunas de ellas --y lo voy a decir hoy una vez más-- evidencian que
hasta ahora, desgraciadamente, la Seguridad Social ha sido la principal
herramienta de reconversión de sectores en dificultad, de empresas en
situación de crisis. Debe haber ayuda, debe haber comprensión por parte
de la Seguridad Social, pero la función básica de la Seguridad Social no
es el ser la herramienta de reconversión o de reconducción de situaciones
de dificultad de ningún área económica; puede y debe ayudar, es Estado,
pero yo creo que debemos --y así lo convinimos en el Pacto de Toledo--
salirnos de ese circuito por el cual la Seguridad Social sea la única
responsable y la única área del Estado que soporte las situaciones de
dificultad personal o colectiva que se den en la economía española. Esa
no es la función primordial. Se habla de una correcta compensación, de
una correcta nivelación de aquellos deterioros que pueden producirse en
el equilibrio financiero si se sigue utilizando. Yo creo que ésa es una
línea infinitamente más correcta.
Insisto en que el problema no es nuevo, el problema data del año 1995 y
creo que la redacción que entonces se dio (desconozco los motivos por los
que no fue puesta en vigor) debía haber sido una redacción correcta e
inmediata. ¿Cuál es la actuación? Ya se ha dicho, pero voy a tratar de
hacerlo de la manera más clara posible. En primer lugar, una actuación
inmediata. Para evitar complicaciones respecto a los trámites ya
iniciados y situaciones de inseguridad en las expectativas, rogaría que
no se hablara de derechos que no se sustenten en una norma conforme a
ley; será norma suficiente, y todos coinciden en que es materia reservada
a ley. Se pedirá que exista una fracción significativa de régimen general
para poder acceder a estas condiciones, que insisto que son
características del régimen general. Se ha pensado que sea en torno al 25
por ciento del conjunto de la vida laboral. Pero como también señala el
Pacto de Toledo, las largas carreras, las carreras de gran intensidad y
profundidad en cotización, de 30 años o más, pueden tener también un
mejor trato, y en este caso se reduciría a cinco años la cantidad
exigible de cotización al régimen general, puesto que, insisto, se va a
invocar la aplicación de características del régimen general. Por otra
parte, la propia disposición transitoria del real decreto podría
contemplar y dar salida a la no aplicación de esa resolución cuya
suspensión se solicitó. Con lo cual creo que no
se crea una sola situación de inseguridad jurídica, y creo que esto
permitiría una correcta gestión y evitar problemas de pasado o de futuro.
Que había situaciones abusivas era evidente porque, insisto, si no no se
hubiesen producido las sentencias del Supremo. Yo en ningún momento
justificaré, ni en mayor ni en menor grado, la existencia de picaresca,
se lo digo con toda franqueza, por el hecho tan simple de que los
perjuicios no van dirigidos de manera abstracta contra un Gobierno ni
contra una Secretaría de Estado, sino porque los perjuicios de la
picaresca son perjuicios que se causan a quienes cotizan o a quienes
podrían tener una lógica expectativa de mejora en sus prestaciones. Por
ello me permitirán que no entienda más que dos posiciones posibles: o con
la ley o contra la ley, y este Gobierno está dispuesto a actuar siempre
del lado de la ley; y, si hay que interpretar la ley, de las
interpretaciones que de la misma dé el Tribunal Supremo.
Por otro lado, me gustaría dar respuesta a algunos comentarios. Nuestro
ánimo, insisto, no era un ánimo de interpretación subjetiva. No hemos
tenido otro guión que no hayan sido las propias sentencias de unificación
de doctrina. Nuestro marco es el marco del Pacto de Toledo. Insisto en
que eso obliga a unas restricciones, a no alterar piezas que son
consideradas comúnmente como normales y razonables por todos estos
grupos.
Finalmente, quiero manifestar un agradecimiento especial por la claridad
jurídica con la que algún portavoz se ha expresado y que sin duda ninguna
me evita tener que entrar en terrenos en los que a lo mejor no sabría
explicarme con la brillantez con que ha sido realizada la intervención; y
para constancia del«Diario de Sesiones», lo hago en favor y en beneficio
del señor Camps.
El señor PRESIDENTE: Como la Presidencia está desasistida de
vicepresidente, se suspende la sesión durante cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--LA SITUACION FINANCIERA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A PETICION
PROPIA (Número de expediente 212/001401).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la última de las
comparecencias, solicitada por el Gobierno, para informar de la situación
financiera del sistema de la Seguridad Social.
Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Esta comparecencia no pretende en modo alguno dar continuidad a alguna de
las polémicas que hayan podido suscitarse, tanto en el seno del
Parlamento como en los medios de comunicación, sobre la situación
económica y financiera de la Seguridad Social. El Gobierno pretende en
este caso dar, si es posible, una mayor claridad y una mayor capacidad de
comprensión a documentos que ya obran en poder del Congreso de los
Diputados --me estoy refiriendo a las liquidaciones provisional y
definitiva del presupuesto de la Seguridad Social del año 1997--, eso sí,
tratando de hacerlo en un marco, en un contexto que no puede ser distinto
al del propio Pacto de Toledo, esto es, buscando que la información que
se traslade, al igual que se ha hecho a lo largo de esta mañana con
algunos informes, sea base de un debate, de un diálogo, que espero
constructivo, que nos permita seguir avanzando en ese camino de
perfeccionamiento, en ese camino de consolidación y de racionalización de
nuestro sistema de Seguridad Social, que fue base del tantas veces citado
Pacto de Toledo, que fue base del acuerdo alcanzado con las centrales
sindicales Comisiones Obreras y UGT y que creo que debe presidir no sólo
las actuaciones ya realizadas, sino también las actuaciones cara al
futuro. Lo digo desde la convicción de que aquella gradualidad, aquella
permanencia en las mejoras que requiere el sistema, que ya se anticipaba
con un ciclo de carácter quinquenal, que sitúa a todos los grupos
parlamentarios y al propio Gobierno ante un reto de cara al año 2000,
pueda seguir produciéndose.
Yo creo que el otro punto de partida inequívoco en esta comparecencia
debe ser el propio artículo 41 de la Constitución española, cuya claridad
o cuya contundencia cuando habla de que los poderes públicos mantendrán
un régimen público de Seguridad Social nos debe llevar a considerar que
ninguno de los grupos deberíamos utilizar como elemento de
descalificación dudas acerca de la atención que a este artículo de la
Constitución estemos dispuestos a prestar los demás, si es que alcanzamos
responsabilidades de Gobierno. Lo digo porque a mí me parece que ese tipo
de planteamientos previos hacen prácticamente inviable algo que todos
hemos convenido a lo largo de la mañana como deseable, que es un clima de
diálogo, de entendimiento y de tranquilidad, que creo que es positivo.
Alimentar algunas polémicas creo que sólo conduciría a efectos negativos;
efectos negativos tal vez de desasosiego, tal vez de intimidación de
quienes hoy son pensionistas, o de quienes, como bien se decía esta misma
mañana, aspiran a serlo; efectos de pérdida de credibilidad en el propio
sistema de Seguridad Social, una vez que todos y cada uno de los grupos
parlamentarios y quienes anteriormente tuvimos el honor de pertenecer a
esta Cámara convinimos la viabilidad del sistema, siempre y cuando
fuésemos capaces de actuar en las direcciones correctas.
Yo creo que habrá ocasión de explicar, a través de esta misma
comparecencia, que las actuaciones no sólo --y esto sería subjetivo--
pueden calificarse como correctas, sino fundamentalmente como normales
desde el punto de vista de que no ha habido alteraciones ni especialmente
cuantitativas ni especialmente cualitativas, ni alteraciones
metodológicas ni conceptuales en el tratamiento y en la presentación de
la información financiera. Yo confío en que la comparecencia de esta
mañana de alguna manera
contribuya a eliminar riesgos como decía, de intimidación, riesgos de
credibilidad, por qué no decirlo, del propio sistema y también riesgos de
credibilidad de las actuaciones del Gobierno español, pero no me estoy
refiriendo solamente al actual, sino a anteriores gobiernos, a los que yo
evidentemente sí que presumo un ánimo bienintencionado en sus
actuaciones. De hecho, la historia de la Seguridad Social es larga. El
propio informe que sirvió de base para las recomendaciones que en su día
se elaboraron nos permite afirmar que estamos ya ante el fruto y
consecuencia de distintas generaciones e insisto en que en un momento sin
duda complejo y delicado como es, no ya el ingreso de España en la Unión
Europea, sino el deseo de que de ese ingreso se derive una presencia
activa y positiva para España, creo que algunos efectos, supongo que no
deseados, en las polémicas conducirían a introducir riesgos innecesarios
tanto en la credibilidad del sistema como de la correcta, en mi opinión,
actuación española en estos últimos años.
Por seguir un orden, yo creo --también lo voy a decir con satisfacción--
que en los datos que han sido puestos a disposición de esta Cámara, en
fechas claramente anteriores a las de otros ejercicios (tuvo entrada en
esta Cámara en el mes de marzo la liquidación provisional del presupuesto
de la Seguridad Social, ha tenido entrada en los primeros días del mes de
mayo el presupuesto definitivo, y debo decir que son escasas, por no
decir nulas, las discrepancias entre ambos documentos), pueden
constatarse ya varios efectos, por superficial que sea su lectura. Puede
destacarse, y creo que debe destacarse, el hecho de que la Seguridad
Social haya sido capaz de atenerse a ese objetivo de déficit, a esa
reducción entre su gran diferencial de ingresos y gastos en una cuantía
francamente importante y significativa, alcanzando prácticamente el
objetivo del 0,20.
Las comparaciones respecto de ejercicios anteriores serían en cualquier
caso positivas y favorables, puesto que entiendo que ése es uno de los
grandes indicadores del estado de salud del sistema, como lo es el hecho
de que exista también un mayor número de cotizantes, de afiliados
ocupados que realizan sus contribuciones para sostenimiento del sistema.
A lo largo del año 1997 se han incorporado prácticamente medio millón de
personas. El ritmo de personas que se incorporan como contribuyentes ha
sido prácticamente del 4 por ciento, cuando saben ustedes que la cifra,
es un dato histórico, de personas que se incorporan por la vía de pasivos
no alcanza el 2 por ciento, con lo que puede afirmarse también que en ese
clásico indicador de proporción entre activos y pasivos ha habido una
mejora neta.
Lo que también es sin duda importante, y con una somera lectura de dicho
documento se puede ver, es que por primera vez, y de una manera clara y
significativa, los ingresos de la Seguridad Social, especialmente los
referidos a cotizaciones, crecen más que los gastos, cuya partida
principal sin duda ninguna son las prestaciones. Estaríamos en una
correlación de 5,9 en crecimiento de cotizaciones, en esa lectura
directa, frente a un 4,2 en las prestaciones, igualmente favorable el
conjunto de los ingresos frente al conjunto de los gastos. Esto tiene su
reflejo lógico y natural en esa reducción del déficit.
Me gustaría destacar también que se ha hecho un esfuerzo de diligencia,
por decirlo así, para que las liquidaciones de los presupuestos puedan
estar a disposición de SS. SS. en fecha muy anterior. Esta obligación
creemos que también alcanza a los agentes sociales, que han tenido
conocimiento de estos mismos documentos mucho antes que en otras
ocasiones y, sobre todo, con unos márgenes mínimos de desviación
comparativa entre lo provisional y lo definitivo. Insisto, mínimos, sobre
todo si tomamos referencias anteriores en las que pudieron producirse
oscilaciones realmente significativas.
Creemos que así se facilita también el debate, tratando de que no
coincida, de que no se solape el debate sobre un proyecto de ley de
presupuestos para un ejercicio posterior con lo que es el balance:
recoger en cifras lo que se ha realizado en el ejercicio anterior, en
este caso mediante la presentación de una liquidación.
Por otra parte, y destacando que, desde luego, puede haber --no lo
discuto-- problemas de comprensión de la contabilidad, me permitirán que
antes de nada señale que necesariamente sigo concibiendo la contabilidad
como una herramienta de gestión, no como un arma de creación de tensiones
innecesarias en la interpretación del funcionamiento del sistema y menos
aún como un arma proyectada hacia otras posibles áreas. Creo que la
contabilidad es, antes que nada, un aspecto técnico en el que,
afortunadamente, se ha avanzado en grados de homogeneidad interna y
externa. Tengo la convicción de que la Seguridad Social tiene que tener
una contabilidad que demuestre algo tan sencillo como que es parte
indisoluble o parte esencial del Estado.
Si me permiten resumirlo, no concibo una Seguridad Social sin Estado --un
Estado que pueda calificarse de moderno o de europeo-- o un Estado sin
Seguridad Social; difícilmente lo puedo concebir. Me parece que la
contabilidad también debe reflejar esa íntima conexión que se produce
entre ambas áreas. Debe ser lo más homogénea posible, debe ser lo más
clara posible y debe evitar que alguna particularidad o peculiaridad sea
usada en su propia contra. Lo digo a tenor de que, sin duda ninguna, hay
una particularidad contable de la Seguridad, que es la obligación de
presentar en este subsector del Estado balances de carácter patrimonial,
que parecen más lógicos de empresas de carácter mercantil o de etapas de
la historia en las que, indudablemente, podía discutirse, y supongo que
con fundamento, hasta dónde alcanzaba el carácter público y hasta donde
el carácter privado de los sistemas de protección.
Entiendo, además, que se están utilizando en muchas ocasiones referencias
europeas que creo que hay que situar también en su propio contexto.
Indudablemente, un grado más de nuestra homogeneidad y de nuestro avance
será la armonización contable. Ciertamente, España debe buscar que su
presupuestación de Seguridad Social no sólo sea lo más realista posible,
sino lo más coincidente posible con los esquemas de contabilidad de otros
países; para eso se creó el grupo SEC, para eso el grupo SEC ha ido dando
indicaciones y por eso sigue abierto --lo destaco y subrayo--
el diálogo dentro de la Unión Europea y del grupo SEC: para que las
concreciones, para que las materializaciones y calendarios obedezcan
también a ese sentido de armonía y, en este caso, de no peculiaridad de
la situación española.
Algunos países adaptaron sus contabilidades de Seguridad Social al
criterio de devengo con mayor amplitud o con mayor longitud de onda,
otros se mantienen muy próximos a lo que eran criterios de caja, pero de
ninguna manera estaríamos hablando de una situación especialmente
excepcional o especialmente alarmante en el caso español. Es más, yo
tengo plena confianza en que esos grupos de trabajo, cuyas sesiones se
anuncian para meses posteriores, van a saber encontrar fórmulas
razonables y asumibles por todos los países. Insisto, no creo que se haga
ningún favor a la posición española poniendo en duda la legitimidad o la
corrección de las actuaciones de éste ni de anteriores Gobiernos, lo digo
con toda franqueza.
Ciertamente, la financiación es compleja, como no podía ser de otra
manera, ya que, aunque algunas lecturas del sistema de Seguridad Social
se circunscriben al que es probablemente el ámbito más importante, el
contributivo, conviven en el presupuesto de la Seguridad Social áreas
como son las contributivas y las no contributivas; áreas, por decirlo de
una manera clara, que sí que concilian o pueden conciliar ingresos y
gastos y áreas en las que, evidentemente, no se producen ingresos o, si
se producen, son realmente muy reducidos en proporción al volumen de
gastos que manejan.
Yo diría que, si hay que buscar fechas que puedan ser significativas o
fechas que puedan ser importantes en este proceso de financiación de la
Seguridad Social, para no remontarnos a ninguna intrahistoria, el año
1986 es un año significativo en la medida que se aprueba la Ley de
Sanidad, que universaliza y extiende a todos los españoles
--prácticamente a todos, a más del 95 por ciento de los españoles-- la
asistencia sanitaria.
No quiero que se desprenda de mis palabras un sentido crítico hacia lo
realizado. Lo que quiero decir es que indudablemente ése ya es un hecho
significativo, puesto que entiendo que será perfectamente consciente de
que deberían irse acomodando los nuevos esquemas financieros. Creo que en
buena medida se realiza hasta el año 1989; se buscan también fórmulas en
las que no tenga que ser esa parte contributiva, esa parte de
cotizaciones la que soporte íntegramente lo que puedan ser crecimientos o
expansiones de gasto, se trata de buscar fórmulas paliativas, en el caso
de generarse desviaciones sobre lo inicialmente previsto --y este
fenómeno se produce de manera intensa creo que hasta el año 1991--, que
hagan que esas desviaciones en el ámbito no contributivo no impacten de
una manera especialmente negativa en el resto. Igual que es un hecho
cierto que hay una crisis de empleo, que arranca a finales del año 1992,
una crisis intensa, que prácticamente llega hasta el año 1995, que obliga
también a la adopción de medidas ante un hecho cierto, que es el de la
importante, enérgica reducción de personas que cotizan.
En todo momento coexisten, como no podía ser de otra manera, mecanismos
de transferencia del Estado. Creo que la línea correcta debe ser que esas
transferencias del Estado vayan dando cobertura a ese área que hemos
definido como universal, a ese área en la que, por otra parte, sería muy
difícil, por no decir imposible, pensar en ingresos; creo que ése es el
camino que también refleja. También hay un crecimiento muy importante de
las transferencias del Estado en el ejercicio de 1997 que responden
básicamente al nuevo modelo de financiación sanitaria y creo que cumplen
con la obligación de no repercutir, de no impactar --como ahora gusta
decir-- sobre el área contributiva, lo que puede ser un crecimiento
significativo importante del gasto sanitario.
No es menos cierto que también en el año 1995 se produce un cambio
contable. Digo en el año 1995, aunque ese cambio de contabilidad, esa
adaptación a los criterios de devengo se realizó de una manera
retrospectiva, se aplicó al ejercicio de 1994. Me gustaría destacar,
porque creo que puede ser más clarificador que mis palabras, que entonces
se hizo una afirmación que espero que siga teniendo vigencia. Se decía
entonces, en la orden --en concreto es una orden-- del 21 de julio del
año 1995 que el proceso de implantación gradual del referido principio
(se refiere al principio de devengo de los recursos del sistema de
Seguridad Social, iniciado con su aplicación a los aplazamientos y
fraccionamientos concedidos por la Tesorería General de la Seguridad
Social y que se refieren a la fecha del 28 de julio del año 1995, que
ahora se extiende a las deudas en período ejecutivo de cobro) hace
posible --voy a leer despacio-- que las cuentas y balances de la
Seguridad Social cada vez reflejen con mayor exactitud la situación
patrimonial y los resultados obtenidos en cada ejercicio, dentro del
proceso general de homogeneización de criterios y procedimientos
contables en el ámbito del sector público. Es una orden ministerial
firmada por el hoy presente señor Griñán Martínez, que creo que me evita
hacer comentarios sobre cuál era en aquel momento la posición del
Gobierno; supongo que entendía --no voy a discutirla-- que se ganaba en
ese grado de transparencia y de comprensión. Indudablemente se inicia con
ese diferencial, con esa carga inicial, de derechos reconocidos; una
carga que ascendía en este caso --hablo de efectos patrimoniales-- a
678.771 millones de pesetas. Cabe preguntarse si hoy la utilización de
esta carga de derechos reconocidos tendría un volumen claramente distinto
o claramente superior. Creo que hay una perfecta coherencia, una perfecta
homogeneidad y que nos seguimos moviendo exactamente en los mismos
órdenes o muy próximos a dichos órdenes. Desde luego, no seré yo el que
desautorice ni una ni otra actuación.
