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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 442, de 29/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 442
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 22
celebrada el miércoles, 29 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley por
la que se crea el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (Número
de expediente 121/000106) (Página 12752)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley por la que se crea el
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (Número de expediente
121/000106) (Página 12752)
Comparecencia del señor director general de Farmacia (Plaza Piñol), para
informar sobre la política farmacéutica del Ministerio. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente
212/001146) (Página 12754)
Comparecencia del señor presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agraria y Alimentaria para dar cuenta del cumplimiento de la legislación
sobre bioseguridad en los centros dependientes de su organismo, de los
cauces y medidas adoptadas para asegurar ésta, así como de las medidas
sanitarias existentes para garantizar la no exposición de ciudadanos
residentes en zonas limítrofes de estos centros a posibles
contaminaciones accidentales originadas en los mismos. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
212/001259) (Página 12772)
Comparecencia del señor secretario general de Asistencia Sanitaria (Núñez
Feijoo) para informar sobre:
--La actuación de la directora provincial del Instituto Nacional de la
Salud (Insalud) de Badajoz en relación a los hechos denunciados por los
padres de la niña Mane Darra Seck Moreno. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 212/001244) (Página 12789)
--Circunstancias en que se produjo la muerte, el día 13 de marzo de 1998,
en el Hospital Clínico de Zaragoza, de una paciente que al parecer
llevaba tres días hospitalizada en una sala de televisión. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000631)
(Página 12789)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS
(Número de expediente 121/000106).
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL
INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE
SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE FISIOTERAPEUTAS (Número de
expediente 121/000106).
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la reunión de la Comisión
de Sanidad y Consumo con el orden del día que todas SS. SS. conocen.
En el orden del día figura, en primer lugar, el proyecto de ley por la
que se crea el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, que se ha
debatido en ponencia a lo largo de la mañana.
Quiero comunicar también a SS. SS. que en el punto cuarto del orden del
día figuraba la comparecencia del presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, que ha sido sustituido por el
subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el
compromiso institucional que tenía la citada autoridad; tenía un
compromiso contraído anteriormente y le resulta imposible comparecer en
el día de hoy. Lo sometí a la consideración de la proponente de la
comparecencia y de algún otro portavoz de la Comisión y aceptaron el
cambio. ¿Lo acepta así la Comisión? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Pasamos a la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista
del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se
crea el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.
En primer lugar, me ha pedido la palabra el ponente del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar su posición.
Tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor presidente, por alterar el turno y
permitirme tomar la palabra en primer lugar, gracias al resto de los
grupos por la comprensión que han manifestado a este respecto, que es
debido a mi agenda de trabajo de esta mañana, ya que teniendo otras
actividades me gustaría compatibilizarlas si así me lo permite la
Presidencia.
Voy a ser muy breve porque el proyecto de ley por el que se crea el
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas es igual a otro que
analizamos hace unos meses en esta misma Comisión, por el que se creaba
el Consejo General de Colegios de Podólogos. En ese sentido, no tengo más
que remitirme a la intervención que yo mismo hice en nombre del Grupo
Socialista en aquella ocasión, para decir que nuestro voto va a ser
afirmativo porque nos parece que este proyecto de ley es oportuno en la
medida en que ya están constituidos colegios provinciales o de región y
hay comunidades autónomas que han legislado en esta materia, como
Cataluña, Murcia, Andalucía, etcétera. Por tanto, era casi obligado que
se remitiese este proyecto de ley a la Cámara para crear el Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas. En segundo lugar, porque, a
nuestro juicio, se adecua a las leyes que son el marco jurídico por el
cual se crea este Consejo general, las leyes de colegios profesionales y
del proceso autonómico, que obligan a que mediante un proyecto de ley se
creen y configuren los consejos generales de colegios profesionales de
cada especialidad.
En ese sentido, no tengo más que añadir. No hemos presentado ninguna
enmienda y nuestro voto va a ser favorable.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: También intervengo de una forma muy
esquemática para anunciar que nuestro voto será favorable a este proyecto
de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas.
No voy a insistir en razones que ha dado el anterior interviniente porque
prácticamente serían las mismas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Quiero anunciar, en nombre de mi grupo
parlamentario, nuestro voto favorable al proyecto de ley. Como ha
manifestado el portavoz del Grupo Socialista, el texto de esta ley es
idéntico al que en su día aprobamos cuando se tramitó la ley del Consejo
General de Colegios de Podólogos. Esta portavoz se manifestó entonces
totalmente a favor del proyecto y en el mismo sentido nos manifestamos
ahora. Pensamos que es bueno el hecho de que existan varios colegios de
profesionales de la sanidad. Recordemos la etimología de la palabra
fisioterapeuta, que viene del griego physis (naturaleza) therapeia
(tratamiento), en un momento donde estas prácticas de la medicina, que de
alguna manera van a fomentar lo que son los cuidados naturales, tienen un
papel importante, decisorio y definitivo para complementar los otros
tratamientos que en materia de sanidad se pueden ofrecer a las personas
que tienen determinadas enfermedades o patologías. El hecho de que
existan varios colegios y que esto fomente, de acuerdo con la ley, la
creación del consejo quiere decir que existen buenos profesionales que
están trabajando para fomentar de alguna manera su profesión y para que
su título universitario tenga cada vez más prestigio. Reitero, por tanto,
nuestro voto favorable al proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo quiere dejar constancia de su
satisfacción y de la convicción de que con la aprobación de este proyecto
de ley que hoy se somete a la consideración de la Comisión de Sanidad y
Consumo, con competencia legislativa plena, procedemos a responder de
forma adecuada y positiva a las demandas de un colectivo de
profesionales, los fisioterapeutas, que a mi grupo le merece toda la
consideración y respeto.
El título de Diplomado Universitario en Fisioterapia se creó a través del
Real Decreto 2965, del año 1980, y del Real Decreto 1414, del año 1990,
conforme señala la propia exposición de motivos del proyecto de ley,
norma esta última que aprobaba las directrices generales de los planes de
estudio conducentes a la obtención de dicho título. Desde la creación del
mencionado título, diferentes comunidades autónomas, en uso de las
competencias que tienen atribuidas en materia de colegios profesionales,
han procedido a constituir los correspondientes colegios oficiales de
fisioterapeutas. En la actualidad existen colegios oficiales de
fisioterapeutas en las comunidades autónomas de Cataluña, que se creó en
el año 1990; de Canarias, que se creó en el año 1996; de Murcia, que
también se creó en el año 1996, de Asturias, de Madrid y de Aragón.
Sus señorías conocen perfectamente, porque ya se apeló a ello en debates
anteriores sobre tramitaciones de proyectos de similar alcance, que tanto
la Ley de colegios profesionales como la Ley del Proceso Autonómico
prevén la existencia de consejos generales de colegios cuando para una
misma profesión exista más de una corporación de ámbito territorial
inferior al nacional, situación en la que, como ya he indicado, se
encuentra en la actualidad la profesión de fisioterapeuta, con el
objetivo precisamente de representar sus intereses profesionales y
corporativos en los ámbitos nacional e internacional. (Rumores.) Este
proyecto de ley, por tanto, es una consecuencia lógica y deseada de la
evolución, de la consolidación y de la proyección de una profesión, como
es la de fisioterapeuta, que cada vez está más activa y presente en la
realidad sociosanitaria de nuestro país. Somos nosotros, como
legisladores estatales, quienes nos encontramos habilitados para regular
la constitución de estos consejos generales o superiores de las
corporaciones de derecho público en su dimensión de administraciones
públicas toda vez que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución atribuye
al Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas. (Rumores.) Eso es realmente lo que estamos
haciendo en el día de hoy.
Mi grupo estima que se han cumplido todas las previsiones legales y
competenciales previstas puesto que, conforme al artículo 3.4 de la Ley
de colegios profesionales, la creación por ley de este consejo general se
plantea a petición de los profesionales interesados; que el proceso se
inició por la petición expresa formulada al ministro de Sanidad y Consumo
por los colegios oficiales de Cataluña, Murcia y Madrid; que se han
cumplido las previsiones contenidas en los artículos 129 y 130 de la Ley
de procedimiento administrativo; que se ha informado por los
departamentos ministeriales correspondientes (Ministerio de Educación y
Ministerio de Administraciones Públicas) y por los propios colegios
oficiales de fisioterapeutas de Cataluña, Murcia, Madrid, Canarias y
Aragón, así como por el propio Consejo Interterritorial de Salud, e
incluso, dada la relación existente entre los fisioterapeutas y los
antiguos ATS y actuales diplomados en enfermería, también nos consta que
se ha recabado la opinión de sus organizaciones profesionales así como de
otros posibles sectores interesados. Mi grupo desea, por tanto, que este
proyecto de ley que hoy aprobamos sirva de forma efectiva para regular
las materias que se prevén en el mismo: la formal creación del nuevo
consejo general, sus relaciones con la Administración, el establecimiento
de la comisión gestora encargada de redactar los estatutos provisionales,
su verificación por el Ministerio de Sanidad, su publicación en el BOE,
la constitución de sus órganos de gobierno, la elaboración de sus
estatutos, que el propio ministro de Sanidad y Consumo someterá a la
aprobación del Gobierno, y por supuesto que contribuya a reforzar, a
respaldar y a articular mejor una profesión de gran futuro como es la de
fisioterapeuta en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: No habiendo ninguna enmienda, vamos a proceder a la
votación en los términos de la redacción del proyecto de ley por el que
se crea el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Actuando con competencia legislativa plena, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75.2 de la Constitución, queda aprobado sin
modificaciones respecto al texto que aparece publicado en el «Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados» número A-108-01, de 18 de marzo de
1998, el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas, cuyo número de expediente es el 121/106.
Antes de pasar al segundo punto del orden del día, que es la
comparecencia del señor director general de Farmacia, vamos a hacer un
receso de unos minutos, puesto que el compareciente no se encuentra en la
sala. Quizá nos hemos adelantado en el trámite del proyecto de ley. Vamos
a hacer indagaciones para ver si ya se encuentra en la Cámara el director
general de Farmacia. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
-- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA (PLAZA PIÑOL),
PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA FARMACEUTICA DEL MINISTERIO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/001146).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión y
damos la bienvenida al director general de Farmacia en su primera
comparecencia ante esta Comisión para informar sobre la política
farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Agradeciéndole su presencia en la Comisión, sin más preámbulos, le damos
la palabra. Cuando quiera, señor Plaza.
El señor DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA (Plaza Piñol): Señores diputados,
comparezco hoy ante esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para
informarles de la política farmacéutica del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Como saben, el área del medicamento, y en su conjunto el mundo
farmacéutico, es muy complejo y con grandes implicaciones y
repercusiones. No son sólo las cuestiones relativas a la calidad,
seguridad y eficacia de los productos las que inciden en él porque,
además de garantizar la idoneidad de los medicamentos que se
comercializan, la Administración tiene que tener en cuenta muchos otros
factores esenciales, tanto para garantizar su suministro a la población
con la información adecuada, en unas condiciones que permitan su correcta
utilización, como para posibilitar la viabilidad del Sistema Nacional de
Salud, manteniendo la calidad de la prestación. Pero además hay que
recordar el marco europeo en el que nos movemos. Desde la creación de la
Agencia Europea de Evaluación del Medicamento en 1995, los medicamentos
obtenidos por biotecnología y alta tecnología disponen de una
autorización sanitaria comunitaria, y desde el pasado 1 de enero de 1998
es obligatorio el procedimiento descentralizado de autorización de
medicamentos, también llamado de reconocimiento mutuo, lo que significa
que tenemos que reconocer las evaluaciones realizadas por las autoridades
de otros Estados miembros para aquellos medicamentos autorizados en un
Estado que soliciten su reconocimientos en España, y en caso de
discrepancias, ir al arbitraje de la Agencia Europea.
Por otra parte, y a nivel internacional, hay que señalar como ejemplo las
negociaciones para los acuerdos de reconocimiento mutuo de la Unión
Europea con países terceros como Estados Unidos, Canadá o Japón, que van
a tener importantes repercusiones en las importaciones o en las
conferencias internacionales de armonización de los requerimientos
técnicos de evaluación de medicamentos, las conferencias ITH. En
definitiva quiero transmitirles la complejidad del área farmacéutica y,
por lo tanto, del marco jurídico que la regula.
A lo largo de mi intervención voy a incidir en los puntos más destacados
de nuestra actividad. Tengo que diferenciar tres grandes áreas. En primer
lugar, les informaré de las actuaciones dirigidas a garantizar la
calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, nuestra misión
fundamental y prioritaria. Tengo que recordar que estamos obligados a
cumplir con nuestros compromisos como miembros de la Unión Europea, que
armonizó las disposiciones nacionales en este ámbito para la creación del
mercado interior en 1993 y para posibilitar la libre circulación de
medicamentos. Por lo tanto, para la adopción de medidas en esta materia,
tenemos que ajustarnos a las decisiones que se adoptan por todos los
Estados miembros en los comités europeos. La segunda parte de mi
intervención se centra en informarles de las medidas dirigidas a
controlar el gasto farmacéutico. Este es un tema muy delicado por cuanto
cualquier acción que se adopta tiene una amplia repercusión social. Por
ello hemos tenido en cuenta la experiencia de otros Estados, valorando
además su aplicación en nuestro país. Hay que destacar que en la práctica
totalidad de los países de la Unión Europea se implantaron hace algunos
años listas positivas o negativas de medicamentos. También hemos
analizado los resultados de la aplicación en Alemania, Dinamarca u
Holanda de un sistema de precios de referencia apoyado en un mercado de
medicamentos genéricos como una medida que posibilita reducir el gasto
manteniendo la prestación farmacéutica actual. Finalmente, les comentaré
nuestra visión respecto a la creación de la Agencia Española del
Medicamento y su repercusión en la política farmacéutica del Ministerio.
Paso ya a informarles sobre nuestras actividades relacionadas con la
calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Garantizar la calidad
de los productos farmacéuticos es una de nuestras principales misiones, y
en ella tiene un papel fundamental el trabajo de nuestros equipos de
inspección. Es una satisfacción comunicarles que desde el pasado 1 de
enero España es miembro de pleno derecho
de la Pharmaceutical Inspection Convention, la PIC, que es,
concretamente, una convención creada en 1970 por la Asociación Europea de
Libre Comercio, constituida actualmente por 19 países. Se basa en el
reconocimiento de inspecciones entre estos países, ampliando el ya
consolidado dentro de la Unión Europea a otros Estados. En el aspecto
específico de la inspección farmacéutica, tenemos la ventaja de armonizar
y unificar exigencias, interpretaciones de exigencias legales,
experiencias en auditorías y formación de inspectores mediante el
intercambio de informes, directrices y recomendaciones para los servicios
de inspección farmacéutica. En el aspecto comercial, ha supuesto la
eliminación de barreras técnicas que suponían la no aceptación por parte
de determinados países de los certificados de cumplimiento de normas de
correcta fabricación, expedidos por los servicios de inspección
farmacéutica españoles, a los fabricantes de medicamentos y materias
primas empleadas en la fabricación de éstos.
Siguiendo con las actividades de inspección farmacéutica previstas para
el año 1998, correspondientes a las competencias atribuidas a los
servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo y a las competencias no
asumidas por las comunidades autónomas en materia de ejecución de la
legislación farmacéutica, les informo de sus tres áreas de actividades.
En primer lugar, el programa de actuaciones inspectoras dentro del
territorio nacional, que implica la verificación del cumplimiento de las
normas de correcta fabricación de medicamentos por los laboratorios
farmacéuticos, tanto con carácter periódico como puntual, como
consecuencia de modificaciones de instalaciones o de las especialidades
que se fabrican. En segundo lugar, el programa de actuaciones inspectoras
de ámbito internacional, con la finalidad de controlar los laboratorios
que fabrican medicamentos que son importados en los Estados miembros de
la Unión Europea y en los que España es Estado de puerta de entrada. Y
finalmente el sistema de garantía de calidad de la inspección
farmacéutica en España, por el que se pretende armonizar y unificar los
criterios de inspección a las entidades farmacéuticas que sean aplicados
por los diferentes servicios, independientemente de que su dependencia
sea del Ministerio de Sanidad y Consumo o de las diferentes comunidades
autónomas.
Por otra parte, y en cuanto a la evaluación de la seguridad y eficacia,
hay que señalar nuestra participación en los procedimientos europeos. En
el procedimiento de reconocimiento mutuo de medicamentos o procedimiento
descentralizado, hemos sido recientemente, por primera vez, Estado
miembro de referencia de un medicamento desarrollado en España que ha
sido reconocido por la totalidad de los 14 restantes Estados miembros,
hecho que no se produce generalmente y que pone de manifiesto un
importante trabajo de nuestro equipo. Respecto al procedimiento
centralizado, en los dos primeros años de la existencia de la Agencia
Europea, 1995 y 1996, fuimos ponentes o componentes en dos medicamentos,
incrementando nuestra participación en 1997 a seis medicamentos más y
otras dos ponencias adicionales en lo que va del ejercicio de 1998.
Además, nuestros expertos han dirigido grupos de trabajo de evaluación
preclínica de vacunas y sobre productos biológicos y han actuado como
ponentes en diferentes guías europeas de evaluación de medicamentos, como
la guía de esclerosis múltiples, la guía para la enfermedad arterial
periférica o la guía para accidentes vasculares cerebrales agudos. Todo
ello refleja nuestra vocación europea y el potencial científico de
España, cuya participación y presencia en Europa vamos a incrementar
hasta alcanzar el lugar que nos corresponde con la creación de la Agencia
Española del Medicamento, como luego les detallaré.
Hasta ahora he hecho referencia a medicamentos, pero queda un gran sector
de nuestra competencia, que es el correspondiente a los productos
sanitarios y cosméticos. Las líneas básicas de acción de la Dirección
General en productos sanitarios durante 1997 han consistido en la
consolidación del nuevo régimen legislativo introducido con la
publicación del Real Decreto 414/1996, que traspone la Directiva
Comunitaria 93/42 sobre productos sanitarios. Para la industria española
de productos sanitarios, la adaptación a las condiciones impuestas por la
legislación comunitaria requiere un importante esfuerzo, ya que los
sistemas de garantía de calidad en la producción son un pilar esencial
para la obtención del marcado CEE de los productos y consiguiente acceso
al mercado europeo. De las 120 solicitudes para certificación del marcado
CEE que se han presentado por empresas españolas, 60 han tenido lugar en
los últimos cuatro meses. Por otra parte, y desde marzo de 1997 a marzo
de 1998, se han realizado 60 auditorías y evaluado 453 productos que, a
través de la certificación de conformidad española, tienen acceso al
mercado comunitario.
Estos procedimientos de evaluación y certificación, que responden al
concepto de evaluación de la idoneidad sanitaria enunciado en nuestra Ley
General de Sanidad, se completan con otros procedimientos encaminados a
ejercer el control de mercado y detectar los incidentes adversos que
eventualmente pueden producirse con la utilización de los productos,
investigando las causas y adoptando las medidas que evitan su repetición.
Estas acciones adquieren la máxima importancia si consideramos que el
mercado de los productos sanitarios es un mercado europeo sin fronteras,
donde la evaluación realizada en cualquier Estado surte efectos en todo
el resto, al regirse por el reconocimiento mutuo, y donde no existen los
mecanismos nacionales de acceso al mercado que tienen lugar en
medicamentos con los procedimientos de registro, autorización sanitaria y
fijación de precios.
En cuanto al sistema de vigilancia, se han recibido 189 notificaciones de
incidentes adversos que han conllevado las correspondientes actuaciones
correctivas. Estas notificaciones tienen su origen tanto en España como
en el resto de los países de la Unión Europea, ya que el sistema de
vigilancia integra dos circuitos: uno externo entre los fabricantes de
productos sanitarios establecidos en la Comunidad y las autoridades
nacionales de los Estados de la Unión y otro interno entre autoridades,
institucionales sanitarias y fabricantes o distribuidores de cada país.
La aplicación de la legislación de productos sanitarios se completa
igualmente con otros procedimientos, como los de autorización e
inspección de los establecimientos de distribución, venta
y adaptación de productos sanitarios o de autorización y control de los
mensajes publicitarios, cuya ejecución corresponde íntegramente a las
comunidades autónomas, pero en las cuales la Dirección General ejerce la
función de coordinación que corresponde a la Administración del Estado,
mediante un grupo de trabajo creado al efecto en el que se elaboran
documentos consensuados que permiten la aplicación de una doctrina
homogénea en estas materias.
Respecto a productos cosméticos, el año 1997 ha sido relevante, ya que el
31 de octubre de 1997 se ha publicado el real decreto sobre productos
cosméticos. Este real decreto refunde toda la legislación cosmética
anterior e incorpora las últimas directivas comunitarias en la materia.
La nueva legislación impone dos filosofías esenciales de cambio. Por un
lado, una mayor transparencia hacia el consumidor, de forma que se mejora
ostensiblemente la información que éste recibe sobre el cosmético que va
a utilizar, y, por otro lado, la introducción de mecanismos de
información a las autoridades que permiten ejercer con mayor eficacia el
control de mercado de estos productos, lo que redunda en una mejora de
las garantías para la salud.
En otro orden de cosas, la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios ha diseñado un programa informático mediante el cual se
introducen las composiciones cuantitativas completas de todos los
cosméticos comercializados en España junto con las informaciones
relevantes, a efectos de tratamiento médico, con el fin de poder acceder
a esta información en caso de que se produzca un efecto adverso grave o
un episodio de intoxicación. El Instituto Nacional de Toxicología, como
centro responsable en materia de intoxicaciones, tiene acceso permanente
a esta información. Desde el pasado 20 de noviembre, fecha de la entrada
en vigor de este real decreto, se han introducido en este sistema los
datos correspondientes a 1.225 cosméticos.
Para iniciar la segunda parte de mi intervención, tengo que recordarles
que desde los años setenta el continuo incremento del gasto sanitario ha
preocupado a las autoridades nacionales. Los factores principales que
impulsan este crecimiento de los recursos públicos destinados a financiar
los sistemas sanitarios de Seguridad Social son principalmente, como
ustedes conocen, la creciente edad de la población y el aumento de las
enfermedades crónicas. A ello va unido el progreso tecnológico de la
medicina y el vertiginoso desarrollo de nuevos medicamentos en los
últimos años.
No quiero abusar de las cifras, pero sí me gustaría informar de algunos
datos recientes con respecto a la evolución del consumo farmacéutico a
través de oficinas de farmacia.
Entre 1987 y 1997 el gasto público de la prestación farmacéutica a través
de oficina de farmacia ha crecido con una tasa anual acumulativa del 12,8
por ciento, aunque en el último período 1996-1997 el crecimiento del
gasto ha sido solamente de un 5,42 por ciento en todo el Sistema Nacional
de Salud. El importe a PVP de la prestación farmacéutica en 1997 ascendió
a 933.553 millones de pesetas. Ante la magnitud de estas cifras es
imprescindible adoptar medidas para que el crecimiento permanezca en unos
límites razonables que garanticen la suficiencia financiera del sistema
sanitario público, dentro del cual la prestación farmacéutica
extrahospitalaria alcanza el 20 por ciento, muy por encima de la media de
los países europeos.
Las medidas adoptadas en este momento en España son conocidas por SS. SS.
y la mayoría han sido debatidas en el seno de esta Comisión: márgenes de
oficinas de farmacia, financiación selectiva, pacto con la industria
farmacéutica. La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, incide
no sólo en las exigencias relativas a la seguridad y eficacia de los
medicamentos, sino que también enfatiza las condiciones para su uso
racional. Por tanto, lleva implícita la valoración de los beneficios de
los medicamentos frente a sus riesgos y coste.
El capítulo V de la citada Ley del Medicamento recoge, entre las medidas
relativas al uso racional, la financiación selectiva de los medicamentos.
El señor ministro y el señor secretario del departamento han informado ya
en esta Cámara sobre el contenido y el alcance del proyecto de real
decreto por el que se amplía la selección de medicamentos a efectos de su
financiación por el Sistema Nacional de Salud. Por este motivo, me voy a
limitar a indicarles la situación actual de su tramitación.
En este momento, el proyecto de real decreto está sujeto a las
consideraciones que, tras su estudio, comuniquen las 25 instancias y
organizaciones sociales, profesionales, científicas y empresariales a las
que se ha remitido, entre las que se encuentran las sociedades
científicas relacionadas con la atención primaria de la salud y
especialmente aquellas vinculadas al campo del medicamento, los colegios
profesionales de médicos farmacéuticos, odontólogos y estomatólogos, las
reales academias de Farmacia y Medicina, el Consejo de consumidores y
usuarios, el Consejo estatal de personas mayores, de industria y
distribución farmacéutica y los consejos nacionales de especialidades
médicas y farmacéuticas. El plazo de trámite de la información pública
finaliza en la primera semana de mayo.
Por otra parte, como ustedes conocen, les puedo concretar que el pasado
20 de abril el pleno del Consejo Económico y Social dictaminó
favorablemente sobre este proyecto de real decreto, y que a lo largo del
próximo mes de mayo está previsto someter a informe el proyecto a la
Comisión nacional para el uso racional de los medicamentos, que lo
estudiará tanto en comisión permanente como en sesión plenaria.
También estamos propiciando la comercialización de medicamentos
genéricos. El señor ministro y, en varias ocasiones, el señor
subsecretario han informado también en esta Cámara de la política del
Ministerio sobre la fabricación y dispensación de especialidades
farmacéuticas genéricas en España.
Los resultados del trabajo realizado hasta la fecha son los siguientes:
hasta el momento han sido evaluadas por el Centro Nacional de
Farmacología 287 solicitudes, de las cuales cuentan con dictamen
favorable 126 y no han sido conformes en primera instancia 161. Se ha
concedido autorización sanitaria a 99 especialidades farmacéuticas
genéricas y 41 solicitudes han recibido ya la conformidad de la Comisión
Nacional de Evaluación del Medicamento
--que por cierto se reúne hoy, con lo cual esta cifra probablemente se
incrementará--, por lo que en fechas próximas esta lista de 41
solicitudes dispondrá del correspondiente conforme sanitario.
Estas cifras indican la amplia respuesta de los laboratorios en cuanto a
interés en esta franja de mercado, así como la agilidad de la
Administración en su evaluación y el rigor de la misma. Tanto la agilidad
como el rigor indican la voluntad del Ministerio de Sanidad y Consumo de
contar, en el plazo más breve posible, con el mayor número de
especialidades farmacéuticas genéricas, pero sin renunciar al
cumplimiento de los requisitos exigidos a estas especialidades, entre los
que destacan calidad y bioequivalencia. Con ello iremos aproximándonos a
los mercados de genéricos que existen en muchos países de la Unión
Europea.
Los Estados miembros también han adoptado otras medidas de distinta
naturaleza orientadas a equilibrar el binomio gasto público-recursos,
mientras que cabe citar el establecimiento de precios de referencia,
entendiendo por tales las cuantías máximas que financiarán los sistemas
de Seguridad Social para los distintos conjuntos de medicamentos.
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y
de orden social, en su artículo 169.4 añade un apartado 6 en el artículo
94 de la Ley del Medicamento según el cual el Gobierno, previo informe
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá limitar
la financiación pública de medicamentos, estableciendo que entre las
distintas alternativas bioequivalentes disponibles sólo serán objeto de
financiación íntegra con cargo al Sistema Nacional de Salud las
especialidades farmacéuticas cuyos precios no superen la cuantía que para
cada principio activo se establezca reglamentariamente.
Esta limitación en la financiación de especialidades farmacéuticas
financiadas con fondos públicos --transcribo literalmente lo que
incorpora la modificación de la Ley del Medicamento-- no excluirá la
posibilidad de que el usuario elija otra especialidad farmacéutica
prescrita por el médico que tenga igual composición cualitativa y
cuantitativa en sustancias medicinales, forma farmacéutica, vía de
administración y dosificación y de precio más elevado, siempre que además
de efectuar, en su caso, la aportación económica que le corresponde
satisfacer de la especialidad farmacéutica financiada por el sistema, los
beneficiarios paguen la diferencia existente entre el precio de ésta y el
de la especialidad farmacéutica elegida.
Con el objeto de clarificar y precisar la legislación existente, la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, añade en su artículo 109.3 un nuevo párrafo al apartado 6
del artículo 94 citado anteriormente, especificando que cuando la
presentación de la especialidad farmacéutica prescrita supere la cuantía
establecida como precio de referencia el farmacéutico deberá sustituirla,
excepto en el supuesto previsto en el párrafo anterior, por una
especialidad farmacéutica genérica de idéntica composición cualitativa y
cuantitativa en sustancias medicinales, forma, vía y dosificación, y de
igual o inferior cuantía que la establecida.
En definitiva, el párrafo incorporado tiene dos objetivos. De una parte,
pretende clarificar que la especialidad bioequivalente cuyo precio sea
superior al de referencia sólo podrá sustituirse por un medicamento
genérico que, por su propia definición, incorpora el concepto de
bioequivalencia. Por otra parte, precisa la obligación del farmacéutico
de dispensar una especialidad genérica cuando la prescripción realizada
corresponda a un fármaco bioequivalente cuyo precio sea superior a la
cuantía establecida de referencia.
Los precios de referencia tratan de incorporar la lógica económica en los
diversos submercados donde existen productos sustitutivos. Es por esta
razón por la que algunos países de nuestro entorno, como Alemania,
Dinamarca, Holanda, Noruega o Suecia, han introducido este tipo de
medidas intervencionistas en el mercado del medicamento.
La disposición a tramitar, que es un proyecto de real decreto, se dicta
sobre la base de la competencia que atribuye al Estado el artículo
149.1.1.ª y 17.ª de la Constitución española y en desarrollo del artículo
94 de la Ley del Medicamento. De acuerdo con el que he mencionado
artículo 94.6, se entenderá en España por precio de referencia la cuantía
máxima que financiará el Sistema Nacional de Salud para los distintos
conjuntos homogéneos de especialidades farmacéuticas que contienen como
alternativa terapéutica al menos una especialidad farmacéutica genérica.
Para la aplicación de los precios de referencia se tendrán en cuenta los
dos criterios generales siguientes: a) que exista un conjunto homogéneo
de especialidades farmacéuticas que tenga la misma composición
cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales, forma farmacéutica,
formato, dosis y vía de administración; y b) que en el conjunto exista al
menos una especialidad farmacéutica genérica. Teniendo en cuenta que los
precios de referencia configuran un sistema dinámico, el Gobierno
periódicamente podrá revisar las sustancias medicinales incluidas, así
como las presentaciones afectadas y los precios aplicables a cada una de
ellas.
Las especialidades farmacéuticas bioequivalentes cuyos precios no superen
las cuantías que para cada presentación se establezca como máximo serán
objeto de financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud, mientras
que las que superen esta cuantía sólo serán financiadas tras los precios
de referencia fijados.
La cuantificación de este sistema de precios de referencia no es fácil,
porque no sólo depende del alcance de la implantación de los productos
genéricos, actualmente en pleno desarrollo, sino también de las
estrategias de las compañías farmacéuticas investigadoras en relación con
esta nueva modalidad, que vendrá a instaurar un sistema de competencia
vía precios en segmentos de mercado de estas compañías han estado
dominando junto con sus licenciatarios en la práctica totalidad de los
casos.
Con respecto al calendario de implantación previsto, se estima comenzar
la tramitación de este real decreto en los próximos días, concluyéndose
previsiblemente todo el proceso a finales de este ejercicio de 1998.
Las previsiones realizadas sobre el número de genéricos aprobados al
concluir este año se sitúan entre 175 y
225, que se corresponden con los objetivos fijados por el Instituto de
Salud Carlos III y la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, objetivos que debe hacer suyos la futura Agencia Española del
Medicamento.
