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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 457, de 19/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 457
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 19 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor secretario general de Agricultura y Alimentación
(Díaz Eimil) para informar acerca de las modificaciones propuestas a los
fondos estructurales de la Unión Europea (UE). A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 212/001266) (Página 13128)
Preguntas:
--Del señor Amarillo Doblado (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
posición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante los
debates desarrollados en la Conferencia de Cork, respecto a su
posicionamiento en la relación política rural-PAC (Número de expediente
181/001428) (Página 13139)
--Del mismo señor diputado, sobre las pautas a seguir sobre la futura
«estrategia nacional de biodiversidad» en relación con el mundo rural
(Número de expediente 181/001433) (Página 13142)
--Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca de la promulgación
de una Ley básica de desarrollo rural (Número de expediente 181/001435)
(Página 13145)
--De la señora Salinas García (Grupo Socialista del Congreso), sobre
actuaciones para reconocer el trabajo de la mujer profesional de la
agricultura (Número de expediente 181/001449) (Página 13148)
--Del señor Blanco López (Grupo Socialista del Congreso), sobre
actuaciones que tiene previsto emprender el Gobierno destinadas a ayudar
a los ganaderos para adecuar sus explotaciones a la normativa europea de
calidad de la leche (Número de expediente 181/001184) (Página 13150)
--Del mismo señor diputado, sobre medidas para evitar que la «supertasa»
repercuta sobre la renta de los ganaderos (Número de expediente
181/001470) (Página 13150)
--De la señora Cunillera i Mestres (Grupo Socialista del Congreso), sobre
mecanismos de colaboración establecidos con las comunidades autónomas de
Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León para lograr la
erradicación del brote de peste porcina clásica (Número de expediente
181/001450) (Página 13153)
--De la misma señora diputada, sobre créditos habilitados para cumplir
los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en el acuerdo firmado con las comunidades autónomas de
Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León para reparar los
daños sufridos por los ganaderos debidos a la peste porcina clásica
(Número de expediente 181/001451) (Página 13153)
--De la misma señora diputada, sobre medidas para evitar la entrada de
ganado porcino portador del virus de la peste porcina clásica procedente
de países de la Unión Europea (UE) (Número de expediente 181/001453)
(Página 13157)
--Del señor Ortiz Molina (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
opinión de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de los
planes del Ministerio de Medio Ambiente sobre la privatización encubierta
del uso del agua para regadíos (Número de expediente 181/001448) (Página 13159)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACION (DIAZ EIMIL) PARA INFORMAR ACERCA DE LAS MODIFICACIONES
PROPUESTAS A LOS FONDOS ESTRUCTURALES DE LA UNION EUROPEA (UE). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
212/001266).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con
la comparecencia del secretario general de Agricultura y Alimentación,
don Carlos Díaz Eimil, al cual damos la bienvenida, para que informe a
esta Comisión acerca de las modificaciones propuestas a los fondos
estructurales de la Unión Europea. Comenzaremos esta sesión con la
exposición del secretario general para que, una vez terminada su
exposición, los grupos parlamentarios puedan iniciar un turno de
preguntas.
Por lo tanto, le damos la palabra a don Carlos Díaz Eimil para que haga
esa primera exposición.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Buenos días, señorías.
Creo que no procede hacer un resumen de lo que es la Agencia 2000 ni de
las propuestas de la Comisión porque supongo que todos ustedes lo
conocen. En aras a la brevedad, podríamos pasar casi directamente a lo
que es la posición española ante estas propuestas.
Voy a hacer un resumen muy breve sobre lo que consisten las propuestas.
Como ustedes saben en julio de 1997, la Comisión presentó la Agenda 2000,
un documento de reflexión sin propuestas concretas que luego se
materializó en una serie de reglamentos presentados el 18 de marzo. Estos
reglamentos introducen muy pocas modificaciones al contenido de la Agenda
2000. Por ejemplo, se mantienen los datos de base, consistentes en
suponer que la tasa de crecimiento económico del producto nacional bruto
de la Unión Europea durante el período 2000-2006 va a ser del 2,5 por
ciento al año. (Ya les avanzo que ésta es una de las cuestiones que la
delegación española tiene como reserva, puesto que suponemos que ese 2,5
por ciento sostenido durante siete años es algo que hasta ahora no se ha
producido nunca en ningún período de la Unión Europea y, por tanto, es
una cifra muy optimista.) Consideran que el deflactor del PNB es del 2
por ciento, es decir, que la inflación de momento, es del 2 por ciento,
pero mantenerlo en un período de siete años quizá no sea nada fácil. Para
los países de Europa Central y Oriental se supone un crecimiento
sostenido del 4 por ciento. Las perspectivas financieras en estas
propuestas se establecen a precios constantes de 1999 para compararlas
con el presupuesto de 1999
de la Unión Europea, es decir que las cifras de la Agenda 2000, que
estaban todas calculadas en base a los precios constantes de 1997, han
sufrido una transformación no de fondo sino de forma en el sentido de que
se han adaptado a los precios de 1999. Para los PECO se hace la hipótesis
de una adhesión, en primer lugar, de cinco países más Chipre, que se
iniciará en el año 2002.
En lo que respecta a la rúbrica 1 de agricultura, en cuanto a las
perspectivas financieras, que en realidad es lo que marca lo que va a ser
la Unión Europea en los próximos años, suponen que el techo de los gastos
agrícolas sigue siendo la línea directriz agrícola. Dado el cálculo que
se hace de la línea directriz agrícola, que no se modifica, eso significa
un crecimiento del 1,9 por ciento al año, pasando el presupuesto de
45.200 mecus, en 1999, a 5.600 mecus, en el 2006.
Hay una modificación de los gastos financiados por el Feoga-Garantía y
cubiertos por la línea directriz agrícola. Aquí está otra de las
cuestiones que la delegación española no comparte. Se incluyen dentro del
Feoga-Garantía gastos que hasta ahora no estaban incorporados.
Normalmente en el Feoga-Garantía se incluyen los gastos de mercado y las
ayudas directas compensatorias; sin embargo, ahora se incorporan también
las medidas de desarrollo rural, las actuales medidas de acompañamiento y
las medidas horizontales de pesca. Se incluyen, además, las medidas
veterinarias y fitosanitarias, que antes estaban incorporadas en el fondo
veterinario, fuera del presupuesto de agricultura. La componente
agrícola, agroalimentaria y rural de la ayuda preadhesión será objeto de
una subrúbrica distinta dentro de la línea directriz agrícola, pero
también está cubierta por el paraguas de la línea directriz agrícola.
Esta es otra cosa con la que la delegación española no está de acuerdo,
porque se corre el riesgo de suponer cantidades que obliguen a reajustar
las cifras dedicadas a otros sectores de la Unión Europea a Quince, dado
que este techo de la línea directriz agrícola se mantiene y, por tanto,
es la única manera de hacer frente a unos gastos crecientes con motivo de
la preadhesión y adhesión de los países del Este. Suponemos, por tanto,
que o bien se tendrá que modificar la PAC actual, o bien se tendrán que
habilitar fondos adicionales. Por eso, en el último Consejo de
Agricultura de noviembre, la delegación española mostró sus reservas,
porque no está de acuerdo con el resultado de los trabajos que se
enviaron al Consejo Europeo, ya que suponemos que la línea directriz
agrícola solamente podrá mantenerse en su cálculo actual si se dedica
solamente a los gastos actuales y a la Unión Europea a Quince. En cuanto
se metan estos nuevos gastos, sobre todo los gastos de ampliación al
Este, suponemos que no va a haber dinero suficiente. Por tanto, hay el
riesgo de tener que sufrir recortes en otros sectores. Sin embargo, la
Comisión mantiene que no sólo se pueden incluir todos estos gastos, sino
que, además, hay un margen relativamente grande: calcula que para el año
1999 será de 4.800 mecus, que se reduce progresivamente hasta el año
2003, llegando a 3.000 mecus, aumentando luego espectacularmente hasta el
año 2006, en el cual, según la Comisión, habrá un margen de 9.700 mecus,
permitiendo este margen cubrir perfectamente todos los gastos imprevistos
y de ampliación, sin tener que aumentar la línea directriz agrícola. Pero
la Comisión se cubre un poco al decir que la revisión del límite de la
línea directriz agrícola podría hacerse en el año 2005; es decir, que la
Comisión admite implícitamente, de una forma tímida y bastante
encubierta, la posibilidad de que al final del período el dinero no sea
suficiente.
Para las acciones estructurales, la dotación para el período 2000-2006 es
de 247.000 mecus para la Unión Europea a Quince, incluida la ayuda
preadhesión, que es de 7.280 mecus. (Creo que tenemos que empezar a
hablar ya de meuros --millones de euros--, en vez de mecus.) Dice la
Comisión que esto representa la consolidación del esfuerzo de cohesión y
un incremento significativo, ya que en los Estados miembros de la Unión
Europea a Quince tiene en este período disponible, solamente para los
Quince, 240.000 mecus, mientras que en el período 1993-1999 tuvieron
280.000 mecus, siempre a precios del año 1999.
La Comisión admite que, en realidad, estas dotaciones son ligeramente
decrecientes durante el período, dada la concentración que existe, y que
se puede hacer debido a las regiones y zonas que van a dejar de ser
elegibles para los fondos estructurales. Es decir, que la Comisión admite
que, aunque el dinero disponible desciende a un ritmo del 1,4 por ciento,
empezando en 35.730 mecus para llegar a 32.470, se puede incrementar la
acción estructural y el efecto de la cohesión debido a la concentración
que va a haber en la aplicación de estos fondos, y esa concentración
--dicen-- será el resultado de que hay regiones que dejan de ser
elegibles. En lo que se refiere al Objetivo 1, ya dicen que el criterio
del 75 por ciento del PNB por habitante como criterio de elegibilidad va
a ser aplicado estrictamente. Esto quiere decir que regiones españolas,
como Valencia, corren el riesgo de ser eliminadas del Objetivo 1.
Se dice que el Objetivo 1 se mantiene sin variación. De este dinero del
que hemos hablado, al Objetivo 1 se asignan alrededor de dos tercios.
Esto ya es una imprecisión con la que tampoco estamos de acuerdo, porque
actualmente al Objetivo 1 se dedica el 70 por ciento, los dos tercios es
el 66 por ciento y una cantidad alrededor del 66 por ciento puede ser el
65 o el 64 por ciento; es decir, que existe la posibilidad de que se
rebaje la proporción que se destina al Objetivo 1.
Para iniciativas comunitarias tales como la iniciativa Leader, se destina
el 5 por ciento del dinero total de los fondos estructurales, cuando
hasta ahora se destinaba el 10 por ciento. La Comisión dice que ahora hay
demasiadas iniciativas --hay 10-- y que hay que reducirlas, pero que, al
reducir el número de iniciativas, las que queden podrán ser tratadas de
una manera tan intensa como hasta ahora o incluso más. Además, se prevé
que las iniciativas de desarrollo rural queden dentro de esas
iniciativas. Es decir, que, respecto a la preocupación española por esta
disminución de las iniciativas comunitarias relativas a la agricultura,
podemos convivir con ella, pero, en general, no nos gusta.
También se reduce el porcentaje para las acciones innovadoras debido a la
reducción del número de fondos. Hasta ahora se destinaba el 1 por ciento
y en lo sucesivo será el
0,7 por ciento. No lo he dicho, pero seguro que todos saben que los siete
objetivos estructurales que existen ahora mismo se reducen a tres: el
Objetivo 1 se mantiene invariable; el Objetivo 2, nuevo, es una especie
de cajón de sastre donde se mete prácticamente todo, ya que son todas las
zonas que tienen algún defecto estructural, entre ellas las agrícolas, y
el Objetivo 3 es un objetivo horizontal, de aplicación en todo el
territorio comunitario.
En lo que se refiere a los fondos de cohesión, en esta propuesta se
mantienen como ahora; es decir, que esos intentos que hubo al principio
de tratar de excluir a España del Fondo de Cohesión han sido superados
satisfactoriamente, en el sentido de que el Fondo de Cohesión se queda
igual, y se queda igual con los condicionamientos que tiene ahora: que su
aplicación sea exclusivamente para proyectos de medio ambiente y de
transporte. Tiene una dotación de unos 3.000 mecus por año y para estar
dentro de ese Fondo de Cohesión los Estados miembros tienen que tener un
PNB per cápita inferior al 90 por ciento de la media comunitaria. Además,
se dice que esta condición de elegibilidad relativa al 90 por ciento del
PNB per cápita será examinada a mitad de período; esto es, puede ocurrir
que un Estado miembro deje de beneficiarse del Fondo de Cohesión hacia
mitad del período. También hay que decir que para todos los Estados
miembros que salgan del Fondo de Cohesión, para las regiones que salgan
del Objetivo 1 y para las antiguas zonas 5 B que pueden salir el actual
Objetivo 2, existe un período transitorio de seis años para las regiones
Objetivo 1 y de cuatro años para las zonas Objetivo 2.
Las propuestas legislativas que la Comisión ha presentado en marzo son
las de mercados, correspondientes a cultivos herbáceos, vacuno y leche y
también propuestas sobre el aceite de oliva, tabaco y vino, que todavía
no están sobre la mesa, pero que se esperan para junio o julio; un
reglamento horizontal sobre la modulación de las primas y sobre los
techos de la subvención total que recibe cada agricultor --el famoso
techo de los 100.000 ecus como máxima recepción de subvenciones
comunitarias--; un reglamento de revisión financiera del Feoga, que es un
reglamento técnico obligatorio por el hecho de que ahora se financian con
cargo al Feoga-Garantía cosas que antes se financiaban con cargo al
Feoga-Orientación, y un reglamento de ayuda al desarrollo rural; es
decir, que los nueve reglamentos que había en relación con acciones de
desarrollo rural se consolidan en uno solo, que recoge todas las acciones
actuales e incluso otras nuevas.
La modificación que representan estas propuestas con respecto a lo que se
decía en la Agenda 2000 es relativamente pequeña. En leche se propone un
descenso del 15 por ciento del precio de intervención en lugar del 10 por
ciento que se anunciaba en la Agenda 2000, pero a cambio se ofrece un 2
por ciento de incremento de cuotas, cosa que antes no se había
considerado. Se mantiene la prima al maíz ensilado, que en la Agenda 2000
se había propuesto suprimir. Se adaptan las primas a los bovinos machos.
Se aumenta el grado de subsidiariedad; es decir, el grado de libertad de
los Estados miembros para manejar estas ayudas con más libertad,
concentrándolas en algunas acciones específicas. Todo ello entra en vigor
en el año 2000, a excepción de lo relativo al aceite de oliva, que se
pretende que entre en vigor el 1 de noviembre de este año.
Habría que decir que la filosofía general es que los fondos estructurales
y el Fondo de Cohesión, a través de una concentración, de una
simplificación y de una clarificación de responsabilidades, sean más
eficaces, sin que ello represente un incremento de dotaciones sensible;
toda la posible mejora se basa en la mejor gestión del dinero disponible,
pero no en un incremento sensible de ese dinero.
Sobre el reglamento de desarrollo rural, podemos decir que, en general,
sienta las bases de una política de desarrollo rural para completar la
política de mercados, asegurando una mejor participación en la ordenación
del espacio y la protección de la naturaleza, y reagrupa en un marco
único el conjunto de medidas apoyadas por el Feoga, dando a los Estados
miembros la posibilidad de definir sus prioridades. Estas decisiones son
tomadas en el marco de una programación de conjunto, bien programación en
el marco de fondos estructurales para las zonas Objetivo 1 y Objetivo 2,
bien con financiación Feoga-Garantía o
Feoga-Orientación, en función de la medida y de la región. O sea, que una
misma medida, si se aplica en una zona de Objetivo 1, se financiará por
el Feoga-Orientación y, se aplica en una zona de Objetivo 3, se financia
por el Feoga-Garantía. Creemos que esto introduce un elemento de
discriminación financiera con el cual tampoco estamos de acuerdo y
significa sencillamente que los pagos con cargo al Feoga-Garantía son
mucho más ágiles, se hacen adelantando fondos y son mucho más fáciles de
gestionar y, por otra parte, tienen el inconveniente de que son gastos
que se presupuestan anualmente y que, por tanto, para pagar un programa
plurianual no se adaptan bien, lo que es un fallo, mientras que los
gastos del Feoga-Orientación son gastos que hay que justificar, que
tienen una cofinanciación, que tienen una tramitación mucho más pesada;
es decir, que es mucho más fácil justificar el dinero del Feoga-Garantía
que el dinero del Feoga-Orientación. Por tanto, suponemos que o bien las
zonas de Objetivo 1 tienen esa discriminación financiera, o bien debería
conservarse el sistema antiguo de que todo lo que sea acción estructural
se financie por el Feoga-Orientación.
Esta es la situación actual de las propuestas de la Comisión. ¿Cuál es el
calendario que se nos presenta? En cuanto a la reforma de fondos
estructurales, hoy, día 19 de mayo, se celebra un Consejo Ecofin y se
celebrará otro el 5 de junio. Esos dos consejos son para preparar el
Consejo Europeo de Cardiff, donde se espera elaborar un estado de la
situación sobre el debate de la Agenda 2000. Y entre estos dos consejos
Ecofin hay previsto un Consejo de Agricultura para el lunes de la semana
que viene, en el cual se va a estudiar la situación de los trabajos en el
sector agrícola en lo que respecta a la Agenda 2000 para incorporarlo a
las conclusiones del Consejo Europeo de Cardiff.
La posición, muy resumida, del Ministerio de Agricultura respecto a esta
reforma de fondos que se trata en el Consejo Ecofin es que, sin perjuicio
de los problemas puntuales o sectoriales concretos, la preocupación
principal de
España deriva de las serias dudas que plantea la financiación de la PAC
en las perspectivas financieras 2000-2006 y la situación desfavorable y
discriminatoria que puede suponer para nuestro país. Esto originó que
España no pudiera asociarse a las conclusiones de la Presidencia en el
Consejo de noviembre de 1997. No estamos de acuerdo y nos oponemos al
confuso planteamiento financiero efectuado por la Comisión en la Agenda
2000, basado en vaticinar la existencia de márgenes financieros
importantes entre la línea directriz agrícola, calculada con un
crecimiento del 2,5 por ciento anual, y unos gastos del Feoga-Garantía en
los cuales los sectores mediterráneos permanecen congelados y hay
previstos aumentos importantes para los sectores continentales, sobre
todo porque estamos convencidos de que hacia la mitad del período habrá
una falta de fondos que obligará, bien a no aplicar la PAC actual en los
países del Este, bien a tener que reformar la PAC actual en los quince
miembros actuales de la Unión Europea, y esto es inaceptable.
No obstante, después de celebrarse ese Consejo de Agricultura la semana
que viene, tendremos ya una posición más concreta, y por el estado en el
que se encuentran los debates en el Comité especial de agricultura se
puede decir que el resumen de los trabajos del Consejo de Agricultura va
a ser un documento del siguiente estilo: los Estados miembros han
continuado su examen de la Agenda 2000 y de las propuestas de la
Comisión; una mayoría de Estados miembros considera que las propuestas de
la Comisión en su estado actual no son aceptables y tienen que sufrir
modificaciones sustanciales, en particular..., etcétera. Es decir, el
dossier está en un estado muy incipiente, son trabajos necesarios para
dar cuenta al Consejo Europeo, pero no significa que las decisiones
correspondientes estén cerca, ni mucho menos.
No sé si debería profundizar en nuestra posición respecto del reglamento
de desarrollo rural. Creo que hay información suficiente sobre la
cuestión. En España hay una revista de temas comunitarios que publica
sistemáticamente los documentos de posición del Ministerio y, por tanto,
creo que esto es casi de dominio público, por lo que podríamos pasar a
las preguntas para no aburrirles más con una exposición relativamente
larga.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Eimil.
Iniciamos a continuación el turno de preguntas u observaciones por parte
de los grupos parlamentarios, comenzando, en primer lugar, por el Grupo
Socialista, solicitante de la comparecencia.
Tiene la palabra su portavoz, la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor Díaz Eimil, bienvenido a la
Comisión.
La verdad es que escuchándole hoy en su intervención he tenido la
impresión de escuchar al grupo de la oposición de la Comisión Europea,
porque nos ha hecho un relato de lo que piensa la Comisión respecto a los
fondos y a otras cosas de las que seguramente podremos hablar en otras
comparecencias más específicas, pero a mí me gustaría centrar la
intervención de hoy en el objeto de la comparecencia, que es la reforma
de los fondos.
Sabe S. S. que desde nuestro grupo compartimos muchas de las reticencias
que usted ha expresado respecto de la posición de la Comisión. Y eso es
bueno. es decir, si de esta Comisión sale que el Gobierno tiene el apoyo
de todos los grupos parlamentarios cuando vaya a expresar su posición
frente a estas medidas que propone la Comisión, será bueno; pero
nosotros, para apoyar la posición del Gobierno español debemos saber cuál
va a ser esa posición, porque hoy --y se ha ratificado aquí-- lo que
sabemos claramente es lo que propone la Comisión; también sabemos
claramente que a ustedes, al Gobierno, no les gusta, y puedo decirle
igual de claro que a nosotros tampoco nos gusta. Ustedes deben hacer una
propuesta en tanto que Gobierno, y decir cuáles van a ser las medidas que
van a defender, las alternativas con las que estén de acuerdo y con las
que no, y ahí nos podríamos poner de acuerdo. Porque son evidentes las
suspicacias respecto a las previsiones económicas que hace la Comisión,
pues no se van a poder mantener esas previsiones. Estamos absolutamente
de acuerdo en que es malo el reparto de los fondos Feoga que propone la
Comisión Europea, como lo es la discriminación financiera que sufrirá la
región según el objetivo en que esté englobada, etcétera, pero nosotros
le pedimos --y por eso hemos solicitado la comparecencia-- que nos diga
la posición del Gobierno español respecto a lo que ha explicitado en este
momento la Comisión Europea.
Además, creo que nos equivocaríamos si habláramos hoy de otros temas que
no son objeto de la comparecencia. Sobre todo creo, señor Díaz Eimil, que
cada vez más cuando hablemos de reforma de fondos estructurales, aunque
estemos en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y hablemos de
temas agrícolas, nos equivocaríamos si no lo planteamos más desde el
punto de vista del desarrollo rural que desde el punto de vista
estrictamente agrícola, porque es evidente que, en el mundo rural, lo
agrícola es fundamental, pero no es el todo. Es decir, sobre el mundo
rural y sobre el desarrollo rural inciden todos los fondos, tanto los que
son de exclusivo carácter agrícola como otros. Cuando hablamos de
desarrollo del mundo rural, los fondos de cohesión tienen una importancia
decisiva. El hecho de que España tenga posibilidad o no de estar incluida
en los fondos de cohesión tiene una importancia fundamental para las
redes transeuropeas de transporte y, si la tiene para esas redes, la
tiene para todo lo que sea comercialización de productos, para lo que sea
desarrollo de las personas y de los territorios.
También son importantes, cómo no, el Feder, el Fondo Social Europeo. Le
voy a poner un ejemplo con datos de diciembre de 1997. Según cómo se
distribuya el Fondo Social Europeo, se hace más hincapié en el desarrollo
de pequeños núcleos rurales o en el de núcleos medianos; según se
potencie formación reglada o formación ocupacional, se ayuda a pequeños
núcleos de población o a núcleos medianos. Por lo cual fíjese si tiene
importancia para los temas agrícolas una cosa no estrictamente agrícola.
Respecto a los temas estrictamente agrícolas, fondos Feoga, creo que nos
debería explicar en su comparecencia
cuál es el replanteamiento del Gobierno en cuanto a esta cuestión. Cuando
pedimos esta comparecencia, la estuve preparando y me parece que hay que
hacer un balance. La Comisión nos propone replantearnos objetivos,
replantearnos la manera de repartir los fondos. Creo que podríamos estar
de acuerdo, pues posiblemente en algunas cosas estaríamos de acuerdo, a
partir del balance que hiciéramos sobre cómo se han distribuido esos
fondos en el período que ahora vamos a revisar. He cogido una ficha de
información de la Unión Europea, de política regional y cohesión, de 15
de abril de 1997, que hace un balance entre los años 1989 y 1993. La
Comisión Europea habla para todo tipo de agricultura, para todo tipo de
países, habla del conjunto de la Unión Europea, y las medidas
estructurales, las medidas de modernización, las medidas de apoyo a los
jóvenes y mujeres, a los sectores más marginados de la agricultura, no
son iguales en un país del norte de Europa que en un país mediterráneo.
Yo he buscado los datos que hacer referencia a medidas estructurales y lo
que han supuesto. Aparte de que creo que hay un valor para ese período
1989-1993 en cuanto a los fondos, ha sido una programación en la que ha
habido una intervención decisiva y coordinada de los diferentes niveles
de la Administración, central y autonómico, y creo que es un paso que no
hay que dejar de lado.
