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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 440, de 22/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 440
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 34
celebrada el miércoles, 22 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
-- Sobre posición del Gobierno en relación con el respeto a los
derechos humanos en Colombia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
(Número de expediente 161/000916) (Página 12720)
-- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para organizar la asistencia consular a los españoles residentes en
Amberes y Lieja (Bélgica). Presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida (Número de expediente 161/000922) (Página 12724)
Dictamen sobre:
-- Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), de 21 dejulio de 1935, relativo al empleo de las mujeres
en los trabajos subterráneos de toda clase de minas (Número de expediente
110/000164) (Página 12726)
-- Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996
(Número de expediente 110/000165) (Página 12726)
Preguntas:
-- Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
posibilidad de aumentar el número de puertos españoles en los que se
autorizaría el atraque de buques de Estados Unidos propulsados con
energía nuclear (Número de expediente 181/001392) (Página 12727)
-- Del señor Izquierdo Juárez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre objetivos y prioridades previstos por la cooperación
económica y comercial española para el año 1998 (Número de expediente
181/001409) (Página 12728)
-- Del mismo señor diputado, sobre prioridades y objetivos del
Instituto Cervantes y de la Casa de América para el año 1998 (Número de
expediente 181/001410) (Página 12728)
-- Del mismo señor diputado, sobre prioridades y objetivos de la
cooperación cultural y científica para el año 1998 (Número de expediente
181/001411) (Página 12728)
-- Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Parlamentario Mixto), sobre medidas
para la promoción del castellano en Puerto Rico (Número de expediente
181/001459) (Página 12730)
-- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno acerca de un
hipotético viaje del Rey a Cuba (Número de expediente 181/001460) (Página 12732)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número
de expediente 161/000916).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Tengo que informar a SS. SS. de algunos cambios habidos en el orden del
día como consecuencia de la imposibilidad en que el Gobierno se
encontraba de comparecer, según fui informado por las estancias
correspondientes del Ministro de Asuntos Exteriores. Por una parte, el
señor ministro hoy debe acompañar al señor presidente de Brasil en su
visita de Estado a España y por ello no le ha sido posible comparecer
como estaba previsto y, por otra, el secretario general de la AECI se
encuentra en estos momentos participando en Amman (Jordania), en la
reunión de la Comisión mixta hispano-jordana, por lo cual ambos solicitan
el aplazamiento de las respectivas comparecencias, que figurarán en un
próximo orden del día de esta Comisión.
Al mismo tiempo, tengo que informar a SS. SS. de que, en nombre del
Gobierno, responderá a las preguntas el secretario de Estado para la
Cooperación Internacional con Iberoamérica, pero también la Presidencia
ha sido informada de que no podrá comparecer antes de las doce. Por ello,
si les parece oportuno, vamos a proceder, primero, a la consideración,
debate y votación, en el momento en que indiquemos, de las dos
proposiciones no de ley; segundo, tomaremos en consideración los
dictámenes sobre los dos convenios internacionales que tenemos en el
orden del día y, finalmente, a la hora señalada, tramitaremos las
preguntas.
Tenemos dos proposiciones no de ley, la primera, que figura con el número
10 en el orden del día, es del Grupo Parlamentario Mixto, del señor
Alcaraz, y se refiere a la posición del Gobierno en relación a los
derechos humanos en Colombia.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La intención de esta proposición no de ley
presentada por Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, es lógicamente
contribuir a que el Gobierno español asuma vigorosamente la defensa de
los derechos humanos en Colombia. Como SS. SS. no ignoran, la situación
por la que atraviesa aquel país es extraordinariamente compleja, y
bastarán para recordarlo algunos datos sucintos sobre esa situación.
Ya en agosto de 1995, en vista del clima existente, diversas
organizaciones sociales y no gubernamentales colombianas reconocían la
importancia de la iniciativa del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de abrir una oficina permanente en Colombia, lo cual era un
intento de buscar una salida a esa crisis de derechos humanos.
El 6 de abril de 1997 se instala esa oficina permanente y hay una
declaración hecha en Ginebra el 16 de abril de 1997 por el Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, por la que saludaba
la instalación de la oficina y reiteraba su mandato de asistir a las
autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas
para la promoción y protección de los derechos humanos y observar las
violaciones de derechos humanos en el país, emitiendo informe sobre el
Alto Comisionado, que a su vez debería presentar un informe analítico y
global a la Comisión en su 54.º período de sesiones sobre la instalación
de la oficina, sus actividades y desarrollo de la situación de los
derechos humanos en Colombia. Por lo tanto, es hace un año cuando se
remite a esa reunión que se celebra --como luego indicaré-- en este
momento.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al examinar el cuarto
informe periódico sobre Colombia, también en el mismo mes del año 1997,
deploraba que continuaran las violaciones patentes y en gran escala de
los derechos humanos.
En ese año transcurrido, desgraciadamente, la situación se ha agravado,
no ha habido una mejora sino que más bien ha habido un agravamiento. Cada
día, en promedio, casi diez personas fueron muertas por la violencia
sociopolítica: seis por causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios
políticos; tres más como consecuencia del conflicto armado interno y una
persona cada seis días por pertenecer a sectores sociales considerados
marginales. Adicionalmente, cada tercer día, una persona fue
desaparecida, si se permite la expresión, y otra torturada.
El incremento de la participación de grupos paramilitares como autores de
estas muertes también ha crecido; se calcula que el año 1997 alcanzó el
76,8 por cien de los casos, mientras que a la fuerza pública se le
atribuye el 4,4 por ciento.
La guerrilla, que también ha venido violando el derecho internacional
humanitario, si embargo, bajó el número de muertes causadas por ella
manteniéndose todavía en un altísimo 18,6 por ciento. Por otro lado,
organizaciones de mujeres informaron que en 1997 se incrementaron las
violaciones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres.
Han aparecido nuevos indicios de comunidades militares que mantienen
niveles de tolerancia, colaboración o, incluso, realización de
operaciones conjuntas con grupos paramilitares reforzando la certeza de
los vínculos entre estos grupos y las fuerzas armadas como parte de una
estrategia contrainsurgente.
Una sentencia de la Corte Constitucional y un decreto del Gobierno
limitaron las atribuciones de los servicios especiales de vigilancia y
seguridad privada y su dotación legal de armamento; sin embargo, existe
la certidumbre de que en la práctica siguieron conservando este armamento
y actuando de manera ilegal, lo cual también desconoce la recomendación
del Comité de Derechos Humanos de derogarlas.
Las acciones de grupos paramilitares, de las fuerzas armadas y de las
guerrillas produjeron también el desplazamiento forzado de más de 200.000
personas en 1997, lo que aumentó a 1.100.000 el número de personas
expulsadas por la fuerza de sus tierras. Especialmente significativo ha
sido el ataque a sindicalistas: durante 1997, 123 de ellos fueron
asesinados, el 25 por ciento de los cuales pertenecía a órganos de
dirección. Igualmente, la persecución contra militantes políticos de
oposición no ha cesado.
También hay que recordar que en 1997 estalló una crisis del sistema
penitenciario que mantiene a 43.000 personas privadas de libertad en
condiciones que el Comité de Derechos Humanos calificó de terribles,
entre ellas que el 48 por ciento de los presos está sin sentencia.
Se aprecia que en los últimos sucesos no existe una estrategia seria para
combatir a los grupos paramilitares, ni la impunidad con que actúan ni
medidas eficientes para controlar la tragedia humana de los desplazados y
la población carcelaria.
Por lo tanto, éste es el sombrío panorama que observó la oficina y sobre
el cual informará al Comité de Derechos Humanos en marzo de 1998.
Como saben SS. SS., hace apenas unos días, de nuevo, dos asesinatos han
venido a conmover a la opinión pública internacional --los de María
Arango y Eduardo Umaña--, asesinatos que seguramente no eran casuales,
precisamente cuando se celebra ese 54º período de sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas para tratar, entre otros, sobre la
cuestión de Colombia. Esta Comisión inició sus trabajos el 16 de marzo y,
por lo tanto, era oportuna la presentación de una proposición no de ley
que sirviera de presión ante las autoridades colombianas para llamar la
atención, también, que alertara a nuestra opinión pública y que viniera a
marcar unas líneas de actuación al Gobierno español. Sin embargo, el
establecimiento de órdenes del día hace que la sesión que hoy se celebra
esté a dos días de la conclusión de los trabajos de la Comisión que tiene
previsto finalizar el 24 de abril.