¿Qué es lo que ha evolucionado de manera bien distinta, ciertamente, y
supongo que para satisfacción de todos los presentes? La capacidad de
recaudación efectiva, de recaudación en pesetas que haya podido
apreciarse. En el ejercicio del año 1997 verán ustedes que, frente a un
crecimiento de las cotizaciones, una vez hechas dos homogeneizaciones
elementales, la consideración como cotizaciones de lo que son las
bonificaciones que se aplican a los contratos que tienden a la
estabilidad y las cantidades que puedan corresponder a las contingencias
de incapacidad
temporal gestionadas por las mutuas, estarían no sólo en una proximidad
absolutamente normal al objetivo presupuestario en elevadísimos niveles,
por supuesto comparables a los de años anteriores, sino que reflejan un
crecimiento de más del 7 por ciento en cotizaciones --hablo del año
1997-- de carácter voluntario. ¿Por qué me detengo en las de carácter
voluntario? Porque indudablemente las que van en vía ejecutiva, las que
constituyen la recaudación sin duda ingrata pero imprescindible
aumentaron un 16 por ciento, lo cual habla de una especial intensidad en
la transformación de esos derechos reconocidos a pesetas contantes y
sonantes imprescindibles para el normal funcionamiento del sistema. Luego
cabe hablar no sólo de un crecimiento coherente con el aumento de la
afiliación y con el crecimiento de los salarios, sino que también creo
que se puede y se debe hablar de una especial intensidad en el esfuerzo
por la mejora de la recaudación ejecutiva. Yo creo que éstas son las
claves. Si queremos que nuestro presupuesto refleje con la mayor
coherencia y realismo posible lo que sucede, tendremos que hacer un
esfuerzo doble, y el primero será en la propia presupuestación, buscando
que las cantidades de derechos reconocidos que se presupuesten sean lo
más ajustadas a las expectativas que uno pueda tener de tal recaudación.
Me permito recordar también para marcar las tendencias, que creo que es
lo importante, que en el presupuesto de 1998 figuran 100.000 millones de
pesetas menos de derechos reconocidos. Tampoco voy a ocultar a nadie que
el año 1997 fue un año que en alguna medida --yo diría que en importante
medida-- tuvo que soportar situaciones derivadas de la falta de liquidez
generada a su vez por la prórroga presupuestaria del año 1996. Lo hago
también sin emitir ningún juicio de valor y desde un debate ya celebrado
en esta Cámara sobre la necesidad de restaurar niveles de liquidez de los
que carecía el sistema de Seguridad Social en el año 1996 equivalentes,
grosso modo, a una mensualidad de las catorce que perciben nuestros
pensionistas. En esa situación, cuando se está en un contexto complejo
como era el del propio año 1996 y lo ha sido el año 1997, y digo un
contexto complejo porque junto al proceso inequívocamente necesario de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social convive el proceso
también inequívocamente necesario de convergencia y de integración en la
Unión Europea, en ese delicado momento, los esfuerzos fueron también
especialmente complejos, resueltos --hay que decirlo-- no solamente por
la actuación de un Gobierno con decisión de afrontar el problema, sino
también con la colaboración de otros grupos y fuerzas parlamentarias,
pero con un debate público y transparente. Aquí me gustaría detenerme
también un instante.
Yo creo que no sólo traer antes, si es posible, las cifras y los
resultados a esta Cámara, sino hacerlo de una manera comprensible y
homogénea con ejercicios anteriores es también contribuir a ese camino
que se inició en abril de 1995 en el propio Pacto de Toledo. Se podrá
decir que hay un cierto grado de complacencia. No, insisto, hay un cierto
grado de satisfacción en que evolucione correctamente la recaudación
voluntaria, porque, entre otras cosas, también muestra la ganancia de
solvencia general de nuestra economía. Creo que es un buen dato que la
recaudación voluntaria ciertamente mejore, pero les diré que será en
detrimento --conviene recordarlo para evitar luego también
interpretaciones complejas--; si mejora la recaudación voluntaria,
afortunadamente descenderá la recaudación en vía ejecutiva, pero conviene
recordarlo para que luego no se hagan cruces complicados. Si además se
hace un esfuerzo de especial intensidad en la transformación de deudas
--de papel, alguien dirá-- en pesetas --y creo que hay que hacerlo por
respeto a la ley y, sobre todo, por respeto a quienes sí que cotizan y a
quienes sí que contribuyen en plazo y forma-- , yo creo que ya tendríamos
signo de tranquilidad.
Se podrá citar como elemento de inquietud el recurso, para paliar,
insisto, algunas de las dificultades que no obstante tendrá el conjunto
de la Seguridad Social. ¿Por qué hablo del conjunto? Les decía antes que
hay áreas en las que no se producen prácticamente ingresos y también, lo
voy a decir muy claro, la Seguridad Social, que es Estado, debe formar
parte inequívocamente de éste a la hora de asumir objetivos de disciplina
presupuestaria. Digamos que hay que estar en este caso --y se está
gustosamente-- para lo bueno y para lo malo; precisamente porque el
Estado es el soporte natural de la Seguridad Social, creo que tiene
también la obligación como Administración de marcarse objetivos de
disciplina, objetivos que hagan más asequible algo que está ya hoy sin
duda en un primer trámite conseguido, como es la integración en la Unión
Europea, pero también su desenvolvimiento en condiciones positivas y de
comodidad en el futuro. Pues bien, en la fórmula de financiación en estos
dos últimos años, tanto en 1997 como en 1998, la existencia de préstamos
ha obedecido precisamente a la existencia de ese asumido objetivo de
déficit, y digo asumido interna y externamente porque forma parte de
nuestro Programa de Convergencia, y podrá constatarse que también gracias
a eso y gracias a que ese objetivo es descendente, los préstamos como
tales son descendentes --fueron 155.000 millones de pesetas
aproximadamente el año pasado y serán de 125.000 millones de pesetas este
ejercicio--. Yo creo que bastaría con cumplir como está cumpliendo España
el Programa de Convergencia para saber que estamos en una tendencia
positiva, de reducción de este recurso, que conviene recordar que trae
causa de la existencia de una importantísima área de la Seguridad Social
que carece de ingresos, insisto, carece de ingresos. Casi todo el mundo,
quizá con vehemencia o con pasión, trata de situarse ya en los escenarios
de plena y completa separación y clarificación de fuentes, pero no es
menos cierto que hoy el presupuesto de la Seguridad Social lo integran
todas sus áreas, y todas sus áreas siguen siendo pensiones y
prestaciones, pero lo son también sanidad y servicios sociales.
Respecto a si hay dificultades y puede haber tensiones de tesorería y de
liquidez, tengo que decir que sí y que ciertamente no es un hecho nuevo
en absoluto. A lo largo de la historia ha habido distintas fórmulas,
algunas de las cuales dejaron de utilizarse por imperativo o por una
ordenación del Banco de España. El recurso al Banco de España fue
clásico, por así decirlo, hasta el año 1994. Hoy ya no sería
posible, pero también conviene recordar que esa fórmula, la que también
alguien ha querido hacer ver como preocupante, los anticipos de
tesorería, no es en modo alguno novedad ni cualitativa ni
cuantitativamente, como ahora trataré de demostrar. Sirva como ejemplo la
transformación en 1994 de las hasta entones pólizas de crédito que venían
actuando y que en sus fluctuaciones en préstamo supusieron, solamente en
el año 1995, un impacto de 330.000 millones de pesetas, cantidad que no
les costará mucho situar en el mismo entorno de los préstamos que se han
utilizado en estos dos últimos ejercicios, con una particularidad, que en
estos dos últimos ejercicios ha habido esa capacidad de anticipo de
tesorería, esa ayuda --por qué no decirlo-- del Estado para resolver
cualquier tensión financiera y de liquidez, que es igual en el año 1997 y
1998, cuando es evidente que ha habido un crecimiento importante y
significativo del presupuesto. Luego permítanme la lectura positiva de
que a mayor presupuesto, menor volumen de préstamo y, en cualquier caso,
en órdenes que son perfectamente comparables, insisto, a los de
ejercicios anteriores y cuyas sumas globalizadas, incluyendo las de los
años 1993, 1994 y 1995, son perfectamente homogéneas, insisto, en
aspectos cuantitativos y cualitativos.
Se podrá decir que ha habido un cambio, que ahora ya no se utiliza el
Banco de España. Permítanme que yo diga que prefiero, al menos como
antiguo parlamentario, este sistema que ahora se aplica, porque permite
al Parlamento conocer al día y en el día lo que se hace y cómo se
financia la Seguridad Social. Frente a acuerdos del Consejo de Ministros,
unas veces publicitados y otras no, frente a la utilización no siempre
transparente de las cuentas de crédito abiertas en el Banco de España,
hoy conocemos al comienzo de cada ejercicio cuáles son los límites.
Tampoco creo que sea lógico asegurar de antemano cuál va a ser el consumo
final de esos préstamos. Me atrevo a pronosticar que en una tendencia
positiva como la que está teniendo este año el empleo probablemente no
sea necesario consumir la totalidad de esta, insisto, clara y
transparente herramienta de financiación, que desde luego evita --debo
decirlo con toda claridad-- que se produzcan situaciones de falta de
liquidez que pudieran poner en riesgo el cobro efectivo de las
prestaciones por parte de los ciudadanos, algo que todo el mundo comparte
que no debe producirse.
Me gustaría destacar que en lo que se refiere a las capacidades efectivas
de cobro, que son las que creo que nos tienen que guiar, ciertamente se
está intentando mejorar de manera significativa la capacidad de
recaudación y de gestión de la Seguridad Social. Creo que ése es un reto.
Los indicadores de morosidad se mueven, afortunadamente, a la baja y
vuelven a niveles comparables a los del año 1994. Voy a citar pocas veces
el año 1995 porque es un año muy especial. No voy a hacer una lectura
culposa que desprenda ningún juicio de valor, pero hay que decir que
aquel año no se pudo físicamente, por cambios informáticos, hacer con
normalidad los cargos de la vía ejecutiva y se produce un salto. Les
anticipo la explicación para que nadie busque ahí un elemento de
incoherencia o de extravagancia; fue simplemente un cambio informático
global y admito y reconozco que se produjo la incapacidad física de
completar en aquel momento los cargos que se efectuaban.
Hecha esa corrección, hemos aparcado por su peculiaridad intrínseca el
año 1995, insisto en la perfecta coherencia y homogeneidad que tienen las
series de cualquiera de los elementos de financiación. Creo que las
oscilaciones o variaciones que se han producido han sido,
afortunadamente, a mejor. No es bueno que en un presupuesto figure mucho
papel, por así decirlo; es cierto. Hay dos formas de que figure menos
papel una, presupuestando una cifra inferior y, otra, mejorando la
capacidad de recaudación de ese papel. Si hoy comparásemos nuestra
capacidad de recaudación con la del año 1993, veríamos que estamos
recaudando un 73 por ciento más. Destaco ese dato. Es una parte sin duda
ingrata y les aseguro que así como puede ser agradable acudir con
prestaciones a situaciones de necesidad y especialmente a las situaciones
de necesidad reconocidas por la ley, yo creo que también hay que hacer
ese esfuerzo, insisto, por respeto a la ley y a quienes abonan sus
cotizaciones. Hay que hacer un esfuerzo de distinción, clara entre quien
tienen buen pasado y posiblemente buen futuro y aquel que quiere utilizar
la Seguridad Social como elemento de distorsión de la competencia. ¿Por
qué? Porque sin duda ninguna es otra clave y eso puede explicarse también
en lo que han sido las relaciones entre administraciones y con el sector
privado.
En relación con las deudas de la Seguridad Social, alguna de ellas ha
resultado especialmente sorprendente para los españoles, por ejemplo, la
de los sectores públicos. Eran presupuestos que se entendían aprobados
por las distintas administraciones, que contemplaban a priori los gastos
suficientes para su personal y, naturalmente, las cotizaciones sociales
correspondientes y que sin embargo dejaban de ser ingresadas
sistemáticamente. Les diré con toda sencillez que se ha hecho un esfuerzo
de ordenación y de claridad, porque, entre otras cosas, no se trata --y
no creo que esté en el ánimo de nadie-- de introducir penalización a los
que hoy son gestores de esas administraciones y que, sin embargo, poco
tuvieron que ver con la génesis de aquellas deudas. El esfuerzo no puede
ser otro que el del diálogo, el de la cooperación y el de establecer en
base a las voluntades políticas compromisos de abono de estas cantidades,
pero también tiene que darse para recuperar un cierto nivel de autoridad
moral en el trato que a sí misma se dispensa la Administración.
En el tema de lo que es la morosidad de carácter privado hay que destacar
que los niveles se han restaurado también, probablemente porque estamos
saliendo de la crisis económica. No pretendo decir, que nadie quiera
verlo en mis palabras que todo obedece o es consecuencia de una mejor
gestión o de una mejor dirección de la Seguridad Social. Afortunadamente,
se está recuperando la afiliación, se está recuperando la solvencia, ha
habido un aligeramiento en muchas de nuestras empresas de sus cargas
financieras, de la parte impositiva menos útil de cara al empleo, y eso
está redundando en beneficio del sistema. Eso también hay que atribuirlo
al conjunto de la actuación no sólo del Gobierno, sino de una sociedad
que se siente perfectamente responsable.
Insisto en que analizando lo que pueden ser no sólo los problemas
clásicos, sino los problemas que nosotros mismos nos hemos dado, la
evolución es correcta, y sirva como claro ejemplo de compromiso que
nosotros nos hemos dado el progresar y avanzar en el proceso de
separación y clarificación de fuentes. Se utilizan deliberadamente los
dos conceptos, clarificación y separación; clarificación, porque no
siempre es fácil identificar con precisión el área contributiva o
universal en la que nos movemos. La Ley 24/1997, de consolidación y
racionalización se expresó con una extraordinaria prudencia y sensatez
difiriendo la ubicación definitiva del complemento a mínimos al ejercicio
2000. Me parece que es prudente, puesto que saben que hay argumentos para
defender una tesis y la contraria: Su universalidad, porque no es
proporcional, porque no guarda relación con lo efectivamente contribuido,
o para defender su carácter contributivo, puesto que sólo afecta o
beneficia a quienes ya están dentro del ámbito contributivo. Si ése es el
área más distante y la que era inequívocamente universal era la sanidad,
ahí se han fijado las prioridades del Gobierno. En el presupuesto del año
1996 figuraban más de 500.000 millones de pesetas como cotizaciones
destinadas al ámbito sanitario. En el presupuesto de este ejercicio que
acaban de conocer la cantidad era de 198.000 millones de pesetas. En el
ejercicio actualmente en curso, año 1998, serán 103.000 millones de
pesetas y puedo suponer con fundada razón que se va a producir ya un
aligeramiento prácticamente definitivo de esta situación el próximo año.
¿Cuál será por buena lógica el resto de áreas en que cabrá actuar?
Entiendo que serán servicios sociales en los que se residencian importes
en torno a los 167.000 millones de pesetas y otro tipo de prestación es
de perfil no contributivo que se situarían en torno a los 40.000 millones
de pesetas. Este proceso de separación de fuentes hay que
contextualizarlo y se ha hecho en un marco de rigor contable, de
aproximación real a la Unión Europea --no ha sido casual la integración
en la Unión Europea-- y, por qué no decirlo, con especial vigilancia y
seguimiento del resto.
Comprendo que hay etapas en la historia que a uno le toca vivir. No cabe
queja, porque es la que le ha correspondido, pero ha habido etapas
recientes de bonanza económica y ha habido etapas en las que no teníamos
esas limitaciones de perfil presupuestario y de presentación de nuestras
cuentas públicas que hoy ya existen, y además es bueno que tengamos
reglas claras de juego entre nosotros, pero no es lo mismo actuar sobre
los presupuestos cuando uno tiene la sensación de estar perfecta y
correctamente vigilado tanto interna como externamente. Hoy estamos
conociendo --tampoco es imputable a nadie-- los dictámenes que el
Tribunal de Cuentas emite respecto a los ejercicios de Seguridad Social
de los años 1994 y 1995. Yo creo, y lo digo con toda sinceridad, que
están demostrando globalmente una corrección en dicha gestión, pero sin
duda ninguna también esas mismas cuentas y las posteriores han sido y
están siendo conocidas por el resto de instituciones que vigilan por la
transparencia y la claridad de nuestras presentaciones contables.
Yo no quiero, porque no encuentro motivo para ello, introducir alarmas.
Respecto a si ha habido cambios, insisto, es muy difícil explicar que no
haya habido ningún cambio perceptible, no ya en los conceptos, que siguen
siendo como decía al principio, pues las fuentes de alimentación de la
Seguridad Social son las transferencias que produzca el Estado, las
cotizaciones, los préstamos y aquellas operaciones o anticipos de
tesorería que permitan evitar situaciones de crisis y de liquidez. Si
alguien lo conoce, me gustaría que me explicase dónde se ha producido un
cambio sustancial o realmente significativo. No digo ya cambios
metodológicos contables, que desde luego son plenamente ajenos a este
Gobierno y que, como leía en esa orden ministerial, de julio de 1995, no
sé si por necesidad o por virtud --no quiero hacer afirmaciones de ese
tenor--, impactaron en más de 680.000 millones de pesetas. Lo digo porque
ese elemento a veces inquietante y para mí atípico de la Seguridad
Social, que es su balance patrimonial, de no haber sido por ese cambio
contable, hubiese presentado una situación negativa. Dicho de otra
manera, de no haber sido por ese cambio contable, algo que ahora se
quiere revestir de cierto grado de alarma ya se hubiese producido, y no
me lleva a otra conclusión que decir que afortunadamente ya se ha
superado.
El presupuesto del año 1996 --insisto, puede ser una referencia, lo
conoció esta Cámara y por eso lo afirmo a lo mejor con mayor rotundidad--
tenía básicamente dificultades de liquidez. Pudieron ser paliadas
restaurando los niveles de préstamos que permitieron el abono líquido y
efectivo de las pensiones de nuestros mayores y del resto de
prestaciones. ¿Se han limitado los esfuerzos solamente a analizar el área
de los ingresos, a demostrar que ha habido un crecimiento coherente y
ordenado de las cotizaciones, voluntarias y menos voluntarias
--crecimiento ordenado y coherente con las nuevas funciones sanitarias en
las transferencias-- y un estancamiento, cuando no clara recesión, como
explicaba antes, de los préstamos o del volumen global de préstamos en
estos años? Creo que las cifras son mucho más expresivas que mis palabras
y están en este caso antes y en mejor forma en el Parlamento. A partir de
aquí, sería una satisfacción relativa decir que solamente se ha actuado
en el área de ingresos, imprescindible en el buen funcionamiento.
En el área de gastos, se han truncado también tendencias históricas,
alguna de las cuales se decía que era imposible vencer, como aquel
imparable crecimiento de la incapacidad temporal. Pues se ha hecho y ha
decrecido respecto a lo efectivamente gastado el año anterior más de un
12 por ciento. ¿Eso ha sido un milagro? Pues no, ha sido básicamente otro
esfuerzo de cooperación y colaboración con el resto de administraciones.
Saben ustedes mejor que yo que son las administraciones sanitarias, en la
mayor parte transferidas a las comunidades autónomas, las que toman las
decisiones, que luego tienen su repercusión económica en la Seguridad
Social. Por la vía lógica del diálogo, del convenio y de la colaboración,
se ha podido romper una tendencia que se decía que era imparable.
¿Se ha actuado contra el fraude? Sí, con el coste electoral que ello
suponga; coste electoral que, por otro lado, me inquieta poco, porque
entiendo que en esto la referencia se llama respeto a la ley --lo decía
antes--, respeto a la ley y
a quien sí está dentro de la ley y a quien sí cumple la ley. Me parece
que es, afortunadamente, la gran mayoría por no decir la casi absoluta
mayoría de los españoles.
Creo que de esas cifras, que lógicamente están a su disposición, no se
puede extraer la conclusión de que haya habido alteraciones, menos aún
--yo no utilizaré nunca ese lenguaje de las manipulaciones-- que puedan
presentarse como cifras preocupantes o de tendencias hacia peor futuro.
