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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 458, de 19/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 458
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 19 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor secretario general de Medio Ambiente (Muriel
Gómez), para informar de los «intereses particulares» de algún «alcalde
popular», según informaciones aparecidas en los medios de comunicación de
la zona asturiana de los Picos de Europa, así como de la relación de esos
intereses con la oposición al Parque y para informar acerca de la
situación actual en cuanto al proceso de constitución del Patronato y del
procedimiento que se sigue para llegar a la aprobación del Plan de uso y
gestión del Parque Nacional de Picos de Europa. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
212/000744) (Página 13164)
--Comparecencia del señor presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (Vizcaíno Alcalá) para informar de lo ocurrido el día 25 de
abril de 1998 en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, con
motivo de la rotura de la presa que contenía agua ácida proveniente de
las minas de Aznalcóllar, y su repercusión tanto a los habitantes de los
alrededores de la zona como al Parque Nacional. A solicitud del grupo
anterior (Número de expediente 212/001379) (Página 13174)
--Comparecencia del señor comisario de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (Saura Martínez), para informar de lo
ocurrido el día 25 de abril de 1998 en las inmediaciones del Parque
Nacional de Doñana, con motivo de la rotura de la presa que contenía agua
ácida proveniente de las minas de Aznalcóllar, y su repercusión tanto a
los habitantes de los alrededores de la zona como al Parque Nacional. A
solicitud del mismo Grupo Parlamentario (Número de expediente 212/001380)
(Página 13185)
Comienza la sesión a las diez y cincuenta minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (MURIEL
GOMEZ), PARA INFORMAR DE LOS «INTERESES PARTICULARES» DE ALGUN «ALCALDE
POPULAR», SEGUN INFORMACIONES APARECIDAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE
LA ZONA ASTURIANA DE LOS PICOS DE EUROPA, ASI COMO DE LA RELACION DE ESOS
INTERESES CON LA OPOSICION AL PARQUE Y PARA INFORMAR ACERCA DE LA
SITUACION ACTUAL EN CUANTO AL PROCESO DE CONSTITUCION DEL PATRONATO Y DEL
PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA LLEGAR A LA APROBACION DEL PLAN DE USO Y
GESTION DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
212/000744).
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Señorías, se abre la sesión.
Vamos a iniciar el orden del día con la comparecencia ante la Comisión
del señor Muriel Gómez, secretario general de Medio Ambiente, a petición
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Tiene la palabra para
hacer su exposición.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Señorías,
es muy grato comparecer ante ustedes, no sólo por la obligada cortesía
parlamentaria que me exige dar respuesta a las cuestiones que ustedes
estimen oportuno plantear, sino también por la oportunidad que me ofrecen
de darles información sobre el parque nacional de los Picos de Europa.
Tengo que hacer la salvedad de que a veces resulta difícil poder informar
de intereses particulares de algún alcalde popular o de su oposición al
parque, ya que se desconoce a qué intereses particulares y a qué
oposición al parque nacional de los Picos de Europa se está refiriendo el
grupo interpelante. En lo que se refiere al patronato, como saben SS.
SS., ya está constituido, concretamente el 9 de febrero fue su primera
sesión, y está prevista la convocatoria de una próxima reunión a finales
del mes de mayo, quizás ya a principios de junio. Con respecto al Plan
rector de uso y gestión, existe un equipo técnico formado por
funcionarios de parques nacionales y de las tres comunidades autónomas
con territorio en el parque nacional, Castilla-León, Cantabria y
Asturias, que tienen ya perfilado un primer documento de criterios y
objetivos que debe recoger dicho Plan rector de uso y gestión. Este
primer documento lo va a incorporar la presidencia al orden del día de la
próxima reunión del patronato y, una vez aprobados esos criterios
orientadores, el grupo técnico continuará su trabajo, estimándose que
antes de que termine el año podremos presentar un borrador definitivo al
propio patronato para que le dé el visto bueno e iniciar su trámite
administrativo.
No puedo por menos que aprovechar esta oportunidad para trasladar a SS.
SS. el profundo cambio que ha experimentado el parque nacional de los
Picos de Europa en este último año, y estamos en condiciones de afirmar
que por primera vez sí existe un parque nacional. Hemos procurado
resolver aquellos conflictos que gravitaban sobre la propia existencia
del parque creando, con la participación de todas las administraciones
públicas implicadas y todos aquellos estamentos sociales relacionados con
el parque, un marco adecuado de consenso y diálogo para gestionar este
espacio.
Quiero recordarles, por ejemplo, que hace un año vivíamos la plena
efervescencia del conflicto ligado al uso cinegético de espacios,
problemas que, como SS. SS. saben, se arrastraban desde su declaración
como parque nacional en el año 1995. Hoy podemos afirmar que este
conflicto se encuentra en vías de solución. El Ministerio de Medio
Ambiente ha señalado en otras ocasiones su oposición firme a la caza
deportiva en el interior de los parques nacionales. Tenemos la intención
de que esta postura quede establecida en el futuro plan director de la
red de parques nacionales. El problema de la caza en Picos de Europa,
como les decía, está en vías de solución y se ha llegado ya a un consenso
entre todas las partes interesadas, aunque a veces el proceso de
adecuación y aplicación quizá sea necesario que sea gradual.
En relación al conflicto del acceso a Bulnes, creo que la solución dada
al problema ha sido ejemplar. No se construirá una carretera, el
funicular subterráneo estará rodeado de las mayores cautelas ambientales,
en tanto que su uso turístico será decidido por la comisión mixta de
gestión del parque, dentro del plan rector de uso y gestión, como una
fórmula más del sistema de uso público del parque.
Las obras se desarrollan con un cuidadoso programa de protección
ambiental. Ya saben que hay un director ambiental nombrado por el
organismo autónomo Parques Nacionales, proceso que creemos que resulte
modélico. Con la solución encontrada al problema de Bulnes hemos
demostrado, en primer lugar, que las administraciones pueden ponerse de
acuerdo para resolver un problema, respetando argumentos de unos y de
otros; en segundo lugar, gracias al acuerdo se ha cerrado un tema
candente en la opinión pública del Principado desde hace años; y en
tercer lugar, hemos dejado bien claro la absoluta prevalencia de la
conservación del espacio. En resumen, entre todos hemos consolidado la
propia existencia del parque nacional.
Respecto del acceso a los lagos de Covadonga y al uso del área de
servicio de Buferreda, que es otro delicado problema, hay un grupo de
trabajo constituido por funcionarios de Parques Nacionales y del
Principado de Asturias que están trabajando juntos para presentar al
próximo Patronato un programa de adaptación y uso de esta instalación,
basado más en la interpretación de la realidad de la montaña cantábrica
que en crear negocios alternativos o competitivos con la economía local.
El parque ha recuperado su ritmo inversor y ha vuelto a crear puestos de
trabajo. Saben SS. SS. que por primera vez se le ha dotado de una
relación de puestos de trabajo específicos para el personal funcionario
que próximamente saldrá a concurso; se ha conseguido la participación
activa de las tres comunidades autónomas en la toma de decisiones
relativas al parque nacional; se ha dotado al espacio natural, después de
varios años sin poder hacerlo, de un nuevo parque de vehículos; se está
cambiando la señalización de los accesos; se han elaborado nuevos
folletos y mapas y se ha desarrollado un programa de colaboración y
relaciones con los ayuntamientos que incluye todo un catálogo de pequeñas
actuaciones y que va hasta la colaboración con agentes sociales, como
puede ser el ejemplo de los ganaderos en las campas de Aliva en torno al
control de la rata topo.
Lo que ha cambiado, como verán SS. SS., es el talante con el que nos
enfrentamos a los problemas de Picos de Europa. Estamos hablando mucho
con la gente, en una labor callada y pegada al terreno que ya se empieza
a reconocer en la zona. Estamos hablando sin sectarismos, sin considerar
que un ayuntamiento es mejor que otro o que un tinte político debe
implicar un trato singular para un determinado colectivo ciudadano. El
mayor acercamiento facilita los acuerdos sobre las demandas que plantea
la población que colabora en su realización o se busca con ellos
alternativas viables. En este proceso creo sinceramente, y sin intentar
apuntarnos ningún tipo de medallas, que hemos ganado poco a poco,
afortunadamente para la propia existencia del parque, en credibilidad. En
cualquier caso, no nos conviene caer a nadie en triunfalismos y aún
restan muchas cosas importantes por hacer. Todos empezamos a estar de
acuerdo en que los límites del parque nacional, aunque tal vez
corresponden a unidades geográficas, suponen muchas dificultades de
gestión al incluir términos municipales completos y numerosos pueblos. En
el ámbito de Castilla y León, parte del territorio del parque nacional se
superpone con un parque regional declarado, a su vez, por las Cortes de
Castilla y León. Todos estamos de acuerdo en que no tiene sentido que
sobre un mismo territorio existan dos regímenes distintos de protección,
y en esa línea los técnicos están trabajando para tratar de encontrar una
fórmula de equilibrio.
En resumen, señorías, el Ministerio de Medio Ambiente quiere que los
Picos de Europa sean un parque nacional, y precisamente un parque
nacional con los mismos ingredientes y requisitos que cualquier otro de
los parques nacionales de la red. Partimos por ello de una ley y, desde
su lectura consensuada, tratamos de que su aplicación no sea algo
impuesto sino aceptado. En este proceso todos tenemos mucho que aprender
y, sin duda, cosas que aceptar. El Ministerio está trabajando en una
línea lenta pero inequívoca: asegurar la viabilidad de la conservación de
los Picos de Europa, sobre la base de la consolidación como parque
nacional del conjunto formado por los tres macizos, por su vegetación, su
fauna y, en último pero no menos importante lugar, sus gentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para la réplica a la
comparecencia, las aclaraciones, etcétera, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, don Mariano Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Muriel, por su
comparecencia. La verdad es que esta batalla de los Picos de Europa
--podríamos llamarla así-- el Ministerio de Medio Ambiente la está
perdiendo sistemáticamente. Me sorprenden que diga que no sabe a qué se
refiere el grupo federal cuando le pregunta por los intereses
particulares de alcaldes de la zona, entre otras cosas, señor Muriel,
porque son sus propias declaraciones del día 9 de julio de 1997 --y tengo
copia de ellas-- publicadas en la prensa el día 10 de julio del mismo
año. Precisamente nuestro interés era saber si usted, al hacer las
afirmaciones de que existían por parte de algún alcalde popular --y leo
textualmente-- intereses particulares, podría aclararnos más esta
cuestión --nosotros coincidimos en que pueden existir esos intereses-- y
si continúan presentes en la zona. En aquel momento esto venía por la
confrontación en el intento de construcción de la carretera de Bulnes y,
por tanto, está claro a qué nos referimos, a sus propias declaraciones,
por lo que queremos que nos explique exactamente qué nos quería decir.
En todo caso este desgraciado tema de la carretera de Bulnes y el
funicular nos sorprende que, después de haberse comprometido inicialmente
en una posición bastante firme de evitar el tipo de acceso rodado que se
quería construir --que en nuestra opinión producía un impacto importante
en la zona--, que tenía un cierto amparo en el Plan de ordenación de los
recursos naturales ya que habla de que se procurará garantizar el acceso
rodado a todos los núcleos de población, etcétera, sin embargo se opta
por otra infraestructura, como es el funicular, en la que, después de un
aparente rechazo inicial por parte del Ministerio de Medio Ambiente,
pasan ustedes a ser promotores no sé si también, en un lapsus como el que
acaba de cometer, obviando
sus propios informes. En ellos --aquí tengo uno de sus anexos--, al
plantear el estudio de esta posible infraestructura, hablan de la
necesidad de contar con la preceptiva participación del patronato del
parque nacional de los Picos de Europa, la necesidad de ese informe
preceptivo, que es también de su propio ministerio, diciendo que se debía
intercalar el texto subrayado que dice que será trasladado para su
informe preceptivo al Ministerio de Medio Ambiente y al patronato del
parque nacional de los Picos de Europa. Usted sabe, como yo, que alguien
se ha encargado de agilizar todo el proceso para iniciar las obras tres
días antes de la constitución del patronato. Creo que eso sigue siendo
hacer trampas, entre comillas, para intentar buscar huecos y evitar ese
informe preceptivo con la excusa formal de que la infraestructura ya
estaba iniciada y, dado que no existía el patronato formalmente --por
cierto, con un retraso producido por la confrontación ente la
Administración, en este caso asturiana, y el propio Ministerio--, que
ustedes lo intenten avalar desde el Ministerio dice muy poco en su favor.
No se puede navegar permanentemente intentando, por una parte, aparentar
una posición firme y luego tragar con actitudes de este tipo que vulneran
el espíritu de la ley, aunque no la ley misma. Por tanto, queremos dejar
constancia de que esto ha sido así, porque además biológicamente no se
puede ocultar. Ahí están las máquinas empezando las obras deprisa y
corriendo, incluso sin tener todavía las dotaciones necesarias para
iniciar las infraestructuras, simplemente para buscar un hueco legal para
salvar esta situación.
En cuanto al funicular, precisamente la lectura que se puede hacer del
Real Decreto 640, de 1994, del párrafo final de su directriz sobre
limitaciones específicas, dice que se evitará la instalación de sistemas
mecánicos de arrastre y de remontes aéreos de nueva implantación. Es
decir, que la legislación en vigor es mucho más restrictiva sobre este
tipo de infraestructuras que sobre la de una posible carretera. Por
tanto, la actividad turística y sus infraestructuras en el parque están
todavía a la espera de que se elabore el famoso plan rector de uso y
gestión del parque, que está sin aprobar. También nos gustaría que en
esta comparecencia nos explicara en qué fase está porque ya llevamos más
de dos años de retraso sobre lo que marcaba la propia ley, más allá de
las incidencias que tuvo con el recurso ante el Constitucional, etcétera,
pero lo cierto es que continuamos sin un plan rector de uso y gestión. Y
sobre todo nos preocupa un problema de fondo, que es el problema real de
la gestión del parque, esta polémica entre comunidades autónomas que dio
lugar en primera instancia al recurso ante el Constitucional que, en
definitiva, vino simplemente a decir algo que era obvio: la necesaria
coordinación y participación de las comunidades autónomas en las cuales
está el parque para una explotación racional. Pero nos tememos, y al
menos todos los indicios van en ese sentido, que al final nos
encontraremos con tres planes de uso y gestión, uno por comunidad
autónoma, y ésa es desde luego una enorme preocupación porque, de hecho,
en la práctica es lo que está sucediendo. Es decir, en León se hacen unas
cosas, en Cantabria se hacen otras --tanto urbanísticamente como incluso
en la caza, con las anécdotas de las sucesivas detenciones de personajes,
en algunos casos relevantes, todavía en estos días--, y a su vez con los
recursos naturales de Asturias se hacen otras, con lo cual, después de
dos años de Gobierno de Partido Popular seguimos sin resolver un problema
de fondo que sabemos que es conflictivo y difícil de resolver, pero
sinceramente creemos que su Ministerio está perdiendo todas las batallas
frente a las posiciones de la comunidad autónoma de Asturias, que es la
mía. Creo que en su conjunto no se ha conseguido tener esa visión
integral de los Picos de Europa que promueva una serie de actuaciones
coordinadas y que impidan este tipo de situaciones que pueden llevar
además a estimular la competencia, entre comillas, de usos muy
perjudiciales para el parque en una carrera de remontes, de
infraestructuras turísticas entre comunidades, por intentar robarse unos
a otros visitantes al parque. Sinceramente este problema no está resuelto
y prueba de ello es que ese plan rector de uso y gestión no existe, no se
ha nombrado todavía un director real del parque, y creemos que ha habido
tiempo, quizá porque tampoco han encontrado ustedes el consenso necesario
y todo el mundo quiere que sea de su comunidad autónoma (me temo que van
por ahí las cosas) y no sé si tendremos que buscar a un director que haya
nacido en Asturias pero que su padre sea de Cantabria y su hermano de
Castilla y León (Risas.), porque sinceramente creo que está bastante
complicado.
Nos preocupa también el tema del tren de cremallera. Yo creo que ahí han
tenido también otro pequeño lapsus. Usted ha hecho unas declaraciones
recientes diciendo en esta cuestión un poco esperpéntica del tren de
cremallera que es una opción que el Principado debe madurar. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) El problema de los accesos del parque
no es en este caso de la Comunidad Autónoma de Asturias, sino que al ser
un problema de los accesos al parque es precisamente Medio Ambiente y el
parque los que tienen que opinar antes que nadie sobre cualquier idea
genial para los accesos al parque. Todo el mundo reconoce que hay un
problema de saturación en la entrada por Covadonga que solamente se puede
solucionar restringiendo el acceso al parque, intentando evitar las
aglomeraciones de vehículos, sobre todo en la zona de los lagos de
Covadonga, pero creo que no es correcto quitarse los balones de encima
diciendo que el tren de cremallera es una opción que el Principado debe
mover; es el Ministerio el que tiene que ponerse firme de una vez y
resolver este conflicto que lleva arrastrando dos y tres años.
Efectivamente hay que dialogar en la zona, pero desde luego no hay que
dejar que los presidentes de las comunidades autónomas se impongan porque
automáticamente nos hemos cargado la filosofía y el fondo de la cuestión,
que es la defensa del parque nacional como territorio integrado y que da
la casualidad de que afecta a tres comunidades autónomas. Por tanto,
sobre este tema la pregunta es qué sabe usted del tren de cremallera, qué
opinión le merece y a quién corresponde, según usted, decidir sobre los
accesos al parque.
Sobre la comisión mixta de gestión quería preguntarle cuándo se prevé que
se constituya, entiendo que es una figura nueva por la que se atiende a
la sentencia del Constitucional
sobre cogestión de los parques, y también qué otros parques nacionales,
según ustedes, deben formar parte de la misma, por darse la situación de
que se puedan ver afectados por la misma sentencia.
Respecto al plan director de parques nacionales y el consejo de la red de
parques nacionales, la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 4/1989 crea el consejo de la red de parques nacionales;
por tanto, su composición y funcionamiento se determinarán
reglamentariamente. La pregunta es cuándo estará constituido el consejo
o, en todo caso, cómo va este tema; la misma ley determina la elaboración
de un plan director de parques nacionales por el organismo parques
nacionales en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la
ley. El plazo acaba a primeros de noviembre y la pregunta es en qué fase
de elaboración está el plan.
Por último, en la Ley 41/1997, a la hora de relacionar los parques
nacionales que pasan a formar parte de la red de parques, se denomina por
error --a pesar de que Izquierda Unida lo planteó y se nos dijo que no
era un error, que era un problema jurídico de cómo se arrastraba la ley
anterior--, o por requisitos legales, como montaña de Covadonga, lo que
es el parque nacional de Picos de Europa. Creemos que es algo que hay que
corregir porque esto tiene en el fondo una cuestión, y es que hay
miembros del Gobierno que opinan que el parque nacional de Picos de
Europa debería ser sólo la montaña de Covadonga, como era antiguamente;
es decir, quieren restringir. Por tanto, nos preocupa que al final se
consolide una idea que existe, y nos consta en ámbitos también de la
comunidad autónoma de Asturias, de intentar buscar una fórmula en el plan
de uso y gestión que nos hable de desregular de alguna forma o de
levantar protección en algunas zonas del parque, sabiendo efectivamente
que sobre todo en aquellas zonas en las que hay ciudadanos, que están
habitadas, hay que tener en consideración esa situación y que tampoco se
puede impedir la vida normal de los vecinos de esos pueblos, pero al
mismo tiempo creemos que tampoco se puede al final de toda esta guerra
terminar con reducir el parque real solamente a la montaña de Covadonga.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista el señor Ros tiene la palabra.
El señor ROS MAORAD: Buenos días, señor Muriel. Me gustaría hacer algunas
reflexiones ante esa información tan suave, delicada y cauta que usted
acaba de dar sobre los Picos de Europa. Creo que en el fondo hay una
cuestión, que no la digo por ser de la oposición sino porque me parece
que es una realidad, y es que el Partido Popular nunca ha creído en su
conjunto en el parque nacional de los Picos de Europa. Eso se nota a
través de múltiples manifestaciones. En primer lugar, recuerden SS. SS.
cómo cuando se aprobó la ley que daba a luz el parque nacional de los
Picos de Europa, la Ley 16/1995, de 30 de abril, el Partido Popular en
este Congreso votó en contra. Tuvo perfecto derecho, no diré que no, pero
votó en contra. En segundo lugar, también es conocido de todas SS. SS. un
número importante de recursos sobre las modificaciones posibles de esa
ley. Posteriormente, no sólo ha habido estas manifestaciones de
posicionamiento político legal, de ir en contra de la declaración del
parque nacional de los Picos de Europa, sino que creo y mi grupo opina
que ha habido a lo largo de este tiempo multitud de agresiones a ese
territorio de todo tipo. A mí, señor Muriel, me alegra enormemente,
créame, que lo que hace un año era una defensa numantina de la señora
ministra de Medio Ambiente, legitimando la caza de rebecos en parte de
Picos de Europa, hoy nos haya dicho usted que está en vía de solución y
hoy mismo la prensa trae que en una parte de Picos de Europa han sido
detenidas dos personas por cazar de forma furtiva cuatro rebecos. Sabe
que hace un año éste no era el debate, sino que era justificar que
algunas personas del régimen del señor Aznar, muy destacadas, pudieran
cazar en los Picos de Europa, sabiendo todos que aquello no se podía
hacer, no solamente sobre la base de los tipos de permisos, licencias,
etcétera, que había, sino sobre la base tanto del Real Decreto 640/1994,
como de la Ley 16/1995, como de la propia ley asturiana, donde cualquiera
de ellas, se eche el ojo por donde se eche, dice que se prohíbe la
captura o persecución injustificada de animales silvestres; la captura,
recolección o persecución no controlada por la dirección del parque de
animales silvestres; se prohíbe introducir y portar en el interior del
parque nacional armas de cualquier tipo, excepto las debidamente
autorizadas. Sin embargo, hubo un empecinamiento en defender, incluso en
una pregunta en el Pleno de este parlamentario, con gran vigor por parte
de la ministra ese tipo de actividad. Por tanto, créame que me alegro de
que eso pueda estar en vías de solución. Pero ha habido más agresiones,
porque en esa especie de combate pugilístico que mantiene el presidente
del Principado de Asturias, del Partido Popular, con la señora ministra
de Medio Ambiente, del Partido Popular, al final quien paga el pato es el
parque.
