CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 451



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 20



celebrada el miércoles, 29 de abril de 1998



ORDEN DEL DIA:



Celebración de las siguientes comparecencias:



--Del señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(Aragonés Beltrán), para dar información acerca del informe preceptivo
sobre el vertedero del pueblo de Dos Aguas (Valencia). Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 212/001243) (Página 129787
)



--Del señor director del Instituto Tecnológico y Geominero (Custodio
Gimena), para informar sobre el estudio de la situación en el barrio de
Santa Catalina de Medina Sidonia (Cádiz). Presentada por el Grupo
anterior (Número de expediente 212/000749) (Página 12983)



--De la señora directora general de Calidad y Evaluación Ambiental
(Carrillo Dorado), para explicar la composición, funcionamiento y
objetivos de la Comisión sobre los usos del cloruro de polivinilo (PVC),
creada por aplicación de la Ley de envases. Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario (Número de expediente 212/000793) (Página 12991)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.




CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR
(ARAGONES BELTRAN), PARA DAR INFORMACION ACERCA DEL INFORME PRECEPTIVO
SOBRE EL VERTEDERO DEL PUEBLO DE DOS AGUAS (VALENCIA). PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/001243).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, a las nueve y media da
comienzo la sesión número 20 de la Comisión de Medio Ambiente con la
comparecencia de don Juan Manuel Aragonés Beltrán, presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, para dar información acerca del
informe preceptivo sobre el vertedero del pueblo de Dos Aguas (Valencia),
dando cumplimiento así a una comparecencia solicitada por el Grupo
Socialista. En nombre de la Comisión le doy una vez más --porque ya ha
estado aquí-- la bienvenida al señor Aragonés, quien tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (Aragonés
Beltrán): Muchas gracias, señor presidente. Voy a leer el informe y luego
me someteré, con mucho gusto, a todas las preguntas que ustedes quieran
realizarme.

La planta de residuos sólidos urbanos, a ubicar en la partida La Matrona
del término municipal de Dos Aguas, provincia de Valencia, consiste en un
vertedero de residuos sólidos urbanos con una planta de compactación de
balas y, opcionalmente, una planta de tratamiento de los mismos con
comportaje y recuperación de subproductos, siendo promotora la empresa
Proficer Sedimentos, S. A. La superficie total de la planta es de 41
hectáreas, respecto de la cual 21 constituyen el área de vertido. El
vertedero tiene una capacidad en la primera fase de 250.000 metros
cúbicos con la ejecución del primer dique de cierre. Las fases de relleno
son nueve y se construirán diques sucesivos de cinco metros de altura,
retranqueados hacia el interior del frente del vertedero, hasta alcanzar
un volumen total de 2.500.000 metros cúbicos. El volumen previsto es de
500 toneladas diarias, lo cual, considerando una densidad media de 1,1
toneladas por metro cúbico, resulta 454 metros cúbicos día. La capacidad
de la balsa de lixiviados es de 13.000 metros cúbicos. El sistema de
explotación es por el método de alta densidad con compactación previa y
se estima una vida útil del vertedero cercana a los 14 años.

En el acuerdo del 2 de octubre de 1997 del Gobierno valenciano, por el
que se aprueba la declaración de interés comunitario, se indica que se
trata de una actividad industrial de eliminación de residuos sólidos
urbanos procedentes de actividades domésticas, comerciales y de
servicios, así como usos industriales y sanitarios asimilables a urbanos.

En la declaración de impacto ambiental de la Generalitat valenciana, de
23 de septiembre de 1997, se recoge entre otros el informe del Servicio
de Residuos y Contaminación de la Consellería de Medio Ambiente, donde se
indica que el proyecto correspondiente es en realidad un vertedero de
balas, según se deduce de la documentación emitida. En esa declaración de
impacto ambiental se estima aceptable la instalación con una serie de
condiciones, entre otras que el perímetro del vaso de vertido deberá
limitarse a los afloramientos de baja permeabilidad, por lo que será
necesario modificarlo en su extremo este, de manera que su límite se
sitúe a no menos de 50 metros del contacto geológico con las
calizas-dolomías cretácicas. Asimismo, en el proyecto definitivo de obra
y actividad deberán tenerse en cuenta los cálculos hidrológicos e
hidráulicos justificativos y las medidas a adoptar con respecto al cauce
del barranco o vaguada afectada por el vertedero y con respecto a los
procesos de erosión y arrastres.

Actuación de la Confederación. Con fecha 19 de agosto entra en la
Confederación un documento de la Consellería de Medio Ambiente de estudio
de idoneidad hidrogeológica, que es remitido al Instituto Tecnológico
Geominero de España para su preceptivo informe, que se recibe el 7 de
noviembre. El 18 de noviembre, la empresa Proficer Sedimentos solicita
autorización para la realización de obras consistentes en el desvío de
dos barrancos que se encuentran en el perímetro de la planta de
eliminación de residuos y presenta posteriormente, el 5 de diciembre, un
anejo de reconsideración de cálculos hidrológicos e hidráulicos para las
obras de desvío. Analizado el proyecto por los servicios técnicos, con
fecha 9 de marzo se emite el informe relativo a la solicitud de
autorización de desvíos, que se remite a la Delegación del Gobierno, a la
Consellería de Presidencia, a la Consellería de Medio Ambiente, a la
Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y a los
ayuntamientos que lo habían solicitado en escritos que presentaron entre
el 17 de octubre y el 13 de febrero de 1998. En el Boletín Oficial de la
provincia de Valencia, de 8 de abril de 1998, se ha publicado el anuncio
relativo a información pública, por un plazo de treinta días, por lo que
actualmente estamos dentro de dicho plazo. Y con fecha 21 de abril de
1998 se recibe un escrito en el que Proficer Sedimentos comunica que con
esa misma fecha ha transmitido la titularidad de la promoción de la
actuación integral, del proyecto técnico, de los terrenos afectados, de
las licencias y demás autorizaciones sectoriales, de forma conjunta y
solidariamente a las mercantiles S. A. Agricultores de la Vega de
Valencia y Fomento de Construcciones y Contratas, en una UTE, las cuales
se subrogan en todos los derechos y obligaciones y, en consecuencia,
también transmite a las mercantiles la titularidad de la solicitud de
autorización de obras de desvío de los barrancos, así como el proyecto en
su día aportado, con subrogación de los derechos y obligaciones que se
deriven.

El informe de la Confederación se refiere a aquellos temas que pueden
afectar al dominio público hidráulico o su zona de policía, y se indica
en él, entre otras consideraciones, que el proyecto contempla la
instalación de una planta



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de eliminación de residuos y afecta a las competencias de este servicio
porque su actuación ocupa parte de un cauce público y se sitúa en zona de
policía de otro. Con objeto de disponer de los terrenos necesarios para
la obra, y dado que la misma se ha de desarrollar en una vaguada afluente
de un barranco que denominaremos La Matrona, se prevé un desvío de cauce
aguas arribas del vertedero para hacerlo desembocar en dicho barranco. Se
trata de cauces de escasa entidad, como lo demuestra que la superficie de
aporte inicial es de 0,594 kilómetros cuadrados y una vez desviado
quedarán tan sólo 0,25 kilómetros cuadrados de cuenca receptiva de aguas.

Las hipótesis del anejo de reconsideración de cálculos hidrológicos e
hidráulicos recogen las del informe hidrológico, de fecha 30 de noviembre
de 1997, de don Juan Marco, catedrático de Hidráulica de la Universidad
Politécnica de Valencia, que pone de manifiesto y recuerda la existencia
de recientes lluvias extraordinarias en la zona --octubre de 1982--,
registrándose en un sólo día 600 milímetros de precipitación. En base a
esos datos recomienda que se dimensione el canal de desvío con capacidad
para desaguar 26 metros cúbicos por segundo. Recogiendo esa
recomendación, en el anejo número 1 asimismo citado, se reforma el canal
para un caudal máximo de 30 metros cúbicos por segundo. El segundo desvío
de cauce previsto se produce aguas abajo del vertedero y consiste en
recortar un meandro en el barranco de La Matrona. Para este caso también
en el anejo número 1, en cuanto a capacidad de evacuación, se diseña un
caudal de 100 metros cúbicos por segundo. En consecuencia, los desvíos de
cauces que prevé el proyecto reúnen las condiciones y requisitos que
habitualmente se exigen para ese tipo de obras. Asimismo cabe informar
sobre la construcción de la balsa de lixiviados y sobre el dique de
cerrada del vertedero, por situarse ambos en zona de policía del cauce
del barranco de La Matrona una vez desviado. No se entra en consideración
sobre la impermeabilidad del vaso del vertedero porque ha sido
competentemente informado por el Instituto Tecnológico y Geominero de
España.

Como conclusión el informe indica: Visto cuanto se ha expuesto, se
considera que pueden autorizarse las obras en cuanto afecta a las
competencias de esta Confederación Hidrográfica, con las prescripciones
siguientes: a) Balsa de lixiviados: Dispone de una capacidad de 13.000
metros cúbicos, superficie según proyecto, para albergar 1,3 veces la
lluvia de un año medio, 520 milímetros, caída sobre la celda activa de
vertido en las primeras fases, según documento técnico estudiado. La
ubicación motiva el desvío del cauce de La Matrona, ya que ocupa parte de
un meandro natural del mismo. A los efectos de mejorar la no afección de
una avenida a la balsa de lixiviados, se deberá establecer una separación
de al menos 10 metros entre el cajero derecho del desvío y el talud de la
citada balsa; y b) Dique de cerrada de vertedero. Se deberá garantizar su
estabilidad y estanqueidad con objeto de que, bajo ninguna circunstancia,
los materiales por él retenidos puedan afectar al barranco de La Matrona.

Por tanto, y en consonancia con todo lo anteriormente expresado, procede
emitir un informe favorable por considerar las obras autorizables, con el
citado retranqueo entre la balsa y el cauce, en lo que respecta a las
competencias de este servicio, si bien dado que el primer desvío conduce
caudales de una subcuenca a otra, pudiendo afectarse a terceros, se
estima que debe someterse previamente el proyecto a información pública,
para cuyo trámite puede utilizarse la nota anuncio que se adjunta al
informe en aquel momento.

Por tanto, finalizando el período de plazo de información pública, las
actuaciones que restan son las normales en los expedientes de información
pública. Concluido el plazo se remitirá a los solicitantes las
alegaciones, si las hubiere, para que informen sobre las mismas.

Posteriormente serán analizadas por los servicios técnicos y jurídicos, a
fin de determinar si procede o no la autorización y dictar la
correspondiente resolución.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que es quien ha solicitado
la comparecencia, tiene la palabra el señor Paniagua.




El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias al señor Aragonés por su
información en esta Comisión, que creo que es la segunda vez que asiste.

Ha hecho una descripción de los acontecimientos que han llevado al
acuerdo, del 2 de octubre de 1997, del Gobierno valenciano, a declarar de
interés comunitario, por un procedimiento extraordinario, la instalación
de una planta de eliminación de residuos sólidos urbanos en el término
municipal de Dos Aguas, de la provincia de Valencia, en lo que él ha
señalado la partida de La Matrona. Bien es verdad que este acuerdo está
dentro de las competencias asumidas por la Generalitat valenciana y, por
tanto, entra dentro de ese marco de competencias sobre las cuales este
Parlamento nada tiene que alegar. Pero este acuerdo que se produce el 2
de octubre necesita en todas las instalaciones, de acuerdo con la Ley de
Aguas, el informe preceptivo que la Confederación tiene que hacer. Ahora,
por su comparecencia nos enteramos que ese informe se ha ido produciendo,
pero se ha ido produciendo con posterioridad al acuerdo del 2 de octubre
de 1997 que el Gobierno valenciano toma.

Tengo ante mí fotocopia, con fecha de entrada del 10 de octubre de 1997,
días después de que se produjera el acuerdo del 2 de octubre de la
Generalitat valenciana, donde, firmado por el comisario de Aguas, don
Pedro Marcos Segura, se establece que examinado dicho estudio esta
Confederación Hidrográfica del Júcar ha acordado remitir el citado
estudio al Instituto Tecnológico Geominero de España para su informe
preceptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 del Real Decreto
del Reglamento de dominio público hidráulico. Ahora sabemos, según la
información que el señor Aragonés nos ha proporcionado, que se remite el
7 de noviembre. Dado --dice el segundo punto-- que a esta Consellería de
Medio Ambiente le corresponde la competencia sobre los vertederos de
residuos sólidos, se le comunica que no es autorizable el vertido de
lixiviados fuera de la cubeta estanca que ha de constituir el



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propio vertedero, por lo que no podrán ser enviados al exterior los
lixiviados en camiones cisternas para su tratamiento en una EDAR, tal
como se dice en el apartado 3.2.2 b) del estudio de idoneidad
hidrológica. Y en el tercer punto se significa que la titularidad privada
de un cauce no autoriza a hacer de él labores u obras que puedan
ocasionar daños a terceros, según se establece en el artículo 5 de la Ley
de Aguas.

En este informe se hacen unas recomendaciones y se dice que se mandará al
Instituto Tecnológico Geominero, se recuerda la Ley de Aguas, pero no se
dice si este vertedero es adecuado o no para su ubicación en esta partida
de La Matrona. Es decir, ese informe al que usted ha hecho referencia, de
acuerdo con la titularidad de la empresa Proficer, se hace con
posterioridad al acuerdo de la Generalitat valenciana. Al margen de que
si esto es legal o no, dos pueblos de la zona han impugnado el acuerdo y,
por tanto, no estaban con la resolución que se toma el 2 de octubre; uno
de ellos es Cortes de Pallás. También el Grupo Socialista de Dos Aguas ha
considerado que no existía ese informe preceptivo de la Confederación. Al
margen de si se puede aprobar con fecha 2 de octubre algo sobre lo que
realmente todavía no estaba emitido el preceptivo informe y que se dice
tan sólo que se remitirá al Instituto Tecnológico Geominero para aprobar
el acuerdo, cuando la propia Confederación como organismo público
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente tiene que determinar si hay
una solvencia de la empresa Proficer para dar el informe definitivo,
cuando está por medio el artículo 89 de la Ley de Aguas que remite al
artículo 91, nos planteamos si la Confederación Hidrográfica del Júcar ha
actuado con la diligencia correspondiente para llevar a cabo un informe
que posibilite que se instale allí un vertedero. Porque como usted mismo
ha dicho, la propia Universidad Politécnica ha hecho un estudio de las
dificultades que tiene instalar en esta partida un vertedero de residuos
urbanos --vertedero de bala, como usted lo ha calificado-- con una edad
de catorce años y que tenga realmente un interés comunitario.