El plazo de iniciación de la tramitación del real decreto ha estado
condicionado por la necesidad de disponer de un número adecuado de
medicamentos genéricos que posibiliten una implantación eficiente del
sistema de precios de referencia. En definitiva, los precios de
referencia deben permitir armonizar las políticas de contención del gasto
farmacéutico y de uso racional del medicamento con el desarrollo del
tejido industrial, tanto investigador como de aquel que opera bajo un
modelo empresarial basado en la fabricación de especialidades
farmacéuticas genéricas.
Siguiendo en el ámbito del uso racional, pero abordándolo desde otra
perspectiva, tengo que hacer referencia a la necesidad actual de un
cambio en la actividad de los farmacéuticos y de su integración en los
equipos de salud. Actualmente estamos apoyando los programas de atención
farmacéutica iniciados por los colegios de farmacéuticos y por grupos de
profesionales de oficina de farmacia con el objetivo de potenciar su
labor mediante una participación activa en la asistencia al paciente, en
la dispensación, información y seguimiento de los tratamientos
farmacológicos, así como su cooperación con el médico y otros
profesionales sanitarios.
Es muy difícil participar plena y activamente en la atención farmacéutica
sin renovar con la suficiente frecuencia e intensidad los conocimientos
en farmacoterapia. Por ello, otro de nuestros retos actuales es la
formación continuada. Esta cuestión se está estudiando con detenimiento
en el comité consultivo para la formación de farmacéuticos de la Unión
Europea, en el que se aprobó el pasado mes de marzo de 1997 un documento
que recoge lo que en principio son recomendaciones sobre formación
continuada. Este informe europeo considera absolutamente imprescindible,
de acuerdo con las nuevas responsabilidades que han de asumir los
farmacéuticos de oficina (y los cambios que se están introduciendo los
sistemas de salud así lo indican literalmente), que los farmacéuticos
comunitarios tengan permanentemente actualizados sus conocimientos a
través de programas de formación continuada. indica que las autoridades
nacionales o las asociaciones profesionales deberían regular la formación
continuada como una obligación ética para los farmacéuticos.
La comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud para
profesionales sanitarios ya ha comenzado sus trabajos y cuenta con el
impulso de la subsecretaría del departamento. Se articula dentro de los
convenios de conferencias sectoriales del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y contará con la participación activa de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. De esta forma, los
farmacéuticos y el resto de los profesionales sanitarios podrán acreditar
los cursos y períodos de formación que le son indispensables para una
actualización de los conocimientos en el ejercicio profesional. Creo que
esto tiene gran importancia y sus resultados se podrán apreciar a medio
plazo.
Por otra parte, quisiera señalar que en 1997 entró en vigor el decreto
412/1997, que establece la forma de acceso a las especialidades de
radiofarmacia, farmacia industrial y galénica y análisis y control de
medicamentos y drogas. El pasado 19 de febrero se constituyeron las
comisiones promotoras de las dos últimas especialidades mencionadas y
concretamente la correspondiente a radiofarmacia se creó en 1990, estando
convocándose plazas de formación por la vía FIR y por la vía QIR desde
1993.
Finalmente, paso ahora a informarles de las cuestiones relativas a la
creación de la Agencia Española del Medicamento y su repercusión sobre la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. De la situación del
proyecto se informará con detalle y profundidad, según tengo entendido,
en una próxima comparecencia, pero yo me voy a limitar a presentarles sus
líneas generales para incidir con más detenimiento en las consecuencias
específicas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios.
La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social, dedica la sección 5.ª del capítulo II del título IV a
la creación y regulación nuclear de la Agencia Española del Medicamento.
Como conocen SS. SS., se configura como un organismo autónomo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 41 y 43 de la Ley 6/1997, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
cuenta con personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad
de obrar y está adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que
corresponde su dirección estratégica, así como la evaluación y control de
los resultados de su actividad a través de la subsecretaría del
departamento, cuyo titular desempeñará la presidencia de la agencia.
La ley, al crear la agencia española, pretende sumar recursos humanos,
materiales y financieros de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios así como del Instituto de Salud Carlos III para, manteniendo
la transparencia e incorporando las nuevas tecnologías en los sistemas de
información, simplificar los procedimientos administrativos de registro a
efectos de conseguir la máxima eficiencia y eficacia en el servicio
prestado a los ciudadanos. El aspecto más novedoso será el
establecimiento de una metodología de trabajo cualitativamente diferente
a la desarrollada hasta el momento. El nuevo sistema de evaluación que se
plantea, más acorde con los modelos existentes en otros países de la
Unión Europea, se sustenta en la participación de paneles de expertos que
van a permitir no sólo una evaluación más ágil, sino también posibilitar
la permeabilidad del potencial científico de nuestros profesionales de
hospitales, universidades y otros centros asistenciales en beneficio de
todos. La agencia, además, contará para el desempeño de sus funciones con
el asesoramiento de los órganos colegiados de carácter consultivo ya
existentes, concretamente el Comité de evaluación y el Comité de
seguridad de medicamentos.
Respecto a la repercusión que esta nueva estructura va a tener en la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, es indudable que va
a ser muy importante a todos los niveles, pero tengo que partir de una
diferenciación
muy clara: la Agencia Española del Medicamento será fundamentalmente un
órgano científico responsable de la calidad, seguridad y eficacia de los
medicamentos. La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios
permanecerá, como señala el Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, como
responsable de la gestión y desarrollo de la política de farmacéutica del
departamento. Esta diferencia podría asimilarse en parte a la que
actualmente existe en la Unión Europea, con una Agencia Europea de
Evaluación del Medicamento, cuya misión es estrictamente científica, y
los servicios de la Comisión Europea con responsabilidad en política
farmacéutica.
Las avances científicos y tecnológicos de la última década han cambiado
sustancialmente el vademécum farmacéutico, con medicamentos sumamente
complejos que requieren una gran especialización, en muchos casos
multidisciplinar, para su evaluación. Asimismo, la creación del mercado
único, la eliminación de fronteras entre los Estados, los acuerdos del
conocimiento mutuo de la Unión Europea con países terceros y la
globalización que está teniendo lugar han modificado el marco de
actuación y nos obligan a dar una respuesta y cumplir compromisos, no
sólo a nivel de evaluación, sino en cuestiones de farmacovigilancia,
inspección e intercambio telemático de información, con unas exigencias
difícilmente asumibles con la estructura actual.
Hay una gran diferencia entre la situación española de los años ochenta,
con una responsabilidad sanitaria nacional basada en un importante
control e inspección en nuestras fronteras, con medicamentos
principalmente de síntesis química y sin patente de producto, y el
momento actual, con la presión de los monopolios de los productos de alta
tecnología y/o demanda de salud y la repercusión social tan importante
del medicamento con la que vivimos. Pero ésta no es únicamente una
situación española, sino que otros países, la mayoría, han adecuado sus
estructuras hace ya algunos años, estando ya firmemente consolidadas. En
base a ellas y a sus experiencias, se está construyendo la Agencia
Española del Medicamento.
Por ello, uno de nuestros principales esfuerzos ahora es realizar un
análisis profundo para lograr que esta separación se produzca con una
interrelación entre ambas estructuras que posibilite un engranaje óptimo,
necesario por las específicas circunstancias del mundo del medicamento,
en el que se enlazan cuestiones científicas con la política farmacéutica.
La comercialización de un medicamento no debe apartarse de su fin de
proporcionar a la población la herramienta adecuada y necesaria para la
protección y promoción de su salud, pero su imbricación en el Sistema
Nacional de Salud, su uso racional y, en resumen, todos los múltiples
aspectos que le van a hacer accesible a la población, sea cual sea su
situación, es una cuestión de política farmacéutica de la que la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y el departamento en
su conjunto es responsable.
En concreto, las funciones que permanecerán en la órbita de la Dirección
General de Farmacia se corresponderán, en primer lugar, con las
competencias del Estado en lo que corresponde a prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud, entre las que podemos citar: la
formulación de propuestas en relación con la financiación de medicamentos
y efectos y accesorios a través de receta de Seguridad Social, la
tramitación de la oferta de especialidades farmacéuticas y productos
sanitarios al Sistema Nacional de Salud, el control de facturación de
recetas, o la gestión de la información agregada sobre el consumo
farmacéutico del Sistema Nacional de Salud. Todas tienen una repercusión
de carácter asistencial, social y económico, puesto que a través de
recetas el consumo farmacéutico en 1997, como ya he indicado, sobrepasó
los 933.000 millones de pesetas, y es necesario un control de su gestión,
información y planificación muy equilibrada para posibilitar la equidad
en el acceso a la prestación farmacéutica y la suficiencia financiera del
sistema.
En segundo lugar, también son competencias de la dirección los aspectos
estrictamente económicos de los medicamentos y efectos y accesorios, así
como la intervención de precios. Aquí tendríamos la realización de
estudios técnicos necesarios para establecer los precios y márgenes de
especialidades farmacéuticas, la elaboración de los correspondientes
informes y análisis sobre el gasto farmacéutico, el suministro de apoyo
técnico y administrativo a la futura comisión interministerial de
precios, o la formulación de propuestas sobre retribuciones de oficinas
de farmacia y márgenes de distribución mayorista; tema, como conocen
ustedes también, muy delicado por cuanto repercute tanto en el Sistema
Nacional de Salud, como en el desarrollo industrial que, aun
permaneciendo en la competencia exclusiva de los Estados miembros, está
sometido a una presión cada vez mayor de instancias internacionales.
También quiero señalar nuestra competencia en todas las actividades
relacionadas con el uso racional en sentido amplio, según la Ley del
Medicamento y la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye el
suministro de apoyo técnico y administrativo a la Comisión nacional para
el uso racional de los medicamentos, el desarrollo de programas de
coordinación con las comunidades autónomas en materia de ordenación y
prestaciones farmacéuticas, el suministro de información sobre
medicamentos, la autorización de la importación de medicamentos no
autorizados en España y del uso compasivo de los mismos, el impulso de la
formación de farmacéuticos, coordinando el desarrollo y las
especialidades y la formación continuada, los estudios y propuestas sobre
oficinas de farmacia y la autorización de la policía de medicamentos
cuando ésta sea competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entre
estas funciones, destacaría la necesaria coordinación con las comunidades
autónomas, imprescindible en un marco autonómico como el español, y que
hace que las comisiones y grupos de trabajo del consejo interterritorial
tengan que incrementar sus reuniones de forma exponencial. Somos muy
sensibles respecto de la necesidad de mantener una comunicación fluida y
propiciar los intercambios de información para rentabilizar al máximo el
potencial de las administraciones sanitarias con las aportaciones de
todos, definiendo, en la medida de lo posible, marcos generales de
consenso que respeten la identidad y la singularidad de los diferentes
territorios.
Finalmente, la Dirección General de Farmacia deberá desarrollar las
funciones que en relación con los productos sanitarios, cosméticos,
preparados utilizados en la higiene personal y desinfectantes de material
clínico y farmacéutico y de ambientes clínicos y quirúrgicos atribuyen al
Ministerio de Sanidad y Consumo la Ley General de Sanidad, la Ley del
Medicamento y las disposiciones de aplicación de las directivas
comunitarias en esta materia. No voy a incidir más en ello, por cuanto en
la exposición de las actividades relacionadas con este campo lo he
analizado ya con detalle. A la vista de las diferentes competencias que
se atribuirán a la futura Agencia del Medicamento y las de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, pero teniendo en cuenta su
complementariedad dentro del marco general farmacéutico, se está
actualmente analizando en profundidad la coordinación entre ambas
entidades, en principio asegurada bajo la tutela del señor subsecretario,
y además mediante la presencia del director general de Farmacia y
Productos Sanitarios en el consejo de la agencia. Con esta integración se
pretende facilitar que los resultados de esta reestructuración permitan
alcanzar los objetivos que nos han llevado a adoptarla, y cuyo último fin
es la optimización de nuestro trabajo como servicio de la sociedad, a la
que nos debemos en el ámbito farmacéutico.
Espero haber respondido con mi intervención al interés de sus señorías.
Quedo ahora a su disposición para responder cualquier pregunta que me
quieran formular, agradeciéndoles la atención que me han prestado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señor director general, bienvenido a esta
Comisión, puesto que es su primera comparecencia, y felicidades por el
optimismo y el positivismo que ha reflejado a lo largo de su información,
pero he de decirle que mi grupo parlamentario no coincide con esa
valoración positiva y optimista.
En primer lugar, señor director general, ¿cómo puede usted estar tan
optimista si lo cierto es que su dirección general ha quedado vacía de
contenido en gran medida a través de las decisiones últimas tomadas en el
ámbito del Ministerio de Sanidad? La creación de la Agencia Española del
Medicamento, a la que ha hecho usted referencia, ha dejado sin
competencias en gran parte a la Dirección General de Farmacia; pero, más
allá de esto, mi grupo parlamentario, que está de acuerdo con la creación
de una Agencia Española del Medicamento, no puede estarlo con la forma en
que ustedes la han regulado y planteado.
Como decía, ha contribuido a vaciar de contenido a la Dirección General
de Farmacia, pero la han configurado ustedes como un organismo autónomo,
atribuyéndole unas funciones mezcla de actividad consultivo-técnica y
actividad inspectora que nos preocupa de una forma muy especial por lo
que significa de confusión entre lo público y lo privado. Le atribuyen la
capacidad de desarrollar actividad de consultoría y asistencia y mi grupo
se pregunta que quién puede tener interés en ser cliente de la Agencia
Española del Medicamento en esta materia cuando luego tiene también
competencias, como decía antes, en autorización o en tareas de
inspección. ¿Cómo se relaciona su dirección general con esta Agencia
Española del Medicamento? ¿O es que la dirección general nada tiene que
ver ya con estas funciones y es el subsecretario del Ministerio de
Sanidad la única autoridad política en esta materia?
También se ha quedado vacía de contenido su dirección general, señor
Plaza, desde el momento en que determinadas decisiones, como la del
medicamentazo, se han tomado desde el Ministerio de Economía; una medida
que se ha adoptado en el marco de la financiación sanitaria, sin ningún
criterio de uso racional del medicamento y con un único criterio de
naturaleza economicista. Sobre esta cuestión mi grupo ha tenido repetidas
ocasiones de manifestar y fijar su posición política, totalmente
contraria a la forma y al fondo de la medida y que no voy a repetir en
esta sesión, pero sí quiero poner de manifiesto, apuntar, quién ha
ejercido la función de apoyo en el trámite del Consejo Económico y
Social, al que usted ha hecho referencia también en su intervención: los
sectores empresariales, señor director general; si la información
periodística que yo he leído se ajusta a la realidad, los sectores
empresariales. ¿No le hace reflexionar este hecho?
Por lo que ha expresado el señor director general, el real decreto que va
a dar soporte jurídico al medicamentazo lo tiene en estos momentos ya
todo el mundo. Yo le formulo la petición, a través de esta comparecencia,
de que lo remita también a los grupos parlamentarios. No es normal que
esté en manos de distintos sectores sociales y que los grupos
parlamentarios no tengamos conocimiento de ese real decreto.
Me va a permitir que le formule una relación de preguntas que tienen que
ver con la retirada de la financiación pública de una lista de
medicamentos. Señor director general de Farmacia, ¿la financiación
selectiva va a afectar sólo a las recetas o también al medicamento
hospitalario? ¿Se contempla esto en el decreto? Otra pregunta: dado que
en la comisión de seguimiento del pacto firmado con Farmaindustria no
están presentes las comunidades autónomas, ¿cómo se van a garantizar las
competencias de las comunidades autónomas?
¿En qué medida se encarecerá el gasto farmacéutico individual de los
ciudadanos con el acuerdo alcanzado con Farmaindustria de libertad de
precios de los medicamentos no financiados? ¿Cuánto se encarecerán los
medicamentos que quedan fuera de la financiación pública, señor director
general? La industria ha citado datos de en torno a un 30 por ciento,
¿cuál es la previsión que hacen en la Dirección General de Farmacia?
Con relación también al acuerdo con Farmaindustria, ¿cuántos laboratorios
han ratificado el acuerdo con Farmaindustria y en qué fecha? ¿Cómo van a
garantizar uno de los aspectos contemplados en ese acuerdo, que es el de
generalización de la receta blanca a lo largo del ejercicio de 1998? ¿Van
ustedes a obligar a los médicos a recetar medicamentos no financiados
públicamente? Sobre esta cuestión, señor director general, mi grupo tiene
muchas dudas.
A este grupo parlamentario, señor Plaza, están llegando quejas e
información de enfermos crónicos que nos están transmitiendo su inquietud
porque se les está limitando la prescripción de medicamentos necesarios
para su tratamiento. Por ejemplo, a los diabéticos parece que están
ustedes fijándoles cantidades de fármacos limitadas para esos
tratamientos, incluso llegando a significar una reducción o limitación en
las cantidades con relación a lo que venían recibiendo. ¿Qué decisiones
han adoptado en esta materia respecto a la prescripción de medicamentos
para enfermos crónicos? ¿Han tomado alguna medida o alguna decisión?
Otro tema que nos preocupa, señor director general, ¿qué datos contiene
el código de barras de la etiqueta que emite el TAIR, el nuevo
instrumento informático que han implantado en atención primaria y que se
adhiere a las recetas? ¿Cuál es su opinión sobre la protección de la
confidencialidad de los datos del paciente y su compatibilidad con este
nuevo sistema del TAIR? Explíquenos cuál es el circuito que recorre la
receta de prescripción desde que es emitida por el médico facultativo.
Medicamentos genéricos. Esta es una medida que iba a ser la panacea para
el control del gasto farmacéutico y que le dio muchas páginas de
periódicos al señor ministro en su momento, pero que ustedes mismos
regularon de una forma restrictiva, es decir, estableciendo barreras a la
entrada de estos medicamentos en el mercado farmacéutico español. ¿Qué
repercusiones ha tenido en el control del gasto sanitario? ¿Cuál ha sido
el volumen de prescripción a lo largo del año 1997 y en lo que va de
1998? ¿Para cuándo prevén que pueda hablarse de una introducción
suficiente de medicamentos genéricos equiparable a la de otros países?
La sustitución terapéutica está directamente relacionada con la
introducción del medicamento genérico en el mercado farmacéutico español
y es tarea que habrán de desarrollar en el futuro los profesionales de
las oficinas de farmacia. ¿Cómo piensan ponerla en práctica? ¿Piensan
modificar la forma retributiva de estos profesionales que hoy tienen una
forma retributiva ligada a un porcentaje fijo sobre ventas? El Grupo
Parlamentario Popular presentó en esta Cámara una proposición no de ley
que pretendía introducir márgenes escalonados. El mismo Grupo
Parlamentario Popular ha retirado esta iniciativa y los propios colegios
profesionales han puesto en conocimiento de sus colegiados que ha sido
por presión de los colegios de farmacéuticos; el Grupo Parlamentario
Popular, a través de un diputado de esta Cámara, ha enviado el escrito de
retirada de esa iniciativa. ¿Cómo piensan ustedes incentivar a los
profesionales de las oficinas de farmacia para que realicen sustitución
terapéutica?
La prescripción, un importante eslabón en la cadena de la política del
medicamento. ¿Qué nos puede decir del fraude, que tan reiteradamente
citan responsables del Ministerio de Sanidad pero que nunca son capaces
de concretar? ¿Puede concretarlo en estos momentos, señor director
general?
Señor director general --el señor presidente me hace gestos; no es mi
intención ponerle nervioso--, le formulo la última pregunta. ¿Cuál es su
posición sobre la aportación de los usuarios o el copago? La directora
general que le ha precedido era favorable a medidas de este tipo. Es
interés de mi grupo conocer cuál es su posición al respecto.
Termino, señor presidente, pero no quiero dejar de decir al señor
director general que encontrará comprensión en mi grupo parlamentario en
la preocupación sobre el control del gasto farmacéutico porque entendemos
que toda peseta que se gaste de más, por encima de las necesidades de la
salud de la población, hay que controlarla, pero nos encontrará siempre
enfrente cuando estas medidas sean insolidarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Maestro, pero antes esta Presidencia pide excusas a
la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque ha incurrido en el
error, fruto del hábito de los debates en la Comisión, de dar la palabra,
en primer lugar, a la señora Novoa, cuando lo reglamentario habría sido
dársela al Grupo Parlamentario Popular, que es el que había pedido la
comparecencia. Pido excusas a la portavoz y a los miembros de la
Comisión.
La señora NOVOA CARCACIA: Acepto sus excusas, señor presidente. (La
señora Amador Millán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, le agradezco las excusas pero
creo que se debe recomponer el orden reglamentario; por tanto, debería
intervenir el grupo proponente antes que los demás grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia no hay ningún
inconveniente.
Tiene la palabra el señor Castillo por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor CASTILLO JAEN: Señorías, señor Plaza, inicio mi intervención
sumándome a la bienvenida que le ha dado la portavoz del Grupo
Socialista, así como a la bienvenida que la Mesa de la Comisión de
Sanidad le ha brindado.
Quiero agradecerle su profundo análisis sobre la política farmacéutica
que desarrolla su dirección general y recordarle, para ponernos en
antecedentes, que hace poco más de un año, por marzo de 1997, compareció
ante esta Comisión la anterior directora general de Farmacia, a cuyo
equipo usted pertenecía. Recuerdo perfectamente aquella comparecencia en
la que eran muy recientes las primeras medidas adoptadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo con la finalidad de provocar un cambio
evolutivo en el incremento del gasto en medicamentos soportado por la
Seguridad Social, que en aquel momento era bastante alto. Aquellas dos
primeras medidas recuerdo que fueron dos reales decretos, uno de
reducción de márgenes comerciales a almacenes de distribución de
especialidades farmacéuticas y productos sanitarios y a las oficinas de
farmacia. En
esta Comisión, por parte de la entonces directora general, se anunciaron
otras medidas complementarias que usted ha enumerado y sobre las que ya
ha ofrecido resultados.
Recuerdo de igual manera que también por parte de algunos intervinientes
en aquella Comisión existían serias dudas sobre la posible efectividad de
esas políticas, por mor de cambiar la evolución ascendente del gasto en
medicamentos.
Señorías, sobre el gran reto que propuso el ministro de Sanidad y
Consumo, que era el control del incremento del gasto en medicamentos,
conviene destacar que se ha visto culminado con un éxito sin precedentes.
Al proceder detenidamente a un análisis de la evolución del gasto en
medicamentos durante el año 1997, aparecen unos resultados que es de
reconocer que son más que positivos, ya que, frente a un incremento del
gasto durante 1996 respecto a 1995 del 11,36 por ciento, en el año 1997
ese incremento se ha visto reducido a un 5,42, suponiendo un diferencial
del 5,94 por ciento.
Me he permitido hacer un resumido análisis de las medidas que han
provocado esta desaceleración del gasto sin hacer peligrar, por supuesto,
la prestación farmacéutica. Las medidas han sido de dos tipos: en primer
lugar, medidas de carácter puramente estructural, como el acuerdo firmado
con Farmaindustria el 1 de agosto de 1996, sustituido posteriormente el
22 de enero de 1998, y los antes mencionados decretos de modificación de
márgenes en oficinas de farmacia y en almacenes de distribución. Dentro
de estas medidas puramente estructurales, quiero recordar a todos ustedes
la puesta en marcha de la política de fomento a la fabricación, registro
y prescripción de medicamentos genéricos, antes mencionada por el
director general.
En segundo lugar, ha habido otras medidas de carácter instrumental o de
gestión que, en el ámbito del Insalud específicamente, han sido el
establecimiento de programas de uso racional del medicamento a nivel de
las gerencias de atención primaria y áreas de salud, la elaboración de
boletines farmacoterapéuticos a nivel de áreas, introducción de
terminales autónomos informáticos en atención primaria, lo cual permite
mejorar, sin duda, la capacidad de control y racionalidad en la
prestación farmacéutica, etcétera. Esta batería de medidas, señorías, ha
permitido al Insalud pasar de un incremento del gasto farmacéutico del
11,16 por ciento en el año 1996, respecto al año 1995, a un incremento
del gasto en medicamentos del 4,68 por ciento. Conviene destacar también
que, en el conjunto de las comunidades autónomas con competencias en
gestión de salud, este incremento del gasto ha supuesto un 1,2 por ciento
más que en el territorio gestionado por el Insalud.
Respecto al número de recetas --y quiero decirlo aquí--, el crecimiento
también ha sido menor. En el año 1997, respecto a 1996, del 1,93 por
ciento para todo el Sistema Nacional de Salud, el Insalud ha sido la
segunda entidad con menos crecimiento en recetas, siendo del 1,48 por
ciento. En el conjunto de las comunidades autónomas con competencias en
asistencia sanitaria el crecimiento en el número de recetas fue del 2,18
por ciento. Este dato representa también una desaceleración de las
recetas prescritas: en 1996, respecto al año 1995, hubo un crecimiento
del 5,02 por ciento.
Como podemos observar, no han estado ustedes cruzados de brazos, según su
extensa explicación, y los resultados cuantitativos respecto al control
del gasto en medicamentos conviene destacarlos, pero también conviene
animar a la dirección general a seguir en esa línea y no llegar al
entumecimiento.
Quiero recordar que hay puntos todavía pendientes que, sabiendo que no
son de competencia exclusiva de su dirección general, de su
responsabilidad, no me gustaría dejar pasar por el interés que tiene para
nuestro grupo recordarlo: el control en el gasto del consumo de
medicamentos en hospitales que, como digo, sé que no depende
exclusivamente de su dirección general. Asimismo, una cosa que preocupa a
nuestro grupo, y que la hemos reiterado en anteriores ocasiones, es el
control en el uso racional de los medicamentos de uso veterinario, del
cual se derivan en cascada consecuencias sobre la salud humana y, a pesar
de que conozco también que las competencias son compartidas entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, espero que con la creación de la Agencia Española del
Medicamento estas competencias sobre medicamento de uso animal pasen a
tener el mismo grado de control que el medicamento de uso humano.
Por último, no quiero dejar pasar un punto que también es competencia del
ministerio y de todos nosotros, y es recordar que en la Ley del
Medicamento se establecen los principios de igualdad territorial y
procedimientos coordinados, de forma que los medicamentos se obtengan por
los pacientes en condiciones de igualdad en todo el territorio dentro del
Sistema Nacional de Salud. Mi grupo espera que la aprobación últimamente
de leyes experimentales en algunas comunidades autónomas y proyectos de
leyes en otras no ponga en peligro la prestación farmacéutica dentro de
estos principios de igualdad territorial y consigan también tener
pacientes de segunda categoría.
Para finalizar, señorías, quiero hacer patente de nuevo el apoyo de mi
grupo a la política iniciada por la anterior dirección, de cuyo equipo
usted formaba parte, repito, y, por tanto, que se compaginen políticas de
gestión para controlar el incremento del gasto sin menoscabo de la
prestación farmacéutica, apoyo que le seguiremos brindando mientras se
den soluciones que contemplen toda la política farmacéutica en su
conjunto, la cual, según criterios de mi grupo, está fundamentada en tres
soportes fundamentales; garantizar, como usted nos ha dicho, la calidad,
seguridad y eficacia del medicamento; potenciar la gestión y el control
para posibilitar el mantenimiento y la mejora de la prestación
farmacéutica y, por último y para nosotros lo más importantes, la
recuperación de la salud del enfermo, que es, en definitiva, hacia el que
se proyectan todas nuestras políticas sanitarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Yo también le doy la bienvenida, señor Plaza, a
esta Comisión. No obstante,
quiero manifestarle que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
entiende que el ministerio en general y la dirección que usted representa
en lo que se refiere a política del medicamento tiene una valoración
profundamente negativa, si bien quiero señalar que se inserta dentro del
continuismo que ha caracterizado a la política del medicamento en nuestro
país desde hace décadas y que lo que ustedes han venido a hacer ha sido
intensificar sus rasgos más negativos.
Señor director general, la política del medicamento en nuestro país
responde, como lo ha hecho siempre, a preservar los intereses sacrosantos
de la industria farmacéutica. Es la industria farmacéutica, son los
beneficios de la industria farmacéutica los que determinan las medidas de
política del medicamento, hecho que a un predecesor suyo en la Dirección
General de Farmacia, ahora que está de moda Cervantes, le hizo comenzar
un libro con la siguiente frase del Quijote: Con la Iglesia hemos topado,
querido Sancho, al hablar de la industria farmacéutica. Y eso es
evidente. Usted ha empezado, con muy buena voluntad, hablando de lo que
yo reiteradamente insisto en que es el primer objetivo, la principal
responsabilidad en materia del medicamento de la autoridad sanitaria, que
es garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos. Esto
tiene que ver, señor director general, con la calidad del registro de
medicamentos, con la existencia en nuestro país de medicamentos que
tienen el número de registro de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios manifiestamente obsoletos e ineficaces y no por ello
carentes de efectos secundarios y de riesgos para la salud de la
población.
Yo quiero manifestarle mi enorme preocupación porque usted en esta
primera comparecencia no haya ni siquiera nombrado cuál es la actuación
que su dirección general se plantea en torno al programa de revisión
selectiva de medicamentos, que va encaminado, como usted bien sabe, a
evaluar la autorización del registro a aquellos medicamentos que el paso
del tiempo ha demostrado ineficaces u obsoletos y que mi grupo
parlamentario entiende que es uno de los instrumentos fundamentales para
acercarse a esa garantía de la eficacia, seguridad y calidad de los
medicamentos. Por tanto, señor director general, mi primera pregunta es
si el Prosereme tiene alguna función dentro de la política de su
dirección general.
Con respecto al gasto farmacéutico, yo quería decirle que usted, como
viene siendo histórico en esta Comisión, ha señalado como factores
fundamentales que determinan el aumento del gasto farmacéutico el
incremento en la edad de la población y el incremento de las enfermedades
crónicas. Pues, señor director general, como el señor diputado del Grupo
Popular ha señalado, esto no es ni mucho menos, en líneas de tendencia,
el principal elemento que determina el gasto farmacéutico, la disminución
en el número de recetas a que ha hecho referencia el señor diputado del
Grupo Popular. Incrementos muy inferiores al aumento del gasto
farmacéutico indican cuál es el principal elemento de incremento del
gasto farmacéutico, que es la sustitución de medicamentos más baratos por
medicamentos más caros, es decir, el incremento del precio de la receta,
y esto tiene que ver con esa frase del Quijote a que yo me refería. La
prescripción, señor director general, está en manos de la industria
farmacéutica. Usted ha señalado que se van a llevar adelante programas de
formación continuada de farmacéuticos y que están estudiando la formación
continuada de profesionales de la sanidad, objetivo que carece de
dotación presupuestaria alguna en los Presupuestos Generales del Estado
para este año y del año pasado. La formación e información de los
profesionales de la sanidad está totalmente en manos de la industria
farmacéutica, y no solamente a través de los gastos de promoción, que
como usted sabe alcanzan proporciones inconmensurables casi, sino con
respecto a un procedimiento que yo reitero ante usted en su primera
comparecencia en esta Comisión pero que he señalado en varias ocasiones:
el procedimiento de sustitución de medicamentos más baratos por
medicamentos más caros, que es el elemento fundamental que garantiza los
incrementos de beneficios de la industria farmacéutica y que se produce a
través de un instrumento técnico-científico, entre comillas, la
realización reiterada de ensayos clínicos que carecen de la oportuna
autorización que la Ley del Medicamento prevé, que existen y que no hace
falta ser Sherlock Holmes para detectarlo; las publicaciones acerca de
ensayos clínicos que refieren las enormes ventajas, entre comillas
también, de los supuestos sustitutivos de los medicamentos ya existentes,
que obedecen a la promoción, a la financiación de la industria
farmacéutica y que están siendo realizados en hospitales públicos (en los
privados no, porque evidentemente eso lo pagan los servicios de farmacia
hospitalaria). Es decir, se está induciendo, desde la industria
farmacéutica, a través de ensayos clínicos sin autorización, la
sustitución de medicamentos antiguos, baratos, de probada eficacia en
muchos casos, por medicamentos nuevos que no tienen otro beneficio, como
decía, que el de incrementar los beneficios de la industria farmacéutica.