Empezaré por referirme a la famosa carretera de Bulnes. Ustedes ahí han
chocado hasta con la Iglesia. Ustedes volvieron de Semana Santa con ese
halo de incienso del balcón de procesión del Cachorro o de la Macarena,
donde todo el Gobierno aparecía en esos balcones. (Por cierto, este año
cambiaron el balcón de Carabaña por otros balcones andaluces, cosa que
tampoco criticaré, porque cada uno va en compañía de quien quiere.) Pero
sabe que incluso ha sido el propio abad de Covadonga quien ha dicho que
eso de hacer un tren de cremallera parece demasiado. Eso abrió, por otra
parte, lo que a mí me parece otra desgracia para Picos de Europa, y es la
permanente manifestación en los medios de comunicación de una gresca
entre el presidente del Principado y la señora ministra. Pero no me lo
invento yo por ser de la oposición, sino que aquí pone que estalla la
guerra entre Marqués y Tocino. Tielve afirma que el ministerio conoce
perfectamente el proyecto: La carretera se adjudica y, si no, acabaremos
en los tribunales. El presidente anuncia el acceso a Bulnes --ahora se
refería a lo de Bulnes-- pese a la negativa ministerial. Es decir,
comentarios de todo tipo. Incluso le meten a usted por medo diciendo que
conocía el proyecto, luego usted decía
que no lo conocía... Yo creo que esto no ayuda a que las cosas se hagan
bien en Picos de Europa. Si la ministra quiere guerra, la va a tener,
dice el alcalde de Cabrales, que también creo que es del Partido Popular
(además de tener un excelente queso). Sinceramente, deberíamos cuidar
estas cosas sobremanera e impedir que cada uno tenga un proyecto. Al
final esto se ha concretado en un proyecto con el que tampoco estamos de
acuerdo, aunque parece que ya se ha desechado.
En cuanto al tren de cremallera, ahí no es que haya prensa, sino
auténticos vagones de documentos: El Gobierno de Asturias instalará un
tren de cremallera hasta los lagos de Covadonga. Nadie lo desmiente, y es
el propio Gobierno el que lo dice. Otro tren de cremallera se construirá
en el parque Picos de Europa. El Parlamento de Asturias se opone al tren
de los lagos de Covadonga. No quiero cansar a sus señorías. El Gobierno
regional da marcha atrás --es muy adecuado el símil periodístico
tratándose de un tren-- en el proyecto del tren de cremallera de
Covadonga; ya digo que incluso hasta la propia Iglesia se ha manifestado
en contra. Sin embargo, ustedes al final son promotores de un funicular
en los Picos de Europa. Eso es cierto. Como bien decía el señor Santiso,
y no vamos a ser malpensados, después de 29 meses sin formarse el
patronato del parque, las obras comienzan justo tres o cuatro días antes
de producirse la primera reunión del patronato que, por cierto, una vez
más para los Picos, fue absolutamente conflictiva, ya que hubo alcaldes
que se salieron, otros protestaron, movimientos ecologistas protestaron
por las obras que se habían iniciado y, sobre todo, por un plantón que
les había dado la señora ministra, porque el patronato había justificado,
y nadie lo ha desmentido, esos retrasos diciendo que como era la primera
vez que se iba a producir esa convocatoria del patronato, iba a acudir la
señora ministra. Se retrasó hasta tres veces. La señora ministra no fue y
el patronato se reunió, pero para entonces ya estaba en marcha la obra
del funicular.
Los informes que ustedes tienen en el ministerio sobre las tres
alternativas --que no le repetiré porque usted las conoce perfectamente--
dicen, como conclusión, que las tres producen impactos de calificación
elevada. Eso, repito, es lo que dicen los informes de los técnicos: que
las tres alternativas consideradas producen impactos de calificación
elevada. Así pues, durante este tiempo, con tantos conflictos, el
patronato no ha estado formado y se constituye, por fin, dentro de un
ambiente que tampoco es bueno para los Picos de Europa, dentro de ese
follón en que se ha desenvuelto la vida de Picos de Europa.
Yo creo, señor Muriel, que usted sí que sabe qué interés hay detrás de
tanto inconveniente al desarrollo normalizado del parque de Picos de
Europa, qué interés hay detrás de tanto obstruccionismo, que contrasta de
forma clara con la agilidad y la diligencia en la construcción del
funicular de Bulnes. Las obras del funicular, señor Muriel, usted sabe
que se están haciendo en contra de la opinión de casi toda la gente,
podría pensar que incluso en contra de su propia opinión, por eso llamaba
la atención que la señora ministra, cuando se produce el gravísimo
problema de Doñana, dijera: ¿y dónde están los ecologistas? Aquí tenía a
los ecologistas, en los Picos de Europa. Podía haberles escuchado y no
organizar una bronca en otras latitudes, como hizo.
No se trata de oponernos al funicular por oponernos, se lo digo
sinceramente. He estado estudiando todas las alegaciones y lo que se ha
contestado a cada una, y las alegaciones aguantan casi todo y las
respuestas también, pero me parece que hay algunas cuestiones que son
evidentes y que están en el aire; es decir, que se diga lo que se diga en
las respuestas a las alegaciones, ese funicular, en su túnel de 2.300
metros, va a atravesar una serie de capas freáticas y no se sabe el
comportamiento que van a tener esos niveles. Hay problemas que todavía
están en el aire. Usted sabe, señor Muriel, que con ese proyecto parece
que hay que mover unos 70.000 metros cúbicos de escombrera para
depositarla en el parque o fuera del parque, y me ha llamado la atención
que entre las alternativas que hay tampoco se define perfectamente.
Además, hay algo que no se puede discutir. Nadie va a pensar que un
ciudadano, sea de Bulnes o de Calahorra, no tiene perfecto derecho al
final del siglo XX, ya casi en el XXI, a estar perfectamente comunicado,
pero, señor Muriel, me tendrá que reconocer que hay motivos suficientes
para sospechar que el funicular de Bulnes no está tanto en relación a ese
derecho que tienen esos escasísimos habitantes (pero no por eso con menos
derechos) de Bulnes como a la infraestructura que se está montando,
porque ese funicular va a permitir que puedan acceder a Bulnes 250
personas a la hora, que es lo mismo que 570.000 personas al año. Esa es
la capacidad que reconocen los propios informes que puede tener el
funicular.
El señor PRESIDENTE: Señor Ros, vaya terminando.
El señor ROS MAORAD: Voy terminando, señor presidente.
Por tanto, no le voy a hacer la broma de que ustedes, en lugar de un
parque nacional, están montando un parque de atracciones, pero reconocerá
que hay una tremenda desproporción entre esa infraestructura y el derecho
legítimo de los habitantes de Bulnes.
Para terminar, quisiera decirle que me alegra que ustedes hablen mucho;
me gustaría que, además, sus criterios triunfaran alguna vez en esos
ámbitos. Solamente le preguntaré dos o tres cosas respecto al plan rector
de uso y gestión. Espero que ese documento, al menos, esté de acuerdo con
el artículo 7; es decir, que las obras tengan que someterse a
información, que es al menos lo que dice la ley. Eso imagino que lo va a
cumplir, pero además hay una cosa que me gustaría que me dijera. Cuando
usted compareció con motivo de los presupuestos me intentó convencer de
que los parques nacionales iban a nadar en la abundancia presupuestaria a
pesar de que yo, como mal agorero, le decía que eso era muy difícil de
explicar cuando, por ejemplo, el parque nacional de Cabrera pasaba de 93
millones a 14, o que, en el caso de Picos de Europa, se pasaba de 268
millones a 16, en el caso de Ordesa, de 193 millones a 16, y así
sucesivamente. Y usted me dijo en aquella ocasión que no pretendían
repartir el dinero entre los parques, sino
llevar a cabo una serie de programas y de planes en los parques que
rentabilizaran más ese dinero. Pues bien, yo le pido, señor Muriel, que
en el caso concreto del parque nacional de Picos de Europa --si no tiene
los datos en este momento nos los puede enviar a través de la Mesa-- nos
indique el estado de los programas que usted dijo que iba a llevar a
cabo. Me gustaría que me explicara la situación de los siguientes
programas: conservación, uso público, mejora del medio forestal, nuevas
instalaciones de manejo de fauna y de flora, nuevas instalaciones de uso
público, nuevas instalaciones de educación ambiental, infraestructuras de
apoyo a la gestión y conservación y recuperación del medio natural. Me
interesaría mucho conocer la situación de estos programas porque yo lo
que quiero, me imagino que al igual que usted, es que los parques
funcionen bien y tengan capacidad presupuestaria para llevar a cabo los
fines y los objetivos que les marca la ley. Usted, en aquella ocasión,
dijo que iba a haber dinero y yo lo ponía en duda; por tanto, le pediría
que, si cuenta con los datos detallados de estos programas, nos los dé a
conocer. Si no los tiene hoy aquí nos los puede enviar a través de la
Mesa, puesto que yo le solicitaré por escrito la situación de cada uno de
los programas de los parques nacionales que en estos momentos hay en
marcha. No quisiera volver a aquel debate, señor Muriel, no vaya a ser
que no se estén llevando a cabo estos programas en los parques nacionales
y al final concluyamos con aquel famoso programa del Camino de Santiago,
aquel programa místico y ascético de una gran importancia medioambiental,
pero creo que Picos de Europa, al menos, alguna importancia
medioambiental debe tener.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBO: Muy brevemente, porque creo que es mejor que don
Juan Luis Muriel conteste a las numerosas preguntas que se han planteado.
Lo que sí quería indicar es que, desde la declaración del parque nacional
de Picos de Europa en 1995, este parque ya presentó numerosos problemas
derivados, sin duda, del hecho de querer declarar un parque nacional
impuesto desde el Gobierno. Las primeras actuaciones que ha llevado a
cabo el Gobierno del Partido Popular y el Ministerio de Medio Ambiente ha
sido modificar el modelo de gestión de los parques nacionales, y gracias
a ese nuevo modelo de gestión de parques nacionales ya no volverá a
suceder lo que ocurrió con Picos de Europa, es decir, que las comunidades
autónomas en cuyos términos se encuentre ubicado el futuro parque
nacional van a ser las que van a proponer al Gobierno de la nación que la
zona sea declarada parque nacional.
Partiendo del principio anómalo que se impuso, puesto que se le declaró
parque nacional en contra de la opinión de los habitantes de la zona, sin
contar con el consenso de los habitantes de la zona, de los municipios y
de las propias comunidades autónomas, este parque ha tenido, como he
dicho anteriormente, numerosos problemas que el Partido Popular, a su
llegada al Gobierno, se encontró con que había que resolver. Hace poco
más de un año estuve en Picos de Europa y allí lo único que había era
poco más que señalización en lo que era el antiguo parque nacional de la
Montaña de Covadonga, es decir el nuevo parque nacional no tenía ni
siquiera señalización; también quería decir que el nuevo modelo de
gestión impuesto por ley desde el año 1997 es un modelo de gestión en el
cual van a participar las comunidades autónomas, por ello me extraña que
tanto el representante del Grupo de Izquierda Unida como el representante
del Grupo Socialista indiquen que el ministerio debe imponer determinadas
cosas. Tal vez ignoran que el nuevo modelo de gestión no dice que el
ministerio imponga, sino que habla de la cogestión, cogestión entre el
ministerio y las comunidades autónomas. Y creo que para conseguir esa
cogestión, como ha indicado don Juan Luis Muriel, el secretario general
de Medio Ambiente, nada mejor que el diálogo, la aceptación y un talante
dialogante para conseguir que los habitantes de la zona, los municipios y
las comunidades autónomas se pongan de acuerdo para trabajar todos de una
vez por siempre. Esas comunidades autónomas, que estarán representadas en
la Comisión mixta de gestión, serán las que, junto con el ministerio,
decidirán todos los órganos que van a gestionar este parque.
Nos alegramos de que ya esté constituido el patronato y de que empieza a
cumplir las funciones que tiene encomendadas, y queríamos preguntarle al
al secretario general de Medio Ambiente cuándo va a publicarse el plan
director de la red de parques nacionales. Entendemos que la publicación
de este plan director es algo esencial para que todos los parques
nacionales tengan unas características comunes y trabajen todos en el
mismo sitio.
En el caso de Bulnes, creemos que de las alternativas propuestas, la
menos dañina, la menos nociva para el medio ambiente, es la del
funicular. Creo que estarán de acuerdo los representantes de los demás
grupos en que de todas las alternativas es la que menos impacto produce
en el medio ambiente. Nos alegra saber que las obras que se han iniciado
se hacen con un cuidado exquisito para no dañar el medio ambiente, o para
dañarlo lo menos posible.
Pero nos preocupa también --y parece que esto no preocupa al resto de los
grupos parlamentarios-- el medio ambiente en la zona de los lagos de
Covadonga y en el área de servicio de Bufarrera. No estamos de acuerdo en
que éste sea el modelo que queremos para un parque nacional. Los atascos
que se producen en la carretera de subida a los lagos de Covadonga, el
área de servicios que tenemos en la parte alta, saturada de gente y de
coches, no creemos que sea un modelo de gestión, un modelo para un parque
nacional, y no podemos creer que los señores representantes de Izquierda
Unida y del Partido Socialista quieran este modelo. No es lógico que el
parque nacional en una zona de Castilla y León esté superpuesto con un
parque regional; creemos que son dos figuras superpuestas y, por tanto,
es algo innecesario.
Al señor portavoz de Izquierda Unida, que ha indicado que en la ley de
1997 se habla todavía del parque nacional de la Montaña de Covadonga,
quería decirle que la lista de parques nacionales que está en la ley se
refiere a los parques nacionales, no que hay en el año 1997, sino los que
había en otro momento, por esto se habla de Montaña de Covadonga, que
ahora todo el mundo lo conoce ya como parque nacional de Picos de Europa.
Al señor Ros querría decirle que, al igual que la portavoz en la
Comisión, la señora Narbona, ambos tienen fijación con la señora ministra
y esto no les deja ver los problemas. Tienen una fijación absoluta y
extrema que les impide ver las realidades y los logros del Partido
Popular. Creemos que el Ministerio de Medio Ambiente ha abierto un nuevo
frente, en el sentido de que está dialogando con la población, está
intentando que las cosas se hagan por consenso, por acuerdo y creo que en
un parque nacional que está formado por tres comunidades autónomas ésta
es la única forma de resolver todos los problemas que hay. Nos alegra que
el problema de la caza se haya resuelto, es un tema que no puede
resolverse de la noche a la mañana, y la noticia del periódico que nos ha
leído el señor Ros creo que es una buena noticia.
Finalmente, el señor Ros también comentaba que, como nosotros votamos en
contra del parque nacional en el año 1995, cree que nuestra política es
de obstruccionismo respecto al parque nacional. Señor Ros, desde el
Partido Popular, aunque votáramos en contra del parque nacional por la
forma anómala en la que se creó, nosotros cumplimos y acatamos la ley. La
ley se aprobó en el Congreso de los Diputados de forma mayoritaria y, por
consiguiente, nosotros acatamos la ley. Lo que ocurre es que ahora el
Ministerio de Medio Ambiente debe resolver el entuerto que ustedes
crearon en 1995.
El señor PRESIDENTE: Don Juan Luis Muriel tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Gracias,
señor presidente y señores portavoces por sus intervenciones. Quiero
agradecer ese deseo manifestado con tanto interés por el señor Ros de que
los criterios del Ministerio de Medio Ambiente triunfen y en ello estamos
empeñados, no por el bien de ningún ministerio o personaje político en
concreto, sino por la preservación de nuestros parques nacionales, que
son los ecosistemas emblemáticos del territorio nacional.
Quiero agradecer al Grupo Federal de Izquierda Unida la oportunidad que
plantea en esta Cámara para hablar sobre uno de esos espacios, el de
Picos de Europa, y quiero animar a ese grupo y a los demás a que planteen
cuantas cuestiones estimen oportunas sobre los parques nacionales, porque
entiendo que éste es un debate nacional y no territorial de cada
comunidad autónoma donde está incluido cada parque, es algo que compete a
todos. Como la propia ley 4/1989 declaraba y la posterior reforma, la ley
41/1997, recogía, compete a esta Cámara la declaración de esos espacios,
se declaran porque son de interés general de la nación y en esta Cámara
--en la que reside el interés general de la nación-- es donde debe
sustentarse fundamentalmente cualquier tipo de debate o de planteamiento
sobre parques nacionales. Por tanto, quiero agradecer al Grupo Federal de
Izquierda Unida esa oportunidad para hablar de parques nacionales con los
representantes de los ciudadanos y animar y estimular a todos los grupos
parlamentarios a que cualquier cuestión que quieran plantear sobre estos
temas la traigan bien a esta Comisión o al Pleno del Congreso de los
Diputados, según estimen conveniente.
Señor Santiso, lo que yo he dicho hoy sobre Picos de Europa es lo que va
a estar negro sobre blanco, en un «Diario de Sesiones» y, desde luego, es
de lo que yo me responsabilizo. Es decir, lo que yo he dicho hoy va a
quedar perfectamente transcrito y usted podrá recurrir a ello cada vez
que quiera controlar la acción de este secretario general o del Gobierno,
como hace el señor Ros con una comparecencia anterior ante la Comisión de
Presupuestos. Creo que en un Estado democrático lo que no debemos exigir
es que cualquiera tenga que ser un notario, tenga que recoger fielmente
lo que dice el político de turno o exigir a un periodista que haga la
labor que hacen estas señoras, tan magníficas taquígrafas, en el
Congreso; no podemos exigir a todos los profesionales españoles que hagan
lo mismo. Bajo ese punto de vista, a veces no hay que tomar
necesariamente lo que aparece publicado como la esencia de lo que uno ha
dicho; puede haber un fondo de realidad, pero le animo a que cuando
quiera controlarme antes me pregunte si mantengo o no eso y si lo he
dicho o no. Por eso le digo que lo que aparezca hoy en el «Diario de
Sesiones» sí lo he dicho y me responsabilizo de ello.
Usted manifiesta que estamos perdiendo todas las batallas. Cada uno
cuenta la guerra según le viene y según su particular visión personal. Yo
le tengo que decir que en absoluto es cierto. Este parque nacional se
declara en la primavera de 1995. Es un parque nacional al que no se pone
un director, al que no se le dota de medios humanos ni económicos
específicos, sino que se siguen utilizando los que había en la antigua
montaña de Covadonga, cuando el parque se triplica en extensión; es un
parque cuyo patronato no se constituye, es un parque cuyo plan rector de
uso y gestión no se redacta y cuyo plan de desarrollo sostenible tampoco
se redacta, aunque la ley da unos plazos inmediatos y perentorios para su
constitución. Todo esto no se hace. Además, como usted sabe, se produce
con la declaración anterior de un parque regional por otro parlamento
distinto de éste (que es el que tenía las competencias para la ordenación
de los recursos naturales en su territorio), el de Castilla y León, que
declara un parque regional con anterioridad a éste. Además se produce,
como saben SS. SS., un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo
la derogación de la ley de Picos de Europa por parte de otra comunidad
autónoma.
Hoy, básicamente, el panorama descrito ha cambiado. Además, curiosamente,
un mes después de la aprobación de esta ley por las Cortes, se produce
una sentencia del Tribunal Constitucional, de junio de 1995, que entiendo
que SS. SS. conocen perfectamente, que define un nuevo modelo de juego,
donde queda claro que las competencias de ordenación de los recursos
naturales son de las comunidades autónomas; por tanto, que les
corresponde redactar los planes rectores de uso y gestión y que la
gestión de los parques nacionales, que hasta entonces era exclusiva del
Estado, debe ser compartida con las comunidades autónomas.
Creo, señoría, que buena parte de las pegas que pone usted a nuestra
gestión son pegas que S. S. pone a la sentencia del Tribunal
Constitucional, y ahí usted y yo tenemos pocos caminos, como no sea el de
reformar la Constitución, y no sé si merece la pena que la reformemos
para esto en concreto.
También he oído otros muchos pronunciamientos como que prefiere otros
modelos de gestión para los parques, prefiere que el Estado siga
manteniendo, de alguna forma, su control sobre los parques, pero éstos
son deseos y la realidad del ordenamiento jurídico español es la
reflejada en esa sentencia del Tribunal Constitucional que a este
Gobierno, como a cualquier otro, lo le cabe más que respetar y, desde
luego, aplicarla.
Quiero decir que en ese sentido algo ha cambiado. Por ejemplo, ya tenemos
un patronato constituido, el cual no responde a criterios de este
Gobierno; es decir, ahí hay representantes de otras administraciones
públicas, soberanas, hay representantes de otras organizaciones sociales
y, lógicamente, el patronato configurado en la ley no lo constituye o lo
convoca el Gobierno de una forma firme o tajante, como a usted le
gustaría, sino que hay que hacerlo mediante un nivel adecuado de consenso
y participación y de involucrar a todas estas administraciones y
colectivos en ese patronato. Y eso se ha conseguido ahora;
voluntariamente las comunidades autónomas, los municipios, las
asociaciones agrarias, las asociaciones no gubernamentales, los
alpinistas, las universidades han decidido participar en ese proceso,
cosa que, créame usted, no se produce de forma espontánea, sino que
responde a una serie de acciones que se ponen en marcha. Y por responder
también al señor Ros, que nos reprocha el que en 29 meses no haya habido
patronato, le diré que, de esos 29 meses, 16 le corresponden al Gobierno
anterior; por tanto, pídame usted cuenta de los 13 que nosotros hemos
tardado en ponerlo en marcha, pero finalmente lo hemos hecho. Así pues,
señor Santiso, verá entonces que la diligencia no es la misma ni el
interés tampoco por parte de unos y de otros.