Por ejemplo, en el actual Objetivo 1 se han hecho inversiones en
transporte que han absorbido el 40 por ciento de las ayudas y que han
financiado, en España, el 54 por ciento de la construcción de carreteras
y el 36 por ciento de autopistas. Un dato que me llamó la atención y que
me parece que es importante es la mejora producida en telecomunicaciones.
Hemos pasado en estos años en el número de líneas telefónicas por cada
cien habitantes de 22,8, en el año 1988, a 31,8, en el año 1993. En el
índice de digitalización se ha pasado del 5,7, en el año 1987, al 36,9,
en el año 1993, y el 25 por ciento de esas medidas de optimización ha
sido fruto de la intervención de los fondos estructurales.
En el Objetivo 5 A, reestructuración agrícola, las medidas de dicho fondo
hicieron posible que 72.000 explotaciones realizaran inversiones y que se
instalaran 7.300 jóvenes agricultores, además de indemnizaciones
compensatorias. Ha habido un colectivo de 11.600 jóvenes que han
percibido fondos de arranque, otro colectivo de 13.000 han recibido una
ayuda a la inversión; por ejemplo, una cosa que me parece fundamental
para un país como el nuestro, que tiene zonas con otras desventajas
añadidas como son las zonas de montaña, es que se ha registrado en esas
zonas un promedio anual de 200.000 perceptores de indemnizaciones, sin
perder de vista las ayudas a optimización de producción y
comercialización de los productos.
Por lo que hace referencia a la pesca, las subvenciones sirvieron para
llevar a la práctica políticas de acompañamiento imprescindibles tras la
reducción notable de la capacidad de la flota, así como para modernizar
1.942 buques y construir otros 842. Todo esto son datos de una ficha de
la Unión Europea del año pasado. ¿Por qué he creído interesante buscar
estos datos? Pues porque creo que hay que hacer una incidencia en la
importancia que tiene para nuestro país todas las medidas estructurales y
de modernización del sector agrícola. Hay más datos que podríamos poner
sobre la mesa, pero me he centrado precisamente en éstos, porque me
parece fundamental que usted nos diga qué van a hacer para luchar contra
la pretensión de la Comisión de eliminar el requisito de agricultor
profesional y a título principal. Si eliminan este requisito en lo que
respecta a medidas estructurales agrícolas y de desarrollo rural, mucho
me temo que los datos que hemos leído hasta este momento variarán y,
desde luego, a la baja.
Cuando se produce la reforma de estos fondos estructurales que propone la
Comisión, se hace en base a grandes objetivos: simplificación de
políticas estructurales, concentración de recursos en las regiones más
necesitadas, mantenimiento del actual nivel de gasto en términos reales y
de régimen transitorio para los nuevos Estados miembros.
Como objetivos podrían estar bien, pero usted mismo ha dicho que el
mantenimiento del gasto actual va a ser muy difícil. Nosotros presentamos
una moción en el debate sobre el estado de la Nación, en la que le
decíamos al Gobierno: establezca usted una cláusula de salvaguarda para
que en el momento en que haga falta revisar esa previsión que hay en este
momento, se haga. La verdad es que no se aprobó. Pero, si la presentamos
y los grupos la votan, usted tendrá un argumento más a su favor y, si no
es así, que la presente otro grupo y nosotros la apoyaremos. No hay
ningún problema en ese tema. Esa reducción de fondos, con esos objetivos
--digamos-- idílicos que nos propone la Comisión tiene problemas de
entrada. La población a la que atienden estos fondos, en general, pasa
del 51 por ciento al 35 ó 40 por ciento, pero, en el caso concreto de las
zonas rurales se pasa de cubrir un 9 por ciento de la población a cubrir
un 5 por ciento. Necesitamos saber qué piensa hacer el Gobierno en este
tema, al igual que en las regiones con atrasos estructurales de
modernización agraria, que quedarían fuera de los Objetivos 1 y 2 --sabe
que puede afectar a amplias zonas de nuestro país-- y al no contar con
esa ayuda a la modernización puede peligrar la supervivencia y no
solamente desde el punto de vista agrícola, sino desde el punto de vista
de desarrollo rural, porque tan importante es que los precios y los
mercados sirvan para que una familia que se dedica a la agricultura en
una zona rural tenga un futuro económicamente viable, como que esa
familia tenga un entorno que le permita tener unas condiciones de vida
similares a las que podría tener en un entorno urbano.
En la distribución de los fondos Feoga, nosotros estamos de acuerdo en
que si se traspasan gran parte de las medidas que financia el
Feoga-Orientación hacia el Feoga-Garantía y no se le dota de más
recursos, es evidente que hay una imposibilidad matemática y cierta de
que eso se pueda cumplir y que se puedan cumplir todas las necesidades.
Parece que ustedes son copartícipes de esa opinión y le rogaría que nos
dijera en la réplica cómo lo van a abordar. Nosotros en la comparecencia
de la ministra en la reunión de la Comisión celebrada el pasado día 7 de
abril, le planteamos una serie de preguntas que quedaron sobre la mesa.
Si hemos pedido una comparecencia específica sobre
fondos estructurales es porque creemos que es necesario explicar
claramente una serie de cosas que yo le voy a exponer en este momento. Es
evidente que con la reforma de fondos estructurales se produce una
pérdida de peso de la agricultura y de la ganadería en los objetivos
programados, y nos consta la preocupación del Ministerio después de su
intervención. Necesitamos saber cómo van a abordar este problema, si han
hecho ya los estudios sobre la repercusión que va a tener la disminución
de los objetivos y el abandono de algunas regiones españolas de los
nuevos objetivos que se van a plantear. ¿Saben cuáles serán esas
regiones, las repercusiones que se van a producir en las mismas y las
medidas que se van a tomar para evitar esa situación? ¿Qué piensa
plantear España en el régimen transitorio que se establezca en el ámbito
europeo para esas regiones?
Usted ha expuesto muy claramente que el Objetivo 2, tal como lo plantea
la Comisión Europea, es un cajón de sastre. Es un revoltijo de zonas que
tienen problemas estructurales. No hay que ser excesivamente malpensado,
pero desde el ámbito agrícola se puede pensar que dentro del objetivo en
el que estén comprendidas zonas con problemas de reestructuración
industrial, urbana, rural o de pesca, el rural no será el que consiga la
prioridad número 1, más bien irá en el furgón de cola. Por tanto, el
Ministerio tendrá que estar atento en la distribución que se vaya a
efectuar de los fondos en el Objetivo 2. Y aquí entraría lo que antes ya
dije: la población.
¿Le parece preocupante al Ministerio la pérdida de peso de la población?
¿Cómo piensa abordar este aspecto? ¿Cuál va a ser el criterio que el
Gobierno va a exponer como prioritario a la hora de abordar en la
Comisión la reforma de los fondos? ¿La programación comunitaria pura y
dura o la protección del habitante según sea la región?
Cuando hablamos de regiones con atrasos estructurales, de modernización
agraria, que quedarían fuera de los Objetivos 1 y 2, la única
posibilidad, como he dicho antes, sería contar con apoyos a la
modernización. Usted sólo ha hablado del tiempo que la Comisión tiene
previsto, pero no ha dicho nada respecto a que la Comisión les haya
comunicado las medidas que piensa adoptar para esas regiones, y eso es
importante que se sepa. También debería explicar a mi grupo, igual que a
todos los grupos que forman parte de esta Comisión, cómo se va a afrontar
el trasvase de los fondos del Feoga-Orientación hacia el Feoga-Garantía y
en qué medida. Si no se nos informa detalladamente sobre este asunto, nos
puede surgir la duda de si lo estaremos abordando con el interés que el
tema requiere.
La Comisión Europea establece un 10 por ciento de discrecionalidad en los
fondos, en función de cómo se haya trabajado hasta este momento, lo que
conllevará la disminución de la dotación de las políticas de
cofinanciación, y nos tememos que esto va a significar una ayuda a las
ganaderías más ricas y organizadas, en detrimento de las españolas. Si
esto lo unimos a la pérdida del peso específico de la población agrícola,
la discrecionalidad del 10 por ciento de los fondos, la simplificación de
los requisitos para acceder a las distintas ayudas, generará un panorama
preocupante para las zonas rurales españolas, que tienen que abordar una
profunda reforma. La Comisión no dice claramente cómo quedarán entre los
objetivos y la posición española quedará así en una posición indefinida.
Usted ha manifestado esta mañana que hay una preocupación, pero no ha
expresado cómo van a abordar este problema.
También nos debería decir quién va a ser el interlocutor del Gobierno
español a la hora de negociar la distribución de los fondos, porque de la
manera en que han quedado configurados los objetivos, y, sobre todo, el
Objetivo 2, en el que cabe todo tipo de regiones, todo tipo de fondos,
todo tipo de distribuciones, me hace pensar que quien va a tener un peso
específico a la hora de negociar los fondos va a ser el Ministerio de
Economía, por encima del Ministerio de Agricultura. Usted ha hecho
referencia a los consejos del Ecofin que se celebran uno hoy y otro el
mes de junio para este fin. Creo que ustedes, desde el Ministerio,
deberían dejar muy clara la posición del Ministerio de Agricultura sobre
que el Ministerio de Economía tiene un papel importante que jugar, pero
que ustedes no van a renunciar al papel que les corresponde en el reparto
de los fondos estrictamente agrícolas pero también rurales. Si no, el
Ministerio de Agricultura se va a acabar convirtiendo en el segundo
ministerio virtual de este Gobierno, es decir que no sabremos para qué
está ni qué va a hacer.
Señor secretario general, todos sabemos que el Ministerio de Agricultura
debe tener su peso en la Comisión, pero es muy importante que usted nos
diga hoy claramente que el Ministerio de Agricultura va a tener un papel
preponderante a la hora de negociar esos fondos, cómo lo va a hacer,
cuáles son sus prioridades y qué medidas ha pensado adoptar.
El señor PRESIDENTE. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): En primer lugar, quiero
agradecer la comparecencia del señor secretario general. En su exposición
ha hecho referencia a que el Gobierno expresa reticencias a diversos
planteamientos de la Comisión --que nosotros, desde luego en principio
compartimos-- y también a que aún falta cierto tiempo para llegar a una
solución definitiva sobre este tema. Nosotros --cómo no-- deseamos que
las decisiones finales que se adopten sean favorables para nuestros
intereses, y quisiéramos que en su próxima intervención nos concretara un
poco más cómo ve usted el futuro respecto a las zonas Objetivo número 1.
Creemos que en una política agraria --en concreto la que desarrolla la
Unión Europea--, aparte de los fondos estructurales, hay que considerar
otras cuestiones. Entiendo que el tema de los fondos es importante y
necesario, pero que no basta con la correcta aplicación de una política
de estructuras, sino que debe acompañarse con una política de precios y
mercados que permita el desarrollo de las zonas atrasadas. En este
sentido y como ya es conocido, nosotros manifestamos una oposición clara
a lo que se está
pretendiendo introducir en la reforma de las distintas OCM. El señor
secretario general ha hecho referencia a lo que se propone en la reforma
de la OCM de la leche y de la carne, que no lo voy a repetir. En segundo
lugar, creemos que también es necesario otro tipo de políticas que
permitan el desarrollo de aquellas zonas agrícolas potencialmente
competitivas, aparte de cómo se gestionan esos fondos o qué cantidades se
destinan por parte de las administraciones a cofinanciarlas, pero ésta es
otra cuestión.
Como decía al principio, nosotros compartimos su preocupación respecto al
marco presupuestario que está proponiendo la Comisión, sobre todo en
relación con la ampliación hacia los países de Europa central y oriental.
No me voy a repetir porque el señor secretario general ya dejó claro que
existe un interrogante sobre que en el futuro y tal y como se plantea en
este modelo sea posible financiar adecuadamente la política agrícola.
Desde el punto de vista de Galicia (que es una comunidad autónoma que por
desgracia --y no porque sea algo deseable en sí mismo--, creo que
permanecerá incluida en las zonas Objetivo número 1), nos gustaría que
hiciese una concreción mayor sobre ese tema. También quisiéramos que nos
hiciera algún comentario sobre la política de estructuras agrarias y
desarrollo rural porque nos preocupa conocer con exactitud qué volumen de
recursos se prevé destinar a esta política. Creemos que dentro de la
misma tónica que se propone para las demás cuestiones, lo relativo a esta
política va a permanecer congelado. Nos parece que existe una
contradicción entre las afirmaciones de la Comisión respecto a potenciar
esta política de estructuras agrarias y desarrollo rural y el escaso
esfuerzo presupuestario que en principio parece que se le va a dedicar.
Vuelvo a insistir en que dentro de la política del Gobierno habría que
intentar modificar las políticas de las OCM, porque si no de poco nos van
a servir este tipo de fondos.
Para concluir, porque estamos en una primera fase por lo que se ve
respecto a este tema, deseo al Gobierno el mejor éxito en conseguir que
lo que se acuerde sobre los fondos estructurales a nivel europeo sea lo
más favorable para nosotros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
tiene la palabra su portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Hablaré también con gran brevedad, comenzando
por agradecer la presencia y la información que nos ha dado don Carlos
Díaz Eimil, secretario general de Agricultura y Alimentación.
Dado que muchos de los temas que afectan a las cuestiones de ayuda de la
Unión Europea a la agricultura en el ámbito de mi comunidad autónoma
específica de Canarias, como bien conoce el señor secretario general, se
llevan en las negociaciones de la mesa del pacto y dada la especificidad
que tiene el Régimen Económico y Fiscal de Canarias dentro del acervo
comunitario, quiero plantearle en esta pequeña intervención algunas
cuestiones que nos preocupan en Canarias sobre los fondos estructurales y
de garantía, todo lo que va canalizado por el Feoga, lo que está también
dentro del marco fundamental de ayudas de la Unión Europea a Canarias a
través del Poseican y la cuestión que ahora se ha planteado por la
demanda de ayudas de Estado, ya que puede originar una posibilidad de
cambio en Canarias al obtenerse niveles de renta superiores a 75 por
ciento, lo cual puede alterar las ayudas de Estado a empresas. Nos
gustaría que dijera si hay alguna información nueva, señor secretario
general, respecto a las ayudas vía Poseican y de las ayudas a la
compensación alimentaria del REA en la competencia de su departamento.
En segundo lugar, llevarle el mantenimiento permanente de nuestra
cuestión primordial, todas las ayudas referentes al plátano en su OCM,
los compromisos que hemos mantenido con la señora ministra de Agricultura
y con los restantes miembros del Gobierno español que negocien en la
Unión Europea, para que esto se pueda adaptar a las resoluciones que tomó
el año pasado la Organización Mundial del Comercio con el fin de que las
ayudas estructurales que puedan venir al sector platanero no se pierdan.
Finalmente, respecto a los fondos estructurales y a los fondos de
garantía del Feoga, quisiera preguntarle si hay alguna peculiaridad que
sea digna de resaltar en relación al Feoga-garantía en cuanto al tabaco,
el cupo que le pueda corresponder a Canarias en las producciones
tabaqueras canarias y si hay algo digo de información por su parte sobre
frutas y hortalizas. Este es, señor presidente, el nudo fundamental de
las preguntas, reflexiones o preocupaciones que quería hacerle, ya que sé
que para el secretario general de acuerdo con la política que viene
desarrollando con la señora ministra de Agricultura, constituye la agenda
prioritaria en los temas específicos por la legislación que Canarias
tiene ante la Unión Europea para todos sus productos agrícolas y
alimentarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero
reiterar lo que otros grupos han hecho, el agradecimiento al señor
secretario general de Agricultura y Alimentación, señor Díaz Eimil, por
su comparecencia esta mañana en la Comisión y expresarle el acuerdo de
fondo de nuestro grupo con todos aquellos conceptos que ha expresado esta
mañana respecto al motivo de su comparecencia: informar sobre los fondos
estructurales de la Unión Europea.
El acuerdo y nuestro apoyo se centra no solamente en aquellos puntos que
por parte del Gobierno son de aceptación en cuanto a lo expresado por la
Comisión respecto a los temas sobre los que nos ha informado el señor
Díaz Eimil, sino también en aquellos desacuerdos o dudas que el señor
secretario general ha expresado tal como el límite de los fondos Feoga y
los gastos de adhesión.
Nos parece correcto el desacuerdo o duda inicial que se pueda tener,
respecto a la discriminación financiera para el desarrollo rural, en
cuanto a que los pagos sean a través del Feoga-garantía o
Feoga-orientación, según sea el objetivo de que se trate, así como la
confusión financiera y las dudas
que España pueda tener en cuanto a la financiación de todo el proceso
hasta el año 2006, con una línea directriz agraria con un crecimiento
teórico del 2,5 por ciento anual, según se nos ha dicho, cuando la
previsión admite por lo menos que se dude de que a mitad del período
pueda haber tensiones financieras. Sobre todo nos complace expresar la
coincidencia con algunos de los conceptos expuestos aquí por los grupos
parlamentarios intervinientes, especialmente lo que ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista de que es bueno que el Gobierno se oponga a ciertas
propuestas de la Comisión.
Sin embargo, al mismo tiempo que expreso como la portavoz del Grupo
Socialista la curiosidad por conocer algunas cosas, también resalto la
prudencia y la discreción que en estos temas hay que tener. Me explico.
Cuando se pregunta cómo se va a abordar el logro de los deseos y los
objetivos españoles, o cómo se van a derivar los fondos Feoga-garantía o
Feoga-orientación, o quien va a ser el interlocutor del Gobierno para
distribuir los fondos, si el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de
Hacienda, yo entiendo que en estos casos la curiosidad por parte de los
grupos puede ser infinita, pero mucho mayor tiene que ser todavía la
prudencia de quien informa, puesto que cuando el señor Díaz Eimil o su
equipo negocian en Bruselas, entiendo que lo mínimo que tienen que hacer
es ir con la discreción absoluta de las bazas que lleven, llevarlas bien
guardadas, en todo caso informar aquí de aquello que puedan pero no ir
mucho más allá porque puede ser perjudicial a la hora de negociar. Creo
que en esto no hay que ser mucho más explícito. Sin embargo, a la hora de
que se exprese una duda de quién va a negociar, si tal Ministerio o tal
otro, sí digo que mi grupo entiende --y creo que así lo debemos entender
todos-- que es el Gobierno quien negocia; aunque puntualmente sea una
negociación llevada para tal caso concreto por un Ministerio o por otro,
al final el que obtiene el resultado es un Gobierno que actúa en bloque,
que actúa en equipo, como debe ser.
Vemos que los asuntos se están llevando de manera absolutamente
razonable, y por parte de mi grupo no queda más que apoyar y animar al
Gobierno a seguir en la línea actual. Creo que las dudas que había
respecto a que España podía o no seguir gozando de ciertos fondos han
quedado absolutamente disipadas. España sí seguirá participando como
hasta ahora en los fondos estructurales, y apoyamos al Gobierno, repito,
a seguir trabajando en la línea actual en defensa de los intereses de
España en la Unión Europea, y especialmente en todo lo concerniente a la
agricultura, a la ganadería, a la pesca y en general al mundo rural.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general, señor Díaz
Eimil, para que pueda contestar a sus preguntas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Empezaré por el orden de las intervenciones. La señora Cunillera nos ha
dicho que nuestro relato parecía más un relato de la oposición que del
Gobierno. (La señora Cunillera i Mestres: De la oposición a la Comisión.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Vamos a seguir el reglamento.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Yo he hecho hincapié en las cuestiones que nos preocupan. Esto no quiere
decir que no haya muchas cosas en la Agenda 2000 y en las propuestas de
la Comisión con las cuales estamos de acuerdo. Algo muy importante es que
estamos de acuerdo con la filosofía general de la reforma de los fondos,
pero tenemos muchos casos particulares en los cuales la Comisión
profundiza y en los que no estamos de acuerdo; por ejemplo, esta
reducción a tres fondos nos parece excesiva, creemos que se debería
mantener un cuarto fondo para garantizar el antiguo fondo 5B, etcétera.
Nuestras diferencias son dentro de ese marco general que nos propone la
Comisión, y en principio nos parece que la reforma va en el buen sentido,
pero que naturalmente hay que tomar muchas precauciones. Cuando nos dice
que la oposición está dispuesta a ayudar al Gobierno, no sólo me parece
muy bien, sino que además no lo dudo, porque al final lo que se está
haciendo es defender intereses de Estado. Yo llevo muchos años en estos
temas comunitarios y he visto que la posición o reservas a España son
reservas a aquello que puede menoscabar nuestros intereses, y por tanto
sea el Gobierno sea la oposición, sea el partido equis que está en el
Gobierno en ese momento, la posición es muy semejante porque al final se
trata de defender esos intereses.
Sobre la importancia del desarrollo rural además de la agricultura
nosotros tenemos una posición menos avanzada que la de la Comisión. La
Comisión habla de una multifuncionalidad de la agricultura, del
desarrollo rural como algo que es el núcleo dentro del cual se desarrolla
la actividad agraria. Nosotros creemos que la actividad agraria es la
piedra fundamental del desarrollo agrícola y es el primer escalón y el
más importante. En este sentido defendemos que no se detraigan fondos
destinados a las organizaciones de mercado, al apoyo a la agricultura, en
beneficio de acciones de desarrollo rural. Creemos que lo primero es la
agricultura, y a partir de ahí el desarrollo rural se debe hacer
impulsando la industria y las actividades complementarias (turismo rural,
o todo lo que ustedes puedan pensar), pero creemos que la agricultura
debe ser el núcleo. Para nosotros el desarrollo rural tal como lo
entiende la Comisión va un poco en detrimento de ese apoyo que se debe
mantener a la agricultura.
Por otra parte, manifiesta que la posición del Gobierno español en la
negociación no está clara o no está muy detallada. Hay que decir que esa
posición corresponde al Estado incipiente de la negociación. La
negociación es una dinámica en la cual se cambia y entonces la posición
de negociación inicial también cambia en función de cómo se va
desarrollando esa dinámica. Ahora mismo el Gobierno no puede decir hasta
el final qué posiciones va a mantener con todo detalle en cada una de las
cuestiones, porque por ejemplo una posición que se ha adoptado al
examinar el Reglamento de desarrollo rural es una reserva general. Es
decir, la Comisión todavía no ha explicado en detalle todo
lo que se encuentra ahí, y por tanto la posición española depende de que
la Comisión explique bien cuáles son sus intenciones. Nuestra posición es
tan general o peca de ser abstracta tanto como es la situación de la
negociación en estos momentos. Eso es así y siempre será así.
¿Que sobre el Objetivo 1 se ha avanzado mucho en otros sectores que no
son la agricultura? Es cierto, pero hay que suponer que la ayuda a la
agricultura es menos espectacular de que la que se hace por ejemplo en el
sector de transportes, y por eso el Fondo de Cohesión le gusta tanto a
este Gobierno como a los anteriores. El Fondo de Cohesión que representa
unos 200.000 millones al año se emplea en hacer carreteras y proyectos de
medio ambiente que quedan a la vista de los ciudadanos y que dan la
impresión de un avance económico notable, mientras que muchas ayudas que
van a la agricultura lo hacen directamente al bolsillo del agricultor, no
se ve muy bien el resultado de eso, y el resultado es que finalmente el
agricultor vive mejor. Para hacerse una idea del peso de las ayudas que
van a la agricultura, por ejemplo, la ayuda a la producción al aceite de
oliva, que es del orden de 160.000/ 170.000 millones, es casi lo mismo
que el Fondo de Cohesión, le falta un poquito para ser igual. Esto nos da
una idea de que las ayudas a la agricultura son menos espectaculares,
pero realmente son muy importantes.
