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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 415, de 25/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 415
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 31
celebrada el miércoles, 25 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de los señores que se relacionan, para informar sobre el
marco de relaciones para la contribución y participación española en
misiones internacionales de observación de la Organización de Naciones
Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
así como los procedimientos de selección de dichos observadores:
--Señor director general para las Naciones Unidas, la Seguridad y el
Desarme (Garrigues Flórez). A solicitud del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 212/001143) (Página 12081)
--Señor director general de Política Exterior para Europa y América del
Norte (Rodríguez-Spiteri Palazuelo). A solicitud del Grupo anterior
(Número de expediente 212/001201) (Página 12081)
--Señor secretario general de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (Espinosa Fernández). A solicitud del mismo Grupo
parlamentario (Número de expediente 212/001202) (Página 12081)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre datos de
los que dispone el Gobierno español acerca de actividades de represión
sistemática contra miembros de la etnia bubi
en la República de Guinea y actuaciones acordadas, en su caso, por el
Gobierno español para conseguir su cese (Número de expediente 181/001292)
(Página 12098)
--De la señora Martínez González (Grupo Socialista del Congreso), sobre
partida presupuestaria con cargo a la que se ha formalizado la aportación
española comprometida de cuatro millones de dólares destinados al Acnur
para el programa de repatriación de refugiados y en apoyo a la ejecución
del mencionado plan de arreglo para el Sahara Occidental (Número de
expediente 181/001296) (Página 12099)
--De la misma señora Diputada, sobre representantes españoles designados
ante el Acnur que vayan a prestar su servicio en dicho organismo, en
cualquiera de las fases del plan de arreglo para el Sahara Occidental
(Número de expediente 181/001297) (Página 12100)
--De la misma señora Diputada, sobre modo de articulación de la
participación de expertos españoles acreditados ante el Acnur, con el fin
de colaborar y garantizar las condiciones establecidas en las diversas
fases del plan de arreglo para el Sahara Occidental (Número de expediente
181/001298) (Página 12100)
--De la misma señora Diputada, sobre garantía del retorno posterior a
nuestro país de los saharauis residentes en territorio español, tras su
participación durante la campaña y celebración del referéndum acordado
(Número de expediente 181/001300) (Página 12100)
--De la misma señora Diputada, sobre traslado a la ONU de la voluntad de
cooperación española en la celebración del referéndum del Sahara (Número
de expediente 181/001301) (Página 12100)
--De la misma señora Diputada, sobre incidencias que están surgiendo en
el desarrollo de la actual fase de identificación de votantes del Sahara
Occidental (Número de expediente 181/001302) (Página 12100)
--Del señor Guardans i Cambó (Grupo Catalán, Convergència i Unió), sobre
el grado de participación en las reuniones del comité preparatorio sobre
el establecimiento de un Tribunal penal internacional (Número de
expediente 181/001313) (Página 12103)
--Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso),
sobre valoración de las recientes iniciativas de la Unión Europea como
consecuencia de los ataques terroristas y las masacres ocurridas en
Argelia (Número de expediente 181/001321) (Página 12105)
--Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Parlamentario Mixto), sobre acciones
diplomáticas desarrolladas para promover la cooperación internacional
contra el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales de grupos
delictivos organizados provenientes de Rusia y otros países del Este
(Número de expediente 181/001351) (Página 12106)
--Del señor Navas Amores (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre gestiones realizadas por España y Estados Unidos para la
sustitución del anterior embajador Richard Gardner (Número de expediente
181/001366) (Página 12108)
--Del señor Alcaraz Ramos (Grupo Parlamentario Mixto), sobre acciones
desarrolladas para contribuir a solucionar la situación de vulneración de
los derechos humanos en el Timor Oriental (Número de expediente
181/001369) (Página 12109)
Dictamen sobre:
--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de 1997 (Número de expediente
110/000152) (Página 12111)
--Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de
Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997 (Número de expediente
110/000153) (Página 12111)
--Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallínn el 11
de noviembre de 1997 (Número de expediente 110/000154) (Página 12111)
--Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
Declaración que España va a formular al mismo (Número de expediente
110/000156) (Página 12112)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Costa Rica, hecho en San José de
Costa Rica el 8 de julio de 1997 (Número de expediente 110/000158)
(Página 12113)
--Convenio entre el Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia
a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997 (Número de expediente 110/000159) (Página 12114)
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 1 de diciembre de 1997
(Número de expediente 110/000160) (Página 12115)
--Tratado de la OMPI, sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia
Diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (Número de expediente
110/000161) (Página 12115)
--Tratado de la OMPI, sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas,
adoptado por la Conferencia Diplomática en Ginebra el 20 de diciembre de
1996 (Número de expediente 110/000162) (Página 12115)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de
noviembre de 1997 (Número de expediente 110/000163) (Página 12116)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LOS SEÑORES QUE SE RELACIONAN, PARA INFORMAR SOBRE EL
MARCO DE RELACIONES PARA LA CONTRIBUCION Y PARTICIPACION ESPAÑOLA EN
MISIONES INTERNACIONALES DE OBSERVACION DE LA ORGANIZACION DE NACIONES
UNIDAS Y LA ORGANIZACION PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACION EN EUROPA,
ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE DICHOS OBSERVADORES:
--SEÑOR DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME (GARRIGUES FLOREZ). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 212/001143).
--SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA EUROPA Y AMERICA DEL
NORTE (RODRIGUEZ-SPITERI PALAZUELO). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/001201).
--SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (ESPINOSA FERNANDEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/001202).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores miembros de la
Comisión de Asuntos Exteriores. Se inicia esta sesión, que se va a
celebrar de acuerdo con el orden del día que todos ustedes conocen,
comenzando con las comparecencias de los señores Espinosa, Garrigues y
Rodríguez-Spiteri, solicitadas por el Grupo Socialista del Congreso, para
informar sobre el marco de relaciones para la contribución y
participación española en misiones internacionales de observación de la
Organización de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, así como los procedimientos de selección de dichos
observadores. Las tres comparecencias forman parte del mismo ámbito de
solicitud y de temas, con lo cual procederé a dar la palabra
sucesivamente a los tres comparecientes y luego, en un solo turno,
empezando naturalmente por el demandante, el Grupo Socialista, a los
portavoces de los distintos grupos.
Sin más cuestiones previas, empezamos por el señor Espinosa, secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Gracias, señor presidente.
Señorías, a partir de la década de los ochenta, España comenzó a acudir a
las llamadas de envío de los observadores de procesos electorales,
inicialmente en el contexto de Naciones Unidas y posteriormente también a
requerimiento de la Unión Europea, la OSCE, la OEA y otros organismos
internacionales. El proceso de envío de observadores españoles
normalmente se inicia a propuesta de la dirección general del Ministerio
de Asuntos Exteriores competente en esa materia y, a partir de ahí, se
toma la decisión por parte de la Secretaría General de Política Exterior.
Hasta el momento, España ha enviado observadores a numerosos procesos
electorales en muchísimos países de
Africa e Iberoamérica. Así, por ejemplo, en el ámbito de Naciones Unidas
hemos participado en los procesos de El Salvador, Sudáfrica, Angola,
Mozambique y Haití, misiones que en algunos casos fueron coordinadas con
otras similares enviadas por la Unión Europea, en las que también
participaron observadores españoles. Interesa mencionar también que desde
1992, y en el ámbito de Naciones Unidas, España ha enviado expertos, no
ya en calidad de observadores electorales sino como consejeros de
planificación en dichos procesos, a países como Togo, Níger, México,
Costa de Marfil, Gabón, Zaire y Congo-Brazzaville. También interesa
destacar que la Agencia Española de Cooperación Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores tiene suscrito, desde junio de 1991, un
acuerdo marco en el programa de voluntarios de Naciones Unidas, cuya sede
actual está en Bonn, Alemania, al amparo del cual, y mediante la firma de
planes operativos anuales, la AECI financia un determinado número de
voluntarios españoles que se destinan a proyectos del sistema de Naciones
Unidas y a otras actividades entre las que se incluyen las misiones de
observación electoral. A través de este programa se han enviado
observadores electorales a Ruanda, Mozambique y Bosnia.
A partir del año 1994, a tenor del incremento de misiones de observación
electoral, se estableció una estrecha colaboración entre la Subdirección
de Procesos Electorales del Ministerio del Interior, la Oficina del
Embajador permanente para operaciones de mantenimiento de la paz y la
Oficina de derechos humanos, con el fin de definir una estrategia en
cuanto a la forma de la participación española en estas misiones,
elaborándose un listado de posibles candidatos y celebrándose seminarios
y sesiones informativas al respecto y cursillos de formación para los
elegidos que tomaran parte en esas misiones. Como consecuencia de esta
creciente implicación de España en actividades de observación y
asistencia, en 1994 se enviaron diez observadores a Guatemala, en 1995
siete observadores de larga duración y otros siete de media a Palestina,
además de un experto especial, 32 supervisores y 23 voluntarios a las
primeras elecciones de Bosnia-Herzegovina, y más recientemente quince
observadores a las elecciones de Albania. A este respecto es importante
destacar que en los dos últimos años la coordinación y mayor
participación internacional en procesos electorales se está realizando en
el ámbito de la OSCE, encargándose de la coordinación y gestión la unidad
OSCE de la Dirección General de Europa.
En relación con los aspectos logísticos y administrativos hay que decir
algunas cosas. La primera, que el envío de observadores se computa como
ayuda oficial al desarrollo por decisión del Comité K de la OCDE. Por eso
la Agencia Española de Cooperación Internacional es la encargada de los
aspectos logísticos y administrativos de estos envíos. En la organización
de la participación española hay dos aspectos sumamente importantes que
deben tenerse en cuenta. El primero se refiere a la financiación de dicha
misión, especialmente en el caso de que las mismas no estén
subvencionadas por la organización demandante, cosa que es la más
frecuente. Las limitaciones presupuestarias y las rígidas reglas de
gestión de la cooperación española delimitan con frecuencia la dimensión
del apoyo que se puede prestar a este tipo de misiones. En efecto, las
estrictas reglas financieras para la administración de fondos y las
disposiciones particulares de la Intervención Delegada de Hacienda
imponen serias limitaciones en lo referente al pago de honorarios, gastos
de viaje y dietas de los participantes en dichas misiones y la posterior
justificación de los mismos. Esto sucedió, por ejemplo, en 1996, con
ocasión del envío urgente de dos observadores a las elecciones
bolivianas, en las que hubo serias dificultades para hacer frente al pago
de dietas, viajes y honorarios de los mismos. En el caso reciente de
misiones electorales coordinadas por la OSCE y tratando de buscar
soluciones a estos problemas, en estrecha coordinación con las
direcciones generales del Ministerio de Asuntos Exteriores involucradas
en la materia, se han estudiado diversas fórmulas, llegándose a la
conclusión de que la más sencilla, rápida y operativa para atender las
solicitudes que nos llegan es organizar el envío de observadores en
colaboración con las ONG con capacidad para hacerlo. La favorable
experiencia de estas operaciones a las que me acabo de referir marca un
camino que, en mi opinión, vale la pena seguir y reforzar para los casos
similares que se presenten en el futuro.
El segundo problema al que se enfrenta al tener que atender solicitudes
de participación en misiones electorales se refiere a la identificación
de las personas idóneas, problema que se agrava en función del número de
observadores que se nos solicita. La AECI dispone, no obstante, de una
base de datos de expertos de la que se extraen candidatos apropiados para
cada caso en función de su experiencia en la materia, de su perfil
profesional, de su conocimiento de los idiomas que se requieren en cada
caso, etcétera. Sin embargo, la presencia en nuestra base de datos
personales de dichos expertos, obviamente, no quiere decir que estén
siempre disponibles en el momento en que se les va a necesitar. Este
problema se agudiza cuando las solicitudes de envío de observadores se
reciben con muy escaso antecedente al inicio de la misma, siendo, por
tanto, crucial para la buena organización de estas misiones una correcta
planificación, por lo menos con tres meses de antelación al momento del
envío.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario general.
A continuación tiene la palabra don Javier Garrigues, director general
para las Naciones Unidas, la Seguridad y el Desarme, del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
El señor DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME (Garrigues Flórez): Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco la ocasión que me han proporcionado SS. SS. para tratar una
cuestión de tanta relevancia como la observación internacional. La
amplitud con que ha sido formulado el motivo de la presente comparecencia
aconseja realizar ciertos comentarios preliminares. El envío de
observadores internacionales puede tener fines varios, vinculados
o no a un proceso de pacificación interno o internacional. Sin pretender
ser exhaustivo, ya que esta cuestión evoluciona con las necesidades
mismas que van surgiendo en la comunidad internacional, a continuación
expongo los casos más frecuentes de envíos de observadores. Normalmente
está vinculado a la comprobación del cumplimiento cabal de un acuerdo de
paz, bien sea interno --en caso de un conflicto civil, declarado o no--
bien internacional. En ambos casos pueden darse distintos supuestos de
observación: observadores militares, para garantizar el acantonamiento,
desmovilización, entrega y eventualmente destrucción de armas;
observadores policiales, para garantizar el respecto de la ley y de los
derechos humanos por parte de las fuerzas de orden público y eventual
reconversión de fuerzas paramilitares; observadores de derechos humanos,
para garantizar que las autoridades civiles, restablecidas o nuevamente
establecidas, respetan los derechos humanos de la población; y
observadores electorales, para garantizar la limpieza de un proceso
electoral que a su vez legitime la nueva autoridad establecida como
consecuencia de dicho proceso. Pueden darse --y se dan--, asimismo, casos
en que se envían observadores con independencia de un acuerdo de
pacificación interno o internacional; por ejemplo, observadores
electorales para garantizar la limpieza de un proceso electoral. Resultó
llamativo, a principios de esta década, la multitud de solicitudes que
recibió la organización de las Naciones Unidas para enviar observadores a
procesos electorales. Ello obligó a la elaboración de una doctrina con
objeto de evitar que se utilizara el nombre de las Naciones Unidas para
legitimar elecciones de dudosa limpieza. Asimismo, pueden enviarse
observadores internacionales para garantizar el respeto de los derechos
humanos en una zona especialmente conflictiva, como es el caso de Ruanda.
Por otro lado, el envío de observadores puede seguir reglas distintas
según la organización internacional responsable de la operación. Aunque
hasta el momento la principal organización internacional encargada de
estas operaciones haya sido la Organización de las Naciones Unidas, en
los últimos años, otras organizaciones de carácter regional han procedido
al envío de uno y otro tipo de observaciones, al margen o en conexión con
una operación de Naciones Unidas. La organización más activa en este
campo ha sido la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa. No obstante, también la OUA y la Unión Europea han procedido
al envío de observadores en crisis africanas --por ejemplo en Somalia, y
en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, respectivamente.
A la luz de todo lo expuesto, resultará fácil comprender que los
procedimientos de selección de observadores internacionales sean muy
diversos y varíen tanto en función de la misión que les sea encomendada
como en función de la organización internacional responsable de la citada
misión. Antes de entrar en una exposición más detallada de los distintos
tipos de observación internacional, resulta importante destacar que los
observadores puestos al servicio de una organización internacional están
a las órdenes de dicha organización y no del Estado del que son
ciudadanos. Deben, por tanto, respetar las reglas de confidencialidad que
impone la mencionada organización en relación con la información que
manejan y no deben permitir que el Estado prestatario interfiera en el
desempeño de las funciones internacionales que tienen encomendadas.
