CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 418



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ



Sesión núm. 21



celebrada el martes, 31 de marzo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor subsecretario de Sanidad y Consumo (Castellón
Leal) para informar sobre:



--Situación de las unidades de radiofarmacia de los hospitales del
Sistema Nacional de Salud; utilización de reactivos radiactivos no
autorizados para uso humano; realización de ensayos clínicos no
autorizados, así como preparación y distribución, presuntamente ilegal,
de radiofármacos por parte de algún laboratorio. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
213/000527) (Página 12158)



--Actuaciones para incrementar la información de los consumidores ante la
implantación de la moneda única europea «Euro». A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 212/001227)
(Página 12168)



Preguntas:



--Del señor Gil Melgarejo (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre evolución del gasto farmacéutico, a mes de octubre de 1997 (Número
de expediente 181/001189) (Página 12173)

Página 12158



--Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre modificaciones previstas en el Libro del residente
(Número de expediente 181/001309) (Página 12174)



--Del mismo señor Diputado, sobre valoración del acuerdo del Consejo
Internacional de Salud, por el que se crea una comisión para que regule y
vigile la calidad de los cursos de formación que reciben los médicos en
ejercicio (Número de expediente 181/001310) (Página 12175)



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLON
LEAL) PARA INFORMAR SOBRE:



--SITUACION DE LAS UNIDADES DE RADIOFARMACIA DE LOS HOSPITALES DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD; UTILIZACION DE REACTIVOS RADIACTIVOS NO
AUTORIZADOS PARA USO HUMANO; REALIZACION DE ENSAYOS CLINICOS NO
AUTORIZADOS, ASI COMO PREPARACION Y DISTRIBUCION, PRESUNTAMENTE ILEGAL,
DE RADIOFARMACOS POR PARTE DE ALGUN LABORATORIO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
213/000527).




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos.

Damos comienzo a la sesión de la Comisión con la comparecencia del
subsecretario de Sanidad y Consumo para informar acerca de los siguientes
aspectos: situación de las unidades de radiofarmacia de los hospitales
del Sistema Nacional de Salud; utilización de reactivos radiactivos no
autorizados para uso humano; realización de ensayos clínicos no
autorizados, así como preparación y distribución, presuntamente ilegal,
de radiofármacos por parte de algún laboratorio. El grupo solicitante de
la comparecencia ha sido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor subsecretario de Sanidad y
Consumo, señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): La
comparecencia se inicia con una serie de preguntas, algunas de las cuales
me plantean dudas por falta de concreción. Voy a intentar contestar a la
señora diputada y si, a su vez, tiene alguna duda acerca de mi respuesta,
estaré encantado de aclarársela en una intervención ulterior.

En primer lugar, en relación con la situación de las unidades de
radiofarmacia de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tengo que
decir que la radiofarmacia se contempla ya como especialidad propiamente
farmacéutica en el Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre, en el cual
se regulan los estudios de especialización y la obtención del título de
farmacéutico especialista que, al igual que otras especialidades, tanto
médicas como farmacéuticas, constituye una formación reglada por el
Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, no se reconoce
oficialmente hasta el año 1993, que es cuando se empiezan a ofertar las
plazas en formación a través de la vía de farmacéuticos internos
residentes y químicos internos residentes, es decir, participando en las
convocatorias que anualmente se publican para la formación especializada
homologada.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo siempre consideró que la
especialización en radiofarmacia es pluridisciplinar y podrían acceder a
esta formación especializada por la vía FIR, MIR o QIR como expertos, ya
que no tienen reconocida especialización otros licenciados como son los
químicos e incluso los médicos.

En relación a algunos planteamientos que se nos han hecho respecto a cuál
es la titulación de base para poder acceder a esta acreditación, la
Dirección General de Farmacia considera que todos estos especialistas
profesionales farmacéuticos, químicos y médicos pueden acceder a esta
formación en radiofarmacia.

Por otra parte también hemos mantenido claro que entendemos que no es
exactamente lo mismo la especialización en medicina nuclear que la
especialización en radiofarmacia, en el sentido de que mientras una de
esas especialidades, la medicina nuclear, profundiza en el diagnóstico de
la enfermedad y su tratamiento, requiriendo una formación relativamente
menor en cuanto a los fármacos se refiere --pasa lo mismo con otras
especialidades médicas, por ejemplo, oncología y otras--, la
especialización en radiofarmacia tiene como objetivo el estudio,
preparación, control y dispensación de medicamentos radiofármacos.

En otro orden de cosas, el Real Decreto 479/1993, de 2 de abril, por el
que se regulan los medicamentos radiofármacos de uso humano, establece en
el apartado b) de su artículo 11 que la preparación extemporánea en
unidades de radiofarmacia se realizará por una persona cualificada bajo
la supervisión y control de un facultativo experto en radiofarmacia, y la
norma 3.ª, del anexo II, en el mencionado real decreto, al referirse al
personal dispone que la responsabilidad



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en la preparación de un radiofármaco corresponderá a un farmacéutico u
otro facultativo con formación teórico-práctica en radiofarmacia
suficiente para asumir tal responsabilidad de acuerdo con la legislación
vigente.

Como he mencionado anteriormente, al ser de hecho reconocida la
especialidad oficialmente desde el año 1993, el acceso a la formación en
radiofarmacia se realiza participando en las convocatorias que anualmente
se publican para formación especializada homologada.

Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de facultativos
específicamente formados en esta especialización, como está establecido
en la legislación, nosotros procuramos que en todas las convocatorias se
cubra la capacidad docente que hay en esta materia, de manera que en este
momento disponemos de diez especialistas expertos formados por la vía de
farmacéuticos internos residentes y químicos internos residentes; se
encuentran pendientes de reconocimiento de título 160 especialistas
formados por otras vías; igualmente están en proceso de formación 30
especialistas en radiofarmacia y en la última convocatoria se ofertaron
cinco plazas.

Lógicamente, la capacidad de formación de especialistas está
condicionada, como pasa en otras especialidades, por el número de
unidades de radiofarmacia acreditadas para la docencia y por las
disponibilidades presupuestarias. No obstante, con objeto de regularizar
la situación de los profesionales que están pendientes de reconocimiento
del título, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 412/1997,
de 21 de marzo, y también la Orden ministerial de 31 de octubre que lo
desarrolla, se está procediendo a revisar y estudiar las solicitudes del
título de esta especialización formuladas por farmacéuticos que en la
actualidad están ejerciendo esta profesión, con el fin de solicitar al
Ministerio de Educación y Cultura que se concedan los correspondientes
títulos de especialistas.

Por otra parte, en la actualidad disponemos de nueve unidades de
radiofarmacia acreditadas para la docencia por el Ministerio de Educación
y Cultura. Quizá ya sabe S. S. que el desarrollo e implantación de las
unidades de radiofarmacia es competencia del Insalud en el territorio que
le compete y de las comunidades autónomas con competencia transferida en
materia de asistencia sanitaria. En la actualidad, en los hospitales que
no cuentan con unidades de radiofarmacia las funciones que
corresponderían a las mismas las realiza el servicio de medicina nuclear.

En relación con el desarrollo, aunque no es competencia del Ministerio
propiamente, el Ministerio sí que es sensible a que se avance rápidamente
por este camino de creación de unidades de radiofarmacia y también tiene
interés en que se unifiquen los criterios para el establecimiento de
unidades en uno u otro tipo de hospital así como en su propia
organización interna, por lo que el Ministerio sí que va a intercoordinar
e impulsar, dentro de la Comisión de gestión del Consejo
Interterritorial, el que se aborde este tema que, insisto, no es
competencia directa del propio Ministerio.

Dos de las siguientes cuestiones que me plantea la señora diputada las
voy a intentar contestar conjuntamente ya que me parece que se pueden
considerar de forma global, porque en definitiva se trata de actuaciones
o prácticas en principio, tal y como se formula la pregunta, ilegales; se
refieren a la utilización de reactivos radiactivos no autorizados para
uso humano y realización de ensayos clínicos no autorizados.

De todas formas, la pregunta no queda muy clara, porque dice: utilización
de reactivos radiactivos no autorizados para uso humano, y los reactivos
que se utilizan habitualmente en la práctica clínica son de uso in vitro,
no in vivo y, a excepción de los utilizados para el sida, no requieren
naturalmente ningún tipo de registro. Además, supongo que la cuestión se
refiere a los equipos reactivos, es decir, a los preparados industriales,
a los cuales se asocian nuevos radionucleidos para configurar el
radiofármaco final; por tanto, es una contestación que doy porque no
tengo claro cuál es el fondo de la pregunta.

En ese sentido, a esos equipos reactivos, que son una de las cuatro
categorías de medicamentos radiofármacos que establece el Real Decreto
479/1993, de 2 de abril, les sería de aplicación toda la legislación
farmacéutica que afecta al resto de los medicamentos, además de esas
disposiciones específicas reguladas por el real decreto mencionado.

Las competencias de inspección y control en lo que se refiere al uso
irregular, si es que existen, de los equipos reactivos y a la realización
no autorizada de ensayos clínicos corresponde a las comunidades autónomas
respectivas. de hecho, la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios cuando ha tenido conocimiento, a través de denuncias, de este
tipo de actuaciones, si las ha habido, ha dado traslado de ellas a la
comunidad autónoma correspondiente.

No obstante, conviene recordar que los radiofármacos se incorporan por
primera vez a la legislación farmacéutica a través de la Directiva
89/343, que extiende a esos productos el ámbito de aplicación de las
directivas generales sobre medicamentos y establece disposiciones
complementarias para los mismos. En España esta directiva motivó un
tratamiento específico en la Ley 25/1990, del Medicamento, posteriormente
desarrollada por el Real Decreto 479/1993 ya mencionado. Teniendo en
cuenta que los períodos de actuación requieren un tiempo, ésta es la
situación en la que estamos.

Por otra parte, nuestro país, a través del Ministerio de Sanidad y
Consumo, sensible a todo lo que suponga favorecer e impulsar el avance
científico, siempre dentro del marco legal, ha sido el primero de la
Unión Europea en plantear formalmente a través de la Agencia Europea del
Medicamento la necesidad de conocer a fondo la realidad de la nueva
técnica de diagnóstico por imagen denominada TEP --topografía por emisión
de positrones--, que utiliza moléculas orgánicas e inorgánicas marcadas
con radioisótopos producidos por un ciclotrón y administrados por vía
intravenosa, ocasionalmente inhalatoria, con fines de diagnóstico
oncológico para la caracterización de algunas epilepsias y para el
estudio de viabilidad miocárdica en algunos pacientes. Hemos pedido esto
para que, una vez conocida esta situación, se pueda plantear su
regulación y utilización en el ámbito de la Unión Europea. En el actual
momento, este tipo de productos, es decir, las moléculas marcadas



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por radioisótopos, se están utilizando a nivel comunitario sin que se
requiera su registro previo como medicamento radiofármaco.

Finalmente, plantea la cuestión de la preparación y distribución
presuntamente ilegal de radiofármacos por parte de algún laboratorio. A
este respecto, tengo que decir que la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios no ha recibido denuncia alguna sobre la puesta en el
mercado por parte de algún laboratorio o instalación farmacéutica
autorizada de radiofármacos que no hayan sido registrados. Los
radiofármacos son medicamentos que, por sus características, están
sometidos a la regulación general de los medicamentos y otras
disposiciones complementarias. Sobre esa base se establecen normas
suplementarias para la correcta fabricación y normas para su correcta
preparación y uso. Son las propias unidades de radiofarmacia, o quien
haga esa labor transitoriamente en el momento actual, quienes deben velar
por el cumplimiento de las normas de buena preparación radiofarmacéutica
que incluye, entre otras, normas de protección radiológica.

De todas formas, teniendo en cuenta que los medicamentos radiofármacos
han sido regulados recientemente, es una realidad práctica que, en tanto
no se disponga de unidades de radiofarmacia en algunos hospitales, son
los servicios de medicina nuclear los que están llevando a cabo estas
actividades. En ese sentido, insisto, conviene señalar que la ordenación
de los servicios de las unidades farmacéuticas corresponde a las propias
comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Los radiofármacos se encuentran, como he dicho, expresamente regulados en
la Ley del Medicamento y en el Real Decreto 469/1993 en el que se
trasponen a nuestro ordenamiento jurídico las directivas europeas en esta
materia y en concreto la Directiva 89/343, de 3 de mayo. El registro de
estos productos está regulado, a su vez, por un real decreto del año
1993, aunque existen directivas europeas del año 1989 que obligan a que
los productos existentes en el mercado estén autorizados como
especialidad farmacéutica a partir del 31 de diciembre de 1992. Por
tanto, según la situación en el registro cabe diferenciar entre los
productos antiguos, anteriores al 1 de enero de 1993, y los productos
nuevos, es decir, posteriores a esta fecha. Por lo que respecta a los
productos posteriores a 1993, todos ellos están registrados y
autorizados, bien por la vía centralizada, bien a través del sistema de
reconocimiento mutuo. Por tanto, no tenemos constancia de que haya algún
producto no autorizado. Evidentemente, si se tiene constancia de que
existe tal situación, la autoridad sanitaria actuaría en consecuencia tan
pronto como tuviera conocimiento de ello.