No voy a entrar a explicar ni siquiera someramente nuestra proposición no
de ley porque, por las noticias que se tienen, hay que valorar que en las
sesiones de la Comisión se ha avanzado en muchas de las cosas que en ella
se contienen y que, en ese sentido, el texto original que Nueva Izquierda
e Iniciativa per Catalunya planteaba, aún entendiendo lógicamente que era
correcto, ha quedado de alguna forma superado por la realidad. Por ello,
anuncio ya que valorando muy positivamente la buena voluntad de otros
grupos de esta Cámara, singularmente del Grupo Socialista y del Grupo
Popular que han presentado enmiendas, aceptaría las de sustitución que
tanto un grupo como otro plantean, pero con una propuesta para ahorrar
tiempo. Pediría que, en primer lugar, figurara el párrafo segundo de la
enmienda del Grupo Popular, a continuación el párrafo primero de la
enmienda del Grupo Socialista, seguidamente, el párrafo primero de la
enmienda del Grupo Popular y, finalmente, el segundo párrafo de la
enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, existen dos enmiendas presentadas a
esta proposición no de ley, una por el Grupo Socialista y otra por el
Grupo Popular.
Por el Grupo Socialista, para su exposición, doy la palabra a la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Esta proposición no de ley que presenta el
Grupo Mixto, como ya ha manifestado su ponente, fue presentada el 12 de
marzo pasado y está referida básicamente al impulso del Gobierno ante la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del 54º
período de sesiones. Recoge una serie de puntos que debido a que dicho
período de sesiones se está desarrollando en estos días, entendemos
requieren una actualización a la hora de orientar el debate, así como
manifestar nuestra toma de posición y justificar la enmienda que hemos
presentado.
Hay varias cuestiones a observar en relación a los puntos que plantea la
proposición no de ley y, por comenzar por el primero que ya conocen sus
señorías, he de decir que el informe sobre los trabajos de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ya se ha
presentado en el marco de este período de sesiones.
Esta Diputada que les habla no ha tenido acceso al texto por dificultades
en la conexión por Internet, pero sí al discurso de presentación del
mencionado informe realizado por la señora Robinson, la alta comisionada
de los Derechos Humanos, que resalta lo siguiente al respecto: los diez
años, desde que ella escuchó al entonces Defensor del Pueblo de Colombia,
José Fernando Castro y Caicedo, que describía un escenario de casi cuatro
mil muertos a causa de la violencia; seis millones de niños viviendo en
la pobreza --un millón de ellos en pobreza extrema y las continuas
amenazas contra quienes luchan por la justicia y los derechos humanos,
(por cierto, este último domingo ha habido un nuevo asesinato de un
abogado por las fuerzas paramilitares); en definitiva, problemas que
hasta ahora no han tenido respuesta. Hizo también referencia a la
petición de cooperación internacional por parte de ministros de Asuntos
Exteriores colombianos y la voluntad de su Gobierno para apoyar la labor
de la oficina de derechos humanos en Colombia.
La alta comisionada señaló de la misma forma que gracias a la instalación
de esta oficina ha sido posible la elaboración del citado informe
analítico sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
Con respecto al punto número 2 de la proposición no de ley, quiero decir
que precisamente en el citado discurso la alta comisionada confirma que
el mandato de la oficina ha sido ampliado en los mismos términos para un
año más, gracias al acuerdo firmado entre su predecesor, el señor Ayala
Lasso, y el Gobierno colombiano; ampliación del mandato y también del
número de funcionarios, hasta un total de doce, así como del compromiso
de las actividades de la citada oficina que se incluirán en los resúmenes
mensuales sobre actuaciones en materia de derechos humanos que realiza el
alto comisionado.
En cuanto a la adopción de medidas complementarias que la proposición no
de ley expone y por comenzar por el apartado a), he de decir que ya se ha
comentado acerca del informe específico ante la 54ª Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y aunque se desconocen los procedimientos y el
orden del día que se planteará ante la Asamblea General, no obstante, es
de prever que en el ámbito del mandato de la alta comisionada dichas
actividades formarán parte de su informe ante la Asamblea.
En cuanto al apartado b) quiero decir al respecto que la alta comisionada
ya se ha manifestado en su discurso, ya comentado, señalando expresamente
que:trabajaremos para mejorar la efectividad de la oficina y con dicho
objetivo he pedido a mi asesor de operaciones sobre el terreno que visite
Bogotá en los próximos meses y yo misma visitaré Colombia previsiblemente
este mismo año.
Con respecto al apartado c) creemos que la propia existencia de una
oficina específica de Naciones Unidas con un mandato amplio de
actuaciones relativas a la observación e informes sobre la situación de
derechos humanos en todo el país, además de asesorar técnicamente al
Gobierno al objeto de poner en marcha políticas y programas que
desarrollen y permitan el ejercicio de los derechos humanos, esto, unido
al contacto y al trabajo que estrechamente se pueda realizar con la
sociedad civil, con las ONGs y medios de comunicación, hace necesaria,
desde nuestro punto de vista, la existencia del relator.
Hay algunos antecedentes al respecto. Me refiero a una respuesta que dio
el Ministro de Asuntos Exteriores a un miembro del Grupo Catalán
(Convergencia y Unión) y, para concluir, indicaré que no nos cabría
ninguna duda sobre la oportunidad de esta iniciativa parlamentaria
presentada si hubiera podido debatirse con anterioridad al desarrollo de
las sesiones celebradas con motivo de la 54.ª Comisión de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, pero las actuaciones tanto de la Comisión
como de la alta comisionada, así como la renovación del mandato de la
oficina en Bogotá, el papel del Gobierno español en apoyo de la
resolución del conflicto en Colombia y la especial vigilancia que
requieren los derechos humanos en dicho país, merecen, desde nuestro
punto de vista, el apoyo unánime de esta Comisión mediante una adecuada
reformulación de esta iniciativa. Esta es la razón por la que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda en los términos que
ya conocen SS. SS., anunciando además que aceptamos la reforma que hace
el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De
Cáceres para exponer la enmienda presentada a esta Proposición no de ley.
El señor DE CACERES BLANCO: En relación con la iniciativa parlamentaria
de referencia, estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, sin
embargo, desde un punto de vista formal, haríamos las siguientes
correcciones: en el párrafo segundo de la primera página que empieza por
hasta la instalación de, se incluyen entre comillas unas frases referidas
a la Comisión de Derechos Humanos, haciendo suponer que se trata de una
cita textual, lo que no es así como puede verse por la copia que se
adjunta de la declaración efectuada por el presidente de la Comisión el
año pasado.
En el párrafo siguiente hay que tener en cuenta que la Comisión de
Derechos Humanos es el órgano de supervisión del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, y que por ello debería de decir: El Comité de
Derechos Humanos, al examinar el cuarto informe periódico sobre
Colombia..., etcétera. Las tres últimas líneas del segundo párrafo de la
página 2 deben ser sustituidas por: ofreciendo un preocupante panorama
sobre el que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos tendrá que
informar a la Comisión de Derechos Humanos en el período de sesiones que
ha comenzado el 16 de marzo.
El punto 2 de la proposición no de ley debería suprimir la palabra
permanente y añadir a alto comisionado las palabras: de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, y, además, en lugar del resto del
párrafo, sería conveniente decir: incluida la observación de la grave
situación de los derechos humanos en aquel país con el fin de contribuir
a la superación de ésta.
En el punto 3.b) creemos que debilitaría la posición de la oficina en
Bogotá y la de su directora, la diplomática española, embajadora Almudena
Mazarrasa, el que la Comisión de Derechos Humanos pidiera a la alta
comisionada que además de seguir de cerca las actividades de la oficina
visitara el país, como si la actividad de la oficina no mereciese
confianza por sí misma.
Por último, el punto 3.c) consideramos que es improcedente ya que
solicita que la Comisión nombre un relator especial para Colombia cuando
ya tiene el mandato de informar sobre la situación en aquel país la
propia oficina de alto comisionado de Bogotá.
Atendiendo al fondo que subyace en la iniciativa que se examina, el
transcurso de la 54ª Comisión de Derechos Humanos, en su tratamiento del
tema III, Colombia, y que acaba de finalizar sus trabajos, la hace ya
innecesaria, al haberse atendido notablemente estas preocupaciones que
están ínsitas en la correspondiente proposición no de ley que se había
presentado al hilo de la muy preocupante situación de los derechos
humanos en aquel país.
En efecto, la declaración del presidente de la Comisión de Derechos
Humanos acoge con satisfacción la renovación del acuerdo con el Gobierno
de Colombia por el cual se prolonga el mandato de la oficina permanente
en Bogotá hasta el 30 de abril del año 1999, considerando de la mayor
importancia el trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de este
primer año en la promoción del respeto a los derechos humanos que tanto
puede facilitar la reconciliación y la búsqueda de la paz en aquel país.