Por acotar algo el tema a esta exposición, mencionaré algunos ejemplos
referidos a la Organización de Naciones Unidas. Observadores militares y
policiales. En principio, toda misión de observación militar y policial
requiere contar con un mandato previo del Consejo de Seguridad en el que
se establecen los objetivos y las características de la misión,
incluyendo las dimensiones de los distintos grupos de observadores o
fuerzas que se pretende desplegar. Posteriormente, la secretaría de la
organización lleva a cabo consultas con posibles contribuyentes de
contingentes militares o policiales, así como con las partes enfrentadas
o que han estado enfrentadas, o con el gobierno del Estado al que se
pretende enviar observadores, para asegurarse de que el despliegue de
éstos no va a plantear dificultades. Estas consultas se inician a veces
antes de que el Consejo de Seguridad haya adoptado las decisiones, ya
que, en efecto, de ellas se puede deducir la viabilidad misma de la
misión que se pretende establecer. Con carácter general y como es lógico,
se descarta el envío de observadores pertenecientes a Estados que alguna
de las partes o el Estado receptor puedan considerar con desconfianza. En
España, la participación se decide de común acuerdo entre los ministerios
de Defensa o Interior y de Asuntos Exteriores, teniendo en cuenta,
fundamentalmente, las posibilidades materiales de atender al
requerimiento que formule el secretario general, las condiciones en que
debe producirse el despliegue y, en general, los intereses específicos de
política exterior española en cada situación. Los observadores son luego
seleccionados por los correspondientes ministerios en función de las
cualificaciones exigidas y siempre con el carácter de voluntarios.
Observadores de derechos humanos. Se trata de operaciones de nuevo cuño
que tienen como principal objetivo garantizar el respeto de los derechos
humanos normalmente en una zona que ha sido afectada por un conflicto
interno o internacional y pueden estar vinculadas --como en el caso de
Ruanda-- incluso a procedimientos de investigación para determinar si se
han producido o no violaciones graves del Derecho internacional
humanitario. No obstante, al tratarse de actividades no regladas y de
desarrollo reciente, resulta difícil realizar una auténtica tipificación
de estas operaciones. El envío de observadores de derechos humanos es,
fundamentalmente, competencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y los principales problemas a los que su
despliegue puede enfrentarse son las reticencias de las autoridades del
lugar donde la misión debe desarrollarse y la propia insuficiencia de
fondos del Alto Comisionado. No obstante, la variedad de operaciones de
las Naciones Unidas y el incremento de posibilidades para la intervención
de la organización en situaciones de conflicto, tras el fin de la guerra,
hacen que varias de las misiones de mantenimiento de la paz ahora
desplegadas tengan componentes destinados a fomentar las prácticas de
buen gobierno y el respeto de los derechos humanos. Así, por ejemplo, en
la
misión en Guatemala, Minugua, un elemento importante es el
fortalecimiento institucional que aunque, propiamente hablando no
constituye una misión de observación de derechos humanos, sí tiene como
principal y primer objetivo el establecimiento de estructuras estatales
que garanticen el respeto de estos derechos y libertades fundamentales.
Por otra parte, el Alto Comisionado tiene también oficinas abiertas en
Colombia y en Camboya, cuyas principales funciones son la asesoría
técnica a las autoridades locales para la promoción del respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales y, también, la observación de
la situación de los derechos humanos. La principal operación de
observación de derechos humanos del Alto Comisionado es, en la
actualidad, la misión de observadores en Ruanda, con en torno a 60
observadores desplegados. España participó de manera activa en la fase
inicial de esta operación y, en concreto, en la comisión de expertos
establecida por la resolución 935, de 1994, del Consejo de Seguridad, que
examinará y analizará sobre el terreno la información disponible sobre
violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes del Derecho
internacional humanitario. En efecto, en 1994 España, en el Consejo de
Seguridad, alarmada por la situación en Ruanda, fue la promotora de esta
resolución que recibió activo respaldo por parte de la mayoría de los
otros miembros del consejo. En este caso, la participación española en la
comisión de expertos fue de carácter fundamentalmente técnico, aportando
dos médicos forenses, dos investigadores policiales y un fiscal,
seleccionados en atención a sus cualificaciones profesionales por el
Ministerio de Justicia e Interior. Asimismo, España financió la
contratación de ocho observadores de derechos humanos de nacionalidad
española a través del programa de jóvenes voluntarios de las Naciones
Unidas.
Observadores electorales. Las misiones de observación electoral
conocieron un gran auge tras el fin de la guerra fría, recibiendo la ONU
numerosas peticiones para participar en procesos electorales y
concederles de esta forma legitimidad democrática. Para evitar abusos la
Organización decidió limitar, en principio, el envío de observadores a
aquellos procesos en los que había podido incorporarse en una fase
suficientemente temprana, con objeto de evitar que su participación tan
sólo en los últimos momentos de una elección fuese utilizada para
legitimar resultados que podían haberse decidido de antemano. En estos
supuestos, la decisión de participar o no en la supervisión de un proceso
electoral depende fundamentalmente del secretario general y de la puesta
a disposición de la secretaría de suficientes fondos, observadores y
expertos por los Estados miembros. Asimismo, cabe la posibilidad de que
la ONU supervise un proceso electoral en el marco de un acuerdo de paz o
de un plan de arreglo. Este fue el caso en Namibia, por ejemplo, y
también lo será en el Sahara Occidental. En ambos supuestos la
administración del territorio pasa a depender durante un período de
transición de la propia ONU. Con objeto de reclutar el personal preciso,
la secretaría hace los necesarios llamamientos a los Estados miembros de
la organización asegurándose de que las partes en conflicto no plantearán
objeciones. El grado de participación de la ONU en distintos proceso
electorales varía, por tanto, de manera considerable. Así, en algunos
supuestos se limitará tan sólo a prestar asistencia técnica sin entrar a
juzgar la limpieza o no de la elección. La participación española en
distintas misiones de observación electoral es también variada. En
algunos casos, como en las últimas elecciones legislativas argelinas,
España atendió al llamamiento de la secretaría mediante el envío de
parlamentarios. En otros casos se recurre a la ayuda de las ONG y a las
listas de personas expertas en procesos electorales que obran en poder de
este Ministerio. No obstante, esta cuestión ha sido ya debidamente
tratada por el secretario general señor Espinosa y a ella me remito.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Comparece a continuación don José Rodríguez-Spiteri, director general de
Política Exterior para Europa y América del Norte, del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA EUROPA Y AMERICA DEL
NORTE (Rodríguez-Spiteri Palazuelo): Señor presidente, creo que es una
oportunidad importante para que esta Comisión pueda recibir una
información detallada de lo que significa la contribución y la
participación española en misiones de observación electoral y, más
específicamente, en el caso de las competencias que tengo atribuidas en
el marco de la OSCE. Voy a tratar de exponer a SS. SS. el marco general
en el que nos movemos para pasar después a hacer un análisis de las
dificultades que tenemos para llevar a la práctica la tarea, seguidamente
analizar las cuatro operaciones de observación y participación electoral
que hemos seguido en el marco europeo y, finalmente, exponer muy
brevemente a SS. SS. cuál es la agenda de compromisos que podremos asumir
en los próximos meses.
Para comprender la participación en estas misiones debemos partir de un
punto de vista político y de unos objetivos claros de qué es lo que
tratamos de hacer. Está claro que es un compromiso con la consolidación
de las democracias emergentes en Europa y, en consecuencia, con la paz y
la estabilidad en nuestro continente. Por supuesto, la participación en
estas misiones también es un complemento al importantísimo esfuerzo que
nuestras Fuerzas Armadas están realizando específicamente en
Bosnia-Herzegovina, al igual que en la misión que desempeñaron en
Albania. Finalmente es también un complemento al importante esfuerzo de
cooperación que se está programando y que se va a llevar a cabo en los
próximos años, y que el secretario de Estado de Cooperación y para
Iberoamérica ha tenido ocasión de exponerles hace no mucho tiempo. Hay un
aspecto que es el encaje jurídico. El encaje jurídico para la
participación española en estas misiones se realiza a través de la OSCE y
específicamente a través de la Oficina de Instituciones democráticas y
derechos humanos, que en cierta manera subcontrata o --utilizando la
palabra inglesa-- seconds las misiones. Es decir, se define un marco por
parte de la oficina y se solicita a los Estados miembros una
participación.
Para poder encuadrar mejor la participación española, me voy a permitir
comentar muy brevemente los tipos de misiones de observación electoral
que la OSCE realiza en Europa. La primera sería la de supervisores, que
se han enviado fundamentalmente a Bosnia-Herzegovina y que reciben una
formación abreviada pero que les permite intervenir con cierta
responsabilidad en los procesos electorales. Se trata de operaciones
excepcionales enmarcadas en los acuerdos de Dayton y en las peticiones
directas del alto representante. De alguna manera podríamos decir que
estos supervisores han venido ejerciendo funciones de asesoramiento de
los presidentes de las mesas y de los comités electorales locales. Su
labor ha sido en muchos casos fundamental para poder evaluar
positivamente la elección en su conjunto, evitándose la acumulación de
decisiones arbitrarias en los niveles inferiores de los procesos
electorales. En Bosnia-Herzegovina, la acción de los supervisores ha
estado financiada por la Unión Europea dentro de una importante acción
común de alto coste. La segunda misión sería la de los observadores de
largo plazo. Convocada una elección general o un proceso electoral a
nivel local en el ámbito del Estado, la OSCE suele enviar durante diez o
doce semanas un número relativamente reducido de observadores electorales
que tienen como objetivo la fiscalización de todo el proceso anterior a
la elección propiamente dicha; y subrayo anterior. Tanto la proclamación
de candidatos como la organización de las listas y los colegios
electorales o las decisiones del órgano superior que administra el
proceso electoral son objeto de un detallado análisis por parte de estos
observadores de largo plazo, que además tienen la función de organizar la
presencia en los días de la elección de los observadores a corto plazo.
Finalmente y en tercer lugar, estos observadores electorales a corto
plazo son personas que por un período muy breve, cinco o seis días, se
desplazan al país donde se celebra la elección y que actúan bajo la
bandera de la OSCE junto a otros muchos observadores que pueden estar
presentes enviados por otras instituciones públicas o privadas,
regionales, locales o internacionales. Como bien saben SS. SS., la
observación a corto plazo también se ejerce desde los parlamentos
nacionales, desde las asambleas parlamentarias de organizaciones
internacionales, como el Consejo de Europa o la propia OSCE, y desde el
Parlamento Europeo. Los observadores OSCE de corto plazo tienen una
misión similar a la que ejercen en nuestro país los interventores que los
partidos políticos acreditan ante las mesas electorales. Se trata de
permanecer en el colegio electoral desde que se abre el voto hasta que se
firman las actas y se entregan las papeletas a la autoridad electoral. Es
en esta última misión donde fundamentalmente hemos concentrado nuestra
participación.
Como SS. SS. pueden fácilmente comprender, el proceso para la
organización de la labor de observadores se desarrolla muy rápidamente.
Desde el momento en que se anuncian las elecciones, muchas veces
adelantadas sobre los plazos de culminación legal de las legislaturas,
hasta que se pone el dispositivo sobre el terreno pasan pocas fechas,
sobre todo si se tiene en cuenta que el proceso de observación electoral
de la OSCE se pone en marcha necesariamente después de una invitación
formal que las autoridades del país hacen a veces con reticencia y
retrasos, lo que dificulta enormemente --y más adelante tendremos ocasión
de examinarlo-- la selección, el envío y la logística de la participación
de los observadores.
Trataré ahora de analizar sucintamente lo que ha significado la
participación de España en estos procesos. Como hemos dicho, esta
voluntad de cooperación en estos procesos electorales no ha sido
ciertamente fácil de estructurar y todavía tenemos que perfilar con mayor
exactitud algunos de los mecanismos para cooperar en este marco de la
OSCE. En nuestro caso no hay graves dificultades para la transferencia a
la OSCE de funcionarios o de otro personal al servicio del Estado, como
militares o guardias civiles, pues ciertamente esta transferencia se
resuelve con una comisión de servicio más o menos prolongada. Pero en el
caso que nos ocupa, la observación electoral propia, la estructura de las
misiones, la duración de ésta y el perfil de las personas que son
adecuadas para ella hacen muy complicado disponer de funcionarios para su
intervención en las mismas y hay que recurrir a voluntarios y expertos,
como ya ha dicho el secretario general de la Agencia, y pagar viajes,
dietas y estancias a estos ciudadanos que tienen un difícil encaje en el
panorama administrativo. Por estas dificultades de encaje en nuestra
estructura administrativa y financiera del Estado y por la premura de
tiempo, nuestra Administración ha tenido que idear diversas fórmulas que
permitieran resolver estos problemas internos y que asegurasen la
participación española en el esfuerzo de la OSCE.
Para que comprendan ustedes exactamente ante qué tipo de actuaciones nos
enfrentamos, la OSCE únicamente se hace cargo de lo que podríamos llamar
los gastos de organización interna de la administración de la OSCE,
anticipa algunos gastos de alojamiento y de transporte, siempre gastos
menores, y corresponde al país que envía a los observadores el hacerse
cargo de los gastos de transporte --avión-- y de la dieta, que cubre
alimentación y alojamiento. Es decir, hacer frente anticipadamente a una
logística de mantenimiento y transporte de unos ciudadanos. Para ello
hemos tratado diversas fórmulas. Una de ellas ha sido intentar financiar
el proceso de una forma individual para cada uno de los observadores a
través de la Agencia de Cooperación Internacional, corriendo nuestra
Oficina de derechos humanos y la Dirección General de Europa con la tarea
de la organización del viaje, la selección de los voluntarios y la
información individualizada. No ha sido una experiencia muy favorable
porque una dirección general política --hablo sólo de mi esfera de
competencias-- no tiene los medios ni la capacidad para organizar ese
tipo de logística. También se ha intentado traspasar estas
responsabilidades a la propia OSCE, reservándonos en España únicamente la
selección de las personas y pidiendo a la organización en Viena que se
hiciera cargo de la logística y pagos individuales, servicios que se
abonarían más tarde de forma globalizada. La OSCE aceptó realizar un par
de ensayos y luego nos dijo que precisamente en momentos de gran volumen
de trabajo, como son los períodos electorales, la OSCE no tenía ni medios
ni personal para
hacer este tipo de servicios. No hay que censurar a la OSCE por ello;
simplemente su capacidad de cooperación no llega hasta los extremos de
poder sustituir la acción de la Administración central. Finalmente, por
exigencias que se establecieron desde los servicios de la Intervención
del Estado, que el secretario general de la Agencia acaba de explicar
mucho mejor que yo, se ha intentado una tercera fórmula, que es la de
encargar a una organización no gubernamental que se haga cargo de todo el
proceso de organización y realización del viaje y de los servicios que
hay que prestar a los voluntarios, manteniendo en su mano la Dirección
General de Europa junto a la Oficina de derechos humanos y el embajador
para operaciones del mantenimiento de la paz tanto la selección como la
información de los voluntarios sobre lo que sería su labor y las
condiciones de su realización.