Los productos anteriores a 1993 están en una situación de registro
provisional que, desde el punto de vista de salud pública, no afectan ni
a la seguridad ni a la eficacia ni a la calidad que, por supuesto, está
asegurada. De hecho, la situación de registro provisional, por lo que
conocemos en este momento, es un problema administrativo común a muchos
países y previsiblemente encontrará en nuestro caso mejor solución
gracias a algunos mecanismos que se han puesto en marcha recientemente
por el Ministerio, entre los que se encuentran la creación de la Agencia
Española de Evaluación del Medicamento.

Creo que con esto he respondido, en principio, a lo que se me había
planteado, aunque si, como he dicho al inicio de mi intervención, la
señora diputada suscita alguna cuestión más, estaré encantado de
contestarla a continuación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Entiendo, señor Castellón, que por la
complejidad y la sofisticación del tema, a pesar de que en la solicitud
de comparecencia se intentaban especificar algunas de las cuestiones que
pretendían ser objeto de información por parte de la autoridad sanitaria,
haya habido dificultades a la hora de saber exactamente de qué se
trataba.

En primer lugar, quiero decir que este tema es objeto de preocupación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida desde el momento en que se
tiene conocimiento de un hecho producido en la práctica, como es la
distribución de un radiofármaco contaminado con albúmina procedente de un
paciente con la enfermedad de Creutzfelt-Jacob y vendido directamente a
servicios de medicina nuclear. Digo esto no por hacer historia, sino por
tener conocimiento de que ese hecho se ha producido y es un tema de la
suficiente gravedad como para saber que este tipo de procedimientos
irregulares, en la medida en que no se realizan a través de los cauces
establecidos, permiten que hechos como el que ha tenido lugar se
produzcan y sea la administración sanitaria la que tenga que ser
informada, no por sus cauces propios, sino por los cauces comerciales de
los laboratorios que han distribuido este tipo de medicamentos; es decir,
estamos hablando en estos momentos no de hipótesis sino de realidades.

Como el señor Castellón ha dicho, los radiofármacos son considerados
medicamentos desde la publicación de la Directiva 89/343. Por tanto, son
medicamentos a todos los efectos y les son de aplicación todos los
artículos de la Ley del Medicamento que regulan su distribución. Entre
ellos me interesa destacar el artículo 3, que prohíbe totalmente la venta
a domicilio, al margen de los cauces establecidos, de medicamentos.

Solamente los medicamentos pueden ser distribuidos a través de oficinas
de farmacia y de servicios de farmacia hospitalaria. Esto está
establecido taxativamente por la Ley del Medicamento y por la Ley General
de Sanidad en su artículo 103.

Lo que quiero poner de manifiesto aquí --y lo pongo de manifiesto por
informaciones que están al alcance de cualquiera, que han sido extraídas
de referencias de ensayos clínicos realizados, publicados en revistas
europeas y españolas, es decir, no es una información discutible, porque
está publicada ampliamente por los servicios de medicina nuclear--, lo
que afirmo con suficientes datos, no es que se estén distribuyendo de
manera ocasional radiofármacos a los servicios de medicina nuclear, sino
que ésta es la vía única de distribución de radiofármacos. Es decir, se
está incumpliendo flagrantemente la Ley del Medicamento y la



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Ley General de Sanidad constantemente por parte de los laboratorios, que
venden directamente sus productos a los servicios de medicina nuclear,
sin pasar por los servicios de farmacia hospitalaria. Evidentemente esto
se hace considerándolos, no como medicamentos, sino como reactivos, y a
la hora de valorar qué es lo considerado como radiactivo, las casas
productoras se encargan muy bien de poner de manifiesto que tales
radiactivos no están autorizados para su uso ni en personas ni en
animales de consumo humano.

El hecho de que se obvie la distribución de los radiofármacos a través de
los servicios de farmacia hospitalaria tiene especial trascendencia
porque, como usted sabe muy bien, toda la realización de ensayos
clínicos, todo el complejo y riguroso procedimiento que establece la Ley
del Medicamento para la realización de ensayos clínicos pasa
inexcusablemente por los servicios de farmacia hospitalaria. Según los
datos que a continuación le referiré, todos los ensayos clínicos que han
sido objeto de publicación en revistas --algunos del año 1992 y otros de
1997, es decir, hay una práctica reiterada de estas actividades-- se han
hecho sin cumplir los requisitos establecidos y sin que hayan obtenido la
supervisión de los servicios de farmacia hospitalaria.

Aparte de eso, usted sabe muy bien que el Real Decreto 561/1993 exige una
serie de requisitos, no solamente de información al paciente, sino de
consentimiento por escrito; en el caso de menores, con consentimiento del
representante legal y aprobación del ministerio fiscal, e incluso se
habla de la necesidad de suscribir un seguro para cubrir cualquier riesgo
y constituir un comité ético de investigación clínica.

Obviamente, los ensayos clínicos con radiofármacos, en la medida en que
suponen la utilización, valga la redundancia, de medicamentos radiactivos
que emiten radiactividad, no deben ser utilizados, está prohibida
taxativamente su utilización en personas sanas, porque no está
justificado que una persona sana, sin indicación de ningún tipo,
simplemente para formar parte del grupo control, sufra radiaciones. Y,
como le explicaré a continuación, en los datos de los ensayos clínicos
referidos no solamente el grupo control está constituido por personas
sanas sino que además hay menores en bastantes ocasiones; es decir,
estamos hablando de la distribución de medicamentos no autorizados,
dispensados por establecimientos no autorizados, financiados con fondos
públicos, señor Castellón, y en ensayos clínicos no autorizados.

En la pasada legislatura, mi grupo parlamentario tuvo la ocasión de
denunciar algo que aprovecho para recordarle, señor Castellón, algo que
estimo que no ha sido resuelto, y es la utilización de supuestos ensayos
clínicos, al margen de toda la reglamentación, por parte de laboratorios
como vía de penetración de sus productos en el mercado. Afirmo que esto
se hace con carácter general, pero también se hace con medicamentos con
tantas repercusiones para la salud como son los radiofármacos.

Voy a hacer una relación brevísimapara no cansar a SS. SS. porque
entiendo que es un tema complejo, y voy a darle datos de en qué
hospitales se están utilizando estos radiofármacos. Hay referencias de
ensayos clínicos en el servicio de medicina nuclear de Sondureta, todos
ellos prácticamente publicados en la revista española de Medicina Nuclear
o en el European Journal of Nuclear Medicine. En este que le refiero han
participado 60 pacientes entre 14 y 77 años, obviamente menores, y han
recibido dosis de tecnecio 99 de 20 miliunidades cuando la dosis máxima
permitida es de 13,5. En el hospital San Joan de Alicante se utiliza el
mismo marcador a dosis permitidas pero sobre personas sanas. Hay
numerosos ensayos clínicos en los que se refiere la utilización de la
urea marcada con carbono 14. Usted sabe que la urea marcada con carbono
14 no aparece en el registro de medicamentos, que no está autorizado para
el uso ni en personas ni en animales de consumo humano y, sin embargo,
hay numerosos hospitales que refieren ensayos clínicos realizados con
estos productos.

En los servicios de medicina nuclear se preparan, se modifican
radiofármacos, se alteran por procedimientos de sometimiento a
temperaturas; por ejemplo, el sandostatín marcado con tecnecio necesita
la adición de reactivos y el sometimiento a una temperatura de incubación
de 70 grados centígrados, cuando en las indicaciones del medicamento
origen se dice que debe conservarse en frío y a temperatura ambiente y
que solamente es estable en estas condiciones durante dos semanas.

Paso a plantear una relación con toda brevedad. Hay comunicaciones que
hablan del empleo en hospitales públicos del anticuerpo monoclonal
antrigranulocítico, distribuido por el Instituto Behring y no autorizado
en ningún país comunitario. También se refiere, en seis comunicaciones de
diferentes ensayos clínicos, el empleo de un radiofármaco derivado de la
inmunoglobulina humana no autorizado en ningún país comunitario. Este
radiofármaco fue producido y distribuido por los laboratorios
Mallinkrodt. Se habla de la realización de ensayos clínicos con
galactosil, neoglicoalbúmina, radiofármaco que estuvo fabricado por
Medgenix y que no se encuentra registrado en ningún país.

No quiero cansar a SS. SS. con nombres complejos de todos estos ensayos
que están publicados, pero quiero decir que hay datos suficientes, hay un
número importantísimo de publicaciones sobre que se están utilizando
productos no registrados en ningún país comunitario y al margen de todo
tipo de reglamentación sobre ensayos clínicos. Es habitual que, por
ejemplo, siendo la dosis máxima autorizada de 13,5 miliunidades, con toda
tranquilidad, en los ensayos clínicos se refiere la utilización de dosis
superiores, y se refiere constantemente la participación de personas
sanas. Llama la atención que en el último tiempo, en los ensayos clínicos
del año 1996 y 1997, aparecen con una frecuencia inusitada la utilización
de un radiofármaco, el ceretec, precisamente fabricado por los
laboratorios Amersan.

Quiero decir que en todos estos ensayos clínicos el precio de los viales
son cantidades muy importantes, son de 50.000 pesetas por vial, y
multiplicando dichos viales por el número de personas y el número de
veces utilizados, son varios millones de pesetas los que financia la
sanidad pública



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para este tipo de ensayos, al margen de toda la reglamentación, vendidos
a domicilio --en los servicios de medicina nuclear, pero entiendo por
domicilio que no han pasado por los cauces establecidos--, que afectan a
un número muy importante de hospitales de la red pública y, señor
Castellón, de la red privada también. Es evidente que en la red pública
se realizan ensayos clínicos, hay posibilidades de realizar este tipo de
procedimientos, y seguramente los hospitales privados no están
interesados en financiar experimentos de estas características con cargo
a sus presupuestos. Tengo datos de la utilización de los mismos en la
Clínica Puerta de Hierro, de Madrid; en el Hospital La Candelaria, de
Tenerife; en El Clínico de Barcelona; en el Clínico de Granada; en la
Clínica Universitaria de Navarra; en el Hospital San Pau, y en el
Hospital Príncipe de España de Bellvitges. Son datos que llegan a un
modesto grupo parlamentario que no pretenden ser exhaustivos. Esta
solicitud de comparecencia debe entenderse como una solicitud a la
Administración sanitaria, porque hay datos suficientemente claros y
graves como para que se promueva una investigación exhaustiva en la cual
se compruebe el alcance de lo que pongo de manifiesto hoy y se tomen las
medidas oportunas.

Aunque no sé si se refiere exclusivamente a este último caso, pero
también hay implicaciones económicas. Ha sido publicado por algún medio
de comunicación, y reconocido por las personas afectadas, que una especie
de laboratorio que se llama Catalana de Dispensación, Sociedad Anónima,
realiza funciones absolutamente ilegales, como es la preparación de
radiofármacos, cuyos componentes compra a su vez a otros laboratorios;
preparación de radiofármacos que, como usted sabe bien, exclusivamente
pueden ser realizados por parte de los servicios de radiofarmacia
hospitalaria. El laboratorio privado los prepara en las condiciones que
ellos buenamente entienden, y los venden a hospitales cuyos jefes de
servicio de medicina nuclear son socios fundadores y accionistas de
dichos laboratorios; es decir, se venden a sí mismos lo que ellos
producen. El director técnico de dicho laboratorio es también el jefe de
servicio y entiende que no hay ningún tipo de incompatibilidad entre sus
funciones.

Quiero terminar, señor presidente, haciendo mención a uno de los aspectos
centrales de la solicitud de comparecencia, y es el incumplimiento por
parte del Insalud y de las comunidades autónomas con competencias
transferidas de la legislación en materia de unidades de radiofarmacia.

Mi grupo parlamentario entiende que los períodos transitorios existen,
que son procedimientos complejos, pero el real decreto que nos ocupa es
del año 1993. Mis datos coinciden prácticamente con los que el señor
Castellón ha dado acerca de la formación de radiofarmacéuticos. Lo que el
señor Castellón no ha dicho es que las promociones de los
radiofarmacéuticos formados están en paro; es decir, hay pocos formados,
pero los pocos que lo están no han sido contratados por la Administración
para desempeñar las funciones que les corresponden a ellos principalmente
en las unidades de radiofarmacia.

Tengo en mi poder una buena guía de gestión de los servicios de farmacia
hospitalaria, editada por el Insalud a finales del año pasado, que
explica que tanto el Real Decreto 2709 de 1992 como el Real Decreto 412,
de 1997, dicen que la unidad de radiofarmacia estará bajo la
responsabilidad de un especialista en esta rama, a quien evidentemente le
corresponde la responsabilidad en la supervisión de todo este tipo de
procedimientos. Hay también un informe jurídico de 1993 --que lo
encontrará usted en los archivos-- donde a petición de la directora
general de Farmacia y Productos Sanitarios el abogado del Estado se
pronuncia, hace una interpretación, que corrobora en todos sus aspectos,
como no podía ser de otra manera, que el servicio de radiofarmacia es una
unidad específica, que no se subsume en los servicios de farmacia
hospitalaria y es la que tiene las competencias en el planteamiento de
todo este tipo de situaciones.