Con respecto al gasto, le quiero hacer una pregunta también bien
concreta, señor director general. ¿Cuál ha sido la evolución del gasto
farmacéutico mensual público desde que allá por el mes de noviembre o
diciembre se anunciara el nuevo medicamentazo? ¿Cuál ha sido el
incremento --que en algunas comunidades autónomas ha sido espectacular,
según mis noticias-- de este gasto farmacéutico, es decir, el producto
normal de ese acopio por parte de los usuarios que se ven amenazados por
el nuevo medicamentazo?
Con respecto a los medicamentos genéricos y a los precios de referencia,
evidentemente es una medida que mi grupo parlamentario apoya, que tiene
una función de disminución del gasto y otra no menos importante, que me
parece fundamental, que es aclarar e introducir elementos de
identificación real de los principios activos en un registro
absolutamente inflado, como es el registro de medicamentos de nuestro
país. Pero quiero señalar algo que es obvio. ¿Quiénes fabrican los
medicamentos genéricos? ¿Quiénes toman la decisión de qué principios
activos se fabrican como medicamentos genéricos? Obviamente, los
laboratorios. Y quiero llamar a la reflexión, porque muchas veces he
sentido que de la introducción de medicamentos
genéricos se espera resultados que no van a ser tan notables en la
reducción del gasto farmacéutico por cuanto los laboratorios sólo van a
fabricar como medicamentos genéricos aquellos principios activos que más
beneficios económicos les proporcionen, y como la principal fuente de
beneficios es la sustitución en la prescripción de medicamentos baratos
por medicamentos más caros, creo que conviene ser sensatos a la hora de
valorarlo positivamente y no esperar grandes milagros por cuanto,
insisto, toda la prescripción está en manos de la industria farmacéutica.
En otro orden de cosas, querría preguntarle ¿qué modificaciones se
plantean ustedes en relación con el real decreto de financiación
selectiva de los medicamentos? ¿Qué esperan ustedes, señor director
general, para escuchar el clamor popular ante algo que no puede
identificarse de otra manera que como un nuevo recorte en las
prestaciones sociales? ¿Qué esperan ustedes para tener la valentía
política de adoptar medidas que realmente cumplan los objetivos que
ustedes dicen plantearse, reducción del gasto farmacéutico y uso racional
del medicamento? Esas medidas no pueden ser otras que la eliminación del
registro --ustedes tienen autoridad sobre el registro-- de aquellos
medicamentos que no son eficaces. Yo le tengo que preguntar una vez más:
¿qué pasa con los vasodilatadores periféricos? ¿Qué pasa con los 32.000
millones de pesetas que gasta la sanidad pública en medicamentos
manifiestamente ineficaces y no por ello exentos de efectos secundarios?
¿Qué intereses hacen que estos medicamentos permanezcan financiados
cuando en varios países europeos han sido retirados del registro? ¿Cuál
es la razón, señor director general, para que esa preocupación por el
gasto farmacéutico haya llevado a que ustedes hayan devuelto a las
oficinas de farmacia el monopolio de la venta de pañales, productos para
la incontinencia, que representan un gasto de 27.000 millones de pesetas
al año? ¿Cuándo, señor director general, van a tomar ustedes una medida
que su grupo parlamentario apoyó --y ahí están los diarios de sesiones--
en la tramitación de la Ley del Medicamento, así como otros grupos
parlamentarios de esta Cámara, al aprobar una enmienda de Izquierda Unida
que no prosperó pero que en este momento ya he escuchado que las
organizaciones de consumidores apoyan porque es elemental: la adecuación
de las unidades de cada envase a las necesidades de los tratamientos para
cuyas indicaciones fueron autorizados? Yo no digo que ésta vaya a ser la
solución, lo que digo es que es un atentado al sentido común más
elemental que los envases no tengan nada que ver, bien por disminución,
bien por sobrepasarlo, con las necesidades de los tratamientos.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino con dos preguntas muy concretas, a una
de ellas ha hecho usted referencia.
Hace poco compareció ante esta Comisión el señor subsecretario en dos
ocasiones prácticamente consecutivas en relación con los radiofármacos.
En una de ellas hubo un cruce agrio de acusaciones entre la diputada que
le habla y el señor subsecretario acerca de las condiciones en las que se
estaban produciendo los ensayos clínicos con radiofármacos. Me complace
haber sabido que, a pesar de que aparentemente todo estaba bien y no
pasaba nada, haya habido una reunión del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud para analizar las condiciones en las que están
las unidades de radiofarmacia en los hospitales de la sanidad pública.
No obstante, también con posterioridad ha llegado a mis oídos una
información que yo quiero señalar en esta Comisión, acerca de la cual
solicito su opinión en el caso de que la conozca.
He sabido que en la Comunidad Autónoma de Andalucía la gestión de las
unidades de radiofarmacia ha salido a concurso público y ha sido
atribuida a un laboratorio especializado en la comercialización de
radiofármacos. Aparte de lo que esto supone, es difícil entender qué es
lo que está pasando. Cómo se puede, con perdón, poner el zorro a guardar
el corral, máxime además --es una coincidencia desgraciada-- cundo en
Andalucía el concurso, al parecer, ha sido ganado, ha sido obtenida esta
competencia en la gestión por los laboratorios Amersham, laboratorios
británicos que han comercializado en nuestro país el Amersham Pulmonate,
contaminado con albúmina procedente de un paciente que desarrolló el mal
de las vacas locas.
Yo quiero saber si su Dirección General entiende que esto tiene algo que
ver con la legalidad estricta o por lo menos con el espíritu de control
de los medicamentos que se atribuyen a las unidades de radiofarmacia y en
todo caso a los servicios de farmacia hospitalaria.
Finalmente, quería manifestarle que he recibido un contestación a una
pregunta por escrito, pero ya hace tiempo, y a pesar de que hay una
comparecencia pedida para eso, yo le pido información acerca de cómo
están las gestiones para llevar a cabo la recomendación que, a través de
una proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta Comisión se
pedía; es decir, se solicitaba del Ministerio de Sanidad que removiera
los obstáculos presentes en nuestro país para la comercialización de la
RU-486. Insisto, he recibido una contestación que agradezco, pero es una
contestación ya antigua y no hay noticias de cómo está en estos momentos
la situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Plaza para contestar.
El señor DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (Plaza
Piñol): Voy a intentar contestar siguiendo el orden de todas las
preguntas que me han formulado, que son muy numerosas y demuestran el
interés y la inquietud de SS. SS. por una materia como es el área de
farmacia y productos sanitarios.
En primer lugar, en relación con las funciones que permanecen en la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, creo que son de la
suficiente entidad, como he explicado además con bastante detalle al
final de mi intervención, como para que juegue un papel en materia de
política farmacéutica este centro directivo. Insisto en que la
Agencia Española del medicamento tendrá un papel, como otras agencias
europeas, en materia básicamente de control de calidad y en materia de
evaluación, de seguridad y eficacia de medicamentos, correspondiendo el
resto de las competencias en materia de política farmacéutica a la
Dirección General de Farmacia.
En cuanto a que la Agencia una materias de actividad inspectora con
materias de evaluación o con materias de carácter consultivo, hay que
tener en cuenta que la Agencia Española del Medicamento puede efectuar la
evaluación de la calidad --aquí vemos dónde podrían estar algunos
clientes de la agencia-- a solicitud de particulares por denuncias de
comunidades autónomas, o sea, por denuncias de ciudadanos, como medidas
de control de mercado; en definitiva, la agencia es un organismo que está
al servicio de la sociedad para atender todas las actividades en materia
de control de medicamentos y no únicamente las inherentes o las
correspondientes al registro de especialidades farmacéuticas.
En segundo lugar, y en relación con el proyecto de real decreto por el
que se aumenta la selección de medicamentos a efectos de su financiación
por el Sistema Nacional de Salud, y concretamente respecto al informe del
Consejo Económico y Social, la información de la que yo dispongo es que
ha sido apoyado por bastantes más representantes que exclusivamente los
correspondientes a los sectores empresariales. Esa es la información,
repito, de la que yo dispongo: que ha sido apoyado, no por todas, pero
mayoritariamente por organizaciones de consumidores y usuarios y por
otros miembros del Consejo Económico y Social, insisto en que no por
todas, pero sí por bastantes o por la mayoría.
En relación con el texto del real decreto, y tal y como se ha indicado
reiteradamente desde el principio tanto en esta Cámara como a los medios
de comunicación, es un proyecto inicial cuya tramitación se comenzó el
pasado mes de febrero y que está siguiendo los trámites previstos en la
legislación vigente; en este momento está en trámite de información
pública. Por consiguiente, se está difundiendo a las instancias que
corresponde en el momento de esa información pública.
No obstante, no hay inconveniente por parte de la Dirección General de
Farmacia en que ustedes tengan conocimiento del texto en el momento
actual de su tramitación, y se lo haré llegar con muchísimo gusto,
entendiendo que sigue siendo un proyecto y que está en esta fase de
tramitación. Pensemos que el texto, en cuanto finalice el trámite de
información pública, que ya les he indicado que se ha sometido a la
consideración de 25 organismos entre representaciones sociales,
profesionales, científicas o empresariales, se estudiarán en el
Ministerio de Sanidad y Consumo las diferentes observaciones o
sugerencias para perfeccionarlo y pasará a la siguiente fase de su
tramitación, que es el informe tanto por la Comisión Permanente como por
el Pleno de la Comisión Nacional para el uso racional del medicamento.
El real decreto de selección de medicamentos, tal y como sucedió con el
Real Decreto 83/1993, y como sucede normalmente con estas medidas en
todos los Estados miembros de la Unión Europea, afecta exclusivamente a
la dispensación de medicamentos a través de oficina de farmacia. Pensemos
que los medicamentos que se retiran de financiación no se utilizan en
ninguna medida en el ámbito hospitalario, su uso corresponde a un ámbito
completamente distinto.
Referente a garantizar las competencias de las comunidades autónomas si
no están presentes en la comisión de seguimiento, en primer lugar querría
informar a SS. SS. que desde que se vienen firmando acuerdos con
Farmaindustria, que se llevan ya bastantes firmados, esa comisión de
seguimiento siempre ha estado formada por representantes de
Farmaindustria y del Ministerio de Sanidad y Consumo; no han participado
allí formalmente representantes de las comunidades autónomas, lo cual no
significa, evidentemente, que toda la información que les afecte y que se
produzca como consecuencia de acuerdos adoptados en dicha comisión sea
transmitida por los cauces establecidos, de forma inmediata, a las
correspondientes comunidades autónomas.
En cuanto a la afectación de la libertad de precios en medicamentos no
financiados, aquí sí querría clarificar una serie de cuestiones. En
primer lugar, que ya hay numerosos medicamentos no financiados,
concretamente desde el año 1981, que tienen precio libre. La mayor parte
de los medicamentos no financiados en España son especialidades
farmacéuticas publicitarias, ésos tienen precio libre desde el año 1981 y
nunca se ha producido ninguna iniciativa para retornar estas
especialidades farmacéuticas al sistema de intervención de precios. En
segundo lugar, me gustaría informar a SS. SS. que estas especialidades no
financiadas por los sistemas de Seguridad Social están excluidas de
intervención de precios en la práctica totalidad de los países de la
Unión Europea.
El sistema que prevé la ley de acompañamiento a los presupuestos de este
año, como también conocen SS. SS., prevé un plazo de tres años para que
entre en vigor definitivamente la libertad de precios de medicamentos no
financiados. Habrá, por consiguiente, tres estadíos, y el margen
correspondiente a cada uno de ellos lo establecerá, según dispone la ley
de acompañamiento, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
En relación con la firma del acuerdo con Farmaindustria, por la
información que yo tengo --no dispongo en este momento del listado de los
laboratorios y la fecha concreta en que se han adherido-- le puedo decir
que alcanza en torno al 93 por ciento del mercado de especialidades
farmacéuticas; los laboratorios adheridos, repito, representan el 93 por
ciento del mercado de Seguridad Social de especialidades farmacéuticas.
Respecto a las comentadas recetas blancas, evidentemente no se va a
obligar a los médicos a recetar. He entendido que usted me preguntaba si
se había de obligar a los médicos a recetar medicamentos financiados
públicamente. La pauta de relación con los médicos yo creo que va a ser
exactamente la misma que la que se produjo en 1993, no creo que haya
grandes diferencias. Ellos van a conocer que tienen a su disposición,
para un uso que entendemos que será eventual, las recetas blancas, como
sucedió entonces, pero estamos convencidos de que estas recetas
únicamente se van a utilizar para ocasiones o circunstancias marginales y
en ningún caso de forma sistemática.
En cuanto a las quejas que plantea S. S. de enfermos crónicos a los que
se les limitan las cantidades para su tratamiento --por ejemplo, me ha
citado el caso de los diabéticos--, yo, evidentemente, desconozco dichas
quejas y sí me gustaría, si usted las conoce, que me las hiciera llegar.
No se ha modificado en absoluto la pauta de la administración sanitaria
en relación con los tratamientos para enfermedades crónicas, o sea, en
relación con el número de envases establecido en recetas de larga
duración o en relación con la posibilidad de prescribir más de un envase
por receta de determinados medicamentos indicados en enfermedades
crónicas como es el caso de la diabetes.
Referente a los datos de código barra de la etiqueta del TAIR, aunque
esta cuestión es una competencia de una entidad gestora, concretamente
del Insalud, le puedo decir, por los datos que yo tengo, que este código
de barra incorpora la información correspondiente a la identificación del
paciente y a la identificación del médico, que antes se cumplimentaba de
forma manual en las recetas. En este momento lo que se pretende es que se
cumplimente de forma mecanizada para luego explotar correctamente esa
información de cara a mejorar la calidad en la prestación farmacéutica.
Los datos son los mismos que había antes. Antes estaban cumplimentados a
mano y en este momento están cumplimentados de forma mecanizada, con lo
cual la inquietud en relación con la confidencialidad de esta información
no entiendo por qué se produce precisamente en este momento.
En relación con la regulación de medicamentos genéricos en España, S. S.
ha comentado que es una regulación de carácter restrictivo. La opinión
del director general de Farmacia en este tema es que esto no es así. ¿Por
qué indico que esto no es así? La circular 3/1997 de la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se clarifica la nueva
regulación de genéricos, que, como SS. SS. conocen, se incorporó en la
Ley del Medicamento en 1997, establece los requisitos para que los
medicamentos genéricos estén en el mercado. Concretamente, de crucial
importancia es que o bien el medicamento de referencia lleve
comercializado diez años en España, o que se dé la situación de que haya
vencido la patente del producto en algún país europeo que tenga
reconocida dicha patente. En definitiva, ¿qué significa esto? Que en
España podrán existir como medicamentos genéricos la suma de los
genéricos de todos los países europeos que tienen vigente la patente del
producto; o sea, en España como mínimo existirán la suma de todos los
genéricos que hay en los países que más tienen, y además podremos también
en la cesta, por si quedara alguno fuera, aquellos que correspondan con
productos originales que lleven por lo menos diez años comercializados.
Respecto a la sustitución terapéutica de los farmacéuticos, han podido
comprobar SS. SS. cómo en la modificación que se hizo en esta última ley
de acompañamiento del artículo 94.6 de la Ley del Medicamento se establee
que esa sustitución por el farmacéutico, cuando la receta lleve
cumplimentado un medicamento por encima del precio de referencia, se
tiene que hacer con carácter obligatorio. Se emplea literalmente la
palabra «deberá», con lo cual, en el esquema de precios de referencia
siempre está obligado el farmacéutico a sustituir, a no ser que el
paciente solicite al farmacéutico que no se produzca dicha modificación,
en cuyo caso ya asume él la obligación de pagar la diferencia entre el
precio de referencia y el precio del medicamento dispensado.
En cuanto a los estímulos para los farmacéuticos, lo que está claro, y
eso se ha visto por la experiencia en otros países europeos, que
precisamente los márgenes escalonados no han funcionado como estímulo a
los farmacéuticos. Yo, por la información que tengo, los estímulos que se
han producido en algunos países europeos han sido de otra naturaleza. Han
sido, en el caso de Bélgica, retribuir la misma cantidad absoluta al
medicamento genérico que al de marca, y en el caso holandés, la retención
por parte del farmacéutico de la tercera parte del ahorro producido por
la dispensación del genérico.
En España, de entrada, simplemente por la medida en sí de la promoción de
medicamentos genéricos y por la medida prevista de promover que los
médicos prescriban directamente los medicamentos genéricos utilizando la
denominación común internacional, el nombre del principio activo,
acompañado de las siglas FG, para garantizar que se va a dispensar un
medicamento que tenga bioequivalencia, entendemos que ya existe un
incentivo muy relevante para las oficinas de farmacia. Y es que si los
medicamentos llegan prescritos, como en el Reino Unido, donde el 60 por
ciento de las recetas están cumplimentadas simplemente con la DCI, el
farmacéutico podrá dispensar cualquiera de las especialidades
farmacéuticas identificadas en el cartonaje como FG, lo cual ya
simplifica extraordinariamente el control de la gestión de la oficina de
farmacia y la gestión de las compras, una ventaja importante para la
oficina de farmacia, que, evidentemente, tiene componentes económicos.
Referente a las medidas de control del fraude, como SS. SS. conocen,
éstas corresponden básicamente a las entidades gestoras de la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. También le informo que la
implantación del sistema TAIR de información en las recetas en el área de
gestión del Insalud obedece al intento de conseguir un mejor sistema de
control del fraude, puesto que, como se sabe, los datos correspondientes
a la identificación del médico en este momento se mecanizan, pero todavía
no se mecanizan, porque son ilegibles, los datos de identificación del
paciente.
Finalmente, en cuanto a mi opinión respecto al copago y a la aportación
de usuarios, yo entiendo que el esquema actual de participación de
usuarios en la prestación farmacéutica es el correcto.
En relación con las preguntas planteadas por la señora Maestro, voy a
intentar también contestarle con el máximo detalle. En primer lugar, ha
planteado su preocupación en relación con los programas Prosereme, que
son programas de mercado y revisión sistemática y continua de la calidad,
la seguridad y la eficacia de los medicamentos, preocupación que
comparto, y si no he profundizado lo suficiente en mi intervención ha
sido porque es muy difícil, como he indicado al principio, atender en una
exposición con tiempo limitado a todas las materias que son fundamentales
en el área del medicamento. Dado que es numerosa la normativa aprobada en
la Unión Europea y que está aplicándose en nuestro país para cada tipo de
ensayo y grupo de medicamentos, no puedo hacer una exposición
pormenorizada de la misma, porque esto es lo que afecta a la hora de
revisiones de mercado, pero sí quiero facilitarle algunas cifras en
relación con las medidas concretas que se han puesto en marcha en España
en los últimos tiempos, precisamente para garantizar ya a nivel de
mercado la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Por una parte
están las convalidaciones quinquenales de forma individualizada de los
productos autorizados. Coincidiendo con la revalidación quinquenal o bien
por cuestiones de farmacovigilancia o a petición de los laboratorios, se
adecuan las composiciones y se modifican las indicaciones de las
especialidades farmacéuticas, racionalizándose de esta forma el vademécum
español, lo cual no significa, evidentemente, que todo el trabajo esté
hecho, ya que nos queda mucho trabajo por hacer.
En este trámite de evaluación quinquenal, los laboratorios, siempre y
cuando la Administración acredite que no se produce ninguna laguna
terapéutica, optan por anular especialidades farmacéuticas antiguas que
no están avaladas por bibliografía farmacológica actual o por ensayos
clínicos realizados por el laboratorio, o bien se plantea modificación de
indicaciones.
También se hacen periódicamente revisiones de grupos homogéneos de
productos autorizados. La última revisión recayó en el grupo de vacunas
anticatarrales, que se evaluaron en el marco de revisión de vacunas
establecido por la Directiva 89/342 y el Decreto de trasposición
288/1991. Como puede comprobar S. S., la Unión Europea entra cada vez más
--y me imagino que en el futuro va a entrar de forma rotunda-- en las
cuestiones relativas a la revisión del mercado único de medicamentos
dentro de la Unión. Concretamente, esta revisión de vacunas tenía por
objeto analizar la adecuación de las autorizadas antes del año 1992 a la
luz de los requisitos científicos actuales. En el año 1994 se inició un
procedimiento de revocación de autorizaciones, fundamentalmente por datos
de eficacia, que finalizó en 1997 con la revocación de un número
determinado de expedientes de especialidades. Le pongo esto como ejemplo,
pero podría continuar con las retiradas individualizadas por motivos de
farmacovigilancia. En definitiva, lo que querría transmitir a SS. SS. es
que lo que se plantea en este momento en la Administración española, en
concordancia con las normativas y con las directrices comunitarias, es
una revisión del mercado de forma sistemática, de forma permanente, que
no tiene por qué obedecer a actuaciones puntuales planteadas en forma de
revisiones de mercado periódicas, como era el caso de los programas
Prosereme, pero evidentemente la finalidad es exactamente la misma.
Respecto a las causas del incremento del gasto, es muy complejo decir
cuáles son esas causas. Cuando las he citado me refería a un estudio del
estado de salud de la población, que recientemente ha publicado la Unión
Europea y que además le puedo facilitar gustosamente, donde se refería
más específicamente a estas dos causas como causas de incremento, no
únicamente del gasto farmacéutico, sino del conjunto de los gastos
sanitarios.
En cuanto a la formación continuada, tiene usted razón en que existe poca
dotación presupuestaria para esas actividades concretas. También le
indico que la iniciativa que se ha planteado desde el Consejo
Interterritorial al aprobarse el convenio de conferencia sectorial en
materia de formación continuada de profesionales es un paso importante,
sólido y firme para, contando directamente con todos los profesionales
sanitarios --médicos, farmacéuticos y profesionales de enfermería--,
comenzar a trabajar juntos en programas específicos de formación
continuada y en sistemas que sean idóneos para su acreditación.
En relación con la inquietud --que también ha manifestado S. S.--
respecto a los ensayos clínicos no autorizados, le indico con la máxima
contundencia que si tanto la Administración General del Estado como
cualquier administración autonómica, que como conoce son las competentes
en materia de inspección y de control de ensayos clínicos, tienen
conocimiento formal de algún ensayo clínico no autorizado, se inicia
inmediatamente un expediente informativo. Concretamente, usted ha
comentado en esta Cámara su inquietud en el tema de radiofármacos, y en
esta materia el Ministerio de Sanidad y Consumo, precisamente como
consecuencia de la información que usted nos transmitió, está haciendo
las investigaciones pertinentes. Además de eso --y usted está bien
informada y así lo ha demostrado--, se reunió la semana pasada la
Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud para abordar, con el conjunto de las 17 comunidades autónomas, cuál
es la regulación específica desde el punto de vista de la organización,
de la dispensación de radiofármacos en el ámbito hospitalario; reunión
que no ha sido aislada, que va a continuar en el tiempo y lo que se
pretende es llegar a un criterio de consenso para ver cuál es la correcta
aplicación, tanto de la directiva como del decreto sobre radiofármacos,
en todo el Sistema Nacional de Salud para garantizar que el conducto por
el que se utilizan los radiofármacos sea el más idóneo y, en definitiva,
normalizar, respetando la singularidad de cada territorio, la regulación
específica que haga cada comunidad autónoma.
Respecto al incremento del gasto farmacéutico, desde que se anunciara la
medida de selección del nuevo aumento de los medicamentos no financiados
por la Seguridad Social, los datos correspondientes a enero y febrero los
tengo encima de la mesa, pero son datos que iban en consonancia con los
del año pasado. Incluso el dato de febrero fue atípicamente optimista,
puesto que tuvo un crecimiento negativo el gasto farmacéutico. En marzo,
por la información de que dispongo, el gasto se ha incrementado muchísimo
más, pero aquí hay que tener en cuenta diferentes factores. A modo de
resumen le explicaría, en primer lugar, que, como SS. SS. recuerdan, en
marzo del año pasado entró en vigor la reducción de márgenes de oficinas
de farmacia y de almacenes de distribución farmacéutica,
con lo cual ya no comparamos un mes con la bajada de márgenes respecto a
un mes sin esa bajada, y los cuatro puntos de incremento de márgenes o de
bajada de márgenes de farmacia y de distribución ya no se repercute en
los datos correspondientes a dicho mes. Hay que tener en cuenta que, tal
y como establecía el real decreto de márgenes, el 1 de marzo de 1997
entró en vigor la aplicación de dicha medida, con lo cual el mes de
febrero de 1997 se cerró en el último momento la facturación de recetas
por parte de las oficinas de farmacia para poder facturarlas, como
legítimamente les correspondía, con el margen antiguo, lo cual hizo que
el mes de marzo de este año, y teniendo en cuenta que hacemos una
comparación de un mes respecto al mismo mes del año pasado, sea
especialmente largo.
Referente a los principios activos que se fabrican como genéricos y la
elección de los mismos por parte de las compañías farmacéuticas, la
Administración no ha ocultado a esas compañías farmacéuticas sus
preferencias en materia de qué sustancias medicinales son las
prioritarias en política de genéricos. Las sustancias medicinales
prioritarias para la Administración son aquellas que corresponden a
principios activos que tengan una cuota muy relevante en el mercado y,
por otra parte, a principios activos que todavía estén en una fase
importante en cuanto a perspectivas de ventas de cara al futuro. Nos
interesan productos que tengan mucha repercusión en la factura
farmacéutica. Concretamente, los productos prioritarios, como digo, son
aquellos muy consolidados en el mercado, aunque sean productos antiguos,
precisamente por la excelencia de los mismos, y aquellos productos que
estén en el límite de esos diez años, que comentábamos antes, o que
recientemente haya vencido la patente de producto en un país europeo, que
corresponden a productos relativamente nuevos que tienen mucho peso
específico en el mercado farmacéutico.
También le informo sobre las compañías. En este momento hay dos clases de
compañías que comercializan genéricos; en primer lugar, las dedicadas
básicamente a la fabricación y comercialización de genéricos, a las que
interesa una política de genéricos agresiva, y están entrando
precisamente con estos productos que son los más rentables para ellas,
puesto que son los que tienen más posibilidad de cuota de mercado
relevante. Y luego --tampoco lo vamos a ocultar porque pasa en todos los
países--, hay compañías multinacionales a las que les interesa el
genérico como producto alternativo a su producto original; son genéricos
defensivos, es decir, para defenderse de la ofensiva de las compañías que
están muy interesadas en dichos genéricos. O sea, hay dos ámbitos desde
el punto de vista de las intenciones de las compañías farmacéuticas que
ponen genéricos en el mercado, lo que conoce bien la Administración.
En cuanto a las posibles modificaciones de la lista negativa, S. S. me
preguntaba cuáles son las que está previsto introducir. El Ministerio de
Sanidad y Consumo va a estudiar, insisto, las modificaciones propuestas
en el trámite de información pública y, en función de la naturaleza de
las que se propongan por los diferentes organismos, todavía son posibles
cambios en la lista negativa, lo mismo que de todas aquellas propuestas
que surjan en el debate de la Comisión Nacional para el uso racional del
medicamento. Lo que no le puedo avanzar todavía porque no lo conocemos,
ya que no se ha cerrado el trámite de información pública, son las
modificaciones que nos han propuesto los diferentes organismos
consultados.
Referente a su inquietud, que ya ha manifestado otras veces en esta
Cámara, por algunos grupos de medicamentos, entre los que cita los
vasodilatadores periféricos, como S. S. conoce son medicamentos
financiados en algunos países de Europa, por ejemplo en Francia, en
Bélgica y en Portugal, cuyo consumo en este momento corresponde en un 95
por ciento a pensionistas. Estos medicamentos, igual que el resto de los
que hay en nuestro mercado, están continuamente en fase de estudio, a la
luz de los conocimientos que haya en cada momento, y no se ha considerado
oportuno incorporarlos en la lista negativa en esta fase, lo cual no
significa que no se puedan incorporar en un futuro.
Respecto a la devolución del monopolio a las farmacias por la venta de
absorbentes de incontinencia urinaria, también querría hacer alguna
aclaración. Los sistemas de dispensación o entrega al público de
absorbentes de incontinencia urinaria están recogidos en el decreto del
año 1996 sobre efectos y accesorios. Ahí se establece una doble vía, bien
la de la entrega por las oficinas de farmacia o bien la vía directa, por
los centros públicos, por los centros de salud o estructuras de atención
primaria del Sistema Nacional de Salud. La elección de la vía
corresponde, en cada caso, a la entidad gestora de la asistencia
sanitaria, o sea, al Insalud en el ámbito de su territorio y a cada
comunidad autónoma en el suyo, con lo cual tienen libertad las diferentes
entidades gestoras para utilizar el sistema que consideren más oportuno
teniendo en cuenta diferentes elementos, desde luego el elemento coste es
fundamental, pero también hay otros, como la atención al ciudadano y la
calidad en el servicio prestado.
En cuanto a la adecuación de las unidades de los envases a los diferentes
tratamientos, también comparto su inquietud en esta materia. De todos
modos, creo que en este tema se ha avanzado considerablemente, sobre todo
desde el momento de nuestra entrada en el mercado único del medicamento
puesto que, respecto a los tamaños de los envases en los medicamentos que
se autorizan por procedimientos europeos, por centralizado o por
reconocimiento mutuo, el formato y la presentación de cada envase están
ya perfectamente establecidos. De todos modos, España tiene un vademécum
en cuanto al tamaño de los envases que no difiere demasiado del
correspondiente, por ejemplo, a Francia o al Reino Unido, lo cual no
significa que sea perfecto y que a lo mejor en algún caso concreto y
puntual exista alguna inadecuación que sea oportuno revisar. También
informo a la señora Maestro que en esta materia estamos trabajando en
este momento en la Dirección General de Farmacia para comprobar qué áreas
concretas de la terapéutica podrían tener alguna posible inadecuación y
estamos contando además con la colaboración muy activa y participativa de
diversas sociedades científicas, tanto de atención primaria como del área
del medicamento.
Respecto a la última pregunta que se me formulaba en relación con la
comercialización en España del medicamento RU-486, debo decir que no
tengo documentación al respecto y que la información de la que yo
dispongo en este momento es que la Administración, cumpliendo
evidentemente el acuerdo parlamentario, se puso en contacto con el
laboratorio para instarle a que presentara la correspondiente solicitud.
Se han mantenido diversas reuniones con el laboratorio por los
especialistas, por los técnicos de la asociación general de evaluación de
medicamentos a fin de que presenten la solicitud en condiciones, y la
información que tengo es que el laboratorio que va a comercializar el
producto es un laboratorio que precisamente se dedica solamente a este
producto. Así pues, nosotros nos hemos puesto en contacto con él para que
presente la documentación en la forma adecuada y no tengo noticias de si
ya ha presentado la solicitud o todavía no. De todos modos, en cuanto
tenga esa información, estaré encantado de transmitírsela para su
conocimiento.