La selección de observadores españoles para cualquier tipo de estos
procesos electorales se hace partiendo de un largo listado de voluntarios
que se ha ido formando a través de los años y cuya gestión corresponde a
la Dirección General de Procesos Electorales del Ministerio del Interior.
En lo que afecta a la Dirección General de Europa y a los procesos que se
podrían enmarcar en la OSCE, se viene trabajando con aproximadamente unos
cien currícula, muy diferentes a los observadores que participan en
misiones de Africa o en Iberoamérica. Las selecciones y los procesos
electorales que tienen lugar en Europa requieren una preparación
específica que fundamentalmente afecta a los conocimientos de idiomas.
Como hemos dicho anteriormente, se trata de misiones de corta duración
frente a las más largas en Iberoamérica. El proceso de selección de estas
personas, para su inclusión en este banco de datos, se ha realizado
tradicionalmente previa petición y examen de sus currícula mediante
entrevista personales y se ha reclutado el personal observador a partir
de ciudadanos que se han ofrecido voluntariamente. Probablemente se
podría mejorar este listado con unos procedimientos de reclutamiento que
permitiese que la información llegase a mayor número de personas
potencialmente interesadas. Quizás para ello sería muy conveniente la
colaboración con universidades y organizaciones sociales que puedan
servir de punto de contacto y primera selección de candidatos. Se intenta
normalmente que exista un equilibrio entre el número de hombres y
mujeres. Se ha intentado también un equilibrio entre comunidades
autónomas para la procedencia de los observadores; sin embargo, hay que
reconocer en el área de mi competencia que normalmente el número de
observadores procedentes de Madrid es siempre superior al de los
procedentes de las comunidades autónomas. El perfil del observador no es
suficiente. Aunque se trata en la mayoría de los casos de personas de
menos de treinta y cinco años, con formación universitaria y
conocimientos medios o avanzados del idioma ingles, otros provienen de
armas totalmente distintas e incluso son profesionales en actividades que
nada tienen que ver con los aspectos humanitarios o la cooperación del
desarrollo. Ultimamente se han reclutado también bastantes juristas.
Nuestra intención es diversificar al máximo la base de datos impidiendo
que se convierta en un currículo cerrado y restringido.
Señorías, quisiera pasar ahora a tratar de examinar con algo de detalle
las cuatro ocasiones en que la Dirección General de Europa ha intervenido
en procesos electorales. La primera de ellas fueron las elecciones
generales en Bosnia-Herzegovina, que tuvieron lugar en septiembre de
1996. Fue la primera ocasión en que el proceso de reclutamiento de
observadores se realizó en la unidad OSCE de la Dirección General de
Política Exterior para Europa y América del Norte, con la colaboración de
la Oficina de derechos humanos y del Embajador para operaciones de
mantenimiento de la paz. Por el procedimiento que he señalado antes a SS.
SS. se seleccionaron quince observadores, de los que seis eran mujeres.
Para que tengan ustedes una valoración adecuada en esta acción
participaron mil observadores. Además, en estas selecciones el
Ayuntamiento de Barcelona envió doce personas más. Cabe destacarse la
presencia de parlamentarios y funcionarios del Congreso de los Diputados,
señores Rupérez, Moya, Meyer, Campuzano, Daranas, Algueró y la señora
Lasagabaster, que participaron también. Igualmente acudió una diputada
española por la Asamblea Atlántica y dos diputados miembros de la
Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa.
En las elecciones parlamentarias en Albania de 19 de junio de 1997,
España tenía un interés muy particular, dado que teníamos una
participación significativa con tropas en la fuerza multinacional que se
había desplegado. Por ello, a pesar de que muchos países miembros de la
OSCE ofrecieron el envío de observadores que fueron rechazados por la
organización, debido a que se excedía con creces el número inicial
solicitado de unos quinientos, se permitió que España enviase una misión
de quince observadores. De estos quince inicialmente seleccionados sólo
catorce acudieron a Albania y de estos catorce nueve eran mujeres,
dándose por primera vez el caso de la superioridad numérica de éstas.
Cuatro de los observadores provenían de comunidades autónomas distintas a
Madrid. Los observadores recibieron un briefing antes de partir,
informaron a su regreso y la operación duró una semana. Los observadores
nos expusieron las difíciles condiciones en que habían tenido que
desarrollar su labor, algunos incluso con riesgo de su integridad
personal, y señalaron también algunos de los problemas que habían surgido
como consecuencia de la organización de las elecciones. Muchos de estos
problemas eran achacables a la OSCE, que montó la operación a Albania con
mucha premura; otros, sin embargo, derivaban de los problemas
administrativos del Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer frente a
los gastos y a la logística. Así, por ejemplo, los temas relacionados con
el ayuntamiento --no deseo aburrir a SS. SS-- resultaban especialmente
complicados. Obviamente, la responsabilidad de la administración de la
OSCE en estos temas es nula. Eran entonces, las circunstancias del país,
pero la mayor parte de los observadores que enviaron su informe a este
Ministerio dejaron en evidencia las carencias y las dificultades
organizativas. Además, como caso muy señalado y específico en estas
elecciones se envió una observadora de largo plazo, doña Paloma Sancho,
que permaneció por espacio de un mes en Albania. Debido a los
problemas administrativos que el secretario general ha tenido antes
ocasión de mencionar, la Agencia Española de Cooperación, para hacer
frente al pago de la operación de observación en Albania, decidió seguir
en esta ocasión un método de financiación nuevo; a saber, la OSCE
adelantaba los fondos necesarios para sufragar los costos de la operación
y la Agencia reembolsaba posteriormente los gastos. Este método
extraordinario requirió una autorización expresa del director de la
Oficina Presupuestaria de la OSCE que se produjo tan sólo 24 horas antes
del comienzo de la operación. No hubo gastos de desplazamiento en avión
hasta Tirana y vuelta a Madrid de los observadores, puesto que el
Ejército español puso un avión militar a su disposición. El presupuesto
final de la operación fue de unos 26.000 dólares, a lo que hay que añadir
unas 300 libras esterlinas en concepto de seguro de guerra a todo riesgo.
En las elecciones municipales en Bosnia-Herzegovina de septiembre del año
pasado la selección de personal se realizó por el procedimiento habitual.
Se seleccionaron doce observadores partiendo del banco de datos antes
mencionado y contando con personas que ya habían estado sobre el terreno
en Bosnia-Herzegovina. Se incluyeron también tres personas que no tenían
experiencia electoral, todas ellas juristas, con la intención de ampliar
nuestra base de datos. Es asimismo interesante constatar que uno de los
objetivos posibles del proceso de selección es tratar de identificar
personas que, por su vocación y perfil, pudieran en un futuro
incorporarse a organizaciones internacionales. España es un país que, a
pesar de ser un contribuyente destacado en la mayoría de estos
organismos, carece de representación paralela a su importancia mediante
presencia de altos funcionarios, de ahí que sea éste un objetivo a
cuidar. En estas elecciones participaron un total de 437 observadores y
la coordinación general corrió a cargo del presidente de la Asamblea
Parlamentaria, señor Rupérez.
En cuanto a sus implicaciones financieras se recurrió al mismo proceso
extraordinario que en el caso de Albania, con un presupuesto recudido.
Sin embargo, la autorización de OSCE en este método se hizo de una forma
extraordinaria y con mucho retraso. Se plantearon problemas con la
entrega de las dietas a los participantes, ya que existieron problemas
administrativos para movilizar los fondos. Hubo, por tanto, dificultades
muy importantes en esta operación financiera mediante un anticipo de la
OSCE y se decidió descartarlo de cara al futuro, ante las serias reservas
que la OSCE nos presentó ante este tipo de planteamientos.
Quisiera pasar muy brevemente a las últimas elecciones parlamentarias en
la República Srpska. Estas elecciones tuvieron lugar los días 22 y 23 de
noviembre de 1997 y, como he citado anteriormente, el sistema utilizado
para financiar los pagos a través de la OSCE tuvo que ser desechado, por
razones de nuestra propia conveniencia a la hora de organizar de una
manera razonable la logística y por razones de la propia capacidad de la
OSCE para prestar este tipo de servicio. Fue una misión en la que
participaron 150 observadores en total y también fue coordinada por el
presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
En consecuencia, se consideró oportuno plantear a la Agencia Española de
Cooperación la posibilidad de que una ONG se ocupase de los detalles de
intendencia, para lo que estas organizaciones están perfectamente
preparadas, y resolver así la presencia de los observadores españoles en
unas elecciones muy importantes políticamente, cuyo resultado no puede
sino conducirnos a la satisfacción de ver que la República Srpska ha
entrado en un proceso de moderación que permite estabilizar el marco
general del proceso de Dayton. Se procedió por la Agencia de Cooperación
como ha mencionado el secretario general, a seleccionar a una ONG para
cumplir esta función de coordinar los aspectos administrativos y
financieros de esta observación electoral.
Hay que señalar, respecto a la selección específica de las ocho personas
que acudieron en calidad de observadores a estas elecciones, que esta
Dirección General proporcionó a la ONG elegida por la Agencia, que
resultó ser Pueblos Fraternos, los currícula de diez personas
pertenecientes al banco de datos y dos más nuevos en este banco pero con
experiencia en estas lides, a efectos de ejercer la necesaria competencia
de la Administración sobre la selección de personal. Desgraciadamente, y
como es frecuente en los procesos de selección, algunas de las personas
contactadas no estaban disponibles para viajar. Recuerden, señorías, que
me acabo de referir a la premura de las fechas en que se montan estas
operaciones, no más de una semana para la observación que nos ocupa en la
República Srpska. La ONG ofreció incluir algún nombre de sus propios
voluntarios para completar un equipo de dimensión razonable, lo que se
aceptó por parte de la Dirección General. Además de las ocho personas que
acudieron a estas elecciones cinco procedían de la lista propuesta por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y tres fueron incorporadas por Pueblos
Fraternos, actuando una de ellas como coordinadora de las cuestiones de
viajes, logísticas de alojamiento. Se ofreció a estas personas, así como
al presidente de Pueblos Fraternos y a su secretario general un briefing
anterior a la celebración de las elecciones, explicando las líneas
maestras de la situación política, comportamiento debido por los
observadores, características generales de la OSCE y otros datos de
interés para la misión de observación. La OSCE aún no nos ha enviado una
cuenta total de los gastos causados por la expedición española, por lo
que no se pueden dar en este momento mayores datos precisos.
Quisiera finalizar esta intervención analizando muy brevemente las tareas
a las que nos enfrentamos. El 16 de marzo han tenido lugar elecciones
presidenciales en Armenia y, a través de la fundación Instituto
Iberoamericano de Administraciones Públicas, que depende del Ministerio
de Administraciones Públicas, España ha enviado dos observadores a corto
plazo. Utilizando el mismo instrumento se han enviado tres observadores a
corto plazo a las elecciones al Parlamento de Moldova, que han tenido
lugar también el 22 de este mes. Y una diputada española, creo que doña
Pilar Pulgar participará como observadora en las elecciones en Ucrania,
que tendrán lugar el 29 de marzo.
De cara a los próximos meses he de decir que nuestra agenda aparece
cargada de una serie de procesos electorales de extraordinaria
relevancia, como dije al principio de la intervención, para consolidar el
marco de los procesos democratizadores y de la estabilidad en Europa.
Tenemos elecciones en la República de Montenegro a finales de mayo, y en
la antigua República yugoslava de Macedonia todavía no tienen fecha; un
bloque de elecciones municipales, presidenciales, generales, federales en
Bosnia-Herzegovina en el mes de septiembre que deberán determinar un paso
significativo en el avance de la consolidación del proceso de Dayton y de
la consolidación y buen funcionamiento de las instalaciones previstas en
el mismo; hay elecciones al Parlamento a finales de septiembre en
Eslovaquia que, como ustedes bien saben, atraviesa en estos momentos por
lo que podríamos denominar un cierto déficit democrático; probablemente
habrá un referéndum constitucional en Albania, si la Constitución ha
terminado de ser discutida y finalmente en otoño habrá elecciones
presidenciales y municipales en Azerbaiján, pero no tenemos todavía las
fechas.
Nuestro propósito es tratar de mantener misiones de observación española
en estos procesos electorales, concentrando fundamentalmente nuestro
esfuerzo en las que tendrán lugar en Bosnia-Herzegovina y probablemente
en la antigua República yugoslava de Macedonia, pero sin descuidar
Eslovaquia y probablemente con alguna participación simbólica en
Azerbaiján.
El señor PRESIDENTE: Gracias a los tres intervinientes. En nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias a los tres comparecientes por la
detallada información que han dado. Me reafirmo en la conveniencia de
estas comparecencias porque nos han permitido conocer un aspecto
habitualmente desconocido de la contribución española a la paz y la
seguridad, a los procesos de estabilización, de democratización, no
solamente en Europa, sino, como se ha señalado, en otros países. También
nos permite conocer lo que constituye una expresión de solidaridad, de
compromiso individual de las personas que deciden dedicar su tiempo,
esfuerzo y conocimiento a estas tareas. Se ha señalado por los distintos
intervinientes la presencia de parlamentarios, la mayoría de ellos
miembros de esta Comisión, en muchos casos a través de una institución
que no ha sido citada, el Consejo de Europa, que ha tenido y tiene un
papel relevante en estas misiones.
Del conjunto de sus intervenciones me quedan algunas dudas que, me
imagino, derivan de la propia complejidad de las relaciones. Entiendo que
el marco de relaciones con los organismos internacionales, OSCE-Naciones
Unidas, que reclaman estos observadores, está normalizado y establecido.
España, en función de sus posibilidades y de sus intereses, anuncia su
disposición a contribuir. Eso parece lo lógico. No tengo claro si existe
un estatuto definido para estos observadores. Ahora estamos trabajando en
la ley de cooperación, que la veremos en esta Comisión la semana que
viene, y en ella hay un estatuto muy claramente definido para los
voluntarios, lo hay también para los funcionarios que están en la
cooperación, pero no sabemos si el estatuto del cooperante se va a
regular o no; por tanto, me gustaría saber si existe un estatuto para los
observadores internacionales que regule sus derechos y sus obligaciones.
Esa complejidad a la que me refería se expresaba en las palabras del
señor Rodríguez-Spiteri recientemente, cuando, en un proceso de estas
características, interviene su Dirección General como interlocutor de la
OSCE, interviene al mismo tiempo la Oficina de Derechos Humanos, que si
no me equivoco depende de la Dirección General de Seguridad y Desarme que
dirige el señor Garrigues, interviene también la Agencia por razones de
técnica financiera y de disponibilidad de gastos, e interviene más
recientemente la Agencia para hacerse cargo del proceso de selección.
Recientemente, tuve la ocasión de habla con el homónimo del señor
Garrigues en el gobierno alemán y me explicaba la estructura que ellos
tenían, que es muy similar a la existente hasta ahora en nuestro país.