Señor Castellón, creo que he sido lo suficientemente clara a pesar de la
complejidad, y no se trata de entrar en detalles. Tengo la relación de
publicaciones en los últimos cinco o seis años; tengo también la relación
de laboratorios que están fabricando estos productos y están
vendiéndolos, insisto, no con carácter ocasional, sino siempre, en todas
las ocasiones, incumpliendo la Ley del Medicamento, a través de los
servicios de medicina nuclear. Eso no tiene la menor justificación; es
decir, que los servicios de farmacia hospitalaria no sean el intermedio
por el cual los servicios correspondientes, en este caso el servicio de
medicina nuclear, acceda a los productos que estime convenientes para la
realización de las pruebas diagnósticas que necesite, no tiene
justificación alguna. Pero este detalle es el que permite la cadena de
irregularidades en la realización de ensayos clínicos. Insisto, señor
Castellón, investigue cómo se están haciendo esos ensayos clínicos no
solamente con radiofármacos sino con medicamentos registrados y con
indicaciones perfectamente conocidas, que no tienen otro objetivo que el
servir para la penetración comercial y que suponen no solamente
incumplimiento de la ley, sino un alto grado de corrupción económica por
parte de los médicos que participan en ellos. Además, señor Castellón,
ustedes, que están tan preocupados por el gasto como nosotros, por el
despilfarro, debe saber que solamente en radiofármacos se gastan del
orden de 2.500 millones de pesetas al año, comprados por la sanidad
pública, en ensayos clínicos no autorizados y con medicamentos no
autorizados, como son los radiofármacos. Investigue, señor Castellón,
cuánto dinero se gastan los servicios de farmacia de los hospitales en la
realización de supuestos ensayos clínicos evidentemente no autorizados,
innecesarios y que son instrumento de penetración comercial de los
medicamentos en los cuales los laboratorios tienen interés.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede contestar el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): La señora
diputada me ha planteado algunas cuestiones en relación con el fondo de
la pregunta que intentaré contestar. Estoy de acuerdo con la señora
diputada en que el tema es complejo y que no merece la pena entrar en
especificidades técnicas y aburrir al



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resto de los diputados; por tanto, intentaré sintetizar lo que he
entendido de su intervención.

Lo que usted me está planteando es que hay dos problemas, aunque luego
añadiré un tercero. El primero tiene que ver con la distribución directa
a servicios de medicina nuclear, que lo ha llamado impropiamente a
domicilio; ésa es una interpretación excesivamente distorsionada de la
ley, es decir, el que servir un medicamento a un servicio de medicina
nuclear sea un servicio a domicilio es estirar la cuestión un poco más de
la cuenta, pero vamos a dejarlo ahí. También ha planteado un problema en
relación con los ensayos clínicos no autorizados, siempre al parecer
referido a artículos, a trabajos publicados por los servicios de medicina
nuclear. En ambos casos observo que, siendo un tema complejo, como dice
S. S., yo no sé si porque tenga un asesoramiento un poco parcial, el caso
es que ha tomado partido claramente por una de las partes en este
problema --transitorio, por otra parte--, del manejo actual de los
radiofármacos por los servicios de medicina nuclear, en tránsito hacia el
manejo más adecuado --y nosotros también hemos dicho que es correcto lo
que usted ha planteado y que estamos haciendo lo que nos compete al
respecto--, hacia la creación y posterior responsabilización de las
unidades, porque no necesariamente tienen que ser servicios, de
radiofarmacia. Y en esta compleja situación, que ocurre muchas veces
cuando se pasa de un statu quo vigente hacia un objetivo deseable, da la
impresión de que hay un problema añadido de carácter corporativo, es
decir, el problema del manejo que de momento se está haciendo por los
servicios de medicina nuclear.

A este respecto tengo que decirle que, aparte de que no contraviene la
ley el hecho de que se suministre directamente si no hay unidades de
radiofarmacia en los hospitales, y que transitoriamente este papel lo
pueden hacer los servicios de medicina nuclear, como he comentado antes,
el anexo segundo del Real Decreto 469/1993 dispone que la responsabilidad
de preparación de un radiofármaco corresponderá a un farmacéutico u otro
facultativo con formación teórico-práctica suficiente en radiofarmacia
para asumir tal responsabilidad. De manera que habiendo dicho yo con
claridad absoluta que nosotros promovemos y hacemos todo lo que está en
nuestra mano para --incluso a través de reuniones de coordinación en el
seno de la Comisión de gestión del Consejo Interterritorialmente--
promover la creación de más unidades de radiofarmacia en los hospitales,
no obstante entendemos que, mientras estas unidades no estén creadas, el
manejo por personal por profesionales con suficiente formación
teórico-práctica en esta materia es acorde a lo que, en definitiva, nos
interesa, y es que se manejen con responsabilidad y con seguridad este
tipo de productos.

Digo todo esto desde la posición de intentar promover la creación de más
unidades de radiofarmacia, y aunque es una de las cuestiones últimas que
usted ha planteado, en absoluto voy a ocultar el hecho de que, de los
profesionales que han salido, algunos están en paro. Nosotros entendemos
que se deberían crear más unidades de radiofarmacia y que esos nuevos
profesionales que vayan saliendo de los programas de formación se vayan
incorporando a estas unidades. Como sabe, ésta es una cuestión que
depende de los servicios de salud, y en los últimos tiempos hemos
realizado reuniones de coordinación, impulsoras de esta creación de
unidades, y seguiremos haciéndolas, porque entendemos que es el camino
lógico.

Tampoco estoy yo de acuerdo con lo que plantea S. S. en relación con que
la distribución y ensayos clínicos serían correctos y legales si pasaran
por los servicios de farmacia. Creo que esto no es así. Hemos hecho las
correspondientes consultas a los servicios jurídicos porque el artículo
11 del real decreto, después de establecer los requisitos para la
preparación extemporánea de un radiofármaco, dispone que dado el carácter
especial de estos medicamentos las responsabilidades sobre su uso
recaerán en el responsable de la unidad de radiofarmacia; no
necesariamente, en ausencia de unidad de radiofarmacia, en el responsable
del servicio de farmacia hospitalaria. Aunque efectivamente el artículo
93 de la Ley del Medicamento escogía el principio asentado por la Ley
General de Sanidad de que los medicamentos se dispensarán por las
oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos de los hospitales,
centros de salud y estructuras de atención primaria --es una norma
básica--, los artículos 91 y 92 de la Ley del Medicamento regulan el uso
racional de los mismos en la atención hospitalaria, señalando la
necesidad de que los hospitales deban disponer de servicios o unidades de
farmacia hospitalaria. No obstante, ésta es una cuestión que aunque es de
aplicación en todo el territorio lo es en defecto de regulación
específica para aquellas comunidades autónomas con competencia normativa
en esta materia. Insisto en lo que he dicho hace un momento, considerando
la interpretación que se hace del artículo 11 del real decreto, y es que
si el legislador hubiese querido integrar las unidades de radiofarmacia
en los servicios de farmacia hospitalaria lo habría dicho expresamente y
no lo dice así. Se debe entender, por tanto, que las unidades y servicios
de farmacia hospitalaria realizarán las funciones establecidas en el
referido precepto legal en relación con el resto de los medicamentos, no
con radiofármacos. Está usted haciendo gestos, señora Maestro. La
implicación de lo que usted ha querido decir es que es incorrecta la
distribución porque no pasa por los servicios de farmacia, y yo le digo
que no es incorrecta la distribución aunque no pase por los servicios de
farmacia.

Podía alegarse en contra de esta afirmación que hay una serie de
artículos en la Ley General de Sanidad y en la Ley del Medicamento que
establecen --y es probablemente lo que usted ha querido decir, lo que ha
dicho claramente-- que la dispensación de los medicamentos corresponde a
los servicios de farmacia de los hospitales, por lo que, en principio,
casi debe interpretarse que las unidades de radiofarmacia deberían estar
integradas forzosamente en los mismos. Pero cuando se habla de estas
cuestiones, de la custodia, conservación y dispensación de los
medicamentos en los servicios de farmacia, no se está constituyendo
ningún órgano unitario para hacerlo, sino que lo que se quiere decir es
que la referida dispensación debe efectuarse por unidades especializadas,
que pueden estar, en



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uno u otro sentido, ubicadas en unidades de farmacia o no estarlo.

Todo esto que le he comentado es simplemente --como me ha hecho la
apelación a que revise estas cuestiones que desde su punto de vista son
ilegales-- para decir que la distribución y el manejo, mientras no haya
unidades de farmacia, de estos productos por parte de personal
cualificado, aunque esté en un servicio distinto, no contraviene, en
absoluto, la legislación. Esto con respecto a la distribución directa,
como dice usted, a los servicios de medicina nuclear.

En relación con los ensayos clínicos, lo que le puedo decir es que su
control, concretamente, es competencia de las comunidades autónomas. El
Ministerio autoriza sólo este ensayo, y evidentemente, si hay alguno que
no se haya autorizado, corresponde a la comunidad autónoma denunciar que
se está llevando a cabo.

Tampoco es cierto el uso incorrecto de los fondos públicos en relación
con los ensayos. En ningún caso los ensayos clínicos están financiados
por la Administración, salvo que ésta los promueva, sino que el coste lo
pagan los laboratorios promotores. Sobre esta cuestión creo que podría
comentar lo mismo que he dicho hace unos minutos, y es que estamos
hablando de ensayos clínicos llevados a cabo en servicios de medicina
nuclear; en principio, S. S., o quien asesore a S. S., si no están
autorizados debería ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias
de las comunidades autónomas respectivas. Nosotros, desde luego,
intervendríamos en el momento en que tuviéramos conocimiento por parte de
las comunidades autónomas de que esta situación se da.

Comentó también S. S. la cuestión de los laboratorios que, en principio,
están suministrando los productos terminados para la aplicación en los
procedimientos diagnósticos que se hacen en distintos hospitales.

Nosotros no tenemos, digamos, constancia de que estas empresas no estén
legalmente autorizadas a hacer esto; es decir, son empresas que llevan a
cabo lo que de momento no puede hacerse en algunos centros porque no
existe aún unidad de radiofarmacia y, por tanto, suplen las funciones de
preparación extemporánea de los productos radiofármacos y también su
distribución a los médicos que usan estos productos. Efectivamente,
tenemos conocimiento de que hay unas empresas en Cataluña y también en
Andalucía que hacen esta función, pero desde luego no consta, en
absoluto, que se haga de manera ilegal, y los informes jurídicos que
tenemos al respecto así lo avalan. Es una iniciativa que han tomado
algunas comunidades autónomas y también algunos hospitales para suplir,
repito, de momento, la inexistencia de unidades de radiofarmacia. Como
quiera que nosotros somos partidarios de que se vayan creando y
promoveremos que así sea en la medida de nuestras posibilidades, porque
no somos competentes en esta materia, unidades de radiofarmacia en todos
los hospitales en los que sea necesario, me encuentro legitimado para
decir que entiendo esta medida mientras no existan, pero que es
responsabilidad de las comunidades autónomas desarrollarlas.

Por resumir diría que he intentado contestar, sin entrar en los detalles
más técnicos de los ensayos que me ha planteado, a las cuestiones que
creo que se derivaban de su intervención, fundamentalmente al hecho de
que en este momento no hay demasiadas unidades de radiofarmacia; eso es
verdad, deberían hacerse más deprisa. Pero estoy totalmente de acuerdo en
que mientras no haya unidades de radiofarmacia, de manera transitoria
profesionales cualificados que están ubicados en unidades de medicina
nuclear puedan llevar a cabo estas cuestiones sin que eso suponga ningún
problema sobre el manejo seguro de radiofármacos. De ahí justifico el
comentario que le he hecho acerca de las muchas veces que problemas
corporativos subyacen detrás de estas cuestiones entre especialistas de
una y otra especialidad.

La cuestión que indicó también al principio sobre el problema que se ha
generado con la distribución de un producto, concretamente albúmina,
procedente de un paciente que eventualmente se diagnosticó como una
variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, no tiene absolutamente
nada que ver con el mecanismo de distribución. Hubiese pasado exactamente
lo mismo si se hubiese distribuido a través de las unidades de
radiofarmacia en el caso de que hubiesen existido, y el comportamiento de
la Administración con respecto a la alerta que se nos envió desde el
Reino Unido, igual que en otros países, hubiese sido exactamente el mismo
si hubiesen existido más unidades de radiofarmacia. De manera que esta
cuestión relativa a que en un momento determinado no haya suficientes
unidades de radiofarmacia y a que esa labor se esté haciendo por los
servicios de medicina nuclear no tiene ninguna implicación en este caso
concreto ni en ningún otro que se pueda plantear desde el punto de vista
de la seguridad de los medicamentos, siempre y cuando los profesionales
que manejen esos productos estén suficientemente cualificados. Los otros
problemas y el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el real decreto
es una cuestión de tiempo --evidentemente, nosotros tenemos interés en
que sea cuanto antes-- y de creación de muchas más unidades de
radiofarmacia en los hospitales españoles.

Nada más. (La señora Maestro Martín pide la palabra.) El señor
PRESIDENTE: Por un minuto y por alguna aclaración puntual, tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Sinceramente tengo que decirle, señor
Castellón, que esperaba más de su responsabilidad, se lo digo porque
estamos ante un tema muy serio. No es un tema de conflicto político. Aquí
se trata de señalar cosas muy graves que están sucediendo, que son
responsabilidad suya y la sensación que tengo después de escucharle es la
de que se va usted tan tranquilo de aquí, simplemente negando evidencias,
creyéndose que vive en un país diferente del que está, porque todo esto
es competencia de las comunidades autónomas. ¿Es que los reales decretos
no son de obligado cumplimiento en todo el Estado? En todo caso, ¿no hay
comunidades autónomas que no tienen transferidas competencias sanitarias
y donde se están realizando este tipo de ensayos?