Ese parque, a pesar de que le moleste a algún diputado, no ha tenido una
plantilla específica, puesto que lo que era la miniplantilla de Covadonga
se traslada a las 64.000 hectáreas. Ese parque ya tiene una plantilla
específica, convenientemente dotada, que próximamente, además, para que
no haya dudas, saldrá a concurso como Dios manda para que todos aquellos
funcionarios o ciudadanos de una comunidad autónoma o de la
Administración general del Estado que quieran participar echen su
currículum, se presenten al concurso y obtengan su plaza en buena lid.
Verá usted que tampoco es un procedimiento especialmente opaco, y eso se
ha conseguido ahora, a pesar de que, por ejemplo, los presupuestos de
parques nacionales fueron votados en contra por SS. SS. (Risas.) Señora
Narbona, no ser ría. Me pregunta el señor Ros por la ejecución de los
presupuestos y la alegría en parques nacionales y yo le digo que hemos
pasado de tener 16 funcionarios a tener cerca de 50. La alegría se nota
y, además, como digo, en pocos meses.
Me preguntaba asimismo por el plan rector de uso y gestión y les he dicho
claramente que ya hay un documento de objetivos que debe recoger tal
plan. En el nuevo modelo de parques nacionales, señoría, el Estado,
rompiendo viejas costumbres, no es el que ordena y manda, sino que es el
que se sienta a la mesa y negocia; el ordenar los recursos naturales de
una zona, el definir cómo se va a gestionar es competencia de las
comunidades autónomas. Ya hay un acuerdo con las tres comunidades
autónomas sobre cómo se tiene que hacer eso, pero aparte no es Parques
Nacionales el que tiene que decir: ahora se aprueba esto. Hay constituido
un patronato del parque nacional que tiene que informar favorablemente
esos criterios, y eso lo vamos a hacer en la próxima reunión de junio,
sobre lo cual supongo ustedes podrán leer en los periódicos, además de
que yo se lo diga hoy aquí y me comprometa fehacientemente a hacerlo.
Y le digo más: por interés de las administraciones públicas, y siempre
que el patronato vaya aprobando los sucesivos borradores, que, insisto,
es el modo de trabajar del nuevo modelo de parques nacionales, al menos
nosotros, por lo que tenemos hablado con unos y con otros, estamos en
condiciones de que ese plan rector de uso y gestión vaya a estar aprobado
antes de que finalice el año. Matizo, aprobado al menos por el patronato
del parque y por la Comisión mixta de gestión, porque saben SS. SS. que
este tipo de documentos hay que someterlos después de un período de
información público y alegaciones que, de alguna forma, pueden retrasar
algo o distorsionar alguno de los plazos que le marco. Pero aprobado por
la Comisión mixta, es decir, con el visto bueno de las tres
administraciones, y aprobado por el patronato el órgano de participación
y representación social, va a estar listo y aprobado antes de que
finalice el año.
También quiero decirles a SS. SS. que, en un grado más inmaduro, está
redactándose por parte de técnicos de las tres administraciones y de
Parques Nacionales lo que puede ser el futuro plan de desarrollo
sostenible del parque de Picos de Europa, en relación con el cual, como
SS. SS. saben, la ley exige previamente que esté aprobado el plan rector
de uso y gestión antes de poner en marcha dicho plan de desarrollo
sostenible. Pero igualmente les anticipo que, a lo largo de las sucesivas
reuniones que vaya a mantener el patronato este año, se podrá ir
informando de los criterios que tenga ese plan de desarrollo sostenible.
Finalmente tengo que decir a SS. SS. que el recurso planteado ante el
Tribunal Constitucional por una comunidad autónoma pidiendo la no
constitucionalidad de la ley de Picos de Europa ha sido retirado. En este
momento Picos de Europa no tiene ningún recurso legal contra el régimen
jurídico que lo define. Si SS. SS. estiman que con este plan rector
esbozado, con este patronato nombrado, con esa plantilla definida, con
ese recurso retirado no se ha avanzado algo, es su labor criticarlo, pero
creo que están siendo cicateros porque, insisto, hay 16 meses anteriores
de un vacío absoluto y 13 meses posteriores que poco a poco se están
llenando de contenido, pero con una diferencia, no por el sistema de
ordeno y mando en el que el Gobierno de la nación y el organismo autónomo
Parques Nacionales hacen lo que les viene en gana, sino por el sistema
del diálogo, del encuentro y del consenso
con los agentes sociales y las administraciones públicas interesadas.
Sus señorías también han ido desgranando otros asuntos, por ejemplo el
funicular de Bulnes. No es un remonte aéreo, señor Santiso; entiendo que
usted, como yo, no lo definirá como un remonte aéreo; por tanto, no veo
esas limitaciones que usted encontraba en el plan de ordenación de los
recursos naturales. Coincido con usted en que el patronato no lo informó
previamente, pero usted sabe que en su reunión constitutiva, de forma
abrumadoramente mayoritaria, santificó el proyecto. No le digo que se
haya cumplido con ello el trámite de información previa, pero sí que este
medio de acceso a Bulnes ha pasado de contar con el beneplácito del
Principado de Asturias y las otras administraciones autonómicas y el
Ministerio de Medio Ambiente a contar también con el beneplácito del
patronato, cuya composición usted conoce.
Contestando al señor Ros, no se puede sorprender de que en un Estado
democrático de Derecho, en el que las libertades de expresión deben estar
garantizadas, las organizaciones no gubernamentales, tengan a bien
manifestar su criterio contario. ¡Faltaría más! Afortunadamente pueden
definirse libremente sobre cualquier actuación que se realice por las
administraciones públicas. ¿Que se manifiestan en contra?, ¡bendito sea
el Señor! Pueden hacerlo, y nos parece perfectamente aceptable y
respetable su posicionamiento, pero permítame que no estemos de acuerdo.
No es necesario que estemos de acuerdo, pero sí es importante que
conozcan los proyectos y que puedan manifestar su criterio, y para eso
creo que el patronato tiene una virtualidad para manifestarse en ese foro
que antes no tenían las asociaciones ecologistas.
Me preguntaba también (y perdonen que sea un poco desordenado, pero han
sido muchas las cuestiones planteadas), señor Santiso, por el asunto del
tren de cremallera de acceso a los lagos de Covadonga. De momento no hay
en la Consejería de Fomento del Principado de Asturias ningún proyecto de
tren de cremallera para acceder a los lagos, hay un borrador de ideas y
de posibles trazados, pero no tiene la categoría de proyecto; es un
borrador que no conoce el organismo autónomo Parques Nacionales y, por
tanto, no puede pronunciarse sobre él. Eso no quita para que le haga dos
consideraciones. El mayor problema que tiene en la actualidad el parque
nacional de Picos de Europa, por encima de otros problemas que han tenido
mayor difusión en los medios de comunicación, es el absoluto acceso
incontrolado a las pistas de Aliva, que hacen de aquello una auténtica
autopista de todo terreno en los meses veraniegos con unos impactos
fortísimos al medio natural: a la vegetación, al suelo y a la fauna. Ese
es el principal problema que tiene el parque nacional y pido a SS. SS. y
a sus respectivos grupos parlamentarios en el Principado de Asturias y en
Cantabria que echen una mano a Parques Nacionales para hacer posible un
control efectivo este verano. Eso significa adoptar medidas impopulares
que Parques Nacionales, en colaboración con las otras administraciones
públicas, va a adoptar. Nos sería muy conveniente para evitar la alarma
social contar con ese apoyo parlamentario. Si SS. SS. no lo estiman
conveniente, porque entienden que esto no es un problema de Picos de
Europa sino que es una ventaja que cualquier todo terreno deambule por
una zona de reserva del parque nacional o por el corazón de los Picos de
Europa, yo sentiría no tener ese apoyo, pero créanme que estamos
determinados a evitar ese importante impacto al medio natural que es el
acceso absolutamente incontrolado desde el año 1995 a los puertos de
Aliva.
El segundo grave problema que tiene Picos de Europa es el acceso a los
lagos de Covadonga, carretera que, como saben SS. SS., no es propiedad de
Parques Nacionales, sino del Principado de Asturias. El acceso a los
lagos de Covadonga se mezcla también con el importante flujo de personas
y de ciudadanos, de visitas, que recibe el propio santuario de Covadonga,
con lo cual se crean dos flujos distintos, que en algunos casos son el
mismo, porque hacen la primera parada en Covadonga y después suben hasta
los lagos, pero crea unos auténticos problemas de acceso en los meses de
verano, en la época buena, en los puentes, en fin, en lo que podemos
considerar temporadas altas, con más de cuatro mil vehículos en el
corazón de Picos de Europa. A mí desde luego eso no me parece ejemplar ni
me parece un modelo de desarrollo sostenible ni me parece una forma de
interpretar lo que es la realidad de un Parque Nacional. Es una visita
sin calidad, con un importante impacto al medio natural, y desde luego se
produce un auténtico caos en la zona superior de los lagos, con
aparcamiento indiscriminado, destrozo de las praderías, basura por todos
los lados, que no es un ejemplo a seguir ni un ejemplo a permitir.
Frente a ese modo de transporte privado masivo y sin calidad para el
conocimiento y la realidad de los lagos, con deterioro real del paisaje y
del medio natural, entiendo que habría que poner en marcha un sistema de
uso público controlado, no impactante, y que evitara la contaminación de
esa zona. Yo no sé si el tren de cremallera será la solución. Insisto, no
hay un proyecto sobre la mesa, pero son soluciones que tenemos que buscar
entre todos, y desde luego sustituir los coches por taxis tampoco me
parece que sea un sistema de uso público al alcance de cualquier
ciudadano ni que permita esa interpretación de calidad.
Ya saben SS. SS. que esa carretera no reúne condiciones adecuadas para un
acceso en autobuses, tanto por sus pendientes como por el radio de sus
curvas, y ya que no hacemos la carretera a Bulnes, lo que no vamos a
hacer son más terraplenes y más desbroce de montes para hacer una
carretera o una autopista de acceso a los lagos de Covadonga. Por lo
tanto, hace falta encontrar una solución, y ahí también me gustaría la
participación constructiva de todos aquellos que quieran aportar algo
para hacer que esa visita sea de calidad, sea asequible a todo el mundo y
que por medio de un sistema de uso público se permita el acceso de todos
cuantos quieran sin limitaciones a su capacidad económica. Señor Santiso,
son compromisos que ya ha expresado la propia ministra pero que usted
plantea y que, como le digo, es bueno que vayamos reiterando ante esta
Cámara. ¿Cuándo se va a constituir la Comisión mixta de gestión y qué
otros parques nacionales la van a tener? La van a tener todos los parques
nacionales que conforman la red nacional. ¿Cuándo la van a tener? En este
momento el
decreto está terminado, está negociado con las comunidades autónomas
interesadas, con las organizaciones no gubernamentales y con los agentes
sociales. Todo este proceso de debate ya se ha hecho. El próximo jueves,
día 21, lo van a aprobar la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza, que es el paso previo para enviarlo al Consejo de Estado,
como dice ese real decreto. Ese real decreto irá al Consejo de Estado por
el trámite de urgencia y yo creo que podrá ser promulgado sin duda antes
de que llegue el mes de julio. Entiendo que son plazos posibles, siempre
supeditados a la rapidez con que el Consejo de Estado emita su dictamen.
Pienso que una vez promulgado por el Gobierno será de inmediata
aplicación, y desde luego, por decirlo de una forma coloquial y si
quieren ustedes casi colegial, espero que antes de irnos de vacaciones de
verano estén constituidas las comisiones mixtas de los distintos parques
nacionales, como verá, en un tiempo récord, dado el proceso de diálogo y
de encuentro social que ha habido con los distintos agentes.
El plan director de la red tiene ya un borrador que ha sido negociado con
las comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y
Provincias, con las organizaciones sociales y también con las
organizaciones no gubernamentales, y tiene el visto bueno del conjunto de
la sociedad, de las asociaciones ecologistas y de las asociaciones que se
encargan de defender a las distintas federaciones de cazadores.
Como saben SS. SS., la ley establece que el plan director, antes de ser
aprobado por el Gobierno mediante decreto, tiene que ser informado por el
consejo rector de la red. Este consejo --y se me olvidó decírselo antes--
va en el mismo decreto que las comisiones mixtas, por lo que es de
esperar que antes del verano esté aprobado y se constituya el consejo
rector, al igual que las comisiones mixtas, con lo cual este órgano sería
el que tendría que informar preceptivamente el plan director para, a
continuación, aprobarlo el Gobierno mediante decreto.
Tengo que contradecir al diputado José Luis Ros cuando dice que al PP
nunca le ha interesado el parque nacional de los Picos de Europa. Habrá
visto usted el desvelo con el que nos dedicamos a él y la cantidad de
actuaciones que le estoy enumerando.
También le voy a decir otra cosa a la que se refería el señor Santiso. No
hay ninguna voluntad, no en el Gobierno, en el Partido Popular, de
reducir el parque de los Picos de Europa al parque de la montaña de
Covadonga. La reaparición del término parque nacional de la Montaña de
Covadonga en la ley de 1989 se debe retrotraer a la de 1941. El diputado
Companys, autor de la enmienda, les podrá dar mejores explicaciones de
por qué eso tenía que ser así.
En mi intervención he dicho que queremos proteger los tres macizos. Como
saben SS. SS., el de la montaña de Covadonga es uno de los tres macizos a
proteger en Picos de Europa. Sería conveniente tener en cuenta (y lanzo
esta reflexión SS. SS. no con ánimo de polémica, sino de recuperar entre
todos la memoria histórica) que este parque recuperará también el nombre
de Covadonga; es decir, que pueda llamarse el parque nacional de la
Montaña de Covadonga y los Picos de Europa. ¿Por qué? Porque es el primer
parque nacional español constituido en el año 1918. Creo que es historia
de nuestro país que hemos escrito entre todos los españoles, que es algo
por lo que tenemos que estar orgullosos todos los españoles y no
tendríamos por qué perder la acepción de la montaña de Covadonga que,
insisto, fue pionera en nuestro país y en el conjunto de la declaración
de espacios protegidos en el contexto mundial. Por tanto, recuperando el
epígrafe de parque nacional de la Montaña de Covadonga --o algo parecido,
se admiten sugerencias-- rendiríamos memoria a nuestros antepasados que
dedicaron sus esfuerzos en proteger toda esta zona.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo, señor Muriel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Muriel Gómez): Termino,
señor presidente.
El señor Ros se hace un lío entre Bulnes y el acceso a Covadonga, los
mezcla, busca el amparo de la iglesia para reafirmar sus apreciaciones e
incluso me cita al abad de Covadonga como argumento de peso. Me contrasta
su preocupación por la presencia de miembros del Gobierno en Semana Santa
y como argumento de peso me cita la Iglesia, en mayúscula y en general, y
al abad de Covadonga en un sitio como Covadonga, que tiene importantes
raíces religiosas. Fíjese, señor Ros, que el señor Santiso no ha
recurrido a ese argumento de peso. Lo del acceso a Covadonga es algo más
complicado y no es cuestión de toparse con la iglesia, sino de ordenar
adecuadamente los accesos al santuario, diferenciándoles del acceso a lo
que es la montaña de Covadonga. Ya les he explicado mi postura sobre ello
y no voy a insistir.
Tampoco voy a insistir en el tema de Bulnes, usted dice que nuestros
técnicos descartaban las tres alternativas posibles a la carretera que,
le recuerdo, no se ha hecho. Usted, si ha tenido acceso al proyecto,
habrá visto los desmontes, las curvas, los terraplenes y los movimientos
de tierra que había que hacer. Ahora estamos ante un sistema de uso
público para el parque que no va a permitir ese acceso que usted dice. Es
decir, este acceso a Bulnes lo paga el Principado de Asturias, pero su
uso lo define la Comisión mixta de gestión y el Patronato del Parque, y
lo encaja como uno de los sistemas de uso público del mismo.
Tengo que decirle, señor Ros, que cuando se declara en 1995 la ley de
Picos de Europa, y entonces a su partido le correspondía el protagonismo
en las tareas parlamentarias, ustedes lo hacen para preservar los
importantes valores naturales, pero también para preservar los valores
sociales, culturales y etnológicos que encierra Picos de Europa; eso está
en igualdad de condiciones que la protección de la naturaleza. El que
Bulnes siga habitado, que sigan los usos tradicionales conformados por
una ganadería extensiva y por la elaboración de unos determinados
productos, como son los quesos forma parte de lo que es Picos de Europa y
de lo que hay que proteger en esa zona. Usted sabe perfectamente que si
sacamos la ganadería de ahí, el paisaje cambiaría rápidamente en pocos
años. Por tanto, señor Ros, no hagamos demagogia con esto. Para conservar
Picos es importante que Bulnes siga habitado y, para ello, que sus
ciudadanos
tengan un acceso adecuado; junto a ello, que cualquier visitante de Picos
de Europa tenga un sistema de transporte público, no contaminante, y de
calidad que le permita interpretar aquella zona.
Creo que si quitamos gente de Aliva, si ordenamos lagos, si ponemos en
marcha este sistema de uso público, como hay en tantos otros parques,
entrando en el interior del parque, con medios de transportes que llevan
un número importante de ciudadanos a su interior, desde los canarios a
otros, estaremos garantizando la conservación de Picos y no su deterioro.
Lo que me preocupa es la visita incontrolada, masiva, con vehículos
particulares, no un sistema de transporte público, cuyas afecciones estén
adecuadamente garantizadas. No van a entrar 530.000 personas al año,
usted sabe que ése no es el volumen, aunque en el verano entrarán algunas
personas más a Bulnes. Pero usted sabe también que, en el plan especial
que se ha hecho antes de hacer el proyecto de acceso a Bulnes, se limita
la capacidad de construir el suelo urbano del mismo a su actual
situación, así como la posibilidad de modificar la tipología del caserío
que hay en él. Es decir, aquí no va a haber operación especulativa de
ningún tipo porque el plan especial contempla esas limitaciones de uso;
limitaciones de uso que, aparte de la competencia urbanística que tiene
el Principado de Asturias, también tiene la capacidad el propio Patronato
del Parque y el organismo autónomo Parques Nacionales de vetar si se
quisiera hacer lo contrario.
Me ha pedido usted detalles sobre determinadas inversiones. Le expliqué
en su día que el presupuesto que había para cada parque en el presupuesto
de 1998 era de programas bianuales que terminaban este año y que en el
conjunto de dichos parques iba a haber otras inversiones por programas.
Es decir, si en un momento dado la prioridad de los parques era conservar
el medio natural, habría programas de conservación para todos los
parques; si era uso público, lo mismo, etcétera.
De todas formas, le puedo decir que se ha renovado todo el parque de
vehículos de Picos de Europa. Esto le puede parecer una anécdota, pero si
consulta con algún correligionario suyo que tiene que gestionar parques
naturales verá que renovar todo el parque con vehículos de calidad es un
esfuerzo presupuestario importante. Si además presentamos al próximo
patronato un plan de modificación de Buferreda, de tal manera que ésta
deja de ser un centro para vender quesos y sidra, en competencia con las
economías locales, a ser un centro de interpretación de lo que es la
realidad de la montaña cantábrica, algo hemos mejorado. Es decir, hemos
pasado de ser competencia ilegítima, poniendo 800 millones el
contribuyente de los vendedores de queso y sidra, a ser unos
interpretadores de la realidad de la montaña de Picos. Por tanto, algo se
ha cambiado, y esa inversión de la estación de Buferreda, en cuanto el
patronato la apruebe y dictamine, se pondrá en marcha.
Ha habido también multitud de pequeñas actuaciones para evitar vertidos
de las explotaciones ganaderas al interior del parque, a los cauces, a
los ríos del parque nacional, de tal forma que los vertidos sean en todo
momento depurados. Yo creo que eso es una inversión también que S. S.
sabrá apreciar, sobre todo porque desde 1995 no se hacía ningún tipo de
actuación de manejo. Hemos contribuido a controlar por medios poco
contaminantes las plagas de ratas topos en los puertos de Aliva, de común
acuerdo con la Diputación de Cantabria y los ganaderos afectados. Verá
que también eso es una actuación de manejo de uso público importante.
Tenemos un plan, en coordinación con las tres comunidades autónomas, para
hacer de Picos de Europa un lugar de reserva, igual que pueda ser Doñana
con el lince, Ordesa con el quebrantahuesos, o Cabañeros con el águila
imperial, el lugar de referencia para la protección del urogallo
cantábrico, que sabe usted que en estos momentos es una de las alarmas
rojas que se nos enciende en la fauna española. Queremos hacer de Picos
de Europa el santuario y además el lugar donde haya un apoyo técnico,
tanto de los propios técnicos de conservación del parque como de los
técnicos de las comunidades autónomas, para poner en marcha un plan de
trabajo que permita que el urogallo siga por la montaña cantábrica. Estos
son algunos ejemplos apresurados, pero como S. S. dice, si plantean
cuestiones concretas y oportunas, cómo no, se las podré concretar.
Yo me comprometí con la señora Narbona en la comparecencia de
presupuestos a que llegaríamos al 95 por ciento de ejecución del
presupuesto en parques nacionales. Verá la señora Narbona que no la he
defraudado, que ése es el grado de compromiso a que llegamos en 1997. En
el año 1998 me comprometo también a que parques nacionales llegue a un
grado de compromiso --aunque entonces la señora Narbona lo dudaba-- de
otro 95 ó 96 por ciento de ejecución del presupuesto; y permítame que
presuma, señorías, de ese grado de ejecución en parques nacionales,
porque parques nacionales tiene una historia larga, ha habido momentos de
dificultad y, afortunadamente, por esa agilidad y por ese incremento
presupuestario, parece que para parques nacionales han pasado.
