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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 445, de 22/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 445
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 22 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la protección y conservación del atún rojo en el
Mediterráneo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/000639) (Página 12834)
--Sobre el establecimiento de una ayuda suplementaria al sector de la
producción de aceite de oliva. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán, Convergència i Unió (Número de expediente 161/000453) (Página 12838)
--Relativa a la adopción de medidas para fomentar y potenciar los
programas Leader y Proder. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 161/000884) (Página 12843)
--Sobre cumplimiento del Acuerdo de cooperación en materia de pesca
marítima firmado entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea (UE).
Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000885)
(Página 12848)
--Relativa a la adopción de medidas cautelares ante la posibilidad de
aumento en dos meses de la parada biológica para la flota cefalopodera.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 161/000869) (Página 12848)
--Sobre la cantidad nacional garantizada de algodón sin desmotar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número
de expediente 161/000949) (Página 12853)
--Por la que se insta al Gobierno a que realice las gestiones necesarias
a fin de acelerar la constitución de un organismo multilateral para la
gestión y conservación de las actividades pesqueras en la zona de aguas
internacionales del Atlántico Sudoccidental. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000947)
(Página 12855)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- RELATIVA A LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL ATUN ROJO EN EL
MEDITERRANEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 161/000639).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 28 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Previamente quisiera anunciarles que las votaciones se realizarán después
de las doce agrupándolas una a una al final de la sesión.
Por acuerdo de los portavoces, vamos a iniciar esta sesión por la
proposición que figura en el orden del día con el número 2: Proposición
no de ley relativa a la protección y conservación del atún rojo en el
Mediterráneo, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Quiero dar las gracias al resto de los
portavoces por haber aceptado la petición de este humilde servidor en el
sentido de que se tramitara en primer lugar esta proposición. El motivo
de esta iniciativa, que fue presentada hace casi un año, es la
preocupación por la pesca del atún rojo en aguas del Mediterráneo. Este
tema se debatió en la Comisión de Agricultura del 17 de octubre de 1996,
donde se puso encima de la mesa la preocupación, la sensibilidad, la
inquietud de todos los grupos parlamentarios respecto a la pesca
indiscriminada que se estaba produciendo en el mar Mediterráneo de esta
especie, del atún rojo, y los efectos negativos que por la utilización de
artes destructivas y la pesca indiscriminada se estaban causando sobre
esta especie en el mar Mediterráneo, tan apreciada y de tanto valor. La
preocupación por el mantenimiento de esa especie en esos caladeros nos
llevó a adoptar un acuerdo unánime el 17 de octubre de 1996, en la línea
de acentuar aquellas líneas de defensa, de que se hiciera una pesca
racional, una pesca con artes no destructivas, para garantizar la
pervivencia de esta especie en el mar Mediterráneo.
Aquella misma sensibilidad es la que ha movido a Unión Valenciana a
presentar esta iniciativa de nuevo. Transcurrido un año y medio desde que
se aprobara por unanimidad de esta Comisión aquella iniciativa, hemos
comprobado cómo se han tomado algunas decisiones, como apuntaba el
portavoz del Grupo Catalán hace un momento, sobre la ampliación de las
millas territoriales, etc., pero sigue estando latente el problema porque
muchas de las cuestiones planteadas y aprobadas hace un año están encima
de la mesa.
Desde la primavera de 1997 hasta el final del verano se volvieron a
reproducir los acontecimientos que existían en años anteriores, sobre
todo en 1994, 1995 y 1996.
A pesar de la propuesta aprobada en octubre de 1996, no llegamos a
tiempo, y desde el inicio de la primavera de 1997 hasta el final del
verano, época en la que se produce el desove del atún rojo en nuestro
litoral, se volvió a producir la captura indiscriminada por artes
destructivas de pesca, sin respetar ningún tipo veda ni los acuerdos,
recomendaciones y consejos de las instancias competentes en materia de
pesca, que han originado que en el año 1997 vuelvan a producirse estos
hechos. Estamos ya en plena época, recién estrenada la primavera, y creo
que no lo vamos a poder evitar en 1998. Se va a producir con la misma
intensidad que en los años 1994, 1995 y 1996. Como mínimo tenemos que ser
no excesivamente pesimistas, pero creo que hay que ser realistas. En el
año 1998, con la entrada de la primavera y hasta un poco más allá del
final de agosto, podemos encontrarnos con los mismos hechos y no vamos a
poder remediarlo.
Creo que debemos tomar cartas en el asunto. Ese es el motivo por el que
Unión Valenciana el 9 de julio de 1997 presentó esta nueva proposición no
de ley, intentando entrar en aquellas cuestiones que en el primer debate
del año 1996 no abordamos y que parece ser una cuestión que se está
planteando en otros Estados de la Unión Europea ribereños del
Mediterráneo, que ya están poniendo el grito en el cielo de que hay que
tomar decisiones firmes desde la Unión Europea. Hay que hacer estudios,
hay que hacer un plan de actuación para proteger y conservar al atún rojo
en el Mediterráneo. Por ello, oyendo a las propias cofradías
de pescadores, a los grupos ecologistas y gente con sensibilidad por
preservar el futuro de esta especie, del atún rojo en el Mediterráneo,
presentamos esta proposición no de ley, para que de una vez por todas
abordemos con firmeza desde el Gobierno este tema, con un mandamiento
claro y rotundo de que España sea quien tome la bandera de esta
protección del atún rojo y lleve a las instancias europeas y a todos los
foros internacionales donde se debata el futuro del atún rojo, del atún
atlántico --a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico y a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, así como a
las instancias europeas--, la voz cantante, así como unas propuestas
claras y rotundas para la preservación y la conservación de esta especie.
En el propio texto de la proposición se establece esta petición, muy
clara y muy rotunda, de que el Congreso de los Diputados inste al
Gobierno para que el Ministerio de Agricultura elabore y apruebe un plan
de protección y conservación del atún rojo del Mediterráneo y sea elevado
como documento de trabajo ante la Comisión Europea y ante las instancias
comunitarias competentes en materia de pesca, así como ante los
organismos internacionales, los foros internacionales donde se discuten
las cuestiones de la pesquería, cualquiera que sea su especie. En el caso
concreto, ya específico, de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (el ICAT), que se tomen cartas en el
asunto y se ponga en marcha en 1999, si es que llegamos tarde este año,
este plan para que se garantice la supervivencia de esta especie tan
importante por su repercusión económica en el Estado español, el atún
rojo que se pesca en las aguas del Mediterráneo.
Este plan que nosotros presentamos en defensa y preservación de la
especie del atún rojo, como se establece en la proposición, debería
contener algunos extremos, algunos puntos que nosotros consideramos
básicos. Por ello entro a valorar de alguna manera la enmienda que se ha
presentado por parte del Grupo Popular. Porque sí que es verdad que con
posterioridad a la presentación de la proposición no de ley de Unión
Valenciana se han adoptado por el Gobierno español algunas medidas
importantes que abarcan algunos de los puntos. Aquí se habla de gran
cantidad de los puntos reseñados en la iniciativa. Puede ser cantidad,
pero no la totalidad de los puntos.
En el debate del año 1996, y en otros que ha habido incluso en instancias
europeas y en foros internacionales en materia de pesca, se habla en
concreto de que no hay estadísticas claras, rotundas y concretas, que no
hay estudios fiables de cuáles son la cuantías que en los últimos años se
han extraído irregularmente por medio de artes destructivas y que no se
sabe exactamente las toneladas que se han extraído por esta pesca
fraudulenta del atún rojo en el mar Mediterráneo. Creo que es importante
en concreto uno de los puntos que establecemos, en el sentido de que en
ese plan para la defensa y preservación de la especie deberían
establecerse controles y sanciones por capturas y ventas de atunes
juveniles, así como un estudio de la conveniencia de aumentar el peso
mínimo reglamentario, que en la actualidad está en 6,4 kilos. Yo creo que
en ese punto concreto no se han tomado decisiones ni medidas por parte
del Ministerio. Creo que es importante, porque también se ha apuntado la
posibilidad de que ese peso mínimo reglamentario, que ahora está en 6,4,
podía ser conveniente que fuera 7,5, 8, 6,8 ó 6,9. Ese estudio creo que
sería importante.
Respecto a los controles y las sanciones por captura y venta de atunes
juveniles, creo que nunca sería suficiente el esfuerzo y las medidas a
adoptar en esa línea, porque ahí es donde se están produciendo verdaderos
estragos, poniendo en peligro esta pesquería en un futuro no más allá,
como dicen algunos agoreros, del 2010. En ese año podría estar poniéndose
en peligro serio de desaparición esa especie como no se tomen cartas en
el asunto; en concreto, los controles y sanciones por capturas y ventas
de atunes juveniles y que por lo menos se estudie en profundidad la
conveniencia o no de aumentar el peso mínimo reglamentario, que en la
actualidad --repito-- es de 6,4 kilos.
Pero si ese punto primero de la recomendación que hacemos en nuestra
proposición es importante, el punto tercero no lo es menos. Porque todos
los grupos parlamentarios coincidimos el 17 de octubre de 1996 en hablar
de que no había estadísticas serias, rigurosas, en profundidad, que
valoraran y tomaran conciencia de lo que se había pescado irregularmente,
lo que se estaba pescando y lo que, como no tomáramos cartas en el
asunto, podía dejar de pescarse porque desapareciera la especie. Por lo
tanto, nosotros lo que pedimos es la elaboración de unas estadísticas
serias, rigurosas, con la participación de todos los Estados implicados
de la Unión Europea y de todos los Estados que han firmado algún tipo de
acuerdo de preservación en los organismos internacionales; es decir, que
se elaboren unas estadísticas que reflejen el nivel real de capturas para
saber con qué estamos jugando. Y también el establecimiento de medidas
serias y rigurosas para el control exhaustivo de las capturas, accesos a
puertos y desembarcos efectuados, para poder llegar a un nivel de
conocimiento firme y lo más real posible para la confección de esas
estadísticas. Es evidente que en esos dos puntos no se han tomado todas
las medidas con la firmeza que nosotros hubiéramos deseado y que creo se
puso de manifiesto por todos los grupos parlamentarios.
También nosotros planteábamos la reducción de la intensidad de pesca
sobre estas especies. Tengo que reconocer que se han tomado algunas
iniciativas respecto a la aplicación y la promoción de medidas
disuasorias a aquellos buques que faenan en el Mediterráneo y que, por su
tamaño, métodos e infraestructura de pesca, practican unas capturas que
incumplen medidas de conservación acordadas internacionalmente. Pero
siguen escapándose del cerco (nunca mejor dicha la expresión) muchos
países y muchos barcos que faenan en nuestro litoral. Se está poniendo en
peligro el atún rojo por esas artes destructivas, lo que está haciendo
creer que esta especie puede tener un futuro no muy halagüeño debido a la
manera irracional con que se está llevando a cabo esa pesca.
Nosotros presentamos esta iniciativa desde el único y exclusivo
planteamiento de la preservación, defensa y conservación del atún rojo.
Pensamos que España tiene que adoptar esa posición delantera en la
defensa de estos planteamientos.
Lo que pretendemos es que se mantengan aquellas posibilidades para la
pesca tradicional, la que utilizan nuestros pescadores con anzuelo en la
captura del atún rojo, que es sin ninguna duda una pesca más selectiva,
más ecológica y que, en consecuencia, no pone en peligro la supervivencia
de esta especie.
Por lo tanto, con esta intencionalidad se presenta nuestra iniciativa y
solicitamos el apoyo de los grupos parlamentarios. Aunque se reconoce por
parte de Unión Valenciana que se han tomado algunas decisiones
importantes, ni mucho menos han sido las necesarias, las que en el
espíritu de las intervenciones de todos los grupos se dejaron patentes en
la Comisión de Agricultura del 17 de octubre del año 1996. En la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular se establece que se gestione ante la
Comunidad Europea la elaboración de un plan para la protección y
conservación del atún, sin especificar nada más. En la justificación se
dice que se han tomado por parte del Ejecutivo medidas que abarcan una
gran cantidad de los puntos reseñados en esta iniciativa. Yo tengo que
discrepar, porque se han tomado algunos puntos que están contemplados en
la iniciativa que presenta Unión Valenciana, pero no la gran cantidad.
Creo que lo más importante son los controles, las sanciones por capturas
y el establecimiento de controles exhaustivos para las capturas, los
accesos a puertos, en aras a la elaboración de esas estadísticas que
reflejen el nivel real de capturas, para que de una vez por todas sepamos
lo que se ha pescado irregularmente, lo que está pescándose
fraudulentamente con artes destructivas para la especie, y con unos datos
fieles y lo más aproximados a la realidad podamos afrontar el futuro,
para evitar, como dicen algunos agoreros, que en el 2010 esta especie
pueda estar en peligro serio de extinción. Debemos establecer los
cimientos para que la pesca del atún siga durante muchos años siendo el
medio de vida de miles y miles de pescadores del litoral mediterráneo del
Estado español y de otros países de la Unión Europea.
Con ese ánimo se presentó la iniciativa y con ese ánimo solicito el apoyo
de los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley presentada por
Unión Valenciana en defensa de la supervivencia del atún rojo en el
Mediterráneo.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su presentación
y fijación de la posición de su grupo, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Popular, señor Ricomà.
El señor RICOMË DE CASTELLARNAU: Qué duda cabe que la intención
perseguida por Unión Valenciana con la presentación de la proposición no
de ley que ahora debatimos es compartida probablemente por todos los
grupos de la Cámara y con toda seguridad por el Grupo Popular, al que
represento.
La protección de los recursos marinos, como garantía de supervivencia del
sector, es el primero de los mandamientos por los que debe regirse toda
política de pesca. Si a ello añadimos las más que evidentes
circunstancias que confluyen en el atún rojo (ya se ha dicho, pero
recuerdo que tiene como zona casi exclusiva de cría el Mediterráneo
occidental, con la consiguiente presión pesquera que ello conlleva, en
muchos casos incontrolada por tratarse de buques de diversas
nacionalidades, muchos de ellos con bandera de conveniencia, e incluso
algunos de ellos sin bandera), coincidiremos en la necesidad de la
presencia de medidas específicas encaminadas a su protección y a su
conservación.
De ahí que compartamos, como decía, la intención del grupo proponente; si
bien, y afortunadamente, le debemos recordar que los puntos que sugiere
para materializar esta intención han sido ya en muchos casos, en la gran
mayoría de los casos, atendidos por el Gobierno, básicamente mediante el
Real Decreto de 26 de agosto de 1997, por el que se crea una zona de
protección pesquera en el mar Mediterráneo, desde el cabo de Gata hasta
la frontera francesa, englobando todas las aguas, hasta la equidistancia
con los países ribereños, y también por el Real Decreto que regula la
pesca de túnidos y especies afines en el Mediterráneo.
Con la primera de estas normativas mencionadas se amplió la zona de
soberanía del Estado español a efectos de conservación de los recursos
pesqueros, gestión y control de la actividad, facilitando así la
aplicación de una política adecuada de conservación de recursos, que
hasta ahora era prácticamente imposible, por estar restringido su ámbito
de aplicación a las 12 millas de mar territorial. Desde hace poco más de
medio año, las autoridades españolas pueden abordar e inspeccionar las
artes y capturas de los barcos que faenan en la zona y sancionar a los
infractores. Con ello se cumple la necesidad de adoptar medidas
disuasorias para los buques que incumplen las medidas de conservación
internacionales; y con ello, lógicamente, se da respuesta a lo que ha
indicado el señor Chiquillo de la pesca indiscriminada de barcos
extranjeros de cerco, que aprovechaban la falta de ámbito para aplicación
de esta medida que existía hasta que se promulgó el real decreto.
El segundo de estos reales decretos faculta al Ministerio de Agricultura
para expedir las autorizaciones de pesca, establecer limitaciones en los
niveles de esfuerzo, así como la fijación de los límites máximos de
captura, con objeto de adecuar los recursos existentes a la capacidad de
la flota. Dicha regulación se completa con la obligatoriedad de los
capitanes de los buques a remitir a la Secretaría General de Pesca
Marítima una comunicación sobre el número, el peso, los días de pesca, el
puerto de descarga y el destino de las especies capturadas.
Mención aparte, por su especialización, requiere lo que es la pesca del
atún rojo mediante el arte de cerco; especialización que ha sido también
debidamente atendida en esta regulación. La exigencia de que las
embarcaciones tengan que estar censadas, inscritas en el censo de flota
pesquera operativa, que tengan que llevar el diario de pesca y que tengan
que cumplimentar la declaración de desembarque, son medidas que han
tenido muy buena acogida en el sector, como he podido constatar
personalmente, ya que la gran mayoría de la flota que utiliza este arte
se encuentra ubicada en puertos de la provincia de Tarragona,
concretamente en L'Ametlla de Mar y en San Carlos de la Rápita, sector
que ha entendido que el establecimiento de
reglas de juego es la garantía de un final exitoso en el mismo.
En relación con el aumento de las medidas de control y sanción por
captura de atún juvenil, debemos señalar que desde primeros de año ya se
encuentra operativo un nuevo patrullero de altura, el Alborán, con base
en Cartagena, y que, entre otros objetivos, tiene como fundamental tarea
vigilar la zona a ampliar. En este contexto, en cuanto a medidas de
vigilancia aérea, está prevista también la compra de un avión que
complemente a los dos helicópteros de reconocimiento que tenemos ya con
base en Alicante y en Jaén. Tampoco podemos olvidar la colaboración que
existe con la Armada mediante el establecimiento de un plan de vigilancia
e inspección en el Mediterráneo, en aguas españolas y en aguas
internacionales adyacentes, con el embarque periódico de inspectores de
la Secretaría General en patrulleros costeros, para tratar de impedir la
actividad pesquera de buques extranjeros no autorizados en aguas
jurisdiccionales españolas, conocer la presencia de buques extranjeros en
aguas próximas al mar territorial español y evitar conflictos entre
buques pesqueros españoles y de otras nacionalidades que pudieran
concurrir en un mismo caladero. (El señor vicepresidente, Amarillo
Doblado, ocupa la Presidencia.)