Me va a permitir, señor presidente, que dirija las preguntas no en el
orden en que se han producido las intervenciones sino en el orden que
figuran en el orden del día, valga la redundancia, de la Comisión. Yo
querría que el señor Garrigues me explicara si esos ficheros de los que
se nos ha hablado es un fichero único por dirección, es un fichero
compartido o son ficheros cruzados. Me gustaría conocer también si en esa
selección en la que ha intervenido la dirección general del señor
Garrigues o la Dirección General de Europa se ha producido colaboración
con organizaciones que tienen una experiencia acreditada en estos
ámbitos, como por ejemplo CEAR, la Federación de Derechos Humanos o
Iepala, y en caso afirmativo si esa relación ha sido satisfactoria.
Entiendo que en el pasado estas organizaciones, en la primera fase de
preselección, han contribuido impartiendo algunos cursos, o bien
aportando nombres para que luego quien tuviera que tomar la decisión
política de la selección lo hiciera. Querría conocer su valoración sobre
ese tipo de colaboración.
Todo esto me lleva a la operación final de la que se ha hablado, que es
la de la República Srpska. Yo sigo sin entender en función de qué, señor
Rodríguez-Spiteri, su Dirección General transfiere a la Agencia la
gestión de la selección de observadores para que a su vez la Agencia la
transfiera a una organización --se ha dicho que a una ONG, no sé si será
ONG o no-- que está por ahí. No lo entiendo. No sé si eso es un
reconocimiento de la incapacidad técnica, de la que yo no tenía dudas, de
su Dirección General para realizar ese proceso de selección; hasta ahora
lo había venido haciendo a satisfacción, se hace igual en otros países de
nuestro entorno y no entiendo por qué se ha producido esa transferencia a
la Agencia. Y desde luego no entiendo por qué la Agencia, una vez que
tiene esa responsabilidad, decide inmediatamente transferirlo, según
palabras del señor Espinosa, a una ONG con capacidad para hacerlo. ¿Tiene
realmente esa capacidad Pueblos Fraternos? ¿Cuál es la experiencia, cuál
es la cualificación de Pueblos Fraternos para realizar esta labor?
¿Cuánto se le ha pagado a Pueblos Fraternos por realizar esta labor de
selección
si es que se le ha pagado? ¿Qué procedimiento se ha seguido para decidir
que fuese Pueblos Fraternos y no otra organización? ¿Se ha seguido la Ley
de Contratos del Estado para ello? ¿Cuál es la valoración que hace el
secretario general de la Agencia de la labor realizada por Pueblos
Fraternos en esta gestión de los aspectos administrativos y financieros
en esta contribución de sus propios voluntarios? Las personas que querían
participar (algunas de ellas ya habían participado anteriormente en esta
operación como observadores) se dirigían a donde iban tradicionalmente, a
la Dirección General de Europa y desde allí se les remitía a la Agencia;
en la Agencia se les decía que dejasen su currículum a un fax de
Valencia, que es donde está ubicada la organización Pueblos Fraternos.
Naturalmente todo esto provoca desconcierto y algunas sorpresas. Yo,
señor presidente, lo dejaría aquí y esperaría la respuesta para, en
función de esa respuesta, reaccionar posteriormente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desearían hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias a los tres comparecientes, en
nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
En una brevísima intervención, suscribiendo algunos de los argumentos que
daba el señor Estrella, creo que hay algunas ideas que deben presidir
cualquier análisis sobre la cuestión que hoy nos convoca. La primera que
yo creo que es ineludible y que no debemos nunca olvidar es la
importancia actual y creciente que van a tener este tipo de actividades.
El que España se esté sumando cada día más a estos procesos de
observación internacional es algo que creo, y ésta sería la segunda idea,
despierta el consenso de todas las fuerzas políticas y así debe
continuar. Por eso, para que ese consenso se mantenga, el Gobierno debe
ser exquisito en la gestión y en la transparencia de estas cuestiones. La
tercera idea es que nos encontramos ante un fenómeno, como decía,
relativamente nuevo, pero que va a ser estable y que va a ser creciente,
es decir, habrá que definir mecanismos e instrumentos de tipo jurídico,
financiero y político que aseguren la mayor eficacia respecto de los
objetivos en los que hay consenso y, a tenor de las comparecencias de
hoy, parece que todavía se está lejos de conseguir ese marco estable. Sin
duda, como ya se ha señalado, la complejidad de las situaciones que deben
abordar los observadores y las estructuras que lo sustentan hace
complicado en muchas ocasiones que ese marco se pueda definir de una vez
por todas, pero sí parece, después de oír las intervenciones, que hay un
cierto aire diría, y entiéndaseme bien, de provisionalidad en la forma de
afrontar estas misiones.
El señor Espinosa indicaba que los fondos con los que se pagan estas
misiones, con los matices que luego se han introducido en las diversas
intervenciones, provienen de ayuda oficial al desarrollo. En principio,
puede parecer lógico que la imputación última del gasto se dedique a ese
grupo de partidas, pero puede preocupar en el futuro cómo va a afectar al
conjunto de fondos disponibles para ayuda oficial al desarrollo. Ese
sería un primer tema a analizar. El segundo es el de la rigidez
financiera, al que aludía también el señor Espinosa y posteriormente el
señor Rodríguez-Spiteri. Se han apuntado algunas soluciones de urgencia
para resolver los problemas de la rigidez financiera de intervención,
etcétera, pero nos gustaría conocer la opinión de los comparecientes
sobre cómo superar a largo plazo esa rigidez financiera, es decir, qué
mecanismos de agilidad, de acuerdo con ese fin de eficacia, se pueden o
se deben buscar entre todos. Si la solución última es actuar en
colaboración con las ONG a nosotros no nos parece mal, lo que sí nos
parece mal es que se llegue a esa conclusión por razones puramente
técnicas y por que no encontremos otro mecanismo para llegar a la
solución concreta de la observación en un país y en un momento
determinado. A nosotros nos parece bien que la colaboración con las ONG
sea estable, transparente y atendiendo a criterios de prestigio,
trayectoria y experiencia de esas ONG, como ya se ha dicho, pero no que
se llegue por eliminación. De todas formas la pregunta queda ya encima de
la mesa: ¿cómo se selecciona a las ONG? Queremos saber qué criterios
objetivos se siguen, sobre todo cuando, tal y como aquí se ha explicado,
aunque no dudo que existan otros mecanismos habituales de colaboración
con otras ONG, se llega como una especie de mediadores que nos permiten
superar ciertos problemas burocráticos.
En cuanto al procedimiento de selección, el señor Rodríguez-Spiteri ha
abundado un poco para el caso de Europa; sin embargo, la base de datos de
cien personas nos parece francamente corta. Insisto en que, como decía el
señor Estrella, no sabemos si es un fichero único o si son varios; en
cualquier caso, aunque se han expuesto algunos criterios, por otro lado
bastante obvios, la pregunta es cómo se seleccionan las personas que van
a integrarse en ese fichero, cuál es el mecanismo. Por un lado, cómo
selecciona el Estado, y por otro lado, cómo se pone en contacto con el
Gobierno o los organismos adecuados, el ciudadano que pueda estar
interesado en aparecer en esa base de datos; queremos saber a quién
corresponde la última decisión sobre quien acude a una misión. Otra
pregunta es si existe un mecanismo de formación permanente. De las
intervenciones, entiendo que no. En ese caso, la pregunta sería si no
estiman los comparecientes que sería útil la existencia de una especie de
escuela permanente de formación para las personas que van a desarrollar
estas actividades, incluidos militares y policías, en materias que no son
estrictamente las propias de su cualificación profesional.
Otra pregunta, en relación con la anterior, es si existe una colaboración
estable con universidades y otros organismos públicos o privados, en
concreto organismos dependientes de comunidades autónomas y, en su caso,
de ayuntamientos. La última pregunta es si se considera deseable que, en
el marco de la Unión Europea, se vayan desarrollando mecanismos de
colaboración de todos los Estados en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVA AMORES: A lo largo de estas distintas intervenciones,
podemos sacar la conclusión de que los grupos que hemos intervenido no
tenemos mayores observaciones respecto a la ayuda española que se presta
a distintos países que están en procesos electorales, en procesos de
salida de conflictos internos, en transición hacia la democracia. España
presta ayuda mediante la presencia de observadores para hacer un
seguimiento y vigilar todos estos procesos electorales.
Como se ha dicho, durante estos últimos años España ha experimentado una
transformación grande, profunda; hemos estado participando en todos estos
procesos electorales que se han enumerado y creo que la dinámica de
futuro, como también se ha planteado, debe seguir por ese camino. Por
tanto, respecto al papel que juega España no tenemos que hacer mayores
observaciones, pero lo que está flotando en el ambiente es la necesidad
de regular esa cooperación, ese apoyo, esa ayuda española, hacia los
países que están en estos procesos. ¿Mediante qué instrumentos? Nos ha
ocurrido lo mismo en otros campos, como puede ser la cooperación para el
desarrollo, en los cuales España ha comenzado por un sendero, con una
voluntad clara, un consenso claro de invertir fondos públicos y personal
administrativo o funcionarial en procesos de cooperación para el
desarrollo; cuando hemos adquirido experiencia a lo largo de los años,
nos hemos parado a pensar cómo podemos mejorar y racionalizar esa ayuda.
En este caso concreto, en el de los observadores electorales, debemos
hacer la misma operación, pararnos, mirar hacia atrás y aprender de los
errores o de los aspectos que se pueden mejorar, que son manifestaciones
mejorables.
En esa línea, respecto a todas las observaciones que se han hecho a la
limitación de capacidad de la propia OSCE para estar presentes en todos
aquellos si no conflictos sí al menos procesos en los cuales se reclama
su asistencia, creo que de nuevo tenemos que hacer una llamada a que el
Gobierno impulse el fortalecimiento de este órgano para todos los casos,
en particular para este caso concreto que nos está ocupando. Desde luego,
la OSCE tiene que seguir desarrollándose internamente, no puede seguir
estando infradotada y con una especie de complejo de inferioridad
respecto a otras organizaciones multinacionales, porque es el fiel
reflejo de la capacidad que tiene Europa para influir en la política
internacional. Por tanto, primer punto, fortalecimiento de la OSCE.
Sobre la regulación interna que nosotros debemos hacer sobre la
participación, como principio no vamos a estar de acuerdo en que el
Estado, Asuntos Exteriores, delegue una responsabilidad de este tipo en
organizaciones no gubernamentales o en cualquier tipo de organización,
empresa o como se le quiera denominar. Por supuesto estamos a favor de la
colaboración, pero no de la cesión de responsabilidades de este calibre a
otro tipo de organizaciones. Por tanto, sí a la cooperación y sí a la
igualdad de oportunidades a las organizaciones que se mueven en el ámbito
de este tipo de funciones o trabajos para poder acceder en igualdad de
condiciones a una posible contratación de observadores para cualquier
conflicto. Por ello es necesario y urgente abrir ese proceso de
transparencia en cuanto a la participación de todos los interesados y
lógicamente hay que definir ya los criterios para poder seleccionar
cuáles son las organizaciones que, por su trayectoria, su composición, su
experiencia, su formación, su capacidad de gestión, son adecuadas para
este tipo de trabajo de observación electoral.
Por tanto, creemos que no debemos continuar en el proceso actual por
cuanto ya llevamos varios años, se ha adquirido una serie de
experiencias, hemos cometido una serie de errores y es necesario en este
momento tener ya un presupuesto fijo para todo este tipo de operaciones,
disponer de un mecanismo fluido en el que se recojan no sólo las
organizaciones sino todas aquellas personalidades que puedan tener un
papel relevante en estas situaciones para que, como muy bien se ha dicho,
de una forma ágil y fluida por la premura de tiempo que se suele dar en
casi todos los casos, con un mecanismo suficientemente rodado, se puedan
satisfacer todas las demandas de los observadores que pueda haber en un
momento dado. Por tanto, nos gustaría que los distintos responsables del
Ministerio aceptasen la reflexión de tener que regular de una vez por
todas la participación española. Nosotros --y me gustaría que se
subrayase este aspecto por parte de los comparecientes-- no aceptaríamos
la cesión de esa responsabilidad a ningún particular. Entendemos que el
camino adecuado es la concertación, la colaboración, pero nunca la cesión
de esa responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En nombre de nuestro grupo, agradecemos la
comparecencia profusa y prolija de los señores Espinosa, Garrigues Flórez
y Rodríguez-Spiteri en el ámbito de sus responsabilidades.
Querría hacer algunos comentarios. Saludamos la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a esta comparecencia. Pensaba nuestro
grupo parlamentario que esta mañana íbamos a debatir en esta Comisión de
Exteriores sobre la importante misión, la importante presencia, en el
pasado y en el futuro, que España ha tenido en todas estas misiones.
Hemos tenido muchas ocasiones de saludar en este Parlamento, desde el más
amplio de los consensos y sin ningún tipo de dudas ni de suspicacias, la
importante participación de España en este tipo de misiones, en este caso
concreto la observación de los procesos electorales o la observación, más
amplia, de los derechos humanos, pero estamos un poco sorprendidos por
las dudas que se han planteado. Estamos perfectamente de acuerdo con el
último compareciente y deducimos de las palabras de los comparecientes
que lo que se ha hecho en el proceso de selección de estos observadores
no es más que lo que se ha enunciado: una colaboración con organizaciones
no gubernamentales, en ningún caso delegación de responsabilidades, y ése
es nuestro criterio. Compartimos la posición del portavoz de Izquierda
Unida; la más amplia colaboración con organizaciones no gubernamentales,
con la sociedad civil, con las universidades, etcétera, además en el
ámbito de todo el territorio nacional porque, como se ha explicado,
muchas veces la premura en la decisión del envío de observadores hace que
nos circunscribamos excesivamente a nuestro perímetro propio de
actuación. En el Parlamento está muy bien que participen los partidos
políticos, que son expertos en cuestiones electores, pero también en el
más amplio ámbito territorial.
Creo, señorías, que no se puede plantear ninguna duda sobre el proceso de
selección de observadores, si es lo que se ha pretendido plantear con
estas comparecencias, porque también tenemos que dejarnos de dobles
palabras y dobles discursos; por un lado, decir que todo está muy bien y,
por otro establecer dudas que no llegamos a comprender. Digamos las cosas
con claridad, estudiemos en profundidad no solamente lo que ahora se hace
sino lo que se ha hecho en el pasado y veremos que existen muy pocos
elementos de crítica, prácticamente ninguno.
Tendremos tiempo, señor Estrella, de debatir, como usted muy bien ha
anunciado, en la próxima semana y en los próximos meses la ley de
cooperación como lo estamos haciendo, pero no lo entiendo bien y me
gustaría que me diera una explicación al respecto. Sobre el estatuto del
observador tenemos una cierta predisposición a funcionalizarlo todo, y
esto es algo más importante. El estatuto de los cooperantes estará en la
ley de cooperación, como S. S. muy bien sabe, por decisión de los grupos
mayoritarios y esperamos que se sume al consenso básico de quien forma la
mayoría en esta Cámara. No entiendo a qué se ha referido con el tema del
estatuto de los observadores. Creo que las propias condiciones y
circunstancias de este tipo de trabajos y misiones pueden definir
exactamente el perfil de las personas que participan. Existe un marco
estable que lo diseña, lo decide el impulso político que en cada momento
se da y viene orientado por el prestigio y la participación cada vez más
importante de España en todo tipo de misiones internacionales.