Nos encontramos con que el vertedero tiene una pendiente en los cauces
que llega en algunos casos entre el 10 y el 35 por ciento. Como el mismo
informe de la Universidad Politécnica señala, hay serios peligros de
riadas que arrastren parte de estos residuos sólidos. Nos encontramos a
escasamente 300 ó 500 metros de la cola del pantano de Tous, donde está
el río que posibilita en estos momentos que el agua potable de la ciudad
de Valencia y de su comarca natural sea la que se utiliza para la bebida
habitual y al mismo tiempo para el regadío. Por tanto, sé que hay un
nuevo proyecto, como el mismo señor presidente ha dicho, hay un informe
universitario, hay diferentes informes de distintas entidades ecologistas
sobre el impacto que puede ocasionar la valoración de floras y faunas
dentro del ecosistema. Como conclusión de todo esto hay que plantearse
si, estando entre 200 y 600 metros (yo he visitado personalmente la zona
y he visto la cercanía del posible vertedero en relación a la cola del
pantano de Tous), no nos podemos encontrar en el futuro con un problema
grave. Creo que cada día la sensibilidad de los temas de medio ambiente
es mayor. Acabamos de presenciar cómo en el caso de Doñana ha habido un
problema gravísimo como consecuencia de unos vertidos. Por tanto, la
pregunta que me gustaría hacer es si la Confederación Hidrográfica puede
dar la autorización habida cuenta de que ha habido informes en el sentido
de la precaución que hay que tener sobre estos vertederos y si se adecua
o no a la Ley de Aguas, al margen de que se pueda considerar desde el
punto de vista legal o no, que ya los jueces lo determinarán si hay las
alegaciones correspondientes; repito que mi pregunta va en el sentido de
si considera que no es arriesgado autorizar un vertedero entre 200 y 300
metros de la cola del pantano de Tous, con un índice pluviométrico que
provoca riadas habituales como ocurre en los países mediterráneos, y en
concreto en esta zona, y que ello no pueda tener en el futuro
consecuencias desastrosas para la propia Confederación y sobre todo para
los ciudadanos de Valencia y los regadíos.

Usted, como responsable de la Confederación dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, tendrá que tener en cuenta todas estas consideraciones
del informe de la Universidad Politécnica, los informes de impacto
ambiental que han hecho algunas entidades ecologistas, en esta partida de
La Matrona, valorando la desaparición de flora, fauna y ecosistema, y
sobre todo la responsabilidad en la cual puede caer la propia
Confederación al autorizar un vertedero teniendo en cuenta, en primer
lugar, si la empresa es la adecuada para llevarlo a cabo (hay una
solvencia empresarial, de acuerdo con la Ley de contratos que reformamos
en el año 1995; las entidades públicas tienen esa responsabilidad) y, en
segundo lugar, si no hay también una responsabilidad, en última instancia
una duda sobre si aceptar que este vertedero se instale en esta partida
cuando tenemos cerca la cola del pantano de Tous y cuando puede ocasionar
problemas graves ineludibles para un futuro, teniendo en cuenta los
problemas que esto representaría para el agua potable de Valencia y
también para el agua de los regadíos.




El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida tiene la palabra doña
Presentación Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Doy la bienvenida al presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar en nombre de mi grupo parlamentario.

Seré breve porque el portavoz del Grupo Socialista ha planteado de manera
bastante clara las dudas que puede tener también nuestro grupo
parlamentario en cuanto a la idoneidad en la ubicación del vertedero en
la partida de La Matrona del pueblo de Dos Aguas, en Valencia.

Señorías, señor presidente, creo que está tan reciente un desastre
ecológico como el de Doñana --en el que además de jugar al pimpón e ir
trasladándose las responsabilidades unos a otros hay una confederación de
por medio-- y aunque el posible desastre en esta zona no tenga el impacto
del ocurrido en Doñana, no nos gustaría estar protestando dentro de unos
años por una mala actuación en la ubicación de un vertedero. Hay que
volver a recordarle, como decía el señor Paniagua, que estamos hablando
de un vertedero que se pretende ubicar en una zona cercana a la cola del
pantano



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de Tous, donde no solamente las riadas que en nuestra tierra son muy
frecuentes pueden suceder de hoy a mañana y por muchas previsiones que se
tengan pueden producir arrastres de basura, sino que además es una zona
en la que también soplan vientos que pueden arrastrar basuras a la cola
del pantano, con lo cual estaríamos hablando de una contaminación
continuada, prácticamente de la mayoría de los días, en una zona que
abastece de agua y de riego a Valencia y su comarca. La sensibilidad que
hay que demostrar por parte de las administraciones públicas para ubicar
un vertedero tiene que ser cada vez mayor por los daños irreparables que
se pueden producir. No hace falta que recordemos el desastre de Bens, del
que todo el mundo hemos dicho que no estaba ubicado en la zona
correspondiente después de producido el desastre. Desde luego, no nos
gustaría que dentro de unos años --estamos hablando de la posibilidad de
un vertedero con vida útil de catorce años-- dijéramos que el vertedero
no estaba ubicado en una zona adecuada donde no se pudiera producir un
desastre de estas características o donde no se hubieran podido
contaminar las aguas de abastecimiento y de regadío de la zona de
Valencia y su comarca.

Por todo ello, insistimos: ¿A qué informes va a hacer caso la
Confederación a la hora de dar la autorización? ¿Van a tener en cuenta
todos los informes que se han emitido tanto por las asociaciones
ecologistas como por la Universidad? Nosotros tenemos conocimiento de que
hay un informe de la Universidad Politécnica en el que se dice que no se
puede ubicar allí el vertedero. Nos gustaría saber si van a primar en
este caso los intereses para instalar el vertedero o si lo que va a
primar es la razón, por lo menos la duda que pueda existir en cuanto a la
idoneidad de la ubicación del vertedero, porque en un tema de estas
características es preferible curarse en salud y ante la duda no ubicar
el vertedero en esa zona, buscar otra mejor, que no dentro de unos años
decir que nos hemos equivocado y ya hemos contaminado las aguas de la
zona. Me gustaría que contestara a estas preguntas y nos dijera si el
vertedero puede tener unas mínimas garantías de seguridad y no se pueden
producir este tipo de arratres. Existe información sobre que sería
necesario levantar una presa de unos 40 metros de alzada, con lo cual
estaríamos construyendo un muro suficientemente alto. Parece ser que
también existe un informe que alude precisamente a la necesidad, en caso
de que se ubicara allí el vertedero, de construir esta presa para
garantizar que no van a llegar las basuras a la cola del pantano.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra don
José Madero.




El señor MADERO JARABO: Gracias al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, señor Aragonés, que nos ha dado una información
escueta, precisa y completa sobre este tema del vertedero de Dos Aguas.

Mi grupo no tenía dudas, pero es que ahora sigue sin tenerlas y así lo
manifiesto puesto que se nos recuerda que existen los permisos oportunos
por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana; que en todos los
estamentos competentes se cuenta con los estudios de impacto
medioambiental y con todos aquellos estudios característicos de la zona
que permiten la instalación; que se toma la decisión por el organismo
competente; que la Confederación estudia en profundidad el asunto e
incluso el Instituto Tecnológico y Geominero emite un informe favorable
respecto a la impermeabilidad adecuada de los terrenos; que al parecer
son unos materiales de una naturaleza adecuada (no sé si son calizas,
dolomitas o qué rayos coronados son los que hay por los estratos
inferiores de la corteza terrestre), que son estratos de potencia
adecuada que impiden una lixiviación de materiales que pueda producir una
contaminación perniciosa. Por consiguiente, la Confederación, estudiando
dentro del ámbito del dominio público y policía de los terrenos que le
corresponden, entendemos que actúa adecuadamente y que se estudian
debidamente las obras de un canal en el llamado barranco de La Matrona
para el desvío de las aguas, que a la vista de los datos pluviométricos
es un canal bien sobredimensionado que evitaría ese hipotético riesgo que
por parte de algún portavoz se ha señalado. Pensamos que se actúa dentro
de la más estricta seguridad, que no hay ningún riesgo aparente, con los
datos que se puedan tener en la mano, para la autorización de este
vertedero. Cuando se habla de que hay intereses --lo ha dicho la señora
Urán--, yo entiendo que los primeros intereses son los de los ciudadanos
de Valencia que necesitan un sitio donde se depositen los residuos
urbanos de la ciudad y el área de Valencia. Pero me ha quedado una duda,
señor presidente, que me gustaría que nos aclarara, porque en ningún caso
se nos ha hablado de la construcción de una presa de 40 metros; de eso mi
grupo no tenía ni idea. Me gustaría que dijera si es verdad o corresponde
a la ciencia ficción.

En todo caso, mi grupo entiende que las cosas están en orden y que
corresponda a quien corresponda la responsabilidad en cada caso, la
Administración del Partido Popular o del Partido Socialista en los
últimos tiempos, los ejemplos que tenemos --uno lamentable y reciente--
son lecciones que debemos tomar pero que en ningún caso nos deben
conducir al pesimismo ni al catastrofismo, sean de quien sean, porque en
este caso se están haciendo las cosas adecuadamente bien, tal como se
deduce de las explicaciones que nos ha dado el presidente de la
Confederación.




El señor PRESIDENTE: El señor Aragonés tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (Aragonés
Beltrán): Señor presidente, paso a aclarar las dudas que se han suscitado
y a responder las preguntas.

Ya he comentado que el informe que se emite por parte de la Confederación
tiene en consideración y acepta totalmente las hipótesis de cálculos
hidrológicos e hidráulicos que expone el catedrático don Juan Marco, que
es el autor del informe a que ustedes se han referido. Por tanto, desde
el punto de vista hidrológico e hidráulico, todas las aguas que caen
fuera del vertedero y pueden ir hacia él son derivadas



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al exterior, a un barranco vecino --ya lo he comentado--, mediante una
presa que está situada en una pequeña cerrada que hay inmediatamente
aguas arriba de la ubicación del vertedero. Por consiguiente, no hay
ninguna aportación externa al propio lugar de ubicación del vertedero que
vaya a aguas superficiales. Lo he dicho en el informe y se ha considerado
así en los cálculos, hasta el punto de que se ha adoptado un canal de
desviación con capacidad de 30 metros cúbicos por segundo en una
pluviometría de 600 milímetros, cuando el señor Marco ponía en su, en mi
opinión, extraordinario informe --tampoco era cuestión de discutirlo--
que no pasan de 480, es igual, y nosotros simplemente lo comprobamos. Por
tanto, se estima en el informe que es conveniente e incluso sobrado.

Respecto al resto de aguas que pueden caer a las laderas que acceden
allí, se pone a su vez un canal de desvío también dimensionado con
arreglo a esas hipótesis de lluvias diarias de hasta 600 milímetros y que
permiten un dimensionamiento de ese canal de forma que ninguna aportación
superficial externa a la ubicación del vertedero va a caer en el
vertedero. Por tanto, respecto a la capacidad de arrastre de las aguas
superficiales, incluso aunque lloviera un 30 por ciento más de lo que
llovió el 19/20 de octubre de 1982, ningún agua puede llegar al vertedero
y, por tanto, no tiene capacidad de arrastre. A su vez, el agua del
vertedero concreta, que son 21 hectáreas, lo que puede llover en esas
mismas hipótesis es una cantidad que es la que cabe perfectamente dentro
de la balsa y, a su vez, es bastante inferior a la capacidad de la balsa
de lixiviados. Por tanto, lo que puede llover sobre él, incluso sin
ningún tipo de absorción por parte de las basuras, a su vez puede ser
admitido por esas balsas de vertido. En estas circunstancias cabe admitir
que existe una estanqueidad absoluta. Es imposible que ningún agua que
caiga fuera entre en el vertedero y, por otra parte, ningún agua que
caiga dentro, incluida la que la basura pueda traer, que es muy pequeña
porque como he dicho es de alta densidad y ha habido unas disminuciones
importantes del contenido de humedad, tampoco ésas puesto que están
recogidas en la balsa de lixiviados. A su vez no existe afección al
subsuelo porque, efectivamente, la formación es impermeable, no son
calizas ni dolomías sino arcillas alveoladas y yesos correspondientes a
la formación triásica, de acuerdo con el propio informe y los sondeos
realizados que informa preceptiva y competentemente el Instituto
Tecnológico Geominero. En las consideraciones entra un órgano hidráulico
como es la Confederación Hidrográfica. Hay que asegurarse que
efectivamente es un vertedero absolutamente estanco en el que no se va a
producir, bajo ninguna circunstancia, ningún escape de agua ni ninguna
capacidad de arrastre, es decir, ninguna afección por motivos hidráulicos
hacia fuera del vertedero. Eso es lo que se considera.

Respecto a la otra consideración que se ha hecho, el informe de la
Universidad Politécnica sí que hablaba de que para impedir que pudieran
ir las basuras que fueran arrastradas por las avenidas que pudieran
llegar a barrer el vertedero y llevarlo hacia abajo --dice en plan, creo,
bastante anecdótico-- habría que pararlo mediante otra presa, hacerla en
el vertedero, en el barranco de La Matrona, que tendría que tener 40
metros de altura para que pudiera parar que todos esos derrumbes pudieran
llegar. Esa es la mención que hace aquel informe. Ya digo que como se ha
considerado ese informe en el anejo de complemento de cálculos
hidrológicos e hidráulicos del vertedero, pues ya no se da. Piensen que
está dimensionado en el proyecto
--y lo he comentado-- un dique de pie que permite que todas las
basuras que, por otra parte --por eso he insistido-- según el proyecto
que se ha presentado y que por tanto es un condicionado a cumplir, son
balas, no es un vertedero de baja densidad, no se arrojan los residuos
urbanos tal como llegan con su contenido de humedad y su capacidad de
deslizamiento, sino que se trata ya de vertidos tratados
convenientemente, de forma que quedan acumulados en balas que son
autoportantes y además van ligadas por flejes, como dice la memoria del
vertedero. En esas condiciones en que va a funcionar, el dique de pie es
el que lo mantiene, en la práctica no existe ninguna componente
horizontal de esfuerzo, todos los esfuerzos son verticales, y
prácticamente no existe capacidad de deslizamiento. Todo ello está
convenientemente explicado. En el condicionado de la Confederación y en
el propio informe se pone de manifiesto --precisamente se hace hincapié
en esto-- que debe ser un vertedero que debe garantizar su estabilidad y
estanqueidad bajo ninguna circunstancia los materiales pueden afectar al
barranco de La Matrona. Las condiciones que se ponen en el proyecto
realmente justifican, de acuerdo con los cálculos correspondientes y
competentes, que eso es así.

Sobre la idoneidad o no de la ubicación, habiendo como hay una
declaración de interés comunitario del Gobierno valenciano y una
declaración de impacto ambiental anterior, 23 de septiembre y 2 de
octubre ambas, ellos son los que tienen esa facultad en la cual la
Confederación lógicamente no puede entrar. Lo mismo pasa con los informes
de los ecologistas. Es decir, la posible afección sobre la fauna, la
flora, etcétera, son cuestiones que están y deben ser evaluadas en la
declaración de impacto y convenientemente evaluadas por la Consejería de
Medio Ambiente, que es el organismo competente; la Confederación ahí no
puede entrar, simplemente porque no es competente y no conoce ni es su
función el hacerlo. (El señor Paniagua Fuentes pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Manual Aragonés.

Señor Paniagua, usted sabe perfectamente, porque es miembro de la mesa,
que no es práctica habitual un segundo turno y que las explicaciones del
compareciente cierran el debate.




