CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 452



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 21



celebrada el jueves, 7 de mayo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga) para informar sobre:



--La catástrofe ecológica ocurrida en el entorno del Parque Nacional de
Doñana. A petición propia (Número de expediente 214/000079).




--La riada de agua ácida que puso en peligro el Parque Nacional de
Doñana, y hacer una valoración de los daños y las consecuencias de los
vertidos existentes en torno a Doñana. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000659).




--Lo ocurrido el día 25 de abril de 1998 en las inmediaciones del Parque
Nacional de Doñana con motivo de la rotura de la presa que contenía agua
ácida proveniente de las minas de Aznalcóllar y su repercusión tanto a
los habitantes de los alrededores de la zona como al Parque Nacional. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000660).




--La catástrofe ocurrida en el Parque Nacional de Doñana y su entorno. A
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió (Número
de expediente 213/000667).

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--Las medidas que está adoptando el Ministerio en relación con los daños
registrados por los vertidos tóxicos de las minas de Aznalcóllar en el
dominio público hidráulico y en el dominio público marítimo-terrestre. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000669).




Se abre la sesión a las diez de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 21 de la
Comisión de Medio Ambiente con la comparecencia de la señora ministra,
que viene a informar sobre los sucesos acaecidos en la presa de
Aznalcóllar, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario
Socialista, del Grupo de Convergència i Unió y del propio Gobierno.

Solicito a todas sus señorías que se den por agrupadas las
comparecencias. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Sí, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, el orden del día se ha ido
cambiando sucesivamente con respecto a las comparecencias y ahora también
con respecto a la solicitud de comparecencia. No tengo ningún
inconveniente en que se haga constar la petición de comparecencia, pero
no conocíamos dos de las peticiones, ya que no figuran en el orden del
día: las del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario
Socialista. Por lo tanto, sería la cuarta vez que se cambia el orden del
día.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, no se ha cambiado ninguna vez. En el
orden del día constan las peticiones que inicialmente he expresado: del
propio Gobierno, del Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida. Es
lo que he dicho al principio. (El señor Alcaraz Masats: No es lo que ha
dicho usted.) Siento la omisión. Rectifico en el sentido de que la
comparecencia de la señora ministra en esta sesión tiene lugar a petición
propia del Gobierno, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo de
Izquierda Unida.

Empieza la sesión con la intervención de la señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señorías,
como ministra de Medio Ambiente y presidenta del Patronato del Parque
Nacional de Doñana, me resulta desolador constatar los efectos que la
actividad humana ha producido en este caso, con su secuela de destrucción
en algunas zonas tal vez irreversible. El problema creado es de primera
magnitud por la afectación a unos espacios naturales de gran valor
ecológico, pero también porque daña un espacio físico en el que muchos
hombres y mujeres desarrollan su quehacer diario, basando en los recursos
naturales existentes en la zona su principal fuente de riqueza. La rotura
de la balsa de residuos minerales de Aznalcóllar ha producido efectos
medioambientales en el río Guadiamar y en los márgenes, con una riada de
lodos y aguas ácidas que tardará tiempo en desaparecer. Por esas razones
me desplacé al lugar de los hechos nada más tener conocimiento de los
mismos, con objeto de mostrar a la población afectada y a las autoridades
autonómicas y locales que yo también sufría en primera persona lo que
estaba sucediendo y que tendrían, por parte del Gobierno, toda la
colaboración necesaria para encontrar soluciones al problema planteado.

Tal vez no hayamos sabido transmitir a la opinión pública el esfuerzo
realizado y sus resultados, pero confío en que, tras esta comparecencia,
desaparezcan las dudas que los ciudadanos hayan podido tener acerca de la
actitud y las decisiones del Ministerio de Medio Ambiente y de su
titular, que ahora les habla.

Quiero hacer una reflexión más. El enorme interés que este desastre ha
despertado en todos los sectores debería servir para que todos los
ciudadanos, cualesquiera que sean nuestra capacidad u ocupación, seamos
conscientes de las consecuencias medioambientales de nuestras acciones y
también para que se preste la atención requerida a los que tenemos
responsabilidades sobre estos asuntos, a fin de que nuestra voz sea oída
y no prediquemos en un desierto.

Comparezco, como acaba de decir el presidente, a petición propia y de
otros grupos de esta Cámara, con objeto de dar cuenta de los datos
conocidos hasta el momento en relación con la rotura de la presa de
Aznalcóllar y las consecuencias que este hecho ha tenido. Igualmente, mi
comparecencia reflejará las iniciativas adoptadas desde el primer momento
por el Ministerio de Medio Ambiente para atajar el problema. Tengo
especial interés en subrayar que mi comparecencia tiene que ver con los
datos y los hechos, no con especulaciones, por imaginativas que sean. El
Parlamento y los ciudadanos de las poblaciones afectadas tienen el
derecho a conocer lo que desde los poderes públicos, y singularmente
desde el Ministerio de Medio Ambiente, se realizó desde el primer momento
para preservar el patrimonio de Doñana, evitar riesgos para la salud y
paliar el impacto de esta calamidad sobre sus intereses económicos.

Reitero que los datos, y sólo los datos, ponen en su contexto la magnitud
del desastre. Todos los ciudadanos, igualmente, tienen derecho a saber
que el Ministerio de Medio Ambiente dispuso desde el primer momento de
los recursos materiales necesarios, y sobre todo tienen derecho a saber
de la aportación generosa de sus funcionarios y cargos para paliar un
desastre cuyas consecuencias debían gestionar sin tener responsabilidades
en sus causas.

Con toda diligencia se intervino, con riesgo incluso para la propia
seguridad de algunos, para evitar que la lengua de lodo contaminante
llegara al parque nacional de



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Doñana, al corazón de Doñana, y de allí al Guadalquivir y al propio mar,
envenenando a su paso aguas, plantas y animales y sepultando por mucho
tiempo una reserva natural que nos enorgullece a todos. Haber sido
capaces de salvar el parque nacional de Doñana debería ser causa de
satisfacción para todos, en vez de una excusa para esa especie de ira
fraterna que se ha despertado. Pocos conocerán mejor que quienes están en
la brecha desde el Ministerio de Medio Ambiente la extensión de los daños
causados y sus consecuencias futuras. Sabemos perfectamente que el parque
nacional no es una burbuja aislada de su entorno. Valoramos, por tanto,
en su importancia real los riesgos que derivan de la situación existente,
al tiempo que conocemos y lamentamos la realidad de los hechos.

Señorías, no nos dejamos llevar por el triunfalismo porque no es una
ocasión para celebrar, pero no podemos ignorar ni el esfuerzo realizado
ni el resultado conseguido. La desgracia de la catástrofe no puede ser
minimizada, pero tampoco puede magnificarse sin justificación. Quien
pretenda utilizarla para erosionar la credibilidad del Gobierno o a la
titular de la cartera de Medio Ambiente debe saber que lo está haciendo a
costa del bienestar de poblaciones enteras de las comarcas no afectas,
sobre las que se ha sembrado una duda más allá de lo razonable. El
turismo, la pesca, la agricultura de algunas comarcas se están viendo
injustificadamente perjudicadas por afirmaciones gratuitas de las que
nunca serán responsables los paladines de cuanto mejor, peor. Es de
justicia agradecer públicamente el esfuerzo de cuantos trabajaron sin
descanso para evitar que el desastre ecológico que se iniciaba a las dos
y media de la mañana del día 25 fuera aún mayor. Guardia Civil,
Protección Civil, Policía Nacional, ingenieros de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, director-conservador y técnicos del parque
nacional, así como el personal de guardería y auxiliar del mismo y la
empresa Tragsa, todos ellos coordinados por el subdelegado del Gobierno
en Sevilla, además del secretario general del Ministerio de Medio
Ambiente, junto con el delegado del Gobierno en Andalucía, trabajaron con
denuedo, y es justo reconocerlo. Igualmente valoro y agradezco el
ofrecimiento desinteresado de colaboración de todos aquellos que han
puesto a disposición del empeño de solucionar este problema sus
conocimientos científicos o técnicos, o incluso simplemente su apoyo
personal. Confiamos en saber encauzar de forma eficaz esta colaboración.

Como saben sus señorías, en la madrugada del viernes 24 al sábado 25 de
abril se produjo la rotura de uno de los muros de contención de las
balsas de residuos minerales procedentes de la explotación minera de
Aznalcóllar, de la que es titular la empresa sueca Boliden Apirsa, S. L.

Como consecuencia de tal rotura, una parte del contenido de estériles
mineros mezclados con agua sale al exterior, alcanzando por el río Agrio,
situado en las inmediaciones de esta balsa, el cauce del río Guadiamar,
del que es afluente.

Los efectos de esta ola contaminante han sido devastadores, habiéndose
extendido por una superficie estimada de 5.000 hectáreas, de ellas unas
2.000 de carácter agrícola, dedicadas al cultivo de arroz, algodón,
agrios, olivar, trigo, maíz y hortalizas, afectando al parque natural de
Doñana, en una zona de altísimo valor ecológico, y afectando a un río, el
Guadiamar, del que se abastece el propio parque nacional de Doñana.

La actividad llevada a cabo en Aznalcóllar origen del citado desastre
consiste en una explotación minera a cielo abierto, con sistema de
extracción de minerales metálicos no férreos, mediante la utilización de
explosivos. Con posterioridad, se transforma el material extraído en una
planta de beneficio, obteniéndose los concentrados de cobre, plomo y
zinc, mediante un proceso mineralúrgico, y depositándose en las balsas
los residuos o fangos procedentes de las plantas de transformación a
través de una conducción entubada. En estas basas, denominadas por ello
de almacenamiento de estériles, a través de un proceso de decantación,
los residuos sólidos se depositan en el fondo, quedando en la superficie
el agua ácida, que a través de una conducción entubada, transporta a una
planta depuradora antes de su vertido al río Agrio, ya con un pH neutro y
una caracterización conforme a la normativa vigente.

Como les venía diciendo, señorías, el sábado 25 de abril, a las dos y
media de la madrugada, se produce una rotura parcial del dique de
contención de la balsa minera. El limnigrama de la estación de aforos
existente aguas abajo en el río Guadiamar, a seis kilómetros
aproximadamente de la balsa rota, detectó dos ondas de avenidas
consecutivas, a las tres horas y a las siete de la mañana, lo que
probablemente implica la existencia de una primera rotura poco después de
las dos de la madrugada del dique exterior, y una segunda, más tarde, del
dique que separa la balsa de piritas de la de piroclastos. Un vecino
comunicó este hecho a la Guardia Civil, tomándose a partir de ese momento
por parte de la Delegación del Gobierno en Andalucía las siguientes
medidas. Por parte de la Guardia Civil se desalojan las viviendas
próximas al cauce que pudieran ser afectadas y se controla el cauce en
toda su longitud por si hubiera personas acampadas, dejándose retenes de
vigilancia para el control de cauce; se informa a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía a la vista de las características del
vertido; se alerta a Protección Civil, que monta el dispositivo oportuno;
se comunica al director-conservador del parque nacional de Doñana el
vertido producido, quien a las siete de la mañana, movilizando a la
guardería del parque, procede al cierre total de las compuertas de
comunicación de las marismas y el Brazo de la Torre, aislándolo así de
los cauces fluviales adyacentes, al objeto de evitar una posible entrada
del vertido en el parque, labor que fue materializada en su totalidad
antes de las nueve de la mañana. Se informa de los acontecimientos a mí
misma y al gabinete de crisis de Moncloa. A las ocho de la mañana ya
están dos jefes de área de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
con el subdelegado del Gobierno de Sevilla sobrevolando en helicóptero la
zona para hacer una primera valoración. A las nueve horas en el parque
nacional se tomó la decisión de reforzamiento de muros y compuertas, para
lo cual el director-conservador del parque nacional de Doñana recabó
todos los medios materiales y humanos disponibles para colaborar en los
trabajos encaminados a evitar que las aguas contaminadas se introdujeran
en las marismas del



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parque nacional, decisión que me fue consultada telefónicamente, puesto
que, como también creo que se ha recogido en los medios de comunicación,
yo me encontraba a esas horas de la mañana a mil kilómetros de distancia
de Doñana.

La maquinaria que fue aportada por la empresa Tragsa, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y Arrocerías Herbá, en un total de siete
tractores con traíllas, una pala empujadora, tres retroexcavadoras, un
bulldozer con tres técnicos del parque nacional de Doñana, más de 25
guardas, numeroso personal auxiliar, estaban trabajando a las doce de la
mañana en el reforzamiento del dique transversal del lucio del Cangrejo
Chico, dique perpendicular al canal de Aguas Mínimas que separa el
Cangrejo Grande del Cangrejo Chico, con el fin de evitar que, en caso de
que el agua contaminada llegase al borde norte del parque nacional,
entrase en la marisma.

Pasada la una del mediodía, una retroexcavadora movilizada por la Junta
de Andalucía y cedida por los arroceros de la zona, empezaba a taponar el
canal que comunica Entremuros con el Brazo de los Jerónimos. El hecho de
que el agua contaminada hubiese pasado por este canal, habría afectado a
los terrenos utilizados por el arroz. También con anterioridad a la
llegada del agua a esta porción de entremuros fue taponado el caño que
lleva el agua a la Dehesa de Abajo, para preservar este paraje natural de
los efectos de la contaminación.

En vista de la evolución de la riada, hacia las cuatro de la tarde, la
Junta de Andalucía decidió reforzar un muro transversal ya existente a la
altura de Vuelta la Arena, con objeto de retener el agua dentro de
Entremuros y canalizarla hacia el canal de Aguas Mínimas. Muro que
comenzó a reforzarse hacia las cinco horas y treinta minutos, y que
lamentablemente superó la lengua de agua en la noche del sábado para
seguir avanzando hacia el sur por entremuros. En su avance, parte del
caudal se desvió por el canal de Aguas Mínimas y otra parte,
lamentablemente, inundó parcialmente el Cangrejo Grande, no llegando esta
última parte, finalmente, a alcanzar el muro transversal que se había
construido justamente en los límites con el parque nacional.

Durante todo el domingo la maquinaria reforzó muros y diques, realizó
recrecimientos e hizo reparaciones cuando se producían desperfectos. En
los días siguientes, toda la maquinaria aportada siguió realizando
trabajos para garantizar la estanqueidad de las barreras creadas. Creo
que es de justicia reconocer y agradecer a los trabajadores de la empresa
Tragsa, del parque nacional de Doñana, de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y de las distintas entidades y organismos de la Junta de
Andalucía, los esfuerzos realizados en aquellas primeras angustiosas
horas, para localizar, aportar y poner a trabajar la maquinaria necesaria
que evitó que la catástrofe fuera aún mayor.

A la par que se realizaban estos trabajos para contener la ola de nuevos
fangos, se comenzó, desde el mismo sábado 25, a tomar muestras en
distintos tramos del río, para analizar la composición y extensión de la
masa contaminante. A partir de las tres horas del mismo sábado 25 se
estableció, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
un dispositivo con once puntos de muestreo, en los ríos Guadiamar y
Guadalquivir, para tomar muestras cada seis horas de las aguas y proceder
a su análisis. Este muestreo, que sigue hoy día, permite un análisis
permanente de la evolución de la carga contaminante para sacar
conclusiones sobre la extensión que alcanza. En lo que concierne a las
aguas subterráneas, también la Confederación estableció inmediatamente
una red de control constituida por 41 pozos para realizar el seguimiento
y vigilar la evolución de la posible contaminación en los acuíferos
circundantes, razón por la que a estas alturas se puede afirmar que la
calidad de los acuíferos circundantes no presenta alteraciones respecto
de su calidad inicial, tal y como se deduce de los análisis realizados.

Para tranquilidad de SS. SS. les comentaré que de la lista de metales
pesados que caracterizan el vertido, como son el cadmio, el cobre, el
manganeso, el plomo, el zinc y el mercurio, aparecen todos ellos por
debajo de los límites de concentración establecidos en las normas de
calidad, especialmente en aquellos que presentan una alta toxicidad, como
son el cadmio y el mercurio.

Al día de hoy no se ha constatado la afección de las aguas subterráneas
situadas a lo largo de los cauces afectados superficialmente por el
vertido ni siquiera en el acuífero 27, al que el presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas aludió expresamente, públicamente
el día cinco con estas palabras: No se han detectado, por el momento,
problemas de toxicidad en los acuíferos del parque nacional de Doñana. La
incidencia de los residuos en la zona esencial del parque nacional sigue
siendo nula. No hay ninguna evidencia de que el vertido tóxico haya
incidido, hasta ahora, en la reserva ecológica. Y como éste, hay algunos
testimonios de distintos científicos.

Simultáneamente a los trabajos que se venían desarrollando, a los que
acabo de referirme, en la misma tarde-noche del sábado estuve reunida con
el director del parque nacional de Doñana en el propio Acebuche, como
saben ustedes dentro del parque nacional de Doñana, con el presidente y
dos ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la
Guardia Civil y Seprona, acompañada en todo momento por el consejero de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como del secretario general
de Medio Ambiente y del subdelegado del Gobierno en Sevilla, que nos
informaron, conjuntamente, de cuantos hechos y actuaciones se habían ido
produciendo desde las primeras horas, y que acabo de trasladar a SS. SS.

Ese mismo día quedaron constituidos en el Ministerio dos grupos de
trabajo, cuando me desplacé por la tarde --domingo 26-- a la propia sede
del Ministerio. Un grupo de trabajo de carácter técnico, dedicado a
diagnosticar la situación y estudiar las medidas necesarias que debían
adoptarse en los días siguientes, y otro grupo de trabajo dedicado a
estudiar los aspectos jurídico-administrativos de la catástrofe,
antecedentes, medidas normativas e instrumentos económicos para paliar
los efectos de la contaminación.

A efectos de coordinar los trabajos que estos grupos desarrollaban, tanto
en Madrid como en Sevilla, se desplazaron,



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el domingo 26 a Sevilla, dos técnicos del Instituto Geominero que
estudiaron la balsa y empezaron a analizar la masa contaminante. El mismo
lunes 27 se desplazó a Sevilla el secretario general de Medio Ambiente
para coordinar, con el parque nacional, estos trabajos. El martes 28 se
incorporaron al grupo en Sevilla dos técnicos del Centro de Estudios
Hidrográficos del Cedex, junto con un experto de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, el director y el consejero técnico del organismo
autónomo Parques Nacionales. El miércoles 29 se trasladó a Sevilla
también el secretario de Estado de Aguas y Costas, junto con el director
del Instituto Tecnológico Geominero, para poner en común en la Delegación
del Gobierno toda la información recogida hasta entonces por los equipos
de trabajo del Ministerio y organismos autónomos que estaban funcionando
en Madrid y Sevilla e ir definiendo todas las actuaciones a seguir.

Se empezaron a analizar las características físico-químicas de las aguas
contaminadas, a través de la red de muestreo de aguas superficiales
subterráneas a que antes he aludido, que venían funcionando desde el
sábado por la tarde, con el fin de tener un control continuo de la
evolución de la calidad del agua circulante, y se inició la evaluación de
los lodos que se habían depositado en el cauce. Ese mismo día viajé a
Nueva York para firmar el protocolo de Kioto y mantuve una reunión de
urgencia con la comisaria europea, el ministro británico que ostenta la
Presidencia del Consejo y los demás ministros de la Unión Europea que
allí se encontraban, con el fin de informarles de los pormenores de la
catástrofe ecológica más grande que ha tenido España. Les invité a
visitar la zona y, sobre todo, les pedí que estudiaran la posibilidad de
todo tipo de ayudas, tanto de fondos Feder como del Fondo de Cohesión,
que pudieran destinarse a los trabajos de recuperación de aguas y suelos,
así como servir de ayuda a los sectores agrícolas fundamentalmente
afectados por la catástrofe. Asimismo, solicité informar al próximo
Consejo de Ministros. En estos momentos puedo informar a SS. SS. que
todas estas gestiones han resultado positivas, puesto que han recibido ya
retornos favorables, como les informaré más adelante. Plasmé, además,
este encuentro informal por carta a mi regreso, y se recibió todo el
apoyo moral, solidaridad y deseos de colaboración de cuantos allí se
encontraban.

Ese mismo día 29 propuse al presidente Chaves, en llamada telefónica, la
creación de un órgano de coordinación oficial entre la Administración
central y la autonómica y quedamos en reunirnos en Sevilla el día 30 por
la tarde, como efectivamente hicimos, y acordamos crear la comisión mixta
de coordinación, presidida por el subdelegado del Gobierno en Sevilla y
el delegado de la Junta de Andalucía en la misma provincia. Dicha
comisión se reunió por primera vez el viernes 1 de mayo y adoptó ya los
primeros acuerdos tendentes a poner en marcha los trabajos para retirar
los lodos y definir el punto donde iban a ser depositados.

El sábado 2 de mayo, en una reunión en la que están presentes técnicos de
la Consejería de Trabajo e Industria, de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, de la Empresa para la Gestión de Residuos
Industriales, del Instituto Tecnológico Geominero de España, de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la empresa Boliden
Apirsa, se decide ubicar, con carácter provisional, los lodos que se
retiren del suelo contaminado en la corta Aznalcóllar, hoy día abandonada
y sin actividad, con una capacidad disponible bruta aproximada de 60
hectómetros cúbicos.

El mismo sábado día 2, las autoridades competentes de la Junta de
Andalucía y el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir firman las pertinentes autorizaciones para realizar el
depósito de lodos en la corta Aznalcóllar, con carácter provisional y
mientras se siguen estudiando medidas de protección y soluciones
alternativas.

La urgencia de esta solución, que cuenta con el aval técnico de todos los
organismos antes citados, deriva del riesgo existente de que, si no se
inicia inmediatamente la retirada de lodos, posibles episodios de lluvia
puedan extender la mancha contaminante más allá de los límites en que ha
quedado fijada en las 72 horas siguientes a la catástrofe, gracias a los
trabajos anteriormente descritos.

El mismo día 2, la comisión mixta de coordinación crea una comisión de
trabajo específica para la retirada de lodos del Guadiamar y en ella se
decide el comienzo, con carácter de urgencia, de los trabajos de retirada
de lodos, dividiendo la zona afectada en tres tramos: el primero, desde
la explotación minera hasta la carretera autonómica A-472,
Sevilla-Huelva, del que se ocupará directamente la empresa Boliden
Apirsa; el segundo, desde la carretera autonómica A-472, Sevilla-Huelva,
hasta el cruce con la carretera A-474, Aznalcázar-Pilas, del que se
encargará la empresa Tragsa; y el tercero, desde el cruce de esta
carretera autonómica en dirección sur hasta el último punto donde existen
lodos, tramo del que se encarga a las empresas autonómicas Egmasa y Dat.

En la misma reunión se fija un mínimo condicionado técnico para los
trabajos a desarrollar, hasta tanto no se disponga de mayor información
técnico-científica, y se acuerda dar un plazo de quince días a Boliden
Apirsa para que presente un avance del plan de recuperación de toda la
superficie afectada, estimada en un estudio realizado por Parques
Nacionales, mediante medición por satélite, en 4.344 hectáreas.

El domingo 3 comienzan los trabajos materiales de retirada de lodos, que
siguen en la actualidad, como saben SS. SS., y el lunes 4 se constituyen
cinco grupos de trabajo para hacer un seguimiento del desastre ecológico
y proponer soluciones en cada una de las áreas; grupos de seguimiento de
todas las actuaciones en la mina e investigación de las causas del
desastre; recogida de residuos y recuperación de suelos afectados;
seguimiento de calidad de las aguas para proponer el tratamiento adecuado
y recuperar el hábitat; valoración de los daños en la agricultura;
seguridad y vigilancia del caudal del río, así como de la flora y fauna,
además del cumplimiento de las disposiciones acordadas.

En este mismo órgano de coordinación en el que se crean estos cinco
grupos de trabajo a los que acabo de referirme, y desde el lunes 4, queda
también integrado el grupo de expertos y científicos del Consejo Superior
de Investigaciones



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Científicas, que ya han hecho públicos dos informes, en el primero de los
cuales, del día 28, hecho público el día 30, se reconoce lo siguiente:
Tras valorar la situación, los participantes consideran que las medidas
de urgencia adoptadas para contener la extensión del daño han sido
adecuadas para prevenir un impacto ambiental mayor. Ello ha permitido
que, dentro de la gravedad de los hechos, el problema haya quedado
restringido espacialmente y pueda ser abordado en mejores condiciones. En
un segundo informe, del día 5 de mayo, hecho público ayer, se dice: El
grupo de expertos se reitera en la idoneidad de las medidas inicialmente
tomadas por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería
de Medio Ambiente, que no sólo han evitado la extensión geográfica del
problema, sino que han hecho más abordable la eliminación de los residuos
esparcidos en el medio.

Señorías, señor presidente, he considerado necesario hacer este prolijo
relato de todas las actuaciones que hemos puesto en marcha las
administraciones públicas desde el mismo día de la catástrofe para que
SS. SS. tengan puntual información y elementos de juicio, a fin de poder
sacar conclusiones, tras esta comparecencia, sobre cómo se pusieron en
marcha de manera ininterrumpida hasta el día de hoy y cómo ha funcionado
la coordinación entre las dos administraciones.

Pero, antes de seguir adelante, quizá deberíamos fijarnos en los
antecedentes que han podido llevar a la catástrofe ambiental que hoy nos
ocupa. Me refiero a la explotación minera a cielo abierto llevaba a cabo
por la empresa sueca Boliden Apirsa en la localidad de Aznalcóllar. El
inicio de la actividad minera data del año 1976, con el nombre Proyecto
Minas de Aznalcóllar, cuyo primer titular de la concesión fue Andaluza de
Piritas, S. A., primer proyecto que quedó agotado a finales de 1993.

A partir de 1995 entró en explotación un nuevo proyecto denominado Los
Frailes, ya bajo la nueva propietaria de la concesión, que es la empresa
Boliden Apirsa, S. L. Para la realización del nuevo proyecto se
solicitaron ayudas públicas, que se otorgaron por acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de enero de 1993. La
inversión aprobada, tras diversas modificaciones realizadas el 24 de
marzo de 1994 y el 18 de mayo de 1995, ascendía a 31.388 millones de
pesetas, con una subvención pública del 20 por ciento, de las cuales un
11 por ciento correspondía a incentivos regionales, un 5 por ciento al
Ministerio de Industria y Energía y un 4 por ciento a la Junta de
Andalucía.

El nuevo proyecto de explotación, una vez transferidas las competencias
en materia minera a la Comunidad Autónoma de Andalucía, fue autorizado
con fecha 16 de agosto de 1995 por el delegado provincial de Sevilla de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía.

Previamente, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
había emitido, con fecha 18 de julio de 1995, la preceptiva declaración
de impacto ambiental.

En la explotación del nuevo yacimiento, la empresa preveía utilizar
algunas de las instalaciones existentes con anterioridad, entre las que
se encontraban las dos balsas de residuos mineros existentes, una para
piritas y otra para piroclastos. Las balsas, con una superficie
aproximada de 1.500.000 metros cuadrados, constituidas por un dique
exterior de materiales diversos compactados, forman parte de las
instalaciones mineras y están sujetas a la legislación de minas como
instrumento de la explotación principal, regulándose por la Ley de Minas
22/1973, de 21 de julio, su reglamento de aplicación y el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento general de
normas básicas de seguridad minera. Su autorización es, en consecuencia,
competencia de la Administración, que tiene atribuidas competencias en
materia de actividades mineras. En los años setenta lo era la
Administración del Estado, cuando se inicia la explotación de la mina y
la propia balsa de residuos, y la Administración autonómica andaluza en
el año 1996, cuando se autoriza el proyecto Los Frailes, al que antes me
he referido.