El señor PRESIDENTE: En nombre de la Comisión, quiero agradecerle su
comparecencia una vez más aquí.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR (VIZCAINO ALCALA) PARA INFORMAR DE LO OCURRIDO EL DIA 25 DE
ABRIL DE 1998 EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, CON
MOTIVO DE LA ROTURA DE LA PRESA QUE CONTENIA AGUA ACIDA PROVENIENTE DE
LAS MINAS DE AZNALCOLLAR, Y SU REPERCUSION TANTO A LOS HABITANTES DE LOS
ALREDEDORES DE LA ZONA COMO AL PARQUE NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
212/001379).
El señor PRESIDENTE: La próxima es la comparecencia del presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, don Manuel Vizcaíno Alcalá,
ante la Comisión
de Medio Ambiente para informar de lo ocurrido el día 25 de abril en las
inmediaciones del parque nacional de Doñana, con motivo de la rotura de
la presa que contenía agua ácida proveniente de las minas de Aznalcóllar,
y su repercusión tanto en los habitantes de los alrededores de la zona
como al parque nacional.
Esta comparecencia estaba prevista a las once y media de la mañana,
llevamos casi tres cuartos de hora de retraso, por lo cual les ruego a
todos, empezando por el señor compareciente, que sean lo más breve
posible en sus intervenciones.
Ruego al señor Vizcaíno que ocupe su sitio en la mesa. (Pausa.) Cuando
usted quiera, señor Vizcaíno.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
(Vizcaíno Alcalá): Como SS. SS. conocen, en la madrugada del viernes 24
al sábado 25 de abril se produjo la rotura de uno de los muros de
contención de las balsas de residuos minerales procedentes de la
explotación minera de Aznalcóllar, de la que es titular la empresa sueca
Boliden Apirsa. Como consecuencia de ello, una parte de estériles mineros
mezclados con agua alcanzó el río Agrio y después el cauce del río
Guadiamar, del que es afluente.
Los efectos de esta ola contaminante han sido graves, habiéndose
extendido por una superficie estimada en 3.400 hectáreas, de ellas
aproximadamente 2.000 de carácter agrícola, dedicadas al cultivo de
arroz, algodón, trigo, maíz, hortalizas y afectando al parque nacional de
Doñana en una zona de altísimo valor ecológico y a un río, el Guadiamar,
del que se abastece esporádicamente el propio parque nacional de Doñana.
La actividad llevada a cabo en Aznalcóllar consiste en una explotación
minera a cielo abierto, con sistema de extracción de minerales metálicos
no férreos mediante la utilización de explosivos. Con posterioridad, se
transforma el material extraído en una planta de beneficio, obteniéndose
los concentrados de cobre, plomo y zinc, mediante un proceso metalúrgico;
se tritura, muele, flota y seca el mineral con utilización de reactivos
químicos y depositándose en las balsas los residuos o fangos procedentes
de las plantas de transformación a través de una conducción entubada.
En estas balsas, denominadas por ello de almacenamiento de estériles, a
través de un proceso de decantación, los residuos sólidos se depositan en
el fondo, quedando en la superficie el agua ácida, que a través de una
conducción entubada transporta a una planta depuradora antes de su
vertido al río Agrio.
El sábado 25 de abril, hacia las dos treinta horas de la madrugada, se
produce una rotura parcial del dique de contención de la balsa minera. El
limnigrama de la estación de aforos, existente aguas abajo del río
Guadiamar, a seis kilómetros aproximadamente de la balsa, detectó dos
ondas de avenidas consecutivas, a las tres y siete horas, lo que explica
probablemente la existencia de una primera rotura poco después de las dos
de la madrugada y una segunda, más tarde, del dique que separa la balsa
de pirita de la de piroclastos. Un vecino comunicó este hecho a la
Guardia Civil, tomándose a partir de ese momento por parte de la
Delegación del Gobierno en Andalucía las siguientes medidas: Por una
parte, la Guardia Civil desaloja las viviendas próximas al cauce que
pudieran ser afectadas y se controla el cauce en toda su longitud por si
hubiese personas acampadas, dejándose retenes de vigilancia para el
control del cauce. Se informa a la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía a la vista de las características del vertido. Se
alerta a Protección Civil, que monta el dispositivo oportuno. Se comunica
al director-conservador del parque nacional de Doñana el vertido
producido, quien a las siete de la mañana, movilizando a la guardería del
parque, procede al cierre total de las compuertas de comunicación de las
marismas y el Brazo de la Torre, aislándolo así de los cauces fluviales
adyacentes, al objeto de evitar la posible entrada del vertido en el
parque, labor que fue materializada en su totalidad antes de las nueve
horas.
A las ocho de la mañana ya están dos jefes de área de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, el jefe del área de Sevilla y el jefe de
dominio público, junto con el subdelegado del Gobierno en Sevilla,
sobrevolando en helicóptero la zona para hacer una primera valoración. En
vista de la evolución de la riada, hacia las cuatro de la tarde la Junta
de Andalucía decidió reforzar un muro transversal ya existente a la
altura de Vuelta de la Arena, con objeto de retener el agua dentro de
Entremuros y canalizarla hacia el canal de Aguas Mínimas. Muro que
comenzó a reforzarse hacia las cinco de la tarde y que, lamentablemente,
superó la lengua de agua en la noche del sábado, para seguir avanzando
hacia el sur por Entremuros. En su avance, parte del caudal se desvió al
canal de Aguas Mínimas y otra parte inundó parcialmente un paraje
denominado el Cangrejo Grande, no yendo esta última a alcanzar el muro
transversal construido por el parque nacional.
Durante todo el domingo la maquinaria reforzó muros y diques e hizo
reparaciones cuando se producían desperfectos. Estos trabajos fueron
acometidos con maquinaria. Comprendan la dificultad que hubo en aquel
momento de movilizar maquinaria --coincidió con que era la madrugada de
un sábado--, de encontrar maquinaria. Afortunadamente, se contó con la
empresa Tragsa y maquinaria de una obra cercana que la ejecuta la
Confederación del Guadalquivir en el Arroyo del Partido, muy cerca del
Rocío. A la par que se realizaban estos trabajos para contener la ola de
nuevos fangos, se comenzó, desde el mismo sábado 25, a tomar muestras en
distintos tramos del río para analizar la composición y extensión de la
masa contaminante. A partir de las tres de la tarde del día 25 se
estableció por parte de la Confederación del Guadalquivir un dispositivo
con 11 puntos de muestreo, en los ríos Guadiamar y Guadalquivir, para
tomar muestras cada seis horas de las aguas y proceder a su análisis.
Este muestreo, que sigue hoy día, permite un análisis diario de la
evolución de la carga contaminante y sacar conclusiones sobre la
extensión que alcanza.
En lo que concierne a las aguas subterráneas, la Confederación del
Guadalquivir estableció inmediatamente una red de control constituida por
46 puntos, coincidentes con pozos para realizar el seguimiento y vigilar
la evolución de la posible contaminación en los acuíferos circundantes,
razón
por la que a estas alturas se puede afirmar que la calidad del agua de
los acuíferos circundantes no presenta alteraciones respecto de su
calidad inicial, tal y como se deduce de los análisis realizados. Los
acuíferos que interesan a la zona son Niebla Posadas, Aljarafe, aluvial
del río Agrio, Guadiamar y Almonte Marismas. La Confederación del
Guadalquivir, como he dicho antes, puso en marcha el mecanismo de
control, analizándose 46 pozos sondeos en ambas márgenes del río. El
acuífero Niebla Posadas se encuentra situado aguas arriba del vertido,
por lo que su acceso es prácticamente nulo. El acuífero del Aljarafe,
situado en la margen izquierda del Guadiamar, se encuentra a una cota muy
superior a la del río, existiendo además unas zonas de margas que
independizan el acuífero del río. Resulta materialmente imposible que los
vertidos afecten al acuífero del Aljarafe. No existe ningún riesgo para
las poblaciones allí asentadas, cuya red de abastecimiento de agua se
nutre de aguas superficiales de la sierra de Sevilla y son atendidas por
aljarafesas.
Los aluviones de los ríos Agrio y Guadiamar, que tienen una anchura de
unos dos kilómetros, se han visto afectados en los pozos, que fueron
rebasados por los lodos situados en las proximidades del cauce del río
Guadiamar. La disposición en terrazas con niveles descendentes hacia el
río predispone el agua almacenada a moverse de las terrazas hacia el río,
por lo que el flujo natural es contrario al avance de la contaminación en
dicho aluvial. No existe constancia de la difusión lateral de esta
contaminación puntual, de acuerdo con los resultados analíticos
efectuados.
Finalmente, el acuífero Almonte Marismas, con una extensión de 2.500
kilómetros cuadrados, se sitúa de forma aproximada entre la autopista
Sevilla-Huelva, el río Guadiamar y el océano Atlántico. Por tanto, el
contacto del río con el acuífero se produce en uno de sus bordes
exclusivamente. Los 46 puntos de control se ubican en ambas márgenes del
río, en las proximidades del cauce, a lo largo de todo el tramo afectado.
Se han realizado dos muestreos; el primero, entre el 28 y el 30 de abril,
y el último, el 12 de mayo. Ambos muestreos han dado unos resultados
claros: todos los puntos situados en las márgenes que no han sido
cubiertas por los lodos dan índices de absoluta normalidad.
Desde el mismo día del accidente, la Confederación del Guadalquivir ha
puesto en marcha mecanismos exhaustivos de control, tratando de detectar
los potenciales riesgos de contaminación y diseñando medidas para
corregir y paliar al máximo los efectos del accidente, como, por ejemplo,
la limpieza de los pozos afectados y la definición de una franja paralela
al río donde debe evitarse la explotación de los pozos, con el fin de
evitar la entrada del frente contaminado hacia el interior. Al mismo
tiempo que la Confederación toma análisis de estos puntos, la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el SAS, también de la Junta
de Andalucía, hacen un muestreo en la distribución de agua potable en los
núcleos para estar al acecho de cualquier posible anomalía.
Los análisis realizados hasta el día de la fecha confirman rotundamente
este hecho de normalidad absoluta, a excepción, repito, de los pozos
situados en el río Guadiamar, aguas arriba del cruce con la autopista
Sevilla-Huelva, que se vieron invadidos por los lodos y sobre los cuales
el documento técnico también establece mecanismos para su recuperación.
Un asunto que preocupa es la contaminación de Doñana. Conociendo el
funcionamiento hidrogeológico de Doñana, y aunque uno nunca puede afirmar
al cien por cien las cosas, creo que es difícil que la contaminación
penetre en Doñana bordeando --el contacto del Guadiamar con Doñana es
tangencial--, ya que la distribución de niveles se levanta de Oeste a
Este, está más cargado en la zona de Huelva y lo normal es que ese
acuífero, con los pozos en alto, con el nivel freático alto, drene hacia
el Guadiamar en lugar de drenar del Guadiamar hacia el acuífero. Estos
dos últimos años han sido tan lluviosos que el nivel del acuífero está
bastante alto y en este momento impide la entrada desde el Guadiamar.
El día 30 de mayo se crea la comisión mixta de coordinación, presidida
por el subdelegado del Gobierno en Sevilla y el delegado de la Junta de
Andalucía en la misma provincia. Dicha comisión se reúne por primera vez
el viernes 1 de mayo y adopta los primeros acuerdos, tendentes a poner en
marcha los trabajos para retirar los lodos y definir el punto donde van a
ser depositados. El sábado 2 de mayo, en una reunión en la que están
presentes técnicos de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía, de Medio Ambiente, también de la Junta de Andalucía, del
Instituto Tecnológico Geominero, de la Confederación que presido y de la
empresa Boliden se decide ubicar, con carácter provisional, los lodos que
se retiren del suelo contaminado en la corta de Aznalcóllar, hoy día
abandonada y sin actividad y con una capacidad disponible de 60
hectómetros cúbicos.
También el sábado día 2 las autoridades competentes de la Junta de
Andalucía y yo mismo firmamos las pertinentes autorizaciones para
realizar el depósito de lodos en la corta de Aznalcóllar, con carácter
provisional y mientras se siguen estudiando medidas de protección y
soluciones alternativas. La urgencia de esta solución, que cuenta con el
aval técnico de todos los organismos citados, deriva del riesgo existente
de que si no se inicia inmediatamente la retirada de lodos, posibles
episodios de lluvia, como ha ocurrido en días pasados, puedan extender la
mancha contaminante más allá de los límites en que quedó fijada en las 72
horas siguientes.
El mismo día 2 de mayo la comisión mixta de coordinación creó una
comisión específica para la retirada de lodos del Guadiamar. Así, el
Guadiamar se divide en tres tramos: Aznalcóllar-puente de Sanlúcar la
Mayor; el segundo tramo, Sanlúcar la Mayor-Pilas y de Pilas hacia abajo
un tercer tramo. La limpieza se distribuye: el primer tramo, por la
empresa Boliden; el segundo tramo, Tragsa, y el tercer tramo, Egmasa.
Paralelamente se crean por la comisión conjunta, presidida como digo por
el subdelegado del Gobierno en Sevilla y el delegado de la Junta de
Andalucía, cinco comisiones: la primera, para el seguimiento de todas las
actuaciones de la mina e investigación de las causas del desastre; la
segunda, para la recogida de residuos y recuperación de suelos afectados;
la tercera, para el seguimiento
de la calidad de las aguas, para proponer el tratamiento adecuado y
recuperar el hábitat; la cuarta, para la valoración de los daños en la
agricultura; y la quinta, para la seguridad y vigilancia del caudal del
río, así como de la flora y fauna, además del cumplimiento de las
disposiciones acordadas.
Expuestos de forma breve los hechos, voy a hacer una reseña de los
antecedentes administrativos.
El inicio de la actividad minera data del año 1976, con el nombre
Proyecto Minas de Aznalcóllar, cuyo primer titular de la concesión fue
Andaluza de Piritas, que quedó agotada a finales de 1993. A partir de
1995 entró en explotación un nuevo proyecto, denominado Los Frailes, cuyo
nuevo propietario de la concesión era la empresa Boliden Apirsa. El nuevo
proyecto de explotación, una vez transferidas las competencias en materia
minera a la Comunidad Autónoma de Andalucía, fue autorizado con fecha 16
de agosto de 1995 por el delegado provincial de Sevilla de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía. Previamente,
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía había emitido,
con fecha 18 de julio de 1995, la preceptiva declaración de impacto
ambiental. En la explotación del nuevo yacimiento la empresa preveía
utilizar algunas de las instalaciones existentes con anterioridad, entre
las que se encontraban las dos balsas de residuos mineros existentes, una
de piritas y otra para piroclastos.
Las balsas de residuos minerales no se rigen por la Ley de Aguas, sino
por la Ley de Minas; la competencia de su autorización y de su control en
cuanto a su calidad constructiva y su seguridad no corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sino al órgano competente en
minas, puesto que se trata de un depósito de residuos industriales de
grandes dimensiones. En ese sentido, desde el punto de vista de la
administración hidráulica, la explotación minera de Aznalcóllar cuenta
con una concesión administrativa para aprovechamiento de aguas públicas
superficiales del río Agrio con una finalidad minera, otorgada el 13 de
noviembre de 1976, así como con una autorización para el vertido de aguas
residuales que se contenía ya en la antigua autorización de 1976 y que, a
partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, se adecua a lo
dispuesto en ésta mediante autorización de 29 de diciembre de 1987, que
prevé un vertido anual de 1.350.000 metros cúbicos de agua.
El 11 de octubre de 1994 se otorga una autorización provisional de
vertido y el 27 de julio de 1995, en aplicación del Real Decreto
484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regulación y control de
vertidos, se le exige, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
a Boliden Apirsa, un plan de regularización de sus vertidos.
A lo largo de la exposición habrán comprobado cómo la normativa de
vertidos va cambiando: la anterior a la Ley de Aguas, ya con la Ley de
Aguas vigente y, finalmente, adecuándola a las exigencias de la Unión
Europea.
En virtud de esta actuación administrativa se inicia un proceso que ha
llevado a la empresa a realizar trabajos de ampliación y mejora de la
EDAR, a fin de cumplir las condiciones de calidad exigidas por la
confederación para el vertido, adecuándose a lo dispuesto por la
normativa comunitaria en materia de metales pesados.
La última autorización provisional de vertidos fue otorgada el 3 de abril
de 1998, o sea, hace dos meses, en la que se incorporan las
recomendaciones hechas por el Instituto Tecnológico Geominero de España
en un informe del 19 de diciembre de 1996, realizado a requerimiento de
la Confederación Hidrográfica.
A continuación paso a relatarles, de forma sintética, una serie de hechos
relativos a las denuncias existentes a lo largo de la explotación minera.
El 5 de diciembre de 1995 se recibe en el antigo Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente un escrito de denuncia presentado
por Manuel Aguilar Campo sobre el estado en que se encuentra la balsa de
residuos propiedad de Boliden Apirsa, que igualmente se presentó ante la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del antiguo
Moptma, acordó incoar el 22 de enero de 1996, como consecuencia de la
citada denuncia, el correspondiente expediente sancionador por vertido
ilegal, que quedó en suspenso el 5 de febrero, al recibirse cinco días
antes un oficio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Sanlúcar, en virtud de la denuncia presentada por la Confederación
Ecologista Pacifista de Sevilla sobre los mismos hechos.
El 28 de mayo de 1996 se recibe la notificación de la Comisión Europea
por la que se inicia la tramitación de una queja relativa a la
contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar por la empresa Boliden
Apirsa, asunto que figuró en el orden del día de la reunión celebrada los
días 21 y 22 de noviembre, en la que se aportaron documentos elaborados
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 3 de
noviembre, recogiendo informes técnicos sobre los aspectos de su
competencia y por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía, del 15 de noviembre, en relación con las cuestiones que
afectaban a dicha comunidad. La Comisión estimó que los informes
remitidos eran suficientes y envió la documentación al denunciante para
observaciones. Transcurrido el plazo previsto sin respuesta del
denunciante, los servicios de la Comisión propusieron el archivo de la
queja.
Debe resaltarse que las denuncias producidas en el año 1995 y que dieron
lugar al expediente sancionador incoado por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir fueron de importante utilidad para el control de los
vertidos, puesto que los análisis y estudios hechos a raíz de las mismas
permitieron incorporar nuevas medidas de protección en la última
autorización provisional a que antes he hecho referencia, de fecha 3 de
abril del presente año, a fin de garantizar que los vertidos ordinarios
cumplan con la legislación comunitaria sobre calidad de las aguas.
En este sentido, a lo largo de 1997 y 1998, por la empresa Boliden Apirsa
se han ejecutado las medidas correctoras aconsejadas por el ITGE y que
hacían referencia a la impermeabilización de la zona norte de la balsa,
donde se localiza la estación de bombeo que envía las aguas a la
depuradora, la extensión de la franja drenante en la zona sur y sureste
hasta superar el meandro del río y la extensión de
la barrera de pozos, desde donde termina la franja drenante hasta la
estación de bombeo. Todas estas obras aconsejadas por el ITGE y exigidas
a Boliden por la Confederación del Guadalquivir tenían como objeto evitar
la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, fruto de una
explotación ordinaria de la balsa y no se refieren para nada a la
estabilidad de la construcción, tema este último de competencia de la
administración minera y que ha provocado la catástrofe que hoy nos ocupa.
Es decir, la administración hidráulica, conforme a sus competencias, se
ha preocupado de que el vertido final al río de las aguas procedentes de
la explotación minera se adecue a la legislación comunitaria mediante su
previa depuración y que se realicen las obras necesarias para evitar las
fugas al subsuelo desde la propia balsa.
El control de la calidad del vertido final de las aguas al río Agrio y la
exigencia de medidas complementarias para evitar la contaminación de las
aguas subterráneas corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, perteneciente a la Administración general del Estado,
conforme a la Ley de Aguas, dentro de cuyas competencias la Confederación
Hidrográfica, una vez producido el suceso, tuvo que denegar la petición
que tanto la Junta de Andalucía como la empresa Boliden Apirsa desde el
lunes 27 solicitaron reiteradamente verter al río Agrio, sin previa
depuración las aguas que todavía existían en la balsa siniestrada, por
entender que las mismas podían representar un peligro mientras no se
concluyesen los trabajos de reparación del muro de ruido. La
Confederación Hidrográfica denegó en todo momento tal autorización y
exigió, mediante escrito a Boliden Apirsa, el día 28, a las nueve y media
de la noche, que se construyese una tubería para derivar esas aguas a
través de la depuradora, prohibiendo su vertido sin esa previa
depuración.
Ante una nueva petición de la Administración autonómica, el día 29 la
Confederación vuelve a denegar la autorización para cualquier vertido
contaminante y exige a la empresa garantías de construcción inmediata de
la tubería a la depuradora. Ante esta actitud de la Confederación
Hidrográfica, tanto la Administración autonómica como la empresa
solicitan del Juzgado de Sanlúcar autorización para realizar el nuevo
vertido y la juez, mediante auto de 1 de mayo, denegó dicha autorización,
dando así la razón a la correcta actuación de la Confederación desde un
primer momento.
Con esto termino la exposición y me ofrezco a contestar lo que quieran
preguntar.
El señor PRESIDENTE: Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a cuya portavoz le corresponde
la intervención inicial. Tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, señor Vizcaíno,
antes de iniciar mi intervención, que procuraré que sea breve, quisiera
decir que siento profundamente estar ante un Gobierno cuya ministra de
Medio Ambiente ha mentido descaradamente ante esta Comisión, la Comisión
de Medio Ambiente, ante el Congreso de los Diputados, prometiendo que
apoyaría la creación de una comisión de investigación y votando
negativamente, con posterioridad, en el debate sobre el estado de la
Nación. Bochornoso. Por tanto, quiero reiterar que la ministra de Medio
Ambiente, ante este suceso lamentable, ha perdido toda la credibilidad.