El señor PANIAGUA FUENTES: Yo apelo simplemente, señoría, a su
benevolencia característica y permanente dentro de esta Comisión y a que
en otras ocasiones usted lo ha hecho así. Por tanto, teniendo en cuenta
la magnanimidad que siempre ha tenido usted con todos los miembros de
esta Comisión, apelo a que me permita una pequeña intervención.




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El señor PRESIDENTE: Lo malo es que esta benevolencia se puede convertir
en costumbre. (Risas.) En fin, como la apelación a la benevolencia es
absolutamente adecuada tiene la palabra.




El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente me gustaría clarificar algunas de las cosas que ha dicho.

Efectivamente, el informe es del doctor Juan Marco Segura, que es
catedrático de ingeniería hidráulica. El no solamente dice que se
registran 600 milímetros pluviométricos; dice que se registró eso en un
día, pero observaciones no sistemáticas de las zonas altas --leo
textualmente-- dieron más de 1.000 en un día también. Es decir, que
estamos ante una pluviosidad variable (los que hemos estudiado geografía
sabemos que la pluviosidad en las cuencas mediterráneas no es algo
permanente, que puede afectar en un día en dos o en tres; como usted sabe
tenemos tradición en nuestra comunidad de riadas importantes) y, por
tanto, no se puede sólo hacer un cálculo mecánico y matemático de los 600
milímetros diarios. Pero el mismo informe señala: «Recordemos que del
embalse de Tous parte el canal Júcar-Turia, que suministra el agua a la
planta potabilizadora de Picassent, que abastece al área metropolitana de
Valencia. Por tanto, cualquier incidente en el citado vertedero
produciría la contaminación del embalse de Tous en cuestión de horas. Por
ello parece necesario adoptar medidas de protección extrema.»
Cuando yo hablaba de valoración de la fauna y el ecosistema no sólo me
estaba refiriendo a distintas organizaciones ecologistas. El departamento
de producción vegetal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la propia Universidad Politécnica también lo dice: la
valoración de floras, faunas y ecosistemas en la partida de La Matrona.

Creo que cuando uno tiene la responsabilidad de dar un permiso, es decir,
la autorización --porque es preceptivo para que se realice la obra que la
Confederación autorice dicha obra y las condiciones--, lo que ya he
destacado es que eso no se produce cuando el acuerdo del 2 de octubre del
Gobierno valenciano; es decir, no hay informe de la Confederación en
dicho acuerdo. El informe se hace, como usted ha reconocido, a
posteriori. Por tanto, eso ya es un problema jurídico que determinarán
los que quieran impugnar esa consideración.

Yo apelo a lo que usted mismo decía, a la capacidad de arrastre, que
efectivamente el Instituto Tecnológico Geominero lo que señala
fundamentalmente, de acuerdo con su informe, es que son arcillas y que en
principio no tiene por qué haber. Pero aquí hay un problema de arrastre
que aunque sea de baja densidad, aunque sea un vertedero de bala --como
usted mismo ha señalado--, la responsabilidad de aceptar que se instale
ese vertedero la tiene la Confederación. No entro ya en las
consideraciones sobre si es adecuada o no la empresa Proficer para
realizarlo. De hecho hay un segundo proyecto y usted mismo ha señalado
que en estos momentos está la Función Pública para sus preceptivos
informes. Por tanto, simplemente apelo a que tenga usted en cuenta, y que
conste también en el «Diario de Sesiones», que si ocurriera algún tipo de
problemas en el futuro hay una responsabilidad directa de la
Confederación por autorizar una obra que nosotros estimamos, de acuerdo
con los estudios que se han efectuado, que no es el lugar idóneo para
realizarla a pesar de los problemas que se puedan tener en la cuestión de
los vertederos, fundamentalmente porque puede afectar a la aguas de un
río que lleva el agua potable y de riego a Valencia.




El señor PRESIDENTE: El señor Aragonés tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (Aragonés
Beltrán): Simplemente he de decir que, evidentemente, la Confederación y
todos sus técnicos somos absolutamente conscientes de la responsabilidad
que todos los días estamos asumiendo y asumimos en las decisiones que
tomamos; todas son de gran trascendencia porque el tema del agua nos
compete a todos. Somos conscientes de ello y también tenemos en cuenta
todas las consideraciones técnicas que se han puesto sobre la mesa.

Pedimos aclaraciones y nos las han traído, todas firmadas por técnicos
competentes que a su vez asumen su propia responsabilidad, igual que todo
el mundo. Yo puedo asegurar aquí ante todos ustedes que, por los datos
que tenemos encima de la mesa y lo que nos han considerado, tiene todas
las garantías de su estanqueidad y de que no va a haber fugas de agua
fuera de lo que es el recinto del vertedero.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aragonés, por su
comparecencia.

Quisiera informar a todos los miembros de la Comisión que acabo de
recibir una comunicación del secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes, que a su vez ha dirigido al presidente del Congreso, don Federico
Trillo, solicitando el aplazamiento de la comparecencia del secretario
general de Medio Ambiente que, como todos ustedes saben, estaba prevista
a las doce y media en esta Comisión, por encontrarse desarrollando
actuaciones urgentes en Sevilla con motivo de la rotura del embalse de
Aznalcóllar. Lo comunico a todos ustedes para que a su vez den traslado a
los portavoces de los distintos grupos parlamentarios diciéndoles que,
por este motivo, a esa hora no tendrá lugar la comparecencia prevista del
secretario general de Medio Ambiente, don Juan Luis Muriel, que en la
primera ocasión que se reúna la Comisión de Medio Ambiente tendrá lugar.

Se suspende la sesión hasta las diez y media.




Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (CUSTODIO
GIMENA), PARA INFORMAR SOBRE EL ESTUDIO DE LA SITUACION EN EL BARRIO DE
SANTA CATALINA DE MEDINA SIDONIA (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000749).




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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la comparecencia prevista
de don Emilio Custodio Gimena, que es el director del Instituto
Tecnológico y Geominero, para informar sobre el estudio de la situación
en el barrio de Santa Catalina de Medina Sidonia, Cádiz, solicitada por
el Grupo Socialista del Congreso.

Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a don Emilio Custodio, por
segunda vez, porque ya estuvo otro día en esta Comisión, rogándole que
tome la palabra para informar sobre el objeto de su comparecencia.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): Muchas gracias.

Voy a hablar primero de las actuaciones que se han hecho y, después, de
cuál es la situación, desde el punto de vista técnico, para comentar las
soluciones.

A principios de 1997, a petición del Gobierno Civil de Cádiz --me
permitirán que siga utilizando Gobierno Civil, aunque ha cambiado después
a Subdelegación del Gobierno--, se formó un grupo de trabajo con la Junta
de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz. El Instituto
Tecnológico Geominero fue invitado a participar y hubo un acuerdo en el
cual el Instituto quedó en que iba a realizar un estudio en un plazo de
seis meses, un diagnóstico sobre lo que sucedía. Este trabajo se presentó
en julio de 1997, con el título Dictamen y anteproyecto para la
estabilización de movimientos de ladera en el barrio de Santa Catalina en
Medina Sidonia. Fue dirigido al Gobierno Civil de Cádiz y preveía unas
obras por un importante de 98 millones de pesetas, en cifras redondas,
con unos costes de asistencia para el control de la realización de los
trabajos y los complementos de unos 18 millones de pesetas. Se aprovechó
también esta ocasión para pedir a la oficina de proyectos del Instituto
en Sevilla que estuviese a disposición para los ensayos y mediciones que
hiciesen falta, dado la proximidad geográfica de la zona.

Hasta donde nosotros sabemos, en agosto de 1997, hubo una reunión entre
el Gobierno Civil, la Diputación y la Junta de Andalucía. Nosotros no
estuvimos. Los resultados orales que nosotros tenemos es que se acordó
cubrir este presupuesto a terceras partes y que el Gobierno Civil
tomaría, además, a su cargo el coste de la asistencia técnica que se
había propuesto. En noviembre de 1997, la Diputación sacó a concurso un
proyecto de estabilización de laderas en el barrio de Santa Catalina,
primera fase, en Medina Sidonia. La empresa adjudicataria fue Geofisa.

Nuestro seguimiento del trabajo es que Geofisa ha hecho cinco sondeos de
reconocimiento, que se adicionan a los tres que había hecho el Instituto
Tecnológico Geominero, y que instaló los kilómetros que se han venido
observando, además de una serie de muestras de terreno que han enviado a
laboratorio y cuyos ensayos están todavía sin concluir. Los trabajos, tal
como nosotros sabemos, no han continuado, puesto que de los lugares donde
tenían que iniciarse los propietarios no han dado los permisos para
empezar las obras. Supongo que estarán en trámite en estos momentos para
obtenerlos. La razón de esta falta de permiso es el temor de los
propietarios de que, como consecuencia de las obras, mermasen sus
caudales, que estaban utilizando para regar las huertas que tienen en esa
zona. En esa misma fecha, noviembre de 1997, el Instituto visitó de nuevo
la zona y observamos que uno de los sondeos que habíamos hecho ya había
sido destruido, se supone que por gente del lugar, y estaba anulado. Ello
creó una serie de dificultades, por lo que se pidió a la oficina de
Sevilla que ellos mismos tomasen a su cargo la colaboración, para ir
controlando los niveles isométricos que, como después comentaré, es una
parte importante del seguimiento.

En enero de 1998, la Diputación firmó un protocolo-acuerdo con el
Instituto Tecnológico Geominero para una asistencia técnica, cada uno de
los dos firmantes aportaba algo menos de un millón de pesetas para
realizar esos trabajos. En marzo de 1998, hay un informe de la oficina de
Sevilla: Caracterización hidrogeológica del entorno de Medina Sidonia.

Contribución al estudio sobre los movimientos de ladera del barrio Santa
Catalina, en el cual se hace un diagnóstico sobre la parte hidrogeológica
y, al mismo tiempo, no están elaborados pero se incluyen datos que son
importantes para después analizar la evolución del agua subterránea en la
zona. Esto es lo que se ha hecho hasta el momento.

De la situación básica de la zona voy a dar una pincelada muy rápida.

Medina Sidonia está en un cerro, que es un residuo de erosión de unos
terrenos que lentamente han sido excavados y que han ido dejando esos
residuos entre los que se instala la ciudad. Este cerro ha resistido
porque tiene una cobertura de calcarenitas. La calcarenita es una arena
calcárea, cementada por carbonato cálcico, que es relativamente
resistente, y que se apoya sobre un tránsito alternante de calcarenitas y
margas. Como ustedes saben, las margas es una roca que alterada es blanda
y que se puede romper o deslizar con facilidad. Con esta situación en la
zona, el agua de lluvia recarga estas calcarenitas y produce una serie de
manantiales entre los cuales hay uno importante, dentro de la propia
ciudad, y que es el que ha servido tradicionalmente para el
abastecimiento urbano en épocas pasadas, cuando el abastecimiento se
hacía yendo a buscar el agua a la fuente. Estas calcarenitas se ven
notablemente rotas, notablemente fisuradas; incluso se aprecian fallas en
la zona, o sea, fracturas con deslizamiento de un lado y otro. Son
bastante importantes, todo el pueblo está atravesado por ellas, y, como
consecuencia de esta situación geológica, tenemos el residuo de una serie
de deslizamientos que se han ido produciendo a lo largo de toda la
historia geológica, de forma que lo que nos queda hoy es una zona que ha
sido un poco más resistente que el resto. Estos deslizamientos continúan
--hablando siempre en tiempo geológico--, se ven perfectamente, y hay
algunos que se pueden identificar como geológicamente recientes, lo cual
no quiere decir que históricamente estén documentados. Pero ha habido
deslizamientos importantes en épocas relativamente próximas. La causa
siempre es la misma: es la erosión de las margas que están debajo,
relativamente blandas, una vez alteradas, a lo cual ayuda el agua que se
recarga, que origina, en el contacto de las calcarenitas con las margas,
unas presiones que hacen que el terreno deslice.




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Esta es la situación natural. La situación antropizada, la situación que
crea el hombre, es que la instalación de viviendas y la ocupación del
territorio modifica perfiles y, en algunas ocasiones, acelera la
inestabilización de esas margas; que hay una red de abastecimiento y una
red de alcantarillado que antes no había, que tiene fugas y que, por lo
tanto, se suma a la recarga que había, sobre todo cuando hay pequeños
movimientos y se rompe. Estas fugas existen, están claramente vistas
químicamente. La mayor parte de los manantiales que están por debajo del
manantial principal están fuertemente contaminados por aguas usadas. Hay
una carga de edificios encima de la zona y, además, hay una circulación
de vehículos, especialmente camiones, que antes no existía y que produce
vibraciones, que probablemente también pueden acelerar la posibilidad de
que, en algún momento, el deslizamiento, un deslizamiento que está
produciéndose, acabe de inestabilizarse.

Lo que ha sucedido es que ha habido unos años húmedos en los cuales ha
habido lluvias intensas; estas lluvias intensas se han recargado a través
de las fisuras, han aumentado las presiones en la base del contacto de
las calcarenitas con las margas, y esto produce una pérdida de peso del
material que está encima y un inicio del deslizamiento, que se ve claro
en la cartografía geológica y que forma parte de este proceso que he
contado anteriormente. Lo que se está viendo ahora es que el algo que
está empezando, es algo que está iniciándose, que es muy lento de
momento, que es progresivo y que, en un momento determinado, puede da
lugar a un deslizamiento de una forma bastante más brusca, sin poder
precisar cuándo va a ser. Esto puede ser en una época próxima o en una
época lejana; tampoco se puede determinar. Tampoco se sabe exactamente
dónde está el plano de deslizamiento en estos momentos, no se ha podido
cortar claramente con los sondeos. Na pasado demasiado poco tiempo para
verlo con los descensómetros que se han montado; estamos en una época más
tranquila, el movimiento se ha producido, ha habido pequeños movimientos
en las últimas épocas, pero son muy lentos y eso hace difícil ver dónde
está el plano de deslizamiento. Este plano de deslizamiento debe estar a
20, 30, 35 metros de profundidad y todo lo que sea evitar que en este
plano haya una pérdida de presión por flotación, la presencia de agua
subterránea, es beneficioso, en el sentido de que va a retrasar que esos
deslizamientos se produzcan.

El conocimiento que se tiene de la zona, a rasgos generales, es
aceptable, pero no se tienen detalles; ha habido muy poco tiempo de
observación de niveles. Los descensómetros, como acabo de decir, están
instalados en época muy reciente y todavía los resultados son inciertos.

Un fenómeno de ese tipo lleva varios años de observación antes de poder
tener la seguridad de lo que está sucediendo y, además, ha habido los
fallos que he dicho antes por la vandalización de uno de los sondeos que
era clave para la observación.

¿Soluciones para el problema? Mi opinión particular es que no hay
soluciones definitivas para un problema de se tipo; lo que sí que hay son
paliativos o una forma de ir retrasando un fenómeno que, de todas
maneras, en un momento u otro, va a acabar produciéndose. Acabará
produciéndose un deslizamiento progresivo, un deslizamiento con saltos
bruscos, más o menos identificables, como está sucediendo en muchos otros
lugares de España que tienen una estructura muy parecida. Ustedes
conocerán perfectamente el tema de Benamejí, que es muy parecido.