Si todos los parámetros indicadores de nuestros ingresos se han
reconducido en la línea que creo que indicó la mayor parte de los grupos;
si la presentación de estas cuentas y de estos datos ha resultado
convincente no sólo para una gran mayoría de fuerzas políticas sino
también para los propios agentes sociales, que han tenido ocasión de
expresarse --supongo que desde un conocimiento sólido y cabal de lo que
tenían ante sí--, pueden o no hacerse lecturas --yo jamás limitaré
ninguna capacidad de libertad de crítica y de expresión que se refiera a
lo que tenemos ante nosotros; es un ejercicio absolutamente legítimo--,
pero, insisto, no pretendo en modo alguno proyectarme especialmente hacia
el pasado, ni siquiera hacia el pasado más inmediato. Si me lo permiten,
me parece que es mucho más lo que queda y está en nuestra mano hacer en
orden a seguir consolidando, racionalizando y actuando con esos criterios
de gradualidad, de prudencia y moderación con los que nos hemos
manifestado todos en estos últimos ejercicios.
No deseo pasar páginas ni recientes ni lejanas de la historia de la
Seguridad Social, lo decía al comienzo de mi intervención; entiendo que
siempre ha habido un buen ánimo por parte de los gestores, pero, si
aparte de ese buen ánimo, ha habido unos usos, unos conceptos y unas
costumbres que se pueden considerar perfectamente comparables, no creo
que se esté facilitando ni el crédito del sistema de la Seguridad Social
ni el de sus gestores actuales o pasados sembrando ciertas situaciones de
alarma, y ciertamente no me gustaría que mis palabras contribuyesen a
dichos hechos.
He tratado de hacer un repaso de las cifras que considero más
significativas, por la sencilla razón de que el importante volumen de
cifras restante, ya lo decía, está a su disposición provisionalmente
desde el mes de marzo y de manera definitiva desde el mes de mayo, con
una diferencia en este caso, en un presupuesto de 13 billones, de apenas
2.000 y pocos millones de pesetas entre ambas. Lo digo también para que
se comprenda que ese ejercicio de precisión ha sido posible, vuelvo a
insistir, no sólo por el esfuerzo de este secretario de Estado sino
especialmente por el de un importante y significativo número de
colaboradores, políticos o técnicos, que creo que son también los
verdaderos artífices de este logro. Somos conscientes de que se ha
tensionado, como gusta decir ahora, el trabajo de nuestros funcionarios
en todas las áreas y debo decir que, con alguna excepción, la respuesta
ha sido magnífica y no me quedaría satisfecho si no hago esta mención
públicamente ante los representantes de la soberanía española.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a los grupos y para evitar
desviarnos del tema principal, en cuanto a la documentación que se ha
repartido esta mañana, debo informar a SS. SS. que los servicios de esta
Comisión no habían recibido hasta esta fecha dicha documentación, a causa
de un problema no imputable al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
sino, en mi opinión, al secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes, porque remite la liquidación definitiva del ejercicio de 1997 a
la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, entrando con fecha 11 de mayo
en el registro, y no teníamos información alguna ni la Mesa ni los
servicios de esta Comisión.
¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, yo no formo parte de esta
Comisión, pero me he incorporado al debate de esta mañana, puesto que la
materia objeto de reflexión interesa a nuestro grupo, y los diputados que
estamos en la Comisión de Presupuestos seguimos muy de cerca la polémica
suscitada por el candidato a la Presidencia del Gobierno, señor Borrell,
sobre la posible situación fallida o de quiebra de la Seguridad Social.
Yo no sé cuál ha sido el criterio para calificar esa iniciativa y
debatirla en esta Comisión, que me parece muy bien, pero quizá sería
interesante, atendidas las argumentaciones que son más o menos de
naturaleza contable y presupuestaria, que ese debate lo tuviéramos en la
Comisión de Presupuestos, porque a lo mejor las discusiones se situarían
más en el aspecto técnico-contable que en el político, puesto que en el
debate político lo que sí está claro es que la Seguridad Social no está
en quiebra y que no hay una situación de riesgo; lo que está clarísimo es
que las pensiones no se van a dejar de pagar y lo que está muy claro es
que no hay ninguna voluntad política de poner en riesgo la estabilidad y
la seguridad de todo el sistema de previsión social. Por lo tanto, si se
trata más bien de discutir cuáles son los criterios técnicos-contables,
los que nos exige el proceso de armonización en Europa, los que deben
aplicarse a partir de la entrada en vigor de la moneda única, y si estos
criterios van a repercutir de una forma o de otra en nuestro presupuesto
y en el seguimiento del mismo, si éstos son, repito, los elementos a
discutir, yo creo que quizá sería más interesante reconocer que no
estamos ante un conflicto político, que no estamos ante una cuestión de
gravedad en cuanto a la seguridad y estabilidad del sistema, sino que
simplemente estamos ante un debate más o menos técnico y apasionante sin
duda, porque todo lo que es armonización de normas, no solamente
contables sino de todo tipo, presupuestarias, es y va a ser en un futuro
inmediato muy apasionante.
Con todo, señor secretario de Estado, le agradezco sus informaciones. Es
cierto que a partir de 1999 vamos a estar sometidos a los criterios que,
espero que con carácter unánime, acuerden todos los países que estamos en
el proceso de la unión económica y monetaria sobre cómo interpretar la
aplicación del sistema de devengo en sustitución del sistema de caja.
Hemos aceptado este proceso de sustitución de los mecanismos de reflejo
de los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado. Hoy el sistema
de
devengo genera un problema en cuanto a los ejercicios presupuestarios de
cómo se debe reflejar el diferencial entre el ingreso devengado y el no
realizado. Esta es una cuestión que tiene larga literatura académica y
larga discusión entre expertos. La Unión Europea está recomendando en
estos momentos que, en los supuestos en que haya diferencial de previsión
entre los ingresos reflejados mediante el criterio de devengo en los
presupuestos y los que posteriormente se manifiesta que realmente se han
realizado, se establezca un asentamiento contable de transferencia a
familias para compensar el diferencial y no repercutir el mismo en una
alteración del déficit público. Este puede ser un criterio. Vamos a ver
si todos los países de la Unión Europea acuerdan que éste debe ser el
criterio a aplicar definitivamente a partir de 1999 o si tiene que haber
algunos matices y cómo los Estados miembros, en una etapa transitoria
hasta el 2002, deben integrar esa decisión en los presupuestos de los
años 2000, 2001 y 2002. En cualquier caso, estoy totalmente de acuerdo
con la reflexión que hace el secretario de Estado de estar a la espera de
lo que se convenga en ese proceso.
Lo que sí queremos dejar muy claro es que rechazamos toda interpretación
política de que de esta armonización necesaria deba desprenderse un
argumento que pone en quiebra el estado de seguridad de todo el sistema
de previsión social en España. Es derivar a un argumento político una
cuestión que no debería traerse a este nivel. Nuestro grupo quisiera
traer un poco de serenidad a esa discusión para no prolongar más ese
debate político. Por eso invito a que si es deseo de los grupos
parlamentarios continuar discutiendo esas cuestiones, las resituemos,
señor presidente, en la Comisión de Presupuestos, no porque la de
Política Social no sea adecuada para tratar estas materias, porque está
perfectamente capacitada y legitimada para hacerlo, sino porque creo que
no estamos ante un problema político ni ante un problema de objetivos de
la política social en España; estamos en una discusión
técnico-presupuestaria que no tiene ningún tipo de transcendencia en el
ámbito de lo que debe ser la seguridad del sistema público de pensiones.
Señor secretario de Estado, nuestro grupo cree que es urgente, y ahora sí
le transmito algunas de nuestras observaciones, acelerar la clarificación
y la separación de fuentes dentro del sistema público de pensiones. Ya
hemos dado algunos pasos en esta legislatura, pero se tienen que dar
otros. Los presupuestos del año 1999 y del 2000 son los que podrían
darnos pie a acelerar el mandato del Pacto de Toledo en esa dirección. En
ese sentido, le instamos, si es necesario, a volver a retomar aquellas
reuniones que se celebraron en esta Cámara en la comisión de seguimiento
del Pacto de Toledo y ver qué medidas podemos adoptar para que en los
presupuestos de 1999 y del 2000 podamos acelerar los pasos en la
dirección de la clarificación y separación de fuentes del sistema.
También quisiera decirle, señor secretario de Estado, que me alegra la
información que nos traslada de que en estos momentos están recaudando
del orden de un 73 por ciento más por la vía ejecutiva y voluntaria que
lo que se recaudaba en 1993. Es una noticia muy buena. Sin duda la
situación económica ayudará a que esto sea así, porque cuando las cosas
no van bien económicamente, el proceso es inverso. Me alegro de que tenga
esa información y que pueda comunicarla a esta Cámara, porque es signo de
normalidad. En este sentido, nuestro grupo reitera --y coincide con
usted-- que deberíamos estudiar qué otros cambios podríamos incorporar al
sistema normativo para ir acelerando cada vez más todo el procedimiento
de recaudación voluntaria, frente al de recaudación por vía ejecutiva.
Creo que el sistema se estabiliza, se normaliza, evita problemas y
tensiones cuando sabemos encontrar los criterios y los procedimientos que
nos permiten recaudar más por la vía voluntaria que por la vía ejecutiva.
Creemos que podríamos tomar alguna decisión más y, en ese sentido,
quisiera trasladarle una idea. Es solamente una idea, no es una propuesta
de mi grupo parlamentario --sé que los medios de comunicación nos están
siguiendo--, no lo tomen como una proposición de ley, sino como una idea
que debemos madurar para poder tomar decisiones que nos permitan
potenciar la recaudación voluntaria.
Usted sabe perfectamente que muchas empresas se encuentran con problemas
y dificultades --esto es normal--, pero las dificultades y los problemas
no tienen por qué ser consecuencia de mala gestión ni de responsabilidad
dolosa de los gestores. No tiene por qué ser ésta la causa. Pueden ser
perfectamente causas de mercado, causas externas a la propia
planificación y previsión de los gestores de las empresas. Creo que la
Seguridad Social no debe nunca interpretar determinadas circunstancias en
que se encuentran las empresas para no cumplir rigurosamente sus
obligaciones de pago de cotizaciones. La Seguridad Social no debe
analizar y entender a estas empresas de la misma forma cuando están
actuando dolosamente, con conciencia de incumplimiento de obligaciones,
que cuando están actuando atendiendo a circunstancias y a situaciones
absolutamente externas a la dirección y a la gestión de las empresas.
Hoy leo en la prensa que una determinada fundación --y no quiero decir su
nombre-- que está vinculada a organizaciones políticas tenía problemas de
pago. Estoy seguro de que esto no respondía a una actitud ni a un deseo
de sus gestores; quizás, a circunstancias que han envuelto la actuación y
la actividad de esa entidad.
Por eso, quisiera proponerle, señor secretario de Estado, que, en los
gastos a imponer a los gestores como consecuencia de demoras o de
penalizaciones en que se incurre cuando se solicitan demoras en el pago
de las cotizaciones a la Seguridad Social, diferenciáramos cuándo estas
circunstancias no tienen justificación y cuándo sí la tienen. Sé que la
Seguridad Social ya tiene establecido un marco normativo que le permite
incorporar criterios que suavizan el gasto que supone demorar el pago de
las obligaciones. Pero si supiéramos encontrar criterios que
diferenciaran mucho más, entraríamos mucho más en el sistema de
recaudación voluntaria que en la vía ejecutiva.
Creo que por ahí podemos avanzar. Podemos encontrar criterios que ayuden
a estar al día en el cumplimiento de las obligaciones, teniendo en cuenta
las particulares circunstancias en que, muchas veces, las empresas se
encuentran. Señor secretario de Estado, usted sabe muy bien que,
a veces, al final, las deudas exigibles derivadas del incumplimiento
resultan más importantes que la propia carga exigible en origen. Con lo
cual se contribuye a hundir todavía más el sistema y a poner más
obstáculos a la vía ejecutiva, frente a las recaudaciones voluntarias.
Esta es una idea que le planteo, no la materializo en ninguna sugerencia,
pero creo que deberíamos encontrar, en los próximos meses y en los
trámites legales correspondientes, ideas para poder ayudar a avanzar en
la recaudación voluntaria. Con ello, el problema de fondo de reflejar los
ingresos en los presupuestos mediante el sistema de devengo no nos
causaría tantos problemas, porque podríamos ajustar mejor las previsiones
presupuestarias. Nada más. Muchas gracias por su intervención.
Me remito, señor presidente, a posibles otros debates en la Comisión de
Presupuestos, para discutir más a fondo y técnicamente las denuncias que
han vertido los portavoces de grupos parlamentarios, especialmente del
Socialista, en torno a esta problemática.
El señor PRESIDENTE: Por respeto a S. S., no le he interrumpido cuando
planteaba el problema competencial. No podemos ser más papistas que el
Papa. Ha sido el propio Gobierno el que ha solicitado la comparecencia
del secretario de Estado ante esta Comisión de Política Social. En
consecuencia, la Mesa del Congreso lo ha admitido a trámite y por eso
estamos tratándolo aquí. Por tanto, no voy a abrir ni permitir ningún
tipo de debate al respecto.
El señor HOMS I FERRET: Me he dirigido a usted, señor presidente, por
cortesía, pero con la intención de que me escuchara el Gobierno, claro
está.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, tengo que decirles que resulta muy
difícil con los datos tan recientes y sin que los hayamos podido analizar
despacio, emitir un juicio respecto al problema que se suscitó hace pocas
fechas en el debate sobre el estado de la Nación y que hoy tiene su
reflejo en esta Comisión.
En cualquier caso, a nuestra fuerza política le gustaría huir de lo que
hasta ahora está empezando a ser este tema, una especie de juego del gato
y del ratón. Existen posibilidades, y el Gobierno es el que tiene la
primera responsabilidad de hacerlo, de que se establezcan los criterios
que aclaren perfectamente de qué cifras estamos hablando y de si hay una
desviación importante entre lo que son las previsiones presupuestarias y
lo que en definitiva es realizable y se realiza en cuanto a ingresos y en
cuanto a gastos. Me refiero a que se tendrá que concretar si el criterio
de devengo que se está aplicando actualmente es el correcto o si se tiene
que volver a otro criterio. Al parecer es la Unión Europea la que va a ir
desgranando la solución final, pero en cualquier caso tendríamos que
urgir estos pasos para que no se dé la posibilidad de que se juegue con
estas cuestiones y ocurra el efecto no deseado de una alarma social en la
opinión pública, que al final se produce objetivamente, aunque sea por
otros motivos o por los propósitos de quien suscita estas diferencias de
criterios en cuanto a los problemas que puedan existir o no en el ámbito
de la financiación de la Seguridad Social.
Este juego del gato y del ratón no debería producirse en un ámbito tan
delicado como es la Seguridad Social, en la tranquilidad de los
pensionistas y de los trabajadores en general, máxime cuando esto no
favorece los intereses de lo público. Al contrario, seguro que hay
quienes se frotan las manos los depredadores de lo público, que planean
constantemente sobre sus posibles despojos en cuanto ven vacilar el
consenso democrático en torno al carácter público o la solvencia
financiera del sistema.
Es pertinente que esta Comisión diga hoy claramente que la solvencia
financiera del sistema está fuera de toda duda, pero no de forma estática
o solemne, sino en la medida en que establecen compromisos concretos para
que se vayan erradicando las dificultades que al final genera este
conflicto de interpretación de las cifras.
El hecho de que todavía no se vaya realizando de forma más acelerada la
separación de fuentes financieras entre las prestaciones contributivas y
no contributivas genera una especial dificultad que está en el origen de
esta confusión y no sólo en el criterio de devengo y de caja.
Tendríamos que hacer un esfuerzo importante de reconducción del debate a
los términos de donde no debería haber salido, el consenso del Pacto de
Toledo y es pertinente --es la segunda vez que lo planteo durante esta
mañana en esta Comisión-- que la subcomisión del Pacto de Toledo se reúna
en el ámbito parlamentario para prever la aceleración en el ritmo de
separación de fuentes y para que simultáneamente se vayan aclarando y
concretando los mecanismos por los que el Estado sigue
responsabilizándose eventualmente de la cobertura de las posibles
diferencias, que hasta ahora no se han producido y no parece razonable
esperar que se produzcan en el futuro, entre los ingresos de cotizaciones
sociales y los gastos que realmente pertenecen al sistema de la Seguridad
Social desde el punto de vista del Pacto de Toledo e incluso de su
desarrollo posterior legal.
A mí me parece que es urgente hacer esto para evitar que haya
dificultades de inteligibilidad por parte de la opinión pública y de los
afectados respecto a si efectivamente los problemas son tan graves que
puedan poner en peligro el sistema público de la Seguridad Social. Este
es el punto de vista que va a tener Izquierda Unida respecto a este tema.
Nos gustará, sin duda alguna, volver a escuchar la intervención del Grupo
Socialista para que se manifiesten todas las pegas. Estamos a la espera
de que las pegas o las dificultades de interpretación de los datos se
puedan solventar en esta Comisión, o incluso en la Comisión de Economía,
no hay problema. En cualquier caso, yo sí quiero decir que, desde el
punto de vista de la izquierda, el discurso necesario no es éste, sino
más bien uno que ilusione de nuevo y que devuelva la confianza a la gente
de izquierda, no en los buenos contables que somos la gente de
izquierdas, sino en la capacidad que tenemos de proteger lo público.
Desde este punto de vista yo creo que corresponde
reconvertir el debate presente a los términos justos, posibles y
convenientes, y convenientes además para la izquierda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su información. Le agradezco también, señor presidente, que al inicio de
la misma no tenga necesidad de gastar ningún minuto de mi tiempo
reglamentario en expresar a la Cámara que, efectivamente, los diputados
acabamos de conocer esta documentación, pero bienvenida sea.
El Grupo Parlamentario Socialista estaba preocupado por dos cuestiones:
por unas cuentas que no estaban explicadas y por unas cuentas que siguen
resultando para nosotros, señor Aparicio, inexplicables, no desde el
punto de vista contable, sino desde el punto de vista político. Están
explicadas, como verán SS. SS. y los señores de la prensa que nos
acompañan, como siempre ocurre en la información que viene del Ministerio
de Trabajo: hay una amplísima información, que yo agradezco, sobre el
estado de gastos y, en cambio, de las 117 páginas del documento hay
exactamente cuatro páginas de información sobre el estado de los
recursos, cuatro páginas de información para que el Parlamento español
conozca sobre 12,2 billones de pesetas, pero mejor es tener cuatro
páginas que ninguna, que era la situación preexistente, y además estas
cuatro páginas me permitirán glosar la intervención de lo que usted ha
dicho y sobre todo lo que usted ha callado.
Ciertamente podrían las señoras y señores diputados, después de oír su
intervención, creer que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y que
aquí no había otro problema que el de la malvada decisión del Grupo
Socialista de plantear intranquilidad a los pensionistas españoles.
Quiero, señor Aparicio --porque deseo que mi intervención sea clara y sea
también muy sincera y muy honesta--, decirle que, así como yo arriaré
cualquier prejuicio sobre las explicaciones últimas de lo que resulte de
las cifras que a continuación le voy a dar, me gustaría también que S. S.
arriara esas explicaciones, algunas de ellas verdaderamente
fantasmagóricas, como las que ha hecho estos días diciendo que nosotros
trabajamos para los fondos de pensiones. Todo lo contrario. Si hemos
establecido, y lo hemos establecido al máximo nivel político, una
cuestión de esta envergadura es porque estamos muy preocupados, y no por
problemas contables --los problema contables nos ayudarán en la mañana de
hoy a saber cuál es la realidad del problema--, sino que el Grupo
Parlamentario Socialista está muy preocupado porque, en contra de lo que
ha dicho S. S. y algún otro interviniente, tenemos sólidas razones para
pensar que algo de carácter tan importante como fue el Pacto de Toledo
está siendo vulnerado por el Gobierno de la nación.