Estas son mis primeras reflexiones, señor presidente, no comprender
exactamente las dudas que se plantean. Creo que intentar fiscalizar en
una Comisión de Asuntos Exteriores el trabajo de una organización no
gubernamental es algo inaudito que no se había hecho nunca en esta
Cámara. Las organizaciones no gubernamentales nacen de la sociedad, nacen
de la conciencia de solidaridad de los españoles, están inspiradas en
planteamientos muy legítimos y todas tienen una amplísima participación
en los trabajos de cooperación al desarrollo o de cooperación
internacional que impulsa la Administración del Estado y el conjunto de
las administraciones públicas. Entraríamos en una dinámica un tanto
peligrosa intentando fiscalizar o capitalizar desde el Parlamento la
función de las organizaciones no gubernamentales. En cualquier caso, si
ésta es una dinámica que el Grupo Parlamentario Socialista va a
introducir en el futuro, no tendríamos ningún inconveniente en seguir por
ese camino. Es justo decir que es una dinámica peligrosa, porque va a
resultar ahora que, después de dos años, seguimos sin darnos cuenta de
que ha habido unas elecciones, ha cambiado el gobierno y puede parecer
que lo que realmente molesta a algunas personas es que no son sus amigos,
y permítaseme la expresión, sus amigos, entre comillas, los que resultan,
también entre comillas, beneficiados de una determinada situación. Eso se
tiene que acabar y no creo oportuno entrar en este tipo de discusiones,
aunque podríamos hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Por el mismo orden de las intervenciones, el señor
Espinosa tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández): Voy a contestar a las preguntas que
me han hecho por orden, primero al señor Estrella, que me congratulo de
que haya puesto el ejemplo alemán, porque no hay mejor ejemplo concorde
con nosotros. Dice que ha estado recientemente allí y que ha podido
comprobar cómo se hace esto. Bien sabe el señor Estrella que la agencia
alemana de cooperación es una empresa, no es una agencia, a la cual
contratan, tanto el Parlamento como el Gobierno alemán y delegan en ella
todas estas misiones, y lo hace con los criterios de la empresa. Esto les
ha dado buen resultado; los alemanes están especialmente orgullosos de
hacerlo de esta manera y lo seguirán estando.
En nuestro caso, lo hemos hecho de otra manera porque hemos considerado
que era la única forma de hacerlo con el tiempo que había. Me gustaría
reseñar cuál ha sido el proceso completo, reiterando lo que ha dicho el
señor Rodríguez-Spiteri, para que se comprenda en forma de esquema. La
dirección política recibe la petición, esta dirección política lo pasa a
la dirección de la AECI, que es la que tiene los fondos asignados porque
entra dentro de la AOD --luego explicaré por qué entra dentro de la
AOD--; la Agencia lo envía al ICMA, que es la dirección general del
instituto que le corresponde a la zona geográfica; la dirección del ICMA
lo envía a la dirección de zona, en este caso Europa del Este, y la
dirección de zona, de acuerdo con los antecedentes que tiene su sede,
como bien ha dicho el señor Estrella, en Valencia, por lo que no es
ilógico que se dé un número de fax de Valencia. Si estuviese en Madrid se
daría un número de Madrid y si estuviese en San Sebastián se daría un
número de San Sebastián; desde mi punto de vista, no hay ninguna cosa
extraña en dar un número de fax de Valencia porque, al parecer, es la
sede de la organización Pueblos Fraternos. Sin embargo, esto que se
realiza en esta ocasión con Pueblos Fraternos, ni es la primera vez que
se ha realizado ni es ésta la única ONG con la que se ha hecho. En los
antecedentes que constan en la Agencia, hay uno citado por el señor
Estrella, Iepala; también se ha trabajado con el MPDL, con la Fundación
Iberoamericana de Administración Pública y con Pueblos Fraternos. En
cualquier caso, siempre se ha seguido el mismo procedimiento, es la
dirección de zona la que, en función del conocimiento que tiene de la
zona y de las organizaciones, designa a esta organización. En el caso de
Pueblos Fraternos, y según la ficha que me han preparado, una de las
cosas que más influyeron fue el que incluye en su personal varios
psicólogos y expertos en formación de personal de manera permanente; es
una de las razones que se aducen en la ficha para haberlo escogido. Por
otra parte, tengo que decir que tanto la OSCE como la Dirección General
de Europa, que
puede ratificarlo, como la Dirección General del ICMA, felicitaron a esta
ONG por su buen hacer en este tipo de cuestiones y en el caso que nos
ocupa.
Hay otra cuestión que me gustaría esclarecer, y es si se ha seguido la
Ley de Contratos del Estado. Me gustaría recordarle al señor Estrella que
la Agencia Española en su contratación se rige por tres decretos
diferentes de la Ley de Contratos del Estado, que solamente utiliza
cuando es por vía de concurso para un servicio general de toda la
Agencia, como puede ser la publicación de una revista o el suministro de
electricidad para algo determinado. Las acciones de la Agencia se
realizan de la siguiente forma. Primero la convocatoria abierta y
permanente, que viene dada por una orden ministerial de enero del año
1991, modificada en noviembre del año pasado, donde se establece
precisamente por la excepcionalidad de la Agencia y de sus acciones una
serie de mecanismos de control para poder realizarlo. Segundo, por las
convocatorias ordinaria y de IRPF para acciones a medio y largo plazo de
las ONG. Estas convocatorias salen dos veces al año por medio de una
orden ministerial (la última creo que es del 19 de diciembre, pero puedo
equivocarme y no quiero darlo como fijo). Sí digo como fijo que cada año
aparecen dos convocatorias, la ordinaria y la de IRPF para las ONG.
Finalmente, hay un decreto sobre las subvenciones de Estado que, con
carácter excepcional, realiza la Agencia en cumplimiento de sus
funciones, decreto que precisamente no hace ni 15 días que apareció en el
«Boletín Oficial del Estado»; habíamos intentado realizarlo los seis años
anteriores pero, por lo visto, sin ningún éxito. Estas son las formas, lo
que no significa que se salte alguna normativa, sino, sencillamente, que
la Agencia, por su especial característica, tiene una normativa diferente
que es la que aplica; normativa intervenida, fiscalizada y de acuerdo con
los órganos de intervención y Administración del Estado.
Perdonen si me he saltado alguna respuesta que, con mucho gusto, podría
dar. (El señor Estrella Pedrola: Si se ha pagado, ¿cuánto ha sido?)
Se ha pagado, pero no dispongo del dato. Le doy las gracias y le voy a
recordar una cosa, que solamente se pagan los gastos que se justifican,
es decir, hay unas tarifas de viajes, unas tarifas de dietas y viáticos a
los asistentes y no hay nada más que se pueda pagar. De todas formas con
muchísimo gusto enviaré a la Presidencia de la Comisión, para que pueda
distribuirlo entre SS. SS., la cuantía exacta de la financiación, de la
justificación y del pago o retorno, en su caso. En cualquier caso, son
unas partidas que vienen perfectamente prefijadas y sea cual sea la
organización que las realiza, es la que tiene que cobrar.
En cuanto al señor Alcaraz, efectivamente esto es ayuda oficial al
desarrollo, porque así lo ha decidido el comité de la OCDE que entiende
de esta materia. Como usted sabe, en este comité están representados 22
países, que son los donantes más importantes, y establecen cada año lo
que van a contabilizar como ayuda oficial al desarrollo. Y así como las
misiones militares de paz todavía no están contabilizadas como ayuda
oficial al desarrollo, las misiones electorales sí que lo están. ¿Detrae
esto otras cantidades de otro tipo de acciones? Ustedes aprueban cada
año, a través de los presupuestos, la cuantía global que, por medio de la
Agencia, se va a destinar a ayuda oficial al desarrollo. Este año estamos
aproximadamente en 46.000 millones de pesetas, y de esta cantidad una
parte va a estas ayudas electorales, entre comillas. Le puedo asegurar
que no llega ni al uno por ciento del presupuesto global de la ayuda
oficial al desarrollo que lleva la Agencia, y si lo agrupamos al total de
la ayuda oficial al desarrollo de todo el Estado, se quedaría reducido a
un 0,000..., bastantes ceros. Es decir, no es un capítulo
cuantitativamente importante dentro de los más de 200.000 que este año
van a realizarse.
La ley de cooperación, que yo recuerde --aunque el proyecto de ley ha
pasado del Gobierno a la Comisión y no sé en este momento los cambios que
ha introducido la Comisión-- no tiene ningún capítulo especial dedicado a
la observación electoral, pero, insisto, ya no es una cuestión nuestra,
sino de ustedes.
En cuanto a cómo se seleccionan las ONG, que era su tercera pregunta, le
diré que las ONG cuando se constituyen y van realizando actividades se
van especializando en una serie de cuestiones. Si, por ejemplo,
hablásemos de distribuir ayuda humanitaria, recordaría rápidamente tres,
cuatro o cinco ONG. Si estuviéramos hablando de Oriente Medio, pues me
surgirían otras ONG. Es decir, que cada vez que surge un tema, las ONG
van decantándose y especializándose. ¿Por qué se especializan las ONG?
Pues no sé si es en función de que su equipo directivo tenga más
capacidad o más afinidad hacia un tema o por otra cuestión, pero el hecho
es que, efectivamente, se van decantando, y sobre todo hay ONG que, quizá
por su vinculación con determinados departamentos universitarios, tienen
una mayor especialización. Quizás sea el caso del que estamos hablando en
este momento, pero tampoco quiero afirmarlo; sencillamente de ese
universo de seis o siete ONG con las que se trabaja en esta materia, ésa
es una de ellas, pero no hay ningún proceso objetivo en el que se diga
que se abre la plica. No lo hay, ni en éste ni, lamentablemente, en
ninguno de los casos. Precisamente la coordinadora de ONG acaba de editar
un libro hace un par de días, que incluye una ficha de muchas de las
diferentes ONG que operan en estos momentos y donde cada una de ellas ha
puesto tres o cuatro cosas en las que se considera, entre comillas,
especialista. Este es un poco el procedimiento que se ha seguido.
En cuanto al señor Navas, además de agradecerle su intervención, quiero
decirle que, efectivamente, no existe una regulación de la observación, y
al no existir no podemos hacerla. En cuanto a la bondad o no de la misma,
lo dejo a la interpretación de SS. SS., porque no es mi materia. Lo que
sí que le puedo asegurar es que intentamos cumplir la reglamentación que
tenemos con la mayor observancia posible.
Por mi parte, nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Garrigues tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL PARA LAS NACIONES UNIDAS, LA SEGURIDAD Y EL
DESARME (Garrigues Flórez): Si me permiten SS. SS., haría
una reflexión de carácter general, y creo que puedo hablar en nombre de
los tres comparecientes, que es agradecer el interés que demuestra esta
convocatoria y las preguntas planteadas; interés que se compagina
plenamente con nuestra voluntad y compromiso de total transparencia.
También quiero hacer una reflexión de humildad al reconocer que quizá no
todo sea siempre perfecto, que hemos ido aprendiendo de posibles errores
y que se va tratando de perfeccionar el procedimiento, adaptándose a algo
que es una realidad muy cambiante, un fenómeno que varía constantemente
y, por tanto, difícil de reglar.
En cuanto a las preguntas que me han sido dirigidas directamente, yo creo
que del contenido de las intervenciones ha quedado claro que la Dirección
General para las Naciones Unidas, la Seguridad y el Desarme no participa
directamente en lo que es el proceso de selección de observadores. Tiene
una competencia más directa en lo que se refiere a observadores militares
y policiales, por supuesto en estrecha coordinación con los Ministerios
de Interior y de Defensa, según el caso. Según tengo entendido, los
ficheros de que se dispone son únicos, son un listado, y las direcciones
generales y las instancias de la Administración competentes trabajan
siempre en estrecha coordinación y tratando de ajustarse a las
necesidades de cada caso concreto.
Por mi parte, nada más; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez-Spiteri tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA EUROPA Y AMERICA DEL
NORTE (Rodríguez-Spiteri Palazuelo): Yo creo que de lo que han dicho
tanto el señor Estrella como el señor Navas se podría deducir una cierta
duda o quizá perplejidad por lo que podría haber sido una aparente cesión
de responsabilidades a la hora de la selección de los observadores para
las elecciones en la República Sprska, en una delegación, entre comillas,
de competencias a favor de una ONG. Yo quiero disipar esa duda; es decir,
desde la Dirección General de Política Exterior, en colaboración con el
embajador especial para ese tipo de operaciones y la oficina de derechos
humanos, y sobre la base del fichero de datos de que disponemos para
estas operaciones, seleccionamos doce candidatos, de los cuales un cierto
número finalmente no pudo participar. La ONG en cuestión sugirió tres.
Del total de la misión, que eran ocho, cinco fueron seleccionados
directamente desde el área política del Ministerio sobre la base de
datos, los otros tres fueron sugeridos por la ONG, y nos parecieron
razonables. Uno de ellos tenía la función adicional de supervisar esos
aspectos que nos han causado tantos problemas y en los que hay que
insistir que son los aspectos logísticos, como transporte, alojamiento,
etcétera. Recuerden, señorías, que desgraciadamente en algunos casos, y
esto ocurre específicamente en la República Srpska, se trata de lugares a
los que ni se viaja ni se trabaja con facilidad. Por tanto, reitero que
creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy satisfactorio. Hemos
trabajado bien con esta ONG. Los resultados han sido buenos. Podemos
trabajar con otras ONG perfectamente. El Ministerio, en su estructura
actual, necesitará contar con ese apoyo para solucionar estos aspectos
logísticos, dado que la estructura operativa de funcionarios que se
dedican a estas cuestiones es muy limitada. Por tanto, en ese aspecto, yo
creo, señorías, que pueden estar tranquilos. Creo que se ha hecho un
trabajo perfectamente razonable.
Por otro lado, el señor Alcaraz ha mostrado preocupación por la base de
datos y por su aparente limitación, sobre la que trabajamos cien
personas, en lo que afecta a las misiones OSCE. Es cierto, pero nosotros
trabajamos sobre lo que podríamos llamar un fichero desgajado de la
unidad que mantiene la Dirección General de Procesos Electorales en el
Ministerio de Interior. Esta base de datos se nutre fundamentalmente de
voluntarios, con lo cual la ampliación de estos ficheros es un ejercicio
muy complicado. En lo que afecta a Europa, la segunda limitación que
tenemos, y creo que lo expliqué antes, es la necesidad de unos
conocimientos de idiomas, limitación que hemos encontrado también a veces
en el desplazamiento de unidades de la Guardia Civil. Quizá pudiéramos
haber optado a unas presencias más significativas, pero precisamente esa
limitación en el conocimiento de idiomas nos coarta a tener una
participación más efectiva. Por tanto, es posible que estos cien
candidatos sea un número reducido. Estoy de acuerdo con S. S. en que
podríamos trabajar para dar a conocer, por lo menos en universidades o
instituciones, que existen estas operaciones. Quizá hay gente que no esté
suficientemente informada y que podría estar interesada en ello. Lo vamos
a estudiar, porque parece una idea razonable, a ver si de alguna manera
conseguimos atraer un mayor número de voluntarios, repito, razonablemente
cualificados para este tipo de misiones, y esto no sólo implica --como
mencionaba antes el secretario general-- conocimiento de idiomas, sino,
además, una especie preparación personal en la que el asesoramiento de
técnicos psicólogos es fundamental, puesto que normalmente van a
encontrarse en situaciones de tensión y a veces, desgraciadamente, en
situaciones en las que su seguridad personal está afectada. No son tareas
fáciles, son tareas en lugares lejanos muy complejos.
