CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 421



DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 14



celebrada el miércoles, 1 de abril de 1998



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Por la que se insta al Gobierno a iniciar de forma inmediata las
negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre
la participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado
en el quinquenio 1999-2003. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 161/000849) (Página 12228)



--Sobre creación de una representación permanente de la Administración
periférica del Estado en Ciutadella (Menorca). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
161/000764) (Página 12232)



--Por la que se insta al Gobierno al cese del delegado del Gobierno en
Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/000873) (Página 12234)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR DE FORMA INMEDIATA LAS
NEGOCIACIONES CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS SOBRE
LA PARTICIPACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO
EN EL QUINQUENIO 1999-2003, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000849).




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenos días, señorías. Vamos a debatir un conjunto de proposiciones no de
ley que constan en el orden del día.

No encontrándose en la sala ningún representante del grupo parlamentario
autor de la primera proposición no de ley, comenzamos por el punto dos,
sin perjuicio de poder retomar el orden del día más adelante: Proposición
no de ley por la que se insta al Gobierno a iniciar de forma inmediata
las negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias
sobre la participación de las corporaciones locales en los tributos del
Estado en el quinquenio 1999-2003.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez
Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, señorías, desde que se
inició la legislatura hemos oído más de una vez que el Gobierno tenía
voluntad de fortalecer el papel de los ayuntamientos dentro de la
estructura del Estado. El presidente, el señor Aznar, en su discurso de
investidura, plantea como uno de los objetivos de su Gobierno conseguir
el llamado pacto local, que implícitamente va en la dirección que antes
señalaba. El 25 de junio de 1996, en la Cámara, se aprobó una moción, a
iniciativa de Izquierda Unida, entonces Iniciativa per Catalunya,
referida también al pacto local, que es una manifestación de voluntades
en la dirección de conseguir un papel más predominante de los
ayuntamientos. Ahora bien, como en muchas otras ocasiones, comprobamos
que lo que el Gobierno dice es bastante diferente de lo que realmente
practica. Esos refranes, del dicho al hecho va mucho trecho o una cosa es
predicar y otra dar trigo, son una muestra evidente en relación con los
ayuntamientos de este país.

Lo único cierto es que, hasta el momento, cada vez que el Gobierno ha
tomado alguna iniciativa, bien mediante alguna ley o bien en los propios
presupuestos, ello ha sido claramente perjudicial para las corporaciones
locales. Por tanto, podemos concluir que hoy los ayuntamientos españoles
están peor que al inicio de la legislatura del Gobierno del Partido
Popular.

Voy a exponer algunos argumentos para que SS. SS. no piensen que estoy
hablando por hablar y luego me dirán si es cierto o no. Concretamente, en
junio de 1997, el Gobierno saca adelante un decreto-ley, que más tarde se
traduce en una ley, en la Ley del Suelo, en la que de entrada lo que
hacen es reducir el patrimonio municipal del 15 por ciento de cesión
obligatoria al 10 por ciento; detraen el 33 por ciento del patrimonio del
suelo municipal. Posteriormente, no por su voluntad, como es obvio, y así
se demuestra en el decreto-ley, sino porque sus socios les comprometen a
que no sea así, esa ley se corrige, pero aun así hay una clara regresión
en cuanto al papel de los ayuntamientos en relación con su patrimonio de
suelo, elemento fundamental para desarrollar políticas trascendentales
para los ayuntamientos.

En la ley de acompañamiento de los presupuestos se plantea un fuerte
tutelaje de las corporaciones locales en relación con su endeudamiento.

Es curioso. El informe del Banco de España dice que no es la
Administración local precisamente la que está en peor situación en cuanto
al endeudamiento, sino que son otras administraciones, pero donde ustedes
ponen el acento es en el tutelaje a las corporaciones locales.

Hay en este momento una situación muy grave para muchos ayuntamientos,
que están devolviendo cantidades recibidas a cuenta en función de una
interpretación que el Gobierno hace sobre el PIB nominal, y ése es un
enfrentamiento entre la Federación Española de Municipios y Provincias y
el Ministerio. Ya no es entre un grupo político, el Partido Socialista y
el Gobierno; es la propia Federación Española de Municipios, que a todas
estas cosas ha hecho unas serias reservas y una fuerte confrontación.

Además, se produce una reducción en la participación de las diputaciones
provinciales, de los fondos que recibían del Estado para los planes
provinciales. Estos son algunos ejemplos de la voluntad del Gobierno de
favorecer a los ayuntamientos.

Es evidente que tendremos ocasiones para seguir hablando de todo esto,
esperemos que no legislen mucho en dirección a los ayuntamientos, porque,
pobrecillos, no están nada bien, y que se tienten la ropa antes de
producir más quiebras a este sector. Pero nos preocupa el momento en el
que estamos para el futuro de las corporaciones locales, porque, como muy
bien saben SS. SS., la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fija los
criterios de participación de las corporaciones locales en los tributos
del Estado para el quinquenio comprendido entre los ejercicios 1994 y
1998. Estamos en el mes de abril y es razonable que en el mes de junio ya
estén planteadas las líneas maestras del presupuesto para el año 1999.

Por otra parte, en este tiempo se ha oído hablar --y yo no sé si ustedes
tienen conocimiento de ello o no, o son globos sonda, de los muchos que
el Gobierno plantea, para ver cómo se recoge la cuestión y luego corregir
sobre la marcha-- de que sobre la financiación de las corporaciones
locales ustedes tienen un proyecto de ley o una ley de financiación. Ha
habido ministerios que han dicho que les gustaría una ley de financiación
para las corporaciones locales; otros han dicho que estaba muy bien la
ley actual y que con prórrogas o con negociaciones quinquenales se
resolvía la situación. No lo sabemos; lo que sí sabemos es que para 1999
tiene que haber una negociación para el próximo



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quinquenio 1999/2003. Entenderán que alguna experiencia tengo en esto de
las negociaciones entre el Gobierno y las corporaciones locales y sé que
no es fácil, sé que es difícil, pero lo que nos preocupa es que esta
negociación se retrase y que cuando se quiera iniciar el proceso de
llegar a un acuerdo esté todo hecho y no haya recursos, no haya
viabilidad ni flexibilidad.

No es otro que éste el sentido de esta proposición no de ley, que espero
cuente con el apoyo de todos, porque lo que pedimos es que inmediatamente
se constituya una mesa de negociación formal entre la FEMP y el Gobierno
de la nación para que no tengamos que lamentarnos dentro de poco tiempo
de que no ha habido negociación, de que hay posiciones que no se pueden
encontrar por inflexibilidad de unos u otros, y que, sentándonos hoy,
podamos llegar a la elaboración de los presupuestos con un consenso en la
medida de lo posible entre la Federación Española de Municipios y
Provincias y el Gobierno.

No vamos hoy a fijar ninguna postura sobre cuál es la participación que
nosotros entendemos que debe haber desde el Gobierno; creemos que debe
ser una negociación inspirada y dirigida por la Federación Española de
Municipios y Provincias y, lógicamente, en virtud de las propuestas que
haya, tendremos ocasión de fijar nuestra posición si entendemos que el
Gobierno sigue siendo, como hasta ahora, tan generoso con las
corporaciones locales.

Nada más. Yo les insto a que apoyen esta proposición y que, por una vez,
la buena voluntad no se quede sólo en eso, en buena voluntad, sino que se
traduzca realmente en una instancia al Gobierno a que haga algo en favor
de las corporaciones locales.




El señor PRESIDENTE: No ha habido enmiendas a esta proposición no de ley.

¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría Echevarría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quisiera empezar mi intervención haciendo
referencia a algunas de las manifestaciones que se han vertido por quien
ha intervenido en nombre del grupo proponente de la iniciativa, ya que ha
hecho alusión a la política de financiación local relacionándola con la
recientemente aprobada Ley del Suelo y la postura de los grupos que hemos
votado la iniciativa en el mismo sentido que el Gobierno. Tengo que
decirle que con ello ha hecho un flaco servicio a los intereses de
financiación local que dice defender, puesto que debe entenderse, y así
se ha sostenido siempre, que la cesión del suelo no debe estar en modo
alguno vinculada a la financiación local. La propia Ley del Suelo y la
propia Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establecen que las
cesiones tienen una finalidad última, que es la referida a la promoción
de viviendas de interés social, no la financiación local. Es una
corruptela lo que hasta ahora ha venido existiendo, que numerosos
ayuntamientos se financiaban a costa del suelo, no provocando en absoluto
su abaratamiento, sino todo lo contrario, e incluso que hasta los propios
pagos de las nóminas salían de este 15 por ciento.

Es además absolutamente falso que lo acordado en la ley recientemente
aprobada sea más perjudicial para los ayuntamientos que el texto
anteriormente existente. Un periódico, un medio de comunicación tan
próximo al partido proponente como es El País, ayer mismo dedicaba un
editorial a esta cuestión y decía que el 10 por ciento aprobado en la ley
puede resultar más beneficioso para los ayuntamientos, puesto que no
solamente se habla de esta cantidad, sino que además es posible que la
ley propia de cada comunidad autónoma establezca que los costes de
urbanización puedan ir repartidos entre el ayuntamiento y los
particulares o bien sean totalmente a cargo de los particulares, con lo
cual la cesión ya no sería del 15, sino que podía ponerse en un 17 o en
un 18. Así pues, está por ver, dependerá de las leyes propias de cada una
de las comunidades, si la situación de los ayuntamientos va a ser más o
menos beneficiosa. Y hago esta manifestación desde la legitimidad que me
da haber sostenido durante toda la tramitación de la ley que la cesión
debiera haberse mantenido en el 15 por ciento, que es lo que tenían
aprobado distintas comunidades autónomas y en concreto la comunidad
autónoma vasca.