Señor Aparicio, si sus cifras fueran ciertas, si viviéramos en ese mundo
idílico en el que los déficit cada vez son menores, la recaudación va
viento en popa y se superan las cotas históricas de todos y cada uno de
los parámetros que usted ha considerado, comprenderá S. S. que no
estaríamos en esta situación patrimonial. La situación patrimonial de la
Seguridad Social que hay en este momento forma parte del núcleo del pacto
de Toledo. El 12 de abril de 1995 en el Congreso de los Diputados
convinimos una serie de recomendaciones porque estábamos preocupados con
un problema, señor Aparicio. Entonces éramos nosotros Gobierno y no
tuvimos empacho, ni ustedes tampoco, en analizar seriamente la situación
de la Seguridad Social, no se nos ocurrió arrojar piedras al tejado del
vecino diciendo que hablar de la situación financiera de la Seguridad
Social era alarmar a la población. Al contrario, nos pareció que las
cifras de la Seguridad Social y la evolución de las mismas en el futuro
eran lo suficientemente preocupantes y el programa de las pensiones
públicas en España eran tan trascendentes que teníamos que analizarlas.
Hasta tal punto era la preocupación de los grupos que convinimos en hacer
una reforma en profundidad sobre todo del aspecto financiero, porque
políticamente, y no contablemente, en el pacto de Toledo, señor Aparicio,
llegamos a la conclusión de que la Seguridad Social, que entonces tenía
965.000 millones de capital y reservas, no podría soportar las
obligaciones crecientes en el siglo XXI, precisamente por la evolución
asimétrica entre los ingresos y los gastos. Ahora que había excedentes en
el segmento contributivo había que incrementar un capital y unas reservas
de 960.000 millones de pesetas para que los pensionistas de los años
2010, 2015, hasta el 2030, no tuvieran ningún problema.
De modo que saber si políticamente el Gobierno está o no cumpliendo el
núcleo del pacto de Toledo, consiste básicamente en responder a una
pregunta: ¿Se han incrementado las reservas de la Seguridad Social desde
que ustedes están en el Gobierno o, al contrario, tenemos una situación
de reservas peor que cuando ustedes llegaron al Gobierno, que ya movía a
la preocupación a todos los grupos de la Cámara?
Señor Aparicio, para que usted entienda incluso mejor nuestra
preocupación, que no es torticera ni partidaria sino de un profundo
compromiso con el futuro de la Seguridad Social, le diré que nosotros
convocamos las reuniones del pacto de Toledo y no nos satisfizo el decir
a la opinión pública que llevábamos doce años pagando las pensiones mes a
mes. Ustedes llevan dos años y tienen su mérito, pero imagínese un grupo
que llevaba doce años pagando las pensiones mes a mes y así y todo
tuvimos la suficiente responsabilidad, y no alarmismo, para estudiar el
futuro de la Seguridad Social.
Pues bien, señor Aparicio y señores de Convergència i Unió, no se trata
de un problema contable, y a partir de ahora daré cifras suyas todas
ellas, rendidas en esta Cámara, y luego hablaremos de otras que no están
rendidas en la Cámara pero que también conoce el Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Qué pasó con la Seguridad Social el año 1996, que según
usted fue complicado? Por cierto, señor Aparicio, si no hubo presupuesto
en 1996 fue, primero, porque ustedes votaron en contra y, segundo, porque
disponiendo de ocho meses no trajeron a la Cámara ningún presupuesto,
pero haya habido o no presupuesto, que es indiferente,
lo que interesa es saber la realidad de la Seguridad Social y todavía no
vamos a entrar en devengo ni en caja, lo que vamos a hablar es de la
realidad, como nos ocurre a todos en nuestras familias. La Seguridad
Social termina el año 1996 habiendo descendido sus reservas --y son
cifras de la Intervención de la Seguridad Social-- desde los 975.000
(fíjese que hablaba de memoria y le había dado menos, eran 975.000 las
reservas que había a 31 de diciembre de 1995) a 216.000 millones de
pesetas. En un sólo año la Seguridad Social había perdido un patrimonio
de 759.000 millones de pesetas. Es más, señor Aparicio, usted nos da
cifras, entramos luego en el devengo y la caja, que es muy importante y
ya lo discutiremos, pero a efectos de la realidad y no de la oficialidad
de la Seguridad Social el año 1996 se cierra, según cifra de la
Intervención de la Seguridad Social, con un incremento de las deudas a
largo plazo de 436.000 millones de pesetas, y de las deudas a corto plazo
con los proveedores, con las haciendas regionales, etcétera, de otros
499.000 millones de pesetas. Usted, señor Aparicio, ha rendido a esta
Cámara unas cuentas en las que ha incrementado el endeudamiento en
935.000 millones de pesetas.
Esto no es un problema contable; por supuesto que tiene cifras y por
supuesto que la contabilidad y la intervención de la Seguridad Social lo
dice, pero éste es un problema político muy serio, señor Aparicio. Usted
decía en algún momento de su intervención que los problemas
patrimoniales, el balance patrimonial carece de sentido. ¿Cómo va a
carecer de sentido, señor Aparicio, si esto es lo que nos va a dar o nos
va a quitar la tranquilidad para el siglo XXI; son las reservas de la
institución. Allá en el año 2005 no serán suficientes las cotizaciones y
tendremos que tener reservas.
Aprovecho para decir, señor Aparicio, que todo lo que diga a continuación
debe usted entenderlo desde la posición de un grupo parlamentario que
afirma sin ningún género de dudas que las pensiones de los españoles
están garantizadas. Sin ningún género de dudas afirmo, para tranquilidad
total, que no hay ningún problema en el sector contributivo de la
Seguridad Social. Lo que afirmo, señor Aparicio, sin ningún género de
dudas es que, de la forma en que ustedes están gestionando la Seguridad
Social, están acarreando riesgos a la Seguridad Social. No son riesgos
del sistema, son riesgos de la forma de presupuestar. Las cifras que le
voy a dar a continuación se explican no por la dinámica de la Seguridad
Social, sino por un incumplimiento del Pacto de Toledo, y usted no lo ha
dicho correctamente. La Seguridad Social está pagando 105.000 millones de
asistencia sanitaria; está pagando 147.000 de servicios sociales más
otros 40.000. Eso está bien dicho, señor Aparicio, pero usted ha olvidado
que la Seguridad Social está pagando 600.000 millones de complementos de
mínimos y que el conjunto de estas atenciones son 900.000 millones de
pesetas, y que, precisamente porque la Seguridad Social tiene que
sufragar prestaciones no contributivas, en contra del espíritu del Pacto
de Toledo, se están produciendo los desequilibrios patrimoniales que le
he referido.
Tenemos que entrar en el famoso asunto del devengo y la caja, ¡cómo no!
Mire, señor Aparicio, tengo aquí la orden ministerial. Por supuesto que
fue el señor Griñán el que la hizo. Usted ha parado la lectura y ha
dicho: no quiero interpretar por qué lo hizo. Sí, si lo dice la Orden
Ministerial; lo hizo porque el Tribunal de Cuentas, en concordancia con
el sistema europeo de cuentas, nos llevó en el año 1995 a tener que
presupuestar con arreglo a criterios de devengo.
Dice más la orden ministerial. Para quien nos escuche, es evidente que el
devengo y la caja es un sistema contable perfectamente asumido, no hay
ninguna dificultad en contabilizar con criterios de devengo. El problema,
señor Aparicio, es que ustedes sólo dan aquí las cifras del devengo y,
cuando dan alguna cifra de caja --ahora hablaré de ello-- usted las
silencia. Resulta ser que la caja es realmente lo que expresa los
ingresos de la Seguridad Social, no el papel que tiene la Seguridad
Social, sino los ingresos. Usted no habla nunca de caja y para entender
un presupuesto, una liquidación con criterios de devengo, hay que
acompañar la explicación en criterios de caja, porque si hay un desfase
--y ahora veremos de qué cuantía-- entre lo que dice usted que ingresa la
Seguridad Social y lo que realmente entra en la caja, empieza a ser
preocupante.
Por eso esa orden ministerial, y usted no lo ha leído, señor Aparicio,
hablaba de la provisión por insolvencias. El criterio de devengo no se
entiende si, al mismo tiempo, no hay una provisión por insolvencias.
Ustedes han sacado ya la orden --lamento no tenerla aquí-- para elaborar
los presupuestos del próximo año y no hay ninguna provisión para
insolvencias, con lo cual la Cámara aprueba unos presupuestos donde, al
no aparecer la provisión por insolvencias, gastamos co arreglo a unos
ingresos que no van a existir en la realidad. Por tanto, es más que un
problema político. Estamos encadenando un programa de este calibre con la
creencia de que tenemos unos ingresos que luego en realidad no tenemos.
Como consecuencia, hay un déficit y, como consecuencia del déficit, un
endeudamiento. Usted puede tranquilizar a la Cámara y puede, si quiere,
hasta repartirnos valeriana para que nos durmamos todos, pero la realidad
es la que es.
Entre otras cuestiones, ustedes tratan de tapar la boca de la oposición,
y no me voy a referir a un incidente que también va por el camino de que
no se nos escuche. Cuando vino este presupuesto a las Cámaras, señor
Aparicio, y espero haberlo demostrado cuando termine mi intervención,
nosotros le pedimos que nos escuchara porque el presupuesto de 1997 tenía
problemas muy serios. Le dijimos, señor Aparicio, que este presupuesto
iba a tener un déficit real de 700.000 millones de pesetas. Le dijimos,
señor Aparicio --y no nos hizo caso--, que ustedes habían presupuestado a
la baja los gastos de la Seguridad Social en 145.000 millones de pesetas;
que ustedes habían computado 400.000 millones de cuotas que no
recaudarían y que ustedes se habían endeudado --aparecía en el
presupuesto-- en 155.000 millones de un déficit con el que no estábamos
de acuerdo porque financiaba prestaciones no contributivas; le dijimos
eso al iniciar el presupuesto de 1999. Hoy, señor Aparicio, con sus
cifras de entidades gestoras y servicios comunes, que faltan mutuas
patronales, en cuanto al déficit real, el de devengo --ya los diputados
han oído el déficit oficial--, ¿cómo está la Seguridad Social realmente?
La Seguridad Social, al liquidar su presupuesto de 1997, está peor de lo
que le decía la oposición en el debate del proyecto de ley, el
presupuesto de la Seguridad Social --espero no haberme equivocado, porque
lo he sumado sobre la marcha-- se liquida en este documento, y se lo voy
a demostrar ahora, con un déficit real de más de 700.000 millones de
pesetas.
Para que nos ayude la documentación que usted nos ha enviado, empezaremos
por ver, con sus cifras, la diferente realidad que hay entre el
presupuesto inicial y lo que ustedes decían. Solamente tres cuestiones.
En la página 16, en obligaciones reconocidas, sobre el presupuesto
inicial usted declara aquí, antes de que llegue lo de las mutuas de
accidentes de trabajo, que han gastado 111.000 millones más de lo que
habían presupuestado en obligaciones reconocidas; no eran los 147.000
millones que le decía la oposición, pero la oposición no sabía que iban a
quitar ustedes el complemento de mínimos a 85.000 viudas. En fin, ha
gastado usted en el año 1997, con sus cifras, 111.000 millones de pesetas
más en obligaciones reconocidas.
Con su presupuesto sobre los pasivos financieros, usted en deuda a la
Seguridad Social --le he contado el endeudamiento del año 1996, hablamos
ahora del endeudamiento del año 1997, contra el Pacto de Toledo-- en
507.000 millones de pesetas. Usted declara en este documento que ha
endeudado a la Seguridad Social 350.000 millones por encima de lo que le
había autorizado la Cámara de Diputados. No venga usted a decir que es un
préstamo de tesorería. ¡Cómo va a ser un préstamo de tesorería si está
aquí en pasivos financieros! Es deuda reconocida por ustedes; 350.000
millones más de endeudamiento de lo que decían. Por cierto, señor
Aparicio, es verdad lo que usted dice de que hay todos esos miles de
nuevos afiliados en el régimen general, pero según sus cifras --y
seguimos con devengo, no con caja-- usted nos dice en este documento que
el régimen general ha ingresado 174.000 millones menos de lo que habían
presupuestado y eso que los cotizantes son más de los que ustedes
estimaban en el presupuesto. Ya le advertimos que estaba mal
presupuestado el régimen general, que ustedes no recaudarían ni por
devengo ni por caja lo que ustedes habían dicho en el Congreso de los
Diputados.
Obviamente, señor Aparicio, lo más grave no es eso, lo más grave es
cuando pasamos del terreno contable al terreno político real. ¿Qué está
pasando realmente, en la economía real de la Seguridad Social? Señor
Aparicio, váyase usted a la página 19 del documento. En la página 19 del
documento --no lo ha dicho, pero en el poco tiempo que he tenido ya lo he
encontrado-- se comparan las obligaciones que usted ha asumido frente a
terceros y lo que realmente ha pagado. ¿Sabe usted la diferencia que hay
entre las obligaciones reconocidas y las deudas que usted tiene
pendientes de pagar? Son 402.000 los millones de pesetas que usted tiene
reconocidos pero no tiene pagados y que queda ahí. Ya no hay herencias
recibidas, es su propia herencia, empieza usted a heredar su propia
herencia. Pero el problema no está en los gastos, con ser preocupante,
sino en los ingresos, por eso dan ustedes tan poquita información de los
ingresos. Pero aun con tan poquita es posible separar la paja del grano y
entrar en la realidad del problema de la Seguridad Social.
En la página 114, señor Aparicio, cuando se comparan los ingresos que se
han recaudado efectivamente con lo que se ha reconocido, es decir, lo que
usted pinta como ingresos de la Seguridad Social y lo que realmente ha
ingresado la Seguridad Social, la diferencia es --son sus cifras, señor
Aparicio-- de 658.000 millones de pesetas. Usted cuadra el presupuesto
con un criterio de devengo, sin tomar en cuenta como le dice la orden del
año 1995 lo que han sido fallidos, y quiere que los diputados estemos
tranquilos porque viene equilibrado. Pero no viene equilibrado, señor
Aparicio, aquí faltan 658.000 millones de pesetas entre lo que dice el
papel y lo que ha ingresado la Seguridad Social. Hay más, hay más en el
régimen general, página 116. Usted hace todo tipo de ruedas de prensa
para decir que hay un millón más de cotizantes, pero ¿dónde están esos
cotizantes, señor Aparicio? En las cotizaciones del régimen general entre
lo que ustedes han ingresado en el año 1997 y lo que había previsto,
entre lo que usted ha ingresado y lo que había previsto --repito--, la
diferencia es de 443.000 millones de pesetas menos de lo que usted había
previsto. Podíamos seguir analizando.
Señor Aparicio, tan válido es acercarse a la realidad con criterios de
caja como con criterios de devengo. Yo no me niego a analizar la
Seguridad Social con criterios de devengo. Le advierto que aquí está el
papel del señor Barea, por mucho que usted diga que no lo tiene, y si
quiere le doy una fotocopia. El señor Barea dice que se acaba el criterio
de devengo. No se lo imputamos a usted ni a nadie, sino que la Unión
Europea se ha dado cuenta que sin computar razonablemente lo que son
fallidos el criterio de devengo lleva a errores o equivocaciones. Si
nosotros hubiéramos continuado nuestra dinámica, posiblemente hubiéramos
tenido similares errores, no los mismos, porque lo que nosotros no
hicimos nunca, señor Aparicio, es lo que ha hecho la Tesorería de la
Seguridad Social. Además de la dispersión y la desviación que produce
óptica pero no realmente este problema de la caja y del devengo, es que
las circulares de la Tesorería de la Seguridad Social --y tengo aquí
todas, la primera de 29 de mayo de 1997-- ordenan rehabilitar títulos
ejecutivos que estaban dados de baja por incobrables. Comprenderá usted
que ya la puerta del devengo es tan amplia que se puede apuntar todo y
además por esa puerta entran ustedes. ¿Cuándo han entrado ustedes por esa
vía, señor Aparicio? Yo tengo otro dato de la Seguridad Social sobre
cuánto han ido cargando en la vía ejecutiva mes a mes, 50.000 millones de
pesetas aproximadamente, y el mes de diciembre ustedes cargan en vía
ejecutiva 230.000 millones de pesetas. ¿Qué pasa, que encontraron un
tesoro oculto o que a marchas forzadas ordenaron a la unidad de
recaudación ejecutiva que rehabilitaran todo el papel posible para
traernos las cifras que nos traen hoy? Pero es papel, señor Aparicio.
Nosotros creemos que tenemos un problema serio pero solucionable, y hablo
de las dos cosas para que no diga que estoy alarmando a la población. El
problema es serio: la forma en que ustedes presupuestan, la forma en que
ustedes
liquidan, la forma en que ustedes endeudan a la Seguridad Social.
Señor Aparicio, desconocemos todavía el endeudamiento del año 1997 con
otros acreedores, pero por los 400.000 millones de pesetas que hay de
diferencia entre las obligaciones reconocidas y lo que han pagado
realmente, además de los 507.000 millones de pesetas que usted declara
haberse endeudado con el Estado, imaginamos que debe haber otro agujero
enorme con otro tipo de acreedores. Pero es que el año 1998 --tenemos los
datos de marzo en la Cámara-- sólo con el Estado ya llevan 238.000
millones de pesetas. ¿En cuánto han endeudado ustedes la Seguridad
Social?
Por tanto, señor Aparicio, no estamos en un problema contable, estamos en
un problema muy serio, estamos en un problema en el que se está pintando
una realidad de la Seguridad Social que no es cierta en lo que son los
elementos definitorios de esa realidad. Puede ser contablemente cierta,
pero si la contabilidad no refleja la realidad... Tenemos que analizar
los criterios monetarios. ¿Por qué no manda S. S. los presupuestos
monetarios a esta Cámara? Se lo hemos pedido muchas veces. No los envía
porque sabe usted que los presupuestos monetarios cantan La Traviata. ¿En
qué canta La Traviata, señor Aparicio? En algo que sí nos duele. No voy a
discutir con usted con criterios contables en la mano, pero sí voy a
discutir con usted, señor Aparicio, que las obligaciones que asumieron en
el Pacto de Toledo llevarían a que hoy la Seguridad Social contara no
sólo con los 975.000 millones de pesetas de reservas que tenía en aquel
momento. Hoy la Seguridad Social, que ha vivido quizá los tres años
mejores de su historia reciente, debería estar con reservas, debería
haber duplicado las reservas, señor Aparicio, y sin embargo ha duplicado
el endeudamiento. Ese es un problema político importante, porque además
ese endeudamiento proviene de que en lugar de pintar ustedes cosas en el
presupuesto del Estado, las han pintado en el presupuesto de la Seguridad
Social para ir a Bruselas y decir que son los primeros de la clase.
Nosotros, señor Aparicio, estamos seriamente preocupados, pero --es la
última cosa que quiero decirle-- estamos disponibles para arreglar este
problema. Para que vea usted que soy más generoso que usted en sus
afirmaciones, le digo que nosotros creemos, porque conocemos la
experiencia de gobierno, que es posible que ni siquiera el Ministerio de
Trabajo sea el responsable de esta situación, sino que a lo mejor son
otras consideraciones las que les llevan a ustedes a tener que tragar
ruedas de molino y olvidar lo monetario y entregar los papeles que
entregan.
Nosotros estamos dispuestos a que las razones del Ministerio de Trabajo y
la estabilidad del sistema de pensiones prevalezcan sobre cualquier otra
consideración en el Gobierno. Señor Aparicio, el margen ya es muy
estrecho, y mucho más estrecho será si usted no me aclara en la réplica
si el complemento de mínimos efectivamente va a seguir o no siendo
considerado contributivo, porque el margen está en los 600.000 millones
del complemento de mínimos. Si eso no es del Estado, señor Aparicio,
tenemos a la Seguridad Social en una situación muy, muy delicada.
Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero ratificar que nada
está más lejos del pensamiento del Grupo Socialista que producir
inquietud ni ruptura del Pacto de Toledo, pero, señor Aparicio, para que
no ocurra que los pensionistas estén tranquilos hoy e inquietos dentro de
tres días, no por usted, a quien doy el label de buena fe, sino por otro
Gobierno distinto que puede haber mañana y que puede presentar las
cuentas diciendo que está en quiebra la Seguridad Social. No queremos que
nadie (y no me refiero a usted, señor Aparicio, me refiero a que usted no
es dueño del destino de España) tome unas cuentas de la Seguridad Social
que tienen el origen y las consecuencias que he explicado esta mañana y
lleven el agua al molino de quienes defienden otra cosa. Precisamente voy
mañana a un coloquio, y usted también, al que va a asistir invitado por
la tarde un señor chileno, muy amigo del Partido Popular, que va a
demostrar que no existe posibilidad del sistema de reparto en el siglo
XXI.