Vamos a estudiar la fórmula para ver cómo podemos, a través de las
universidades y de otras instituciones, ampliar el conocimiento de
nuestra sociedad de que existen estas misiones, de que hay unos
requisitos mínimos a través de los cuales se puede participar y tratar de
ampliar el número de observadores.
Creo que eso es todo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, creo que la presencia de los
tres comparecientes, sus intervenciones y sus explicaciones, justifican
plenamente el objetivo central de esta comparecencia. Había un interés
general, había un vacío en la información y creo que podemos sentirnos
plenamente satisfechos ya que, además, se nos abre un escenario. Quizá
sería interesante que se nos
facilitase una relación de todas las operaciones --lo han venido diciendo
ustedes a lo largo de las intervenciones-- en las que ha habido
participación española, cuál ha sido esa presencia y cuál era el
organismo que requería esa participación.
En las palabras del portavoz del Grupo Popular ha habido un tono no sé si
de amenaza --no creo que haya sido de amenaza--, y tengo que apresurarme
a decir que desde el Grupo Socialista no tenemos ningún inconveniente en
fiscalizar la labor de nadie que utilice fondos públicos; estamos
dispuestos a ello. Para nosotros, desde luego, el problema no es si una
ONG es amiga del Partido Popular o no, sino si esa ONG está capacitada
para desarrollar la labor que se le asigna o no.
En el caso de Pueblos Fraternos --en Valencia algunos les llaman
Producciones Tarancón-- tenemos serias dudas, señor presidente. Porque la
verdad es que a Pueblos Fraternos --que no sé qué antigüedad tiene, pero
no pasará mucho del año-- no se le conoce experiencia anterior en
cooperación. No es conocida en este ámbito, no ha concurrido a ninguna
convocatoria del País Valenciano ni a ninguna convocatoria de la Secipi.
En realidad, no sabemos si es una organización o una ONG, porque en ese
listado en ese libro, dudo mucho que figure y si figura a lo mejor
podremos saber algo más sobre ella. Sin embargo, ahí está.
Hablaba el secretario general de la especialización de las ONG; la
especialización de Pueblos Fraternos es precisamente la versatilidad en
su corta vida. Ahí está instruyendo formadores para la capacitación de
funcionarios y cargos electos de Nicaragua, con la generosa ayuda por
parte de la Agencia de 50 millones menos 30.000 pesetas; ahí estaba, en
espíritu, aunque no presente directamente, en ese fastuoso viaje del
señor Zaplana, donde más de 30 personas se desplazaron a Nicaragua para
la firma de un convenio de siete millones; un amplio cortejo, en el que,
por cierto, figuraba usted mismo, no sé si en su condición de secretario
general de la Agencia, en su condición de amigo del señor Zaplana o,
simplemente, en su condición de valenciano, o en las tres. También está
Pueblos Fraternos cuando el español está amenazado y desapareciendo en
Filipinas, otra vez con un programa financiado por la Agencia, en la
convocatoria ordinaria y permanente, para preservar el chabacano, con
siete millones de pesetas.
Cuando por parte de algunos se decía que España perdía opciones, perdía
posibilidades en Irak, tras la posición que ha mantenido en la reciente
crisis, ahí está nuevamente Pueblos Fraternos al rescate, con diecinueve
millones y medio de pesetas, también de la Agencia, para recogida, compra
y envío de material didáctico para la enseñanza del español en Irak.
Nuestro encargado de negocios en Bagdag puede estar tranquilo, van a
llegar más de 10.000 libros y lapiceros, y algunos expertos, imagino.
De este modo, Pueblos Fraternos pronto tendrá un currículum y podrá
concursar en las convocatorias de la Agencia, de la Secipi, y en las
convocatorias del país valenciano, cosa que ahora no puede hacer porque
no tiene ese currículum. A esta organización es a la que se ha encargado
la selección de los observadores; a esta organización con esa
especialización en la versatilidad.
A quien enviaba su currículum por fax --a algunos de ellos, al menos--,
se le citó a una reunión en una clínica odontológica en Madrid --a los
odontólogos antes se les llamaba sacamuelas--; a la entrevista asistieron
dos personas, que a la sazón eran los responsables o representantes de la
citada ONG, el único dato que tengo es que eran dos señores que fumaban
grandes puros. (El señor Robles Fraga: Siempre tan profundo, Estrella.)
Sí, señor Robles, esté usted tranquilo. Había dos personas más, que
imagino que eran las que aportaban realmente el conocimiento, que eran
precisamente el diputado señor Robles y el diputado señor Rupérez,
destacados miembros del Partido Popular. Y no estoy criticando a nadie;
entiendo perfectamente su presencia, la entiendo, además, como un acto de
militancia. Me interesa destacarlo porque precisamente eso expresa...
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, ¿quiere usted repetir esa
afirmación?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Estoy transmitiendo, señor presidente, la
información que tengo. Si no es cierta, se me desmentirá en su momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, la dignidad de la Presidencia se
siente ofendida. La dignidad de la Presidencia se siente ofendida.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, no confunda usted la
Presidencia con su propia persona. (El señor Robles Fraga: Es una cosa
increíble.)
El señor PRESIDENTE: Usted está haciendo afirmaciones que no son ciertas.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Si usted me dice que no son ciertas, yo retiro
inmediatamente esas afirmaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, le pido que las retire
inmediatamente.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Retiro inmediatamente esas afirmaciones. (El
señor Robles Fraga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Siga usted, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, estoy en el uso de la
palabra. Permítaseme que termine y después precísese lo que sea.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Se me dice que las informaciones de que
dispongo no son ciertas y si no lo son, inmediatamente las retiro y
después de las palabras del presidente ya lo he hecho.
En cualquier caso, es evidente la insolvencia y la falta de cualificación
de esta ONG, cuyos dirigentes, además, se entretenían en pedir, al menos
a algunos de los entrevistados, que, de paso que estaban en la República
Srpska, si podían, buscaran algún proyecto para Pueblos Fraternos. En el
mundo de la cooperación a nadie se le ha pedido ayuda desde Pueblos
Fraternos para esta selección.
Señor presidente, algo extraño hay en todo este proceso, en esa
adjudicación a dedo a una ONG de nula cualificación. Yo no sé si estamos
ante una fase superior del modelo Orense o del modelo Cartagena. Creo que
es preciso aclarar este entramado. No le puedo pedir al presidente de la
Agencia --me gustaría que lo hiciera-- que lo aclare, pero si no recibo
una información satisfactoria dirigiré al ministro una carta que tengo
preparada pidiéndole que abra una investigación sobre esto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Intervengo por alusiones, señor presidente.
El señor Estrella afirma que el diputado José María Robles Fraga...
El señor PRESIDENTE: Limítese a las alusiones.
El señor ROBLES FRAGA: ... asistió a una reunión en una clínica
odontológica en la que había dos personas que fumaban grandes puros y que
tendría algo que ver con la ONG Pueblos Fraternos y con el proceso de
selección de candidatos para la observación de las elecciones en la
República Srpska.
Si todas las informaciones y todas las cosas que ha dicho aquí el señor
Estrella tienen la misma fiabilidad que esta noticia, que es rotunda y
clamorosamente falsa, entonces la intervención del señor Estrella se
califica por sí misma. Porque le puedo asegurar, señor Estrella, que en
las clínicas odontológicas en las que alguna vez he estado jamás se ha
hablado de observación de elecciones, sino más bien de otros asuntos,
como, por ejemplo, lo que les ocupa a los que usted llama vulgarmente
sacamuelas.
Desde luego, estoy seguro de que el resto de las afirmaciones y de las
insidias del señor Estrella tienen la misma ausencia de fundamento que lo
que acaba de afirmar. Le ruego que retire del acta lo que ha dicho con
respecto al diputado que le habla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, me bastan las palabras del
presidente y las del señor Robles para retirar, dado que se niega su
presencia en el proceso de selección de observadores por parte de Pueblos
Fraternos, esa parte de mi intervención. No retiro, evidentemente, la que
se refiere a la absoluta insolvencia de Pueblos Fraternos para estos
procesos.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, comprenderá que la Presidencia se
sienta ofendida, y comprenderá, señor Estrella, que, en nombre de la
Presidencia y en nombre de todos los aquí presentes, le pida que sea
extremadamente cuidadoso en el futuro con sus afirmaciones y con la
selección de sus fuentes.
No se retira nada del acta. En el acta se mantiene exactamente lo que se
ha dicho, incluyendo la retirada de las afirmaciones. Pero usted
comprenderá que yo me sienta, como diputado y como presidente de esta
Comisión de Asuntos Exteriores, ofendido.
Al mismo tiempo, comprenderá que tenga que decir que yo tengo que dar,
con independencia de cuál sea el grupo al que pertenezcan, protección a
todos los miembros de esta Cámara para que no se vean imputados de manera
gratuita por afirmaciones que no tienen absolutamente ninguna base en la
realidad, y que suponen, ni más ni menos, que afirmar que se estuvo en un
sitio donde nunca se estuvo.
De manera que, señor Estrella, con independencia de otros factores en los
cuales ni entro ni salgo, entienda que le pida encarecidamente que en un
tema que es extremadamente sensible para la dignidad de las personas, en
el futuro se atenga a la calidad de las informaciones y las compruebe más
de una vez para que no caigamos en este tipo de cosas. Lo digo con
independencia de cualquier otro tipo de valoración política de las
acciones de la Administración o del Gobierno.
Repito, me siento ofendido y comprendo que, por dicha ofensa, el señor
Robles se sienta también afectado.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor presidente, pensaba cerrar el turno de
intervenciones de los portavoces parlamentarios, pero, aunque lo haré
ahora mismo, quiero decir unas palabras.
Tuve al principio, señor presidente, señorías, una intervención
dubitativa, puesto que no sabía exactamente la intención política real de
la petición de comparecencia por parte del Grupo Socialista. Ahora no
puedo tener una intervención dubitativa, puesto que la intención
estratégica del señor Estrella se ha visto determinada con claridad.
Señorías, nace todo de este artículo de El Socialista, la revista de
probada independencia e imparcialidad y órgano oficial de un partido
político, lo cual es muy digno, donde se empiezan a verter insidias e
insinuaciones en esa especie de campaña de desprestigio de la
Administración.
Señor presidente, voy a ser muy breve al pedir el amparo de la
Presidencia, puesto que lo que ha sucedido esta mañana aquí es
completamente inaudito. Yo no he establecido tampoco ninguna amenaza al
señor Estrella en mi intervención.
El Grupo Parlamentario Popular quiere felicitar, señor presidente, a
todos y cada uno de los voluntarios españolas y españoles que han
participado de manera altruista en este tipo de operaciones. Porque aquí
hemos venido, señorías, a hablar sobre la importancia que tiene para
España y su presencia en el mundo el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, de los derechos humanos, de las libertades;
ésta es la cuestión. No es una generalidad, señor presidente; es la
cuestión, entiendo yo, más importante. No puede haber y no ha habido
nunca asomo alguno de duda en estas cuestiones ni la ha planteado nuestro
grupo parlamentario en el pasado, durante 14 años de oposición, entiendo
que con lealtad a lo que es un diseño estratégico importante de la
presencia de España en el mundo y, además, reconocido por todos en el
concierto internacional. Por tanto, creo que el señor secretario general
de la Agencia Española ha brindado información a la Cámara. Por cierto,
aunque no ha habido nunca en el pasado ningún asomo de dudas sobre
cuestión similar, tampoco ha habido nunca tanta información y tanta
transparencia informativa, dicho sea de paso y entre paréntesis. No puedo
olvidar tampoco las dificultades administrativas de carácter técnico
jurídico, que son las que son y están ahí, porque no es competencia ni
responsabilidad de este Gobierno, que se sepa, la creación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, ni toda la normativa existente en
torno a la fiscalización de gastos; nunca esas dificultades
administrativas han supuesto motivo de crítica alguna, sino de
recomendación, de reflexión y, señor Estrella, de propuestas y de
alternativas. Haga usted las propuestas con valentía, desde su grupo
parlamentario (El señor Estrella Pedrola: Las estamos haciendo.), en el
seno del debate de la ley de cooperación o en el debate que a usted le
convenga, aquellas que considere más importantes o necesarias para evitar
este tipo de dificultades, que la Administración actual y la pasada están
para resolverlas. Y hágalas también desde el celo que tiene esta
Administración de preservar lo que es una perfecta, clara y transparente
fiscalización y justificación de gastos en todo momento.
Vuelvo al principio de mi intervención, señor presidente. Queremos
felicitar a todos y cada uno de las voluntarias y voluntarios españoles
que, en el pasado y ahora, participan en este tipo de misiones, porque
son altruistas, porque estoy completamente convencido de que, desde su
especialización, lo que hacen es dejación verdadera de sus
responsabilidades familiares y profesionales para atender a este tipo de
misiones y, por tanto, para ayudar desde la participación activa a
mejorar y fortalecer la presencia y el prestigio de España en el
exterior; a todos, a los del pasado y a los del presente. Por tanto,
señor secretario general, bueno sería que esa información que nos va a
dar a la Cámara incluyera también información del pasado, de todas
aquellas organizaciones no gubernamentales, de todos y de cada uno de los
voluntarios que, a través de esas organizaciones gubernamentales, han
colaborado con el Gobierno español y, por supuesto, señor Espinosa, de
todos los gastos que han originado, que entiendo son altruistas y están
justificados, como han sido sus gastos de desplazamiento, viajes,
etcétera, porque yo creo que en los archivos de la Cámara debe constar la
relación de esas españolas y españoles que colaboran de esa manera tan
importante a lo que es, ha sido hasta ahora y esperemos que siga
siéndolo, una labor de todos.
Termino, señor presidente, sugiriendo al principal grupo parlamentario de
la oposición que se tranquilice, que no todo puede ser estrategia, que
hay algunas cuestiones en las que tenemos que estar de acuerdo, que el
Grupo Parlamentario Popular también está dispuesto a fiscalizar a todas
aquellas organizaciones no gubernamentales que controlan o administran
gasto público, pero que los mecanismos están ahí y son perfectamente
claros, y que no saldrá de nuestra boca ningún tipo de insidias ni
insinuaciones, ni siquiera familiares, señor Estrella, de personas
próximas a esta Cámara y muy unidas por lazos de sangre que participan
activamente en este tipo de labores. Dejemos las cosas como están (El
señor Martínez Martínez: Si nos están felicitando, felicite a la familia,
felicitemos a todos.), y como son realmente y dediquémonos a hacer, señor
Estrella, propuestas (gracias, señor Martínez) de futuro y constructivas.