Las balsas de residuos minerales no se rigen, por tanto, por la Ley de
Aguas, sino por la Ley de Minas. Aunque por sus dimensiones constituye
una gran presa (quizá aquí ha habido algo de confusión; cuando se ha
hablado de presa no se hacía referencia a una presa hidráulica) al
almacenar residuos industriales --agua más sólidos--, al no captar aguas
públicas y al encontrarse fuera del dominio público hidráulico,
características que concurren en estas dos balsas, la competencia de su
autorización, de su control en cuanto a su calidad constructiva y de su
seguridad no corresponden a la Confederación Hidrográfica sino al órgano
competente en minas, porque se trata de un depósito de residuos
industriales de grandes dimensiones, tal como está definido en la
normativa que acabo de citar.

En este sentido, y en ejercicio de la citada competencia, por resolución
de fecha 29 de julio de 1996, el delegado provincial en Sevilla de la
Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía aprueba el
proyecto de terminación del recrecimiento del dique de la balsa de
residuos mineros, que sustituye al proyecto originario sobre las balsas
suscrito en noviembre de 1978. En dicho acuerdo expresamente se indica
que el recrecimiento deberá realizarse por personal idóneo autorizado
bajo la dirección de un técnico responsable, y que el control de la balsa
deberá estar operativo antes del 1 de enero de 1997, debiéndose facilitar
anualmente, dentro de un plan de labores, información sobre los datos
recogidos, su interpretación y conclusiones en relación con la
estabilidad y estanqueidad de la balsa de residuos, tema sobre el que
luego volveremos.

Esta clara competencia de la administración minera para la autorización
del proyecto de la balsa, su recrecimiento, su supervisión y control por
la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía (único concepto de
competencia, señorías, al que siempre me referí y nunca al de
responsabilidades, como luego se me ha atribuido), no quita que existan y
se hayan ejercido otras funciones por parte de otras administraciones
públicas sobre la misma, por títulos distintos, que a continuación paso a
especificar.

En este sentido, y desde el punto de vista de la administración
hidráulica, la explotación minera de Aznalcóllar cuenta con una concesión
administrativa para aprovechamiento de aguas públicas superficiales del
río Agrio con una finalidad minera --concesión administrativa del 13 de



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noviembre de 1976--, así como también consta una autorización para el
vertido de aguas residuales, que se contenía ya en la antigua
autorización de 1976 y que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de
Aguas en 1985, se adecua a lo dispuesto en ésta mediante autorización del
29 de diciembre de 1987, que prevé un vertido anual de 1.350.000 metros
cúbicos de agua.

El 11 de octubre de 1994 se otorga una autorización provisional de
vertido, y el 27 de julio de 1995, en aplicación del Real-Decreto
484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de
vertidos, se exige a Boliden Apirsa, por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, un plan de regularización de sus vertidos. En virtud de
esta actuación administrativa se inicia un proceso que lleva a la empresa
a realizar trabajos de ampliación y mejora de la estación depuradora de
aguas residuales, a fin de cumplir las condiciones de calidad exigidas
por la Confederación para el vertido, adecuándose a lo dispuesto por la
normativa comunitaria en materia de metales pesados.

Por último, en la autorización provisional de vertido, otorgada el 3 de
abril de 1998, se incorporan las recomendaciones hechas por el Instituto
Tecnológico Geominero de España en un informe de 19 de diciembre de 1996,
realizado a requerimiento de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, en el que se aconsejaban distintas actuaciones para evitar
cualquier infiltración al subsuelo y, en consecuencia, a las aguas
subterráneas, de productos procedentes de la balsa.

Como SS. SS. conocen por las informaciones que han aparecido en los
medios de comunicación, la situación de las balsas fue objeto de diversas
denuncias administrativas y penales, llegando una de ellas ante la propia
Unión Europea. De forma sintética, los hechos fueron los siguientes.

El 5 de diciembre de 1995 se recibe en el antiguo Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente un escrito de denuncia presentado
por Manuel Aguilar Campos sobre el estado en que se encuentra la balsa de
residuos propiedad de Boliden Apirsa, que igualmente se presentó ante la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo y ante la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir --dependiente, por tanto,
del antiguo Moptma-- acordó incoar el 22 de enero de 1996, como
consecuencia de la citada denuncia, el correspondiente expediente
sancionador por vertido ilegal, que dejó en suspenso el 5 de febrero al
recibirse cinco días antes un oficio del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, en virtud de la denuncia
presentada por la Confederación Ecologista Pacifista de Sevilla (CEPA)
sobre los mismos hechos, aportando un informe del denunciante en vía
administrativa.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acordó el 8 de
mayo de 1996 archivar las diligencias previas que había iniciado por
considerar que no era competente sobre las cuestiones planteadas.

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, con fecha 20 de junio de
1996, en el expediente incoado como consecuencia de la denuncia
presentada por Manuel Aguilar Campos, considerando que las actuaciones
que se habían llevado a cabo permitían dictaminar de forma positiva la
estabilidad de la balsa de residuos mineros que había sido cuestionada
por el citado denunciante, resuelve aceptar las propuestas realizadas por
Boliden Apirsa, consistentes en elaborar cuatro proyectos técnicos, de
recrecimiento de la balsa, de la planta depuradora, de recogida
perimetral de filtraciones en la balsa y en el canal de agua de la balsa
a la depuradora, así como llevar a cabo un control y seguimiento mediante
instrumentación adecuada, a realizar todo ello antes del próximo
recrecimiento de la balsa, que contemple, entre otros aspectos, de
acuerdo con las directrices del informe emitido por la consultora
Geocisa, refrendado por un dictamen del Instituto Tecnológico Geominero
de España, la detección de posibles movimientos del muro, la de cualquier
evolución anómala de filtraciones y la definición de medidas correctoras
que garanticen la estabilidad de la balsa.

El 28 de mayo de 1996 se recibe la notificación de la Comisión Europea,
por la que se inicia la tramitación de una queja relativa a la
contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar por la empresa Boliden
Apirsa, asunto que figuró en el orden del día de la denominada
reunión-paquete celebrada los días 21 y 22 de noviembre de 1996, en la
que se aportaron todos los documentos elaborados por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 13 de noviembre, recogiendo
informes técnicos sobre los objetos de su competencia, y documentos
aportados por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía, de 15 de noviembre, en relación con las cuestiones que
afectaban a dicha comunidad. A la vista de tales documentos, la Comisión
estimó que las informaciones remitidas eran suficientes, y envió toda la
documentación al denunciante para que presentara observaciones.

Transcurrido el plazo previsto y sin respuesta del denunciante, los
servicios de la Comisión propusieron el archivo de la queja.

Debe resaltarse que las denuncias producidas en 1995, a las que acabo de
referirme y que dieron lugar al expediente sancionador incoado por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fueron de importante
utilidad para el control de los vertidos, puesto que los análisis y
estudios hechos a raíz de las mismas permitieron incorporar nuevas
medidas de protección en la última autorización provisional que se
otorgó, como antes he indicado, el 3 de abril de 1998, a fin de
garantizar que los vertidos ordinarios cumplan con la legislación
comunitaria sobre calidad de las aguas.

En este sentido, a lo largo de 1997 y 1998, por la empresa Boliden Apirsa
se han ejecutado las medidas correctoras aconsejadas por el Instituto
Tecnológico Geominero de España, que antes he citado, y que hacían
referencia a la impermeabilización de la zona norte de la balsa, donde se
localiza la estación de bombeo que envía las aguas a la depuradora, la
extensión de la franja drenante en la zona sur y sureste, hasta superar
el meandro del río, y la extensión de la barrera de pozos, desde donde
termina la franja drenante hasta la estación de bombeo, así como la
interconexión de todos los pozos y la automatización de su
funcionamiento. Todas estas obras, aconsejadas por el ITGE y



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exigidas a Boliden por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
tenían como objeto evitar la contaminación de las aguas subterráneas y
superficiales y, reitero, que fueron fruto de la explotación ordinaria de
la balsa y no se refieren para nada a la estabilidad de la construcción,
tema este último de competencia de la administración minera y que ha
provocado la catástrofe que hoy nos ocupa. Es decir, todas las obras que
se habían aconsejado eran para evitar la contaminación de aguas
subterráneas y superficiales y no se referían a la estabilidad de la
construcción de la balsa cuyo accidente hoy nos ocupa. La administración
hidráulica, conforme a sus competencias, se ha preocupado de que el
vertido final al río de las aguas procedentes de la explotación minera se
adecue a la legislación comunitaria mediante su previa depuración y de
que se realicen las obras necesarias para evitar fugas al subsuelo desde
la propia balsa, lo que ha quedado comprobado que había sucedido.

Como pueden ver SS. SS., el proyecto constructivo de explotación de la
balsa se ha sujetado a la legislación minera y a la supervisión de la
Administración competente en materia de minas, que lo es la Junta de
Andalucía, desde que entró en vigor el Real Decreto 4169/1982, de 29 de
diciembre, de transferencia de competencias en materia de minería a esta
comunidad autónoma. El control de la calidad del vertido final de las
aguas al río Agrio y la exigencia de medidas complementarias para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas sí corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que pertenece a la
Administración general del Estado, concretamente al actual Ministerio de
Medio Ambiente, conforme a la Ley de Aguas, dentro de cuyas competencias
he de decir también que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
una vez producido el suceso, tuvo que denegar la petición que tanto la
Junta de Andalucía como la empresa Boliden Apirsa desde el lunes 27
solicitaron reiteradamente verter al río Agrio, sin previa depuración,
las aguas que todavía existían en la balsa siniestrada, por entender que
las mismas podían representar un peligro mientras no se concluyesen los
trabajos de reparación del muro derruido. La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir denegó en todo momento tal autorización y exigió,
mediante escrito a Boliden Apirsa, el día 28, que se construyese una
tubería para derivar esas aguas, que era necesario extraer de las balsas
que habían sufrido el accidente antes de la completa finalización de
cierre del muro que se había derruido, que se construyera una tubería,
insisto, para derivar esas aguas a través de la depuradora, prohibiendo
su vertido sin esa previa depuración.

Ante una nueva petición de la Administración autonómica, el día 29, la
Confederación vuelve a denegar la autorización para cualquier vertido
contaminante y exige a la empresa garantías de construcción inmediata de
la tubería a la depuradora. Ante esa actitud de la Confederación
Hidrográfica, la de denegar esa autorización, tanto la Administración
autonómica como la empresa solicitaron al juzgado de Sanlúcar
autorización para realizar el nuevo vertido contaminante, y la jueza,
mediante auto de 1 de mayo, denegó dicha autorización, dando así la razón
a la correcta actuación de la Confederación Hidrográfica desde el primer
momento.

Tras el relato anterior de los hechos procedería hacer algunas
conclusiones que quiero compartir con SS. SS. En primer lugar, quiero
afirmar que aún no se conocen, al día de hoy, con suficiente rigor
técnico, las causas de la rotura de la balsa, investigación que la Junta
de Andalucía ha encargado estudiar al Cedex, que ha empezado los trabajos
necesarios para llegar a las conclusiones que proceda.

En todo caso, las hipótesis razonables que por el momento formulan los
técnicos son o bien que se debe a algún movimiento imprevisto de la
cimentación o bien a un defecto de explotación vinculado al efecto de
posibles desbordamientos del contenido de la balsa por la parte superior
de la misma, que hayan provocado daños a la solidez de la escollera que
sujeta la parte impermeabilizada del muro por el exterior. Es decir el
muro está impermeabilizado por el interior pero tiene material de
escollera sin impermeabilizar por el exterior. La investigación de las
causas de esa rotura corresponden a la autoridad judicial y a la
Administración que autorizó el proyecto y tiene competencias esa
Administración sobre la supervisión de la seguridad y estabilidad de la
propia balsa, sin perjuicio de las lecciones que todos podemos sacar de
cara al futuro del diagnóstico técnico definitivo sobre tales causas.

Quizá para el esclarecimiento de dichas causas pueda ser de suma utilidad
el informe que Geocisa remitió a la Delegación provincial de industria,
sección de energía y minas, de la Junta de Andalucía, cuya copia fue
remitida a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por el director
facultativo de la empresa Boliden Apirsa el pasado 21 de abril de 1998,
es decir, sólo tres días antes de la rotura del dique de la balsa,
documento que se titula: Informe de situación correspondiente al año
1997. Instrumentación del dique de la balsa de residuos minas de
Aznalcóllar (Sevilla).

En cualquier caso, corresponde a la Junta de Andalucía, como he dicho,
valorar dicho informe como destinatario del mismo, así como al fiscal
encargado del caso y a la jueza de Sanlúcar la Mayor que instruye todas
las diligencias.

Por tratar de hacer un balance al día de hoy de la situación de la zona
afectada, podríamos decir que la situación actual es la siguiente: Existe
una superficie estimada de 4.344 hectáreas que se extiende desde
Aznalcóllar hasta el interior de Entremuros, cubierta con lodos cargados
en metales pesados. El área contaminada es claramente agrícola hasta
alcanzar dicho paraje, y es terreno de marisma concierto valor natural,
en algunos casos, y con notable valor ornítico.

Un tramo final de Entremuros, de aproximadamente seis kilómetros de
longitud por uno de anchura, en donde en forma de lagunazos dispersos y
en gran medida recogidos por los tres muros paralelos que se han
realizado, se concentran la mayor parte de las aguas ácidas que han
trasladado los lodos. Para comprobar todo esto tenemos estos mapas que
hemos obtenido vía satélite e, inclusive, existía una sección de dichos
mapas donde SS. SS. podrían apreciar el trazado de cada uno de los tramos
que voy advirtiendo.




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Al ser una sala tan grande hemos entendido que no era conveniente
proyectar estos mapas, que desde luego están a disposición de todas SS.

SS. para que puedan ver, efectivamente, cómo los lodos quedan estancados
en una extensión en torno a las 4.344 hectáreas, cómo afectan
fundamentalmente a terrenos agrícolas y cómo hay una longitud de unos
seis kilómetros con una anchura aproximadamente de un kilómetro donde lo
que llamamos lagunazos dispersos se ven ahí y se detecta esa mayor
concentración de aguas ácidas que han trasladado los lodos. Sin embargo,
simultáneamente se puede ir viendo --y repito que están en poder de SS.

SS. esos mapas-- hasta dónde ha llegado esa contaminación por lodos y
cómo siendo una contaminación muy grave no ha afectado, se ha quedado a
seis kilómetros de los límites del parque nacional de Doñana. Por tanto,
la zona se ha aislado de los caños colindantes, cerrándose las
comunicaciones con los otros sectores. Es previsible que en los próximos
días pueda producirse un aumento del volumen de agua acumulada en este
embalsamiento artificial.

Estamos pues, señorías, ante un episodio de contaminación sumamente
grave, tanto por las características químicas de los lodos y del
sobrenadante como por la superficie afectada, así como por la incidencia
social que este suceso va a tener, gravedad que se incrementa por
encontrarse en el entorno de un espacio de tanto valor ecológico como es
el parque nacional de Doñana.

Por tanto, nadie ha minimizado ni nadie puede minimizar, en absoluto, la
trascendencia de este accidente y sus consecuencias. Sí, en cambio,
tenemos todos la obligación de informar con rigor sobre la base de datos
precisos, avalados por los técnicos, expertos y científicos.

Desde el punto de vista social están afectados directamente ocho
municipios, con una población aproximada de 46.200 habitantes y más de
2.000 hectáreas agrícolas.

Desde el punto de vista medioambiental, existe una afección directa al
dominio público hidráulico muy seria y, además, existe una afección desde
el punto de vista biológico que presenta dos etapas claramente
diferenciadas. En una primera etapa los seres vivos afectados por el
vertido ácido y corrosivo mueren. Hasta la fecha se estima que se han
retirado más de 20.000 kilos de peces muertos. La segunda etapa podría
ser fruto de una movilización de los metales pesados presentes en los
lodos y su posterior difusión por el ecosistema, con acumulación
progresiva en los niveles superiores de las cadenas tróficas, por lo que,
comprenderán SS. SS., es imprescindible eliminar la posibilidad de que
esta segunda etapa llegue a ser una realidad, evitando la movilización de
los cadtiones metálicos.

De todos modos, y en medio de la magnitud de la catástrofe que nos ocupa,
se ha logrado, gracias a las inmediatas actuaciones que se realizaron,
evitar que el frente contaminante entrase en el parque nacional y llegase
al río Guadalquivir y de ahí al mar. Tenemos la constancia plena de que,
de momento, la contaminación está fijada y no existe ningún indicio, hoy
por hoy, de contaminación ni en el río Guadalquivir ni en el parque
nacional ni tan siquiera en el acuífero 27, que constituye el soporte
hídrico de éste. Como ya afirmé al comienzo de mi intervención, no
existe, al día de hoy, ningún dato hidrogeólico que permita suponer que
las aguas tóxicas puedan haberse infiltrado en el acuífero 27, reitero,
al día de hoy. En la actualidad, el agua residual está acumulada en
Entremuros, espacio de sustrato arcilloso impermeable y, por tanto, según
afirman los técnicos, es razonable pensar que no se producirá
infiltración alguna.

Por todo cuanto antecede, al día de hoy se puede afirmar que, frente a
este episodio contaminante, se ha logrado contener el frente de lodos y
fijarlos en el terreno a seis kilómetros del parque nacional de Doñana,
evitar su entrada en el parque nacional, coordinar a todas las
administraciones implicadas en las actuaciones de restauración ambiental,
comenzar la retirada de los lodos desde el pasado día 3 y contar con el
asesoramiento técnico de expertos de primer nivel, con la colaboración
extraordinaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
garantice la corrección científica de todos los trabajos a realizar.

Señorías, no pretendo con esta comparecencia cerrar un debate político y
social, que supongo durará mucho por la gravedad intrínseca del hecho que
lo motiva, sino, por el contrario, pretendo --y he pretendido-- dar
elementos de juicio para este debate y proponer un programa de futuro al
respecto.

Desde el punto de vista técnico, por encontrarnos ante un vertido de
extraordinaria gravedad, en estos momentos localizado y de momento
aislado, por tratarse de un lugar de excepcional valor ambiental,
requiere una actuación rápida y diligente, como la que ya se ha iniciado
de retirada de lodos. Pero, junto a las medidas de emergencia que ya se
han tomado, es obligado el establecimiento de un programa de evaluación y
análisis de los suelos afectados, una vez retirados lodos, aplicando las
mejores tecnologías disponibles en descontaminación de suelos, que están
siendo estudiadas por el grupo de expertos constituido al efecto, que,
como ya he dicho, en parte, enuncia el informe del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas hecho público ayer.

Además, la labor no debe finalizar aquí, sino que debemos, al tiempo,
poner en marcha un programa de regeneración ambiental en el río
Guadiamar, de los caños en que se dividía al llegar a la marisma,
recuperando la funcionalidad hidráulica que se caracterizó al parque
nacional de Doñana hasta épocas recientes. Con ello no solamente
conseguiremos la conservación de Doñana vinculada a la cuenca
hidrográfica del Guadiamar, sino que permitiremos la continuidad de la
actividad agraria vinculada a la calidad de ese agua.

Dejando a un lado las posibles responsabilidades penales, que siempre he
dicho deberá determinar el juez que ya instruye diligencias previas --en
este caso es una jueza--, lo que sí está claro es que la responsabilidad
civil recae directamente sobre la empresa causante del daño ambiental que
nos ocupa. Y, señorías, tengan la tranquilidad de que en este caso sí que
se ha de cumplir, y vamos a ver cumplir, el principio de que quien
contamina paga, por lo que me atrevo a afirmar que la responsabilidad
económica de hacer frente a todos los gastos que genere la reposición de
los daños causados, tanto al medio ambiente como a los particulares



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damnificados, corresponde a la empresa titular de la balsa minera. Ello
al margen de lo que puedan decir los juzgados de lo penal sobre la
existencia o no de delito ecológico. Por lo tanto, quiero aclarar a SS.

SS. que no existe, no va a existir, ningún vacío legal, como también ha
podido decirse. Permítanme, para justificar esta afirmación, hacer una
breve referencia a las medidas que, con anterioridad a este suceso, había
impulsado el Ministerio de Medio Ambiente para lograr un mayor control de
estas actividades generadoras de potenciales riesgos ambientales y que
desde luego van a ser de una enorme ayuda a la hora de aplicar una
legislación adecuada al problema que nos ocupa.

Quiero destacar a estos efectos la nueva Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, que, a diferencia de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos, la actual ley no excluye de su ámbito de
aplicación, como hacía la anterior, los residuos mineros, sino que, de
acuerdo con lo que se establece en su artículo 2.2, se aplica
supletoriamente a los citados residuos en aquellos aspectos no regulados
en su normativa específica, es decir, en la Ley de Minas, lo que
significa que se aplicarán directamente los preceptos de la nueva ley a
todos aquellos aspectos no contemplados en las normativas sobre minas,
como por ejemplo las exigencias establecidas en la actual de residuos en
materia de producción y gestión de residuos, especialmente cuando se
trata de residuos peligrosos.

Igualmente, la mencionada norma regula, por primera vez en nuestra
legislación básica, el régimen jurídico de los suelos contaminados, que,
una vez se declaren por las comunidades autónomas, de acuerdo con los
criterios y estándares que en función de los usos del suelo haya
determinado previamente el Gobierno, obligará al causante de la
contaminación a su limpieza y regeneración, respondiendo
subsidiariamente, y por este orden, los poseedores y los propietarios no
poseedores.

También los hechos ocurridos han puesto de relieve la necesidad de seguir
trabajando en una iniciativa que el Ministerio está impulsando, como es
la ley de responsabilidad civil por los daños ambientales, de acuerdo con
los criterios que, si bien de una manera lenta, se van imponiendo
paulatinamente en el ámbito de la Unión Europea.

No obstante, ante la magnitud de la catástrofe, y dado que el Estado es
también damnificado por la contaminación que se ha producido en un bien
de dominio público como es el cauce de un río, el Gobierno entiende que
es urgente reparar a corto plazo los daños causados. Por ello, el
Ministerio de Medio Ambiente está actuando ya dispuesto a obtener, de
forma inmediata, los fondos necesarios para financiar las actuaciones de
retirada de lodos, restauración ambiental y descontaminación del dominio
público hidráulico. En primer lugar, solicitando a la Comisión de la
Unión Europea fondos Feder (Fondo Europeo para Desarrollo Regional), para
acometer importantes actuaciones. En segundo lugar, tratando de utilizar
el fondo de cohesión. La propia comisaria me ha reiterado ayer mismo por
carta su disposición para apoyar la recuperación de la zona afectada y
puedo confirmar a SS. SS. que el próximo día 14 --la última conversación
telefónica la he mantenido esta mañana-- podré entrevistarme con la
comisaria Wulff-Mathies, encargada de políticas regionales y de los
fondos de cohesión.

Igualmente, estamos tramitando la posibilidad de obtener ayudas de otros
fondos europeos. Además de todo esto, el Ministerio de Medio Ambiente, ha
propuesto ya al Ministerio de Economía y Hacienda que autorice a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a endeudarse en el mercado
financiero, a fin de obtener, con carácter inmediato y sin imputación al
déficit público, los fondos necesarios para la finalidad concreta y
urgente que antes anuncié de retirada de lodos, restauración ambiental y
descontaminación del dominio público hidráulico. Teniendo bien en cuenta
que la Administración General del Estado sólo puede actuar, con este
carácter urgente y supliendo lo que serían obligaciones de la empresa, en
la zona dañada que forma parte del dominio público estatal, así como en
el ámbito del parque nacional de Doñana, correspondiendo en su caso a la
Junta de Andalucía adoptar iniciativas respecto del territorio afectado
por la contaminación que no pertenece al dominio público hidráulico, para
lo que, reitero una vez más, podrá contar --lo sabe la Junta de
Andalucía-- con todo el apoyo posible del Gobierno de la nación.

Nos preocupa mucho el medio ambiente, como es lógico, señorías, y en
particular el parque nacional de Doñana, pero nos preocupan igualmente
los daños producidos ya a todas las personas cuyo trabajo y sistema de
vida se ha visto alterado negativamente por la rotura de la balsa. Es
evidente que el responsable de la contaminación, reitero una vez más,
debe indemnizar todos los daños y perjuicios causados no sólo en el
dominio público, sino en las actividades que pudieran realizarse en
aquella zona y que se hayan visto afectadas por el hecho del vertido
ilegal.

Para ayudar a estas personas, y sin perjuicio de otras actuaciones de
futuro que se puedan adoptar, a corto plazo está previsto, en materia
laboral, poner en marcha una acción sobre el acuerdo para el empleo y la
protección social agraria (Aepsa), valorando las peonadas perdidas en las
zonas afectadas como consecuencia de la catástrofe y subvencionando la
mano de obra correspondiente en las labores manuales de limpieza de la
contaminación, utilizando a las mismas personas que quedan en paro y
siempre respecto a aquellas zonas en que técnicamente resulte aconsejable
una actuación manual y no la de las máquinas. Esta acción del Aepsa se
está negociando ya con los alcaldes de los municipios afectados para
estudiar los proyectos a que se puede aplicar y será financiada con un
crédito extraordinario, cuya cuantía dependerá de los proyectos
presentados.

Por otro lado, y en cuanto a explotaciones agrarias, la Consejería de
Agricultura de la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de peritar los
daños directos y otros perjuicios no aflorados. De forma provisional, se
estima que alrededor de 2.000 hectáreas han tenido daños de cierta
consideración, sobre un total de 3.600 hectáreas potencialmente sujetas a
evaluación. Una primera evaluación parecería cifrar las indemnizaciones
en torno a los 1.500 millones



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de pesetas. En principio, se debería proceder a la retirada de la cosecha
de frutales en los árboles, tal y como ya se ha acordado, y a la
eliminación de los cultivos anuales afectados por los lodos tóxicos, de
cuyos gastos se ha comprometido a hacerse cargo, públicamente, la empresa
titular de la mina. Afortunadamente, he de confirmarles que anoche, a
última hora, se firmó ya el acuerdo entre Boliden Apirsa y las
organizaciones profesionales agrarias para poner en marcha estas
actuaciones.

El Gobierno de la nación, presente en los órganos de coordinación y
seguimiento a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
tiene también la voluntad política de apoyar subsidiariamente con ayudas,
que en su caso se determinarán en la forma y cuantía precisas a los
afectados para que, en el plazo más breve posible, puedan reanudar con
plenitud su actividad agraria. Lógicamente, se está a la espera de
conocer el resultado de lo expresado anteriormente con referencia al
peritaje, evaluación final de los daños y actuaciones a desarrollar por
la Junta de Andalucía.

Señorías, a lo largo de esta intervención, he pretendido aportarles los
datos más relevantes de los que disponemos en este momento, ahorrándoles
consideraciones valorativas que podrían ser pertinentes en este caso. Me
he ceñido a los datos de una circunstancia provocada en una explotación
minera, la de Boliden Apirsa, cuyos efectos tenemos que paliar los
poderes públicos. Muchos de los datos se refieren a una realidad física
en evolución, que puede variar en el futuro, por lo que no se puede
prejuzgar desde ahora en su totalidad. No obstante, quede una cosa clara:
las responsabilidades de la catástrofe --como he dicho siempre-- las
establecerán los tribunales. La gestión de las consecuencias, en cambio,
debe hacerse conforme a las competencias establecidas en nuestro
ordenamiento jurídico. No puede hacerse de otro modo, porque las
funciones de unas y otras administraciones están perfectamente
delimitadas.