Señor Aparicio, si usted está de acuerdo con los objetivos del Pacto de
Toledo, y no tengo por qué ponerlo en duda, usted tiene que poner los
medios para que ese pacto sea posible, y eso pasa, señor Aparicio, por
que se cancelen todos los préstamos recíprocos que hay entre el Estado y
la Seguridad Social, que se deben a obligaciones no contributivas; y eso
pasa por que en el presupuesto del próximo año --que estamos todavía a
tiempo-- no ocurra lo que nos ocurrió en 1997, que les dijimos que en
realidad habría 700.000 millones de agujero --si usted quiere, de
desequilibrio, para no alarmar--, y lo que hay son 740.000 millones.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor secretario de Estado, por su
intervención, que si la anterior había sido clara y no entendida ésta ha
llevado a la confusión a más de un portavoz de grupo parlamentario,
aunque me temo que hoy alguno venía ya con el discurso bien aprendido y
le daba igual lo que usted dijera desde la tribuna al resto de miembros
de esta Comisión.
Permítanme, señorías, empezar reiterando un compromiso: el del Partido
Popular con el Pacto de Toledo, con todas y cada una de sus
recomendaciones y con todos y cada uno de sus principios, y permítanme,
además, que lo haga desde el convencimiento que hoy ha sido expresado por
otros portavoces en esta Cámara, de que la senda es el consenso
democrático --como incluso ha dicho el portavoz de Izquierda Unida-- que
debemos mantener todos los grupos en aras de la pervivencia de nuestro
sistema de protección social, y sobre todo su consolidación y
mantenimiento.
Pero si bien hay que realizar ese compromiso constantemente y recoger
también algún guante, como el que ha lanzado el portavoz de Convergència
i Unió y que nuestro partido recoge gustosamente, sobre la necesidad de
abrir reflexiones acerca de ideas tan sugerentes como las que ha expuesto
aquí esta mañana, no es menos cierto que hay
otros discursos, señorías, en los que poco tienen que ver las
afirmaciones altisonantes con que se quieren cerrar el contenido o el
hilo argumental de los mismos. ¿Cómo se puede manifestar en esta Cámara
que están garantizadas en nuestro país las pensiones y su cobro, y luego
empezar a hablar de desequilibrios presupuestarios, presupuestos
monetarios no entregados, reservas patrimoniales confusas, agujeros o
desequilibrios de más de 700.000 millones de pesetas? Es inviable una
posición en la que se manifieste con rotundidad que no corre riesgo
nuestro sistema de protección social, pero luego no se hace otra cosa que
crear dudas e inquietudes respecto al mismo.
Antes, durante esta legislatura, el argumento favorito del principal
grupo de la oposición era decirnos que la falta de información en esta
materia les hacía albergar serias dudas. En realidad no era eso; no era
más que una coartada para evitar tener que hacer una oposición seria, una
oposición constructiva, una oposición en la que al final tuvieran que
reconocer la buena gestión que en materia de Seguridad Social se ha hecho
por este Gobierno desde el año 1996. La realidad es que el principal
grupo de la oposición no tiene más estrategia, no tiene más dirección en
esta materia que la de crear inseguridad e intranquilidad en nuestros
mayores; y ahí no van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular.
Esa falta de información que utilizaron primero como coartada, pero que
hoy veo que tiene muy aprendida el portavoz del Grupo Socialista, no
hacía más que reconocer su propia incapacidad para hacer una oposición
constructiva a las medidas de este Gobierno. Señorías, en este momento
lanzo un guante al primer grupo de la oposición: díganme qué norma
emanada por el Gobierno del Partido Popular o qué disposición ha sido
aprobada en esta Cámara, también con la mayoría del Partido Popular, que
entre en la más mínima contradicción de su expresión con las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Ninguna, absolutamente ninguna; ni
con su letra, ni con su espíritu. Ahórrense por tanto manifestaciones
tales como que el Partido Popular está entrando en contradicción con el
Pacto de Toledo.
Quienes hablan de inseguridad en nuestro sistema, quienes llevan la
intranquilidad a nuestros pensionistas, quienes dicen que nuestro sistema
corre serios peligros de quiebra del mismo, ésos sí que entran en
contradicción con el Pacto de Toledo o, lo que más preocupa a mi grupo,
se convierten en claros portavoces de aquellos que quieren acabar con
nuestro sistema público de pensiones y que sean otros los que se
enriquezcan con las cotizaciones de nuestros empresarios y de nuestros
trabajadores. Ahí no nos van a encontrar, señores del Partido Socialista.
Nosotros creemos en nuestro sistema constitucional público de prestación
social, por tanto lo defenderemos siempre, como hicimos cuando siendo
oposición llegamos a un acuerdo con ustedes, que eran Gobierno (no sé si
responsable o irresponsable en aquellos momentos, pero, al menos,
firmaron el Pacto de Toledo), y hoy les volvemos a decir que sean la
oposición responsable que al menos en esos términos fueron capaces de ser
como Gobierno y vuelvan a aquella senda que nunca debieron dejar, que es
la senda del consenso, del Pacto de Toledo y sobre todo asegurar la
tranquilidad de nuestros mayores y reitero --como he tenido ocasión de
decirlo esta misma mañana-- de aquellos que algún día también aspiramos a
ser pensionistas en nuestro país.
Señorías, no se pueden lanzar acusaciones tan graves como las que oímos
de su candidato, líder emergente hoy ya sumergido, en el pasado debate
del estado de la Nación respecto a esos agujeros o déficit ocultos de la
Seguridad Social, que por cierto hoy han sido poco reiterados por el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cercas (y yo lo
respeto profundamente en lo personal, también en lo político y en lo que
conoce usted estas materias; excepto en algunas cosas que carecían de
fundamento); probablemente usted hoy no se ha atrevido a decirlas porque
su conocimiento del sistema de Seguridad Social es bastante más profundo
que el de su candidato a presidente del Gobierno.
Pero es que si alguien se perdió en la hojarasca de los derechos
devengados, hoy usted se ha perdido en la maleza de las reservas
patrimoniales, los presupuestos monetarios y los criterios de caja o de
devengo, y todo para intentar crear una mayor confusión donde no la hay,
señor Cercas, donde no la hay. La información no es mejor o peor en
virtud del número de folios que la misma determine, sino por el contenido
que se encuentra en los mismos; la información no es mejor o peor por la
lectura que pueda hacer una persona interesada, sino porque al final
donde se tira la raya veamos si podemos comparar con otras magnitudes
económicas que hayan sucedido en presupuestos de este país. Además la
información, señor Cercas, en este caso tenemos una posibilidad de
comparación clarísima al respecto --y usted quiere huir de ello y yo lo
entiendo--, porque el criterio contable del que no nos podemos desunir en
estos momentos, el criterio de devengo que adoptó una persona o que al
menos firmó la orden y que está sentado en estos momentos a su derecha,
nos permite comparar claramente cuál ha sido la evolución presupuestaria
y financiera de la Seguridad Social. Por tanto, no haga manifestaciones
que puedan crear alarma social desde la tribuna del Pleno ni sentados hoy
en esta Comisión. Si se han equivocado, si han cometido un error lanzando
esas amenazas que llevan intranquilidad a nuestros pensionistas sobre la
pervivencia de nuestro sistema de Seguridad Social, no se mantengan en
ellas; sean capaces de reconocerlo, de enmendarlo y de decir nos
equivocamos, pero no de una manera como intenta hacer hoy usted
escondiendo la mano después de tirar la piedra, señor Cercas. Sean
capaces de decir que nuestro sistema tiene la pervivencia asegurada
porque ya me contarán cómo si no se van a poder pagar las pensiones, como
usted dice tan ufanamente, para luego decir cómo está nuestro sistema con
los agujeros que se están generando; sean capaces de reconocerlo, de
decirlo y de reconocer que fue un error querer volver a convertir a los
pensionistas de nuestro país en un campo de batalla electoral.
Si ello no es así, si quieren mantenerla y no enmendarla, si quieren
seguir en la línea que hasta ahora ha seguido su candidato, como usted lo
ha hecho en esta comisión en el día de hoy, a nosotros no nos encontrarán
ahí. Permítame
que el Grupo Popular se manifieste más preocupado por consolidar nuestro
sistema de protección social, permítanos que estemos más preocupados por
la mejora de las prestaciones de nuestras viudas y huérfanos, permítame
que estemos más preocupados porque la mejora económica de este país pueda
llegar a los más desfavorecidos, y no como pretenden ustedes al final
enriqueciendo los bolsillos de algunos que pretenden acabar con nuestro
sistema de protección social.
Además, permítame que lo hagamos de una manera que usted no ha querido
decir hoy, reduciendo el déficit de la Seguridad Social. Ese dato no lo
ha mencionado, hoy no ha dicho que el déficit de la Seguridad Social es
del 0,23 y el último déficit del año 1995, cuando ustedes gestionaban,
fue del 0,78, y que el déficit de la Seguridad Social ha disminuido,
desde el año 1995 a 1997, hasta unos parámetros que probablemente ustedes
pensaran que nunca podrían conseguir. No ha aumentado, pero es que además
lo ha hecho --y lo saben ustedes también, señorías-- incidiendo en el
sistema de separación de fuentes.
Los números están muy claros. Cada vez hay menos prestaciones de tipo no
contributivo financiadas por nuestras cotizaciones contributivas. La
sanidad es un ejemplo clarísimo de ello. ¿Saben cuánto dedicaron ustedes
de prestaciones contributivas en el año 1995 al Insalud? Dedicaron
658.738 millones de pesetas. Este año, en los presupuestos de 1998 sólo
hay 103.000 millones de pesetas de prestaciones contributivas que vayan
al Insalud. Si eso no es avanzar en el procedimiento de separación de
fuentes, si eso no es clarificar la separación de fuentes, entonces
díganme, señorías, cuál es su criterio respecto al mismo.
Saben que tenemos debates pendientes, porque así lo han reconocido
ustedes cuando han firmado acuerdos políticos con otros grupos de esta
Cámara --en concreto con todos los grupos de esta Cámara--, saben
perfectamente que además ha sido refrendado por los agentes sociales y
que el debate sobre la naturaleza financiera de los complementos a
mínimos se producirá en el año 2000 y se determinará posteriormente a
partir de ahí. Saben ustedes perfectamente, así lo han reconocido e
incluso consta en el «Diario de Sesiones», que podría traer un grave
desequilibrio patrimonial plantearnos asumir financieramente de golpe los
complementos a mínimos por parte de lo que sería el sistema de
transferencia del Estado español vía impuestos, porque es una situación
que además de heredada tiene complejidad respecto a su financiación tan
conocida por ustedes como por nosotros.
Por eso, señorías, al menos le pido cierta seriedad. Se avanza en el
proceso de separación de fuentes, se avanza en el proceso de
clarificación de fuentes y el mandato que tiene este Gobierno es que en
el año 2000, exceptuando la financiación de los complementos a mínimos,
ese proceso debe estar avanzado y finalizado; en el año 2000, señorías,
no ahora. Tampoco nos pidan ahora que vengamos a cancelar los préstamos
de golpe (préstamos que, por cierto, ustedes se inventaron, pusieron
incluso los plazos de cancelación muchos años después y parece ser que
ahora no los quieren recordar) y además sin ningún tipo de fundamento
jurídico ni objetivo. ¿Porque piden cancelación, como han pedido en
algunas enmiendas y piden lo mismo otra vez este año, sin llegar siquiera
al proceso de separación de fuentes y sin llegar siquiera al año 2000?
Esa argumentación no aguanta en modo alguno.
Ahora tenemos todos la liquidación provisional. Por cierto, es la primera
vez en doce años que llega una liquidación provisional aquí en el mes de
marzo, y que usted, señor Cercas, ha podido estudiar tan diligentemente;
perdón, llegó una vez, en febrero del año 1996. ¿Saben por qué? Porque
ustedes perdían las elecciones al mes siguiente. Sólo llegó esa vez, y
además se desviaron en 50.000 millones de pesetas con la definitiva que
se tuvo que presentar luego. Sólo esa vez llegó; a partir de ahí, doce
años para presentarla. El Gobierno del Partido Popular la ha traído en
marzo de este año, en mayo la liquidación definitiva, y además
prácticamente no se desvía la una de la otra. Ello permite que S. S., así
como su grupo parlamentario, puedan tener información suficiente, que
nunca tuvimos otros grupos de la oposición, para poder fundamentar, desde
luego mejor de lo que hace, las críticas al presupuesto de la Seguridad
Social y sobre todo a su ejecución.
Habiendo mejorado la afiliación, como ha mejorado, que por tanto son
ingresos por cotizaciones; habiéndose reducido la morosidad de las
administraciones públicas o de algunas al menos porque ciertas
comunidades autónomas tienen una deuda de más de 40.000 millones de
pesetas con la Seguridad Social (a lo mejor el presidente Chaves entiende
que tiene que preocuparse por los derechos sociales de sus trabajadores
no pagando las cotizaciones); en estos momentos de reducción de la
morosidad, de mayor afiliación, de mejor lucha contra el fraude, señor
Cercas, que incluso hemos cobrado 8.000 millones de esos que ustedes
decían que eran créditos de dudoso o imposible cobro y aquí se puede
cobrar todo lo que no haya prescrito y la obligación responsable de un
gobernante con la ley en la mano es intentar cobrar hasta la última
peseta que se le deba a la Administración del Estado, siempre y cuando
tenga acción para ello, o sea que no haya prescrito, y no acabar pasando
el papel de un lado a otro como hacían ustedes; teniendo en cuenta todo
eso ¿alguien puede pensar en este caso que con la reducción de déficit
que se ha propuesto haya podido generarse algún déficit oculto o que
verdaderamente pueda existir algún agujero? Nadie puede pensar en ello
porque es imposible. De existir algún agujero, señoría, vendría heredado
de anteriores gestores o de anteriores gobiernos. Como nosotros no
creemos que la situación fuera así, les decimos que no existe agujero
alguno en las cuentas de la Seguridad Social, que rectifiquen, que sean
capaces de reconocerlo. Así conseguiremos no sólo consolidar nuestro
sistema, sino sobre todo llevar la tranquilidad a nuestros mayores, a
nuestros pensionistas y a los que algún día esperamos serlo.
Señores del Partido Socialista (Una señora diputada: Y señoras.), su
incoherencia llega hasta límites insospechados respecto a sus actuaciones
de Gobierno, conforme a los discursos que hacen en esta Cámara y lo que
luego son sus propuestas de tipo legislativo o no legislativo, llega a
asombrar --permítame que utilice ese término--, por ser
ligero en la calificación del mismo. Todos hacemos nuestros deberes, y me
he permitido coger todas las propuestas que han entrado en esta Cámara
con el membrete del Grupo Socialista, desde las enmiendas a la ley de
acompañamiento y a la ley de presupuestos de 1998 o las baterías que
presentan ustedes normalmente en materia de Seguridad Social y todas
ellas suponen un incremento del gasto de la Seguridad Social. Si tan
preocupados están por la situación financiera del sistema, si creen que
financieramente estamos ante una situación de crisis, ¿cómo son tan
irresponsables para hacer entrar en esta Cámara sólo medidas que van a
conformar un mayor gasto del sistema? Si realmente ustedes fueran
responsables, lo que harían sería traer medidas que pudieran recortar el
déficit, traer medidas que supusieran menos gastos al sistema, traer
medidas que pudieran arreglar una situación tan grave. Ustedes están
reconocido con sus propuestas que no existe tal situación; lo único que
hacen es mantener un discurso que lleva intranquilidad a nuestros mayores
porque no quieren reconocer que la Seguridad Social desde el año 1996
está mejor que como ustedes la dejaron. Es algo tan sencillo como eso.
Señor Cercas, y usted lo ha pedido. Ha preguntado cómo está realmente la
Seguridad Social. Realmente, la Seguridad Social está bien, porque
España, permítame, señor Cercas, va bien. (Risas.)
Señor Cercas, que su mano derecha sepa lo que hace su izquierda. No sé
cuál de las dos usará más, pero al menos que cada una tenga conocimiento
de lo que hace la otra, porque si no caen en graves irresponsabilidades;
irresponsabilidades como es huir hacia adelante en este tema no
reconociendo los errores cometidos; irresponsabilidades como los papeles
que utilizan y siguen blandiendo, por ejemplo en esta Comisión, papeles
apócrifos que nadie conoce; irresponsables con manifestaciones como las
que ha hecho, envolviéndose en la maleza, reitero, de la confusión
contable. He de reconocer una cosa, señor Cercas, yo me he perdido mucho
antes de que usted acabara, porque era imposible seguir un discurso tan
deslavazado y que tuviera tal grado de incoherencia en materia contable.
En un momento determinado he estado por hacer caso al señor Homs y que al
final esto se llevara a una comisión donde gente más dotada o con
conocimientos profesionales pudiera analizar en mejor medida lo que usted
ha dicho, que no ha sido más que deslavazar un concepto con otro,
intentando acercar el ascua a su sardina, lo cual políticamente es
comprensible, pero a nuestro juicio demagógico e irresponsable.
Aquí no hay más agujeros que los que existen en la imaginación de los que
dicen que existen. A lo mejor les traiciona a ustedes su subconsciente y
se acuerdan de gobiernos y de gestores pasados, los cuales probablemente
algún agujero sí pudieron dejar. Yo recuerdo, y en materia de Seguridad
Social me gusta defenderlo así, que cuando la alternancia democrática,
base de toda democracia, trae consigo que gobiernos de distinto signo
lleguen al poder en sustitución de otros, no se pueden aceptar las
herencias a beneficio de inventario, no pueden decidir con qué se quedan
y con qué no, y en la Seguridad Social, con susto final incluido de
500.000 millones, tuvimos que aceptar lo que ustedes nos dejaron. Ustedes
se deberían alegrar de que pudiéramos pagar a los pensionistas de ese
mismo año, porque no dejaron dinero ni liquidez para ello, y resulta que
en vez de alegrarse quieren justamente levantar dudas y sembrar
inquietudes sobre el sistema cuando deberían estar ahí hombro con hombro
con quienes hicieron posible que su falta de previsión no se convirtiera
al final en un menor dinero en el bolsillo de nuestros pensionistas.
Por tanto, vuelvan a actitudes responsables, a las que han llamado hoy a
todos los grupos de esta Cámara, y no hagan declaraciones altisonantes de
que nuestro sistema no está en crisis para posteriormente alinearse en
todo el resto de su discurso con prácticamente los mejores voceros de
aquellos que pretenden cargárselo. No lo hagan, porque actitudes como las
que tuvo su candidato el señor Borrell, que fue el campeón en agujeros
propios e inventados parece ser a partir de ahora, o actitudes como la
que ha mantenido usted hoy aquí, señor Cercas, que ha demostrado ser un
estupendo escudero en la demagogia e irresponsabilidad del candidato al
Gobierno socialista, en nada ayudan a los millones de pensionistas
españoles. En realidad, con este discurso no van a conseguir, al final,
ni siquiera lo que pretenden, que es crear intranquilidad e inquietud en
el colectivo de pensionistas españoles. Lo único que van a demostrar con
este discurso es que los que están intranquilos y nerviosos son ustedes,
porque cada día se ven más lejos de poder recuperar el Gobierno que
perdieron allá por el año 1996. Ya que el Gobierno les va a ser muy
difícil, recuperen al menos la responsabilidad que tuvieron cuando sí
fueron capaces de llegar a firmar los pactos de Toledo; recuperen al
menos la credibilidad de los agentes sociales, que hoy la tienen por los
suelos; recuperen al menos la confianza de los agentes sociales, de los
pensionistas, porque estoy seguro que los nueve millones de personas que
les votaron lo hicieron para ser oposición, pero para ser una oposición
responsable, y muchos millones de pensionistas se lo iban a agradecer de
verdad. (El señor Cercas Alonso pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, ¿para qué pide la palabra?