Centrándome en el contenido propio de lo que es la iniciativa, debe
manifestar que, desde la perspectiva de mi grupo y desde el ámbito en el
que mi grupo tiene implantación, lo que en ella se plantea, aun
pareciéndonos legítimo, no tiene interés concreto, puesto que es de sobra
conocido por todos que la financiación en el ámbito vasco no tiene el
mismo criterio o va por vías distintas a las del régimen común. Quienes
recaudan en nuestro caso son las diputaciones forales y es en el seno del
Consejo Vasco de Finanzas Públicas donde se pactan las aportaciones que
se darán a las instituciones comunes, haciéndose una recomendación en
relación con lo que se entregará como aportación a las entidades locales.

Esta recomendación, curiosamente, se eleva luego a rango de ley a través
de la llamada Ley de aportaciones y tiene la validez del compromiso que
se asume, puesto que no son las instituciones centrales de la comunidad
autónoma las que tienen competencia o tutela financiera, sino que son las
diputaciones forales las que tutelan financieramente a la administración
local. En el momento presente esta cifra viene a ser de un 53 por ciento
de lo recaudado, que se extrae una vez descontado el cupo que las
instituciones vascas pagan al Estado y las aportaciones que se pagan a
las instituciones comunes.

El gran debate interno ahora en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca
es si las entidades locales tienen o no que estar en el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas. Parece que, en la situación actual, en un breve
período de tiempo se podrá decir que la decisión es que sí estén
presentes los entes locales en ese Consejo.

Desde la perspectiva que nos da nuestra situación de tener un sistema de
financiación local distinto al del resto, creemos que ya existen datos
suficientes para pensar que ya se está poniendo en marcha este proceso,
que existen ya los foros adecuados para que tanto la FEMP como las
instituciones implicadas adopten las decisiones que se crea conveniente,
y la iniciativa del Grupo Socialista nos parece



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más que nada un brindis al sol, un afán de protagonismo o de propaganda,
de cara a un proceso que creemos ya iniciado. Por tanto, el Grupo Vasco
se opondrá a la iniciativa que se propone.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.




La señora GIL I MIRO: Dado que se nos ha informado que el Gobierno del
Estado ha iniciado ya negociaciones con la Federación Española de
Municipios y Provincias para tratar el tema de la financiación para el
próximo quinquenio, no nos parece adecuado que nuestro grupo pudiera
posibilitar que prosperara una proposición que no está en sincronía con
los hechos, sobre todo porque, tal como dice un poeta catalán --y se lo
voy a decir en catalán, pero no hagan un esfuerzo inútil porque se lo voy
a traducir--, els esforços inútils produeixen melangia, una frase que
suena maravillosamente bien y que significa que los esfuerzos inútiles
producen melancolía.

No nos parece sin embargo inútil ni ocioso reiterar ante esta Comisión,
como hemos hecho diversas veces, que lamentamos que tanto por parte del
Gobierno del Estado español como del Partido Socialista y de otros grupos
políticos cuando hablan de ello, se ignore o se olvide que existen otras
asociaciones de entes locales tan legítimamente representativas como la
federación de municipios. Y éste es el caso, por ejemplo, en Cataluña, de
la Asociación Catalana de Municipios, conformada por más de dos terceras
partes del total de los municipios de Cataluña. Espero que se tenga en
cuenta esto en las negociaciones por parte del Gobierno y que el resto de
los grupos políticos respeten también la participación de estas
asociaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos Martínez.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, voy a intentar explicar el
posicionamiento del Grupo Federal de Izquierda Unida ante esta propuesta
haciendo un comentario previo, por lo que es el tono de la evolución de
la discusión e incluso alguna información que nos ha podido llegar.

Cuando un grupo está en la oposición o tiene una información o no la
tiene. No puede ser un objetivo de rechazo o de argumentación contraria
por parte de los grupos que soportan al Gobierno, que le apoyan, que un
grupo de la oposición haya preferido, en lugar de presentar una pregunta
o una iniciativa de control, presentar una iniciativa de impulso al
Gobierno que persigue dos objetivos: uno, que se pongan en marcha unas
negociaciones para conseguir un fortalecimiento en un quinquenio de
financiación, y otro, que al final se alcance un acuerdo para que se
pueda producir. Esto no me parece oportuno. Se podría haber presentado
una enmienda o haber dicho, en lugar de que se inicien, que se
profundicen, que se mejoren, que se ultimen, que se alcancen. Entonces
estaríamos discutiendo de otros elementos.

Lo que ocurre es que, muchas veces, el que está en el Gobierno quiere
estar en el Gobierno y en la oposición y dirigir la estrategia de cada
uno. No. El que está en el Gobierno gobierna y el que está en la
oposición controla al que está gobernando. Ustedes lo que pretenden es
que esta fórmula --nosotros no la hemos presentado-- se acepte. ¿Por qué?
Porque se ha ultimado este año el quinquenio de financiación de los
municipios y necesita ponerse en marcha ya, para que los presupuestos,
que se empiezan a hacer en el Gobierno en el mes de mayo, en cada uno de
los ministerios, recojan estas previsiones. Por eso, a mí me parece
positivo que un grupo que estima que no se está haciendo esto, o que cree
que se está paralizando, promueva esta iniciativa.

Y ¿cómo se pueden conocer las cosas con mayor profundidad? Pues haciendo
que el Gobierno ponga encima de la mesa los datos concretos: Se reunieron
tal día, se ha empezado con esta propuesta, existe este documento, los
municipios nos han respondido así. La Federación Española de Municipios y
Provincias y cada una de las comunidades. A mí este argumento, suponiendo
que hubiese venido de un solo grupo, no me parece suficiente para
rechazar una iniciativa que al final significaría que esta Cámara le pida
al Gobierno que agilice y ultime una negociación para tener un
quinquenio, que terminaría en el año 2003, de financiación con los
municipios, que fortalezca esa capacidad.

Además hay un documento que el Gobierno ha puesto encima de la mesa sobre
el pacto local, en el que habla de determinadas medidas de impulso y de
las competencias de las comunidades autónomas o del propio Gobierno del
Estado para fortalecer competencialmente a los municipios. ¿Cómo se va a
fortalecer competencialmente a los municipios sin una seguridad de
financiación? Por tanto, a nosotros esto nos parece plausible.

Por lo que se refiere al comentario que se ha hecho sobre la capacidad,
yo sé que muchas veces se mezclan argumentaciones, pero no se puede
relativizar y no es lo mismo tener que ceder, a la hora de desarrollar
urbanísticamente una ciudad, el 15 por ciento que el 10 por ciento; las
matemáticas son matemáticas. El 15 por ciento de suelo es más que el 10
por ciento. ¿Cómo se está gestionando ahora? El suelo se está gestionando
de mil maneras. Muchas veces se compensa y se dice: como tienes que ceder
el 15 por ciento, tú haces el jardín y yo hago esto; se negocia con el
promotor. Y se negocia ¿con qué poder? Con poder tener opción al 15 por
ciento de suelo. Por eso se puede retribuir o transformar que uno tenga
la obligación de hacer una cosa u otra en función del poder que uno
tiene. Pero jamás quien tiene la obligación de ceder 10 va a ceder 20.

¿Saben ustedes por qué? Porque la multiplicación de los panes y los peces
ya se hizo hace mucho tiempo y hoy es muy difícil hacerla; mucho menos
con las pesetas. Las pesetas no se multiplican como los panes y los peces
en su momento.

A mí la melancolía siempre me llega con la inutilidad de poder ejercer la
oposición y como yo tengo perspectivas, por lo menos en esta legislatura,
de estar en la oposición (Risas.), quiero ejercer la oposición, a pesar
del dolor que le pueda producir al que esté gobernando.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Contreras Linares.




El señor CONTRERAS LINARES: La presentación de esta iniciativa es el
reflejo de la preocupación de todos, en nuestro quehacer político, por el
estado de las corporaciones locales.

Entendiendo que en esa preocupación podemos considerar cualquier
iniciativa, habría mucho que decir, y no es el momento respecto de la
presentación de la proposición no de ley, del estado real de los
ayuntamientos, de las diferentes aplicaciones, incluso de la política del
Gobierno en la Administración local.

Va el día de refranes, pero el problema es que los refranes sirven para
una cosa y para la contraria. Responder con un refrán no es la idea de
este portavoz. (La señora Gil i Miró: No me compares un refrán con un
poema.) No me refería a eso. Me refería a que en la primera intervención
han citado varios refranes, que es un recurso como otro cualquiera, y que
los refranes son tan generales, que sirven para una cosa y para la
contraria. Y hay ejemplos continuos; no vamos a entrar ahora en ello. Sí
podemos entrar en cosas serias como es el endeudamiento de las
corporaciones locales, cómo se resuelve. ¿Cómo se puede pensar que la Ley
del suelo --son concepciones distintas y en eso no estamos-- se hace con
el propósito de financiar a las corporaciones locales? Nosotros no
creemos que eso deba ser así, porque entonces habría municipios que se
podrían financiar bastante mejor en función de esa capacidad de
recalificar suelo y de obtener compensaciones destinadas claramente a
disponer de los suelos públicos necesarios para hacer las
infraestructuras, los equipamientos públicos, en las zonas de ensanche,
del crecimiento de las ciudades. No debe tener otro sentido. Creemos que
es un error pensar que pueda tener viabilidad.