El señor PRESIDENTE: El señor Espinosa tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL (Espinosa Fernández). Si me lo permite el presidente, diré
que me ha sorprendido terriblemente la intervención del señor Estrella,
que la considero injusta y, además de injusta, la considero falta de
conocimiento o de información.
En primer lugar, me gustaría decir que todas y cada una de las acciones
que usted ha mencionado como liberalidades, las ha recogido del «Boletín
Oficial del Estado», que es donde aparecen.
Desde que el Partido Popular gestiona la Agencia Española de Cooperación
Internacional, es decir, desde que está este Gobierno, cada tres meses se
envía al «Boletín Oficial del Estado» la relación exhaustiva de todas y
cada una de las acciones subvencionadas, cosa que no sucedía antes; todas
las que usted ha dicho y dos que se ha olvidado, están en la relación del
«Boletín Oficial del Estado». Por cierto, su compañero de grupo, y para
mí respetadísimo, como todos ustedes, portavoz en la Comisión de
Cooperación, cada tres meses me hace preguntas, a las que tiene derecho y
con muchísimo gusto se las contesto, sobre todas y cada una de las
subvenciones que se otorgan por convocatoria abierta y permanente.
Permítanme que proteste y diga que en ningún momento se trata de
liberalidad, ni tan siquiera capricho. Se trata de una adjudicación
siguiendo unas normas legales establecidas, como son las de convocatoria
abierta y permanente, e intervenidas por el señor interventor.
También tengo que decirle que me ha sorprendido el que a Pueblos
Fraternos la conozca S. S. como producciones Tarancón, aunque me ha
sorprendido menos porque también podríamos decir que al MPDL se le
conocía como producciones González y Sahuquillo, a Amigos de la Carretera
se le conocía como amigos del señor Campo y a la Olof Palme, como amigos
de --mi querida y no presente en este momento-- Ana Balletbó. Pero si los
chascarrillos --que pueden tener un momento más o menos eficaz para
decirlos-- tienen cabida en el juicio de una ONG, me preocupa porque creo
que es algo que está fallando. Entre otras cosas, se dice que es una ONG
que no tiene capacidad,
cuando tiene un catedrático de Derecho internacional, que supongo que
alguna capacidad debe tener; cuando tiene un altísimo funcionario de la
OIT, que supongo que alguna capacidad debe tener; cuando cuenta con uno
de los cuatro especialistas que el Cedefop tiene en España, supongo que
algo tiene que tener. El que se meta a todos en un saco y se diga: Estos
señores parece que son amigos de no sé qué partido (quiero recordarle que
el señor Tarancón es el presidente del Partido Popular en la provincia de
Valencia y supongo que irá por ahí lo de producciones Tarancón, no lo
sé), entonces, automáticamente, quedan descalificados. Primero, que yo
sepa, el señor Tarancón no pertenece a la ONG; pero puede ser que así
sea, porque tampoco tengo un conocimiento exhaustivo. Quizá tenga de
otras más que de ésta, pero así es.
En medio de su intervención, señor Estrella, ha hecho usted dos
comentarios que me han sorprendido también. Primero, dice: No se ha
presentado a las convocatorias del país valenciano. Indudablemente, el
país valenciano no existe; la Comunidad Valenciana, sí. Por lo tanto, a
una convocatoria no existente nadie puede presentarse. Si usted se
refiere a la de la Comunidad Valenciana, nuevamente su nivel de
información es bajo. Le rogaría que usted se informase, porque vería que,
efectivamente, Pueblos Fraternos sí que realiza algunas acciones con la
Comunidad Valenciana; entre otras cosas que ha adjudicado en parte a la
Agencia, una de la que usted ha dicho es de la Comunidad Valenciana y no
es completamente de la Agencia.
En cuanto al viaje que hizo a Nicaragua el muy honorable presidente de la
Generalitat valenciana, don Eduardo Zaplana y Hernández-Soro, tuve el
honor de acompañarle, y lo hice como debía hacerlo, como secretario
general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otras
cosas, porque el motivo del viaje era la realización de una obra de
solidaridad como era la entrega, por parte de la Agencia --el Estado-- y
por parte de la Generalitat valenciana, no de Pueblos Fraternos, de un
hospital llamado el hospital del Maestro y Amigo; documento público y
notorio que tuvo refrendo en nuestro ministerio, y llevábamos
plenipotencia para firmar el documento, junto con el presidente de la
Generalitat valenciana. Por lo tanto, no veo qué pinta el viaje ni con
Pueblos Fraternos ni con no sé qué otras cosas. Pero, si usted quiere
rizar el rizo, le diré que con ocasión del viaje del presidente Aznar a
los países centroamericanos, todas las ONG con presencia en la zona
tuvieron un representante, y supongo que Pueblos Fraternos también lo
tendría. Por poner un ejemplo, allí estaba Solidaridad Internacional,
allí estaba MPDL, allí estaba Las Segovias, y supongo que también estaba
Pueblos Fraternos. Pero, ¿esto significa algo de amiguismo, entreguismo o
algo así? Es lo que no llego a comprender.
En resumen, hace usted una relación exhaustiva de una pretendida
versatilidad de una organización, listado que usted saca precisamente del
«Boletín Oficial del Estado», donde lo envía la Agencia. En todos y cada
uno de los casos existe un procedimiento que es el procedimiento jurídico
adecuado, en todos y cada uno de los casos está intervenido como tiene
que estarlo; además, se mezcla con el presidente del Partido Popular de
Valencia, que nadie sabe qué tiene que ver en esta historia pero, por si
acaso, aparece por aquí; se mezcla con unos señores fumando puros, como
si dijera que el que fuma puros no tiene que estar en no sé dónde. Pues
dígaselo al señor González, que también fumaba puros --no sé si ahora
continúa fumándolos--, y vayan todos mis respetos al que fuma puros. No
sé qué barreja se quiere hacer, cuando la única verdad es que a una
organización no gubernamental --en este caso, a ésta; en otro, a
cualquier otra-- se le pide el esfuerzo de que en un corto espacio de
tiempo ponga sus medios a disposición y adelante financieramente los
gastos, para que España pueda tener observadores en un proceso de paz que
es considerado positivo por todas las personas que tienen la
responsabilidad. Y esto, por lo visto, es lo criticable. Con todo el
respeto y, por supuesto, respetando todas y cada una de las palabras,
excepto las inexactas --que las atribuyo a mala información, no a otra
cosa--, del señor Estrella, tengo que decirle que, desde mi punto de
vista de gerente de la cooperación (que no de valenciano, porque me sería
igual ser valenciano que extremeño. No tiene demasiada importancia,
aunque algunos se empeñen en decir que favorezco a las empresas
valencianas --no sé en qué, pero ya me gustaría saberlo--; ojalá pudiera
hacerlo. Si pudiera, lo haría, pero no me dan pie. ¡Qué vamos a hacer!),
estoy orgulloso de la colaboración que Pueblos Fraternos presto en el
proceso de paz de la República Srpska. Estoy seguro que cuando la
dirección general de Europa del Este propuso al secretario general de la
Agencia la contrastación de esta ONG, lo hicieron teniendo los datos para
creer que era la mejor y la más adecuada. Indudablemente, asumo
completamente la responsabilidad. Si el señor ministro tiene a bien
indicar una indagación, puede hacerla las veces que quiera; además, ya
tenemos esa indagación a diario, cuando nuestra intervención --que
tenemos presente en cada momento-- fiscaliza desde la retención de
crédito hasta la liquidación de todos y cada uno de los pasos que se dan
en la Agencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Espinosa.
Me van a permitir que haga unas observaciones, tanto como presidente de
la Comisión como presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que
tienen que ver con la realización de esas tareas de observación
electoral. En las cuatro observaciones a las que se ha referido el señor
Rodríguez-Spiteri yo he estado presente como presidente de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE y con funciones específicas que no tenían
directamente que ver con las operaciones de observación española,
naturalmente, en las cuatro he tenido ocasión de entrevistarme con los
observadores españoles que habían sido seleccionados por los
procedimientos que han sido descritos aquí. Claro que ha habido
dificultades, bien descritas, por parte de la Administración española y
por parte de la OSCE, y yo creo que ambas --Administración española y
OSCE-- son las primeras en reconocerlas, en función de la cortedad de los
plazos que se daban para la selección de los observadores y en función de
todas las dificultades administrativas y financieras que se planteaban.
Tengo que decir que en todos los casos la observación ha sido enormemente
satisfactoria, no porque lo diga yo --lo ha sido para mí por otras
razones de tipo general, que espero que todos compartamos--, sino porque
ha habido españoles que han tenido ocasión de acercarse a realidades
diferentes, realidades complejas, realidades que necesitan de nuestra
presencia. Naturalmente, yo espero y deseo que se mejoren, en la medida
de lo posible, los procedimientos administrativos, aquí y allí, en la
Administración española y en la OSCE, pero espero y deseo también que
sigamos realizando esas tareas de observación que me parecen enormemente
importantes, no ya únicamente para el prestigio del país, no ya
únicamente para la solidaridad internacional que eso supone, sino también
por la necesidad que todos tenemos de contar con gente joven, voluntarios
--como decía el señor Izquierdo-- que no obtienen absolutamente ningún
beneficio de esas tareas de participación internacional en la
construcción de la democracia. Yo, incluso, animaría a la Administración
española a que no lleguemos únicamente a Azerbaiján, sino que vayamos a
Tayikistán, si me permite el señor director general recordarle que
posiblemente en este año también Tayikistán vaya a celebrar elecciones. A
mí me gustaría ver también algún observador español en esas lejanas
tierras de Asia Central.
Con esto, si no hay nada más que añadir por SS. SS., damos por finalizado
este punto del orden del día, agradeciéndoles a los comparecientes su
presencia, su voluntad de participación y la enorme cantidad de datos e
informaciones que nos han transmitido. Muchas gracias.
Se interrumpe la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión,
con la consideración de las preguntas que están reflejadas entre los
puntos 4 al 16 del orden del día.
Quiero agradecer la presencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores,
que será quien conteste las preguntas.
Asimismo, quiero precisar que la pregunta que figura con el número 14, de
la que era autora doña María Teresa Riera, ha sido retirada, y que las
preguntas que figuran recogidas entre los puntos 5 y 10, ambos inclusive,
de las que es autora doña Belarmina Martínez González, serán agrupadas a
efectos de su consideración.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), EN CUANTO A DATOS
DE LOS QUE DISPONE EL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE ACTIVIDADES DE REPRESION
SISTEMATICA CONTRA MIEMBROS DE LA ETNIA BUBI EN LA REPUBLICA DE GUINEA Y
ACTUACIONES ACORDADAS, EN SU CASO, POR EL GOBIERNO ESPAÑOL PARA CONSEGUIR
SU CESE (Número de expediente 181/001292)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, realizada por don
Ricardo Peralta, que entiendo va a ser realizada por el señor Alcaraz,
del Grupo Mixto, relativa a los datos de los que dispone el Gobierno
español sobre actividades de represión sistemática, contra miembros de la
etnia bubi en la República de Guinea Ecuatorial y actuaciones acordadas,
en su caso, por el Gobierno español para conseguir su cese.
Señor Alcaraz, ¿quiere usted hacer uso de la palabra o le damos
directamente la palabra al señor ministro? (Denegaciones.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, en la
madrugada del pasado 21 de enero un grupo armado, cuyo número se estima
en torno a las 30 personas, llevó a cabo varias acciones en el área de
Luba en la isla de Bioko, con un primer resultado de cuatro muertos que
posteriormente aumentaron a siete, cinco de los cuales pertenecientes a
las fuerzas de seguridad del Estado; en los días siguientes se produjeron
nuevos encuentros entre componentes de dicho grupo y fuerzas de
seguridad.
Estos actos de violencia fueron denunciados por el Gobierno español en un
comunicado de 23 de enero en el que se aboga, una vez más, por la
transición política pacífica y se reitera la disponibilidad de nuestro
Gobierno para promover el diálogo político.
Se ha sabido por diferentes fuentes que, a raíz de tales hechos, se
llevaron a cabo numerosas detenciones que incluyeron a personas
consideradas como simpatizantes o pertenecientes al no legalizado
movimiento para la autodeterminación de la isla de Bioko, MAIB, al cual
el Gobierno guineano hizo responsable de los atentados, además de un
número indeterminado de vecinos principalmente de los poblados de Rebola
y Belebú.
Debido a la opacidad informativa existente en Guinea y a la proliferación
de rumores se hace difícil cuantificar el número de detenidos y la
situación en que se encuentran. En todo caso, y aunque parece que el
número de detenidos ha descendido, todavía permanecen detenidas numerosas
personas, probablemente varias decenas. Esta acción de las fuerzas de
seguridad guineanas ha sido denunciada por la oposición y, según estas
denuncias, se habrían cometidos excesos e incurrido en malos tratos a los
detenidos y a la propia población de los referidos poblados.
El Gobierno guineano, tras los primeros días de una cierta confusión por
unos hechos de indudable gravedad, ha hecho llamamientos para que las
fuerzas de seguridad conserven la calma y, asimismo, tras negar
connotaciones étnicas a tales sucesos y prevenir sobre la gravedad de los
hechos, ha apelado a la concordia y a la convivencia en el país.
El Gobierno español entiende --lo hemos reiterado en otras ocasiones--
que el diálogo entre las fuerzas políticas guineanas es la única vía para
avanzar en este proceso de transición democrática en Guinea. Hemos
reiterado, en el marco del diálogo que mantiene nuestro Gobierno con las
autoridades de Malabo, la necesidad de que se respeten íntegramente los
derechos humanos y se avance en la transición política que el propio
Gobierno guineano dice preconizar.
El embajador de España en Malabo fue recibido por el ministro de Asuntos
Exteriores y tuvo ocasión de expresarle la profunda preocupación del
Gobierno español por la situación en Guinea, al tiempo que reiteró la
disponibilidad de España para promover ese diálogo político y fomentar el
desarrollo político y social en Guinea Ecuatorial.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: De antemano advierto que mi intervención en este
caso no debe entenderse como una acción estricta de oposición al
Gobierno, sino como un intento de contribuir a conformar una opinión
común entre los grupos de la Cámara y el propio Gobierno para la defensa
de los derechos humanos en un país con el que tenemos lazos históricos y
sobre el que coincidimos en que la situación es particularmente grave.
Como decía el señor Ministro el 21 de enero se producía en la isla de
Bioko un asalto, según algunos datos, con escopetas de caza que provocó
algunos muertos. No nos compete a nosotros analizar la justicia de la
intervención, a pesar de que siempre, en principio, rechazamos la
apelación a la violencia.
Sin embargo, a partir de ahí, sí es un hecho extraordinariamente grave la
represión que fundamentalmente sobre la etnia bubi se cierne con
acusaciones denunciadas tanto por el MAIB como por Amnistía Internacional
y otros organismos, en las que aluden a algunas torturas comprobadas, la
existencia de 800 personas detenidas en las prisiones de Black Beach,
policía central y campamento de la guardia presidencial marroquí y una
situación absolutamente denigrante ya que se han encontrado muchas
personas hacinadas en celdas de tres por cuatro metros, a veces hasta 50
ó 60 personas por celda, incluidos niños, mujeres embarazadas y ancianos,
lo que ha provocado, según estos datos difíciles de contrastar,
situaciones de muertes por asfixia o por hambre. Por tanto, esa situación
sería un primer elemento para que pudiera ampliar, hasta donde se sabe,
cuál es la situación concreta y cuál es el proceso seguido.