No se trata de defender mezquinamente las posiciones propias de cada
Administración, porque el objetivo único debe ser el servicio a los
intereses públicos y, en especial en este caso concreto, a la defensa del
medio ambiente. Pero es imposible sustraerse al hecho de que el Estado de
las autonomías, cuyo desarrollo y perfeccionamiento tantos esfuerzos
merece, señala a las distintas administraciones los límites de sus
competencias, y el conflicto acecha cada vez que esos límites se
traspasan.

Felizmente, he de decir que la coordinación con la Junta de Andalucía
está dando frutos muy positivos y muy rápidamente, consecuencia de los
esfuerzos de unos y otros en ese objetivo común. El camino que nos queda
es de enormes proporciones y la unión de nuestros esfuerzos tendrá que
rendir todavía muchos más frutos. Esa, sin duda, será la demanda que se
nos haga por parte de los ciudadanos y a la que no podemos defraudar ni
unos ni otros.

Me gustaría, pues, que de mis palabras se entendiera exactamente lo que
he pretendido decir, esto es, que el Ministerio de Medio Ambiente actuó
con responsabilidad y diligencia y que esa forma de proceder, junto a la
capacidad técnica y la determinación de quienes tomaron las primeras
decisiones, fueron decisivas para acotar y paliar el problema
sobrevenido. Ahora bien, a nadie se le oculta que ante una catástrofe
medioambiental de estas proporciones, las competencias del Ministerio de
Medio Ambiente son las que constitucionalmente tiene atribuidas y que, en
el ámbito de las mismas, la labor desarrollada por todo el equipo del
Ministerio ha sido no sólo diligente, sino encomiable. Gracias a todos
ellos y a su esfuerzo podemos seguir hablando hoy del parque nacional de
Doñana y gracias a todos ellos puedo afirmar que todavía merece la pena
seguir dedicando todas nuestras ilusiones, nuestros desvelos y esfuerzos
al parque nacional de Doñana.

Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Ahora van a tomar la palabra los grupos que han solicitado la
comparecencia de la señora ministra.

En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señora ministra, debo decirle que, después de
tantos años en los que desde Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda y
organizaciones ecologistas habíamos deseado tener en este país un
Ministerio de Medio Ambiente, lamento muchísimo que la conclusión,
después de oírla atentamente y de ver sus actuaciones, no puede ser una
situación más decepcionante y que provoque más indignación.

¿Cómo puede ser que una ministra de Medio Ambiente, en una situación como
ésta, se quite de en medio y actúe sin parecer que tenga conocimiento de
que toda catástrofe no se produce por casualidad, sino que hay unas
causas? Usted, ministra, está dando unas explicaciones de un carácter
prácticamente fatalista, porque, si todo estaba tan bien, ¿cómo es que ha
pasado lo que ha pasado? Si todo estaba tan bien, si su Ministerio se
comportó en todo momento como se debía comportar, ¿cómo ha ocurrido esta
catástrofe, que va a tener unas consecuencias impresionantes en nuestro
país?
Usted habla de que las administraciones han paliado los efectos. Pero,
¿usted qué ha hecho, señora ministra? Cuando entró en el Ministerio de
Medio Ambiente y conoció todas las denuncias que se habían producido
desde el año 1982, ¿usted no tenía un mapa de riesgos? ¿Es que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tenía un mapa de riesgos y
no sabía que ésa era una situación potencial de riesgo, porque ya se
había venido denunciando por la CEPA e incluso por ingenieros de la
propia empresa, que en el año 1995 hicieron un informe muy documentado en
el que advertían los riesgos? ¿Usted no había hablado con la ministra
Loyola de Palacio, quien dijo --además, lo dijo inmediatamente después de
que se produjera esta catástrofe-- que ellos ya lo habían advertido, y
además se había dicho que en el momento en que el Partido Popular llegase
al Gobierno esta empresa se cerraría? ¿Cómo puede ser, señora ministra,
que ahora diga que el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado de forma
encomiable y cómo puede ser que usted no asuma ningún tipo de
responsabilidad



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política al nivel que yo considero conveniente?
Es cierto que la principal responsable es la empresa y que sus
responsabilidades, civiles y penales, se van a derivar en los tribunales,
aunque también, en cierto modo, yo considero alarmante que el ministerio
fiscal haya hablado --al menos así lo hemos leído-- de la posible
existencia de un vacío legal, cuando realmente el Código Penal vigente
castiga el delito ecológico y establece responsabilidades sobre las
autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, hayan contribuido a
la actividad contaminante.

Es cierto que la Junta de Andalucía tiene responsabilidades claras,
porque tiene la competencia de industria y medio ambiente, pero usted,
señora ministra, tiene responsabilidades políticas claras, porque la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está adscrita al Ministerio
de Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en
relación con el informe que le solicitaba la Comisión Europea, contestó,
sencillamente, que las aguas del río Guadiamar no entran en el parque
nacional de Doñana. La verdad es que eso influyó en la Comisión Europea,
que --por cierto-- en 1997 subvencionó a la empresa Boliden, a través de
la Junta de Andalucía, con 5.000 millones de pesetas. Una empresa con un
gran potencial de contaminación que, gracias a los informes que vienen
por parte de las administraciones españolas, tiene una subvención de
5.000 millones de pesetas. Espero que no solamente esta cantidad, sino
también otra, vaya a paliar los efectos de la catástrofe. Ahora, la
empresa dice que se ha hecho cargo de la retirada de lodos y de la
compensación a los agricultores, pero es que estamos hablando de unos
daños cuyos efectos no se van a producir sólo en esta cosecha, señora
ministra. Los daños que se han producido van a tener efectos sobre las
explotaciones agrarias durante quizá más de una decena de años, y ya
sabemos lo que pasa. Cuando hay catástrofes, de entrada, parece que todo
se va a solucionar, pero al cabo de los años, las cosas se olvidan. Vamos
a ver si esta vez se pueden acotar las responsabilidades, las
indemnizaciones y las reparaciones de los daños. (El señor
vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
De todas maneras, señora ministra, quiero hacerle unas preguntas muy
concretas. ¿Qué hizo usted cuando llegó al Ministerio y vio el expediente
de esta empresa sobre la potencialidad del riesgo, examinó todas las
denuncias que se habían producido y leyó --supongo-- o tuvo ocasión de
comentar con su colega la ministra de Agricultura la grave situación que
esta empresa podía provocar en relación con los acuíferos, el río
Guadiamar y el parque nacional de Doñana? ¿Usted qué hizo en el momento
en que tuvo ese expediente en la mano? Después, ¿quién es el responsable
de la respuesta del Gobierno a la Comisión Europea en relación con la
denuncia de la CEPA de que las aguas del río Guadiamar no entran en el
parque nacional de Doñana? ¿Quién es el responsable de esa respuesta?
En relación con la previsión de las catástrofes, si usted conocía la
existencia de esta balsa y las denuncias que se habían formulado, ¿nadie
pensó en un plan de emergencia para este tipo de situaciones? ¿Hemos
tenido que estar seis días sin saber exactamente qué es lo que teníamos
que hacer?
En cuanto a la limpieza, hoy mismo se está informando en la prensa de que
se está detectando presencia importante de arsénico en estos lodos que
contienen metales pesados. Se dice también --por eso le pido que si usted
tiene más información no la proporcione, por favor-- que otras empresas
estaban vertiendo igualmente residuos en estas balsas. ¿Qué conocimiento
tiene usted del asunto?
¿Cómo puede ser que, vigente la Ley de Seguridad laboral, se envíe a unos
trabajadores a la retirada de lodos sin los mecanismos de protección
personal, como son las mascarillas, como son los guantes? Estas personas
llevan cinco o seis días en contacto con materiales tóxicos y es ahora,
ayer, cuando se ha dicho que la empresa va a proveer de estos mecanismos
de protección.

Dice usted que no se ha visto afectado el parque, señora ministra. Las
organizaciones ecologistas y personas técnicas en la materia no lo dicen
así, pero, de cualquier manera, yo no hablaría con tanto triunfalismo.

Usted sabe que el ecosistema ha sido gravemente afectado y el ecosistema
no afecta solamente al corazón de Doñana, sino también a su entorno; ya
se ha dicho que los animales no saben dónde empieza y dónde termina el
parque y, por tanto, aquí ha habido un daño irreversible.

Sobre todas estas responsabilidades nosotros tenemos la pretensión --ya
lo hemos solicitado-- de que se constituya una comisión de investigación
en el Congreso de los Diputados. Esperamos, señora ministra, que utilice
la influencia que le pueda quedar dentro del partido para convencer al
Grupo Popular de que vote a favor de la creación de esta comisión de
investigación. Creemos que el tema es lo suficientemente grave para que
se investigue aquí, en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, quisiera preguntarle qué medidas preventivas va a
impulsar a partir de ahora para detectar los mapas del riesgo que pueda
haber en todas las zonas, sobre todo las cercanas a las cuencas, para que
ese mapa de riesgo pueda ser estudiado y puedan tomarse las medidas que
se consideren oportunas.

Acabaré diciendo, señora ministra, que, como señala el profesor de la
Universidad de Granada, José Luis Serrano, la bala sigue en el aire y no
se pueden mover las dianas. Esta situación es la que tenemos en estos
momentos.

Yo le pediría que, por dignidad, asumiese responsabilidades políticas y
le pediría también que, a partir de ahora, el medio ambiente se tome con
el rigor que se debe tomar. Un Ministerio de Medio Ambiente no es
solamente para lucir, sino para empezar a hacer toda una serie de
actuaciones que son indispensables para el medio ambiente de nuestro
país.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Puesto que también ha pedido
intervenir el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señora ministra, por honestidad democrática y
por estética, a nuestro juicio, no le queda otro camino que la dimisión
ya que el señor Aznar



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no la ha cesado; un señor Aznar cada vez más insumiso frente a la
regeneración ética y política que enarboló durante el período de la
oposición. Pensamos también que le toca dimitir como presidenta del
Patronato de Doñana por razones obvias: por responsabilidad política o,
mejor dicho, por irresponsabilidad política.

Usted que ha tardado casi dos semanas en comparecer ante esta Comisión,
nos dice, en el preámbulo político que ha utilizado --el resto es una
declaración empírica de circunstancias, muchas de las cuales yo puedo y
voy a intentar criticar--, que sólo está contaminado el río Guadiamar y
su entorno; que deben, a partir de esta comparecencia, desaparecer las
dudas de los ciudadanos y que, por tanto, usted va a utilizar datos y
hechos y nunca especulaciones; que se ha evitado que el desastre llegue
al corazón de Doñana --ahora hablaremos de este término que utiliza usted
de manera constante; incluso ha llegado a decir, prácticamente, que nos
perdona en esta ocasión el triunfalismo porque tendríamos que estar todos
muy alegres y no caer en la ira fraterna, ya que hemos logrado salvar el
parque, fundamentalmente usted, por lo visto. Tendríamos que estar hoy
dando saltos de alegría por las circunstancias que atravesamos
actualmente. Ha llegado a decir más, ha hecho una especie de chantaje
político, señora ministra, cuando ha dicho que cuestionar al Ministerio
se haría a costa de los intereses de la zona.

Le quiero decir, en primer lugar, señora ministra, que no se puede
empezar un debate en estas condiciones, yo no lo voy a admitir; un debate
con una presión política evidente al principio de su intervención. Al
final de este preámbulo político, ha dicho usted también algo que
denuncia toda la situación que se está dando, un detalle casi pintoresco,
al paso, sobre la aparición, esta vez sí solvente, de la sociedad civil.

Ha dicho: un vecino avisó a la Guardia Civil. Nadie vigilaba, nadie
controlaba, un vecino aparece, ve el desastre y la riada y es quien avisa
a la Guardia Civil. Este es el símbolo de lo que ha pasado, señora
Tocino.

¿Desde qué autoridad nos habla usted hoy aquí, desde qué credibilidad?
¿Desde qué responsabilidad demostrada dice usted que sólo utiliza hechos,
causas y consecuencias plenamente probadas, responsables y rigurosas?
¿Quién nos puede decir que no está añadiendo usted a la negligencia la
mentira? ¿Quién nos puede demostrar eso en este momento? Porque una de
las primeras consecuencias que ha tenido este hecho, señora ministra, es
que la gente empieza a desconfiar gravemente y está gravemente
atemorizada por la falta de responsabilidad de las administraciones ante
hechos de enorme importancia, como es el asunto del parque natural y del
parque nacional de Doñana.

No entendemos que usted intente utilizar una técnica mediática --la
política se está empezando a convertir en un safari fotográfico-- desde
la seguridad que les da este pacto de silencio que de alguna manera han
acordado con el señor Chaves; un especie de conspiración de silencio y de
chantaje empieza a sobrevolar toda la zona. Desde ese punto de vista, no
vamos a aceptar ningún tipo de engaño, ningún tipo de conspiración de
silencio, ningún tipo de recorte de la democracia, ningún tipo de recorte
de la libertad de expresión; no vamos a aceptar nada de esto, señora
ministra. Usted viene aquí a decir que no ha habido negligencia, que no
habrá consecuencias graves y que, en todo caso, quien contamina paga y
que pagando la empresa, por lo visto, ya se arregla todo o casi todo de
cara al próximo futuro en esta zona.

Ha citado una parte mínima del último informe que ha dado el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, sólo esa parte mínima que le
interesa a usted, pero no ha citado que, en ese mismo informe, se dice
textualmente que la retirada de los lodos no será completa ni total, sino
que toda el área quedará contaminada en grado muy variable, lo que quiere
decir que la retirada de los lodos no evitará la contaminación. Se dice
en ese informe de autoridad que usted ha citado. Se dice también algo más
que usted ha ocultado; según estos técnicos --comillas otra vez--, no va
a ser posible retirar todo el material contaminante antes de que lleguen
las lluvias de otoño. Esto también se dice en ese informe, señora
ministra, y esto es gravísimo. O sea, que la contaminación no depende
sólo de la retirada de los lodos, aunque depende también de manera
determinante, y que éstos, tal como van las cosas, no se van a poder
retirar antes de que empiece el período de lluvias.

La primera consecuencia política, señora ministra, porque estamos
hablando aquí en términos políticos, es que la Administración es
irresponsable, es que existe una gravísima quiebra de la confianza en las
administraciones, es que la gente empieza a decir, empieza a pensar, si
usted ha paseado por allí --aunque como siempre va rodeada de cámaras,
quizá no tenga ocasión de hablar con los lugareños--, que estamos en
manos de frívolos, de irresponsables, incluso de inútiles; le estoy
trasladando, de manera muy moderada, los términos con que la gente de
dentro de Doñana y del entorno del parque natural de Doñana califica los
hechos.

Yo he estado allí, señora ministra, nosotros estamos yendo prácticamente
todos los días, y le quiero decir que era imposible que no ocurriera lo
que ha ocurrido. Era materialmente imposible, y no sólo porque ya se
había anunciado. Hay una crónica que relataba lo que iba a pasar; incluso
un técnico, a finales de 1995 y principios de 1996 --ahí están las
grabaciones de Canal Sur televisión--, dice que la catástrofe es
inminente, porque no se utiliza el material adecuado y porque la
compactación no es adecuada. Lo dice directísimamente. Añade: Esto
arrasará el parque de Doñana. Ahí está la grabación, señora ministra. Hay
dos preguntas de Izquierda Unida, declaraciones constantes en la prensa y
denuncias de los medios de comunicación, muchas denuncias de la
Confederación Andaluza Ecologista y Pacifista. Y la señora Loyola de
Palacio.

Pero no se sabía sólo por esto, sino porque yendo allí se ve claro que es
imposible que no ocurra lo que ha ocurrido ahora y posteriormente, si la
empresa sigue funcionando igual. Uno va allí ¿y qué ve? Ve que echan
vertidos en una balsa, agua y lodo, el lodo pesa cuatro veces más que el
agua, la presión sobre los muros, por tanto, es tremenda. Echan agua y
conforme suben el agua y los lodos sube la presa, recrecen la presa con
material no adecuado y con mala compactación, porque la empresa dice que
no es rentable y gasta muy poco. Más lodo, más agua, se recrece



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otra vez el muro; más lodo, más agua, se vuelve a recrecer el muro.

¿Hasta dónde llega el muro, hasta el cielo, señora ministra? Ya supera
los árboles de allí, los pinos y el resto de los árboles, que son muy
altos. Es un muro tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar ese muro, señora
ministra? La empresa ya no tenía sitio donde echar el agua y el lodo y la
presión, como se ha demostrado, era imposible de contener. Si no hubiera
ocurrido el día 25, hubiera pasado el día 28, el día 3 de junio, el día 8
de julio o el día 25 de agosto. Era imposible que no ocurriera. Se había
calculado mal. Se me puede decir que falló el técnico, que lo anunció en
enero de 1996. Pero, señora ministra, era imposible que no ocurriera.

Ahora está ocurriendo otra cosa más, señora ministra, que deriva de esta
afirmación, en absoluto inocente desde el punto de vista político, de que
atacarla a usted y atacar al Ministerio, según la argumentación --si es
que la argumentación ataca a alguien--, va en contra de los intereses de
la zona. Señora ministra, desde hace cerca de 20 años, este grupo, muchos
ecologistas, mucha gente de la zona, intelectuales, profesionales,
técnicos, científicos, estamos intentando reconciliar al parque nacional,
después también al parque natural, con el entorno social, una
reconciliación del hombre, de la mujer, de los trabajadores, del entorno
económico y productivo, con los intereses medioambientales. Se ha hablado
mucho aquí, señora ministra, de la fauna; se le ha olvidado la flora. Hay
flora y fauna, y la flora la están destrozando a diario, centenares de
metros cuadrados. Habíamos logrado una cierta reconciliación. Por cierto,
el plan sostenible del entorno tampoco tiene ningún ritmo, ninguna
virtualidad. Esa reconciliación no sólo ha empezando a romperse, sino que
ustedes están alimentando que se rompa y están intentando enfrentar el
entorno social con el parque; están intentando enfrentarlo, nos están
diciendo que nos callemos y están intentando crear una complicidad que se
traduce diariamente en un enfrentamiento cada vez más radical de la gente
del entorno productivo, de los trabajadores, de los que tienen vacas, de
los que tienen melocotones, de los que tienen algo que cultivar, con el
parque de Doñana, casi siempre bajo el mismo titular: Parece que los
patos son más importantes que las personas y se está dañando a las
personas. Consecuentemente se viene a decir, y a veces se dice
directamente, que el parque es un lujo. Y este acoso especulativo que ya
tiene el parque, este acoso de sobreexplotación del acuífero 27 por
Matalascañas y por otros sitios, este acoso de mucha gente,
fundamentalmente desde el entorno desarrollista, ahora se ve alimentado
porque ustedes, a la defensiva, totalmente a la defensiva, sin tener en
cuenta ningún tipo de dinámica política que se pueda adoptar, están
alimentando esa dinámica que enfrenta de manera catastrófica --también
hablando ahora a nivel social-- a la gente del entorno con el parque
nacional y el parque natural de Doñana. Eso está pasando, señora
ministra. Usted lo sabe y cuando nos dice que no nos metamos con usted,
porque eso es ir contra los intereses de la zona, nos está avisando de
que esa dinámica se va a seguir alimentando cada vez más.

Señora ministra, analizando la zona y viendo las denuncias que ha habido,
viendo incluso las consecuencias económicas sobre la empresa, pensamos,
primero, que hay una complicidad, por apatía, por irresponsabilidad, o ya
veremos el informe de Geocisa y los responsables de ese informe, ya lo
veremos; ojalá lo podamos ver aquí a nivel político y se vea también a
nivel civil y penal, pero ojalá también lo podamos ver en una comisión de
investigación. A nuestro juicio, señora ministra, ha habido esa
complicidad y una suerte de premeditación en la empresa, permitida, claro
está, por este silencio y por esta complicidad. Parece que la producción
de la empresa, sin límites, sin garantías, sin salvaguardas de ningún
tipo ha primado como ideología, para que el silencio permitiera lo que ha
pasado, señora ministra. Porque, vamos a ver, si lo sabía la señora De
Palacio, si lo sabía, usted, si la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía
ha informado reiteradamente, si incluso entró en una reunión del
Patronato de Doñana, concretamente en el grupo de trabajo de recursos
hídricos, de 21 de noviembre de 1997 --y me parece que está sobre la
mesa, no se ha vuelto a analizar o no conocemos lo que se ha dicho;
cuando conozcamos lo que se ha dicho posiblemente no se dará gravedad al
asunto, pero aquí se pasa, se dice: esto no es urgente--, si lo sabía
todo el mundo, ¿por qué no se ha ido a un estudio serio, diciendo a la
empresa que tiene que gastar más dinero en buscar nuevos sitios para
verter o en recrecer de manera adecuada, con material de compactación
adecuada, los muros de la balsa? ¿Por qué no se ha ido a esto, señora
ministra? Era una balsa que no tenía ningún tipo de aliviadero; recuerden
ustedes los pantanos, que tiene que tener siempre un aliviadero, porque
la presión sobre el muro principal de contención es muy fuerte. A menos,
señora ministra, que las fisuras hayan sido conscientemente utilizadas y
permitidas por los responsables políticos y por las empresas de control,
como aliviadero; a menos que hayan sido permitidas como aliviadero
natural --con comillas, lo de natural--. Esa permisividad con respecto a
este aliviadero, porque no tenía otro tipo de aliviadero, es el que al
final ha convertido la base del muro en una especie de bizcocho borracho
que ya no se podía mantener, soldado por abajo, y ha permitido que esta
situación llegue hasta dónde ha llegado, señora ministra.

Nosotros estamos llegando también a la conclusión, señora ministra, de
que este accidente --que de una manera o de otra ya ocurrió en la India,
con la empresa Boliden Apirsa; ya ocurrió de otra manera también en otros
sitios, como en Estocolmo y en Chile-- estaba ya previsto en la cuenta de
resultados de la empresa, estaba planificado, tenían esa previsión.

Porque naturalmente tienen un seguro, cuyas condiciones ahora veremos y
qué es lo que abarcan. Tienen una gran subvención, o la han tenido, como
usted ha dicho anteriormente. Y ahora resulta que si cierra la empresa o
se da un plazo de seis, ocho o nueve meses, esa empresa, en función de
que los subsidios de los trabajadores los va a pagar el Estado, se va a
ahorrar entre ochocientos y mil millones de pesetas. Aquí no es que quien
contamina paga, señora ministra, porque entonces se puede contaminar,
después pagar y no tener en cuenta otra serie de cuestiones, de
planificaciones, de cosas que están ahí y que no van a ser sumergidas en
una conspiración de silencio, señora



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ministra; esto va a durar muchos años. Se habla de que las consecuencias
se van a ver a lo largo de cincuenta años; incluso el presidente de la
Academia de las Ciencias ha dicho que las consecuencias se verán de aquí
a la eternidad. Por tanto, éste es un debate que no va a terminar aquí,
ésta no va a ser la vacuna para cicatrizar falsamente un debate. Pedimos
la comisión de investigación y pedimos que se siga hablando de esta
situación, porque las consecuencias son absolutamente graves.

Además, la empresa, señora ministra --ahondando en esta idea de que
estaba previsto en la cuenta de resultados--, ya tiene la balsa vacía
para seguir echando desperdicios de la tostación de la pirita, ya tiene
de nuevo la balsa vacía; incluso quedaban dos hectómetros cúbicos y medio
dentro y los está evacuando, los está bombeando fuera, de manera
absolutamente inaceptable. Dos hectómetros cúbicos y medio que quedaban
se están incluso bombeando fuera para dejar más espacio para que la
empresa pueda seguir funcionando dentro de seis, ocho o nueve meses, con
la tranquilidad ya de que tiene sitio, un sitio que no tenía en este
momento, porque no podían seguir recreciendo, tal como lo estaban
haciendo, los muros, con el material y la compactación que estaban
empleando. Si no, a las pruebas me remito. Ha pasado. Que no se me diga
que yo no digo la verdad, porque ni esa compactación ni ese material eran
adecuados. Esto sí que es un dato, señora ministra, y se sabía. Se ha
permitido a la empresa que gaste menos dinero, porque los minerales han
bajado, en el comercio, en el mercado internacional, y, al bajar los
gastos de mantenimiento y de prevención, ha ocurrido lo que ha ocurrido.

Y eso se ha hecho con la complicidad de las administraciones, tanto de la
autonómica como de la del Gobierno de la nación.

Y usted dice que no hay consecuencias graves. Esta es la consigna que
ustedes han adoptado, usted y el señor Chaves, de cara al futuro y de
cara a intentar enfrentarnos con la población del entorno de la zona. Que
se ha salvado el corazón del parque y que ahora hay que callarse porque
puede haber consecuencias económicas. ¿Hay que callarse tanto que se
empiecen a vender los melocotones que se recogen a cinco metros de los
barros infectados? ¿Hay que callarse hasta ese nivel, señora ministra,
como en el tema de las vacas locas? ¿Hay que callarse aunque haya
consecuencias sobre la población? Yo creo que no hay que callarse. Desde
luego, desde la izquierda no podemos callarnos, señora ministra.

La frase que a usted la define en este momento, con respecto a las
consecuencias ecológicas, es la cardiológica de que el corazón no está
afectado. Yo pienso que usted tiene un concepto extraño del corazón. El
corazón recibe de todo el cuerpo y expele. El corazón no está
empaquetado, no está aislado, más que en los mapas, en las descripciones
administrativas; ni siquiera en las geográficas, porque usted verá allí
que no se puede estar aislado. De ninguna de las maneras. No es un
concepto medioambiental en absoluto; no tiene en cuenta el concepto de
cadena atrófica. ¿La cadena alimentaria del parque nacional de Doñana es
distinta a la cadena atrófica del parque natural? ¿Son distintas? ¡Por
favor!
Señora ministra, ¿un ánade, por ejemplo, que vuela y come donde está el
barro contaminante, un ánade que vuela no es el corazón del parque? ¿Un
ave que come un cangrejo infectado no es el corazón del parque? ¿Reunimos
a las aves y las decimos que no vuelen? ¿Ponemos controladores áreos para
que no salgan del parque nacional de Doñana? Señora ministra, ¿la
recogida de 25 toneladas de peces muertos son o no el corazón del parque
de Doñana? Veinticinco toneladas; en otros periódicos se dice 20
toneladas; varios miles de toneladas de peces muertos. ¿Eso es o no el
corazón del parque? Señora ministra, ¿el Brazo de la Torre es el corazón
del parque o no? Una parte del Brazo de la Torre es el límite visual. No
hay una pared de cemento, señora ministra. El Brazo de la Torre no es
eso. Es el límite visual y el límite real de agua y de tierra entre el
parque natural y el parque nacional. El canal del Cherry ya ha sido
analizado, entra en el corazón topográfico y toponímico que usted define,
y ya está infectado. Ya está infectado en análisis documentados, tanto de
Greenpeace como de otras organizaciones ecologistas, a las que ustedes
están desprestigiando y que hacen muchísima falta como conciencia activa
de lo que está pasando, para que nadie nos logre sumergir en una costra
de silencio, en una conspiración de silencio, ni ahora, ni dentro de
cinco años, ni dentro de diez. No sólo el prestigio de España, también el
prestigio de los andaluces está en juego de cara al mantenimiento del
futuro del parque y del parque natural.

Señora ministra, ¿el Guadiamar no conecta de alguna manera con el corazón
de Doñana? Usted ha tenido buen cuidado en decir que por ahora el
acuífero 27 no está contaminado. Y lo ha repetido, por ahora, por ahora.