A continuación, quiero decir que siento la tardanza en su comparecencia,
señor Vizcaíno, y considero que la insuficiente información puede
producir especulación. Aun así, señor presidente, señor Vizcaíno, los
datos a los que hemos tenido acceso avalan que el desastre de las minas
de Aznalcóllar no es un accidente sino un atentado medioambiental,
económico y social. La catástrofe estaba anunciada por un técnico de la
mina, como usted ha dicho, por organizaciones ecologistas y por la hoy
titular del Ministerio de Agricultura, no sospechosa de ser agorera. ¿Por
qué, señor Vizcaíno, conocidas las denuncias, se archivaron y ustedes no
intervinieron?
Mire, señor Vizcaíno, he visitado cinco veces la zona, he leído
absolutamente todo lo publicado, he hablado con los afectados y con las
distintas administraciones y todavía mi grupo no quiere sacar
conclusiones, pero algunas apuntan hacia una desgracia aparentemente
consentida y un cierre --insisto, un cierre-- aparentemente rentable.
Ante esta sospecha, mi grupo va a llegar hasta el final, por razones de
responsabilidad política y social y por un instinto básico de
supervivencia del pueblo andaluz.
El balance del affaire Aznalcóllar da el siguiente resultado. Más de 27
toneladas de peces muertos, un millar de pollos envenenados, el acuífero
27 posiblemente contaminado y tres millones de toneladas de lodo tóxico,
de las cuales sólo se han retirado, que sepamos, en casi un mes, algo más
de 100.000, derramados sobre una zona agrícola, como usted decía,
medioambiental, amén de la pérdida de puestos de trabajo, de ruinas
familiares y de dramas ecológicos, económicos y sociales. Esta es una de
las fotos de la rotura de la presa que unos insensatos pudieran evitar y
sólo algunos sabrán por qué no se quiso frenar.
Usted sabe perfectamente que la primera denuncia se produce el 4 de
septiembre de 1992. Desde entonces, medio centenar de denuncias y usted
hacía mención a la más importante. En noviembre de 1995, don Manuel
Aguilar Campo, facultativo de minas, despedido de la empresa minera,
denuncia ante la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía, hoy Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Patronato Nacional de Doñana,
CEPA, Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio y Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, lo siguiente:
que es alarmante el estado de la presa de residuos de Aznalcóllar, que la
degradación por los vertidos de la presa del río Guadiamar y sus efectos
por el parque nacional son tremendos. Plantea igualmente la escasa
capacidad de la planta depuradora, que no alcanza a tratar ni el 25 por
ciento de las aguas residuales y la incidencia que tendrá en una mayor
utilización de las balsas. Plantea igualmente la agravación que supondrá
sobre lo anteriormente enumerado la acometida de la nueva explotación de
Boliden, denominada Los Frailes, ya que utilizará la misma depuradora que
la anterior, corta en explotación.
Esta denuncia incluye un informe técnico sobre el estado actual de
firmeza de la escollera, de la permeabilidad, filtros, drenaje y
ejecución de los recrecidos, alertando sobre las filtraciones que por
todo ello padece y los vertidos que produce en el río Guadiamar, a través
del Agrio, en metales pesados. Insiste en que la apertura de la corta los
Frailes, con una producción doble de la actual, incidirá en la evacuación
de vertidos contaminantes a las presas que no están en condiciones de
recibirlos. Y termina advirtiendo que, si no se clausura la presa, se
corre el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables
consecuencias, ya que el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa
el parque nacional de Doñana.
Del conjunto de las informaciones que hemos tenido, señor Vizcaíno, se
deduce que la situación es sumamente delicada. Existen miles de toneladas
de lodos tóxicos, cuya composición final se desconoce, esparcidas en no
menos de 4.000 hectáreas a lo largo del cauce del Guadiamar desde el
vertido y hasta una zona muy próxima al parque nacional de Doñana. Si se
desencadena un régimen de lluvias, usual en el mes de mayo, dichos lodos
serían arrastrados hacia el parque; su retirada con maquinaria pesada,
tal y como se está haciendo, muy posiblemente dé lugar a que se estén
removiendo y, caso de dejarse estos lodos sobre el terreno, no sólo se
corre el riesgo de facilitar su desviación con afectación a acuíferos en
el parque nacional, sino que, de secarse, serían esparcidos por los
vientos durante el verano. Hay que destacar que, entre los lodos, se
detectan seis gramos de arsénico por kilo, con el peligro que supone de
inhalación por parte de animales y personas y que existen represados en
la zona entre muros unos tres millones de metros cúbicos altamente
contaminantes, siendo allí donde se producen, usted lo sabe, las mayores
puntas de contaminación por metales pesados. El montar una depuradora en
ese lugar parece imposible en estos momentos; mantenerlo significa
facilitar su filtración al acuífero 27 y crear una situación insoportable
de cara a futuras lluvias; soltarlo hacia el Brazo de la Torre es crear
una contaminación prolongada y altamente tóxica, no sólo en el propio
brazo, que separa el parque nacional del parque natural, sino en el río
Guadalquivir y en el P. N. de la bahía de Cádiz.
Dicho esto, señor Vizcaíno, voy a aterrizar con brevedad sobre las
causas, efectos, competencias y responsabilidades, aunque, tras las
últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación, las cuales
habrá seguido igual que yo a través de medios de difusión nacional, el
recurso más tranquilizador para la población sería apartar y juzgar a los
negligentes. Eso sería lo más tranquilizador para la población. Las dos
noticias que este fin de semana yo creo que nos han puesto el vello de
punta, por lo menos en el sur, y supongo que a usted igual que a mí, si
es que usted no tenía conocimiento de ello, son las siguientes. Primera,
que el sistema de seguridad de la presa estaba parcialmente averiado y
que en 1997, hace un año, ya se había detectado que el dique se movía. La
segunda noticia importante, alarmante y preocupante es que la mina
almacenaba residuos de industrias químicas.
Señor Vizcaíno, usted lo sabe, hubo instrucciones previas que decían
textualmente que el inclinómetro cuatro debería reponerse y que los otros
tres deberían limpiarse. Las máquinas, los instrumentos que debían
registrar los movimientos previos a una rotura del dique de la balsa de
residuos de las minas estaban enturbiados o cegados en vísperas de su
derrumbe. Grave, ¿no le parece? Y además, tras el muro derrumbada, debe
saberse que creció una empresa minera con pies de barro y que una
auditoría oficial denunció en 1993 que sus instalaciones se utilizaban
como cementerio de residuos peligrosos de industrias químicas de Huelva.
Fue expedientada en 1996 por verter contaminantes al río, justificó parte
de las ayudas oficiales en aparentes arreglos de la presa y, tras la
salida de tres millones de metros cúbicos de agua ácida con lodos,
intentó desembalsar otro millón de metros cúbicos de agua tóxica por
temor a una ruptura total del dique. Y todo bajo un cruce de
competencias. Parece ser que la Confederación Hidrográfica, dependiente
del Ministerio de Medio Ambiente, vigila los vertidos del río y que la
Consejería de Industria, que ejecutó la seguridad de la balsa, además de
diseñarla la empresa Geocisa, de la que después hablaremos, y la
Consejería de Medio Ambiente controlan los residuos tóxicos pero no
mineros.
Usted sabe que cinco días antes del suceso, la empresa Geocisa, que
también fue la máxima autoridad --y hay que retener este dato-- de la
Expo 92, con ese directivo que arrastra un currículum, remitió a la
Consejería de Industria un informe en el que alertaba de deficiente
estado de los cuatro sensores de movimiento del muro. Según el
departamento de Industria, un día después solicitó a esta empresa que los
repasara. Esta no informó si cumplió la reparación, ningún inspector lo
verificó, Boliden Apirsa no interrumpió su producción, ninguna autoridad
lo exigió, continuó el llenado de la balsa, subió el volumen del agua y
la presión de los lodos y a las 13.30 del día 25 de abril se rompió. Si
los inclinómetros hubieran estado arreglados se hubiera detectado.
Boliden no se ha desmoronado tras el desastre. Buscó a la Junta de
Andalucía y los días 27 y 28 de abril reclamaron a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir verter sin depurar un millón de metros
cúbicos a razón de 400 metros cúbicos por hora. Alegaron que buscaban
evitar males mayores, ya que el cierre de la rotura era muy provisional y
temían un desbordamiento total. Parece que, tras la negativa de la
Confederación, acudieron al juez, que también lo denegó, pero con
posterioridad informaron que la Confederación lo autorizó telefónicamente
y que luego ustedes lo habían desmentido. ¿Cuál es la verdadera historia
de esta aparente trama, señor Vizcaíno? El lodo enterró parte del dinero
público, de Hacienda, recibido por Boliden Apirsa desde 1993, 2.819
millones de pesetas y los 1.025 millones de la Junta. En una memoria
detallada se especifica que parte de esa ayuda se invirtió en dos puntos
negros de Boliden: la balsa y su depósito de residuos de industrias
químicas de Huelva. ¿Es cierto, señor Vizcaíno, que como consecuencia del
comportamiento de la empresa Geocisa y Cía. y la producción de vertederos
de residuos tóxicos peligrosos en este marco ustedes abrieron expediente
en 1996, en concreto en el río Agrio y Guadiamar? ¿Qué ha sido de ellos?
¿Cuál fue el resultado y qué seguimiento se hizo?
Señor Vizcaíno, es competencia de la Confederación y, por tanto, del
Ministerio de Medio Ambiente, autorizar los vertidos y controlar esos
vertidos, vigilar que no sean tóxicos para el río y evitar que las
filtraciones de la balsa produzcan contaminación de aguas subterráneas.
¿Podría usted demostrar que eso se ha cumplido? ¿Qué se ha hecho, señor
Vizcaíno, con los informes contradictorios o desfavorables de Igmasa, por
ejemplo?
¿Por qué dicen ustedes que se ha roto la balsa? ¿No le parece que es poco
científico hablar de corrimiento de tierra? ¿Es que las presas no pueden
resistirlo? ¿Qué había en el interior de la presa de contención? ¿Qué
grado de toxicidad tienen los residuos? ¿Había residuos de otros enclaves
industriales, señor Vizcaíno? ¿Ha entrado el agua tóxica en el parque
nacional? Si la contaminación no ha llegado, ¿puede llegar? ¿Cuándo? ¿A
través del agua de los cauces fluviales y de los lodos sedimentados? ¿Por
qué eludió su responsabilidad antes de la catástrofe y no actuó
preventivamente? ¿Qué otras medidas, fundamentalmente de choque, piensa
tomar?
Señor presidente, la fundación española para la investigación del cáncer
ha emitido un informe en el que destaca que los lodos y las aguas
afectadas de la zona contienen compuestos y sustancias, en distintas
concentraciones y formas, de muy alta toxicidad y de muy alto riesgo
cancerígeno para los humanos. ¿Comparte este diagnóstico? ¿Tiene
previsto, además de todo esto, algún tratamiento de los lodos antes de
enterrarlos? ¿Es posible que haya habido detonaciones excesivamente
fuertes que provocasen los desperfectos de la balsa? ¿Es cierta la
filtración de un informe elaborado por ustedes, no hecho público,
considerando el pH del pozo 13 anormal, conectado éste con el acuífero
27?
Señor presidente, se han infringido leyes, normas internacionales,
directivas europeas, en concreto la Ley de Aguas, que en su artículo 89
prohíbe todas las acciones que constituyan o puedan constituir una
degradación del medio físico y biológico afecto al agua. Aparecen,
resultantes de su comportamiento, algunos presumibles delitos de aparente
temeridad, de aparente negligencia, aparece un delito contra la salud
pública.
Señor presidente, también compartimos la denuncia presentada por la CEPA
por dejación de la función pública, incluso quiero decirle que podemos
estar en presencia de un delito de prevaricación, ya que es posible que
hubieran ocultado la información que poseían, y no se hubieran tomado las
medidas correspondientes favoreciendo a quienes están incumpliendo
gravemente la normativa de protección medioambiental.
Después de repasar atentamente el historial del efecto minas de
Aznalcóllar, la fuerza política que represento reitera la necesidad de
que la ministra Tocino dimita, al igual que el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para sanear la política,
devolver la confianza a los ciudadanos y tener garantías de que el
Gobierno ampara el derecho de las víctimas de un desarrollo depredador
que acaba con la fauna, la flora y también con los hombres.
Termino, adelantándole que vamos a querellarnos contra el Ministerio de
Medio Ambiente, contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al
igual que no dejaremos de plantear en el Congreso de los Diputados una
comisión de investigación que esclarezca la verdad y ayude a identificar
y a depurar las responsabilidades políticas y de otro tipo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos políticos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, don Ramón Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a
la Comisión al presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y lamentar que tenga que ser para un tema como éste. Nos
hubiese gustado poder contar con su presencia para otros temas más
agradables que el tema que nos está ocupando la comparecencia.
La semana pasada tuve la oportunidad de ver la situación en la que se
encuentra la zona afectada por el lodo y las aguas tóxicas en el entorno
de Doñana y cuando regresamos a Madrid lo hicimos con una gran
preocupación. Tanto nuestro grupo como la mayoría de los grupos
parlamentarios que estuvimos en la zona tuvimos la sensación, yo
personalmente la tuve, de que las decisiones que se toman, que
seguramente son las acertadas, son muy lentas. No se puede tardar una
semana en constituir una comisión mixta ni el ritmo de las obras puede
ser el que en aquel momento era; espero que en este momento el ritmo sea
mejor.
Voy a ser muy breve. En este momento, existen en la zona de dominio
público del río, que es donde usted tiene competencias, dos problemas muy
graves: en primer lugar, el tema de los lodos, y, en segundo lugar, el
agua que está a cuatro kilómetros de la entrada al parque de Doñana, los
tres hectómetros cúbicos de agua tóxica, y tanto los lodos como esa agua
son un peligro potencial al que hay que encontrar solución; peligro
potencial que, en el mejor de los casos, se puede mantener unos meses,
pero no habría ninguna explicación si antes de entrar en el otoño no
estuviese absolutamente resuelto, eso sin contar con que durante el
verano no se produzcan lluvias intensas en esa zona, lo que podría romper
todas las previsiones.
Señor presidente, para evitar que se extiendan los lodos habría que
sacarlos y depositarlos en alguna zona, y se podría instalar, según se
nos explicó, una depuradora para tratar las aguas que se encuentran en
este momento almacenadas a unos pocos kilómetros de la entrada al parque
de Doñana.
No voy a entrar en este momento a analizar las responsabilidades, aunque
no renunciamos a ello y ya lo haremos en su momento, porque es más
importante conocer si en la Confederación existe algún calendario
concreto de acciones para el próximo futuro. ¿Cuándo prevén tener el
cauce limpio y en la misma situación que estaba hace un mes, que es
seguramente una de las preocupaciones de todos los grupos políticos?
¿Cómo lo piensan hacer y qué tiempo le piensan dedicar? ¿Cuándo creen que
lo van a tener en condiciones normales?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz
la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Agradezco al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir su presencia aquí esta mañana. Quiero
anticipar que las preguntas que le voy a formular se extienden al
comisario de Aguas, cuya comparecencia está también prevista, por lo que
creo innecesario repetirlas si el presidente tiene a bien contestarlas, y
si no el propio comisario, y por ello en principio no haré uso de un
turno de palabra posterior. Por tanto, concentro en mi intervención las
preguntas destinadas a las dos personalidades que hoy nos acompañan.
Lamento que la Confederación se vea obligada en estos momentos a
enfrentarse con numerosas críticas y con valoraciones negativas de lo que
haya sido su actividad en el pasado y en el presente inmediato. Adelanto
que nuestro grupo parlamentario llevará adelante iniciativas tendentes a
evitar, en lo posible, que una situación semejante se repita, sin que
tenga la Confederación Hidrográfica los medios suficientes para poder
contribuir a la prevención de una catástrofe de estas características y
sin que exista una suficiente clarificación en cuanto a las competencias
y a la aplicación de la Ley de Aguas, porque creemos que los medios no
son los adecuados para la Confederación Hidrográfica ni lo han sido, ni
tampoco existe suficiente nitidez en la posibilidad de aplicar la vigente
Ley de Aguas. A ello nuestro grupo parlamentario dedicará parte de sus
esfuerzos en los próximos meses.
Como la comparecencia del presidente de la Confederación prácticamente ha
reiterado en su contenido lo ya expuesto ante esta Comisión de Medio
Ambiente por la ministra titular, quiero hacerle algunas preguntas que no
quedaron contestadas satisfactoriamente por la ministra y que tienen que
ver precisamente con el ámbito de competencias del organismo que usted
preside, señor Vizcaíno. En primer lugar querría preguntarle si la balsa
de residuos de la mina de Aznalcóllar está o no en dominio público
hidráulico. De acuerdo con el plano que tengo y que pueden ver los
diputados y los medios de comunicación, la balsa minera está situada en
una proximidad que llega a ser de cero, de cinco o de quince metros,
según el recorrido del cauce del río, junto a la balsa minera. Quisiera,
por tanto, preguntarle si la balsa está en dominio público o en zona de
policía de dominio público. Esto tiene que ver con la segunda pregunta:
¿Está realizado el deslinde del cauce del río afectado? De no ser así,
¿cuándo se va a llevar a cabo el deslinde del dominio público hidráulico
de toda la zona afectada por el vertido? Si yo no he entendido mal, la
ministra de Medio Ambiente ha anunciado en los días pasados que lo que el
Ministerio de Medio Ambiente va a llevar a cabo es estrictamente la
regeneración del cauce del río Guadiamar, es decir, de las más de 4.000
hectáreas (disiento en la cifra que usted ha proporcionado) ya afectadas
por la contaminación de los lodos. Esto significaría que el Ministerio,
aproximadamente, va a incidir sobre la recuperación de 800 hectáreas. En
cualquier caso, quisiera que nos aclarara si se está llevando a cabo el
deslinde, cuántos kilómetros del río Guadiamar y del río Agrio han sido
ya objeto de deslinde, en su caso, y cuándo se prevé que el deslinde
completo de toda lazona afectada vaya a estar realizado.
En relación con las competencias de vigilancia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, quisiera preguntarle cuántas balsas de
alpechín ha controlado a lo largo de los últimos años la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; si considera que las balsas de alpechín
forman parte de las obligaciones de control y vigilancia de la
Confederación y, si no es así, por qué ha habido determinados controles;
y si no es cierto, de acuerdo con palabras pronunciadas en público por el
propio secretario de Estado de Aguas y Costas hace unos días, que el
problema de no haber controlado más una balsa de las características y de
la potencial peligrosidad de la balsa de las minas de Aznalcóllar no
tiene que ver con la escasez de medios de los que dispone la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En ese sentido, señor
presidente, díganos, por favor, cuántos guardas fluviales tiene la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en estos momentos (si no
puede darnos la cifra le rogaría que la hiciera llegar a la Comisión);
cuántos guardas fluviales tenía la Confederación Hidrográfica hace tres
años; cuántos de ellos se encuentran en el entorno afectado por el
trágico suceso --que no parece, desde luego, que sea un accidente-- en
las minas de Aznalcóllar y cuál es la relación entre los medios humanos
disponibles por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el
potencial riesgo existente en la zona donde se ha producido la
catástrofe.
Quisiera también que me dijera, en estos momentos en qué se está
colaborando entre las dos administraciones para la retirada de los lodos,
quién está pagando esa retirada porque, según mi información, lo está
haciendo la propia empresa Boliden que es la que paga, entre otras, las
máquinas de Tragsa para la retirada de los lodos. La ministra anunció
hace unos días que se iba a permitir a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir endeudarse en una cuantía de 4.500 millones de pesetas para
poder colaborar de manera directa, en el sentido económico, a las obras
de recuperación del cauce. Quisiera saber si ese endeudamiento ha sido ya
autorizado por el Consejo de Ministros y si, complementariamente a esa
futura aportación económica, en estos momentos la Confederación
Hidrográfica está aportando recursos económicos para los trabajos que se
están realizando.
También quisiera saber si es cierta una noticia que ha aparecido en los
medios de comunicación según la cual Boliden había pedido este año, en el
mes de marzo, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que se le
permitiera aumentar el volumen de vertidos para poder aliviar una balsa
que estaba siendo gestionada de una forma que seguramente tiene que ver
con lo que ha acaecido con posterioridad, es decir, acumulando un volumen
excesivo de lodos mezclados con agua. Quisiera saber si el volumen de
vertidos que ha llevado a cabo Boliden es en estos momentos conocido por
el presidente y si puede decirnos cuál ha sido su evolución en el último
año, es decir, si ha habido, como parecería deducirse de esa información
aparecida en prensa, un aumento significativo del vertido de los
mismos al dominio público hidráulico. Usted también nos ha dicho --y
lamento coincidir con la representante de Izquierda Unida-- que en todo
momento la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir denegó un vertido
con posterioridad a la catástrofe acaecida, cuando creo que nos consta a
más de un diputado en esta sala que la Confederación Hidrográfica, de
manera verbal, autorizó ese vertido antes de denegarlo por escrito y
coincidiendo en esa denegación con la posición manifestada por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Es cierto que en
el ámbito de la Junta de Andalucía había opiniones diferentes, pero creo
que esta historia debería trasladarse con plena honestidad en cuanto a
que ha habido, sin duda alguna, momentos de confusión y de contradicción
entre los distintos organismos con posterioridad a lo acaecido en la
minas de Aznalcóllar.