El señor CERCAS ALONSO: El reglamento establece que el Gobierno informa y
los grupos parlamentarios exponen su opinión ante la comunicación del
Gobierno. Aquí hemos asistido a una contradicción, de principio al fin,
en un debate con el Grupo Parlamentario Socialista, incluidas algunas
preguntas que me gustaría responder en un brevísimo turno, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, en vista de que se ha producido una
subrogación por parte del portavoz en el compareciente, voy a conceder la
palabra en primer lugar al secretario de Estado y posteriormente voy a
dar un turno a los grupos que deseen hacer uso de la palabra con carácter
extraordinario, pudiendo replicar ahí a ambos conjuntamente.
El señor CERCAS ALONSO: Le pido dos minutos, porque a lo mejor evito
cinco al señor secretario de Estado contestando cosas que no vienen al
hilo del debate.
El señor PRESIDENTE: Si nos ahorramos el último tramo, por economía
procesal le concedo dos minutos.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, no voy a abusar de su
interpretación del reglamento y voy a intervenir telegráficamente.
El señor Camps ha preguntado qué normas ha traído el Grupo Parlamentario
Popular que colisionen con el Pacto de Toledo. Todos los presupuestos,
señor Camps. En todos y cada uno de los presupuestos aparece
efectivamente una mayor dotación a la asistencia sanitaria, pero también
aparece que la financiación al complemento de mínimos desapareció. Espero
que el señor secretario de Estado nos diga ahora si el complemento de
mínimos lo siguen considerando contributivo o no.
Ha dicho el señor Camps que el anterior Gobierno y su grupo no informaban
a la Cámara. Yo no recuerdo, y era portavoz el señor Aparicio, ninguna
petición del Grupo Parlamentario Popular para que llegasen presupuestos y
ampliaciones. Se contestó a todo. El problema es que quizás la oposición
ahora es bastante más diligente de la que teníamos nosotros.
El señor Camps ha preguntado por qué no hablo con el señor Chaves para
que pague esos 40.000 millones de pesetas, que con una información que
tiene equivocada, parece ser, la cifra a que asciende la deuda de la
comunidad autónoma con el Gobierno. Yo prometo al señor Camps hacer esa
gestión --darán menos de 40.000 millones, ya que la deuda es inferior--,
pero a cambio dígale usted a su presidente del Gobierno que reconozca a
400.000 andaluces que no están en el censo, porque de su reconocimiento
se producirían ingresos financieros a la Comunidad Autónoma de Andalucía
para pagar esto y algunas otras cosas. (El señor Griñán Martínez: ¡Ahí
está!--Rumores.)
Por último, el señor Camps ha dicho que no tengo coraje para decir la
cifra de déficit. Le voy a decir, señor Camps, en cuánto estimamos el
déficit financiero, además, le voy a decir cómo lo van a financiar
ustedes y qué problemas va a originar a la Seguridad Social.
Ustedes preveían en 1997 una necesidad de financiación, un agujero, un
préstamo, un desequilibrio de 155.000 millones de pesetas, 155.000
millones de déficit producido y superado. Quédese con la cifra, 155.000;
sume 111.000 millones que declaran ustedes en este documento que se han
ido en gastos y sume 487.000 millones que declaran en este documento que
no han recaudado en relación con lo previsto; hacen un total de 753.000
millones de pesetas, que va a ser el desequilibrio financiero real del
presupuesto de la Seguridad Social. Le voy a decir lo que va a acontecer
en la Seguridad Social con estos 753.000 millones, que están camuflados
con los temas del devengo pero que no se van a poder camuflar en el
balance. Va a ocurrir que el endeudamiento a largo plazo de la Seguridad
Social con el Estado va a ser incrementado en 505.000 millones y otros
248.000 millones, que no sabemos todavía cómo los han financiado ustedes
pero suponemos que son acreedores, lucirán en los pasivos de la Seguridad
Social. Por tanto, señor Camps, la Seguridad Social acumulará en 1997 un
endeudamiento adicional de 753.000 millones de pesetas. No sabemos cómo
van a poder ustedes cuadrar las cuentas de activo porque ya no hay activo
suficiente para esta cuantía.
Aprovecho para decir, señor presidente, que reitero nuestro
convencimiento de que el sistema de la Seguridad Social es perfectamente
viable y que, aunque parezca paradójico, tiene superávit, a pesar de lo
que acabo de decir (Risas.), porque el sistema de la Seguridad Social
está soportando más de 800.000 millones que el Gobierno carga al
presupuesto de la Seguridad Social. Quítense esas cargas indebidas en el
presupuesto de la Seguridad Social y lo que es déficit se convertirá en
superávit. (La señora López i Chamosa: ¡A ver si aprendéis!--El señor
Hernando Fraile pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Cercas ha pedido la palabra por alusiones.
Esto no da origen a una contrarréplica.
El señor HERNANDO FRAILE: El señor Cercas se ha dirigido al señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Ha dicho varias veces: señor Camps.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, ha sido una generosa concesión de la
Presidencia, pero su cabeza ha estado permanentemente dirigida hacia el
señor Cercas y ese gesto ya denotaba el sentido de su intervención. Por
consiguiente, no puede haber un nuevo turno para abrir una polémica entre
dos grupos parlamentarios; no ha lugar.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, quiero manifestar mi protesta
por la absoluta parcialidad con la que usted se pronuncia en estos
debates. Creo que viene siendo ya reiterado y le pido, señor presidente,
ser tratado en igualdad de oportunidades con otros grupos o, por lo
menos, con los mismos criterios reglamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Si quiere que apliquemos el Reglamento a raja tabla, ante cualquier
desviación del portavoz del Grupo Popular, en cualquier reunión posterior
que se produzca, de su función ante una comparecencia, será llamado al
orden. Que conste en acta su protesta.
El señor HERNANDO FRAILE: Espero que haga lo mismo con otros grupos.
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Hernando.
Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez): No
me gustaría
--lo digo con toda sinceridad-- ser descortés con los grupos que han
intervenido. El Grupo de Convergència i Unió --siempre bien representado,
aunque en este momento no se halle el señor Homs-- creo que ha hecho una
serie de aportaciones muy correctas, situando en primer lugar la cuestión
y reiterando el hecho de la utilización de la contabilidad como posible
herramienta o arma. Me parece que en este momento somos más las personas
convencidas de su utilización como herramienta de clarificación, para
facilitar el diálogo, que las convencidas de que la contabilidad se puede
utilizar de una manera agresiva. Me ha sugerido --invitación que,
lógicamente, acepto de buen grado-- que esté a disposición del Parlamento
para atender cuantas cuestiones se susciten, bien en esta Comisión de
Política Social y Empleo bien en la de Presupuestos. Conviene recordar
que las recomendaciones del propio Pacto de Toledo se elaboraron en la
ponencia de Presupuestos, lo cual demuestra que las dos pueden --y, en mi
opinión, están igualmente cualificadas una y otra-- entender de materias
de Seguridad Social. También dejaba sobre la mesa la posibilidad de
estudiar de manera constructiva las mejoras de la recaudación voluntaria
a la Seguridad Social. Estamos abiertos a cualquier sugerencia que se nos
haga en ese sentido. Nos gustaría que la metodología y la técnica de
recaudación, si es posible, estuviera presidida por el consenso.
Debo decir desde este momento, después de la experiencia que uno puede
tener, tal vez no excesiva, en materia de Seguridad Social, que todos
estos análisis que tienden a separar el Estado de la Seguridad Social,
incluso a una parte de la Seguridad Social, dentro de sus presentaciones
contables no suelen estar bien intencionados. En mi primera parte me
resistía a hacer juicios de valor, hasta que he oído que se iba a glosar
no lo que yo había expuesto, sino lo que había callado, lo cual me parece
un alarde de imaginación fantástica porque yo soy dueño de mis palabras
pero soy más dueño de mis silencios y creo que sería difícil
interpretarlos, salvo presunciones o juicios de intención. He tratado de
evitarlo. Lo que sí puedo afirmar estadísticamente es que quienes tienden
a separar o a diferenciar el funcionamiento del Estado del funcionamiento
de la Seguridad Social no suelen tener un interés desprendido. A lo largo
de la mañana se ha citado por varios intervinientes que muchos de ellos
lo hacen por interés comercial o interés de negocio. El resto de análisis
diferenciados entre Estado y Seguridad Social están teniendo una tónica
general de utilización que yo diría partidaria y, en cualquier caso,
intimidatoria. Por eso, entiendo que es difícil de explicar que, frente a
un buen funcionamiento de la economía, a una buena traducción del
funcionamiento económico en la creación de empleo y una buena traducción
de la creación de empleo en la afiliación de la Seguridad Social, se esté
en peores condiciones, cuando el resto de parámetros que influyen sobre
los ingresos de la Seguridad Social han evolucionado de una manera
correcta. Y no porque yo lo diga sino por las series estadísticas que han
sido tan insistentemente solicitadas por el señor Cercas y que habrá
ocasión de poner sobre la mesa, por cierto, con el mismo formato que en
años anteriores. La única diferencia, como se ha señalado, ha sido de
tiempo. Han estado mucho antes. Le puedo citar ejercicios de la oposición
en los que yo recibí la información de la liquidación definitiva del
presupuesto al año siguiente, es decir, con dos años de diferencia. La
única vez que tuvo entrada en esta Cámara una propuesta provisional de
liquidación --como se ha citado, en el mes de febrero de 1996-- su
diferencia respecto de la final no fue, como ha dicho el señor Camps
--lamento tener que corregirle--, de 50.000 millones, sino de 80.000
millones. Otra explicación que no sea su coincidencia con ciertas fechas
electorales sería realmente compleja.
Se ha citado también la posibilidad de mejorar los mecanismos por los
cuales se conceden --y aquí existe una paradoja-- los aplazamientos
ordinarios y extraordinarios. Sirva para información de SS. SS. que los
extraordinarios son prácticamente el 95 por ciento de los concedidos,
cuando los ordinarios apenas alcanzaban el 5 por ciento. Los ordinarios
deberían ser aquellos que operasen ante las pequeñas dificultades, no
ante las situaciones críticas acumuladas, ante las situaciones en las que
ya es complejo abordar la recaudación y la resolución del problema. Si se
me permite, es una contradicción, pero también una certeza. Todo lo que
sea dar facilidades para que las cotizaciones respecto al propio empleo y
a la recaudación sean lo menos gravosas será visto con buenos ojos por
esta Secretaría de Estado.
Decía el señor Vaquero, y no lo entienda como reproche, que ha tenido
poco tiempo para estudiarlo. Comprenda que una vez que la información
llega, como creo que llega, a los grupos parlamentarios, las
circulaciones internas no están en mi mano. Insisto en que el 17 de marzo
tuvo entrada en el Congreso la liquidación de carácter provisional y el
11 de mayo tuvo entrada la definitiva. En modo alguno pretendo, y estaría
fuera de mis competencias y del sentido común, limitar ninguna capacidad
de crítica o de expresión ni pido que ningún grupo rectifique posición
alguna manifestada. Sería poco lógico y no creo que tenga ningún valor en
el plano político.
Nos pedía compromisos y no me sentiría muy satisfecho si no se estuviese
actuando en las direcciones en las que antes señalaba que puede y debe
actuarse. En la línea de separación de fuentes, y por el orden y
prioridad que antes traté de explicar y ahora reitero, si el campo más
alejado e inequívocamente más universal del sistema es la Sanidad, ahí
debe centrarse la prioridad del Gobierno. Si hoy se pueden presentar
cantidades más de cinco veces inferiores a las que figuraban en los
presupuestos de 1995, creo que en un breve plazo de tiempo se ha
conseguido un importante avance, naturalmente insuficiente, que deberá
alcanzar al segundo área, en este caso al área de servicios sociales.
Finalmente, como me decía que no sabe cuál es la posición del Gobierno,
me voy a expresar, como no podía ser de otra manera, en plena
coincidencia con la ley aprobada por este Parlamento y, de alguna manera,
respaldada por los agentes sociales, que nos dice que la ubicación
definitiva del complemento de mínimos deberá realizarse a partir del año
2000. Esto no es que tenga que decirlo, basta con leerlo en la ley, basta
con leerlo en los acuerdos alcanzados con las centrales sindicales, y
desde luego no puedo
ni creo que deba tener otra posición de mayor o menor prudencia que la
que ya se manifiesta en la propia ley.
Por otro lado, también en esa aproximación de caja y devengo he dado el
dato. Si se ha querido escuchar, bien; si no, lo repito, porque parece
que ha habido un turno de reiteraciones. Sin pretender que sea un turno
de reiteraciones, sino por clarificar, la cantidad que se ha
presupuestado para este año 1998 es inferior en 100.000 millones de
pesetas a la presupuestada en el año 1997. Eso representa casi una quinta
parte de la carga que se introduce de derechos reconocidos. A usted le
parecerá suficiente o insuficiente, a mí me parece que en ese contexto de
rigor, en ese contexto difícil de lo que ha sido el proceso, felizmente
superado, de integración, también ha sido un esfuerzo intenso y
razonable.
También podemos hablar de cómo se están proyectando las cosas en este
comienzo de año. Los datos de este primer cuatrimestre nos dicen que está
creciendo la recaudación ejecutiva un 25 por ciento respecto al año
pasado. Estamos mejorando nuestra capacidad de traducir papel en dinero
en un 24 por ciento respecto al anterior. Conviene recordar que en 1997
ha mejorado un 16 por ciento respecto a 1996. Luego ahí también
evidentemente habrá que perfeccionarse --lo decía hace unos momentos--,
pero no creo que pueda calificarse como evolución negativa.
En cuanto a la utilización, señor Cercas, yo comprendo, lo ha anticipado
usted antes que yo, que iba a hacer un discurso político que poco podría
tener que ver con lo que es la contabilidad; desde luego, poco que ver
con las normas internas y externas españolas. Usted ha construido las
cifras --y hace perfecto uso de su libertad de expresión y de su
capacidad intelectual-- como ha querido. Ha sumado lo que ha querido y ha
dado los resultados que ha tenido a bien, lo cual me parece impecable.
Ahora bien, reconózcame que ésos no son los criterios ni internos ni
externos y que al final, nos guste o no, podemos ser objetivos si todos
utilizamos la misma norma. Con normas SEC la Seguridad Social española ha
tenido un déficit de 0,23. No me diga usted que tiene otras cifras por
composición aleatoria. Insisto que estoy obligado a respetar su libre
interpretación, su libre expresión, incluso su libre geometría y álgebra,
pero permítame, si tenemos que utilizar un lenguaje pacífico y
constructivo, que nos atengamos a lo que es normativa SEC, y en normativa
SEC se ha reducido el déficit de la Seguridad Social. No sé si usted lo
lamenta o lo celebra, pero se ha reducido desde el 0,72 hasta el 0,23 por
ciento. Desconozco cuál es su estado de ánimo. Yo no interpreto sus
silencios; yo no gloso sus silencios.
Por otro lado, ha dicho algo que me ha dejado enormemente preocupado. Ha
tratado de llevar al ánimo de esta Comisión, y supongo que al ánimo de
los diputados, una confusión que puede ser tremenda. Ha confundido lo que
es el fondo de reserva, lo que podría ser un fondo de nivelación
concebido por el Pacto de Toledo (por cierto, señor Cercas, lo sabe usted
mejor que yo, consta en la legislación española desde el año 1991 aunque
nunca se le haya nutrido de dinero) con lo que son las reservas
patrimoniales de la Seguridad Social. Y, perdone, pero por ahí no paso
porque me parece que es una barbaridad confundir activos y pasivos de un
balance patrimonial --insisto, peculiar del único subsector que lo
presenta-- con unas hipotéticas reservas, y menos aún líquidas, porque
usted sabe mejor que yo que entre dichas anotaciones contables figura,
por citar un ejemplo que entienda cualquiera, la red hospitalaria
española. ¿Es que pensaba usted vender los hospitales, liquidarles,
hacerles pesetas? ¿Era ésa la hucha de la que usted hablaba para un
momento de dificultad? Me parece que es un ejercicio no digo ya de
contabilidad, porque desde luego esto ya se aleja de los conceptos hasta
más primarios que podemos tener personas que como yo soy químico. El
primer concepto es que sea una herramienta. Pero es que confundir las
anotaciones de activos que figuren en un balance con reservas líquidas
disponibles, y que eso sea la hucha para los momentos de apuro, me parece
brutal. Y a partir de ahí ha construido usted todo su discurso, yendo y
viniendo, entrando y saliendo en el balance patrimonial, diciendo que
puede ser --y ahí se le agotaban a usted los adjetivos-- tremendo un
descenso en dicho balance. Pues admítame que el mayor descenso de ese
balance se produjo en el tránsito del año 1994 a 1995 por más de 700.000
millones de pesetas, cifra superior a la que usted me asigna en
cualquiera de estos ejercicios, yo diría que tanto como lo que usted me
asigna en estos dos ejercicios. Y yo no he querido tener un solo término
de descalificación y de crítica hacia dicho descenso, ni lo hice entonces
--con conocimiento cabal y ocasión de hacerlo en este Parlamento-- ni lo
voy a hacer ahora. Pero para que nos podamos entender todos, el balance
patrimonial de la Seguridad Social no contiene el fondo de reserva o
nivelación. No es fondo de reserva o nivelación y no tiene la liquidez
que usted aparenta hacer ver. Muchas de las partidas que tanto le
inquietan tienen un ritmo continuo y constante y una presencia continua y
constante, pero desde el año 1991 y desde el año 1992. Por ejemplo, me
preguntaba alarmadísimo sobre los débitos. Los débitos, que
coloquialmente conocemos como débitos de cupo, datan del año 1992, y no
se han incrementado ni en su cuantía ni en sus ritmos.
Me hablaba, por ejemplo --que también me ha sorprendido, créame-- de la
provisión que se debe hacer a efectos presupuestarios. Puedo coincidir
con usted en que ésa es una cuestión importante. ¿Qué criterio de
provisión estamos siguiendo? Desde luego, la habrá el año 1999 --no tenga
ninguna duda--, exactamente en el mismo porcentaje que ustedes: provisión
del 50 por ciento. Es exactamente el mismo criterio, pero con una
particularidad. Si le doy a usted la razón y no tengo empacho en decir
que ésta es una cuestión importante, a mí lo que me cuesta muchísimo
entender es que se pase de su inicial provisión --cuando ustedes hacen la
orden ya mencionada-- del 30 por ciento al 50 por ciento y lo hagan por
una fe de errata. Debió ser la más cara del mundo; no sé a cuánto salió
la letra, pero calculo que bastante cara porque son unos 120.000 millones
de pesetas. Y eso tampoco mereció --ni creo que deba merecer-- una
crítica, en la cual --insisto-- ya ha agotado usted prácticamente el
diccionario a la hora de dar calificativos. Luego si ahora las cifras son
superiores, poco vocabulario me ha dejado.
Utilización de préstamos. Usted me puede decir que ha habido que
recurrir, para esas situaciones de dificultad de liquidez, a préstamos.
Tomemos el año 1995, que fue un año instructivo. Hubo un préstamo --ése
sí que figuró en el presupuesto-- de 444.000 millones (superior, como se
puede comprobar, a los referidos ejercicios 1997 y 1998, que fueron de
155.000 y 122.000 millones; me parece que el préstamo de 444.000 millones
es superior a ésos), pero es que --como le decía antes-- nosotros estamos
actuando con transparencia, y si hay otras operaciones, las traemos al
Parlamento, como es la posibilidad de disponer de anticipos. Lo que no
vino al Parlamento fue la conversión a préstamo --préstamo-- del Banco de
España de 331.000 millones. Si además abrieron ustedes una línea de
crédito (que nosotros hemos mantenido; nos parece correcta como
herramienta), llamada de crédito Argentaria, de 90.000 millones de
pesetas, por ese concepto --usted se escandaliza porque en el año 1997
haya habido 600.000 millones por ese concepto-- verá que hemos rozado los
800.000 millones en el año 1994 y se llegó a 865.000 millones en 1995.