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Sinceramente me indigno, señor Castellón, porque mi intervención aquí
esta mañana no ha pretendido ser una intervención de la oposición que
viene a señalar algunos aspectos. Lo que yo estoy diciendo pasa desde
hace muchos años, con la Administración anterior también, señor
Castellón. Están pasando cosas sobre las que claro que tomo partido. Tomo
partido por el cumplimiento de la ley y por la exigencia a la
Administración sanitaria de que proteja a unas personas. Porque aquí hay
niños y hay personas sanas participando en ensayos clínicos totalmente
prohibidos. El impedir que eso se produzca es competencia suya, señor
Castellón. Me indigna que usted no haya dicho aquí esta mañana que por lo
menos tomará las medidas para saber si esto se está produciendo, para
saber si lo que yo le digo aquí o lo que publican las revistas
especializadas tiene algo que ver con el cumplimiento de la ley. Y no es
un problema corporativo; eso es un insulto, señor Castellón. Yo no tengo
nada que ver con esas especialidades. Sabe usted que soy médico de
profesión, pero esas especialidades afectan a un número tan importante
como de diez personas en todo el país. Vaya un corporativismo tan
interesante desde el punto de vista político que practico. Aquí se trata,
señor Castellón, de que la Ley del Medicamento dice que los servicios de
hospitales no compran directamente a los laboratorios; eso dice la ley
del medicamento; no compra directamente ningún servicio, sino a través de
los servicios de farmacia hospitalaria, y que son los servicios de
farmacia hospitalaria quienes tienen, además, una de las competencias más
importantes que hay en todo el procedimiento de los ensayos clínicos. Que
se obvie a entes especializados y no interesados directamente en la
compra de determinados materiales, como pueden ser los servicios de
farmacia hospitalaria, permite que se esté en estos momentos incumpliendo
la ley como se está haciendo.

Señor Castellón, este documento que tengo en mi mano es suyo: Insalud.

Subdirección General de Coordinación Administrativa. Madrid, 1997. Y
dice: Unidad de Radiofarmacia, consideraciones generales: La unidad de
radiofarmacia deberá estar integrada en el servicio de farmacia. Eso
dicen ustedes en un papelito que se llama Guía de gestión de los
servicios de farmacia hospitalaria, no lo digo yo. Es lógico que sean
unidades de radiofarmacia, aunque el informe jurídico de 1993 dice que
deben ser entidades con características especiales integradas en los
servicios de farmacia y que es a ellos a quienes les compete la
responsabilidad de supervisar todo lo que tiene que ver con
radiofármacos, no a los servicios de medicina nuclear.

Lo que yo le digo, señor Castellón, es que están publicados ensayos
clínicos no autorizados, y a usted eso no le levanta ninguna
preocupación. A mí me parece que es lo suficientemente serio y está lo
suficientemente documentado --le ofrezco toda la documentación que obra
en mi poder, que, por otra parte, insisto, está en las revistas, como
para que usted compruebe que en este país se están haciendo ensayos
clínicos no autorizados, y si se publican, además, usted tiene la
obligación de investigarlo. Yo esperaba de su responsabilidad que por lo
menos dijera aquí que iba a investigar cómo está transcurriendo esto,
porque hay personas detrás, y está la seguridad en el cumplimiento de las
leyes que la propia Administración sanitaria tiene que garantizar. Yo le
pido responsabilidad, señor Castellón. Sinceramente, yo esperaba que
usted dijera aquí que iban a investigar, repito, y ya darían los
resultados, pero como no ha sido así, mi grupo parlamentario va a
continuar con iniciativas por lo menos para salvar la responsabilidad, no
en el ejercicio oportunista de la oposición, sino en el ejercicio de
poner de manifiesto unos hechos que deben ser investigados para
determinarse las responsabilidades en las que haya incurrido el nivel
administrativo que corresponda, y sobre todo hay que resolverlo por la
seguridad física de los ciudadanos y por el cumplimiento de las leyes,
que es lo que creo que cualquier Estado de derecho se plantea como
elemento fundamental.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Señoría, he
dicho, y además claramente --quizá no le he dedicado todo el tiempo que a
S. S. le hubiera gustado--, que el control de los ensayos clínicos
corresponde a las comunidades autónomas y que la autoridad sanitaria
central, el Estado, tomará las iniciativas que correspondan cuando tenga
constancia de ello. Ya se lo he comentado, señoría; esa información
suminístresela a quien tiene que controlar los ensayos clínicos, y
nosotros actuaremos cuando nos corresponda. Yo no he dicho que no vayamos
a actuar ni que no me preocupe el problema; me he limitado a decir que el
control de los ensayos clínicos corresponde a las comunidades autónomas.

El hecho de que le parezca lógico que las unidades de radiofarmacia estén
o no estén no tiene nada que ver; puede hacerlo el Insalud perfectamente
en el ejercicio de sus competencias. No es imprescindible, y no viene en
ninguna parte, que las unidades de radiofarmacia tengan que estar
necesariamente jerarquizadas dentro de los servicios de farmacia
hospitalaria, y no hacerlo así no significa absolutamente nada en
relación con el manejo que tiene que hacerse de estos productos. Además,
el decreto que desarrolla la ley en relación con esta cuestión es
específico y claro, porque dice: Dado el carácter especial de estos
medicamentos. Por eso se crean las unidades de radiofarmacia, si no
fueran medicamentos especiales no habría que crear ninguna unidad de
radiofarmacia; simplemente valdrían los servicios de farmacia
hospitalaria. ¿Por qué se abre la unidad de radiofarmacia? Pues porque es
algo más que un servicio de farmacia hospitalaria que puede o no estar
dentro de un servicio de farmacia hospitalaria, y el hecho de que no esté
no implica que las cosas sean incorrectas, y mientras no haya servicio de
radiofarmacia, un hospital o una comunidad autónoma puede hacerse cargo
perfectamente de la responsabilidad del manejo de estos productos en los
servicios de medicina nuclear. Conste que yo no soy especialmente
partidario de que estén en medicina nuclear, pero pueden estarlo, no es
ilegal, y no es un gran problema. Justamente detrás de este pequeño
detalle sí hay un problema corporativo cuando los especialistas en
medicina



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nuclear no quieren formar especialistas en radiofarmacia; y lo tenemos
por escrito. Es decir, aunque el problema es complejo, como usted bien ha
dicho, como en muchos problemas complejos, hay intereses. Para que todo
el mundo conozca el problema en su verdadera dimensión, hay que poner
encima de la mesa, como yo he hecho y como puede usted hacerlo también,
todos los aspectos del problema. Hay también un aspecto corporativo, y
tiene que ponerlo encima de la mesa porque es importante muchas veces, y
en este caso sin duda lo es.

Finalmente, respecto a lo que me ha dicho al principio y ahora me ha
repetido, desde el punto de vista de lo que le estoy explicando, no hay
ninguna diferencia, si no existe unidad de radioinformación, en que la
compra se haga mientras no existan estas unidades, porque este terreno no
está suficientemente desarrollado ya que, como usted conoce, se ha
legislado muy recientemente sobre el tema de los radiofármacos.

Igual que estaré gustoso de aceptar la documentación que me quiera
aportar, estaré también encantado de aportar a S. S. documentación de los
servicios jurídicos sobre la necesaria o innecesaria implicación de las
unidades de radioinformación en los servicios de farmacia hospitalaria,
con todo lo que se deriva de esta cuestión.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.




La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para indicar al señor subsecretario que para mi
grupo los datos aportados en esta sesión de Comisión por la señora
portavoz de Izquierda Unida, son cuando menos preocupantes.

Realmente, más que un problema de corporativismo a mi grupo le parece que
hay un importante problema de descontrol; descontrol que en cuestiones
que hacen referencia a salud humana no puede ni debe permitirse. Le
parece igualmente a mi grupo parlamentario que un tema de estas
características no puede quedar cerrado diciendo que es complejo o que
las comunidades autónomas son las que tienen competencias en materia de
inspección. Esta posiblemente sea la respuesta cómoda, pero no es la
deseada, porque la coordinación sanitaria, señor Castellón, corresponde
al Ministerio de Sanidad. Por esto le requerimos que no dé por cerrado
este tema, que no se cierre diciendo que todo está bien o navegando, como
ha intentado usted hacer en muchos momentos de esta comparecencia; es
necesario que el Ministerio investigue, que se asuma el compromiso de los
resultados de esa investigación y que éstos sean trasladados a esta
Comisión. (El señor Vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la Presidencia.)
Por parte de mi grupo parlamentario no tengo nada más que decirle, señor
Castellón, pero sí le pedimos responsabilidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Castillo.




El señor CASTILLO JAEN Muchas gracias, señor presidente.

Gracias señor subsecretario por su estricta posición, y de nuevo mis
felicitaciones por seguir desenvolviéndose en la línea de la congruencia,
no dudando en mantenerse, como en anteriores ocasiones, en la abstención
de entrar en lo que no sé si definir como la escenificación política de
un drama figurado o la escenificación dramática de una política. Por otro
lado, celebro ver que no va dando tumbos de un margen a otro del rumbo
trazado por la legislación actual y el rigor en su explicación.

No quiero dejar de manifestar la felicitación de mi grupo, después de
haberle oído, por haber sido su Ministerio pionero en Europa al plantear
de manera formal, a través de la Agencia Europea del Medicamento, la
necesidad de profundizar en el conocimiento de la TEP, tomografía por
emisión de positrones que hace uso de moléculas inorgánicas y orgánicas
marcada por radioisótopos producidos en un ciclotrón que se quiere
utilizar como diagnóstico oncológico de algunas epilepsias y el estudio
de viabilidad miocardia en algunos pacientes, lo cual indica sin duda la
alta cualificación de los responsables técnicos de su Ministerio, a
quienes le ruego transmita mi felicitación y la de mi grupo.

Mi grupo, señorías, ha sido en todo momento partícipe con el Ministerio
de la preocupación surgida ante el alcance de algunas noticias de prensa
aparecidas referente a cualquier tema de radiofármaco, y así lo hizo
constar en su comparecencia del pasado día 18 de febrero ante esta misma
Comisión, en la que nuestro grupo denunció los tintes de apasionada
puesta en escena con que se están tratando estos temas por el principal
grupo de la oposición.

Se dijo en aquella ocasión que los argumentos de la intervención habían
sido de índole casi operística, y ante lo oído en la anterior exposición
inscribo ciertas actuaciones en el ámbito de lo casi esperpéntico. Señora
Maestro, quería decirle que ha sufrido un lapsus en su intervención
cuando ha dicho que denunciaba ciertos ensayos clínicos en los servicios
de farmacia de hospitales. Pienso que ha sido un lapsus --revíselo luego
en la transcripción--, pero quiero dejar constancia de que en los
servicios de farmacia de los hospitales, como todos sabemos, no se hace
ningún ensayo clínico de este tipo.

Señorías, dejando aparte el apasionado mundo de la farándula y volviendo
a la responsabilidad que como políticos y como sanitarios tenemos, quiero
hacer constar que el alarmismo que intentó sembrar en la sociedad
española la anterior comparecencia sobre radiofármacos se desvaneció en
pocos instantes, como sin duda se desinflará la argumentación de esta
otra correspondiente al día de hoy, porque sin duda --y se lo digo con
cariño-- a los informantes del grupo solicitante les mueven razones de
índole no estrictamente sanitaria. El mismo enunciado de la comparecencia
en curso es un mero cartel publicitario de la intención de verter donde
pueda caer la información tergiversada y confusa de que se pudieran estar
utilizando de manera



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inadecuada reactivos en experimentación intentando hacer un trasvase
malicioso al Gobierno de responsabilidades propias de otras
administraciones.

Nuestro grupo, y sin duda la sociedad española, observan cómo en las
últimas semanas se ha desencadenado una estrategia generalizada de
intentar llevar la política a la crispación de tiempos pasados. Esto,
señorías, en el ámbito sanitario, y en este caso por el tipo de
enfermedad, es una falta de sensibilidad hacia el estado emocional y
hacia la necesaria confianza de la persona diagnosticada.

Así pues, y aunque fuera por razones de ética sanitaria, yo pediría al
principal grupo de la oposición y también al grupo de la señora Maestro
que acepten de nuevo las ofertas de diálogo que rechazaron, que se han
renovado de manera constante tanto por el Ministerio como por el grupo
parlamentario que represento, y que se sumen a la línea seguida en este
sentido por los responsables técnicos y políticos del Ministerio; línea
que, como hemos observado tras esta comparecencia, se encuentra en el
marco de la legalidad, de la escrupulosidad y en el ámbito de la
seguridad y el deseo de dotar a los españoles de la mejor sanidad pública
posible. En este sentido va, sin duda, la voluntad ministerial de ir
dotando paulatinamente a los hospitales de unidades de radiofarmacia en
el ámbito de su competencia para un mejor uso racional de los
radiofármacos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castillo.

Señor Castellón, puede contestar. (La señora Maestro Martín pide la
palabra.)
Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, desconozco si éste es el
momento, después de la intervención del señor Castellón, pero pido su
amparo porque quiero responder ya que la intervención del señor diputado
del Grupo Popular creo que ha traspasado todos los límites de lo
razonable en el empleo de argumentos no laudatorios ante el señor
Castellón, que a mí me da igual, la seriedad política de los grupos es
administración propia, pero en cuanto a mi intervención entiendo que se
han vertido opiniones que superan lo que es admisible en el ámbito del
buen funcionamiento de una Comisión como ésta.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia estima que el debate ha ido por
unos cauces normales; el señor Castillo no le ha interrumpido a usted
cuando ha hecho su intervención, con lo cual se deduce que no estaba de
acuerdo en alguno de los puntos.