¿Qué quiere decir esa locución? Que usted no tiene autoridad, ni yo, ni
nadie, incluso menos que yo en este momento, para decir que no va a estar
contaminado. ¿Cómo es la recarga del acuífero 27? Usted también lo sabe,
se lo habrán dicho. Depende mucho de zonas que han sido directísimamente
contaminadas y que hoy tienen 40 centímetros de barro tóxico, señora
ministra. Y me dirá usted: no dejando pasar el agua. Entonces, ¿cómo se
recarga el acuífero 27 de cara al futuro? O matamos por infección o
matamos por desecación, señora ministra. ¿Cómo se va a solucionar esto?
Cuando además los científicos dicen que nunca va a desaparecer la
contaminación --le cito de nuevo el informe del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas-- o, en todo caso, que no se van a retirar
los lodos, ojo, antes de que llueva. Y si llueve, señora ministra, ¿va
usted a hacer un muro de cemento alrededor del corazón? ¿Qué hacemos con
el hígado, con los riñones, con las piernas, con los brazos? Me refiero
al parque natural. Son los riñones, el hígado, los brazos, que se
conectan con el corazón. ¿El corazón puede vivir sin los brazos, sin el
hígado, sin los riñones, sin los pulmones, que es el aire? Yo creo que
no, señora ministra. Por lo tanto, ésa es una aseveración mediática que
ha tenido cierto éxito, pero que en absoluto reproduce la verdad con
respecto a condicionamientos de tipo medioambiental o de tipo científico
en general.

Señora ministra, en Entremuros hay una lengua de agua de 12 kilómetros de
largo, que aproximadamente contiene dos y medio hectómetros cúbicos de
agua, una barbaridad



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de agua, la mitad de lo que se ha escapado prácticamente, que usted dice
que no se va a filtrar nada. Hasta de las piscinas de lujo se filtra
agua, señora ministra, usted lo sabe perfectamente. ¿En Entremuros no se
va a filtrar nada? ¿Usted conoce aquella zona? ¿Cómo se va a depurar ese
agua? ¿Cómo se van a hacer balsas estancadas mínimas para poder
depurarlas y poder sacar el agua poco a poco al Guadalquivir? ¿Usted cree
que este tema se soluciona desnucando gambas en Sanlúcar de Barrameda,
como hizo la señora Loyola de Palacio el otro día? Este es un tema de
enorme seriedad que no se soluciona con un titular mediático o con una
fotografía, señora ministra. Por eso le digo que no tenemos ningún tipo
de seguridad, que me parece que no exagero en absoluto si le digo que
usted no tiene ninguna autoridad para hablar aquí con total rotundidad y
que hay una enorme desconfianza social y, por nuestra parte, política. Y
esto hay que solucionarlo. No podemos estar en manos de gente
irresponsable, porque entonces estaremos minando los principios mismos de
la democracia.

Señora ministra, usted ha dado datos y yo voy a dar otros de lo que puede
pasar.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Señor Alcaraz, le recuerdo
que lleva 25 minutos.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy a ir terminando, señor presidente.

En cuanto a la contaminación hídrica, cómo va usted a evitar, por
ejemplo, la contaminación de lo que queda del Guadiamar, del Brazo de la
Torre, del curso bajo del Guadalquivir? ¿Usted ha calculado retener el
efecto de las mareas con respecto a partes importantes que hasta ahora no
están contaminadas? ¿Cómo se puede contener el efecto de las mareas con
respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, en Coria del Río o a la
altura de la bahía de Cádiz? ¿Cómo se ordenan las mareas? ¿Cuál es la
estrategia para dominar, para domesticar las mareas, señora ministra? Y
la contaminación subterránea, es decir, la lenta circulación, lentísima,
clandestina, a veces inaudible circulación del agua en los acuíferos
detríticos puede dar lugar a que la contaminación aparezca tras varios
años en sitios muy alejados de la zona. Eso lo sabe todo el mundo. Que es
posible que se haya adelantado a la gente y que esté afectando a la venta
de productos de zonas alejadas, pero porque la gente sabe que la
filtración de los recursos subterráneos es absolutamente incontenible y
no se puede prever de ninguna manera. Usted se ha cuidado muy bien de
decir por ahora, por ahora, el acuífero 27 no está contaminado. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Y la contaminación por una infiltración de los estratos orgánicos del
suelo de la zona directamente afectada, ¿cómo se va a solucionar, señora
ministra? Yo estoy de acuerdo con el informe del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas que dice que de ninguna manera. Eso es lo que
dice, señora ministra. Que, aunque quiten los lodos, de ninguna manera.

Señora ministra, ¿usted está persiguiendo cómo se están quitando los
lodos? ¿Usted no sabe que una parte de los lodos se está envolviendo, se
está revolviendo, se está mezclando con la tierra y con la arena de la
zona. Porque tienen que correr. No se puede llegar antes de octubre al
final de la alfombra de lodo, lo dice también el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y van a llegar de manera chapucera,
envolviendo los lodos. Señora ministra, ¿cómo se puede superar eso? Yo
pienso que hay que crear una serie de organismos y en absoluto oficiales.

Ustedes creen oficialmente lo que consideren oportuno, pero a la sociedad
civil, a esa que empezó denunciando la catástrofe, a ese ciudadano que
pasaba y dijo ¡ojo! que aquí está pasando algo habrá que darle causas de
organización para que controle a la Administración, una Administración
irresponsable, una Administración que en muchos casos ha sido
absolutamente inútil. Hacer un relato empírico de los hechos no justifica
lo que ha pasado y las consecuencias. Y nadie puede intentar que
ocultemos las consecuencias, nadie nos puede decir que por razones de
Estado --ni el señor Chaves, ni la señora Tocino-- hay que ocultar las
consecuencias gravísimas de esta catástrofe, de la que ya se dice que es
una de las más importantes, si no la más importante, de las que ha
ocurrido en Europa.

Señora ministra, la flora -- se ha hablado de fauna y se ha hablado de
agua-- está siendo directísimamente afectada y hay ejemplares directa o
indirectamente afectados, que van a tener problemas muy serios a medio,
largo y eterno plazo, algunos a eterno plazo. Porque, fundamentalmente,
Doñana es un apeadero de aves, junto a la reserva...




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, un minuto. Tiene la palabra esta
Presidencia para comunicarles e invitarles, señorías, a una manifestación
que va a tener lugar a las doce de la mañana en las puertas del Congreso,
para lo cual vamos a interrumpir la sesión.

Aprovecho mi incorporación a la Presidencia y esta interrupción, que
ruego disculpe, señor Alcaraz, para recordarle que vaya resumiendo su
intervención.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy resumiendo, señor presidente.

Nuestras posiciones de cara al futuro son las siguientes, señora
ministra, teniendo en cuenta que nosotros no aceptamos ese diagnóstico
reductor que usted ha hecho. Nosotros pensamos que hay que crear las
comisiones de investigación que se han pedido a nivel autonómico y a
nivel de las Cortes Generales, para delimitar los hechos, para ver las
causas y las consecuencias y para despejar las responsabilidades
políticas. No puede pasar esa catástrofe sin despejar las
responsabilidades políticas. Yo creo que esto es lógico. En Bélgica, tras
la huida de un delincuente, que fue detenido tres o cuatro horas después,
han dimitido tres personas, dos ministros y el jefe superior de Policía.

Aquí se han escapado cinco hectómetros cúbicos de veneno y ¿aquí no
dimite nadie? ¿Qué tipo de democracia es ésta? ¿No dimite nadie? Es
asombroso, señora ministra, al menos a mí me lo parece y también al señor
Umbral, de quien después leeré un párrafo de su artículo. Insisto en que
creemos que es de enorme importancia la constitución de esta comisión de
investigación.

Pensamos que la sociedad civil tiene que dar en estos momentos una
lección a las administraciones. Sí, hay que



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dar una lección de control a la administración y de denuncia del
funcionamiento negligente e irresponsable de las administraciones. Por lo
tanto, habría que crear --y lo lanzamos desde aquí-- comités ciudadanos
de cara a la preservación del parque nacional y del parque natural y el
fortalecimiento a fondo de la plataforma Salvemos Doñana.

Pensamos que hay que retirar de manera adecuada y antes de octubre los
lodos contaminantes e ir a un proceso de inertización y depósito en un
lugar sin riesgo. El lugar en el que se están depositando está en duda,
está en debate, señora ministra, está a unos cuatro kilómetros del
acuífero 26, que va desde Niebla a Posadas, pasando por el norte de
Sevilla; está a cuatro kilómetros del acuífero 26. Por lo tanto, ese
lugar está en duda como depósito de decenas de toneladas de lodos
contaminantes.

Hay que ir a un plan de limpieza y restauración; no sólo retirar los
lodos, señora ministra, se trata de restaurar las zonas afectadas.

Pensamos que la declaración de zona catastrófica de los municipios
ribereños del Guadiamar y de los incluidos en el parque nacional y parque
natural es de enorme importancia también. Habría que constituir, a
nuestro juicio, un fondo de indemnizaciones a las explotaciones agrarias,
pesqueras, acuícolas y turísticas afectadas directa o indirectamente por
la catástrofe. Hace falta un control permanente y continuo de la
contaminación química y naturalmente de la contaminación por metales
pesados de las tierras, porque tienen una dialéctica especial --usted lo
sabe muy bien-- los metales pesados en suspensión, cómo se depositan y
cómo circulan a partir de ese momento, en aguas superficiales y
subterráneas, en la avifauna y litoral por una entidad independiente,
señora ministra.

Sería muy importante, señora ministra, que a partir de ahora empezaran a
funcionar entidades independientes para el control de estas situaciones y
científicos no presionados por nadie, que actuaran desde una
independencia absoluta, rigurosísima, que no intentaran ser presionados
por ningún viento de costado, señora ministra. Habría que ir a una
comisión de seguimiento con participación de las administraciones
competentes y naturalmente una representación muy seria de la sociedad
civil y de la sociedad dependiente de la zona afectada y sería necesario
la puesta en marcha de un tratamiento obligatorio de los residuos de la
minería y las cenizas. Y si la producción va a seguir adelante, señora
ministra, la empresa ha dicho --y ello avala nuestra teoría de que el
resultado estaba contemplado en el plan de cuentas-- que puede seguir
tranquilamente, que tiene dinero para pagar y seguir. Pues a partir de
ahora, señora ministra, eso hay que asegurarlo de manera consciente,
consecuente y rigurosa, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Un plan de
residuos tóxicos, la activación inmediata del plan de desarrollo
sostenible de Doñana y el esclarecimiento, a través de la comisión de
investigación, de las responsabilidades políticas.

Termino, señor presidente. Hay cabreo, señora ministra, cabreo social muy
serio. Hemos tocado el corazón de la gente, señora ministra, y está
contaminado de ira, de cabreo, de la necesidad de responder y de la
necesidad de llegar a comprender por qué estamos ante una Administración
tan irresponsable. Yo creo que el cabreo --y termino con esta cita, señor
presidente-- lo expresa muy bien Umbral, en un artículo de ayer: Tocino y
Chaves. Parecen muy seguros y satisfechos con esa frase al unísono de que
todo está bajo de control. Tienen la alegría del tío de la funeraria
cuando sube al velatorio a decirnos que todo está dispuesto para bajar
con la soguilla al muerto. Dos grandes amortajadores, Chaves y Tocino, se
han encontrado en el crepúsculo herido de Doñana, culpables y bellos en
su infinita pereza burocrática y melancólica. Todo está bajo control,
aquí ya no hay muerto que se mueva, aquí ya no hay espiga que dé grano,
sólo en la paz de los sepulcros... Les ha dado tiempo a conocerse, a
entenderse y a explicarnos que los muertos están bajo control, que
garantizan la disciplina de los muertos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir la sesión, para que todos
ustedes puedan asistir, si lo desean, a ese minuto de silencio.

La reanudaremos a continuación, a las doce y diez.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.

Quería comunicarles, señorías, que las solicitudes de comparecencia a las
que hacía referencia al principio de la sesión eran las presentadas por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo
Parlamentario Socialista. Estas solicitudes no llegaron antes de la
reunión de la Mesa que fijó el orden del día de la comparecencia de la
señora ministra; sólo llegaron antes de esa reunión y, por lo tanto, sólo
se pudieron tratar en la misma las solicitadas por el Gobierno, por el
Grupo de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Mixto, y
posteriormente se han presentado y están calificadas por la Mesa del
Congreso las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el
Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, si no tienen SS. SS.

inconveniente, podríamos subsumirlas y verlas en esta sesión, si están
también de acuerdo, por supuesto, los grupos proponentes. (Pausa.)
Entiendo que sí y, por lo tanto, tiene la palabra, para defender la
solicitud de comparecencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), que no está en estos momentos, por lo que, si les parece,
invertiremos el orden. (Un señor diputado: Decae.) No, no decae, vamos a
aplazarla y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, su portavoz, doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señora ministra, le aseguro que he escuchado con
extraordinaria atención cada una de sus palabras y me hubiera gustado,
sinceramente, detectar a lo largo de su extensa intervención siquiera un
cambio de tono, no digo ya ni siquiera una palabra, que denunciara por su
parte la preocupación, la duda, algo en relación con la actuación del hoy
Ministerio de Medio Ambiente



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y en el pasado Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. Todo lo contrario, señora ministra, usted ha iniciado esta
mañana aquí su exposición diciendo que había actuado de manera inmediata
en relación con la catástrofe de las minas de Aznalcóllar, a pesar de no
tener responsabilidad alguna. Repito sus palabras, ministra, porque,
efectivamente, a partir de ese momento he esperado que a lo largo de su
intervención por lo menos del tono de su voz quedara manifiesta una
sombra de sospecha, una sombra de duda sobre la rotundidad de semejante
afirmación. Por el contrario, ha quedado suficientemente claro que usted,
por una parte, exculpa a la administración hidráulica, a la de antes y a
la de ahora, y exculpa también a la administración del parque nacional de
Doñana, a la de antes y a la de ahora, en la que usted se autonombró
presidenta de su Patronato.

Le aseguro, señora ministra, que estamos completamente en desacuerdo con
esa exculpación de responsabilidades políticas de la Administración
ambiental estatal. Nos parece absolutamente impresentable que usted haya
venido hoy aquí a decir que, por lo que a usted respecta, no tiene la
menor responsabilidad. Ha hecho usted mención de las características de
la balsa donde se han venido depositando los residuos mineros,
considerándola sujeta, desde el punto de vista de sus condiciones, a la
Ley de Minas del año 1973, y cuando ha hecho alusión a las competencias
de la administración hidráulica, se ha referido exclusivamente a los
procedimientos de autorización y control de vertidos. Sin embargo, señora
ministra, permítame que aunque yo no soy, como usted, doctora en derecho
nuclear, le lea algún artículo de la Ley de Aguas de 1985, posterior a la
Ley de Minas de 1973, que creo que debería por lo menos haberla movido a
alguna preocupación desde su innegable responsabilidad política como
máxima responsable de la política ambiental en nuestro país.

El artículo 89 de la Ley de Aguas dice que queda prohibido con carácter
general acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que
sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o
puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de
degradación de su entorno. El artículo 92 dice que a los efectos de la
ley, se considerarán vertidos los que se realicen directa o
indirectamente en los cauces, cualquiera que sea la naturaleza de éstos,
así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno,
balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. Y el
artículo 95, señora ministra, dice textualmente: «El Gobierno podrá
prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos
industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean
sometidos, puedan constituir riesgo de contaminación grave para las
aguas, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones
excepcionales previsibles.»
Señora ministra, sigue usted manteniendo que no ha habido ninguna
negligencia por parte de ningún funcionario de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir; deduzco que es así, puesto que en ningún
momento ha hablado de apertura de expedientes de ningún tipo en su ámbito
administrativo. Deduzco también que a pesar de ser usted la presidenta
del Patronato de Doñana, desconocía --si no es así, dígamelo-- que en
1990 la Comisión Europea abrió un expediente por la sospecha de riesgos
graves de contaminación procedente del complejo minero de Aznalcóllar que
podrían afectar al parque nacional de Doñana. El propio parque nacional
contestó que ese riesgo no era previsible. No estoy defendiendo, señora
ministra, a ningún responsable estatal anterior, a ninguno, señora
ministra, pero no puedo comprender cómo usted esta mañana aquí ni
siquiera parece sentirse afectada por lo que han sido errores evidentes,
respecto de los cuales en estos momentos tenemos las consecuencias más
trágicas que sólo los movimientos ecologistas han sido capaces de
denunciar y de señalar a lo largo de los años. No ha tenido usted, señora
ministra, en este sentido, ni siquiera la deferencia de pedir disculpas,
aprovechando esta comparecencia, por las desafortunadas palabras que tuvo
nada más llegar al parque de Doñana respecto de si estaban o no los
ecologistas recogiendo peces o ayudando a las tareas. Por cierto, señora
ministra, las organizaciones ecologistas se dirigieron al parque nacional
por escrito para ofrecer su colaboración como voluntarios, y el director
del parque nacional les contestó por escrito que muchas gracias, que no
era necesario. Supongo que eso, entre otras cosas, también significa que
considera usted que los medios humanos a disposición del parque nacional,
así como de las confederaciones hidrográficas, son suficientes, y todavía
estamos esperando que exista un plan de actuación del voluntariado, como
se ha venido ofreciendo, plenamente operativo. Espero que a partir del
informe hecho público ayer por el comité científico, las tareas de
voluntariado se encaucen evitando los riesgos para la salud humana que
puedan derivarse de la manipulación de los vertidos, como los científicos
nos alertan.

Señora ministra, a lo largo de su intervención ha quedado claro que le
parece suficiente también el marco legislativo que va a quedar en vigor a
partir de la aprobación de la Ley de Residuos. Para nosotros la Ley de
Residuos es insuficiente; así lo consideramos durante la tramitación de
la misma y, por lo tanto, en estos momentos tenemos toda la legitimidad
para decirle que hace falta revisar dicha ley, no tanto para perfeccionar
ese principio que usted siempre menciona de que quien contamina paga,
como para perfeccionar el principio de prevención. Hace aproximadamente
un año usted anunció la próxima aprobación de un proyecto de ley de
responsabilidad civil que introdujera, como existe ya en otras
legislaciones europeas, el principio de la responsabilidad civil
objetiva. Este proyecto de ley no ha salido adelante; nosotros, en el
debate de la Ley de Residuos, recuperamos del texto que había quedado
elaborado como borrador en la anterior legislatura, precisamente a través
de una enmienda, la petición de que para lo que se refiere a los residuos
peligrosos se introdujera el principio de responsabilidad objetiva. Esta
enmienda no fue aceptada, como no fueron aceptadas muchas otras enmiendas
del Grupo Socialista que iban en la dirección de mejorar y fortalecer la
capacidad de prevenir riesgos graves en la manipulación de los residuos.

Por tanto, señora ministra, nosotros, entre otras propuestas, en el
debate sobre el estado



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de la Nación presentaremos la de una revisión en profundidad de la
legislación en materia de residuos que configure un marco que a pesar de
la existencia de una legislación específica sobre minas, permita contar
con los instrumentos adecuados para que no se vuelva a producir algo que
tiene la gravedad que tiene y ninguna otra. Así, por ejemplo, volveremos
a pedir en esta Cámara que quienes producen residuos peligrosos, que a
partir de la entrada en vigor de esta ley son también en su caso las
industrias mineras, estén obligados a presentar un informe no sólo a la
Administración, señora ministra, sino un informe público, un informe
anual que pueda conocer toda la ciudadanía para hacer un seguimiento
social, que es necesario también fortalecer a la vista del fracaso que
han demostrado las actuaciones de todas las administraciones en relación
con la catástrofe de Doñana.

No es la primera vez, señora ministra, que usted dice que no tiene
competencias y que por tanto no tiene responsabilidades, y alega la
existencia del Estado autonómico como pretexto para ser una ministra,
perdóneme, incompetente, en el sentido de sin competencias. Lo hemos
visto en esta Cámara con motivo del vertedero de Bens, cuando una y otra
vez, a lo largo del debate, que coincidió con el debate presupuestario de
1997, usted afirmaba que nada tenía que ver con lo que había sucedido.

Nada tenía que ver aunque el Ministerio todavía hoy no haya ni siquiera
aprobado el plan nacional de residuos urbanos y por tanto ni siquiera
haya cumplido con lo que la propia Unión Europea pide más allá de la
trasposición de las directivas, señora ministra, que es que existan
cauces de colaboración y de articulación de las competencias de las tres
administraciones en cada uno de los ámbitos de la acción en política
ambiental. Tuvimos el ejemplo de Bens, donde tuvo usted que aceptar de
mala gana que el resultado de la votación de las enmiendas propuestas por
el Grupo Socialista encontrara el acuerdo de los grupos nacionalistas
para que el Ministerio de Medio Ambiente aportara a fondo perdido una
cantidad complementaria a la ya aportada por el Ayuntamiento de La Coruña
para resolver el gravísimo problema existente. Y hace menos tiempo,
señora ministra, con motivo de la rotura del depósito de Melilla, nos
hizo usted una exposición detallada y creo que correcta de la exigencia
de responsabilidades que en ese caso sí había formulado en relación con
la actuación de los funcionarios que habían tenido que ver con la
construcción del depósito. En esa ocasión, señora ministra, tampoco
pareció sentirse usted ni siquiera mínimamente responsable, desde el
punto de vista político, por el hecho de que la recepción formal del
depósito de aguas de Melilla se hubiera hecho siendo usted ya ministra de
Medio Ambiente. Y hoy nos encontramos con que lo que ha sucedido en
Doñana es sólo culpa de otros y que la Confederación Hidrográfica todo lo
ha hecho bien y el parque nacional todo lo ha hecho bien. Pues, señora
ministra, ni lo uno ni lo otro porque ha habido demasiado ruido en torno
a las denuncias sucesivas planteadas ante la Unión Europea; tanto ruido,
señora ministra, que dígame, por favor, si es que usted no conocía los
compromisos que asumió su compañera de Gobierno, Loyola de Palacio,
durante la campaña electoral de 1996, donde demostró un conocimiento de
las responsabilidades de la Administración central en este caso que
parecen haber quedado sepultadas por el lodo tóxico, señora ministra,
porque no vemos que una vez tomada posesión de su cargo como ministra
haya tenido alguna consecuencia el compromiso asumido en nombre del
Partido Popular por la señora De Palacio de que cuando ustedes gobernaran
lo que estaba sucediendo en las minas de Aznalcóllar dejaría de suceder.

Tendría también que preguntarle si como responsable de las
confederaciones hidrográficas cree realmente que en estos momentos la
Confederación Hidrográfica tiene suficientes efectivos para controlar de
forma correcta tanto el cauce como, tal y como dice la propia Ley de
Aguas, la balsa adonde van a parar estos depósitos que son contaminantes.

Yo quisiera saber si tampoco aquí encuentra en absoluto ningún motivo de
preocupación que le lleve a comprometerse ante esta Comisión a la
necesaria mejora de la dotación en términos de medios humanos y de medios
económicos de la Confederación Hidrográfica, no sólo del Guadalquivir
sino, lamentablemente, de todas las confederaciones, donde, por cierto,
desde que ustedes gobiernan, hay menos efectivos con contrato laboral
para llevar a cabo las labores de guardería fluvial.

Quisiera saber también, señora ministra, por qué no nos ha ofrecido un
solo dato concreto sobre la situación en estos momentos del alcance de la
contaminación. Nos ha venido a decir que las cosas son graves, que
todavía no se sabe cuán graves son, pero no ha ofrecido ni un solo dato,
y esto, señora ministra, permítame que le diga, puede causar más alarma
social que la que otros puedan estar causando, porque, a través de los
medios de comunicación, lógicamente, se leen las opiniones de expertos,
que no creo que usted pueda calificar, como ha hecho antes, de
especulaciones imaginativas. En estos momentos, existe una atención de la
ciencia respecto de lo que está acaeciendo y hay ya un primer informe que
denuncia, como se ha hecho notar por parte de otros portavoces, que en el
mejor de los casos toda la zona quedará contaminada en grados muy
variables, pero, como decía, usted no ha aportado datos de los que en
estos momentos ya se conocen oficialmente. Nosotros, como grupo
parlamentario, hemos solicitado ya la comparecencia del presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en esta Comisión y no
excluimos nuestro apoyo a la propuesta de creación de una comisión de
investigación si nos parece que la información oficial deja muchas dudas
sobre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a
suceder.

Creo, señora ministra, que lo que usted ha hecho aquí esta mañana lo que
deja muy claro es que no sólo, según usted, el corazón de Doñana no ha
sido tocado; tampoco el suyo como ministra de Medio Ambiente, señora
ministra, porque no le ha temblado la voz un solo momento, y quisiera
recordarle algunos de los compromisos que también existen si uno repasa
lo que el Partido Popular cuando estaba en la oposición decía que iba a
hacer cuando llegara al Gobierno en relación, por ejemplo, con el marco
normativo que usted parece que considera más que suficiente. Ustedes,
durante la anterior legislatura, hicieron numerosas manifestaciones sobre
la necesidad



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de que hubiera en nuestro país una ley general de medio ambiente que
permitiera una armonización correcta entre los niveles de responsabilidad
administrativa y que favoreciera la correcta interpretación de las
normas. Han pasado dos años, señora ministra. ¿Quiere decirnos si ese
proyecto ha quedado aparcado? ¿Cree que en estos momentos, a la vista de
lo sucedido, tendría o no sentido que ustedes lo plantearan, más allá del
anuncio que nos hace de que, al cabo de casi un año de anunciarlo, en
algún momento también llegará aquí la ley de responsabilidad civil? Una
ley, por cierto, cuyo retraso creo que no cabe imputar tanto al avance o
no de la legislación europea en esta materia cuanto a la circunstancia
conocida de que para muchas empresas de sectores altamente contaminantes
no resulta precisamente un marco deseable y existen presiones para
retrasar al máximo la aprobación de esa norma.

También quisiera preguntarle, señora ministra, ya que me habla de planes
de regeneración a futuro y de mejores tecnologías a aplicar para la
recuperación de estos suelos, cuál es la razón de que este Gobierno haya
paralizado prácticamente el plan nacional de recuperación de suelos
contaminados, aprobado en 1995 por consenso con todas las comunidades
autónomas y previo acuerdo favorable del Consejo Asesor de Medio
Ambiente. Por cierto, señora ministra, ¿va a convocar al Consejo Asesor
de Medio Ambiente? ¿Aprovecharía esa ocasión para pedir disculpas a las
organizaciones sociales que han podido comprobar a través de las cámaras
de televisión la estima que usted les demuestra en estos momentos
difíciles en los que creo que, como mínimo, debería manifestar un poco
más de humildad ante los fallos humanos, técnicos, administrativos y
políticos que han llevado al desastre de Doñana?
Todo esto, señora ministra, nos lleva a insistir en algo que tuvimos ayer
ocasión de decir. Desde nuestro grupo no estamos pidiendo la dimisión de
nadie, cosa que dudo mucho que ustedes no hubieran hecho ya en el caso de
estar todavía en la oposición y nosotros en el Gobierno, porque no hay
nada más fácil, señora ministra, que pedir la dimisión cuando se detectan
errores. Lo único que nuestro grupo le pide, señora ministra, es que no
mire usted para otro lado, que sea la ministra de Medio Ambiente y que
sea la presidenta del Patronato de Doñana, que son, en estos momentos,
sus máximas responsabilidades; que hable con la ministra de Agricultura
por si acaso entre ustedes, aparte de otros desencuentros, ha podido
haber también algún fallo de comunicación que le haya impedido conocer a
tiempo las denuncias asumidas por doña Loyola de Palacio y, sobre todo,
los compromisos respecto a lo que iba a hacer el Partido Popular en el
momento en que llegara a gobernar.