¿Cómo quiere que lo califique si ha utilizado usted todos los adjetivos?
¿Cree que debo ir más allá y convertir esta polémica o este debate en un
más tú que yo? Yo no creo que eso contribuya en modo alguno --lo digo con
toda sinceridad, señor Cercas-- a ese ánimo constructivo al que hemos
apelado todos.
Usted me decía: es que ustedes recaudan poco. Desde luego,
manifiestamente mejorable; no tengo ningún inconveniente en decírselo.
Pero en 1997 se han recaudado --pesetas, de esas que tanto le inquietan,
esas que nos inquietan a todos-- 143.000 millones --lo tiene usted en sus
papeles--; en el año 1993, 82.000 millones. Por eso he hablado de un
incremento, y son los años en los que ustedes están actuando con un
cambio de criterio. Recaudaron proporcionalmente mucho menos. Yo no tengo
ánimo de reprocharle nada --me gustaría colaborar con usted y ser más
eficiente--, pero admítame que --cuando usted me dice: es que ahora se
está haciendo muy mal, muy mal-- me agota usted los adjetivos para pensar
en lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde se toman las decisiones de
cargar con igual cantidad de derechos reconocidos; estamos hablando de
cantidades del mismo orden. Usted me ha imputado 654.000 millones. Usted
sabe mejor que yo que 684.000 millones fue la carga inicial del sistema.
¿Y eso qué expresa? Entiendo que expresa una adaptación que yo he querido
leer pacífica y una gestión que yo he querido leer pacífica. Yo no he
querido adornarla de juicios de intención y menos aún he intentado
situarles --ni a usted ni a su grupo-- fuera del propio marco
constitucional.
Segunda cuestión que me ha dejado muy inquieto. Esa confusión --que me
gustaría clarificarle-- de que lo que figura en el balance patrimonial no
son derechos líquidos, huchas --para que nos entienda quien nos escuche--
que se podrían utilizar, salvo que usted pretenda --como le decía--
vender hospitales o vender inmuebles en los cuales está funcionando, y
bien, la Seguridad Social. Es que usted hace un ejercicio según el cual
todo lo bueno y todo lo positivo es del área contributiva y todo lo demás
no se sabe de quién es. Admítame que en el presupuesto de la Seguridad
Social está la sanidad, están los servicios sociales y están las
pensiones. Yo no sé qué juego es éste según el cual todo lo que tiene
algún valor, que es interesante, que son activos, se lo imputo a la parte
contributiva, y todo lo que no me gusta, ¿a quién? Creo que ése tampoco
es un ejercicio, digamos, de rigor en la presentación. En ese sentido,
voy a tratar de ser lo más expresivo posible y, a la vez, actuar en el
clima que yo creo que hay que actuar.
Luego me ha hecho una serie de preguntas de imposible contestación. Usted
me pregunta por qué no hubo presupuesto en el año 1996. Pues porque no se
convocaron elecciones a sabiendas de que no iba a ser posible aprobarlos
con mayoría; lo anticiparon todos los grupos de la Cámara con el
suficiente plazo y tiempo para adoptar las decisiones que fueran
oportunas. No se hizo, tampoco seré yo el que entre en críticas
retrospectivas, pero no diga que no hubo presupuesto por culpa de la
oposición; sería realmente original en el Parlamento que para adoptar una
decisión así sea la oposición la que prevalezca y no el Gobierno o no lo
que entonces se podía entender como mayoría. Será una decisión normal de
la mayoría del Parlamento si hay o no presupuestos, pero no lo sitúe en
otro contexto; habrá presupuestos si lo quiere la mayoría del Parlamento
y no los habrá si no lo quiere la mayoría. Normalidad democrática, diría
yo.
Ya le he dicho que el mayor descenso patrimonial no es imputable a estos
dos últimos ejercicios, en modo alguno, y ya le he intentado explicar el
escaso valor que tiene, salvo para este tipo de polémicas, la
presentación de balances patrimoniales. Sé que para usted es una tesis
muy querida, pero admítame que --y aclarémoslo a todos los españoles-- no
es ninguna reserva, no es ninguna hucha y no contiene ninguna liquidez.
Hay un aspecto en el que voy a entrar, por intentar relajar, sobre el uso
de la valeriana y al autoconsumo; cada cual es dueño de hacer lo que
quiera, cada cual tomará las dosis que estime pertinentes. Lo que me ha
sorprendido es la tremenda y extraña mezcla que se ha hecho de criterios
propios, criterios SEC, criterios de contabilidad pública y criterios de
contabilidad nacional. Insisto en que este debate es imposible si no
utilizamos todos las mismas referencias, un debate imposible en el que
probablemente, por un lado, causemos aburrimiento --y antes he visto
algún bostezo-- y, por otro, temor. Creo que ninguno de los dos efectos
son deseables. Igual que le decía en la primera parte de mi intervención
que no creo que sea bueno desacreditar la gestión ni de éste ni de
anteriores gobiernos, se lo digo con toda franqueza, y habrá visto que
ése es el ánimo que nos guía al resto de los grupos --no oculto que me
siento identificado con mi etapa anterior y solidario con mi grupo; llevo
muchos años en estos temas y no puede uno evitarlo--. No es un ánimo de
reproche, es mucho más un animo de proyección hacia el futuro, de saber
que somos capaces, a partir de nuestras posibilidades y de nuestras
habilidades intelectuales, de hacer las cosas mejor. No creo que ese
debate retrospectivo sea bueno.
Usted hacía antes dos afirmaciones a cuál más curiosa; primero, que no se
iba a hacer provisión, y le digo que hay provisión en el presupuesto de
este año, y la habrá en el
presupuesto del año que viene y en la misma cuantía; no tenga ninguna
duda.
Otro aspecto que ha podido quedar poco claro es que si la Tesorería de la
Seguridad Social decide rehabilitar algo que estaba provisionalmente
declarado como incobrable está actuando correctamente. Pues si ve alguna
posibilidad de resarcirse de una deuda, está bien. Señor Cercas, usted
mejor que yo sabe que lo que no puede hacer la Tesorería es volver a
anotarlo en su contabilidad, luego cese en su preocupación por los
incobrables. No se preocupe. Deberá hacerlo, porque es lógico, si hay un
síntoma de poder cobrar, está obligada a actuar. No existe posibilidad
legal de volverlo a anotar contablemente. Se lo digo con toda claridad, y
si no confía excesivamente en mi palabra, le enviaré una nota de la
Intervención General del Estado, que supongo que clarificará el asunto.
Finalmente, ha dicho usted una cosa que podría producirme cierta
satisfacción y orgullo, pero naturalmente no me siento dueño del destino
de España. De encontrar una afirmación de ésas sería en la literatura
docente de los años en los que yo iba al colegio. No; me considero una
persona que ha sido parlamentario, que tuvo conocimiento, creo que
sensato y cabal, de lo que era el Pacto de Toledo y que trató de
defenderlo cuando estuvo en la oposición, y me he visto en un reto
complejo, que es llevarlo a la práctica, ponerlo negro sobre blanco.
Podían haberlo hecho otros, sin duda ninguna. Conoce usted mejor que yo
que se firmó en abril de 1995 y las responsabilidades las asumí en mayo.
No se entienda esto como reproche alguno. Creo que las cosas tienen su
momento --lo decía antes--, tienen sus circunstancias, tal vez nos han
tocado unas circunstancias más complejas en cuanto a la composición
parlamentaria, en cuanto a la simultaneidad de nuestro proceso de
separación de fuentes, de nuestro proceso de aproximación a caja y
devengo con el proceso de convergencia con Europa. Son circunstancias
difíciles, pero no puede ser excusa, eso tiene que ser un reto o un
acicate para intentar hacer mejor las cosas y para pedir, como creo que
se puede seguir pidiendo con normalidad, la colaboración y la ayuda de
todos los grupos parlamentarios. No vea en mis palabras o en mi discurso
nada distinto a lo que es una nueva invitación de diálogo constructivo de
cara al futuro, que podemos y debemos mantener para tranquilidad de los
españoles y para que el destino de éstos estén en las manos más sensatas
y colegiadas posibles. No sé si tiene estos datos, estoy seguro de que
sí, porque es usted un estudioso. Naturalmente, quedo a disposición de la
Presidencia y de la Cámara para seguir intentando colaborar en este
debate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, sólo quiero hacer una
matización.
El señor PRESIDENTE: No, por favor. La Presidencia ha dicho antes que por
economía procesal o parlamentaria tenía que optar entre dar un turno
excepcional o uno por alusiones, como dice el Reglamento, a todos los
grupos, y optaron por las alusiones. En consecuencia, ha concluido el
debate sobre esta comparecencia.
El señor CERCAS ALONSO: Sólo quiero hacer una matización.
El señor PRESIDENTE: Se lo dice luego en el pasillo.
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CONJUNTO DE ACCIONES INFORMATIVAS DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SOBRE LA REVALORIZACION DE PENSIONES EN EL AÑO
1998 Y CUAL HA SIDO EL COSTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS (Número de
expediente 181/001370).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula la diputada socialista doña
Carmen Romero, acerca del conjunto de acciones informativas desarrolladas
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la revalorización
de pensiones en el año 1998 y cuál ha sido el coste total de cada una de
ellas.
Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Después de este debate de tanta enjundia, vamos a
pasar a un tema aparentemente menor, pero que desde nuestro punto de
vista tiene gran trascendencia por el enfoque que nuestro grupo cree que
se le ha dado a esta cuestión. Me estoy refiriendo a las actuaciones que
el Ministerio de Trabajo puso en marcha durante el mes de febrero para
explicar la actitud del Gobierno en cuanto a la revalorización de
pensiones.
He presenciado en la provincia de Cádiz por la cual soy diputada, y
parece ser que ha pasado igual en casi todos los puntos de España, las
actuaciones desaforadas por parte del Gobierno para explicar lo que desde
nuestro punto de vista era algo inexplicable. Ha habido desde cuñas en la
radio hasta una costumbre que no nos parecía propia de un Gobierno como
el que usted representa, una costumbre clandestina como es la foto de su
ministro de Trabajo junto a los secretarios locales del Partido Popular
explicando las bondades del Gobierno. Lástima que no las tengo aquí para
habérselas podido presentar, pero estas fotos son tan conocidas por los
ciudadanos que me ha evitado tener que recopilar esos pequeños
testimonios de esa campaña aparentemente informativa, pero difícilmente
explicable, tal vez por la propia naturaleza de la materia que tenían
ustedes que explicar: su posición ante la revalorización de pensiones,
manifestando lo contrario de lo que ustedes habían presentado en el
artículo 48 de la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad
Social.
Este auténtico asalto a los hogares de pensionistas tenía, por tanto, ese
origen, la razón era una campaña que a ustedes les resultaba difícil.
Tenían necesidad de hacer esa
campaña porque habían llevado al terreno de la ley algo que después no
mantuvieron, y veremos qué explicaciones darán ustedes en años sucesivos
ante esta misma cuestión. En definitiva, señor secretario de Estado, les
hubiera sido más fácil haber aceptado desde el principio las enmiendas de
otros grupos si iban a mantener la posición que posteriormente
mantuvieron y que han defendido en esa campaña que han hecho por toda
España. Les hubiera sido más fácil haber aceptado las enmiendas al
articulado, les hubiera sido más fácil tener otra posición en las
interpelaciones en las que tuvieron que mantener sus posiciones, en las
preguntas sucesivas, en las proposiciones no de ley, hasta incluso en el
debate sobre el estado de la Nación, donde el propio presidente del
Gobierno tuvo que afirmar que ha tenido que llegar este Gobierno del
Partido Popular para que los pensionistas puedan mantener su capacidad
adquisitiva y para que se pueda llegar a la revalorización de las
pensiones. Todo era por aquellas décimas famosas, por aquellas pequeñas
cantidades, casi irrisorias en la contabilidad de muchos que
probablemente no las necesiten para seguir adelante, pero significativas
para quienes tienen las pensiones medias.
Señor secretario de Estado, ¿por qué no dijeron desde el principio que la
actitud de su grupo y la del Gobierno al aprobar la ley no era la que
después intentaron vender en la campaña? Si hubieran sido honestos,
habrían dicho la verdad, que no se atrevieron a aplicar su artículo 48 de
la ley.
Por lo tanto, haciendo de la deshonestidad su arma política, han vendido
las posiciones de otros, y para vender las posiciones de otros han
necesitado hacer esa campaña, han necesitado usar esos recursos públicos,
han utilizado la administración de una manera partidista. ¿Qué pasará
este año si la inflación real estuviera por debajo de lo previsto?
¿Cumplirán la ley? Vamos a ver cuál será la situación este año, pero la
posición que han mantenido durante el mes de febrero, en el que se
dedicaron a hacer esta campaña, donde tuvieron que vender exactamente lo
contario de lo que habían previsto en el artículo 48 de su ley, les ha
llevado a mantener una actitud desde nuestro punto de vista absolutamente
fuera de toda honestidad.
Señor secretario de Estado, no me estoy refiriendo a que el Gobierno no
tenga, como es natural, todo su derecho a hacer todas las campañas
institucionales que quiera hacer para defender su labor. No estamos en
contra ni de las campañas institucionales ni de las campañas
informativas. Estamos en contra del uso partidista de la administración,
estamos en contra de usar todos los procedimientos de que puedan disponer
para manipular a la opinión pública y para decir lo que no han decidido
como Gobierno en las leyes que han traído aquí.
Por lo tanto, no estamos hablando de que un gobierno no pueda hacer sus
propias campañas institucionales, no estamos hablando de que no se puedan
hacer campañas informativas; por supuesto que cualquier Gobierno las
hace, pero, señor secretario de Estado, lo que ustedes no pueden hacer
es, en primer lugar, una utilización partidista de la administración, y,
en segundo lugar, un uso inmoderado de lo que ha sido el reconocimiento
histórico de este tema, porque no les costaba mucho trabajo haber dicho
que la revalorización de las pensiones parte de la ley de un gobierno
socialista en el año 1985, parte de un consenso de la Cámara y de todos
los grupos políticos en el Pacto de Toledo, a que antes hemos hecho
referencia, y parte de cada una de las leyes de presupuestos, en donde el
Gobierno anterior mantuvo lo que previamente se había fijado por la ley
de 1985. Luego su ley de 1997 lo único que hace es volver a repetir
exactamente en sus primeros términos el punto 2 del artículo 48,
exactamente lo mismo que se había puesto en la Ley de Pensiones del año
1985, y dejar al albur que las respectivas leyes de presupuestos
generales del Estado establezcan la correspondiente actualización.
Por tanto, no solamente no aportan nada, no solamente no les corresponde
a ustedes el hecho de la revalorización automática de las pensiones, no
solamente es que este Gobierno no haya propiciado el mantenimiento del
poder adquisitivo, que parte del año 1985, de la ley --bien recordada,
por cierto-- de nuestro grupo y de todos los grupos, no solamente parte
del consenso establecido en torno al Pacto de Toledo, sino que además es
que ustedes introdujeron el punto 3, que es el que ha sido motivo de la
campaña que yo aquí discuto, y no porque no crea que tenga que existir y
que puedan existir campañas informativas, sino por el tono que ustedes se
vieron obligados a utilizar en esta campaña, porque ustedes tuvieron que
demostrar lo que era indemostrable, y es que ustedes han situado un punto
3 en esa ley suya donde dice que si el índice de precios al consumo
previsto para el ejercicio y en función del cual se practicó la
revalorización resultase superior al realmente producido en el período de
cálculo descrito en el apartado anterior --como ha ocurrido realmente--,
las diferencias existentes serán absorbidas en la revalorización que
corresponde aplicar en el siguiente ejercicio económico, punto que no han
cumplido, y por no cumplir este punto es por lo que ustedes han tenido
que montar toda esa campaña destinada a convencer a los pensionistas de
que ha sido este Gobierno, precisamente este Gobierno, el que ha
conseguido el mantenimiento del poder adquisitivo y la revalorización
automática de las pensiones.
Falso, señor secretario de Estado. Ustedes han tenido más medios,
nosotros no tenemos más que esta denuncia aquí en el Parlamento, pero es
falso, porque esa revalorización automática de las pensiones procede de
la ley de 1985, procede de todas las leyes de presupuestos, exactamente
en los mismos términos en los que ustedes lo han reseñado en su ley de
1997, exactamente igual, más --no lo olviden ustedes-- ese punto 3, que
ha sido el motivo de una campaña inútil y del uso inútil de unos recursos
públicos que yo quiero denunciar aquí, no por el coste (que le pregunto:
¿cuáles han sido esas acciones informativas y cual ha sido su coste?),
sino porque, quiero insistir, ha sido una campaña estéril. Si ustedes
hubieran reconocido desde el primer momento que la revalorización
automática de las pensiones ha sido obra del Gobierno anterior y de los
compromisos de todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo, que
consensuaron que en el futuro ése sería el comportamiento de los
siguientes gobiernos, si hubieran, por tanto, reconocido esos
antecedentes, no habrían tenido más que asumir lo que fue su propia labor
de Gobierno y
su propia ley. Si por las razones que fuera ustedes después no la han
cumplido en este ejercicio, les habría sido mucho más fácil explicar
cuáles fueron sus razones para no haber cumplido el punto 3 de su
artículo 48, pero llevar al país, llevar sobre todo a sus propios
comportamientos y, ya le digo que en menor medida pero también, a los
propios recursos públicos a vender lo invendible y a demostrar lo
indemostrable, nos vuelve otra vez a plantear, como en tantas otras
cuestiones, que ustedes han hecho del cinismo su arma política.
Por tanto, quisiera que me explicara aquí cuáles han sido esas acciones
informativas --fotos de su ministro incluidas-- y todos los instrumentos
de propaganda que pudieron ustedes poner en macha para la actuación de
ese cinismo, del que han hecho su arma política, y qué coste político han
tenido para el presupuesto en general y para las aportaciones que los
españoles hacemos a ese presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez): Le
tengo que pedir amparo, en primer lugar, porque de la intervención de la
señora diputada no he podido conocer cuál era el tenor exacto de la
pregunta. Yo no sé si es consecuencia de ese denominado efecto Borrell de
formularse preguntas y autorresponderse.
Yo tengo una pregunta que dice: ¿Cuál ha sido el conjunto de acciones
informativas desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre la revalorización de las pensiones en 1998 y cuál ha sido
el coste total de cada una de ellas? A esta pregunta podría dar
respuesta. A las otras preguntas, que creo que están respondidas por la
propia persona que las ha formulado en ese ejercicio de ir haciendo
preguntas e irlas contestando, difícilmente podría contestar sin el
amparo de un cauce reglamentario, porque se han suscitado materias que
nada tienen que ver con lo que era el objeto de esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, la pregunta formulada es, al margen
de la intervención de la señora diputada, cuál ha sido el conjunto de
acciones informativas desarrolladas y el coste total de cada una de
ellas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Las acciones se han realizado por parte del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y por parte del Instituto Social de la Marina, que son
las entidades gestoras. Se ha buscado un formato que fuese semejante, por
supuesto, al de ejercicios anteriores. La acción principal es el envío
personalizado al domicilio de cada titular de un documento oficial, que
se conoce como notificación, en el que se recogen los nuevos importes
económicos, se diferencian los conceptos de la pensión inicial y la suma
de revalorizaciones precedentes, la mejora del año en curso y, si
procede, la cuantía del complemento a mínimos. Asimismo, se acompaña una
carta explicativa firmada por el Ministro de Trabajo y en los destinos
residenciados en comunidades autónomas en los que coexisten idiomas
cooficiales se incorpora también la versión bilingüe.