Quisiera añadir algo en relación con lo que ha planteado el señor
Castillo, de la Agencia española del Medicamento. El ha manifestado su
inquietud, inquietud que nosotros también tenemos, por la incorporación
en un futuro de los medicamentos veterinarios dentro del ámbito de acción
de la agencia española, a imagen y semejanza de lo que pasa en este
momento con la agencia europea. Ya saben ustedes que en la agencia
europea, en la MA, hay dos áreas claramente definidas, el área de
medicamentos de uso humano y el área de medicamentos veterinarios. De
momento, en la agencia española únicamente se ha previsto la
incorporación de todo lo correspondiente a la elaboración y control de
medicamentos de uso humano, pero no los de uso veterinario. Se ha
considerado prudente en esta primera etapa la creación de la agencia ser
conservador y únicamente entrar con la parte correspondiente a
medicamentos de uso humano, si bien no se descarta para el futuro, y en
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
propiciar también la entrada en el ámbito de la agencia de los
medicamentos de uso veterinario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general de Farmacia,
por su amplia contestación a todas las preguntas.
Señora Maestro y señora Novoa, esta Presidencia estima que el señor
director general ha contestado puntual y exhaustivamente a todas las
preguntas formuladas por los distintos miembros de la Comisión. No
obstante, apelando a la sensibilidad, porque la responsabilidad estoy
plenamente convencido de que la tienen, de que nos quedan todavía dos
comparecencias más una reunión de Mesa y portavoces y es la hora que es,
excepcionalmente concedo un minuto por alguna aclaración puntual a las
dos portavoces.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: El director general no ha respondido
puntualmente a todas y cada una de las cuestiones planteadas. Por
ejemplo, no me ha dicho cuál es el circuito completo de una receta desde
el momento en que es emitida por el médico y mi grupo parlamentario tiene
interés en que el señor director general aporte esta información.
Asimismo, tampoco ha respondido a la pregunta formulada en relación con
los medicamentos genéricos, y en concreto con el volumen de prescripción,
es decir las repercusiones que el medicamento genérico esté teniendo en
estos momentos sobre el control del gasto farmacéutico.
También quiero decirle que ese esfuerzo por hacer una similitud del
medicamentazo que ustedes pretenden aprobar, con situaciones anteriores
tampoco es cierto, porque en ningún acuerdo con Farmaindustria había el
compromiso de la Administración para hacer una generalización de la
receta blanca, es decir que los profesionales sanitarios prescriptores
estén obligados a recetar medicamentos no financiados; ustedes asumen un
compromiso con la industria farmacéutica para hacer esa generalización a
través del año 1998, y caso contrario, la industria farmacéutica se
replanteará la aportación económica. En esos términos se expresa el
acuerdo suscrito con Farmaindustria. Yo le pregunto si ustedes van a
obligar a los médicos a cumplir ese compromiso de generalización, si
ustedes van a obligar a los médicos a que prescriban medicamentos no
financiados.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, tiene usted la palabra, por un
minuto.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy a rogar encarecidamente al señor director
general que algunas de las informaciones que solicito las remita por
escrito. Ya sé que no es usted el responsable exclusivo, pero la política
de publicaciones del Ministerio de Sanidad ha caído en picado desde hace
muchos años y se carece de la información puntual que sería deseable por
parte de los grupos parlamentarios que estamos interesados en el tema.
Por tanto le solicitaría que, si pudiera ser, con una periodicidad
semestral o anual, se nos remitiera información acerca de las actuaciones
de la dirección general en relación con altas en el registro y
anulaciones de la autorización de registro. Por ejemplo, querría saber
cuántas especialidades se han retirado del registro anualmente y en el
último quinquenio, y en función de qué criterios. Entiendo que ésa podría
ser una información de interés general para todos los grupos
parlamentarios. También le solicito que, por favor, remita la información
que obre en su poder en relación con la evolución del coste por receta en
los últimos años y la evolución del gasto farmacéutico en el último
período.
En relación con los vasodilatadores, periféricos o cerebrales, quiero
señalar --para que conste en el «Diario de Sesiones» y para su
aclaración-- que la propuesta de mi grupo no es retirar la financiación a
un medicamento altamente consumido y promocionado por los pensionistas
¡faltaría más!, sino que se retirara del registro. Como usted sabe muy
bien, hay medicamentos que el Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos los establece como prototipo de la medicación irracional o
ineficaz, y mi grupo plantea que realmente puedan entrar en el proceso de
revisión y, en el caso de que --como yo presupongo-- haya razones
técnicas suficientes para ello, retirarlos del registro.
Finalmente, me he referido a la privatización de las unidades de
radiofarmacia (que desde luego será objeto de una iniciativa
parlamentaria por mi parte, aunque esa medida ha sido adoptada por una
comunidad autónoma con competencias sanitarias), entregándolas a
laboratorios que se especializan en la fabricación de radiofármacos, como
es el caso de los laboratorios Amersham, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. No soy experta en leyes, pero entiendo que el hecho de que se
atribuya ese control a un laboratorio privado y precisamente
especializado en la fabricación de lo mismo que pretende controlar,
contradice cualquier objetivo de control por parte de la autoridad
sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Pido al señor director general que dé contestación a
las preguntas con la misma concisión.
El señor DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS (Plaza
Piñol): Con mucha concisión contesto a las preguntas formuladas por SS.
SS.
En relación con el circuito que siguen las recetas médicas, no tengo
inconveniente en explicarle cuál es y no por mis conocimientos como
director general de Farmacia, puesto que no es un tema que competa a la
Dirección General de Farmacia; no obstante, por mis conocimientos como
inspector farmacéutico del Insalud, no tengo inconveniente en decirle
cuál es el circuito. El circuito de las recetas médicas --como conocen--
se inicia cuando se entregan al facultativo prescriptor, el paciente las
entrega en la oficina de farmacia, la farmacia las custodia y las entrega
a los colegios de farmacéuticos, que mecanizan la información
correspondiente de acuerdo con el convenio que firman periódicamente las
oficinas de farmacia, no con la Dirección General de Farmacia, sino con
el Insalud y con cada una de las comunidades autónomas o servicios de
salud que tienen transferida la gestión del Instituto Nacional de la
Salud. Una vez mecanizadas dichas recetas, se entregan por parte de los
colegios de farmacéuticos las cintas de facturación con la información de
las recetas a las correspondientes comunidades autónomas, juntamente con
las recetas. Las comunidades autónomas las custodian, las almacenan,
efectúan las revisiones que estimen oportunas, y finalmente las
destruyen.
Respecto al volumen de medicamentos genéricos, lamento no poder
facilitarle información. Probablemente el volumen de mercado todavía sea
muy incipiente, y le comento por qué. El motivo está en que, como SS. SS.
conocen, la regulación en materia de medicamentos genéricos es muy joven,
las EFG existen formalmente en la ley desde el mes de enero de 1997;
llevamos poco más de un año, un año y cuatro meses de regulación de
especialidades farmacéuticas genéricas. A partir de entonces, y de
acuerdo con la normativa, es cuando se han podido producir solicitudes
por parte de compañías farmacéuticas de especialidades farmacéuticas
genéricas. Pensemos que la normativa arrancó formalmente no cuando se
publicó la modificación en el BOE, sino cuando se publicó la circular de
la Dirección General de Farmacia, que aclaraba los términos concretos en
que tendrían que presentarse las solicitudes de registro de
especialidades farmacéuticas genéricas. En la práctica, las compañías
comenzaron a presentar solicitudes amparadas por la nueva normativa a
mitad de 1997, con lo cual, desde el punto de vista práctico, desde la
presentación de las primeras solicitudes amparadas por la circular
3/1997, llevamos menos de un año. Como S. S. conoce, el plazo de
autorización de especialidades farmacéuticas es de 210 días, y aunque
estas especialidades están sometidas a un procedimiento abreviado, se van
autorizando en la medida de las posibilidades que tiene la Dirección
General de Farmacia que, como le he dicho antes, han conducido a que en
este momento 99 especialidades farmacéuticas genéricas tengan ya la
correspondiente autorización sanitaria.
Por parte de la Dirección General se está comprobando la presencia en el
mercado de las especialidades farmacéuticas genéricas, porque la
regulación en materia de registro que establece el Real Decreto 767/1993,
da posibilidad a los laboratorios farmacéuticos de que tarden hasta un
año en comercializar una especialidad farmacéutica autorizada. Como ese
año no nos lo podemos permitir, aunque esté reconocido en el decreto de
registro de 1993, en el caso de especialidades farmacéuticas genéricas,
que ahí creo coincidimos todos en que es una línea de acción prioritaria,
se está estimulando a las correspondientes compañías farmacéuticas para
que pongan inmediatamente en el mercado los medicamentos genéricos.
Respecto a la pregunta concreta que S. S. me plantea de si vamos a
obligar a los médicos a que prescriban medicamentos no financiados,
evidentemente no. La Administración siempre va a respetar al máximo la
libertad de prescripción de los médicos en relación con sus pacientes. El
principio que inspira la receta blanca es el mismo que la inspiró en
1993: simplemente respetar la libertad de prescripción.
Contesto a la señora Maestro. En relación con la información que demanda,
encantados podemos remitir periódicamente información por escrito a esta
Comisión de esta materia y de la que consideren oportuno, y así lo
intentaremos hacer. Respecto a la pregunta que no le había contestado en
la primera intervención, relativa a la posible privatización en la
dispensación de radiofármacos en la Comunidad de Andalucía, no conozco
con suficiente detalle este hecho como para poder pronunciarme; cuando
tenga conocimiento del mismo se lo comunicaremos oportunamente.
Precisamente una de las finalidades que tiene la convocatoria que se ha
hecho por parte de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial
es intercambiar experiencias en información como cometido propio del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud entre la
Administración del Estado y las comunidades autónomas en este tema tan
delicado y tan complejo. Se pretende un modelo de gestión en la
dispensación de radiofármacos que cumpla estrictamente con la legislación
vigente, pero que responda también al criterio singular que tienen los
radiofármacos, que no se emplean sistemáticamente en todos los
hospitales. A lo mejor no está justificado
que en todos los hospitales de la red pública existan unidades de
radiofarmacia, con lo cual habría que buscar conductos, pasando por la
supervisión del farmacéutico, que garanticen el cumplimiento de la
legalidad para una correcta dispensación de radiofármacos. (La señora
Amador Millán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, deseo intervenir para una
cuestión de orden antes de que se pase al siguiente punto del orden del
día y cuando hayamos despedido al señor compareciente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Agradecemos al director general de Farmacia su comparecencia en esta
Comisión y la información tan amplia que nos ha presentado. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, como recordará, en la reunión
de la Mesa y portavoces que celebramos el pasado día 22 de abril para
fijar el orden del día de esta Comisión, el Grupo Socialista solicitó que
se fijara el orden del día con una comparecencia pendiente que tenemos
solicitada del señor ministro. El portavoz del Grupo Parlamentario
Popular nos explicó que era imposible porque el señor ministro nuevamente
el día de la Comisión de Sanidad estaba de viaje, ausente, lo mismo que
se nos dijo en la Comisión anterior. Pues bien, acabamos de tener
conocimiento a través de la oficina del portavoz del Gobierno de que en
estos momentos y mientras se celebra la Comisión de Sanidad, a la que no
ha podido comparecer el ministro por estar de viaje y envía a un
sustituto, el señor ministro está en Madrid celebrando un acto público,
del que la oficina del portavoz del Gobierno da cumplida información y de
la que hace la correspondiente propaganda. Ante estos hechos, señor
presidente, el Grupo Socialista exige explicaciones inmediatas del Grupo
Parlamentario Popular. Desea que conste en acta, en el «Diario de
Sesiones», su más enérgica protesta ante lo que considera una actuación
injustificable que impide el correcto funcionamiento de este Parlamento,
que atenta contra los derechos de los grupos parlamentarios para poder
ejercer sus funciones, y que supone un flagrante incumplimiento de las
obligaciones del Gobierno en relación a la Cámara. No es la primera vez
que ocurre, insisto. La última Comisión de Sanidad del mes pasado tampoco
pudo contar con la presencia del ministro porque estaba de viaje. Ello
explica que existan en el orden del día comparecencias pendientes del
señor ministro solicitadas por grupos de esta Cámara desde el mes de mayo
de 1997. El Grupo Socialista anuncia, como es obvio, la correspondiente
denuncia de esta situación, la petición de amparo al presidente de la
Cámara y la expresión más contundente de lo intolerable que resulta la
falta de respeto que esta actuación supone.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Lógicamente tengo que contestar a la diputada
portavoz del Grupo Socialista porque nosotros teníamos conocimiento, y
tenemos conocimiento hoy, de que desde el Ministerio de Sanidad, desde la
Dirección del gabinete del ministro, se había comunicado a los servicios
de la Cámara la ausencia del ministro en el día de hoy; eso es lo que
consta en los servicios de la Cámara. Yo no tengo conocimiento de un acto
público a lo largo de la mañana, y por tanto la primera noticia es la
referencia de la diputada del Grupo Socialista. La realidad, y lo
servicios de la Cámara lo podrán atestiguar, es que desde la Dirección
del gabinete del ministro se había comunicado la ausencia del ministro en
territorio nacional por un viaje que tenía que hacer, me parece que por
Consejo de Ministros de la Unión Europea, y por tanto no iba a estar hoy
en Madrid. Del hecho de que ahora nos transmitan aquí un comunicado del
Gobierno, es la primera noticia que tengo y lo que no sé es cuándo se
celebrará este acto. (La señora Amador Millán: Se está celebrando.) Se
está celebrando, pero lo que habría que tener presente es si el ministro
ha estado en este acto. (La señora Amador Millán: Eso es lo que dice el
portavoz del Gobierno.) Nosotros solamente nos remitimos a lo comunicado
por el Ministerio a este portavoz y lo comunicado por el Ministerio a los
servicios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, no vamos a abrir un debate prolongado
sobre este tema. La constancia que teníamos era la imposibilidad de estar
aquí por estar fuera. Que haya cambiado la agenda, no permitía cambiar
ayer ni hoy el orden del día que habíamos establecido hace más de una
semana. Eso es lo único que le puede decir esta Presidencia.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, voy a entregar a la Mesa el
comunicado oficial de El Gobierno informa para que se incorpore a las
actas de esta Comisión.
Mi intervención no hubiera sido en los términos que ha sido, señor
presidente, si no fuera porque por parte del Gobierno, y del Ministerio
de Sanidad y Consumo en concreto, se informa de la presencia del ministro
de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, el presidente de la
Comunidad Autónoma y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y José
María Alvarez del Manzano, y otras autoridades simultáneamente hoy, señor
presidente, y a la misma hora en que está reunida esta Comisión.
Como S. S. comprenderá, un cambio de agenda que comporte el cambio en la
agenda del presidente de la Comunidad de Madrid más la del alcalde, no es
verosímil, señor presidente. De ahí mi petición de exigencia de
explicaciones al Grupo Parlamentario Popular que dio esa causa y que
tendrá que requerir de quien corresponde las explicaciones necesarias
para justificar el papel que está haciendo en este Parlamento en estas
cuestiones, y, desde luego, la petición de amparo que con carácter
inmediato mi grupo va a cursar al presidente de la Cámara.
Reitero, señor presidente, el ruego de que conste en el «Diario de
Sesiones» la información oficial que ha sido distribuida.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señora Amador.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: También quiero reiterar que conste en el acta de
sesiones de esta Comisión que había una comunicación en el Congreso de
los Diputados, una comunicación por parte del Ministerio de Sanidad, de
la ausencia del ministro para el día de hoy en el territorio nacional.
Por tanto, nosotros hacemos referencia a esa comunicación de ausencia y a
que el ministro había comunicado a la Cámara que no iba a estar en el
territorio nacional, luego no iba a estar en Madrid en el día de hoy. Eso
es lo que nosotros tenemos que hacer constar en el acta de la sesión de
la Comisión de Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Así constará.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGRARIA Y ALIMENTARIA PARA DAR CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION
SOBRE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DE SU ORGANISMO, DE LOS
CAUCES Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA ASEGURAR ESTA, ASI COMO DE LAS MEDIDAS
SANITARIAS EXISTENTES PARA GARANTIZAR LA NO EXPOSICION DE CIUDADANOS
RESIDENTES EN ZONAS LIMITROFES DE ESTOS CENTROS A POSIBLES
CONTAMINACIONES ACCIDENTALES ORIGINADAS EN LOS MISMOS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
212/001259).
El señor PRESIDENTE: Señorías, siguiendo el orden del día comparece ante
la Comisión el subsecretario del Ministerio de Agricultura para dar
cuenta del cumplimiento de la legislación sobre bioseguridad en los
centros dependientes de su organismo, de los cauces y medidas adoptadas
para asegurar ésta, así como de las medidas sanitarias existentes para
garantizar la no exposición de ciudadanos residentes en zonas limítrofes
de estos centros a posibles contaminaciones accidentales originadas en
los mismos. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Como dije al inicio de la
sesión de la Comisión y se ha aceptado por todos los grupos, el
Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria ha
sido sustituido por el Subsecretario del Ministerio de Agricultura.
Cuando quiera tiene el señor subsecretario la palabra, pero antes quiero
darle la bienvenida a esta Comisión porque no es habitual para un
subsecretario del Ministerio de Agricultura comparecer en una Comisión
como la de Sanidad y Consumo.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Indudablemente es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta
Comisión para dar cuenta del cumplimiento por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en concreto de los organismos
dependientes de este Ministerio, de las medidas sanitarias existentes
para garantizar la no exposición de ciudadanos y de profesionales
residentes en zonas limítrofes de estos centros a posibles
contaminaciones accidentales originadas en los mismos.
Mi condición de subsecretario del departamento y mi condición de persona
a la que se encuentra adscrito orgánicamente el Instituto Nacional de
Investigación Agraria y Alimentaria, y por tanto los órganos que se
encargan de la investigación en el seno del Ministerio de Agricultura,
sin perjuicio de que entre de manera más detenida en los organismos
dependientes del instituto, creo que me permite hacer una panorámica
específica de la totalidad de los laboratorios que dependen de mi
organismo, al efecto de trasladar a SS. SS. su situación actual y el
grado de cumplimiento de esta normativa.
Sin perjuicio, por tanto, de que entre en el INIA con mayor profundidad,
creo que deben de realizarse especiales referencias a las tres vertientes
ocupadas por parte del Ministerio en materia de sanidad animal, en
materia de sanidad vegetal y en materia de sanidad agroalimentaria.
Me van a permitir, señorías, que les manifieste que esta comparecencia
entiendo es fundamental y que es importante en ella no solamente
trasladar al Parlamento y a SS. SS. la situación de estos organismos y de
estos institutos, sino también trasladar a la opinión pública la realidad
de estos organismos y estos centros de investigación, centros que están
servidos por excelentes y prestigiosos profesionales de acreditada
reputación científica y técnica, que puedo asegurar ya de antemano en el
inicio de mi comparecencia que cuentan con todos los mecanismos y
sistemas de seguridad necesarios adaptados al tipo de trabajo que en
ellos se realiza.
Específicamente, como he dicho antes, entrando en lo que es ya materia de
mi comparecencia, creo que con carácter previo debemos aludir a las
tareas de análisis y manipulación de agentes biológicos y,
consecuentemente, en primer lugar, a los riesgos que estas tareas de
manipulación pueden producir de manera potencial, tanto en el ámbito de
la salud humana --y en este sentido me estoy refiriendo, lógicamente, a
los ciudadanos en general y a los profesionales que prestan sus servicios
en estos institutos, organismos y laboratorios--; en segundo lugar, los
riesgos potenciales para la salud de los animales; y, en tercer lugar,
los riesgos potenciales para el medio ambiente, señalando, con carácter
previo, que en todos estos centros no se habla, en modo alguno, de
enfermedades o virus transmisibles al ser humano, sino de virus
transmisibles a los animales. El Ministerio de Agricultura es consciente
no sólo de la existencia de estos riesgos potenciales, sino que, además,
es consciente, igualmente, de la necesidad de adaptar todas las medidas
preventivas necesarias para casos de alarma o para casos de emergencia,
en garantía de la evitación de males o daños, como he dicho antes, a la
vida humana, a la flora, a la fauna o al medio ambiente.
En cuanto a los riesgos biológicos de carácter laboral, que hay que
entender, lógicamente, que es una parte fundamental de los riesgos que
debemos estudiar y en los que debemos detenernos, quiero decir
igualmente, con carácter previo, que los organismos dependientes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumplen, como después
veremos con cierto detalle y en el que posteriormente SS. SS. demanden,
la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, de
8 de noviembre de 1995, y mucho más concretamente la derivada del Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, dictado en desarrollo de la mencionada
ley que, como bien saben, regula específicamente la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo. Por tanto creo poder afirmar que el
cumplimiento de esta normativa, en su vertiente general y en su vertiente
específica, se lleva a cabo, insisto, con gran rigor por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto en lo que se refiere a las
condiciones generales de seguridad e higiene en el trabajo como en
aquellas instalaciones y dependencias en las que evidentemente, es
necesario en atención a las funciones a las que se encuentran adscritas
las mismas. Deseo también señalar que no solamente el Ministerio de
Agricultura y sus organismos se encuentran comprometidos firmemente en el
respeto y en el mantenimiento estricto de estas medidas de prevención,
sino que, además, apuesta decididamente por una tarea y una labor de
formación en cuanto a riesgos y en cuanto a prevención de estos riesgos a
través de una importantísima labor formativa que se viene desarrollando y
que claramente se viene potenciando a partir del año 1996; a ella también
haré una referencia a lo largo de esta exposición.
En concreto, y respecto a esta tarea formativa, llamo la atención de SS.
SS. en cuanto a que para el año 1998 se van a a impartir por primera vez
dos ediciones de cursos de formación en materia de riesgos y seguridad y
que se duplicará el horario lectivo de los cursos impartidos en años
anteriores. En todo caso, insisto, creo que es muy importante, muy
necesario, entrar concretamente en los servicios y hacer una panorámica
lo más rápida y, a su vez, exhaustiva posible respecto de los distintos
centros dependientes de mi departamento.
Voy a comenzar por los laboratorios adscritos directamente al Ministerio,
a través de sus 600 órganos directivos y, en particular, me voy a
referir, brevemente, al laboratorio de la Subdirección General de
Semillas y Plantas de Vivero, ubicado y dependiente, como su propio
nombre indica, de una subdirección general dentro del Ministerio, con
cuatro centros geográficamente distribuidos en la carretera de La Coruña,
en Madrid; en Colmenar de Oreja, también en Madrid, en Coria del Río, en
Sevilla, y en Poble Nou, en Valencia.
Debo empezar por recordarles, una vez más, que el mencionado real decreto
del año 1997, sobre protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos, en su artículo 3
califica, como bien saben SS. SS., a los agentes biológicos en cuatro
grupos. Pues bien, los trabajos que se realizan en los laboratorios
dependientes de la Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero
son trabajos que se enmarcan en el apartado 1 de este anexo 2 y,
consecuentemente, son de escaso o muy limitado riesgo. Deseo decir
respecto de este laboratorio, sin perjuicio de que esté a disposición de
SS. SS. si quieren ampliación de la información a lo largo de mi
comparecencia, que cumple estricta y escrupulosamente con la normativa
vigente, tanto desde el punto de vista técnico y de bioseguridad como
desde el punto de vista jurídico.
En segundo lugar, me voy a referir a los laboratorios de sanidad animal
dependientes, igualmente, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y en este caso, de la Subdirección General de Sanidad
Animal; dos laboratorios, ubicados uno en Algete (Madrid) y otro en Santa
Fe (Granada), que dependen directamente de esta Subdirección y de la
Dirección, en definitiva, de Sanidad de la Producción Agraria. En cuanto
al laboratorio de Algete (Madrid), debo empezar por afirmar que, en
cuanto a lo que podríamos denominar criterios estándar de seguridad,
criterios oficiales de seguridad, cumple con los establecidos en la
normativa vigente y con los requisitos establecidos para este tipo de
centros por la propia Unión Europea. Es un laboratorio por el que desde
el Ministerio se está apostando en aras de su remodelación y de su
modernización y se encuentra ahora mismo precisamente en obras de
remodelación; está clasificado en nivel 2 de seguridad, por lo que,
igualmente, el riesgo potencial es un riesgo que podríamos calificar de
limitado.
Entrando en temas más concretos sobre este laboratorio, les transmitiré a
SS. SS. que en cuanto a la infraestructura y a la edificación cuenta con
las correspondientes medidas de seguridad antiincendios; medidas de
seguridad conectadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
casos de alarma; medidas en el ámbito de protección personal y, en este
sentido, todas las relativas a equipamiento personal (protección,
máscaras, filtros totales, profilaxis médica y sanitaria, vacunaciones
preceptivas y estudios epidemiológicos). Asimismo, cuenta con un plan
especial para casos de alarma y el personal dispone de máscaras con
filtros absolutos, contención de agentes patógenos en contenedores
herméticos y posee un sistema antisísmico que está localizado específica
y especialmente en un enclave con bajo o nulo riesgo de inundación.
En cuanto a los riesgos humanos que este laboratorio puede generar
potencialmente quiero decir que posee un sistema rápido de evacuación y
seguro frente a riesgos traumáticos y accidentes tóxicos. Frente a los
accidentes por corrosión por agentes químicos, existe el correspondiente
sistema de lavado automático de ojos y duchas en pasillos y el
correspondiente y legal sistema de profilaxis higiénico-sanitaria para
evitar cualquier tipo de contaminación por agentes patológicos. El
sistema puede incluir la profilaxis médica mediante la dispensación de
vacunaciones. Respecto de riesgos animales --insisto, una vez más, que no
debemos de olvidar que este tipo de laboratorios se dedican
exclusivamente a estudios de enfermedades del mundo animal--, si bien las
dependencias están en restauración, como ya he dicho, las medidas de
seguridad adoptadas son las correspondientes a un nivel P-2.
La seguridad frente a riesgos medioambientales se concreta también en una
serie de medidas que, desde su creación, se vienen observando y que con
la reordenación y remodelación del laboratorio se van todavía a
modernizar y adecuar a la situación vigente.
Quiero decir que en materia de residuos químicos se almacenan en
contenedores, se transportan y eliminan por sistemas higiénico-sanitarios
homologados. Los efluentes se eliminan por sistemas generales que
comunican con una central de depuración de residuos urbanos, y este
laboratorio, al igual que el resto de los dependientes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, se beneficia del plan de formación de
profesionales que, como he dicho anteriormente, se potencia especialmente
para este ejercicio de 1998.
El segundo de los laboratorios de sanidad animal, al que antes he
aludido, el laboratorio de Santa Fe, en Granada, es un laboratorio que
tiene un nivel de seguridad P-3 y en cuanto a los criterios de seguridad
estándar, podría decir oficiales, cuenta con las medidas de seguridad
legalmente previstas en el seno no solamente del Estado español sino de
la Unión Europea, pero además en este caso concreto les puedo trasladar a
sus señorías que se encuentra por encima de las medidas exigidas por la
propia normativa española, y especialmente por los ministerios de
Industria y de Trabajo y Seguridad Social. Las dependencias cumplen los
requisitos que establece para estos centros la Organización Mundial de la
Salud, la Oficina Internacional de Epizootías y, como he dicho antes, la
propia Unión Europea.
En materia de medidas preventivas respecto de este laboratorio, y en
particular en lo que se refiere a la estructura del inmueble, quiero
decirles que existe una planta de 600 metros cuadrados, aproximadamente,
como he dicho antes, calificada en exclusiva como de P-3 en materia de
seguridad; existen cabinas de flujo laminar de alta seguridad de nivel
B-2 y A; existen medidas de seguridad antiincendio y sistemas de
seguridad conectados con las fuerzas de orden público. Y en el ámbito
estricto de la protección personal, equipamiento personal, una vez más,
de calzas, máscaras, filtros totales, profilaxis médica y sanitaria, con
las correspondientes vacunas preceptivas y estudios epidemiológicos;
medidas en casos de alarma, y desde esta perspectiva del supuesto de
alarma, un sistema de evacuación, con sistema de salida de emergencia
homologado. El personal para estos supuestos de alarma dispone de filtros
absolutos, contención de agentes patógenos en sistemas estancos y
herméticos y además el laboratorio posee un sistema antisísmico y está
localizado, igual que el anterior laboratorio, en lugar geográfico de
bajo o nulo riesgo de inundación; existe un sistema de protección de
agentes atmosféricos de seguridad.
En el ámbito de los riesgos para los seres humanos, quiero decir que
existe el correspondiente sistema homologado de evacuación rápida, que
garantiza la puesta a salvo de la totalidad del personal en un tiempo
máximo de tres minutos y frente a los accidentes por corrosión debida a
agentes químicos, se cuenta en este laboratorio con el correspondiente
sistema de lavado automático de ojos y duchas en pasillo, además del
correspondiente sistema de profilaxis higiénico-sanitaria para evitar
cualquier tipo de contaminación por agentes patógenos. Este sistema
incluye la profilaxis médica, con medidas tales como la vacuna contra
aquellas enfermedades cuyo estudio se está realizando en este laboratorio
y en particular contra la rabia, así como sistemas de seguimiento clínico
de los niveles de anticuerpos.
En el ámbito del riesgo para la salud de los animales, para prevenir los
riesgos de salud en los animales en el laboratorio, como he dicho antes,
existe un animalario de alta seguridad, de nivel P-3 y, consecuentemente,
de los medios necesarios, como he dicho antes, por encima de la normativa
vigente y de aplicación para evitar y prevenir cualquier tipo de riesgo
biológico. Quiero decirles que en materia de riesgos medioambientales se
adoptan también las correspondientes medidas normativamente previstas en
materia de residuos químicos, que se almacenan en contenedores y se
transportan y eliminan por sistemas higiénico-sanitarios homologados. Los
efluentes se eliminan, igualmente, por sistemas de esterilización térmica
en autoclaves homologados al efecto y cualquier material biológico es
esterilizado previo tratamiento.
El tercer laboratorio, por decirlo de alguna manera, al que podría hacer
referencia se trata del laboratorio agroalimentario. Es un laboratorio
que quizá se desmarca o se separa claramente de la naturaleza y del
objeto de los laboratorios a los que anteriormente he aludido --sin
perjuicio de que posteriormente sus señorías deseen información adicional
respecto de este laboratorio en el que se han realizado importantes
modificaciones y mejoras por razones de seguridad y por razones de mejora
en su utilización desde el año 1996 hasta el año 1998--; basta que les
señale, con carácter previo, que cumple con la normativa vigente y que
además observa escrupulosamente la normativa comunitaria e internacional
en materia de tratamiento agroalimentario.
Pasamos, señorías, a la última parte y en atención, por lo tanto, a la
comparecencia del presidente del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria. Con respecto a este apartado de mi
comparecencia, quiero, en primer lugar, recordar a SS. SS. que el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
el INIA, para referirnos de una manera más abreviada al mismo, es un
organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a través de la Subsecretaría y por tanto a través de mí.
Dentro del INIA existen una serie de centros de I+D dependientes del
mismo; en concreto les señalaré que está el Centro de Recursos
Fitogenéticos y Agricultura Sostenible, cuya actividad fundamental es la
investigación y conservación de recursos fitogenéticos y la investigación
en agricultura sostenible, que fue creado en el año 1993, por Orden
ministerial de 23 de abril; en segundo lugar, se encuentra el Centro de
Investigación Forestal (Cifor), cuya fundamental actividad lógicamente es
la investigación forestal y las maderas; y en tercer lugar se encuentra
el CISA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) --al que también voy
a hacer una alusión y una referencia muy explícita y muy concreta en esta
intervención--, que tiene como actividad
fundamental --aunque después veremos que esa actividad fundamental se
desgaja en muchas otras actividades-- la investigación dividida en dos
áreas: las zonas de alta seguridad biológica y la zona de toxicología de
medio ambiente. Se constituye por Orden ministerial de 2 de febrero de
1993 y a él me referiré posteriormente.
Quiero, sin embargo, concluir el aspecto general o lo que es la
estructura general del INIA señalando que en la sede central del INIA
también se desarrollan actividades de I+D de carácter más general
indudablemente, en una serie de áreas. Estas, para información de SS.