En síntesis, señor presidente, quisiera saber cuál es su opinión sobre la
existencia de una balsa de residuos de una actividad minera dentro del
dominio público hidráulico, porque no parece que quepa ninguna duda a la
vista de la ubicación de esta balsa; si entiende que a pesar de eso, y de
acuerdo con informes muy discutibles del propio Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, no existía ninguna otra
obligación, por parte de la Confederación, que la estricta de vigilar los
vertidos a cauce; y a continuación las preguntas que le he formulado
sobre la dotación de medios, si es posible también su valoración sobre
los mismos y sobre la relación que guarda esa escasez de medios humanos
con la posibilidad de haberse evitado, en su momento, la catástrofe
acaecida.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz don Luis Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señorías, estamos asistiendo a la
comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir que como representante de un cuerpo técnico dependiente del
Ministerio viene a explicarnos su participación en el hecho desgraciado
que ocurrió el pasado 25 de abril. Digo esto porque hay que deducirlo de
que ya ha habido una comparecencia en esta Cámara de la ministra dando
cumplida cuenta de todos los hechos que ocurrieron ese día, de los hechos
que ocurrieron posteriormente a ese día y de los hechos que ocurrieron
anteriormente a ese día, y ha sacado las consecuencias y ha aportado las
soluciones --que es lo más importante en este caso-- que deben ponerse en
marcha para afrontar este asunto. Por tanto, se trata de un complemento
técnico a la intervención de la señora ministra, en la que dejó todo
perfectamente claro. Sin embargo, concretamente en la intervención del
portavoz de Izquierda Unida se deduce una intención que la verdad es que
no sé cómo calificarla; yo la calificaría de malsana. He tenido la
paciencia de repasarme la comparecencia de la ministra y la intervención
de los anteriores portavoces, y cuando intervino el señor Alcaraz por
Izquierda Unida no hizo más que profundizar en una tragedia, que todos
reconocemos, airearla, y no plantear más que tragedia sobre tragedia sin
ninguna solución. Pero ahora la señora Aramburu nos convierte la tragedia
en una novela de suspense, es decir, empieza a dejar entrever historias
(yo la he seguido con la atención que seguí la primera representación de
una novela de Aghata Christie en el teatro): quién ha roto el muro, por
qué se ha roto el muro, etcétera. Yo creo que eso que dice la señora
Aramburu a lo mejor resulta interesante como medio para no aburrirse,
pero que no tiene el más mínimo fundamento y, desde luego, no compete ni
afecta para nada al Gobierno del Partido Popular y muchísimo menos al
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que me
imagino que habrá asistido, como todos nosotros, con una atención
expectante a lo que se decía pero sin ningún interés para él.
Aquí lo que hay que poner de manifiesto es que los hechos están
suficientemente explicados en la medida en que es posible explicarlos. Se
ha dejado clarísimo, tanto por parte de la ministra como por parte del
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuál era la
situación, cuáles eran las competencias de cada uno --y a lo largo del
tiempo se están viendo-- y las circunstancias que han llevado a este
desgraciado accidente. Es decir, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente, sucesor del anterior Ministerio de Obras Públicas, las
competencias eran las correspondientes a la Confederación y las que
puedan deducirse de la presidencia del patronato de Doñana, y
concretamente por parte de la Confederación la de vigilar los vertidos
que pudieran producirse a partir de esa balsa de decantación de residuos;
insisto en la palabra balsa, como bien la han utilizado otros portavoces,
y no en la palabra presa que ha utilizado, no sé si deliberadamente, la
señora Aramburu. Ha quedado claro que esos vertidos se han estado
controlando en todo momento, no sólo se han controlado sino que se han
impedido clarísimamente cuando se intentó, después de la primera y
desgraciada rotura, continuar esos vertidos con una mala intención, que
probablemente no fuera deliberada, de la empresa Boliden en combinación
con la Junta de Andalucía y no se permitió clarísimamente por la
Confederación, en uso de sus competencias, que luego además fueron
refrendadas por el juez que intervino en el caso. Luego la Confederación
ha dejado bien claro, exactamente igual que hizo la ministra, cuáles eran
sus competencias, cuál ha sido su actuación, cuál era el soporte legal
que en todo momento se ha tenido sobre esta actuación y estas
competencias, y cuáles han sido los hechos. Pero estos hechos ya
reiterados, ahora --repito-- parece que se quieren convertir en novela de
misterio no sé con qué intención. La verdad es que la intención no sé
cuál es pero los resultados son malos. Ahora lo que tenemos que hacer
todos es aportar soluciones a este tema, y una de las soluciones es que
no se siga contaminando mediáticamente en demérito de las soluciones que
requieren las personas afectadas. Es decir, allí existe un medio, existen
unas personas que viven de ese medio, unas personas que desarrollan
actividades cercanas al medio y que ahora mismo, debido a esta especie de
contaminación mediática --repito-- que se está tratando de esparcir, se
están viendo muy afectadas. Ya se habla de los malditos productos de
Huelva, de los malditos productos que se relacionan
con este asunto, cuando esos productos no han sido contaminados en ningún
momento ni la contaminación ha llegado a tanto y se deben poner todos los
medios para impedir que llegue a producirse. Por tanto, seamos sensatos,
no perdamos el tiempo y las energías en hablar --he tomado nota-- de
delitos, dejaciones, negligencias, dimisiones, etcétera, y pongamos toda
esa energía, que es encomiable, en aportar soluciones, porque según he
oído decir a la señora Aramburu si dejamos los lodos es malo, si se
retiran los lodos se remueven y es peor; si se va es malo, si se queda
uno es peor. Es decir, que lo que tenemos que hacer es ponernos todos
juntos a llorar, criticar y adivinar al final del misterio quién ha sido
el culpable de esta situación para matarlo.
A nosotros lo que nos preocupa realmente desde el Partido Popular es,
primero, dejar claro, como se ha dejado por parte de la ministra, cuál ha
sido la situación; segundo, dejar claro que esta situación ha sido una
catástrofe; y tercero, dejar claro que hay que aportar soluciones, que
tiene que haber soluciones y que el tema se va a enmendar en la medida de
lo posible, y no digo en la medida de lo posible porque haya
imposibilidad de arreglarlo definitivamente sino en la medida de las
posibilidades que el tiempo nos vaya dando para que esta catástrofe
llegue, al final, a no ser más que una catástrofe que tengamos que
recordar para que no vuelva a producirse y que no haya tenido mayor
influencia ni en el medio ni en la flora ni en la fauna ni en las
personas que viven alrededor de todo este medio, de toda esta zona. Esta
es nuestra posición. Con ese ánimo está el Partido Popular afrontando
estos hechos y el Gobierno está dispuesto a hacerlo y ya lo está
haciendo. Pero no es sólo el Gobierno del Partido Popular. Ha quedado
claro que la responsabilidad en su gran mayoría es de la Junta de
Andalucía, no por pedir responsabilidades sino por competencia, y de
hecho el presidente Chaves ya se encuentra en Europa recabando fondos
para solucionar estos temas y la Junta de Andalucía contará con toda la
colaboración del Gobierno, nos consta, como ya dijo la ministra en su
intervención. Este es el ánimo con el que debemos abordar esta cuestión.
Señora Aramburu, para terminar quiero decirle que la ministra no mintió
en su comparecencia; la ministra dijo y reiteró que quería una comisión
de investigación donde correspondiera, y probablemente al demostrarse que
la competencia es de la Junta de Andalucía sea el sitio más adecuado,
como ya se dijo también en esa comparecencia, para establecer esa
comisión de investigación. Ni el Partido Popular ni la ministra del
Gobierno del Partido Popular nos oponemos a una comisión de investigación
evidentemente donde corresponda, pues no es lógico establecer comisiones
donde no corresponda esa competencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Vizcaíno.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
(Vizcaíno Alcalá): Como no estoy acostumbrado a estas comparecencias, he
ido tomando nota para contestar, y quizá lo haga de forma desordenada
pero ustedes me disculparán.
El señor PRESIDENTE: Señor Vizcaíno, permítame que le interrumpa. No está
obligado a contestar en este acto a todas las preguntas que se le han
formulado. Si hay alguna pregunta de la que no tiene datos suficientes,
le ruego que la conteste por escrito a esta Comisión y será trasladada a
los diputados que la han formulado.
El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
(Vizcaíno Alcalá): Muchas gracias.
Como se ha puesto bastante énfasis en la competencia de la Confederación,
si es presa o no es presa, le aclaro que la balsa de residuos estériles
no está en dominio público, y al no estarlo el Ministerio de Obras
Públicas dictó la Orden del 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el
reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses y dice en el
preámbulo: En este sentido, se ha considerado conveniente en una primera
etapa limitar su ámbito de aplicación a las presas y embalses cuya
titularidad corresponda al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, así como aquellas, independientemente de su titularidad,
que sean objeto de concesión administrativa por parte de dicho
departamento. Y a continuación el artículo 2 de esta Orden, sobre el
ámbito y grado de aplicación, dice: Lo establecido en este reglamento
será igualmente aplicable a las balsas para residuos industriales y otros
usos en cuanto ocupen dominio público hidráulico. En este caso la balsa
de estériles no ocupa dominio público hidráulico. Pero hay un matiz
importante. Yo creo que se debe considerar como gran presa todo. Si me lo
permiten les pongo un ejemplo. En cualquier trazado de una carretera se
plantean terraplenes de gran altura, que están atravesando el dominio
público. Esa obra de carretera, ese gran terraplén lleva un sistema de
drenaje y, en un momento determinado, por arrastre de árboles ese sistema
de drenaje deja de funcionar y el terraplén entra en carga. ¿Sería
razonable en este caso acudir al Ministerio de Medio Ambiente, al área de
vigilancia de la presa, diciéndole que no calculó ese terraplén como una
gran presa? Yo me he permitido leer la ley porque se pone mucho énfasis
en el tema de gran presa o no gran presa. Con arreglo a esta orden --se
lo vuelvo a repetir-- el ámbito de aplicación de lo establecido en este
reglamento será igualmente aplicable a las balsas para residuos
industriales y otros usos en cuanto ocupen dominio público hidráulico. Y
no es el caso de la balsa de Aznalcóllar.
Señora Aramburu, en cuanto a si intervinimos ante la denuncia, le tengo
que decir que sí intervino la Confederación en aquel momento y abrió
expediente sancionador. Lo que ocurre es que al iniciarse el
procedimiento por el juzgado de Sanlúcar se interrumpe el expediente
sancionador. Esa publicación de un medio que dice que la empresa Boliden
pide autorización para hacer un vertido hace cinco meses creo que ha sido
una mala interpretación. Como antes al repasar los precedentes
administrativos, la autorización que tiene la balsa es para evacuar
1.350.000 metros
cúbicos. Con la entrada en explotación de la Puerta de los Frailes se
pide la ampliación a cuatro millones de metros cúbicos de vertidos y la
autorización provisional que se le da el 3 de marzo pasado contempla ya
los cuatro millones de metros cúbicos. Yo creo que ha sido una errónea
interpretación. Nunca la empresa se dirigió a nosotros pidiendo pasar a
hacer un vertido extraordinario 50 días antes de la rotura.
Otro asunto que se ha tratado es el del famoso pozo número 13, que ya se
aclaró. El pozo número 13 está junto al puente de Sanlúcar la Mayor, y
cualquiera que se moleste en mirar el mapa desde Sanlúcar la Mayor a
Doñana verá que no está en Doñana. El puente de Sanlúcar la Mayor, en
efecto, está contaminado porque la avalancha de lodo le paso por lo alto,
pero está muy retirado del parque de Doñana. No está en el acuífero 27.
La señora Narbona pregunta por el deslinde del cauce. No estaba hecho el
deslinde, igual que hay cientos de kilómetros de río en los que no está
hecho el deslinde. ¿Cuál ha sido el criterio? Como ya se ha señalado
antes, uno de los damnificados en este accidente es el Estado como tal,
el dominio público. Al no estar el deslinde ¿cuál ha sido el criterio que
se sigue en este momento? El criterio que se sigue es abordar la limpieza
de todas aquellas zonas en las que en el acceso no haya interdependencia
con propiedades. Me explico. Si algún agricultor llega a 20 metros del
cauce del río se considera en este momento que es de ese caballero. Todo
lo que no está ocupado se considera de dominio público, con
independencia, una vez terminada la limpieza del cauce, de que se proceda
al deslinde. El procedimiento del deslinde, como ya conoce, es largo y
penoso. En este momento hemos iniciado algún deslinde y va para largo.
Una vez terminada la limpieza y antes de la restauración del río
procederemos al deslinde.
El señor Companys hace dos preguntas sobre la retirada de los lodos y el
agua acumulada en Entremuros. La retirada de los lodos ha presentado
bastantes dificultades y en este momento no se ha desarrollado de una
forma importante. A mi modo de ver esto tiene una explicación. Cualquier
obra que se inicia tiene una inercia que hay que vencer y eso se nota en
la programación de cualquier obra pública. El inicio es lento para luego
ir ascendiendo hasta alcanzar un máximo en el que se mantiene. Esto no
podía escapar de esa inercia, pero además se ha complicado porque ha
llovido en el cauce y las máquinas no pueden entrar. Yo le voy a hablar,
por ejemplo, de los últimos días, concretamente del día 11 de este mes.
Ese día han trabajado en el río 29 máquinas entre motoniveladoras,
tractores, retroexcavadoras, palas, etcétera; en total, 29 máquinas.
Había 161 personas y 51 medios de transporte, camiones. Se trabajó
durante 14 horas. Si se divide entre el número de transportes el
rendimiento horario, cada camión sale a 9,88 metros cúbicos/hora, un
rendimiento bajísimo. ¿Qué ocurre? Que no pueden trabajar, y a eso se
agrega la dificultad de moverse a lo largo del río. En este momento la
Confederación ya ha iniciado el expediente para la ocupación temporal que
permita abrir un camino por el lecho del cauce, de forma que los
transportes no se tengan que incorporar a las carreteras comarcales o
entre los pueblos, ya que en este momento se está dando una mezcla de
tráfico pesado con tráfico normal que está siendo realmente peligrosa.
En cuanto al agua acumulada, todos estamos preocupados porque no son tres
hectómetros cúbicos, sino casi cinco. Es verdad que el pH ha subido, hay
momentos en que está casi en siete, pero también es verdad que están ahí
los metales pesados. La Confederación ha iniciado un segundo muro para
impedir que si por un accidente o por una tormenta importante el agua
rebasa el existente, quede retenida aguas abajo. Yo confío en que en
estos próximos días se dé un tratamiento masivo con carbonato cálcico de
forma que precipite los metales pesados, pueda salir el agua que hay
acumulada ya desprovista de esos metales pesados y, a continuación, se
pueda limpiar el cauce de entremuros. Es un asunto que realmente nos
tiene muy preocupados.
También se han interesado las señoras Aramburu y Narbona por el vertido.
Les diré que hay un momento --y eso ocurre la noche del sábado 25 en el
centro del Acebuche-- en el que la empresa trata por todos los medios de
cerrar el dique y tiene gravísimas dificultades. En ese momento yo estoy
en Acebuche y, entre las múltiples personas que estamos, me acompaña el
jefe del dominio público hidráulico. Se produce una llamada, yo le veo
hablar y al terminar la conversación me cuenta que le han llamado de la
balsa diciéndole que están intentando cerrar con maquinaria pero que
tienen gravísimas dificultades en la evacuación del agua que tienen
abajo, en la solera. Es algo similar a cuando se abre una zanja, que como
no se puede poner el hormigón con el agua que hay dentro lo que se hace
es evacuarla para echar el hormigón. El dice que hay que sacarla pero
cortar inmediatamente. Y la segunda ocasión que se produce es con la
balsa ya cerrada. Con la balsa cerrada se produce por Boliden la petición
de evacuar el agua que hay dentro. ¿Y por qué piden evacuar el agua?
Porque temen que se produzca una segunda avalancha y, como la defensa que
han construido no tiene garantías, temen que empuje esa defensa y se
produzca una segunda inundación. Esa noche --se lo confieso-- la soledad
del comisario y la del que les habla fue total porque en ese momento
teníamos que decidir sobre autorizar un vertido con un daño seguro o no
autorizar un vertido corriendo un riesgo. Afortunadamente no autorizamos,
no se aumentó la contaminación y no se produjo el corrimiento. Esa es la
explicación. Si quieren alguna aclaración más la puedo dar.
Me preguntan también sobre las balsas de alpechín y sobre los guardas
fluviales. En Córdoba y Jaén tenemos muchas balsas de alpechín, pero no
tienen, ni mucho menos, la magnitud de ésta. Ultimamente estamos
imponiendo que todas la balsas de alpechín tengan una capacidad
suficiente, porque todos los argumentos que utilizan los de las almazaras
es que la capacidad les resulta pequeña en la época de lluvias. Como
usted sabe, en Andalucía los 1.000 milímetros/año difícilmente se
superan. Estamos exigiendo a todas las balsas que le den la capacidad de
molturación que ellos prevean más un metro de altura, previendo una
pluviometría de un metro.
En cuanto a la guardería fluvial... Siempre las comisarías de aguas han
estado mal dotadas. Usted pasó por el ministerio
hace unos años, yo llevo en él desde el año 1953 y siempre las comisarías
han estado mal dotadas. Es una inercia difícil de romper. Las
confederaciones siempre han estado muy bien dotadas para equipos de
ejecución y dirección de obras y proyectos, en cambio las comisarías de
aguas siempre han estado mal dotadas, pero esa tendencia se va a cambiar.
¿Por qué? Porque cambia la tendencia en la ejecución de obras. En estos
momentos, como decía anteriormente, de 100 papeles que entran en la
confederación, 95 son de comisarías de aguas, tres de secretaría general
y dos de obras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Manuel Vizcaíno. En nombre de la
Comisión de Medio Ambiente quiero agradecerle su primera comparecencia
aquí, deseándole toda clase de éxitos en las labores que le esperan.
-- COMPARECENCIA DEL SEÑOR COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR (SAURA MARTINEZ) PARA INFORMAR SOBRE LO
OCURRIDO EL DIA 25 DE ABRIL DE 1998 EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE
NACIONAL DE DOÑANA, CON MOTIVO DE LA ROTURA DE LA PRESA QUE CONTENIA AGUA
ACIDA PROVENIENTE DE LAS MINAS DE AZNALCOLLAR, Y SU REPERCUSION TANTO A
LOS HABITANTES DE LOS ALREDEDORES DE LA ZONA COMO AL PARQUE NACIONAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 212/001380).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al cumplimiento del tercer punto
del orden del día, que tenía que haber empezado a las doce y media; se lo
recuerdo a SS. SS. para rogarles que sean lo más breve posible en sus
intervenciones puesto que, al finalizar la sesión, está prevista una
reunión de la Mesa. Además, el compareciente de ahora, que es el
comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, va
a informar de un asunto prácticamente coincidente con el que ha informado
el compareciente anterior, don Manuel Vizcaíno, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Tiene la palabra, rogándole que sea lo más breve posible, don Juan Saura.
El señor COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR (Saura Martínez): Señorías, al margen de las
responsabilidades que se piden por unos y por otros, les puedo decir que
estamos viviendo unos momentos de tensión muy grandes, no ya por la
rotura de la presa sino por los fenómenos que se han producido con
posterioridad. Se ha citado alguno de ellos, como es el vertido.
Diariamente hay algún problema relacionado con el tema y es muy duro
tener que estar afrontando estas responsabilidades con escasez de medios,
como se ha apuntado. Dicho esto, voy a resumir rápidamente lo que yo
tenía preparado, ya que algunas de las cosas las ha comentado el
presidente.
Los antecedentes de esta explotación se remiten al año 1976, cuando
contaba con las pertinentes autorizaciones, en concreto la del entonces
Ministerio de Industria y la del vertido a cauce público, previa
depuración, esta última otorgada por la antigua Comisaría de Aguas, que
entonces no estaba integrada en el organismo de cuenca.
La balsa objeto de este debate estaba ya planteada en ese sitio en aquel
momento, prácticamente con las mismas dimensiones incluso de altura,
puesto que su vocación era seguir creciendo a lo largo de los años. Con
la aparición de la Ley de Aguas del 2 de agosto de 1985 y por aplicación
de la orden ministerial del 23 de diciembre de 1986 se autoriza
provisionalmente el vertido en 1987 en los términos ya autorizados,
puesto que, como ya he comentado anteriormente, existía una autorización
de vertido del año 1976, con indicación adicional de la sujeción en los
límites de emisión a la tabla 1 de sustancias contaminantes indicadas en
el reglamento de dominio público hidráulico que desarrolla la citada Ley
de Aguas.
A lo largo de estos 22 años que lleva la explotación se ha realizado un
control analítico de las aguas en una serie de puntos a lo largo de los
ríos Agrio y Guadiamar. (Yo traía unas transparencias, pero como tenemos
muy poco tiempo voy a describirlas rápidamente). Esos puntos donde
sistemáticamente se controlaba el vertido eran: aguas arriba de la mina y
donde, en principio, la mina no afectaba; aguas abajo de la mina en el
propio río Agrio; en el río Guadiamar, aguas arriba de su confluencia con
el río Agrio; es decir, en el término de Gerena, y en el río Guadiamar,
aguas abajo de la confluencia. Es decir, en el río Guadiamar había dos
puntos, uno antes y otro después de la confluencia, y en el río Agrio uno
antes y otro después de la mina.
En el año 1980, coincidiendo con el inicio del vertido, puesto que,
aunque las autorizaciones son de 1976, la explotación empezó algunos años
después, se empezó a controlar el vertido de la depuradora, es decir,
quinto punto que se controlaba. Además de estos cinco puntos se añadió El
Guijo, que es un punto existente en el río Guadiamar, aguas abajo de la
confluencia de los dos ríos, Agrio y Guadiamar, aproximadamente a unos 10
kilómetros, donde tenemos una estación de aforos que detectó las dos
ondas de rotura que se produjeron, puesto que primero se rompió un dique
y después se rompió otro, el de conexión entre las dos balsas, y se
detectó perfectamente en esa estación. Allí se controlaban, no solamente
los parámetros propios de la mina, los metales pesados, que son, en
definitiva, los que preocupan en esta cuenca, sino lo que se llama un
punto de la red ICA, es decir, ahí se controlan todos los parámetros de
calidad de las aguas al margen de la propia actividad minera. De manera
que ya existían desde el año 1980 estos seis puntos de control, incluido
el vertido.