Por todo ello, entendemos que la proposición no de ley de Unión
Valenciana, redactada en sus actuales términos, no tiene ya razón de ser.
Solicita lo que en un elevado porcentaje es real, está ya vigente; si
bien, y para que de este debate pueda salir un texto que satisfaga la
sensibilidad que entendemos que tienen todos los grupos en cuanto a la
protección del atún rojo, hemos presentado una enmienda de sustitución
que entendemos supone un paso más, el siguiente, en la tarea de proteger
el atún rojo, basando su contenido en las medidas ya aprobadas en el seno
del ICAT, en el seno del Consejo General de Pesca del Mediterráneo y en
la propia Comunidad Europea. Tales medidas, referidas a tallas mínimas de
captura y desembarque, vedas, prohibición del empleo de aparatos aéreos
de apoyo, redes de deriva superiores a los 2,5 kilómetros, son
obligatorias y vinculantes para las partes contratantes de los estamentos
citados anteriormente, entre los que se encuentra Italia y también
Francia. Y digo Francia porque, con una flota cerquera de prácticamente
40 buques, es quien mayor presión ejerce ante nuestras costas.
Por ello solicitamos a Unión Valenciana la aceptación de esta enmienda de
sustitución, entendiendo que se trata de un segundo nivel, una vez que,
superado el primero, que coincidía con lo solicitado en su proposición no
de ley, deberemos seguir para llegar a ese objetivo común de garantía, de
dar garantía de futuro a la pesca del atún rojo en nuestras aguas.
Por todo ello, reiteramos la petición de apoyo a los grupos y la
aceptación de la enmienda a Unión Valenciana.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Grupos que quieran fijar
posición? Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
ha demostrado, especialmente a lo largo de esta legislatura, en las
diferentes intervenciones que hemos tenido, la sensibilidad por ese tema,
y por tanto compartimos también la preocupación que ha puesto encima de
la mesa el diputado de Unión Valenciana señor Chiquillo.
Hemos intervenido en diferentes ocasiones en comparecencias del
secretario general de Pesca, poniendo encima de la mesa la preocupación
sobre la pesca indiscriminada del atún rojo en el Mediterráneo, sobre las
consecuencias que tenía. Pero también tenemos que decir que en la
proposición no de ley que se aprobó en el Congreso nuestro grupo
parlamentario presentó una serie de enmiendas de adhesión que se
incorporaron al texto yen lascuales pedíamos, entre otras cosas, lo
siguiente: elaborar un censo de barcos españoles atuneros dedicados a la
pesca del atún, impulsar a nivel comunitario la implantación de medidas
de control necesarias que eviten la captura indiscriminada, dar órdenes
oportunas para mejorar el control de la carga y descarga del pescado,
para facilitar los puertos, y de forma especial, por lo que se refiere al
atún rojo, facilitar el cumplimiento de las recomendaciones del ICAT. De
hecho, la preocupación, como decía antes, del Grupo de Unión Valenciana
yo creo que es compartida por todos los grupos de la Cámara.
De todas formas, pienso que en este momento se ha dado un paso
importante. Lo cierto es que uno de los graves problemas que teníamos en
aquel momento era la dificultad del propio Gobierno, del propio Estado,
del control de los buques de terceros países en el Mediterráneo. De
hecho, de todos es conocido que teníamos sólo 12 millas y luego ya eran
aguas internacionales, y allí no había normativa para poder aplicar, por
lo tanto hacían verdaderas barbaridades. En este momento, gracias al Real
Decreto del 1 de agosto de 1997, en el que se establece la protección
pesquera en el mar Mediterráneo, se ha hecho una ampliación importante de
la zona exclusiva, lo que supone que todos los barcos que pesquen en el
Mediterráneo deben cumplir la normativa europea, que a nuestro entender
en algunos casos puede ser suficiente.
También es importante que en febrero de 1998, por lo tanto hace unos
meses sólo, el Ministerio de Agricultura ha aprobado un real decreto por
el cual se regula el ejercicio de la pesca de los túnidos y especies
afines en el Mediterráneo, y en el cual quedan perfectamente definidos
las artes y los aparejos autorizados, queda perfectamente definido la
obligatoriedad del censo de buques cerqueros dedicados a la captura del
atún rojo, el control de las capturas, y básicamente eran las peticiones
que hacíamos en aquel momento. Por lo tanto, el panorama, a nuestro
entender, ha cambiado sensiblemente desde el año 1996 hasta este momento.
Lo que tiene que hacer en este momento el Ministerio, si ya tiene
herramientas, es que se cumpla la normativa, por lo que yo creo que en
ese caso se podría dar un paso adelante importante.
Nosotros estaríamos más de acuerdo con la enmienda que ha presentado el
Grupo Popular, de cara a que realmente el ICAT prepare un plan de acción
para la preservación de los túnidos en el Mediterráneo y que el
Ministerio
cumpla con su obligación, que es hacer cumplir su propia normativa.
Señor presidente, señoras y señores diputados, en el caso de que Unión
Valenciana aceptase la enmienda del Grupo Popular, nosotros la
votaríamos, porque entendemos que eso puede ser una buena solución para
el tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo de Izquierda
Unida, el señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Solamente para manifestar nuestro apoyo a la
iniciativa presentada por Unión Valenciana y esperar que podamos votar un
texto que sea positivo para el sector, como ya lo fueron los anteriores
que ha votado esta Cámara, en un problema en el que todos los grupos
hemos manifestado en algún momento o en otro nuestra preocupación.
En ese sentido, quiero recalcar que el sector pesquero español no vive
precisamente sus mejores momentos, por lo que debe ser preocupación del
Gobierno intentar que no solamente no se den pasos hacia atrás, sino que
vayamos mejorando, por lo menos en las zonas en las que podemos pescar
con mayores posibilidades.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa. Y
esperemos que, si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pueda ser
aprobada por la mayoría de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Socialista, el
señor Blanco tiene la palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Señorías, con suma brevedad para indicar que el
Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación en relación al
atún rojo del Mediterráneo que se ha puesto sobre la mesa. Ya en su
momento ha sido objeto de debate en esta Comisión y también ha sido
objeto de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Señorías, estamos en un momento en que empieza a elevarse a categoría de
normal una preocupación, no solamente del sector sino de muchos
ciudadanos, para promover una pesca responsable. Promover una pesca
responsable es aquella que garantice el futuro de los recursos pesqueros;
promover una pesca responsable es tratar de garantizar un patrimonio que
es de todos y que todos debemos estar implicados en su defensa.
Estos días estamos viendo, no en relación con este tema pero sí con las
reivindicaciones de utilizar artes selectivas que no promuevan pesca
indiscriminada, etc., cómo Greenpeace, en relación a las volantas, está
haciendo un gran trabajo de concienciación de la sociedad en relación al
uso de un tipo de artes.
Aquí estamos ante una situación que nos preocupa. Es verdad que se ha
avanzado en cuanto al establecimiento de una legislación propia que
posibilita tener el instrumento legal adecuado para tratar de avanzar en
la erradicación de determinadas conductas que son lesivas para los
intereses del atún rojo del Mediterráneo.
Por eso, señorías, compartimos la iniciativa que ha presentado Unión
Valenciana. Compartimos también todas las recomendaciones que, bien desde
la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICAT),
o bien desde la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, se han venido
promulgando a lo largo del tiempo. Aun así, entendemos que no es
suficiente con tener una legislación adecuada si no se garantiza el
cumplimiento de la misma. Y hasta ahora la práctica nos venía demostrando
que terceros países no respetaban precisamente los acuerdos a los que me
he referido.
Para concluir, señor presidente, nosotros apoyaremos la iniciativa de
Unión Valenciana, de la misma forma que apoyaremos, si aceptan la
enmienda, la que se ha presentado. Existe un dicho que lo que abunda no
daña, y en este caso ser reincidentes, perseverar en una reivindicación
que entendemos que lo único que promueve es la pesca responsable, que lo
único que va a garantizar es los recursos pesqueros, es conveniente
hacerlo. En este sentido manifestamos nuestra intención de votar
favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): El señor Chiquillo tiene la
palabra para fijar posición.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente. Visto cuál es el espíritu, que
es el mismo que presidió el anterior debate celebrado en esta Comisión en
octubre de 1996, respecto a la proposición no de ley también en defensa
de esa especie, que nos ha movido en la defensa del atún rojo (ya en su
día ese espíritu era, desde el consenso y el sentido común, hacer un
frente común, valga la redundancia, en defensa del atún rojo y evitar que
se esquilmen los fondos marinos del Mediterráneo por artes irregulares de
pesca), creo que después de las aportaciones de los grupos y la llamada
al consenso en esa línea desde Unión Valenciana se va a aceptar la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Todo ello con el
compromiso, que dejo aquí encima de la mesa, de que se pongan en marcha
estas medidas en la fecha en que se reproduce esta especie, es decir,
entre el principio de la primavera y el 31 de agosto. En caso contrario,
en septiembre u octubre volvería a plantear esta cuestión. A pesar de que
hay muchas cosas en marcha, nosotros pensamos que debería haber más, y
esperemos que este año no sea tan malo como han sido los anteriores en
esa pesca indiscriminada que está esquilmando el atún rojo de los fondos
marinos del Mediterráneo.
En aras a ese consenso y en defensa de lo que en el espíritu y en la
letra de mi proposición se recoge, que es la protección, defensa y la
garantía para el futuro de esta especie, voy a dar por buena esa
enmienda. Agradezco a los grupos parlamentarios el apoyo al fondo de la
iniciativa, que es lo que nos ha movido a todos a manifestarnos en el
sentido que lo hemos hecho.
--SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA AYUDA SUPLEMENTARIA AL SECTOR DE LA
PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGéNCIA I UNIO (Número de
expediente 161/000453).
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Pasamos a debatir el
siguiente punto: Proposición no de ley sobre el establecimiento de una
ayuda suplementaria al sector de la producción de aceite de oliva.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: En los últimos años el cultivo del olivo está
teniendo una importancia, la política de ayudas a la producción del
aceite y la concienciación de la calidad del producto está dando sus
resultados y se observa un incremento de las superficies de cultivo, a la
vez que un claro desplazamiento de las zonas de cultivo tradicional hacia
otras zonas donde las características agroambientales son mucho mejores.
Observamos cómo se ponen a punto nuevas técnicas de producción,
estrechando los marcos de plantación, utilizando técnicas de regadío, que
realmente sitúan estas plantaciones con unos niveles de producción
impensables hace sólo cuatro o cinco años. Y eso sin duda es bueno.
Lo que sucede es que existen algunas zonas, que tradicionalmente han sido
productoras, en que la presencia del olivo se remonta a tiempos
inmemoriales, que les será difícil poder competir, ya que parten de
realidades productivas muy diferenciadas. El agua es sin duda un factor
revitalizante, y en algunas zonas con pluviometrías muy bajas las
cosechas son siempre resultado de la mayor o menor benevolencia de ese
factor meteorológico. En el Estado español existe un 20 por ciento de la
superficie de olivar donde las producciones son realmente muy bajas y
están repartidas por toda la geografía del Estado: Guadalajara,
Salamanca, Cuenca, Baleares, Lleida (en Les Garrigues), Albacete, Madrid,
Cáceres, Huesca, Almería, Castellón. Y eso no termina aquí, hay algunas
provincias que tienen unas producciones medias altas, pero que también
tienen zonas en estos propios territorios con bajas producciones, como
pueden ser Alicante, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Navarra,
Sevilla, Teruel, etc. Toledo incluso. Y que esas zonas también tendrían
muchas dificultades para poder competir.
Por lo tanto, estamos frente a un sector que se extiende por toda la
geografía del Estado, que puede representar, como he dicho antes, hasta
el 20 por ciento de la superficie de cultivo, aunque la producción de
esas zonas prácticamente es irrisoria, y que difícilmente tendrá
viabilidad, ya que el clima de la zona dificulta la aplicación de las
nuevas tecnologías de producción, con el agravante de que en muchos casos
esas zonas, por sus características, no admiten otro tipo de cultivos.
Si algunas zonas olivareras necesitan la continuidad del cultivo como
gran aportación al equilibrio territorial --ya que mantiene a la
población anclada en el territorio--, al equilibrio social --como
sustento económico en zonas de ingresos donde no existen alternativas de
carácter económico--, al equilibrio medioambiental --principal lucha
contra la erosión y contra la desertización del territorio en
concordancia con lo que son las líneas maestras de la Unión Europea--,
serían sin lugar a dudas esas de tan baja producción.
Quede claro que nuestro grupo parlamentario ha apostado desde el inicio
del debate de la modificación de la OCM del aceite a favor de la
producción. Y creemos que es un error la propuesta de Fischler de ayuda
al árbol, porque sólo beneficiaría a los absentistas. Por lo tanto, creo
que está claro el posicionamiento de nuestro grupo. Pero eso no quita que
expresemos la preocupación por aquellos territorios que la naturaleza les
ha deparado un clima que no les permite unas altas producciones. El eje
fundamental de la PAC es el de mantener el poder adquisitivo del
agricultor, y pensamos que ese precepto también tendría que estar vigente
en esos casos, aunque también debo aceptar que esas zonas de bajas
producciones no tienen un futuro muy prometedor.
Me gustaría que hoy aquí, en la Comisión de Agricultura del Congreso de
los Diputados, se realizase un reconocimiento público de aquellas zonas
con bajas producciones que en un acto de solidaridad sin precedentes se
han mantenido en un discreto silencio para no perturbar la marcha de la
negociación de la OCM del aceite. Pero que ese silencio no se entienda
como un asentimiento implícito. Y pienso que desde aquí hay que coger el
compromiso claro, que en su momento ya hizo la Mesa para la defensa del
aceite, y también la mayoría de los grupos parlamentarios en sus
diferentes intervenciones lo han dejado claro, en la línea de la
filosofía general de la política agraria comunitaria. Las ayudas
comunitarias tienen el objetivo de nivelar rentas, y nadie podría
entender que la modificación de la OCM del aceite terminara financiando
exclusivamente, si me lo permiten, a los más poderosos y dejase fuera del
paquete de ayudas a los que más aportan desde el punto de vista
medioambiental. Desde luego, nuestro grupo parlamentario no compartiría
esas tesis.
Por lo tanto, creo que sería bueno que el Gobierno tuviese en cuenta de
una forma especial aquellas comarcas, aquellas zonas donde los cultivos,
en plantaciones regulares, no alcanzan medias de 700 u 800 kilos por
hectárea. hemos hablado de que el olivo es un cultivo social, y es
cierto. Pero sobre todo el olivo, aparte de ser un cultivo social, en
ocasiones pasa a ser además un cultivo ecológico y, si me permiten, un
cultivo de subsistencia en aquellas zonas en que además de ser lo único
que se puede cultivar va acompañado de muy bajas producciones, realidad
que siempre habrá que tener en cuenta si no queremos dejar amplias zonas
del territorio fuera del sistema.
Por ese motivo nuestro grupo parlamentario ha presentado la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que actúe ante la Unión Europea a fin de que se dote de una ayuda
suplementaria a aquellas zonas en las que el cultivo del olivo en
plantaciones regulares es tradicional y en las que las producciones por
hectárea son muy bajas, a los efectos de permitir a sus productores una
equiparación de sus rentas con las que percibe el resto del sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Hay una enmienda presentada
por el Grupo Socialista. El señor Pliego tiene la palabra.
El señor PLIEGO CUBERO: El asunto que hoy tratamos con la proposición no
de ley de Convergència i Unió ha sido, es, y desde luego lo va a ser más
en el futuro, un tema clave en los posicionamientos del Grupo
Parlamentario Socialista en esta OCM del aceite de oliva.
El olivar menos productivo, el olivar tradicional, supone casi el 50 por
ciento del olivar español y desde luego juega un papel social y
medioambiental de primera magnitud. Su papel sobre el empleo, sobre la
fijación de la población al territorio, sobre las rentas de centenares de
municipios y de miles de agricultores es insustituible. Y ésta es la
clave: es insustituible. En la mayoría de los casos son terrenos de
vocación forestal que han sido ganados con mucho esfuerzo al monte y que
si ese olivar se cayera desaparecería el débil entramado social,
económico y medioambiental que hay en torno a él. Por tanto, para el
Grupo Parlamentario Socialista ha sido y va a seguir siendo un objetivo
prioritario garantizar el futuro del olivar menos productivo.
Hay un elemento significativo en términos políticos. Esta proposición no
de ley fue presentada en la Cámara en marzo de 1997 por el Grupo de
Convergència i Unió, y se debate en abril de 1998. Yo creo que esto
responde a que el socio del Gobierno del Partido Popular da también por
perdida la negociación de la OCM del aceite de oliva y tiene la necesidad
política de poner sobre la mesa un elemento diferenciador, que hasta
ahora parece que no tenía, en el sentido de que aquí se apruebe este
tema, que afecta a una gran parte del olivar de España y también a una
gran parte del olivar de Cataluña. Por tanto, no lo planteo en términos
territoriales, lo planteo en términos generales: Cataluña, Extremadura,
Castilla-La Mancha, Andalucía participan en una gran parte de olivar de
estas características.
Quiero decir que habiendo coincidencia total en el fondo del
planteamiento que se hace, no la hay tanto en los términos específicos en
que se plantea. Para hacer el análisis hay que partir inevitablemente del
marco de referencia de la nueva OCM que tenemos, que previsiblemente en
un nuevo error del Gobierno sea aprobado el 1 de noviembre del año 1998.
La propuesta de reforma de OCM, si sale adelante en los términos más o
menos planteados, no sirve para mantener el equilibrio en el mundo rural;
el olivar intensivo va a reconvertir miles de hectáreas de olivar menos
productivo y las ayudas se van a convertir en un bien escaso, con graves
consecuencias sociales.