Sobre el Objetivo 5A, el planteamiento de la Comisión es mantener el
esfuerzo actual de convergencia, pero parte de la base de que como esa
convergencia ya ha avanzado, debería haber menos zonas dentro de la Unión
Europea que necesiten esa ayuda especial del Objetivo 1 y Objetivo 2
nuevo, que es el 5B, y que estaría dentro del 2 actual. Que una región
tenga derecho a permanecer en el Objetivo 1, es decir disfrutar de ese
privilegio, no es una suerte --y con esto contesto también al señor
Vázquez que preguntaba por Galicia--, significa que es una región en
retraso y que un país de la cohesión no llega al 90 por ciento del PNB de
la media comunitaria; más que un privilegio es un consuelo a una
desgracia, por decirlo de otra manera. El hecho de que en este período
que tenemos de fondos estructurales se hayan obtenido ciertos efectos, en
los cuales se ha producido esa conversión (y hemos de decir que, salvo en
el empleo, ha tenido buenos resultados; el empleo sigue siendo una
preocupación prioritaria de la Unión Europea porque se ve que es un
defecto estructural de toda la Unión Europea) sin embargo en los demás
aspectos ha habido una convergencia real. Eso quiere decir, nos guste o
no, que habrá zonas 5B que tendrán que pasar ese período transitorio para
dejar de ser zonas 5B y Objetivo 2, y regiones que hoy son Objetivo 1
puede que a mitad del período se revisen los criterios, no los cumplan y
tengan que pasar a ese período transitorio de expulsión o de phase in out
del objetivo. Es decir, el esfuerzo sobre las regiones y zonas que lo
necesitan se va a mantener, pero con el mismo dinero o incluso con un
poco menos en base a una mayor concentración de esfuerzos. La población
afectada por los privilegios que tienen las regiones Objetivo 1 o los
países de la cohesión, va a ser cada vez menor. Esto hay que tenerlo
claro y asumirlo. Lo mejor sería no cumplir los criterios que se exigen
para disfrutar de esos privilegios. Sobre el dinero destinado al Objetivo
5A, se pretende que sea equivalente al actual. Estos objetivos que son
horizontales para toda la Unión Europea como el antiguo Objetivo 5A y el
nuevo Objetivo 3, seguirán recibiendo un nivel de apoyo financiero
semejante al actual.
Ha dicho la señora Cunillera que en la comparecencia de la ministra han
quedado muchas cosas sin responder. Dice que hay pérdida de peso de la
agricultura y pregunta cómo se va a abordar esa pérdida y qué regiones
van a ser abandonadas. Si hay que abandonar alguna región será porque
deja de cumplir los criterios correspondientes. Hoy por hoy, todavía no
se van a determinar en concreto las regiones Objetivo 1, hasta finales
del año 1999; es decir que habrá un forcejeo y una lucha de cifras y de
estadísticas para ver si esas regiones están por debajo del 75 por ciento
del PNB o no lo están. La batalla negociadora se va a centrar en si las
estadísticas correspondientes son suficientemente significativas para
estimar ese criterio de elegibilidad.
El 10 por ciento de discrecionalidad por parte de la Comisión es un tema
que también nos preocupa. Creemos que este 10 por ciento puede ser
manejado como una especie de castigo destinado a aquellas regiones o
zonas en donde la eficacia para el empleo del dinero o para hacer las
inversiones no sea muy buena y que se les pueda penalizar por eso.
Nosotros opinamos que hay que hacer todo lo contrario: cuando una región
tiene dificultades para invertir todo lo que se le ha concedido, hay que
hacer un esfuerzo para ayudarle porque esas dificultades pueden ser
sencillamente de tipo estructural.
También nos dice la señora Cunillera que el panorama es preocupante. Yo
creo que no lo es tanto, o sea que no hay que hacer catastrofismo,
simplemente hay que defender los intereses nacionales lo mejor posible.
Indudablemente hay que obtener como mínimo una situación equivalente a la
actual, es el objetivo de España, porque el esfuerzo también es del mismo
orden que lo era antes. Es decir que conseguir una situación semejante a
la actual sería un resultado francamente bueno precisamente por el hecho
de que hay posibilidades de dejar de tener zonas dentro de determinados
objetivos.
¿Quién va a ser el interlocutor español para la distribución de fondos?
El Ministerio de Agricultura es un ministerio económico, sectorial, y
como tal cuando se trata de un tema multisectorial el Ministerio de
Economía es el encargado del mismo. La agricultura es un sector sui
géneris porque no es un sector económico más, sino que tanto por lo que
produce como por lo que significa de ocupación del territorio y de apoyo
al medio ambiente tiene unas características especiales. Por ello, los
temas agrícolas ocupan dentro del Ministerio de Economía una situación no
sé si llamarla privilegiada, o por lo menos, una situación especial,
hasta el punto de que por ejemplo lo que les he leído como posición
española para el nuevo Consejo Ecofín en realidad son las instrucciones
que el Ministerio de Agricultura pasa al Ministerio de Economía para
decirle: ¡ojo!, la agricultura es algo especial, la posición de
Agricultura es ésta y eso es lo que hay que defender. Es decir que el
Gobierno es único y el Gobierno es corresponsable de todo
lo que hace; al Ministerio de Economía le corresponden los planteamientos
multisectoriales, pero el reconocimiento de que el sector agrícola es un
sector específico está garantizado y es así como se está funcionando.
El señor Vázquez pregunta cómo van a quedar las zonas de Objetivo 1. Ya
he contestado en parte y le vuelvo a repetir que, por desgracia para
Galicia, Galicia seguirá siendo una zona Objetivo 1, y que en caso de que
una zona Objetivo 1 tenga que salir porque ya no cumple con el criterio
del 75 por ciento, está previsto en la Agenda 2000 un período transitorio
de seis años. Para las zonas 5B se prevé un período transitorio de cuatro
años, y estamos pidiendo que sea también de seis, como el que se propone
para las zonas de Objetivo 1.
Sobre las OCM de leche y carne, creo que el planteamiento de la Agenda
2000 es muy favorable par Galicia. Galicia tiene muy malas estructuras y
una estructura de la propiedad que le impide ser muy competitiva o al
menos tener un sistema de producción más racional --lo digo con todo el
cariño del mundo--, pero tiene como ventaja que sus características
productivas se parecen más a las del norte de Europa que a las del sur, y
por tanto va bien acompañada en las negociaciones. De hecho, creo que si
se aprueba la prima a la vaca lechera vamos a ver cómo los derechos de
cuota para producir van a sufrir un incremento de precio espectacular y
vamos a ver cómo la producción de leche, incluso la de carne en régimen
extensivo, que quizá sea la asignatura pendiente de Galicia, se va a
desarrollar gracias a eso.
Dicen que hay una contradicción entre el escaso esfuerzo presupuestario y
la necesidad de más desarrollo rural. Ya he dicho que el esfuerzo
presupuestario va a ser equivalente, la necesidad de más desarrollo rural
también es nuestra asignatura pendiente, en el sentido de que nosotros
tenemos un déficit de estructuras que es típico de los países del sur; es
decir no sólo hay un déficit de infraestructuras de caminos, de
concentración parcelaria, de equipamiento de toda clase, sino incluso de
desarrollo del regadío. En España, en los últimos años se ha incrementado
el regadío con subvención del Estado a un ritmo francamente pequeño, del
orden de las 5.000 hectáreas, y creemos que esto puede ser corregido en
parte incrementando ese ritmo hasta llegar, por ejemplo, a cifras del
orden de 20.000 hectáreas con cofinanciación comunitaria. Dentro de la
propuesta de desarrollo rural figura el capítulo de los recursos
hídricos, y estamos trabajando para que los nuevos regadíos sean
incluidos en ese capítulo.
Al señor Mardones hay que darle una buena noticia, que seguro ya la sabe,
y es que las regiones ultraperiféricas siguen siendo de Objetivo 1 aunque
no cumplan el criterio del 75 por ciento;esdecirque en este sentido
Canarias --si me permite la expresión-- tiene una especie de bula por la
cual puede seguir disfrutando de las ventajas del Objetivo 1 aunque su
desarrollo sobrepase este listón. Es una compensación a su situación y a
su lejanía.
Sobre la posibilidad de aplicar ayudas estructurales al plátano, cómo no;
los canarios son muy activos a la hora de plantear sus problemas en
Bruselas y creo que hasta van a llevar pronto al comisario para enseñarle
las plataneras de la isla de La Palma y se quede impresionado de las
condiciones en que se hace esa producción. No cabe duda de que el
plátano, como otros muchos cultivos y con más razón, tendrá derecho a
esas ayudas estructurales.
Sobre el cupo para el tabaco, la cosa ya no está tan clara. Canarias
abandonó el cultivo del tabaco hace ya muchos años, ahora lo quiere
recuperar. Eso nos exigiría tratar de conseguir un cupo suficiente para
que sea subvencionado, porque sin la subvención es evidente que no va a
ser viable. Precisamente la subvención por hectárea en el sector del
tabaco es tan elevada que hace que incrementarla sea dificilísimo. Habrá
que ver si existe una solución. Creo que la superficie para Canarias va a
ser muy pequeña, y la solución quizá sería una redistribución del cupo
nacional, aunque lo veo muy difícil, porque las regiones que tienen ahora
derecho a la subvención naturalmente no se van a dejar. Creo que obtener
ese cupo nos va a resultar difícil, aunque sea cupo para un número de
hectáreas muy reducido.
El señor Madero nos ha hablado de la discreción de la negociación.
Naturalmente, nosotros estamos entre dos paredes: una que es la
negociación con Bruselas, otra que es la transparencia y nuestra
obligación de dar cuentas al Legislativo cumpliendo sus funciones de
control del Gobierno. No existe ningún espíritu de oscurantismo en esto.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en explicar bien cuáles son
nuestras posiciones. Por otra parte, en Bruselas, tanto la Comisión como
el Consejo son casas de cristal en donde se sabe perfectamente lo que
ocurre en tiempo real, incluso aunque quisiéramos esconder las claves de
la negociación iba a ser prácticamente imposible. Otra cosa es que en los
momentos cumbres y en el último minuto haya que tomar una decisión, que
la toma siempre el ministro de turno en el consejo que sea. En ese caso,
siempre se toma bajo la responsabilidad del Gobierno, por supuesto.
Naturalmente hay momentos de la negociación en los que hay que tomar
decisiones sobre la marcha y, por supuesto, en esos casos se puede
informar a posteriori pero no a priori.
Nada más, señor presidente. No sé si he contestado a todas las preguntas,
pero por lo menos he querido dar una visión de fondo del asunto.
El señor PRESIDENTE: Para hacer alguna precisión tiene la palabra la
portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: ¿Sabe qué pasa, señor Díaz Eimil? Que los
eslóganes publicitarios de ideas o de proyectos, cuando se interiorizan,
se utilizan cuando toca y cuando no toca. Hablar de catastrofismo porque
yo he dicho que es preocupante la pérdida de peso de la agricultura y su
situación en un proceso de negociación me reconocerá que es, cuando
menos, una exageración porque no soy catastrofista en mi actitud, creo, y
si lo soy le pido disculpas, no creo haberlo sido, además cuando después
resulta que usted en su intervención me desgrana una serie de cosas en
las que estamos de acuerdo que es preocupante cómo pueda quedar la
agricultura, y por tanto
lo que hablábamos antes sobre el mundo rural y su desarrollo, cuando
menos no veía al caso. Es evidente que las negociaciones han de ser
discretas --cómo no, claro que sí--, ahora también reconocerá usted que
para cualquier Gobierno es bueno que cuando se está negociando se tenga
claro cuáles son los parámetros sobre los que se mueve, por supuesto su
grupo, que ya se lo dirá todas las veces que lo crea conveniente, y
también los otros grupos. A mí me parece de todo punto necesario que en
esta comparecencia le quede claro a usted como representante del
Gobierno, a la Comisión y quede en el «Diario de Sesiones» cuáles son los
puntos que le preocupan al Grupo Socialista. Sobre el uso que ustedes
desde el Gobierno hagan de esa preocupación también podremos hablar más
adelante. Usted me dice que efectivamente los fondos han ido bien para la
agricultura hasta este momento. Bueno, algo hemos avanzado, lo reconoce
la Unión Europea, lo reconoce, el Gobierno, le he leído yo los datos, por
tanto, un punto de acuerdo. Usted dice que estamos de acuerdo en la
filosofía general de la reforma de los fondos, pero tenemos desacuerdo en
determinados puntos. Usted no me ha contradicho en algunos puntos en que
yo le he dicho que era preocupante cómo lo estaba enfocando la Comisión.
Yo le digo que aquí se ha hablado mucho y en profundidad del Objetivo 1,
hemos hablado menos del Objetivo 2, pero usted ha estado de acuerdo
conmigo en la primera intervención, que el Objetivo 2 era un objetivo que
ha de ser cuando menos preocupante desde el punto de vista de la
agricultura española. La agricultura española va a ir inmersa en todas
sus medidas estructurales y de modernización, en lo que usted ha llamado
un cajón de sastre, creo recordar, donde yo sospecho y creo que no
exagero, que las zonas rurales no van a ser las primeras ni van a ser las
prioritarias cuando se haga la distribución de los fondos en ese
objetivo. Por tanto se ha avanzado en cosas. Usted ha dicho, por ejemplo,
algo que a mí me parece muy interesante, y es que el Gobierno piensa que
se debería mantener de alguna manera una especie de fondo 5B. A mí me
parece una posición interesante y yo creo que ya que la ha expuesto usted
aquí la van a defender, porque es evidente que eso va dentro de lo que se
llaman los intereses de España, pero evidentemente en interés de la
agricultura y de la modernización.
Hemos avanzado en otro punto de acuerdo. Usted me ha dicho que les
preocupa igual que a nosotros cómo quedarán en el régimen transitorio las
regiones que deban abandonar algún objetivo. ¡Fíjese usted si hemos
llegado a acuerdos en cantidad de cosas! Por eso quiero insistir en que,
como yo conozco cómo funcionan la Comisión y el Consejo Europeo, hay
cosas que tienen que quedar claras, y una de ellas es que hay una pérdida
de peso de la agricultura porque hay una pérdida de peso de cuatro puntos
de la población protegida en la agricultura por los fondos estructurales.
Y usted sabe que eso tiene que tener, necesariamente, una repercusión en
el bienestar de los ciudadanos y los territorios afectados.
Respecto al concepto global de desarrollo rural que yo mencionaba, hay
que apuntar que si la gente no está bien en los territorios, éstos acaban
resintiéndose, y me parece tan innecesario insistir en lo importante que
es que no se produzca esa pérdida de peso de la población agraria como me
parece que es importante que quede claro que también tiene una
repercusión el que la Comisión Europea, cuando prioriza su reforma de
fondos, olvide el título de agricultor profesional y el título principal,
y que también estemos abriendo los beneficios de los fondos a gente que
no vive necesariamente de la agricultura ni depende principalmente de
ella, lo que tiene una repercusión evidente, como la tiene la
simplificación de los trámites, la discrecionalidad, preocupación que a
mí me ha parecido que usted y nosotros compartíamos, tanto por su primera
como por su segunda intervención, y lo que le he indicado es lo que a mí,
insisto, me parece preocupante.
Quiero, por otro lado, felicitar al Ministerio de Agricultura por dar
instrucciones al de Economía. Les felicitamos porque han conseguido dar
instrucciones a Economía, repito, y porque les hayan hecho caso alguna
vez.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea hacer alguna observación?
(Pausa.)
Damos la palabra al señor secretario general, señor Díaz Eimil, para que
conteste a la señora Cunillera.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Felicito a la señora Cunillera porque ha hecho un resumen de lo que
podría ser una posición común entre el Gobierno y la oposición.
Cuando he hablado de catastrofismo, más que referirme a la serie de
problemas que se presentan en la negociación, me refería a sus
resultados. Creo que hay que tener la visión de un resultado final
ventajoso o por lo menos neutral en esta negociación. Estoy convencido de
que no se va a perder intensidad en el esfuerzo de convergencia; de eso
estoy seguro y convencido, a pesar de todas las cuestiones que hay que
arreglar durante la negociación.
En concreto, respecto a la disminución de la población agrícola afectada,
tengo que decir que es casi lógico, porque la población activa agrícola
sigue descendiendo en la Unión Europea a un ritmo del 2.3 por ciento al
año, es decir, que cada vez hay menos agricultores. Si además se hace un
esfuerzo de convergencia para que algunas zonas alcancen ya el nivel
mínimo de desarrollo, es lógico que cada vez queden menos agricultores
que tienen el maldito privilegio de necesitar ayuda para alcanzar ese
grado de desarrollo rural digno. Por ello, esa disminución es en gran
parte lógica por la disminución natural de la población activa en la
Unión Europea, que se produce a un ritmo del 3 por ciento, y por la
disminución de las zonas elegibles.
El olvido del agricultor profesional o el hecho de incluir al agricultor
a tiempo parcial es algo que va a quedar como opción del Estado miembro.
Estoy seguro de que, al final, el reglamento de desarrollo rural dejará
esto en manos del Estado miembro, porque éste se va a ver obligado a
hacer un programa de desarrollo rural en las distintas regiones y
programas para cada una de las zonas del nuevo Objetivo 2. En ese
programa, el Estado miembro podrá considerar el trabajo a tiempo parcial
y el trabajo a tiempo pleno.
Yo no soy de la idea de que los agricultores a tiempo parcial no se
merezcan un determinado apoyo. Estoy de acuerdo con que el apoyo a los
profesionales no debe rebajarse, pero pienso que habrá casos en los que
se pueda considerar la agricultura a tiempo parcial como algo que se
pueda apoyar y subvencionar.
Nada más, y muchas gracias otra vez a la señora Cunillera por su
intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Eimil.
Agotado el primer punto del orden del día, pasamos al segundo bloque:
contestación a las preguntas.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR AMARILLO DOBLADO (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE LA
POSICION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION ANTE LOS
DEBATES DESARROLLADOS EN LA CONFERENCIA DE CORK, RESPECTO A SU
POSICIONAMIENTO EN LA RELACION POLITICA RURAL-PAC (Número de expediente
181/001428).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura en el número 2
del orden del día, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: En primer lugar, deseo felicitar al señor Díaz
Eimil por su intervención de esta mañana, pero desgraciadamente yo no
puedo seguir con la misma tónica, aunque me hubiera gustado hacerlo.
Le voy a formular unas preguntas que ya se hicieron hace un año. Me
refiero a la conferencia de Cork, que fue la que inspiró la Agenda 2000;
en estos momentos hablar de la conferencia de Cork es exactamente lo
mismo que hablar de la Agenda 2000. Nos decía usted que muchas veces, al
final, los ministros tiene que tomar decisiones sobre la marcha, y es
verdad; pero también es lógico que los ministros tengan el bagaje, la
información suficiente y hayan meditado profundamente los problemas con
el fin de que la decisión sea lo más acertada posible. Este no es el
caso, desgraciadamente, y a lo que asistimos es un poco a la guerra de
los lazos, una guerra sucesiva: hoy es la guerra del aceite, mañana será
la del vino, pasado la de la leche, y un día nos vemos obligados a
ponernos un lazo verde, mañana será probablemente un lazo corinto para el
vino y después un lazo blanco para la leche. (El señor Madero Jarabo:
Esas son las primarias.)
Esa es la situación en la cual estamos, entre otras cosas porque ustedes
no han acabado de entender esta cuestión. No acaban de entender que junto
a medidas de carácter vertical se necesitan medidas horizontales, y ya en
la conferencia de Cork se tuvo un serio aviso de por dónde iba a ir la
cuestión. Yo le recuerdo ahora el marco. Nos movemos en una empresa
agraria que ha de ser competitiva; esta competitividad implica que los
acuerdos de Blair House se están llevando a cabo y están surtiendo
efecto, por tanto, estamos ante una convergencia de precios, y hay avisos
claros dentro de la Comisión sobre cuál es el marco en el cual se están
fijando los grandes ejes de la negociación.
Creo que no debemos echar en saco roto las palabras que Fischler ha
pronunciado a primeros de este mes cuando hacía un serio llamamiento y,
entre otras cosas, decía que estaba enormemente sorprendido --son
palabras textuales del comisario-- de la poca repercusión que habían
tenido sus palabras sobre la necesidad de tener empresas agrarias
competitivas y lo que la competitividad representaba respecto a las
rentas agrarias. Y eso, además, en el marco de lo que acababa de decir
Martin Bangemann, que como sabe usted muy bien es el comisario de
Industria, el cual, entre otras cosas, nos dice que está totalmente
escandalizado por las ayudas que se dan a la PAC, por el alto coste que
tiene ésta y por la influencia que tiene el lobby agrario. Por tanto, el
marco lo tenemos fijado.
¿Qué es lo que se debatió en la conferencia de Corck que después ha
tenido repercusiones en la Agenda 2000? Allí se fijó la filosofía de las
políticas horizontales respecto a cuestiones que parecían colaterales y
complementarias, como son los temas de sensibilidad animal, y cuestiones
de carácter mucho más fundamental, como son las medioambientales. Algunas
han empezado a surtir efecto. El tema de la sensibilidad animal no es
anecdótico, y en estos momentos, como usted sabe muy bien, está poniendo
en un brete a parte de nuestra industria. De lo que vaya a ocurrir con el
transporte animal respeto a la sensibilidad de un animal vivo o cuántas
horas puedan estar en un camión va a depender que podamos llevar animales
vivos de unas zonas a otras del territorio y cuál va a ser el desarrollo
de algunos mataderos e industrias agrarias relacionadas con el mundo de
la carne.
Respecto al carácter medioambiental, tenemos cuestiones que son
fundamentalísimas. Tanto es así que pueden excluir totalmente a algunos
de nuestros cultivos cambiando las zonas en las que se están
desarrollando en estos momentos. Le llamo la atención sobre algunas
porque después la ministra no va a poder improvisar en un Consejo de
Ministros sobre si toma una decisión u otra.
Fíjese usted en que nada tenemos hecho --y llevamos ya un año y pico con
esta cuestión-- sobre los índices de tolerancia que hay en el agua
respecto a la presencia de los oligoelementos, sean macroelementos sean
microelementos, y dentro de ello le llamo la atención sobre la presencia
en el agua de los nitritos, lo cual no es una cuestión técnica. Decir que
esto es una cuestión técnica sería tanto como decir que hablar del
déficit o de la inflación son también cuestiones técnicas; no podríamos
hablar de economía. Sabe usted muy bien que hay una relación entre
nitrógeno y lo producido en una agricultura totalmente tecnificada, en la
cual la rentabilidad está en función, entre otras cosas, de la
fertilización nitrogenada. Si no podemos hablar de esto, de muy poco
vamos a poder hablar; el que podamos utilizar unos tratamientos u otros
cambia totalmente las cosas.
Le quiero decir con esto que nos podremos encontrar fácilmente con que el
maíz no lo vamos a poder cultivar si determinado índice de nitrógeno se
admite como tolerable en las aguas de torrentía, y que determinados
frutales vamos a tener que arrancarlos si no podemos hacer ciertos
tratamientos. Esto es tremendamente importante, en lo cual que yo sepa no
han hecho ustedes nada, no hemos avanzado nada y además estamos perdiendo
un tiempo precioso, por eso realmente nos preocupa y muchísimo.
En estos momentos, rendimientos, convergencia de precios, mantenimiento
de las rentas a los agricultores forman una ecuación que tenemos que
cumplir, y la tenemos que cumplir en el marco que hay. Por eso le quiero
decir que en este aspecto hemos perdido un tiempo precioso.
Hay otro campo: la tipificación del medio rural, la definición básica de
cómo tipificamos el medio rural. Más allá de los tópicos --que no por ser
tópicos dejan de ser ciertos--, todo lo agrario no es rural, pero es
evidente que todo lo rural es agrario. Y en este campo, más allá de
seguir arrastrando las medidas que teníamos de diversificación de renta,
poco hemos hecho. Pero es que no se trata de una cuestión de ver si
intensificamos el turismo rural o de ver si intensificamos medidas de
carácter agroindustrial, de matiz o de aspecto artesanal para desarrollar
esta o aquella zona, es una cuestión que va mucho más allá, es definir
qué entendemos por ruralidad, sobre todo en un mundo en el cual muchas
veces los medios urbanos y los medios rurales se entremezclan, se acercan
unos a otros, y el deslindar en dónde empieza uno y en dónde acaba otro
es un tema complejo.
Creo que ustedes no han entendido la filosofía de la Agenda 2000,
permítanme que se lo diga. Creo que no la han entendido porque está muy
claro, y algo de eso también se habló, que realmente el eje que va a
mover todo es el desempleo, los niveles de empleo en las zonas, y esto no
lo podemos olvidar a la hora de hacer una tipificación rural.
Por tanto, los activos que nos encontramos en el campo agrario, en el
mundo rural, son enormemente complejos. Dése usted cuenta que nos
encontrados con dos tipos de agriculturas muy diferentes. Nos encontramos
con unos agricultores que lo son a tiempo parcial, que muchas veces son
activos de la industria que tienen una actividad complementaria en la
agricultura, y que otras veces nos encontramos activos agrarios que
trabajan a tiempo parcial, que es el mundo de los jornaleros --y estamos
hablando de un colectivo de 300.000 personas--, que, a su vez, pueden
tener rentas en el campo de la industria.
Algo tenemos que definir, algo tenemos que ir tipificando en este mundo
tan complejo, para que después, cuando salgan las normativas, no seamos
agentes pasivos que criticamos esa normativa una vez hecha, sino que
seamos elementos activos que contribuimos a que dicha normativa se
encamine por una dirección.