No obstante, una vez más y en aras a que no pueda sentirse herida, si en
alguna cuestión personal usted estima que le puede haber dañado, le doy
la palabra por tiempo de un minuto y sin reabrir el debate, señora
Maestro, para contestar exclusivamente al señor Castillo.




La señora MAESTRO MARTIN: El señor diputado ha tenido a bien pedirme una
aclaración. Es evidente que los servicios de farmacia hospitalaria no
realizan ensayos clínicos, pero la legislación les atribuye competencias
muy específicas precisamente en el proceso de supervisión y aprobación de
los ensayos clínicos. No obstante, he de decir que lo que los medios de
comunicación reflejen o no acerca de las iniciativas parlamentarias no es
asunto de mi incumbencia, y lo que se refiere a los radiofármacos que hoy
se plantea, está sustentado por una documentación, por un nivel de
estudio y por un nivel de confrontación con la realidad que ya quisiera
yo para las intervenciones de otros diputados. A la hora de valorar los
contenidos y los objetivos de las intervenciones yo pediría y pido
respeto para mi grupo parlamentario que no hace aquí ni en ninguna otra
Comisión, pero lo digo en ésta que es de mi responsabilidad, ningún tipo
de afirmación que no ostente la documentación preceptiva para avalar las
informaciones que transmito, como es mi obligación, a la Administración
sanitaria para exigirle intervención y a los medios de comunicación por
si es de su interés. (El señor Castillo Jaén pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Castillo, tiene veinte segundos para contestar
y sin reabrir el debate.




El señor CASTILLO JAEN: Intervengo para decirle a la señora Maestro que
desde el respeto que tanto este diputado como nuestro grupo ha
manifestado hacia ella y hacia su grupo, solamente le he recalcado que
parece ser, y luego lo veremos en la transcripción, que el lapsus
consistía textualmente en denunciar ciertos ensayos clínicos en los
servicios de farmacia de hospitales. Lo he dicho por si tenía a bien
rectificarlo después en la transcripción.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Para
contestar a la señora diputada del Grupo Socialista. La señora diputada
del Grupo de Izquierda Unida dijo que el problema era complejo y yo lo he
corroborado. Entiendo que ni la señora diputada de Izquierda Unida ha
cerrado esta cuestión por decir que es complejo ni yo tampoco por
ratificar esa complejidad. Tampoco la cierro por decir que es
responsabilidad de las comunidades autónomas; simplemente me limito a
constatar que es responsabilidad de las comunidades autónomas. (La señora
Maestro Martín: Y del Insalud.) Déjeme terminar, por favor. He insistido
y he dicho que el Ministerio ha actuado siempre oportunamente en estas
cuestiones con la máxima diligencia cuando conoce la existencia de
ensayos clínicos no autorizados. En este sentido, se atienden y se
atenderán todas las denuncias que se hagan a este respecto. Por tanto, en
absoluto he cerrado el tema; me he limitado a constatar cómo funciona
este asunto porque quizá alguna de SS. SS. lo conozcan, pero es probable
que otras no lo conozcan, por eso me he limitado a constatar este hecho,
pero en absoluto a cerrar el tema ni a inhibirme, en tanto que el
Ministerio, de las investigaciones y verificaciones pertinentes cuando se
nos presente cualquier denuncia en este sentido.




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--ACTUACIONES PARA INCREMENTAR LA INFORMACION DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA
IMPLANTACION DE LA MONEDA UNICA EUROPEA «EURO». A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001227).




El señor PRESIDENTE: Finalizado este punto del orden del día, pasamos al
segundo: Comparecencia del subsecretario del Ministerio de Sanidad y
Consumo ante la Comisión de Sanidad y Consumo para informar de las
actuaciones para incrementar la información de los consumidores ante la
implantación de la moneda única europea, euro. El autor de la petición de
la comparecencia es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): En primer
lugar, deseo agradecer a la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso
la oportunidad que me ofrece para informar sobre lo que constituye una de
las prioridades de la política desarrollada por el departamento en el
área de consumo, que es la formación e información de los consumidores y
usuarios ante la introducción del euro.

En el Plan estratégico de protección al consumidor para el período
1998-2001 y que se aprobó por la IX Conferencia sectorial de consumo, que
se celebró en Madrid el 10 de noviembre del año pasado, se constató que
la introducción de la moneda única representa una operación cuya
complejidad e importancia exige una atención y preparación extremas y que
la tarea implica, entre otras, a las administraciones de consumo.

Está claro que los consumidores no se adaptan de manera automática a una
nueva moneda y es preciso tiempo y práctica, con el apoyo y debido
asesoramiento, como bien refleja el libro verde sobre las modalidades de
transición a la moneda única; preparar a los consumidores a una
transición cómoda constituye una prioridad de primer orden so pena de
perder el apoyo popular, condición sine qua non del éxito de esta
empresa.

Este documento, el libro verde, no sólo pretende dotar de instrumentos de
reflexión sobre cómo lograr la aceptación y apoyo público a la moneda
única y al proceso de transición a la misma, sino también cómo reducir la
incertidumbre en torno a los costes generales del proceso y hacer que los
principales operadores cobren conciencia de la tarea que hay que
realizar, demostrando la viabilidad técnica del paso a la moneda única.

Resulta imprescindible que los sectores económicos conozcan exactamente
cuáles serán los costes de implantación del euro y planifiquen su
adaptación al proceso, pero no lo es menos que la opinión pública en
general y el consumidor en particular sepan cuáles son los costes que se
les van a repercutir, lo que de forma directa redunda en la confianza del
ciudadano y en la aceptación del euro.

Respecto a la relevancia del tema baste recordar la reciente polémica
suscitada ante la posibilidad, ulteriormente desmentida por el propio
sector, de que se trasladaran al ciudadano los costes derivados del
cambio de moneda. El propio Parlamento Europeo ante esta eventualidad, en
la resolución sobre el euro y el consumidor que se adoptó en la sesión
plenaria del 13 de enero de este mismo año, considera que la Comisión
deberá garantizar, mediante una propuesta de reglamento, que el cambio de
billetes y monedas euro sea gratuito para los ciudadanos durante la fase
C, que es justamente la que se inicia el 1.º de enero del año 2002, con
la circulación del euro. No debe olvidarse que cualquier actuación que
desarrollen las autoridades de consumo destinada a la información de los
consumidores debe estar encuadrada en el marco general de las actuaciones
planificadas por el Gobierno con motivo de la introducción de la moneda
única. A este respecto resulta de especial interés el Plan nacional para
la transacción al euro, que se aprobó en diciembre de 1997 elaborado por
la Comisión interministerial para la introducción del euro, Comisión en
la que el departamento de Sanidad y Consumo tiene una presencia muy
activa.

Las acciones institucionales de comunicación e información diseñadas
sobre el referido plan se encuadran en la denominada campaña de
comunicación sobre el euro. A lo largo de 1997 la Administración ha
estado trabajando en el diseño y puesta en marcha de esta campaña de
comunicación sobre el euro, cuyo objeto es informar y asesorar a los
agentes privados sobre implantación de la moneda única. Como se pone de
manifiesto en este plan, para el diseño de la campaña se ha contado con
la colaboración de las instituciones de la Unión Europea. Esta
colaboración se formalizó en un protocolo de entendimiento entre el
Gobierno español, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y un
convenio entre el Gobierno español y la Comisión Europea para la
organización en común de actividades de información sobre el euro, con el
lema: el euro una moneda para Europa. Esta campaña de comunicación
comprende, en primer lugar, una campaña de publicidad tradicional en los
medios de comunicación y una campaña de marketing directo para la
canalización de la información a través del correo, canales informáticos,
seminarios, conferencias y producción de material impreso. La campaña de
publicidad se presentó el pasado mes de octubre junto con la estrategia a
seguir. Esta campaña --como quizá ustedes conozcan-- se inició con la
emisión de anuncios de información básica que permitieron hacer una
primera aproximación al tema y familiarizar al público con la
introducción del euro. Superada esta primera fase, en la actualidad las
emisiones de mayor duración son más detalladas y abordan problemas
concretos derivados de la implantación de la moneda única, calendario,
conversión de pesetas a euros, ventajas de la moneda única, etcétera.

Por otra parte, la campaña de marketing directo --como probablemente les
consta-- se destina al público en general, con especial atención a la
tercera edad y a las zonas rurales. Los medios previstos son folletos,
conferencias y seminarios. En esta misma línea se ha sacado una página
web en Internet y un euroteléfono a través de los cuales se pretende
resolver cualquier duda que surja en torno a la evolución de la moneda
única.




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Este tipo de acción europea, que ya se había evidenciado como necesaria
por la Comisión en el libro verde sobre las modalidades de transición a
la moneda única, ha visto reforzada su necesidad por los recientes
estudios de opinión, en los que se constata el bajo nivel de información
que los ciudadanos tienen respecto al euro. Esto es particularmente
importante en nuestro país, en donde en realidad y a través de estas
encuestas que se han llevado a cabo, el ciudadano español es el que en
mayor porcentaje, un 30 por ciento frente a una media del 13, no sabe o
no se posiciona sobre el euro, no tiene una imagen del mismo y sus
efectos.

Igualmente, frente a una media del 59 por ciento de respuesta global de
poco o nada informado respecto a esta materia, en España esta cifra
asciende al 71 por ciento. Es justamente en este escenario en el que se
producen las actuaciones específicas del Instituto Nacional de Consumo
que se dirigen a coadyuvar con las desarrolladas con carácter general por
el Gobierno y a formar y a informar a los ciudadanos como consumidores y
usuarios en esta materia.

Con estas premisas, las líneas básicas de trabajo en que desarrolla su
actividad el Instituto Nacional de Consumo son las siguientes: En primer
lugar, la participación activa del Instituto Nacional de Consumo en todos
los foros nacionales y comunitarios en los que se debate el tema; y en
segundo lugar la colaboración con la Dirección General del Tesoro y las
asociaciones de consumidores en la exposición de la campaña de
comunicación sobre el euro, especialmente en la campaña de marketing
directo.

Además, en el área de educación al consumidor está previsto realizar, a
lo largo de los años 1998 y 1999, un concurso escolar con el que se
pretende que los niños aprendan a utilizar y conocer el euro y a saber
las ventajas de su implantación. Esta actividad se pretende realizar,
asimismo, en colaboración con las comunidades autónomas, con el
Ministerio de Educación y con la Dirección General del Tesoro, dentro del
marco de la campaña de información ya iniciada. Los destinatarios de este
concurso serán los niños de 12 a 16 años escolarizados en educación
secundaria obligatoria en todo el territorio nacional.

En el área de formación, se participa asimismo activamente en jornadas y
seminarios que sobre el euro se están realizando tanto en las comunidades
autónomas como en las asociaciones de consumidores y otros sectores y
universidades.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Consumo inició el pasado año una
línea de trabajo, de diagnóstico, de situación, con la participación de
los sectores prioritarios para el consumidor, fundamentalmente servicios
de alimentación y con las administraciones públicas y asociaciones de
consumidores y usuarios. En este campo se están convocando mesas de
trabajo reducidas para tratar sobre el conjunto de problemas que para
cada sector puede acarrear la introducción del euro y que pueden afectar
tanto a las administraciones competentes en la materia como a los
distintos sectores y a los consumidores. La primera de estas mesas se
celebró el pasado día 10 de julio y abordó el tema de la distribución
comercial; contó con la participación de la Dirección General de Comercio
Interior y la Dirección General del Tesoro, del Ministerio de Economía y
Hacienda, las comunidades autónomas, el sector de la distribución
comercial y las asociaciones de consumidores de ámbito nacional.

El pasado 10 de febrero se celebró una jornada sobre el euro, «Una moneda
para Europa» organizada por el Instituto Nacional de Consumo y el Comité
Económico y Social de la Unión Europea, dirigida al personal de las
comunidades autónomas y de las asociaciones de consumidores. Está
previsto celebrar de manera inmediata varias mesas de trabajo que aborden
los sectores de banca, seguros y alimentación y bebidas y seguidamente
servicios públicos, con los que ya se ha entrado en contacto, y se
pretende concluir con una jornada que trate los aspectos más importantes
puestos en evidencia en estas mesas. Está previsto, asimismo, continuar
abordando el sector de la distribución comercial, que es el que tiene
incidencia más directa en el consumidor.

En el apartado de información hay que citar que el Instituto Nacional de
Consumo ha elaborado nuevas páginas de Internet que, entre otros temas,
aborda información puntual entre la que se incluye el euro.

Por último, cabe destacar que el Instituto Nacional de Consumo concede
especial relevancia a las actuaciones desarrolladas por las asociaciones
de consumidores y usuarios y contribuye financieramente a ellas a través
de las líneas de subvenciones del organismo.

Durante 1997 se ha subvencionado una serie de proyectos sobre el euro que
voy a relacionar a continuación, y cuya evaluación se está realizando en
la actualidad: una campaña de información y educación a los usuarios de
los servicios financieros sobre los efectos de la implantación de la
moneda única, así como los procedimientos de adquisición de productos y
servicios financieros en otros Estados de la Unión Europea, a realizar
por la Asociación para la defensa de impositores de banca y cajas de
ahorro.