¿Qué se pude hacer? Interrumpir el plano de deslizamiento cosiéndolo
mediante pilotes. Esto es una obra extraordinariamente costosa, es una
obra que yo no he valorado pero que los expertos la valoran en varios
miles de millones de pesetas. Desalojar, impermeabilizar toda la zona
para que el agua no entre, solución que también tiene unos costes
enormes, o llegar a una solución que trate de frenar el fenómeno. Y para
frenar el fenómeno hay dos cosas: una de ellas es actuar con el agua,
extraer el agua mediante drenes, que es el proyecto que se presentó en su
momento. Hay dos abanicos de drenes desde la ladera, que son los que no
se han podido iniciar por falta de los permisos, y uno desde el interior
del pueblo, que tiene problemas de ejecución grandes, puesto que el pozo
donde hay que colocar los drenes es bastante profundo.

La efectividad. Se espera que tenga una notable efectividad, pero no es
garantizable. Durante la ejecución de los sondeos de estos drenes, se va
a tener nueva información que va a permitir sobre la marcha ir haciendo
correcciones; por eso se hizo una propuesta de una asistencia técnica,
para dar la flexibilidad de, a medida que se va haciendo la obra, poder
corregir, a medida que se van obteniendo datos adicionales. Y, por
supuesto, hay que seguir observando y caracterizando el agotamiento, que
es lo que el Instituto, dentro de este compromiso con la Diputación de
Cádiz, viene siguiendo. Por lo tanto, se van acumulando datos.

¿Qué actuaciones podrían recomendarse además? No cargar más la zona, no
edificar más en la zona, evitar en lo posible las entradas de agua. En
este aspecto el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo notable extrayendo las
tuberías enterradas y poniéndolas al lado del bordillo, para, si hay
alguna fuga, poderla ver. Las fugas de la red de saneamiento son mucho
más difícil; pueden existir, mientras estemos en una climatología normal
no hay problema; en el momento en que haya lluvias fuertes y entren en
carga estas fugas es muy difícil de evitar. Es necesario no cargar la
zona, no construir, no verter, no acelerar el fenómeno mediante el
movimiento de cargas móviles, o sea, evitar camiones pesados o
vibraciones en la zona. Y, después, a medida que se vayan teniendo
observaciones, esas observaciones serán pasadas al ayuntamiento, que, de
acuerdo con ello, deberá tomar las medidas paliativas correspondientes,
ya de menor entidad con respecto a las anteriores.

Este es el informe que yo tengo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director del Instituto
Tecnológico y Geominero, señor Custodio.

Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Socialista, que es el que ha
solicitado la comparecencia, doña Carmen Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Custodio, por su comparecencia en
esta Comisión. Es la segunda



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comparecencia, después de este problema que se planteó con carácter de
urgencia en diciembre de 1996, aunque ya se había detectado la
problemática, como bien sabe, por las inundaciones de los años anteriores
y ya se habían hecho obras de rehabilitación en el año 1995 como
consecuencia del período de lluvias tan fuertes que tuvimos en ese año.

Posteriormente, en 1996, la situación fue tan grave que, de un barrio
pequeño, de aproximadamente 700 habitantes, cien familias tuvieron que
ser desalojadas; actualmente, todavía hay 53 familias que permanecen
desalojadas, teniendo que ser la Junta de Andalucía quien financie el
alquiler. Hay otras familias que, aun no estando desalojadas de sus
viviendas, tienen la lógica angustia de permanecer con unas grietas
profundas, cuyo origen desconocen y cuyo final tampoco saben cómo va a
producirse.

Por esa razón solicitamos su comparecencia, para que el Instituto hiciera
un informe que diagnosticara cuál era el origen de este fenómeno. Aunque
en otros pueblos, incluso de Andalucía, pueden haberse producido
fenómenos parecidos, ninguno tenía la gravedad de los de este pueblo de
Medina Sidonia, por varias razones. En primer lugar, porque afectaba a
muchas viviendas, a muchas familias, estando, además, este barrio de
Santa Catalina en el casco histórico de este pueblo de Medina Sidonia.

Como el propio informe dice, las posibilidades de que el deslizamiento
siga avanzando pueden tener repercusiones graves en ese casco histórico
de uno de los pueblos más antiguos y más significativos de la provincia
de Cádiz. No hay que olvidar el archivo tan importante de la familia
Medina Sidonia, que reside en este pueblo, y la significación histórica
que este pueblo ha tenido. Pero ahora no nos importa tanto esa
significación histórica como la situación en la que se encuentran esas
cien familias y, sobre todo el futuro de prácticamente este barrio.

En el informe provisional que se hizo, el Instituto ya daba alguna idea
del problema. Después, esas primeras impresiones del Instituto se
confirmaron en el informe definitivo, en el dictamen y en el anteproyecto
y, según usted ha dicho, las causas que se señalaban eran causas
profundas, de la propia constitución geológica del terreno, a pesar de
que esas causas profundas habían sido agudizadas por esas infiltraciones
que evidentemente procedieron de las lluvias, pero también de los
manantiales y de las posibles fugas de la red de alcantarillado.

Como ese informe presentaba unas propuestas de un gran alcance económico,
se llegó a ese grupo de trabajo y a esas reuniones, donde se distribuyó,
por parte de las distintas instituciones, el trabajo. A estas alturas, lo
que el propio informe decía era que había que hacer unos estudios
complementarios, además del dictamen que se había hecho, para seguir
avanzando en una mejor detección del problema, los sondeos que eran
necesarios y los drenes, de acuerdo con su información.

Por la información que yo poseo, que me ha sido facilitada por la
Diputación de Cádiz, esos estudios complementarios han avanzado y los
drenes que se habían solicitado en el dictamen del Instituto Tecnológico
Geominero y que han sido hechos por la empresa Geofisa han dado como
consecuencia algunos resultados quizás no tan alarmantes como los que el
Instituto había valorado en su dictamen. No son resultados de los que
todavía podamos tener confirmación oficial, pero sí sabemos que existen
conversaciones entre los técnicos de la Diputación con los del Instituto
Tecnológico Geominero y esperamos que hayan llegado a alguna conclusión
por parte del Instituto.

Me dice usted, señor Custodio, que realmente las soluciones son difíciles
y me habla usted en tiempo geológico. Para un político el tiempo
geológico no sirve. Las familias que están viviendo en estas
circunstancias no entienden de tiempo geológico, entienden del tiempo
vital, y los políticos ni siquiera del tiempo vital, los políticos
tenemos que dar respuesta en cada momento a las situaciones que se
plantean en cada momento.

Se rehabilitaron estas viviendas después de las primeras inundaciones y,
con las siguientes inundaciones, con las siguientes lluvias, esa
rehabilitación y los préstamos que cada familia había pedido para poder
abordar esa rehabilitación tuvieron que quedar suspendidos. ¿Quiere decir
entonces, señor Custodio, que la rehabilitación que ahora mismo se
produce, con las próximas lluvias, puede otra vez verse en entredicho?
Porque, evidentemente, si eso es así, hay que decir claramente a la
población del barrio de Santa Catalina que no puede vivir en esas calles
que están afectadas e incluso habría que desalojar parte del mapa a que
usted se ha referido.

Yo comprendo que ésas son decisiones políticas y que probablemente el
director del Instituto no tenga que tomar esas decisiones políticas pero,
desde luego, la Administración central tiene que tomarlas, porque tiene
que asumir decir a la población si va a poder seguir viviendo o no en ese
barrio. Tiene que asumir además si las obras de rehabilitación que se van
a emprender son obras que pueden hacerse para un tiempo vital que
podamos, como seres humanos, valorar y calibrar. Hablar de tiempos
geológicos está muy bien, los científicos pueden hablar de tiempos
geológicos, pero cuando hay que llegar a compromisos no podemos hablar de
tiempos geológicos, tenemos que hablar de soluciones inmediatas que la
población está demandando.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha promociones de viviendas de
alquiler y promociones de viviendas en venta que están ahora pendientes
de adjudicación y de algunos problemas urbanísticos, pero hay proyectos
de rehabilitación que están esperando una decisión por parte del
Instituto Tecnológico Geominero, por parte de los asesoramientos
necesarios en la opinión técnica y, desde luego, con la toma de posición
de la Administración central, para que diga si realmente se pueden
rehabilitar esas viviendas y si ese barrio puede seguir existiendo en las
condiciones en las que lo está haciendo.

Por eso, yo le vengo a pedir algo que probablemente usted no me lo pueda
decir en estos momentos, pero tiene que ser su voz cualificada la que
informe a la Administración central y al Ministerio para que tomen una
decisión y urgente en este tema, porque es una decisión que no admite ya
mucho tiempo. Tenga en cuenta que esto es de diciembre de 1996 y que hay
familias que llevan viviendo ya dos años y medio fuera de sus viviendas.

Y quienes siguen viviendo



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en sus viviendas soportan unas grietas que no saben a qué puede
conducirles. Creo que la población tiene derecho a una respuesta, y a una
respuesta política; no a una respuesta técnica evaluada en tiempos
geológicos, sino a una respuesta política. Si se pueden rehabilitar,
tenemos desde luego la dificultad económica, y mucho más con el nuevo
plan de viviendas que parece que va a poner en marcha el Gobierno, donde
hay un recorte brutal para las ayudas a la rehabilitación, del 40 por
ciento. Existe el compromiso de ayuda a la rehabilitación y, desde luego,
los diputados socialistas vamos a presionar hasta el final para que lo
que se pueda hacer, se haga. Pero es imposible empezar cualquier obra de
rehabilitación con la exposición que usted nos ha venido a dar, si no
existe un posicionamiento político para que esa rehabilitación se
produzca. Luego yo le ruego que transmita a la Administración central una
posición clara en cuanto a este tema.

Comprendo que para unos técnicos sea difícil tomar posiciones claras,
pero tal vez tampoco podríamos generar alarmismos innecesarios si la
situación en tiempo vital no fuera una situación alarmante. No quiero de
ninguna manera, con estas palabras, reprochar un carácter científico que
pueda tener cualquier tipo de dictamen de un instituto de la categoría
que tiene el Instituto Tecnológico Geominero y que ha demostrado a lo
largo de toda su historia. Lo que sí es cierto es que, en materia de esta
naturaleza, los informes también hay que hacerlos para una realidad y
para un problema que se plantea. Y, en primer lugar, quisiera saber,
señor Custodio, si los estudios complementarios que se están haciendo por
parte de la Diputación de Cádiz y que se comprometió a financiar la
Subdelegación de Gobierno, pero que hasta ahora no han sido financiados
por ella, sino que lo han sido por la Diputación y por el ayuntamiento,
si estos estudios complementarios, que parece que a primera vista son
contradictorios, porque no son tan alarmantes como los del dictamen que
presentó el Instituto, los asume el Instituto Tecnológico Geominero.

¿Qué garantías se pueden dar en tiempo vital, en tiempo político, de no
deslizamiento? ¿Se pueden hacer esas rehabilitaciones? Y, si hay que
hacer algunos estudios suplementarios, si se pueden hacer en tiempo
rápido y quién los va a financiar. Los estudios complementarios que se
pensaban abordar por parte de la Administración central, al final los ha
tenido que financiar la Diputación y el ayuntamiento y conocen muy bien
cuál es la financiación de que disponen los ayuntamientos pequeños.

Quisiera que me diera respuesta y que transmitiera a la Administración
central nuestra preocupación porque, después de dos años y medio, aún no
tenemos un posicionamiento definitivo sobre el problema.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, el señor
Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor director por su exposición,
por su comparecencia. Efectivamente, lo que se pretende es llevar a estos
vecinos de Medina Sidonia afectados una opinión tranquilizadora en un
sentido o en otro y tener la seguridad de que por parte de la
Administración del Estado y, en este caso, por parte del Instituto se
puede dar una valoración de la situación de este barrio y traducirla
directamente a los afectados. Porque, como ya ha dicho la portavoz del
Grupo Socialista, estamos hablando de unas familias que están conviviendo
con un problema muy serio y lo único que quieren saber es si se puede
vivir ahí o no. Y la respuesta, desde el punto de vista técnico,
corresponde, en primer lugar, al Instituto, dar una garantía a estas
personas para que tengan claro si pueden vivir, si pueden desarrollar su
vida en una vivienda sin que se les agriete cada tres años; si las obras
que hagan después no tienen sentido. Es decir, si se puede vivir; algo
tan sencillo como eso.

La verdad es que yo creo que su exposición es bastante completa, pero que
adolece de una conclusión clara: ¿Recomendaría usted vivir allí, o no?
¿Viviría usted en esas condiciones allí, o no? Esa es la contestación,
cuya traducción técnica hay que llevar al nivel social, al nivel humano,
que es lo que está pidiendo la gente.

Con lo que usted ha dicho, la verdad es que se hace muy difícil, porque
ha ido bordeando la cuestión, sin entrar en una conclusión definitiva,
pero con lo que ha dicho se puede adelantar la conclusión. Dice que no
hay, que no va a haber soluciones definitivas, que en todo caso se puede
retrasar el fenómeno. Yo creo que, si esto es así, habrá que concluir por
qué no se recomienda vivir en esas condiciones y el conjunto de las
administraciones tiene que abordar el problema que ello significa. No hay
que estar mareando la perdiz, sin entrar en el fondo de la cuestión. ¿Se
recomienda o no se recomienda vivir ahí? Se ha hablado de las
rehabilitaciones, se ha hablado de un posible realojo, pero, usted mismo
lo ha dicho, no hay soluciones definitivas, incluso las soluciones son
costosísimas y tampoco se dan como garantía de que eso no vuelva a
ocurrir; no es garantizable la seguridad. En fin, yo creo que, si eso es
así, hay que concluir de forma valiente, porque es lo que está esperando
la gente y lo que esperaríamos cualquiera de nosotros que estuviera
viviendo en esas condiciones, si nos garantizan o no que, después de
cerrar una grieta, a los seis meses se va a volver a abrir, con el
peligro que ello conlleva.

Me gustaría también conocer los resultados de la muestra del terreno, más
o menos cuándo se van a conocer. Y, en cuanto al plano de deslizamiento,
que no se sabe dónde está, si es posible que en los próximos meses se
sepa y en qué sentido. Es decir, si conociendo el plano de deslizamiento,
se puede acotar más la zona susceptible de una recomendación de no
vivienda. Yo le pediría que en su contestación abordara con claridad esta
pregunta: ¿Usted recomendaría que se viviera en ese barrio, o no?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, don Aurelio
Sánchez.




El señor SANCHEZ RAMOS: Queremos también agradecer a don Emilio Custodio,
director del Instituto



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Tecnológico Geominero, esta segunda comparecencia, que tiene lugar para
informar sobre el deslizamiento ocurrido en el barrio de Santa Catalina
de Medina Sidonia, en Cádiz.

Tengo que destacar, en nombre de mi grupo, el tono, que ha cambiado desde
la primera comparecencia, no del director, sino de los grupos políticos.

Ha cambiado desde la primera comparecencia hasta ésta. Por el tiempo en
que se pidió esta segunda comparecencia, que ya hace bastante, parecía
que se presumía que tanto por parte del Instituto Tecnológico Geominero
como del Gobierno no se iba a atender a la urgencia y la demanda de los
vecinos con la celeridad con que se ha hecho.