Estas son las cuestiones que realmente nos preocupan, éstas son las
cuestiones que provocan que haga más de un año le hiciéramos esta
pregunta que ahora reiteramos. Hay una escuetísima contestación por
escrito, que una vez que le he formulado la pregunta con más amplitud
verá que no respondía ni mínimamente a la exigencia de la misma. Espero
que, aunque empecemos tarde, si corremos en esta cuestión, la dicha sea
buena. Pero lo primero que tendríamos que reconocer es que en estos
momentos hay una laguna importante; no sé si existen equipos ad hoc
trabajando en estos temas, no tengo noticias de ello, pero ahora es una
buena ocasión para que nos informe detalladamente y espero que así lo
haga. Solamente me resta decirle que nosotros estamos totalmente
abiertos, en la medida de nuestras posibilidades, a contribuir en opinar,
en dar ideas, en trabajar, porque creemos que ésta es una cuestión de
Estado, por lo que debemos establecer medidas que contribuyan a que las
normativas salgan con beneficio para todo el territorio español, para
todo el Estado español. Eso nos puede obligar, en muchas ocasiones, a
adoptar medidas convergentes, que nosotros aceptamos de buen agrado.
Créame que más allá de las palabras nosotros queremos ser la leal
oposición y así nos consideramos: la leal oposición al Gobierno del Reino
de España. En este sentido, lo que queremos es tener la posibilidad de
aportar ideas, de que por lo menos se nos escuche cuando hacemos una
llamada de atención importante, como la que en estos momentos le estamos
haciendo.
Espero primero su contestación, porque puede ocurrir que disponga de
información que nosotros no tenemos y resulte que estén avanzados muchos
aspectos respecto a los temas medioambientales, que la ecuación
rendimiento, convergencia de precios, mantenimiento de la renta de los
agricultores, en el marco que tenemos, esté mucho más elaborada de lo que
pensamos. Eso nos daría tranquilidad, nos daría sosiego y en ese caso lo
que le pediríamos es que lo divulgase. En caso contrario, tendríamos que
ponernos a trabajar inmediatamente.
Respecto a la tipificación del medio rural, vayamos más allá del tópico
de lo que tenemos hecho. Fíjese que hace un momento hemos hablado de
objetivos y me ha definido el Objetivo 2 como un cajón de sastre. Yo
discrepo de eso, don Carlos. No creo que el Objetivo 2 sea un cajón de
sastre; creo todo lo contrario. Creo que el Objetivo 2...
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le rogaría que se ciñese a la
cuestión de la pregunta.
El señor AMARILLO DOBLADO: Inmediatamente termino, señor presidente.
Creo que en el Objetivo 2 lo que se ponen son las bases para que podamos
hacer una buena tipificación de lo que es el medio rural y para que sobre
esa base podamos engranar dos mundos que estamos obligados a hacer e ir
generando circunstancias que nos permitan unir el mundo agrario con el
conjunto del mundo rural.
El señor PRESIDENTE: Con la finalización de su exposición se entiende que
hace la pregunta número 2 del orden del día.
El señor Díaz Eimil tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Díaz
Eimil): La
conferencia de Cork de noviembre de 1996 fue un contacto entre la
Comisión, expertos, administraciones, universidades y representantes de
agricultores. Aunque se hicieron matizaciones a la declaración que allí
se elaboró, al participar muchas personas, la declaración es algo que
está medio prefabricado por la Comisión; en cualquier caso, está sesgada
hacia las opiniones de dicha Comisión. De todas formas, está claro que
eso ha sido ya completamente superada por la Agenda 2000 y por las
propuestas de marzo.
¿Cuál ha sido la posición del MAPA ante la conferencia de Cork, posición
que sigue siendo válida? Primero, que la política agrícola común
incorpora hoy elementos importantes derivados de las actuaciones de los
fondos estructurales y de los programas operativos, así como de las
iniciativas del comisario MacSharry, que fue el que empezó a introducir
la preocupación sobre el desarrollo del mundo rural.
Estamos de acuerdo en la introducción de criterios medioambientales, que
es algo que ya se introdujo por el Acta Unica, es decir, algo que viene
de antiguo. Nosotros, aunque sabemos que nuestros problemas
medioambientales son muy inferiores a los que pueden tener otros países,
como Holanda o Dinamarca, donde hay un cultivo intensivo que tiene todo
contaminado; aunque no llegamos a ese grado, entendemos que es realmente
necesario introducir este criterio medioambiental en la política
agrícola. Creemos que, en el desarrollo del mundo rural, hay que
garantizar, en primer lugar, una actividad agraria suficiente, es
fundamental para la ocupación del territorio y lo consideramos como la
primera actividad económica.
Las conclusiones de Cork, para nosotros constituyen un elemento de
reflexión sobre el futuro de la PAC, pero no sustituyen al gran debate
que se ha abierto ahora ante la ampliación de la Unión Europea hacia los
países del este y del centro de Europa, ante las nuevas negociaciones en
el seno de la Organización Mundial de Comercio y ante la necesidad de
definir un cuadro financiero nuevo para el período 2000-2006.
Para el desarrollo del medio rural español, nosotros consideramos
imprescindible: primero, mantener la modernización de explotaciones,
incluida la transformación y comercialización, y eso para tratar de
mejorar la competitividad, mantener un grado adecuado de ocupación del
territorio y, por consiguiente, una lucha correcta contra la
desertificación; segundo, corregir el déficit de estructuras típico de
los países meridionales, incluido el regadío; tercero, no detraer fondos
de las ayudas a la producción en beneficio del desarrollo rural, es
decir, que el desarrollo rural no se haga en detrimento del apoyo a la
agricultura; cuarto, se deben concentrar los esfuerzos en las zonas más
desfavorecidas, continuando el esfuerzo de cohesión más allá del año 1999
y, de nuevo, la integración de la política agroambiental, no sólo en la
agricultura sino también en el desarrollo rural.
En concreto, sobre las otras cuestiones que me han planteado respecto a
si hay guerra en el aceite, que viene la del vino y que viene la de la
leche, usted habrá observado, señor Amarillo, que esas guerras se
terminan automáticamente cuando se toma una decisión. Hubo una guerra,
por ejemplo, con la modificación de las frutas y hortalizas del año
pasado, y en cuanto se tomó una decisión y se vio en qué consistía esa
decisión, se murió la guerra. Hay una guerra del aceite de oliva que está
durando dos años porque el proceso negociador está durando todo eso.
Cuando se termine ese proceso y se decida sobre el aceite de oliva, verá
usted cómo se acaba la guerra del aceite de oliva y empieza la guerra del
vino, y cuando se decida sobre el vino, se acabará la guerra del vino y
se empezará la guerra de la leche. Es decir, se hacen guerras sobre lo
que nos va a ocurrir, sobre qué horror la que se nos viene encima, pero
en esta Cámara todavía no me ha preguntado nadie si la aplicación de la
reforma de las frutas y hortalizas ha dado buen o mal resultado. Eso no
interesa. (Rumores.) Lo que interesa es meter miedo a la gente y ésa es
la dinámica de las guerras.
Sobre el alto coste de la PAC, estoy de acuerdo en que hay que hacer
frente a un ataque de los economistas liberales en el sentido de que,
dada la participación de la agricultura --decreciente-- en la economía, y
las limitaciones presupuestarias de la Unión Europea, la ayuda pública
que va a la agricultura tiene que ser plenamente justificada. Es decir,
que hay que demostrar el papel crucial de la agricultura para producir
alimentos de calidad, mantener vivas las zonas rurales, proteger el medio
natural y preservar los valores culturales. Si tenemos éxito en presentar
ante la sociedad estas características de la agricultura y la importancia
que ello tiene, creo que está más que justificado que se mantenga el
esfuerzo financiero en favor de la agricultura. la verdad es que la
sociedad cada vez es más sensible a los temas medioambientales y está
claro que el sector agrícola puede ser un buen guardián de esas
condiciones medioambientales. Por tanto, esta característica de la
agricultura viene a ayudarnos para poder justificar un poco esos altos
costes de la política agrícola común.
Respecto a que la ministra no tiene que improvisar, ya le hemos dicho las
ideas que tenemos sobre la conferencia de Cork y las que tenemos sobre la
Agenda 2000 de desarrollo rural. Lo único que hay que hacer es tener
claras esas ideas, y la verdad es que no se necesita improvisar nada.
Sobre la presencia de nitritos o ligamentos, estamos de acuerdo en que
tenemos que actuar seriamente, pero nos encontramos con el problema de
comunidades autónomas que no se lo toman con todo el rigor que debieran.
Por ejemplo, es fundamental para España definir un código de buenas
prácticas agrícolas que tienen que elaborar las comunidades autónomas;
algunas lo han hecho y otras no. Pero sería bueno que todos colaborásemos
para tomarnos en serio las consecuencias medioambientales de la
agricultura.
En cuanto a que estamos perdiendo el tiempo y apenas se ha hecho nada,
hay que decir que el sector agrícola tiene una gran inercia y que las
acciones de desarrollo rural se ven a lo largo de los años. Es decir, lo
que tenemos hoy de desarrollo rural es el resultado de los años
anteriores más que un éxito del Gobierno actual; lo que hay es
consecuencia de lo que se viene haciendo en los últimos veinte años,
porque la inercia del sector es grande y el desarrollo agrícola no se
hace de una manera muy espectacular, salvo en
casos muy concretos en los cuales hay sectores que conocen momentos de
esplendor económico, pero eso no es desarrollo rural en el buen sentido
de la palabra, sino que es atravesar una situación buena. En este país el
agua es el factor limitante que determina en gran medida la prosperidad
de los agricultores y, por tanto, los años de sequía son años en los que
el desarrollo rural se retrasa por el peso del mal comportamiento del
sector agrícola y viceversa.
Afortunadamente, llevamos dos años buenos y vamos camino de otro. Eso no
es mérito del Gobierno, por supuesto, sino mérito del agua que nos cae
del cielo, y está claro que no hay más que ver, por ejemplo en Jaén, el
momento de prosperidad económica que están atravesando después de dos
cosechas récord, espectaculares, aunque tengan una situación conflictiva
ahora mismo.
Por lo que hace a los niveles de empleo y que hay que preocuparse del
crecimiento de la población activa, el año pasado ha sido el primero,
después de muchos, en el que no se ha perdido población activa agrícola.
Incluso se han creado puestos de trabajo en Andalucía, que pueden ser más
o menos coyunturales, a lo mejor derivados de ese gran cosechón de
aceituna, pero está claro que está habiendo una inflexión en esa caída de
la población activa agraria que yo achaco al hecho de que España está
entrando en el régimen de crucero después de la adhesión a la Unión
Europea. La adhesión a la Unión Europea se ha hecho hace diez años, a
través de un período transitorio en el cual solamente en los últimos
tiempos se ha igualado el nivel de apoyo financiero a la agricultura
española con la de los otros Estados miembros, y debido a esa inercia del
sector agrario es ahora cuando se empiezan a ver estos resultados y
cuando la gente ve que la situación no es tan grave como para abandonar
el sector. Es decir, esa caída de la población activa agrícola es normal
en un país en desarrollo como es España, que tiene un 6 ó 7 por ciento de
población activa agrícola todavía, aunque debería estabilizarse en un 5 o
un 4, todavía debería caer más, sin embargo, no lo ha hecho y se ha
parado ya por esta circunstancia que le digo.
En cuanto a que llevamos retraso en medio ambiente, de acuerdo. Esta es
una actividad que tiene un desarrollo desigual en las comunidades
autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se
consume del orden del 40 por ciento del dinero que gastamos en medidas
medioambientales en España. Tienen un programa de humedales, tienen una
serie de programas que han desarrollado y por ello están recibiendo
dinero. Otras comunidades autónomas no se han preocupado, no se han
tomado en serio o no se han tomado la molestia de hacer programas que les
permitan acceder a ayudas agroambientales. Hay que decir que la Comunidad
Europea es muy generosa en este tipo de ayudas y que conviene desarrollar
eso. Igual que, por ejemplo, las medidas de reforestación de las tierras
agrícolas han sido un éxito muy grande, en medidas agroambientales
podríamos haber desarrollado mucho más, pero necesitamos la colaboración,
repito, de las comunidades autónomas.
Dice que el Objetivo 2 no es un cajón de sastre. Yo creo que esto del
Objetivo 2 es más bien un problema de dotación. Se le puede llamar
antiguo objetivo 5B o nuevo Objetivo 2; lo importante, más que el nombre,
es el dinero que haya detrás, porque el desarrollo rural se hace con
dinero, y llámesele Objetivo 2, llámesele cajón de sastre o llámesele
objetivo fenomenal, su éxito estará, por supuesto, en la buena
programación, pero también en el dinero que haya acompañándole.
No tengo más observaciones que hacer a su intervención. (El señor
Amarillo pide la palabra.)
--DEL SEÑOR AMARILLO DOBLADO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LAS
PAUTAS A SEGUIR SOBRE LA FUTURA «ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD» EN
RELACION CON EL MUNDO RURAL (Número de expediente 181/001433).
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, prácticamente tiene consumido el
tiempo, al igual que el señor secretario general. Yo pasaría directamente
a formular la pregunta número 3, teniendo en cuenta --y usted sabe de la
flexibilidad de esta Presidencia-- que en ella quizá podrá hacer algunas
reflexiones que se le hayan quedado.
De todas maneras, le cedo de nuevo la palabra para que pueda formular la
pregunta número 3.
El señor AMARILLO DOBLADO: Creía, señor presidente, que era para poder
contestar. No obstante, intentaré responder, no en la pregunta número 3
sino en la pregunta número 4, porque si antes estaba preocupado ahora
tengo que decir que estoy alarmado.
La pregunta número 3 trata de un tema enormemente amplio también, que es
el de la biodiversidad. El tema de la biodiversidad en el campo agrario
no lo podemos restringir, que también, a una mera cuestión de las nuevas
variedades, sean de semillas o de plantas, que nos vienen como
consecuencia de cambios genéticos. Es decir, no estamos hablando
solamente, que también, repito, de la introducción de nuevas semillas o
de nuevas plantas que van a tener unas características muy especiales que
permiten que los productos tengan igualmente características específicas
que les hagan idóneos para el transporte, para la industria conservera o
para la resistencia a determinadas plagas o porque nos permite tener
rendimientos muy elevados. En efecto, éste es un campo muy amplio, lleno
de modernidad, y, evidentemente, una vez que se descubre el ferrocarril
no podemos optar por la diligencia, pero tenemos que matizar y que estar
seguros de que algunos riesgos que pudiera haber están controlados. En
este aspecto creo que la experimentación y la investigación agraria en el
campo de la biodiversidad son un elemento clave para tranquilizar, para
dar seguridad al conjunto de los ciudadanos, independientemente de que se
dé respuesta a la inquietud natural --a mí me parece natural y justa-- de
grupos medioambientales muy amplios.
Le recuerdo --téngalo en cuenta, señor secretario general-- que la
investigación a la que me estoy refiriendo no solamente puede ser una
investigación concertada con las universidades, ya que detrás de éstas,
lógicamente, hay
grandes empresas, y es natural que los investigadores concierten con las
grandes empresas líneas de investigación, pero luego tienen un sesgo
hacia su patrocinador, a la fuerza, sin que esto quiera decir que
pongamos en duda para nada la honorabilidad de los investigadores, ni
muchísimo menos. No obstante, necesitamos unas líneas de investigación
directamente de la Administración, que procedan directamente del Estado y
que tengan un carácter arbitral, no sometidas a la presión de ningún
grupo económico dentro de la industria química o de la industria
biotecnológica, que, como usted sabe, tiene una capacidad económica muy
grande.
Pero no sólo nos estamos refiriendo a la biodiversidad en el campo de las
semillas y de las plantas, sino que nos tenemos que referir también al
concepto de biodiversidad en términos fitosociológicos, es decir, a
aquellos ecosistemas de los cuales disponemos dentro del mundo europeo y
dentro de España en particular, que son asociaciones, en su conjunto, a
las que tenemos que defender. Estos ecosistemas vegetales muchas veces
están adaptados a la presencia de una fauna doméstica, una fauna
silvestre, y en este caso estaríamos hablando de ecosistemas naturales.
Tenemos numerosos ejemplos, como es el ecosistema de la dehesa, por
ponerle uno totalmente típico de España; podíamos hablar de algunos que
han sido creados por el hombre, pero ya tienen prácticamente carta de
naturaleza, como son los ecosistemas de zonas de regadío, y hay un
larguísimo etcétera.
Esta es una cuestión de coordinación del Estado. La legislación básica
sobre la conservación de los ecosistemas naturales, con el respeto total
a las competencias que tienen las comunidades autónomas, no es una
cuestión privativa de la comunidad autónoma; alguna comunidad autónoma
puede, y en su caso debe, legislar respecto a la conservación de sus
propios ecosistemas y le recuerdo que ya lo han hecho: ahí tiene usted la
Ley de Dehesas, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma extremeña, y en
otros sentidos pueden haber actuado otras comunidades autónomas. Pero no
es óbice para que, en su conjunto, el Estado tenga una legislación
ordenadora cumpliendo la función constitucional, que es ser el garante de
la ordenación general de la economía.
La biodiversidad nos abre también a la posibilidad de establecer nuevos
cultivos, que además pueden imbricarse en lo que es la conservación
medioambiental. Fíjese usted qué sentido tiene el que sigamos cortando
árboles cuando tenemos plantas que nos pueden producir pasta de papel, y
la subvención diferencial para competir con la pasta de papel es una
cantidad bastante modesta respecto a otras subvenciones, a otras ayudas,
a otros complementos a renta que se tienen dentro del campo agrario. Le
he puesto el ejemplo gráfico de la pasta de papel, pero podía hablar de
otro tipo de cultivos, como son los energéticos y algunos más, todo el
tema que tenemos respecto a los plásticos, el avance hecho en cultivos
que pueden dar una alternativa, lo que se llama el mundo de los
bioplásticos, etcétera. Es decir, que hay toda una gama que viene muy
bien al desarrollo del campo agrario justamente en un plano de
convergencia de sensibilidad mundial respecto a temas de contaminación
que no es muy difícil el ir resolviendo: el tema de conservar nuestros
bosques o el tema de evitar la degradación de muchos medios urbanos,
semiurbanos o incluso rurales. Todo esto nos lo han abierto los programas
de biodiversidad.
Yo, con franqueza, y voy a ser breve que si no después se me agotará el
tiempo y la severidad de nuestro presidente me impedirá el contestarle,
tampoco tengo noticia de que en este campo hayan hecho ustedes algo, pero
será una ocasión, espero que mejor que la primera, en la cual nos
podremos enterar de lo que realmente están haciendo en un tema tan
importante como es el de la biodiversidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El Ministerio de Medio Ambiente está coordinando con otros ministerios
afectados, con las comunidades autónomas, con las entidades locales, con
instituciones de investigación, con universidades, con ONG y con los
agentes sociales la redacción de un documento sobre la estrategia
española para la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica, y el Ministerio de Agricultura participa, a través de la
Secretaría General de Agricultura y de la Secretaría General de Pesca.
El documento está en su última fase de redacción, y una vez terminado
tiene que ser presentado ante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
para examen, discusión y tramitación. Cuando se termine su redacción y
sea sometido a esta conferencia sectorial, podrá ser modificado. Por
tanto, es difícil que podamos adelantar algo sobre el mismo. El documento
será remitido al Parlamento.
¿Cuál es el objetivo fundamental de este documento? El mantenimiento de
los recursos biológicos como requisito previo a cualquier actividad que
utilice dichos recursos. Se trata de incorporar los principios básicos de
la conservación a los sectores productivos, en especial a la actividad
agraria, que es uno de los cinco sectores prioritarios considerados en el
quinto programa de acción del medio ambiente en la Unión Europea. Se
considera que no es suficiente con una política específica de
conservación de la naturaleza que actúe de forma puntual, sino que hay
que incorporar en todas las políticas sectoriales este objetivo básico.
El documento tendrá cuatro partes. En primer lugar, una declaración de
objetivos básicos y de los principios orientadores de todas las acciones
que vayan a llevarse a cabo. En segundo lugar, un diagnóstico de la
situación actual en España. Este es el capítulo más complicado, es una
descripción de las características geomorfológicas, climatológicas y
biogeográficas que determinan el medio físico y los componentes de la
diversidad biológica. Se estudia el estado de conservación de los
hábitat, las especies y los recursos genéticos, y se concluye con un
análisis de los procesos que afectan negativamente a la diversidad
biológica, según los sectores productivos. Un tercer capítulo está
dedicado a los instrumentos a utilizar para la conservación:
los condicionantes sociales, científicos, institucionales, económicos y
legislativos para cumplir los objetivos. Por último, las líneas
directrices de actuación. Estas líneas van desde la cooperación
internacional hasta el fomento de la conciencia ciudadana, pasando por la
investigación, la conservación in situ, la conservación ex situ,
etcétera. La aplicación de este documento de estrategia se hará a través
de planes de acción elaborados a nivel sectorial, y ésta será la última
fase. Estas son las intenciones del Gobierno y en lo que está trabajando.
El señor Amarillo nos ha dicho que hay que trabajar ya sin esperar a esta
especie de inventario general, y que son necesarias líneas de
investigación oficial. Estoy de acuerdo. Tengo que volver a recordarle
que la investigación en el campo agrícola está transferida a las
comunidades autónomas y, por tanto, escapa a nuestro control. Sobre el
ecosistema de la dehesa, puedo anunciarle que en la última reunión
informal de ministros, celebrada en New Castle hace quince días, cuyo
tema era la ganadería en las zonas de medio ambiente frágil, España
planteó la cuestión de la producción del porcino ibérico en el régimen
extensivo típico de la dehesa. Creemos que es un sistema de producción
respetuoso con el medio ambiente que merece una ayuda de tipo
agroambiental, y esperamos que pueda ser realidad algún día. Hay que
advertir que una cosa es pedir y otra recibir. Todas estas negociaciones
internacionales son lentas, pero posiblemente en un par de años podamos
ver cómo el porcino ibérico extremeño se puede beneficiar de una ayuda de
tipo agroambiental.
Sobre los nuevos cultivos se está haciendo algo. Estamos investigando,
por ejemplo, en relación con la puesta en marcha del Plan nacional de
regadíos, cuáles serían las posibilidades de cultivos de chopos en
regadíos, y ha citado la pasta de papel. Este cultivo es gran consumidor
de agua y sólo es rentable en sitios en donde el agua sea muy barata,
pero permitirá poner en riego zonas que no serían rentables sin las
ayudas previstas en la PAC. Es una aplicación que se podría dar a
regadíos en zonas no típicamente mediterráneas de frutas y hortalizas,
sino en zonas como Aragón o el Alto Duero, y podría ser una solución.
Se está haciendo algo y espero que, una vez terminado este documento de
la estrategia española, las acciones en favor de la biodiversidad se
intensifiquen notablemente.
El señor PRESIDENTE: Para la réplica o volver a preguntar, tiene la
palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Muy brevemente.
¿Tengo que entender, don Carlos, que el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero y la investigación sobre semillas ha pasado al
Ministerio de Medio Ambiente, o no? (El señor secretario general de
Agricultura y Alimentación, Díaz Eimil: No, no.) Bueno, la pregunta tiene
la respuesta en sí. Es decir, hay cuestiones que sí son totalmente
medioambientales y, lógicamente, hay que entrar en ellas, y hay otras
que, dentro de la biodiversidad, son tan propias del sector agrario que
con su competencia y, por tanto, sin esperar a documento alguno, se debe
partir de ahí.
Yo le hablo de nuevos cultivos, y como sé que usted es un buen técnico,
me consta que es un técnico muy bueno y de gran altura, que mencione los
chopos como cultivo nuevo, la verdad, me ha sorprendido. Tenía la
creencia de que el chopo era un cultivo, incluso en regadío, harto
conocido y desde hace tiempo. Hay otros cultivos muchísimo más nuevos --y
no quiero descender aquí a tecnicismos--, dentro de la familia de las
compuestas, en el tema de los cardos, etcétera, que son de carácter
anual, permiten rotación y alternativas de cultivo y producen casi tanta
pasta de papel como los chopos --desde luego, en términos de por año,
bastante más-- y dan unos precios bastante más asequibles. Podríamos
citar otros, porque yo he puesto el ejemplo de la pasta de papel, pero en
la misma línea se está también en el campo de los plásticos. Tengo la
sensación de que algo sí tienen ustedes intenciones de hacer, pero es tan
poco que tan sólo nos lo ha podido concretar en sus líneas más generales.
Quiero, por otro lado, felicitarle por la dehesa. Me parece que es un
camino bueno y no sólo para el porcino extremeño, entiendo que lo es para
el porcino español de carácter extensivo, que abarca todo el sudoeste de
la península Ibérica y, por tanto, se va a beneficiar no solamente
Extremadura, sino también Andalucía y parte de Castilla-La Mancha. En
este sentido, me parece que es un paso magnífico porque ya es el
reconocimiento de un ecosistema natural como tal, que puede y debe estar
sujeto a medidas complementarias de ayuda, máxime teniendo en cuenta que
es un ecosistema que lo que va a dar, entre otras cosas, son productos
naturales.