Posteriormente, a medida que han ido avanzando los años, se ha aumentado
el control. Concretamente, en el año 1994 en el vado del Quema, en el año
1997 en Aznalcázar, que son dos puntos situados más abajo en las
proximidades del Coto de Doñana, precisamente el tramo Aznalcázar-vado
del Quema, unos 4 ó 5 kilómetros, es aproximadamente el sitio de contacto
entre el río Guadiamar y el acuífero 27, al que se ha aludido
reiteradamente; pues bien, estos dos puntos, el origen y el final, se
están controlando, desde el año 1994 el vado del Quema y desde 1997
Aznalcázar. En el año 1996 se empieza a controlar también otro punto, en
la cabecera de la cuenca, en el río de Los Frailes, que es un afluente
del Agrio; el Guadiamar es el río principal y el río de Los Frailes es el
que da nombre a la corta actual autorizada por la autoridad minera en el
verano de 1995. En el verano de 1995 se produce esa autorización a la
explotación y la declaración de impacto ambiental correspondiente a esa
nueva corta. Como consecuencia, la comisaría, a partir del año 1996,
empieza a controlar también ese río a los efectos pertinentes. La
periodicidad de control es mensual y solamente se ha dejado de tomar
muestras en los casos de inundaciones, porque no se podía acceder, o en
el caso del río en sequía, donde evidentemente no había agua para poder
tomar muestras. Este es el control analítico que se ha hecho de la mina y
de su entorno, por la Confederación, a lo largo de estos 22 años.
Administrativamente, como ya he comentado, esta explotación tenía su
autorización de vertido, que se actualizó en el año 1987, y en 1994,
aprovechando el cambio de titularidad de la antigua Minas de Aznalcóllar,
Sociedad Anónima, a Boliden Apirsa, se mejoró la autorización provisional
de vertido existente incorporando también los límites de emisión de la
tabla 2, que son más específicos. La tabla 1 del real decreto que
desarrolla la Ley de Aguas también tenía metales pesados; la tabla 2
aparece con posterioridad, creo que en el año 1989, y se incorpora esa
exigencia en la nueva autorización de vertido.
En el año 1995, sale el decreto de regularización de vertidos, que
establece un mecanismo operativo para transformar las autorizaciones
provisionales existentes en todo el país en autorizaciones definitivas.
Es en julio de 1995 cuando la confederación se dirige a la empresa
Boliden Apirsa indicándole que hay que poner en marcha el sistema de
regularización de vertidos de acuerdo con el mecanismo especificado en el
real decreto citado. Esto se hace con anterioridad a las denuncias, por
lo menos a la denuncia que más ha sonado en la prensa, que se producen a
finales de ese año 1995. Es decir, ya la confederación empezó a actuar
específicamente, dentro de su escasez de medios, con esta empresa, que es
de las más importantes desde el punto de vista de vertidos, aplicando,
como ya digo, la legislación vigente. En 1995, efectivamente, se produce
la denuncia del señor, cuyo nombre no recuerdo, que dice que hay
filtraciones y que, además, aquello se está haciendo mal. Esa denuncia
provoca varias reuniones de todas las administraciones, aparte del
expediente sancionador ya citado con la intervención del juzgado;
posiblemente sin la denuncia las administraciones habríamos funcionado
descoordinadamente, pero esa denuncia pone en pie a la Administración
autonómica, concretamente la administración minera, al ITGE, Instituto
Tecnológico Geominero de España, y a la propia Confederación, de tal
manera que, ya desde enero de 1996, empieza a haber reuniones conjuntas
de las tres administraciones con la empresa, por un lado enfocadas a la
regularización del vertido en los aspectos que el real decreto citado
exige, y, por otro lado, analizando la estabilidad de la balsa, que era
uno de los puntos que se había denunciado por este señor.
De las muchas actas de las reuniones que se van celebrando, donde se van
clarificando las actuaciones de las diferentes administraciones, es de
interés el acta de la reunión de 25 de mayo de 1996, donde están la
empresa, la Confederación Hidrográfica, la Delegación de Industria de la
Junta y el ITGE, donde se dice textualmente --está a disposición de
ustedes, aparte de que estará en el juzgado, puesto que también se ha
enviado allí esta documentación-- que la empresa debe presentar el
proyecto de recrecimiento del dique ante la Delegación de Industria para
su aprobación y que debe presentar el proyecto de ampliación de la
depuradora, puesto que la depuradora que tenían estaba preparada para un
caudal menor al previsto. Por otro lado, en el año 1995 ocurre una
incidencia, la propuesta de plan hidrológico de cuenca, en la que se
exige la calidad ciprinícola para el río Agrio y para el río Guadiamar.
Estos aspectos, más alguna directiva europea que había salido en esos
años, no estaban incorporados a la autorización provisional de vertido.
Como consecuencia de ello, se le exige a la empresa, dentro del plan de
regularización, que adapte su depuradora no solamente al nuevo ritmo de
producción que tenían previsto con la corta de Los Frailes, sino, además,
a la exigencia de vida piscícola en el río y a todos los parámetros de la
Comunidad Económica Europea que en ese momento estaban en vigor relativos
a metales pesados. En ese acta se establece que la depuradora debe
presentarse en la Delegación de Industria para que ésta compruebe que
está adaptada al ritmo de explotación que la propia autoridad minera ha
autorizado y, posteriormente, así se dice en el acta, en la
confederación, que es la que en última instancia tiene que aprobar el
vertido de esa depuradora.
En relación con la balsa, y por aplicación del artículo 92 de la Ley de
Aguas, que establece que en cualquier depósito deben fijarse las medidas
para no contaminar acuíferos (este tema está relacionado de alguna manera
con las citadas denuncias), se establece que la empresa, tal como marca
el propio reglamento de dominio público hidráulico en su artículo 258,
debe presentar un estudio hidrogeológico --se presentan dos, uno hecho
por Geocisa y otro por una consultora internacional-- para que, una vez
supervisado por el ITGE, que está presente en esa reunión, sirva para las
medidas a adoptar en relación con la balsa al objeto de no afectar al
dominio público hidráulico, tanto al aluvial del río Agrio como al propio
río. Esos informes hidrogeológicos se van presentando a lo largo de 1996
y el ITGE dictamina sobre ellos a finales de dicho año.
A raíz de ese acta se ha producido esa asunción de competencias, en
aplicación del reglamento de seguridad minera, el cual dedica todo un
artículo a las escombreras, y yo creo que es interesante que pierda un
minuto en este asunto. Dice el artículo 118 que las escombreras, los
depósitos de residuos, balsas y diques de estériles, cualquiera que fuese
su procedencia, se establecerán de acuerdo con un proyecto debidamente
aprobado que considere su estabilidad
temporal y definitiva. El posible recrecimiento se llevará a cabo de
acuerdo con un programa previamente establecido y debidamente autorizado.
En la redacción del proyecto se tendrán en cuenta la resistencia del
terreno, el vertido de escombreras, los materiales empleados, el ángulo
del talud, el drenaje natural o artificial, los movimientos sísmicos o
cualquiera otra circunstancia determinante. Dentro del mismo capítulo, el
artículo 119 dice que durante la ejecución y mantenimiento de la
escombrera se efectuará el seguimiento y control que se establezca para
verificar los parámetros del proyecto.
En virtud de estos artículos del real decreto de seguridad minera, se
presenta previamente un proyecto visado y garantizado por tres técnicos
superiores y, además, con unas afirmaciones rotundas diciendo que aquello
es seguro y estable, volviéndose a repetir en informes posteriores. Con
ese informe, redactado además por una de las empresas especializadas del
país, que yo creo que es quizá la número uno en esta rama de la
geotecnia, la autoridad minera, con plena confianza en ese dictamen,
aprueba el proyecto de recrecimiento, como ya he dicho, el 30 de julio de
1996 y establece un mecanismo de control que quizá no tenga ningún
dique... (una autoridad de la Junta de Andalucía hoy decía que de Europa;
yo no conozco ese ámbito minero, desde luego, pero soy de un pueblo
minero y creo que en España difícilmente habrá la instrumentación que se
exige en ese proyecto). Otra cuestión es, y para eso están los dictámenes
periciales que se estarán elaborando por quien corresponda, averiguar por
qué la realidad no ha respondido a las expectativas del proyecto. Tendrá
su explicación y la veremos, evidentemente, a través de esos informes
periciales, pero la realidad es que, desde el punto de vista
administrativo, las dos administraciones, como ya digo, están coordinadas
a través de esas actas de trabajo. La autoridad minera aprueba ese
proyecto basada en ese artículo y exige un control y por parte de la
confederación nos centramos en los dos aspectos que he dicho: la
depuradora, su adaptación a la nueva reglamentación europea, al nuevo
caudal y a las condiciones de vida ciprinícola en el río Guadiamar, y al
blindaje hidráulico, a lo que podríamos llamar entre comillas
impermeabilización de la balsa, al efecto de que no contamine el aluvial
ni el propio río Agrio.
A lo largo de 1997 se van realizando por la empresa Boliden Apirsa todas
las obras relativas al blindaje hidráulico --tengo el detalle, simplifico
el mensaje--, que consiste en una barrera drenante situada al pie del
talud, más una zanja en aquellos sitios donde la marca es más
superficial, con una serie de dispositivos de bombeo, con unas boyas que
inmediatamente que hay una filtración la reelevan bien a la depuradora,
bien al propio dique, y detrás de la barrera hidráulica se establecen
--según las recomendaciones del ITGE-- unos puntos de muestreo para
controlar la eficacia de esa barrera hidráulica; es decir, se establecen
unos puntos en los que había que tomar periódicamente unas muestras de
calidad y comprobar que, efectivamente, aguas abajo de la barrera
hidráulica, entre ésta y el propio río Agrio, no se producía, bajo ningún
concepto, ningún paso de sustancias contaminantes. Eso es lo que se hace
a lo largo de 1997.
Las obras de depuración y de la barrera hidráulica, que se están
controlando por el área de calidad de aguas, terminadas en 1997, dan
lugar a que se pongan en marcha dos mecanismos: por un lado, establecer
una autorización provisional durante cuatro meses para probar la eficacia
de esas medidas, con un sistema de control exhaustivo, tanto de la
barrera hidráulica como de la propia depuradora, y, por otro lado, un
proceso de información pública, que es el que ha dado lugar a que en los
periódicos se haya dicho que el día 4 de marzo se pidió. No se pidió
nada, había un proceso de regularización que arrancaba desde el año 1996
en donde la empresa ya había planteado su necesidad de ampliar su
explotación, y por parte de los diferentes organismos se había actuado en
el ámbito de su competencia para asegurar la no contaminación del aluvial
ni del río en lo que respecta a las competencias de la confederación, y
por parte de la autoridad minera, para que aquello se adecuara, de
acuerdo con la legislación citada del reglamento de seguridad minera, a
un comportamiento estable y seguro. Eso ha salido a información pública,
y eso es lo que ha podido dar pie a la noticia periodística de que la
empresa el día 4 de marzo pidió. No es así, y espero que esta explicación
sirva en relación con este punto.
Desgraciadamente, la estabilidad del dique no ha respondido a los
presupuestos establecidos en el proyecto, en los seguimientos y en el
control. Yo no quiero entrar en los temas de estabilidad, que han sido
controlados directamente, pero el informe de Geocisa, que efectivamente
se manda cuatro días antes de la rotura a la autoridad minera, y a
nosotros una copia, hace referencia a 1997. No tenemos constancia de que
esos aparatos desde enero de 1998 hasta abril del mismo año no se
hubieran reparado. En cualquier caso, la conclusión de ese informe dice
también con toda rotundidad, y como consecuencia de las medidas de esos
aparatos, que la estabilidad del dique globalmente está asegurada. Esto
que digo es una ironía, pero así está dicho en ese informe, al margen de
consideraciones técnicas sobre los inclinómetros o piezómetros, que
además se lían semanalmente. Los piezómetros son los elementos que miden
el control o la presión del agua sobre el dique. De manera que
aparentemente el control se ha realizado, y evidentemente ese control no
ha sido suficiente. Los peritos tendrán que ver cuáles han sido las
causas.
En cuanto a la administración hidráulica, en lo que a nosotros se
refiere, en ese deslinde de competencias ya he comentado que había un
total de hasta seis o siete puntos de control de calidad de aguas, y se
había impuesto, de acuerdo con el propio reglamento, el establecimiento
de esa barrera hidráulica que asegurara que bajo ningún concepto esa
balsa pudiera contaminar el acuífero del aluvial del río Agrio, al margen
de una actuación más común, que es exigir sobre la depuradora los
parámetros de vertido relativos a las directivas europeas en vigor y a la
vida ciprinícola.
Lo que sucedió después ya ha sido referido por el presidente: momentos de
tensión y dificultades, pero hasta ahora la situación está controlada
dentro de un marco específico, que es el cauce del río Guadiamar, siendo
la afección del acuífero en este momento la que ya se ha expresado,
y de acuerdo con los puntos de control, salvo donde los lodos han pasado
por encima de los pozos, no hay constancia y se está haciendo un
seguimiento de esa evolución. No sólo se está haciendo un seguimiento,
sino que esta misma semana técnicos del ITGE, de la confederación y de la
Comisaría de Aguas están preparando un plan de control, no sólo de
calidad, sino de la evolución piezométrica de los acuíferos, es decir la
evolución de niveles. Es muy importante hacer el seguimiento porque lo
normal, como ha dicho antes el presidente, es que en estos años húmedos
los acuíferos drenen hacia el río. Eso viene muy bien porque en
definitiva la posible afección no penetra hacia el acuífero, pero,
evidentemente, cuando llegue el verano, si se empiezan a hacer
extracciones, no en la zona de lodos, que está prohibido, sino en las
cercanías, puede invertirse el gradiente. Por lo tanto es importante
controlar no solamente la calidad, sino cómo evolucionan los gradientes
para ir tomando las medidas pertinentes en relación a la prohibición, en
su caso, de extracción de aguas subterráneas de fincas colindantes fuera
de la zona contaminada pero que puedan en su extracción de aguas
introducir esa contaminación. En definitiva, como es natural, ésta es una
hipótesis de trabajo que se está estudiando en colaboración con el
Instituto Geominero que, como todo el mundo sabe, es especialista en este
campo, y de ahí saldrán una serie de recomendaciones para que, dentro del
marco de cooperación con la administración autónoma, y dentro de los
diferentes grupos de trabajo, salgan de ahí las recomendaciones, que en
unos casos serán de la Confederación, en otros serán aguas privadas, con
lo cual veremos cómo se actúa, cómo se prohíbe, cómo se deja de prohibir,
por ejemplo, que un señor que tiene agua privada, en el sentido de que,
antes de la entrada en vigor de la Ley de Aguas, la mayoría de los pozos
tenían el carácter de uso privativo, es decir, como el que tiene un
bolígrafo en el bolsillo. Era un concepto minero, la Ley de Aguas de 1985
creo que llega tarde, cuando hay quinientos mil pozos en todo el país que
están sometidos a un régimen de catálogos y a un régimen privado, con lo
cual evidentemente no es una concesión pública, independientemente de que
se puedan establecer medidas, como el caso en que nos encontramos, para
la explotación de ese acuífero, pero que va a afectar a derechos
privados, que lógicamente pedirán la correspondiente indemnización en el
caso que fuera necesario, al margen por supuesto de los daños que se
hayan podido producir en las propias tierras afectadas por los lodos.
Se ha hablado de la depuradora. Hemos tenido que actuar también (es un
punto que no ha tocado el presidente) asumiendo responsabilidades, pero
para eso estamos, sobre la presa de aguas blancas del río Agrio. En estos
momentos no es conveniente que aumente el caudal circulante por el río.
No he dicho que también se tiene un control de aforos en cinco puntos, de
arriba a abajo, para conocer exactamente el agua circulante por el río
Guadiamar. Afortunadamente, las lluvias han entorpecido la retirada de
lodos, pero los caudales máximos en un río que tiene mil kilómetros
cuadrados de cuenca no han pasado de tres metros cúbicos por segundo; por
lo tanto (digo que afortunadamente, y yo creo que está claro por qué lo
digo), no se ha producido arrastre de lodo ni se ha producido una
acumulación excesiva de aguas en el dique de aguas abajo.
Como ya digo, tenemos un control de los aforos y, en cualquier caso, no
conviene soltar más agua, siempre que se pueda, pues el agua que
naturalmente discurra por el río habrá que asumirla. Esperemos que el
tiempo entre en una normalización de lo que es el clima en Andalucía y
que dentro de unos días vaya mejorando y haciendo calor, no solamente
para la retirada de lodos, sino para la propia evaporación del agua
acumulada, ya que la evaporación en verano en el sitio donde se ha
acumulado el agua es superior al metro, de manera que el propio efecto
natural va a eliminar las aguas. Otra cuestión, como es natural, son los
metales que estén disueltos y que exigirán un tratamiento específico de
la zona de Entremuros, donde están acumulados.
Estaba diciendo --me he ido de una idea a otra-- que en la presa de agua
blanca del río Agrio se ha establecido sobre su aliviadero un cierre
provisional para poder almacenar hasta cuatro hectómetros cúbicos de agua
en el caso de que lloviera, si bien es verdad que la presa del río Agrio
lo que controla es el viente por ciento de la cuenca.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que vaya concluyendo.
El señor COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR (Saura Martínez): Sí, señor presidente.
Entonces, hay un 80 por ciento de la cuenca que no podemos controlar, en
el sentido de que si llueve correrá el agua, y lo que sí es probable en
la época en que estamos es que lleva poco. (El señor vicepresidente,
Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
Como ya el presidente me ha llamado la atención, he intentado sintetizar
así rápidamente aquellas cosas que me ha parecido que no se habían tocado
debidamente, con lo que quedo a su disposición para cualquier pregunta.
He tomado nota de las preguntas de la señora Narbona y, en la medida de
lo posible, intentaré responder a cualquier otra pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Grupos que quieran fijar
posición?
La señora ARAMBURU DEL RIO: Mi grupo ha solicitado la comparecencia,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra la señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señor comisario de Aguas,
señorías, permítanme que prologue mi intervención diciendo que siento
profundamente la insensibilidad y el desprecio del portavoz del PP, el
señor Marquínez, con el medio ambiente, con Andalucía y con los
afectados. Es muy antiguo el recurso parlamentario de utilizar la
descalificación cuando no se tienen argumentos. No quisiera, señor
Marquínez, pensar que el diputado
está también involucrado en un pacto de ocultación o de intereses, porque
también tendríamos que sospechar de usted. Por tanto, quiero recordarle
aquello que dice sabiamente el pueblo y es que el que se pica ajos come,
señoría.
Por hablar del mismo lenguaje y continuando con la seria comparecencia
que centra el interés de esta Comisión de Medio Ambiente, sin reiterar la
intervención anterior, que espero que usted haya escuchado con la misma
atención con que lo ha hecho esta diputada, mantenemos la tesis inicial
sobre la que sustentamos nuestras preocupaciones la gente de bien.
Nosotros, como usted bien me ha oído anteriormente, no creemos que la
rotura de la presa tenga su origen en la fatalidad o en la imperfecta
naturaleza. Los datos apuntan, como ya le he expresado anteriormente, a
errores humanos y técnicos que tratamos de aclarar, si ustedes ayudan.
Para entendernos podríamos recurrir, en primer lugar, a a Ley 29/1985,
del 2 de agosto, reguladora de Aguas, que recoge, en los artículos 19 y
siguientes, los organismos de cuenca, su configuración y funciones, entre
los que se encuentra la Confederación, adscrita al Ministerio de Medio
Ambiente, recogiéndose en su artículo 21, apartado b) la administración y
control de dominio público hidráulico, y en su artículo 22, apartados b)
y c), las competencias de inspección y vigilancia y la información sobre
crecidas y control de la calidad de agua. Todo esto es muy ilustrativo,
señor comisario de Aguas, si lo ponemos en contacto con el artículo 55 de
esta Ley de Aguas que indica que la Confederación determinará el destino
de las aguas o las condiciones en que se deba realizar el desagüe,
atendiendo especialmente a su calidad. Todo esto expresa claramente que
la presa era y es responsabilidad de la Confederación.
Si continuamos con el análisis de la Ley de Aguas, es revelador su título
V, en el artículo 84, apartado b) que dice: «Impedir la acumulación de
compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las
aguas subterráneas.» En el artículo 85, como usted sabe muy bien,
describe el concepto contaminación como la acción de introducir
materiales o materias también indirectamente que impliquen una
altercación perjudicial a efectos de la Ley de Aguas. También, como usted
sabe, plantea que la Administración hidráulica competente, según el
artículo 86, actúa, como la policía de aguas superficiales; y en el
artículo 89, apartado a) --importantísimo artículo--, habla de la
prohibición de efectuar vertidos que contaminen las aguas. En este tenor,
señorías, quiero recordar cómo el diario Abc reproduce, el 22 de febrero
de 1996, las palabras de Loyola de Palacio, acusando a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir de permitir los vertidos contaminantes
arrojados por las minas de Aznalcóllar al río Agrio y Guadiamar.
A la luz de lo dicho parece demostrado que quedan acotadas competencias y
responsabilidades y que usted y su ejercicio son parte de la conjura de
silencio y de la ceremonia de la confusión en la que trabajan pública y
desgraciadamente con un solo himno: no pasa nada y todo está controlado.