Nosotros, en su momento, condenamos la utilización partidista y política
que se hizo de la inquietud y angustia que padecen los vecinos de ese
barrio, condenamos como deleznable el hecho de querer sacar tajada
política a una situación tan dramática para unos vecinos que --quiero
recordarlo-- ven su presente con temor y su futuro con incertidumbre.

También participamos de lo que han dicho otros representantes de grupos,
la angustia y la situación de si van a poder seguir viviendo en su
barrio, en su zona, donde ellos quieren. Y no se puede pretender, como
hace la portavoz del Grupo Socialista, que el Gobierno diga a los vecinos
que se tienen que ir y que tienen que desalojar sus viviendas. El
Gobierno está haciendo todo lo posible, no solamente el Gobierno, para
ser más justos, todas las administraciones, Diputación, Junta de
Andalucía, ayuntamiento y Gobierno central están haciendo todo lo posible
para, primero, conocer el problema y, una vez conocido, poder aportar las
soluciones. Esas soluciones después serán asumibles o no en función de
que el coste sea superior al daño que se pretende evitar o de las
posibilidades que haya.

Lo que sí está claro es una cosa, que cuando se tenga el dictamen, cuando
se tenga la solución definitiva, cada administración tendrá que asumir
sus propias consecuencias y sus propias responsabilidades, y, si las de
vivienda o las de urbanismo corresponden a la Junta de Andalucía, al
ayuntamiento o a quien corresponda, cada uno tendrá, que asumir la suyas.

Aquí estamos ahora no para echarnos la pelota de un sitio a otro. Y veo
que efectivamente todos asumimos el problema y todos estamos por buscar
la solución, y, por eso, yo quería agradecer el tono de esta sesión.

También quería aclarar una cosa, porque ha habido varias alusiones a que
la Diputación ha pagado y que la Subdelegación todavía no ha pagado nada.

Quería añadir a lo que ha dicho el señor Custodio que efectivamente hubo
una reunión entre las distintas administraciones, a raíz de la
presentación del informe del Instituto Tecnológico Geominero, en la cual
un tercio de los 97.700.000 pesetas en que se valoraba en ese
anteproyecto era asumido por cada Administración y los 17 millones del
asesoramiento y dirección técnica que iba a hacer de estas obras los
asumía la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. Además, se firmó un
protocolo entre la Diputación y el Instituto Tecnológico Geominero y la
Subdelegación por el cual, para los dos tercios que corresponden a la
Diputación y al Gobierno central, la tramitación la haría la Diputación y
el pago, el abono, se haría cuando se terminaran las obras. Así estamos,
nadie ha incumplido, todo el mundo está haciendo lo que corresponde, pero
también, en este protocolo firmado, la Diputación es la que se encarga de
la tramitación administrativa y, como tal, le corresponde urgir a los
propietarios de estas fincas, que están pendientes de firmar los
contratos de servidumbre para que se puedan realizar los drenajes en
abanico que faltan por hacer, que, además, son muy importantes para tener
un diagnóstico total. Habría que pedir a la Diputación que consiguiera de
estos vecinos su solidaridad y su firma, para que no se paralicen los
trabajos, como en estos momentos lo están.

Yo querría hacer un llamamiento de nuevo, aunque veo que no hace mucha
falta, a la unidad de acción, a dejar esos intereses políticos, a no
jugar con las angustias de estas familias y a que cada Administración
asuma la parte de responsabilidad que le corresponda y que tengan
asignada. También tengo que pedir al Instituto Tecnológico Minero que no
se pare ni un solo momento, que no se frene por ningún concepto la
culminación de estos estudios para estas cuatro posibles soluciones
finales que el director nos ha expuesto, que son interrumpir el plano de
deslizamiento, que ya avisa que sería costosísimo; desalojar a la
familias; interrumpir la entrada de aguas, o frenar el fenómeno
extrayendo el agua mediante drenaje, que es lo que se está haciendo. Ver
si esta solución, en su momento, con el dictamen técnico correspondiente,
puede garantizar que estas familias puedan seguir viviendo sin angustia.

Esa sería la solución ideal. Y si no fuera ésta, en su momento
determinaríamos la que procediera.

Yo coincido con los otros portavoces en que es necesario y urgente tener
ese dictamen final, culminar estos estudios, para que cuanto antes,
porque además el tiempo va en contra nuestra y la aguas también, se
culminen estos estudios, podamos tener un dictamen definitivo y podamos
dar a estas familias una solución a la angustia que tienen.




El señor PRESIDENTE: Señor Custodio, tiene la palabra.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): Quizá la contestación es que estamos ante fenómenos naturales,
que no son ni blancos ni negros, son grises y en los grises hay
muchísimos tonos. Cualquier situación tiene riesgos y cuando una persona
decide instalarse en un lugar siempre tiene un determinado tipo de
riesgo. Y, normalmente, la gente asume bajo diferentes circunstancias que
se instala en un lugar con riesgo. Canarias es un lugar que tiene unos
riesgos de deslizamiento impresionantes y la población los asume. Hay
gente que se instala próximos a las riberas y saben que tienen riesgos de
inundaciones y los asumen.

Aquí hay un riesgo, un riesgo de deslizamiento. Repito la palabra
geológica, porque no tengo otra forma de medir el tiempo. Se sabe que ha
habido deslizamientos, son conocidos, se ven, y, por lo tanto, el señor
que se instala en una población en alto lo hace por una serie de
ventajas, pero tiene el riesgo de que se van a producir deslizamientos.

En



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este caso, hay deslizamientos que ya han sucedido, la población esa parte
ya no la tiene, no se ha instalado allí porque no existían los terrenos
cuando la población se instaló. Ahora hay una zona que ha empezado a
moverse, yo no tengo la bola mágica para poder decir si eso se va a
continuar moviendo deprisa, en pocos años, o si va a ser un fenómeno que
se va a extender durante decenas de años. No hay manera de poderlo decir.

Hay un riesgo, estando instalado allí, de que esto se va a ir moviendo,
hay unas grietas que se ven, hay unas grietas que, en una circunstancia
de año húmedo, han crecido y, cuando ha dejado el año de ser húmedo, ha
habido todavía pequeños movimientos, porque realmente seguimos en una
época húmeda. Estos pequeños movimientos son normalmente los que se
producen en casi cualquier población que esté en situaciones similares,
no siendo objeto de un pánico especial. Sí ha habido un momento en que
ese deslizamiento ha sido importante.

¿Cuáles son las causas de este deslizamiento? Las causas han sido la
penetración de agua en el sistema. La penetración de agua en el sistema
es algo muy difícil de evitar, va a seguir produciéndose. Se puede evitar
que se rompan tuberías, se puede evitar que se rompan cloacas, se puede
evitar que se rieguen los jardines públicos con mucha agua; a lo mejor
hay que pasar de jardines públicos a plantas que vivan simplemente de la
precipitación atmosférica; hay que evitar vibraciones. Hay una serie de
cosas que pueden evitar que este fenómeno se desencadene. Hay que evitar
que se hagan obras en la ladera, obras que se hacen en muchos sitios y
que descalzan y que ponen en movimiento el terreno. Todo esto son
situaciones que se pueden aducir. Si además de esto, se suma un drenaje y
se quita el efecto del agua, se disminuye el efecto del agua, la
seguridad de la zona aumenta, pero no se evita el riesgo, que sigue
existiendo. Y de si el riesgo es asumible o no hay que informar a la
población, porque lo que yo no puedo decir es si va a haber un
deslizamiento el año que viene o dentro de cien años; es totalmente
imposible. Es una zona que está empezando a deslizar, que, si se toman
medidas, se puede frenar ese deslizamiento, pero tarde o temprano eso va
a acabar deslizando. A lo mejor tarda un año, a lo mejor quinientos años.

Es imposible técnicamente decir más.

¿Que la zona en estos momentos no tiene un riesgo inminente?
Probablemente no lo tiene. Hay que verlo con probabilidad. ¿Probabilidad
es que el año que viene sea muy húmedo o que este otoño sea muy húmedo y
se ponga en movimiento? Es posible. ¿Que no haya estas circunstancias en
los próximos cien años? También es perfectamente posible. Esto forma
parte de los riesgos, como decía antes, del señor que se instala en un
determinado lugar que puede sufrir una avenida, puede sufrir un
deslizamiento; se ha instalado sobre una cavidad que se colapsa y se
produce un hundimiento. Esto estamos viéndolo todos los días y son
riesgos que la población asume. Pero yo no lo puedo decir. Yo puedo decir
que hay un riesgo, lo hay, es pequeño, pero hay un riesgo.

La decisión ya corresponderá a los propios vecinos y a las propias
autoridades, que esto lo traduzcan de una forma que sea inteligible. (La
señora Romero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ya he dicho antes que no era costumbre en esta
Comisión, pero sin que sirva de precedente, a los efectos aclaratorios y
muy resumidamente, le concedo la palabra, señora Romero.




La señora ROMERO LOPEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, porque,
excepcionalmente, los efectos aclaratorios no los ha planteado el
director del Instituto Tecnológico Geominero, sino el portavoz del Grupo
Popular. Es una aclaración que no tiene más remedio que ser al mismo
tiempo réplica. Pero se hace necesaria una aclaración después de la
intervención del portavoz del Grupo Popular que yo quisiera que
excepcionalmente, repito, se me hiciera, porque, si no, nos vamos a ir
con la misma duda con la que hemos venido.

Tengo que decirle --y eso lo sabe usted, señor Custodio-- que si este
hecho que se produjo en este barrio de Santa Catalina, en Medina Sidonia,
no se hubiera planteado aquí, en el Congreso de los Diputados,
probablemente el Instituto Tecnológico Geominero no habría elaborado
ningún informe sobre esa población. Lo tengo que decir porque escuchar
aquí que se pretende sacar tajada política de un tema tan duro como el
que nos afecta y en el que en ningún momento el Grupo Socialista ha
pretendido hacer ninguna intervención de esta naturaleza resulta cuando
menos sorprendente.

Ha sido también a petición del Grupo Socialista su segunda comparecencia.

Y las aclaraciones que yo querría pedir en este turno me vienen de la
intervención del portavoz del Grupo Popular, que probablemente no ha
seguido de cerca el tema y probablemente no tenga la información que se
necesita tener para valorar en su globalidad toda la evolución del
proceso.

La información que yo tenía es que el Instituto Tecnológico Geominero no
va a hacer ningún dictamen más, porque lo ha hecho. Pero si el portavoz
del Grupo Popular dice que cuando se tenga el dictamen ya se tomarán
medidas, la verdad es que el dictamen es de julio de 1997. La información
que yo tengo es que ya no va a haber ningún dictamen más, insisto. El
portavoz del Grupo Popular probablemente tenga más información y si tiene
más información tenemos que ver cuál es la posición del Partido Popular
porque, hasta ahora, el Partido Popular no ha tenido ninguna iniciativa
sobre este tema en este Parlamento.

Es lamentable que yo tenga que repetir que el Gobierno fue mezquino con
Andalucía en el decreto de las inundaciones, que fue mezquino en las
ayudas que se destinaron a todas las poblaciones, que el Ministerio de
Medio Ambiente se negó a declarar zona de acción especial al municipio de
Medina Sidonia. Los estudios complementarios a los que he hecho
referencia no los ha financiado la Subdelegación de Gobierno, sino la
Diputación --es la información que yo tengo-- y hasta este momento las
ayudas a la rehabilitación del nuevo plan de vivienda se han recortado en
un 40 por ciento. Y no hay ningún tipo de iniciativa por parte del
Gobierno para ninguna actuación en este casco histórico.

Con este panorama es difícil intervenir de la forma en que ha intervenido
el portavoz del Grupo Popular, porque



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no sabemos exactamente a dónde quiere llegar. Si el dictamen ya se ha
hecho...




El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Romero.

El turno de comparecencias está para que los diversos portavoces planteen
ante el compareciente todas aquellas cuestiones relativas al motivo de la
comparecencia, no para abrir un debate entre los diversos portavoces de
los grupos parlamentarios. Ese es otro trámite parlamentario. Ya ha visto
que esta Presidencia le ha concedido otro turno, que no es costumbre,
pero se lo ha concedido para que usted pudiera pedir todas las
aclaraciones que creyera conveniente al señor Custodio, no para que abra
un turno, que no procede, con el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.




La señora ROMERO LOPEZ: Lo entiendo, señor Presidente, pero...




El señor PRESIDENTE: Porque así me veré obligado a dar la palabra por
alusiones, para replicar, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y
será interminable esta comparecencia.

La ruego, señora Romero, que se ciña al objeto de esta comparecencia.




La señora ROMERO LOPEZ: Me parece que en ningún momento me he salido del
tema de la comparecencia. Fíjese si es grave lo que estoy diciendo, que
es algo como que, a mi entender, no existe por parte del Instituto
ninguna previsión de hacer ningún nuevo dictamen. Yo pregunto: ¿Tiene
pensamiento el Instituto Tecnológico Geominero de elaborar un nuevo
dictamen, según la intervención del portavoz del Grupo Popular? Y si
tiene la intención de hacer un nuevo dictamen, ¿en qué plazo, quién lo va
a financiar y cuándo podemos decir a la población definitivamente que
esas obras de rehabilitación pueden iniciarse? Porque la duda ha sido
mayor cuando ha intervenido el portavoz del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señor director, no se trata de que la pelota de la
Administración se la lancemos a los vecinos y que sean ellos los que
decidan si van a vivir con ese posible riesgo o no; no se trata de eso.

No creo que a los vecinos haya que decirles: Ustedes viven en una zona
volcánica o inundable. Decidan.

Usted ha dicho que muchas veces se asumen riesgos; en Canarias, zona
volcánica, en una zona inundable. No creo, y además me parece que es una
gran irresponsabilidad, que haya que decir que los vecinos opten, sin
más; no se trata de esto. En el debate de lo que se trata es de que la
Administración catalogue ese suelo como suelo que puede ser utilizado
para vivienda o no. Tan sencillo como eso. Y para esa catalogación es
fundamental la palabra del Instituto. Es fundamental. Todo lo demás
sobra. ¿Cómo vamos a decir nosotros: Decidan ustedes, es como si
estuviesen en un volcán, es como si esto se inundara? Hay una cosa que se
llama Estado, que es una cosa seria, que tiene administraciones, que
permite, con unos mínimos estudios y con un tiempo, catalogar si un suelo
se puede utilizar para construir viviendas o no. Nos ha pasado con las
inundaciones, efectivamente. Ha habido viviendas que han sido arrasadas
¿por qué? Porque se ha construido en un sitio donde no se podía
construir. Y, por lo tanto, lo que se pregunta al Instituto es una cosa
tan sencilla como ¿cuál es la opinión técnica del Instituto para
catalogar ese suelo? ¿Ese suelo es apto, es recomendable para vivienda o
no? Tan sencillo como eso, no se le pide otra cosa. Una recomendación, en
el tiempo que usted quiera, geológico, político, social, lo que quiera.