SS., son: reproducción animal, protección vegetal, mejora genética
animal, tecnología de alimentos, conservación del medio natural,
silvicultura y mejora forestal. En todos ellos se realizan trabajos para
los que, de una forma u otra y en distinto grado, es aplicable la
legislación sobre bioseguridad a la que me voy a referir, pero por su
especial actividad por su especial contenido y sin duda por su
importancia nacional e internacional el CISA es el que más se puede ver
afectado no solamente por la normativa sino por los potenciales riesgos
que su actividad puede generar.
Como he dicho antes, el CISA se crea por Orden ministerial de 2 de
febrero de 1993; aparece claramente como un centro de investigación en
sanidad animal en el que se desarrollan actividades de investigación de
desarrollo tecnológico, formación científica y técnica; tiene un apartado
muy importante en materia de cooperación internacional, con especial
atención a las enfermedades exóticas, para la ganadería española, con
mayor riesgo de introducirse o extenderse en el territorio nacional y
ademásesun centro --y ello no es poco importante, como comprobarán SS.
SS. después-- que en materia de investigación atiende de forma coordinada
y de forma priorizada las demandas de utilización que en materia de
investigación y desarrollo tecnológico en sanidad de las producciones
ganaderas formulan no sólo la Administración General del Estado, no sólo,
como veremos, las propias instituciones de la Unión Europea, sino otras
instituciones públicas y también entidades privadas. Es un órgano que se
configura en su orden de creación con un consejo técnico que tiene
carácter asesor pero al que se le dan facultades de conocimiento y de
información en materias importantes desde el punto de vista de la
bioseguridad, un consejo técnico que preside el subsecretario del
departamento y que además, desde esa perspectiva, prevé la creación del
grupos de trabajo, muy especialmente en el ámbito de la seguridad
biológica. Este centro al que me estoy refiriendo, el CISA, además del
prestigio nacional cuenta con el reconocimiento internacional respecto de
su labor y respecto de su infraestructura, medios y dotación en materia
de bioseguridad. Desde esta perspectiva, podemos acudir a documentos y
normas nacionales e internacionales para avalar esta afirmación.
El Real Decreto del año 1993, de 17 de diciembre, de la lucha contra la
fiebre aftosa reconoce en su anexo B a este laboratorio nacional como
laboratorio autorizado para manipular virus vivos en la fiebre aftosa y
lo califica como laboratorio de alta seguridad biológica. Un órgano de
gran importancia, como es la Oficia Internacional de Epizootías, quizá el
más importante en esta materia, en su lista de referencia de laboratorios
del año 1996 califica al Centro de Investigación en Sanidad Animal, del
Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, como
laboratorio de referencia de alta seguridad. También merece la pena
destacar que la Comisión de la Unión Europea en la Directiva de la
Comunidad 92/119, de 17 de diciembre de 1992, lo califica expresamente
como laboratorio de alta seguridad biológica con lo cual, insisto, es un
nuevo reconocimiento de su seguridad por parte de un órgano de la Unión
Europea. Mucho más recientemente, el 26 de octubre de 1995, el Comité
asesor de grandes instalaciones científicas ha calificado a este
laboratorio de gran instalación, en atención a sus condiciones y
prestaciones en materia de seguridad. Es importante aludir a que la
importancia del CISA dentro de las fronteras ha trascendido --como he
dicho antes-- fuera de sus fronteras, y eso ha llevado a que sea uno de
los siete laboratorios de su naturaleza que existen en el mundo, lo que
es algo digno de mención, y en segundo lugar que además sea punto de
referencia y de estudio para otros muchos países que pretenden establecer
o implantar sistemas sanitarios homologados con el nuestro. El ejemplo
más próximo --lo cito por ser del 30 de marzo y por producirse dentro de
muy pocos días-- lo tenemos en una delegación de Bélgica que va a visitar
las instalaciones del CISA por tener intención de construir un animalario
para los ministerios belgas de Salud Pública y de Agricultura,
considerando en su estudio y planteamiento previo este laboratorio como
el más moderno de Europa.
Una vez pintada esta panorámica general de lo que podría ser la ubicación
del laboratorio dentro y fuera de nuestras fronteras desde el punto de
vista de su importancia y de su calificación por organismos
internacionales, creo que es importante que descendamos al terreno de lo
concreto desde el punto de vista legislativo y normativo y nos ciñamos a
averiguar si este centro cumple o no con la normativa de prevención de
riesgos laborales y demás normativa con respecto al ámbito de
investigación. Voy a hacer referencia a los demás centros del INIA, pero
en especial a éste, y para ser más concretos y exhaustivos, me van a
permitir que me refiera artículo por artículo de los que le resultan de
aplicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
El artículo 14 de esta ley, que se refiere al derecho a la protección
frente a los riesgos laborales de los profesionales que prestan servicio,
resulta, lógicamente, de directa aplicación a este centro, y para su
escrupuloso cumplimiento, está dotado de prendas de protección personal y
de las correspondientes medidas colectivas normativamente homologadas:
puertas cortafuego, alarmas ópticas y acústicas, megafonías, detecciones
de CO2, iónica, por ampolla térmica, trampillas cortafuego y fugado de
los sistemas de vigas, botiquines, asistencia, etcétera. Existe un diseño
del plan de evacuación, una elección de prendas de protección personal y,
en cuanto a los contaminantes físicos, químicos y biológicos a muestra,
etcétera, se están realizando al día de la fecha --pero esto no es nuevo,
tiene una historia-- estudios y diseños en colaboración con los
representantes de las relaciones sindicales y en concreto en colaboración
y con conocimiento explícito, lógicamente, de los representantes de la
Unión General de Trabajadores. En el resto de centros del INIA, respecto
de este ámbito concreto y genérico del derecho a la protección, quiero
decir que se disponen también en el Cifor y en el Centro de Recursos
Fitogenéticos de medidas de seguridad individuales y colectivas en ambos
ámbitos y que además se están realizando obras de adecuación --a las que
después aludiré-- en los servicios centrales del Instituto, que van a
incorporar métodos de seguridad todavía más modernos, que van a superar
lo previsto en la normativa vigente en materia de bioseguridad.
Por lo que se refiere a la información y formación, y sin perjuicio de lo
que he aludido antes respecto de la formación, les diré que los
trabajadores del CISA antes de iniciar su primera actividad en el centro
reciben un curso de formación específico en materia de seguridad; que
además del plano teórico y práctico de las clases se acompaña --y lo he
traído para conocimiento de SS. SS. y lo dejo en la Comisión-- de un
vídeo personal para cada trabajador para que pueda recordar
permanentemente los riesgos y las necesarias observancias que deben
seguirse en materia de prescripciones de bioseguridad y que se le entrega
--insisto-- antes de su primera actividad laboral. Además, en el INIA y
en todos sus centros se realizan reconocimientos médicos periódicos y si
se detectan alteraciones analíticas se practica todo tipo de prueba
especial y seguimiento de posibles patologías sospechosas, que hasta la
fecha y desde el año 1993 no se han suscitado.
En cuanto al contenido del artículo 15 --como he dicho antes voy artículo
por artículo de los que resultan de aplicación--, que son los principios
de la acción preventiva, la política del Instituto, igual que la del
Ministerio, es la de evitar los riesgos y minimizarlos en el caso de que
se produzcan. Para ello existe una política desarrollada, con importantes
inversiones a las que luego haré referencia desde el año 1993, en materia
de automatización de sistemas, de formación de los trabajadores
nuevamente, de creación y diseño de sistemas de protección personal de
los trabajadores y profesionales que prestan sus servicios en el centro,
un plan de cambio en los sistemas de trabajo cuando se detecta que puede
generar algún tipo de riesgo personal y un cambio ya no del sistema de
trabajo sino del propio trabajador respecto de su responsabilidad y
respecto del puesto de trabajo que desempeña en el seno del centro para
conseguir la acomodación del trabajador, del científico, del investigador
a su capacidad y evitar que cualquier disfunción de no acomodación
pudiera producir algún riesgo adicional.
En materia de evaluación de riesgos, a los que se refiere el artículo 16
de la Ley, el CISA está elaborando el que se denomina mapa de riesgos con
la participación de los representantes de los trabajadores y en este caso
con la de la Unión General de Trabajadores. Esta evaluación de riesgos
internos incluye todo lo relativo a ruido industrial, condiciones de
iluminación, ventilación, muestreos de material particulada y otros
contaminantes químicos tales como pudieran ser vapores orgánicos,
amoniaco, ozono, alcoholes, etcétera. El INIA ha solicitado, mediante
convenio firmado, a Mutrespa la realización de una evaluación de riesgos
de todos los puestos de trabajo del organismo, con prioridad para los
puestos de trabajo del CISA.
En cuanto a equipos de trabajo y medios de protección a los que se
refiere el artículo 17, he de decir a SS. SS. que a todos los
trabajadores con posibilidad de exposición a riesgos específicos se les
dota, como pueden ver en la documentación que les voy a aportar, de
equipos de trabajo adecuados y de equipos de protección individual, así
como, insisto, se les informa permanente y periódicamente del uso y de la
finalidad de estos equipos.
Sobre la información, consulta y participación de los trabajadores en
este ámbito al que se refiere el artículo 18 de la Ley, el CISA informa a
sus trabajadores en el seno de los correspondientes órganos de
representación; todos los trabajadores están informados del plan
específico de evacuación, de los riesgos concretos, de la naturaleza de
los mismos y de los mecanismos existentes para prevenirlos. Respecto de
este tema, he traído para la Comisión documentación del manual de
emergencia y evacuación del CISA, con los planos correspondientes,
registrado en la Comunidad de Madrid. Un documento muy importante, al que
antes he hecho referencia de pasada, es la guía de operaciones del Centro
de Investigación en Sanidad Animal, que se entrega a todos los
profesionales del Centro en el momento de su ingreso, exigiéndoseles
firmar en un documento individualizado no solamente su tenencia sino su
conocimiento y estudio; el Plan de gestión de residuos biosanitarios y
fitotóxicos, registrado de entrada en la Comunidad de Madrid y algunas
memorias de los últimos años del INIA, que hacen referencia
fundamentalmente a los estudios que vienen realizando este Instituto y,
especialmente, el CISA. Todo ello, sin perjuicio de unas breves notas que
también les aporto a SS. SS., para mayor conocimiento de la realidad de
estos organismos.
Siguiendo con lo que comentábamos, vamos a referirnos al capítulo de
formación, en el que no merece la pena entrar en mayor detalle, aunque a
ello se refiere, como muy bien saben, el artículo 19 de la ley, en el
sentido de que existen cursos básicos de primeros auxilios, cursos
intermedios de primeros auxilios y, como he dicho antes, cursos
específicos de manejos químicos en laboratorio, que se imparten año tras
año, incluido este año que he mencionado antes, con una duplicación del
horario lectivo.
En cuanto a medidas de emergencia, a las que se refiere el artículo 20,
como acabo de señalar a SS. SS., el CISA cuenta con un plan de evacuación
para el personal del centro, un plan de antiincendios, accidentes y otras
emergencias, dotándose todas las instalaciones del centro de las
correspondientes señalizaciones, botiquines, equipos de alarmas, sistemas
de extinción de incendios, señalización luminosa de vías de evacuación,
etcétera. Este manual del plan fue distribuido en su momento a todo el
personal del CISA, explicándose su contenido en un curso específico al
efecto y, además, solicitándose las aportaciones del propio personal que
considerasen convenientes para su enriquecimiento y perfeccionamiento,
circunstancia que hasta la fecha no se ha producido.
En materia de vigilancia de la salud, a la que se refiere el artículo 22
de la ley de prevención, el INIA, como organismo, viene realizando con
todo su personal, como es su obligación, reconocimientos médicos
generales desde el año 1996, reconocimientos médicos a personas concretas
con alteraciones específicas, reconocimientos ginecológicos, vacunaciones
preceptiva, vacunaciones antigripales, antihepatitis B y, por supuesto,
cuenta con el correspondiente libro de incidencias del servicio médico.
Los resultados de la vigilancia médica del Instituto, que tienen carácter
confidencial por afectar a la intimidad personal de los trabajadores y
empleados públicos, están bajo la guarda del servicio médico del
Instituto.
En materia de documentación general, que debe de obrar, de acuerdo con la
normativa vigente y con el artículo 23, en el seno del Instituto, quiero
decirles que el CISA conserva a disposición de la autoridad laboral
competente toda la información relativa a las obligaciones establecidas
en la legislación vigente, que mantiene un fichero abierto con los
informes sobre los incidentes o accidentes producidos en el Centro, que
el comité de seguridad y salud laboral recibe los partes de accidentes
laborales e incidentes ocurridos en el INIA de una forma puntual y que el
servicio de personal del INIA remite en tiempo y forma los partes de
accidentes laborales también, como es preceptivo, a la Mutua Mutrespa.
Respecto a los servicios de protección y prevención de riesgos
profesionales, a los que se refiere el artículo 30 de la ley, el INIA,
consciente de la complejidad de esta actividad del CISA, tiene cubierta
esta plaza, como no podía ser de otra forma en su relación de puestos de
trabajos, con un jefe de sección de seguridad y mantenimiento P-3, que es
un titulado licenciado en ciencias biológicas. Merece la pena destacar
respecto del perfil profesional de esta persona, que es un funcionario
que procede de la escala de titulados de grado medio del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Existe un proyecto de
nueva relación de puestos de trabajo del Instituto, que está ahora mismo
en tramitación; en este proyecto de nueva relación de puestos de trabajo
se prevé la creación de un servicio de seguridad y seguimiento de
recursos de I+D, que esperamos poner en marcha a lo largo de este año y,
en tanto en cuento sea necesario apoyo exterior para cubrir sus
necesidades, se iría lógicamente a este apoyo.
En cuanto al comité de seguridad y salud, a que se refiere el artículo
38, se constituyó el 22 de abril del año 1996, con dos delegados de
prevención por el comité de empresa, dos delegados de prevención por la
junta de personal, y cuatro representantes por parte del INIA.
Como he dicho antes de este análisis, apoyado con la documentación que
pongo a disposición de la Comisión, se desprende, a mi juicio con cierto
grado de certeza, que el INIA en su conjunto y los centros adscritos al
mismo especialmente cumplen de manera no sólo satisfactoria, sino
absolutamente elogiable, con la normativa vigente y, en este caso
concreto, con la Ley del año 1995 de prevención de riesgos laborales. El
esfuerzo presupuestario del Ministerio de Agricultura respecto de esta
materia, por seguir siendo un centro mundial de referencia --me estoy
refiriendo en el caso del CISA-- y por mantener e incrementar los mejores
niveles de seguridad respecto de este y otros centros del Ministerio, se
ha plasmado lógicamente en los presupuestos del Estado.
El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), en el año 1993,
costó 2.345 millones de pesetas al erario público y su equipamiento
científico ascendió a una cifra que rondaba los 500 millones de pesetas.
Desde entonces se ha ido invirtiendo dinero en su mantenimiento y en la
mejora permanente en los sistemas de seguridad hasta una cifra global,
incluido el año 1998, de 1.400 millones de pesetas, de los que debe
destacarse que en los años 1997 y 1998 se han invertido 520 millones de
pesetas. Como he dicho antes, en los servicios centrales del INIA se está
acometiendo un plan de reordenación que, siguiendo con la filosofía de
reordenación de inmuebles y de plan de austeridad del Gobierno de la
nación, va a permitir un ahorro de más de cien millones de pesetas en
arrendamientos anuales por la concentración de determinadas unidades en
una nueva unidad inmobiliaria. Este plan de remodelación, que se ha
reorientado en el seno del plan de racionalización de uso de inmuebles y
el plan de austeridad, implica, al término del período de 1993 a 1995,
una inversión de 291 millones; de 1995 a 1997, otros 221 millones y de
1998 al 2000, que finalizarán las obras de adecuación con este proyecto,
de 748 millones de pesetas.
Después de lo que antecede comprenderán SS. SS. que, desde la
responsabilidad del Ministerio, del propio Instituto y lógicamente de la
Subsecretaría, preocupen de manera importante y trascendente determinadas
informaciones y noticias aparecidas en la prensa nacional y en otras
publicaciones respecto de las cuales, además de exigir una explicación,
hay que señalar que no se ajustan a la realidad, como han visto SS. SS.,
en una gran parte, y en otra gran parte se deban a una sesgada
interpretación de la realidad.
Me imagino que está en la mente de SS. SS. determinada información
surgida en un diario de difusión nacional el pasado 8 de abril respecto
del CISA, información que antes tuvo un punto de referencia en otra
publicación, en este caso de naturaleza sindical, en línea similar a la
posteriormente aparecida en la prensa nacional. Estas dos publicaciones
motivaron que la Subsecretaría encargase con carácter urgente el mismo
día de su publicación un informe completo a la Inspección General de los
Servicios del Ministerio para que dictaminara acerca de la situación real
del INIA y del CISA en este caso concreto, desde el punto de vista
jurídico y biológico, y propusiese cualquier medida o actuación que, a la
vista de la situación, juzgase pertinente al respecto. Este informe
previo de la Inspección de los servicios ya ha sido emitido, con fecha 23
de abril, y ha sido trasladado por la Subsecretaría del departamento al
presidente del INIA para su conocimiento y para contemplar las medidas en
él determinadas.
Para entrar en la materia a la que me estoy refiriendo (me estoy
refiriendo a lo que entiendo es una absolutamente innecesaria, por
decirlo de una manera leve aunque yo creo que deberíamos decir
impertinente, provocación de una alarma social inexistente desde el punto
de vista de
esta información vertida en los medios de comunicación), quiero recordar
a SS. SS., aunque me imagino que lo saben, que la información se centraba
en afirmar, en primer lugar, el incumplimiento de CISA de las medidas de
bioseguridad establecidas en la normativa vigente y, en segundo lugar, en
la existencia de un expediente sancionador de la Comunidad Autónoma de
Madrid como consecuencia del incumplimiento de las medidas de
bioseguridad establecidas en la normativa vigente, además de otras muchas
cosas que, si SS. SS. quieren, podemos analizar después a grandes rasgos.
Señorías, deseo ratificarme en lo que antes he dicho: el CISA cumple
escrupulosamente con las medidas de bioseguridad contempladas en la
normativa vigente, en la normativa comunitaria y en cualquier norma de
seguridad de referencia mundial, hasta el punto --insisto una vez más--
de ser uno de los siete centros que existen en el mundo como punto de
referencia en esta materia.
Me van a permitir que califique el tema de fondo de discusión
jurídico-técnica, pero no técnico-sanitaria, técnico-biológica, el tema
de fondo o de bioseguridad. La situación arranca en la fecha de creación
del Instituto, como he dicho antes, en el año 1993, y se produce como
consecuencia de que cuando se crea el Instituto por Orden ministerial del
año 1993 no se pide ninguna licencia de apertura para este centro. Con
posterioridad, el Ayuntamiento le demandó que interesase la
correspondiente licencia y la dirección del CISA, a través de la
presidencia del INIA, solicitó un informe jurídico al Servicio Jurídico
del Estado en el Ministerio sobre la pertinencia o no de la existencia de
esa obligación en nuestro ordenamiento jurídico.
Pues bien, en esos informes (y digo esos informes porque son dos, casi
consecutivos, del Servicio Jurídico del Estado en el departamento, que
obran en mi poder por si SS. SS. quieren consultarlos, de 24 de marzo de
1995 y de 9 de octubre de 1995), en el primero afirmando y en el segundo
ratificando en base a argumentos jurídicos legales normativos y
jurisprudenciales, el Servicio jurídico del Estado entiende que el CISA,
en atención a su naturaleza y función estrictamente pública y
administrativa, no tiene que solicitar licencia de ningún tipo a la
corporación municipal. En aquel momento yo no era gestor del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, ni responsable, ni el equipo actual
tenía responsabilidades de dirección y de gestión en este ámbito, pero
entiendo que estos argumentos jurídicos del Servicio jurídico del Estado
son los que llevan a la dirección del Instituto y a los responsables del
Ministerio a no solicitar esta licencia. Llamo la atención de SS. SS.
sobre que la no solicitud de esta licencia produce un efecto en cadena, y
es que otras autorizaciones, permisos y licencias contemplados en la
normativa vigente no se pueden obtener si no se obtiene la previa
licencia de apertura. No obtenida la primera resulta imposible
jurídicamente obtener las consecuentes o subsiguientes.
Con posterioridad a estos datos a los que me estoy refiriendo la
Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 1995 si mal no recuerdo, realiza
una inspección al Instituto y levanta la correspondiente acta, en donde
no se dice que el Instituto no contemple las medidas de bioseguridad,
sino que no tiene la licencia de apertura que determina la normativa
vigente. Eso es lo que se dice en el acta que obra también en este
informe como documentación anexa al informe de la Inspección de los
servicios. Eso genera, como la normativa vigente exige, la apertura de un
expediente sancionador, que deberá resolverse. Debo señalar que en el mes
de julio de 1996 la nueva presidencia del INIA, a pesar de esta
controversia y de este apoyo jurídico en los informes del Servicio
jurídico, ante la insistencia del ayuntamiento competente y de acuerdo
con las autoridades del Ministerio de Agricultura, solicitaron la
correspondiente licencia. Es decir, el 26 de julio de 1996 se solicita la
licencia de apertura y actividad acompañada de toda la documentación que
en aquel momento era preceptiva, incluido el proyecto técnico.
Respecto a este trámite se solapa el inicio del expediente sancionar de
la comunidad autónoma del año 1995 con la petición de licencia del año
1996 por parte del nuevo responsable del Instituto. Desde el punto de
vista administrativo, al día de la fecha nos encontramos, por un lado,
con el proceso de concesión de esa licencia solicitada en el año 1996 y,
por otro, con el proceso de tramitación y de resolución del acta de
inspección de la comunidad autónoma desde el punto de vista
administrativo. Me refiero a las dos administraciones en este caso
implicadas: a la de Valdeolmos Alalpardo y a la de Madrid. Hay que ser
realistas y conscientes de que estamos en una tramitación tremendamente
lenta, porque en el año 1996 pedimos la licencia, pero todavía no se ha
concedido, lo cual es susceptible de comentario, pero no es
responsabilidad del Ministerio del Agricultura ni del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias ni tampoco del CISA. Es ajeno a la
Administración general del Estado; lógicamente, es competencia de la
Administración local y de la autonómica.
Desde esta perspectiva --tengo un gráfico que es bastante clarificador--,
nos encontramos en un proceso de tramitación --donde termina el color
verde-- y quedan todavía tres fases para la concesión definitiva de la
licencia. Señalo a SS. SS. que ya existe un informe del ayuntamiento en
pleno favorable a la concesión; que ese informe, porque es preceptivo en
la normativa vigente, acuerda remitir el expediente a la comunidad
autónoma porque tiene que emitir informe de impacto medioambiental, y ahí
está el segundo trámite en el que se encuentra ahora; después, ese
expediente volverá con el informe de la comunidad autónoma a la alcaldía
para que, mediante decreto, pueda concederse esta licencia.
Señorías, insisto en que no es admisible trasladar a la opinión pública
ningún tipo de alarma social sobre un tema estrictamente jurídico,
administrativo y de discusión entre administraciones públicas como
consecuencia de diferencia de argumentos jurídicos. Es fundamental que
quede suficientemente claro en esta comparecencia que no estamos hablando
de incumplimiento de medidas de seguridad biológicas sino de cumplimiento
con obtención de licencia como consecuencia de un problema jurídico
interpretativo de la normativa vigente aplicable a la materia. El
Instituto ha puesto en marcha mecanismos para obtener aquellas otras
licencias o autorizaciones sin necesidad de la previa licencia de
apertura, que no son todas, como he dicho antes,
porque hay muchas que tienen ese efecto condicionado.
En materia de identificación industrial y solicitud de vertidos líquidos
se ha presentado en el Ayuntamiento de Valdeolmos Alalpardo, en el mes de
febrero de 1998, la documentación técnica necesaria. En materia de
autorización de instalaciones radiactivas, todos los centros, y en
concreto el CISA, cuentan ya con la correspondiente autorización. El
Consejo de Seguridad Nuclear, como es lógico, inspecciona regularmente
todas estas instalaciones radiactivas sin que haya encontrado ningún
reparo al funcionamiento. Las lecturas dosimétricas mensuales se realizan
por una empresa especializada, como es protección nuclear, Pronusa. Los
reconocimientos médicos reglamentarios se realizan por la empresa Medisa,
empresa, como saben SS. SS. especializada. Todos los residuos generados
son retirados periódicamente por la empresa nacional de residuos
radiactivos, Enresa, con la que el INIA tiene suscrito un contrato no
desde hace poco, sino desde el año 1993. Todas las instalaciones están
cubiertas, como es preceptivo también, por una póliza de responsabilidad
civil y para riesgos nucleares.
En cuanto a la autorización de productor de residuos tóxicos y peligrosos
a la Comunidad Autónoma de Madrid, al ser el INIA productor de residuos
tóxicos y de residuos peligrosos en medias específicas, hay que valorar
--y así se ha hecho-- si el volumen lo sitúa en uno u otro tipo de
autorización. Pues bien, con datos de referencia al año 1997, el CISA
tiene residuos sólidos por 225,37 kilos; líquidos por 320,2 kilos y
cenizas esterilizadas por 2.120 kilos. Por lo tanto, no sobrepasa en modo
alguno el límite previsto en el artículo 22 del Real Decreto del año
1988, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley del
año 1986 de residuos tóxicos, de las 10 toneladas ni, por supuesto, los
centros del INIA. Consecuentemente se ha optado, como es preceptivo en
este ámbito, por la inscripción en el Registro de pequeños productores de
la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde el 9 de enero de 1995, el INIA
figura inscrito en ese registro con el número PP0258 para todos sus
centros y ahora lo que se está tratando de hacer es una solicitud de
inscripción específica para el CISA como centro individualizado, pero el
CISA ahora mismo, insisto, se engloba dentro del INIA a estos efectos,
sin perjuicio de que se está tratando esta inscripción separada para el
CISA. Esta inscripción separada se solicitó el 25 de marzo del año 1996
y, a fecha 8 de abril de 1998, todavía no se ha concedido y se le ha
reiterado a la comunidad autónoma recordándole que el 25 de marzo se
solicitó esta inscripción también separada. Ha hecho básicamente un
repaso, sin perjuicio de cualquier dato que quieran SS. SS. solicitar
sobre el cumplimiento del INIA de la normativa vigente y sobre la
situación específica del CISA dada su importancia y trascendencia.
Quería insistir en otras cuestiones pero no puedo por razones de tiempo.
Sin embargo, quiero concluir esta intervención haciendo una especie de
síntesis de lo que creo es fundamental. En primer lugar, insisto, una vez
más, en que el CISA cumple desde el punto de vista técnico, con todos los
requisitos previstos por la legislación vigente nacional e internacional
y que, en consecuencia, está en condiciones objetivas de obtener las
licencias, autorizaciones y permisos a las que pueda ser acreedor, sin
perjuicio de que deba de valorarse la discusión jurídica que existe y que
está ahí. En segundo lugar, como he dicho antes, se ha reconocido así por
organismos internacionales desde su puesta en funcionamiento y de ahí su
prestigio y su reconocimiento. En tercer lugar, estamos ante un problema
de interpretación jurídica surgida en el seno de la anterior
Administración y en el ámbito estricto de la gestión administrativa que,
lógicamente, deberá resolverse en vía administrativa o jurisdiccional,
dependiendo de cuál sea el dictamen definitivo de la Comunidad Autónoma
de Madrid en el ámbito del expediente sancionador abierto.
En cuarto lugar, el efecto condicionante de unas autorizaciones respecto
de otras hace que determinadas autorizaciones no se puedan tener sin la
previa obtención formal de la licencia de apertura. Quiero insistir
también en que la inspección iniciada en el año 1995 se solapa
cronológicamente con la autorización de licencias solicitada por la nueva
Administración en el mes de julio de 1996.
En quinto lugar, debo señalar que en el informe de la Inspección General
de los Servicios que obra en mi poder se ratifica en síntesis lo que
ahora mismo les acabo de señalar. La Inspección General de los Servicios
no aprecia ninguna responsabilidad de los gestores en este ámbito y sí
adopta, como es preceptivo, medidas de reorganización administrativa del
propio INIA --y no en este caso ya del CISA tendentes a conseguir mayor
agilidad en la gestión de las licencias y, en este caso, una mayor
celeridad en la regularización de esta situación.
Insisto en que no entendemos que exista razón alguna para trasladar a la
opinión pública alarma de ningún tipo. Existen argumentos serios y
sólidos para trasladar tranquilidad respecto a los medios técnicos y
preventivos de que están dotados todos los centros adscritos al
Ministerio, en este caso el INIA y en concreto el CISA. Es momento de
reiterar que por parte de la Administración, del Ministerio de
Agricultura, existe un firme y decidido compromiso de inversión, al que
ya antes he aludido, de formación y de adopción de todas las medidas a
nuestro alcance en materia de prevención, sin bajar la guardia,
mejorándolas día a día en la medida de las posibilidades y sin escatimar
ningún esfuerzo a la hora de mantener las condiciones óptimas de
bioseguridad, lo que no sólo es obligado y forzoso para el personal que
presta sus servicios en estos centros, sino, como he dicho antes, en la
protección del medio ambiente, de la fauna y de la flora. Recordamos, una
vez más, que estamos hablando de centros que manipulan, tratan y estudian
enfermedades animales y vegetales y no enfermedades humanas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia, inusual en esta Comisión de Sanidad. Pese a que mi grupo
parlamentario había solicitado la comparecencia del presidente del INIA,
estamos encantados de que se haya decidido su presencia en esta Comisión,
porque la mayor responsabilidad confiere mayor autoridad a sus palabras.
Como comprenderá, lo que yo voy a relatar aquí difiere bastante de esa
especie de mundo feliz en el que usted se ha movido en su comparecencia.
Si no fuera así, no tendría objeto haberla solicitado. Con toda la
brevedad posible dada la complejidad de los asuntos a tratar, voy a
contraponer mi información a la que usted ha señalado, esperando de su
sensibilidad y responsabilidad que tenga a bien comprobar en qué medida
los hechos que voy a relatar están sucediendo en realidad y, si es así,
puedan adoptarse las medidas oportunas en relación con los responsables
directos de los hechos.
En primer lugar, tengo que decir que más allá de la exhaustiva relación
de medidas de protección de la salud de los trabajadores, la Ley de
prevención de riesgos laborales es una ley cuyo espíritu y letra
confieren un especial protagonismo a los trabajadores y a los delegados
de prevención, sin cuya información y participación las medidas de
prevención, por mucho que estén comprobados los aspectos técnicos de las
mismas, son ineficaces en la práctica. Sin el protagonismo de quien
realiza las labores y, por tanto, tiene una participación directa en la
prevención de los riesgos, esas medidas quedarían vacías de contenido.
Señor subsecretario --y la central sindical a la que usted ha aludido
merece todo el respeto de mi grupo parlamentario--, como mínimo, me
parece una falta de rigor sorprendente que las relaciones en materia de
prevención se establezcan con respecto a una sola central sindical.
Insisto en que me merece todos los respetos, pero hay presencia sindical
de diferentes centrales que tienen tanto derecho y tanta obligación al
mismo tiempo de participar en tareas de prevención como otras.
La primera afirmación que tengo que realizar es precisamente sobre la
información. No existe información a los trabajadores del tipo de virus
que se investiga en los diferentes centros del INIA. En muchos casos se
ha deducido que se trabajaba con hepatitis B, dado que se efectúan
vacunaciones masivas de los trabajadores. Hay indicios, hay rumores, pero
en ningún caso hay una información concreta, sistemática y periódica, por
parte de las direcciones de los centros.