Cabe recordar a este respecto que el pasado 18 de marzo, junto con la
referida extensión por un año más del acuerdo del establecimiento de esta
oficina permanente, la alta comisionada, señora Robinson y el entonces
vicecanciller colombiano, señor Reyes, había convenido en doblar el
número de expertos que en ella prestan sus servicios, de seis hasta doce,
y en la remisión mensual de informes de sus actividades.
Ambas medidas contribuirán sin duda a dar solidez y proyección a la
institución que dirige la diplomática española, embajadora Mazarrasa, y
en cuya gestación y funcionamiento España ha estado muy presente desde el
principio.
Finalmente, en su informe a la Comisión, la propia señora Robinson
informó del envío a Bogotá del funcionario responsable de las operaciones
sobre el terreno y de su intención de visitar Colombia personalmente en
1998, reiterando también su reconocimiento a la importancia de esta doble
función, vigilancia y asesoría técnica, estrechamente interrelacionadas y
que incumbe a la oficina y a sus integrantes.
En razón de todo ello, la proposición de nuestro grupo quedaría de esta
manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno: Primero, a que en
base a este informe presentado continúe apoyando el trabajo de la Oficina
Permanente para los Derechos Humanos en Colombia, promoviendo a este fin
cuantas medidas sean necesarias para reforzar la importante tarea que
lleva a cabo esta institución en la promoción de los derechos humanos y
que tanto puede facilitar la reconciliación y la búsqueda de la paz.
Segundo, que manifiesta su satisfacción por la renovación del acuerdo
entre el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, que ha permitido la prolongación del mandato
y el reforzamiento de esta oficina permanente de Derechos Humanos en
Bogotá.
Sin embargo, en vista de que en el fondo tenemos la misma intención, que
es realmente al mismo interés, en promover la defensa de los derechos
humanos allí, añadiríamos un tercer párrafo que sería el segundo de la
proposición del Grupo Socialista diciendo: Insta al Gobierno de España
para que siga apoyando solidariamente con Colombia y en el marco de la
comunidad internacional, los esfuerzos encaminados a lograr un clima
político que encauce la reconciliación y la resolución de los conflictos
de dicho país, en el respeto a los derechos humanos y en favor del
desarrollo económico y social.
El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Quiero reiterar la coincidencia entre los tres
grupos que hemos intervenido. Si la portavoz del Grupo Socialista no
tiene inconveniente en esta última propuesta que se hacía, yo la
aceptaría gustoso.
El señor PRESIDENTE: La señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Sí, aceptamos la propuesta que hace el Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos
proposiciones no de ley al final de la discusión de la segunda, de manera
que agradecería a los portavoces que transmitieran a la Mesa el contenido
exacto del texto que vamos a someter a votación, que no tendrá lugar
antes de las diez y media.
El señor Navas, en nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Coincido totalmente con las exposiciones de los
distintos portavoces para insistir en la necesidad de fortalecer todo el
trabajo de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia. Sin embargo, a la vez, eso supone el
reconocimiento de una situación realmente lamentable que se está viviendo
en ese país, situación que no nace en estos últimos meses sino que,
repasando documentos de mi organización del año 1996, se podía trasladar
perfectamente el contenido de aquellos análisis políticos sobre la
situación de vulneración de derechos humanos en Colombia cambiando
exclusivamente la fecha. Recogíamos denuncias de asesinatos de
sindicalistas, políticos, campesinos, acciones paramilitares, acciones
guerrilleras, apoyos de narcotráfico, etcétera. Digamos que es una
situación que difícilmente tiene encaje con algunos de los discursos
oficiales que se vienen escuchando por parte del propio presidente de la
República, señor Samper, y también encajan difícilmente con las
conclusiones que la alta comisionada de Derechos Humanos, señora
Robinson, hace sobre la distancia abismal que se da entre las
declaraciones del Gobierno y la existencia de una clara voluntad de
aniquilamiento físico de quienes promueven y defienden los derechos
humanos en este país.
Tengo que recordar el último asesinato de una persona que destacó por la
denuncia de la vulneración de los derechos humanos y la denuncia de los
asesinatos indiscriminados. Además, hoy no quedan dudas sobre la real
política gubernamental de derecho humanos en donde tan sólo importa la
imagen internacional sin que sean adoptadas medidas serias, contundentes
y efectivas para la superación de la grave crisis de derechos humanos que
padece Colombia.
Curiosamente, el Gobierno colombiano acaba de ser beneficiado con la
certificación por parte de EE. UU. de que el presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas presentaba una declaración donde se
reconocían los supuestos esfuerzos que se venían realizando por parte de
las autoridades; como digo, imagen hacia el exterior, imagen que quiere
trasladar la sensación de que el Gobierno está claramente comprometido
con que esta situación sea distinta, aunque durante los años de
responsabilidad del Gobierno actual no ha habido cambios sustanciales en
estos temas.
Por lo tanto, pasaríamos a poder realizar la necesidad del reforzamiento
del trabajo de la oficina de derechos humanos en Colombia, porque hay un
montón de elementos que funcionan en este país que son realmente
contradictorios. Funciona una financiación del narcotráfico, con
acusaciones de que se utiliza para financiar acciones paramilitares y
acciones de la guerrilla, y que la ayuda norteamericana en vez de
financiar la lucha contra el narcotráfico se puede derivar hacia otros
apoyos a fuerzas y organizaciones que no están precisamente en la
vanguardia de la defensa de derechos humanos. Quiero decir que hay un
montón de contradicciones, un montón de elementos oscuros que necesitan
de una análisis objetivo, de una análisis que esté fundamentado en los
principios de funcionamiento de las Naciones Unidas sobre la defensa de
derechos humanos y que entendemos que en este momento el Gobierno español
debería apoyar sin ningún tipo de cortapisas --como dice la proposición
no de ley-- el fortalecimiento de esta Comisión.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
ORGANIZAR LA ASISTENCIA CONSULAR A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN AMBERES Y
LIEJA (BELGICA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000922).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, de la
que es autor el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Muy sucintamente, lo que venimos a demandar es
que, a partir del 1 de enero de 1998, el Ministerio de Asuntos Exteriores
suprimió los consulados de Lieja y Amberes quedando exclusivamente en
servicio el consulado general de España en Bruselas. Lógicamente, Bélgica
se ha quedado con una demarcación consular --que es esta misma de
Bruselas--, pero están funcionando distintos consejos de residentes como
son no sólo el de Bruselas sino el de Lieja.
La que fue demarcación consular de Amberes presentó candidatura a los
consejos de residentes, con un apoyo de más de quinientas firmas, y el
consulado recibió orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de suspender
todo el proceso. No conocemos las razones que han podido inducir a
suprimir el derecho de estos ciudadanos que vienen a conformar un censo
de unos ocho mil españoles en esta zona para que no puedan tener sus
órganos de representación y defender los intereses ante la Administración
tanto belga como española.
La característica de este asunto es que durante el plazo que se habilitó
para que se presentasen las listas de candidatos no se presentó ninguna,
pero como muy bien recoge el artículo 9 de la propia orden que regula la
constitución, elección y funcionamiento de los consejos de residentes
españoles en el extranjero, en caso de no presentarse listas, el jefe de
la oficina consular anulará la convocatoria y procederá a convocar nuevas
elecciones transcurridos seis meses desde la anulación de aquéllas. En un
primer momento, todo parecía indicar que se iba a dar luz verde a un
cumplimiento legal como éste, parecía que incluso los propios
responsables consulares en Bélgica iban a aplicar este principio, pero en
el momento en que se presenta para registrar la candidatura con un apoyo
de más de quinientas firmas, se encuentran con una circular del
Ministerio de Asuntos Exteriores que anula el proceso, a pesar de que
curiosamente ya se había hecho público el aviso de convocatoria de
elecciones a los consejos de residentes.
Por lo tanto, entendiendo que a estos ciudadanos les asiste el derecho de
poder tener sus órganos de representación, y entendiendo que se ve
vulnerada una serie de funciones y derechos que disfrutaban por cuanto
que podía disponer de un asesoramiento y una ayuda para relacionarse con
la propia Administración belga y, a la vez, tener cerca la propia
Administración española, pensamos que no hay justificación para que se
mantenga la actitud que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores está
teniendo con estos ciudadanos españoles en Lieja. De ahí el mantenimiento
de nuestra proposición no de ley que intenta reponer
una situación que nosotros entendemos como no justificada y que debería
permitir que los ocho mil ciudadanos españoles que viven en esta zona de
Lieja dispongan de sus órganos de representación.