Pero no nos podemos ir de aquí con la idea de decir: Vecinos, esto es
como si vivierais en un volcán o en un río. Decidid. ¡Por favor! Hemos
venido aquí para escuchar de usted, si no hoy, cuando usted pueda, una
recomendación. ¿Recomienda usted a las administraciones que se construya
o que se viva en esa zona, sí o no? Nada más que eso, con el tiempo que
usted se tenga que tomar. Una recomendación. Y, en función de esa
recomendación, las administraciones, todas, la central, la autonómica, la
provincial y la municipal tendrán que decir: En esta zona de
planeamiento, en nuestro plan general, habrá que plantear que no se puede
construir, porque hay una recomendación científica que nos dice que a lo
mejor en cien años esto desaparece; o en doscientos años. Y como los
políticos tenemos que tener perspectiva, como hacían los romanos cuando
construían, mínimamente, para que cuando se haga un puente dure lo que ha
durado un puente romano, tenemos que tener la seguridad de que, a partir
de este informe técnico, todos tenemos la seguridad de que las
administraciones tendrán que cambiar el planeamiento de la ciudad,
tendrán que realojar, tendrán que garantizar a las personas que han
vivido ahí sin conocimiento de ese riesgo que las administraciones les
amparan.

Yo rogaría al señor director que, en su turno de réplica, nos diga cuándo
va a emitir usted un dictamen o un informe donde resuelva esa
recomendación: ¿Se recomienda vivir ahí o no? Y ya las demás
administraciones obrarán en consecuencia. Si es claro que no se puede
vivir, tendrán que plantearse toda una serie de medidas, que están
previstas en la ley, para cambiar el planeamiento de la ciudad, para
ayudar al realojo, para que las familias puedan tener una vivienda digna
y en condiciones, con el concurso de todas las administraciones. Pero que
no salgamos de aquí diciendo que opten los vecinos, que están como si
estuviesen en un volcán o en un río, no.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Emilio Sánchez.




El señor SANCHEZ RAMOS: Señor presidente, ya me extrañaba a mí que no
hubiéramos llegado a este tono político del que me congratulaba al
principio. Resulta que la portavoz del Grupo Socialista se ha quedado sin
titular para mañana en el periódico; ha visto que todos estamos arrimando
el hombro y que ella se ha quedado sin titular.




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Señora Romero, dice usted que gracias a que el señor Custodio vino aquí,
a sede parlamentaria, se ha realizado el dictamen. Cuando compareció el
señor Custodio, en marzo de 1997, dice: El Instituto Tecnológico
Geominero, a petición del Gobierno Civil de Cádiz, pasó a... O sea, es el
Gobierno Civil de Cádiz el primero que llama al Instituto Tecnológico
Geominero. Luego cada uno que se apunte los tantos, pero al césar lo que
es del césar, y no quiera ahora decir que gracias a usted o gracias a su
grupo se ha hecho el dictamen. Falso. No quiera usted decir que yo he
dicho que va a hacer otro dictamen. Falso. Usted ha debido entenderlo
mal.

Yo he dicho que el dictamen no se ha completado porque faltan una serie
de medidas técnicas para poder ratificar el diagnóstico que se ha hecho.

Además que durante las obras se van a hacer unas investigaciones
complementarias, con carácter más detallado, porque es necesario una
mayor investigación en paralelo con la ejecución de las obras. Ello
mejorará el conocimiento de las causas y permitirá hacer más eficaz el
funcionamiento de las soluciones realizadas e incluso, si fuera
necesario, hacer otras medidas sobre la marcha. Eso está abierto, está
vivo, y yo no he hablado en ningún momento de otro dictamen.

Lo que no se puede pedir a un técnico es que se pronuncie sin haber
acabado el proyecto que ha propuesto. Y lo que estoy pidiendo es que la
Diputación, que tiene paralizada una parte de su competencia, que es
hacer esas pruebas que faltan en abanico, las realice de forma urgente e
inmediata para que el dictamen del Instituto pueda culminarse y que, una
vez culminado, se puedan pronunciar y puedan hacer un diagnóstico.

Después será políticamente, la valoración y la solución, como yo decía
antes, y cada Administración asumirá sus competencias.




El señor PRESIDENTE: Señor Custodio, con toda brevedad, por favor, porque
ya estamos rebasando el plazo máximo para la convocatoria.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y GEOMINERO (Custodio
Gimena): Voy a ser muy breve.

Respecto al dictamen, hay un dictamen, pero hay unos estudios
complementarios. Lógicamente, si hay unos estudios complementarios habrá
un informe detrás con los resultados de esos estudios complementarios.

Por tanto, a medida que se realicen esos trabajos habrá ese nuevo
informe, vamos a llamarle informe de complemento, que servirá para
matizar lo que se ha dicho en el anterior. Y repito que el Instituto
sigue observando y sigue tomando medidas en la zona.

He dicho anteriormente también que los fenómenos de este tipo no se
pueden dictaminar con una fotografía. Hace falta un tiempo de observación
relativamente grande y, por lo tanto, estamos acumulando tiempo.

Respecto a la recomendación, lo único que puedo decir es que es una zona
de riesgo en este momento. Cuando estén ejecutadas las obras y se haya
avanzado más se podrá matizar un poco ese riesgo. Pero es una zona que
tiene riesgo. En este momento el riesgo es razonablemente significativo.

Si después de las obras, y de haber seguido la observación, esa
calificación del riesgo se puede matizar en el sentido de que no era para
tanto o es para más, ya se verá en su momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Custodio.

Se da por finalizada la comparecencia del señor Custodio, a quien
agradecemos su presencia.




--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL
(CARRILLO DORADO), PARA EXPLICAR LA COMPOSICION, FUNCIONAMIENTO Y
OBJETIVOS DE LA COMISION SOBRE LOS USOS DEL CLORURO DE POLIVINILO (PVC),
CREADA EN APLICACION DE LA LEY DE ENVASES. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000793).




El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida, en nombre de la Comisión de
Medio Ambiente, a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental,
doña Dolores Carrillo, que comparece aquí para explicar la composición,
funcionamiento y objetivos de la comisión sobre los usos del cloruro de
polivinilo (PVC), creada en aplicación de la Ley de envases,
comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Socialista.

Antes de dar la palabra a doña Dolores Carrillo, traslado a los miembros
de la Comisión un ruego que ha planteado la directora general para que
esta comparecencia sea lo más breve posible; ruego al que uno el mío
porque, a las doce, va a tener también una importante reunión del Grupo
Parlamentario Popular. Ruego a SS. SS. que resuman al máximo sus
intervenciones y, sin más, le doy la palabra a doña Dolores Carrillo.




La señora DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL (Carrillo
Dorado): Gracias, presidente, y buenos días, señorías.

Como ha dicho el presidente, comparezco ante esta Comisión de Medio
Ambiente, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para exponer la
composición, el funcionamiento y los objetivos de la comisión de expertos
sobre los usos del PVC, que se crea en el marco de la Ley de envases y de
residuos de envases que, como saben, se aprobó el 24 de abril de 1997.

Esta Ley de envases tenía como finalidad prevenir y reducir el impacto de
los envases y de la gestión de los residuos de envases sobre el medio
ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida y contempla, en su
disposición adicional segunda, que el Gobierno, en el plazo de un año,
oídos los agentes económicos y sociales, establecerá y propondrá las
medidas oportunas sobre el uso del PVC en los envases, basándose en las
conclusiones de un estudio técnico que habría de elaborar una comisión de
expertos de reconocido prestigio. Esto es lo que dice la ley. Con ello,
la ley atiende fundamentalmente a una demanda hecha por sectores de la
sociedad y pretende dar una adecuada respuesta a la inquietud



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creada en torno a la utilización del PVC, en particular, como material de
envasado.

Me gustaría hacer una pequeña historia sobre el tema de la utilización
del PVC y la discusión sobre el mismo que ya tuvo lugar en la propuesta
de Directiva 94/62, porque no podemos olvidar que la Ley de envases lo
que hace es incorporar al ordenamiento jurídico interno una directiva
comunitaria que, como digo, es la Directiva 94/62, durante cuya discusión
también se trató el tema y se evaluó la conveniencia o no de incluir el
cloruro, junto con otras sustancias, en la relación de sustancias que no
deberían estar presentes en los materiales de envasado.

En ningún momento de esa discusión la opinión mayoritaria de los Estados
miembros que participaban en la elaboración del borrador de directiva, ni
tampoco de la Comisión Europea, fue favorable a tal discusión. En este
sentido, cabe recordar que ninguna de las sustancias propuestas fue
incluida en el ámbito de las sustancias peligrosas a controlar en el
marco de dicha directiva.

Por otro lado, también me gustaría hacer mención al fundamento jurídico
de la propia Directiva 94/62, en la que se basa nuestra Ley 11/1997, que
es el artículo 100 a) del Tratado de la Unión Europea, circunstancia que
propicia, por un lado, un alto nivel de protección del medio ambiente,
pero también el respeto a la realización del mercado interior europeo.

La adopción de medidas más restrictivas que las establecidas en la propia
Directiva 94/62 obligaría a la consulta previa a la Comisión,
justificando adecuadamente la necesidad de tales medidas.

Por todo lo anterior, el Gobierno, a la vista de las conclusiones del
comité de expertos sobre el PVC, deberá evaluar la necesidad de adoptar
medidas en cuanto a la utilización de este material en los envases y
comunicarlo antes de la adopción de cualquier medida a la Comisión para
que autorice dicha inclusión.

Como departamento competente en la materia, el Ministerio de Medio
Ambiente solicitó a estamentos nacionales, y también a distintas
asociaciones que luego mencionaré, la designación de expertos para formar
parte de esta comisión. Como digo, la ley se aprueba a finales de abril
de 1997 y, a continuación, el Ministerio de Medio Ambiente se dirigió
tanto a estos ministerios como a organizaciones sindicales,
organizaciones ecologistas, organizaciones empresariales con objeto de
que designaran expertos para constituir esta comisión de expertos que
estudiará la utilización del PVC como material de envasado.

El comité de expertos se constituyó, una vez hechas las designaciones de
los especialistas por los distintos organismos, el día 26 de junio de
1997. La comisión de expertos ha contado con la participación de
representantes de los Ministerios de Industria, de Sanidad y Consumo, de
Agricultura, Pesca y Alimentación, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, de los sindicatos UGT y CC.OO., de la Unión
de Consumidores de España, de la CEOE, de la Confederación Española de
Empresarios del Plástico y también de las organizaciones ecologistas
Greenpeace y CODA.

La composición de la comisión, independientemente de la propuesta y de
las organizaciones que fueron en su momento contactadas con el Ministerio
de Medio Ambiente, fue refrendada durante la primera reunión por los
miembros de la propia comisión. Al propio comité se le propuso si era
necesario ampliar la composición de aquella comisión y ellos mismos, en
la primera reunión de constitución, que fue el día 26 de junio de 1997,
entendieron que era correcta y refrendaron por tanto dicha composición.

Uno de los temas que ocupaban la comparecencia era el de la composición.

Otro de los temas era las normas de funcionamiento y los objetivos que se
propone con esta comisión.

En cuanto al funcionamiento, la propia comisión ha elaborado y aprobado
un reglamento interno en el cual el Ministerio de Medio Ambiente realiza
la función de moderador y coordinador de los debates, siendo su
presidente el subdirector general de Calidad Ambiental y actuando también
dicha subdirección como secretaría de la propia comisión. Dicha
secretaría recopila la documentación; el Ministerio de Medio Ambiente ha
prestado sus instalaciones y también ha prestado todos los apoyos propios
de una secretaría de una comisión de este tipo.

He de decir que el reglamento contempla distintos aspectos como, por
ejemplo, la convocatoria de las reuniones, la documentación bibliográfica
con la que se ha trabajado, el procedimiento propio de trabajo, la toma
de decisiones, cómo se iban a tomar las decisiones en el marco de dicha
comisión de expertos, cómo se iban a aceptar los trabajos, la
independencia de criterio, la confidencialidad, así como la elaboración
de las actas.

La elaboración de este reglamento, su importancia, ocupó las tres
primeras reuniones de trabajo de la propia comisión, de manera que la
comisión se puso a trabajar el 26 de junio de 1997. En las tres primeras
reuniones discutieron el reglamento que ellos mismos se dieron, con lo
cual fueron libres de establecer las reglas de juego que entendieron más
pertinentes. Existe, por tanto, un documento, que es el reglamento
interno de funcionamiento de la comisión de expertos sobre PVC, creada
por la disposición final segunda de la ley, donde se recogen con detalle
todos estos temas.

En cuanto a los trabajos, sí que me gustaría decir que se han celebrado
hasta la fecha un total de 19 reuniones, que la comisión de expertos
tiene previsto celebrar una última reunión, la 20, en escasos días,
posiblemente a principios del próximo mes de mayo, con objeto de poder
rendir el informe definitivo al Ministerio de Medio Ambiente.

Como decía, los expertos están en este momento finalizando el estudio
para evaluar la calidad y condiciones del PVC como material de envasado,
atendiendo a los efectos que sobre la salud y el medio ambiente pudieran
derivarse de su producción, uso, consumo y también posconsumo o gestión
posterior del residuo.

La hipótesis de trabajo ha sido la valoración de aquellos aspectos
técnicos y científicos suficientemente documentados, acreditados y
contrastados por la comunidad científica, considerando la especialidad y
conocimientos aportados por los miembros del comité.




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He de decir también en este sentido que uno de los temas en los que
incidió particularmente el Ministerio de Medio Ambiente, la carta de
convocatoria, fue que realmente la comisión era de expertos, tal y como
se indicaba en la propia ley, y en ese sentido solicitamos también que,
junto a la designación, fuera un currículum vitae el que de alguna manera
justificara aquellas personas que eran nominadas y entendidas en la
materia. También entendimos que era fundamental que toda la bibliografía
que manejase la comisión de expertos fuera una documentación avalada
técnica y científicamente con objeto de que pudiera ser analizada por
parte de esta comisión.

La comisión de expertos que, por encargo del Gobierno, ha estado
elaborando durante un año este informe técnico sobre la utilización del
PVC ha estructurado el informe final en los siguientes apartados. En
primer lugar, un resumen que incluye las conclusiones finales alcanzadas
a lo largo del análisis de la documentación, seis capítulos dedicados
sucesivamente a los siguientes temas: al uso del PVC como material de
envase y la problemática de los residuos del PVC en los residuos sólidos
urbanos; el proceso de producción del PVC; el proceso de manufacturado;
el uso del PVC como material de envasado de alimentos; las técnicas de
gestión de los residuos de envases y el análisis del ciclo de vida del
PVC y otros materiales alternativos. Asimismo se han agregado dos
apéndices: uno, relativo a las referencias bibliográficas; el otro,
relativo a las abreviaturas que han sido utilizadas durante la
elaboración del documento.

El procedimiento de trabajo se ha sustentado en el análisis de la
documentación aportada por el Ministerio de Medio Ambiente, aquella de
que disponíamos y que pusimos sobre la mesa en la primera reunión de
trabajo, y también la documentación y bibliografía que ha sido aportada
por los expertos sobre cada uno de los aspectos relevantes que afectan al
PVC.