No me interesa excesivamente entrar en los aspectos técnico-jurídicos a
los que usted ha hecho referencia sobre las licencias a la Comunidad
Autónoma de Madrid o al Ayuntamiento de Valdeolmos, en el caso del CISA,
pero también con respecto a otros centros. Sí que me interesa, porque
evidentemente sería un atentado contra las competencias de las diferentes
instituciones, el desprecio por parte del Gobierno central de las
exigencias de las diferentes instituciones a la hora de ejercer las
competencias que la Constitución y las leyes les reconocen. En cualquier
caso, me remito a señalar que el debate técnico-jurídico se ha saldado
con una solicitud de licencia de apertura por parte de los centros;
alguna razón tendrían las instituciones municipales y autonómicas a la
hora de exigir este debate técnico-jurídico que, insisto, no me interesa.
No obstante, no es el hecho de tener un papelito con un sello municipal o
del gobierno autonómico lo que preocupa, sino la comprobación externa por
parte de otras instituciones, que siempre es de agradecer, de que los
mecanismos de seguridad están debidamente contemplados. Y creo que no
estará en condiciones de contradecir que de ninguno de estos centros
existen informes de impacto ambiental con respecto a la actividad de cada
uno de ellos. Más allá de las medidas de seguridad concretas a las que
usted ha hecho referencia, no existe plan integral de gestión de
residuos, tal y como establecen las diferentes leyes que no voy a
enumerar y que usted conoce bien.
Después me referiré a estos hechos, pero es evidente que no solamente hay
un problema técnico-jurídico con respecto a las competencias. Los
residuos líquidos sufren un tratamiento por autoclave, con una
temperatura de 100 grados centígrados, que son vertidos tal cual al
alcantarillado de Valdeolmos, que se encuentra en una situación bastante
precaria, que van a dar directamente a una zona de pastos y que han
aniquilado los teóricos pastos existentes en otras épocas. Y, si bien las
condiciones de presión y temperatura que un autoclave garantiza podrían
arrojar suficiente seguridad sobre agentes biológicos, no sucede así con
los priones --y llamo su atención porque hay un proyecto para estudiar la
encefalopatía espongiforme, más conocida por el mal de las vacas locas,
ya muy famoso en esta Comisión--, que, como usted bien sabe, no
desaparecen a esa temperatura y, de no tomarse medidas de seguridad
apropiadas, podrían, como el resto de los residuos, ser vertidos
directamente al alcantarillado.
Tengo que decirle también para su información, que el ayuntamiento en
pleno ha concedido licencia de instalación --obviamente, porque la
instalación lleva funcionando desde hace cinco años--, pero no ha
concedido la licencia de apertura, que tiene que ver con el hecho físico
de la instalación, sino con el control de la seguridad de las actividades
que allí se llevan a cabo.
Señor subsecretario, me he entrevistado con representantes del
Ayuntamiento de Valdeolmos y quiero transmitirle las quejas y el profundo
disgusto que las autoridades municipales me han expresado acerca del
tratamiento vejatorio recibido por parte del señor Sánchez Vizcaíno,
director del Centro de Investigación en Sanidad Animal; el desprecio, no
sólo hacia las personas, sino hacia las competencias de las
instituciones.
Como usted bien ha dicho, señor subsecretario, están coincidiendo
demasiadas instancias para que las irregularidades o los riesgos, a los
que me voy a referir en concreto, sean el producto de alguna mente
calenturienta, bien de trabajadores, bien de profesionales. Porque
coinciden instituciones como el Ayuntamiento o como la Comunidad Autónoma
de Madrid. Esta última hace referencia no sólo al hecho administrativo de
la licencia, sino que dice: Se ha demostrado que el INIA ha realizado
actividades de gestión y producción de residuos peligrosos sin
autorización, sin cumplir con los requisitos exigidos por el
ordenamiento. Al mismo tiempo, en las alegaciones pertinentes no se ha
aportado a la Comunidad Autónoma de Madrid información obligatoria en
materia de recursos tóxicos y
peligrosos. Generan una serie de alegaciones en relación con las
infracciones y con los riesgos que pudieran derivarse del incumplimiento
de las normativas cuya protección y control están atribuidos en las
competencias tanto del ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Entrando ya en materia, más allá de los centros a los que usted ha hecho
referencia, el centro más conflictivo, desde mi punto de vista, es el
Centro de Investigación en Sanidad Animal. Y no niego, ni muchísimo
menos, el carácter de centro considerado de alta seguridad, el hecho de
que sea uno de los siete centros de referencia en todo el mundo ni que se
hayan gastado miles de millones de pesetas en su instalación y en su
mantenimiento. Mi preocupación deriva, precisamente, de que, por la
excelencia de este centro y la rentabilidad de las inversiones realizadas
en él haya dudas razonables acerca de la seriedad y la responsabilidad
con las que se está gestionando y que pudieran derivar en que tales
inversiones, financieras, materiales y humanas, pudieran estar siendo
despilfarradas y, más aún, siendo empleadas para introducir elementos de
riesgo, de improvisación y de mala gestión muy serios.
En primer lugar, quiero decirle que el director de este centro está
cuestionado por parte de la inmensa mayoría de los 16 investigadores que
trabajan en el centro desde el primer momento, en 1993, hecho que,
supuestamente, tuvo una influencia determinante en que tardara seis meses
en ser nombrado.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, por cuestión de tiempo, la ruego que
concrete su intervención.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor presidente, termino. (El señor
vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.)
Probablemente, una de las incidencias más importantes que han sucedido
con esta persona y que seguramente usted conoce --si no es así, lo pongo
en su conocimiento, ya que evidentemente no afecta a la época en la que
usted estaba en el desempeño de su actividad actual-- es que en el
proceso de puesta en funcionamiento del CISA aparece, de una empresa de
mantenimiento, desgajada de la empresa constructora inicial llamada
Cubiertas-MZOV, una información que revela que tanto el arquitecto
constructor como el señor Sánchez Vizcaíno han comprado, cada uno de
ellos, el 40 por ciento de las acciones de la empresa Actuaciones
Integrales de Seguridad Biológica, a la cual se adjudicó por valor de 100
millones de pesetas al año las actividades de mantenimiento, a través de
una mesa de contratación de la que formaban parte ambos. De estos hechos
se tuvo conocimiento por una denuncia anónima en el año 1995, que da
lugar a un proceso de investigación, a resultas del cual se prohíbe a la
empresa participar en ningún otro concurso para la atribución de
servicios y se suspende durante dos meses al director del Centro.
Sorprendentemente, dos meses que está en funciones, pasados los cuales se
le ratifica en su puesto, a pesar de haber incurrido en un hecho de
corrupción directa --no se puede decir de otra manera-- como en el que
había incurrido.
Estoy relatando la información a la que he tenido acceso, buena parte de
la cual está bien documentada; yo le rogaría que el resto, si no es
veraz, pueda contradecirla con toda la seriedad que tienen las palabras
de la Administración en el Congreso de los Diputados. Con ocasión de la
guerra del Golfo y ante el riesgo de guerra biológica, el director de
este centro se ofrece a la OTAN para la elaboración de vacunas,
recombinantes contra agentes químicos y biológicos por ataques bélicos, a
condición de que nunca se hable de guerra biológica. Ante las denuncias
surgidas, este proyecto parece que no continúa adelante. No obstante --y,
como es información verbal a la que voy a hacer referencia, le ruego que
la corrobore o la desmienta--, con ocasión de un congreso en Santiago de
Compostela, en septiembre de 1997, el comandante veterinario Luis Martín
Otero, de la unidad contra la guerra nuclear química y biológica, con
toda naturalidad informa a los investigadores de la existencia de un
acuerdo entre el INIA y el Ministerio de Defensa, que se refiere a las
vacunas contra agentes patógenos de la guerra biológica.
Más allá de la respuesta del presidente del INIA que he recibido negando
estos hechos, tengo que decirle que no solamente ha sido la información
de una persona, a quien yo no tengo el gusto de conocer, sino que el
propio presidente del INIA, en 1997, ante la junta de personal del INIA,
ratifica, como una experiencia, que puede desarrollar las actividades de
los centros, la existencia de un convenio con el Ministerio de Defensa en
relación con actividades de la OTAN y del Cesid. Y, si usted me lo
permite, desconozco qué pinta el Cesid en estas historias, aunque la
participación de la OTAN está bien clara.
Hay otros hechos mucho más concretos y mucho más graves, a mi juicio, que
tienen que ver con actuaciones técnicas, decididas fundamentalmente por
el director del CISA, que no pueden calificar su gestión de otra manera
que no sea la de irresponsable y aventurera. Cada vez que surge un
conflicto relacionado con la sanidad animal, esta persona reclama para
este centro la competencia técnica para realizar las labores oportunas en
relación con los temas que así se planteen. Uno de ellos es el
relacionado con la peste porcina clásica. Como SS. SS. saben, a raíz de
un brote en la provincia de Lérida, en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
se conoce la existencia de esta enfermedad entre los cerdos. Las
afirmaciones que voy a hacer son las siguientes: Hay una técnica de
referencia, reconocida por el Centro Internacional de Epizootias, al que
usted ha hecho referencia y que sirve como guía científica a los
laboratorios del tipo de técnicas a utilizar como medios diagnósticos.
Esta técnica es la inmunofluorescencia directa sobre tejidos. No
obstante, en este centro está utilizándose a mansalva la técnica RT-PCR
que se ocupa de la detección de material genético del virus en muestras
biológicas. Esta técnica está calificada por los organismos científicos a
los que he hecho referencia como una técnica poco específica, sobre todo
cuando se está manejando en una cantidad de muestras que alcanza la cifra
de las 5.000 diarias. Poco específica, como usted sabe, quiere decir que
hay gran cantidad de falsos positivos. Eso ha hecho, señor subsecretario,
que en la provincia de Segovia se mate prácticamente
la mitad de la cabaña de cerdos. Han desaparecido granjas enteras de
hasta 10.000 cerdos cada una, sin que haya un solo animal con síntomas y
con una prueba de diagnóstico calificada, desde el punto de vista
técnico, de estas características.
Yo no puedo por menos que preguntarle cómo es posible que, si lo que digo
es cierto, si se están utilizando técnicas que son identificadas como
técnicas poco específicas, con muchos falsos positivos, se estén
utilizando estos medios diagnósticos, máxime cuando están teniendo
consecuencias económicas gravísimas, no sólo para los propietarios de
granjas de cerdos, sino para las ingentes subvenciones que desde el
propio Ministerio de Agricultura se dan a las empresas afectadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Señora Maestro, le ruego
concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Yo no puedo menos que preguntarme si no hay
intereses comerciales no explícitos cuando estas acciones se están
llevando a cabo y cuando hay grandes territorios de nuestro país
implicados.
El último caso al que me quiero referir, y que me parece de gran
gravedad, es el referente a las actuaciones en la enfermedad que afecta a
los conejos, a la mixomatosis, y a la neumonía vírica. El CISA ha
procedido a poner en marcha un procedimiento que se pudiera calificar
como proyecto de vacuna para los conejos, frente a las dos enfermedades,
por el procedimiento de insertar el gen del virus atenuado de la
enfermedad hemorrágica dentro del virus de la mixomatosis. El
procedimiento consiste en introducir este virus a un artrópodo, a una
pulga, que evidentemente actúa en el campo abierto, pensando que, al
pasar de un conejo a otro, se pudiera producir una vacuna generalizada
frente a los dos. Este procedimiento no es un invento de nuestro país,
por suerte o por desgracia, sino que es un procedimiento patentado por
investigadores franceses y que no se ha puesto en marcha porque tanto la
legislación europea, en general, como la francesa, como la ley de
organismos modificados genéticamente, que fue tramitada en esta Comisión
de Sanidad, lo impiden. Usted sabe muy bien que las cautelas y el tiempo
transcurrido a la hora de liberar en campo abierto organismos modificados
genéticamente son importantísimos, por el gran riesgo que pudiera
comportar.
He recibido también respuesta suya negando que, a través del convenio de
100 millones de pesetas entre la Federación Española de Caza y el INIA,
haya proyectos concretos de liberar a campo abierto las pulgas con
determinado virus. Eximo a SS. SS. de su lectura, pero obran en mi poder
en torno a 30 órdenes de comisiones de servicio encaminadas a visitar
granjas, en diferentes comunidades autónomas, y cotos de experimentación
y seguimiento. ¿Quiere decir seguimiento de actividades que se están
realizando en campo abierto? ¿Toma de muestras en explotación para
selección?
Señor subsecretario, señorías, creo que hay suficientes muestras de que
en este centro de Investigación en Sanidad Animal se están tomando
decisiones que, insisto, solamente pueden calificarse de aventureras. Me
parece que la irresponsabilidad en la gestión de este centro pone en
peligro precisamente ese bien que creo que todos los grupos
parlamentarios y la propia Administración estamos interesados en
preservar, que es el buen nombre y la calidad nacional e internacional de
los centros de investigación de nuestro país, máxime cuando hay fondos
públicos tan cuantiosos como éstos. En este momento se está procediendo a
la tramitación de la licencia de apertura, desde el año 1993, no hay plan
integral de residuos, no hay estudios de impacto ambiental y se está
procediendo con ignorancia absoluta de los trabajadores de qué sustancias
están manejando. Termino con el último ejemplo. En los últimos meses hubo
una mortandad de monos en el Zoológico de Barcelona; se hablaba de que la
causa de su muerte podía ser que estuvieran infectados con el virus
Ebola, altamente mortal tanto para los monos como para los seres humanos.
Dichos monos fueron abiertos en canal y a nadie se explicó cuáles habían
sido los resultados de la investigación; la información que se les dio es
que se suponía que una intoxicación alimentaria era la causa de muerte,
sin que los investigadores que se ocupan de toxiinfecciones alimentarias
hubieran visto a ningún mono ni tuvieran nada que ver.
Mi intervención concluye con lo siguiente: Hay datos creo que serios, no
para proceder a introducir alarma social innecesaria, pero sí para exigir
de la Administración que actúe como corresponda con gestores como el
señor Sánchez Vizcaíno, que inicia su gestión con un elemento de
corrupción directa como el que he mencionado y que, con una
irresponsabilidad absoluta, se dedica a meter a nuestro centro de alta
tecnología y de alto nivel en investigación en sanidad animal en
aventuras con riesgos económicos y de seriedad --me he referido
exclusivamente a los riesgos económicos en el caso de la peste porcina
clásica, pero es nula la eficacia en el control de los brotes y en la
erradicación de enfermedades-- o en la paralización de cualquier proyecto
como el que tiene que ver con la mixomatosis y con la enfermedad
hemorrágica de los conejos, en el caso de que se proceda a su liberación
en campo abierto. Los trabajadores, sobre todo los investigadores, han
solicitado ya por tres veces el cese de determinada persona. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Espero su información para obtener las explicaciones oportunas y, en su
caso, para que admita que las denuncias que se están llevando a cabo son
de la suficiente entidad como para que la Administración tome alguna
medida, más allá de las implicaciones técnico-jurídicas relativas a la
licencia de apertura a la que el señor subsecretario ha hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Seré lo más concisa posible, pero,
después de lo que se ha dicho, que son cosas realmente importantes, no
tengo más remedio que hacer uso de la palabra, aunque desde luego de
forma mucho más breve que mi antecesora.
Bienvenido, señor subsecretario. Esta Comisión le agradece su
comparecencia, porque creemos que es altamente
interesante, sobre todo porque va a aclarar seguramente muchas de las
cosas tan graves que se han expuesto; más parece que estemos en una
película de ciencia-ficción que en el mundo real. Si todo lo dicho fuera
realidad, sería como para ir prendiendo fuego laboratorio por laboratorio
en este país, no dejando que se pueda tener ni siquiera el desarrollo
normal que necesitamos.
El INIA tiene varios laboratorios que son un orgullo para los que, como
los que nos dedicamos a I+D, los conocemos; son un orgullo de la
investigación biológica en España y nos sentimos altamente satisfechos de
casi todos los que conocemos, con todas las deficiencias que todavía
tiene el sistema de investigación española. Tiene una línea ascendente y,
sobre todo, tiene el respaldo de casi todos los grupos políticos, porque
vemos que la investigación es siempre un camino de futuro. Del Centro de
Investigación en Sanidad Animal ha sido quizás del que más ha hablado mi
antecesora en el uso de la palabra.
De su intervención, señor subsecretario, hemos podido conocer que esas
actividades que se derivan son importantísimas. A nosotros nos parece
altamente satisfactoria la cooperación con otros países, de un alto
interés sanitario, puesto que las comunicaciones en el siglo XX han hecho
que la sanidad no se pueda circunscribir a un determinado país, sino que
tienen una proyección internacional y la cooperación en proyectos de
investigación y de apoyo al diagnóstico y a programas de erradicación de
enfermedades infecciosas animales son proyectos al fin y al cabo de
bioseguridad internacional. Algunas de esas investigaciones infecciosas,
exóticas y de alto riesgo para España, son también un motivo de seguridad
para nuestros animales.
La investigación y desarrollo de vacunas de nueva generación y de nuevos
métodos rápidos y precoces, que se han presentado como algo monstruoso y
como algo que pueda en un momento determinado atacar a la humanidad, son
el futuro por el que la investigación, la biología molecular, va en este
momento, así como el camino de los nuevos medicamentos. No sé si habría
que volver al siglo pasado o a los métodos tan importantes, pero tan
lentos, que se siguieron en microbiología en sus comienzos, por ejemplo.
También son muy importantes, y aquí se les ha dado una vertiente
distinta, los problemas toxicológicos que afectan a nuestro medio
ambiente y a nuestro desarrollo. Los problemas de contaminación
medioambiental son de una enorme importancia y quiero hacer hincapié en
la alta labor que se está llevando a cabo en actividades como la peste
bovina, la peste porcina africana, la peste porcina clásica y la viruela
ovina. Estas actividades nos enorgullecen enormemente. Estos centros son
centros de investigación de vanguardia en nuestro país, con
reconocimiento internacional, puesto que en 1995 el CISA fue incluido en
el catálogo de grandes instalaciones científicas de España. Ha obtenido
la primera vacuna frente a la peste equina africana, que ha sido todo un
diagnóstico diferencial entre animales vacunados y animales infectado por
este virus.
Ha hablado la señora Maestro de técnicas de PCR. Hoy día, el desarrollo
de estandarización de estas técnicas de diagnóstico es enormemente
importante, así como las actividades con anticuerpos monoclonales. Y
sobre todo algo que para mí ha sido sorprendente, que es la forma en que
se ha interpretado lo que es la vacuna del virus de la mixomatosis,
enfermedad hemorrágica del conejo, que se obtiene por unos métodos sobre
los cuales, tal y como aquí se han descrito, señora Maestro, con todo
respeto le diré que me parecía que usted oye campanas y no sabe dónde,
porque o estábamos aquí en los años 20 buscándonos la pulga como la
Chelito en el cuplé o no sabemos de lo que estamos hablando.
Sabemos que se ha experimentado con una vacuna viva que se transmite de
un animal a otro y que el laboratorio ha experimentado si vía artrópodo
esa vacuna puede pasar de un animal a otro, pero no se ha liberado al
medio ambiente. Es una vacuna igual a otras con las que se experimenta
todos los días en centros de microbiología, pero se está haciendo con la
máxima seguridad y me parece que alarmar a la población por estos métodos
es caer en una demagogia bastante irrelevante que no conduce nada más que
a un miedo a la ciencia y a la seguridad de nuestra propia salud, porque
sería muy interesante que, una vez que pasara los niveles del laboratorio
y cuando se vea si los peligros que puede o no puede conllevar son
eludidos, nos librara de una enfermedad que en este momento es muy
importante en España y en otros países. Así pues, vamos a hablar con
seriedad, porque cuando se dicen cosas tales como que se ha liberado y
que se está transmitiendo vía artrópodos, en ese caso yo creo que a usted
no le han informado de esta situación.
En estas cuestiones, yo creo que también tiene importancia el que se
hable, por ejemplo, de que se están utilizando técnicas de PCR que son
poco específicas. Dígame usted a qué otras técnicas se puede recurrir en
esta investigación que sean más específicas, porque la inmunoflorescencia
directa sobre los tejidos es una cosa y las técnicas de PCR en
investigación microbiológica es otra. Es importante saber quién, cómo y
dónde se da la información y que dicha información sea rigurosa y que
tenga su importancia.
Usted hablaba también aquí de que, por ejemplo, a veces se vacuna a
algunas personas contra la hepatitis. Naturalmente, a la gente que está
en contacto con animales hay que vacunarla contra la hepatitis, lo mismo
que en algunos hospitales o en algunas prisiones se vacuna también a
personas que están en contacto con otras personas de riesgo. Por tanto,
vamos a hablar de que se está trabajando con animales.
Ha hablado usted de la cuestión de Defensa y yo me creía que estaba en
una película del Agente 007. Todo lo que hay es un convenio con Defensa
para transferir información y tecnología en materia científica y hay unos
científicos de Defensa que van al área de investigación de sanidad
ambiental para aprender tecnología de detección de tóxicos, que es muy
importante a todos los niveles y no sólo al de la Defensa. El medio
ambiente es una cosa en su conjunto y nosotros no entendemos el porqué
las cuestiones que sean de sanidad animal no lo pueden ser también de
sanidad nacional a otros niveles.
No quiero extenderme, ya que el señor presidente, como me aprecia mucho,
me ha hecho una seña, puesto
que sabe que todos estamos pendientes de la hora, queriendo cortar y
deseándolo todos, y yo personalmente también, pero me parece que este
centro no ha tenido nada más que un problema administrativo de tipo
legal, no creado por los gestores que hoy son los responsables de su
área. En un momento determinado, que yo tampoco quiero enjuiciar, porque
me parece que es una cuestión legal que hubo ahí, o quizá fue por un
malentendido, no se obtuvo un tipo de licencias, lo que dio lugar a una
serie de cuestiones en cadena, pero en este momento la Comunidad de
Madrid, gobernada por el grupo de la portavoz que en este momento les
está hablando, ya ha iniciado la legalización de todas estas
irregularidades administrativas que venían predispuestas por una falta de
información anterior. Tampoco quiero enjuiciar el asunto, pero a nosotros
nos hubiera gustado mucho más encontrarnos con todas estas cuestiones
legalmente solucionadas y no tener que entrar en ellas. En otras
cuestiones en las que usted ha entrado a título personal, me imagino que
las personas afectadas preferirán hablar de esto en otro ámbito, ya que
están en su derecho y pueden hacerlo, porque aquí se han dicho cosas de
extrema gravedad.
Nosotros, como españoles y como científicos --por qué no decirlo--, nos
sentimos muy contentos de la actividad y de la investigación que en este
momento realiza este centro, que está en concordancia con las exigencias
del mundo actual y cuya labor es muy importante porque las consecuencias
de las enfermedades que evita, y que ha sufrido España, sí que son
lamentables económicamente. Recordemos, por ejemplo, la peste porcina
africana o la aparición de patologías ambientales en diferentes áreas
agropecuarias. Sabemos que en este centro español se cumplen todos los
requisitos que para este tipo de investigación se requieren, y por eso es
comparable a los centros de alta seguridad de sanidad animal y pertenece
al grupo de trabajo internacional de seguridad biológica veterinaria.
Además, está considerado en un nivel de seguridad biológica 3 --el BSL-3
que usted conoce-- y es un mecanismo de seguridad reconocido y que ha
seguido las directrices internacionalmente aceptadas que han partido de
organismos como la Organización Mundial de la Salud o el NIH, que es un
laboratorio de referencia de la Unión Europea para muchos de los datos
sobre los que nosotros hemos hablado aquí en este momento.
No quiero entrar en más cuestiones técnicas en mor de la hora, señor
presidente, pero rogaría que cuando haya que plantear muchas cuestiones,
se haga en tres comparecencias y, si las cosas son tan graves como para
que tengamos que traer aquí al 007 --o a quien haga falta-- para
investigar todas estas cuestiones de guerra bacteriológica en la que
parece que estamos todos sumergidos, por lo menos, podamos hablar con
seriedad de lo que es la transferencia de información
científica-tecnológica entre los diferentes OPI de este país --los
organismos públicos de investigación--, de los que nos sentimos, como
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de I+D del
Congreso de los Diputados y como vocal de esta Comisión de Sanidad,
enormemente satisfechos.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede contestar, señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): En primer lugar, quiero agradecer el
tono de las intervenciones de la señora Maestro y de la portavoz del
Grupo Popular.
Dado lo avanzado de la hora y teniendo en cuenta la cargada agenda de la
Comisión, voy a tratar de contestar de la manera más rápida posible, pero
sí, necesariamente, tengo que entrar en algunos temas a mi juicio
importantes que se han puesto sobre la mesa y en algunas cuestiones que
yo considero, incluso, de extremada gravedad, coincidiendo en este caso
con el diagnóstico de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en que
parece más una película de ciencia-ficción.
En principio, pensaba que veníamos a hablar de bioseguridad, pero parece
que se trataba de reconducir el tema de la bioseguridad al tema de la
corrupción; y no son palabras mías, se ha hablado de corrupción directa.
En todo caso, voy a tratar --insisto-- de hacer un repaso a la
intervención de la señora Maestro en la medida de lo que he podido
apuntar, esperando que, por lo menos, no se me escapen las cuestiones
fundamentales.
Evidentemente, yo no creo que viva en un mundo feliz; al revés, creo que
suelo caracterizarme por ser bastante pesimista frente a determinadas
situaciones. Lo que sí procuro, en este caso, es informarme, con personal
científico y con personal técnico, contrastar la información, recabar
datos y, lógicamente, en base a hechos constatados, extraer conclusiones.
Y con esa filosofía he venido precisamente a esta Comisión, con datos
contrastados y constatados y, consecuentemente, con conclusiones que he
tratado, en la medida de lo posible, de trasladar a sus señorías.
Coincido absolutamente con S. S. cuando habla del protagonismo que tiene
que tener, en materia de prevención de riesgos laborales, los
representantes de los trabajadores. No tengo más que decir que coincido
absolutamente con ese posicionamiento, con ese diagnóstico y con esa
valoración, porque además es el espíritu de la ley, como muy bien ha
señalado. Sin embargo, siento tener que decir que la alusión que he hecho
a una central sindical en mi intervención ha sido una alusión consciente
y voluntaria, y que la omisión que he hecho de una central sindical ha
sido igualmente una omisión consciente y voluntaria, y le voy a explicar
por qué con todo género de detalles. Evidentemente, en los planes que se
están siguiendo desde hace años en este instituto viene colaborando de
manera voluntaria --como tiene que ser este tipo de actuaciones-- el
sindicato al que antes he aludido; no ha participado o no participa --por
razones que personalmente ignoro, aunque sí me constan algunos documentos
por los que puedo entender ese posicionamiento-- el otro sindicato, que
es el de Comisiones Obreras, representado en este órgano.
Lo que usted ha afirmado con contundencia sobre la absoluta ignorancia de
los trabajadores de lo que se está haciendo allí, sobre la absoluta falta
de información de los trabajadores de lo que se está haciendo allí, de
ignorancia
respecto al tipo de virus manejados en el centro de CISA, necesariamente
tengo que negárselo y lo voy hacer, una vez más, con documentos y no con
palabras, ni con comentarios o cotilleos.
Tengo aquí una acta del comité de seguridad y salud laboral, firmado por
todos los representantes del comité de salud laboral, en el que se les
informa de múltiples cosas propias de este comité. Entre otras cosas, se
les presenta el plan de salud laboral y se les ofrece en este caso, como
es preceptivo, la posibilidad de observaciones respecto de este tema. En
concreto, dice: Comparece en este acto doña Teresa Alonso Moreno,
secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente, de Comisiones Obreras de
Madrid, que parece como invitada en esta reunión ordinaria del comité de
seguridad y salud laboral. Sorprendentemente, esta señora manifiesta en
el acta, y así consta, que agradece haber sido invitada y que lamenta la
ausencia de los dos delegados de prevención de Comisiones Obreras, ya que
el interés de esta señora era contar con su presencia. No sé por qué no
han ido los delegados de prevención de Comisiones Obreras. No sé si es
que no se informa o que alguien no quiere ser informado o, simplemente,
ya tiene su visión de la película y le da igual cualquier otro tipo de
argumento o circunstancia al respecto.
Sin embargo, la incoherencia del planteamiento, por decirlo de alguna
manera, es todavía mayor si se me dice que no se informa a los
trabajadores, cuando el día 21 de noviembre de 1995 visita especialmente
el centro CISA una delegación de Comisiones Obreras, solicitud realizada
por ellos al centro de investigación. Recorren todo el centro CISA en los
términos que ellos estiman pertinentes y, a mayor abundamiento, la
confederación sindical de Comisiones Obreras, en carta de 27 de noviembre
de 1995, que igualmente tengo aquí, remitida al secretario general del
INIA en aquel momento, transmite el agradecimiento y la complacencia por
la visita y por la información recibida respecto de este centro. Por lo
tanto, no comprendo bien el planteamiento de la falta de información.
Pero voy más allá, y no con documentos, cartas, comunicaciones o actas,
sino con algo más genérico y al alcance de cualquiera como son las
memorias del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de cada año.
En estas memorias, que les dejó aquí para conocimiento de la Comisión, de
manera exhaustiva y no sólo a título de difusión, se dice lo que se
investiga y en qué virus se trabaja. Entiendo yo que de ahí deben extraer
los científicos sus conclusiones sobre los riesgos que se corren. Esto es
público, no destinado al personal de los centros del Instituto, como
corresponde a cualquier memoria de actividades del organismo.
Desde el punto de vista de la información que me traslada, y que sobre
ella, y con toda legitimidad, ha construido su intervención, quiero
decirle que conozco un informe de la confederación sindical de Comisiones
Obreras que se refiere, con carácter general, a determinados aspectos en
materia de investigación de agentes biológicos y en materia de
cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, pero
una parte fundamental del escrito se dedica de manera pormenorizada al
CISA. En esa información que, en muchos casos coincide con bastantes de
sus afirmaciones en esta materia, también se falta al rigor. Una vez más,
se vierte información, a mi juicio peligrosa desde la perspectiva que
antes he puesto sobre la mesa de la posible alarma social que puede
generar, que no creo que esté suficientemente contrastada y avalada con
documentos, con hechos o con actos.
Me refiero a este documento, aunque tampoco es cuestión de que entre en
detalles ahora mismo, y lógicamente también a afirmaciones importantes
que usted ha puesto sobre la mesa --y que yo comparto una vez más--
respecto a que es conveniente y necesario que no solamente hagamos un
autodiagnóstico de las medidas que cumplimos, sino que haya elementos
externos a los propios centros que nos diagnostiquen si cumplimos o no
debidamente con las medidas de seguridad. Respecto a este quiero
reiterarle que estos diagnósticos se realizan con una periodicidad
absolutamente prevista por los organismos internacionales, que califican
al CISA en este caso como lo están calificando y como S. S. conoce, y que
evidentemente para ello requieren inspecciones previas, que no son
inspecciones ni de la Administración del Estado ni de la comunidad
autónoma ni del Ayuntamiento, sino insisto, de organismos
internacionales, y que además, como no podía ser de otra forma, se acude
evidentemente a asistencias técnicas e informes técnicos de entidades
españolas, como es por ejemplo el que tengo ahora mismo aquí sobre la
mesa, un informe de ensayo sobre valores de emisión fechado el 27 de
abril de 1998, que concluye diciendo que los valores de emisión de todos
los parámetros analizados cumplen con la legislación vigente. Y eso está
realizado por Asistencia Técnica e Industrial, Sociedad Anónima Española,
Atisae.