La financiación. Evidentemente, el 15 es más que el 10 y el 20 más que el
15. No sé por qué la magia del número se tiene que parar en una
determinada cantidad. No sé quién ha estudiado que lo absoluto es el 15 o
que es el 10.

Creemos, sin embargo, que la mejora de la financiación de las entidades
locales se debe contemplar en la ley correspondiente. En ese sentido,
como decía al principio, es bueno que todos estemos preocupados por algo
que es importante, como es la estructura de la organización jurídica, del
Estado español, de las corporaciones locales, y que se puedan presentar
iniciativas de este tipo.

Se ha dicho en la intervención anterior que es lógico que se ejerza la
oposición y que, cuando no se gobierna, se tenga alguna iniciativa, pero,
si no valen los argumentos de que no hay información, tampoco pueden
valer los de que eso no se sabe. Dudo mucho que los componentes o los
responsables de cada grupo aquí representados no sepan que ya hay creado
un grupo de trabajo. No es sólo una declaración de intenciones a raíz de
una moción aprobada que el Gobierno se implique en promover la
legislación que permita lo que todos estamos pidiendo, porque las
reuniones entre los representantes de la Administración y los de la
Federación Española de Municipios y Provincias no son clandestinas. Son
reuniones en las que de una u otra manera estamos todos presentes.

Por abundar en la información y para que no se quede en una intervención
retórica, diré que hay un grupo de trabajo, y esto se publica en la
prensa --aparte de globos sonda podríamos hablar de filtraciones, pero
esto no es ni lo uno ni lo otro--, que está estudiando el sistema
aplicable a la concertación de los créditos por parte de las
corporaciones locales, la participación en tributos del Estado y la
actualización del sistema para el próximo quinquenio 1999-2003, que es lo
que se pide en esta propuesta. También las normas referentes al
presupuesto, gestión presupuestaria, contabilidad, control, fiscalización
y gestión de tesorería, principios generales aplicables a la Hacienda
pública local, todo ello dentro de esa posible modificación de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, que, por otro lado, va haciendo falta.

Considerando que ya se está trabajando en lo que se pide y que, en la
presentación de la propuesta, el grupo proponente ha hablado de su
posición, que entendemos más bien como un juego retórico que como unas
ideas profundas, dicho sea con la cortesía debida, sin faltar a la
cortesía parlamentaria, creemos que estamos más en una intervención de un
grupo de la oposición, que la considera oportuna, pero que nosotros la
vemos oportunista, y vamos a votar en contra. Otro argumento es que la
oposición puede promover cuantas iniciativas crea conveniente, aunque lo
esté haciendo el Gobierno, porque no tiene por qué saber que las está
haciendo. Esto podría hacerse con todo. Al Gobierno se le puede instar
continuamente, pero nosotros entendemos que la oposición se debe ejercer
como se estime oportuno. Nosotros repito que vamos a votar en contra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Brevísimamente voy a hacer algunas
precisiones de interés, porque creo que ha habido una mala interpretación
en cuanto a algunas posiciones de la señora Uría.

Yo en absoluto --quiero que se entienda bien mi interpretación-- he
ligado el deterioro o la reducción del patrimonio del suelo con la
financiación. No lo he hecho. Considero, y lo he dicho en muchísimas
ocasiones, que la Ley del Suelo y, por tanto, la cesión de la Ley del
Suelo tiene una dirección que no es la financiación de los ayuntamientos.

Sencillamente he señalado esto como una acción del Gobierno en contra de
los ayuntamientos, no en la dirección de la financiación. Dígaseme,
cuando se reduce la Ley del Suelo del 15 al 10 por ciento, si no es una
reducción del patrimonio del suelo, no directamente en vía de
financiación, pero sí muy directamente en una vía trascendental para la
política local, como es la política de viviendas, aunque el Gobierno ha
interpretado que se hace una mejor política de viviendas, no en la
dirección de la vivienda social o de que los agentes públicos
intervengan, etcétera. Ese es un planteamiento distinto al que se ha
discutido en la Ley del Suelo.




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Curiosamente, la señora Uría ha dicho que en principio estaban a favor de
que la cesión del suelo se mantuviera en ese 15 por ciento. Estamos
completamente de acuerdo en que reducir del 15 al 10 por ciento es una
reducción del patrimonio. Clarísimo. Es uno de los elementos que no va en
la dirección de favorecer a los ayuntamientos.

En otro orden de cosas, señora Gil, quién no reconoce que haya otras
asociaciones de municipios. Pero también sabe que la negociación debe
establecerse entre la asociación mayoritaria de los municipios españoles,
que se llama Federación Española de Municipios y Provincias, donde
también hay muchos municipios catalanes, los más importantes. Los que
tienen más población de Cataluña están en esa Federación Española de
Municipios y Provincias, que es la que por ley tiene la representación de
los ayuntamientos a la hora de negociar con el Ministerio. Porque estamos
hablando de una negociación que tiene que establecer el Gobierno con la
asociación representativa de los ayuntamientos españoles, decimos que se
ponga en marcha la negociación.

El señor Contreras juzga que es oportunismo. No lo sé, no sé si es
oportunismo o qué es. Nosotros tenemos constancia de que hay constituidos
muchos grupos de trabajo entre los ministerios y la Federación Española
de Municipios y Provincias, pero estamos tocando un tema muy grave, que
es un proceso de negociación quinquenal, que es fundamental para las
corporaciones locales. Aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos
de las corporaciones locales vienen vía transferencias de fondos del
Estado. Es una negociación complicada. No me diga que ya se está haciendo
porque hay ya mesas de trabajo para hablar de documentos, de papeles,
etcétera, cuando al día de hoy no existe una negociación con esa
finalidad. Diga la que es oportuna, pero no diga que es oportunista. Es
absolutamente oportuna, porque el retraso en esta negociación puede
llevarnos a una situación muy delicada para las corporaciones locales.




El señor PRESIDENTE: Señora Uría. Brevemente, por favor.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, no quisiera quedar
necesariamente por encima ni apostillar la intervención del señor
Rodríguez Bolaños. Ya sé que no se ha manifestado en los estrictos
términos de que el suelo se integre dentro de la financiación local, pero
debe reconocer que en una iniciativa que es suya y en la que iba a hablar
del régimen de financiación y de que cuanto antes se pongan en marcha los
mecanismos para la negociación de la financiación local, él justamente ha
aludido al tema del suelo. Me ha parecido que la relación estaba en su
intervención y no que la haya establecido yo. Sólo quería hacer esta
manifestación.




El señor PRESIDENTE: Señor Contreras. También brevemente, por favor.




El señor CONTRERAS LINARES: Simplemente quiero decir, sin ánimo de crear
polémica, que el señor Rodríguez Bolaños cree que no sirve de mucho o que
no se está haciendo, pero yo tengo otra percepción. Es normal que yo
confíe en lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. Es lógico
que nosotros sí creamos en que ese proceso se está desarrollando y con el
fin previsto, aunque también entiendo que S. S. tenga dudas.




--SOBRE CREACION DE UNA REPRESENTACION PERMANENTE DE LA ADMINISTRACION
PERIFERICA DEL ESTADO EN CIUTADELLA (MENORCA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
161/000764).




El señor PRESIDENTE: Debatido el punto dos del orden del día, volvemos al
punto primero para debatir la proposición no de ley sobre creación de una
representación permanente de la Administración periférica del Estado en
Ciutadella (Menorca).

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Urán
González.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, desde que se empezó a hablar de la
necesidad de crear la ventanilla única y de acercar las administraciones
públicas a los ciudadanos ha pasado mucho tiempo sin que se hayan
adoptado las medidas necesarias. Cuando hablamos de islas como Menorca,
donde su población se concentra fundamentalmente en dos núcleos, además,
muy separados entre sí, estamos planteando el problema de que los
ciudadanos y ciudadanas de esa isla de Menorca que viven en Ciutadella
tienen que trasladarse a Mahón como capitalidad administrativa, para
poder gestionar no sólo cualquier servicio o documentación ante la
Administración General del Estado, sino para recibir cualquier tipo de
información. Estamos llevando a nuestros ciudadanos y ciudadanas a una
situación, en concreto en la isla de Menorca, en la que para cualquier
actuación con la Administración General del Estado tienen que trasladarse
bastante kilómetros, con lo que ello implica de pérdida de tiempo y de
encarecimiento, fundamentalmente para los servicios socioeconómicos o
para las empresas que tengan que tramitar algún tipo de documentación. Es
un problema que ha detectado incluso la propia Administración, que manda
a una persona de una manera arbitraria, una diría, al menos a la semana y
a algunos de los servicios. Estamos hablando tanto de la Agencia estatal
de la Administración tributaria como de la Jefatura Local de Tráfico o de
los servicios comunes de la Seguridad Social, servicios todos ellos que
deberían estar necesariamente mucho más cerca.

Lo que pedimos con nuestra iniciativa no es una descentralización, sino
todo lo contrario, una desconcentración de la Administración periférica
del Estado, para que los servicios y la información se pueda facilitar
desde los lugares más próximos a la ciudadanía. Por tanto, esta
representación permanente de la Administración debe estar bajo la
dependencia orgánica de la Dirección Insular del



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Gobierno en Menorca y coordinada con cada una de las entidades y
organismos que tienen encomendada la gestión de sus competencias. No
estamos intentando duplicar más servicios de la Administración, sino que
el servicio que ya se presta en Mahón se pueda extender, con el personal
adecuado, a la ciudad de Ciutadella; se trata de desconcentración, que es
lo que nos parece más importante.