Asimismo, en cada uno de los apartados a que he hecho referencia, y que
se han utilizado, se han tenido en cuenta los factores fundamentalmente
que influyen sobre la salud humana y sobre el medio ambiente, además de
otros aspectos importantes como son los temas de toxicología de las
materias primas, aditivos o contaminantes que intervienen en el ciclo de
vida del PVC.

Las deliberaciones de las sesiones de trabajo --creo que esto es
importante-- han sido recogidas en acta. A partir de la tercera reunión,
en la que dispusimos de un reglamento de funcionamiento interno, todas
las celebradas por el comité de expertos, además de figurar en el acta
cuentan con un soporte magnético a fin de recoger todas las opiniones que
se han vertido en las reuniones de trabajo.

Las conclusiones parciales alcanzadas al final de cada capítulo y las
posiciones particulares de cada experto que así lo ha señalado, han sido
recogidas en el acta de cada sesión con objeto de no alterar el espíritu
de las opiniones vertidas. También han sido recogidas en acta aquellas
posiciones o recomendaciones particulares de cada uno de los expertos
cuando las conclusiones alcanzadas no han sido unánimes.

En este sentido también he de decir --creo que fue en la sexta reunión de
trabajo, a finales del año pasado-- que tres de las organizaciones que
formaban parte del comité, concretamente los representantes de
Greenpeace, de CODA y de CC. OO., decidieron separarse del grupo,
trabajar entre ellas y rendir, al final, su informe particular. Ese
informe particular se unirá al que emita el resto del grupo de la
comisión de expertos, será recibido por aparte del Ministerio y será
estudiado y analizado juntamente con toda la información de que
disponemos. Una vez hecho esto seguiremos lo que indica la propia ley en
la disposición adicional segunda y el Ministerio procederá a emitir la
propuesta correspondiente.

Esto es, en líneas generales, lo que yo quería contarles y quedo a su
disposición para cualquier pregunta.




El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo solicitante, la señora Narbona
tiene la palabra.




La señora NARBONA RUIZ: Nuestro grupo solicitó el 27 de septiembre, es
decir, hace nueve meses, la comparecencia de la directora general con los
objetivos que han sido enunciados antes de iniciar su intervención, que
se correspondían con las preocupaciones que en este momento teníamos
sobre cómo se iba a desarrollar un trabajo que ha terminado prácticamente
y que, por lo tanto, nos sitúa en unas circunstancias un tanto
surrealistas. Por supuesto, todo lo que ha comentado la señora directora
general es conocido por este grupo parlamentario, en la medida en que
existen actas a las que se ha tenido acceso, puesto que hay varias
organizaciones con las que se mantiene contacto. Igualmente, conocemos en
estos momentos las conclusiones que la directora general anuncia, que no
son todavía las definitivas; pero quiero decirle, por si no lo sabe, que
esas conclusiones que todavía no son definitivas y que, por supuesto, no
están incorporando todavía las posiciones de las tres organizaciones que
han manifestado en escrito separado cuál es su posición, están siendo ya
utilizadas como argumento por parte de los representantes de la industria
del PVC para amenazar a algunos ayuntamientos que están declarándose
libres de PVC; amenazas que están formuladas por escrito con el argumento
de que ya ha dicho el comité de expertos formado por el Ministerio que no
hay ningún riesgo en el uso del PVC.

Por otra parte, lo que tiene que decir mi grupo, como valoración
política, es que en esta materia, como mínimo, se han perdido dos años,
puesto que en 1996 existía un borrador del proyecto de ley de envases,
elaborado por el Grupo Socialista, donde se preveía la reducción, en un
plazo de cinco años, del 10 por ciento en el uso del PVC en determinados
tipos de envases. Esta fue una de las disposiciones eliminada en el
borrador siguiente elaborado ya por el actual Gobierno, porque se
consideró que no era necesario incluirlo en el texto que después se trajo
a la Cámara, a pesar de que con anterioridad formulase una propuesta la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en el sentido de que se había
llevado a cabo el trabajo de coordinación de un comité interministerial,
de cuyos documentos resulta la existencia de determinadas restricciones
en el uso de PVC



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en otros países de la Unión Europea; restricciones de muy distinto orden,
básicamente basadas en la propia voluntad de los sectores productores de
este plástico a la vista de los riesgos que supone su utilización y, en
particular, la presencia de determinadas sustancias que son las que hacen
que el PVC tenga determinados rasgos que lo hacen atractivo, desde el
punto de vista de su condición de plástico flexible y muy idóneo para
determinados usos.

Por lo tanto, como digo, se han perdido dos años. En el proceso de los
mismos han sucedido cosas, es verdad, como dice la directora general. En
1994, cuando se aprobó la directiva correspondiente a la regulación de
los envases, no se llegó a incorporar, a pesar de una intensa discusión
al respecto, ninguna restricción. Pudieron más, sin ninguna duda, los
argumentos de quienes defendían la inocuidad del PVC que los argumentos
que también se dieron en esas discusiones de algunos de los países de la
Unión Europea donde, como digo, ya existen numerosas restricciones que
están en todos los informes a los que se puede tener acceso por parte de
quien esté interesado en este tema.

Por supuesto, en estos últimos meses también se han dado hechos nuevos,
como que el comité científico de toxicidad, ecotoxicidad y medio ambiente
de la Unión Europea ha confirmado que los juguetes de PVC blando
contienen y liberan cantidades inadmisibles de determinadas sustancias
tóxicas, y que la exposición de los niños a plastificantes añadidos a los
juguetes, en particular los más usados en estos productos, justifican
ampliamente una preocupación que debe llevar, como está llevando en
varios países de la Unión Europea, a la eliminación progresiva del uso
del PVC en juguetes como, por ejemplo, mordedores, algo que ha sucedido
incluso en España, donde se han retirado del mercado determinados
mordedores.

Este grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley ante la
Comisión de Sanidad y Consumo, precisamente para pedir la retirada de
todos los mordedores con PVC para niños y facilitar información para la
identificación de los juguetes de PVC. Ha formulado también al Gobierno
toda una serie de preguntas escritas porque estoy convencida --y no por
su voluntad-- que la comparecencia de la directora general se ha venido
retrasando en el tiempo. Como decía al principio de mi intervención, lo
que pedíamos en el mes de septiembre, hace nueve meses, en estos momentos
ya no justificaría su presencia aquí.

Espero, que en ese sentido la directora general comprenda que voy un poco
más allá en mi intervención puesto que, como digo, conozco las
conclusiones todavía provisionales y sé lo que ha venido sucediendo a lo
largo del funcionamiento de esta comisión. Desgraciadamente, y ésa era
una de las preocupaciones que nos movían --de ahí su comparecencia--, el
funcionamiento de esta comisión no ha sido el que nuestro grupo hubiera
deseado en la medida en que se ha producido una ruptura --llamémosle
así-- de las reglas del juego, que ha hecho que determinadas
organizaciones consideren que no tenía ningún sentido seguir acudiendo a
reuniones donde el Ministerio actuaba de moderador, yo diría simplemente
de una forma pasiva, frente a posiciones potentes de defensa sin límites
del uso del PVC.

Creo que la industria del PVC en España está jugando en una posición
extremadamente injustificable, como último reducto en el que puede hacer
valer sus razones, cuando en algunos países incluso se está llegando a
las vísperas de legislación específica. Hasta ahora no ha sido necesario
en lo que se refiere al uso del PVC, puesto que de manera voluntaria
--como digo-- en varios países de la Unión Europea se han alcanzado
acuerdos relativos al uso del PVC, encaminados a que determinados tipos
de PVC, determinados usos del PVC, en estos momentos prácticamente no se
den. Incluso hay países de la Unión Europea, como es el caso de Austria,
que están en estos momentos preparando una prohibición específica de
determinados usos del PVC a través de legislación específica.

Por lo tanto, creo que en estos momentos, por una parte, habría que
solicitar de la directora general su valoración sobre las conclusiones
todavía no definitivas que están recogidas en el documento interno del
Ministerio --documento, por supuesto, que si lo conoce la industria del
PVC también lo puede conocer esta portavoz-- y que indica, sin ninguna
duda, determinados riesgos. Señora directora general, en el documento de
los expertos, a pesar de que la industria amenace con esgrimirlo, hay
afirmaciones enormemente preocupantes sobre las condiciones en las cuales
el grado de migración de plastificantes pueden conllevar riesgos para la
salud humana, en particular, en los envases de PVC flexibles. Nada menos
que diez condiciones son las que inciden en el grado de migración de
determinados plastificantes, siendo los factores más importantes la
temperatura, el contenido en grasa del alimento y la naturaleza del
plastificante.

Hago referencia en particular a este tema porque, además de la posición
de las organizaciones que han abandonado la comisión de expertos, está
también la posición defendida por la Unión de Consumidores de España, que
supongo que será recogida en las conclusiones, tal como se estableció en
su momento en el reglamento. Efectivamente, la Unión de Consumidores pide
que la información en los envases que contengan PVC sea suficiente como
para alertar a los consumidores, puesto que en estos momentos no se está
dando, y los envases que contienen alimentos, en determinados supuestos
contemplados en las propias conclusiones del Ministerio, pueden conllevar
elevados riesgos para quien los consuma.

A la vista de estas conclusiones, quizá hoy --el presidente nos pide
brevedad-- sea imposible avanzar mucho más, pero me parece que corre
extrema urgencia una posición política del Ministerio, que no es ya una
posición de simple recopilación de informes. Creo que ese trabajo se ha
hecho y que incluso el plazo de un año ha sido bastante dilatado a la
vista de lo que ya se ha dado en otros países en cuanto a decisiones de
carácter político. Quisiera pedir a la directora general que aclare, a la
vista de los riesgos ciertos que denuncia el documento de conclusiones
todavía provisionales del Ministerio sobre el uso del PVC en los envases,
cuál es el compromiso del Ministerio respecto a proponer modificaciones
en la legislación existente en España en cuanto a las restricciones en la
presencia de plastificantes y en cuanto a la información a los
consumidores



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en relación con las mismas. Creo que estamos hablando de cuestiones que
corren prisa, que en estos días vivimos con el drama de lo que ha
sucedido en el Parque Nacional de Doñana, que indica claramente que hace
falta tomar decisiones rápidas que eviten riesgos mayores y mucho más
costosos que los que se derivan de una posición de prudencia. En materia
de PVC, como he dicho al principio, hemos perdido ya dos años y esperamos
que después de esta comparecencia tengamos ocasión, en el debate
parlamentario, de seguir trabajando y, sobre todo, de pedir al Gobierno
una extrema rapidez en la toma de decisiones. (El señor Vicepresidente,
Paniagua Fuentes, ocupa la Presidencia.)
La simple publicación del informe que ya ha emitido el comité de
expertos, sin incluir en el mismo todavía las conclusiones de Greenpeace,
CODA y CC.OO., que son todavía más críticas respecto del uso de este
producto, o las que pide la Unión de Consumidores, es ya lo
suficientemente significativa como para que no se pierda un minuto más y,
por parte del Ministerio, se pase a la fase siguiente que está prevista.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Quiero agradecer, en primer lugar, a la
directora general su comparecencia ante esta Comisión y manifestar,
aunque sea brevemente, nuestra opinión sobre su motivo.

En el momento en que nos enfrentamos en el Congreso de los Diputados a la
trasposición de la Directiva 94/62, los ponentes y los grupos
parlamentarios tuvimos oportunidad de manejar multitud de informes
contradictorios en relación a los efectos nocivos para la salud del PVC.

Por tanto, desde la perspectiva de este grupo parlamentario, la solución
que se dio en la ley, en la disposición final segunda, fue crear una
comisión de expertos que, después de un análisis y estudio de todos los
ingredientes que podrían contribuir a iluminar nuestra ignorancia,
emitiera un informe que debiera servir al Gobierno para proponer medidas
en relación al PVC.

A nosotros nos pareció que ésa era una solución legal. Yo, señora
directora general, no he tenido la suerte --como ha tenido la señora
Narbona-- de conocer los puntos de vista y las vicisitudes o las actas,
incluso, de las reuniones de dicha comisión de expertos; incluso no debo
de tener amigos en el Ministerio porque nadie me ha pasado las
conclusiones provisionales del trabajo de dicha comisión de expertos. Por
tanto, no le puedo decir más que esperamos con una cierta expectación el
informe de dicha comisión y, sobre todo, las medidas que de acuerdo con
la disposición final segunda, a la luz de la información de dicha
comisión de expertos, el Gobierno nos propondrá.

No voy a avanzar más en el debate. Simplemente quisiera manifestar que el
día que se produzca ese debate todos los grupos de la Cámara estemos en
igualdad de condiciones en cuanto a la información de la cual disponemos,
cosa que hoy al menos, por lo que se refiere a este grupo parlamentario,
no sucede.

También quisiera urgirle a una comparecencia, suya o de otro miembro del
Gobierno, ante esta Comisión para informarnos sobre las conclusiones de
la comisión de expertos y también sobre las medidas que piensan proponer
ustedes, porque quiero recordarle que esta ley entró en vigor el 24 de
abril de 1997 y la tan traída disposición final segunda, que era una
disposición adicional, concedía al Gobierno el plazo de un año para
proponer esas medidas. Nos ha anunciado que la comisión de expertos va a
tener finalizado su informe el 26 de junio, si no recuerdo mal y, por
tanto, difícilmente va a poderse producir su comparecencia antes del mes
de septiembre. Quiero urgirle a que hagan lo posible y lo imposible para
incumplir lo menos posible el plazo fijado en el proyecto de ley aprobado
el año pasado.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: También de forma muy breve, porque nos
encontramos en la misma inferioridad de condiciones que el portavoz del
Grupo de Convergència i Unió y, por lo tanto, desconocemos cuáles puedan
ser las conclusiones provisionales que se hayan producido e incluso los
puntos de vista de las organizaciones que han quedado separadas de la
comisión.

Aun así, y a riesgo de que se me pueda tildar de atrevida, lo cierto es
que desde hace ya mucho tiempo hay una controversia con la utilización
del PVC como material de envase, e incluso ya últimamente como material
para utilizar en los juguetes para niños. Con lo cual, aquí estamos
hablando ya no solamente de contaminación medioambiental, sino de la
salud de las personas. Nuestro grupo parlamentario siempre es partidario,
para que no se genere alarma social y para que no podamos generar
confusión entre los consumidores, de que se adopten las medidas cuanto
más restrictivas mejor, sobre todo cuando está en juego la salud de las
personas y también cuando está en juego el medio ambiente.

Creo que últimamente están ocurriendo excesivos desastres
medioambientales y excesivos riesgos para la salud de las personas. Nos
acordamos de que había que haber tomado medidas, pero cuando ya se ha
producido la catástrofe. Para eliminar este tipo de posibilidades, me
sumaría a la petición de que se tomen ya las medidas que sean necesarias,
a la vista de las conclusiones provisionales que la señora Narbona nos ha
leído en parte y que, desde luego, sí que hablan de riesgo para la salud
de las personas los envases que contienen determinados alimentos según su
materia grasa.