El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada a esta
proposición no de ley.
El señor García-Santesmases, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Si me permite, señor
presidente, inicialmente querría decir algo. Dado que había estado
preparando durante cierto tiempo la comparecencia del señor ministro
sobre Kosovo, siento que el primer café le haya impedido asistir, que el
Primer Café mediático de Antena 3 haya tenido más importancia que la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Dicho esto, en relación con la proposición que se presenta, nuestra
posición es favorable al mantenimiento de este consulado,
fundamentalmente por la razón que ha expuesto el señor Navas: hay ocho
mil españoles residentes. Los consulados desarrollan una tarea
imprescindible desde el punto de vista judicial y de registro civil y
parece claro que hay una demanda del Consejo General de la Emigración de
que en aquellas ciudades en que haya más de setecientos emigrantes de
origen español no se cierre el consulado; en este caso concreto nos
encontramos con una población de más de ocho mis españoles.
Es verdad que hoy hay un intento de reasignación de recursos, de ahorro,
y que esto, unido a nuevas tareas de la política exterior, sabemos que es
misión y objetivo de la Secretaría de Estado de Política Exterior, que ha
reducido la extensa red de consulados.
Ahora, también es cierto que el pasado 4 de junio, en esta Comisión, el
secretario de estado solicitó que hubiera mayor diálogo con los miembros
de esta Comisión en relación a esta política de resignación de recursos
dada la escasez de los mismos, para contar con nuestra opinión antes de
tomar determinadas decisiones. Por tanto, nos parecería acertado que, en
este caso, dando por supuesto que esa política de ahorro y esa política
de reasignación de recursos viene impuesta por la realidad al igual que
las nuevas prioridades de la política exterior española, se pudiera
atender la demanda de estos ocho mil españoles y se pudieran mantener los
consulados de Lieja y Amberes tal como figura en la proposición no de ley
que presenta el Grupo de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor de
Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: En relación con esta proposición nuestro
grupo entiende que también hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos. En primer lugar, que las competencias de los consulados de
Amberes y Lieja han sido absorbidos prácticamente por el consulado
general en Bruselas que tiene una situación geográfica favorable para
cubrir todo el territorio de un país de dimensiones reducidas y buenas
comunicaciones como es Bélgica. Para poder realizar este trabajo
adicional de forma eficaz, la plantilla del consulado general en Bruselas
se ha incrementado el presente año en cuatro personas y se han realizado
obras de acondicionamiento en sus oficinas para hacerlas más funcionales
y adecuadas a la nueva situación.
En segundo lugar, que la mayor parte de las gestiones que necesitan
realizar los residentes españoles ante el consulado general en Bruselas
pueden hacerse por correo o por teléfono, sin necesidad de desplazarse
personalmente. La excepción quizás más importante es la obtención del
pasaporte, que ésa sí requiere la comparecencia personal, pero como en la
actualidad se expiden los pasaportes con validez de diez años, que puede
prolongarse en la práctica hasta quince al aceptarse dentro de la Unión
Europea los pasaportes hasta después de cinco años de la fecha de
caducidad, naturalmente las gestiones quedan muy reducidas en el tiempo.
Además, en relación con la situación geográfica, hay que recordar que
Amberes está a menos de media hora en automóvil desde Bruselas, por lo
que los eventuales desplazamientos no plantean realmente problemas
fundamentales. Lieja está un poco más lejos pero, además, se ha
establecido un sistema por el cual los funcionarios del consulado general
en Bruselas se desplazarán regularmente a Lieja, con la periodicidad que
la práctica vaya aconsejando, para poder atender localmente a los
españoles residentes que por cualquier causa no pudieran desplazarse.
A la vista de lo expuesto, se estima que ya se han adoptado en principio
las medidas necesarias para garantizar la asistencia consular a los
españoles residentes en Amberes y Lieja, por lo que la referida
proposición no de ley resultaría superflua. Sin embargo, nosotros,
aceptaríamos la proposición no de ley con una correción que dijera así:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar adoptando
--puesto que se han adoptado ya-- las medidas necesarias para garantizar
la asistencia consular a los españoles residentes en Amberes y Lieja.
Eso es todo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Navas tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Al final, la buena voluntad del Grupo Popular, que
intenta mejorar situaciones que se dan de hecho, nuevamente obliga a los
grupos a tener que aceptar, en una actitud pragmática cuestiones menores
de las que en un principio plantean a la consideración de los grupos
parlamentarios. En ese sentido, cualquier acción que suponga una mejora
de la situación actual que se está viviendo por parte de esos ocho mil
ciudadanos, a nosotros nos parece oportuna. Por lo tanto, aceptando la
propuesta del Grupo Popular, lo que sí espero es que ese continuar
adoptando suponga de facto ir aplicando medidas que actualmente no se
están aplicando y una mejor atención a los ciudadanos españoles en esos
países.
El señor PRESIDENTE: En esos términos someteremos la proposición no de
ley a votación en el momento oportuno, y no antes en ningún caso de las
diez y media.
DICTAMEN SOBRE:
--DENUNCIA DEL CONVENIO NUMERO 45 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT), DE 21 DE JULIO DE 1935, RELATIVO AL EMPLEO DE LAS MUJERES
EN LOS TRABAJOS SUBTERRANEOS DE TODA CLASE DE MINAS (Número de expediente
110/000164).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen de los dictámenes que figuran en
el orden del día. La señora Castro, por el Grupo Popular, tiene la
palabra, para defender el que figura como punto número 12 del orden del
día: Denuncia del Convenio número 45 de la Organización Internacional del
trabajo, de 21 de julio de 1935, relativo al empleo de las mujeres en los
trabajos subterráneos de toda clase de minas.
La señora CASTRO MASAVEU: Este convenio del año 1935 fue ratificado por
España en 1958 y el espíritu que en aquel momento tenía era el de
proteger a las mujeres en trabajos dificultosos. Hoy, la Constitución
Española y toda la legislación que tenemos en este país en pro de la
igualdad de sexos impediría que este Convenio pusiese sus cotas en la
limitación del trabajo de las mujeres. Por ello el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales solicita la denuncia del convenio y, además, España ya
denunció en 1991 el artículo 8 de la Carta Social Europea que prohibía
también el trabajo de las mujeres en trabajos subterráneos de minería.
Como quiera que estamos en el plazo para proceder a la denuncia hasta el
día 30 de mayo de este año, el Grupo Popular solicita el voto favorable y
asimismo él lo va a dar para la denuncia de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: La portavoz del Grupo Popular ha denunciado
clarísimamente la filosofía de este convenio y, por lo tanto, solamente
quiero anunciar el voto favorable del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desearía hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Procederemos a la votación de los dos instrumentos internacionales a
continuación de la votación sobre las proposiciones no de ley.
-- TRATADO DE PROHIBICION DE ENSAYOS NUCLEARES, ADOPTADO POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1996
(Número de expediente 110/000165).
El señor PRESIDENTE: El punto número 13 del orden del día es el Tratado
de prohibición de ensayos nucleares, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996.
La señora Balletbó, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
La señora BALLETBO I PUIG: Anuncio solamente el voto favorable de mi
grupo a este tratado que prohíbe completamente los ensayos nucleares y
que fue adoptado ya en septiembre de 1996 por la Asamblea General de
Naciones Unidas. La verdad es que ese tratado debería haberse visto ya,
pero supongo que por razones de calendario de la Cámara, etcétera, o
también por informe y dictamen del mismo Ministerio, no se ha podido ver
hasta hoy. En todo caso, ésta ha sido una recomendación persistente
incluso por parte de muchos grupos, no me refiero a grupos políticos
concretamente, por ejemplo, ha habido campañas internacionales
protagonizadas por el mismo Group Parlamentarians for Global Action
recomendando a todos los países la firma de este tratado, y me alegro de
anunciar el voto favorable del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Con toda brevedad trataré de resumir la posición
favorable de mi grupo.
Como SS. SS. conocen, el Tratado de prohibición completo de los ensayos
nucleares fue adoptado en Nueva York en septiembre de 1996 por la
Asamblea General de Naciones Unidas. España suscribió el tratado el día
de apertura a la firma, el 24 de septiembre de 1996 mediante firma ad
referendum. Posteriormente, el Consejo de Ministros de 20 de febrero de
1998 adoptó un acuerdo aprobando esta firma ad referendum y disponiendo
su remisión a las Cortes Generales.
Tengo que recordar que el mismo día de la firma, el 24 de septiembre de
1996, el Congreso de los Diputados ya expresó su respaldo unánime e instó
al Gobierno a remitirlo a las Cortes para su debate y ratificación.