Señorías, no hemos planteado un convenio entre las administraciones
porque consideramos que ha de ser la propia Administración la que se haga
cargo y establezca estos servicios en los lugares que considere
oportunos. No tendría por qué suponer un costo elevado, sino todo lo
contario, puesto que con un solo local para poder atender a los
ciudadanos y ciudadanas de Ciutadella sería suficiente, ya que no se está
hablando de multitud de servicios, sino de un servicio de información
restringido a esta ciudad. Por tanto, es perfectamente asumible y
necesario para mejorar las condiciones y solucionar, en definitiva, el
problema que en estos momentos hay planteado con los ciudadanos y
ciudadanas de Ciutadella.

No existe impedimento legal que pueda argumentarse para rechazar esta
iniciativa porque lo que no consta como prohibido por la ley se supone
que puede ser perfectamente asumido. Creemos que no sería descabellado
que exista esta representación en la localidad de Ciutadella en Menorca.

Estaríamos solucionando un problema que tienen en la isla, en esta
ciudad, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener el servicio que
les corresponde de la Administración periférica del Estado.




El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas a la proposición no de ley.

¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.




La señora FERNANDEZ RAMIRO: La portavoz de Izquierda Unida justifica esta
proposición no de ley alegando que la configuración geográfica y
socio-económica de la isla de Menorca no se corresponde con una presencia
equivalente de la función administrativa del Estado y de los servicios
públicos, ya que la práctica totalidad de los centros de gestión se
encuentran en la ciudad de Mahón.

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado
establece en el artículo 31 que la organización de la Administración
periférica en las comunidades autónomas responderá a los principios de
eficacia y de economía del gasto público, así como a la necesidad de
evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia
Administración general del Estado como en otras administraciones
públicas.

La Lofage, en lo que respecta a la Administración periférica, ha sido
objeto de desarrollo parcial por el Real Decreto 1330/1997, de
integración de servicio periféricos y de infraestructuras, que ha
incluido en las delegaciones del Gobierno los servicios periféricos de
los ministerios de Fomento, Educación y Cultura, Industria y Energía, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, suprimiendo las
direcciones territoriales y provinciales y creando las áreas funcionales
que dependen de las delegaciones del Gobierno. Las áreas funcionales
pueden comprender la totalidad del territorio de la delegación o
estructurarse en órganos de ámbito territorial inferior, dependiendo del
volumen de actividad y de las dimensiones del territorio de la Delegación
del Gobierno.

La orden ministerial que desarrolla este Real Decreto de 7 de noviembre
de 1997 prevé que las áreas funcionales de la Delegación del Gobierno en
las Islas Baleares son las de Fomento, Industria y Energía, de
Agricultura y Pesca y de Sanidad. Los directores de estas áreas dependen
del delegado del Gobierno y no se prevén dependencias funcionales de
ámbito inferior a la Delegación del Gobierno.

Por otra parte, en la isla de Menorca existe una Delegación Insular. En
su Secretaría General se encuadran los órganos que prestan las siguientes
funciones: la gestión sobre derechos ciudadanos, autorizaciones
administrativas, procesos electorales, protección civil, extranjería y
asilo.

Esta proposición no de ley que presenta Izquierda Unida no pretende la
creación de dependencias de las áreas funcionales. Su objetivo, creemos,
es establecer una oficina, a la que llama representación permanente, que
proporcione información sobre los procedimientos y estado de tramitación
de los expedientes y libre certificaciones y similares. En principio,
entendemos que no habría un obstáculo legal a la configuración de dicha
oficina, aunque siempre bajo la dependencia del director insular. Sin
embargo, su creación no parece acomodarse a la estructura de la
Administración periférica que se pretende establecer, por cuanto se
intenta evitar la duplicidad de estructuras administrativas y tender a la
reducción del gasto público.

Se podría contraargumentar que otro de los principios que rigen la
actuación de la Administración es el de la proximidad a los ciudadanos.

No obstante, habría que considerar también que hay otros medios para
agilizar la gestión, como puede ser un convenio con el Ayuntamiento de
Ciudadela para que, al amparo de lo establecido en el artículo 38.4 b) de
la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, su registro quedara habilitado para
la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la
Administración general del Estado; convenio que, según la relación
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 1997,
no existe con el Ayuntamiento de Ciudadela.

En todo caso, este grupo parlamentario entiende que cualquier iniciativa
como la prevista en la proposición no de ley que en estos momentos nos
ocupa debería contar con un estudio sobre necesidad y viabilidad de esta
oficina. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista se va a
abstener en la votación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: El grupo al que represento entiende el problema
de fondo, que no es otro que



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resolver los que los ciudadanos tienen al presentar documentación en su
determinado ámbito de la Administración pública; pero también entendemos
que la figura que se pretende aprobar en esta proposición no de ley, una
figura permanente del Estado en la ciudad o municipio de Ciutadella, es
del todo contraria a las normas recientes que se han venido aprobando en
el seno de esta Comisión, como por ejemplo la Ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado.

Entendemos también que esta petición, de prosperar, podría llevar consigo
que una cantidad innumerable de municipios pudiera solicitar soluciones
análogas, con lo cual no iríamos a la resolución de los problemas de los
ciudadanos, sino elevaríamos los costes que tiene la Administración
pública en este momento, lo que creo que no interesa de ningún modo a los
ciudadanos porque supondría también aumentar los impuestos y no
tenderíamos a la simplificación de la Administración pública.

El grupo parlamentario al que represento tiene que ser coherente con sus
propios principios y con su programa electoral. Estamos, por otro lado,
llevando a cabo un proceso de simplificación de la Administración con el
principio de administración única que se ha venido plasmando en todas las
normas que han emanado de esta Cámara, no sólo la Lofage, sino la Ley de
gobierno y numerosas disposiciones, puesto que esta Comisión ha sido rica
en iniciativas legislativas.

Caben otras soluciones que resuelven los problemas de los ciudadanos,
pero entendemos que, si el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo
procesos de suscripción de ventanilla única donde se puede presentar
cualquier documento que vaya dirigido a cualquiera de los ámbitos de la
Administración pública, ésa puede ser la solución para el municipio de
Ciutadella.

Por otro lado, me gustaría poner de manifiesto que, cuando aquí se
discutió la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
general del Estado, la posición del entonces Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya durante la tramitación no
solicitó un representante legal en cada uno de los municipios, sino que
fue totalmente contraria a la configuración de las subdelegaciones de
Gobierno en cada provincia. A nuestro modo de ver, eso no es mantener
posturas coherentes y consecuentes con lo que esgrimieron en sus
enmiendas a la mencionada ley. Tan sólo Coalición Canaria apuntó algún
principio similar que tampoco prosperó en ese momento.

En el caso de la isla de Menorca, ya hay municipios que han suscrito ese
convenio especial de ventanilla única con la Administración general del
Estado, como por ejemplo el de Alaior. Creo que ésa sería, sin ninguna
duda, la solución para resolver estos problemas de los ciudadanos, que es
en definitiva lo que debe perseguir cualquier gobierno: solucionar
problemas a todos los ciudadanos con el menor coste y con la mayor
simplificación posibles. Por tanto, entendemos que en este momento no
puede prosperar esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Señora Urán.

La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, nada más quiero matizar
algunas de las expresiones que se han dicho por la portavoz del Grupo
Popular.

Cuando hablamos de no aumentar los costes de la Administración y se
apunta como una de las soluciones la posibilidad de firmar un convenio
para crear una ventanilla única por los ayuntamientos y la Administración
del Estado, el coste desde luego no es para él, pero sí para el
ayuntamiento; por eso el coste no es argumento. Estamos hablando de
solucionar un problema.

Si el Ayuntamiento de Ciutadella no considera oportuno firmar un convenio
con la Administración del Estado, nosotros estamos convencidos de que
debemos, por lo menos, intentar convencer al resto de los miembros de la
Cámara de que hay que solucionar el problema y debería de haber una
representación o una oficina, si lo prefieren, que pueda dar los
servicios necesarios a los ciudadanos y ciudadanas de Ciutadella para que
no se tengan que desplazar y, por consiguiente, verse perjudicados a la
hora de realizar trámites con la Administración general del Estado.

Si el convenio no es lo que se ha demandado, creemos que se debe
solucionar el problema y, en lugar de mandar un representante una vez a
la semana, que esté allí todos los días para poder atender a la
ciudadanía.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señor presidente, quiero añadir muy brevemente
que la señora Urán no mantiene principios coherentes, ya que esto no fue
defendido cuando se discutió la Lofage, y decir ahora que esto supone
unos mayores costes también es una contradicción.

En este caso, entendemos más razonable la postura del Grupo Parlamentario
Socialista. Creo que hoy la Administración debe ir hacia la resolución de
problemas de los ciudadanos, a su simplificación y a su mejor
administración; así defendernos los principios de eficacia, eficiencia y
todos los que debe perseguir la Administración cuando gestiona los
intereses públicos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, ya hemos debatido el punto primero del
orden.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL CESE DEL DELEGADO DEL GOBIERNO DE
GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 161/000873).




El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente al punto tercero del orden del
día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno al cese del
delegado del Gobierno en Galicia.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Vázquez.