Debían ustedes saber, señor comisario de Aguas, que la falta de claridad
aumenta la intranquilidad, por lo que le agradeceríamos informen más
asidua y verídicamente para no desestabilizar a la población. Sin lugar a
dudas usted es sólo un ejecutor de un sistema económico que intenta
abaratar los costes para obtener el máximo beneficio, aun a costa de
degradar la naturaleza y las condiciones de vida hasta el límite de la
destrucción. Efectivamente el modelo responsable del atentado ha golpeado
brutalmente no sólo a Doñana y su entorno, sino a agricultores,
pescadores, mineros, al turismo y a miles de trabajadores. Por tanto, hay
que investigar, aminorar las consecuencias, desarrollar leyes que limiten
la especulación y la explotación y, sobre todo, hacer que se cumplan. En
ese sentido, la pregunta que se hacen los ciudadanos, señor comisario de
Aguas, es qué garantías de solución se tienen si mantenemos al frente a
los mismos que, habiendo podido evitar el desastre, no lo hicieron.
Si está usted en condiciones hoy, o por escrito, como considere más
oportuno, sería bueno que nos informara sobre lo siguiente, si entiende
que es de su competencia, pero tenemos que buscar el amparo y la
información donde se nos proporciona. ¿Cómo descontaminar los lodos? ¿En
qué plazo de ejecución? ¿Tienen ustedes tecnología suficiente para la
retirada? ¿Pública? ¿Privada? ¿Qué recursos humanos hay disponibles? ¿Qué
cantidad de lodo está confirmado que se ha retirado? ¿Cuánto hay que
retirar y en qué tiempo para no agravar el desastre? En resumen, ¿cómo se
va a limpiar antes del otoño? ¿Hay elaborado, señor comisario de Aguas,
algún plan de seguimiento de la calidad de aguas superior al que
conocemos? ¿Se está tratando el agua retenida de Entremuros? ¿Cuáles son
los riesgos para la salud humana y del medio por la concentración de los
metales pesados hallados? ¿Cuál es el margen de probabilidad de no
contaminación del acuífero 27, en el caso de que no lo esté todavía?
¿Cuáles son los efectos si se contamina un acuífero? ¿Hay organismos
vivos en contacto con el arsénico? ¿Qué hace falta para entrar en
contacto con éste? (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Estas son dudas que han tenido respuestas contradictorias y sería
necesario conocer su versión. En esta línea, señor comisario de Aguas, la
población necesita que se diagnostique, sobre todo de forma fiable, las
zonas afectadas y las de riesgo. Estamos obligados a querellarnos contra
todos ustedes por su imprudencia, por su negligencia y por su aparente
mala gestión, y cada vez más, porque ahora, como antes he dicho, además
nos planteamos que están tratando de ocultar cuando el Gobierno que a
usted le ha puesto está obstruyendo la investigación y el
esclarecimiento, negándose a una comisión parlamentaria; ustedes, la
Confederación, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno andaluz y las
empresas Boliden y Geocisa están hoy bajo sospecha. Usted, como su
presidente, señor comisario de Aguas, forma parte de la diana a la que
apuntan las responsabilidades, por lo que nos parece lo más decente,
política y técnicamente, su dimisión. Enterraron ustedes bajo los lodos
las denuncias sin ninguna voz, insisto, sin ninguna voz --sólo hubo una y
fue despedida-- que estuviera dispuesta a colaborar en la salvación de
Doñana y su entorno y hoy es preciso que paguen la factura de su
deslealtad con Andalucía, y el aviso de navegantes ha sonado
y el mensaje es que no sólo paga quien contamina, sino que quien no prevé
también paga.
Señor comisario, termino diciéndole que mi grupo ha hecho llegar a la
ministra un decálogo de medidas para devolverle a Doñana, a su entorno y
a los pueblos afectados lo que les han robado. Este país y el sur lo que
menos necesita es voracidad y oscurantismo. Por eso es bueno que los
protagonistas del affaire de Doñana pasen a la reserva, como medida de
prevención, de protección civil y de higiene social.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (La señora Narbona
Ruiz pide la palabra.)
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, simplemente para reiterar que
el presidente de la Confederación no ha contestado a algunas de mis
preguntas, lo puede hacer el comisario y, si no, esperaré que lo hagan
por escrito.
El señor PRESIDENTE: Ciertamente, usted ya había avisado que se
consideraran acumuladas, y consta así. Me comenta el señor Saura que ya
ha tomado nota.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor don Luis
Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Muchas gracias, señor comisario, por su
comparecencia que de alguna manera complementa la anterior y, como dije
en mi intervención, también la de la ministra, desde un punto de vista
técnico.
Ocurre en este caso que el comisario viene a darnos aún más datos sobre
los controles que se han realizado en este tan extraordinario como
desgraciado suceso para poner más medios a disposición de los grupos
parlamentarios en cuanto al conocimiento de la situación, que creo que ya
es bastante conocida. Repito, el comisario ha puesto a nuestra
disposición bastantes más informes que lo único que hacen es corroborar
con datos más específicos y más técnicos la explicación que nos dio la
ministra en su día y la que nos ha dado el presidente de la
Confederación. A pesar de todo eso, se producen las mismas intervenciones
que en el tenor anterior; es decir, la portavoz de Izquierda Unida, que
ya dije anteriormente que había convertido esta comparecencia en la
explicación de una novela de misterio, más que en un sacar datos a
colación y poner soluciones por delante, ahora amplía esta novela de
misterio, me acusa y me hace meterme en la trama de la misma como
portavoz del grupo y me hace partícipe. Me acusa de despreciar el medio
ambiente. Señora Aramburu, esto llega ya al límite de lo histriónico, no
tengo más remedio que decirlo así. ¿Cómo puede acusarnos a nosotros de
despreciar el medio ambiente? Al decírmelo a mí se lo dice usted a todos,
pues no creo que tenga una fijación especial conmigo, y yo, por ejemplo,
como diputado de Huelva, he colaborado y he sido partícipe en tener una
provincia donde más del 30 por ciento es territorio protegido. Por tanto,
a un ciudadano de Huelva es difícil acusarle de despreciar el medio
ambiente, pero es que si acusa también al Partido Popular, habrá que
recordarle que el Gobierno del Partido Popular ha sido el primero que ha
dispuesto de un Ministerio de Medio Ambiente; luego se contradice
bastante despreciar el medio ambiente con disponer un Ministerio
específicamente para el medio ambiente. Yo creo que realmente su
intervención sí que desprecia el medio ambiente, señora, porque lo único
que ha hecho usted es poner todo negro, que nada es posible, no aporta ni
una sola solución, y eso que usted dice y que dicen sus compañeros de
grupo, por desgracia, no queda en esta sala, trasciende a Andalucía,
trasciende al ánimo de los ciudadanos onubenses, de los ciudadanos
andaluces, trasciende a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos
europeos. Lo que está haciendo es marcar y ennegrecer la vida de una
provincia y de una comunidad entera sin aportar, repito, soluciones, nada
más que sospechas, insinuaciones, falsedades, tenebrosidades, etcétera.
Yo no tengo ningún pacto de intereses con nadie. Usted me acaba de meter
en ese tenebroso pacto con el que deambula hoy, que me imagino que se lo
habrá dado alguien escrito, alguien como Vázquez Montalbán, o alguno de
estos novelistas de misterio, pero la verdad es que estoy dispuesto a
acudir a esa querella en la que usted me acaba de meter ahora mismo
también, porque ya vamos todos. Ha terminado usted por convertir la
novela de misterio en La venganza de don Mendo, mata usted hasta al
apuntador. Definitivamente no creo que eso sea bueno ni que nos conduzca
a nada. Creo que es bueno lo que nos aporta el comisario y lo que nos han
aportado el presidente de la Confederación y la ministra. Nos han
proporcionado el esclarecimiento de los datos para que podamos evaluar
cuál ha sido la situación que ha provocado el suceso para que no vuelva a
producirse; esclarecimiento de los datos para que veamos qué se está
haciendo ahora en beneficio de esa solución, y, en definitiva, estamos
comprobando que se han ejercido los controles necesarios por parte de
quien le correspondía; estamos comprobando de quién han sido las
competencias, y ha quedado bien claro en la exposición del comisario que
respecto a la competencia, primero, la balsa no estaba en terreno público
hidráulico; segundo, que los controles de vertidos los ha ejercido la
Confederación convenientemente y se ha explicado puntualísimamente, y no
se lo voy a repetir a ustedes, dónde y con qué medidas se han ejercido y
dónde se están y se van a seguir ejerciendo; tercero, que la competencia
sobre la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar era de la Junta de
Andalucía, porque eran residuos mineros, y que la Junta de Andalucía ha
ejercido dicha competencia como mejor ha entendido y en cualquier caso
será responsable y habrá que pedirle responsabilidades, si cabe, y ya se
ha iniciado un procedimiento por ello. Esa es la situación que se ha
producido y no otra y no conviene cambiarla ni ennegrecerla ni
complicarla más allá con no sé qué extraña intención.
Hay que salvar la situación y ya se han puesto los medios y se están
tomando las medidas para ello; afortunadamente hay gente que trabaja en
vez de ennegrecer la situación. Se trabaja para salvar la situación, se
trabaja para salvar Doñana y trabajemos todos para salvar a la provincia
de Huelva y a toda Andalucía, porque esta tragedia, con ser
muy grave, lo es sobre todo para la agricultura, para el comercio, para
la pesca y para el turismo de la provincia de Huelva, y lo que tenemos
que hacer todos es contribuir a que esta situación no se produzca más y
se salve de la forma más rápida y más beneficiosa posible. Yo les pido a
todos los portavoces que pongan su énfasis en eso y no en contarnos
novelas, porque somos muy mayores ya para cuentos de miedo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR (Saura Martínez): Voy a intentar contestar aquellas
cuestiones que he anotado tanto de la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida como del Grupo Socialista, aunque como ha dicho muchas cosas, a lo
mejor alguna se me ha escapado.
Sobre cómo se descontaminan los lodos, si hay tecnología suficiente o
cuánto lodo hay, evidentemente la catástrofe que ha ocurrido y que nadie
niega implica la intervención de muchos especialistas. Este es un tema
que desborda a la propia Confederación. La Confederación no es experta en
lodos; podrá ser experta en ríos o en aguas. Por tanto, precisamente en
el marco de esas competencias interadministrativas y con la ayuda del
comité de expertos, sobre el que también se ha comentado aquí, se está
intentando establecer en la medida de lo posible en cada uno de los
frentes que se van abriendo aquellas recomendaciones que de una forma
consensuada entre los expertos, las administraciones, etcétera, se van
tomando. En principio siguiendo ese hilo, lo que estamos haciendo es
aquello que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
fundamentalmente a través del comité de expertos ha avalado. Sobre este
asunto hay poca experiencia en el mundo. Hubo en Arkansas una rotura
parecida, pero era menos extensa. Se trató con cal, pero en este caso,
dada la extensión tan enorme, ese método era poco eficiente. Lo que se
está intentando hacer es la retirada, en la que, como ya digo,
intervienen no solamente la Confederación sino los organismos
medioambientales especialistas de la Junta de Andalucía y el comité de
expertos. Evidentemente, el problema es complejo y todas las ideas que se
den pueden ser bienvenidas en la medida en que alguien pueda aportar
algo, porque desde luego estamos ante una situación novedosa y
desgraciada.
En cuanto a la cantidad de lodo se está haciendo una evaluación, porque
se están manejando diferentes cifras de volúmenes y se tiene la impresión
de que hay menos lodo del que aparentemente se ha manejado en la prensa.
Se ha hecho con una foto de satélite una evaluación de la superficie y
por el Instituto Tecnológico y Geominero se está haciendo un muestreo
suficientemente representativo de campo; pensamos que en esta semana o
todo lo más la que viene podremos tener evaluado exactamente el volumen
de lodos a retirar. En este momento esas cifras que se dan de 2 ó 3
realmente son imprecisiones que no me atrevería a avalar con los datos
disponibles. Lo podremos tener dentro de unos días. Después de estos
quince días en los que se han retirado los lodos con la buena voluntad de
todos, donde se han aportado, como he dicho, las ideas de unos y de
otros, ya estamos en otra fase. Concretamente ayer mismo hablando con la
Consejería de Medio Ambiente, se nos dijo que nos van a dar una serie de
recomendaciones desde el punto de vista de la Consejería sobre cómo se
deben retirar esos lodos en relación con la no afección, en la medida de
lo posible, de la vegetación de ribera, los bosques de galería, etcétera.
Bien es verdad que, como es natural, quizás habrá que gastar tanto dinero
o más en regenerar esos bosques de galería y la biota de ese cauce que en
la propia retirada mecánica de lodo, y de hecho la primera evaluación que
se ha hecho por el Ministerio más o menos el 50 por ciento es para
retirar los lodos y el otro 50 por ciento para la recuperación, digamos,
medioambiental del río Guadiamar.
Ha preguntado por el riesgo. Parece que la cantidad de arsénico que ha
citado y demás que hay en los lodos no se moviliza fácilmente. Los
ensayos que se han hecho de lixiviado por el agua permiten afirmar que la
cantidad de materiales tóxicos que puedan incorporarse al agua es
relativamente pequeña y de hecho en este momento la verdad es que en el
cauce del río Guadiamar, a pesar de que está discurriendo por un lodazal,
nunca mejor dicho, la calidad de las aguas está mejorando sustancialmente
y salvo el punto final de acumulación de agua, donde efectivamente las
últimas lluvias incluso provocaron un pH casi normal, en el resto del
cauce, salvo algún parámetro en cinc y manganeso prácticamente está
normalizada, lo cual quiere decir que con las lluvias y la escorrentía
natural del río no se producen arrastres, afortunadamente. Otra cuestión
sería si hubiera lluvias torrenciales. Las medidas de seguridad para los
trabajadores que intervengan en la retirada de lodo evidentemente exceden
al conocimiento y a la competencia de la persona que les habla, porque es
un trabajo de especialistas en medio ambiente y para eso están formados
los grupos donde esas recomendaciones se pondrán en marcha.
Ha utilizado la expresión: el gobierno que me ha puesto. Yo llevo treinta
años en la Administración pública por oposición. Evidentemente ocupo en
estos momentos un puesto de libre designación, pero no tengo color
político y he colaborado con el anterior Gobierno. En treinta años me ha
dado tiempo a colaborar con todo el mundo. No me ha puesto ningún
gobierno. Después de treinta años llegar a un puesto como éste parece que
no es tampoco demasiado, pero sí le puedo decir que no tenía interés en
este puesto; y lo sabe el presidente, que me tuvo que rogar porque sabía
que las comisarías de Aguas, señorías --y aprovecho esto para
decírselo--, son una bomba de relojería: pocos medios y muchísimas
responsabilidades. Precisamente las personas que estamos ahí, desde el
comisario hasta los jefes de calidad, fundamentalmente los jefes de
calidad, y también los de dominio público en relación con los bienes de
dominio público, estamos necesitados de más medios; nosotros, los que
estaban antes y quizá los que vengan después. Es necesario que los
organismos de cuenca se doten de más medios técnicos y
multidisciplinares, enfocados a
esta cuestión del medio ambiente, puesto que el tema de los vertidos
tiene una incidencia importantísima, como ya se ha visto. En definitiva,
le quería hacer esa aclaración personal.
La segunda aclaración personal es que cuando se aprueba la balsa en julio
de 1996 por la autoridad correspondiente yo no era comisario de Aguas, es
decir, yo me encuentro con una obra legalmente aprobada, y lo que no
puedo hacer, si se está tramitando la legalización del vertido, es
oponerme, porque sería otro delito, el de prevaricación. Una industria
legalmente autorizada tiene derecho a que se legalice su vertido. La
Comisaría de Aguas podrá ser más o menos estricta en cuanto a que los
metales sean así o se tomen tantas muestras. Pensamos que hemos sido
estrictos, pero desgraciadamente no nos ha dado tiempo a poner en
práctica esas medidas que estábamos estableciendo. Personalmente me he
encontrado con una obra legalmente autorizada por quien correspondía y yo
no puedo, en la medida de mis competencias, oponerme a que vierta, sino
todo lo contrario, decir que lo que vierta se ajuste a la legalidad,
tanto en lo que se refiere a su depuradora como en lo que se refiere a la
afección que la propia balsa pudiera producir en los acuíferos. Se lo
digo como se dice en política, sin acritud, pero simplemente como una
explicación personal de cuál ha sido mi actitud y mi comportamiento en
este asunto, que ha sido llevar un mes muy duro, señorías, después de la
rotura.
Voy a intentar contestar ahora aquellas cosas que han quedado pendientes.
La señora Narbona ha hecho una pregunta en relación con si estaba en
dominio público, que ya lo ha contestado el presidente, y en zona de
policía. Efectivamente, está en zona de policía. Cuando se aprueba la
balsa en el año 1976, con su ubicación tal cual, en el proyecto minero y
se recoge la autorización de vertidos que autoriza en su momento la
Comisaría de Aguas de aquellos años, se autoriza de alguna manera la
ocupación. Entonces no existía la nueva ley, pero estaba el reglamento de
14 de noviembre de 1958 sobre policía. También existía el decreto de
1975, que fijaba una faja de cien metros sobre el control administrativo
de la Administración hidráulica en relación con la afección por el
régimen de corrientes. El real decreto que he citado indicaba que las
construcciones en márgenes y zonas de servidumbre y de dominio privado en
una extensión prudencial --no fijaba exactamente el límite-- debían ser
autorizadas por las entonces comisarías de Aguas del Ministerio de Obras
Públicas y se autorizó en aquel momento esa ubicación. Lo que se ha hecho
después ha sido un recrecimiento que ya estaba previsto también en el
proyecto minero. Como ya he dicho, me he encontrado el proyecto aprobado.
Con eso contesto. Sí está en zona de policía. Lo de zona de policía se
presta a decir que hay que vigilar. Hay un ejemplo muy claro y mucho más
frecuente, como puede ser, en primer lugar...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Saura, que le ruegue que en lo
posible vaya resumiendo, porque a las dos tenía que haber empezado la
Mesa que teníamos convocada.
El señor COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR (Saura Martínez): Sintetizo en dos minutos.
En cuanto al ejemplo de actuaciones urbanas en zonas de policía, en
primer lugar, cuál es la actuación que tiene que hacer la Comisaría de
Aguas; en segundo lugar, que no haya afección por el régimen de
corrientes y que no deterioren el dominio público hidráulico, es decir,
que los vertidos, por ejemplo, de esa urbanización estén depurados.
Evidentemente, quien tiene que controlar que esos edificios sean estables
es la autoridad, en este caso urbanística, el ayuntamiento, que con su
licencia urbanística apruebe un proyecto de un arquitecto, pero no que
dedique la comisaría de Aguas a vigilar si la casa que está en la zona de
policía, si me permiten ustedes la broma, que el Alcázar de Córdoba, que
está en zona de policía del río Guadalquivir, está o no estable. Hay una
autoridad que vigila eso. Es decir, la responsabilidad de la Comisaría de
Aguas en la zona de policía es no afección al régimen de corrientes y no
afección al dominio público hidráulico, en el supuesto de un
funcionamiento normal y estable de lo que allí se construye. La
estabilidad tiene que asegurarla la propia empresa en este caso. Había un
administración que controlaba y que yo creo que controlaba bien, pero
esto no es querer tapar nada, sino que es la impresión que yo tengo de
los datos que yo he podido sacar. Revitalizando el expediente, que me he
tenido que empapar, desde los años setenta hasta nuestros días, creo que
se hizo un control adecuado, sin ánimo de intentar ampararnos unos en
otros.
En cuanto al deslinde, efectivamente hay que hacerlo. Yo creo que una de
las actuaciones importantes es el deslinde de los cauces públicos; ahora
hay 50.000 kilómetros de cauces públicos en España, pero el del río
Guadiamar parece que debería ser una actuación urgente y quisiéramos que
la superioridad nos permitiera ponerlo en marcha con los medios
económicos necesarios.
Sobre las balsas de alpechín, le diré que, efectivamente, la
Confederación y la Consejería de Medio Ambiente somos las
administraciones que velamos permanentemente por este tipo de
instalaciones, que corresponden a un vertido. Afortunadamente, si ha
habido algún caso de rotura, ha sido mínimo y, por supuesto, esto no es
tan degradante para el medio como el caso de estos metales pesados que
desgraciadamente se han vertido.
Ha preguntado cuántos guardas hay. Muy pocos. Además, el propio mecanismo
laboral para que se puedan ocupar las plazas es muy rígido, de manera que
cuando se produce la vacante de un guarda hay que esperar casi un año
para poder cubrirla. No hay manera de tener la agilidad que permita
reforzar la guardería en un momento determinado. Existen muchas
dificultades, que sería deseable que se superaran en el ámbito
legislativo o en el marco laboral.
En cuanto a la autorización de vertidos, ya ha sido aclarado por el
presidente.
Me parece que también preguntaba quién paga. Eso es una nebulosa, porque
primero la empresa estaba muy dispuesta a pagarlo todo, pero ahora parece
que no quiere pagar nada. De momento, el Ministerio de Medio Ambiente
está habilitando un crédito de 4.500 millones de pesetas
con intención de actuar en el ámbito de su competencia, que, como ya he
dicho, es la recuperación del dominio público hidráulico, sin perjuicio
de que luego se reclame a quien proceda esa cantidad. Esa actuación es la
que se pretende hacer aumentando los medios, aumentando el ritmo de
retirada de lodos, siempre con las precauciones que nos indiquen las
comisiones de expertos y en un marco multidisciplinar.
Si queda por contestar alguna pregunta, podría hacerlo por escrito.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura. Les agradezco en nombre
de la Comisión tanto a usted, como comisario de Aguas del Guadalquivir,
como al presidente de la Confederación, señor Vizcaíno, su comparecencia
aquí y su amplia información. Sepa que toda la Comisión les desea que
tengan el máximo éxito posible en la tarea que les espera, en la que
sabemos que están tomando el mayor interés, como han demostrado aquí. Les
ruego que todas aquellas preguntas que no han podido ser contestadas por
no tener los datos, algunas de las cuales han sido hechas por la portavoz
socialista, señora Narbona, las conteste por escrito a esta Comisión, que
las distribuirá a quienes las han hecho.
Muchas gracias a todos, señoras y señores diputados. Se levanta la
sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.