Conviene señalar que este tratado obliga a cada Estado parte a no
realizar explosión nuclear alguna en su territorio o en cualquier otro
lugar sometido a su jurisdicción y control; cada Estado parte se
compromete también a no causar y a alertar de la realización de dichas
explosiones y a no participar de cualquier modo en ellas.
España es uno de los 44 países que tienen programas nucleares y, por lo
tanto, está naturalmente obligado no solamente a firmar sino a ratificar
la convención para que el tratado entre en vigor.
Estamos convencidos, con el preámbulo de este tratado, de que la
situación internacional actual, que el nuevo orden mundial ofrece nuevas
oportunidades y nuevos consensos para adoptar medidas eficaces que
caminen hacia el desarme nuclear y que impidan la proliferación de armas
nucleares en todos sus aspectos. Una de las medidas eficaces es sin duda
la cesación, el fin de todos los ensayos de armas nucleares y de todos
los demás tipos de explosiones nucleares, y que la terminación de estas
explosiones es en
sí un paso importante en un proceso progresivo dirigido al desarme
nuclear.
Este tratado intenta establecer un sistema de prohibición completa de
ensayos nucleares que sea eficaz y verificable, lo que ha sido desde hace
mucho tiempo uno de los objetivos de la comunidad internacional en la
esfera del desarme y de la no proliferación.
Por todo ello, recogiendo además el sentido expresado en su día por esta
Cámara, el Grupo Popular aprobará favorablemente la aprobación de este
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, de las proposiciones
no de ley. Les recuerdo que en la proposición no de ley cuyo autor era el
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alcaraz, vamos a poner a votación un
texto que está formado por los dos párrafos de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y el segundo párrafo de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. En esos términos, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos la proposición no de ley de la que es autor el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos
siguientes: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que siga
adoptando las medidas necesarias para garantizar la asistencia consular a
los españoles residentes en Amberes y Lieja.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre la denuncia del Convenio número 45 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo al empleo de las mujeres en los
trabajos subterráneos de toda clase de minas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre el Tratado de prohibición de ensayos nucleares, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de
1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Con esto finalizamos esta parte del orden del día. Quiero convocar a las
señoras y señores Diputados a las doce de mediodía para continuar con la
sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE POSIBILIDAD
DE AUMENTAR EL NUMERO DE PUERTOS ESPAÑOLES EN LOS QUE SE AUTORIZARIA EL
ATRAQUE DE BUQUES DE ESTADOS UNIDOS PROPULSADOS CON ENERGIA NUCLEAR
(Número de expediente 181/001392).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores con el trámite de preguntas, que en este caso van a ser
contestadas por don Fernando Villalonga, secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, a quien quiero agradecer
su presencia y dar la bienvenida a la Comisión.
Quiero anunciarles también que las preguntas de don Pablo Izquierdo,
números 4, 5 y 6, serán tramitadas conjuntamente; las preguntas del señor
Alcaraz tendrán el orden que está reflejado en el orden del día y la
pregunta número 9, según indicación del propio autor, don José Navas,
será subsumida en la comparecencia del secretario general de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, que hoy hemos tenido que aplazar,
en el momento en que tal comparecencia se produzca.
Sin más preámbulos, pasamos a la pregunta número 3, formulada por el
señor Alcaraz Ramos, sobre la posibilidad de aumentar el número de
puertos españoles en los que se autorizaría el atraque de buques de
Estados Unidos propulsados con energía nuclear.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Gracias, señor presidente.
Su señoría debe saber que le embajada de los Estados Unidos acaba de
solicitar por nota verbal que se autorice al puerto de Tarragona para el
atraque de buques de propulsión nuclear. También han solicitado que se
autorice la presencia de más de un buque de propulsión nuclear al mismo
tiempo en dicho puerto, como se viene haciendo en otros puertos
autorizados para escalas de buques de las mismas características.
El presidente Clinton ya había expresado al presidente Aznar, con ocasión
de su visita oficial a Washington el pasado año, el deseo de obtener
mayores facilidades para la Sexta Flota norteamericana en los puertos
españoles del Mediterráneo. Por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores y por parte del Gobierno no existe ningún inconveniente
político para acceder a la propuesta de los Estados Unidos. Este tema
viene siendo objeto de una cierta polémica desde el pasado otoño, cuando
los norteamericanos
nos hicieron verbalmente la misma propuesta, añadiendo a su solicitud el
puerto de Valencia, y quizás la posible guerra que no se desató, me
refiero al movimiento bélico en torno a conflicto de Iraq, junto a la
sensibilidad que el tema viene produciendo en prensa y en medios
ecologistas y parlamentarios, hayan retrasado una respuesta a la petición
de los Estados Unidos.
Posiblemente razones de infraestructura podrían dificultar la inclusión
de nuevos puertos para la escala de este tipo de buques, aunque vuelvo a
repetir que no existe por parte de Ministerio de Asuntos Exteriores ni
por parte del Gobierno ningún inconveniente de carácter político para
extender estas autorizaciones a otros puertos españoles de la ribera del
Mediterráneo. Otra cuestión muy diferente es el encaje jurídico que
conlleve la autorización, ya que será necesario modificar el Memorándum
de entendimiento (MOV) de febrero de 1996, en el que se autoriza la
visita de buques de propulsión nuclear con ciertas limitaciones y, como
saben SS. SS., hasta la fecha sólo los puertos de Palma de Mallorca y de
Cartagena --excepto en el mes de agosto, en ambos casos-- autorizaban el
régimen de fondeo de dichos buques.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor secretario de Estado.
Efectivamente, diversas noticias comienzan a aparecer en torno al
conflicto de Iraq y posteriormente, en torno al 20 de febrero, aparecen
una serie de noticias en prensa; por ejemplo, el 24 de febrero, en el
diario ABC, se alude a esta ampliación. Su propia intervención evita que
yo tenga que repetir algunos de los argumentos que tenía previstos sobre
el encaje legal. De todas formas, no ha contestado y sí me gustaría
saber, en caso de aceptarse finalmente, cuál sería ese encaje legal, cómo
se pueden sortear esas dificultades. En cualquier caso, parecía oportuno
y pertinente que hubiera una declaración explícita del Gobierno en este
sentido, como creo que usted la ha formulado en este momento. Hasta ahora
había habido o bien silencios o bien alguna filtración periodística, pero
no una contestación formal.
La pregunta que formulaba, la primera, es si ha habido petición. Ahora,
después de su respuesta, podría reformularla en un doble sentido, si
considera suficiente esa nota verbal, o va a haber otro tipo de petición
por parte de Estados Unidos, y qué razones aconsejarían, desde el punto
de vista por un lado del Gobierno norteamericano y, por otro lado, en
caso de aceptarse, del Gobierno español, que se autorizara la presencia
en Tarragona, como usted ha indicado. También me gustaría que aclarara
definitivamente si va a ser sólo Tarragona y si el caso de Valencia queda
definitivamente descartado.
Para terminar, dentro de esas inquietudes parlamentarias, ecologistas,
etcétera, a que usted aludí, le anuncio que Nueva Izquierda-Iniciativa
per Cataluña va a discrepar de esta medida; a nuestro modo de ver, no hay
ninguna razón que pueda justificar la ampliación del permiso como no sea
un seguidismo impropio respecto de Estados Unidos. Mucho se nos tendrían
que explicar las razones que justifiquen por qué más puertos cuando hasta
ahora no ha sido necesario.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Vuelvo a repetir que el Gobierno
español no tiene ningún inconveniente político para renegociar el
Memorándum de entendimiento de 16 de febrero atendiendo a la solicitud
formal, como es una nota verbal, por parte de los Estados Unidos. Si la
solicitud se produce formalmenterespecto a otros puertos --en el caso
concreto de la pregunta de S. S., respecto al puerto de Valencia--, el
Gobierno también está dispuesto políticamente a contemplar esta
posibilidad. Las únicas dificultades serían técnicas y de negociación y
de modificación del Memorándum de entendimiento de 16 de febrero.
--DEL SEÑOR IZQUIERDO JUAREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE OBJETIVOS Y PRIORIDADES PREVISTOS POR LA COOPERACION
ECONOMICA Y COMERCIAL ESPAÑOLA PARA EL AÑO 1998 (Número de expediente
181/001409).
--DEL SEÑOR IZQUIERDO JUAREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE PRIORIDADES Y OBJETIVOS DEL INSTITUTO CERVANTES Y DE LA
CASA DE AMERICA PARA EL AÑO 1998 (Número de expediente 181/001410).