Como digo, señora ministra, en estos momentos existen muchas dudas en la
ciudadanía que me temo que no han quedado en absoluto resueltas por las
afirmaciones categóricas que usted ha hecho aquí. Hay dudas sobre las
responsabilidades políticas y administrativas; hay dudas sobre el alcance
de la contaminación que se ha producido y hay dudas sobre el futuro
ecológico, social y económico de la zona.

Señora ministra, sin perjuicio de las respuestas que hoy me dé, esta
Comisión de Medio Ambiente tiene entre sus funciones la principal de
hacer un seguimiento de la acción del Gobierno. Desde luego, seguiremos
haciéndola y nos gustaría que, por lo menos, cambiara usted el tono de
sus intervenciones, porque eso nos indicaría que esta terrible lección
habría conseguido situarla más cerca del corazón de la política
ambiental.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que también ha solicitado la comparecencia, como
hemos comentado antes, tiene la palabra su portavoz, don Luis Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, quisiera subrayar de
entrada que nuestro grupo también solicitó la comparecencia de la señora
ministra la semana pasada, y lo digo a los efectos de que se entienda
subsumida nuestra solicitud con la comparecencia de hoy y no se crea que
continúa viva, al hilo de la intervención anterior del señor Alcaraz.




El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, así lo he hecho constar cuando se ha
reanudado la sesión. Lo que pasa es que usted no estaba en aquel momento
en la sala.




El señor RECODER I MIRALLES: Lo siento, señor presidente, estaba subiendo
las escaleras. (Risas.)
Señora ministra, agradezco su comparecencia y también su información
sobre una catástrofe medioambiental que está asolando a un patrimonio de
la humanidad declarado por la Unesco como es Doñana, que nos ha llenado
de estupefacción y de tristeza.

Los efectos inmediatos de esta catástrofe, que creo que podemos calificar
perfectamente de tercermundista, sobre todo en el parque natural, los
efectos catastróficos de este pestilente vómito venenoso, como lo
calificaba un periodista el domingo en un periódico de Barcelona, están
siendo, sin lugar a dudas, terribles para el entorno de Doñana. Los
efectos sobre el agua, la contaminación del agua y, como consecuencia de
la misma, en la flora y en la fauna son notabilísimos. Ya lo sabíamos
antes de que usted compareciera ante esta Cámara, pero de su larguísima
exposición no nos queda otro remedio que confirmarlo, y permítame que lo
enfatice.

Sin embargo, a estas alturas yo creía que aún era pronto para ser capaces
de saber con claridad y nitidez cuáles van a ser los efectos futuros de
la contaminación, de esta muerte silenciosa que podría llegar a envenenar
el acuífero. Usted nos ha manifestado con rotundidad que, de momento, no
se ha producido, pero tampoco ha habido una manifestación en el sentido
de que no pudiera llegarse a producir. Por lo tanto, hay unos efectos que
se van a notar durante un largo tiempo difícil de concretar, porque en
este sentido las opiniones de los expertos son diversas. Usted no nos ha
disipado esta duda. Nos ha dicho que hay que hacer lo imposible para
evitar el daño en el acuífero, pero, repito, no queda claro si es posible
conseguirlo.




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Ante el alud de opiniones y de información que todos hemos podido leer y
escuchar estos días, debo confesar que me siento incapaz en algunos
momentos de separar el grano de la paja. No quiero lanzarme por la senda
de considerar inevitable el desastre total y quiero creer que el ser
humano, que es capaz de causar voluntaria o involuntariamente, por
negligencia, daños de consecuencias imprevisibles en el medio natural,
también dispone de medios para paliar los desastres de su mala actuación.

En cualquier caso, valoraría su detallada intervención como la apertura
de una tímida esperanza de que pueda salvarse no sólo Doñana sino su
entorno. Repito que es pronto para saber con exactitud cuál puede ser el
resultado final de este desastre. Incluso hemos leído opiniones de
expertos, que me merecen todo el respeto y que son a menudo
contradictorias, como decía. Es, pues, imprescindible escuchar la opinión
y las conclusiones definitivas de esa comisión de científicos que se ha
creado y que está estudiando las causas, los efectos y las medidas
paliativas de este desastre, de lo que puede llegar a suceder en Doñana y
en su entorno y, sobre todo, las medidas que hay que adoptar para paliar
el daño.

Al hilo de su intervención, me pregunto si realmente podemos confiar en
el Instituto Tecnológico Geominero de España, porque me ha parecido
entender, señora ministra, que había certificado --además, muy
recientemente-- la calidad del dique que luego, en una descripción muy
clara y quizá afortunada del señor Alcaraz, ha resultado ser como un
bizcocho borracho. (El señor Alcaraz Masats: En la base.) Efectivamente.

Hoy mismo leíamos aquí --y también en un periódico de Barcelona-- que el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha anunciado que se ha
encontrado en los lodos una concentración elevadísima de arsénico
absolutamente anormal. Me parece que la solicitud de comparecencia del
presidente del CSIC que ha anunciado el Grupo Socialista es oportuna y
creo que sería conveniente que nos pusiéramos de acuerdo todos los grupos
presentes en esta Comisión para que pudiera realizarse cuanto antes.

Señora ministra, ante la constatación de este desastre las
administraciones se han puesto a trabajar todas a una y celebramos en su
momento la constitución de la comisión mixta entre la Junta de Andalucía
y el Gobierno central, aunque supongo que usted es plenamente consciente
de que también se ha dado la sensación en algunos momentos de que se
pasaban la pelota de unos a otros, pero a estos lamentos y exclamaciones
también se suma una cierta sensación de que se han mirado unas
administraciones a otras preguntándose por qué fueron incapaces de hacer
algo para evitar la tragedia. Desgraciadamente se ha puesto de manifiesto
una vez más este principio medioambiental expresado e invocado tan a
menudo, pero también omitido, que nos dice que no es necesario esperar a
la desgracia y a la evidencia irrefutable para adoptar medidas
paliativas. La ignorancia de este principio que es aplicable a tantos
problemas medioambientales ha quedado en evidencia en Doñana a través de
las trágicas consecuencias que comporta ignorar el riesgo, un riesgo
anunciado, un riesgo denunciado, como ha quedado claro en su
intervención, y asimismo ha quedado clara una mala gestión por parte de
las administraciones, como sucedió muy recientemente en un caso que todos
tenemos en la mente, el del vertedero de Bens en Coruña.

Nuestro grupo parlamentario no se va a sumar a los reproches
competenciales, no conducen a nada, y en este momento lo que toca es
trabajar todos a una, cada uno según sus competencias y de acuerdo con
los medios de que dispone. En ese sentido, no sé aún si con mayor o menor
fortuna --las noticias son de nuevo contradictorias--, todo el mundo ha
arrimado el hombro. La solidaridad respecto de la catástrofe en cualquier
caso ha sido total. Usted ha manifestado que ha obtenido el compromiso de
la Unión Europea, como no podía ser de otra forma, y celebro su rápida
acción. Quiero decirle también que me comentaban desde una administración
que no tiene que ver nada con la catástrofe, el Gobierno de la
Generalitat de Catalunya, que en el momento en que se produjo esta
catástrofe, puso todos los medios a disposición de la Junta de Andalucía
para lo que hiciera falta y su voluntad de contribuir a la resolución de
este problema.

En el desastre o en la no evitación de este desastre, en esta crónica de
una muerte anunciada, las responsabilidades están claramente repartidas.

Quien es responsable, en primer lugar, es la empresa, pero también su
Ministerio tiene alguna cosa que decir desde el momento en que preside el
Patronato de Doñana, desde el momento en que según el artículo 23 de la
Ley 4/1989 desde el Patronato se deben promover las gestiones oportunas
en favor del espacio protegido, en este caso del entorno de Doñana, y
precisamente al hilo de esta responsabilidad nuestro grupo pidió la
comparecencia.

No sé si hicieron algo para evitar el desastre quienes le antecedieron en
sus responsabilidades para proteger el parque de la amenaza de una balsa
de lodos que llevaba ahí mucho tiempo o si hicieron algo desde el
Ministerio de Medio Ambiente, del que depende la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de velar por el dominio
público hidráulico. No sé si la Fiscalía medioambiental actuó en su
momento ni por qué la Administración judicial archivó sin más las
denuncias que se habían presentado por parte de algunas entidades
ecologistas o particulares en relación al peligro que suponía la balsa.

También ignoro por qué la Unión Europea no tuvo en cuenta las denuncias
que se le presentaron en su momento.

Se ha sugerido por parte de algún grupo parlamentario la posibilidad de
constituir una comisión de investigación. Señora ministra, hay que
constituir una comisión de investigación para saber lo que ha pasado,
pero a continuación me pregunto si hay que constituirla en este
Parlamento o en el andaluz. Esta es la gran duda que tiene nuestro grupo
parlamentario en este momento. De la explotación de la responsabilidad
legislativa que se ha planteado, la conclusión para mí es que quien es
principalmente responsable políticamente de lo que ha pasado en Doñana no
es otra administración que la Junta de Andalucía. ¿Por qué? La Junta es
responsable en materia de gestión medioambiental, según el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, es responsable en materia de minas, es
responsable en materia de vertidos industriales, y desde un grupo
político que ha defendido



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el Estado de las autonomías y un concepto profundo de lo que es la
autonomía política, de la misma forma que en aquel ámbito autonómico
donde gobernamos no nos sentaría nada bien que se produjeran injerencias
de otras administraciones en aquello que son nuestras competencias, debo
reivindicar y manifestar la responsabilidad del propio Gobierno de la
Junta de Andalucía, que es el que debe tomar decisiones. A veces el
ejercicio de la autonomía comporta precisamente esa dificultad, pero no
es válido envolver en una nebulosa de mutuos reproches el tema
competencial para eludir la propia culpa, y se lo digo desde la
perspectiva de convencido defensor de la autonomía política. Por tanto,
debemos analizar con mayor profundidad el problema, las implicaciones de
cada administración, pero --repito-- tenemos dudas sobre cuál es el
ámbito más adecuado para constituir esa comisión de investigación, y en
el caso de que llegáramos a la conclusión de que el lugar idóneo es el
Parlamento andaluz, poca cosa puede hacer nuestro grupo parlamentario en
favor de la constitución de dicha comisión.

Nuestro grupo, para terminar, piensa que lo que debemos hacer en este
momento es, en primer lugar, sacar las conclusiones oportunas de esta
catástrofe. Les pido que desde la responsabilidad que ustedes pueden
tener y contando con los medios de que puede disponer el Ministerio de
Medio Ambiente, el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, hagan lo imposible para paliar los daños de este desastre,
para disipar las dudas en este momento vivas y presentes sobre el futuro
ecológico de Doñana y su entorno y también las dudas que nos preocupan en
relación al futuro económico de la gente que se gana la vida en aquella
zona, que arrimen el hombro con el resto de las administraciones y
también con el resto de asociaciones y personas preocupadas en resolver
las consecuencias de este desastre. En ese sentido, quiero manifestarle
que los colectivos ecologistas, al fin y al cabo, aunque muy a menudo
para las administraciones gobernantes son colectivos que siempre vienen a
poner el contrapunto en la acción política y que resultan incómodos,
realizan claramente su función social de denuncia y de impedir que las
administraciones públicas se puedan dormir en el ejercicio de sus
competencias. Por tanto, señora ministra, le pido que les escuche, que
cuente con ellos y establezca lo cauces de diálogo necesarios e
imprescindibles en una situación como ésta, más cuando se ha puesto de
manifiesto que en el pasado y en los últimos años numerosas
organizaciones ecologistas --y se ha citado reiteradamente el caso de la
CEPA-- han denunciado ante las distintas administraciones y por la vía
judicial lo que de manera preclara llegaron a prever, una bomba de
relojería que ahí estaba. Existe una quiebra de confianza de la gente en
las administraciones que hay que recomponer con una actitud diligente y
eficaz y debería adoptarse una actitud contraria a la que se ha seguido
en el pasado, y estoy hablando de forma muy genérica.

En cualquier caso, esperamos su contestación, a ver si podemos disipar
algunas de las dudas que nos quedan todavía en la mente después de su
primera y larga intervención, y, en cualquier caso, nuestro grupo
parlamentario seguirá muy atento la evolución de este problema.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
respecto a las comparecencias?
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra su
portavoz, señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: A esta altura del debate, voy a
intentar resumir brevemente cuáles son las posiciones que el Grupo
Parlamentario Vasco sostiene en relación a la catástrofe sucedida y a la
comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente.

El Grupo Parlamentario Vasco, en primer lugar, comparte la descripción
que ha realizado la señora ministra de Medio Ambiente en su intervención
de esta mañana. Creo que no ha reparado ni escatimado adjetivos
calificativos en relación a la propia catástrofe, un auténtico desastre
de contaminación, una catástrofe ecológica de primera magnitud, se ha
llegado a calificar así, y como desoladora la situación que se ha
generado. Nada que objetar.

En una segunda parte ha intentado describir la reacción que desde las
distintas administraciones públicas se ha mantenido en lo operativo para
paliar y minimizar los efectos de este desastre, de esta catástrofe, y
que en el post-accidente han funcionado razonablemente los mecanismos
institucionales y sociales.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que no se trata de generar
alarma social ni de minimizar un accidente de parámetros gigantescos. Es
verdad que este tipo de catástrofes son también un espejo de la realidad
del país, que poco y mal predican de él en lo que se refiere a
modernidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Al margen de todo
esto, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que la imagen de las
administraciones públicas, en sus funciones y en la ejecución de las
mismas, es la que ha quedado más dañada en el conjunto del análisis que
realizamos en relación a esta catástrofe.

Entendemos que no procede adoptar una actitud catastrofista, que bastante
sustancial es la catástrofe en sí misma, pero tampoco podemos adoptar,
señora ministra, una actitud resignada. Por ello, le llamaríamos a ser
incisiva en sus planteamientos de cara al futuro. Ha detallado usted unos
antecedentes en relación a la empresa, al historial de la misma, a las
propuestas de incoación de expedientes que son muy recientes, por un
lado, y, por otro, presentan un diagnóstico ciertamente preocupante.

Hoy en día, que es muy habitual echar las responsabilidades a la clase
política --da igual a dónde-- del análisis, de la descripción del
antecedente que usted ha realizado, los propios técnicos y los propios
expertos no quedan muy bien en la evaluación hecha. Hay excesiva
permisividad o excesiva manga ancha, pero, señora ministra, también creo
que hay que ser, repito, incisivo, porque está dentro de las
responsabilidades políticas ser incisivos con los técnicos y expertos que
sostienen esos informes, ya que son, en definitiva, los que hacen tomar
otro tipo de decisiones en los niveles políticos.

Desde esos informes de inspección, desde esas propuestas, admitidos los
impactos ambientales en su conjunto y anunciada la incoación de esos
expedientes administrativos



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--estamos hablando de los años 1995, 1996, 1997 y 1998, no estamos
hablando de la prehistoria-- hay que ser incisivo, insisto, en esos
niveles. Queda constancia de que se ha llegado tarde, incluso teniendo
presentadas concretas cuatro años antes y teniendo informes sosteniendo
la situación de esa empresa.

No ha quedado en estos antecedentes claro, y por ello le incidimos en
este sentido, si el Ministerio de Medio Ambiente o la Presidencia del
parque de Doñana, a lo largo de estos cuatro o cinco últimos años, había
instado a la empresa o a la Junta de Andalucía a afinar sus percepciones
ante un proyecto de alto riesgo por su actividad y su ubicación tan
cercana al parque de Doñana.

En su última parte, señora ministra, ha realizado una serie de propuestas
en relación a la evaluación y al análisis de la zona, en concreto del
parque de Doñana; ha anunciado un programa de regeneración de la zona, y
desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que habría que avanzar más,
habría que avanzar en propuestas de lege ferenda, de reformas
legislativas en relación a estas situaciones, no sólo en lo que son
Doñana y sus cercanías sino en el conjunto del Estado, porque conocemos
zonas con alta intensidad de suelos contaminados, lo que para el Grupo
Parlamentario Vasco ha sido una de las prioridades en las que más veces
ha insistido con referencia a adoptar políticas más incisivas en relación
a estos suelos contaminados. También entendemos que en las prioridades
presupuestarias debe abordarse esta problemática de cara al futuro, y que
indudablemente deben existir propuestas de coordinación en la mejora de
esos cauces de cooperación e interrelación entre las administraciones
competentes.

Si nos hemos dado un Estado de las autonomías, debemos ser coherentes con
el mismo y dedicarnos a lo que a cada administración compete y no a
analizar lo que la administración competente está realizando. Creo que es
uno de los males de estos últimos años, en la medida en que se va
definiendo el Estado de las autonomías, donde da la impresión de que a la
administración no competente le gustan más las competencias de la
administración competente que las suyas propias.

Nosotros compartimos que no se le pueden exigir, ni a usted ni al
Ministerio de Medio Ambiente, responsabilidades que no son suyas, pero sí
lo son, señora ministra, la asunción del liderazgo medioambiental, la
legislación básica en aquellas materias adscritas a su propio Ministerio,
y quisiéramos conocer en su réplica avances en este sentido.

Es verdad que en los dos últimos años, desde que usted es ministra, hemos
conocido un claro avance en relación a la legislación básica, pero a la
vista está que no es suficiente, y como no es suficiente, queda entre las
carencias que existen en el Gobierno. No se nos oculta, señora ministra,
que usted ha hablado en todo momento en su calidad de titular del
Ministerio de Medio Ambiente, pro también existen interconexiones entre
los ministerios de Industria, Agricultura y su propio Ministerio que creo
que deberían quedar mejor subrayadas en esta comparecencia. Es clásica la
discusión sobre si debe mantenerse un Ministerio de Medio Ambiente
singularizado de todos los demás. Nosotros, como Grupo Parlamentario
Vasco, como Partido Nacionalista Vasco, tampoco habíamos sido
excesivamente partidarios de este diseño, y a la vista está, de acuerdo
con la exposición que ha realizado en su comparecencia, la interconexión
de materias en relación a la industria, a la agricultura y a la política
hidrológica, pero entendemos que una excesiva compartimentación de estas
materias deja luego en evidencia muchas disfunciones.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco comparto la intervención que ha
realizado el señor Recoder, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en relación al diseño del Estado de las autonomías
y a la localización de las responsabilidades allí donde están, por lo
cual no voy a ser reiterativo en relación a esa materia. En lo que sí
quisiera insistir, señora ministra, es en que en sede parlamentaria hay
que hablar de responsabilidades políticas; hay que hacer la lectura
política de los hechos, porque ésa es una de nuestras competencias. Es
verdad que los jueces pondrán las responsabilidades penales en su sitio,
que la empresa deberá acometer las responsabilidades civiles, pero a
nosotros nos corresponde realizar la lectura política de los
acontecimientos, repito, y no podemos renunciar a hacerlo.

Lo que es evidente, señora ministra, es que hay que poner coto a la
codicia de algunas empresas que, con tal de ganar dinero, general
dispositivos capaces de envenenar a cualquiera y de generar catástrofes
de este nivel. En consecuencia, el estado de opinión o la conciencia
medioambiental no puede avanzar de catástrofe en catástrofe y de
comparecencia en comparecencia. Nosotros entendemos que una catástrofe
como la actual demanda una respuesta serena, en la que se pongan a
disposición recursos presupuestarios humanos y científicos, que sea una
prioridad no sólo de su Ministerio sino del conjunto del Gobierno del
Estado y de las administraciones competentes. Esperamos que ese órgano de
gestión que han conformado con la Junta de Andalucía sea capaz de generar
una dinámica adecuada para hacer frente a las consecuencias de la
catástrofe, para hacer propuestas concretas en esta Cámara y que se
puedan realizar las reformas legislativas, se puedan definir las
prioridades presupuestarias, y los cauces de cooperación e interrelación
entre las distintas administraciones competentes vayan mejorando.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra para fijar la posición su portavoz doña María Teresa de Lara.




La señora DE LARA CARBO: Quiero que mis primeras palabras sean de
felicitación a la ministra de Medio Ambiente por las explicaciones que ha
dado en esta Comisión, por las explicaciones pormenorizadas de todo lo
que ocurrió en el entorno del parque nacional de Doñana y por las
actuaciones que ha tenido el Ministerio desde el primer momento. Estas
actuaciones (correctas, rápidas y eficaces en opinión del Grupo
Parlamentario Popular) han impedido que el desastre ecológico del entorno
del parque nacional de Doñana pudiera alcanzar cotas mayores o al menos
han ido en esta dirección. Creo, señora ministra, que su



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departamento, los técnicos y la Confederación han actuado correctamente
intentando paliar, desde el primer momento y en la medida de lo posible,
todo el peligro que entrañaba el vertido de los lodos contaminantes.

A mí me gustaría, más que destacar, hablar de los hechos en los que,
aparte de la señora ministra, han insistido otros portavoces y hacer
algunas puntualizaciones. En primer lugar, que como se ha dicho en
múltiples ocasiones, no sé si con buena o con mala intención o con ánimo
de confundir a la opinión pública, no se trata de la rotura de una presa,
sino que con la rotura se produce una balsa de decantación. Y esto,
aparte de ser un simple nombre, tiene consecuencias competenciales, dado
que las presas sí son competencia de la Confederación Hidrográfica y la
balsa de decantación en este caso es clara competencia de la Consejería
de Industria de la Junta de Andalucía.

Quiero remarcar cuál es el reparto competencial en el Estado de las
autonomías en materia de medio ambiente, que se ha dicho, pero algo de
pasada, y debería quedar claro en cada aspecto.

Así, la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía tiene las
competencias mineras, es decir, las relativas a todas las actividades e
instalaciones mineras.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene las
competencias de gestión del medio ambiente y las competencias sobre el
parque natural de Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene la competencia
respecto a la autorización de los vertidos a cauce público y el control
de estos vertidos. Creo que las responsabilidades políticas debe
asumirlas cada administración en su ámbito competencial.

La Consejería de Industria, que como he dicho tiene las competencias
mineras, es responsable de la autorización del nuevo proyecto que
presentó la empresa Boliden, proyecto que contaba, como se nos ha
informado, con ayudas públicas. La Consejería de Industria de la Junta de
Andalucía es la responsable de autorizar el recrecimiento de la balsa,
los sucesivos recrecimientos. La Consejería de Industria de la Junta de
Andalucía es la responsable y de quien depende el control de la
estabilidad de la construcción, las revisiones periódicas que debía
efectuar para ver cómo estaban las instalaciones.

En este control de las instalaciones que debía efectuar la Consejería de
Industria de la Junta de Andalucía convendría saber --y aquí no se ha
hablado de ello-- qué revisaban sus miembros o sus técnicos, qué revisión
efectuaban de las instalaciones. ¿Revisaban la estructura de las
instalaciones?, ¿la colmatación de la balsa de decantación?, ¿posibles
defectos de explotación?, ¿el recrecimiento de la balsa? Es muy
conveniente saber la revisión, porque yo sí creo sinceramente que el
desastre ecológico de Doñana se podía haber evitado, no tenía que haber
ocurrido si la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía hubiera
cumplido las competencias que he enunciado.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene, como he
dicho, las competencias de gestión en materia de medio ambiente y las
competencias totales sobre el parque natural de Doñana. Además, de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dependía, y así se
hizo --o esperemos que así se hiciera-- la evaluación de impacto
ambiental de las instalaciones mineras, generadores de potenciales
riesgos ambientales. Convendría saber cómo había sido esta evaluación de
impacto ambiental que hizo la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, tenía, como he dicho, la competencia de
autorizar los vertidos y de controlarlos. En el año 1995 hubo denuncias
sobre la balsa, sobre la construcción y sobre los vertidos, y se nos ha
informado de los expedientes que se abrieron en su momento y de cómo todo
ello fue archivado.

También se han comentado en esta Comisión por parte del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista --que ha recordado el pasado; luego nos
acusa de que nosotros volvemos al pasado, las declaraciones y la
inquietud de la entonces responsable de los temas de aguas, la actual
ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, respecto a la contaminación
que se producía y a los vertidos de la balsa de decantación. En aquel
momento se hablaba de la contaminación del río Cofio y nos ha culpado la
señora Narbona de que nosotros, cuando éramos oposición, hacíamos
determinadas denuncias que ahora, cuando está el Partido Popular en el
Gobierno, ha hecho caso omiso de ello.

Señora Narbona, usted tiene la virtud de sonrojar con sus apreciaciones,
porque, por lo visto, no ha escuchado a la ministra o no ha leído qué es
lo que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde que
el Partido Popular está en el Gobierno, desde que se ha creado el
Ministerio de Medio Ambiente. Como creo que usted no lo lee y que intenta
falsear la verdad en numerosas ocasiones, voy a decirle, aunque estoy
segura que usted lo sabe, que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir ordenó a la empresa un plan de regularización de los
vertidos; promovió que la empresa hiciera una ampliación y una mejora de
la estación depuradora de aguas residuales, de forma que esos vertidos
que iban al cauce público estaban depurados al cien por cien, y estoy
convencida, señora Narbona, de que usted es consciente y conoce este
dato. Por consiguiente, después de las denuncias que hizo en su momento
la actual ministra de Agricultura, esto es lo que ha hecho la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esto se ha hecho a partir de
junio de 1996, no antes, señora Narbona, cuando la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir dependía del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, en uno de cuyos departamentos estaba usted como secretaria
de Estado. Parece que entonces a usted no le molestaban los vertidos, que
sabía y denuncias que usted conocía.

El 3 de abril de 1998, formado el Ministerio de Medio Ambiente, se
incorporan las recomendaciones del Instituto Geológico para evitar las
filtraciones al subsuelo, y para impermeabilizar la balsa. Estoy segura,
señora Narbona, de que usted también conoce este dato.

También conocerá, porque nos lo ha dicho la ministra, que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, después de la catástrofe de
Doñana que ha ocurrido recientemente, denegó el permiso de vertidos al
río Agrio de las



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aguas sin depurar que todavía permanecían en la balsa, permiso que
solicitaba insistentemente la Consejería de Industria de la Junta de
Andalucía. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prohibió el
vertido al río Agrio de todas estas aguas sin depurar que permanecían en
la balsa, y mandó que se construyera una tubería para que el resto de las
aguas, los dos hectómetros cúbicos que permanecían en la balsa, aguas
contaminadas, pasaran por una depuradora antes de verter al río.

Estoy segura, señora Narbona, que usted conoce todo esto, y si usted
conoce todos estos datos y aquí los oculta y dice lo contrario de lo que
conoce, creo que no obra con rectitud.

Nos ha indicado la señora ministra que, de momento, la contaminación está
fijada. Yo creo que no es para lanzar las campanas al vuelo ni para que
estemos contentos, pero al menos creemos que se ha hecho lo que se ha
podido hacer. Nos ha dicho que no existe ningún dato que permita suponer
que las aguas tóxicas se han infiltrado en el acuífero 27. Preguntaba el
señor Alcaraz si teníamos seguridad de que no habría contaminación del
acuífero. Yo creo que seguridad no puede tenerla ni la ministra de Medio
Ambiente ni los técnicos del Ministerio ni nadie en este momento, porque
es bastante imprevisible lo que pueda ocurrir con estos lodos
contaminantes. Por eso creo que es importante que se proceda cuanto antes
a su retirada. Esta retirada ya se ha iniciado, y yo creo que debe
trabajarse en este sentido y trabajarse muchísimo, porque, como decía
también el señor Alcaraz y distintos medios, hay el peligro de que las
lluvias lleguen en octubre. Por consiguiente, creo que todas las
administraciones juntas deben colaborar para que estos lodos puedan ser
retirados cuanto antes.