Estamos hablando de cosas muy serias y nosotros entendemos perfectamente
las presiones que pueden ejercerse desde los intereses económicos de las
empresas de producción de PVC. Pero el Gobierno, la Administración, están
en la obligación de defender los intereses generales de la población. No
pretendemos con esto que cierren ustedes las empresas ni nada por el
estilo, pero sí que preserven



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a la población de esos riegos, que haya una buena información y que no
tardemos un año más en tomar las medidas a la vista del informe
definitivo. Si esas medidas pueden ser dialogadas, consensuadas con todos
los sectores implicados, sería mucho mejor. Pero si no puede ser así
porque el sector de la industria del PVC quiera apostar en defensa de sus
intereses de manera fuerte, que el Gobierno también apueste de manera
fuerte para defender los intereses de la población en general y del medio
ambiente también y que, por lo tanto, no esperemos a que transcurrido un
determinado tiempo nos veamos otra vez con la queja de que ha sucedido el
desastre que hubiéramos podido evitar si se hubieran tomado las medidas
cuando correspondían.

Desde nuestro grupo parlamentario les decimos que empiecen ustedes ya a
tomar medidas porque ha habido informes contradictorios desde hace ya
mucho tiempo de expertos, pero, al final, siempre hemos llegado a la
conclusión de que hay peligro, hay riesgo.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Con la máxima brevedad que ha pedido la
Presidencia, para agradecer a la señora directora general su
comparecencia y su extenso informe. Desde el Grupo Parlamentario Popular
nos sentimos satisfechos de las explicaciones dadas por la directora
general ya que, como ha manifestado, no tiene conclusiones parciales y no
podemos tener el informe completo de la comisión de expertos.

También quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular, a la vista de
las conclusiones del informe o del dictamen de la comisión de expertos, y
a la vista también de las decisiones que adopte el Gobierno, fijará
posición respecto al tema que nos ocupa. Desde el Grupo Parlamentario
apoyamos siempre todas aquellas medidas que mejoren el medio ambiente y
la salud pública.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Tiene la palabra la señora
directora general.




La señora DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL (Carrillo
Dorado): En principio, quisiera agradecer los comentarios realizados y sí
que me gustaría puntualizar algunas de las cosas que se han dicho en esta
Comisión.

En relación con el informe, he de decir que incluso yo, como responsable
del Ministerio en este momento, lo único que tengo en mismanos es el que
han hecho las tres organizaciones, que no es que las separáramos, sino
que se fueron del grupo y del comité de expertos. El resto del comité
sigue trabajando y, hasta este momento, no me han hecho llegar el
informe, con lo cual no dispongo de la documentación suficiente como para
emitir una opinión. Me parecería harto atrevido que no disponiendo de
toda la información del comité de expertos me dispusiera aquí a decir qué
es lo que pienso.

Creo que hay que ser profundamente respetuoso con el trabajo de gente que
ha estado trabajando muy seriamente durante un año, que se han reunido
más de diecinueve veces --la próxima reunión hará la número 20-- y sí he
de decir que el informe estará finalizado a principios de mayo.

La fecha de 26 de junio a la que se refería había sido la de la primera
reunión del grupo. Ellos se han reunido profusamente. He de decir que
algunas de las reuniones han durado más de dos y tres días. Por respeto
al trabajo de ese comité, hasta que no disponga de toda la información no
me voy a permitir el lujo de hacer ningún tipo de valoración.

Me gustaría puntualizar algunas de las cosas que se han dicho, sin entrar
en un debate que creo que posiblemente el momento oportuno de realizarlo
sea una vez que se haya hecho por parte del Ministerio esa valoración. Me
gustaría clarificar otro extremo que se ha apuntado, y es cuál ha sido el
papel que ha jugado el Ministerio de Medio Ambiente en el comité de
expertos.

El Ministerio de Medio Ambiente, como decía antes, evidentemente iba a
ser juez y parte si hubiéramos estado en el comité de expertos. Nosotros
lo que tenemos que hacer es recoger la información que nos dé la comisión
de expertos y hacer esa valoración. Evidentemente, si hubiéramos formado
parte del comité de expertos no me parece de recibo que hubiéramos hecho
los dos papeles: o sea, estar allí como expertos y, después, valorar el
propio informe.

Por otra parte, también podría haber sido entendido como que nosotros,
participando en el comité de expertos, queríamos influir en la opinión de
las propias organizaciones que formaban parte del comité. En ese sentido
entendimos que la posición oportuna era la de coordinar el comité de
expertos, prestarle todo el apoyo en cuanto a infraestructura y así lo
hemos hecho. Hemos participado prestando el secretariado de ese comité y
les hemos apoyado con la información y con todos los medios de que
disponíamos.

Respecto a otro de los temas que se ha planteado en las intervenciones
sobre cuál es la situación en otros Estados miembros, creo que es
pertinente hacer una valoración porque, como también se ha dicho antes,
uno de los riesgos importantes es el de crear una alarma social y creo
que, como responsables políticos, sí que tenemos que tratar con sumo
cuidado este tema. Evidentemente, no debemos dejar a un lado las medidas
que hayan de ser tomadas pero, desde luego, creo que crear una alarma
innecesaria es un riesgo que ha de ser valorado de una manera
responsable.

En este sentido, dispongo de un fax remitido por la Comisión Europea, de
fecha 22 de abril de 1998, a solicitud nuestra, sobre cuál es la
situación en relación con iniciativas reglamentarias respecto a la
utilización de PVC. Y lo que dice la Comisión Europea en ese sentido es
que en Francia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica no existe ninguna
iniciativa particular en este tema. En el caso de Dinamarca existe un
acuerdo voluntario de 1991, en curso de revisión, para separar el PVC del
flujo de residuos. Existen también unos objetivos cuantitativos en
relación con el reciclaje. El PVC también se recomienda, en el caso de
Dinamarca, que no vaya a incineración.




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En el caso de Austria, como ha señalado la portavoz socialista, existe un
acuerdo voluntario para disminuir la presencia de PVC en los embalajes. Y
está en elaboración una prohibición de la utilización de PVC en juguetes
de las características que se han indicado, para niños de menos de tres
años.

En el caso de Portugal existe en marcha un acuerdo con la industria sobre
la limitación de las emisiones de cloruro de vinilo.

En el caso de Alemania no existen medidas concretas particulares y
solamente se ha creado un grupo de trabajo similar al que establece
también la propia ley: el comité de expertos. Se ha establecido un grupo
de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente Federal, junto con los
ministerios de medio ambiente regionales, para discutir el tema de la
utilización del PVC en el envasado.

Esto es lo que dice la Comisión Europea y la información que nos reporta
con fecha de 22 de abril de 1998 que está a disposición de todos los
señores diputados.

Finalmente, tengo que decir que el Ministerio se propone cumplir con el
mandato que le daba la propia ley. La ley establecía un plazo de un año.

Inmediatamente de aprobada la ley, pusimos en marcha el comité de
expertos y hubo un décalage de tiempo hasta el 26 de junio, que fue el
que tardaron en hacer las nominaciones las organizaciones que fueron
convocadas. Como decía, ese comité de expertos hemos querido que trabaje
con absoluta independencia y por eso todas esas invocaciones que se han
hecho a influencias por parte de distintas organizaciones no se han
producido, al menos yo como directora general no las he recibido. Hemos
querido que ese comité de expertos, como decía, trabaje
independientemente y de manera autónoma; ellos se dieron un reglamento de
funcionamiento; han trabajado, les hemos dicho que queríamos tener ese
informe a finales de abril para cumplir el compromiso que estaba en la
propia ley y ellos se han comprometido a dárnoslo a principios del
próximo mes, a principios de mayo.

Lo que les puedo decir es que el compromiso del Ministerio es analizar la
documentación de todo el comité de expertos, de todos los que han formado
parte de este comité, los que se fueron y los que quedaron, y una vez
hecho ese análisis haremos las propuestas oportunas siempre, como dice la
ley, oídos los agentes económicos y sociales. Escucharemos las opiniones
de los agentes económicos y sociales, estudiaremos el informe del comité
de expertos y propondremos las medidas, pero nos parece que esa actitud
es la responsable y no la de proponer planes de actuación sin tener un
conocimiento. Por otro lado, pienso que hubiera sido innecesario convocar
un comité de expertos si realmente, en base a alarmas sociales, nos
hubiéramos puesto a plantear planes de actuación. Creemos que lo
coherente es seguir el mandato de la ley, estudiar los papeles con
respeto y con mucho interés y después emitir el plan de actuación que
entendamos que es oportuno.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): A los efectos de aclaración,
aunque no está previsto en el Reglamento, tiene la palabra la señora
Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Nadie quiere crear más alarma social que la que
se pueda derivar de informes técnicos existentes. Creo que quien está
haciendo uso indebido de los trabajos de la comisión de expertos no es
este grupo parlamentario mencionando el contenido de los mismos esta
mañana, sino quienes utilizan la existencia de ese comité y su presencia
en el mismo para amenazar a municipios que de manera voluntaria se dotan
de determinadas restricciones, al igual que lo han hecho centenares de
municipios y de regiones en toda Europa.

La directora general sabe --incluso yo lo he dicho en mi intervención--
que más allá de la existencia de legislación específica, con
prohibiciones concretas, en los países de nuestro entorno esas
restricciones se han producido desde hace tiempo como resultado de una
actitud de la industria del PVC bien diferente, seguramente también como
resultado de una valoración política por parte de los responsables de
medio ambiente que han llevado a introducir procesos de acuerdos
voluntarios existentes en estos momentos que hacen, como yo decía en mi
intervención, que la presencia del PVC en determinados usos sea mucho más
baja en otros países de nuestro entorno que en el caso de España.

Por lo tanto, creo que cada uno debe de asumir su responsabilidad, y en
ese sentido me parece que el Ministerio debería pedir a los
representantes de la industria del PVC que no utilicen de manera
torticera la existencia de un informe provisional para generar no alarma
social, sino inquietud en los responsables municipales que han sido
amenazados por parte de la industria del PVC con el argumento de que
existe un informe concluyente por parte del Ministerio donde se explica
que el PVC no comporta ningún riesgo.

Me parece que eso es verdaderamente grave y que, por lo tanto, todos
debemos ser respetuosos con los contenidos de informes que se han ido
produciendo no desde la clandestinidad. Si yo tengo acceso a ellos es
porque en todo el proceso ha habido muchas personas que han seguido esa
elaboración hasta el final y que no estaban sometidas a la obligación del
secreto profesional ni comercial. Eran miembros de distintas
organizaciones, expertos, representantes de ministerios, no sólo del
Ministerio de Medio Ambiente y, por lo tanto, el documento provisional no
es un documento al que sólo haya podido tener acceso yo. Lamento que
otros grupos no lo tengan. Yo sólo lo he tenido esta mañana y tampoco he
podido hacer partícipe de su contenido previamente al resto de los
grupos. Como se ha solicitado ya por parte del resto de los
representantes, de los portavoces, sí sería oportuno que se remitiera el
informe definitivo, si considera el Ministerio que el provisional todavía
no cumple con las exigencias adecuadas en cuanto a su contenido.

Pero insisto, señora directora general, quien no está jugando limpio no
es esta portavoz, sino quienes utilizan de manera no justificable la
existencia de conclusiones de un comité de expertos para alarmar, no
desde el punto de vista de la salud pública, sino de no se sabe qué
consecuencias de carácter jurídico, a los que libremente adoptan
decisiones de restricción en el uso del PVC.




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El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Algún grupo desea
intervenir?
Tiene la palabra la señora directora general.




La señora DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL (Carrillo
Dorado): Simplemente, para contestar a la diputada y decirle dos cosas.

En principio, el informe --vuelvo a decir lo mismo-- lo que ha puesto
sobre la mesa no son las conclusiones del Ministerio de Medio Ambiente,
sino que lo único que hay en estos momentos son las conclusiones de las
tres organizaciones que se separaron de esa comisión. Y que el Ministerio
de Medio Ambiente sólo hará suyo el informe una vez que lo haya
analizado, creo que es una cosa importante.

También he de decir una cosa --no es por entrar en ningún tipo de
debate-- y es que en el reglamento del grupo de trabajo había una
cláusula muy importante relativa a la confidencialidad de los trabajos de
la propia comisión. Me sorprende, por tanto, que digamos que esos
trabajos hayan salido a la luz sin que, incluso, en este momento yo, como
directora general, desconozco lo que está finalizando el comité de
expertos. Como hemos dicho, hemos querido que trabajen con una absoluta y
total independencia.

Respecto al trabajo que señala que están haciendo organizaciones
empresariales, le digo lo que nosotros desde el Ministerio hemos sentido.

Le digo y le repito que, como directora general, no he sentido ninguna
presión por parte de nadie; no solamente no la he sentido, sino que le
puedo decir que no la hubiera aceptado en absoluto. Hemos querido que se
trabaje de manera ecuánime y científica y recogeremos ese informe de la
misma manera que no aceptaremos presiones en absoluto de nadie. Nuestro
trabajo será serio, riguroso y basado en conocimientos científicos y
técnicos fundamentados.

Para finalizar, y en relación con todo el tema sobre cuál es la situación
en los Estados miembros, hay una información que también creo que es
importante. La organización Greenpeace se dirigió, a principios de año, a
la propia comisaria europea (todos tenemos una gran confianza en ella y
creo que es una mujer que se preocupa largo y tendido por el medio
ambiente) manifestando su preocupación por el tema de los usos del PVC.

La señora Bjerregaard contestó que en ese momento no teníamos evidencia
científica que obligar a la Comisión Europea a prohibir la utilización
del PVC. En ese sentido, creo que tampoco la señora Bjerregaard es
conocida por estar sometida a las presiones de los grupos económicos ni
empresariales.

Creo que es importante fijar un escenario claro de cuál es la situación
en los países de la Unión Europea. Existen, como muy bien se ha señalado,
acuerdos voluntarios en algunos casos; existen manifestaciones por parte
de ayuntamientos sobre la necesidad de reducir o restringir la
utilización del PVC. Pero, como he dicho, no existe en ningún Estado
miembro de la Unión Europea en este momento una legislación que prohíba
el uso del PVC. Esto sí que es importante dejarlo aquí hoy recogido. Por
supuesto, nos comprometemos a presentarnos de nuevo en esta Comisión
cuando hayamos analizado esos informes para ponerles de manifiesto cuáles
han sido las valoraciones que hace el Ministerio y, también, las medidas
que vamos a proponer en el marco de ese trabajo. (La señora De Lara Carbó
pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Aunque no la pidió, cuando
pregunté si deseaba intervenir algún grupo, tiene la palabra la señora De
Lara.




La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente, es una reflexión en
voz alta.

A mí me asombra, en los dos años que llevamos con la señora Narbona como
portavoz de medio ambiente, que siempre alude a ciertos informes técnicos
que según ella demuestran la nocividad del PVC; lo ha indicado varias
veces. Lo que yo quería indicar es que no entiendo por qué en los años
que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente no tomó ninguna medida
para limitar el PVC y, sin embargo, al salir del Gobierno la pida de
inmediato.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Una vez concluidas las
correspondientes intervenciones, se levanta la sesión.




Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del miércoles 29 de abril de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.