Más allá y para terminar rápidamente, le diría que no se trata tanto de
establecer un conjunto, un catálogo de medidas de carácter puntual, como
de establecer un marco de actuación en el campo de esta nueva agricultura
que nos viene y, dentro de ella, tomar posicionamiento. Esta es una
cuestión que para nada van a poder desarrollarla las comunidades
autónomas; ésta es una cuestión en que las comunidades autónomas tendrán
que aplicar la legislación básica de carácter marco que se tenga. Esa
legislación básica es totalmente necesaria y, bien sea hecha de manera
singular por el Ministerio de Agricultura o bien se haga en colaboración
--que me parece muy lógico también-- con el Ministerio de Medio Ambiente,
es algo que, en estos momentos, en la situación en que estamos y con la
rapidez que van evolucionando las cosas, se está echando en falta. A esto
es a lo que realmente me estaba refiriendo.
El señor PRESIDENTE: El señor Díaz Eimil tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Está claro que el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero no
va a pasar al Ministerio de Medio Ambiente porque no creo que esté muy
directamente relacionado con lo que se entiende como biodiversidad, en el
sentido de especies en peligro de extinción o especies exóticas que hay
que conservar, etcétera. El Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero sigue cumpliendo su objetivo de llevar a cabo los
ensayos necesarios para el registro de variedades y sigue funcionando en
el Ministerio de Agricultura.
La historia de los chopos la he sacado a colación porque oí lo de la
pasta de papel, pero la investigación que se está haciendo no es una
investigación de biodiversidad pura. Está claro que no es un cultivo
nuevo, ni muchísimo menos. Lo que se está haciendo es tratar de
determinar hasta dónde ese cultivo puede ser rentable en relación con el
precio del agua. Queremos saber si realmente eso puede ser una solución
para superficies de regadío que no tengan derecho a las ayudas de la
política agrícola común. Va solamente en ese sentido, saber si el metro
cúbico de agua tiene que estar a 7 pesetas o puede estar a 10 pesetas y
si sigue siendo rentable o no lo sigue siendo.
Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas por hacer, pero naturalmente
nosotros no tenemos ni la llave ni el dinero para ello. Ya he dicho que
la investigación agraria, sorprendentemente, fue transferida a las
comunidades autónomas, mientras que el resto de la investigación
científica sigue en manos de la Administración central. El Ministerio de
Agricultura ahora, en el tema de la investigación, se tiene que limitar a
coordinar una serie de programas, de actividades internacionales,
etcétera, no la investigación propiamente dicha, que es, repito,
competencia de las comunidades autónomas.
Nosotros haremos lo que esté en nuestras manos. Somos conscientes de
ello; creemos que es importante concluir cuanto antes el documento de
estrategia para saber dónde estamos y tener una indicación sobre la
acción coordinada que hay que llevar a cabo, sobre todo para introducir
en todos los sectores productivos, la agricultura en primer lugar, este
concepto de biodiversidad, como hay que introducir también el concepto de
respeto al medio ambiente. Ese es el sentido de nuestra acción.
Nada más. Muchas gracias.
--DEL SEÑOR AMARILLO DOBLADO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA PROMULGACION DE UNA LEY BASICA DE DESARROLLO
RURAL (Número de expediente 181/001435).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura con el número 4
en el orden del día, tiene la palabra su autor, el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: La pregunta número 4 me da la ocasión de
responder a parte de los comentarios sobre la número 1, porque están
fuertemente entroncadas.
Señor secretario general, creo --y no sólo lo creo yo, lo cree muchísima
gente-- que el sector agrario es un sector económico más. Es decir, le
hacemos un flaco servicio si realmente lo cargamos de tantas
singularidades que dentro del conjunto de los sectores económicos empieza
a tener una cierta marginación. Eso se va a volver en contra del sector
agrario. Cualquier política que se haga en el medio rural debe tener en
cuenta esta cuestión.
De igual manera que tiene que tener en cuenta otro de los principios
generales --ya lo hemos dicho y lo hemos comentado al principio--, como
es el que los activos agrarios deben tener una cierta polivalencia
laboral, porque de hecho ya la tienen, y que los problemas de empleo son
aquellos que van a ser los elementos clave a la hora de decidir cómo se
ayuda y con qué criterios.
Discrepo, francamente, respecto de la inercia del sector agrario. No creo
que nuestro sector agrario tenga una gran inercia. Creo, por el
contrario, que si a nuestro sector agrario se le da el marco adecuado es
capaz de reaccionar y de hacerlo con rapidez. Donde puede haber inercias
es en la política del Gobierno. Yo sí creo que hay una fuerte inercia en
las políticas del Gobierno, pero no en el sector agrario, no le echemos
la culpa a quien no la tiene, no es él precisamente. No se encuentra
marco adecuado para que evolucione con la suficiente rapidez. ¿Por qué no
le creamos los marcos legislativos? La responsabilidad es de quien tiene
que generar esos marcos legislativos, pero de ninguna manera del que es
sujeto paciente de ellos.
Tampoco podemos ampararnos en lo referente a las comunidades autónomas.
Lo que está transferido a las comunidades autónomas está muy claro y las
políticas que hay que desarrollar desde el Gobierno también. En ese
sentido, estamos hablando de leyes de carácter básico. Por eso, esta
última pregunta es sobre la necesidad de esta ley general de carácter
básico. Una ley general que tiene que tener un carácter ordenador, una
ley en la cual, lógicamente, se tendrá que refundir -- por eso tiene que
tener, en gran parte, el carácter de texto refundido; no quiere decir que
sea un texto refundido de lo existente, pero en parte tiene que tener ese
carácter-- un conjunto de actuaciones que se están haciendo de manera
dispersa en estos momentos, como son todas aquellas que afectan a la
sanidad vegetal y todas las que afectan a la sanidad animal. Pero más
allá de ello, habrá que introducir en esta ley básica algunas cuestiones
que no son criterio de cada comunidad. ¿Usted cree, por ejemplo, que
puede ser criterio de una comunidad que la tolerancia en un determinado
macroelemento, como son las aguas de torrentía, sea una determinada en
una comunidad autónoma una y en otra, otra? Imposible, los criterios
serán otros. Tendrá que haber unos criterios de carácter edáfico, de
carácter climático, de carácter técnico, pero de ninguna manera puede ser
un criterio puramente político de distribución de un territorio, y dentro
de ellos tendremos que establecer los elementos marco. Por lo tanto, es
competencia total e íntegra del Estado, y en este caso, ineludible, la
ordenación general de la economía.
Esta ley es absolutamente necesaria, de igual manera que la tipificación
de la que hablábamos antes. Es imposible hacer esta tipificación en la
cual, por cierto, señor Díaz Eimil, no tenemos que confundir cuestiones
de carácter coyuntural con cuestiones de carácter estructural. No sería
muy sensato sostener que la población activa agraria que tenemos en el
territorio se nos va a mantener a nivel medio en el Estado, yo creo que
eso sería poco realista. Es más lógico, pensar que va a evolucionar y a
la baja. Ahora, la cuestión no es solamente que vaya a evolucionar a la
baja, la cuestión es que esta evolución no se haga de manera
traumática, la cuestión es que estos activos agrarios encuentren en su
territorio la capacidad de poder seguir trabajando y manteniendo las
rentas que tenía. Porque, en definitiva, las rentas de los activos
agrarios no son rentas agrarias o no agrarias, son rentas, y ya hemos
partido de la base que muchas veces nos vamos a ver obligados a
complementar estas rentas con otro tipo de actividades sean las de
agroturismo o sean las agroindustriales de carácter artesanal--, porque
hay que ir mucho más allá. La polivalencia nos lleva a que al activo
agrario se le tienen que dar los niveles suficientes de formación para
que pueda haber trasvases simples, es decir, nosotros tenemos que contar
con los otros sectores --tenemos que contar con el sector industrial, y
digo industrial sin apellidos, tenemos que contar con el sector comercio,
con el sector servicios-- y los activos agrarios deben estar preparados
precisamente para esta nueva actividad. Tenemos que dar los niveles de
formación suficientes y establecer en la tipificación rural aquellos
elementos básicos que permitan con naturalidad definir lo que es una
actividad polivalente. Por lo tanto, esta ley general de carácter básico
no es una ley que pueda referirse solamente al mundo de lo agrario, es
una ley para el mundo rural pero trasciende lo agrario, va a lo
industrial, va al comercio, va al resto de los sectores. Y esta ley es
una demanda importantísima, porque va por delante de nosotros la Unión
Europea, va muy por delante de nosotros la Organización Mundial de
Comercio. Entonces, ante el hecho que nos viene, no podemos dar siempre
la respuesta de considerarlo como un mal necesario que tenemos que
sufrir. Alguna vez tenemos que influir nosotros un poco en lo que nos
tiene que venir y establecer unas legislaciones marco que además las
podamos poner en su día encima de las mesas de negociación como un
elemento más. En estos momentos no disponemos de un instrumento tan
básico y tan importante en la política no diría agraria sino en la
política general del Gobierno. Eso es lo que echamos de menos y a eso es
a lo que me refiero. Por eso le llamamos la atención con esta pregunta
respecto a esta necesidad, sobre la que queremos testar la sensibilidad
que tiene el Gobierno representado en este momento por usted respecto a
esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Independientemente de su necesidad, que luego ya hablaremos sobre ello,
una ley básica de desarrollo rural tendría que ser una norma
multisectorial, como ha dicho el señor Amarillo, en donde tendrían que
intervenir todas las administraciones, la central y la autonómica.
La legislación actual del Estado más la legislación que tienen las
comunidades autónomas, junto con una buena coordinación, que es también
una cuestión que hay que plantearse, entre administraciones --central y
autonómica-- y los distintos departamentos, puede rendir buenos
resultados. Para las explotaciones ya existe la Ley 19, de 1995, sobre
modernización; tenemos, además, los reglamentos comunitarios, normas
nacionales y normas de comunidades autónomas. En la Ley del año 1995 se
definen explotaciones prioritarias en función de la actividad
desarrollada y de las actividades complementarias; se determinan también
otras actividades subvencionables, con cofinanciación comunitaria o con
recursos exclusivamente nacionales. Y para el resto de las empresas no
agrícolas hay una regulación a la que están sometidas las ayudas, que
tienen que cumplir, naturalmente, con los requisitos de competencia de la
Unión Europea, pero existen unas normas básicas, sobre todo para las
ayudas a las pyme, que pueden tener especial aplicación en los programas
de desarrollo rural, tales como los Leader.
El MAPA está analizando, junto con las comunidades autónomas, la
situación del mundo rural, y los elementos que se determinen serían la
base de una política de desarrollo rural que tendrá que ser compatible
con la Agenda 2000. Hemos dicho ya, hablando de la modificación de fondos
estructurales y de la nueva propuesta de reglamento sobre desarrollo
rural, que adelantarse ahora con una ley sería correr el riesgo de caer
en incompatibilidades, riesgo que creo que no debemos correr, por lo que
si se llega a juzgar necesaria esta ley básica --que yo en principio
opino, como el señor Amarillo, que no estaría mal, porque obligaría a
hacer una reflexión--, habría que hacerlo después de que se tomen las
decisiones sobre las propuestas de la Comisión en relación con la Agenda
2000.
Nosotros creemos que actualmente existe un marco legislativo suficiente,
que las decisiones derivadas de la Agenda 2000 y la delimitación de
competencias del Estado y de las comunidades autónomas --que sería muy
importante aclarar perfectamente en una ley-- podrían ser objeto de la
futura ley de desarrollo rural, cuyo borrador podría iniciarse a partir
de las decisiones de la Agenda 2000. Es decir, quizá a finales del año
1999 podríamos sumirnos en una reflexión profunda sobre la ley básica.
Respecto a lo que nos ha dicho el señor Amarillo sobre que nuestro sector
no tiene inercia, que es dinámico y que donde hay inercias es en la
legislación, tengo que decirle que yo no opino así. Es relativamente
fácil sacar una ley, no es algo excesivamente difícil --puede llevar un
año o dos--, pero desarrollar el mundo rural español para ponerlo a la
altura del de otros Estados miembros como, por ejemplo, Francia o
Alemania, es un trabajo de muchos años y requiere poner mucho dinero. Es
decir, en cuanto a si hay inercia o necesidad de fondos, tiene que quedar
claro que es mucho más fácil hacer una ley que luego aplicarla. Y estoy
de acuerdo en que esa ley tendría que ser reordenadora y tendría que
recoger muchas de las cosas que ya se hacen.
Hay una pregunta prevista sobre la mujer rural, cuestión sobre la que hay
una laguna y que podría recogerse en esta nueva ley.
Respecto a que la población activa va a evolucionar a la baja, tengo que
decir que estoy de acuerdo. Ya he dicho que el incremento de población
activa puede derivar bien de dos cosechas muy buenas sucesivas que han
empleado mucha mano de obra, bien de la actual situación española de
velocidad de crucero dentro de la Unión Europea y de la
política agrícola común reformada en 1992. Por eso, también estoy de
acuerdo en que la población activa agraria seguirá descendiendo a la
larga y que, naturalmente, hay que garantizar que el abandono no sea
traumático. Se han previsto para ello las ayudas a la prejubilación o a
la jubilación anticipada, y quizá la falta de eficacia que se pueda
achacar a esta acción no se deriva de la legislación, sino que puede
derivar de la disponibilidad de fondos.
En cuanto a que esta ley tendría que trascender lo agrario, estoy de
acuerdo, por supuesto, en que no hay que abandonar ni olvidar el carácter
multifuncional de la agricultura. Se trataría de una ley que englobaría
la actividad agrícola y todo lo que se mueve alrededor de esa actividad
agrícola en el mundo rural. Es decir, fundamentalmente estoy de acuerdo
con el señor Amarillo en todo lo que nos ha dicho, pero no es ahora el
momento oportuno de ponerse a trabajar sobre el tema. Será mejor liquidar
las decisiones sobre la Agenda 2000 y luego ver si con el marco
legislativo que tenemos es suficiente o si procede hacer una codificación
y rellenar las lagunas que tenga dicha legislación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor Díaz, estando tan de acuerdo en todo, de
lo cual me alegro, igual es que no estamos de acuerdo en el concepto de
ley. Yo en eso soy más clásico y sigo teniendo el concepto de ley que
tenía Santo Tomás: ordenación general de la razón encaminada hacia el
bien de la comunidad. Si coincidimos en la definición, a lo mejor vamos
aclarando algo. Por eso creo que los activos agrarios, nuestro mundo
rural, están necesitados de este marco. La ley, lógicamente, posibilita
que se pueda crecer y crear el marco adecuado para que podamos hacerlo.
Creo que a veces nos cuesta a todos --a mí el primero y por tanto
entiendo muy bien que a usted también le cueste-- hacer el cambio de
saltar del círculo en el cual somos especialistas por razones de
profesión o por las que fueren. Señoría, está muy bien lo de la
prejubilación; francamente está bien y es bueno, pero es una medida muy
parcial. En un debate muy global usted no es que me esté contando una
anécdota, pero sí muy poco más, porque de lo que se trata en definitiva
en esta política de trasvase, de concebir el mundo agrario dentro del
mundo económico en su conjunto, es de la posibilidad de hacer grandes
trasvases manteniendo en común ayudas y políticas. Se lo voy a decir
gráficamente con un ejemplo: ¿cómo transformamos un pastor en un torneo
dentro de un marco legal común? Esa es la cuestión. Pues llenando dos
demandas independientes, la demanda de la industria y la demanda agraria
y no haciéndolas antagónicas sino complementarias. A esto es a lo que me
estoy refiriendo, lo cual implica, por supuesto, debate e implica
reflexión, pero implica también decisión y, sobre todo, que cuando
comencemos a tratar sobre la cuestión, la tengamos mínimamente acotada y
mínimamente definida. Reconozco que en principio esto puede tener algunas
dificultades, pero eso no nos obvia de hacerlo porque estamos obligados a
ello al ser una demanda social. Ante una situación social compleja no
podemos responder con medidas sectoriales de carácter unilateral mucho
más sencillas, tendremos que abordar la realidad en la complejidad que
tiene, y dentro de esa complejidad evidentemente entra considerar
globalmente la situación. Es en este marco en el que tenemos que abordar
esta cuestión si realmente queremos resolverla. Si no, entiendo que vamos
a tener muchas dificultades porque el marco político de carácter básico
de la Unión Europea, las grandes líneas, nos las están diciendo y nos las
están marcando. Ahora estamos sufriendo lo que firmamos en Blair House,
también obligados. Vamos a seguir haciendo concesiones en la Organización
Mundial de Comercio, usted lo sabe tan bien como yo, obligadamente; va a
ser muy difícil no hacerlas. Los marcos de competitividad hay que
mantenerlos; las rentas también estamos obligados a mantenerlas, luego no
tenemos otra opción que establecer políticas de carácter integrador y de
carácter global. Esa es la única medida que a la larga vamos a tener para
poder aprovecharnos de manera eficaz de algunos objetivos de carácter
estructural ya creados como es el Objetivo 2. Incluso para una
utilización rentable de este fondo, en toda la dimensión que tiene,
también vamos a tener que hacerlo. Y ése es el ánimo que le he querido
transmitir.
Me alegro de las coincidencias. Si las aportaciones sirven para que se
entre en nuevas reflexiones que nos lleven por mejor camino me sentiré
muy satisfecho. De todas maneras, créame, lo importante es que discutamos
los problemas para resolverlos.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario general tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Estoy de acuerdo con el concepto escolástico de lo que debe ser una ley y
me parece muy bien la referencia a Santo Tomás. Aunque parezca que para
una ley de desarrollo rural no está muy al día, sin embargo, hay que
admitir que en su concepto es una base.
¿Que la prejubilación es una pequeña cosa? De acuerdo, pero es una de las
muchas que se hacen ahora. Ahora se tiene la idea de que hay que
favorecer la salida no traumática de la agricultura a la gente que ya
tiene edad y favorecer la instalación de jóvenes, lo que constituye una
dinámica para mantener un relevo generacional. Es decir, la prejubilación
entra dentro de una filosofía más amplia.
¿Que va a haber que hacer concesiones a la Organización Mundial de
Comercio? Por supuesto, por lo que hay que ir a una política integradora,
hay que ir a una política en la cual se pueda mantener a las personas en
el mundo rural ofreciéndoles un trabajo digno y remunerado. Para seguir
siendo competitiva, la agricultura tendrá que ser apoyada y en muchos
casos tendrá que ser complementada con otras actividades.
Estamos de acuerdo en todos estos conceptos, pero le pediría al señor
Amarillo un poco de paciencia, que nos deje concentrar nuestros esfuerzos
en la negociación de la
Agenda 2000, sobre este borrador de proyecto de reglamento de desarrollo
rural que engloba todo lo que se hace actualmente y muchas más cosas
para, una vez arreglado este tema y liquidada la decisión correspondiente
sobre el marco europeo de desarrollo rural, elaborar una ley adaptada a
las características españolas. Pero antes vamos a trabajar en ese marco
europeo.
--DE LA SEÑORA SALINAS GARCIA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ACTUACIONES PARA RECONOCER EL TRABAJO DE LA MUJER PROFESIONAL DE LA
AGRICULTURA (Número de expediente 181/001449).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura con el número 6
en el orden del día, tiene la palabra su autora, la señora Salinas
García.
La señora SALINAS GARCIA: Señor secretario general, entre las prioridades
y preocupaciones del Grupo Parlamentario Socialista se encuentra la
situación de las mujeres rurales, en general, y la de las mujeres
profesionales de la agricultura, en particular, preocupación que se
enmarca dentro de lo que nuestro grupo llama medidas de acción positiva.
Si vemos esta mañana cómo dentro del mundo rural existen problemas, en
cuanto a la mujer agricultora existe algo más que lo que usted ha
calificado como una laguna.
Las mujeres agricultores sufren una doble discriminación, una como
mujeres y otra motivada por el medio donde desarrollan su vida y su
actividad laboral. Hoy en día y por desgracia, la mujer profesional de la
agricultura sigue formando parte de lo que denominamos el colectivo
invisible. La mujer agricultora o ganadera, que colabora en la
explotación familiar agraria, aporta un trabajo no reconocido, no
remunerado y que no figura en las estadísticas. Por ello, nos gustaría
que, en nombre del Gobierno, nos pudiera facilitar qué actuaciones se han
puesto en marcha para reconocer el trabajo de la mujer profesional de la
agricultura.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Sobre esta cuestión creo que la señora Salinas ya formuló una pregunta al
subsecretario en noviembre de 1997, que figura en el «Diario de Sesiones»
del Congreso. Todo lo que dijo el subsecretario en ese momento sigue
siendo válido, pero yo quisiera concretar algo más.
Está claro que la legislación agrícola actual y, en particular, la
legislación de desarrollo rural no hace distinción de sexos, es decir, no
hay una discriminación visible respecto a la mujer. Por ejemplo, según la
ley de modernización de explotaciones pueden pedir ayudas a la
explotación los titulares o sus cónyuges. Hay que reconocer que la
legislación agrícola actual no discrimina negativamente a la mujer, pero
tampoco positivamente, que creo que es lo que anda buscando la señora
Salinas.
En la Agenda 2000, en la propuesta de reglamento sobre ayuda al
desarrollo rural, hay un artículo (el 2) que dice que las ayudas al
desarrollo rural se centrarán en las actividades agrícolas y en su
reconversión. El último apartado dice que entre otros objetivos está el
relativo a la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y
el fomento de iguales oportunidades para ambos. Hasta aquí no hay ninguna
discriminación, pero añade: mediante el apoyo a proyectos cuya iniciativa
y ejecución corra a cargo de mujeres. Aquí se introduce una especie de
discriminación positiva, en el sentido de que los programas de desarrollo
rural que se habiliten en el futuro podrán reservar exclusivamente para
las mujeres determinados proyectos cuya iniciativa corre a cargo de
ellas. Es un elemento nuevo que en la legislación agrícola española no
existía. Si el proyecto de la Comisión se aprueba tal cual está, hay un
elemento que luego se podría desarrollar mejor en la ley de desarrollo
rural de la cual nos ha hablado el señor Amarillo. Podría ser un paso
adelante hacia esa discriminación positiva. Hay que reconocer que
actualmente, en lo que respecta al trabajo profesional de la mujer, no
hay muchas ventajas especiales destinadas a las empresarias agrarias o a
las empleadas en la agricultura. En este caso, al departamento de Asuntos
Sociales le corresponden iniciativas al respecto.
Tengo aquí una serie de proyectos que se hacen exclusivamente para las
mujeres en el Ministerio --ya sé que le van a saber a poco a la señora
Salinas--, que consisten en el número de mujeres que han participado en
cursos y actividades. En formación se tienen en cuenta a las mujeres
rurales y a las que trabajan o son profesionales de la agricultura para
impartirlas cursos de contabilidad, de gestión de explotaciones y de
promoción profesional. Incluso hay un intercambio agrario hispano-alemán
en el que han participado mujeres rurales españolas para coordinarse con
sus homónimas alemanas, y dentro de poco se va a celebrar un congreso en
los Estados Unidos sobre la mujer rural. Es decir, que se hacen cosas,
más o menos tímidamente, si me permite la expresión, para cubrir el
expediente. Pero hay un paso muy positivo. La Agenda 2000, que tanto
hemos criticado aunque tiene aspectos muy favorables, nos da pie a una
serie de acciones encaminadas a promocionar a la mujer rural, como se
promociona ahora, por ejemplo, a los jóvenes agricultores, sobre los que
hay una discriminación positiva con ayudas especiales para su
instalación. Con las mujeres se podrá hacer algo parecido.
El Ministerio de Agricultura considera bienvenidas estas iniciativas.
Tenemos una ministra que ejerce de mujer y que ve con simpatías todas
estas acciones. Podremos hacer algo, aunque hay que reconocer que hasta
ahora no hemos tenido muchas ideas.
El señor PRESIDENTE: Para repreguntar, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Socialista señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: En primer lugar, quiero agradecer la sinceridad
del secretario general al reconocer
que el Ministerio de Agricultura va haciendo cosas, pero a un ritmo que
ni a nosotros ni incluso al propio Gobierno nos gusta.
Dice S. S. que no existe discriminación. Siento insistir porque el propio
Gobierno reconoce en una respuesta por escrito a esta diputada --y cito
textualmente-- que, a pesar de las prohibiciones de discriminación
salarial establecidas en nuestra normativa, las diferenciales salariales
siguen siendo significativas en nuestra realidad laboral. En España
--reconoce el Gobierno-- suponen todavía un 30 por ciento. Todos
deberíamos coincidir en calificar esta cuestión de muy grave. Esta
discriminación salarial, sobre todo en la mujer, afecta especialmente al
sector agrícola, aunque se producen pocas denuncias por la precariedad en
el empleo y el miedo a perder el puesto de trabajo.