Nosotros creemos que estas ayudas que aquí se proponen al olivar menos
productivo deben estar enmarcadas, para que realmente sean operativas y
sirvan para algo, sea algo más que literatura o un posicionamiento
político, en el debate de la modulación de las ayudas, que ya anuncio que
una vez que se apruebe la OCM del aceite de oliva el Grupo Parlamentario
Socialista lo ha mantenido a nivel teórico en el discurso y va a abrir a
nivel práctico en este Congreso de los Diputados el tema de la modulación
de las ayudas.
Si estamos en ayudas por debajo de un millón de toneladas, estas ayudas
se convierten en un bien escaso y ese bien escaso hay que repartirlo con
criterios sociales; por tanto, hay que modular las ayudas. Y el eje
vertebrador de esa modulación de las ayudas debe ser la atención al
olivar menos productivo para garantizar su futuro. Lógicamente, hay otros
elementos, como el empleo, el tamaño de las explotaciones, que serán
básicos. Por tanto, el debate definirá en su momento (porque no debe ser
un debate superficial) en qué condiciones esto se lleva a la práctica.
Entrando en el fondo de la proposición no de ley, quiero decir que no
compartimos la vía que se propone porque creemos que tiene una enorme
dificultad para su aplicación práctica. En primer lugar, entraríamos de
una manera indirecta en una renacionalización de las ayudas, y creemos
que esa vía no es la más adecuada, por el factor de insularidad que
introduce: los países más ricos económicamente tendrían --o tendrán-- más
facilidades para atender a sus agricultores. Por supuesto, para ello
sería necesario una autorización de la Unión Europea en términos
políticos. En segundo lugar, hay un problema presupuestario real. Yo
tengo serias dudas de que desde el Ministerio de Agricultura se pueda
afrontar esta realidad con presupuestos nacionales, que es lo que se
plantea en la proposición no de ley. Y en tercer lugar, se abriría una
espita, todos somos conscientes, de difícil solución. ¿Por qué estas
ayudas suplementarias, que nosotros compartimos, al olivar menos
productivo y no a otro tipo de cultivos que están en dificultades
también?
En este contexto hemos presentado una enmienda donde, insisto,
compartiendo plenamente el fondo de la proposición no de ley, creemos que
lo oportuno sería instar al Gobierno para que en el debate que hay
abierto en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en
este momento incluya la posibilidad de modulación de las ayudas o de
ayudas suplementarias al olivar marginal, marginal no es la palabra
adecuada, el menos productivo, dentro de la OCM del aceite de oliva.
Porque las otras ayudas, las que consigamos ya existen y van por otra vía
diferenciada. Por ejemplo, las que hay a las zonas de montaña son ayudas
que están percibiendo actualmente hectáreas de olivar, o las ayudas
agroambientales también afectan actualmente o pueden afectar. De hecho,
la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene prácticamente cerrada una ayuda
de esta naturaleza en fondos cofinanciados para este tipo de olivar. Por
tanto, ésa es nuestra posición. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Creemos más oportuno políticamente en este momento introducir este
elemento en el debate dentro de la OCM, que, por cierto, era uno de los
puntos individualizados que la Mesa nacional del aceite aprobó en mayo de
1996, que Salvador Jové incluyó en su informe en el Parlamento Europeo,
que fue aprobado en diciembre de 1997, y que en un debate que hubo en
este Congreso el día 22 de abril de 1997, en una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, venía en el punto f): establecer una
ayuda suplementaria al olivar menos productivo por razones de tipo social
y medioambientales, y que fue votada negativamente por el grupo que hoy
propone las mismas ayudas.
Me gustaría, por parte del señor Companys, conocer cuál es la razón de
interés nacional, que seguro que la hay, porque no me cabe otra, de por
qué en ese momento se votó en contra y en abril de 1998 se propone a
favor.
En cualquier caso, nos parecería políticamente que mejoraría el texto de
la proposición no de ley, porque, insisto, coincidimos en el fondo y en
la idea que se persigue, nuestra enmienda. Pero si así no fuera, dentro
de, lógicamente, la capacidad que de ello tiene el grupo proponente,
nosotros vamos a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo
de Convergència i Unió porque la compartimos, sin renunciar --insisto--
en otro momento a este debate.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
Por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra su portavoz, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muy brevemente. Se presenta esta proposición
no de ley planteando el establecimiento de una ayuda suplementaria al
sector de la producción del aceite de oliva con el fin de dotar de ayudas
suplementarias a zonas en las que las producciones por árbol son bajas y
argumentando que ello redunda en beneficio de los productores, con el fin
de equiparar sus rentas con las que recibe el resto de los productores
del sector.
Entendemos que esta proposición en cierta medida entra en contradicción
con el hecho de que hasta el momento se ha concluido que el sistema más
adecuado para el sector del aceite de oliva es la ayuda a la producción,
con el fin de procurar lograr una OCM adecuada y consecuente con ello.
Eso supone plantear una ayuda, al margen de la OCM, de carácter estatal
al árbol, lo que lo convierte en un planteamiento no muy coherente y por
ello no fácil de asumir. Además, presentaría duras dificultades, claras
dificultades de ejecución.
En este sentido, nos parece más coherente la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, ya que incluye el problema planteado dentro de la OCM
del aceite, instando al Gobierno español a defender la ayuda
suplementaria ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero
dentro --repito-- de la OCM del aceite de oliva.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra su portavoz señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Quisiera empezar esta intervención agradeciendo
al Grupo Parlamentario de CiU, y de forma muy especial a su portavoz, el
comportamiento solidario que ha tenido en todos los debates sobre la OCM
del aceite de oliva. Y digo esto con todo el significado, porque no
especialmente nuestro grupo es que haya reconocido el comportamiento
solidario de CiU en otros muchos temas. Por eso quería resaltar que en
este tema, al contrario que en otros muchos, sí creemos que ha mantenido
una postura solidaria, en concreto atendiendo al consenso. Es uno de los
motivos por el cual estamos discutiendo esta iniciativa más de un año, o
en torno al año, después de su presentación. O sea, que ha sido ése uno
de los motivos que, repito, yo creo que hay que agradecerle, porque
efectivamente ha antepuesto otros intereses a los de su propio grupo
parlamentario.
Dicho esto, nosotros también nos preguntamos por qué se presenta ahora la
iniciativa; en este momento en el que todavía creemos que se está
discutiendo la reforma de la OCM del aceite de oliva; un momento en el
que ayer sufrimos, porque la hemos sufrido todos los españoles, una
derrota al plantearse el trámite de urgencia. Creo que la ministra tendrá
que dar cuenta de la situación, en la cual al final se ha quedado ya
completamente sola, ni Portugal siquiera ha mantenido una postura acorde
con la nuestra. Eso va a hacer prácticamente inviable cualquier
modificación de la propuesta de OCM del aceite de oliva. No nos
engañemos, el Parlamento no va a tener tiempo ni siquiera para presentar
un contrainforme, sino que ya a lo que vamos es a cubrir el trámite lo
más rápidamente posible, y las modificaciones van a ser mínimas. Con lo
cual, es verdad que en ese marco se entiende la presentación de esta
iniciativa. Porque si en la OCM del aceite de oliva hay muchos elementos
que salen muy tocados, el olivar marginal es realmente el que va a pagar
al final los platos rotos.
La OCM del aceite de oliva va a propiciar una reconversión que se va a
hacer a costa fundamentalmente, si no lo evitamos, del olivar marginal.
Por lo cual, efectivamente, estamos en una situación en la que podemos
sufrir unas pérdidas que, como bien ha dicho el portavoz de CiU, no se
concentran en una sola zona, sino que yo creo que engloban a todas las
zonas, porque incluso Jaén, que a él se le había olvidado citar, también
tiene zonas importantes de olivar de baja densidad. Por lo tanto, estamos
hablando de un problema que nos atañe a todos y que, repito, de no
remediarse, va a suponer esa reconversión salvaje impuesta del sector del
olivar a través de una OCM desastrosa para los intereses de nuestro país.
Dicho esto, nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de
esta iniciativa. Entendemos que la enmienda del Partido Socialista Obrero
Español es más lógica al plantearlo dentro de la reforma de la OCM. En
todo caso, se debe instar a la Unión Europea, ya que plantear ayudas
solamente al Gobierno español supondría todos los problemas que aquí se
han dicho. Pero digo que nosotros no tenemos ningún inconveniente y vamos
a seguir votando a favor. Lo que sí es verdad es que no se nos puede
negar a estas alturas que esta iniciativa es meramente testimonial.
Después de lo que aquí se ha dicho, de lo que aquí se ha votado, y sobre
todo después de lo que ha hecho el Gobierno, a estas alturas la
credibilidad está bajo mínimos. Nosotros creemos que el hecho de que aquí
votemos va a tener poca repercusión, por desgracia, porque nuestro
Gobierno se ha encargado en demostrarnos día a día que el respaldo que
recibe en esta Cámara luego se le pierde en el camino, y cuando llega a
Europa --repito-- ya no es capaz ni siquiera de convencer a Portugal.
Nosotros votaremos a favor de esta iniciativa para que quede constancia
una vez más de que Izquierda Unida siempre va a votar a favor del olivar,
pero también que quede constancia de que en estos momentos nosotros no
tenemos ninguna confianza en que esta iniciativa tenga
efecto alguno, porque --repito-- el Gobierno no nos merece ninguna
confianza.
Con esta iniciativa se cierra también por parte de Convergència i Unió un
período, pero se abre otro porque cada sector dentro del olivar va
también a intentar buscar un poco la solución ante una OCM negativa. Y
aquí aparece, como ya se ha dicho por otro portavoz, la evidencia de que
en el futuro vamos a tener que hablar de la modulación de las ayudas. Esa
es una realidad que a nosotros no nos hubiese gustado, porque entendemos
que no es lo mejor, pero va a ser una consecuencia del desastre al cual
nos ha llevado este Gobierno con una OCM totalmente negativa para los
intereses de nuestro país.
Por lo tanto, para no repetir argumentos en un tema en que, por
desgracia, yo creo que han sobrado muchos discursos y ha faltado
efectividad por parte del Gobierno, estamos dispuestos a votar esta
iniciativa u otra que la mejore si de aquí a la votación somos capaces de
mejorarla, pero con ese ánimo de desconfianza respecto al Gobierno, que
estamos convencidos que el nuevo apoyo que hoy recibirá aquí lo perderá
cuando pase los Pirineos camino de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular
para expresar el acuerdo total y sin reservas a la proposición no de ley
que trae a esta Comisión el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Y digo
sin reservas porque, al contrario que otros portavoces, y concretamente
el del Grupo Socialista, Partido Nacionalista Vasco-EAJ e Izquierda
Unida, yo sí he oído al portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió
no que está solicitando unas ayudas con cargo a los fondos nacionales y
del Ministerio de Agricultura, unas ayudas para el olivar de baja
producción, sino que se insta al Gobierno a que intervenga ante la Unión
Europea para conseguir esas ayudas. Yo al menos así lo he oído y me
gustaría que, en todo caso, posteriormente el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) nos lo aclarara, aunque para este portavoz está muy
claro porque lo he oído y así constará. En ese sentido estamos totalmente
de acuerdo.
Quizá yo sugeriría al portavoz de Convergència i Unió que se especificara
de manera breve, o casi en forma de apunte, que estas ayudas que se
tratan de obtener lo son a la Unión Europea; es decir, me gustaría que se
hiciera alguna referencia a que estas ayudas no estarían hipotéticamente
contempladas dentro de la OCM, ni hay que pedirlas dentro de la OCM, sino
con cargo a distintos fondos para el fomento del empleo. Una de las
razones que se arguyen, y con toda razón, es el fomento del empleo en el
olivar de plantación regular y de baja producción, así como a numerosos
programas de ayudas para el fomento de métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias de la protección y la conservación del
espacio natural.
En ese sentido, el Reglamento 2078/1992 del Consejo creo que es bastante
clarificador y ofrece distinto tipo de ayudas. Al final, para estas
plantaciones regulares de baja producción, que las ayudas vengan por un
lado o por otro sería conseguir un objetivo importante, como es
--repito-- en su doble vertiente de fomento del empleo y de protección
del medio ambiente.
Mi grupo entiende que esta iniciativa es acertada, oportuna y que no hay
que buscar más historias. Porque cuando mi grupo oye al portavoz del
Grupo Socialista hablar de que hay que pedirlo dentro de la OCM del
aceite de oliva, puesto que el debate está abierto en el Consejo, es una
postura lícita que no compartimos, pero se contradice con lo que un
minuto antes había dicho de que el Gobierno da por perdida la OCM. ¿En
qué quedamos, señor Pliego, el Gobierno y la ministra han dado por
perdida la OCM del aceite de oliva o el debate está abierto? Las dos
cosas a la vez no pueden ser. O es blanco o es negro, o se ha dado por
perdida o está el debate abierto. Indudablemente el debate está abierto y
únicamente se trata de enredar una vez más. De ahí los lamentos casi
trágicos del portavoz de Izquierda Unida. Me parece muy bien que para él
el Gobierno tenga la credibilidad bajo mínimos, no podía ser de otra
manera, debe ser así, señor Centella; pero no diga que en estos momentos
por parte del Grupo Socialista se está respaldando y que le parece lógico
lo que está diciendo. Porque si quiere le recuerdo la falta de respaldo
explícito que ha habido a iniciativas de su propio grupo y que S. S.
defendió, brillantemente por cierto; o si quiere le recuerdo las
enmiendas del Grupo Socialista a otro correligionario de S. S., al señor
Jové, cuando en el Parlamento Europeo presentó el famoso informe que
recibió 60 enmiendas a la línea de flotación de aquello que él proponía,
y esas enmiendas venían del señor Colino y de la señora Izquierdo,
eurodiputados socialistas españoles.
Por tanto, estamos reeditando las mismas historias de siempre tratando de
reconducir ciertos criterios y ciertos tics políticos en la dirección de
siempre, de desgaste del Gobierno, con un final que ya está cada vez más
claro: cuanto peor, mejor; cuanto más fracase el Gobierno, más
oportunidades tendrá el grupo que así lo ha conseguido de criticar y
presumir de lo bien que hacemos las cosas y lo mal que lo hacen otros,
cuando todos sabemos que no es así, que las cosas no están en unos
términos satisfactorios como para poder aceptar la negociación de la OCM.
Pero ni están tan mal como se dice y, sobre todo, algunos tenemos la
esperanza de que acaben mejor. Por eso entendemos que esta proposición no
de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió nada tiene que ver con la
OCM del aceite de oliva, cuyo debate efectivamente está abierto en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea en estos momentos. Simplemente
para evitar dudas y sobre todo para aclarar la intervención, que me ha
parecido técnicamente buena pero que, posiblemente, si no con mis
palabras sí con las palabras más aclaratorias que pueda decir el portavoz
de Convergència i Unió al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, yo le
diría que si no son ayudas que se piden directamente a los fondos
nacionales sino a la Unión Europea (una de las cosas que había dicho) y
si se explicita de manera clara que se buscarían ayudas vía fomento del
empleo y vía medidas agroambientales, está claro que no
se busca la ayuda al árbol, y específicamente el portavoz del grupo
proponente así lo ha dicho.
Con estas palabras y la aceptación de la proposición no de ley por parte
de mi grupo, al que represento en estos momentos, no tengo nada más que
decir.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o no la enmienda o hacer alguna
transacción, tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, tendría que intervenir
brevemente, sin ánimo de reabrir el debate, porque lo cierto es que los
portavoces se han dirigido todos a mi proposición y no tengo la
posibilidad de responder a nada.
El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene tres minutos para englobarla y al
final manifestar si acepta o no la enmienda o si hace alguna propuesta
alternativa transaccionando las anteriores.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muy bien. Sólo quiero decir que nosotros
presentamos hace prácticamente un año esa proposición no de ley y que si
no la presentamos en la Comisión de Agricultura para su debate fue
básicamente por seriedad. La Mesa para la defensa del aceite nos pidió
que la congelásemos y nosotros la hemos tenido congelada, cosa que otros
grupos no han hecho. Efectivamente, desde el punto de vista del
lucimiento personal se pudo presentar mucho antes, y no lo hemos hecho.
Eso como mínimo no puede ser elemento de ataque personal; en todo caso un
cierto reconocimiento de solidaridad a una gente que en un momento
determinado pide de una forma clara (y creo que los portavoces estaban en
la reunión que tuvimos en el edificio antiguo del Congreso) que ese tema,
que era interesante en aquel momento para no confundir y para tener una
posición conjunta de todo el Parlamento español se dejase aparcado. Y ésa
ha sido nuestra posición de responsabilidad. Por tanto, no busquemos
otras lecturas sino ésa.
¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo en que en ese momento se integren
las ayudas dentro de la OCM? En el fondo sí que lo querríamos,
efectivamente sí, como todos los grupos. ¿Pero por qué no? Por una razón,
porque la propia Mesa para la defensa del aceite dijo claramente que no
había que complicar el tema y que se podía tratar de forma paralela, lo
que nos pareció positivo. Por tanto, nosotros no vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Socialista porque entendemos que no facilita las
cosas. Nosotros somos pragmáticos y queremos solucionar el tema. En todo
caso, señor presidente, antes de la votación veremos si se hace una
transaccional con la propuesta del portavoz del Grupo Popular.
Para terminar, que queden dos cosas claras. Nosotros estamos a favor de
la producción. No hemos hablado --y quiero que quede meridianamente
claro-- de ayuda al árbol, aunque algunas veces para hablar de bajas
producciones se habla de árboles de baja producción, pero siempre en el
contexto de que la suma de los árboles hacen las hectáreas y la
producción la hace el conjunto de la hectárea. Por tanto, que quede eso
absolutamente claro. Nosotros intentaremos, antes de la votación,
presentar una transacción en la que eso quede claro. Y que quede claro
también que en el fondo lo que queremos no es renacionalizar las ayudas,
sino que sea la Unión Europea, a través de los mecanismos adecuados, la
que promueva alguna línea de ayuda.