Yo no sé (porque mis conocimientos técnicos no son suficientes; hay otros
portavoces que parece ser que se consideran preparados para dar sus
versiones) si es adecuado o no el lugar donde se están ubicando, parece
que de forma provisional, todos estos lodos contaminantes. De todas
formas, creo y espero que los técnicos del Ministerio sí consideren la
posibilidad de que este lugar sea idóneo, porque si estos lodos que han
vertido su carga contaminante contra el entorno del parque nacional los
estamos ubicando en un lugar que a lo mejor no es el más adecuado,
realmente no estaríamos resolviendo el problema con toda pulcritud.

Se ha dicho que hay que evitar la movilización de los cationes metálicos
--que es exactamente lo que creo que se está haciendo en estos momentos,
y confío en que sigan el camino emprendido--, pero que, además, a la vez
que se retiran los lodos, hay que hacer programas de evaluación y
análisis de los suelos afectados. Para esto hay una comisión de expertos,
hay una comisión de científicos que están trabajando en ello, y nuestro
grupo parlamentario tiene la esperanza de que, por una vez, el esfuerzo
de todas las administraciones, de los científicos, de los expertos y de
los técnicos, conseguirá que la contaminación no llegue al parque
nacional de Doñana.

También se ha hablado de responsabilidades. Respecto a las
responsabilidades penales no tenemos nada que decir desde nuestro grupo
parlamentario, es el juez quien debe decirlo. Las responsabilidades
civiles sí parece que son de la empresa Boliden. Aquí se ha hablado de
que la ministra repite siempre que el principio de que quien contamina
paga es el prioritario. Yo considero que este principio es insuficiente,
porque no basta con que quien contamina pague, sino que quien contamina
debe devolver el suelo a su estado original y, aunque en este caso es muy
costoso, esto es lo que hay que conseguir.

Hay que considerar aquí los daños a los particulares afectados, y ya se
nos ha informado que se está haciendo todo lo posible para que esos
particulares afectados puedan no sólo recibir la parte económica que les
corresponde, sino también volver a tener cuanto antes sus terrenos en el
estado en que los tenían, si ello es posible.

En cuanto a la Ley de residuos --aquí se ha hablado de que tenía algunas
carencias--, a lo mejor podía modificarse en algún punto concreto --no
estoy en contra de ello--, sin embargo, tiene la ventaja de que no
excluye de su ámbito de aplicación a los residuos mineros, sino que se
aplica de manera subsidiaria a todo lo que no esté regulado en la Ley de
Minas, y ello permitirá las actuaciones indicadas. Además, esta Ley de
residuos también regula el régimen jurídico de los suelos contaminados,
que obliga al responsable de la contaminación a devolver el terreno a su
estado original, y de esto es de lo que se trata.

¿Que estamos ante un desastre ecológico? Por supuesto. Yo creo que es el
mayor desastre ecológico que ha ocurrido en España. ¿Que el Ministerio
podía haberlo evitado? En mi exposición he indicado las
responsabilidades, las competencias de cada administración, las
responsabilidades según las competencias de cada administración, y creo
sinceramente que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no era
competente para hacer más que lo que ha hecho: asegurar el control de los
vertidos, que éstos fueran en buenas condiciones y que se
impermeabilizara la balsa. Sin embargo, creo que la Consejería de
Industria, si hubiera ejercido todas las competencias que tenía en el
aspecto minero, sí podía haberlo evitado; si las revisiones periódicas
hubieran sido las adecuadas, si se hubiera visto el estado de colmatación
de la balsa, si se hubieran visto los recrecimientos que se hacían
constantemente, lo que hacía suponer un peso y una acumulación de lodos
cada vez mayor en la parte baja, si se hubieran cumplido todas estas
competencias que tenía la Consejería, a lo mejor, el desastre ecológico
se hubiera podido evitar.

Decía el señor Alcaraz que no se nos había hablado aquí de la posible
existencia de arsénico en las aguas contaminadas. Quien debía conocer la
existencia de arsénico en los residuos, debido al proceso del tratamiento
de los metales, es la Consejería de Industria, y la Consejería de
Industria, entre sus competencias, tenía medios para conocer esa posible
existencia de arsénico. De todas formas, las noticias que nos llegan
ahora son noticias cruzadas, son noticias puntuales. Yo espero que el
Ministerio de Medio Ambiente nos irá mandando la información necesaria y
la información que todos deseamos sobre lo que se está haciendo en
Doñana.

Quiero decir al señor Alcaraz que ha manifestado algunas inexactitudes.

Por ejemplo, ha dicho que dos hectómetros



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cúbicos de agua que quedaban en la balsa se habían bombeado al cauce del
río. Se habían bombeado, señor Alcaraz, después de pasar por una
depuradora --lo cual no es lo mismo; es completamente distinto--, y nos
han explicado las tuberías que habían hecho para poder bombear el agua,
primero, a la depuradora y para que, una vez depurados, fueran al cauce
público.

Usted ha hablado de que hay consecuencias graves que la ministra nos ha
ocultado. Yo creo que no las ha ocultado, sino que las consecuencias
graves que puede haber son todavía imprevisibles, son consecuencias que
hay que estudiar y que hay que intentar paliar en la medida de lo
posible. Sí estoy de acuerdo con el señor Alcaraz en que es importante
inertizar los lodos que se están recogiendo ahora, porque no podemos,
simplemente, verter estos lodos en otro lugar esperando que no ocurra
nada allí. Ha dicho que no teníamos seguridad de que no se contaminaría
el acuífero. Por supuesto; yo creo que esta seguridad no la puede tener
nadie. Hay que poner los medios necesarios para que la contaminación no
llegue al acuífero 27, pero creo que la seguridad, repito, no la
tendremos nunca.

Desde luego, no estoy de acuerdo con usted en que la función de la señora
ministra sea estar allí, viendo cómo los camiones retiran los lodos o
haciendo los análisis de las aguas contaminadas. Eso no es la función de
un ministro. Esta función la hace quien la tiene que hacer. Lo que tiene
que hacer la señora ministra, los técnicos del Ministerio y todo el
Gobierno, que están muy preocupados por el desastre ecológico de Doñana,
es tomar las decisiones políticas adecuadas en cada momento. Dice usted
que nunca debía haber ocurrido el desastre ecológico de Doñana. Estamos
de acuerdo, señor Alcaraz, creo que nunca debía haber ocurrido.

A la señora Narbona quiero decirle solamente que su intervención la
considero patética; su intervención produce sonrojo, señora Narbona.

Usted ha recordado lo que decíamos cuando el Partido Popular era
oposición, pero no quiere recordar lo que hicieron ustedes desde el
Gobierno, precisamente cuando el Partido Popular era oposición y
precisamente cuando el Partido Popular denunciaba los vertidos que no
cumplían la calidad adecuada en la balsa de Aznalcóllar.

Usted no quiere recordar lo que hizo el Ministerio de Obras Públicas, lo
que hizo el Gobierno, precisamente cuando doña Loyola de Palacio se
quejaba de los vertidos, contestando al expediente de la Comisión Europea
en 1990 y justificando la necesidad de que la empresa estuviera ubicada
allí precisamente. Usted no quiere recordar esto, pues conviene que lo
recuerde, señora Narbona. Usted no quiere recordar que concedieron la
autorización de vertidos el 11 de octubre de 1994 y el 27 de julio del
año 1995. No fue este Gobierno, señora Narbona, quien nombró al director
del parque nacional de Doñana en el año 1990, cuando el expediente citado
anteriormente. Si quiere que hablemos de otras épocas, señora Narbona,
podemos hablar, pero no sea usted parcial, no recuerde unas cosas y otras
no las recuerde.

También ha leído usted el artículo de la Ley de Aguas en el que se indica
que el Gobierno podrá prohibir aquellas actividades cuyos efluentes a las
aguas no cumplan los requisitos de calidad adecuados. Estamos de acuerdo
con este artículo, señora Narbona, pero es que, actualmente, los
efluentes a las aguas que salían de la balsa de Aznalcóllar eran los
adecuados, porque las aguas salían depuradas al cien por cien.

Nos ha dicho la señora ministra, y esto nos alegra, que el Ministerio de
Medio Ambiente busca fondos para retirar los lodos, para producir la
descontaminación de los suelos y para regenerar los terrenos; fondos
Feder, fondos de cohesión y ayudas de otros fondos europeos. Creemos que
es importante conseguir estas ayudas, que estas ayudas lleguen cuanto
antes, porque el tratamiento, la descontaminación y la regeneración va a
costar mucho dinero, pero creo que todos debemos poner el máximo esfuerzo
en que éste sea un tema prioritario; prioritario para el Ministerio de
Medio Ambiente, prioritario para los miembros de esta Comisión y
prioritario para todos los españoles.

Doñana es una reserva de la biosfera, es un patrimonio de la humanidad, y
merece el esfuerzo conjunto de todas las administraciones, y mi grupo
parlamentario opina que no solamente de todas las administraciones, sino
que es importante también la colaboración de los grupos ecologistas que
conocen todo este entorno, la colaboración de los grupos ecologistas de
la Comunidad Autónoma andaluza. También solicitamos esta colaboración, y
de los científicos y de los expertos, para, entre todos, intentar hacer
que los terrenos de Doñana y su entorno puedan, un día no muy lejano,
volver a ser lo que eran y que el parque nacional de Doñana siga siendo
el buque insignia de los parques nacionales españoles.




El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles a SS. SS. que la sesión ha
empezado a las diez, llevamos ya tres horas y media de sesión y está
previsto que, al finalizar la misma, se reúna la Mesa. Por tanto, yo les
rogaría, tanto a la señora ministra en su turno de réplica como a todos,
que tengan la máxima brevedad en las intervenciones a partir de este
momento.

Señora ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, mucho me gustaría ceñirme a esa brevedad, que sin duda usted
desea, pero he tratado al menos de tomar nota de todas las preguntas,
acusaciones e interrogantes que se me han hecho y voy a intentar no dejar
nada en el tintero y pido disculpas de antemano si algo se quedara.

Créame, señora Narbona, que contestaré con todo el rigor, con toda la
humildad, y perdone el tono si es también el tono de mi voz lo que la
molesta; créame, repito, que lo haré con toda la humildad de que soy
capaz y en el tono que tengo realmente. Lamento no tener otra voz más
suave, pero le aseguro que en ningún momento me he mostrado triunfalista
ni contenta ni he bailado de alegría, como decía el señor Alcaraz, por la
tragedia ambiental que hoy nos convoca. Y vuelvo a recordar las primeras
palabras de mi intervención que en el «Diario de Sesiones» constarán de
una forma expresa. Créanme que, como ministra de



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Medio Ambiente y como presidenta del Patronato, es uno de los momentos
más duros para venir a comparecer ante una Comisión, no porque no quiera
hacerlo, sino porque --y si ustedes me quieren preguntar si se podría
haber evitado, los tribunales lo van a decidir--, por las impresiones que
tengo, pienso que sí se podría haber evitado --lo digo por si eso es lo
que esperaban que dijera--. Lamentablemente, ahora tendremos que ver
cuáles son las responsabilidades, dónde estuvieron las causas, pero en
ningún momento he tratado de echar balones fuera, ni siquiera en mis
primeras declaraciones que, como están grabadas, tanto en los teletipos
como en los medios de comunicación visuales y en las radios, habrán
podido comprobar que ya desde el sábado empecé a hablar de que era un día
triste para el medio ambiente.

Por tanto, no seré yo quien minimice la catástrofe que hoy nos convoca,
aunque, eso sí, cuando el domingo por la tarde dije que el corazón y las
marismas de Doñana habían quedado a salvo está clarísimo a qué me refería
en ese momento y, aunque la verdad puede doler a algunos, creánme,
señorías, fue porque, afortunadamente --y, como se ha dicho aquí, la
ministra no estuvo conduciendo ninguna máquina retroexcavadora, pero
estuve ahí y vi cómo los demás lo hacían, incluso en ocasiones con riesgo
para la propia seguridad física porque los medios con los que se contaba
eran aquellos de los que se disponían en ese primer momento de verdadera
angustia--, se actuó con prontitud ante esos lodos que han producido la
catástrofe ecológica, ambiental, económica y social a la que hoy todos
intentamos --pienso que también SS. SS.-- aportar soluciones de futuro
para acabar con este daño ambiental, pero sobre todo sacar consecuencias
de futuro. Créanme que mi presencia ahí como ministra de Medio Ambiente,
como presidenta del Patronato, no testimoniaba más que toda mi
implicación personal en esa catástrofe, lamentando como la primera lo que
había ocurrido y diciendo que tendrían que depurarse absolutamente todas
las responsabilidades. De responsabilidades civiles que tienen una
repercusión económica, ya estamos hablando, de responsabilidades
administrativas, si existieran, también se hablará.

Créanme que no es prepotencia recordar a SS. SS., para que también lo
sepa la opinión pública, que las competencias de un Ministerio de Medio
Ambiente son las que le asignó la Constitución española, que todos nos
dimos en el año 1978, en la medida en que el artículo 45 las expresa
claramente y debemos tenerlas bien presentes. Y si ustedes acuden a los
artículos 148 y 149 del texto constitucional van a ver que no es escurrir
el bulto el asumir estrictamente las competencias que nos asigna la
Constitución española de 1978 --por tanto, mucho antes de existir eso que
llaman ustedes un ministerio sin competencias o una ministra incompetente
en cuanto que no tiene competencias--, y les pido, por favor, con toda la
humildad de que soy capaz, que lo hagan.

El artículo 148 de la Constitución, apartado 1, dice: «Las comunidades
autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias.»
Concretamente en el párrafo noveno, dice: «La gestión en materia de
protección del medio ambiente.» Por tanto, la gestión en materia de
protección del medio ambiente está transferida a las comunidades
autónomas, concretamente está transferida a la Junta de Andalucía, y eso
no es echar balones fuera, señorías. Yo nunca he hablado de
responsabilidades, pero mantendré mis primeras palabras: las competencias
son las que asigna la Constitución española.

Si quieren ustedes todavía mayor detalle, el artículo 149 de la
Constitución, en su párrafo 1, apartado 23, asigna también las
competencias que en materia medioambiental le corresponden a la
Administración del Estado a partir del año 1978, y concretamente dice que
el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre
protección del medio ambiente. Por tanto, desde el sentido de la
responsabilidad personal, profesional, política y humana por la
catástrofe que ahí se estaba produciendo estoy totalmente afectada
también en el corazón, señor Alcaraz, por la tragedia ambiental sin
precedentes que se ha producido en España --y me atrevería casi a afirmar
en toda Europa--, que estaba asolando todo el entorno de Doñana. Creo que
es suficiente la envergadura para no aumentar más la situación de la
catástrofe al día de hoy. Me desplacé de inmediato a Doñana, que,
evidentemente, es lo primero que se debía esperar, y no estoy pidiendo
que nadie me lo agradezca. Es lo primero que hice en cuanto me avisaron
por la mañana y estuve en contacto telefónico permanente para ver qué
decisiones se podían ir tomando.

Por otra parte, como presidenta del Patronato, yo no tenía competencias
para evitar la catástrofe de esa riada de marea negra, de lodos con agua
tóxica, con agua ácida que se había ido corriendo por todo el río
Guadiamar; no teníamos competencias, no teníamos capacidad para evitar lo
que ya era irreversible desde las primeras horas de la madrugada.

Sin embargo, me gustaría incidir en que no creo que sea justo echar lodo
también encima de la competencia de los científicos. Decir, como aquí se
ha puesto de manifiesto, que están sometidos a presión, que están
sometidos a cualquier tipo de manipulación, me parece tan grave que, en
defensa de la comunidad de científicos, de expertos y de técnicos a los
que nunca se les ha limitado --¡faltaría más!-- esa libertad de expresión
a la que aquí se ha hecho referencia, tengo que decir que tienen todo el
derecho, diría más, todo el deber, señor Alcaraz, de decir también ante
la opinión pública lo que por su competencia profesional, por su
especialización pueden decirnos.

Creo que no es susceptible de ningún pacto de silencio que exista un
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene un presidente
que es el que nombra a toda una serie de expertos, en función de su
cualificación profesional, para atender precisamente a los problemas que
tienen que tratar. No vale cualquier experto para hablar de los problemas
concretos que tenemos en Doñana, valen los que se están pronunciando en
el Consejo de Investigaciones Científicas y fuera del Consejo en torno a
los problemas de los lodos, de los vertidos, de la acidez de las aguas,
en torno a los problemas de la agricultura, de la cadena trófica, porque
a usted le importan tanto como a mí, señor Alcaraz, las posibles
consecuencias que se puedan producir.




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Señor Alcaraz, si no he podido comparecer antes será por los mecanismos y
el reglamento de esta Cámara; mi comparecencia está pedida desde el
lunes, día 27, por la mañana. El sábado 25 y el domingo 26 estuve en
Doñana y el lunes 27 entró mi solicitud de comparecencia en esta Cámara.

Lamento que los medios de comunicación no se hagan eco hasta más tarde,
pero les aseguro que me asignaron la fecha del 7 de mayo.

He de decirle que como no está en mi ánimo ni tampoco en el de la Junta
de Andalucía ni en el de ninguna de las administraciones que estamos
tratando de solventar este gravísimo problema que tenemos delante el
ocultar nada, no sé por qué acuña usted esa frase de un pacto de
silencio. Podríamos pensar que hay un pacto de silencio, señor Alcaraz,
en la medida en que no hubiéramos dado la cara desde el primer momento,
como yo misma la di el sábado en compañía del consejero de Medio Ambiente
--luego, fíjense la descoordinación que hubo-- y como yo misma estoy
dándola hoy. Si han pasado más días, juega a su favor, puesto que tenemos
más datos, más documentos, más informes.

Quiero decir a todas SS. SS. que yo no he hecho una enumeración exacta de
todos los informes que he podido analizar y estudiar para poder hacer
esta comparecencia, para saber dónde estamos realmente, para ver por
dónde tenemos que ir, evitando en el futuro este gravísimo problema que
se ha producido y solucionando la situación que tenemos delante; pero
bienvenida sea, como sabe el grupo parlamentario. No tengo nada que decir
al grupo parlamentario porque estamos todos totalmente a favor de la
creación de esa comisión de investigación, yo la primera, señoras y
señores diputados; no tengan ningún miedo, tenemos absoluta
transparencia. Y permítanme que les diga que esto no es prepotencia, que
esto no es autobombo, que esto no es echar balones fuera, señorías,
señora Narbona. No he venido en tono triunfalista a echar balones fuera,
a decir que nosotros somos perfectos y los demás son los que lo han hecho
mal.

Señora Narbona, usted que tuvo responsabilidades en el Gobierno, usted
que trabajó en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente como secretaria de Estado, ocupándose de la política
medioambiental, sabe perfectamente, mejor que nadie, las limitaciones de
sus competencias. Lo sabe tan perfectamente que bajo su mandato se hizo
un informe, el 26 de enero de 1996, que lamento decirle que echa por
tierra toda la argumentación que usted ha puesto encima de la mesa con la
Ley de Aguas, porque en ese informe se dice expresamente lo que yo he
contemplado aquí; informe que, sin lugar a dudas, como toda la
documentación, estará a disposición de SS. SS. en esa comisión de
investigación que se vaya a crear y que ojalá se cree cuanto antes.

En ese informe, el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, decía exactamente que, aunque se trata, en principio de
una presa de grandes dimensiones, no forma parte, en absoluto, de una
presa que se rija por la Ley de Aguas. Dice, además, las características
por las cuales se escapa de esos artículos, señoría, que usted ha citado
de la Ley de Aguas. He de decirla que este informe, que emite el antiguo
Moptma, es precisamente posterior a la Ley de Aguas, puesto que la Ley de
Aguas es del año 1985 y este informe es de 26 de enero o febrero --no
recuerdo bien-- de 1996. Ahí queda excluida expresamente la regulación
por la Ley de Aguas de las balsas de residuos mineros, porque se dice que
son depósitos de residuos industriales de grandes dimensiones.

En la medida en que nos encontramos con un depósito de residuos
industriales, que tiene una legislación específica, como es la Ley de
Minas y todo el reglamento que la desarrolla, que estamos ante unas
balsas que además de ser depósitos de residuos industriales no están en
dominio público hidráulico y están, por tanto, en dominio privado, no
tiene competencias --señorías, créanme, lo digo con el más bajo tono del
que pueda ser capaz-- la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para
autorizar el proyecto de construcción de esas balsas.

Repasen ustedes la comparecencia, porque habrán visto que en uno de los
momentos he dicho cómo existía un proyecto inicial de explotación minera,
proyecto que termina en el año 1993, cómo se inicia un nuevo proyecto de
explotación minera en el año 1996 y cómo tengo que reiterarles que esas
autorizaciones de explotación minera no dependen de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. En ese sentido, yo nunca he hablado de
responsabilidad, he dicho que no tenemos competencias. Eso no es echar
balones fuera, eso no es querer asumir un Ministerio que tanto se
caricaturiza. Y permítanme que les diga una cosa absolutamente personal.

También he de decir que en esto, una vez más, hay mucho machismo, venga
del color que venga; si al frente de un Ministerio de Medio Ambiente
estuviera un hombre, les aseguro que no habría habido tantos chistes de
disfraces, tanto juego, con el corazón o sin él. Pero todas las mujeres,
por encima del color político que tengamos, estamos ya muy acostumbradas
a que en seguida salga siempre algún gracioso que ridiculice nuestra
forma de vestir, nuestra forma de comportarnos. Lo del safari
fotográfico, al que se ha referido el señor Alcaraz esta mañana, me
extraña mucho que fuera capaz de decírselo a algún compañero. Sin
embargo, algunas compañeras, no digo de partido, sino de fuera, se
prestan y nos prestamos mucho a eso. Quizá algún día ya las generaciones
venideras tengan la oportunidad de salvarse de esa especie de
ridiculización que, desde luego, no me afecta.

En cualquier caso, y volviendo a temas de mucho más calado, he de decirle
que quien aprueba el proyecto de terminación de recrecimiento del dique
de la balsa de residuos mineros es la autoridad competente, señorías; y
la autoridad competente es la Consejería de Industria, ni siquiera la
Consejería de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía. Por tanto,
tengamos claros una serie de conceptos.

Con cierta frecuencia, han querido poner ustedes de manifiesto
enfrentamientos, desencuentros entre la ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la ministra de Medio Ambiente. Señorías, aparte de no
existir esos enfrentamientos ni esos desencuentros, he de decir que lo
que la ministra de Agricultura, en la oposición, denunció a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... Yo no



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quiero tampoco que vean ustedes el autobombo, pero qué casualidad que
cuando llegamos a la Administración, a tener responsabilidades sobre la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, precisamente a partir de
esas fechas --yo no digo que seamos los que lo iniciamos, pero
precisamente se producen las denuncias en el momento del proceso
electoral-- en el momento en que tomamos posesión, se ponen en marcha
todos los mecanismos, desde la incoación de un expediente a la empresa
por vertido, hasta todas las obligaciones del plan de actuación concreto
que se imponen a la empresa para que continúe en esa explotación; y eso
es lo que realmente lo motiva, junto con el documento que la propia Junta
de Andalucía acompaña a la Comisión en cuanto a la estabilidad de la
balsa y en cuanto a la impermeabilización de la balsa, porque no
confundamos competencias, no confundamos conceptos.

Señorías, de verdad, con toda la humildad de la que soy capaz y en el
tono que les parezca más agradable a SS. SS., les quiero decir que el
accidente no se ha producido por filtraciones en la balsa, el accidente
no se ha producido por vertidos tóxicos que no estuviera controlando la
Confederación. Si hubieran existido esas filtraciones, si hubieran
existido esos vertidos tóxicos, la Confederación los tendría registrados
los días anteriores en el control periódico que establece en todos los
puntos de control de la red de aguas superficiales y de la red de aguas
subterráneas; datos todos ellos que, aunque se me acusa de que no los
tengo, dispongo de los últimos y más recientes, señora Narbona. No he
querido cansar a todas SS. SS. con los últimos o los anteriores, los que
ustedes quieran, pero en la comisión de investigación tendrán tiempo
ustedes de verlo. Créame que no es falta de humildad no asumir esa
acusación de que aquí he venido sin datos. Tengo todos los datos que SS.

SS. puedan desear en este momento, sobre todo de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, puesto que son las únicas competencias que
tiene, vuelvo a decir, no responsabilidades. Y aquí están absolutamente
todos los datos que ustedes puedan necesitar sobre los estudios que se
han ido haciendo permanentemente en todos los puntos, no en los
habituales, sino en los que se establecieron, como una red especial de
control, en las aguas superficiales y en 41 pozos subterráneos que
empezaron a investigarse con carácter muy específico a partir del mismo
sábado, día 25, en el que se produce la rotura del dique de esas balsas.

Por tanto, no estamos hablando de unos vertidos tóxicos que no se
estuvieran controlando; no estamos hablando de filtraciones. Quizás por
eso SS. SS. hayan entendido que yo me quito de en medio. Yo no me he
quitado de en medio ni siquiera físicamente, a pesar de esas críticas, de
las fotografías y demás a las que me he referido. He estado allí, en el
primer momento de la catástrofe, y lo he estado porque con mi presencia
quería demostrar a las autoridades competentes, a las autoridades
territoriales, a las autoridades locales, a los damnificados, a todos los
afectados, que el Gobierno no se echaba para atrás, que teníamos
preocupación máxima por lo que allí había ocurrido y que estábamos
dispuestos a colaborar en la medida en que pudiéramos hacerlo, como creo
que también he podido dejar demostrado en esta intervención.

Por tanto, teniendo en cuenta que lo que se produce es un accidente por
rotura en el depósito de residuos industriales, quizá esto pueda aclarar
muchas de las preguntas que SS. SS. me están haciendo.

He de reconocer que tiene toda la razón el señor Alcaraz. Aparte de citar
como autoridad al señor Umbral --yo le respeto muchísimo y le puedo
añadir, si quiere, más artículos, hasta con mi nombre y apellidos, para
su colección, si es que los quiere coleccionar, y no discuto, Dios me
libre, la autoridad como literato del señor Umbral--, he de decirle que
tiene razón cuando me dice que no tengo ninguna autoridad. Porque no
tengo ninguna autoridad para contestar a las preguntas que me está
haciendo, es muy bueno que esa comisión de investigación le pueda
responder. Me está haciendo usted unas preguntas y unas acusaciones que
vierte directamente contra la empresa y que yo asumo, señor Alcaraz,
aunque probablemente yo tengo las mismas preguntas que hacer a la empresa
y quizás algunas me han sido ya contestadas.

Usted me está preguntando sobre responsabilidades concretas. Usted sí que
habla de responsabilidades de la Junta de Andalucía, de la Consejería de
Industria, de la Consejería de Medio Ambiente. Yo no hablo de
responsabilidades. Tienen competencias porque autorizaron el proyecto de
construcción de esa balsa, tienen la competencia exclusiva del control,
de la estabilización de esa balsa, del seguimiento de ese muro, ya que
autorizan, como le he dicho, el proyecto de terminación del recrecimiento
del dique el 29 de julio de 1996. Por todas esas razones, no soy la
autoridad competente para responder a todas sus preguntas y por eso me
parece sumamente interesante e importante que exista cuanto antes una
comisión de investigación, bien sea aquí, bien en el Parlamento andaluz,
donde ustedes crean conveniente. Por parte del Gobierno habrá toda la
transparencia para que puedan contar desde el primer momento con todos
los datos que quieran todas sus señorías.