Mi grupo estima que las medidas que ha adoptado el Gobierno --vuelvo a
reconocer su sinceridad en este sentido-- son insuficientes. Es verdad
que dentro del III Plan de igualdad hay un área de mujer (creo que es muy
diferente el área de mujer rural de la mujer agricultora), pero sólo se
destinan nueve medidas en las que participa muy poco el Ministerio de
Agricultura. Sin embargo, en la carta de igualdad de oportunidades de la
mujer en el ámbito rural, elaborada en la etapa socialista, se contemplan
88 propuestas. Ideas hay, lo que hace falta es profundizar en ellas.
La última información diferente que nos facilitó el Gobierno (digo
diferente porque siempre que preguntamos nos sacan a relucir las nueve
medidas) decía que en el Ministerio de Agricultura estaba en proceso de
elaboración y formalización un convenio de colaboración con el fin de que
se contemplase el factor sexo en la valoración del empleo femenino en el
medio rural. Para nada aparece el factor sexo en la actividad agrícola.
Si tiene alguna información al respecto, nos gustaría que nos la
comunicara porque es una de las grandes lagunas con las que contamos.
En el año 1997, el Gobierno contrató un estudio con el tema: La
contribución invisible de las mujeres a la economía; el caso específico
del mundo rural. También se nos contestó, pero no se nos ha dado ninguna
información. Con ese estudio el Gobierno reconoce la gran laguna que
tiene pendiente con las mujeres profesionales de la agricultura. De ahí
pueden salir esas ideas que demandaba el secretario general.
La situación de la mujer agricultora avanza muy lentamente; más bien no
avanza, ni para bien ni para mal. Consideramos que queda mucho trabajo
por hacer, y no es por falta de ideas. Puede usted estar seguro de que mi
grupo, no sólo en esta Comisión sino también en la Comisión de la mujer y
en todas las relacionadas con este tema, insiste en el tema y hace
propuestas porque lo considera una prioridad.
Es urgente que el Ministerio realice un estudio serio y riguroso, en base
a censos, investigaciones y trabajos cualificados, que tenga como fin
conocer la realidad de este colectivo y, basándose en él, diseñar esas
políticas y programas concretos que el mismo Gobierno reconoce que son
necesarios.
Mi grupo cree que se pueden hacer muchas cosas; no es una cuestión de
falta de ideas, como usted decía. Se debe crear cuanto antes el estatuto
de la agricultura. Es una reivindicación que le han hecho al Gobierno
todas las asociaciones y colectivos, y también mi grupo parlamentario en
alguna otra ocasión. La identidad social de la agricultura no puede
seguir estableciéndose en relación con el estado matrimonial. Ahora mismo
son esposas del agricultor, y creo que hay ahí un gran campo en el que
debemos avanzar.
En definitiva --por no alargarme mucho--, ambos coincidimos en que hay
mucho trabajo por hacer y que hay ideas. Reconocer jurídicamente el
estatuto profesional de la agricultura implica concederle derechos
propios en el sistema de protección social, permitir que tengan acceso a
una profesión en la que se sientan realizadas, que puedan ejercer su
profesión en condiciones socioeconómicas favorables y tener fácil acceso
a una formación permanente, gran carencia de la mujer agricultora.
Además, hay que tener en cuenta que una mejor visión del trabajo de la
mujer agricultora permitirá medir el impacto de las medidas y programas
comunitarios, sobre los cuales no existen tampoco datos utilizables
segregados por sexos.
Finalizo, señor presidente, animando al Gobierno a trabajar en la línea
señalada. Quiero decirle que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, va
a encontrar todo el apoyo necesario que vaya encaminado a reconocer el
trabajo de la mujer profesional de la agricultura. Si es por ideas, no se
preocupe, porque a mi grupo le sobran.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Muchas de las cuestiones que plantea la señora Salinas son más bien del
departamento de Asuntos Sociales. En cuanto a las diferencias salariales
en el sector agrícola, no es competente el Ministerio de Agricultura. No
puedo decirle hasta qué punto es un problema grave, aunque me imagino que
sí lo es.
Respecto a que las acciones son insuficientes, es una apreciación que
comparto, pero no tanto como la señora Salinas. No le he querido molestar
leyéndole qué es lo que realizamos, pero lo voy a hacer porque son
bastantes cosas. Desde el año 1995, con carácter anual, se lleva un
programa de formación plurianual en el que participa el Fondo Social
Europeo. En el marco de estos programas las asociaciones profesionales y
otras entidades han desarrollado anualmente más de 1.500 actividades
formativas, con 37.000 alumnos. En dichas actividades ha participado un
20 por ciento de mujeres. No es que no estemos dispuestos a admitir más
mujeres, sino que no ha habido más. Entre las organizaciones y entidades
beneficiarias hay cinco que son asociaciones de mujeres rurales y hacen
cursos dirigidos específicamente a la información, promoción y formación
de la mujer rural.
En el período 1995-1997 se realizaron 350 actividades formativas con un
coste de 17 millones de pesetas más una
subvención de 147, a las que asistieron cerca de 10.500 mujeres rurales.
Estas asociaciones de mujeres rurales solamente durante 1997, que es el
primer año del III Plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y
los hombres, realizaron 203 actividades formativas a las que asistieron
4.879 mujeres rurales. Los contenidos de las actividades realizadas han
destacado por su variedad, sensibilización de la sociedad, la
contabilidad, etcétera. En el plan anual de cursos para el personal
técnico de comunidades autónomas e instituciones nacionales e
internacionales de desarrollo rural, que se realiza en el año 1998, están
previstos tres cursos sobre la mujer en el desarrollo rural, dirigidos
específicamente a la promoción profesional de la mujer rural a través de
su participación en acciones de desarrollo rural.
Hacemos cosas, pero comprendo que quizá no es todo lo que S. S. quisiese.
Tampoco hay que rendirse ante una discriminación positiva hacia la mujer
que deje al hombre completamente arrinconado en una esquina. La sociedad
es la que debe marcarnos hasta qué punto hay que llegar en la búsqueda
del punto de equilibrio. Sé que estamos lejos de alcanzarlo. Señora
Salinas, nunca será satisfactorio lo que se pide porque cada uno ve las
cosas desde su punto de vista. En este caso, no quisiera caer en el
machismo de decir que los agricultores masculinos se pueden enfadar
porque se van a considerar negativamente discriminados. Admito, como
conclusión, que hay que intensificar esas acciones y, en general, el
marco va a ser el futuro reglamento de desarrollo rural.
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ACTUACIONES QUE TIENE PREVISTO EMPRENDER EL GOBIERNO DESTINADAS A AYUDAR
A LOS GANADEROS PARA ADECUAR SUS EXPLOTACIONES A LA NORMATIVA EUROPEA DE
CALIDAD DE LA LECHE (Número de expediente 181/001184).
--DEL SEÑOR BLANCO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS
PARA EVITAR QUE LA «SUPERTASA» REPERCUTA SOBRE LA RENTA DE LOS GANADEROS
(Número de expediente 181/001470).
El señor PRESIDENTE: A continuación, el señor Blanco tiene la palabra
para formular las preguntas que figuran en el orden del día con los
números 7 y 8.
El señor BLANCO LOPEZ: No es la primera vez que en la Comisión de
Agricultura o en el Pleno del Congreso tomamos la iniciativa para hacer
proposiciones no de ley o solicitudes de comparecencia para mostrar y
enfatizar la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista en relación
con el sector lácteo. Hoy, de nuevo, formulamos dos preguntas que tienen
que ver con el sector, la primera sobre el plan de calidad, que entró en
vigor como consecuencia de la aplicación de una normativa comunitaria el
1 de enero; la segunda, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el
Gobierno para compensar la situación derivada de la aplicación de la
supertasa.
Decía hace un momento el señor Díaz Eimil, en referencia a la actuación y
a la preocupación de otro diputado, que el Grupo Socialista no debería
crear alarma social. Con mis preguntas no pretendo crear ningún tipo de
alarma social, simplemente quiero poner de manifiesto la preocupación no
del diputado que les habla sino del sector por los temas a los que me
estoy refiriendo.
Ustedes tomaron la decisión, en aplicación de una normativa comunitaria,
de hacer recaer sobre los ganaderos en la campaña pasada la supertasa. A
partir de finales de diciembre, los ganaderos, las industrias, están
recibiendo, como consecuencia de ello, las liquidaciones donde se les
aplica la sanción, después de hacer la compensación que el Ministerio ha
realizado, compensación que, a juicio de los socialistas, favorece a los
personas que tienen una cuota mayor. Aunque usted me va a decir que
aplica un criterio proporcional, yo le puedo contestar que para la renta
final no es lo mismo poner una sanción de 200.000 a una persona que tiene
una renta de dos millones que ponerle una sanción de un millón de pesetas
a una persona que tiene una renta de diez millones; no es lo mismo, señor
Díaz Eimil. Aunque ustedes establezcan criterios que aparentemente
pudieran favorecer con las compensaciones a las personas más débiles,
usted sabe que existen necesidades mínimas que tienen que cubrir y, con
el criterio que se ha establecido, están siendo perjudicadas.
Pero más allá de quién está siendo perjudicado, ustedes han decidido
aplicar la supertasa en la campaña diciendo además que era obligatorio y
que no podían hacer nada que vulnerara la ley. Ustedes desviaron la
atención cuando en la campaña anterior comunidades autónomas avalaron los
recursos para que la supertasa no repercutiera en los ganaderos. En unos
momentos no quieren mirar y en otros aplican la supertasa. Si hay una
vulneración de ley, también la habría cuando se avalaron los recursos
para que la supertasa no recayese en los ganaderos.
En cualquier caso, lo que la ministra y su Gobierno anunciaron fue que se
establecerían mecanismos en orden a paliar la situación derivada de la
aplicación de la supertasa. En algún debate parlamentario --los «Diarios
de Sesiones» están para ello-- se ha planteado este tema. La pregunta es
obvia: ¿Qué medidas adoptó el Gobierno para tratar de compensar la
decisión de aplicación de la supertasa? A no ser que la medida que
adoptara el Gobierno fuera precisamente la de sancionar a los ganaderos
que, en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de
reivindicación, se manifestaron en alguna comunidad autónoma, como la
gallega, el pasado 20 de enero y que hoy tienen abiertos más de 345
expedientes y ya les están llegando cuantiosas sanciones. A la sanción de
la aplicación de la supertasa se añade ahora la sanción por el ejercicio
de expresión libre que hicieron el día 20 de enero para rechazar una
situación que consideraban injusta. Doy por formulada esta pregunta en
los términos planteados y me referiré brevemente a la del plan de
calidad.
El 1 de enero entró en vigor la normativa europea referida al plan de
calidad. En primer lugar, la crítica que le tendría que hacer al Gobierno
es que esta normativa comunitaria entró en vigor sin que el Ministerio
hiciese una campaña explicativa y sin que adoptara las medidas
económicas, de ayudas en este caso, para tratar de paliar las
consecuencias de la aplicación de esta norma el pasado 1 de enero. Como
usted muy bien sabe, algunos recursos consignados en el presupuesto del
año 1997 no fueron al final destinados a tal fin.
No sólo no ha habido información, sino que se va a aplicar una normativa
sin que nuestros ganaderos tengan la posibilidad de adecuar sus
explotaciones con ayudas de la Administración a esa normativa
comunitaria. Este es un efecto negativo. Quisiera formularle la pregunta
que figura en el orden del día en relación a si tiene previsto, aunque
sea tarde, establecer algún mecanismo de ayudas para subsanar este hecho
que estoy denunciando.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra el señor
secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Si me lo permite, voy a comenzar por la calidad de la leche. Se trata de
una directiva que entra en vigor en enero de este año, pero que es de
1992. Ha habido seis años de preaviso al sector. hay que reconocer que en
esos seis años, compartidos entre el Gobierno actual y el anterior, se ha
hecho poca cosa. Estoy de acuerdo en que quizá se tenía que haber
anticipado una acción, que se ha venido retrasando.
La directiva es casi un derecho del consumidor. No se puede privar al
consumidor de las garantías higiénico-sanitarias que se consideran
mínimas al final del siglo XX. No se puede pensar que lo bueno sería
derogar o no cumplir esa directiva. Es una necesidad porque el consumidor
tiene también sus derechos. Esta directiva exige, además, que las
explotaciones que entreguen leche estén indemnes de tuberculosis y de
brucelosis, y limita el contenido de gérmenes y de células somáticas. La
aplicación de la misma corresponde a las comunidades autónomas.
Es verdad que el MAPA tenía preparado un presupuesto en el año 1997 y que
ha sufrido retrasos por el decreto que debe regular estas ayudas. Para el
próximo año se prevén unos 2.500 millones para el saneamiento ganadero,
contra la tuberculosis y brucelosis; y 1.980 millones, casi dos mil,
complementados con otros dos mil de las comunidades que participen en la
acción, para un programa de fomento de la calidad sanitaria.
Tenemos ya el proyecto de real decreto, es un borrador que espero que hoy
o mañana sea enviado al Consejo de Estado y que, por tanto, estará en el
Boletín Oficial como muy tarde dentro de un mes. Nuestro deseo hubiese
sido poderlo aplicar desde el 1 de abril de 1998, que es cuando comienza
la campaña. Sale con un mes y pico de retraso, pero ahí está un plan de
acción para ayudar a las comunidades autónomas financiando el 50 por
ciento de ese plan.
Por su parte, las comunidades autónomas ya se han movido y han creado una
especie de fundación que va a coordinar estas medidas de control de la
calidad. También hay un protocolo de colaboración entre las cooperativas
y las consejerías de la cornisa cantábrica para acciones en este sistema
común de calidad. Tengo todos estos documentos a disposición de SS. SS.,
si los quieren. Con retraso, pero finalmente se va a aprobar un decreto.
El retraso ha sido debido en parte a la difícil coordinación entre las
comunidades autónomas afectadas. Los problemas de sanidad de la cornisa
cantábrica no son exactamente los mismos que los del resto de España, y
tratar de llegar a una solución común ha tomado su tiempo.
Sobre la supertasa, hay que decir en primer lugar que la Organización
Común de Mercado establece un sistema de cuotas y un mecanismo para
disuadir de la producción excedentaria o para obligar a respetar ese
sistema de cuotas. Este mecanismo disuasorio consiste en una supertasa
del 115 por ciento del precio indicativo de la leche; es decir, una vez
que el productor supera su cuota, la producción de leche excedentaria no
sólo no le da nada a ganar en teoría sino que le da pérdidas. En la
práctica no es así porque hay un par de compensaciones con las cantidades
de los productores que tienen cuota y no la utilizan. En la campaña
1995-96, en la que hubo un rebasamiento total español de 121.000
toneladas, la suma de los productores que rebasaron su cantidad fue de
670.000 toneladas. Si se hubiese aplicado la supertasa sin estas
compensaciones, el problema hubiese sido cinco veces mayor. Al final, los
productores que han rebasado la producción, han pagado supertasa por el
18 por ciento de su rebasamiento total; un señor que se ha rebasado en
1.000 kilos, ha pagado supertasa por 180 kilos. En la campaña 1996-97, el
rebasamiento total de su cuota de todos los productores fue de 500.000
toneladas y la compensación ha dado al final un rebasamiento de 60.000.
Los productores van a pagar supertasa, si la pagan, por el 12 por ciento
de su rebasamiento. La cosa no es tan grave como la plantea S. S. Estoy
de acuerdo en que no es lo mismo la multa a una persona que anda mal de
dinero que a otra que está boyante. Dentro de la legislación comunitaria,
la compensación la hemos sesgado para favorecer lo más posible a los más
pequeños, pero no podemos más.
Dice S. S. que hemos decidido aplicar la supertasa. Tengo que decir que
los reglamentos comunitarios son ley de aplicación directa en el Estado
miembro y están por encima de las leyes nacionales. Por ponerle un
ejemplo, el Tratado de Adhesión de Portugal le obligó a cambiar su
Constitución. El reglamento de la OCM en España es exactamente igual que
una ley y hay que cumplirla. Ese reglamento no sólo obliga a la
aplicación de esta supertasa, sino que además prevé la incompatibilidad
de las ayudas nacionales. En sus artículos 23 y 24 aplica los artículos
92, 93 y 94 del Tratado sobre ayudas incompatibles. No se le puede pedir
por un miembro del poder Legislativo que el Ejecutivo haga algo que es
ilegal. La supertasa no se aplica porque el Estado lo haya decidido, sino
porque hay una ley que obliga a ello.
Dice S. S. que las comunidades han avalado la supertasa. Eso puede
considerarse como una ayuda incompatible. Si la Unión Europea investiga
el caso quizá considere
que es incompatible y obligue a las comunidades autónomas a recuperar
esos avales. Hasta ahora, la Unión Europea no ha hecho nada, y por tanto
nosotros no tenemos ninguna intención de complicar las cosas más y no
hemos actuado ahí sencillamente porque creemos que se ha permanecido en
el margen de la legalidad comunitaria.
Sanciones a los manifestantes. Este es un problema de orden público, y en
el Ministerio de Agricultura no tenemos nada que decir sobre ese tema. Si
hay 345 expedientados con sanciones gubernativas supongo que por algo
será. Está claro que lo que ha pasado en Galicia es que se les ha hecho
creer erróneamente a los productores que eso no hay que pagarlo, y se les
ha engañado, con lo fácil que es decirles que esto de producir leche es
un buen negocio gracias a la cuota de producción de leche, y es buen
negocio porque tiene un barómetro que lo marca perfectamente: el precio
de la cesión de cuota. Mientras la cuota se cede a los precios que se
cede, eso quiere decir que el sistema de cuotas es un sistema ventajoso.
Qué me diría usted si a un ayuntamiento que da licencias para los taxis y
esas licencias se cotizan en el mercado a un millón de pesetas, vienen
unos cuantos taxistas sin licencia a hacerles la competencia a los que
han pagado la suya. Pues los productores que rebasan su producción no
pueden hacer una competencia ilícita a los que respetan esa producción.
El sistema es el que es, nos guste o no nos guste. Se nos puede pedir que
tratemos de conseguir aumento de la cuota, que tratemos de conseguir que
la OCM de la leche se derogue, o que el sistema de cuotas se elimine; eso
podemos negociarlo o no negociarlo, conseguirlo o no conseguirlo, pero lo
que nunca se nos puede pedir es que cometamos una ilegalidad.
El señor PRESIDENTE: Para la réplica o turno de repregunta tiene la
palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Díaz Eimil, ¡cómo han cambiado ustedes! En
el año 1994, cuando ya estaba en vigor ese decreto, el actual
vicepresidente económico --lo he dicho ya en alguna ocasión-- presentaba
una proposición no de ley en esta Cámara, y me remito al «Diario de
Sesiones», para decir que el Estado asumiera la supertasa. (El señor
Madero Jarabo: Entonces.) ¡Cuánto han cambiado! ¿Qué sucede? ¿Que en
aquel momento no había esta normativa comunitaria o ustedes trataban de
trasladar un mensaje a la sociedad diferente al que están haciendo ahora
cuando tienen las responsabilidades de Gobierno?
En todo caso, señor Díaz Eimil, no se puede estar sistemáticamente
apelando al engaño porque en este proceso hemos visto cómo se le decía a
la gente cuando se tenían que hacer las declaraciones, cuando se estaba
negociando, y en alguna comunidad autónoma, está recogido en las
hemerotecas: no declaren ustedes porque esto luego va a derivar en
sanciones.
No quiero mirar hacia atrás. En este momento, en algún territorio del
país hay dificultades. ¿Por qué? Porque hay una incorporación tardía,
hacia mediados de los años ochenta, a los procesos de producción lácteos
--la única posibilidad de vida de muchos ganaderos, no tienen otra
alternativa-- de algunos ganaderos que no fueron capaces de incorporarse
a esos procesos de modernización en el tiempo que se incorporaban en
otros territorios, y por tanto tienen un problema. Nosotros, los que
estamos en los poderes públicos, tenemos que contribuir a dar respuesta a
ese problema tratando de compatibilizar la legislación con el mismo y
buscando soluciones, porque siempre hay soluciones. Yo no sé cómo lo ha
hecho; únicamente sé que el Gobierno italiano en la campaña pasada, buscó
solución a un problema de las mismas características. No sé si son más
imaginativos que nosotros, no sé si tienen una legislación diferente --es
la misma--, pero han buscado una solución. En cualquier caso, lo que
usted me ha dicho es que no iban a establecer ningún mecanismo que
posibilitara paliar esta situación.
En cuanto a los expedientes por las movilizaciones, lo ponía como un
ejemplo. Si ya existen situaciones de dificultad porque tienen una
sanción encima, por encima --valga la redundancia-- se les añade la
sanción por el expediente derivado de un ejercicio de libertad de
expresión, que fue la movilización del día 20.
En todo caso, señoría, en relación al plan de calidad le tengo que
agradecer su sinceridad. Es un plan que llega con retraso, bastante
retraso, porque es verdad que el 1.º de enero entró en vigor la normativa
comunitaria. Me dice usted que el próximo año --ni siquiera este año--
tendremos recursos para ayudar a paliar esta situación. ¡El próximo año!
Dos años después de que entrara en vigor el plan de calidad. Simplemente
le tengo que pedir que lo adelanten en lo posible para tratar de adecuar
las explotaciones, porque usted sabe que como consecuencia de la
aplicación del plan de calidad, aquellas explotaciones que no lo cumplen
lo verán repercutivo en el precio de la leche, de forma que puede llegar
a 10 ó 12 pesetas por litro de leche. Si a la situación que ya tienen
algunos ganaderos le añadimos ésta, seguramente a algunos les estamos
llevando al camino del cierre de explotaciones. Por tanto, como hay una
preocupación y no quiero crear alarma, e pido que traten de adelantar al
máximo los recursos para poder hacer frente lo antes posible a la
situación que se deriva de la aplicación de esta normativa comunitaria.
En cualquier caso, agradezco que haya puesto a mi disposición la
documentación sobre este tema, que haya anunciado el decreto y me
gustaría que en la medida de lo posible clarifique estos supuestos a los
que hago referencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Sobre lo que pasa con la oposición o con el Gobierno antes o después que
al final son todos los mismos, creo que esta Cámara cuando tenía una
mayoría, la que tuviese, no debería haber admitido una proposición de ley
que pide al Ejecutivo que haga una ilegalidad. Les recuerdo, por ejemplo,
que el ministro de Agricultura de la época, en relación con las campañas
1994-95 y 1995-96 dijo a los productores, en plena campaña electoral, que
no había ningún problema con la supertasa, que adelante, que produjesen.
Todo son ilegalidades por parte de la oposición y por parte del Gobierno,
y ya va siendo hora de que todo se aclare y se pongan las cosas en sus
debidos términos.
¿Cómo se puede ayudar a los productores a soportar esta terrible pérdida
de renta? Dése usted cuenta de que por el rebasamiento han pagado entre
el 12 y el 18 por ciento, según cada campaña --en la que acaba de
terminar no van a pagar nada--, es decir que la cosa no es tan dramática
como usted la pone, ni muchísimo menos. La producción de leche no es la
única posibilidad de vida, pero sí es la mejor posibilidad de vida.
Galicia se está convirtiendo en un monocultivo lechero precisamente
porque por las características estructurales de Galicia la gente prefiere
producir leche, con la cual cobra un sueldo mensual, y no meterse a
producir carne, que sería la vocación agronómica del país. Le recuerdo
que es un país en el que todavía hay 700.000 hectáreas de tojo que están
esperando a que alguien se pasee por ahí; unas vacas rubias gallegas
podrían estar perfectamente. (El señor Blanco López: ¡Si no tenemos
derechos reconocidos!) No tenemos derechos, y entonces ¿la ternera
gallega no es un buen negocio? No es la única posibilidad de vida
producir leche, es un buen negocio y de ahí viene todo este problema, de
ahí viene la presión que existe sobre la cuota y de ahí viene la
necesidad de pedir más cuota. Cuando se quiere producir más no es porque
la producción sea ruinosa, porque si lo fuera se produciría menos según
las leyes económicas más elementales. Por tanto, esta presión respecto a
la falta de cuota es debida al buen negocio de producir leche, y eso no
me lo puede usted discutir. La solución ideal sería seguir teniendo
cuota, naturalmente, pero una cuota más amplia. Estoy completamente de
acuerdo en que Galicia necesita más cuota.