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El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, señoras y
señores diputados, la proposición no de ley que someto a debate en nombre
del Bloque Nacionalista Galego, en la que se propone que el Congreso
inste al Gobierno a cesar al delegado del Gobierno en Galicia, no se debe
a un capricho de este grupo político. Estamos seguros de que responde al
sentir de todos los grupos políticos, sindicales, etcétera de nuestro
país, excepto, probablemente, al del grupo mayoritario. No cuestionamos,
por tanto, una actuación más o menos desafortunada de un delegado del
Gobierno; cuestionamos toda una trayectoria, desde su toma de posesión;
cuestionamos una concepción del orden público al servicio del partido
gobernante.

El señor delegado del Gobierno concibe el orden público como amenaza e
intimidación del discrepante, basado en ese aserto, a nuestro modo de ver
tan peculiar, de que la mayoría absoluta en las urnas legitima cualquier
violación de los derechos más elementales.

Desde luego, es muy difícil resumir en una intervención en este marco
todas las actuaciones que tuvieron lugar en Galicia desde que el actual
señor delegado tomó posesión. Pero por sintetizar algunas, les diré que
en su toma de posesión se produjeron cargas contra los trabajadores de
Povisa, con heridos; contra los camioneros de Tafisa, en Pontevedra, con
heridos; contra los trabajadores de Endesa, con heridos, entre ellos un
niño; contra estudiantes universitarios, con heridos; contra los vecinos
de Vilaboa; contra manifestaciones de propietarios de parcelas, por
ejemplo, en la fraga del Eume, que simplemente protestaban delante del
entonces candidato presidente de la Xunta, señor Fraga, y, parece ser,
deslucían el acto que tenía. Por cierto, el señor delegado del Gobierno
acuñó un término nuevo (lo digo porque también tiene su ingenio), puesto
que dijo que no hubo una carga policial en aquel momento sino que lo que
se produjo fue un desplazamiento de la masa, (Risas.) concepto
absolutamente novedoso en este tipo de actuaciones; y así siguió contra
concentraciones de insumisos y contra artistas y estudiantes que
protestaban por el cese de la directora del Centro Galego de Arte
Contemporáneo, etcétera. Todo ello se acompaña de multas. Por poner algún
ejemplo, ciudadanos de Vilaboa, municipio de Pontevedra, que se oponían a
la implantación de una empacadora, tienen abiertos 230 expedientes, con
multas de entre 150.000 y 250.000, por una cuantía global 20.100.000
pesetas.

Este modo de entender el orden público alcanzó el paroxismo con motivo de
la tractorada, convocada el pasado 20 de enero, con el fin de protestar
contra la supertasa láctea. En los días previos a estos acontecimientos,
hubo amenazas a quienes sacasen los tractores a la calle; se utilizó
masivamente a las fuerzas de orden público para impedir que los
tractoristas se dirigiesen a los puntos de concentración, mediante
solicitud de documentación, retenciones, etcétera, y para que ustedes se
hagan idea, los retenían ya prácticamente a la salida de sus casas, de
manera que se llegaba a situaciones kafkianas, pues tanto se retenía a
los que iban a la manifestación como a los que iban a trabajar al campo;
es decir, un absoluto y auténtico «despelote». Hubo cargas y detenidos,
diputados golpeados, etcétera. Esto ya fue la gota que colmó el vaso y
que provocó algo inaudito: que todas las fuerzas políticas, sindicales,
ciudadanas, etcétera, de Galicia convocasen una manifestación en defensa
de las libertades. Ustedes se darán cuenta de que no es fácil que en los
últimos años que en el Estado español se convoque una manifestación en
defensa de las libertades, que tuvo lugar el pasado 14 de febrero.

Expreso este dato para que ustedes reflexionen sobre lo que está
aconteciendo.

Es probable que se argumente que esta actitud del señor delegado del
Gobierno responde exclusivamente al criterio de cumplir la legalidad; a
la famosa teoría de que un derecho no puede coartar otro, etcétera. Sin
embargo, estamos convencidos de que eso responde a un criterio
partidista: la puesta al servicio de un partido político de las fuerzas
de orden público contra los discrepantes, contra aquellos que no se
resignan ante las decisiones del poder que consideran injustas. Voy a
poner también algún ejemplo para que SS. SS. reflexionen sobre ello.

El señor delegado del Gobierno, ante hechos semejantes, actúa de distinta
forma. Hablando de cortes de tráfico, no voy a citar las cuestiones tan
comunes como que en determinadas manifestaciones se efectúa el corte de
tráfico mediante las fuerzas municipales o policías de Tráfico para
permitir al mismo tiempo que la manifestación se desarrolle y que los
ciudadanos se vean molestados en la menor medida posible por los cortes
de tráfico. No vamos a hablar de cuando se corta el tráfico, por ejemplo,
para que el señor Fraga, con 5.000 gaiteiros, tome una ciudad; (Risas) no
quiero hablar de eso.

Voy a mencionarles, por ejemplo, una tractorada que tuvo lugar el 15 de
enero de 1997. Quiero situarles en esa fecha porque tuvo lugar antes de
las elecciones autonómicas en Galicia. El señor delegado del Gobierno en
aquel entonces declaraba lo siguiente. Decía que estaba convencido de que
la tractorada tuvo poco éxito porque la Xunta anunció que no habría que
pagar la supertasa. Le preguntaron sobre la posibilidad de establecer
sanciones contra los participantes, y él indicó que los expedientes
abiertos serían analizados, pero que no estaba en el ánimo de su
departamento sancionar. Señaló: A priori, no hay intención ni voluntad de
sancionar, sino de compaginar los derechos de los manifestantes con los
de los ciudadanos. Por tanto, estamos ante un hecho semejante con una
actitud distinta.

Lo mismo aconteció con la pasada tractorada del 3 de marzo. Dicha
tractorada tuvo lugar después de la famosa manifestación del 14 de
febrero, y con otras actuaciones de las fuerzas políticas de mi comunidad
cuestionando la actuación del señor delegado, curiosamente, tampoco hubo
la misma actitud, aunque estamos ante un hecho semejante. La actitud del
señor delegado fue porque alguien le insinuó que quizás no debería seguir
con esos mismos criterios, por lo menos de momento.

Podríamos seguir citando otros ejemplos. Hubo incidentes gravísimos
contra gobiernos municipales, como en Cangas de Morrazo, con la quema
incluida del vehículo de un concejal, y no se abrió expediente
sancionador; en un Ayuntamiento como el de Ares, la corporación municipal
estuvo rodeada por un grupo de vecinos, convocados por



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cierto por el Partido Popular y, a pesar de que solicitaron la presencia
de las fuerzas de orden público para salir de ese encierro, no
aparecieron. Esto es para situarles y ver si estos datos son suficientes
para hacerles pensar que no se actúa siempre de la misma manera o que se
está utilizando el concepto de orden público al servicio de un partido.

Por si esto no bastase, el señor delegado del Gobierno se permite el
lujo, a mí me parece que saltándose un poco su papel institucional, de
bajar a la arena política para insinuar conexiones de fuerzas políticas
legales con el terrorismo. Podemos leer artículos del señor delegado del
Gobierno --no me estoy inventando nada-- en los que dice cosas muy
interesantes. Durante un tiempo ha utilizado estos mecanismos de presión
como recurso de desestabilización política y, sobre todo, manipulando a
gran parte de trabajadores y ciudadanos, que han acudido a estas
movilizaciones absolutamente instrumentalizadas. Se permite decir que los
grupos políticos legales instrumentalizan a los ciudadanos, que, parece
ser, van manipulados a las manifestaciones. Nada menos que califica la
famosa manifestación del 14 de febrero de antidemocrática y, por lo
tanto, se supone que también a sus convocantes.

Califica además la política de la oposición, tergiversando la línea de
actuación. Al Bloque Nacionalista Galego, grupo al que pertenezco, lo
llega a calificar de secta peligrosa, por no hablar de amenazas, que no
puedo demostrar, pero que evidentemente existen, a periodistas por
informaciones que no le gustan, etcétera. Por lo tanto, nosotros no
estamos cuestionando un debate de lucha política normal. A mí no me crea,
como ustedes comprenderán, ningún problema que algún militante del
Partido Popular me llame secta peligrosa; no. Aquí hablamos de un
delegado del Gobierno que, por lo tanto, tiene un cierto papel
institucional.

Nos parece que el Partido Popular, que luego expresó el apoyo a su
delegado por gentes cualificadas, como el señor Fraga, el señor Rajoy o
el señor Cascos --estos últimos ministros--, debería reconsiderar su
actitud porque o no están bien informados de lo que sucede, porque o bien
están en la creencia de que estamos en una campaña orquestada contra el
señor delegado del Gobierno en Galicia, porque nos resulta muy incómodo
o, si eso no es así, el modelo de orden público que el señor delegado del
Gobierno ejerce en Galicia es el que pretende establecer el Partido
Popular en el Estado español, y no sé si entonces estaríamos ante una
especie de experiencia piloto.

Lo acontecido en Galicia me parece que no tiene parangón en el resto del
Estado; yo por lo menos no conozco acciones de este tipo. Por lo tanto,
solicitamos el cese del Delegado del Gobierno porque es necesario, desde
luego.

Solicitamos el voto favorable de este Congreso para dejar claro que el
Partido Popular y el Gobierno no comparten ese modelo de orden público
que lleva a la práctica el delegado del Gobierno en Galicia. Para
nosotros, el señor delegado en este momento no reúne el perfil necesario
para desempeñar ese papel: institucional, neutral y no de partido. Por
eso presentamos una proposición no de ley con un texto sencillo (Risas.)
que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a proceder al cese del delegado del Gobierno
en Galicia, don Juan Manuel Diz Guedes.