Por tanto, creo que debería quedar claro que la competencia es de la
administración minera. Yo también pienso, como muchos de ustedes, que
probablemente se podría haber evitado esta catástrofe. Pero los
tribunales tendrán que responder a su pregunta y, en cualquier caso, la
autoridad competente. Precisamente para ese dossier que tienen que tener
todas sus señorías cuando se cree la comisión de investigación les he
hablado de un informe que me parece bastante importante. No es el
Instituto Geológico y Minero el que hace un informe hablando de la
seguridad de la balsa. Hay un informe del año 1996, cuando se establece
esa nueva explotación, de la empresa Geocisa, en el que se cuenta que esa
empresa sí reúne esas condiciones de sostenibilidad y de impermeabilidad
requeridas. La Junta de Andalucía encarga, porque no es competente el
Instituto Geológico y Minero, que estudie el informe de Geocisa.

En el año 1996, cuando se está iniciando esa explotación, el Instituto
Geológico y Minero depende del Ministerio de Industria y Energía, no del
Moptma, que incluía también el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que es
un pequeño detalle que conviene aclarar, y no estoy echando balones
fuera. Cuando se hace ese informe, el Instituto



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Geológico y Minero dependía del Ministerio de Industria, lo que está
indicando dónde estaban las competencias no ambientales. Además, existían
muchas razones, y hablaremos luego de ellas, ya que no existía ninguna
preocupación medioambiental en la minería hasta la llegada de este
Gobierno, que ha terminado con la obsoleta legislación de residuos y ha
puesto al día toda la trasposición de directivas comunitarias. Y gracias
a que se ha llegado a tiempo, tenemos hoy una ley básica de residuos, de
la que luego hablaremos, señora Narbona, que contempla la situación de
gestión de residuos tóxicos y peligrosos. Por primera vez en España hay
una legislación ambiental. Tendrá que llegar esas ley general de medio
ambiente para coordinar administraciones. Sin lugar a dudas, me cuesta
creer que lo que no se ha podido hacer en 14 años se exija que se haga
ahora en dos. En cualquier caso, en ello estamos y se podrá hacer. Se han
hecho otras muchas cosas.

Con esto quiero decir que es la primera vez que en España tenemos una
legislación ambiental, ya que por primera vez se contempla la situación
de suelos contaminados y desde abril de este año se dice exactamente
quién tiene las competencias para definir, delimitar y catalogar los
suelos contaminados. Señorías, sin echar balones fuera, respondiendo a lo
que la Constitución española nos ha dicho, que nadie se llame a engaño.

Está recogido en esa legislación de residuos lo que de otra forma no se
puede hacer sin alterar la Constitución. Respetando la Constitución,
queda establecido que la competencia en materia de descontaminación de
suelos es de las comunidades autónomas. Por tanto, en este caso la
competencia de la descontaminación de los suelos recae directamente sobre
la Junta de Andalucía. Sigo reiterando que no hablo de responsabilidades,
hablo de competencias, señorías, y con toda humildad. Por eso, para
trabajar en esa eliminación de lodos, para trabajar en esa eliminación de
residuos, lo que venía siendo una relación más o menos informal de
consejeros con la ministra, del subdelegado de Gobierno en Sevilla, lo
que venía siendo una constante permanente desde las primeras horas del
sábado día 25, hubo de alguna forma que institucionarlo, tal y como hice
llamando por teléfono al presidente Chaves, para que no solamente fuera
visible ante los medios de comunicación. Quizá he de reconocer uno entre
los muchos fallos que se han podido producir. Era tal la magnitud del
desastre, era tal la falta de experiencia, no solamente en España sino a
nivel europeo y a nivel mundial respecto a la catástrofe que teníamos
entre manos, que lo que hicimos rápidamente fue reunir todos los recursos
materiales y humanos a nuestro alcance para paliar los daños y ponernos,
a continuación, en marcha para saber por dónde podíamos empezar a
descontaminar. Quizá, y ahí está el gran fallo, puestos a trabajar como
lo hicimos, se nos olvidó, y pido disculpas, que estábamos en una
sociedad mediática y que no bastaba con que nos estuviéramos reuniendo
las administraciones locales. Yo me he reunido con ellas desde el primer
día. Usted dice, señor Alcaraz, que ha ido allí. Pues si usted se reúne
con los alcaldes, y no son del Partido Popular precisamente, de la zona,
de los ocho municipios afectados, les podrá preguntar si me conocen, si
me conocían de antes, si me conocieron el día de la catástrofe,
telefónicamente algunos de ellos, si me han conocido después y cuántas
veces me he reunido con ellos. Créame, no puedo tener competencias para
saber qué es lo que hay que hacer con esas administraciones locales,
porque la gestión del medio ambiente está transferida a las comunidades
autónomas. No me eché para atrás, me he reunido con todos ellos.

Por tanto, yo creo que es hora de empezar a colaborar todos, como estoy
segura que quieren hacer, señorías, y empezar no ya a reconocer, sino,
por lo menos, a asumir todos los datos que se están poniendo encima de la
mesa con total transparencia y, por lo tanto, sin ninguna posible
acusación de pacto de silencio. Ni a la Junta de Andalucía ni al Gobierno
central se nos pueden seguir echando estos lodos encima diciendo que
tenemos un pacto de silencio.

Se ha hablado de denuncias. Estoy intentando hacer, en la medida en que
el Presidente me lo ha pedido, una respuesta conjunta para dar
contestación a todas las inquietudes de SS. SS., ya que muchas de las
preguntas se han ido repitiendo, advirtiendo una vez más que no he venido
hoy a cerrar un debate social, ni desde luego político, que se ha abierto
y que va a durar muchísimo tiempo, que me tienen plenamente a su
disposición todas SS. SS. cuantas veces crean conveniente para transmitir
cuantos datos estén a mi alcance y pueda yo facilitarles.

Respecto a esas denuncias a las que se han referido, incluso con figuras
tan curiosas como las que hemos podido leer, ya que algunas personas han
dicho que se había producido una prevaricación ecológica, yo quiero
decirles que sus textos y documentos también están a disposición de SS.

SS. y les van a demostrar cómo no fue porque se dijera, señora Rivadulla,
que el Guadiamar no entraba en el corazón de Doñana. Yo creo que aquí se
ha tratado de malinterpretarlo, y tengo la obligación de decírselo. Está
claro que el Guadiamar es el río que se ha visto afectado, pero es muy
distinto del caño Guadiamar, que es el que está directamente en el
corazón de Doñana. Por lo tanto, esa desviación de ese río se produjo ya
en los años cincuenta, no la ha hecho esta ministra en su calidad de
presidenta del Patronato ni siquiera presidentes del Patronato
inmediatamente anteriores a mi gestión. Por lo tanto, quiero decirle que
esa desviación se produjo ya en los años cincuenta. Quizá esto convenga
aclararlo porque puede explicar esa afirmación de la Confederación. En
cambio, si usted tiene también la posibilidad de leer todo el informe
completo, habrá visto que cuando la Comisión sobresee ese expediente es
porque reúne los datos que ella juzga suficientes para presentar el
paquete de todos los documentos al denunciante. Y el denunciante, pasados
los meses correspondientes y ante el silencio, la Comisión Europea,
decidió sobreseer el expediente, porque a juicio de la Comisión eran
suficientes las medidas que se habían tomado por parte de la empresa
para, en el año 1996, garantizar la seguridad de la balsa, se supone que
la seguridad del dique y, por descontado, el tema que afecta a la
Confederación, que son las filtraciones con contaminación de aguas
subterráneas o vertidos tóxicos al río Guadiamar. Por tanto, como todos
los datos obraron en poder de la Comisión y los van a tener todas SS. SS.

a su disposición en esa comisión de investigación,



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van a ir dándose cuenta de por qué la Comisión toma esa decisión, sin
ningún tipo de pacto de silencio.

Creo que no he minimizado en ningún momento los daños que se han
producido, ni siquiera cuando se está diciendo que no se han puesto en
marcha planes de emergencia. Señora Rivadulla, planes de emergencia se
han puesto en marcha tan inmediatos como lo fueron todas las actuaciones
que he enumerado a SS. SS., en la misma mañana del sábado 25 y desde las
tres de la tarde se realizaron controles de aguas superficiales y de
aguas subterráneas.

Posteriormente comenzamos a tomar decisiones, porque lo más urgente
afectaba a dos áreas distintas, una de ellas era la atención a los
damnificados. Dice el señor Alcaraz que no se ha hecho nada con los
damnificados y que hay un pacto de silencio sobre las cosechas y sobre
los frutos. Créame, señor Alcaraz, que esto no es así. Dice S. S. que nos
estamos callando sobre los productos alimenticios. Yo también estoy
segura de que el señor Alcaraz quiere ser riguroso en sus afirmaciones.

Yo me he anticipado a decirle --a lo mejor no lo conocía el señor
Alcaraz-- que la empresa no solamente se hace responsable de pagar ya de
inmediato esas cosechas actuales, sino que, además, se ha llegado a ese
pacto y se ha publicado en la tarde de ayer. Por tanto, no tiene sentido
que se diga que se está callando. La prueba es que los afectados y
damnificados están conformes, a través de las organizaciones agrarias,
con que en el plan de emergencia se paguen los daños acaecidos este año y
que se siga hablando de cuál tiene que ser la recuperación de esos
terrenos para próximas cosechas, que lamentablemente no se van a producir
el próximo año o en años muy inmediatos. Luego, nadie está callando
ningún tipo de cosas.

En ese plan de emergencia, había un segundo punto de gran interés, como
ha quedado demostrado aquí hoy. Tienen SS. SS. conocimiento de ello,
algunos con conocimientos científicos, sin lugar a duda muchos más
profundos que quien les habla. Porque, créanme, no presumo de nada, pero
mucho menos de científica o de experta. Si yo he hecho algunas
afirmaciones que a alguien le parecen tan categóricas y contundentes, no
hay ninguna prepotencia en esas afirmaciones, me remito a ser un portavoz
de cuantos científicos, técnicos y expertos, desde las primeras horas en
las que se produce el accidente, han estado allí al pie de los sucesos y
han podido contar, investigar y obtener datos de calidad de aguas
superficiales y subterráneas para decir lo que habían dicho. No he hecho
nunca afirmaciones políticas en este caso. Lejos de mí politizar ni
pensar que con triunfalismos solucionamos este problema. He sido mera
transmisora de las informaciones que me iban llegando de quienes estaban
allí, al pie del accidente, estudiando minuto a minuto no solamente lo
que había pasado, sino la evolución de lo que iba ocurriendo. Porque ya
hemos dicho todos --y en eso estamos de acuerdo-- que esto,
lamentablemente, no ha terminado, por eso tenemos que ser muy cuidadosos
cuando decimos que el acuífero 27, por ejemplo, al día de hoy no está
contaminado. Es lo único que he podido decir, no me habrán oído ninguna
otra cosa. Pero quizá eso desmiente a algunas personas que sin datos
--porque no hay datos hidrogeológicos al día de hoy--, puedan afirmar que
el acuífero 27 está contaminado, quizá algunos alegremente, no sé con qué
intenciones, dijeron que el acuífero estaba contaminado. Para saber si
está contaminado o no, el acuífero necesita de unos análisis y los
análisis realizados no demuestran que está contaminado al día de hoy. Que
se pueda contaminar en un futuro, los propios técnicos dicen que no es
probable, que por la calidad de las tierras arcillosas que allí hay, con
ochenta metros de arcilla, es poco probable que pudiera contaminarse,
pero no pueden afirmar más. Si los técnicos y científicos no van un paso
más allá al día de hoy, nunca me verán a mí ir más allá de lo que van los
técnicos y los científicos. Es que parece que a alguien le duele que se
diga que el acuífero 27, al día de hoy, todavía no está contaminado; que
el Parque de Doñana, al día de hoy, todavía no está contaminado. Y cuando
se habla de la cadena trófica, señor Alcaraz, tengo que decir que los
ánades no comen cangrejos; fundamentalmente están comiendo hierbas en
toda la zona, ya que hay castañuelas. De hecho, al día de hoy todavía no
ha habido intoxicación dentro del parque.

Yo no estoy diciendo que el parque se pueda situar dentro de una burbuja
aislada del entorno, pero, sinceramente, no es justo lo que se ha querido
transmitir, y ya no digo de cara a esa imagen pública, sino de cara a la
realidad que vive hoy el parque nacional de Doñana --y digo hoy, no sé
qué pasará mañana--, con fotos que eran reales y que, desde luego, son
tan lamentables como si se hubieran producido en el parque nacional de
Doñana, pero que eran de la parte anterior, del preparque que tiene que
actuar como colchón, precisamente para evitar estos accidentes en el
parque nacional. Yo creo que eso no es justo por la imagen del parque
nacional de Doñana, pero, sobre todo, por la realidad y el rigor de los
hechos y los datos al día de hoy. Reitero, al día de hoy --no puedo
descartar amenazas futuras; los técnicos están estudiando qué es lo que
puede pasar--, limitémonos a la tragedia ecológica que hoy nos asiste y
no la magnifiquemos sin datos, porque eso ha hecho que muchos
agricultores, muchos ganaderos de la zona, muchos pescadores, en este
momento tengan injustamente verdaderos problemas.

Yo no me he referido, señor Alcaraz, a ningún chantaje político, sino que
me refería exclusivamente a esto, a que junto a la protección
medioambiental, que nos preocupa a todos --y vuelvo a reiterar que a mí
la primera, pero no por más, sino porque soy responsable máxima de medio
ambiente por las competencias que tengo asignadas por la Constitución
española--, me preocupa tremendamente que se diga que en este momento ya
peligra hasta la calidad de las aguas de los habitantes de Coria del Río,
como ha dicho S. S., o de la Bahía de Cádiz, porque, si usted ha ido
tantas veces como dice, sabrá que pueden estar absolutamente tranquilos.

No hable sin datos, señor Alcaraz, porque la acidez que tiene toda esa
zona es la propia, la de siempre del Guadalquivir, y le digo esto según
los datos anteriores y los presentes. Vamos a ver qué pasa en el futuro,
pero, como le digo, las aguas han quedado aisladas, aunque el daño a
todos los habitantes de las zonas que no han sido afectadas ya se les ha
hecho. Lo único que yo he lamentado es que no nos hayamos ceñido a ver
dónde estaba



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el problema real; eso es lo que yo he dicho siempre que estaba controlado
y aislado en la medida en que teníamos muy bien delimitadas las zonas en
las que se han producido tan graves impactos ambientales, tan graves
impactos ecológicos. Ojalá no sean irreversibles en algunas zonas;
haremos todo lo posible. Estamos poniendo en marcha a todos los expertos,
técnicos y científicos, en primer lugar de España, y he de decir que, con
la aportación de tanta gente como se ha ofrecido ya en muy distintas
áreas, se están haciendo estudios de decantación de lodos, de
caracterización de los lodos, de gestión de esos residuos. En este
momento está todo en experimentación, y no alarmen tampoco a nadie --y
mucho menos a la población-- cuando incluso oigan que en algunas zonas
hasta se van a poner en marcha proyectos piloto para distintos tipos de
gestión de residuos, porque no es que estemos experimentando, sino que se
está analizando con todo rigor la toxicidad de esos residuos. En este
momento no hay garantía de esa toxicidad del arsénico, como se ha dicho,
de la proporción de arsénico en esos lodos que se están retirando. Se
están haciendo análisis y, por eso, yo no entiendo cómo --y permítanme la
expresión-- se lanza tan alegremente a los medios de comunicación que se
van a contaminar todos los que están trabajando en esa recogida urgente
de residuos porque a través del arsénico hay toxicidad. Se están haciendo
análisis para ver si realmente eso pudiera ser así y, por eso, se están
haciendo distintos estudios en la gestión de esos lodos. Se ha empezado
con una serie de lodos y también se ha criticado que se empezara en las
zonas de la carretera. Señorías, por la urgencia con la que hay que
extraer los lodos, se empieza precisamente por las zonas en donde el
transporte es más accesible, para seguir mientras tanto los científicos y
los técnicos, no los políticos --no podemos pontificar los políticos--,
realicen estudios científicos y técnicos rigurosos para saber qué
tratamiento hay que aplicar. Según sean los lodos y la capa que exista,
habrá que extraer algunos con unas máquinas excavadoras, otros con unas
máquinas con retraílla, otros a mano, porque habrá muchos cultivos que
podrán recuperarse en un futuro más inmediato si los lodos se retiran con
cuidado. Hemos terminado ahí el plan de emergencia, el plan de medidas
urgentes, pero se está trabajando ya en un plan de recuperación y de
descontaminación de los suelos que, incluso después de la recogida de los
lodos, todavía puedan quedar contaminados. Y para esto, como he dicho,
tenemos una legislación específica muy importante, que habla por primera
vez de los suelos contaminados.

Señora Narbona, yo estaré encantada de conocer las iniciativas que su
grupo parlamentario presenta. Lo que sí puedo decirle es que las que
ustedes presentaron, concretamente, sobre esta materia, cuando se debatió
en las Cortes el problema de la gestión de residuos, eran las que ustedes
justificaban como mejoras técnicas. Tengo aquí una de las enmiendas que
presentaron ustedes en el Senado, por la que aceptaban el concepto en la
gestión de los residuos, y lo único que decían era que de esos residuos
minerales no quedaran excluidos los de la Ley de Minas, y que al estar
citados otros reales decretos y normas, según decía S. S., se recogía
expresamente que de todos estos residuos mineros no quedarían excluidos
los de la Ley de Minas. Pero, desde el punto de vista conceptual,
estábamos completamente de acuerdo, señoría.

Lo mismo pasa con las propuestas que hacía Izquierda Unida sobre el tema
que hoy nos ocupa de la gestión de residuos, ya que estaban concretamente
de acuerdo con que hubiera una adecuación a la normativa comunitaria
vigente en esta materia. También pongo adisposición de SS. SS. la carta
que he recibido de la comisaria, en respuesta a mi presencia en Nueva
York para pedir los apoyos de la Unión Europea. Como ya he anunciado
anteriormente, tendremos una reunión próximamente con la comisaria de los
fondos de cohesión y de las ayudas regionales, aquí mismo, en Madrid, y
puedo decirles que se felicitan de la rapidez con la que se ha actuado en
esta situación y que se han puesto a disposición del Gobierno de España y
del Gobierno de la Junta de Andalucía para cuantas ayudas puedan aportar.

El señor Alcaraz decía que he leído sólo unos párrafos del documento del
CSIC, y yo tengo que decirle que se ha hecho público en el día de ayer, y
es tan público como que todas SS. SS. lo tienen a su disposición para
leer cualquiera de sus párrafos. Yo no he ocultado nada ni nadie ha dicho
si va a haber tiempo o no, lo que pasa es que no arreglamos nada si
decimos que, como no hay tiempo de aquí al otoño para extraer los lodos,
no vamos a hacer nada. Lo que hemos hecho, con independencia de que haya
o no tiempo, ha sido ponernos en marcha urgentemente con unas acciones
concretas y continuar en la línea de seguir investigando cuál es la forma
correcta de retirar esos lodos, si el depósito en el que se están
vertiendo, la corta de Aznalcóllar, que está abandonada, va a ser
definitivo, qué medios vamos a necesitar y con qué técnicas se va a
seguir extrayendo. Como usted sabe, la propia empresa se ha comprometido
a presentar un plan de gestión de los residuos en el plazo de 15 días,
pero no hemos esperado 15 días siquiera para retirar los lodos que nos
parecía que podía ser más urgente retirar y que tenían riesgo, sino que
ya se ha iniciado la retirada. Y se ha empezado a depositar los lodos,
por mandato de los técnicos, que son los que han desechado otros posibles
depósitos, en esa excavación, que tiene 200 metros de profundidad y que
parece que podría tener una capacidad de unos 60 hectómetros cúbicos. Se
ha dicho que de momento se depositan allí de manera provisional, pero
estamos esperando el resultado de un estudio sobre si este depósito de
seguridad se considera válido con carácter definitivo o para unos años,
si es a largo plazo o a medio plazo. A partir de ahí, estoy segura que
todos estaremos dispuestos a tomar las decisiones que sean necesarias,
pero siempre, vuelvo a reiterar, fiándonos de los técnicos, que son
muchos y que les aseguro que, por el bien de todos, no van a estar
manipulados jamás en una dirección o en otra.

Voy revisando todo lo que se ha ido diciendo, señor presidente, con ganas
de ir terminando.




El señor PRESIDENTE: Sí, señora ministra, por favor.




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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Se ha citado
también, por parte de la señora Narbona, el caso de Melilla y la ausencia
de una ley de responsabilidad civil. Pues mire, señora Narbona, cuando he
llegado yo no me he encontrado con una ley de responsabilidad civil en
vigor y, sin embargo, ahora estamos trabajando en ella. Lo que sí le
quiero decir, también con toda sencillez pero con la realidad de los
datos, es que la primera vez que este Gobierno ha podido actuar aplicando
un caso de responsabilidad civil objetiva, de responsabilidad civil
patrimonial, lo hemos aplicado, y lo ha aplicado la ministra que ahora
mismo les habla, sentando quizá un precedente en la Administración
Pública española, porque todo el mundo recuerda la situación de la presa
de Tous o la situación de los afectados de la colza. En Melilla, sin
esperar a que se depuren responsabilidades, no nos hemos escudado en un
vacío legal. Aunque no existiera esa ley de responsabilidad civil por
daños ambientales, teníamos los recursos suficientes, como tenían las
administraciones anteriores para, si hubieran querido, haber actuado con
la diligencia que merecen los damnificados en una causa. Y precisamente
porque en Melilla pudimos actuar así --no miramos para atrás diciendo:
como no hay precedente, que sigan esperando y si los tribunales nos
condenan ya responderemos--, esos damnificados, por iniciativa del
Ministerio de Medio Ambiente, han sido indemnizados. Por eso ha ocurrido
algo que no digo que se haya dicho aquí pero sí se ha leído: ¿De Melilla,
qué pasó? No pasó nada. Melilla se resolvió y por eso quizá ha pasado al
olvido.

Esa ha sido nuestra actitud, que es la misma que se ha adoptado en este
momento, puesto que si bien es cierto que la responsabilidad civil le
corresponde a la empresa, con independencia de responsabilidades
administrativas y de responsabilidades penales que probablemente pudieran
existir y que serán los jueces los que las determinen, nosotros hemos
actuado ya ante la Unión Europea para que se doten fondos de inmediato. Y
por si esos fondos no llegaran de manera inmediata, y por si la empresa,
que ha empezado a pagar la primera extracción de lodos, se echara para
atrás o paralizara los trabajos, por la urgencia de recuperar el cauce de
ese río, por la urgencia que tenemos de restaurar la situación y evitar
nuevos perjuicios en lo que es dominio público hidráulico, que es nuestra
competencia, por esa misma vía hemos pedido ya al Ministerio de Economía
y Hacienda la posibilidad de consentir, como he dicho anteriormente, un
endeudamiento sin cargarlo a déficit público de la propia Confederación
del Guadalquivir. De esta forma, de, manera inmediata, si no responde la
empresa, si no responde la Junta de Andalucía, mientras llegan esos
fondos de la Unión Europea, mediante un crédito extraordinario, podremos
mantener la extracción de lodos en el cauce de dominio público
hidráulico, que es lo que nos preocupa en este momento. Otros serán, como
he dicho antes, los que podrán poner en marcha actitudes similares,
planteamientos similares de futuro, pero de futuro muy inmediato, para
salir al paso con la reparación de los daños ambientales que se han
producido con la ayuda a las personas que han perdido sus cosechas o a
través de campañas de sensibilización que a lo mejor hay que hacer por
cómo se ha magnificado, donde no había catástrofe, la catástrofe, y yo no
digo que estemos minimizando la catástrofe. Luego, no cabe la excusa de
que no hay legislación de responsabilidad civil sino que, dése cuenta,
señora Narbona, cómo mientras la estamos elaborando, porque no nos la
hemos encontrado hecha, estamos actuando cuando los problemas se
presentan.

Termino, señor presidente, agradeciendo a Convergència i Unió el tono de
sus palabras, en la medida en que por lo menos ha felicitado la actitud
de los científicos y de los técnicos, los que se han pronunciado en un
sentido y en otro. Les aseguro que esto no se ha producido por afán de
dar buena imagen al exterior y que tenemos gente muy competente en cuanto
a científicos, técnicos y expertos para ir solucionando estos problemas
que se nos han venido encima con esta catástrofe ecológica.

Ya comprendo, como dice S. S., que no puedo disipar dudas.

Lamentablemente, no puedo disipar más dudas que las que a mí me disipan
los científicos y, por lo tanto, si al día de hoy estamos en la situación
que estamos, con los lodos contaminados a seis kilómetros del parque
nacional de Doñana, sin contaminación en los acuíferos, sin aguas ácidas
en la desembocadura del Guadalquivir, yo me tengo que quedar ahí. Y,
desde luego, deben saber ustedes que tienen datos a su disposición día a
día, no tienen que esperar semanas; la Confederación Hidrográfica sigue
emitiendo datos para que conozcan ustedes cuál va siendo la evolución de
un fenómeno que, efectivamente, se produjo el sábado 25 pero cuyas
consecuencias, por ser de muy difícil evaluación --también económica--
todavía no podemos decir que hasta aquí han llegado.

Medios para paliar los desastres, como le acabo de comentar, tenemos.

También le aclararé que lo que hacía el Instituto Geominero no era un
informe sobre la estabilidad de la balsa sino un informe sobre el que
Geocisa planteó. Y el último informe de Geocisa al que me he referido, de
ese mismo mes, del 21 de abril de 1998, nosotros lo conocemos y tenemos
pero no porque se lo hayamos encargado a Geocisa, pues no tenemos
competencia para hacerlo ni tenemos que controlar el seguimiento de esa
balsa, no tenemos competencia para saber si estaba o no en buenas
condiciones la estanqueidad del dique ni si éste es el que se ha vencido
por unas razones o por otras. Ese informe que supongo que también verán
SS. SS. cuando se cree esa comisión de investigación, quizá --no digo
lamentablemente-- pueda ser bastante significativo a la hora de
determinar las causas que han podio provocar este accidente que,
señorías, puedo garantizarles que, desde mi punto de vista, podría
haberse evitado.

Es cuanto puedo decir en estos momentos. Créame, datos y documentos hay.

No para echar balones fuera, sino para poner a cada uno frente a sus
competencias y que sean los tribunales los que decidan, inclusive en el
supuesto de que hubiera responsabilidades penales. Porque, señora
Rivadulla, recuerdo ahora que usted me ha acusado de fatalista, como
diciendo que todo iba bien y que ha pasado por nada. Desde luego, de mi
comparecencia no puede resumirse eso, porque incluso yendo más allá de lo
que a mí me



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compete, que es la investigación de las causas, en la medida en que todos
estos días he tenido la posibilidad de escuchar a muy distintos técnicos
y expertos que han realizado inspecciones oculares, que tienen datos
físicos desde las primeras horas, con vídeos y fotografías que se han
tomado de las balsas y del estado de situación del dique, he apuntado
algunas de las causas y, a lo mejor, no son precisamente de corrimiento
de tierras por movimientos sísmicos. A lo mejor hay que pensar en algunos
problemas de explotación que tenía la empresa y que quienes tenían la
responsabilidad de vigilar la situación de esos diques no fueron todo lo
diligentes que deberían. Como digo, doctores tienen, en este caso los
tribunales, para determinar las causas. Y eso no sería echar balones
fuera, puesto que reitero que no se ha producido el accidente por
vertidos tóxicos.