Respecto a la calidad, es todo un retraso. Aparte de este problema de
fondo de coordinación con las comunidades autónomas, es que ahora encima
hay que hacer convenios con cada comunidad. Suponemos que se podrá
adelantar quizá en algún caso al año 1998 la acción de ese convenio. Como
en el convenio se pone el dinero mitad y mitad, ese convenio puede
empezar a funcionar en 1998 si desde el punto de vista administrativo y
burocrático se consigue arreglar los papeles. Si no se logra,
naturalmente será para el año 1999, pero el Ministerio de Agricultura
tiene fondos para iniciar la financiación en este mismo año.
Habla de la solución del Gobierno italiano. ¿Sabe usted cuál fue el
problema de los italianos? Que se hicieron retenciones previas por el
importe de la totalidad del rebasamiento, y cuando se llegaron a hacer
las compensaciones había que devolver dinero a los ganaderos. Eso echó a
todos los ganaderos a la calle y se armó un buen escándalo. Ese fue el
problema italiano, que los primeros compradores hicieron una retención
sobre la totalidad del rebasamiento. Si eso se hace en Galicia o se hace
en España hay una guerra mundial. (Risas.) No me diga que vayamos a la
solución italiana porque sería terrible.
Yo creo que hay que ser serios, concienciarse de que el sistema de cuotas
es el que es y que el sistema disuasorio para respetar la cuota forma
parte de ese mecanismo de la OCM. Nada más. Si no nos gusta esa
legislación, tendremos que luchar por cambiarla, pero es la legislación
que existe ahora.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MECANISMOS DE COLABORACION ESTABLECIDOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE
CATALUÑA, MADRID, CASTILLA-LA MANCHA Y CASTILLA Y LEON PARA LOGRAR LA
ERRADICACION DEL BROTE DE PESTE PORCINA CLASICA (Número de expediente
181/001450).
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CREDITOS HABILITADOS PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EN EL ACUERDO FIRMADO CON
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CATALUÑA, MADRID, CASTILLA-LA MANCHA Y
CASTILLA Y LEON PARA REPARAR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LOS GANADEROS DEBIDOS
A LA PESTE PORCINA CLASICA (Número de expediente 181/001451).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasan a formularle agrupadamente las
preguntas que figuran en el orden del día con los números 9 y 10.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias por agrupar las preguntas.
Creo que además tiene más sentido que hagamos las dos conjuntamente
porque podemos hablar del tema, que en definitiva es común.
Llevamos mucho tiempo --meses, un año-- hablando del primer brote de
peste porcina clásica que apareció en Lleida. Tras el tiempo que ha
transcurrido se han podido desarrollar diversas actuaciones tanto por lo
que hace referencia a Cataluña como a las diferentes comunidades por las
que formulo mi pregunta: Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.
Creo además que es el momento ya, gracias a que parece que los brotes
están definitivamente en vías de control, de que podemos empezar a
valorar un poco las medidas que se han tomado y sobre todo cómo se han
pagado los sacrificios obligatorios y voluntarios que se han debido
hacer. Se ha hablado también otras veces aquí del marco nacional de
actuaciones para la lucha contra la peste porcina clásica --la última
ocasión la tuvo la señora ministra en una intervención en el Pleno, el 25
de febrero--, pero el sentido de las preguntas es precisamente que se
explique por parte del Gobierno cómo ha resultado la aplicación de esas
líneas de actuación en las diversas comunidades
autónomas por las que se formulan las preguntas y los créditos que se han
habilitado, así como el dinero que se ha gastado hasta el momento en la
lucha contra estos brotes. (El señor vicepresidente, Amarillo Doblado,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Respecto al dinero que se ha gastado y al dinero que no se va a gastar,
la última vez que hablamos la señora Cunillera y yo sobre este tema, al
final me hizo una pregunta respecto a si iba a haber dinero disponible
para este año. Creo que podemos ver cuál es la situación este año. Existe
un total de gastos previstos de 1.629 millones de pesetas por parte del
MAPA más otro tanto resultado de la suma de las cantidades aportadas por
las comunidades afectadas, además de la participación comunitaria que es
equivalente a la suma de lo aportado por el MAPA y las comunidades
autónomas para los sacrificios obligatorios, y el 70 por ciento de eso en
los sacrificios voluntarios. Realmente, si sumamos todo eso, yo creo que
tenemos dinero más que suficiente para hacer frente a lo que nos queda de
año. La suma de las cantidades aportadas por el MAPA y la Comunidad
Autónoma de Cataluña respecto a los sacrificios obligatorios es de 462
millones de pesetas, es decir 231 millones de pesetas cada
Administración. Cataluña ya no tiene previsto nada para sacrificios
voluntarios, puesto que se supone que ya no serán necesarios; Castilla y
León tiene disponibles un total de 1.500 millones, a medias entre el MAPA
y la comunidad autónoma; Castilla-La Mancha tiene 135 millones; Madrid,
90 millones, y Aragón, 600 millones. Estas cifras son para el sacrificio
obligatorio, y para el sacrificio voluntario, en el caso de Castilla y
León el total es de 410; Murcia, 27; Andalucía, 21; Castilla-La Mancha,
2; Madrid, 1,5 millones. Todo ello da un total de 463 millones; no hay,
pues, problemas de dinero.
Respecto a los distintos convenios, tengo que decir que desde el punto de
vista de la financiación han sido equivalentes. Es decir, el sistema es
que en sacrificios obligatorios la Unión Europea pone el 50 por ciento y
el resto se pone entre la comunidad autónoma y Agricultura; y en los
sacrificios voluntarios el 70 por ciento lo pone la Unión Europea y el 30
por ciento restante corresponde a la financiación nacional y autonómica.
Se han dado algunas diferencias según el adelanto de dinero y el pago de
intereses; por ejemplo, en el caso de Cataluña las participaciones son
exactamente a medias, pero el Ministerio de Agricultura corre con el pago
de los intereses derivados del adelanto del dinero por parte del ICO. En
cambio, en Castilla y León la prefinanciación tiene una modalidad
ligeramente distinta: en los sacrificios voluntarios, del 30 por ciento
que hay que poner, el MAPA pone el 25 y la comunidad el 5 por ciento; y
en los sacrificios obligatorios ponen el 25 por ciento cada una, pero la
prefinanciación corre a cargo de la comunidad, que hace a su vez un
convenio con el ICO, y la prefinanciación de los voluntarios corre a
cargo de la comunidad. Estos porcentajes están calculados para que
incluyendo los intereses de adelanto la comunidad y el Ministerio vayan a
medias.
Hay otro convenio con Aragón, que está pendiente de firma, y que yo creo
estará firmado en pocos días, y están pendientes de envío del modelo y de
su aceptación el convenio de Madrid y el de Castilla-La Mancha. Quisiera
darle la cifra total de los créditos finales del año pasado y de éste,
pero no la tengo aquí; tengo solamente la prevista para el año 1998. Ya
sabe usted que el año pasado en total nos hemos gastado del orden de
20.000 millones, 5.000 de los cuales corresponderán al Ministerio y a la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respecto a cómo se han pagado, tengo que decirle que se adelanta el pago
recurriendo al ICO para que los ganaderos no tengan que esperar meses y
meses a que se hagan todos los trámites administrativos. Y en cuanto a
cuál ha sido el resultado para los ganaderos, hay que decir que en la
operación de la peste porcina clásica todos hemos sido perdedores: los
contribuyentes, el Ministerio, las comunidades autónomas y los
productores, que también han perdido su parte, porque aunque se ha pagado
al precio de mercado a una explotación de ciclo cerrado, por ejemplo, a
la que le sacrifican las madres le cuesta trabajo recuperar luego la
producción, y en período de carencia en que las granjas tienen que estar
vacías también lo soporta el ganadero. Es decir, que el sistema de pago
por precio de mercado sirve para garantizar que los productores no
oculten focos, pero evidentemente también carga una parte de la pérdida
sobre el productor.
No sé si he contestado a todas sus preguntas, si S. S. desea algún
detalle más o si era esto todo lo que quería saber.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Tiene la palabra la señora
Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor Díaz, le agradezco los datos, pero
agradecería más que el Gobierno contestara a las preguntas que le hago
por escrito en el tiempo reglamentario y así me hubiera ahorrado ayer
pedir amparo a la Mesa, como tuve que hacerlo, para que me contesten a
una pregunta que hice en el mes de febrero en la que pedía el coste total
de la lucha contra la peste porcina clásica en Cataluña y para la que no
he tenido respuesta. Si cumpliéramos los plazos, igual todos avanzábamos
un poco más. Formulé estas preguntas orales al Gobierno el día 2 de
marzo, y tengo un recorte de periódico del 24 de febrero que dice que a
la salida de una conferencia sectorial de agricultura que habían tenido
todos los consejeros y la ministra, el Conseller de Agricultura de la
Generalitat de Cataluña, señor Marimón, reclamaba a la Unión Europea
2.200 millones que, según él, faltaba aportar para sufragar su parte en
las intervenciones por la peste. Usted me dice hoy lo que ha costado, lo
que hemos dedicado a cada comunidad autónoma, lo que ha puesto la Unión
Europea; pero ¿lo ha puesto o no lo ha puesto? Entienda por qué mi
pregunta. Me parece un pelín irresponsable, porque usted sabe igual que
yo cómo ha ido ese tema, seguramente mejor porque tendrá más datos, pero
en
Cataluña hubo al principio retrasos tremendos para cobrar. Allí fue
imposible saber quién tenía la culpa, porque cuando escuchabas a unos
decían que era periférica; cuando escuchabas a los periféricos decían que
era central. En cualquier caso me choca que en el mes de febrero diga el
consejero Marimón que faltan por llegar de la Unión Europea 2.200
millones de pesetas que o bien no se han pagado o alguien los ha puesto y
habrá que ir pagando intereses no contemplados.
En otra respuesta que tengo por escrito, dicen a mi compañera la señora
Leiva, que para hacer frente a los costes económicos de la lucha contra
la peste porcina no ha hecho falta alterar ninguna partida
presupuestaria. Lo tengo textualmente: Dada la favorable evolución de la
enfermedad, no está previsto realizar ninguna modificación presupuestaria
en las partidas destinadas a programas de sanidad animal; 4 de marzo de
1998. Desde esa fecha hasta hoy no hace falta que le diga a usted que ha
habido que matar; y no sólo en la Comunidad de Cataluña sino también en
otras comunidades. Por tanto, si creo la respuesta que tengo aquí, estaba
previsto en las partidas presupuestarias que se iba a pagar eso, y no me
parece que sea el caso. De todas maneras, les solicito que me contesten a
esa pregunta, así tendremos datos y hablaremos con los datos en la mano.
Necesitamos saber si es verdad que en las partidas presupuestarias no
hará falta modificar nada porque está todo previsto. Entonces, chapó,
ustedes han hecho aquí un diseño de tiralíneas y ¡pam! La clavaron.
Sabían cuántos se iban a matar y lo que iba a costar, y eso que el precio
varía cada semana.
He preguntado por las medidas porque la ministra, cuando se refiere el 25
de febrero en el Pleno del Parlamento a cuáles son las líneas básicas del
marco que hemos hecho, dice que son: actuación ante la sospecha de
aparición de un foco de peste, prevención de la propagación de la
enfermedad, programa nacional, etcétera. Yo quiero saber si ese marco ha
sido suficiente, si ese marco ha servido, porque usted sabe que cuando se
dice prevención de la propagación de la enfermedad y hemos vivido lo que
hemos vivido tan recientemente en Castilla y León, con los camiones que
han circulado de Segovia a Soria; que Soria no los quiere y dice que se
manden a Madrid por otra vía distinta y llevamos recorridas cinco
comunidades autónomas en un sistema de transporte que como mínimo es
manifiestamente mejorable, yo tengo la sospecha de que alguna de las
líneas que se fijaron en ese marco de lucha contra la peste, contra los
focos o los brotes de esa enfermedad, no se han podido cumplir. Si no se
han cumplido, yo le agradecería que me dijera por qué, cuáles han sido
los inconvenientes o qué grado de cumplimiento ha habido, porque es
evidente que si no hemos llegado al cien por cien pero hemos llegado a un
porcentaje de cumplimiento que se pueda considerar satisfactorio, se
podrían comprender los inconvenientes. Yo le digo uno. Programa nacional
de investigación serológica; reordenación estructural del sector. Usted y
yo, señor Díaz Eimil, tuvimos ocasión de hablar en noviembre de 1997 en
esta misma Comisión y usted me detalló un proyecto que tenían de Ley de
sanidad animal del que me explicó capítulos, etcétera. Incluso hice uso
de la información que usted me había dado cuando se habló aquí de un plan
de sanidad animal, que todos entusiásticamente apoyamos y votamos. Sin
embargo, a mí me pareció bastante contradictorio que estuviéramos
apoyando un plan de sanidad animal cuando usted me había dicho que tenían
en elaboración una ley de sanidad animal. Consta en el «Diario de
Sesiones». Yo le voy a presentar una proposición no de ley para que
tengan ustedes ocasión de traer rápidamente ese proyecto de ley. Le voy
sacando así, a bote pronto, según se me van ocurriendo, toda una serie de
incumplimientos, o por lo menos de dejación de cumplimiento, de algunas
de las líneas que fijaba el marco nacional.
En la respuesta usted saca a relucir un debate que me es muy querido,
pero que usted me dijo rotundamente que me olvidara de él. Cuando
discutimos en noviembre de 1997 --que tenía yo los brotes tan cercanos y
vivía tan de cerca lo duro que era aquello--, ¿se acuerda usted que
hablamos de período improductivo? Y me dijo usted: Para nada, eso no se
va a pagar. Pero es que además de no haberse pagado el período
improductivo, ni siquiera se ha considerado.
No hemos hablado de la tributación, pero vamos a poder hacerlo, porque
hay preguntas mías que nos van a dar ocasión de hablar de esos temas; no
hemos hablado de la consideración que tendría la tributación de los
ingresos de los granjeros que habían tenido que sacrificar. Se lo digo de
verdad, no sabe cómo me alegro de que ahora usted coincida --o al menos
me lo diga hoy más claramente que otras veces-- en la consideración
especial que debe tener el ganadero que ha sacrificado cerdas madres y
que tiene una descapitalización o destrucción de su capital que no hay
manera de compensarle.
Yo tengo la impresión, señoría, que ese marco nacional de lucha contra
los brotes de peste ha tenido una formulación muy bonita y seguramente
por eso se aprobó tan entusiásticamente cuando se presentó ante el comité
veterinario, etcétera, pero comprenderá que, visto lo visto, tenga mis
dudas respecto a si el cumplimiento es el que se había propuesto en dicho
marco nacional.
En todo caso, si hay sólo una parte o un grado de cumplimiento, dígame el
porcentaje que ha quedado por cumplir y en qué grado estamos, porque hoy
tenemos una situación bastante más favorable que la última vez que usted
y yo tuvimos un debate un poco más extenso sobre ese tema, en noviembre
de 1997. Repito, creo que el marco es bastante más favorable y podemos
empezar a recapitular, sobre todo en el tema del dinero, en el tema de
los créditos habilitados, el crédito extraordinario que se aprobó en
julio de 1997 en esta Cámara para atender a lo que se necesitaba para
pagar los brotes tan virulentos de Cataluña en aquel momento.
Se lo repito, si no hace usted las respuestas escritas conocerá quién las
hace --yo no sé quién es--, dígale por favor que me conteste porque o me
ampara el presidente o vamos a tener que volver a insistir para que me
digan ustedes cómo han liquidado esa parte. Y dígame, por favor, en qué
partidas presupuestarias, esas que dicen ustedes que no va a hacer falta
tocar, han imputado todos los gastos de
las otras comunidades autónoma que usted me ha detallado en este acto.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Para responder, tiene la
palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Sobre los retrasos en Cataluña hay que decir que en un principio fueron
por pagar la novatada, porque la aparición de la enfermedad nos pilló a
todo el mundo por sorpresa, y la instrumentación de los pagos fue más o
menos lenta.
Ahora mismo, si el consejero dice que la Unión Europea le debe 2.000
millones (La señora Cunillera i Mestres: Son 2.200.), o los que sea,
puede ser cierto, porque la Unión Europea también ha tenido dificultades
con el fondo veterinario; ha tenido que pagar un montón de sacrificios en
Holanda, en Alemania y en España, pero ése es un dinero que tarde o
temprano le llega. El convenio con el ICO prevé que éste adelanta el
dinero y que los intereses de ese dinero los paga el Ministerio de
Agricultura, por lo que el consejero no debe tener mucha dificultad, pero
si sufre ese retraso de la Comunidad tal vez le sirve un poco para tratar
de calmar los ánimos. En fin, ha habido retrasos en todas partes y se ha
previsto, precisamente para evitar que sean demasiado largos, este
convenio de financiación del ICO, que aunque arrancó con dificultades
luego ha ido funcionando bien.
El marco nacional. El nacimiento de este marco nacional de actuaciones
contra la lucha de la peste porcina clásica tiene su gracia. Según el
decreto de la erradicación de la peste porcina clásica en España la
llamada autoridad competente en la terminología comunitaria es la
comunidad autónoma, y la única obligación que tiene la comunidad autónoma
respecto del Estado central es comunicarle la información para el comité
veterinario, pero en ese decreto se prevé que si la enfermedad afecta a
dos o más comunidades autónomas, el Estado tiene la obligación de
coordinar con un plan de urgencia, plan de urgencia que tiene que ser
aprobado por la Unión Europea. Eso es lo que ha sido este marco nacional
de actuación. Es decir, que hasta que no se ha declarado la peste porcina
en dos comunidades autónomas, el Estado no ha podido coordinar. Antes, la
legislación española no lo permitía y, en teoría, el marco autonómico de
actuaciones contra la peste porcina era un documento de la Generalitat.
Esta historia de las competencias tiene gracia. Precisamente la ley de
sanidad animal, de la que le digo que vamos por el tercer borrador, es un
parto difícil, sobre todo por la delimitación de competencias y por la
alta inspección. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Vistas las dificultades que ha habido, el Ministerio de Agricultura tiene
que asumir competencias que, desde un punto de vista constitucional, en
esta Cámara y en el Senado nos las van a echar abajo. Compatibilizar una
ley de sanidad animal eficaz que nos permita tener una red de alerta, que
nos permita obligar a las comunidades autónomas a hacer determinadas
cosas, a hacer un comité de seguimiento, a tener un determinado poder
ejecutivo, nos está resultando incompatible con la Constitución española,
y una de la dificultades que tenemos es poder inspeccionar a las
comunidades autónomas.
Sobre el período improductivo le digo lo mismo que le manifesté en
noviembre. Lo siento muchísimo, pero ésa es una pérdida que tienen que
asumir los productores. No hay ningún precedente en la Unión Europea. En
Alemania no sé si han dado una ayuda nacional, pero los alemanes tienen
menos productores y más dinero que nosotros, por tanto, se pueden
permitir esos lujos. Nosotros, ni disponemos de dinero ni queremos crear
un precedente. Imagínese que hay que sacrificar una vaca porque está
tuberculosa, hay que pagar la vaca y encima hay que pagar la leche de
quince días que el propietario se ha quedado sin ordeñar. En el caso de
la peste porcina son dos, tres meses. Eso tiene que ser, digamos, una
pérdida compartida.
¿En qué situación estamos ahora? La situación es cambiante de semana a
semana. El comité veterinario permanente tiene lugar cada quince días y
se hace un estudio de la situación para ver si se tienen que tomar
determinadas medidas. El 14 de mayo, la víspera de san Isidro, se abrió
la importación del sur de Holanda. En Alemania ha habido cierres
parciales hasta febrero y desde ese mes permanece abierta. La Comunidad
Autónoma de Cataluña se ha abierto hace poco, pero nada más que para
España. Sobre el resto de las comunidades autónomas ha habido
prohibiciones de exportar desde Cataluña, Aragón, Castilla y León y
Castilla-La Mancha, y esas prohibiciones se levantaron el 2 de marzo de
1998, exigiendo para los cerdos vivos el control serológico de todos los
animales que componen la partida y el sellado de los medios de
transporte. Es decir, contarle la situación actual, señora Cunillera, es
un informe veterinario que tengo que confesar que no me lo sé, y además
cambia cada semana. Hoy por hoy, podemos decir que la cosa va bien. En
Cataluña creo que hay un silencio sanitario desde hace ya más de 40 y
tantos días. Lo que no tengo es el dato del dinero total que se ha
gastado; tengo las cifras de sacrificio. Por ejemplo, en Cataluña,
repito, al 7 de mayo se han sacrificado 909.000 animales, de los que
600.000 han ido al mercado, 229.000 han sido sacrificios preventivos y
79.000 los obligatorios de los focos. En Madrid se han sacrificado 8.600;
en Castilla y León se han sacrificado 196.000; en La Mancha, 23.000; en
Aragón, 52.000; en Andalucía, en Sevilla, casi 9.000. En toda España, en
total, se han sacrificado ya 1.200.000. O sea, la broma ha sido bien cara
para todo el mundo. Esperemos que esta siniestra lista de cadáveres no se
amplíe demasiado.
En cuanto al marco nacional, S. S. me pregunta si se cumple bien o se
cumple mal. Esto es la teoría, esto es lo que hay que hacer, esto son las
instrucciones a las comunidades autónomas y a los veterinarios, pero el
cumplimiento tiene sus más y sus menos. Ha habido problemas de
insolidaridad y ha habido problemas de colaboración con los productores.
En la erradicación de la peste, como en la erradicación de cualquier
enfermedad, la colaboración de los ganaderos es fundamental, y tengo que
decir que en muchas zonas ha sido ejemplar, en otras no lo ha sido tanto;
sobre todo ha sido --digamos-- más ejemplar a medida
que el problema se ha ido agravando. La Unión de Payeses aceptó muy mal
todas las medidas para erradicar la peste, se resistieron y hubo un
auténtico forcejeo político; en cambio, en Castilla y León actuaron con
bastante contundencia. Quizá las precipitaciones fueron la causa de que
se produjera este incidente de los animales que mandaban a Soria en
condiciones no del todo higiénicas, sencillamente por actuar de una
manera muy urgente; luego, eso se corrigió y no hubo más dificultades. En
fin, en toda esta guerra --que está durando ya más de un año--, a medida
que va avanzando el tiempo se adquiere más experiencia, la enfermedad va
remitiendo y la situación es cada vez menos preocupante, pero todavía
tenemos focos. Ahora mismo, el problema más grave está en Aragón;
esperemos que, poco a poco, vaya también dominándose.
--DE LA SEÑORA CUNILLERA I MESTRES (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MEDIDAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE GANADO PORCINO PORTADOR DEL VIRUS DE LA
PESTE PORCINA CLASICA PROCEDENTE DE PAISES DE LA UNION EUROPEA (UE)
(Número de expediente 181/001453).
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta que figura con el número
11 en el orden del día, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, creo que hemos mezclado
alguna cosa que ya era de esta pregunta y, por tanto, espero de la
benevolencia del presidente que me deje también regresar un poco a la
anterior, porque al fin y al cabo estaban bastante conectadas. Me figuro
que al señor Díaz Eimil tampoco le importará.
El señor PRESIDENTE: Usted conoce la flexibilidad de esta Presidencia.
Por tanto, en este turno de formulación de preguntas puede reflexionar
sobre otras cuestiones que están íntimamente relacionadas con el motivo
de la misma.
La señora CUNILLERA I MESTRES: La pregunta número 11 se refiere a las
medidas que se han tomado para evitar la entrada de ganado porcino
portador del virus de la peste porcina clásica procedente de otros países
europeos, y ahora me he quedado muy sorprendida cuando el señor
secretario general ha dicho: Nos pilló por sorpresa. Pero ¿cómo podemos
decir que nos pilló por sorpresa si hay declaraciones en el Senado de
responsables autonómicos que dicen cómo y de qué manera se han enterado
de que había peste en Holanda? Si importamos de Holanda, es evidente que
algún cuidado hay que tener. Esto lo hemos debatido ampliamente. En un
momento determinado, podíamos haber dicho que no había la posibilidad de
saber con certeza de dónde venía.
Nosotros presentamos una proposición no de ley en el momento en que la
crisis era más aguda y había más sacrificios, para que el Gobierno
exigiera indemnizaciones y medidas compensatorias a los ganaderos de
parte de los países que hubieran tenido alguna responsabilidad en ese
transporte del virus. El Grupo Parlamentario Popular presentó una
enmienda en la que decían: Siempre que se demuestre de manera fehaciente
que así ha sido. En una respuesta por escrito del Gobierno del 6 de abril
a mi compañera la señora Leiva, en el segundo párrafo dice: Por otra
parte, se ha constatado que el origen de la peste porcina clásica
proviene de la llegada de animales vivos procedentes de Holanda el 7 de
febrero de 1997 a una granja de Lérida --entiendo Lleida--. Si ya saben
seguro que la peste se detectó el 7 de febrero de 1997, conocen hasta el
día que llegó a Lleida, tiene más sentido que me digan las medidas que se
han adoptado en cumplimiento de un acuerdo unánime de esta Comisión,
porque ha habido varios datos que avalaban eso, pero además el Gobierno
dice que lo ha constatado con fecha.