--DEL SEÑOR IZQUIERDO JUAREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE PRIORIDADES Y OBJETIVOS DE LA COOPERACION CULTURAL Y
CIENTIFICA PARA EL AÑO 1998 (Número de expediente 181/001411).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que formula don Pablo
Izquierdo, que figuran con los números 4, 5 y 6, preguntas referentes a
los objetivos y prioridades previstos por la cooperación economía y
comercial española para el año 1998, a las prioridades y objetivos del
Instituto Cervantes y de la Casa de América para el año 1998 y a las
prioridades y objetivos de la cooperación cultural y científica para el
año 1998.
El señor Izquierdo tiene la palabra.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Simplemente quiero enunciar la formulación de
estas preguntas, que revisten, como a nadie se le escapa, carácter
informativo, y hacer una reflexión muy rápida sobre qué distinta es la
posición de España cien años después de aquel 1898 en este
nuevo 1998. Y como no somos muchos, podré hacer alguna reflexión libre o
voluntarista sobre aquello que decía un líder político no hace muchos
años de que no querría para España un nuevo 1898. No se sabe muy bien si
se refería a la vigorosa reflexión intelectual que aquellos
acontecimientos provocaron sobre la identidad de España y su presencia en
el mundo o a los acontecimientos históricos que entonces sucedieron. El
caso es que, cien años después, estamos es una situación bastante
diferente.
La presencia de España en el mundo está caracterizada por su prestigio,
por su desarrollo, por el impulso de valores políticos y culturales
basados en principios como los de la tolerancia, el diálogo, el respeto a
los derechos humanos y, en definitiva, a la cooperación. Por eso nuestro
grupo parlamentario entiende, señor secretario de Estado, que los
objetivos y las prioridades de la cooperación española en los ámbitos en
los que las preguntas están formuladas son de extraordinaria importancia,
y de ahí que hayamos hecho esta iniciativa parlamentaria, para conocer
exactamente ese impulso por parte del Gobierno de la cooperación española
en sus aspectos de cooperación económica, cultural y científica y también
de dos instituciones de extraordinaria importancia y relevancia como son
el Instituto Cervantes y la Casa de América en el presente ejercicio.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): En relación con las prioridades de la
cooperación económica y comercial española para 1998, y dejando claro que
la competencia en la materia le corresponde al Ministerio de Economía y
Hacienda, por lo que afecta a la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales, en coordinación por supuesto, con las
unidades competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y la
Secretaría de Estado, podría decir, en cuanto a los objetivos
prioritarios de la Dirección General, que en Iberoamérica hemos apreciado
una participación comercial española reducida, que está compensada por
una destacada presencia inversora y se procurará fomentar tanto el
comercio como la inversión en el área de Mercosur, y también se hará un
seguimiento estrecho de los programas de integración regional. Otros
objetivos prioritarios son la salvaguarda de las relaciones económicas
con Cuba y el reforzamiento de las relaciones con México en el área
Nafta.
Respecto a los países de la OCDE y de Europa Occidental en particular, se
apoyará por supuesto a las empresas españolas, especialmente en proyectos
públicos de gran envergadura; se redoblarán los esfuerzos para solucionar
contenciosos bilaterales, así como para complementar o completar en su
caso el marco normativo con algunos de estos países; por ejemplo, un
acuerdo de doble imposición con Grecia, negociaciones Unión
Europea-Suiza, etcétera.
Europa Oriental. Se favorecerá el conocimiento por nuestro empresaros del
ambiente económico imperante en la zona; su régimen legal, a efecto de
posibles inversiones e intercambios comerciales. Se apoyarán, como se
está haciendo, institucionalmente los proyectos que las empresas
españolas emprendan en los países de Europa central y Oriental, tanto en
lo tocante al establecimiento de nuevos vínculos comerciales como a
inversiones o licitaciones y concursos.
En Africa, Asia y el área del Pacífico constituyen objetivos prioritarios
los programas de reconversión de deuda en Marruecos, los asuntos
pesqueros, la creación de empresas españolas bien mixtas o llegando a
acuerdos con los países del Norte de Africa, además de nuestra
implicación en Oriente Medio. En Africa subsahariana se llevará también
una labor de seguimiento y de reforzamiento de las relaciones,
especialmente con Sudáfrica, con Angola y con Mozambique.
Respecto a los objetivos para el Instituto Cervantes y la Casa de América
para 1998, en primer lugar, para el Instituto Cervantes es absolutamente
una prioridad la apertura de dos nuevos centros, uno en Tel Aviv y otro
en Brasil; el primero responde a una demanda de difusión de la lengua y
de la cultura españolas, además de un efecto de preservación de una
comunidad hispanoparlante importante. En Brasil se proyecta generalizar
la enseñanza del español en el sistema educativo brasileño, para lo que
se necesitará, según cálculos de sus propias autoridades, cerca de
200.000 profesores de español en los próximos años. El Cervantes desea
participar en esta introducción masiva de nuestro idioma en un gran país
y, para ello, va a crear un centro de formación de profesores de español,
un centro que trabajara con universidades e instituciones locales y no se
dedicará a impartir clases de español sino a formar a formadores.
También se aprovechará el centro virtual Cervantes, creado en 1997 en el
marco de la red, para poner en marcha, a lo largo de este año y del
próximo, hasta 37 proyectos cuyo principal objetivo es la enseñanza de la
lengua, sin descuidar otros aspectos de nuestra cultura como las
colecciones de clásicos españoles e hispanoamericanos, exposiciones
virtuales, material de apoyo para profesorado, el foro sobre el español,
etcétera. También durante 1998 prepararemos el segundo anuario sobre el
español en el mundo, que pondrá al día los datos y análisis sobre
demografía y el español, el español en los organismos internacionales,
traducción e interpretación o producción científica en español, y se dará
continuidad así al primer anuario que presentamos tan sólo hace una
semana en la Casa de América. Por otro lado, se presentará en breve una
nueva y excepcional edición de El Quijote en la que participarán los más
destacados cervantistas. La obra se editará en libro y en CD-Rom y se
presentará en Barcelona. La actividad del Instituto se complementará
aprovechando la red de centros, situados en 22 países, para la
realización de intensos programas de actividades culturales.
Por su parte, la Casa de América ha iniciado una nueva etapa orientada
también a ampliar el abanico temático de su programación, así como para
conseguir una más activa participación en su diseño y ejecución por parte
de instituciones, asociaciones y particulares. Se trata de lograr una
mayor presencia empresarial a través del patrocinio. La
Casa de América se convertirá en el foro y punto de encuentro orientado a
la difusión de todos aquellos elementos que en alguna medida pueden
contribuir a estrechar los lazos culturales y de sociedad civil que unen
a los países iberoamericanos y, en consecuencia, se procederá también a
la reforma de estatutos fundacionales de esa institución a fin de dotarla
de un mayor dinamismo en la ejecución de sus actividades y una mejor
coordinación entre todos los órganos.
Sobre la cooperación cultural y científica le diré a S. S. que la acción
cultural en el exterior se desarrolla a través de dos ministerios
fundamentalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de
Educación y Cultura. Hay una Comisión delegada de asuntos culturales que
integra también la actividad de otros departamentos cuya actividad pueda
tener alguna relevancia en este campo.
Las actividades de cooperación cultural y científica del MAE se canalizan
a través de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas y de la
Agencia Española de Cooperación. El presupuesto de esa Dirección General
son 1.050 millones de pesetas, lo que obliga a un esfuerzo de
racionalización. Los objetivos concretos para este año en curso podrían
sintetizarse en el ámbito cultural, entre otras cosas, para acrecentar la
coordinación respecto de otros organismos con responsabilidades
concurrentes; iniciar negociaciones bilaterales correspondientes a
convenios de apertura y funcionamiento de centros del Instituto Cervantes
en diversos países; celebrar reuniones para la adecuación de convenios
culturales firmados con los países iberoamericanos adaptándolos a la
normativa comunitaria en materia de homologación y convalidación de
títulos superiores --un aspecto este muy sensible en nuestra relación con
Iberoamérica--; iniciar y, en su caso, proseguir las negociaciones para
adoptar nuevos convenios con países del este de Europa; potenciar el
papel de España en organismos internacionales con competencias
culturales; fomentar el hispanismo mediante acciones como la concesión de
becas de investigación a hispanistas, apoyo continuado de lectorados de
español en universidades extranjeras --unas ochenta--, apertura de nuevos
lectorados, etcétera; ejecutar programas específicos dirigidos a los
medios hispanos en Estados Unidos, con cursos a profesores de español de
origen hispano, y prestar apoyo a las industrias culturales españolas.