En segundo lugar, los consumidores y el euro, cuya actividad básica
consiste en la realización de seminarios dirigidos a responsables de la
información. Esta acción la realiza la Asociación General de
Consumidores.

En tercer lugar, una campaña de información y sensibilización sobre la
moneda única, bajo el lema «El impacto del euro en la economía
doméstica», organizada por la Confederación Española de Organizaciones de
Amas de casa, consumidores y usuarios, cuya actividad será desarrollada
mediante la creación de una red de euromonitores.

En cuarto lugar, el trabajo titulado «La instauración del euro y la
actividad aseguradora, desde la perspectiva del consumidor y usuario del
seguro», llevada a cabo por la Federación de usuarios y consumidores
independientes, que analiza las disposiciones establecidas a nivel
comunitario para la transición del euro en el sector asegurador, y de
forma paralela analizarán los contratos y seguros implicados por los
cambios que el euro comparta. También abordarán los instrumentos de la
divulgación de la nueva problemática y la formación en la materia de los
consumidores y usuarios de seguros.

En quinto lugar, la jornada sobre consumidores y moneda única, organizada
por la Unión de Consumidores de



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España, y finalmente la jornada informativa sobre el euro, convocada por
el Consejo de Consumidores y Usuarios, que se celebró ya en diciembre de
1996. Lógicamente, la voluntad es continuar en el presente ejercicio
cofinanciando este tipo de programas.

A modo de resumen, puedo concluir señalando que ya se ha desarrollado una
línea de trabajo indefinida, en la que se seguirá avanzando, y que deberá
reforzarse en el sentido que apunten los diagnósticos efectuados en las
mesas de trabajo con los distintos sectores, bien a través de actuaciones
directas del Instituto Nacional de Consumo, coordinadas con el Ministerio
de Economía y Hacienda en cuanto es el responsable de la campaña de
comunicación institucional, bien en colaboración con las organizaciones
de consumidores o incluso directamente por éstas, contando con la ayuda
económica del Instituto Nacional de Consumo.

Por otra parte, será a partir de la fijación del cambio de las monedas
nacionales que participen en la introducción de la moneda única cuando
deberá intensificarse este tipo de acciones, reforzando la información a
los colectivos que se encuentren en una situación especial, cual es el
caso, entre otros, de los ciudadanos de la tercera edad, los disminuidos
físicos o psíquicos o la población rural, sin descuidar evidentemente la
formación en la escuela.

Por último, en la línea avanzada por la Comisión y recomendada por el
Parlamento Europeo en la resolución sobre el euro y el consumidor, se ha
previsto la creación de un observatorio de seguimiento de la implantación
del euro en el ámbito de consumo, cuyo objeto es contribuir a facilitar
la instauración de la moneda única, permitiendo contar con un órgano
específico de atención y seguimiento de las incidencias que el proceso
plantee a los consumidores y usuarios y hacer frente a los problemas que
suscite, en la forma que resulte pertinente. Este observatorio, que
tendrá el carácter de órgano consultivo, asesor y de colaboración, estará
integrado por las administraciones públicas implicadas, es decir, el
Instituto Nacional de Consumo, Direcciones Generales de Consumo de las
comunidades autónomas y administración local, por los sectores
productivos, con presencia de representantes de las grandes empresas y de
las pyme y por el sector social, representado por las asociaciones de
consumidores. Está previsto que su redacción se articule en base a una
orden ministerial, cuyo proyecto está en fase muy avanzada de
elaboración.

En conclusión, esto es cuanto puedo informar a SS. SS. en relación con
las actividades que está realizando el Ministerio de Sanidad y Consumo,
en concreto a través del Instituto Nacional de Consumo, y dirigidas a la
formación e información a los consumidores y usuarios, ante la próxima
introducción del euro.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Señor subsecretario, en primer lugar, mi grupo
quiere agradecerle su comparecencia y, desde luego, felicitarle por la
extensión y detalle de la misma, desde la convicción de que nadie puede
negar la oportunidad de la celebración precisamente en el día de hoy de
esta comparecencia.

Señorías, hace tan sólo seis días la Comisión Europea y el Instituto
Monetario Europeo hicieron públicos sendos informes en los que
constataban que España cumple holgadamente las condiciones para formar
parte del euro a partir del próximo 1.º de enero. Los informes
recomendaron, como todo el mundo conoce ya, la entrada de España como un
país ejemplar en el cumplimiento de las condiciones económicas exigidas
por el euro y auguró que nuestro país --y yo añado que con este Gobierno,
afortunadamente-- mantendrá en los próximos años un crecimiento superior
al de la media de la Unión Europea.

Es ésta por tanto, señorías, la primera comparecencia que el Gobierno
realiza tras la publicación del informe que servirá de base para que los
jefes de Estado y de Gobierno de los Quince decidan en mayo qué países se
integrarán definitivamente en la Unión Europea; en definitiva, desde la
confirmación oficial de que nuestro país entra en el irreversible tramo
de la Unión Económica y Monetaria.

Por eso quería destacar el hecho de que esta comparecencia del Gobierno
se realice precisamente en esta comisión y sobre la cuestión que versa en
el orden del día, porque esta Comisión, señorías, es de Sanidad y de
Consumo, donde los aspectos relativos a la protección de los consumidores
encuentran su necesaria ubicación y donde, al menos este grupo piensa que
estas cuestiones deben debatirse con la profundidad, con el interés y con
la relevancia parlamentaria que merecen.

Mi grupo consideraba la política de consumo de gran relevancia cuando era
el primer partido de la oposición, e igualmente la considera cuando
estamos apoyando al Gobierno del Partido Popular; considera además esta
Comisión el foro adecuado y el momento óptimo para que se hable de este
tema, porque el Parlamento no es sólo un lugar de denuncia permanente y
de ejercicio, en algunos casos de vituperio, sino que además es el
altavoz privilegiado para sustanciar aspectos de la vida de los
ciudadanos de enorme trascendencia futura y que exigen por parte de todos
el tratamiento necesario. Por tanto, minusvalorar estas cuestiones o
pretender que en esta Comisión se hable sólo de aspectos puntuales,
esporádicos y noticiables por su inmediatez o escandalosos por su
tratamiento, y no de aquellos aspectos, de aquellas corrientes de
transformación social que van realmente a modificar la faz de nuestras
sociedades en el futuro próximo, constituye cuanto menos un ejemplo de
cortedad de miras y de ceguera política absolutamente inconcebible.

Es evidente, señorías, la disparidad existente entre la avidez con que
los grandes grupos económicos han seguido las principales acciones
comunitarias, ya sea la política agrícola, ya sea la liberalización de
los servicios, ya sean sectores como el financiero e industrial y el
aparente desinterés y desconocimiento que sobre esta cuestión tienen los
consumidores, a pesar de verse notablemente afectados en su doble
condición de usuarios y contribuyentes.

A veces puede olvidarse que no estamos respondiendo adecuadamente a los
nuevos retos que tenemos por delante



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si no dejamos meridianamente claro, y actuamos en consecuencia, que la
configuración de la Unión Económica y Monetaria adquiere su verdadera
dimensión si supone una ventaja para el consumidor en términos de
posibilidad de elección, de calidad y de precio. Por tanto, nuestro
objetivo ha de ser conseguir que los consumidores tengan la misma
dignidad en su relación con las instituciones nacionales que con las
instituciones comunitarias que están por venir. Ello pasa por conseguir
un mayor crecimiento del conocimiento y de la propia representatividad de
los ciudadanos consumidores y, por descontado, una mayor atención por
parte de los partidos políticos.

Si algún grupo considera que no es materia de suficiente trascendencia y
repercusión esta que nos ocupa, tal vez convenga que los ciudadanos
conozcan realmente esa posición. Mi grupo, por contra, no lo cree así, y
entiende que una vez más se demuestra la peculiar concepción de la
democracia que tienen algunos, sin duda anteponiendo una vez más una
estrategia impropia y responsable, yo diría que hasta infantil.

Señorías, los ciudadanos nos eligen para defender sus intereses y nos
pagan por ello, por tanto merecen un respeto que algunos grupos no les
tienen; y como ya es una costumbre el escaso interés por el trabajo y las
preocupaciones de los ciudadanos --algunos ya se han configurado en
auténticos expertos de marcharse de los sitios--, mi grupo va a pasar
exactamente al motivo de la cuestión.

El hecho es claro, señorías, todas las asociaciones de consumidores de
España consideran que la implantación del euro es probablemente el reto
más importante y fundamental con que se enfrenta el consumidor en los
años futuros; aspectos aparentemente beneficiosos, como la disminución de
precios de los productos, la mayor competencia entre entidades
financieras y la disminución de los tipos de interés, coexisten con otros
probablemente no tan beneficiosos como la adaptación a precios fijos en
euros, los redondeos, los menores rendimientos nominales de las
inversiones y las subidas de tarifas de algunos servicios. En definitiva,
un cúmulo importante de problemas que exigen un gran esfuerzo en materia
de información y de educación de los consumidores.

Señor subsecretario, a mi grupo le parece un acierto la decisión de
trabajar en el medio escolar, tal como propone el libro verde de la
comisión, un esfuerzo de educación y de información que sin duda merece
especial atención en el sector escolar, pero que ha de comprometer no
sólo a las administraciones públicas, al sector privado y a los medios de
comunicación, sino también a todas las fuerzas políticas. Mi grupo
también quiere destacar el esfuerzo que están haciendo las asociaciones
de consumidores por multiplicar las actuaciones de información a los
ciudadanos. Se están produciendo en nuestro país innumerables eventos y
actividades, y fruto de éstos es la difusión que está teniendo la campaña
que usted ha citado: el euro nos abre las puertas. Lástima que a algunos
no les abra también la mente, lo cual sería sin duda muy de agradecer.

Creo que esta campaña es importante en sí misma, pero sobre todo es
importante porque constituye la primera ocasión en que se realiza un
evento de estas características con la plena colaboración de todas las
administraciones públicas, de todos los sectores sociales y de todas las
asociaciones de consumidores. Es curioso pero en este país nunca se había
producido un esfuerzo de sintonía y de trabajo en una misma dirección
para hacer llegar estas propuestas al mayor número posible de ciudadanos
y de consumidores.

Entre las propuestas para mejorar la política de consumo, el Consejo de
consumidores y usuarios ha trasladado recientemente a los grupos
parlamentarios su propuesta número 58, que dice textualmente lo
siguiente: A medida que se acerquen las fechas de la introducción de la
moneda única debe intensificarse la coordinación de la información que se
da al consumidor. En este sentido, las asociaciones de consumidores, como
agentes sociales cercanos al ciudadano, deben mantener una presencia y
una actuación destacada en el proceso. Mi grupo apoya decididamente esta
posición y le instamos, señor subsecretario, a que profundice en la
colaboración con las asociaciones de consumidores, porque mi grupo
parlamentario ve con cierta preocupación que existen dos realidades que
siguen apareciendo en todos los estudios --y usted ha citado uno-- que al
respecto se vienen realizando en nuestro país. Los españoles somos
enormemente optimistas, somos firmes partidarios de todo lo que suponga
integración europea, y al mismo tiempo nos declaramos notablemente
desinformados sobre los aspectos formales y concretos que ello conlleva,
consecuencias de todo tipo y repercusiones cotidianas.

Espero que ambas cuestiones no vayan de la mano, por lo que podrían
suponer de cierta embriaguez europea, que puede devenir en una resaca
cuando aparezcan en toda su dimensión las consecuencias de nuestra
integración. En todo caso, la propia Comisión Europea ha pedido a todos
los países hacer un esfuerzo para conseguir un clima adecuado para la
aceptación y el uso con plena normalidad mediante el correspondiente
diálogo entre las administraciones y los agentes sociales y económicos,
buscando soluciones consensuadas y destacando la tremenda importancia de
la información, de la transparencia y de la neutralidad en todo este
proceso.

Mi grupo quiere resaltar esta regla básica que entendemos debe presidir
todas las actuaciones de la Administración a partir de ahora, y es que
cuanto más fácil lo hagamos para los consumidores, más beneficioso, más
sencillo y más provechoso será para nuestro propio país. Sobre todo,
señorías, el proceso que tenemos por delante es una cuestión de
confianza, de credibilidad y de seguridad para los consumidores, y para
ello hay que realizar un especial esfuerzo --como ha comentado el
subsecretario en su intervención-- en el ámbito de aquellos sectores de
población específicos que merecen una especial atención. Mi grupo quiere
destacar que se refiere a la población rural.

La implantación del euro, señorías, va a tener sin duda importancia y
trascendencia para todos los ciudadanos, pero desde nuestro punto de
vista, la población rural en nuestro país puede verse especialmente
afectada por lo que suponga de modificaciones sustanciales en ámbitos
cotidianos de la actuación de gran parte de nuestra población. Por eso
pediríamos al señor subsecretario un esfuerzo especial



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de común acuerdo con las administraciones autonómicas y municipales en
este ámbito, porque estas distorsiones que se van a producir sin duda van
a influir en el cuidado de a pie, que no es obviamente el que accede a
Internet, sino más bien el que difícilmente comprende el mando a
distancia de su propia televisión, y ahí es donde hay que hacer realmente
el esfuerzo.