--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y POTENCIAR LOS
PROGRAMAS LEADER Y PRODER. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000884).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate de la proposición que figura en
el orden del día con el número 3: Proposición no de ley relativa a la
adopción de medidas para fomentar y potenciar los programas Leader y
Proder. Para su presentación tiene la palabra el portavoz del grupo
proponente, Grupo Socialista del Congreso, señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para exponer y defender en esta Comisión la proposición no de
ley, que hemos presentado, relativa a la adopción de medidas para
fomentar y potenciar los programas Leader y Proder. la proposición que mi
grupo trae hoy ante esta Comisión pretende que el Gobierno adopte las
medidas necesarias para evitar los problemas de financiación y de
viabilidad que la demora en los pagos de los compromisos de financiación
está generando a los grupos promotores de proyectos incluidos en las
iniciativas comunitarias Leader y Proder. Se concreta nuestra proposición
en cinco puntos que no dudamos, por su implicación territorial, pues
afecta a todas las comunidades autónomas, y por su alcance económico y
social, pues se refiere a las zonas más desfavorecidas de nuestro país,
ha de contar con el apoyo y la aprobación de todas sus señorías. Los
puntos a que he hecho referencia vienen detallados en el contenido de la
proposición; no obstante, daré una lectura rápida a los mismos para su
constancia en el «Diario de Sesiones».
En el primer punto se trata de adoptar las medidas necesarias para que de
manera urgente se abonen a los diferentes grupos Leader las cantidades
que se les adeuden; en el segundo, cumplir de manera inmediata los
compromisos firmados con los grupos de acción local gestores de la
iniciativa Leader II; en el tercero, mantener los compromisos de
aportación financiera adquiridos al inicio de los programas; en el
cuarto, urgir al Gobierno para que cierre el proceso de negociación con
la Comisión Europea para autorizar la doble cofinanciación apoyada en el
dictamen de la Intervención General del Estado; y en el quinto y último,
exigir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que convoque
con carácter urgente el comité nacional de la iniciativa Leader II.
Haciendo referencia un poco a los antecedentes de todos estos programas,
tenemos que hacer mención a que la
diversidad existente entre las regiones que componen la Unión Europea
pone de manifiesto las enormes desigualdades económicas y sociales que
existen entre unas y otras. De ahí surge el compromiso de ayudar a
reducir estas diferencias mediante la puesta en funcionamiento de
acciones específicas, confirmando con ello la importancia que en la
construcción de una Unión Europea fuerte, cohesionada, equilibrada y
económica y socialmente desarrollada tiene la reducción de las
diferencias regionales. Las regiones españolas ofrecen una plataforma
idónea para aplicar, optimizar y reforzar los mecanismos que desde la
Unión Europea se han diseñado para reducir las diferencias entre las
economías regionales. Es en este sentido en el que en los últimos años
las distintas administraciones del Estado español han llevado a cabo un
esfuerzo decisivo para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, y a
ese empeño ha contribuido la Unión Europea con sus diferentes programas
de desarrollo como las iniciativas Leader I y II y Proder, que
constituyen instrumentos idóneos para avanzar en el desarrollo del medio
rural.
El Consejo Europeo de Edimburgo, señorías, aquel en el cual el señor
Aznar tachó de pedigüeño a Felipe González precisamente por ir a
reivindicar para España los fondos necesarios para la modernización de
sus estructuras y el desarrollo de sus regiones, aprobó las perspectivas
financieras de la Unión Europea para el período 1993-1999, poniendo
especial énfasis en el reforzamiento de las acciones estructurales
tendentes a reducir las desigualdades regionales. Desde entonces la
evolución de los fondos recibidos por España procedentes de la Unión
Europea y destinados a corregir los desequilibrios económicos y sociales,
tanto sectoriales como regionales, ha pasado de 111.000 millones de
pesetas aproximadamente, que España recibió en 1986, a los más de 1
billón (1 billón con be) de pesetas previsto para 1998. Fue el 20 de
octubre de 1993 cuando España presentó ante la Comisión Europea el Plan
de desarrollo regional para las regiones españolas Objetivo 1, las que en
terminología de política estructural comunitaria se consideran como menos
desarrolladas por tener un PIB por habitante menor al 75 por ciento de la
media comunitaria y que son diez de las diecisiete comunidades que
tenemos en nuestro país. En su conjunto representan el 77 por ciento del
territorio español y acogen al 60 por ciento de la población. A partir de
esas grandes orientaciones contenidas en el PDR, el Colegio de Comisarios
europeo aprobó el marco comunitario de apoyo, el MCA, para el período
1994-1999 para aquellas regiones incluidas en el Objetivo 1 y cuyas
principales características se concretan en que los recursos asignados a
España de 9.779 millones de ecus del período 1989-1993 quedaron fijados
para el período 1994-1999, gracias a la gestión de aquel pedigüeño
González, en 26.300 millones; se quintuplicaron los fondos destinados a
España.
Y entrando ya en lo que son propiamente dicho las iniciativas Leader y
Proder, tengo que decir que las iniciativas comunitarias de desarrollo
rural, los Leader I y II y el programa de desarrollo y diversificación
económica de las zonas rurales, los Proder, están destinados a las zonas
rurales de la Unión Europea que se ven afectadas por el descenso del
empleo, el descenso de la actividad agraria, el abandono de los jóvenes
mejor formados, el aumento del desempleo rural y de personas en situación
precaria, el incremento del aislamiento por la desaparición de
determinados servicios y los daños ocasionados al medio ambiente. Los
programas Leader tienen como objetivo mantener a la población en las
zonas rurales como condición necesaria para el desarrollo económico y la
preservación de los valores ambientales y del patrimonio rural y basan
sus proyectos de actuación en la implicación activa de la población
local. En ese sentido apuestan con claridad por la iniciativa local y por
la capacidad de los agentes económicos locales para emprender proyectos
coherentes basados en una estrategia de desarrollo adaptada a las
características del territorio y orientada al mejor aprovechamiento de
los factores endógenos de cada uno de ellos. La iniciativa comunitaria
Leader I, que se desarrolló entre 1991 y 1994, fue constituida por 52
proyectos en toda España localizados en zonas Objetivo 1 y 5.b), con un
compromiso de gasto de 51.248 millones de pesetas. Esta fase finalizó en
la primavera de 1994 y de su evaluación se ha podido constatar que se han
realizado más de 4.000 iniciativas --de turismo rural, de empresas
artesanales, de servicios locales--, generando alrededor de 4.000 puestos
de trabajo. La segunda fase de la iniciativa, la que actualmente está
vigente, los Leader II, cuyo desarrollo temporal va de 1994 a 1999 y
cuyos acuerdos se firmaron en 1995, se inició a partir de 1996 y tiene
una previsión por la cual se van a beneficiar alrededor de 5.100.000
habitantes y un gasto total previsto de 186.000 millones de pesetas, de
los cuales el 50 por ciento corresponde a la iniciativa privada, el 19
por ciento a administraciones públicas y el 31 por ciento a los fondos
estructurales europeos. El importe de los fondos repartidos para el
período 1994-1999, el que corresponde a los Leader II, asciende a 414
millones de ecus, equivalentes a 66.000 millones de pesetas, y afecta,
como he dicho antes, a diez comunidades autónomas comprendidas en el
Objetivo 1 y a las otras siete comprendidas en el Objetivo 5.b), es
decir, a todo el territorio nacional.
Hago referencia, señorías, a estos datos para situarnos, tanto desde el
punto de vista territorial como desde un punto de vista cuantitativo, en
la dimensión tan importante que supone para las regiones de España, y en
especial para sus zonas rurales, para sus comarcas y sus pueblos, la
buena ejecución de los programas Leader y Proder. Es necesario tener en
cuenta que cada peseta invertida por las administraciones públicas
nacionales se convierte en casi tres pesetas que vienen de la Unión
Europea y movilizan, además, dos pesetas más de recursos privados, con lo
que la inversión total se quintuplica.
Concretando el motivo por el cual el Grupo Parlamentario Socialista trae
hoy a esta Comisión la proposición que estamos debatiendo, tenemos que
hacer mención a que los promotores de los programas Proder y Leader, en
especial estos últimos, ya que los Proder todavía están aún envías de
ejecución en su mayoría, están teniendo dificultades para cobrar la
totalidad de los compromisos de financiación adquiridos por las
administraciones públicas, con demoras de más de dos años en el pago de
los compromisos
de financiación adquiridos al inicio. La problemática que lleva a mi
grupo a plantear la presente proposición radica en una realidad patente
cual es la deficiente gestión en el pago completo de los compromisos de
financiación adquiridos: los fondos no llegan a tiempo y las
liquidaciones finales no se abonan, tal y como quedó constatado en una
reciente asamblea ordinaria de la Red Española de Desarrollo Rural,
asociación que integra a la casi totalidad de grupos Leader y Proder. En
esta reunión, los verdaderos protagonistas de los programas valoraron la
aplicación de los mismos y detectaron el bajísimo nivel de cumplimiento
de los compromisos financieros por parte del MAPA. El último pago, el del
20 por ciento del total, se abona con demoras excesivas, e incluso
existen programas que después de varios años aún no han sido liquidados.
Ello es debido a que el pago de las ayudas de la Unión Europea por parte
del organismo intermediario, es decir el MAPA, queda condicionado, en el
apartado 4 del artículo 7 del contrato modelo que se suscribe, a la
disponibilidad de fondos del Tesoro público, y los ministerios de
Economía y Trabajo no asumen los compromisos de pago, no cumplen con sus
compromisos de pago suscritos y el MAPA no hace nada al respecto. La
demora en el cumplimiento de los cuadros financieros que dan cobertura
económica a los programas está originando a los promotores de los mismos
numerosos gastos financieros por verse obligados a recurrir a créditos y
a soportar cargas financieras o generar morosidad ante quienes les
prestan sus servicios, por lo que numerosos fondos que debieran
destinarse a inversión activa y productiva se tienen que utilizar para
gastos financieros e improductivos. Esta situación está generando grandes
problemas de tesorería, incremento de los costes de financiación, y está
poniendo en riesgo --y esto es lo más grave-- la propia credibilidad de
los objetivos perseguidos.
El MAPA está firmando convenios con el Ministerio de Economía, con el
Ministerio de Trabajo y con las comunidades autónomas para el desarrollo
y financiación de los programas que antes he mencionado, y luego, cuando
alguna de las partes no cumple con sus compromisos suscritos, el MAPA,
responsable --repito--, responsable máximo de la ejecución y seguimiento
de estos programas, se inhibe. Se aprueban los cuadros financieros, que
quedan reflejados en los correspondientes convenios, y luego no se toman
las medidas para exigir a todas las partes implicadas su cumplimiento. A
modo de ejemplo, si nos centramos en el plan operativo andaluz, podemos
comprobar que la aportación del Estado se cifra en 2.706 millones de
pesetas y el MAPA sólo aporta 900 millones, faltando 1.806 millones de
pesetas que deben ser aportados, y no lo son, por los ministerios de
Economía y Trabajo. Esta situación está generando varias dificultades. La
primera es que al no completarse el 25 por ciento que corresponde al
total de la aportación nacional la Unión Europea no aporta el 75 por
ciento que le corresponde, y en estas condiciones no está siendo posible
cerrar todos los programas. Los convenios de colaboración suscritos entre
el Estado, las comunidades autónomas y los grupos de acción local obligan
a que los proyectos superiores a 15 millones de pesetas sean
necesariamente cofinanciados con aportación nacional de los distintos
ministerios, especialmente --repito-- los de Economía y Trabajo. Y aunque
el MAPA cumpla con sus compromisos, si no cumplen el resto de los
ministerios no pueden atenderse los proyectos que van por la vía del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Feder, o por la vía del Fondo
Social Europeo, el FSE. Por cada peseta que no se aporte desde el
Gobierno central son tres pesetas las que deberemos devolver a Bruselas.
Esta situación viene a confirmar las afirmaciones de Bernhard Friedmann,
presidente del Tribunal de Cuentas europeo, cuando en una reciente visita
a nuestro país afirmó que España no está haciendo uso de los fondos
estructurales comprometidos con la Unión Europea y no está poniendo en
marcha programas que necesitan cofinanciación nacional para evitar
endeudarse. En una palabra, para presentar una buena gestión económica
ante Europa y unas buenas notas en los índices macroeconómicos, el Estado
ha hecho trampas en sus cuentas, ha copiado en el examen, y en el caso de
los fondos estructurales destinados al medio rural eso está teniendo muy
graves consecuencias de presente y sobre todo de futuro. La
responsabilidad de la coordinación de los programas derivados de las
iniciativas Leader y Proder corresponde al MAPA --y de ahí que esta
proposición se haya traído a esta Comisión-- y más concretamente dependen
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y dentro de ella
de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural. Es ésta,
pues, la responsable ante la Unión Europea del desarrollo de las
iniciativas y, por tanto, a la que le corresponde establecer los
mecanismos para que todas las partes cumplan con los compromisos
financieros firmados, garantizando que los grupos promotores perciben
todas y cada una de las cantidades comprometidas y lo hacen a su debido
tiempo, sin demoras que perjudiquen a quienes no deben soportarlo, que
son los grupos de gestión que tiran de los proyectos, que son los
verdaderos agentes activos, el verdadero rostro de estos proyectos de
desarrollo rural.
Por todo ello, señorías, espero que por coherencia con el compromiso con
el medio rural, tantas veces anunciado en esta y en otras comisiones,
también en el Pleno de la Cámara, y por coherencia con las propuestas de
sus programas electorales --quiero recordar al Partido Popular las
referencias de su programa electoral, páginas 65-66, donde hablaba de la
modernización y desarrollo del medio rural--, repito que espero que todas
SS. SS. se adhieran con su voto favorable a esta proposición que sigue la
línea aprobada por todos los grupos de la Cámara en cuanto a la inquietud
e interés mostrado en relación con el desarrollo del medio rural y, en
consecuencia, desde este Parlamento mandatemos al Gobierno para que de
manera inmediata y urgente adopte cuantas medidas sean necesarias para
liquidar las cantidades adeudadas a los grupos Leader y Proder y ponga
los medios para cumplir totalmente con los compromisos firmados al inicio
de los programas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra su portavoz señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señoría, he estudiado con detenimiento el
texto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y he
escuchado con interés sus argumentos. Nuestro grupo no puede votar
favorablemente esta proposición no de ley porque, aunque reconociendo que
algunos de sus planteamientos se enmarcan dentro de lo que nuestro grupo
y yo entiendo que cualquier otro grupo podría compartir perfectamente,
como es la nivelación de rentas y la actuación sobre el medio rural y su
potenciación, dimanan del texto presentado algunos presupuestos confusos,
algunas inconcreciones y sobre todo, señoría, algunas exigencias que
interfieren de forma sustancial, a nuestro entender, las competencias de
nuestro Gobierno, del Gobierno de Catalunya, competencias que la
Generalitat tiene como administración única en agricultura.
Concretamente, señoría, nuestro grupo no considera procedente la
referencia que se hace en el punto 5 a la convocatoria del comité
nacional de la iniciativa Leader II porque, como su señoría conoce, éste
es un programa que tiene carácter regional, y por tanto autonómico, y
también cuenta con un comité de seguimiento de carácter autonómico. Por
otro lado, son presupuestos confusos porque, señoría, se califica de
iniciativa al programa Proder cuando, como S. S. conoce, se trata de un
programa operativo incluido en el marco comunitario de apoyo a las zonas
de Objetivo 1.
Por lo que respecta al punto 4, sobre la acumulación de las ayudas,
nuestro grupo entiende que, por tratar la iniciativa Leader II de
fomentar e incentivar económicamente a proyectos de desarrollo rural
dentro de una filosofía de innovación y en un marco de financiación
específico, la acumulación de ayudas sobre un mismo proyecto, por un lado
mediante líneas normales y por otro mediante el programa Leader, podía
llegar en algún caso a cierta contradicción. Por tanto, éste es un tema
que también creo que, sobre todo por lo que viene de la Dirección VI de
la Unión Europea, tendríamos que velar por que no se llegara a producir
este tipo de contradicciones.
Señoría, respecto a los tres primeros puntos, concretamente al 1, 2 y 3
de su proposición no de ley, que constituyen por otro lado aspectos en
los que nuestro grupo se manifiesta de acuerdo, quiero decir a S. S. que
esperamos los datos que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno nos
pueda aportar, porque en este momento nuestro grupo no dispone de ese
tipo de referencias para poder fijar definitivamente nuestro criterio en
el espíritu, como siempre, de complacer a SS. SS. y de buscar las más
amplias zonas de consenso entre todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, este portavoz expresa su máxima
satisfacción porque desde hace muchas sesiones que celebra nuestra
Comisión, la Comisión de Agricultura, yo creo que es en la que se están
tratando las cosas con una amabilidad exquisita, con una profundidad
razonable, y no echamos de menos tensiones anteriores sino que, al
contrario, este ambiente casi monástico en el que estamos tratando los
temas es la mejor forma de entendernos o de no entendernos, pero de
debatir razonablemente, como se está haciendo. En este sentido quisiera
referirme, en nombre del Grupo Popular, a algunas cuestiones que estoy
seguro de que serán aclaratorias para poder definir la postura del Grupo
Catalán de Convergència i Unió, puesto que espera algunos razonamientos
por parte de mi grupo que confiamos dar adecuadamente, por supuesto
también quiero aclarar algunos conceptos que están expresados en la
exposición de motivos de la proposición no de ley del grupo proponente,
el Grupo Socialista, y sobre todo algunos conceptos que su portavoz ha
vertido con inteligencia pero que no quiere decir que con ellos estemos
de acuerdo.