He de decir también que se está estudiando en estos momentos una nueva
estructura de la Agencia Española de Cooperación Internacional, una de
cuyas posibilidades sería integrar la Dirección General de Asuntos
Culturales como Dirección horizontal en la Agencia, de manera que se
concentrasen las competencias en materia de cooperación cultural y
científica en una sola entidad dependiendo de la Agencia Española de
Cooperación.
En el ámbito científico deseamos impulsar la cooperación en el marco de
las comisiones mixtas de ciencia y tecnología.
En el campo multilateral se intensificará el seguimiento de convenios a
lo largo de 1998, como el seguimiento del convenio de la lucha contra la
desertificación, el cambio climático y el Tratado antártico; se prestará
especial atención a los retornos que puedan obtenerse de organismos
multilaterales y, por su parte, la Agencia Española de Cooperación lleva
a cabo actividades de cooperación cultural y científica complementarias a
las descritas, que se dirigen fundamentalmente al desarrollo cultural de
los países iberoamericanos y a una adecuada difusión de la cultura
española en aquella región y también en el Norte de Africa, en el mundo
árabe. Se está dedicando más presupuesto de la Agencia que de la propia
Dirección General de Asuntos Culturales. El presupuesto ronda los 2.200
millones de pesetas. Continúan en esa misma línea más de cien
exposiciones en el último año, 400 actividades de carácter literario y un
número no determinado de otras actividades y auspicios.
El instrumento fundamental en América de la realización de estas
actividades es la red de centros culturales de España en Iberoamérica,
extendida a Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile, Lima, San José de
Costa Rica, Santo Domingo y La Habana, además de los centros de apoyo y
de formación que tenemos en América, tres concretamente: Santa Cruz de la
Sierra, Cartagena de Indias y Antigua, en Guatemala. Tenemos una subred
de seis centros de la sociedad cultural Brasil-España, que están
supervisados en cuanto a su docencia y su actividad cultural por el
Instituto Cervantes, y un objetivo importante también para este año es la
inauguración de nuevos centros culturales en San Salvador, en Córdoba,
además de la prosecución de obras para la adecuación de nuevos centros
culturales en México y Montevideo.
En cuanto a la cooperación científica que lleva la Agencia, son tres los
instrumentos principales: el programa de cooperación interuniversitaria,
a iniciativa conjunta de universidades españolas e iberoamericanas; el
programa de cooperación científica con Iberoamérica, en colaboración con
el Ministerio de Educación y Ciencia, para proyectos de investigación
conjuntos entre universidades y organismos públicos de investigación
iberoamericanos, y el programa iberoamericano de ciencia y tecnología
para el desarrollo, el CITER, creado en 1984 y que pretende promover la
modernización productiva, la mejora de la calidad de vida en todos los
países participantes y el fomento de la cooperación I+D para la obtención
de resultados transferibles a los sistemas productivos y sociales en
Iberoamérica.
-- DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
PARA LA PROMOCION DEL CASTELLANO EN PUERTO RICO (Número de expediente
181/001459).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7, formulada por el
señor Alcaraz: Medidas para la promoción del castellano en Puerto Rico.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA
(Villalonga Campos): Como SS. SS. saben, Puerto Rico cuenta con una
población que en su inmensa mayoría es hispanohablante, si bien desde
1993 tanto el inglés como el castellano son idiomas oficiales en la isla.
España mantiene una política de estrechísimos intercambios culturales con
Puerto Rico, lo que sin duda fomenta la lengua y la cultura españolas en
la isla. Existe una constante actividad cultural impulsada desde el MAE,
de la que quizás debiera destacar aquí los programas anuales de becas que
se ofrecen también a ciudadanos puertorriqueños.
Entre las instituciones que colaboran en la promoción de nuestro idioma
en la isla destaca el Instituto Cervantes, cuya ley fundacional establece
que entre los objetivos fundacionales del Instituto se deberá atender
fundamentalmente al patrimonio lingüístico y cultural que es común a los
países y pueblos de la comunidad hispanohablante. En el caso concreto de
Puerto Rico, el Cervantes, desde su sede en Nueva York, realiza una
colaboración interesante con las instituciones portorriqueñas. Hay que
destacar la participación también en la Feria Internacional del Libro, en
San Juan, además de mencionar en particular otras actividades de especial
relevancia. Por ejemplo, señalaré a SS. SS. el encuentro de escritores
organizando en colaboración con el Instituto de Cultura portorriqueño en
el que intervinieron, entre otros, José Agustín Goytisolo y Rosa Montero;
una mesa redonda sobre el idioma castellano con intervención del profesor
José Manuel Blecua. A la inversa, hemos promocionado la presentación de
escritores portorriqueños en el programa televisivo Charlando con
Cervantes; que es el único espacio cultural de habla española que se
emite en la televisión de Nueva York.
La conmemoración del 98 será, por otro lado, el marco de diversas
actividades que contribuirán sin duda a la promoción de nuestro idioma.
La Feria Internacional del Libro se dedicará este año a España, mientras
que la Fundación García Lorca, con patrocinio del Banco Bilbao-Vizcaya
organizará la exposición Lorca, imágenes y palabras. La Universidad de
Puerto Rico realizará el congreso América sajona-América hispana y Julián
Marías presentará una serie de conferencias. También las comunidades
autónomas realizan actividades culturales y de intercambio universitario
con Puerto Rico, concretamente Castilla-La Mancha y la Comunidad
Valenciana realizaron exposiciones en Puerto Rico el pasado año.
En resumen, se puede decir que tanto el Gobierno de la nación como otras
administraciones públicas y entidades privadas llevan a cabo regularmente
un nutrido programa de actividades culturales de promoción de nuestro
idioma, intensificado este año 1998 por la conmemoración del Centenario.
El señor PRESIDENTE: El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Como usted no ignora, en el proceso de debate del
pueblo y representantes políticos de Puerto Rico sobre la fórmula de
relación con Estados Unidos se introdujo la petición en algunos órganos
federales de Estados Unidos de que el inglés fuera la lengua oficial de
la isla como requisito para alguna de las propuestas de asociación.
Lógicamente, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre la
autodeterminación de Puerto Rico, cuál sea su voluntad de configuración
política actual o futura, pero sí parece razonable que el Estado español,
por razones culturales, históricas y aun políticas, hubiera manifestado
su posición en defensa nítida del castellano, posición que hubiera tenido
una repercusión adecuada.
Entienda usted que no es una cuestión de patriotismo desfasado ni de
carácter puramente simbólico; nos encontramos ante un fenómeno
inquietante y clave. La lengua castellana es un factor de identidad para
varios centenares de millones de personas --lo cual se recuerda en esta
Cámara siempre que conviene-- y, a la vez, es el instrumento lingüístico
que sustenta industrias culturales que limitan en su futuro con el avance
del inglés. El que el castellano se presente en Estados Unidos es un
factor clave para su supervivencia y futuro, y para ello no basta ni con
invocaciones genéricas dirigidas a las elites educativas ni con algunos
de los cursos que se pueden realizar. Difícilmente el único peso de la
población hispana podrá ser un elemento decisivo. Sin embargo, si a esos
factores --que, aunque no sean decisivos, tienen su importancia-- se les
suma que en una unidad política, la sociedad de Estados Unidos, el
castellano sea lengua oficial y normal y que reciba el apoyo de la
comunidad castellanoparlante, comenzando lógicamente por el Estado
español, no solamente se asegurarían los derechos de castellanoparlantes
--la inmensa mayoría del pueblo portorriqueño--, sino que podría servir
para que fuera el puente natural del castellano en Estados Unidos. Por
eso sorprende y defrauda el silencio vergonzante del Gobierno español
ante este hecho al que aludía. Aquí el Gobierno tenía una buena ocasión
para rememorar activa y eficazmente el 98, más allá de otros fastos,
proclamas e inauguraciones que están muy bien en muchos de los casos,
pero cuando ha habido una ocasión de oro para hacer un gesto político
evidente en defensa de la lengua, de nuestra cultura, se renunció a
hacerlo. Unas palabras del Gobierno hubieran sido bien recibidas no sólo
por los españoles sino también por los portorriqueños y por muchos
norteamericanos. Y lo que es peor, la presencia activa del Gobierno en
esta materia en Puerto Rico es más bien menguada, pese a lo que el
secretario de Estado indica.