El señor PRESIDENTE: El texto no ha recibido enmienda alguna. Por
consiguiente, ¿grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
El señor Ríos Martínez tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que después de oír el complemento a
la amplia exposición de motivos que precedía a la proposición no de ley
solamente caben dos posiciones. Aunque pueda haber algunos tonos grises,
caben dos colores grises entre el blanco y el negro. Hay dos caminos,
para la solución cuando quien representa a un Gobierno no es elegido por
los ciudadanos, sino por elección indirecta: uno, que este señor presente
la dimisión, pero me da la impresión de que nos encontramos ante una
persona que no solamente ha tenido una actuación equivocada o que ha
actuado en un momento determinado de manera abusiva, sino que es
consciente y hace gala de esa actuación, presume de lo que está haciendo;
es consciente de que actúa y de que su misión es favorecer culturalmente
manifestaciones de adhesión que permitir o facilitar el derecho
constitucional a manifestar la opinión que cada uno tenga para exigir sus
derechos, que es una manera distinta de entender un derecho
constitucional. Decía que caben dos caminos: o este señor presenta la
dimisión, hecho con el que no nos encontramos, o hay que estimular al
Gobierno que le ha nombrado para que le cese. No caben otras medidas.

La verdad es que la etapa, el desarrollo o la presencia del delegado del
Gobierno en Galicia, desde que llegó, porque la primera actuación que
tuvo con los estudiantes creo que data del año 1996, hasta la fecha, está
mostrando genio y figura. En la última, en una manifestación, por su
manera de reprimir, impedir o manipular, para que no sea efectivo el
ejercicio de los derechos, que es lo que le podrían argüir a la postre
sobre su actuación, reaccionó diciendo que es antidemocrática. La verdad
es que uno ya no sabe cómo entender lo que es la democracia. Es
democracia o demos gracias; podía ser una manera de entenderlo por parte
del delegado.

Para terminar, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, del BNG,
que su redacción era sencilla. Al escribirlo era sencillo, pero veremos
después, a la hora de conseguirlo, porque me da la impresión de que el
que lo ha nombrado a lo mejor presume de que ésa es la mejor forma de
actuar. Como yo no lo creo así, sino que el talante de un Gobierno en el
país no debe ser ese, la mejor forma de actuar, cuando uno tiene un cesto
con una manzana mala, es quitarla y poner una buena. Creo que ésa sería
la mejor solución que podríamos adoptar esta mañana aquí. Fíjese que esto
ni siquiera quiere decir que tenga después eficacia ejecutiva;
simplemente es una indicación, un estímulo, un impulso a la acción del
Gobierno.

El Gobierno que nos gobierna puede no gobernarnos y no hacer caso.

Volveremos entonces a la carga democrática con una propuesta distinta,
frente a las cargas no democráticas del ejercicio que dice que sí, que
daba las instrucciones



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para que se cargase. Vamos a ver quién carga más. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: La señora Marón tiene la palabra.




La señora MARON BELTRAN: Señorías, continuar con este tema no es muy
gratificante, sobre todo para las persona que sufrimos de cerca las
actitudes del delegado del Gobierno en Galicia.

El señor Diz Guedes, que lleva en la Delegación del Gobierno de Galicia
escasamente dos años, ha pulverizado el récord de ocupar páginas y
páginas en los medios de comunicación escritos. Hemos escuchado en
emisoras de radio sus amonestaciones y sus broncas atronadoras y muchos
han sufrido las consecuencias físicas de las cargas policiales que él
mismo ha ordenado. Si algo ha conseguido ha sido situarse en el punto de
mira no sólo de las personas que, amparadas por las libertades
constitucionales, quieren manifestarse o mostrar su protesta
públicamente, sino de la sociedad en general, que no acierta a entender
las actitudes y medidas desproporcionadas que ordena adoptar a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto motivó, como ya ha
quedado dicho, una manifestación ciudadana reivindicativa de las
libertades públicas y la tolerancia, celebrada en Santiago el 14 de
febrero pasado.

Pero, aunque breve, quisiera hacer un recorrido por los hechos más
destacados, para que SS. SS. puedan seguir teniendo conocimiento de la
situación que allí vivimos.

En Pontevedra, en Vilaboa, han sido reiteradísimas las cargas contra los
vecinos que se oponen a la empacadora de basura. Digo reiteradísimas
porque realmente hemos perdido la cuenta de las que se produjeron con
motivo de las concentraciones de afectados y, en muchas ocasiones,
lamentando heridos y contusionados, que han necesitado asistencia médica,
además de los conflictos de Tafisa, Povisa, etcétera.

En La Coruña, primeramente en la localidad de Pontedeume y posteriormente
en la localidad de Miño, hubo dos cargas brutales. Si la primera fue
grave, la segunda, en agosto pasado, contra los agricultores de la fraga
del Eume, que dio lugar a una pregunta oral en Pleno que esta diputada
hizo personalmente, ha roto todos los esquemas, porque hubo más de 10
heridos, muchísimos contusionados. Eran simplemente pacíficos
agricultores, la mayoría de más de 50 años, a los que se llamó minorías
violentas. En esa ocasión, el delegado del Gobierno pronunció su famosa
frase antológica de que no hubo carga, que sólo hubo un desplazamiento de
la masa 200 metros, tremendo desplazamiento (Risas.), y todo porque el
presidente de la Xunta asistía a una inauguración, se deslucía la
inauguración de un local y en ese momento se trataba no sólo de reprimir
al que no aplaudía, sino de ocultarle.

Luego han venido las tractoradas en Galicia, con motivo de la supertasa,
que todo el mundo conoce. Por todos medios se quiso minimizar esta
protesta, atemorizar a los agricultores, decir que aquí no se movía
nadie, que aquí no había tractoradas. Los medios calificaron los hechos
de taballa campal, porque la actitud represiva y provocadora del delegado
del Gobierno insta continuamente a la crispación social. Con esta actitud
ha conseguido que lo que era un cauce normal de expresión, de protesta
tranquila por los arcenes de las carreteras llamando la atención del
Gobierno y de la sociedad sobre la situación que vivían, se convirtiera
en una confrontación con cargas desproporcionadas y arbitrarias contra
agricultores, parlamentarios, concejales, alcaldes y contra todo el que
iba en esa manifestación.

Se ha dicho que en la calle había 2.500 tractores, otros han dicho que
5.000 y más de 10.000 ganaderos movilizados. Recientemente una respuesta
parlamentaria dice --y el propio Gobierno lo reconoce-- que se han
movilizado 1.739 agentes de la Guardia Civil, 427 policías y 450
vehículos; fíjense qué curioso, si fueran 2.500 tractores, saldría a
policía por tractor. Total, no se movió nada en Galicia.

En Santiago se carga contra un grupo de intelectuales y artistas, alumnos
de Bellas Artes e Historia, que protestaban por el cese de la directora
del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Yo no entro en el cese de la
directora del centro, es un problema del Gobierno gallego, pero sí en
cuál es la razón de agresión a un colectivo reducido, tranquilo, conocido
en el ámbito de la cultura. ¿Por qué son peligrosos? Yo creo que lo único
que se pretende es que nadie proteste para crear la imagen de un país
idílico, de que Galicia es el país de las maravillas. Pero el delegado,
también en este caso --y vuelvo a su frase antológica, y lo tenemos en
los medios de comunicación-- dijo que no hubo carga, que se hizo un
desplazamiento de la masa, y que no sabía de qué se quejan. Señor
delegado, sencillamente se quejan del trato, de los golpes y de las
actitudes.

Podría seguir relatando hechos porque, desgraciadamente, el señor
delegado del Gobierno es protagonista casi a diario, actúa de modo
partidista, no como delegado del Gobierno; no colabora como árbitro en la
solución de los conflictos; no colabora con los ayuntamientos, sí con los
del Partido Popular pero de forma partidista; no es un hombre
conciliador; la tolerancia y la diplomacia son palabras que no conoce, y
en vez de suavizar los conflictos los alienta con su lenguaje y con sus
actitudes provocadoras. Creo que si alguien está en casa y escucha sus
arengas por la radio, tendrá serias dificultades para permanecer allí.

La conclusión es que el señor delegado del Gobierno, el señor Diz, ha
descubierto su papel; le encanta su puesto; él mismo dice en entrevistas
recientes que ahora es un objeto atractivo. El se propuso ser actor y
director de una serie de acción, con varios capítulos en los que él, por
supuesto, es el actor principal, el hombre de hierro, y se dedica a rodar
cuantas más secuencias y episodios mejor. Para buscar los escenarios
propone el despliegue adecuado y mucha acción, toda la acción del mundo
para que los efectos sean importantes.

Finalizo mi intervención diciendo que, tristemente, ésta es la visión
irónica de la situación que tenemos: muchas movilizaciones en Galicia.

¿Por qué será? Quizá porque Galicia no va tan bien como se quiere hacer
ver; pero aunque no hubiera conflictos, él los alentaría, porque los
necesita



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para realizarse como el hombre duro del Partido Popular. Ejerce sin
titubeos las directrices emanadas de sus superiores y actúa con
beligerancia y con una agresividad tal que hace patética su figura,
imposible de conciliar con lo que pudiera esperarse de un mediador e
interlocutor de diversos sectores sociales. En definitiva, no tiene
arreglo; su talante ha quedado al descubierto; es un instrumento del
Gobierno del señor Aznar; recibe órdenes directas de sus dos ministros
competentes, Administraciones Públicas e Interior. Si a ello añadimos a
un presidente de comunidad autónoma, como es el señor Fraga, que tiene
demostrada querencia por la represión, la intolerancia y el control de
los medios públicos ... (Varios señores diputados: Eso es intolerable.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




La señora MARON BELTRAN: Yo me pregunto, ¿a quién obedece el señor Diz:
al presidente del Gobierno o al presidente de Galicia? Así sabremos de
quién es instrumento.