Especialmente oportuna le parece a este grupo además la puesta en marcha
del observatorio de seguimiento de la implantación del euro en el ámbito
del consumo, un órgano consultivo, asesor y de colaboración, en el que
van a estar, como ha dicho, los sectores empresariales y las pequeñas y
medianas empresas. Y yo me permitiría pedirle que, con independencia de
que habrá que evaluar el funcionamiento --y espero que este tenga amplia
repercusión--, estudiara la posibilidad de que este observatorio tuviera
continuidad, porque creo que es una gran idea y que es un ámbito, el del
consumo, en el que este tipo de mecanismos tienen una especial incidencia
y una especial importancia. En nuestro país existen ya experiencias, en
el ámbito de la droga y en el de las pequeñas y medianas empresas, y el
ámbito del consumo no sólo no se agota con la implantación del euro y con
la finalización de su proceso, sino que tendrá sin duda una continuidad
en los próximos años, en las próximas décadas, que hace especialmente
importante que este observatorio se diseñe con voluntad de continuidad.

Lo que pedimos no es evidentemente bombardear al ciudadano con
pretendidas bonanzas ni con escenarios idílicos de consumidores rodeados
de fantásticas posibilidades, como si fueran los jardines de Alamut,
pero, como ha dicho el presidente Santer, y lo compartimos en el Grupo
Parlamentario Popular, va a ser el mayor acontecimiento de la historia
europea, con más de trescientos millones de habitantes en una mercado
único, con el 19,4 por ciento del PIB mundial, con el 18,6 por ciento del
volumen comercial internacional. Creo que es un momento óptimo para
felicitarnos --como ha dicho el presidente Aznar, ninguna mala política
da buenos resultados, y éste es un caso especialmente significativo de
ello-- y que es el momento de mirar hacia el futuro, porque los
problemas, sin duda, son otros cuando las cosas van bien, pero son
problemas y necesitan previsiones y respuestas.

Señor subsecretario, su departamento, la administración que dirige, ha de
pilotar en gran medida el proceso y los técnicos de nuestro país están
estudiando con mucho interés esta fase llamada del nuevo consumo. Por
primera vez en mucho tiempo, en España están creciendo a la vez el ahorro
y el consumo, crece el poder adquisitivo, crece la renta disponible,
crece la estabilidad y la confianza en el futuro, pero también este lado
positivo tiene su vertiente problemática si no sabemos atender con
eficacia esta información y esta protección de los consumidores. Algunos
corren a apuntarse ahora la paternidad de la criatura y, aunque me
resisto a hacer chistes sobre la cuestión, sí pienso que, como dice la
célebre frase, el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano.

Afortunadamente, la criatura ha venido al mundo en un entorno mucho más
adecuado y me permito decir que más higiénico del que hubiera tenido con
otro gobierno; además, señorías, sin anomalías congénitas. En todo caso,
estos problemas que tenemos por delante exigen respuestas, exigen
planteamientos serios y estoy convencido de que sabremos hacerlo entre
todos.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Gracias,
señor diputado, porque yo creo que ha corroborado algunas cuestiones que
el departamento está llevando a cabo en relación con este tema.

Estoy totalmente de acuerdo con el señor diputado en la importancia que
tiene en general esta Comisión, las materias relacionadas con el consumo
y muy específicamente esta cuestión de la implantación del euro. Ha
citado también al presidente de la Comisión Europea, pero es que es un
tema realmente trascendental, no solamente en este ámbito del consumo,
sino para el país, mucho más que otros temas que son sólo apariencia,
puro humo, y a los que sin embargo se da una mayor cabida. Yo pienso que
a los consumidores y a sus asociaciones les gustaría saber el interés por
este tema en esta Comisión, precisamente porque a ellos se lo merece. A
mí me han transmitido todas y cada una de las organizaciones de
consumidores el interés que tienen en que permanentemente estemos
trabajando con ellos en esta materia y yo también estoy un poco
sorprendido, como lo está el señor diputado, por la aparente desconexión
entre los intereses de los consumidores y el interés que puede haber por
este tema en este momento en esta Comisión.

Estoy de acuerdo asimismo con el planteamiento que hace el señor diputado
en relación con que, como pasa en otras áreas, siempre en cuanto al
consumo, hay de partida un desequilibrio entre la posición de las
empresas, de los grandes conglomerados, y la posición del consumidor,
desequilibrio que es nuestra obligación disminuir y corregir, justamente
reforzando la información y la formación del propio consumidor, para que
tenga las mismas oportunidades que tiene el otro elemento del binomio en
el conocimiento de esas materias y, por tanto, que esté seguro en el
manejo de las nuevas situaciones. El Instituto Nacional de Consumo, el
Ministerio de Sanidad y Consumo están trabajando siempre en beneficio de
conseguir este equilibrio necesario entre consumidores y productores.

Comparto asimismo que debemos insistir con las asociaciones de
consumidores en esta materia, que debemos trabajar de una forma cercana
con ellos, debemos mantener un especial acercamiento a aquellos
colectivos que tienen menores posibilidades de acceder a la información
por una cuestión de lejanía, por una cuestión de formación o por otra
serie de motivos. En este caso, tenemos que hacer un especial hincapié, y
lo he comentado en mi intervención, tenemos que dirigirnos
específicamente a esos colectivos para que puedan acceder a la
información necesaria para su buen uso, su buen manejo, y para que queden
en buena situación ante la introducción de la moneda única. Es un
objetivo prioritario del Ministerio acercarse específicamente a esos
colectivos.




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En conjunto, yo terminaría diciendo que sí tenemos interés en mantener el
observatorio, una vez que se cree, que es importante mantenerlo y hacer
un seguimiento de todas las vicisitudes que puedan ocurrir en este
complejo proceso, y desde luego, estaremos permanentemente apoyando a los
consumidores, dándoles toda la información y toda la formación que
necesiten para que puedan sentirse cómodos en una situación que cambia
radicalmente su posición, la posición de todos, y al mismo tiempo que no
estén en desventaja con los consumidores ni con los productores de este y
de otros países.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR GIL MELGAREJO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),
SOBRE EVOLUCION DEL GASTO FARMACEUTICO, A MES DE OCTUBRE DE 1997 (Número
de expediente 181/001189).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día,
preguntas.

La primera pregunta es evolución del gasto farmacéutico a mes de octubre
de 1997, cuyo autor es don Juan Antonio Gil Melgarejo.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.




El señor GIL MELGAREJO: Señor presidente, antes de formular la pregunta,
me gustaría solicitar al subsecretario de Sanidad y Consumo que, si tiene
datos suficientes y dispone de ellos ahora, expusiera en esta
comparecencia la evolución del gasto farmacéutico a diciembre de 1997, o
lo que es lo mismo, al cierre del ejercicio de 1997.

En caso de que se aceptara esta propuesta por el señor Castellón y por la
Mesa, mi pregunta se formularía en los siguientes términos: ¿Puede el
subsecretario de Sanidad y Consumo exponer ante esta Comisión la
evolución del gasto farmacéutico durante el ejercicio 1997 y su
comparación con el registrado durante el ejercicio de 1996? Entiendo que
es la misma pregunta, actualizada, debido al tiempo transcurrido entre su
presentación y la comparecencia en estos momentos para la resolución de
esta pregunta.

También me gustaría, y forma parte de la pregunta, que me contestara si
ha mejorado o ha empeorado, si se ha podido contener primero y
posteriormente reducir el gasto farmacéutico y qué política o políticas
han incidido directa o indirectamente en esos resultados. ¿Esas
políticas, en su opinión, se deben a un plan de choque o son meramente
conyunturales? ¿Se han prescrito durante el año 1997, señor
subsecretario, más o menos recetas que el año 1996? ¿Cree que cada día se
tienen más en cuenta los criterios sobre el uso racional del medicamento
por parte de los profesionales? Finalmente, señor Castellón, ¿cuál ha
sido la incidencia de este gasto farmacéutico sobre el gasto sanitario
total durante el año 1997?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Contestaré
globalmente a todas las preguntas que me hace el señor diputado y le
puedo decir que el análisis de los datos de evolución del gasto
farmacéutico a través de recetas del Sistema Nacional de Salud durante
1997 es afortunadamente muy positivo, ya que, frente a un incremento del
gasto en 1996 con respecto a 1995 del 11,36 por ciento, el del año 1997
con respecto a 1996 ha sido sólo de un 5,42 por ciento para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud, como digo. En valores absolutos, en el año
1997, el gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud fue de 856.969
millones de pesetas.

Creo que esta desaceleración del crecimiento del gasto es el resultado de
las diferentes medidas que ha introducido el Ministerio de Sanidad y
Consumo, dirigidas a racionalizar la prestación farmacéutica pública y a
controlar esa importante partida de gasto, sin menoscabar en el camino el
contenido de la prestación. Entre estas medidas, como SS. SS. conocen, se
incluyen, en primer lugar, las de carácter estructural, en este caso
coyuntural, como es el acuerdo firmado con Farmaindustria el 1 de agosto
de 1996, que ha sido sustituido posteriormente por el suscrito el 22 de
enero de 1998. Esta medida sí que es estructural, la modificación en los
márgenes comerciales en las oficinas de farmacia y las distribuidoras de
productos farmacéuticos, o la política de fomento, que también es un
componente estructural porque está trasladada a una normativa concreta, a
la fabricación, registro y prescripción de medicamentos genéricos.

Existen otras iniciativas de carácter instrumental o de gestión, como ha
sido, en el ámbito del Insalud, el establecimiento de programas de uso
racional del medicamento a nivel de las gerencias de atención primaria y
áreas de salud, la elaboración de boletines farmacoterapéuticos a nivel
de las áreas y la introducción de terminales autónomos informáticos en
atención primaria, lo que permite mejorar la capacidad de control y
racionalidad de la prestación farmacéutica.

Contesto a su pregunta específica de si creo que se usan más los
criterios de uso racional en el medicamento diciéndole que sí se usan
cada vez más y cada vez más se hace precisamente a través de los acuerdos
con los propios colectivos de profesionales. De hecho, son crecientes los
servicios de salud que manejan guías terapéuticas y protocolos de
aquellos medicamentos para patologías más prevalentes, pero también con
importantes disquisiciones acerca de qué medicamentos son más o menos
eficaces. Estas políticas, que se manejan incluso en algunas comunidades
eventualmente, consideran que estos medicamentos que no son entendidos
por sus profesionales como eficaces dan rápidamente la vuelta a esta
cuestión. La respuesta, por tanto, sería que efectivamente el uso
racional del medicamento cada vez se lleva a cabo con más profundidad.

Tengo que decir también al señor diputado --además lo hemos comentado
hace un momento, en mi comparecencia



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sobre el euro en relación al papel de los consumidores-- que los propios
consumidores están interesados en el mayor conocimiento sobre un uso
racional de los medicamentos y han solicitado desarrollar iniciativas en
esta materia. Nos hemos puesto en contacto, porque creemos que es
esencial, con las propias sociedades científicas médicas, a las que
asimismo interesan estas cuestiones, y probablemente en los próximos
meses llevaremos a cabo un trabajo conjunto consumidores y concretamente
la Sociedad Española de Medicina familiar y comunitaria sobre educación
en el uso racional del medicamento. Las iniciativas se multiplican y
previsiblemente mejoraremos mucho en esta materia.

Para una mayor información, considerando los diferentes ámbitos de la
gestión de la asistencia sanitaria, le diré que la evolución del gasto
durante el año 1997 fue la siguiente: En el territorio del Insalud, el
gasto farmacéutico fue de 304.401 millones de pesetas, lo que representó
un incremento del 4,68 por ciento con respecto a 1996. En 1996, con
respecto al año anterior, el gasto había sufrido un incremento del 11,16
por ciento. Para el conjunto de las comunidades autónomas con
competencias en gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, el gasto farmacéutico en 1997 fue de 552.568 millones de pesetas,
lo que representa un incremento del 5,87 por ciento con respecto al año
anterior. En 1996, comparando con 1995, fue del 11,46 por ciento.

En lo que se refiere al número de recetas, el crecimiento también ha sido
menor, siendo en 1997, respecto a 1996, del 1,93 por ciento para todo el
Sistema Nacional de Salud. El Insalud ha sido la segunda entidad con
menor crecimiento en recetas, el 1,48 por ciento. En el conjunto de las
comunidades autónomas con competencias en asistencia sanitaria, el
crecimiento en el número de recetas fue del 2,18 por ciento. Este dato
también representa una desaceleración en el número de recetas prescritas,
ya que en 1996, con respecto a 1995, hubo un crecimiento de un 5,02 por
ciento. Todo esto tiene mucho que ver con un manejo más racional de
medicamento por parte de los prescriptores. En cuanto al gasto medio por
receta, y esto parece lógico teniendo en cuenta cómo van apareciendo
nuevos medicamentos con precios más elevados, en 1997 ha sufrido un
incremento de un 3,10 por ciento con respecto al año 1996.

Tengo una tablas con los importes de los dos períodos 1995-1996 y
1996-1997, desagregados por comunidades autónomas, con la evolución del
gasto y el número de recetas en el Sistema Nacional de Salud en el año
1997, que están a la disposición del señor diputado, si lo estima
conveniente.




--DEL SEÑOR GUTIERREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL LIBRO DEL RESIDENTE
(Número de expediente 181/001309).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta: Modificaciones
previstas en el libro de residente. Su autor es don Antonio Gutiérrez
Molina, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.