Señor Chivite, yo recuerdo aquel debate en el que se deslizó por el hoy
presidente del Gobierno al anterior presidente del Gobierno ese término
de pedigüeño en relación con el Consejo de Edimburgo al que S. S. ha
hecho referencia, y al que tantas veces se hace referencia en este
Parlamento. Y es que aquello traía causa de verse de manera palmaria cómo
hubo que pedir una serie de fondos, además con insistencia y casi con
angustia, al ver la plasmación clarísima de la pésima negociación que se
había hecho en el Tratado de Adhesión, concretamente en el capítulo
agrario, y cuando se empezaban a pagar las consecuencias de aquella
negociación hubo que tratar de poner remiendos por otra parte. Ese era el
significado --que no hay que sacar de contexto-- de aquellas palabras,
que no querían decir nada más que aquello que ahora le repito a su
señoría.
No es tampoco de recibo, y me gustaría que el señor Chivite nos lo
aclarara si tiene datos para ello, que se diga del Gobierno,
concretamente del Ministerio de Agricultura, que está haciendo una
deficiente gestión en el pago que incluso pone en riesgo la credibilidad
de los programas Proder y Leader. Yo creo que esto, señor Chivite, es un
exceso y sobre todo cuando se machaca en la idea y se remacha el clavo
insistiendo en que el Ministerio de Agricultura se inhibe. Y desde luego,
lo que mi grupo no acepta --y yo creo que ahí el señor Chivite se ha
saltado los pueblos de dos en dos-- es cuando ha dicho que el Estado ha
hecho trampas en sus cuentas. Esto, señor portavoz del Grupo Socialista,
es una gravísima acusación que mi grupo no acepta y que me gustaría que
retirara, porque si el Estado hace trampas aquí es el sitio de decirlo;
yo le indicaré luego el sitio donde se denuncia. El Estado no hace
trampas con sus cuentas. Por tanto, en este sentido, ni el Estado, dicho
de manera genérica, ni el Ministerio de Agricultura ni tampoco la
Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural no solamente no
hacen trampas sino que tienen las cuentas muy claras. Respecto a la
presunta deficiencia en los pagos ha puesto un ejemplo, el de Andalucía.
Podía haber puesto otro, el de Castilla-La Mancha, y ya ninguno más; ya
no puede poner otros ejemplos de presuntos retrasos, no se pueden poner
más ejemplos que el de Andalucía y el de Castilla-La Mancha, por lo que
ahora le diré.
Si me permite el señor presidente, para ser rigurosos mi grupo entiende
que ya en la proposición no de ley --entrando
de lleno en ella-- en la exposición de motivos hay un error, puestos a
ser aquí finos, y es que se califica el Proder como iniciativa
comunitaria cuando no es una iniciativa comunitaria. Todos sabemos, menos
el autor de la proposición no de ley, que es un programa operativo
incluido en el marco comunitario de apoyo a las zonas Objetivo 1, como
bien ha señalado el señor Chivite, pero no lo señala así la exposición de
motivos. Pero es que además entiendo que en esta proposición no de ley se
tiende a la confusión y a la magnificación de los problemas sin hacer un
análisis de las causas y de las razones que los han motivado. Y si se lee
textualmente y de manera fría esta proposición no de ley parece
deducirse, señor Chivite, que el interés se centra tanto en el Leader
como en el Proder y, sin embargo, en los puntos 1, 2 y 5 de la
proposición se excluye el Proder. Vamos a analizar entonces las cosas tal
como se plantean en la proposición no de ley; es decir, que en el caso
del Proder vamos a analizar los puntos 3 y 4 y en el Leader los cinco
puntos de la proposición.
Respecto al Proder (puntos 3 y 4) está claro que la ayuda financiada por
el Feoga-Orientación en su día quedó establecida por un importe máximo de
aproximadamente --redondeo las cifras-- 170 millones de ecus y la ayuda
Feder en 105,5 millones de ecus. El Ministerio de Agricultura mantiene el
compromiso de aportación financiera de 15.572.000 ecus, que es el
compromiso adquirido a la aprobación del programa, y tiene crédito
presupuestario para atender; no hay ningún problema por parte del
Ministerio de Agricultura. Por tanto, no tiene objeto lo que se dice en
la proposición de instar al Gobierno a mantener un compromiso que tiene
asumido y que además tiene la previsión financiera correspondiente.
Respecto al punto 4 de la proposición, es absolutamente imposible, es
imposible de todo punto solicitar la doble financiación, dado que el
programa presentado por España el 8 de febrero de 1995 (interesa retener
las fechas: 8 de febrero de 1995) y aprobado por la Comisión Europea el
18 de junio de 1996 prohíbe expresamente esta práctica: no puede haber
doble financiación. Por tanto, estos puntos, en los términos planteados
en la proposición, entendemos que son técnicamente inaceptables y que
procede su rechazo.
En el caso del Leader, señor presidente, señorías, conviene repasar que
para aplicar esta iniciativa comunitaria en España el procedimiento fue
el siguiente. Primero, por decisión de la Comisión (repito que hay que
retener las fechas), del 27 de julio de 1995, fueron aprobados los
programas Leader II de las diecisiete comunidades autónomas y suscritos
los oportunos convenios por la Unión Europea, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, tal como
ha señalado el portavoz del Grupo Socialista. En estos documentos
quedaban incluidos los compromisos financieros para cada programa
autonómico. Posteriormente fueron suscribiéndose los oportunos convenios
entre el Ministerio de Agricultura, cada comunidad autónoma y los 132
grupos de acción local que recientemente celebraron esa reunión a la que
ha hecho referencia el señor Chivite. Pues bien, los cuadros financieros
se elaboraron en la idea de que era posible (repito la fecha, año 1975)
acumular ayudas de doble financiación de otros programas también
cofinanciados por fondos estructurales. Esta concepción evidentemente
tuvo una doble repercusión. En la contribución de la Administración
central no se dotaron ni se comprometieron las correspondientes partidas
presupuestarias de los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y
Asuntos Sociales, cofinanciadores respectivamente de los proyectos
auxiliados por el Feder y el Fondo Social Europeo. Por otra parte, en los
programas de algunas comunidades autónomas figuraban unas elevadas
aportaciones de la participación privada que se vería compensada con las
ayudas establecidas en los programas operativos. Repito, año 1975. Es
decir, que algunas de estas cuestiones que ahora se plantean, además del
señor González tendría que verse por qué se hizo así por parte del señor
Atienza, el señor Griñán y el señor Solbes. (El señor Chivite Cornago: En
1975 no estaba González.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Chivite. Por favor, señor Chivite,
le ruego silencio para que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
pueda terminar su intervención.
El señor MADERO JARABO: Termino en seguida, señor presidente. Acepto la
corrección, pues estaba hablando del año 1975 y es el año 1995.
Efectivamente, en 1995 felizmente estaba el señor González y no quien
estaba en el año 1975.
Volviendo al hilo de la argumentación, el 15 de junio de 1996 el director
general de la Dirección General VI de la Comisión Europea manifiesta por
escrito --y esto se hizo público-- la improcedencia de la mencionada
doble financiación; luego los cuadros financieros que se habían planteado
eran inaceptables para la Comisión Europea, tal como refleja en su
escrito el director general de la Dirección General VI, y además estos
temas fueron debatidos aquí, en esta Comisión y en este Congreso de los
Diputados. El 12 de septiembre de 1996, la Subdirección General de
Control Financiero de Fondos Comunitarios de la Intervención General
elabora un informe en el que dice no observar impedimentos jurídicos para
aceptar la concurrencia de ayudas procedentes de un mismo fondo en
proyectos acogidos a la iniciativa Leader. Es decir, de alguna manera no
acepta la admonición, la decisión de la Dirección General VI. Se reiteran
estos argumentos ante la Unión Europea y el 29 de mayo de 1997 se recibe
un nuevo escrito del director general de la Dirección General VI en el
que se ratifica en su posición inicial en el sentido de que es necesario
cumplir los criterios de transparencia, de buena gestión financiera, y
que no admite aquello que España había propuesto en 1995. En
consecuencia, se nos obliga, se obliga a España a hacer una
reorganización de todo el invento. Y el invento es que ante la negativa
comunitaria a la doble financiación y la reiteración de los ministerios
de Economía y Hacienda, en su momento, y de Trabajo y Asuntos Sociales de
no tener compromiso adquirido, ni por tanto línea presupuestaria
habilitante de tales ayudas, el Ministerio de Agricultura pone en
conocimiento de las comunidades autónomas y de los grupos de acción local
la
situación y plantea la necesidad de estudiar alternativas para paliar o
minimizar sus efectos. En estas conversaciones y estas negociaciones con
quince de las diecisiete comunidades autónomas y sus grupos no ha habido
absolutamente ningún problema. Los cuadros financieros de doce
comunidades autónomas ya han sido reprogramados en los comités de
seguimiento, y en los correspondientes a otras tres --Castilla y León,
Aragón y Asturias--, según nos informa el Ministerio de Agricultura, hay
total acuerdo y se procederá en breve a su reprogramación. Las
dificultades (por eso decía que sólo podía poner dos ejemplos) han
existido en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Son las únicas, por cierto, que inicialmente gozaban de una aportación
del Ministerio de Agricultura a los proyectos Feoga superior al
establecido en la orden reguladora de estas ayudas; es decir, gozaban de
una ayuda del 8,8 y 8, respectivamente (8,8 por ciento para Andalucía y 8
por ciento para Castilla-La Mancha), cuando el máximo autorizado era del
5 por ciento. Estas dos comunidades autónomas han mostrado reiteradamente
su resistencia, como en tantas otras cosas, a modificar los acuerdos
financieros primitivos que ya han sido absolutamente rechazados por las
instancias comunitarias. No obstante, estas reprogramaciones han sido
realizadas en los correspondientes comités de seguimiento, habiendo
tenido los representantes de ambas comunidades autónomas acceso directo y
continuo --no pueden alegar ignorancia-- a las indicaciones de los
servicios de la Comisión. Tales reprogramaciones fueron aprobadas por
decisión del 12 de diciembre de 1997 para Castilla-La Mancha y el 19 de
diciembre de 1997 para Andalucía. Todo esto explica en parte los retrasos
que ha habido en la liquidación de ciertos pagos a las comunidades
autónomas y a los grupos de acción local. Es preciso además resaltar que
durante el período de reprogramación, desde que la propuesta llega al
comité de seguimiento hasta su aprobación por decisión, no puede
tramitarse a la Comisión solicitud de fondos comunitarios; luego la
posición de Andalucía y Castilla-La Mancha ha bloqueado la posibilidad de
solicitar esos fondos.
De todo lo expuesto, señor presidente, señorías, mi grupo deduce que una
errónea concepción inicial, en el año 1995, de las posibilidades de
financiación de las iniciativas Leader y la falta de comunicación y
compromiso entre los titulares de los ministerios de Agricultura, de
Economía y Hacienda y de Trabajo en aquel año 1995, en los momentos
previos a la presentación de los programas de las comunidades autónomas a
la Unión Europea, han sido las verdaderas causas que han contribuido a
frenar el ritmo de aplicación de la iniciativa comunitaria. En estos
momentos entendemos que las cosas están bastante desbloqueadas, están
funcionando con mucha más fluidez. La situación de las transferencias se
ha desbloqueado y ha quedado normalizada, y las nuevas programaciones
efectuadas no repercuten en la percepción del importe total de las
contribuciones comunitarias. Por tanto, si repasamos ya punto por punto,
vemos que en términos técnicos la Administración central no debe cantidad
alguna a los grupos, las transferencias han quedado desbloqueadas y las
demoras, como he explicado anteriormente, no son imputables a este
Gobierno. En los puntos 2 y 3, la nueva programación efectuada ha sido
aceptada por los grupos y las comunidades autónomas. Una nueva
reprogramación supondría nuevas demoras, sólo aceptables en el supuesto
de una mejora sustancial, que no es previsible. En el punto 4.o de la
proposición, pese a la oposición manifiesta en dos ocasiones por el
director general de la Dirección General VI, el Ministerio de Agricultura
mantiene abierta la negociación de la doble financiación. Cerrar la
negociación en estos momentos supondría aceptar la postura de la
Comisión, que el Ministerio de Agricultura no acepta. Y finalmente, en el
punto 5.o, a finales de 1997 el Ministerio de Agricultura anunció a las
comunidades autónomas su intención de convocar lo antes posible al comité
nacional de la iniciativa comunitaria Leader II. Con esta finalidad, se
solicitó formalmente a las comunidades autónomas los preceptivos informes
de ejecución de programas a finales de 1997. La fecha prevista para su
celebración era inicialmente el día 2 de abril, pero en estos momentos se
han recibido informes de sólo tres comunidades autónomas. Teniendo en
cuenta que uno de los principales cometidos de este comité es el de
analizar y dictaminar los citados informes, además de las reticencias
expresadas por el portavoz de CiU, ha sido necesario trasladar su
celebración al mes de mayo, si es que se puede celebrar y si es que las
comunidades autónomas entienden que deben acudir a ese comité.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que está claro que, del lado
de la lógica, nuestro grupo no tiene más remedio que oponerse a esta
interesante proposición no de ley que pretende corregir algo que ya está
corregido y que pretende enmendar una situación que entendemos que
afortunadamente está bastante enmendada. Y únicamente quiero recomendar
al portavoz del Grupo Socialista que los dirigentes de las comunidades
autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha colaboren un poco más porque
aquí, como en tantas ocasiones, enredan más que ayudan.
--SOBRE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE PESCA
MARITIMA FIRMADO ENTRE EL REINO DE MARRUECOS Y LA UNION EUROPEA (UE).
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000885).
--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES ANTE LA POSIBILIDAD DE
AUMENTO EN DOS MESES DE LA PARADA BIOLOGICA PARA LA FLOTA CEFALOPODERA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 161/000869).
El señor PRESIDENTE: Comunico a SS. SS. que las proposiciones no de ley 4
y 5 se van a debatir conjuntamente y se votarán al final de la sesión
separadamente, a no ser que entre los grupos haya una transacción
unitaria. No obstante, para la defensa de la primera proposición no
de ley, sobre el cumplimiento del acuerdo de cooperación en materia de
pesca marítima firmado entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea,
tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una proposición no de ley en relación al
cumplimiento del acuerdo de cooperación en materia de pesca firmado entre
el Reino de Marruecos y la Unión Europea. El grado de cumplimiento de
este acuerdo, señorías, nos preocupa. Conseguir el acuerdo ha sido muy
laborioso. A mí no me gusta mirar nunca hacia el pasado, pero a veces es
conveniente situarnos en el mismo para ver qué cosas se decían por parte
de quien hoy ostenta la responsabilidad de gobernar y qué cosas no hace
cuando tiene la responsabilidad del Gobierno.
Cuando se estaba elaborando, presionando para la consecución de este
acuerdo, escuchábamos muchísimas cosas. Escuchábamos, señorías, frases
como aquella de: Mientras Pujol no tenga barcos en Marruecos los
andaluces no van a poder pescar. Incluso escuchábamos otras lindezas como
que el Gobierno estaba permanentemente apoyando y creando un PER del mar
con un subsidio; por poner algunas de ellas. Hay toda una hemeroteca de
documentación en relación con aquel debate. Pero lo cierto es que en el
año 1995, después de muchos esfuerzos, se ha conseguido un acuerdo entre
la Unión Europea y Marruecos que permitía vislumbrar --es verdad que
pagando la Unión Europea importantes cantidades de dinero por el mismo--
una esperanza para la flota, bastante flota, que allí tiene su base de
actuación para los cuatro años de vigencia del acuerdo y que, como SS.
SS. saben, concluye en noviembre del año 1999. ¿Pero qué ha sucedido? Ha
sucedido que en el año 1997, por una decisión unilateral del Gobierno de
Marruecos, y sin que existiese razón o estuviese amparado en estudios
científicos que avalaran tal decisión, el Reino de Marruecos decidió
unilateralmente ampliar la parada biológica de dos a cuatro meses. Saben
SS. SS. que en el acuerdo se contemplaba una parada biológica de dos
meses y unilateralmente se decide la ampliación de la misma. Nosotros
decíamos, con motivo de una comparecencia ante esta Comisión del
secretario general de Pesca, que aceptar la ampliación de la parada
biológica en el año 1997 era abrir la puerta a que en sucesivos años se
pudiese repetir y pudiésemos estar ante situaciones parecidas. El
secretario general de Pesca nos decía en aquella ocasión que era una
situación extraordinaria y, por tanto, nada hacía pensar que en años
sucesivos estuviésemos ante una nueva propuesta de ampliación de la
parada biológica; por cierto, una ampliación que en muchas ocasiones no
fue respetada por las pateras marroquíes que actúan en la zona. En
efecto, lo que nosotros denunciábamos o que intuíamos que podía darse en
el año 1997 se ha vuelto a plantear en el año 1998, y mucho nos tememos
que también se planteará el próximo año. Por tanto, estamos ante la
situación de que es un acuerdo suscrito para cuatro años que se está
incumpliendo sistemáticamente y, por tanto, está rompiendo la previsión
que tenían muchos pescadores, armadores, etcétera, que faenan en las
zonas y que ven cómo año tras año, sin que existan razones científicas
que avalen tal decisión, se incumple un acuerdo.
Señorías, mi preocupación aumenta al observar la debilidad o la ausencia
de respuesta por parte de la Unión Europea ante este incumplimiento del
acuerdo. Algunos sostienen y yo también intuyo que intereses comerciales
de países de la Unión Europea, ajenos desde luego a los intereses de la
flota pesquera, son los que están incidiendo para que la Unión Europea
mire hacia otra parte en el cumplimiento de este acuerdo, lo cual nos
sitúa ante un hecho todavía más grave, que es que el mirar hacia otra
parte en la defensa del cumplimiento de un acuerdo para favorecer
supuestos intereses comerciales de otros socios de la Unión Europea está
perjudicando, desde luego, a los intereses de nuestro país. Por tanto,
estamos doblemente preocupados. Por un lado, por el incumplimiento del
acuerdo, que además nos repercute a todos los españoles porque con la
parada extraordinaria, que financia el Gobierno con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, estamos pagando todos los españoles el
incumplimiento de un acuerdo establecido y por el que ya se está pagando
también en el seno de la Unión Europea. Pero, por otro lado, existen
intereses comerciales espurios, que nos preocupan al Grupo Parlamentario
Socialista, por parte de países de la Unión Europea. Pero tenemos una
preocupación añadida. ¿Cuál es? La preocupación de saber que el año
próximo finaliza este acuerdo. Y desde luego con los precedentes que
tenemos, no estamos en condiciones de atisbar una perspectiva y un
horizonte de tranquilidad para la renegociación del acuerdo.