Y aquí se cierra el círculo. La política del actual Gobierno, no nos
engañemos, es la falta de respeto por las libertades y la falta de
tolerancia hacia el que discrepa, y él es un alumno aventajado.

Han sobrado méritos para pedir su cese y pasará a la historia como un
hombre sin temple que recurre a alardes de fuerza que en ningún caso se
justifican con los acontecimientos ni con el carácter pacífico, tranquilo
del pueblo gallego.

Por tanto, cambien las directrices y los comportamientos donde tienen que
cambiarlos, donde realmente se escriben los guiones al delegado del
Gobierno, que es un mero ejecutor, un buen actor de ese guión que él
interpreta con tremendo dramatismo --es más un problema de sensibilidad
que de fondo--. El Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rivas.

(Rumores.)
Señorías, dejen intervenir al señor diputado.




El señor RIVAS FONTAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, para bajar un tanto el listón, yo empezaría diciendo que no es
tan fiero el león como lo pintan. He oído hablar a compañeros de Galicia
y me preocupa que más que de Galicia parece que están reflejando la
situación de un territorio de la vieja Yugoslavia. No es así. (Risas.)
Como gallego, siento vergüenza de cosas que se han afirmado aquí en
cuestiones absolutamente trascendentales para un régimen democrático. Y
me preocupa porque en Galicia estas cosas las resolvemos de otra forma.

Como aquí antes se ha hecho mención de un refrán en lengua catalana, yo
también quiero emplear un refrán conocido en toda España que dice que las
cosas hay que tomarlas de quien vienen.

Yo lamento que haya iniciado este tono mi compañero de circunscripción
don Guillerme Vázquez, que me consta, y lo digo incluso para satisfacción
del mismo, que no es de las personas más combativas o más irreflexivas de
su partido. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.




El señor RIVAS FONTAN: Yo creo que no es una cuestión jocosa ni de broma.

Estoy hablando con un profundo respeto, porque llevo muchos años en
política. Conozco muchas actuaciones de delegados del Gobierno en Galicia
y fuera de ella; conozco muchas actuaciones de la Policía y muchas
provocaciones a las fuerzas del orden, gravísimas provocaciones
recientemente en Galicia que no son permisibles por el respeto que se
merecen las instituciones y las personas.

En todo caso, aquí estamos para instar al Gobierno al cese del delegado
en Galicia, señor Diz Guedes, por una proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto y propiciada por el diputado citado.

Corresponderá, en todo caso, a esta Cámara adoptar la resolución que
proceda, pero también es cierto que éste es un cargo de naturaleza
inequívocamente política y que, según la regulación introducida
recientemente por la Lofage, tiene la consideración de órgano directivo
con rango de subsecretario, nombrado y separado del cargo por real
decreto del Consejo de ministros. Por supuesto que cualquier grupo
parlamentario está legitimado para plantear la iniciativa correspondiente
ante esta Cámara, y también es cierto que al Gobierno le compete valorar
políticamente el alcance de resolución parlamentaria, adoptando la
decisión que estime más adecuada para los intereses del Estado a la vista
de las circunstancias que concurren.

Hay muchísimos antecedentes similares. Yo ya soy antiguo en esta Cámara y
me gustaría hacer mención de un episodio que se produjo allá por los años
1977 ó 1978, en aquella incipiente y recién recuperada democracia. En un
Pleno se exigía el cese del ministro del Interior debido a que un
intrépido diputado irrumpió en medio de una tumultuosa manifestación para
detener la acción de las fuerzas del orden, valiéndose de su credencial
de identificación, y en medio de aquella confusión, desgraciadamente,
parece que recibió algún que otro golpe.

Otro caso muy distinto es el que nos ocupa, también con petición de
dimisión. Habremos de ser muy respetuosos con todo cuanto se relaciona
con la actuación de las fuerzas de Policía, auténticos garantes de
nuestra seguridad. La democracia parlamentaria así nos lo exige, y
nuestra pertenencia a los diferentes partidos políticos nos ha de
conducir a una adecuada y responsable participación política tendiendo a
que nuestras propuestas sean respetuosas con las instituciones y con las
personas.

No podemos aceptar las afirmaciones que sin un fundamento serio se
formulan en esta proposición. En su exposición de motivos se aprecia poco
rigor; más parece una propuesta de un grupo asambleario que de un partido
con representación parlamentaria.




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Nos oponemos a su estilo y a su fondo. Señorías, las acusaciones que se
formulan son del tenor de las que reproduzco a continuación --y leo
textualmente--: Primero, utilización de eufemismos para enmascarar la
realidad (si por eufemismo entendemos el modo de decir con suavidad y
decoro ideas cuya expresión didacta sería dura y malsonante, no hay mala
interpretación posible). Segundo, cargas policiales desproporcionadas
contra campesinos, estudiantes, parlamentarios inermes. (¿Quiere ello
decir que si no estuvieran inermes, sería proporcionada?) (Risas.)
Tercero, ejercer funciones de un modo peculiar. (¿Cómo sería posible
actuar como delegado del Gobierno sin hacerlo de manera propia,
característica o privativa de dicho cargo?) Cuarto, actuar al servicio de
un partido político. (Sí actúa al servicio de un partido político, al ser
el partido del Gobierno, actúa al servicio del Estado.) (Rumores.)
Quinto, nada ajustado al carácter institucional. (¿Por qué? ¿Cómo sería
entonces su actuación?) Sexto, no haber actuado como representante máximo
de la Administración del Estado, etcétera. (Parece, por todo lo que se ha
dicho, que está actuando como tal.)
Para terminar, nos referimos a cuatro citas que consideramos un exceso
verbal, graves en cuanto a su contenido e inaceptables en cualquier
democracia. Cito textualmente: Uno. Con una concepción restrictiva e
involutiva de las libertades y de los derechos públicos. Dos.

Amedrentamiento de la sociedad. Tres. Descalificar a partidos políticos.

Cuatro. Lesiona derechos fundamentales. Son acusaciones graves e
infundadas, sin duda exageradas, absolutamente rechazables desde la
perspectiva de un demócrata, y aquí tanto mi grupo parlamentario como el
Gobierno no debemos ni podemos permitir que se susciten dudas al
respecto, ni creo que el señor Diz se merezca tamañas acusaciones. Su
señoría sabe que ningún derecho fundamental ha sido menoscabado en la
conducta del delgado del Gobierno, porque si ello fuera así, se lo
aseguro, no hubiera tenido usted oportunidad de presentar esta
proposición. (Rumores.) A buen seguro que el Gobierno, ejerciendo las
facultades que la Constitución le confiere, haría lo que procediera en el
caso. Sus afirmaciones son excesivas, no convienen a nuestra salud
democrática, y los excesos verbales pueden volverse contra aquellos que
gratuitamente los profieren.

Señorías, reclamo, a través de su voto, el respeto que la Constitución
nos otorga y pedimos, por ello, su voto negativo, porque el respeto a los
derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz
social.

Ruégoles, asimismo, que disculpen el tono quizá un tanto duro de mi
intervención, pero la verdad es que las intervenciones que me precedieron
han sido desproporcionadas.

Y termino con otro dicho muy conocido de todos. En dinero y santidad, la
mitad de la mitad.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Agradezco el tono no muy duro,
señor Rivas, de la intervención del representante del Partido Popular; ya
me gustaría que todas las intervenciones fuesen así. Agradezco también,
cómo no, las muestras de afecto que me expresa pero, en todo caso, con
toda cordialidad, señor Rivas, tengo que decirle que usted no desmiente
en su intervención nada de lo afirmado aquí. Le da vergüenza, eso sí, le
parece que una cuestión como ésta no debería venir al Congreso, y yo le
digo que lo siento mucho, francamente, pero si esto no puede venir al
Congreso, yo ya no sé qué es lo que puede venir.

Creo que he hecho un relato de hechos que figuran no en mi mente, sino en
la prensa escrita diaria de Galicia; todo está aquí reflejado, lo que
dije y más. En todo caso, algunas de estas cuestiones, como digo,
merecieron críticas por parte de grupos políticos, de comentaristas, de
los medios de comunicación de Galicia, etcétera, bastante más duras que
las que se vertieron en mi intervención. En todo caso, yo quiero hacerle
la siguiente pregunta: ¿El día 14 de febrero se celebró una manifestación
convocada por todas las fuerzas políticas, sindicales, vecinales,
etcétera, en defensa de las libertades en Galicia? Es una pregunta. En
segundo lugar, ¿le parece normal que se llegue a una situación como ésta,
o eso expresa el hastío de una sociedad ante las actuaciones del señor
delegado del Gobierno? Y, claro, puede usted afirmar que se trata de una
campaña orquestada, pero ya sabe usted que es muy difícil orquestar
semejantes cuestiones.