Sí quiero recordar, porque se ha vuelto a decir aquí, que los vertidos
tóxicos al río son los que hemos impedido contra la decisión que había
tomado la Junta de Andalucía y la empresa, que reiteradamente solicitó la
autorización a la Confederación para que se siguieran vertiendo residuos
tóxicos porque necesitaban evacuar ese agua. Lo decía el señor Alcaraz:
necesitaban vaciar de agua tóxica esas balsas para poder cerrar y poder
sellar con garantías. Nosotros les dijimos por dos veces que lo que
tenían que hacer --y se lo exigimos por escrito-- era vaciar esas balsas
para que tuvieran estabilidad y seguridad y no se produjera otra
catástrofe similar quién sabe en qué próximas fechas. Nos parecía
correcto que evacuaran esas aguas tóxicas, pero les obligamos a construir
un tubo para que a través de ese entubado esas aguas tóxicas fueran
directamente a la depuradora y de allí salieran ya depuradas al río Agrio
y posteriormente al río Guadiamar. Y así es como se ha hecho, se
construyó una tubería en tres días, pero porque la Confederación
Hidrográfica decidió que ésa era la obligación que tenían. Como la Junta
de Andalucía y la empresa no se quedaron conformes con nuestra denegación
de autorización, también les he dicho que acudieron a los tribunales,
acudieron a una instancia superior para exigir que la denegación de esa
autorización, que es competencia de la Confederación y, por tanto, del
Ministerio, se revocara y la jueza dijera que tenían derecho a verter
aguas tóxicas por razones de seguridad de la presa. Y ya les he dicho que
existe un auto, del 1 de mayo, en el que, dando la razón a la
Confederación Hidrográfica, se deniega esa autorización.

Termino, ahora ya sí, señor presidente, agradeciendo al señor González de
Txabarri el tono de su intervención. He de decirle que para coordinar
todos esos estudios y análisis de técnicos y de científicos, el Gobierno
pidió al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la cabeza de
su presidente, que coordinara todos los informes que le fueran llegando,
que nombrara un grupo de expertos, los más adecuados, para tratar las
distintas materias que hay que analizar ahí de hidrogeología, de
geología, etcétera, y que se pusieran a trabajar para tener informes de
una autoridad científica. Digamos que ahí va a quedar canalizada esa
coordinación.

Ya me he referido a que si tienen que abrirse expedientes
administrativos, los incoarán las autoridades competentes que concedieron
autorizaciones sobre las causas de la catástrofe, pero no se pueden abrir
expedientes cuando no se han provocado esas catástrofes. Con ello no tapo
a ninguno de los funcionarios de la Confederación. Reitero sinceramente
que desde mi punto de vista no ha habido negligencia, puesto que no se
estaban provocando esos vertidos tóxicos ni existían esas filtraciones.

Por ninguno de esos dos problemas sobre los que tiene competencia la
Confederación se ha producido la rotura del dique. La rotura del dique
probablemente se va a deber a otras causas que podrán demostrarse y
entonces se verá, con transparencia meridiana, dónde estaban las
competencias y de ahí el juez podrá derivar responsabilidades.

Todavía hace falta mucha más legislación en materia ambiental. Llevamos
dos años y como saben es la competencia que tenemos asignada por la
Constitución española. La Administración central es responsable de la
legislación básica en materia medioambiental, no de la gestión
medioambiental. En eso estamos y en el período de dos años y sin ningún
afán triunfalista, algunas son las leyes y directivas comunitarias, como
recordaba S. S., que se han puesto en marcha y ya están en vigor.

Agradezco las palabras de la señora Lara, representante del Grupo
Parlamentario Popular. El problema de las competencias quizá es el que se
plantea con más dificultades cuando se producen catástrofes de esta
magnitud. Probablemente sea buena una reflexión en torno a las
transferencias en las distintas gestiones, no porque haya que retrotraer
los efectos, no es ése el pensamiento de quien les habla, sino porque es
muy importante, máxime ante catástrofes de estas magnitudes, que la
opinión pública española, que con razón en muchas ocasiones critica a los
políticos con independencia del partido al que pertenezcan, no se sienta
peloteada. No crean que los responsables echan balones fuera diciéndoles
la famosa frase de Larra: vuelva usted mañana. Nunca quien les habla, ni
como presidenta de este Patronato ni como ministra, tendrá la intención
de echar balones fuera en un problema medioambiental de estas magnitudes.

Créanme --lo decía al principio de mi intervención--, esto quizá puede
servir --y les pido colaboración desde este Parlamento-- para que no
solamente todas las autoridades y responsables políticos, sino la
sociedad entera escuche a quienes habían acertado con sus denuncias, que
eran los ecologistas, a los que no ha sido nunca mi intención criticarles
ni marginarles. Por eso me sorprende la señora Narbona cuando cita que se
habían ofrecido. Se ofrecen el día 30. Hay declaraciones en el sentido de
que los representantes de esta asociación y esta otra manifiestan que el
acuífero está contaminado. Honradamente les dije que no les había visto.

Mis declaraciones se producen el lunes a las diez de la mañana y el
sábado y el domingo no tuve contacto con ellos, porque, a pesar de que
estuve allí, no les vi. Tengo la carta que les envían al director
conservador del parque nacional en donde se ofrecen a colaborar. Lo que
contesta por escrito el director conservador es que agradeciendo su
ofrecimiento, deben ponerse en contacto con el director del parque
natural, porque en lo que se refiere a la autorización que necesitan para
trabajar en el interior



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de parque nacional, no hace falta al día de hoy en la medida en que todas
las actuaciones están fuera del parque. Esa es la explicación que se les
da para que se pongan en contacto inmediato con el director conservador.

Es muy difícil que se pueda afirmar por nadie que no haya hecho estudios
hidrológicos serios que el canal del Cherry está afectado, señor Alcaraz,
otra cosa es que esté afectado justamente antes de las compuertas, pero
se han cerrado las compuertas y he de decirles, porque fui testigo de
excepción, que en la madrugada del sábado al domingo es cuando más costó
terminar de cerrar esa compuerta de la casa del Cherry. Una vez quedó
completamente impermeabilizado, mucho antes de que las aguas ácidas
llegaran al canal del Cherry, ya estaba cerrada la compuerta. Por tanto,
reitero, dentro del parque nacional, a la altura del canal del Cherry, no
hay contaminación. Además, ahí tampoco han podido entrar, porque no
tenían autorización. No ha hecho falta hacer análisis al otro lado de las
compuertas. Si el análisis que han hecho los representantes de
organizaciones no gubernamentales, ecologistas, ha sido precisamente en
las compuertas es lógico que hubiera una acidez, puesto que por ahí
discurrían las aguas ácidas ya que todas las actuaciones fueron
encaminadas a desmarcar el curso natural de esas aguas que hubieran
vertido hacia el parque nacional, reforzando esos diques, que fueron los
que funcionaron, desviando las aguas ácidas hacia el canal de aguas
mínimas y hacia el brazo de la torre.




El señor PRESIDENTE: A efectos aclaratorios, porque antes se ha suscitado
un posible retraso de la convocatoria de esta Comisión, quiero
comentarles, para su información, que la solicitud de comparecencia del
Gobierno se produce, tal como ha dicho la señora ministra, el día 27,
pero que no pudo ser calificada por la mesa del Congreso como es
preceptivo hasta la primera reunión de la Mesa, que fue el martes o el
miércoles --no recuerdo el día en estos momentos--, y el jueves también
estaba previsto Pleno. El jueves esta Comisión convocó una Mesa en cuyo
orden del día acordó la comparecencia de la señora ministra. Lo digo a
efectos aclaratorios. (Varios señores diputados piden la palabra.)
Quiero comentarles, señorías, que la hora es avanzada pues son las dos y
media y que esta Presidencia, que es a quien corresponde la ordenación de
este debate, ha concedido con generosidad los turnos a todos los
intervinientes. Señoras y señores diputados, según establece el artículo
44 del Reglamento a esta Presidencia le corresponde la discrecionalidad
en la concesión o no de un segundo turno. No obstante, a efectos
aclaratorios y rogándoles la máxima brevedad, voy a conceder un turno
estricto de tres minutos a aquellos que quieran intervenir. Por favor, no
reabran el debate porque les recuerdo que la Mesa está convocada al
finalizar la sesión.

Si quieren hacer uso de ese turno, pueden hacerlo por tres minutos.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero mostrar mi
satisfacción porque la señora ministra ha aclarado posteriormente que
todo accidente tiene sus causas y que siempre son evitables, sobre todo
la connotación de una o varias causas, que es lo que puede provocar esto.

Son varios los accidentes ecológicos como para acabar ya con el trato
exquisito que se da a determinadas empresas que porque pueden crear un
número, normalmente limitado, de puestos de trabajo no se tienen en
cuenta las repercusiones ni los mecanismos de prevención y de rigor
suficiente que provocan después estas catástrofes.

He de decir que este hecho no sólo se ha producido ahora sino también en
anteriores ocasiones. En Cataluña tenemos ejemplos claros de cómo una
sola empresa se puede cargar un río y seguir vertiendo residuos que hacen
que no sea un río sino un cauce de porquería y de lodo.

Señora ministra, yo no he hablado de los planes de emergencia a
posteriori. Le he preguntado, sabiendo que tenía una bomba a muy poca
distancia de un parque nacional, qué planes de emergencia adoptó cuando
llegó al Ministerio, porque es lo mínimo que se puede pedir.

Además, me gustaría que me aclarase en su respuesta si su iniciativa de
crear una comisión de investigación responde a una determinación que ha
tomado el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo caso estaría muy contenta.

Creo que ha de ser en sede parlamentaria. ¿Por qué?



El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Termino, señor presidente.

Porque nadie entendería en este país que, después de una catástrofe de
estas características, solamente se hablase de depuración de
responsabilidades de los tribunales. Aquí hay unas responsabilidades
políticas y creo que, del debate de hoy, se ha visto muy claramente que
hay discrepancias en la interpretación de la legislación respecto al
alcance de la Ley de Aguas y a las competencias y responsabilidades que
pueden corresponder a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por eso, nos ratificamos en la petición de la comisión de investigación y
espero que su grupo parlamentario lo vote afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, por un tiempo máximo de tres minutos.




El señor ALCARAZ MASATS: Desde luego, señor presidente, no le puedo
agradecer la flexibilidad en este momento.

Un ciudadano pasaba por allí y denunció la catástrofe, en el momento en
que todas las administraciones estaban en la feria de Sevilla.

Señora ministra, se va a crear la comisión de investigación. Es una gran
noticia para terminar esta comparecencia en la Comisión de Medio
Ambiente, porque es absolutamente necesaria. Si no, estamos en el seno
del pacto de silencio y seguimos en él. El silencio es el poder más
fuerte que existe porque parece que nadie lo ejerce, es un poder
fortísimo cuando se ejerce desde las administraciones.




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Ha roto usted dos apreciaciones previas que expusieron solemnemente ante
los medios de comunicación. No ha asegurado que esté a salvo el acuífero
27, porque zonas de recarga directa del acuífero 27 ya están contaminadas
y, aunque sea sólo una parte, el canal de Cherry ya está en parte de
recarga del acuífero 27.

En segundo lugar, ha mencionado una noticia muy importante hablando de la
corta abandonada: que no están seguros de que estén depositando los lodos
en zona segura. Es una noticia de enorme importancia que no haya
seguridad ninguna en que esa zona sea absolutamente definitiva, hecho que
concuerda con las denuncias que se están haciendo.

Nosotros hemos estudiado a fondo la Ley de Aguas, artículos 22, 55, 84,
88, 89, 92, 95 --ya leído aquí en su segunda parte-- y 99. Desde luego,
tienen ustedes competencia, sin duda ninguna. Usted mismo ha dicho al
final que, cuando había unas filtraciones, las denunciaron porque eran
quienes tenían que autorizar. ¡Claro que tienen competencias! Si no tiene
competencias quien dirige los parques nacionales, quien dirige la
Confederación Hidrológica del Guadalquivir y quien se atiene a lo
dispuesto en la Ley de Aguas, díganme de qué estamos hablando aquí,
señora ministra.

Termino. Tendrá que ampliar el concepto de corazón, no vayamos a terminar
diciendo que el concepto de corazón es el palacio de Doñana y, después,
la torre del palacio de Doñana. Además, en la torre ya no cabe toda la
familia del señor Aznar.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, quisiera discrepar de S. S. en cuanto
al concepto que tiene de la flexibilidad de esta Presidencia, primero,
porque ha excedido los tres minutos y, segundo, porque si se lee
detenidamente el Reglamento se dará cuenta de que, gracias a esa
flexibilidad, se ha abierto este turno.

Tiene la palabra la señora Narbona, por un tiempo máximo de tres minutos.




La señora NARBONA RUIZ: Ministra, ¿ve cómo, con un poquito de esfuerzo,
incluso pide disculpas a los movimientos ecologistas e introduce unas
gotitas de humildad? Tampoco es tan difícil.

Lamento que mis palabras hayan causado sonrojo a alguien por aquello que
dicen de que la cara es el espejo del alma. Yo me habría sonrojado
muchísimo si, siendo secretaria de Estado y teniendo todos los informes
técnicos y jurídicos y las garantías aportadas por todos los estamentos
que rodean a un secretario de Estado o a un ministro, hubiera sucedido lo
que ha sucedido. Por eso dije ayer que si me hubieran tocado a mí estas
circunstancias habría presentado mi dimisión. Y lo dije, por supuesto,
sin sonrojarme, porque creo que la responsabilidad política es algo más
que las competencias de gestión atribuidas al Ministerio, como creo
también que un Ministerio es algo más que la suma de los informes
técnicos y jurídicos que emanan de los distintos cuerpos profesionales
que lo integran.

El que haya habido un informe jurídico de la Confederación Hidrográfica o
de los Servicios Jurídicos del Ministerio que diga que la interpretación
es la que usted ha dicho no exime en absoluto de que haya
interpretaciones muy diferentes. El que haya habido informes técnicos del
Instituto Tecnológico Geominero, de la empresa Geocisa, de todos los que
han opinado a lo largo de estos últimos años que contradecían los riesgos
que se manifestaban en las denuncias tampoco disculpa de lo que se llama
responsabilidad política. La responsabilidad política es algo más. Si
queremos hablar sólo de competencias, usted tiene unas competencias que
no ejerce demasiado, que son las de coordinación con las administraciones
que tienen la competencia de gestión y el impulso, en general, a la
solución de los grandes problemas ambientales. Es verdad que no había
legislación sobre el régimen jurídico de los suelos contaminados, pero
había un inventario de suelos contaminados realizado en 1994 y había un
plan nacional aprobado por consenso con las administraciones competentes
en la materia desde 1995. Ustedes heredaron algunas cosas a medio hacer y
otras las heredaron ya en su integridad. Por ejemplo, el decreto sobre
regularización de vertidos, que permitió efectivamente que se hiciera
algo a partir de las denuncias de la señora Loyola de Palacio. Yo no he
falseado la verdad, yo no he dicho...




El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego que vaya concluyendo.




La señora NARBONA RUIZ: Termino.

Quiero contestar a la señora De Lara. Yo no falseo la verdad, porque yo
no he dicho que no se haya hecho nada durante la etapa en que ustedes
gobiernan. Sólo he dicho que no se ha hecho lo suficiente para evitar lo
que ha sucedido. Por supuesto que la Confederación ha hecho cosas antes y
después. Como no ha sido suficiente, insisto en que la responsabilidad
política es algo más que lo que nos dicen los técnicos que está a salvo,
cuando al final se ve que no estaba a salvo.




El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, tiene también tres minutos.




El señor RECODER I MIRALLES: Señora ministra, veo que usted se ha lanzado
por la senda de la comisión de investigación. Yo entiendo los motivos que
puede tener pero no los comentaré en este momento.

Hemos de ser muy escrupulosos, si finalmente lo aprueba la Cámara, en
determinar cuál ha de ser el contenido de esta comisión de investigación.

Yo manifestaba antes la intención de nuestro grupo de pensárselo, porque
queremos tener muy claramente delimitada cuál es la responsabilidad de
cada administración pública.

Usted intentaba exponer cuál es el nivel de competencias que le
corresponde en este drama. Nosotros también lo hemos hecho. Yo recuerdo
que el ministro que se sentaba antes en esa silla, hoy flamante colíder
del principal partido de la oposición, se quejaba a menudo de que tenía
pocas competencias en materia medioambiental. Es un argumento que
esgrimía, también a menudo, ante las críticas de determinados grupos
políticos a que no hiciera más ante



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problemas que no le concernían porque no tenía competencias. Quiero
decirle, señora ministra, que a veces observo en esta Cámara un cierto
concepto gallináceo de lo que es el Estado de las autonomías y de las
competencias autonómicas. A menudo se defiende una especie de alta
inspección, que en materia de medio ambiente no existe, por parte de la
Administración general del Estado en relación con las competencias
autonómicas. Es lo que legitima a algunos diputados a pedirle al Gobierno
que actúe en ámbitos donde realmente no le corresponde o donde su
competencia es muy delimitada y muy escorada hacia determinados aspectos.

¿Qué quiero decir con ello, y concluyo? Vamos a estudiar muy claramente
la delimitación competencial en este problema. Digo de entrada al Grupo
Parlamentario Popular y a los otros grupos que se han sumado a esta
propuesta --y nuestro grupo no lo va a admitir-- que esa comisión de
investigación no puede juzgar en ningún caso el mejor o peor uso de sus
competencias por parte de la Junta de Andalucía.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, tiene la palabra por un tiempo
máximo de tres minutos.




La señora DE LARA CARBO: Voy a consumir mucho menos tiempo, señor
presidente. Solamente quiero decir que en mi intervención he olvidado
aludir a esta comisión de investigación. Nuestro grupo parlamentario se
plantea la creación de dicha comisión aquí y la va a apoyar.




El señor PRESIDENTE: Señora ministra, con toda brevedad, por favor.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, en función de los grupos a tres minutos cada uno, tengo un
poco más de tiempo, pero no haré uso del mismo.

Señora Rivadulla, si usted repasa mi primera intervención, verá que ya
estaba enunciando que esas causas eran evitables. Por eso me ha
sorprendido mucho que S. S. dijera que yo, como en una situación de
fatalismo, lo remitía a que la naturaleza no lo había podido evitar. No;
léase mi primera intervención. Puede ser que no me haya expresado bien,
pero creo que se va a dar cuenta de que lo que quería decir es lo que
dije.

No quiero que en ningún momento se plantee la incompatibilidad entre
trabajo y medio ambiente, porque estaríamos en el eterno dilema de que,
por respetar puestos de trabajo, se hace una chapuza al medio ambiente.

Eso es lo que no tiene que ser, eso es lo que nos falta todavía. Yo he
dicho muchas veces que es la gran asignatura pendiente de la sociedad
española; de otras muchas sociedades también, pero de la española
particularmente. La gran asignatura que no hemos aprobado en España es el
hacer compatible el medio ambiente con el desarrollo económico y social.

Decía al principio de mi intervención que si hay que sacar algo positivo
--fíjense el disparate que voy a decir-- de esta situación tan trágica
que estamos viviendo desde el punto de vista ambiental, es el hecho de
que nos unamos todos los que tenemos esa sensibilidad ambiental, porque
cada uno tenemos una responsabilidad distinta, para demostrar a toda la
sociedad y a quienes por encima de nosotros tienen también
responsabilidades, cada uno en su esfera, que ha llegado la hora de
atender esa política medioambiental como una política sectorial y que no
puede haber actuaciones en industria, en economía, en educación, en
agricultura, en trabajo o en observación del territorio que no estén
completamente imbuidas de lo que es una correcta política ambiental. Ahí
me van a tener a mí también. No me atrevo a decir que en cabeza de
manifestación porque, si no, van a creer que me pongo la primera en todo,
pero voy a estar con todos ustedes, todos juntos. Eso es lo que yo quiero
y ésa es para mí la gran finalidad que tiene esta creación de un
Ministerio específico del Medio Ambiente: poder ser la conciencia
ambiental de toda la sociedad española y de todos los responsables
también. Por eso me duele muchísimas veces, créame señora Narbona, esa
falta de entendimiento que parece que existe permanentemente entre las
asociaciones ecologistas. No hay nada que me pueda doler más que cada vez
que convoco al Consejo asesor de medio ambiente no quieran presentarse
algunos de ellos y, sin embargo, hay otros muchos que están trabajando en
dicho Consejo, lo mismo que trabajan en la conferencia sectorial. Por
cierto, señora Narbona, me sorprende que usted me diga que la reunimos
poco. Usted sabe que cuando yo llegué levaba más de dos años sin reunirse
y que la hemos convocado cuatro o cinco veces ya, no recuerdo ahora mismo
cuántas han sido. No digo que sean suficientes, pero la conferencia
sectorial se está reuniendo permanentemente. No me pongo de buena y miro
hacia atrás y digo que los demás son malos, pero es de justicia reconocer
a cada uno lo que está haciendo.

Comisión de investigación. Aquí se ha demostrado clarísimamente que hay
ganas de prejuzgar, porque se han hecho juicios de intención sobre lo que
yo podía pensar. Soy la primera interesada. El señor Recoder me ha
preguntado también sorprendido porque tenía sus ciertas dudas. Pues bien,
yo nunca he tenido dudas, porque es un tema que nos preocupa a todos
--jugando otra vez con el término más amplio de corazón--, porque nos ha
llegado al corazón ambiental que tenemos y que tendríamos que tener cada
vez más sensible desde el punto de vista ambiental todos los españoles.

Creo que es una ocasión de oro para, sabiendo lo que ahí ha pasado,
sabiendo en qué situación administrativa, jurídica, o como ustedes
quieran llamarla, se encontraban las cosas, conocer si se pudo o no se
pudo haber evitado y, escuchando a distintos técnicos, se diga qué se
pudo hacer y cómo convendría hacerlo. Quisiera decir a cuantas personas
tengan que acudir a la Comisión de investigación --no seré yo quien ponga
límites a dicha Comisión-- que contarán conmigo --lo ha dicho también el
Grupo Popular-- y con todo el Ministerio para transmitirles cuanto esté
en nuestro poder, porque es una ocasión de oro para que se haga la luz
sobre lo que son las competencias y para que se sepa --y no estamos
echando balones fuera, señora Narbona-- que yo no concibo ninguna
responsabilidad política sobre aquello en lo que no se tiene



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competencias. Si efectivamente la catástrofe que se está investigando en
este momento --como tenemos la responsabilidad de hacer-- hubiera sido
motivada por vertidos tóxicos que la Confederación no hubiera controlado
y no hubiera puesto los medios para evitarlos, yo entendería
perfectamente que había responsabilidades políticas en el Ministerio de
Medio Ambiente. Cuando --yo no puedo decirlo más que con los datos que
tengo hoy-- se vaya viendo dónde estaban las competencias, quién tenía
las autorizaciones, el control y el seguimiento de lo que ha causado el
accidente (reitero que es el bizcocho borracho que decía el señor Alcaraz
lo que se ha venido abajo), por algunos problemas de explotación no bien
vigilados por quien tenía que vigilarlos en su momento, a lo mejor
resulta que entonces se derivan responsabilidades políticas también hacia
otras áreas hacia las que no han ido en este momento.

Con esto --vuelvo a reiterar-- no estoy echando balones fuera. Ustedes
vieron que asumí también, en primera persona, el asunto de Melilla que ha
salido aquí esta mañana. No crean que en mí van a encontrar nunca una
actitud no ya oscurantista o de pacto de silencio, ni siquiera
obstruccionista para que se haga la luz. Por tanto, bien venida sea esa
comisión de investigación en los términos en que el Parlamento lo
acuerde. Si es verdad que existe esa falta de confianza en las
administraciones (como ha dicho alguna de SS. SS.; creánme que yo no la
he percibido en este caso, estando en el entorno y estando con la gente
que veía lo que estamos haciendo), si se ha perdido --y digo que pudiera
haberse perdido--, es buen momento también para que se recupere, porque
así hacemos un buen servicio a lo que es la actividad política, a lo que
es, en definitiva, el ejercicio de la democracia. Para mí no tiene duda
que esa comisión de investigación --donde se conozcan también lo que son
limitaciones de las competencias-- tiene que funcionar y cuanto antes,
mejor.

No busquemos titulares (el señor Alcaraz es muy libre de buscarlos y a lo
mejor encontrarlos) porque aquí no se ha dicho en ningún momento que
estemos depositando los lodos en una zona insegura. Aquí se ha dicho lo
mismo que han dicho los técnicos que llevaron a tomar esa decisión: que
es un depósito provisional. Eso se ha dicho desde el primer día y se le
ha transmitido a la opinión pública que lo ha querido escuchar o leer. Es
un depósito provisional, en la medida en que se están haciendo estudios
para ver si es un depósito definitivo --y definitivo es para toda la
vida--, es un depósito de larga duración pero no definitivo o si hace
falta tomar algunas medidas para que se convierta en depósito definitivo.

A lo mejor, señor Alcaraz, usted es un experto en materia geológica, pero
como yo no lo soy no puedo a priori, porque me guste más o menos, abrir
una batalla con usted por algo que no hemos dicho. Es un depósito
provisional porque así lo han dicho los técnicos y tiene todas las
garantías para que se esté estableciendo ese depósito de lodos en este
momento.

De otras muchas cosas se ha podido hablar aquí esta mañana, pero en
ningún momento he dejado traslucir --y si lo he hecho, de verdad que no
ha sido mi intención-- que el Ministerio de Medio Ambiente sea
simplemente un cúmulo de informes técnicos y jurídicos. Lo único que he
dicho es que en esos informes técnicos y jurídicos --en gran medida, los
que he aludido-- las competencias están claramente delimitadas en cuanto
al accidente que se ha producido. Vuelvo a reiterar --lean ustedes mi
comparecencia en el «Diario de Sesiones»-- que yo no he dicho que no haya
una competencia concurrente de la Confederación Hidrográfica, pero tan
delimitada como que es en dos materias: en cuanto a la calidad de las
aguas subterráneas y en cuanto a los vertidos al caudal público, y
ninguno de esos dos problemas ha llevado a la situación de catástrofe que
se ha producido. Por eso es por lo que he dicho que no tengo competencias
en este caso concreto del accidente que se ha producido, pero no en el
sentido de que la Confederación no tenga nada que ver con la explotación
minera. La Confederación tiene que ver --y está dicho en la primera parte
de mi intervención-- en dos temas muy concretos. No olvidemos, no
confundamos a la opinión pública; no son ésas las causas que han
producido la rotura del dique. Se ha producido la rotura del dique de una
balsa y los técnicos y expertos --y le aseguro que he escuchado a más de
uno-- serán los que ayuden al juez a determinar quién era la autoridad
competente, si ha habido alguna negligencia, y derivar de ahí las
responsabilidades, incluso penales, que pudieran dilucidarse y que a lo
mejor pueden existir.

Señor presidente, agradeciendo su amabilidad, quiero decir que, como he
expresado con anterioridad, desde un principio he entendido que éste no
es el final, sino que es mi primera comparecencia para hablar de la
contaminación del río Guadiamar y de todo el entorno de Doñana. Créanme
que en mi primera calidad de presidenta del Patronato y de ministra de
Medio Ambiente es total mi ofrecimiento para que cuantas veces ustedes lo
consideren oportuno, o a petición propia, pueda seguir viniendo a esta
Comisión o la subcomisión que se cree para informar de cuantos datos
quieran tener sus señorías.




El señor PRESIDENTE: En nombre de la Comisión, le agradezco su
comparecencia aquí hoy y su disponibilidad para futuras comparecencias
para informar sobre el asunto que nos ocupa.

Señoras y señores diputados, se da por finalizada la sesión, no sin antes
recordar a los miembros de la Mesa que a continuación, de forma rápida,
va a tener lugar la reunión ya convocada.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.