Voy a aprovechar para leerle lo de los 2.200 millones que nos debe la
Unión Europea y lo cito textualmente de la prensa, aunque no sé si la
prensa lo recoge tal cual. Dice así: El consejero de Agricultura,
Francisco Javier Marimón, pidió ayer a la ministra Loyola de Palacio que
gestione ante la Unión Europea el pago a la Generalitat y al Ministerio
de los 2.200 millones que ha de aportar para sufragar la parte que le
toca en las indemnizaciones por la peste. Sigue con información de la
conferencia sectorial e insisto en que es del 24 de febrero de 1998. Si
esto no es cierto, me lo dice y ya está, no nos deben nada y se acabó. No
obstante, como el Gobierno tiene la certeza con datos y fechas, le
pregunto: ¿qué medidas se han llevado a cabo para evitar otra vez la
entrada de ese ganado en cumplimiento de los trámites de aquí?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Usted ha hablado de que el 7 de febrero se detecta en Holanda, y el 14 de
febrero, una semana más tarde, España emite una orden ministerial para
cerrar unilateralmente el comercio de cerdos con Holanda, sin tener que
esperar a una decisión del comité veterinario. Es decir, pasan siete
días. ¿Por qué? Primero, porque es una orden ministerial que hay que
firmar y mandar al Boletín, etcétera. Segundo, porque en la Unión Europea
la libre circulación de los animales vivos es una garantía siempre y
cuando vayan con certificación sanitaria, y en esa semana del 7 al 14 los
cerdos que querían entrar llevaban su certificado veterinario en regla.
Es decir, España tuvo que tomar una decisión unilateral prohibiendo eso
aun en contra de la legislación comunitaria.
El día 26 de febrero, doce días después, España cierra toda Holanda, lo
que quiere decir que primero se hace un cierre parcial del centro de
exportación holandés, y el 26 de marzo es cuando la Comisión cierra toda
Holanda. Esto es, la orden ministerial española adelantada ya no es
necesaria y se deroga después de esa fecha porque es ya la Comisión la
que cierra todo. El 19 de marzo de 1998 se abrió la zona norte y el 14 de
mayo se abrió la zona sur de Holanda.
Es decir, cerramos el mercado de cerdo holandés en cuanto supimos algo.
La historia de que nos pilló por sorpresa depende de la fecha. No puedo
decir que la peste porcina clásica me pilló por sorpresa ayer, pero sí en
febrero del año pasado. La primera vez que se dice está claro que pilla
por sorpresa, aunque se sabe que en Europa hay focos endémicos de peste
porcina clásica. En Alemania, por ejemplo, los jabalíes son portadores y
aparecen focos de manera recurrente con una periodicidad de tres o cuatro
años y siempre están luchando contra ello; por eso decimos que existe ese
peligro latente. Pero cuando la peste porcina clásica apareció el año
pasado hacía tiempo que no se daba en España, los veterinarios no sabían
muy bien lo que había que hacer y tuvieron que repasar los libros de la
Facultad de Veterinaria para ver qué medidas se tomaban en esos casos y
leerse la directiva comunitaria para ponerse al día. Por tanto, la
sorpresa es una cuestión de fechas.
Referente al adelanto del dinero, yo creo que es un asunto meramente
administrativo que no tiene mayor importancia. El Ministerio paga los
intereses del dinero que adelanta el ICO --porque al final es el
Instituto del Crédito Oficial el que lo adelanta-- y cuando le llega el
dinero de la Comunidad el Ministerio se resarce y le queda como gasto ese
dinero que ha adelantado el ICO menos esos fondos comunitarios. Y a
Cataluña lo mismo, en cuanto le llegan los fondos de Bruselas se resarce.
¿Que le llegan un poco más tarde los fondos? Pues no pasa nada, en la
Administración estamos siempre con retrasos en los pagos, o sea que,
igual que pagamos con retraso, recibimos con retraso, ése es el pan
nuestro de cada día. Cuando la Unión Europea paga una cosa con el
Feoga-Garantía --y en el caso de los sacrificios voluntarios es el
Feoga-Garantía el que paga--, adelanta el dinero, manda todos los meses
una cantidad y luego hace las cuentas y liquida. Cuando son sacrificios
obligatorios eso sale del fondo veterinario, que está fuera del
Feoga-Garantía, y el trámite burocrático de enviar ese dinero es un poco
más largo. Lo que pasa es que el señor Marimón, como buen catalán, le da
mucha importancia al dinero en su debido tiempo. (La señora Cunillera i
Mestres: Se lo deberíamos dar todos.) En fin, esta historia del retraso
del dinero no es el problema, el problema es erradicar la enfermedad
cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora
Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: La verdad es que el señor Díaz Eimil, como
me lo dice con esa carita que me pone, se cree que me la va a colar, y no
puede ser, porque no me puede decir el secretario general del Ministerio
de Agricultura que no pasa nada porque el dinero llegue con retraso. No
le pasará a lo mejor a este Ministerio, pero sí a los que han tenido que
sacrificar, algunos de los cuales han tenido que esperar meses y meses.
No sé si el señor Marimón es buen o mal catalán, porque yo no soy de las
que reparten los carnets de buenos o malos catalanes, pero en definitiva
a todo el mundo que ha tenido que sacrificar una granja, al que ha estado
en integración, al que no ha estado, al que sea, una demora como la que
ha habido en algunos casos le preocupa mucho. Le preocupa lo que le he
dicho antes, la consideración que ese dinero tenga, y a un responsable
político le tiene que preocupar que a ese señor no le llegue el dinero.
Yo suelo estar muy poco de acuerdo con el conseller Marimón, pero en eso
estoy de acuerdo con él, no se puede consentir que el dinero no llegue a
su tiempo. Espero no comprometerle, lo sentiría, pero es verdad, porque
esa resignación puede ser buena para redimir pecados, pero no puede ser
buena cuando estamos gestionando dinero público.
Me he quedado sin saber si hemos tomado otras medidas, aunque me imagino
que tendremos ocasión de volver a hablar de este tema; espero que algún
día venga la ley de sanidad animal y venga la propuesta que piensa hacer
el Gobierno respecto a lo que va haciendo la Unión Europea en cuanto al
transporte animal. Pero yo se lo digo muy cordialmente, señor Díaz Eimil,
y sabe que usted me cae bien; no me diga estas cosas con el dinero,
porque estamos hablando de familias y familias que han estado mucho
tiempo pendientes de una cantidad. Es verdad que luego les ha llegado,
pero si vamos a valorar los perjuicios económicos y de toda índole que
esto les ha supuesto es muy importante, y si la Unión de Payeses, en su
momento, estuvo más radicalizada en la demanda y en la urgencia que había
fue porque lo vive, porque lo hemos visto muy cerca de nuestras casas, lo
hemos tenido en vecinos, en conciudadanos que lo están viviendo, y si hoy
le hubieran visto seguramente se habrían vuelto a radicalizar, como
cuando los brotes salían como los hongos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Yo creo que ha habido un malentendido. Cuando yo hablaba del retraso, me
refería al retraso para el Ministerio. Es decir, el mecanismo es el
siguiente: el Instituto del Crédito Oficial adelanta dinero y va pagando
a los productores y a los ganaderos, va tomando nota y va cargando
intereses al Ministerio de Agricultura, le va haciendo una cuenta y le
dice: usted me debe cien más los intereses. Y a la Generalitat le dice:
usted me debe cien nada más. Eso es así. Entonces, hay una cierta prisa
del Ministerio y de la Generalitat para que los fondos de la Unión
Europea lleguen pronto, pero es un problema de la Generalitat y del
Ministerio. Al productor quien le paga es el Instituto de Crédito
Oficial, y cuando sacrificaba un animal le daban un papelito para que
fuese al banco a cobrar, y era ese Instituto de Crédito Oficial el que le
hacía la transferencia. (La señora Cunillera i Mestres: Pero los
intereses son dinero público.) Los intereses son dinero público, de
acuerdo, y entonces el retraso, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio en
vez de tener que pagar un mes de intereses pagaba dos meses. También
tenemos mucho dinero de la Unión Europea que nos viene todos los meses, y
está ahí calentito. (La señora Cunillera i Mestres: Pues repártanlo.) Hay
que justificarlo.
--DEL SEÑOR ORTIZ MOLINA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA
OPINION DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION ACERCA DE LOS
PLANES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA PRIVATIZACION ENCUBIERTA
DEL USO DEL AGUA PARA REGADIOS (Número de expediente 181/001448).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la última pregunta del
orden del día, que figura con el numero 5, y tiene la palabra la
sustituta del autor, portavoz del Grupo Socialista, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: En aras a la hora que es y que habíamos dicho que a
las dos concluíamos, yo voy a ser muy breve, y acumulo el tiempo de esta
intervención a la segunda.
Le voy a preguntar simplemente cuál es la opinión del secretario general,
que sustituye en este caso a la ministra, porque nosotros la pregunta se
la hacíamos a la ministra de Agricultura, acerca de los planes del
Ministerio de Medio Ambiente sobre la privatización encubierta del uso
del agua para los mayores usuarios, que son los regadíos, por tanto, para
los agricultores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
Esta pregunta yo creo que a mí ya me la han hecho el 5 de noviembre de
1997, está en el «Diario de Sesiones», pero contesto muy brevemente.
El dominio público hidráulico es propiedad del Estado siempre, lo que
ocurre es que se privatiza su uso, y esto está en la Ley de Aguas del año
1985, es decir, la privatización del uso del agua está en la ley actual,
y ese uso del agua es un derecho que se inscribe en el registro de aguas,
en el Registro de la Propiedad, etcétera. Eso se hace con una concesión y
es, insisto, un derecho. Por tanto, la privatización del uso es algo que
ya existe.
¿Cuál es ahora la novedad? En la ley vigente se dice que los organismos
de cuenca pueden indemnizar a un cesionario del agua, quitarle ese agua
para dársela a otro, por decirlo de una manera gráfica. El organismo de
cuenca puede expropiar esa cesión de uso y pagar una indemnización para
darle ese agua a otro cesionario. Normalmente eso se hace, por ejemplo,
en períodos de sequía, en donde a un señor que está regando la remolacha
se le expropia el agua y se suministra para consumo humano, o cosas por
el estilo. Eso está hecho así. La novedad consiste en que, ahora, eso que
sólo podía hacer el organismo de cuenca lo pueden hacer los particulares
notificando al organismo de cuenca esa cesión y arreglándose entre ellos
en el precio. Es decir, el mecanismo antes era que el organismo de cuenca
expropia, indemniza y luego le cede a otro, cobrándole para resarcirse de
ese gasto, y ahora el organismo de cuenca dice que para facilitar las
cosas puede haber arreglos entre particulares, y establece una serie de
condiciones: en primer lugar, dice que tiene que ser en condiciones
extraordinarias, es decir, que estamos también en los casos de sequía, un
trasvase o algo de este estilo, que no es una práctica normal; en segundo
lugar, hay que comunicarlo al organismo de cuenca, que da su
autorización. Esto quiere decir que la privatización de la que se habla
es algo que ya existe en la ley actual, y la privatización encubierta no
lo es porque hay que ponerla en conocimiento del organismo de cuenca, que
tiene que dar su visto bueno y controlar eso.
¿Cuál puede ser el peligro? El peligro puede ser, por ejemplo, que un
señor que tiene una cesión de un volumen de agua enorme se dedique a
venderla, y entonces se dice: esto es una privatización, un derecho y
algo que va en perjuicio del comprador. Curiosamente, el señor que tiene
500 hectáreas de regadío y la dotación de agua para regarlas, vende la
tierra y vende la cesión del uso del agua y nadie se escandaliza. Es
decir, un terrateniente o un aguateniente vende la tierra y vende el agua
y todo el mundo piensa que si hay alguien que se lo compra es una
transacción entre particulares. Lo que ocurre es que pudiera dar lugar a
situaciones no deseables, por ejemplo, que hubiese una transferencia
masiva a una zona de regadío, que pasase el agua de manos de los que
tienen cultivos herbáceos a los que tienen cultivos arbóreos. Se puede
pensar lo que se quiera, pero existe el control del organismo de cuenca.
Además, siempre existe la necesidad de una conexión física. No se puede
hablar de que se va a organizar un mercado del agua, porque está claro
que un señor que necesita agua para regar en Almería no la va a comprar
en el Ebro. Todo esto hace que esa privatización encubierta --que no es
ni privatización ni encubierta-- sea sencillamente una flexibilización
del régimen actual. En vez de ser la Confederación Hidrográfica la que
expropie, venda o traslade la cesión del derecho de uso de agua, se hace
entre particulares. Se llega a un convenio, se comunica a la
Confederación, y si la Confederación no tiene ninguna objeción, se
aprueba.
El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica, tiene la palabra la señora
Leiva, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Díaz Eimil, hablando del agua, ésta tiene un
recorrido muy largo y, en muchas ocasiones, se nos escapa de las manos.
Permítame que le comente cuáles son las preocupaciones del Grupo
Socialista respecto al agua, respecto al Ministerio de Agricultura, a los
usuarios --los agricultores-- y a las modificaciones que el nuevo
Ministerio de Medio Ambiente quiere imponer en materia del agua. Porque a
veces no se miente, pero no se dice toda la verdad, que es lo que ha
ocurrido en su primera réplica.
Son más los peligros de los que ustedes ven en este momento. Voy a
empezar a exponerle brevemente lo que nosotros creemos que ha pasado en
relación con el Ministerio de Agricultura y las políticas del agua.
Ustedes se han encontrado un Plan nacional de regadíos, horizonte 2005,
prácticamente acabado, que estaba consensuado con las
comunidades autónomas, con los sindicatos y con otros ministerios, que
había sido debatido largamente en el Parlamento --pregúnteselo a la
ministra, ella sabe bien que se debatió en la anterior legislatura-- y
que, además, planteaba las necesidades que en este momento tenía el
sector agrario español, tanto en los nuevos regadíos como en la mejora de
los existentes, pero a ustedes no les servía. Después de este proceso,
llevamos dos años de una absoluta descoordinación entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, pero parece ser que le
viene bien a algún otro Ministerio porque así reducimos déficit a costa
de no invertir en el sector agrario, sobre todo en materia de regadíos.
La ministra de Agricultura nos ha prometido en tres ocasiones y ha puesto
fecha, en el Congreso, en el Senado y en declaraciones públicas, que
llegaba el Plan nacional de regadíos. Como le decía al principio, el
Ministerio de Agricultura ha perdido ya dos años en materia de aguas.
¿Para cuándo el Plan nacional de regadíos? Mientras, el Ministerio de
Agricultura parece que no dice nada de lo que hacen otros ministerios, el
Ministerio de Medio Ambiente está preparando una modificación de la Ley
de Aguas, y la ministra de Agricultura ha sido siempre muy imprecisa con
el agua. Como digo, se le está yendo de las manos.
El Consejo Nacional del Agua aprobó el pasado 27 de abril los planes de
cuenca, que serán previos al libro blanco, al Plan nacional de regadíos y
al Plan hidrológico nacional. En estos planes de cuenca se expone cuáles
van a ser los recursos y cuál va a ser el uso. Y en el uso están
fundamentalmente los regadíos, que prácticamente se llevan el 80 por
ciento del agua. Hablando de regadíos, nos referimos a mejoras y
aprovechamientos. El acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas,
de febrero de 1996, porque no existe otro, era el anterior consenso que
existía en ese Plan nacional de regadíos, horizonte 2005.
Actualmente, las federaciones de regadíos, es decir, las comunidades
nacionales de regantes, han calculado que se necesitan 180.000 nuevos
regadíos. Es la previsión de regadíos en ese horizonte. La realidad es
que hoy hay tres millones y medio de hectáreas de regadíos, de las que
prácticamente dos millones necesitan actuaciones de mejora en esta
materia. Sin embargo, a fecha de mayo de 1998, la realidad de la política
de regadíos de su Ministerio es que nos siguen dando largas, que mientras
tanto no se producen apenas inversiones, que no hay aporte presupuestario
para hacer inversiones ni en mejora de regadíos ni en nuevos regadíos y,
lo que es más urgente y el motivo de esta pregunta, mientras en
Agricultura están así, en Medio Ambiente aún se lo ponen más difícil a
los agricultores y se pretende reformar la Ley de Aguas de 1985, en la
cual --diga usted lo que diga-- se introducen cambios para privatizar la
inversión, la gestión y el uso del agua.
Tienen que tener ustedes en cuenta en el Ministerio de Agricultura que el
80 por ciento de los usuarios del agua --repito-- son agricultores. Por
tanto, el agua, para el Grupo Socialista, es un elemento imprescindible
para la agricultura, para el desarrollo rural y, desde luego, no podemos
consentir que se convierta en un bien de compra y venta sin una
regulación oficial previa.
¿A quién va a beneficiar que se pueda especular con el agua? Me gustaría
que me respondiera a esa pregunta. ¿A quién va a beneficiar? Desde luego,
a los verdaderos agricultores, no. Esto va a provocar expulsión de
agricultores del medio rural y, además, va a provocar que los
agricultores se tengan que adaptar a esas nuevas circunstancias e,
incluso, se puedan expulsar cultivos de nuestro mapa de producción actual
que ahora se riegan.
Me gustaría que me contestara si de verdad reconoce el Ministerio de
Agricultura el valor social del agua. Los cambios que tiene previsto
hacer este Gobierno en la Ley de Aguas van a introducir graves
distorsiones en la planificación y, desde luego, van a introducir la
filosofía de privatizaciones de este Gobierno, una vez más en el campo de
la agricultura, concretamente en el uso del agua. Al Grupo Socialista le
parecen muy preocupantes los contenidos de la modificación de la Ley de
Aguas de 1985 y desde aquí le quiero decir que, en este tema, no podemos
estar a favor del Gobierno ni les vamos a apoyar en la tramitación de
este aspecto de la modificación de la ley. Hay aspectos de la actual ley
que son irrenunciables para el Grupo Socialista.
El agua es un bien público y gratuito y constituye un bien social para
mantener el medio rural: los cultivos agrarios, el desarrollo de la
agricultura, de la ganadería, el medio ambiente, por lo que no podemos
renunciar a esa titularidad pública para todo, para el uso, para la
gestión, para la inversión y para toda la planificación. No podemos
permitir el beneficio privado a costa de un bien de titularidad pública.
En aras de la brevedad, señor secretario general, quiero decirle que ésta
no es solamente la postura del Grupo Socialista, sino que todas las
organizaciones agrarias de este país y las organizaciones de cooperativas
se han pronunciado en contra de esta modificación de la Ley de Aguas. El
Grupo Socialista le quiere pedir a usted, como secretario general, para
que dé de ello traslado a la ministra de Agricultura, que vele para que
estas modificaciones que se quieren introducir en la Ley de Aguas no
sigan adelante porque esto sería un desastre para la agricultura y para
los agricultores.
Esperemos que no tengamos que agradecerles a ustedes el nacimiento de la
figura del aguateniente y las transacciones que se van a producir en el
medio rural. No solamente son los peligros que usted decía, son otros
muchos más. Espero que seamos todos cuerdos y no llevemos a cabo estas
modificaciones que propone el actual Ministerio de Medio Ambiente. Espero
que la ministra y el Ministerio de Agricultura velen por los intereses de
los agricultores y los ganaderos españoles.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION (Díaz Eimil):
El Plan nacional de regadíos 2005, que fue el que se hizo a finales del
año 1995, teóricamente está vigente. Si nosotros hicimos un plan nuevo
fue porque consideramos que lo que se había
iniciado debería ser bien terminado. El hecho era que se habían
contratado estudios por un importe de 2.000 millones que luego para sacar
precipitadamente el Plan nacional de regadíos horizonte 2005 no se
tuvieron en cuenta. Nosotros los hemos tenido en cuenta, hemos explotado
esos estudios y hemos hecho un plan nacional de regadíos riguroso y que
ya está redactado.
La señora Leiva nos habla de esta descoordinación que se ve entre el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura está
encaminada a que al final no se invierta nada y a que no salga nada
adelante. Es todo lo contrario, porque en los planes hidrológicos de
cuenca, en los que sumando todas las hectáreas nuevas regables se llegaba
a 1.200.000 hectáreas, hemos querido dejar bien claro que pueden ser
hectáreas regables, pero no son hectáreas que se vayan a regar, ni
muchísimo menos.
En España, en los últimos diez años, con ayuda del Gobierno, se han
estado poniendo hectáreas de regadío a un ritmo de 5.000 al año.
Concretamente, en el año 1995 se pusieron en regadío 3.500 hectáreas.
Creemos que, aunque la agricultura es una actividad excedentaria,
subvencionada y, por tanto, contingentada, en España todavía se puede
incrementar algo más el regadío. Por eso hemos llegado en nuestros
estudios a una cifra global muy parecida a la del plan 2005, pero que,
naturalmente, cambia bastante en los detalles. Hemos llegado más o menos
a esa cifra de 180.000 hectáreas a poner en diez años, es decir, unas
18.000 hectáreas al año, unas 20.000 hectáreas, más o menos, al año. Eso
es lo que queremos hacer.
Hasta ahora se están haciendo 5.000 al año, queremos hacer 20.000 al año,
pero de verdad; porque hablar de 1.200.000 hectáreas, al ritmo de 5.000
al año se tardaría doscientos y pico años en ponerlas en regadío. No es
realista. Sin embargo, esas 180.000 hectáreas creo que es un objetivo
fácil.
Aporte presupuestario. Estamos en ello, estamos tratando de convencer al
Ministerio de Economía de esos 20.000 millones adicionales que
necesitamos para este plan de regadío. La preferencia va a ser, en primer
lugar, terminar con los regadíos que están en ejecución; en segundo
lugar, consolidar y mejorar los regadíos existentes; por último,
solamente los nuevos regadíos. Nuevos regadíos con aportación del Estado
sólo serán los que se consideren con fines sociales; es decir, que el que
quiera poner un regadío que no tenga un fin social, no contará con la
aportación del Estado. Esa es un poco, digamos, la preocupación del valor
social del agua por parte del Gobierno.
¿A quién va a beneficiar esta especulación del agua? A alguien que no
tiene ahora agua. ¿Qué posibilidades tiene? Comprarla o no comprarla. La
puede comprar a través de la Confederación o directamente si se hacen las
modificaciones que están proyectadas. ¿Qué le va a dar eso? Una agilidad
en el caso de la venta, si se decide por ella. No es una venta del agua,
es una venta del derecho del uso del agua, de la cesión de ese derecho.
Por tanto, la titularidad pública del agua no cambia; el agua sigue
siendo un bien público y lo único que se privatiza --lo digo de nuevo--
es lo que ya se privatizó en la Ley de 1985, que es el derecho al uso del
agua. Eso es lo que se privatiza, porque ya está privatizado. En la ley
actual las concesiones de la Confederación son derechos al uso del agua.
Dice que el agua es un bien público y gratuito. El agua es un bien
público, pero ponérselo en la parcela a alguien no es gratuito, en
absoluto. Los cánones de riego y todo los cánones que hay van
encaminados, sencillamente, a que el usuario pague el coste del agua o,
al menos, una parte importante. O sea, que estamos en la misma situación.
En la Ley de Aguas vigente se garantiza la situación actual de los
regantes, es decir, las modificaciones que se introducen en el sentido de
cobrar por el agua lo que cuesta van dirigidas a los nuevos regantes o a
los regantes ilegales, pero los regantes actuales que están en una
situación de legalidad siguen exactamente igual. No se renuncia a la
titularidad pública. El agua sigue siendo un bien público, el agua sigue
sin ser gratuita porque no lo es. Se reconoce el valor social del agua y
prueba de ello es que solamente tenemos previsto hacer regadíos sociales.
Preguntar a quién va a beneficiar la especulación del agua es lo mismo
que preguntar a quién va a beneficiar la especulación de cualquier cosa
que se vende. Si el que vende y el que compra llegan a un acuerdo es
porque les interesa a los dos, a uno y al otro; ése es el mercado
transparente del agua.
Yo creo que las modificaciones que se introducen en la Ley del Agua son
simplemente para modernizarla en el sentido de que los cánones se
apliquen reflejando costes reales, pero siempre para los nuevos regantes,
no para los regantes actuales; es decir que las modificaciones que se
introducen son perfectamente asumibles. Yo diría que las modificaciones
del borrador son relativamente tímidas, pero no me atrevo a decirlo para
no echar leña al fuego.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general de
Agricultura, don Carlos Díaz Eimil, por la presencia en esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Deseamos éxitos en sus gestiones de
negociación de la Agenda 2000 y esperamos verle de nuevo en esta Comisión
en las próximas semanas.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.