En el año 1998 han sido remitidas a través de los servicios postales de
Correos 7.223.438 cartas a lo largo de la segunda quincena del pasado mes
de enero y su coste económico en este concepto ha sido de 198,7 millones
de pesetas para sobres, cartas y franqueo postal. Al mismo tiempo,
coincidiendo con el último fin de semana, previo al día 1 de febrero,
fecha en la que se hace efectiva la subida, al ponerse al cobro y
librarse las mensualidades de enero en las que ya aparece incluido el
incremento respectivo, se contrataron cuatro inserciones de un anuncio
informativo en los periódicos de mayor tirada y de ámbito nacional, El
País, ABC, El Mundo y La Vanguardia, por un importe total de 6,83
millones de pesetas. En consecuencia, sería la suma de ambas cantidades,
esto es, 207,8 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Todo lo que sean campañas institucionales,
campañas informativas, como a las que antes he hecho referencia, en las
que el Gobierno explica su acción, sus leyes y sus posiciones, nos
parecen completamente válidas.
Pero le voy a pasar a la Mesa una instrucción del Partido Popular de un
pueblecito que su ministro conoce muy bien, porque es el pueblecito en el
que nació, Olvera, dirigida a la directora del Hogar del Pensionista de
Olvera, diciéndole cómo tiene que usar el Hogar para que el técnico del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vaya a explicar allí la campaña
del Gobierno, acompañado de un cargo público electo del Partido Popular.
Esto no es una campaña institucional, ni informativa del Gobierno. Esto
es un uso politizado y partidista de la Administración. Y ustedes no
tienen derecho a usar la Administración de manera partidista ni tienen
derecho a politizarla. Por tanto, yo le paso esta instrucción del Partido
Popular de Olvera para que dé instrucciones al Ministerio de Trabajo,
como miembro que es de ese Partido Popular, para que no utilicen la
Administración de manera partidista y que no vuelvan a producirse actos
de esta naturaleza. Se lo entrego también a la prensa para que tengan
testimonio de que esto se ha producido y no es una campaña institucional
informativa, sino que es politizar la Administración y usarla en provecho
propio. No quiero ahora aludir a ninguna de las múltiples referencias que
tuvimos ocasión de escuchar cuando estábamos en el Gobierno y ustedes en
la oposición sobre los cortijos privados, etcétera. No vamos a hacer
referencia a nada de eso. Pero esto es un uso político y partidista de la
Administración. Cerca ya del siglo XXI, nos imaginamos que su modelo de
Administración no debería tener nada que ver con éste que es el real, no
el que ustedes esbozan, no del que ustedes presumen como modelo, no el de
la austeridad ni de la modernidad de las que tanto hablan, sino el de la
realidad que tienen sobre la mesa. Paso a entregárselo a la Presidencia
para que hagan el uso que tengan que hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Olvidé decir en la primera parte de mi intervención que el coste de 207
millones de pesetas es la cifra más baja de los ocho últimos años, lo
cual yo creo que también demuestra un esfuerzo de gestión y de
racionalización de esta partida.
Respecto a la utilización política de las organizaciones, no pensaba
responder, pero, si no hay inconveniente por parte de la Presidencia, le
diré que ha habido prohibición de que acudiesen, sin compañía alguna, los
técnicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto
Social de la Marina a ciertos centros de jubilados y de personas mayores.
Insisto en que no tengo ningún ánimo de especial polémica, pero no seré
yo el que limite, en actos que tienen perfil público, la asistencia de
parlamentarios de uno o de otro partido, puesto que se trata de actos
abiertos en los que pueden acudir naturalmente los diputados y senadores
del Grupo Popular y aquellos diputados o senadores que lo estimen
oportuno. Hasta ahora la prohibición de acceso solamente ha sido ejercida
desde algunas administraciones autonómicas, para ser precisos, por parte
de la Junta de Andalucía y ante representación estrictamente
institucional del sistema de Seguridad Social. Ahí sí que puedo decir que
se ha prohibido. Si consideraba oportuno cualquier diputado o senador
acudir a estos actos hubiese podido realizarlo; que los impulse, que
facilite la participación de personas mayores el Partido Popular o
cualquier otro partido me parece correctísimo.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE ACTUACIONES
PARA QUE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES TENGAN GARANTIZADOS LOS DERECHOS PASIVOS DE SEGURIDAD
SOCIAL (Número de expediente 181/001545).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el Grupo Mixto (imagino que la
señora Almeida en lugar del señor Peralta) acerca de las actuaciones para
que los ciudadanos españoles que prestan servicios en organismos
internacionales tengan garantizados los derechos pasivos de la Seguridad
Social.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Evidentemente sustituyo a don Ricardo Peralta y
vengo a hacer en su nombre la pregunta que se había formulado.
Es verdad que tenemos una preocupación y no sólo nosotros, porque también
es objeto de sentencias dentro de los tribunales de la Comunidad Europea
desde hace tiempo, pero no se han cumplido determinados requisitos para
garantizar los derechos sociales de los funcionarios que están en
misiones no sólo en la Comunidad Europea sino también en otros organismos
internacionales en los que España tiene presencia.
Es verdad que se ha requerido durante mucho tiempo, y últimamente hubo la
sentencia, de la que estará perfectamente informado, de 17 de julio de
1997 para intentar arbitrar las fórmulas en las que se podían garantizar
estos derechos, y las críticas que se hacían desde la Comunidad Europea
al Gobierno español por no haber respondido a este contenido.
Nosotros creemos que se ha intentado hacer algo, pero nos parece
insuficiente. Si eso es lo que usted nos dice, en la segunda parte le
contestaremos, pero querríamos saber qué gestiones se están haciendo,
primero, para dar cumplimiento a este requerimiento y, segundo, para dar
cumplimiento a una obligación de tener respaldo en los derechos sociales
que los funcionarios deben tener en estos organismos y que haya
reciprocidad respecto de derechos.
Por eso le hemos hecho esta pregunta, y luego discutiremos en orden a lo
que usted nos pueda decir.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez): Ya
notaba yo muy cambiado al señor Peralta y ciertamente me resultaba grato.
(La señora Almeida Castro: Me cambiaba por él.--Risas.)
Me resulta grato poder darle una contestación en la que además yo creo
que los antecedentes los ha situado perfectamente S. S., y por esos
antecedentes que ha resumido, tanto el Ministerio de Economía como el de
Trabajo han venido trabajando en la elaboración de un proyecto normativo.
En el momento presente se mantienen relaciones también con los
responsables de la Unión Europea que vienen realizando una labor de
seguimiento del proyecto en elaboración a fin de ultimar, con la mayor
celeridad posible, el texto definitivo que pueda ser sometido al
preceptivo trámite de aprobación.
Fuera del ámbito de la Unión Europea, y dentro del marco estricto de
nuestra legislación nacional, cabe recordar que ya en el Real decreto
2805/1979 se procede a incluir a los españoles no residentes en
territorio nacional que tuvieran la condición de funcionarios, o
empleados de organizaciones internacionales intergubernamentales, en el
campo de aplicación del régimen general, recurriendo a tales efectos el
mecanismo que brinda la institución del convenio especial.
Esta medida se justificaba en la conveniencia de proteger a unos
determinados ciudadanos españoles que si bien pudieran hallarse cubiertos
por la Seguridad Social que gestionan las organizaciones internacionales
en las que prestan sus servicios, sin embargo, su aplicación en ciertos
casos pudiera presentar algunos desequilibrios en cuanto al bajo nivel de
protección alcanzado.
Posteriormente, y con el mismo fin, a través de diversas normas
reglamentarias se ha considerado aplicable el referido Real decreto
2805/1979 a los funcionarios o empleados españoles que, residiendo en
territorio nacional, prestan servicios a organizaciones internacionales
con sede en España (Organización Mundial de Turismo, por ejemplo,
el Consejo Oleícola Internacional, o la Oficina de Educación
Iberoamericana).
Por último, y aunque la medida no vaya destinada específicamente a los
ciudadanos españoles que ejercen una actividad profesional en organismos
internacionales, sino a los que prestan sus servicios en las delegaciones
y oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas, cabe citar, no
obstante, como exponente de la política llevada a cabo por el Gobierno en
defensa de los intereses en esta materia, la reciente resolución de la
Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, de 24 de marzo, por la que
se ha dispuesto la publicación del acuerdo de la Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas sobre seguridad social y
asistencia sanitaria, de 11 de diciembre de 1997. En virtud del referido
acuerdo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se compromete, en su
calidad de autoridad competente en la materia, a realizar las gestiones
oportunas ante la autoridad competente belga para que, en aplicación del
reglamento 14/08, todos los ciudadanos españoles que en calidad tanto de
funcionarios como de personal laboral contratado ejerzan sus funciones en
las aludidas delegaciones y oficinas de las comunidades autónomas en
Bruselas puedan quedar sometidos a la legislación española de Seguridad
Social, acreditando, no obstante, el derecho a la dispensación de la
asistencia sanitaria del país de residencia.
Por último, únicamente quiero añadir que es una cuestión compleja. A
países de la solvencia y prestigio internacional de Alemania les ha
supuesto bastantes años el esfuerzo de adaptación, y confiemos que en el
caso español sea más reducida la cifra. Somos conscientes de las
advertencias y somos conscientes del marco legislativo al que nos vemos
obligados.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Estamos preocupados porque en la ley de
acompañamiento de presupuestos hay una disposición, la sexta, que usted
no ha mencionado, en la que se ha tratado este tema, pero se ha tratado
de una forma muy insuficiente.
No hay reciprocidad de trato en algunos países. En determinadas oficinas
internacionales --que son muchas más de las que usted ha dicho, pero no
vamos a entrar en esa descripción-- es importante la posibilidad de
transferir los derechos pasivos de los funcionarios en sus respectivos
países a esos nuevos organismos y a la legislación que se les impone en
los países donde están. Es un modelo de transferencia que algunas
oficinas tienen ya --por ejemplo con Alemania, como usted ha dicho, o con
Bélgica, o con algunos de los países donde se está centrando la
compatibilidad--, y a lo mejor aquí lo tendremos con la Oficina de
Patentes, en Alicante, por ejemplo, en su cargo internacional. No se ha
hecho una verdadera regulación de la posible transferencia de esos
derechos para que no decaiga para ninguno de ellos la posibilidad de
seguir percibiendo los derechos que les den en los países donde están
trabajando ahora, según el tiempo que hayan cotizado en sus países de
origen. Esto ha creado una desprotección en muchos funcionarios jubilados
que estaban en esa situación.
Por eso creemos que hay que participar más. Como en la ley de
acompañamiento de presupuestos se mete de todo, hay una pequeña parte
para este personal, pero no hay una regulación que garantice esos
derechos. Después de los requerimientos, nosotros queremos que se
prioricen este tipo de situaciones para que no se produzca indefensión
para los funcionarios o para las personas que están prestando servicio a
la Administración. Sabemos que puede ser lento pero ya hay antecedentes
en otros países. Por eso le pediríamos que nos remitiera la información
que nos ha dado para poder colaborar en que esto se haga de la mejor
manera posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Telegráficamente.
La cuestión es compleja, en la medida que supone que, a veces, estas
relaciones, estos flujos, se producen entre sistemas de reparto y
sistemas de capitalización.
Indudablemente, es difícil hacer las equiparaciones, considerar cuál
sería el equivalente de cuotas capitalizable, en muchos casos. Por el
volumen creciente, también supone desembolsos importantes y
significativos de los cuales no puede resarcirse a priori el propio
sistema de reparto.
Insisto en que estas normas han sido de difícil elaboración en otros
países. Creo que esa experiencia debe ser tenida en cuenta precisamente
para solventar y para evitar que aquí sea aún más complejo, pero estamos
en buena sintonía tanto con el Ministerio de Economía y Hacienda como con
las autoridades europeas para poder ofrecer un proyecto normativo en
breve plazo.
--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE CONTRATACION POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE MEDICOS-INSPECTORES Y DE VISITADORES CON EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
(Número de expediente 181/001571).
El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta, formulada por el diputado de
Izquierda Unida, don Pedro Vaquero: contratación por la administración de
la Seguridad Social de médicos-inspectores y de visitadores con empresas
de trabajo temporal.
Señor Vaquero, tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, muy brevemente, dada la
hora.
El Real decreto 493/1998, de 27 de marzo, es el que establece la oferta
de empleo público para el ejercicio presente, 1998, de las
administraciones públicas dependientes del Estado, y en el anexo, dentro
de las distintas categorías
de distintos organismos, aparece reflejada la convocatoria de 107 plazas
de médicos inspectores del cuerpo sanitario del extinguido INP y dos
plazas de visitadores del cuerpo sanitario también del extinguido INP;
son las únicas plazas que aparecen respecto a oferta de empleo público de
la Seguridad Social.
Mientras tanto, los servicios de informatización del control del pago
delegado se hace a través de personal contratado por la administración de
la Seguridad Social con empresas de trabajo temporal, a pesar de que ha
habido una resolución dentro de la Comisión de Política Social y Empleo
de este Congreso de los Diputados que en su día instó al Gobierno a que
diese las órdenes oportunas a los distintos departamentos ministeriales
dependientes del mismo a fin de que se procediese a contratar el personal
para las necesidades coyunturales a través del Inem y no de empresas de
trabajo temporal.
Por todo ello, aunque parezcan preguntas distintas, sin embargo tienen
todas, como la inteligencia del señor secretario de Estado comprenderá,
un hilo conductor y son las siguientes: ¿cuándo va a poner la
administración de la Seguridad Social en práctica dicha resolución? Por
otro lado, ¿considera el Gobierno suficiente el personal actualmente
existente en la administración de la Seguridad Social? Y, finalmente, si
la contratación de esas plazas y no de otras significa de alguna forma
otorgar una preferencia absoluta al programa de control de cobro indebido
de las prestaciones por encima de otros programas de ampliación y
extensión de los beneficios del sistema para los ciudadanos en general.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez): De
la manera también más breve posible porque los problemas que alcanzan a
este secretario de Estado son comunes a los de algunas de SS. SS.,
rayanos al desfallecimiento.
Se ha puesto en marcha, creo que se puede decir con tranquilidad y
normalidad, la resolución de la Comisión de Política Social y Empleo que
antes se ha citado. Hay tres vías, digamos, de acceso. El camino que se
ha descrito es correcto, se aprobaron las plazas en la oferta de empleo
público a través de oposición libre. Estas pruebas se convocan por el
Ministerio de Sanidad y Consumo. Actualmente se encuentra en curso la
convocatoria correspondiente a la oferta de empleo de 1997; ahí se
convocan 101 plazas y tan pronto como sea posible se convocará la de
1998, es decir, las 107 a las que se hace referencia en la pregunta de su
señoría.
El otro procedimiento es mediante el nombramiento de funcionarios
interinos de dicho cuerpo, para lo que se requiere autorización conjunta
de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas.
El procedimiento de selección se regula en la Orden ministerial que
conoce, de 28 de febrero de 1986, en la que se establecen los criterios.
La otra vía utilizada por la administración de la Seguridad Social desde
el pasado año ha sido la de contratación que ofrecía la Orden ministerial
de 4 de junio de 1997, por la que se regula la concesión de subvenciones
por el Inem para la contratación de titulados superiores por la
Administración general del Estado para la realización de servicios de
interés general. Estas actuaciones encajan perfectamente en los supuestos
ya citados y concretamente para tareas que se están llevando a cabo en
relación con el control del fraude en la prestación de incapacidad
temporal.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social cuenta con 147 facultativos
médicos contratados con carácter eventual que han sido seleccionados en
el pasado mes de enero a partir de las ofertas genéricas de empleo
dirigidas al Inem.
En consecuencia, pensamos que ya está puesta en marcha, puesto que de las
tres medidas citadas las dos primeras son cauces habituales de acceso a
la función pública, y la última de ellas, la contratación de médicos en
régimen laboral, se realiza a través del Instituto Nacional de Empleo y
en ningún caso, quiero remarcarlo, a través de empresas de carácter
temporal.
Por otra parte, y en relación con la suficiencia o no de dicho personal
en la administración de la Seguridad Social, hay que señalar que la
situación de la plantilla de médicos evaluadores es deficitaria, ya que
no están cubiertas todas las dotaciones de puestos existentes. No
obstante, habría que tener en cuenta el proceso de selección de 101
funcionarios de la referida escala que actualmente se está llevando a
cabo; de este número se incorporarán a la entidad 90 funcionarios a los
que habría que añadir los que corresponderían al Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el reparto de plazas a convocar en la oferta de
empleo de 1998. Partiendo de la hipótesis de que sea un porcentaje
similar, el número actual de puestos de médico evaluador seguiría siendo
insuficiente. No obstante debe señalarse que es una de las prioridades
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la cobertura de estos
puestos. Tengo que decirle que nos hubiese gustado encontrar unas piezas,
sin duda decisivas, no sólo en la lucha contra el fraude, que es objetivo
importante en la prestación de incapacidad temporal, sino en la correcta
tramitación y agilización de cualquier expediente de incapacidad; nos
hubiese gustado encontrarnos un mayor grado de desarrollo de los equipos
de valoración de incapacidades y una mejor, por no decir suficiente,
cobertura de los mismos. Ha habido que realizar esfuerzos concretos en
este área, pero me gustaría, repito, que se entienda que no solamente
realizan una función, que creemos muy valiosa, de lucha contra el fraude
en la incapacidad temporal, sino que también está permitiendo una
agilización y un mejor servicio a los ciudadanos en todas las áreas
relacionadas con la incapacidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Brevísimamente también, señor presidente.
Me satisfacen los datos que acaba de proporcionarme el secretario de
Estado. Sin embargo, quisiera decir, en primer
lugar, que no pongo en duda el servicio meritorio que está realizando
este equipo de técnicos, médicos y visitadores, y que tampoco pongo en
duda, en cualquier caso, que dada esa prioridad por parte de la
administración de la Seguridad Social y del Gobierno respecto al programa
de seguimiento y de control del fraude en esta materia, la oferta de
empleo público que se haya realizado sea absolutamente legítima y
razonable. Nada que plantear a este respecto. Sin embargo, queda todavía
sin contestar el otro elemento. Quisiera saber si considera el secretario
de Estado que no son deficitarias las plantillas de otros cuerpos que
tienen diferentes cometidos, que sin duda alguna serán prioridades de un
orden o de otro respecto a la cobertura del servicio de prestaciones que
oferta la administración de la Seguridad Social. Por parte de la propia
administración de la Seguridad Social y de sus agentes en las direcciones
provinciales, etcétera, ¿no ha habido solicitud de funcionarios como para
que efectivamente no se haya preocupado esta administración de la
Seguridad Social de ofertarlos en empleo público?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Creo que a todos los gestores siempre les parece insuficiente el número
de efectivos humanos con los que cuenta. Pero lo cierto es que gobernar
es seleccionar prioridades, y las prioridades que se establecieron, tanto
en la oferta de empleo público del año pasado como en la de éste, iban
orientadas a un área de servicios, a un área de prestaciones como es, en
concreto, primero, la constitución efectiva y, segundo, la dotación
suficiente de equipos de valoración de incapacidades. Y donde notábamos
la mayor carencia en el ámbito de recaudación era precisamente en
funcionarios de las unidades de recaudación ejecutiva, en que se produjo
un sensible crecimiento el año pasado.
Por otra parte, los procesos de transferencias, especialmente en el
ámbito del Inserso, nos llevan a pensar que junto a estas acciones de
crecimiento, podríamos decir, en funcionarios, también es necesario
buscar una reordenación de esas personas, muchas de las cuales han
quedado sin cometidos específicos como consecuencia de los procesos de
transferencia. También se ha optado, y se mantiene como prioridad, buscar
una correcta ubicación que a estas personas les permita sentirse útiles
personal, individual y colectivamente.
Estamos, como he dicho también varias veces a lo largo de la mañana,
perfectamente comprometidos con la política del Gobierno, también de
austeridad en el ámbito de personal. No declinamos poder expandir
nuestras plantillas, pero creemos que antes tenemos que establecer unas
prioridades absolutas, las dos citadas, y también producir el
reordenamiento de efectivos consecuencia de los procesos de
transferencias.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta minutos de la tarde.