Y para concluir --porque no quiero entrar en más cuestiones y en
afirmaciones sobre si esto es Yugoslavia o no se sabe qué, ya que a mí me
preocupa que ustedes utilicen esta terminología o lo que dice sobre que
siente vergüenza como gallego por cosas que se afirman aquí, cosas que
usted no desmiente que existan y que son realidad-- tengo que decir que
bueno es que la sociedad de Galicia sepa que el Partido Popular defiende
ese modelo de orden público que practica el señor delegado del Gobierno y
que el señor delegado del Gobierno, por lo tanto, cuenta con el apoyo
decidido y explícito del Partido Popular. Bueno es saberlo porque,
efectivamente, la sociedad gallega deberá actuar en consecuencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Intervengo muy brevemente para manifestar que mi
grupo se ha posicionado ante unos hechos que se han venido sucediendo
durante un tiempo determinado y para hacer una propuesta concreta. Otros
grupos pueden entender que la propuesta correcta hubiera sido traer al
ministro de Interior a comparecer para que explique por qué mantiene a
semejante persona al frente de la responsabilidad. Otra iniciativa podía
haber sido pedir el cese del ministro. Fíjense que el nuevo Reglamento de
la Cámara va a recoger la posibilidad de incorporar como acción la
reprobación de un ministro, buscando fórmulas de control. Yo me he
pronunciado por una propuesta que se ha hecho aquí. Pero en las
respuestas que se han planteado hay dos argumentaciones que yo, de
verdad, no entiendo, y se lo digo con toda cordialidad porque el tono de
la intervención del Grupo Popular ha ido por un



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lado y el contenido por otro. En democracia no podemos esconder los
problemas, ni el que está en el poder debe resentirse ante la
manifestación de algunos. Y cuando hay desproporción en la acción,
responde la sociedad. Esa es la manifestación de la democracia; no
solamente venir a votar y tenerle a usted aquí o tenerme a mí de
diputado, sino que los ciudadanos digan lo que quieran y cuando quieran,
respetando los servicios públicos, como usted quiera.

Y en cuanto a lo que ha dicho de que el delegado representa al partido y
el partido al Estado, tengo que decirle que eso era en otros momentos.

(El señor Rivas Fontán: El Gobierno del Estado.) El Gobierno del Estado y
el Estado y el partido. Pues bien, esas similitudes de unidad de imagen
no son buenas. En democracia, a la sociedad la representa el Parlamento;
el Parlamento elige al Gobierno y le controla. Ese es el funcionamiento
en un sistema democrático. Por tanto, tendrán que aceptar la fórmula de
que mientras estén gobernando no eligen solos el Gobierno. Eso funciona
así en los sistemas presidencialistas o autárquicos, pero aquí no; aquí,
es el Parlamento el que elige al Gobierno, no hay destino solamente para
el Gobierno. Y cuando el Gobierno actúa equivocadamente, el Parlamento
tiene que controlarle, y la sociedad tiene que responder cada vez que lo
estime oportuno. Y no es quién el Gobierno para impedir que eso se
produzca. Yo le puedo hablar desde todas las fórmulas por haber recibido
la acción del Gobierno y haber respondido a las acciones de delegados del
Gobierno que han abusado del poder actuando con las fuerzas de orden
público ante manifestaciones que no mecerían la acción de orden público.

Y aquí ha habido una manifestación en febrero contra esas actuaciones por
recorte de libertades, más amplia o menos amplia, escondiéndose o no, y a
mí me parece, por la sucesión de hechos, que hay un abuso de la presencia
de las fuerzas de seguridad del Estado ante acciones de manifestación. Y
eso no es bueno. Fíjese que se ha hecho con todo tipo de personas, con
estudiantes, con trabajadores, con agricultores, con ciudadanos en
general. ¿Es eso normal? ¿Es ésa la forma de funcionar en democracia? Eso
lo viví hace mucho tiempo y no me gusta recordarlo. No me parece bien que
cada vez que yo tenga que manifestar mi opinión tenga que estar encima la
policía y la porra; no me parece que ésa sea la fórmula de manifestarme.

Por tanto, más laxitud, más flexibilidad, que la gente pueda decir lo que
opina, que es bueno que lo diga, que se entere todo el mundo de lo que
piensa. Yo tengo fortaleza en la medida en que mis argumentos vencen la
opinión que es contraria y si estoy fortalecido no necesito el
autoritarismo para imponerlo; simplemente mi razón. Es la diferencia
entre potestas y auctoritas, ustedes tienen la potestas, pero la
auctoritas es la que le conceden los ciudadanos; por tanto, siempre y en
cada momento, y cuando votan también. Una manifestación de salud por
parte del partido que está en la oposición es pedir que actúen. Ahora, si
yo estuviera en la oposición con un interés partidista, que me dejen a
este hombre, ¡si es una fábrica de hacerme votos! Pero, es que yo no
estoy para eso, haciendo partidismo en esa vertiente. Como estoy para que
los ciudadanos vivan de la mejor manera todos los días hasta que vengan
las próximas elecciones, lo mejor para Galicia es que este hombre no siga
de delegado del Gobierno. Por eso voy a votar a favor de la propuesta que
se me hace. Y cuando venga el ministro, también la votaré a favor, y
cuando haya que censurar al ministro por esto, también lo votaré a favor.

Esa es la posición que yo quería manifestar porque de otro modo parece
que aquí estamos en una batalla de ocultismo de unos a otros o de
protagonismo partidario de unos a otros.

Las razones no son en función de la pertenencia a un partido, sino
dependiendo de si tiene fuerza el argumento que estamos dando.




El señor PRESIDENTE: Señora Marón.




La señora MARON BELTRAN: Quería hacer dos matizaciones. Desde luego hay
sobradas razones para pedir el cese, como he dicho a lo largo de mi
intervención. La única cuestión que nos ha hecho plantear inicialmente la
posición de abstención es porque entendemos que quien responde ante la
Cámara es el Gobierno, no el delegado del Gobierno. Por tanto, tendríamos
que pedir el cese del ministro o ministros de los que depende el propio
delegado del Gobierno en Galicia.

El portavoz del Grupo Popular dice que no le ha gustado la forma o el
estilo de actuar. A nosotros tampoco nos gusta la forma y el estilo del
delegado del Gobierno y más que a nosotros, a los ciudadanos. No somos
nosotros los que lo decimos, está en los medios de comunicación todos los
días, tanto en los medios escritos como en las emisoras de radio.

Realmente, ése es el talante que vemos todos los días y el que no viva en
Galicia es el único que puede ignorarlo. Después de escuchar la
intervención del portavoz del Partido Popular, entendemos que la
excepcionalidad es más evidente. El Grupo Socialista, viendo que aquí se
mezclan las posturas de Estado, las posturas de Gobierno, las posturas
partidistas y aun entendiendo que el cese que hay que pedir es el del
ministro correspondiente, va a votar a favor de la iniciativa presentada.




El señor PRESIDENTE: Señor Rivas.




El señor RIVAS FONTAN: Intervengo brevemente. Creo que hay una confusión
y una falta de respeto puesto que, evidentemente, el delegado del
Gobierno, según la Lofage, coordina la acción de las fuerzas de
seguridad, pero éstas tienen sus propios mandos y son profesionales. Me
da la sensación de que aquí no se dice la verdad. Se dice parte de la
verdad y la parte de la verdad es que cuando se han citado aquí casos --y
no quiero volver a ellos-- y se alude a actuaciones de las fuerzas de
seguridad, hay que ver cómo fue la actuación de los grupos que provocaron
la actuación de las fuerzas de seguridad. Por poner un ejemplo, se ha
citado un caso, desafortunadamente por ambas partes: actúan las fuerzas
de seguridad cuando un alcalde no puede salir de su casa porque le llenan
las puertas de bolsas de basura. Ya me dirán ustedes cómo tienen que
actuar las fuerzas de seguridad para impedirlo. Podía poner muchos
ejemplos. Yo tampoco puedo



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decir que la actuación del delegado del Gobierno en Galicia, ni la de
ningún hombre con cargos o responsabilidades en la Administración pública
sea perfecta, puede haber errores, pero se están exagerando las cosas.

En cuanto a la intervención del señor Ríos, le agradezco mucho su tono
didáctico, pero ya tengo bastantes años para conocer muchas actuaciones
en este país, de todas las gentes provenientes de todos los partidos, de
todos los que forman el arco parlamentario y, desde luego, le agradezco y
recibo su lección, pero como demócrata --y en ese sentido no recibo
lecciones de nadie-- puedo decirle a usted que se han exagerado las cosas
y que estas actuaciones exageradas no benefician a la democracia.

El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos debatido también el tercer punto del
orden del día. Vamos a proceder a las votaciones. (La señora Fernández
González pide la palabra.)
Señora Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Siguiendo con el estilo de tolerancia que
ha habido en esta Comisión, y la alteración en el orden del día por
inasistencia de algún grupo parlamentario e invocando a esa misma
tolerancia, pediría cinco minutos de receso antes de las votaciones.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante cinco minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión.

Solicitamos la comunicación de las sustituciones, si es que se han
producido, en los diferentes grupos parlamentarios.

Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votación
del punto primero del orden del día, proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre representación permanente
de la Administración periférica del Estado en Ciutadella.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación del segundo punto del orden del día, proposición no
de ley del Grupo Socialista sobre negociaciones con la Federación
Española de Municipios y Provincias acerca de la participación de las
corporaciones locales en los tributos del Estado para el próximo
quinquenio.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el punto tercero del orden del día, proposición no de ley sobre
cese del delegado del Gobierno en Galicia, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento, procede repetir de inmediato la votación.

Votamos de nuevo la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto
sobre cese del delegado del Gobierno en Galicia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las once y cincuenta y cinco minutos de la mañana.