Hay un dato relevante. Pese a la afirmación que se acaba de hacer, no
existe centro Cervantes en Puerto Rico --los hay en Chicago y Nueva
York--; y, pese a lo que se acaba de decir, en la última memoria de este
centro tampoco figura ninguna actividad realizada por el centro Cervantes
en Puerto Rico. No dudo de que haya contactos a partir del centro de
Nueva York, pero no deben haber sido de una importancia capital porque no
se incluyeron en la memoria. Se indica que en el futuro se van a crear
centros en Tel Aviv y Brasil y, por lo tanto, sigue sin aparecer la
presencia en Puerto Rico. Tampoco --y en la respuesta anterior lo acaba
de indicar el señor secretario de Estado-- hay centros culturales y no se
anuncian. Por lo tanto, es en
lo que para nosotros es un enclave fundamentalísimo para el futuro del
castellano donde, en comparación con otros lugares cualitativamente menos
importantes, no se hacen actividades.
En la respuesta anterior y en esta misma se alude a una serie de
actividades que se han realizado. No dudo que se realice alguna, pero
tienen un marco esporádico, por ejemplo, la Feria del Libro, que no es
tanto una iniciativa del Gobierno español como una iniciativa
portorriqueña, aunque es cierto que ha sido subvencionada en parte la
presencia de libreros españoles por parte del Gobierno español. Hay otras
actividades de mecenazgo, hay algunos contactos para hacer exposiciones,
etcétera, pero es muy poco en comparación --insisto-- con la importancia
de Puerto Rico.
A nuestro modo de ver, se ha pecado hasta ahora por omisión, insistiendo
sobre todo en ese dato políticamente muy relevante del silencio ante el
debate sobre el futuro de la oficialidad de la lengua, pero seguimos
teniendo la duda de qué se va a hacer. Al menos, en las inversiones para
este año y probablemente para el futuro no se anuncia ninguna actividad
relevante. En definitiva, es muy poco lo que usted ha dicho en
comparación con lo que se puede y se debe hacer.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Yo no sé lo que entiende el señor
Alcaraz por el silencio por parte del Gobierno español. Nadie en el
Gobierno español --y lo puedo decir abiertamente aquí, como se ha dicho
siempre-- simpatiza con la posición del english only; todo el mundo
simpatiza con la cooficialidad del español, con la importancia del
español no sólo en Puerto Rico sino en Estados Unidos. El Gobierno
español está desarrollando un programa importantísimo de formación de
formadores en Estados Unidos que se ha ampliado a quince Estados desde el
Ministerio de Educación y Ciencia este mismo año, y nos hemos manifestado
abiertamente --sin injerir en asuntos internos de los Estados Unidos--
sobre nuestra simpatía hacia este tipo de temas, y lo mismo hemos hecho
en Puerto Rico. Yo mismo el año pasado inauguraré una exposición de
Sorolla en San Juan y hablé claramente en el discurso sobre cuál es la
posición española sobre Puerto Rico y la riqueza cultural que significa
el español para los portorriqueños y para los propios norteamericanos.
Más allá de esto no creo que se pueda hacer ninguna otra afirmación en
ese sentido; si no le ha parecido suficiente a S. S., le reitero también
la simpatía que tiene no sólo el Gobierno español sino todos los
españoles, todos los señores diputados presentes en esta Comisión --y
creo que a quien se lo preguntase se lo manifestaría así--, la simpatía
que tenemos por la presencia del español en Estados Unidos y la inquietud
que nos causan posiciones a veces radicalizadas como el english only.
Más allá de esto puedo decirle a S. S. que mantenemos una presencia viva
cultural en Puerto Rico y que hay intercambio dentro de las limitaciones
también de la cultura portorriqueña. Puerto Rico tampoco es un gran foco
de actividad cultural hispana, pero en la medida de sus posibilidades
tenemos un contacto normal con instituciones culturales portorriqueñas,
centros culturales; hemos colaborado muy activamente en la rehabilitación
de todo el centro histórico de San Juan, donde la cooperación española ha
estado muy presente estos últimos años y los resultados ahí están;
colaboramos con museos de Bellas Artes, con la universidad y nuestra
intención es continuar en ese mismo camino.
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE POSICION DEL
GOBIERNO ACERCA DE UN HIPOTETICO VIAJE DEL REY A CUBA (Número de
expediente 181/001460).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las preguntas de la sesión de
hoy, también debida al señor Alcaraz, y referida a la posición del
Gobierno acerca de un hipotético viaje del Rey a Cuba.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como SS. SS. conocen, después de un
periodo de anormalidad no causado precisamente por España, sino por el
rechazo de un plácet concedido al embajador español, hemos procedido a la
reconducción de nuestras relaciones bilaterales con Cuba. Este proceso ha
experimentado un notable impulso con el nombramiento de un nuevo titular
para nuestra representación diplomática en La Habana que ha recaído en el
embajador Junco.
El Gobierno desea desarrollar con Cuba unas relaciones bilaterales
plenas, es decir, considerando la defensa de los intereses españoles en
la isla, pero sin dejar tampoco de lado una política reivindicativa sobre
los derechos humanos que forma parte consustancial de la política
exterior española. En este proceso, que deberá ser contemplado de un modo
constructivo por ambas partes, el Gobierno valorará en su momento la
oportunidad de un eventual viaje de Su Majestad el Rey a Cuba, en función
de los intereses y de las prioridades de nuestra política exterior. No
hay nada en contra de un viaje de Su Majestad el Rey a Cuba, pero la
valoraremos oportunamente en función del proceso de reconducción de las
relaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La verdad es que dentro de esta extraña Comisión
que hoy estamos celebrando lo último que podía esperar es esta respuesta
como colofón a la última pregunta. He de decirle que mi primera tentación
fue la de retirar la pregunta después de leer la prensa ayer, si no
recuerdo mal. Quiero dejar constancia de la falta de respeto al Congreso
porque, conocido el orden del
día, nos enteráramos por la prensa de las declaraciones del señor
ministro de Asuntos Exteriores, que prácticamente fijaba una fecha o daba
por cerrada y por segura la visita del Rey a Cuba. Esta respuesta
reconozco humildemente que me deja absolutamente descolocado, no sé si me
está respondiendo a mí o está corrigiendo al señor ministro. Porque la
realidad es que lo que se ha afirmado en este momento es que sigue sin
haber fecha y que sigue sin haber una definición clara sobre el viaje del
Rey a Cuba. Por lo tanto, o se equivocó el señor ministro, o seguramente
acabarán echándole la culpa a algún periodista, o la indefinición
permanece.
Tenía previsto decirle que no retiraba la pregunta y la mantenía para
brindar una ocasión al Gobierno para que explicara en sede parlamentaria
exactamente la fecha y las circunstancias, pero después de lo que ha
dicho no me atrevo ni siquiera a sugerir que se posicione, no vaya a ser
que en el camino del cangrejo hacia atrás ahora se afirme que nunca va a
ir.
En última instancia, la cuestión se relaciona con que sería bueno que el
Gobierno explicara de una vez qué ha sucedido en todos sus niveles para
que se haya desbloqueado la relación con Cuba. Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya comparte profundamente la alegría por el inicio de
normalización, pero los interrogantes anteriores y de lo que ha pasado
después del nombramiento del embajador siguen planeando y no han sido
suficientemente explicados. La respuesta que usted acaba de dar introduce
un nuevo elemento.
¿Cuál es la respuesta? Por supuesto yo tengo que creerle a usted que está
en el Congreso de los Diputados, pero ¿cómo puede ser coherente lo que
decía el señor Matutes hace apenas dos o tres días con lo que usted dice
ahora? Si puede, aclárenoslo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Pues muy sencillo, señor Alcaraz: no
hay ninguna contradicción con lo que he dicho yo ahora y lo que ha dicho
el señor ministro. Hay una fecha segura del viaje de Sus Majestades los
Reyes a Cuba: en el año 1999, con motivo de la Cumbre Iberoamericana que
se celebrará en La Habana. Ahí seguro que el Rey viajará a Cuba, y en eso
no existe ninguna contradicción con lo que he declarado yo y lo que ha
declarado el ministro.
Respecto a otros viajes, en función de las circunstancias y en función de
los intereses de la política exterior española, ya se decidirá.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Esto nos lleva al final de la que adecuadamente ha calificado el señor
Alcaraz extraña sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores,
efectivamente, no por culpa de ninguno de los miembros pertenecientes a
la misma ni tampoco por culpa del señor secretario de Estado, que ha
tenido la bondad de comparecer. De manera que han sido otros factores los
que han hecho extraña esta Comisión.
Les anuncio que, sujeta a confirmación ulterior y a la convocatoria
formal correspondiente, seguramente la Comisión de Asuntos Exteriores
celebrará sesión el próximo día 13 de mayo también a las nueve y media de
la mañana, pero repito que está sujeta a la convocatoria formal.
Gracias a todos ustedes.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Nora.--El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Asuntos
Exteriores, del miércoles, 22 de abril de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
'Diarios de Sesiones' ya elaborados.