Por tanto, señorías, existe una preocupación que compartimos --parece--
todos los grupos de la Cámara. Hemos tenido el año pasado un debate con
motivo de la comparecencia del secretario general de Pesca, pero también
se han discutido proposiciones no de ley al respecto en esta Comisión;
por cierto, alguna de las cuales sigue teniendo validez en el sentido de
que la Unión Europea, porque estamos ante situaciones extraordinarias,
adopte las medidas necesarias para que, en primer lugar, esta decisión no
repercuta sobre las arcas del Estado español y, en segundo lugar, porque
estamos ante un supuesto de disminución de las posibilidades de pesca del
20 por ciento. Por tanto, ya no es suficiente con pagar cien mil o ciento
cincuenta mil pesetas a los pescadores que durante dos meses no van a
poder pescar o ayudar a mitigar las cargas de la Seguridad Social de los
armadores; no. Porque las previsiones de facturación, por tanto de
generación de recursos, no se ven compensadas con esas ayudas que se
establecen. Por consiguiente, es necesario hacer esta reflexión para que
sepan en el seno de la Unión Europea, primero, que si aceptan una
decisión de incumplimiento de un acuerdo debe ser la Unión Europea la que
sufrague, con cargo a sus presupuestos, este tipo de ayudas. Parece
razonable porque son ellos quienes aceptan este acuerdo. Y en segundo
lugar, yo creo que hay que ser más beligerantes en el seno de la Unión
Europea para exigir el cumplimiento de este acuerdo.
Estas son las razones, señorías, por las que hemos presentado la
proposición no de ley que hoy discutimos. En
los previos a la discusión de la proposición no de ley se decía que
seguramente ya no tenía sentido porque el Gobierno español había adoptado
medidas compensatorias. Es verdad que el Gobierno español ha adoptado por
segundo año medidas compensatorias ante una situación extraordinaria.
Pero yo creo que la reflexión va más allá de las decisiones que adopte el
Gobierno de España y, en todo caso, lo importante en este tema es la
exigencia a la Unión Europea en los términos en que está planteada la
proposición no de ley, en los términos que me he expresado con
anterioridad.
Señorías, ésta es la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, con
la preocupación de que cada vez que avanzamos hacia la finalización del
acuerdo que hoy es objeto de discusión, noviembre de 1999, esta
preocupación va aumentando. Existe una propuesta transaccional para
incidir en algún aspecto que hemos discutido y que hemos acordado en esta
Comisión hace algún tiempo y que sigue teniendo validez a nuestro juicio.
Cuando se presente estaremos en condiciones al menos de reflexionar sobre
ella, considerarla y, en su caso, aprobarla.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, quisiera comunicar a SS. SS. que aproximándose ya
las doce y habiendo anunciado las votaciones para después de esa hora,
éstas no se van a producir antes de la una de la tarde, para su
tranquilidad y para que puedan utilizar este tiempo, si lo consideran
oportuno, en otras cuestiones.
A continuación tiene la palabra el portavoz del grupo proponente de la
proposición no de ley, relativa a la adopción de medidas cautelares ante
la posibilidad de aumento en dos meses de la parada biológica para la
flota cefalopodera, señor Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señor presidente, como ya se ha dicho en la
intervención del portavoz que me ha precedido, ambas proposiciones quedan
de alguna manera un poco desfasadas en el tiempo porque la sustancia, el
meollo de lo que se solicitaba en las mismas básicamente ya ha sido
resuelto. No obstante, es conveniente hacer una reflexión importante
acerca de los distintos extremos que ya se han tocado y de alguno que
quizá no se ha tocado con absoluta claridad.
Decía el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que le
preocupaba el cumplimiento del acuerdo. La verdad es que el cumplimiento
del acuerdo nos preocupa a todos los portavoces, y no diría yo que sólo a
los portavoces sino que nos preocupa a todos los españoles. Es decir, el
acuerdo pesquero comunitario-marroquí tiene una trascendencia social
importantísima y yo creo que preocupa a todos los ciudadanos españoles
porque está enraizado en la propia sustancia de lo que es el conocimiento
pesquero y de la materia pesquera que se tiene en este país. Pero, desde
luego, a la hora de exigir ese cumplimiento hay que ser rigurosos y sobre
todo hay que ser coherentes con lo que se decía. Ha hecho una breve
reflexión sobre actuaciones y comentarios hechos con anterioridad al
debate de esta proposición no de ley, y también yo quiero referirme
brevemente a esos comentarios.
Los incumplimientos del acuerdo a los que nos estamos refiriendo son de
un tipo muy específico y muy marcado y hay que distinguirlos de otros
incumplimientos del acuerdo, y voy a decir cuáles. Aquí no se está
tratando de un incumplimiento del acuerdo sino de una variación del
acuerdo, que es muy distinto de un incumplimiento. En el articulado al
cual está sometido ese acuerdo está previsto que en la Comisión Mixta,
mediante acuerdo entre las partes, pueda revisarse la situación del stock
de los caladeros en orden a una mejor preservación de los recursos
pesqueros. ¿Qué significa esto? Que si a lo largo de la evolución del
acuerdo se produce alguna incidencia en la que se crea que la situación
de los recursos pesqueros ha evolucionado favorablemente o
desfavorablemente pudiera cambiarse, a juicio de las partes, la situación
de ese acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Distinto
es ese incumplimiento, que no lo es --repito-- sino que se trata de una
variación de las condiciones instadas de común acuerdo con las partes, de
los incumplimientos de un acuerdo como se produjeron en épocas
anteriores. Hay que recordar que en épocas anteriores al acuerdo que
ahora estamos sometiendo a debate se produjeron incumplimientos claros.
En los primeros acuerdos que se realizaron durante el Gobierno socialista
se produjeron incumplimientos flagrantes, se paralizó el acuerdo por
parte unilateral de Marruecos y se dejó a la flota parada durante dos
períodos consecutivos, en dos meses de enero en años consecutivos, y en
el mes de septiembre, con una antelación superior a los cuatro meses de
la finalización, Marruecos dio por terminado el acuerdo y nos lo tragamos
con patatas fritas. Esos sí son incumplimientos del acuerdo y no los que
se producen ahora; los que se producen ahora son variaciones del acuerdo
sobre el sometimiento del mismo a las condiciones de pesca de los
caladeros.
Hay que advertir a los portavoces que cuando se produjeron esos
incumplimientos del acuerdo el Gobierno de entonces no reaccionó más que
manteniendo a la flota en paro y sometiendo a la consideración de los
plenos del Congreso y del senado las aprobaciones de una moción y una
proposición no de ley que luego no se cumplieron. Luego, por tanto,
parece un poco incoherente achacar a un incumplimiento, que no lo es en
este momento, toda la carga de la duda y de la zozobra que nos produce
ese acuerdo a todos los españoles cuando ya se han producido
incumplimientos flagrantes y no se ha reaccionado a tiempo. Ahora sí se
reacciona a tiempo, y se reacciona a tiempo, inmediatamente, dotando de
ayudas a todos los pescadores afectados, cosa que antes no se hacía.
Quiero recordar a los portavoces, tanto al que me ha precedido como al
que va a actuar después que yo, que se aprobaron en el Senado y en el
Congreso una proposición no de ley y una moción en las que se instaba al
Gobierno a proceder a compensar a los pescadores y a los armadores en las
ayudas correspondientes a las cuotas de Seguridad Social, lo que nunca
llegó a cumplirse. Sin embargo, ahora las ayudas se han arbitrado de
forma inmediata y se están cumpliendo
también de forma inmediata, tanto las del año pasado como las de éste.
Decía también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que
la decisión es unilateral. ¡No, hombre! Está previsto dentro del acuerdo
que no puede haber ninguna decisión unilateral. Son decisiones --perdone
que le insista-- que pueden partir unilateralmente de Marruecos o pueden
partir --como partieron las primeras-- de la propia flota española. Y hay
que ser consecuentes con lo que se hace. La propia flota española fue la
primera que pidió una paralización de la actividad para regenerar el
caladero de cefalópodos, que ha sufrido una tremenda carga. Y bien
claramente dijo la ministra que cuando se produjeran paralizaciones sería
sometida a paralización la actividad de todas las flotas, no sólo la de
la española sino la de la flota marroquí, que es la que más perjudica al
caladero. Eso ha sido un logro de la ministra que hasta ahora no se había
cumplido en ningún momento de la actividad del caladero. Luego quiero
aclarar que la decisión no es unilateral sino llevada a cabo partiendo de
una decisión de la flota española en la Comisión Mixta, dentro de los
mecanismos que el convenio prevé, de acuerdo entre las dos partes, y
además arbitrando compensaciones para los pescadores por parte del
Gobierno español. Es cierto que cualquier precedente en el convenio de
Marruecos es un riesgo grave. Estoy totalmente de acuerdo con el portavoz
socialista; estoy tan de acuerdo como con que el primer precedente lo
arbitró el Gobierno socialista cuando permitió las paradas biológicas sin
una justificación científica. Fueron ustedes los que lo hicieron y nos
quejamos nosotros desde la oposición diciendo: Bienvenidas todas las
paradas biológicas siempre que tengan una justificación científica. Pero
no admitieron ustedes esa consideración sino una parada biológica, y
ahora resulta que por la puerta de la parada biológica nos están
machacando el convenio cada vez que intenta Marruecos machacarlo. Pero es
que no sólo fue eso, sino que esa puerta abierta que dejaron ustedes fue
la retirada de la flota, fue el aumento de cánones y licencias, el
aumento de los tripulantes, el aumento de las mallas, el aumento de las
paradas, cosa que ahora no está ocurriendo, porque ahora cualquiera de
esos extremos pasa por la Comisión Mixta y debe ser consensuado entre
ambas partes.
Finalmente deseo dejar claro un concepto. Existe ánimo de consenso porque
todos queremos ayudar a los pescadores, y hay que constatar una serie de
hechos: se está ayudando a los pescadores, los grupos parlamentarios de
esta Cámara quieren que se ayude a los pescadores, el Gobierno ha
arbitrado ayudas a los pescadores, pero hay un concepto que debemos de
dilucidar muy claramente. ¿En qué concepto se debe ayudar a los
pescadores? El Gobierno ha dejado bien claro, y el Grupo Popular, que es
quien lo apoya, lo deja asimismo perfectamente claro, que cuando se
produce un convenio existen dentro del mismo una serie de incidencias que
son motivo contractual de ese convenio, y como tal motivo contractual
está previsto que quien suscriba ese convenio debe someterse a los
motivos contractuales, no debe proceder a solicitar. Es como si yo le
compro a cualquiera de ustedes un piso o una finca o cualquier
instrumento que tengan ustedes en disposición de vender y, una vez
vendido, les solicito que me aumenten el precio o que me cambien las
condiciones de pago. Eso no es posible. Lo posible es que una vez que
hayamos llegado al contrato --y el contrato es el convenio-- se cumpla en
todas sus cláusulas y quien se meta y quien suscriba ese convenio debe
someterse a todas sus cláusulas, y una de ellas son las paralizaciones
biológicas. Por tanto, esas paralizaciones biológicas contractuales no
deben ser sometidas a ayudas de ningún Gobierno, pero sí deben ser
sometidas a consideración de la Unión Europea, y ése es el concepto en el
que creo que estamos todos de acuerdo. Cuando la Unión Europea introduzca
dentro de un convenio motivos de preservación de los recursos que
influyan en la economía de las distintas flotas que van a faenar, debe
prever asimismo mecanismos compensatorios para que, naturalmente, el
contrato se establezca de común acuerdo entre las partes y compense a las
partes, porque si no estará gravando sobre el Estado miembro y sobre la
flota miembro las consecuencias de ese acuerdo. Luego, por tanto, no
deben gravarse sobre la cabeza de los españoles, sobre la cabeza de los
pescadores españoles, ni mucho menos sobre la cabeza del Gobierno
español, que es quien representa a todos los españoles, esos temas de
compensación de parada. Debe gravarse en los términos del convenio. El
convenio debe incluir las compensaciones necesarias que cubran esas
paradas contractuales para que luego no sean objeto de petición de ayudas
por parte de los pescadores, ni sometidas a un régimen de ayudas del
Gobierno. De hecho se supone y se da por entendido que en el convenio de
Marruecos ya están previstas estas compensaciones contractuales en forma
de disminución de los cánones y licencias y en forma de dinero que paga
la Unión Europea al Reino de Marruecos por haber solventado el convenio y
que no sale de las arcas de la flota ni de las arcas del Gobierno
español, para que podamos seguir pescando en un caladero que es
fundamental y básico para la flota española.
Por tanto, queda perfectamente claro, primero, que el Gobierno reacciona
rápido y bien ante la necesidad de ayudas del sector pesquero en todo
momento; segundo, que la paralización que se produce en estos momentos es
debida a una cláusula del convenio por acuerdo entre las partes y, aunque
no nos guste, solicitada en principio por la flota pesquera española;
tercero, que cuando la parada no ha sido contractual, al Gobierno le
corresponde salir en defensa de los pescadores, y ha salido rápido y
bien, como hemos dicho antes; cuarto, que respecto a las paradas
contractuales deben ya estar introducidos los mecanismos de compensación
en los diferentes convenios, y habrá que prever, y yo estoy de acuerdo
con el portavoz socialista y me imagino que con los demás portavoces, que
en la negociación del próximo convenio se estipulen las compensaciones
correspondientes en la forma de introducción en el convenio, para que una
vez que el documento esté cerrado, la Unión Europea se haya hecho cargo
de compensar a los pescadores con medidas tales como la disminución de
cánones y más presencia de flota para que esas paradas contractuales no
graviten sobre la economía de la flota.
Por tanto, someto a la consideración de los grupos una transaccional en
el sentido de reconocer estos extremos de los que estamos hablando y que
pondremos sobre la mesa al final del debate si así lo estiman oportuno
los distintos portavoces.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar sus
posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Empezaré fijando la posición
del Bloque Nacionalista Galego, en primer lugar acerca de la proposición
no de ley que presenta el Grupo Socialista, que hace referencia a la
flota pesquera en aguas marroquíes, al acuerdo de pesca Unión
Europea-Marruecos en vigor, a las paradas biológicas, a las ayudas a
tripulantes y armadores. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es una
interesante proposición no de ley que se preocupa de un problema
importante que afecta a más de 100 barcos, muchos de ellos, por cierto,
con base en Galicia o propiedad de armadores gallegos, y desde luego con
tripulaciones en muy buena parte gallegas.
Nosotros creemos que éste es un tema recurrente, pero que en el fondo
subyace lo que nos estamos jugando, que es la futura presencia de esta
flota a que nos referimos en esas aguas y, por tanto, la continuidad de
la misma flota. Estamos ante un problema eterno, es decir, si a la Unión
Europea le interesa defender nuestros intereses pesqueros o tiene otros
intereses prioritarios, sean comerciales, agrícolas, industriales o de
defensa; también ante cuál es el interés y la capacidad de presión del
Gobierno español en el seno de la Unión Europea, y cabe preguntarse si no
es cierto que hay otros intereses dentro del Estado español del tipo al
que nos referimos antes a lo mejor más importantes; o si los mercados
españoles están abiertos a los productos pesqueros marroquíes, incluso
cuando hay paradas biológicas. Efectivamente, el convenio vigente
contempla dos meses de parada y sucesivamente estos dos últimos años la
Unión Europea cede y permite la ampliación en otros dos meses, por
cierto, con la aceptación del Gobierno español, sin estudios científicos
solventes y sin garantías de respeto del paro biológico por la flota
marroquí, especialmente aquella que faena ante la costa de las 6 millas,
lo que se denominan pateras, arrastreros medios, y todos sabemos que éste
es uno de los problemas más importantes a la hora de la conservación de
los recursos. El problema de fondo, señor presidente, señoras y señores
diputados, es que hay un intento clarísimo ya de expulsión de la flota
pesquera de aguas marroquíes. Se van tomando sucesivas medidas,
ampliación de paros, apresamientos, problemas con las mallas, y ni la
Unión Europea y, desde nuestro punto de vista, tampoco el Gobierno
español ponen la fuerza o ejercen la presión necesaria para que la
presencia de nuestra flota quede garantizada. Efectivamente, estamos ante
un acuerdo que acaba en el año 1999 y no sabemos aún si se renovará o en
qué condiciones se hará.
Haciendo referencia a la proposición no de ley, ésta presenta dos puntos,
el primero de los cuales pide que no se acepte la ampliación de la parada
biológica. Nosotros creemos que desgraciadamente esta ampliación ya fue
aceptada. El portavoz señor Blanco hizo referencia a que se podría
aprobar este punto pensando en el año que viene, pero, en todo caso,
quiero decirle que la proposición se refería a este año, aunque lo
podemos considerar de otra manera. El segundo punto pide ayudas para
tripulantes y armadores afectados por estas paradas. Nosotros estamos de
acuerdo en que se concedan estas ayudas y estamos también abiertos a la
posibilidad de votar una transaccional que se nos propone, pero
quisiéramos recordar que el 18 de marzo de 1997 se aprobó por unanimidad
una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, transaccionada
con el Grupo Popular, y que literalmente decía que se instara al
Gobierno, en orden al apoyo al sector pesquero, a demandar de la Unión
Europea el arbitrio de ayudas económicas para los flotas españolas
obligadas a detener su actividad como consecuencia de todas las paradas
biológicas, con especial atención a la flota que faena en aguas de
jurisdicción marroquí, y ello en el sentido de la mejor preservación de
los recursos pesqueros. Desde entonces es una evidencia que poco se ha
avanzado para cumplir la proposición aprobada por este Congreso, yo creo
que muchas veces escudándose en razones algo difusas, e incluso hay
portavoces del Partido Popular que insisten en que no se deben
subvencionar las paradas llamadas ordinarias o estructurales. En todo
caso, a ver si hoy damos un nuevo impulso a esta cuestión y el Gobierno
se toma más interés y consigue de la Unión Europea que se subvencionen
todas estas paradas. Creemos que debemos ser conscientes todos, y el
Gobierno en primer lugar, de lo que nos estamos jugando en esta cuestión.