También quiero decirle algo que todavía no se ha producido desde el punto
de vista formal o documental, pero sí de hecho, que es el aspecto de la
percepción. Recientemente se ha producido una inspección de un organismo
norteamericano respecto del CISA, y sin perjuicio de que todavía no
tenemos sobre la mesa el informe de esta organización, las
manifestaciones verbales a lo largo de la visita y las posteriores
conversaciones mantenidas con los inspectores responsables de la visita,
estoy seguro que nos permiten afirmar que será un excelente resultado una
vez más en favor de la bioseguridad y de las condiciones de este centro.
En todo caso, estoy totalmente de acuerdo con usted en que mi obligación
es comprobar todo lo que usted ha dicho, constatarlo, verificarlo y
ratificarlo, o en su caso lógicamente adoptar las medidas necesarias para
corregirlo, pero me da la sensación de que detrás de la información que
usted tiene hay más un problema administrativo funcionarial que un
problema técnico, jurídico o de bioseguridad; y eso quizá también usted
debería de constatarlo y contrastarlo antes de revisar estas
afirmaciones. En un centro en el que prestan su trabajo más de 170
profesionales, igual que en toda la Administración pública, como usted
conoce muy bien, y en cualquier entidad incluso no pública sino privada,
siempre existen sus diferencias, sus más y sus menos que pueden generar
lógicamente críticas, en unos casos más o menos fundadas, en otros casos
seguro que infundadas o nada justificadas.
También quiero decirle a S. S. que no despreciamos las exigencias
normativas por parte del Gobierno actual, como usted dice, en relación
con las presuntamente preceptivas autorizaciones y licencias que deben
solicitarse para ese tipo de centros, hasta el punto de que esta
Administración en el mes de julio de 1996, cuando se hace cargo del
instituto, es la que solicita esa licencia. Por tanto, insisto, creemos
que desde esa perspectiva esa afirmación por lo menos a esta
Administración no le es trasladable, con independencia de que, insisto,
detrás del tema existe una controversia jurídica evidente.
También se ha planteado algo que se residencia en el ámbito del
Ayuntamiento de Valdeolmos, Administración local competente por razón de
ubicación geográfica del centro al que nos estamos refiriendo. Me dice
que licencia de instalación no es licencia de apertura. El trámite que
está en marcha ahora mismo es licencia de apertura, evidentemente. En
todo caso, existe ese informe favorable en un acta del Ayuntamiento, que
también obra en mi poder. Además, respecto a este acta del Ayuntamiento
también sorprende algo, algo que además después, en cartas posteriores
cruzadas entre el señor alcalde y el director del centro, quizá se
ratifica. El Ayuntamiento, como digo, emite el informe favorable, pero,
después, no en este informe favorable, sino en una carta dirigida al
director del centro muy recientemente, con fecha 20 de abril de este año,
en contestación a unas alegaciones que realiza el director del centro a
esa acta notificada al propio centro, dice que el Ayuntamiento no entra
en cuestiones de complejidad técnica y que sólo realiza respecto al
centro valoraciones políticas sobre cuestiones técnicas. Yo creo que
realizar valoraciones políticas sobre cuestiones técnicas es siempre
arriesgado si no se cuenta con el informe técnico previo. Por otra parte,
el Ayuntamiento, en algún papel, en algún informe, reconoce que carece de
medios técnicos para esto y que espera a lo que le diga la comunidad
autónoma, que tampoco le ha dicho nada todavía. Insisto en que tampoco es
demasiado comprensible esta posición.
Sí que es comprensible en una Administración local, no en ésta, sino en
cualquiera, evidentemente, que trate de acceder al mayor beneficio cuando
se realiza una instalación en su término municipal; al mayor beneficio,
como siempre, en términos económicos, léase en infraestructuras, en
dotaciones medioambientales o en otro tipo de usos. En ese sentido debe
enmarcarse el tema del alcantarillado, que tengo noticias de que ha sido
reparado por y con cargo al presupuesto del Estado, en este caso,
evidentemente. En cuanto a las otras alegaciones que realiza, en el
sentido de que sería magnífico que en lugar de una carretera hubiese
prácticamente una autopista de comunicación con este centro para mayor
facilidad en la evacuación, debo decir que lógicamente entiendo que entra
dentro de esa política --insisto-- lícita y honesta de cualquier
Administración municipal de obtener el mayor beneficio posible respecto
de cualquier instalación de este u otro tipo que se realice en su término
municipal.
También creo que es importante hablar de lo que usted ha dicho: la
preocupación que tiene por la rentabilidad de las inversiones que se
realizan. Esa preocupación la tenemos en el Ministerio, se lo puedo
asegurar, y está justificada porque es un centro muy importante que hay
que conservar, mantener y potenciar, y que como he dicho antes
--y usted lo sabe--, es uno de los siete del mundo, es centro de
referencia mundial. Lógicamente, esa preocupación tiene que ir en
consonancia, también estoy totalmente de acuerdo con usted, con la
seriedad en la gestión, con la responsabilidad en la gestión y, claro
está, con el resultado que esa seriedad y esa responsabilidad en la
gestión arrojen como saldo, favorable o negativo, al término del período,
por decirlo de alguna manera.
Desde este punto de vista, quiero decirles que el saldo es magnífico
--todo es mejorable, evidentemente, pero el saldo es magnífico-- y,
lógicamente, algo tendrá que ver la gestión, digo yo. Además, es
magnífico en términos, primero, científicos y, segundo, económicos,
porque hay que ver los dos. Empezando por los segundos, económicos,
estamos en un sistema que va a permitir y que está permitiendo
incrementar la autofinanciación del CISA vía servicios, el año pasado
hasta un 7,31 por ciento frente a un 2,72 en 1996 y un 0 por ciento en
1995.
El CISA sería costosísimo para el Estado, señoría, si no tuviese
mecanismos de financiación y éstos sólo se obtienen prestando los mejores
servicios, la mejor calidad en los servicios. El Estado financia la
infraestructura del CISA, financia el mantenimiento básico del CISA, pero
no puede financiar los proyectos del CISA, como S. S. sabe, porque esto
costaría una carga adicional inmensa a los presupuestos del Estado. Pues
bien, esta financiación se obtiene vía convenios, el 48,82 por ciento,
vía proyectos de ámbito nacional, casi un 12 por ciento, proyectos de
ámbito sectorial, casi un 16 por ciento, y, señoría, proyectos encargados
directamente por la Unión Europea tras la verificación y comprobación de
las instalaciones de estos laboratorios, en un 17,76 por ciento; esto,
insisto, creciendo --si cogemos la película-- desde el año 1993 al año
1997. En proyectos de investigación exactamente lo mismo, estamos
hablando de 20 proyectos en el año 1997 frente a diez proyectos en el año
1995. Creo que es una cifra importante, evidentemente. En publicaciones
exactamente lo mismo. Las publicaciones de estos centros, publicaciones
científicas, son publicaciones que se conocen en todo el mundo, no en un
ámbito estrictamente nacional.
Usted ha hecho referencia a algo tremendamente grave --a algunas cosas
más, pero voy a referirme ahora a una de ellas--. Ha dicho que se han
matado cerdos en Segovia, animales sin síntomas, cuando la epidemia de
peste porcina clásica, y ha atribuido esa responsabilidad, no sé si
directa o veladamente, al CISA y a su director. Quiero decirle, señoría,
que la labor del CISA en estos años en materia de peste porcina, en
definitiva, de lo que es el porcino en España, la realidad del porcino en
España es absolutamente contundente, tan contundente que si cogemos el
año 1997 el período enero-octubre, y si cogemos, en todo caso, desde el
año 1986 hasta el año 1997, por ser más generosos, y vemos cómo
evoluciona el comercio intracomunitario de porcino, hemos pasado de tener
un comercio interno español sin posibilidad de exportación de porcino por
motivos sanitarios a estar en 1997 en más de 160.000 toneladas
métricas de exportación de porcino gracias al levantamiento de los
problemas sanitarios y gracias a la actividad del CISA en este caso que
es el que ha conseguido con métodos científicos el levantamiento de estos
problemas. Esto, evidentemente, es riqueza para el sector del porcino y
riqueza para la economía nacional.
Señoría, la curva se la voy a enseñar. Esta es la curva de exportación
del porcino, desde el año 1992 en que aparece el CISA hasta el año 1995 y
la he explicado el porqué.
Evidentemente los estudios y seguimientos de enfermedades que se siguen
en este centro y en otros centros del propio Ministerio, son estudios en
materia en este caso de sanidad animal que son, digamos, auxilio de las
comunidades autónomas, porque son las únicas que tienen competencia en
España en materia de sanidad animal y eso hay que dejarlo aquí claro,
señoría. El Estado español no tiene esa competencia, por tanto la
decisión primera y última de si un ganado se mata o no se mata como
consecuencia de una epizootía, evidentemente es de la comunidad autónoma,
no del Gobierno del Estado, pero, como no podía ser de otra forma, el
Gobierno del Estado si pone a disposición de las comunidades autónomas
todos sus medios técnicos, científicos y por supuesto, si es necesario y
cabe en el presupuesto del Estado, económicos, para ayudar ante una
enfermedad y ante la difusión de una epidemia como puede ser ésta.
Evidentemente, señoría, le tengo que decir que las consecuencias de los
sacrificios voluntarios y obligatorios que se han producido tanto en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León como en las demás comunidades
autónomas que desgraciadamente se ven afectadas por la peste porcina
clásica, estos sacrificios, insisto, señoría, se realizan después de un
examen exhaustivo por nuestros laboratorios y por supuesto por
laboratorios y especialistas de las propias comunidades autónomas. Son,
por tanto, por decirlo de una manera que nos entendamos, diagnósticos
conjuntos y compartidos y, sin embargo, las decisiones se adoptan desde
la responsabilidad de la comunidad autónoma que es la que tiene la
competencia. Pero estas decisiones, que son duras evidentemente y que se
basan en criterios estrictamente científicos y aprobados por el Comité
veterinario de la Unión Europea en un plan especial presentado por el
Estado español a demanda del propio Comité veterinario de la Unión
Europea, han permitido que hoy esté abierta una parte fundamental de
España al comercio exterior en el ganado porcino y que no estén cerradas
nuestras fronteras en materia de exportación de ganado porcino. Por
tanto, me da la sensación que desde ese punto de vista, señoría, no se ha
hecho nada mal en cuanto a este foco concreto que usted ha llamado de
Segovia pero yo lo extiendo a toda España en materia de lucha contra la
PPC.
En materia de mixomatosis y la vacuna de los conejos, la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular me ha hecho el trabajo porque ha señalado
lógicamente de qué se está hablando. Veo que lo conoce correctamente y
esto me agrada. Insisto en que se han hecho experimentos en laboratorio y
no se ha hecho ninguna otra cuestión, pero evidentemente en este sentido
con gran difusión internacional por la importancia de este sistema que
está siendo estudiado y desarrollado en el CISA.
Tengo, señoría, que decirle algo también respecto de otra afirmación
tremendamente grave que usted ha vertido y en este caso con todo el
respeto, lógicamente, a las posiciones personales y con todo el respeto a
lo que entiendo que es, mientras no se me demuestre lo contrario porque
me guío por el principio de presunción de inocencia, una actuación de un
profesional del Ministerio de Agricultura y un científico al que de
momento nadie discute que su reconocimiento español y mundial y que al
menos desde la perspectiva científica lo tiene. Estamos hablando del
director del CISA, nombrado en el año 1993, lo cual quiere decir que
ignoro las razones que hubo en aquel momento para su nombramiento y sus
vicisitudes, a las que usted ha aludido. Sí conozco, como ha señalado S.
S., desde esa doble perspectiva, los resultados económicos y científicos
del CISA y entiendo que son imputables a una buena gestión y a unos
magníficos profesionales, evidentemente.
Sí conozco, porque he tratado de venir a esta comparecencia lo más
documentado posible, que en un momento determinado se abrió, a instancias
de mi antecesor en aquel momento, un expediente de información reservada
al director, como consecuencia de determinadas denuncias o hechos. Es un
expediente que está cerrado por la inspección general de los servicios en
aquella fecha, con el visto bueno de mi antecesor, entendiendo que ese
informe dice que no se encuentran responsabilidades ni hechos que
induzcan a ellas.
Si usted cree sinceramente que hay supuestos de corrupción directa, eso
debe llevarlo, señoría, al juzgado de guardia; porque si yo me encuentro
con supuestos de corrupción directa, indirecta o presunta, ahí van a
acabar. Considero desde ese punto de vista que verter una vez más
afirmaciones de esta envergadura sin estar suficientemente documentadas
es muy grave, en este caso no ya porque creen alarma social, sino porque
se está atentando directamente contra el perfil de un profesional que
tiene además unas responsabilidades públicas importantes.
Por tanto, insisto, sin entrar en más detalles desde este punto de vista,
en que cualquier indicio que podamos tener, ahora o en un futuro, de
cualquier irregularidad en el CISA o en cualquier centro del Ministerio,
S. S. puede estar absolutamente tranquila porque este asunto --por mi
propia formación-- va a tardar muy poco tiempo en estar en la Fiscalía
general del Estado o incluso en el juzgado de guardia, vía querella. Se
lo puedo asegurar a S. S. Pero le pido también, por favor, que cuando
realice manifestaciones las contraste, las verifique y las documente de
manera constatable, a efectos probatorios.
No quiero extenderme más. Simplemente añadiré que coincido con usted, y
agradezco que crea que es innecesaria la alarma social, que no hay
argumentos para ningún tipo de alarma social. Pero también quiero
insistir en algo que había dicho antes. Usted habla de que no hay plan de
gestión de residuos biosanitarios y fitotóxicos; aquí está el plan. Desde
ese punto de vista, esa parte queda cubierta. Con esto he contestado, más
o menos, a algunas de sus afirmaciones, entiendo que a las fundamentales.
En todo caso, insisto, agradezco la información que ha transmitido, tomo
buena nota de ella. Puede estar segura de que vamos a estar atentos a
cualquier tipo de hechos o circunstancias que puedan concurrir en este o
en otros supuestos parecidos. Desde esa perspectiva lógicamente, le
aseguro que soy consciente de que mi responsabilidad, evidentemente, es
la de investigar cualquier hecho o indicio que pueda existir sobre
cualquier tipo de conducta o actuación. Pero insisto una vez más en que
eso ya lo hizo mi antecesor y el expediente quedó cerrado. (La señora
Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, se ha sobrepasado tres o cuatro
veces el tiempo reglamentario en la intervención anterior. Creo que ha
expuesto todo lo que ha querido; el señor subsecretario le ha contestado,
creo, a todos los temas que ha planteado y el asunto está suficientemente
debatido.
Si es para alguna precisión, le doy la palabra por un minuto. Desde
luego, le pido que no reabra el debate.
La señora MAESTRO MARTIN: Agradezco la intervención del señor
subsecretario, pero también, en aras a mi credibilidad personal y a la
del grupo parlamentario al que represento, me veo en la obligación de
acreditar afirmaciones que he hecho, que evidentemente son serias, lo
reconozco, sobre todo aquellas que se refieren a la corrupción; ésa es
una acusación muy dura, muy concreta y que, por tanto, no se puede hacer
alegremente. Creo que me he caracterizado por no hacerlo en ningún
momento.
En cualquier caso, quiero decir que obra en mi poder --se lo facilitaré--
un documento en el cual se acredita que don José Manuel Sánchez-Vizcaíno
Rodríguez es propietario de 240 acciones de la empresa Actuaciones
Integrales de Seguridad Biológica, que es la primera empresa que recibe
el contrato para los servicios de mantenimiento, por un valor de 100
millones de pesetas al año, formando parte de la mesa de selección este
mismo señor y el arquitecto constructor. Desconozco si es una actividad
prescrita o no, pero está documentada suficientemente.
Yo sé que en los últimos tiempos, probablemente por toda la publicidad
que se ha dado a determinadas preocupaciones, todo eso ha llevado a que
en el centro se tomen medida de seguridad para mostrarlas suficientemente
actualizadas.
Tengo en mi poder una carta de la empresa Técnicos en Control de Proceso,
S. L. --estoy hablando ofreciendo acreditación de lo que digo--, en la
que dice al señor director del centro, en relación con una pasada
reunión: Somos responsables de la ineficacia deun servicio que no
realizamos. Según se desprende de su intervención, tienen serios
problemas con los esterilizadores y no cuenta con personal cualificado
para resolverlos. Es decir, es la empresa a la que se le pide
acreditación acerca del funcionamiento de un mecanismo tan importante en
la seguridad como son los esterilizadores. Esta carta es reciente, puesto
que tiene fecha de 15 de abril de 1998.
Quería decir, finalmente, algo que me preocupa y sobre lo que acepto sus
explicaciones. Querría que me garantizara que en ninguna comunidad
autónoma, ni siquiera en las de Murcia, Castilla y León ni de ninguna
otra, están llevándose a cabo experiencias abiertas en relación con la
vacuna de la mixomatosis y de la enfermedad hemorrágica del conejo. De
todas maneras, con respecto a actuaciones, ya que es una actuación
puntual, quiero poner en su conocimiento que el Icona, a principios de
1990, encarga al CISA actuaciones encaminadas a mejorar el diagnóstico de
laboratorio de la enfermedad hemorrágica del conejo, con un contrato de
40 millones de pesetas para realizarlo, y que al final del mismo, dado
que no se presentaron resultados de interés ni se publicó trabajo
científico alguno, dio lugar a una queja formal del Icona al entonces
director general del INIA, don José Manuel Hernández Abreu.
No obstante, por la no referencia a contratos o actuaciones en relación
con vacunas recombinantes relativas a la guerra biológica --es una
afirmación formal y contundente que, en todo caso, desmiente afirmaciones
del presidente del INIA a la junta de personal y, dada la gravedad del
tema entiendo que --con su ratificación hoy ante esta Comisión-- supone
la aseveración formal de que ningún tipo de contrato de esas
características se está llevando a cabo.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar, señor Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION (Lamela Fernández): Señor presidente, brevísimamente.
Empezando por el final, en cuanto al tema de la OTAN, de defensa,
detodasestascuestionesque se están planteando aquí, tengo que decir a S.
S. algo que ya ha manifestado incluso la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular: que existe un acuerdo con el Ministerio de Defensa para
formación de personal y detección de biotóxicos, evidentemente personal
procedente de su centro de La Marañosa, pero no existe absolutamente nada
más respecto a este punto. Por tanto, creo que con eso este problema
queda suficientemente cerrado.
Respecto a lo que ha puesto usted sobre la mesa, la documentación a la
que ha aludido, la carta que ha exhibido, lo primero que hay que ver es
el contexto de la carta y a qué se está refiriendo, porque el contexto
puede ser muy distinto. En un centro como éste, que lleva abierto desde
el año 1993 y, podríamos decir en términos mercantiles, con una
explotación encomiable desde el punto de vista de los trabajos que le han
sido encomendados y de las responsabilidades que están asumiendo, es
absolutamente normal, entiendo yo, que en su funcionamiento ordinario se
produzcan intercambios de cartas de ese tipo y, además, que se precise
dotaciones adicionales de personal cualificado, que es necesario, como
usted señala. En ese empeño estamos, como ya he dicho anteriormente, y
por eso hemos elaborado una nueva relación laboral de puestos de trabajo
del INIA que implica, precisamente, una dotación adicional de personal,
entre otros, para el CISA. Por eso en la oferta de empleo público de este
año por primera vez en muchos años se ha incorporado personal científico
al INIA, cosa
que, insisto, otros muchos años no se ha realizado. Y en esa línea
estamos, porque coincido con usted en que es importante que exista ese
personal cualificado.
La vacuna de los conejos sigue estando donde está, insisto, en el CISA,
no fuera de él. Por lo tanto, no tengo que entrar en más detalles ni en
más aseveraciones, entendiendo que goza de las correspondientes
autorizaciones y de las correspondientes garantías biosanitarias.
En definitiva, quiero agradecerle, una vez más, la información que me ha
suministrado. Le puedo asegurar que he tomado buena nota de ella. En el
empeño de la mejora de la calidad del servicio y de la gestión de este
organismo y de todos los dependientes de mi Ministerio, puede estar
segura de que va a tener siempre un fiel colaborador en este
subsecretario y en el propio Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación por su comparecencia larga, densa,
pero creo que convincente para la señora Maestro, que ha sido quien ha
pedido su comparecencia. Se lo agradezco profundamente.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (NUÑEZ
FEIJOO), PARA INFORMAR SOBRE:
--LA ACTUACION DE LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (INSALUD) DE BADAJOZ EN RELACION A LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LOS
PADRES DE LA NIÑA MANE DARRA SECK MORENO. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/001244).
--CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO LA MUERTE, EL DIA 13 DE MARZO DE 1998,
EN EL HOSPITAL CLINICO DE ZARAGOZA, DE UNA PACIENTE QUE AL PARECER
LLEVABA TRES DIAS HOSPITALIZADA EN UNA SALA DE TELEVISION. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000631).
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día, que es la
comparecencia del secretario general de Asistencia Sanitaria, don Alberto
Núñez-Feijoo.
Antes de darle la palabra, quería proponer a los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista que contemplasen la posibilidad de que el señor
secretario haga una sola intervención para las dos comparecencias. La
presidencia respetará los tiempos de cada uno de los ponentes, pero con
eso ganaríamos algo de tiempo. ¿Hace el señor secretario general las dos
comparecencias y luego doy la palabra a cada portavoz por el tiempo
reglamentario? (Asentimiento.) Les agradezco su condescendencia.
Sin más, tiene la palabra el señor secretario general de Asistencia
Sanitaria, don Alberto Núñez Feijoo, para explicar la actuación de la
directora provincial del Instituto Nacional de la Salud de Badajoz en
relación con los hechos denunciados por los padres de la niña Mane Darra
Seck Moreno y para el informe de las circunstancias en que se produjo la
muerte el día 13 de marzo de 1998 en el Hospital Clínico de Zaragoza de
una paciente que, al parecer, llevaba tres días hospitalizada en una sala
de televisión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Gracias a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista por acceder a
realizar simultáneamente las dos comparecencias.
El motivo de mi presencia, sin duda, es dar cuenta de dos acontecimientos
--que adelanto que son lamentables-- producidos en dos hospitales de la
red del Instituto Nacional de la Salud. Agradezco al Grupo Parlamentario
Socialista esta solicitud para aclarar y concretar las actuaciones
realizadas y los hechos ocurridos en estos dos casos.
Empezaré por la explicación de la actuación de la directora provincial de
Badajoz, en relación con los hechos denunciados por los padres de la niña
Mane Darra Seck Moreno, permitiéndome hacer un breve relato cronológico
del proceso clínico de la niña y de su estancia en los dos hospitales,
tanto en el Hospital Clínico de Badajoz como en el Hospital infantil de
La Paz.
El proceso quirúrgico al que fue sometida esta paciente podemos
considerarlo, en principio, como una intervención quirúrgica sin
complicaciones destacables, que se viene resolviendo habitualmente en
nuestros centros hospitalarios sin que se plantee dificultad en cuanto a
su ejecución. Sirva como dato que durante 1997 se han realizado en
nuestros centros 8.643 intervenciones de adenoidectomías, algunas de
ellas acompañadas por amigdalectomías de forma ambulatoria. Asimismo,
también con ingreso en los hospitales, 3.714 procedimientos iguales se
han realizado en 1997. Señorías, durante 1997, por tanto, se han
realizado 12.357 procedimientos quirúrgicos similares, sin que en su
resolución se produjera ningún tipo de complicación o problema
destacable.
Empiezo la descripción cronológica de los hechos. El día 5 de marzo de
1997 en una de las consultas externas del hospital Infanta Cristina de
Badajoz, la paciente presenta cuadros catarrales de repetición quincenal
con dificultades respiratorias nasales y participación ótica. El 21 de
marzo del mismo año se diagnostica una hipertrofia adenoidea. El 7 de
octubre de 1997 se explora de nuevo a la niña, añadiéndose al diagnóstico
anterior el de otitis media exudativa bilateral, prescribiéndose ya el
tratamiento quirúrgico correspondiente.
La paciente es citada para ingresar en el centro el día 3 de diciembre de
1997, firmando la madre el consentimiento informado específico de la
adenoidectomía. Previamente al ingreso se la explora, concretamente el
día 26 de noviembre, en una consulta preoperatoria ordinaria que tiene
establecido el servicio de otorrinolaringología de este hospital para
revisar a los niños que van a ser intervenidos la semana siguiente. La
razón de esta revisión previa no es
otra que efectuar una última comprobación para evitar suspensiones
imprevistas el día de la intervención.
Como quiera que el doctor que la atendió aprecia en esta segunda consulta
una otitis media exudativa muy importante decide que, además de la
intervención de adenoidectomía, sean revisados los oídos en el mismo acto
quirúrgico para ver la necesidad de colocar o no drenajes en los
tímpanos. Además de lo anterior, prescribe a la paciente un tratamiento
antibiótico mucolítico hasta el día de la intervención. En esa misma
consulta se le explica a la madre detenidamente esta segunda intervención
adicional propuesta y los riesgos, firmando ella el consentimiento
informado correspondiente y específico a esta posible segunda
intervención de drenaje transtimpánico.
El día 4 de diciembre de 1997, conforme a lo previsto, la paciente es
intervenida quirúrgicamente. A las doce horas la niña entra en quirófano,
se le monitoriza con un pulsioxímetro, procediendo el anestesista a la
introducción de la anestesia. Dormida la niña, se procedió a completar el
procedimiento anestésico, siendo las constantes vitales totalmente
normales. Inmediatamente se procede a la realización de la intervención
del primer oído, en este caso del derecho, colocándose en él un diábolo.
A continuación, se procedió a explorar el oído izquierdo, comprobando así
la necesidad de implantar en él un drenaje. Cuando la niña estaba siendo
estudiada de este segundo oído, el pulsioxímetro comienza a detectar
saturaciones de oxígeno más bajas de lo habitual en sangre. Ante este
hecho, el anestesista, que estaba a la cabecera de la paciente
ventilándola con mascarilla, observa que ésta --la paciente-- efectúa
movimientos respiratorios normales y, tras comprobar el pulso por
palpación y de explorar a la niña, considera que es un fallo del
pulsioxímetro, procediéndose al cambio del aparato y de su terminal. Este
segundo pulsioxímetro señala valores normales de pulso y saturación con
una onda cardíaca normal.
Cuando termina la intervención de este segundo oído, comprueban que la
niña presente palidez labial e hipotonía, a la vista de lo cual se intuba
orotraquealmente solicitando además la ayuda de otros anestesistas. En
cuestión de segundo baja la intensidad de la onda del pulso y se
monitoriza el electrocardiograma que registra asistolia, iniciándose
inmediatamente maniobras de reanimación donde participan tres
anestesistas.
La paciente tarda entre 5 y 7 minutos en recuperar el latido cardíaco. Se
la traslada inmediatamente a la UCI donde se la diagnostica coma
neurológico profundo. El electroencefalograma realizado el 5 de diciembre
detecta una afectación cerebral difusa grave, los realizados
posteriormente, los días 9, 15, 29 de diciembre y 2 de enero, informan ya
de una afectación cerebral difusa muy grave. El día 2 de enero de 1998 la
familia solicita el traslado a otro hospital para conformar una segunda
opinión, traslado que, tras los contactos que se mantienen con el
hospital infantil de La Paz, se produce el 12 de enero.
A su ingreso en el hospital La Paz en la unidad de cuidados intensivos
pediátricos el citado día 12 la niña presenta un coma reactivo con
escasos movimientos espontáneos y respiración espontánea. Valorada por el
servicio de neurocirugía el 16 de enero de 1998, se le coloca un
tratamiento que, si me permiten, no detallo por entender que no procede,
salvo que ustedes lo consideren oportuno. El 26 de enero inicia un cuadro
de dificultad respiratoria y aumentan las secreciones; se le instaura,
una vez analizado el expirado bronquial, un tratamiento antibiótico
intensivo al que no responde, falleciendo por neumonía el día 31 de ese
mes de enero.
Durante todo este tiempo los padres son informados de la evolución de la
niña y de todos y cada uno de los pasos que se están siguiendo en el
curso de su evolución clínica, tanto por los facultativos del primer
hospital de Badajoz como por los del hospital La Paz.
Pasaré a exponerles aquellas cuestiones y actuaciones relacionadas con
las denuncias presentadas por los familiares de la niña pocos días
después de la intervención. Actuaciones que propician la entrevista con
la directora provincial. Entrevista que mantiene con la madre y el abuelo
de la niña por la que entiendo que ustedes han requerido mi presencia en
este foro. El mismo día de la intervención el subdirector provincial de
Asistencia Sanitaria pone en antecedentes a la directora provincial de
este suceso que se produce en uno de los quirófanos del hospital Infanta
Cristina. El día 12 de diciembre de 1997, es decir, ocho días después de
la intervención y un mes y veinte días antes del fallecimiento, la madre
de la niña comparece en el Juzgado de Guardia de Badajoz para presentar
una denuncia sobre los hechos, que ella refiere, por si los mismos fueran
constitutivos de infracción.
El motivo de la entrevista con la directora provincial es porque los
padres dicen quejarse de la información que están recibiendo de hospital
Infanta Cristina y desconocer el nombre de los facultativos que tomaron
parte en la intervención, y que cuando han tratado de averiguar los
hechos los médicos les han dado versiones en principio contradictorias.
Por tanto, estas dos personas, tanto el abuelo como su madre, acusan una
falta de información de los profesionales. Fue esta razón la que propició
la entrevista con una persona responsable del Insalud no perteneciente al
centro contra el que los familiares presentaban quejas de defectos de
información.
Tras esta decisión la directora provincial pone a disposición de la
familia cualquier centro sanitario --estábamos hablando antes de su
traslado a La Paz-- de la red pública al objeto de buscar una posible
segunda opinión y un posible tratamiento que viniese a paliar las graves
consecuencias que sufría la niña en ese momento, además de ofrecerle todo
el apoyo que se ha de brindar desde la Administración pública cuando se
producen estos hechos.
En esa entrevista la directora provincial entrega un informe, el informe
médico solicitado por la familia y, advirtiendo que puede tener muchas
cuestiones técnicas y ser poco concreto desde el punto de vista de que
sea susceptible de entenderse por un profano, solicita un segundo informe
al objeto de que se aclare todavía más, si es posible, para que la
familia cuente con él. Este segundo informe se deposita en la Dirección
Provincial al cabo de unas horas --si quieren tenerlo está a su
disposición--, y tiene unas matizaciones prácticamente inapreciables
sobre el anterior.
Son dos informes que dicen exactamente lo mismo, aunque se utilizan menos
tecnicismos en uno que en otro.
Por lo que respecta a la vía legal, con posterioridad a la entrevista
--recordemos que la misma se produce el 14 de diciembre--, el día 16 de
diciembre, cuarenta y ocho horas después, tanto la madre como el abuelo
comparecen una vez más en el Juzgado y vierten una serie de acusaciones
sobre la actuación de la directora provincial con la intención de
incluirla como imputada en la causa. El día 20 de marzo de 1998 el
Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz acuerda no haber lugar a
proceder contra la directora provincial, sin tan siquiera tomarle
declaración. El auto del Juzgado es muy claro y en él entiende el juez
que no se impide ni se impidió en ningún momento un ejercicio del derecho
constitucional de la demandante, prueba evidente ya que la demandante
había interpuesto la denuncia cuarenta y ocho horas antes de la
entrevista que mantiene con la directora provincial.
A modo de conclusiones, señoría, quiero mencionarles cuatro o cinco
cuestiones de carácter general. En 1997 se han hecho 12.357
procedimientos quirúrgicos similares a los que se practicó a esta
paciente ya fallecida. El 4 de diciembre de 1997 la paciente durante la
aplicación de la anestesia y la intervención quirúrgica sufre una parada
cardíaca que fue remontada, dejando como secuelas un coma profundo
secundario a consecuencia del cual muere el 31 de enero de 1998.