El señor GUTIERREZ MOLINA: El objeto de la pregunta viene a cuento de las
declaraciones de la subdirectora general de Formación Sanitaria en el
sentido de que el Ministerio tiene previsto, y en principio nos parece
muy bien, la posibilidad de que los tres libros actuales de residentes,
que constan de tres áreas generales, la primaria, la especializada y la
preventiva, pudieran aumentarse, al dividir la especialidades
hospitalarias por materias troncales, es decir, las correspondientes al
área médica, al área quirúrgica, a los servicios centrales, a
radiofísica, a psiquiatría y a psicología, si bien en estas tres últimas
deberían fijarse las características específicas que pudieran tener.

También, en otras comparecencias y declaraciones en otros foros, el
presidente de la Comisión Nacional de Especialidades decía que el libro
del residente era siempre un libro abierto a modificaciones y que era
necesario esbozar la reforma de la que le estoy hablando como preámbulo
de la pregunta.

A nosotros nos parece que el libro del residente, por ser de obligado
cumplimiento, al venir contemplado en el desarrollo de una orden
ministerial, es fundamental, imprescindible y absolutamente necesario,
por la incidencia que tiene en homogeneizar, si se me permite la
expresión, y sobre todo en unificar, no sólo los criterios de formación
asistencial, sino también la actitud frente al enfermo.

Desde ese punto de vista y al quedar claro, como preámbulo de la
pregunta, lo imprescindible que nos parece dicho libro, considerando
además el período de rodaje que está teniendo, que creemos que es
suficiente para poder esbozar algún tipo de reforma, nos gustaría que
pudiera informarnos en este momento si piensa realizar modificaciones en
él y cuáles son, si es que puede adelantárnoslas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Como bien
ha dicho el señor diputado, el libro del residente es un instrumento de
información, registro de actividades, control de objetivos formativos y
evaluación individual de cada residente, que estaba previsto, además, en
los apartados octavo y décimo de la orden de 12 de junio de 1995, por la
que se regulan las comisiones de docencia y los sistemas de evaluación de
la formación de médicos y farmacéuticos especialistas. Es, por tanto, el
instrumento apropiado para documentar las actividades asistenciales,
docentes y de investigación realizadas durante el período formativo por
cada especialista en formación.

En 1997, iniciamos su implantación, en principio como un proyecto piloto
abierto a las sugerencias que se formulen, tanto por las comisiones de
docencia y residentes directamente implicados, como por las entidades
públicas o privadas titulares de las instituciones sanitarias donde se
imparte formación sanitaria especializada.

Aun cuando todavía no han finalizado los períodos formativos de la
primera promoción de residentes que ha hecho



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uso de este libro y, por tanto, sería prematuro extraer conclusiones
definitivas, sin embargo, sí que puedo decirle que, de la experiencia
adquirida hasta el momento así como de las sugerencias recibidas, ya se
desprenden algunas consideraciones importantes que le voy a explicitar.

En primer lugar, que el libro del residente ha tenido un funcionamiento
que cabe calificar como muy positivo en las especialidades de medicina
familiar y comunitaria y de medicina preventiva y salud pública, cada una
de las cuales cuenta con un libro específico. A estos efectos, en el
libro de medicina preventiva y salud pública no ha sido preciso
introducir ninguna modificación, mientras que en el de medicina familiar
y comunitaria ya se han introducido algunas mejoras puntuales, sobre el
formato existente, que han sido aceptadas por la Comisión nacional de
esta especialidad.

En segundo lugar, que la experiencia que se va adquiriendo día a día con
los libros del residente específicos, es decir, medicina familiar y
comunitaria y medicina preventiva y salud pública, frente al libro del
residente genérico en el resto de las especialidades, ha aconsejado para
estos últimos, para el resto de especialidades, justamente además como
decía el señor diputado, la creación de una nueva línea de actuación
intermedia mediante la elaboración de distintos libros del residente. Uno
para el área médica, que se referiría a especialidades tales como
cardiología, medicina interna, neurología, nefrología, etcétera, todas
las especialidades médicas. Otro para el área quirúrgica, que afectaría a
especialidades como cirugía general y del aparato digestivo, cirugía
cardiovascular, cirugía torácica, angiología y cirugía vascular,
etcétera. Y un tercer libro que se referiría a las especialidades
incluidas bajo la denominación de lo que comúnmente se conoce como
servicios centrales y que afectaría a especialidades tales como análisis
clínicos, microbiología y parasitología, anatomía patológica, bioquímica
clínica, etcétera.

La tercera conclusión que hemos sacado de la experiencia hasta ahora
recogida es que las especialidades relacionadas con la salud mental, es
decir, psiquiatría y psicología clínica, requieren claramente un libro
del residente específico, ya que estos profesionales se forman en
unidades docentes de carácter multiprofesional en las que además se
integran distintos dispositivos asistenciales que requieren un
tratamiento específico.

Finalmente, como última conclusión, también requiere un libro del
residente específico la especialidad de radiofísica hospitalaria,
especialidad de reciente creación a través del Real Decreto 220/1997, en
la medida en que los conocimientos adquiridos por la misma, al referirse
a la planificación, aplicación e investigación de las técnicas utilizadas
por la física de las radiaciones en los exámenes y tratamientos médicos
que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes, así como el control
de calidad de las instalaciones empleadas, se centran en unos contenidos
formativos que no se adecuan al esquema clásico de las especialidades
médicas.

En conjunto, estas consideraciones han supuesto la apertura de otras
tantas líneas de trabajo que requieren un cierto tiempo para que puedan
plasmarse en propuestas concretas que, antes de llevarse a la práctica
por nosotros, deberán someterse a informe de los consejos nacionales de
especialidades médicas y de especializaciones farmacéuticas y de las
comisiones de docencia de los distintos centros acreditados para la
formación de especialistas.




--DEL SEÑOR GUTIERREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE VALORACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE
SALUD, POR EL QUE SE CREA UNA COMISION PARA QUE REGULE Y VIGILE LA
CALIDAD DE LOS CURSOS DE FORMACION QUE RECIBEN LOS MEDICOS EN EJERCICIO
(Número de expediente 181/001310).




El señor PRESIDENTE: Por último, la pregunta formulada también por el
señor Gutiérrez Molina, sobre valoración del acuerdo del Consejo
Internacional de Salud, por el que se crea una comisión para que regule y
vigile la calidad de los cursos de formación que reciben los médicos en
ejercicio.

Tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.




El señor GUTIERREZ MOLINA: Evidentemente, la pregunta venía viciada de un
lapsus calami que ha persistido hasta la presentación en la mesa, puesto
que, como el señor presidente fácilmente habrá observado, no se refiere a
ningún Consejo Internacional de Salud, sino al Consejo Interterritorial
de Salud.

Hecha esta aclaración, que era ociosa, puesto que todas SS. SS. se habrán
dado cuenta fácilmente del error, la pregunta se debía a que estamos
asistiendo a una enorme lluvia de cursos, masters, diplomaturas,
etcétera, de toda clase y condición, que levanta expectación entre los
profesionales de la salud interesados en su formación y entre todos los
profesionales sanitarios, puesto que no se refiere solamente a los
médicos sino a toda la gama de profesionales de la salud. Lo cierto es,
señor presidente, que muchas veces nos llegan quejas o sugerencias,
porque no siempre los cursos tienen la calidad y rigurosidad, en cuanto a
los planteamientos del programa, formación, objetivos, discusiones,
material científico, etcétera, mínimamente exigibles, sobre todo, por su
repercusión en la formación profesional de este colectivo al que estamos
haciendo referencia.

Por ello, en principio, a nosotros, como grupo, y a mí personalmente,
como diputado, me pareció bueno que en el seno del Consejo
Interterritorial de Salud se creara una comisión para regular y vigilar
la calidad de los cursos de formación que reciben no solamente los
médicos en ejercicio, sino que yo lo ampliaría, aprovechando esta
intervención, a cualquier profesional de la salud. Nos gustaría que esa
comisión fuera verdaderamente un órgano lleno de contenido, porque no se
trata de una actitud de regulación o de vigilancia provisional o
aleatoria, que fuera una comisión en la que se analizara y se evaluara,
sobre todo a posteriori, la calidad de los cursos formativos que reciben
los



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profesionales de la salud y los médicos en ejercicios en particular.

Ese es el objeto de la pregunta, pedir la valoración del Gobierno sobre
este acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, por el que se crea la
comisión de regulación y vigilancia de la calidad de los cursos
formativos que reciben los médicos en ejercicio, haciendo la salvedad que
ya he hecho, señor presidente, de que me refería principalmente a los
profesionales de la salud.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Señor
presidente, como ya ha explicado el diputado en la presentación de la
pregunta, la formación continuada tiene una alta importancia, en general,
en todos los campos de la actividad humana, pero se hace más evidente en
el mundo sanitario por diferentes razones, entre las que destaca el gran
valor objetivo y subjetivo que, tanto a nivel individual como social,
tiene el bien salud, y el constante y acelerado proceso de evolución,
progresión y desarrollo que caracteriza los conocimientos científicos y
los medios técnicos que aplican y utilizan los profesionales sanitarios.

Precisamente para ello y para mantener e incrementar la calidad de los
servicios sanitarios, es imprescindible que los profesionales sanitarios,
que son quienes en definitiva aplican las técnicas y los conocimientos,
mantengan actualizados, a través de la formación permanente, tanto su
nivel científico como sus aptitudes profesionales.

A pesar de la importancia que en el ámbito sanitario tiene esta materia,
no está configurada la formación continuada con una formación reglada.

Por esta razón y para satisfacer la necesidad de formación sentida por
los propios profesionales, han proliferado, como dice el señor diputado,
numerosas actividades formativas desarrolladas por múltiples agentes de
carácter público o privado. Sin embargo, a pesar de su elevado nivel
científico, al no existir una regulación de esta formación, se carece de
los mecanismos adecuados para garantizar y asegurar su calidad objetiva,
tanto para el sistema sanitario como para los propios profesionales.

Teniendo en cuenta lo que les comento, se hacía necesaria la implantación
de un sistema de acreditación coordinado y específicamente diseñado para
responder a las características propias de nuestro Sistema Nacional de
Salud. Con estas premisas se iniciaron, en el primer trimestre de 1997, a
través de un grupo de trabajo de la Comisión de formación y ordenación de
las profesiones sanitarias del Consejo Interterritorial, las actuaciones
dirigidas a delimitar, definir y desarrollar un sistema coordinado de
acreditación, que ha culminado con la presentación en el Consejo
Interterritorial del pasado día 15 de diciembre de un proyecto de
convenio de conferencia sectorial sobre formación sanitaria continuada de
los profesionales sanitarios, que fue aprobado por el Pleno. Además,
tengo que decirle que es el primer convenio de conferencia sectorial, que
da una formalización mucho mayor que cualquier acuerdo que en otras
condiciones se pudiera haber tomado por el Consejo Interterritorial. Este
convenio de conferencia sectorial fue firmado por todos los consejeros
implicados en este proceso de formación continuada.

En virtud de este convenio de conferencia sectorial se creó
inmediatamente después la Comisión de formación continuada del Sistema
Nacional de Salud, que establecerá un sistema --ya está trabajando en
ello-- de acreditación válido para todo el sistema, de carácter
inicialmente voluntario y descentralizado, basado en la coordinación y en
la colaboración eficaz de todas las administraciones públicas. Dicho
sistema responde a la necesidad, por una parte, de supervisar la calidad
de las actividades formativas impartidas por centros e instituciones y,
por otra, de resaltar el carácter profesional que tiene la formación
continuada, cuyo fin no es adquirir nuevos títulos, sino actualizar la
especialidad que se ejerce.

La Comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud,
derivada de este convenio de conferencia sectorial, fue constituida en un
acto público el pasado día 22 de enero de este mismo año en Sevilla.

Desde esa fecha la Comisión, mediante comisiones permanentes y/o grupos
de trabajo, está definiendo el sistema de acreditación de actividades
formativas y de centros e instituciones, así como el procedimiento
acreditador tanto para las propias actividades formativas como para los
centros o instituciones que las imparten.

Para la Presidencia de la Comisión fue elegido en aquella reunión de
Sevilla el representante del Ministerio de Sanidad y Consumo,
concretamente el subdirector de Relaciones Profesionales, y en su última
reunión del pasado día 24 fue designado el doctor Sánchez Nicolay, que es
el presidente de la Organización Médica Colegial, como vicepresidente de
la citada Comisión.

Por todo ello, la creación de esta Comisión de formación continuada del
Sistema Nacional de Salud yo creo que debe valorarse de forma muy
positiva, dada su utilidad intrínseca para avanzar en mejorar la calidad
de la asistencia sanitaria, por ser un elemento de mejora de la
motivación y satisfacción de los profesionales sanitarios y por
contribuir a la mejora de su capacitación científica y técnica. Además,
esta formación continuada, reglada y acreditada, se configura como uno de
los elementos básicos de la futura carrera profesional en el conjunto del
Sistema Nacional de Salud.

En las próximas semanas se incorporarán a esta Comisión de formación
continuada los representantes de tres profesiones más, enfermería,
veterinaria y farmacia, igual que en el caso de los profesionales
médicos, los presidentes de sus consejos generales.

Esto es todo lo que tenía que decir respecto a esta pregunta.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el orden del día y agradeciendo al señor
subsecretario su comparecencia, se levanta la sesión.




Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.