Nos estamos jugando la pervivencia, como decía, de una flota en ese
caladero, de una flota muy importante, que es decisiva, por cierto, para
la pervivencia económica de algunas comarcas, por ejemplo, de algunas
comarcas de otros lugares del Estado, pero también de Galicia.
Paso a referirme, señor presidente, a la proposición presentada por el
Grupo Popular. Yo quisiera hacer referencia a un par de cuestiones que se
apuntan en la exposición de motivos, donde se nos dice que la disminución
generalizada de los rendimientos de esta pesquería está constatada a
través del Instituto Español de Oceanografía y también se nos dice que la
parada fue respetada por todas las flotas que en esa modalidad faenan en
las aguas de soberanía o jurisdicción marroquí. Yo quisiera matizar esto
simplemente con una respuesta reciente del Gobierno a este diputado,
donde hace constar precisamente que es pronto para que se puedan sacar
conclusiones avaladas científicamente, no sólo por parte marroquí, que se
entiende deben tener un estudio en el que se han basado para ampliar este
año la parada biológica dos meses, sino también por parte del Instituto
Español de Oceanografía. Hasta el momento se han analizado datos
estadísticos de capturas de la flota comunitaria en el mes de noviembre
de 1997. Claro, fíjense ustedes qué mes, de qué mes se trata, en ese
período
donde se observa a este nivel de análisis un incremento importante de
capturas. Por tanto, no hay estudios científicos solventes sobre esta
materia que avalen la ampliación de los paros.
Quisiera también hacer referencia al otro aspecto que comentaba, que es
lo referido a que la parada biológica fue respetada por todas las flotas.
En esa misma respuesta, el Gobierno hace constar que esa parada fue
respetada por la flota industrial de Marruecos, que faena dentro y fuera
de las 12 millas. Nos habla de la flota industrial, no de todas las
flotas y mucho menos de aquella a la que me refería al principio de mi
intervención, que es la flota llamada de pateras, que es la que está
provocando una disminución de recursos alarmante.
En todo caso, la proposición que presenta el Grupo Popular también
demanda instar al Gobierno a que se hagan las gestiones necesarias en
instancias comunitarias para que no se amplíe la parada biológica dos
meses más este año. Yo creo que desgraciadamente, como comentaba con la
anterior proposición, ya es una realidad. También quisiera comentar que
es una parada biológica adoptada unilateralmente por las autoridades
marroquíes y aceptada por la Unión Europea y el Gobierno español. Luego
demanda que sea considerado como de carácter extraordinario este paro y
se asegure el acceso por parte de armadores y tripulaciones a estas
ayudas. Yo quisiera comentar que ésta es una decisión tomada por el
Gobierno ya con motivo de la anterior parada biológica y que se volvió a
adoptar este año, sin duda también, no hay que olvidarlo, por la presión
que efectivamente ejercen los afectados por esta parada. Es una
proposición que en este momento a nosotros nos parece poco útil para
conseguir algo, porque ya se adoptó ese tipo de medidas.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, se trata desde
luego de ser conscientes de lo que está pasando, de que se solucionen
problemas reales y, por tanto, que desde este Congreso de los Diputados
se haga un esfuerzo por impulsar medidas que solucionen estas cuestiones,
desde luego al margen de disputas. El Gobierno español debe presionar
para evitar que se cierre este caladero para nuestra flota, porque por
ahí es por donde van los tiros en este momento, por lo menos para que se
cierre para una parte muy importante de nuestra flota. En segundo lugar,
no hay que hacer responsables a tripulantes y armadores de las paradas
biológicas, porque ellos no tienen la culpa de que no se presione a la
Unión Europea para que financie las paradas biológicas, ni de que en su
momento no se supiera negociar y no se incluyera en el acuerdo vigente la
previsión de que la Unión Europea financiase esas paradas.
Por lo tanto, para concluir, señor presidente, nosotros estamos con la
mejor voluntad de llegar a acuerdos que sirvan para impulsar al Gobierno
a adoptar medidas que solucionen los problemas que en este momento padece
la flota en aguas de jurisdicción marroquí.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra su portavoz, señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Solamente quiero expresar el deseo del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió de que se llegue a una
transacción entre las dos proposiciones no de ley que presentan el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, ello para mostrar nuestra solidaridad con
los pescadores españoles de esta zona de Marruecos, a pesar de que el
presidente Pujol sigue sin tener barcos en la zona, como se ha dicho hace
un momento en esta Comisión. Desearíamos que esta solidaridad expresada
por nuestro grupo se manifestara también entre los restantes grupos
representantes de esta Comisión y que se llegara a un acuerdo entre la
dos proposiciones no de ley, que, como he dicho, han presentado el Grupo
Socialista y el Grupo Popular.
--SOBRE LA CANTIDAD NACIONAL GARANTIZADA DE ALGODON SIN DESMOTAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número
de expediente 161/000949).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la proposición
que figura en el orden del día como número 7, sobre la cantidad nacional
garantizada de algodón sin desmotar. Para su defensa, tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señorías, la proposición no de ley sobre el
algodón, que presento en nombre de mi grupo, es una respuesta a la
demanda del sector, que está exigiendo permanentemente, como todos
ustedes saben, la responsabilidad de esta Cámara para proteger los
derechos de tantas y tantas zonas que como, por ejemplo, la del bajo
Guadalquivir sevillano viven del mismo.
Hace tres años las ayudas del algodón sufrieron una reforma reglamentaria
por el Consejo de la Unión Europea, que consistía, entre otras
cuestiones, en separar la cantidad máxima garantizada en dos cupos
nacionales, de 249.000 toneladas para España, por un lado, y 782.000 para
Grecia. En la fecha en la que se produjo --saben ustedes que fue en el
año 1995-- nuestro país padecía una sequía tremendamente aguda y
justamente en las provincias además donde se cultiva el algodón, lo que
dio lugar a producciones muy bajas en la franja temporal que iba desde el
año 1990 al 1996, y en este marco se fijó la cantidad nacional
garantizada para España, tomando como referencia para ello campañas muy
afectadas por ese fenómeno catastrófico, y la auténtica actualidad
productiva no tiene hoy correlato y en estos momentos estamos en
condiciones de conseguir una mayor producción de la cantidad nacional
garantizada, con las dificultades que eso ocasiona al sector si
consideramos que en el mismo se sustentan explotaciones familiares con
más de 12.000 cultivadores, siendo la economía y la extensión de sus
explotaciones un impedimento para dedicarse a cultivos como serían
cereales u oleaginosas, ya que estos cultivos están subvencionados por
hectárea y no a la producción, lo que está llevando a
ocasionar graves efectos en la economía sobre el medio rural. Además, de
todos es conocido que el cultivo del algodón es uno de los que utiliza
mayor capital circulante debido a su elevada tecnificación. La cifra
estimativa con la que se trabaja considera que el capital por hectárea,
ustedes lo saben, que mueve el algodón es un 19 por ciento más elevado
que en la remolacha, un 93 por ciento más elevado que en el cultivo del
maíz, un 280 por ciento superior al del girasol en regadío y un 271 por
ciento superior al del trigo. Tomando estos datos como base, apreciamos
por lo tanto la importancia del sector algodonero en zonas como
Andalucía, y si la cantidad nacional garantizada estuviera en torno a las
400.000 toneladas, tendríamos una superficie aproximada de 120.000
hectáreas, que generarían más de 130.000 puestos de trabajo de forma
permanente, de los cuales 20.000 serían de agricultores y el resto de
trabajadores del producto, desmotadores, fitosanitarios, transporte,
recolección, y más de 1.250.000 jornales eventuales. Esta, señorías, es
la importancia que esto tiene, por ejemplo, para el sur, dado el alto
índice de desempleo.
Señorías, termino planteando que éstas son las razones por las que
presento una proposición no de ley en los siguientes términos, que
ustedes conocen, para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno
a defender ante la Unión Europea los intereses nacionales de este sector
con el objetivo de incrementar la cantidad nacional garantizada del
algodón sin desmotar en España hasta las 400.000 toneladas. Señorías,
conocida la enmienda del Partido Popular, que plantea identificar la
cantidad con la realidad productiva, hemos hecho las consultas
pertinentes a los afectados del sector y al resto de los grupos y puede
haber un consenso. En aras, entonces, de sacar adelante una propuesta que
beneficiaría indiscutiblemente a gran parte de Andalucía y de todos los
sectores afectados por este tema, nosotros vamos a asumir la propuesta
del Partido Popular y creemos que hemos obtenido el consenso del conjunto
de los grupos políticos y, por lo tanto, sería de gran agrado para
nosotros sacarla por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa y la fijación de la posición del
grupo tiene la palabra su portavoz, señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Intervengo para fijar la posición de mi grupo y
defender la enmienda que hemos presentado y también para agradecer a la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida que haya aceptado nuestra enmienda.
Creo que estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico que se hace de
la realidad del sector del algodón sin desmotar en España y en aras de
ese consenso, que yo agradezco, vamos a llegar a ese acuerdo total.
Me gustaría recordar a la señora portavoz de Izquierda Unida que el
actual régimen de ayudas a la producción de algodón se estableció en la
campaña 1995-1996, que sigue estando vigente, y que lo estará hasta la de
1999-2000, hasta que se presente por parte del Consejo un informe
preceptivo sobre su funcionamiento que pueda modificarlo. También quería
decirle que realmente el hecho de que la cantidad máxima garantizada
fuera baja no obedece a que se tuvieran en cuenta esos años de sequía; no
fue así, fue una cantidad que era una media de los años anteriores desde
nuestra entrada, que en su momento era suficiente, que después se ha ido
incrementando y que en el nuevo régimen de ayudas se elevó a 249.000
toneladas, incluso ampliable a 270.000 en caso de darse determinadas
circunstancias, como ya ocurrió en la campaña 1995-1996 y puede volver a
ocurrir en la presente campaña 1997-1998. Es decir, las cantidades
garantizadas se ajustaban realmente a las producciones medias habidas en
España, lo que, unido a la separación de cuotas entre los países
productores y otras medidas menores, permitió una sustancial mejora sobre
el régimen de ayudas anteriormente establecido, y por ello en aquel
momento esta reforma fue muy bien acogida por la mayoría del sector
algodonero. (Rumores.)
En las dos últimas campañas, 1996-1997 y 1997-1998, las producciones se
elevaron a 301.000 y 375.000 toneladas respectivamente. Esto fue debido a
diversas causas, entre otras, a la abundante reserva de agua para
riego...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sánchez Ramos.
Por favor, señorías, yo les rogaría silencio. La verdad es que para los
servicios taquigráficos de la Cámara resulta realmente complicado recibir
y plasmar en sus papeles la intervención del señor Sánchez Ramos. Por lo
tanto, les rogaría silencio.
Tiene la palabra de nuevo el señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Decía que en las últimas campañas las cantidades
de producción se elevaron, pero fue debido a diversas causas, y entre
ellas apuntaba las abundantes reservas de agua para riego, los excelentes
precios percibidos por los cultivadores en campañas anteriores y también
que debido a las inundaciones ocurridas se desviaron a la siembra de
algodón otros cultivos que estaban previstos, al no poder hacerse.
También quería destacar que el Ministerio de Agricultura es conocedor,
igual que este grupo, de la importancia que representa el sector del
algodón en Andalucía y en el resto de España, en todos sus aspectos, de
forma muy especial su carácter social y económico, como muy bien ha
destacado la portavoz de Izquierda Unida, y la importancia que tiene
sobre todo, como decía, en Andalucía, en las provincias de Cádiz, Sevilla
y otras, y, así, el Ministerio ha venido solicitando reiteradamente en
todos los foros comunitarios correspondientes y en cuantas ocasiones ha
tenido a bien la necesidad de que se incremente nuestra cantidad nacional
garantizada a cifras más acordes con la realidad productiva del sector en
la actualidad, solicitando asimismo que se adopte otra serie de medidas
que en su conjunto mejoren sustancialmente el régimen de ayudas en vigor
aplicables a este sector. Tales peticiones se seguirán formulando con
insistencia para intentar conseguir este objetivo que, como muy bien hoy
se pone de manifiesto, es objetivo común de todos los grupos de esta
Cámara, y así lo es del nuestro y del Gobierno.
En consecuencia, pues, el Gobierno ya ejecuta lo que aquí se está
diciendo y lo único que parece que nos separaba un poco era que Izquierda
Unida fijaba una cantidad exacta de 400.000 toneladas y, puesto que ésta
es una cantidad aleatoria que será o no y dependerá de muchas cuestiones,
sobre todo de tipo climatológico, parece más lógico, en sintonía además
con antecedentes parlamentarios de esta legislatura y de la anterior, que
se solicite una cantidad que sea acorde con la realidad productiva del
sector. Entonces, para nuestro grupo es motivo de gran satisfacción que
Izquierda Unida acepte nuestra enmienda en aras de ese consenso por el
que nos felicitamos todos y que nuestro grupo lógicamente agradece.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor
Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sean mis primeras palabras de recuerdo
emocionado para nuestro compañero Ramón Rueda, que es quien tenía que
haber defendido esta cuestión del algodón. Fue, como casi todos ustedes
conocen, un defensor de los trabajadores en Andalucía, enormemente
preocupado por la problemática de los trabajadores en general y de los
trabajadores del campo muy en particular.
Dicho lo anterior, tengo que manifestar que hay una coincidencia muy
amplia tanto con los proponentes de la proposición no de ley como con el
propio Grupo Popular. Entendemos que por el número de cultivadores a que
afecta, tanto como por los jornales que da, el cultivo del algodón se ha
llamado social, una determinación que aunque yo reconozco que desde un
punto de vista técnico es ambigua, sin embargo, tiene referencias claras
de que es cultivo proveedor de trabajo, en este caso además con una
rentabilidad muy alta en términos de producción final agraria por
hectárea. A ello tenemos que añadir en el caso del algodón las
posibilidades que tiene de adaptación, puesto que la mejora genética
indudablemente puede introducir factores deseables y deseados, tanto
respecto a un producto con una calidad de fibra mejor y más adaptada a
las demandas de la industria textil, como a propiciar un conjunto de
variedades perfectamente adaptadas a las condiciones edafoclimáticas.
No quisiera, sin embargo, cuando hablamos de cultivos de esta naturaleza
obviar el marco en el cual estamos, el de la Organización Mundial de
Comercio, y por lo tanto cuál puede ser el futuro mediato y a largo
plazo. Tanto a medio como a largo plazo se abre una problemática para
cultivos de esta naturaleza que esta Comisión no debe pasar por alto, que
en su día tendremos que abordar, si no de manera singularizada para el
algodón, que a lo mejor también, sí de manera conjunta para aquellos
cultivos en una situación muy especial, y de ello algún adelanto ya
estamos teniendo, de manera implícita ciertamente en unos casos, de
manera explícita otros, en las propias propuestas de la Agenda 2000.
Entiendo que la propuesta que se ha hecho de modificar una cantidad fija
por una cantidad ligada a la producción ha sido muy acorde con lo que se
está haciendo en otros cultivos y muy atinada, ya que en este proceso de
redefinir la política agraria comunitaria que se abre en estos momentos
se sienta un criterio que puede ser importante no sólo para el algodón
sino para otros cultivos.
Por lo tanto, dicho lo anterior, sólo me queda manifestar que nuestro
grupo va a votar en todo caso afirmativamente la proposición no de ley
que estamos debatiendo.
El señor PRESIDENTE: En estos momentos se iba a debatir la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero el portavoz de
dicho grupo no está en este momento. Yo asumiré lo que digan los señores
portavoces, suspendemos por cinco minutos o hacemos decaer la iniciativa
que figura con el número 6 en el orden del día. Si ustedes lo consideran
oportuno, suspendemos por cinco minutos la sesión hasta que se incorpore
el portavoz, y si no se incorpora en ese plazo, decaerá esta iniciativa.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS
A FIN DE ACELERAR LA CONSTITUCION DE UN ORGANISMO MULTILATERAL PARA LA
GESTION Y CONSERVACION DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN LA ZONA DE AGUAS
INTERNACIONALES DEL ATLANTICO SUDOCCIDENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000947).
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Pasamos a debatir la
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que se realicen
las gestiones necesarias a fin de acelerar la constitución de un
organismo multilateral para la gestión y conservación de las actividades
pesqueras en la zona de aguas internacionales del Atlántico
sudoccidental, del Grupo Parlamentario Popular.
Su portavoz tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: El pasado 12 de enero de 1998 el Congreso
argentino aprobaba su Ley de Pesca, la número 24.992, en la cual, entre
sus artículos, el 5.º en concreto, pretende tener atribuciones fuera de
su área de influencia de las 200 millas, es decir, que estamos asistiendo
una vez más a unos afanes expansionistas de países ribereños, como ya
había ocurrido con antelación. Hay que remontarse a años anteriores,
cuando Perú amplió sus aguas jurisdiccionales de 12 a 200 millas, y hemos
visto recientemente que Canadá también pretendía expansionar sus aguas
jurisdiccionales de las 200 a las 400 millas --hay que recordar el famoso
Estai, que fue apresado faenando fuera de las 200 millas--, Argentina
también, después de la discusión de si había apresado al
Arpón dentro o fuera, pero en definitiva ha tenido que pagar la multa
para poder salir de allí. Por tanto, todo el sector pesquero español está
asistiendo con mucho temor a que los países ribereños, donde tienen
caladeros importantes, están intentando prolongar, legal o ilegalmente,
sus aguas jurisdiccionales. Decíamos que Argentina con esta ley, que está
en sus trámites parlamentarios pertinentes, pretende tener jurisdicción
fuera de sus 200 millas.