El día 12 de diciembre, como veíamos, un mes y veinte días antes del
fallecimiento y a los pocos días de producirse esta intervención
quirúrgica, la familia acude y presenta una denuncia contra el equipo
médico. Dos días más tarde de esta denuncia, se entrevistan con la
directora provincial, que le facilita el informe y muestra su
solidaridad, como no podía ser de otra forma, con esta familia, y
cuarenta y ocho horas más tarde interponen también una denuncia contra la
directora provincial, denuncia que no es admitida a trámite --insisto--,
sin ni siquiera solicitar declaración a la directora provincial por el
Juzgado de Instrucción número cuatro de Badajoz el día 20 de marzo de
1998. Hasta aquí, señorías, los hechos y los acontecimientos que han dado
lugar a la intervención por ustedes solicitada.
Por acuerdo de la Presidencia, prosigo con la segunda comparecencia, al
objeto de informar a ustedes, a instancias del Grupo Parlamentario
Socialista, de las dificultades en que se produjo la muerte el pasado 13
de marzo, más concretamente en la madrugada entre el 13 y 14 de marzo de
un paciente en el Hospital Clínico de Zaragoza. También con la misma
sistemática que en la comparecencia anterior, vamos a dar cuenta de los
acontecimientos desde la entrada en el hospital de la paciente hasta el
momento en el que se produce su defunción.
Teniendo presente, en este caso como en el anterior, que está pendiente
de resolución del Juzgado, dado que se han interpuesto las denuncias
correspondientes, me limitaré lógicamente a una descripción de hechos sin
entrar en ningún tipo de valoraciones que corresponderán a las
autoridades jurisdiccionales, dada la situación en la que se hallan los
dos procedimientos.
Nos encontramos ante una enferma que acude a los servicios de urgencias
del Hospital Clínico de Zaragoza a las quince horas del día 11 de marzo
de 1998, remitida por un facultativo del centro de salud por presentar un
cuadro de disnea de mínimo esfuerzo y edemas en las extremidades
inferiores. El facultativo del centro aconseja su paso por el hospital
para descartar patología pulmonar o insuficiencia cardíaca agudizada,
tras haber sido diagnosticada los días previos de bronquitis y haberla
tratado con antibióticos y corticoides. Tras el estudio correspondiente
se procede en el servicio de urgencias a analizar a la paciente y se
decide su ingreso en el servicio de medicina interna, quedando ubicada en
un sala de estar o de televisión de la planta donde está el mismo
servicio de medicina interna al no haber camas disponibles.
Al día siguiente, el 12 de marzo, a las diez de la mañana la facultativo
responsable de las camas que tenía asignado en esa planta, realiza su
historia completa y la exploración correspondiente, solicitando una serie
de pruebas, modificando el tratamiento instaurado en urgencias
parcialmente, según las necesidades clínicas observadas en ese momento.
Se trata de una paciente de 79 años de edad, diabética, con una serie de
complicaciones pulmonares y de insuficiencia respiratoria. Durante ese
día, la paciente es tratada con fluidoterapia, diuréticos, antibióticos,
pauta de insulina rápida y oxigenoterapia, utilizando para su aplicación
una bala de oxígeno.
Durante el día 13 de marzo, al día siguiente, se observa en la enferma
una buena evolución. Se retira la fluidoterapia y la ventiloterapia,
aconsejando la administración de oxígeno sólo en el caso de que fuera
necesario. En ese momento --insisto-- se le retira.
Ese mismo día por la mañana la doctora responsable informó a una persona,
que dijo ser la novia del hijo de la paciente, de su evolución favorable.
Tras comentar la posibilidad de iniciar un tratamiento con insulina, esta
persona, la novia del hijo de la paciente, manifestó la conveniencia de
que se informara de ello a un pariente más cercano. En dos ocasiones,
durante la tarde de ese día 12 y a primera hora de la noche de ese día,
este facultativo pasó por la sala donde se encontraba la paciente,
comprobando su evolución sin que se le informase de ninguna incidencia.
Por lo que respecta a la enfermería, durante el turno de tarde 8 fueron
las ocasiones en las que la enfermera se desplazó a ver a esta enferma y
6 las ocasiones en que los auxiliares de enfermería se desplazaron a ver
a esta enferma por causas diversas, entre otras, para la administración
de medicamentos, para la ingesta de zumos y cambios posturales.
Durante el turno de la noche, la enfermera pasó en 6 ocasiones por esta
sala, una, nada más incorporarse a su turno, a las diez de la noche, y
las otras con intervalos más o menos regulares, siendo la última visita
que realiza a las cuatro horas y treinta minutos de la madrugada.
En todas las visitas la enfermera comprobó que la paciente a la que nos
referimos dormía plácidamente y respiraba con normalidad, sin que se
percibiera ningún tipo de anomalía en su estado.
A las siete de la mañana del día 14, cuando la enfermera se disponía a
tomar las constantes, encontró a la paciente
sin signos vitales, avisando inmediatamente al equipo de guardia, que en
cinco minutos se presentó en la sala y no pudo hacer sino confirmar la
defunción de la misma.
Me gustaría en este punto explicarles, señorías, que en esta misma sala y
durante esa noche estaba ingresada otra paciente, la cual en este caso sí
estaba acompañada por un familiar. Pues bien, ni la paciente, ni la
acompañante percibieron ningún cambio, ningún movimiento, ni ninguna
reacción extraña que pudiera haber efectuado la paciente antes de
fallecer.
Al no estar ningún familiar presente durante esa noche, se les intentó
localizar en varias ocasiones, sin conseguirlo. El citado responsable
comprobó, en primer lugar, que en el teléfono que constaba en la historia
clínica no contestaba nadie, realizando un nuevo intento que volvió a
resultar fallido. En vista de ello, se acordó avisar a la Policía
municipal, como es costumbre, mientras se amortajaba a la fallecida,
trasladándola al tanatorio.
Mientras tanto, las enfermeras de la planta consiguieron el número de un
teléfono móvil que una de las hijas le había dado a la acompañante de la
otra paciente ingresada en la sala, pudiendo así localizar a esta hija,
que se personó en el hospital para identificar a la fallecida, su madre.
El médico entrante de guardia fue requerido a las 14 horas por los dos
hijos de la fallecida, ya personados en el hospital, para recabar
información sobre las circunstancias en las que se había desarrollado la
muerte de su madre.
Durante la conversación mantenida entre el médico de guardia y los hijos
de la paciente en ningún caso estos últimos manifestaron queja alguna
sobre la asistencia médica recibida, comentando, eso sí, que iban a
interponer una reclamación, sin precisar ante qué instancia, por la
ubicación de su madre en la sala destinada a estar o televisión.
Posteriormente, se comprobó que la familia había presentado una
reclamación en el Servicio de Atención al Paciente y una denuncia ante el
Juzgado de Guardia. Dicho juzgado solicitó por fax la entrega del cadáver
de la fallecida para poder realizar la necropsia en el Instituto
Anatómico Forense de Zaragoza. Al parecer, el fax fue remitido el domingo
a un despacho de la dirección médica, que permanecía cerrado por ser
festivo, por lo cual no se tuvo conocimiento del mismo --el juzgado no
volvió a ponerse en contacto con el hospital-- hasta la mañana del día
siguiente, lunes 16, realizándose inmediatamente los trámites preceptivos
para la entrega del cadáver.
A continuación haremos previsiones, insisto, sin ningún tipo de
valoración definitiva, dado que es el juzgado el que está instruyendo
esta causa. Las previsiones de la historia clínica, las previsiones de
cómo se han sucedido los hechos nos llevan a creer (insisto, desde el
punto de vista de previsión) que la asistencia prestada a la paciente
fallecida fue en todo momento correcta, sin que la anómala ubicación de
la misma influyera en ningún momento en su estado clínico. Creemos,
insisto, que esta paciente hubiera evolucionado de igual forma en
cualquier otro sitio donde hubiera estado ingresada, ya que en todo
momento contó con una adecuada atención médica y de enfermería,
produciéndose un cuadro clínico final inevitable.
Las razones por las que la fallecida se encontraba en una sala y no en la
habitación, como es habitual, han de ser buscadas inevitablemente ante un
hecho objetivo que es el plan director en el que, como ustedes saben,
desde abril de 1996 está inmerso el Hospital Clínico de Zaragoza.
Saben ustedes que los planes de remodelación de los centros siguen un
calendario en el cual de forma paulatina se van reestructurando distintas
áreas, teniendo que producirse traslados y ubicaciones provisionales
durante el período en que transcurren. En abril de 1996 se inician las
obras, estando prevista su finalización para abril de 1999. Durante este
tiempo se dispone de un 20 por ciento menos de camas. Sobre un aforo de
900, aproximadamente durante este tiempo sabemos que vamos a contar con
unas 180 camas menos de las que habitualmente cuenta este hospital.
También de enero a marzo han entrado en funcionamiento, una vez
remodeladas, las unidades del bloque quirúrgico, de urgencias, de UCI y
de esterilización. Como ustedes saben, cuando ocurren estos sobreaforos
suelen ser habituales las camas cruzadas en las habitaciones. En este
caso, la planta 13 ya estaba remodelada y las habitaciones se ajustan a
la capacidad de sus camas, sin que pueda cruzarse ninguna de ellas. La
única solución que tenía el hospital, dado que también ese mismo día se
estaba trasladando el servicio de urgencias y el número de boxes
disponibles de urgencias imposibilitaba la permanencia de la paciente en
urgencias, la única posibilidad de espacio que había en ese hospital en
ese momento eran estas salas; salas que después de su remodelación
disponen de servicio y que se encuentran dentro de la circulación de la
enfermería de la planta, lo que propicia que en algunas ocasiones
puntualmente se hayan utilizado para alojar pacientes en situaciones
concretas y que describiré a continuación.
Las medidas que está adoptando y que ha adoptado el Hospital Clínico de
Zaragoza durante la ejecución de las obras son dos: la primera, buscar en
todo momento la posibilidad de derivar pacientes a otros hospitales de
apoyo, bien sean públicos o privados (Hospital Militar de Zaragoza,
Hospital Provincial San Jorge, Hospital Royo-Villanova, Hospital
Provincial y Hospital Miguel Servet, también de la red Insalud) y la
segunda, cuando el aforo no lo permite y cuando entendemos que la
paciente ha de permanecer ingresada en el hospital, utilizar los espacios
en él disponibles.
La causa de que esta paciente, junto con su acompañante, estuviesen
ingresadas durante estos dos días en la sala viene como consecuencia del
índice de ocupación alcanzado en el hospital: en el servicio de medicina
interna el índice de ocupación estaba entre el 102 y el 106 por ciento
durante los meses de enero a marzo; el índice total del hospital estaba
en el 95,48 por ciento ese mismo día. También, como decía, ese mismo día,
el día 12 de marzo, se procede al traslado de servicio de urgencias a su
nueva ubicación, iniciado a las siete horas del día 12 de marzo de 1998,
lo que imposibilitó contar con los boxes de urgencia suficientes.
A lo largo del día 11 de marzo, fecha en la que la paciente ingresa en
esa sala, tanto los facultativos del servicio
de urgencias como los del servicio de admisión contactaron en diversas
ocasiones con los hospitales referidos para solicitar camas, derivándose
cuatro pacientes al Hospital Militar, un paciente al Hospital San Jorge y
tres al Hospital Miguel Servet.
La paciente fallecida era una enferma crónica con historia en el hospital
desde el año 1988 y que en los últimos cinco años había tenido que ser
ingresada una vez al año en este hospital. Como consecuencia de ello, se
consideró oportuno que su estancia y tratamiento fuera tutelado por los
facultativos de medicina interna de este hospital, siendo preferible su
ingreso en la citada sala que su traslado a otro hospital que no conocía
ni la historia ni los antecedentes médicos y asistenciales de esta
paciente de elevada edad. Como digo, al día siguiente, día 12, el índice
de ocupación del hospital seguía en el 93 por ciento, teniendo que
reservar algunas camas libres dado el número de personas provenientes de
la unidad de cuidados intensivos y de las salas de despertar y de
quirófanos.
Además, y con esto concluyo, la evolución del curso clínico de la
paciente, como les he referido, a lo largo del día 13, horas antes de su
fallecimiento, abrigó expectativas bien distintas de las que se
produjeron aquella noche. También en nuestra opinión, según los datos que
refieren del hospital, y a resultas de las conclusiones de la autopsia,
creemos honradamente --lo creen los facultativos que han atendido a esta
paciente-- que la causa de la muerte pudo haber sido un infarto súbito
que difícilmente podría haberse solucionado con independencia del sitio
en el que se encontrase la paciente.
Señorías, concluyo diciéndoles que, en opinión de los que han estudiado
este caso, a la pregunta de si ha habido una adecuada asistencia
sanitaria la respuesta ha de ser sí; a la pregunta de si la ubicación
física ha sido la adecuada la respuesta ha de ser no; y a la pregunta de
si esa inadecuación física habrá perjudicado la asistencia que se le dio
a la paciente nuestra opinión es que en modo alguno.
El señor PRESIDENTE: Tiene, en primer lugar, la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Agradezco la amabilidad y la deferencia que
ha tenido en múltiples ocasiones a lo largo de la mañana hoy, que ha sido
prolija para todos los que habitualmente forman parte de esta Comisión y
para quienes nos incorporamos accidentalmente.
Señor Feijoo, ha comenzado su intervención aportando un elemento
singular. Ha dado un dato estadístico de operaciones similares a las que
fue sometida, en su momento, la niña de dos años y cuatro meses Mane
Diarra Sech Moreno, y nos ha dicho que en los hospitales públicos
españoles en el año 1997 se han hecho 12.357 intervenciones similares y
que puede haber errores en alguna de ellas. Sin lugar a dudas, puede
haber errores en alguna de ellas, pero estamos hablando, señor Núñez
Feijoo, de unas vulgares vegetaciones. Lo primero que tengo que decir es
que a la hora de tipificar la enfermedad ha recurrido usted a lo que
solemos hacer los profesionales, dar el nombre científico, con lo cual se
puede producir un cierto elemento de oscuridad. Estamos hablando de una
niña de dos años y cuatro meses, sometida a una intervención de
vegetaciones, que se acompañó de una revisión y de un drenaje en sus
oídos y que, cuando se hace la primera revisión, el primer drenaje en uno
de sus oídos y se pasa al segundo, se desencadena eso que llaman los
profesionales de la medicina --a los que tengo un respeto considerable--
un accidente anestésico del que derivan consecuencias lamentablemente
graves: primero, una parada cardíaca más prolongada de lo debido que
dura, según mi información, entre cinco y diez minutos, que determina un
estado comatoso que desde el primer momento se vio de difícil
recuperación dado que había perdido riego sanguíneo y había quedado sin
oxigenar el cerebro durante un tiempo suficientemente dilatado. Eso
ocasiona una situación que se alarga en el materno-infantil de Badajoz,
que se prolonga lamentablemente para esta criatura en el infantil de La
Paz de Madrid, que determina una segunda intervención instalándole una
válvula como consecuencia de haberse detectado hemorragias cerebrales que
determinaron 40 ó 50 días después el óbito definitivo.
He querido decir algunas cosas, aunque con menos rigor técnico del que
puede emplear un profesional de la medicina, porque estamos hablando de
un suceso ocurrido en la medicina pública española entre 1997 y 1998,
pero estamos hablando de unas amígdalas. Puede haber incidentes de
recorrido, pero me parece que el panorama que usted ha descrito aquí es
un panorama que no voy a calificar, aunque es escasamente eficiente en
términos médicos y administrativos. En términos médicos porque no podemos
permitirnos ese tipo de fallos, o tenemos que hacer lo suficiente para
que ese tipo de fallos sean harto infrecuentes. En términos
administrativos por un hecho, el hecho de que vivimos, a Dios gracias y
para ventura de todos nosotros, en una sociedad de derechos en ascenso,
donde los ciudadanos quieren, pueden y me atrevería a decir hasta que
deben reclamar de las Administraciones públicas, de los servicios
públicos, un tratamiento y una condiciones que yo dudo que se hayan
producido en este caso.
Me hubiera gustado que el señor Núñez Feijoo hubiera dicho que el Insalud
ha tratado de averiguar qué es lo que ha ocurrido en ese quirófano y que
se hubiera responsabilizado la medicina pública de determinar si pudo
haber o no pudo haber un fallo mecánico o un fallo humano que afectó a
una niña, y luego que hubiera tratado de comprobar si el resto de los
servicios de la Administración, de la sanidad pública en Badajoz
funcionaron adecuadamente. Yo he procurado tener una información directa
de los afectados. Las informaciones que han aparecido indican que esta
familia humilde --esta niña era hija de un ciudadano de color y una
ciudadana española-- requirió información del otorrino, requirió
información de los médicos de la unidad de cuidados intensivos, requirió
información del director del materno-infantil y requirió información de
la directora provincial. Y es verdad que fue a los tribunales. No me
gusta hablar de lo que haríamos todos y cada uno, no me gustaría poner a
la niña ahí, pero lo cierto es que la niña entra el día 3, el incidente
ocurre el día 4 --estamos hablando de diciembre de 1997--, la denuncia,
si
no me equivoco, se produce el día 12 y la entrevista con la directora
provincial se produce el 16. La directora provincial habla de pocas cosas
referidas a la enfermedad de la hija de la señora Moreno, habla de
algunas consecuencias que se podían derivar para el anestesista, para el
director provincial, para el director del materno-infantil, para el
prestigio de la medicina pública en Extremadura, pero yo creo que en
estos casos y en estas circunstancias los servidores públicos --a mí no
me ha costado nunca, lo he dicho muchas veces, sentirme funcionario
público; tengo conciencia de haber hecho, antes que política, función
pública-- tenemos que hacer un esfuerzo muy claro y muy preciso para
poner al servicio de los ciudadanos la información máxima posible sobre
los eventos que han sucedido. Mire usted por dónde se le habló de los
riesgos profesionales del anestesista, de los riesgos profesionales del
director del materno-infantil, de los riesgos profesionales de la propia
directora, de las dificultades del Hospital de Badajoz y del de Don
Benito y, por qué no voy a decirlo, señor Núñez Feijoo, de las
posibilidades de resarcirle materialmente con una cantidad, entre otras
cosas porque la niña en aquel momento vivía, y si se hubiera mantenido en
vida hubiera necesitado disponer de una cama para permanecer en el
tiempo.
Yo sinceramente creo que nos hemos encontrado con un suceso --usted ha
dicho-- profundamente lamentable, pero tengo que poner en duda dos cosas:
elementos de pericia profesional que el Insalud debería averiguar en la
provincia de Badajoz, y no dejo de decir que me temo que hemos asistido a
hechos de rudeza administrativa, de tosquedad administrativa. Lo menos
importante en aquel momento, sinceramente, eran los 25 millones de
pesetas que los familiares dicen que se les ofreció como consecuencia de
que el hospital dispone de una póliza de riesgos para cubrir no sé si los
accidentes, no sé qué contingencia, no sé si alguna indemnización por
muerte, me gustaría saber a condición de qué se le ofreció a esa familia
este tipo de resarcimiento.
Señor Núñez Feijoo, yo lo lamento, lo lamento inclusive como ciudadano.
En España estas cosas se resuelven de otra manera; estas cosas no deben
suceder en la medicina --no voy a decir qué tipo de medicina-- española,
pero cuando suceden estas cosas, los profesionales y los responsables
administrativos y políticos quedamos emplazados. Sinceramente, para mi
grupo, el comportamiento de la directora provincial del Insalud de
Badajoz sólo merece una respuesta: su cese fulminante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Agradecemos la comparecencia del secretario
general, señor Núñez Feijoo.
La primera cuestión que le quiero plantear es que me da la impresión de
que usted no ha dicho todo. Usted, como secretario general de Asistencia
Sanitaria --decía algo parecido mi compañero en la intervención
anterior--, la preocupación, la obligación fundamental que tiene es la de
defender al conjunto de los ciudadanos y de la versión que usted está
dando yo tengo la impresión de que su preocupación fundamental no es
defender a los ciudadanos, y quiero creer que el informe que usted tiene
no procede del gerente del Hospital Clínico; supongo que no. Porque usted
no ha dicho, por ejemplo, que ayer mismo fue aceptada una querella por
injurias contra el gerente del Hospital Clínico --creo que ha sido así--
y que ha sido citado como imputado. Usted no ha dicho que el organismo
público, el centro público difundió a los medios de comunicación unas
afirmaciones que ponían en entredicho a la familia de la fallecida.
Imagínese lo que le estoy diciendo; usted, que se ha preocupado tanto de
decir que estamos en un procedimiento judicial y de alguna manera hay
unos trámites judiciales. La señora fallece --luego hablaremos de ello--
a las siete de la mañana y al mediodía la familia todavía no ha
conseguido que nadie certifique de qué ha muerto, porque parece ser que
ahí todo el mundo echa a correr y nadie asume la responsabilidad
organizativa de definir quién hace el certificado de fallecimiento. En
cualquier caso, como tienen que hacer, como cualquier ciudadano normal,
denuncian --lo ha dicho usted-- y terminan yendo al juzgado, pero
terminan yendo al juzgado y resulta que en todos los medios de
comunicación se encuentran con una denuncia hecha por el centro o con una
comunicación a la opinión pública de unos hechos que, además, resulta que
son falsos.
A mí hay una cosa que me ha preocupado de su intervención. Me ha dado la
sensación --y quiero creer que no es así-- de que cuando he hecho algún
comentario sobre si los familiares estaban o no estaban quería deducir
algo. Como los demás no sabían de qué iba el hecho, supongo que no lo
podían relacionar, pero yo sí lo he querido relacionar. A lo mejor usted
no, pero si hubiera conocido el ambiente de los medios de comunicación
durante todos estos días alrededor del fallecimiento podría entender mi
suspicacia cuando usted hace algún tipo de referencia a si estaba o no la
familia.
Usted sabe que por el organismo se difundió públicamente a los medios de
comunicación que la familia trataba mal a la fallecida. Luego, el
responsable del hospital ha tenido que pedir disculpas públicamente, qué
remedio, cuando se ha demostrado que los hechos son tan falsos como que
los días en que se denunciaba esa mala atención a la pobre señora estaba
en el hospital; supongo que no se referían a la mala atención del
hospital. Y al final el juzgado ha tenido que admitir una querella por
injurias y también se está tramitando --no estoy prejuzgando, Dios me
libre-- una querella por posible delito de imprudencia temeraria.
Yo creo, vuelvo a insistir --y no estoy entrando en si ha habido o no
mala atención médica por parte de los profesionales; no voy a entrar en
eso e incluso doy por supuesto que ha sido buena, ya que no tengo por qué
tener dudas al respecto y, en cualquier caso, hay investigaciones
abiertas y se determinará la existencia de ese tipo de
responsabilidades--, que su papel es fundamentalmente defender al
conjunto de los ciudadanos y, por supuesto, manifestar claramente cuál es
la realidad, y con ello no quiero decir que usted tenga que estar en
contra de, Dios me libre.
Al margen de la versión que aparece en los medios de comunicación, yo
personalmente, como mi compañero --quizá por nuestra labor de
diputados--, hablo también con los ciudadanos, y no sólo con ellos, sino
también con los profesionales, porque al final uno tiene que hablar con
todos, pero fíjese que cuando aparecen en los medios de comunicación
hechos como el que nos ocupa, aparecen datos como el de la sala de
televisión, que la ropa de la madre estaba en una bolsa en el suelo y
ella estuvo tres días sin poder asearse --puede que sea una exageración,
no lo sé--, que para avisar a las enfermeras tenía que golpear con un
bastón en una mesa, que cuando llegaba su hijo --eso lo entiendo porque
puede ser perfectamente compatible-- la llevaba al baño --parece
normal--, y que el sábado, día en que fallece a las siete de la mañana,
al final del día seguía sin haber un certificado médico.
También hay que contrastar lo que usted dice con lo que dicen no los
familiares, sino la Junta de personal del hospital, que dice que se han
dirigido en reiteradas ocasiones a la dirección gerencia de ese centro
para hacerles notar que la prestación sanitaria se está realizando en
estos momentos en condiciones precarias --la Junta de Personal de la que
forman parte Comisiones, UGT, CGT, USO, CSIF, etcétera-- y que los
cuartos de televisión no reúnen las mínimas condiciones para la
instalación de pacientes. Y debe de ser así, porque después de lo que ha
ocurrido se ha terminado, ¡qué remedio!, ya que la repercusión ha sido
fuerte, pero hay cosas que no se han planteado. Y en el mismo mes, antes
y después del hecho nos encontramos con cosas sorprendentes, señor
secretario general; informaciones como que «el Clínico estrena medios del
siglo XXI» (7 de marzo de 1998). Podría citarle otras cosas que aparecen
después de los hechos, porque supongo que la obsesión es saber cómo se
consigue olvidar semejante cosa, que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque a
mí me da la sensación de que existe una preocupación especial sobre lo
que yo denominaría política de pasarela, que tiene muy poco que ver con
la gestión. En la circunscripción de la que procedo tengo que estar
oyendo hablar permanentemente de las enormes inversiones que se están
efectuando. Lo malo es que se están gastando ustedes las del próximo
Gobierno ya, no las de éste, las del siguiente, y cuando leo luego otro
tipo de datos de los presupuestos, me encuentro con que las cosas son
como son y, desde luego, no como dicen que son.
¿Y qué es lo que me parece a mí? Se han admitido dos querellas en este
caso, dos, pero, al margen de eso, se están planteando muchas dudas. Por
ejemplo, usted ha dicho que todo está bien, salvo que el lugar no era el
adecuado, pero que lo demás estaba bien. Ojalá. Pero fíjese que el
responsable de la sanidad aragonesa --le leo esto aunque podría leer
todos los puntos que seguro que usted se conoce, porque todavía dicen
muchas más cosas--, que forma parte de un Gobierno del Partido Popular,
PAR, dice que la situación del Clínico es delicada --los únicos,
asistencia en precario--, y usted dice lo que ha dicho, pero a mí me
parece que ha dejado usted sin contestar muchas cosas y sin resolver
muchas dudas que yo tengo y que le planteo en este momento, porque aquí
se trata de ver si el problema está resuelto para el futuro.
¿Desde cuándo se están utilizando las salas de televisión? Porque usted
me ha dado un índice de ocupación del que se deduciría que están
durmiendo en el suelo, porque está por encima de cien. Las camas que
figuran en las salas de ocupación ¿figuran en los índices de ocupación?
Yo le adelanto entre paréntesis, con interrogantes y comillas, que a mí
me habían dado unos índices de ocupación más bajos, pero yo no tengo
ningún dato para no creerle a usted; aquí me pilla. Yo tenía otro dato de
los índices de ocupación en los meses de enero, febrero y marzo, pero, en
cualquier caso, lo que le puedo asegurar es que, según los índices de
ocupación de los demás hospitales a los que usted se ha referido, muchos
de ellos podían haberse utilizado mediante acuerdo o convenios. Lo dice
todo el mundo, porque, como todo el mundo sabe, en aquella comunidad
autónoma y en Zaragoza se sabe que hay hospitales que están medio vacíos.
Yo no entro ni salgo; seguro que usted sabe mucho más que yo de eso.
¿Quién es el responsable de que haya ocurrido lo que ha ocurrido en los
medios de comunicación, denunciando a los familiares de esa señora?
Porque si hay un responsable de eso, yo le pregunto si ustedes han tomado
algún tipo de medida o expediente disciplinario para resolver lo que ha
pasado allí; en el juzgado ya está y están citados como imputados.
Señor presidente, voy muy rápido. ¿No le parece a usted que es un poco
vergonzoso que el hospital se meta con la gente que va allí? Aunque el
hospital tuviera razón, pero es que en este caso, además, no la tenía. Yo
creo que es gravísimo. ¿Es cierto que se estaban utilizando las salas de
televisión para ingresar a pacientes de cirugía programada? No vaya a ser
que sus obsesiones --o las obsesiones que puedan tener en aquel centro
hospitalario-- den lugar a que estemos planteando también las salas de
televisión no sólo para cirugía de urgencias, que podríamos hasta
entenderlo, sino para cirugía programada. Dicen que sí.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señoría. La llamada telefónica
que he recibido es un mandato de la Cámara al asesor letrado para que
levantemos la sesión.
El señor GIMENO MARIN: Le comprendo perfectamente. Voy a ir muy rápido,
señor presidente, si me lo permite.
El señor PRESIDENTE: Perdone también el compareciente, señor Núñez
Feijoo, porque no es un mandato de esta Presidencia, sino de la
Presidencia de la Cámara.
El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, con la flexibilidad con la que
entiende usted los mandatos, en poquísimo tiempo habremos terminado.
¿Cuántas camas hay en las salas de televisión durante estos dos últimos
años? ¿Es cierto que en el resto de los hospitales públicos de Zaragoza
hay camas libres y que ustedes
no las han utilizado en este caso, con el problema de las obras del
Hospital Clínico? ¿Están haciendo algo para que la distribución de camas
entre agudos y crónicos sea la adecuada? ¿Cuál es la situación de los
planes estratégicos de los hospitales, incluido el Hospital Clínico,
señor secretario general? ¿Es cierto o no que se pretende encargar a
consultorías privadas esos planes estratégicos, incluido igualmente el
del Hospital Clínico? ¿Es cierto o no que el Hospital Clínico está en una
situación delicada, como dice el responsable de Sanidad?
Estas son preguntas que usted debería contestar para dejarnos más
tranquilos. (El señor Corominas i Busqueta pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Entiendo lo que manifiesta el señor
presidente, pero si se suspende la sesión, debería continuarse mañana al
finalizar el pleno, porque este tema exige clarificación y respuestas.
El señor PRESIDENTE: Pienso que lo que está en trámite lo terminamos,
pidiendo, como ya lo he hecho, mucha brevedad.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, la comprensión es total. Es
decir, se suspende la sesión inmediatamente y continuamos más tarde. Lo
que no se puede hacer es negar a un grupo parlamentario el derecho a
intervenir en un trámite. Acepto la suspensión, pero continuemos otro
día. Si hoy no se puede, yo lo acepto, repito, pero habrá que continuar.
El señor PRESIDENTE: Señorías, solicito su comprensión porque estamos
infringiendo el Reglamento.
La señora MAESTRO MARTIN: Insisto, en que yo acepto que se suspenda la
sesión, porque no quiero infringir el Reglamento, pero lo que no acepto
es que, por la vía rápida, se me quite la palabra.
El señor PRESIDENTE: Apelo a la responsabilidad de los miembros de la
Comisión. El tema está debatido salvo las intervenciones que restan y la
contestación del señor compareciente.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Yo pediría que, bien esta noche, al
terminar el Pleno, o cuando termine mañana, se continúe la sesión en el
momento en que estamos.
La señora MAESTRO MARTIN: Quizá sea lo más razonable, porque el señor
Núñez Feijoo tendrá que responder, y tendrá que hacerlo adecuadamente, e
intervendrá el Grupo de Izquierda Unida, aunque sea brevemente.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: ¿Mañana al terminar el Pleno?
El señor PRESIDENTE: Parece una propuesta más sensata que hacerlo al
terminar el Pleno de hoy.
El señor VILLALON RICO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular
considera que es lógico que el debate se ajuste en sus términos justos
--valga la redundancia-- con la intervención de todos los grupos
parlamentarios que lo deseen, y creemos que sería mejor seguir mañana con
dos puntos del orden del día porque la hora a la que pueda terminar el
Pleno esta tarde es difícil de prever. Estamos de acuerdo en que se haga
mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuaremos mañana a la finalización del
Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y cinco minutos de la tarde.