Está claro que en las resoluciones tanto del Derecho internacional del
mar, como las de la propia ONU y las de la Unión Europea, se dice que las
especies migratorias que se encuentran fuera de las 200 millas tienen que
ser reguladas. Está claro que tienen que serlo porque hay que ordenar sus
caladeros, porque mucho han criticado a la flota pesquera, que si
depravaban, que si esquilmaban los caladeros, pero hay otras flotas mucho
peores. Si hablamos de la coreana o de las de bandera de conveniencia,
estamos observando que donde están ellas desaparecen curiosamente los
stocks de forma más o menos rápida. Eso también está ocurriendo en
Argentina. En Argentina nosotros tenemos aproximadamente cerca de 30
empresas mixtas, pero hay 25 barcos que están faenando fuera de las 200
millas y a los cuales, lógicamente, les podría afectar esta decisión
unilateral del Gobierno argentino. Tenemos que recordar que en la
actualidad hay organismos internacionales de pesca tales como el Comité
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el Comité
Internacional de la Ballena, el Comité Internacional para la Explotación
Científica del Mar Mediterráneo, la Organización de Pesquerías del
Atlántico del Noroeste (NAFO), el Comité Internacional para las
Pesquerías del Atlántico Noroeste, el Comité Internacional para las
Pesquerías del Atlántico Suroriental, el Comité Internacional para las
Pesquerías del Atlántico Norte, el Consejo General de Pesca para el
Mediterráneo y el Consejo Internacional para la Explotación del Mar. Por
tanto, consideramos que ya hay los suficientes antecedentes para que por
parte de la Unión Europea se fuerce o impulse la creación de este
organismo. La propia Unión Europea ya ha dado instrucciones a la Comisión
de Pesca para que se lleve a cabo la creación de este organismo que
regule la pesquería fuera de las 200 millas en el Atlántico
suboccidental.
Señorías, yo creo que éste es un tema de la suficiente importancia y
lógicamente al Grupo Parlamentario Popular le gustaría contar con el
acuerdo de todos los grupos para que de esta forma el Gobierno pueda
presionar a la Unión Europea para que se agilice de forma inminente el
trámite para la creación de esta comisión internacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Para fijar posición, por el
Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): El Grupo Popular nos presenta
una proposición no de ley destinada a instar al Gobierno a que realice
todas las gestiones necesarias a fin de acelerar la constitución de un
organismo multilateral para la gestión y conservación de las actividades
pesqueras en la zona de aguas internacionales del Atlántico
sudoccidental. Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición, aunque
a uno le entran ganas o de enmendarla o de rechazarla. De enmendarla, en
el sentido de cambiar «que realice todas las gestiones» por «que el
Gobierno continúe realizando, si cabe, todas las gestiones», que es una
cuestión que arguye siempre el Partido Popular ante las iniciativas de la
oposición, porque uno ya supone o quiere suponer que el Gobierno,
naturalmente, como siempre, ya está sobre este asunto. De rechazarla,
porque recientemente el Grupo Popular votó en contra de una proposición
no de ley del Bloque Nacionalista Galego, que demandaba negociaciones del
Gobierno español con la Unión Europea y la República Argentina,
destinadas a mantener la capacidad extractiva de nuestra flota en las
aguas jurisdiccionales y preservar los puestos de trabajo, cuestiones que
están amenazadas por la puesta en vigor de la nueva Ley de Pesca en
Argentina a que hizo referencia el portavoz popular. Naturalmente el
Grupo Popular rechazó esta proposición porque decía que el Bloque
Nacionalista Galego no pedía absolutamente nada que no se haya hecho o se
esté haciendo en estos momentos, pero no vamos a confundir efectivamente
lo que es el Legislativo con el Ejecutivo y, por lo tanto, expresamos
nuestra intención de votar a favor.
Es evidente que, de todas maneras, a través de esta proposición se
expresa una preocupación no sólo ya por la puesta en vigor de esta nueva
Ley Federal de Pesca argentina, sino porque se empiece a aplicar esa
jurisdicción fuera de las 200 millas, siguiendo naturalmente el ejemplo
de Canadá. Es evidente que estamos ante una amenaza, una más, sobre
nuestra flota pesquera y ante la sensación, desde luego de este portavoz,
de que la Unión Europea no defiende precisamente con la contundencia que
se precisa estos intereses pesqueros. Nosotros creemos de todas maneras
que el Gobierno debe mostrar más diligencia en la defensa del sector
pesquero y no limitarse muchas veces a la propagada. En este caso sí que
hay que ejercer una presión política importante, si es que una vez más no
estamos ante intereses contrapuestos, como a los que hacíamos mención en
la discusión de la proposición anterior, para evitar desde luego que se
sigan poniendo más trabas a nuestra flota, a la que pesca en las 200
millas a la luz del acuerdo de la Unión Europea y de Argentina y a la que
faena fuera de la zona económica exclusiva. En este momento,
efectivamente, esa Ley Federal de Pesca está cuestionando el futuro de
aproximadamente 35 empresas mixtas y 50 barcos; modifica las cuotas de
pesca, obliga a que el 75 por ciento de las tripulaciones sean argentinas
o fija cánones del 10 por ciento del valor de las capturas. Además
pronto, efectivamente, se cumplirá un año --y a eso hizo referencia
también el portavoz del Grupo Popular-- del apresamiento del buque Arpón
el pasado 13 de mayo. Es curioso que hasta este momento no se hayan
negociado las líneas de base --por lo tanto no están aclaradas-- de la
zona económica exclusiva de Argentina --por cierto, que éste fue el
motivo que dio origen al apresamiento de este buque--, y más aún, y
nosotros sí que tenemos preocupación sobre este tema, cuando la actividad
de la flota en estas aguas fuera de la zona económica exclusiva de
Argentina
se va a incrementar mucho en este período venidero. Efectivamente, existe
una promesa de negociación sobre el tema para junio o julio, es decir, un
año después del incidente a que nos referimos, y desde luego a posteriori
del inicio de la actividad de la flota a que también hacía mención.
Esperemos, por tanto, que no tengan lugar nuevos incidentes porque no
esté clarificado aún este asunto.
En resumen, señor presidente, y para concluir, vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley de Grupo Popular, en el deseo de
que ese organismo multilateral que se cree sirva para ejercer una cierta
defensa de los intereses de nuestra flota en esas aguas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: El Grupo Catalán de Convergència i Unió
considera conveniente que el Gobierno realice las gestiones necesarias a
fin de acelerar la constitución de un organismo multilateral para la
gestión y conservación de las actividades pesqueras en la zona de aguas
internacionales del Atlántico sudoccidental. El Consejo de la Unión
Europea ya ha dado un mandato de negociación a la Comisión con esta
finalidad. En todas las pesquerías existe este tipo de organismo de
control que regula las actividades pesqueras más allá de las aguas
jurisdiccionales propias de cada país.
Por otro lado, desde que en el mes de abril del año 1997 se comenzó la
preparación de los cambios legales que afectan a la actividad pesquera de
la República Argentina, el Gobierno español ha venido realizando
gestiones, tanto a nivel bilateral como a través de la Unión Europea,
para evitar la aplicación de medidas que pudieran resultar perjudiciales
para nuestra flota pesquera en el Atlántico sur. Recientemente, la Ley de
Régimen Federal de Pesca del Parlamento argentino ha aumentado la
preocupación del sector, ya que puede entenderse que se pretende una
ampliación de las 200 millas. Es, pues, natural la preocupación de los
grupos parlamentarios de esta Cámara sobre el tema, como ya se puso de
manifiesto en la reciente Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del
pasado 10 de marzo, que ya trató en una proposición no de ley del Grupo
Mixto algo relacionado con el tema.
A fin de impedir posibles transgresiones y de defender los intereses de
los pesqueros españoles que faenan en la zona, nuestro grupo apoyará la
presente proposición no de ley del Grupo Popular, que presenta hoy ante
esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra su portavoz, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Para manifestar brevemente que vamos a votar,
como no puede ser de otra manera, a favor de la proposición no de ley que
se presenta porque compartimos la preocupación que se ha manifestado por
el grupo proponente y también compartimos el objetivo que se marca en
esta proposición no de ley. Junto con nuestro voto favorable, también va
el deseo de que tenga más suerte que muchas de nuestras iniciativas,
sobre las que al final el Gobierno hace oídos sordos. Por tanto,
esperamos que no solamente sea aprobada sino que también el Gobierno le
dé tramitación.
Aprovecho para resaltar que hoy hemos visto varios temas relacionados con
la pesca y en todos ellos hay un hilo conductor y es la situación a la
defensiva en la que está nuestro país. Por eso nosotros creemos que es
necesario cambiar la dinámica. Nuestro país no puede seguir siempre en
temas de pesca completamente a la defensiva, sino que tenemos --repito--
que cambiar la dinámica y que nuestros pescadores vean que la Unión
Europea realmente les es útil, les sirve de paraguas frente a terceros
países, y no al contrario, que de lo que sirve la Unión Europea es de
freno para luego acabar siempre olvidando los intereses de la pesca en
función de otros temas de interés geoestratégico. Por eso yo creo que
debemos de tomar nota y plantearnos que el tema de la pesca sigue siendo
uno de los olvidados en esta Comisión, por lo que debemos reactivarla con
una presencia de la ministra, que viene poco a esta Comisión a hablar de
pesca --viene poco en general, pero en el tema de la pesca viene mucho
menos--, y por tanto nosotros creemos que debe hacerse una llamada de
atención.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: En ausencia de la ministra, podía venir el
secretario general de Pesca, porque ciertamente --aprovecho-- existen
numerosos temas que deberían ser objeto de alguna reflexión en el seno de
la Comisión. En todo caso, lo que nos trae aquí ahora mismo es una
proposición no de ley presentada por el Partido Popular para tratar de
que se constituya un organismo multilateral para la gestión y
conservación de las actividades pesqueras en las zonas de aguas
internacionales del Atlántico sudoccidental.
Señor presidente, la proposición no de ley va a tener el respaldo del
Grupo Parlamentario Socialista, porque en la defensa de los intereses de
España y de los pescadores españoles el Grupo Parlamentario Socialista
siempre va a estar del lado del Gobierno, sobre todo en un momento
ciertamente en que empieza a haber, se empiezan a vislumbrar problemas,
problemas importantes, algunos de ellos todavía no están sobre la mesa
pero el olfato nos indica que pueden estarlo dentro de pocos días. En el
debate de la proposición no de ley sobre el convenio con Marruecos
hacíamos alguna reflexión sobre la situación en la que se puede encontrar
la renegociación del acuerdo a partir del año próximo. En cualquier caso
lo que venimos percibiendo nos indica que está habiendo sistemáticamente
decisiones que directa o indirectamente repercuten sobre la flota
pesquera española, lo que nos lleva a indicar que se está empezando a
encender la luz roja en el sector pesquero y, por lo tanto, tenemos que
reforzar las actuaciones
que nos posibiliten avanzar para que no estemos en condiciones muy
desfavorables en los próximos tiempos.
Se ha hecho una reflexión sobre la nueva Ley de Pesca argentina, que va
más allá incluso de lo que plantea la proposición no de ley y que ya
indicamos en otro debate que se sustanció en esta Comisión el pasado 10
de marzo. En relación a la nueva Ley de Pesca argentina veíamos cómo iba
a afectar a las tripulaciones, exigiendo que las empresas mixtas tuvieron
el 75 por ciento de los tripulantes de nacionalidad argentina, que rompe
con la situación que hay en estos momentos y que puede llevar a muchos
marineros al desempleo. Veíamos que podía repercutir en la rentabilidad
de las empresas y, por lo tanto, incluso poner en peligro la viabilidad
de algunas de estas empresas mixtas, y también cómo la ley posibilita
otra serie de actuaciones que nos preocupan. Por lo tanto, es necesario
establecer mecanismos de presión y de negociación a través de la Unión
Europea con el Gobierno argentino, que posibiliten garantizar a nuestra
flota unas perspectivas y unos horizontes de futuro claros, que en estos
momentos no lo están.
Aquí reiteradamente estamos hablando en esta Comisión de la necesidad de
negociar y de la necesidad de acordar, pero lo cierto es que la
responsable del Ministerio no se caracteriza precisamente por el alcance
de los acuerdos, por el logro de acuerdos, por avanzar en las
negociaciones, sea cual sea el ámbito del que estamos hablando. Por lo
tanto, yo deseo que se apruebe esta iniciativa, de la misma forma que
deseo que el Gobierno de España y la ministra de Agricultura se tomen a
pecho y se tomen en serio que estamos en la antesala de posibles y
grandes problemas para el sector, que, como indicaba en el inicio de mi
exposición, la luz roja se ha encendido y vamos a ver si todos somos
capaces con nuestra posición de volver a poner el semáforo en luz verde
para que así el sector no se vea afectado por la ausencia de respuestas,
por la incertidumbre que hay al no avanzar en la consecución de nuevos
caladeros, por las repercusiones que puede tener la Ley de Pesca de
Canadá, ahora la Ley de Pesca argentina y no sabemos lo que pude pasar
pasado mañana.
Concluyo, señor presidente, insistiendo en que vamos a votar esta
iniciativa y deseamos que la misma no sea solamente fruto del acuerdo de
la Comisión, sino que forme parte de la cartera de las exigencias del
Gobierno de España, tanto en los foros europeos como en los foros
internacionales.
El señor PRESIDENTE: Faltando cinco minutos para la una de la tarde,
vamos a suspender la sesión para que puedan avisar a los diputados y
podamos iniciar las votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reiniciamos la sesión.
Antes de iniciar las votaciones, desearía, si me lo permiten ustedes, que
constase en acta el pesar de esta Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca por el fallecimiento del diputado del Grupo Socialista, don Ramón
Rueda Espinar. Como todos ustedes saben, falleció hace escasas fechas en
trágicas circunstancias. Era un miembro activo de esta Comisión. Y
quisiera resaltar en estos momentos tristes las virtudes de Ramón, tanto
como persona como político. Yo creo que le recordaremos todos como un
compañero leal, un compañero extraordinario, con un magnífico talante
humano. Le hemos considerado y le consideramos un hombre de ideales y
comprometido con su partido y con Andalucía. Hoy le tocaba aquí
intervenir en una iniciativa que él había presentado con enorme ilusión,
y el Grupo Socialista ha tenido que sustituirle por esta razón. Por lo
tanto, quisiera que constase nuestro sentimiento de pésame y de
condolencia, y que este sentimiento se trasladase al Grupo Socialista y
fuese también trasladado a su familia en nombre de toda la Comisión.
Muchas gracias.
Por lo tanto, iniciamos las votaciones con el primer punto del orden del
día: proposición no de ley sobre el establecimiento de una ayuda
suplementaria al sector de la producción del aceite de oliva, presentado
por el Grupo Parlamentario Catalán, y con el texto de la transacción, que
tienen todos los portavoces. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.)
El señor PLIEGO CUBERO: Simplemente quiero decir que la enmienda que
había presentado el Grupo Parlamentario Socialista tenía dos partes: una,
la de que la petición se haga a la Unión Europea; y otra, la de que se
hiciera dentro de la OCM. La transaccional solamente recoge la primera
parte, que se haga ante la Unión Europea, no dentro de la OCM. Quiero
decir que, desde el punto de vista formal, vamos a retirar nuestra
enmienda para que se pueda votar la transaccional, pero que en cualquier
caso, desde el punto de vista del debate político, y para que conste en
acta, no renunciamos en absoluto a nuestro segundo planteamiento,
recogido en la enmienda, que era que estas ayudas se contemplen dentro de
la OCM.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues votamos esa transacción, sin
renunciar, por supuesto, el Grupo Socialista a los planteamientos
realizados por su portavoz, señor Pliego. Por lo tanto, votamos esta
proposición.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la protección y conservación del atún
rojo en el Mediterráneo. Votamos en este caso la enmienda a la
proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para fomentar y
potenciar los programas Leader y Proder, según el texto presentado por el
grupo proponente, Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar la proposición del Grupo Socialista:
proposición no de ley sobre el cumplimiento del Acuerdo de cooperación en
materia de pesca marítima, firmado entre el Reino de Marruecos y la Unión
Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición del Grupo Parlamentario
Popular. (El señor Marquínez Marquínez pide la palabra.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor
Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señor Presidente, señorías, esta
proposición, al igual que la anterior, pensamos que ha quedado ya fuera
de lugar, en el sentido de que lo que se solicitaba en ella, igualmente
que en la anterior, ya ha sido realizado por el Gobierno. Por lo tanto,
el Grupo Popular no va a someter a votación algo que ya el Gobierno ha
cumplido. Y aprovechamos la ocasión para felicitar al Gobierno por su
rapidez y ejemplaridad.
El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿por lo tanto, queda retirada o no queda
retirada?
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Queda retirada, habida cuenta de que se ha
cumplido todo lo que se pedía. El Gobierno ha sido más rápido que
nosotros.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, como saben ustedes, reglamentariamente
queda retirada y no se somete a votación. (El señor Blanco López pide la
palabra.)
El señor Blanco tiene la palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Simplemente quiero que conste en acta que el
contenido de la proposición anterior no se había cumplido en los términos
de la proposición, tanto es así que el Grupo Popular ni la ha votado. Por
lo tanto, lamento que no hayan entendido lo que decíamos en la
proposición.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, señorías, al quedar retirada no se
somete a votación.
Pasamos a continuación a votar la que figura en el orden del día con el
número 6: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
realice las gestiones necesarias a fin de acelerar la constitución de un
organismo multilateral para la gestión y conservación de las actividades
pesqueras en las zonas de aguas internacionales del Atlántico
sudoccidental, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 7: proposición no de ley sobre la cantidad nacional
garantizada de algodón sin desmotar, según el texto de la transacción o
de la enmienda presentada.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del miércoles, 22 de abril de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.