También quisiera aludir a que, como consecuencia de esos hechos, a los
tres días, el 24 de enero, fueron detenidos cuatro ciudadanos españoles,
los señores Ripeu Sepa, Arranz Bomaho, Choni Tonka y Biacho Chale. Si mis
datos no son erróneos el comportamiento de las autoridades de la embajada
ha sido en todo momento impecable, tratando de interesarse por estas
personas. Pese a las dificultades existentes ha habido una serie de notas
verbales dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
guineano. El 29 de enero hubo una visita a tres de los presos españoles y
después del 3 de febrero el encargado de Asuntos Consulares visitó a un
cuarto detenido. El 5 de febrero el embajador fue recibido por el
viceprimer ministro y posteriormente el 17 de febrero --insisto, si mis
datos no son inciertos-- el propio embajador fue recibido por el primer
ministro guineano, señor Seriche. El embajador español le transmitió la
preocupación del Gobierno y el señor Seriche dijo comprender
perfectamente esos razonamientos y prometió hacer lo posible para dar
satisfacción a las peticiones de la Embajada.
Le rogaría al señor ministro que ampliara lo que ha sucedido desde esta
última fecha hasta hoy; cuál es la situación al día de hoy, valga la
redundancia, respecto de esos cuatro ciudadanos españoles, en definitiva,
analice la posible evolución de los sucesos y nos diga si el Gobierno
español puede hacer alguna acción más enérgica que las emprendidas hasta
la fecha para tratar de restablecer los derechos humanos en aquel país.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quisiera dejar
claro que desde el primer día, y por tanto también desde las fechas de
enero a que se refiere el interpelante, el Gobierno no ha dejado de hacer
gestiones en favor, en primer lugar, de un tratamiento correcto de todos
los detenidos y, en segundo lugar, ha insistido en todo momento acerca de
la necesidad de que se esclarezcan todos los hechos acaecidos sobre los
que flotan brumas de cierta oscuridad.
Es evidente que dentro de la importancia que damos a todos los
acontecimientos acaecidos, así como a la situación de todos los
detenidos, nuestra obligación primordial es la de priorizar la situación
en que se encuentran los detenidos españoles, a los que en todo momento
se está prestando ayuda y se visitan con toda la frecuencia que las
autoridades guineanas permiten. Naturalmente ahora no es momento de
llevar a cabo determinadas presiones que podrían ir, por su
espectacularidad, en perjuicio de la situación de estos españoles. Por
tanto, les ruego que, en cuanto a que les dé más detalles, permitan una
reserva al ministro, en la seguridad de que en todo momento nuestra
prioridad será la de recuperar la libertad de estos súbditos españoles y
hacer lo posible por la de los demás, sobre todo, en la medida en que no
tengan una acusación formal y probada de participación en hechos
delictivos de los que hasta ahora se les acusa.
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA QUE SE HA FORMALIZADO LA APORTACION
ESPAÑOLA COMPROMETIDA DE CUATRO MILLONES DE DOLARES DESTINADOS AL ACNUR
PARA EL PROGRAMA DE
REPATRIACION DE REFUGIADOS Y EN APOYO A LA EJECUCION DEL MENCIONADO PLAN
DE ARREGLO PARA EL SAHARA OCCIDENTAL (Número de expediente 181/001296).
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
REPRESENTANTES ESPAÑOLES DESIGNADOS ANTE EL ACNUR QUE VAYAN A PRESTAR SU
SERVICIO EN DICHO ORGANISMO, EN CUALQUIERA DE LAS FASES DEL PLAN DE
ARREGLO PARA EL SAHARA OCCIDENTAL (Número de expediente 181/001297).
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MODO DE ARTICULACION DE LA PARTICIPACION DE EXPERTOS ESPAÑOLES
ACREDITADOS ANTE EL ACNUR, CON EL FIN DE COLABORAR Y GARANTIZAR LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DIVERSAS FASES DEL PLAN DE ARREGLO PARA
EL SAHARA OCCIDENTAL (Número de expediente 181/001298).
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
GARANTIA DEL RETORNO POSTERIOR A NUESTRO PAIS DE LOS SAHARAUIS RESIDENTES
EN TERRITORIO ESPAÑOL, TRAS SU PARTICIPACION DURANTE LA CAMPAÑA Y
CELEBRACION DEL REFERENDUM ACORDADO (Número de expediente 181/001300).
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
TRASLADO A LA ONU DE LA VOLUNTAD DE COOPERACION ESPAÑOLA EN LA
CELEBRACION DEL REFERENDUM DEL SAHARA (Número de expediente 181/001301).
--DE LA SEÑORA MARTINEZ GONZALEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
INCIDENCIAS QUE ESTAN SURGIENDO EN EL DESARROLLO DE LA ACTUAL FASE DE
IDENTIFICACION DE VOTANTES DEL SAHARA OCCIDENTAL (Número de expediente
181/001302).
El señor PRESIDENTE: Las preguntas subsiguientes figuran entre los
números 5 y 10 y han sido formuladas por la señora Martínez González.
Todas ellas se refieren al Plan de Arreglo para el Sahara Occidental en
la celebración del referéndum y de acuerdo con la señora Martínez
González las vamos a tratar conjuntamente.
¿Quiere la señora Martínez tomar la palabra ahora o prefiere que lo haga
en primer lugar el señor ministro? (Pausa.)
La señora Martínez tiene la palabra.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia, aunque a esta diputada le hubiera gustado que se hubiese
producido antes, ya que hace más de mes y medio que formulé estas
preguntas; en cualquier caso, estamos en pleno proceso de identificación.
Las preguntas que le formulo tienen todas que ver con la proposición no
de ley que se aprobó en esta Comisión el día 22 de diciembre, por la que
se instaba al Gobierno a tomar determinadas iniciativas en relación al
Plan de Arreglo del Sahara.
La primera de ellas pretende conocer si el Gobierno se ha puesto en
contacto con Naciones Unidas para comunicar la disponibilidad de España
para tener una presencia activa, según acuerdo de Naciones Unidas, en
este proceso. También le gustaría saber a mi grupo de qué partida
presupuestaria han detraído los 4 millones de dólares que de alguna forma
estaban ya asignados desde 1991 como aportación de España, por medio de
Acnur, para el proceso. También sería muy interesante que nos informara
sobre la presencia de españoles en el Acnur y qué funciones tendrían, así
como de si hay algún problema para los saharauis que se acerquen a emitir
su derecho a voto en cuanto a regresar otra vez a España. Y la última
pregunta, muy interesante sin duda, es si el Gobierno español tiene la
información suficiente sobre las incidencias que están surgiendo en el
proceso de identificación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Voy a procurar
también contestar en una intervención a las distintas preguntas que
formula S. S., empezando por la aportación española de 4 millones de
dólares al Acnur para el programa de repatriación de refugiados y en
apoyo al mencionado Plan de Arreglo para el Sahara. Esa aportación se ha
formalizado con cargo a la aplicación presupuestaria
12.103.01.134.496.00. El desglose de este código es como sigue: 12,
Ministerio de Asuntos Exteriores; 103, Agencia Española de Cooperación;
01, gabinete técnico; 134; cooperación al desarrollo; 496.00, proyectos
de ayuda oficial al desarrollo.
El 15 de diciembre pasado se suscribió en Madrid un memorándum de
entendimiento entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Acnur en el que se establecen las condiciones financieras,
administrativas y de todo tipo para la aplicación de los recursos
españoles a la finalidad propuesta.
En cuanto a los representantes españoles designados ante el Acnur que
vayan a prestar su servicio en dicho organismo, quiero destacar que el
único representante español ante el Acnur es nuestro representante
permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, donde dicho
alto comisionado como SS. SS. saben, tiene su sede.
No existe un sistema de representación ante el Acnur independiente del de
la Oficina de Naciones Unidas. El personal que trabaja al servicio de
Acnur en sus diferentes programas no representa al Estado de su
nacionalidad sino
que está vinculado por un compromiso de fidelidad con la organización.
Dicho compromiso tiene por objeto garantizar la independencia y la
neutralidad de Acnur allí donde actúe, y esa condición es extensible no
sólo al personal permanente de la organización sino también a los
expertos que sean contratados temporalmente para una actividad
determinada. Por tanto, en relación a la articulación de los expertos
españoles acreditados ante el Acnur con el fin de colaborar al Plan de
Arreglo hay que decir que dicho plan encomienda, como SS. SS. saben, una
misión muy específica al Acnur: la repatriación voluntaria de todas las
personas del Sahara Occidental que figuren inscritas como votantes por la
Comisión de Identificación y de sus familiares directos; para ello
planificará y establecerá centros de acogida. La repatriación tendrá
lugar, de acuerdo con el calendario previsto para la aplicación del Plan
de Arreglo, entre el día D+8 y el día D+23. El día D es el día en que
comienza el período de transición y se publica en la zona de admisión la
lista consolidada de los saharauis con derecho a voto junto con
instrucciones para formular reclamaciones por la no inclusión de nombres
en la lista publicada. Se prevé una duración de 15 semanas para llevarlo
a cabo.
Como ya les he explicado, no se contempla la presencia de representantes
nacionales ante el Acnur y por ello, hasta el momento, la contribución
española se ha centrado en los 4 millones de dólares a que me he referido
y la ejecución del Plan de Arreglo ya es responsabilidad exclusiva de la
misión de Naciones Unidas para la organización del referéndum, es decir
Minurso, dirigida por el señor Dunbar, representante especial del
secretario general de las Naciones Unidas. Para ello cuenta con un
mandato específico del Consejo de Seguridad, la resolución 658 de 1990,
la 690, de 1991 y otras más recientes, y la ONU debe garantizar que se
cumpla lo dispuesto en el Plan de Arreglo. Un intento de supervisión o
control de las actuaciones de la Minurso por parte de representantes de
estados nacionales pondría en cuestión la propia independencia de
actuación y neutralidad que debe caracterizar en todo momento la labor de
esta misión. Lo cierto es que el Gobierno español ha colaborado con
Minurso desde su establecimiento en 1990 con vistas a la solución del
conflicto del Sahara mediante un referéndum de autodeterminación que debe
celebrarse en condiciones que permitan al pueblo saharaui optar
libremente entre la integración con Marruecos y la creación de un Estado
independiente. Por tanto, la gran cuestión se centra en la última de las
preguntas que S. S. formulaba en relación con las incidencias que están
surgiendo en el desarrollo de la actual fase de identificación de
votantes. El Gobierno sigue muy de cerca todo lo relativo a ese
contencioso, a la aplicación del Plan de Arreglo y muy en particular a la
identificación de votantes, que está en su momento clave. Su desarrollo y
resultados determinarán las ulteriores actuaciones previstas en el plan
desde el reinicio de las operaciones de identificación. El pasado 3 de
diciembre Marruecos y el Frente Polisario han intercambiado acusaciones
sobre ciertos comportamientos tendentes a desvirtuar esas operaciones
mediante la identificación de personas que no se consideran
pertenecientes a la población del Sahara o mediante el no reconocimiento
como saharauis de personas que debieran serlo. Se han desatado rumores y
especulaciones respecto a la voluntad de una y otra parte para mantener
el espíritu de compromiso que permitió, a través de los acuerdos de
Houston, volver a poner en marcha la aplicación del Plan de Arreglo.
Estas especulaciones aumentan si tenemos en cuenta que fueron
precisamente las profundas diferencias entre Marruecos y el Frente
Polisario las que en el pasado interrumpieron el proceso de
identificación y dejaron en suspenso la celebración del referéndum. El 16
de enero pasado, el secretario general de la ONU emitió su más reciente
informe relativo a la marcha de este proceso. En él señala que ambas
partes han seguido manteniendo una actitud positiva y de colaboración y
que se ha resuelto la mayoría de los problemas operacionales de las
partes. En el informe se da cuenta del ritmo de trabajo de la Comisión de
Identificación y se indica que la finalización de estas tareas en el
plazo previsto, 31 de mayo me parece recordar, será una labor ardua y
agobiante, que entraña la convocatoria de más de 100.000 personas y su
identificación en menos de cinco meses. El 20 de febrero, el secretario
general, de nuevo, remitió una carta al presidente del Consejo de
Seguridad para informarle de la situación en el territorio y del
desarrollo de estas operaciones. En la carta se informa sobre el
enrarecimiento del ambiente entre las partes en las últimas semanas y de
los ecos que este aumento de la tensión vienen teniendo en la prensa de
la zona. Hay dificultades evidentes en la convocatoria de identificación
de una población numerosa, geográficamente dispersa y esencialmente
nómada. Por tanto, técnicamente, el ejercicio de la identificación
reviste multitud de complejidades; de ahí que la Comisión cuente con
expertos en población familiarizados con la sociedad saharaui,
especialistas en demografía de países con población nómada. Será esta
Comisión la que publique, tras la etapa de identificación, la lista
electoral después de haber decidido sobre los casos controvertidos, que
son muchos. Además, el que las partes mantengan una actitud de
colaboración no significa que hayan desaparecido sus discrepancias en
torno a la identificación. Frente Polisario denuncia que Marruecos trata
de introducir personas que nada tienen que ver con el territorio;
recientemente, ha venido a España una delegación informativa marroquí,
presidida por Brahim Hakim, embajador del Rey de Marruecos para la
cuestión del Sahara, cuyo objetivo era el de dar a conocer los puntos de
vista marroquíes en cuanto al desarrollo de estas operaciones de
identificación y señalar, a su vez, actuaciones del Frente Polisario
tendentes a obstaculizar el proceso de identificación y a excluir a
personas que no les sean próximas. La misión marroquí ha expresado
también su temor de que el proceso pueda verse de nuevo bloqueado. Se ha
incorporado a sus tareas en el territorio el señor Dunbar, nuevo
representante especial del secretario general de Naciones Unidas. Debe
estudiar el estado de la situación, puesto que sobre él recae la
exclusiva competencia para la gestión de este contencioso.
Los retrasos en cuanto al calendario previsto entran dentro de lo
posible, y así lo viene reconociendo ya la propia ONU desde la
reactivación del plan de arreglo y de aquel calendario tentativo.
Reitero que estamos ante una operación laboriosa, lenta, compleja. Es el
hard core, la clave, el núcleo duro de todo el proceso y por ello mismo
está sometida a las tensiones derivadas de interpretaciones y de
intereses contrapuestos. Nuestro criterio es el de apoyar sin reservas la
labor de Naciones Unidas en esta materia y animar a las personas a que
mantengan un espíritu de colaboración y compromiso que, en estas
circunstancias, se hace especialmente necesario.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señor ministro, los 4 millones de dólares
que estaban comprometidos parece que desactivan cualquier otra aportación
de España a los saharauis en este año en curso. Esto no responde al
espíritu de la proposición no de ley que aprobamos en diciembre, ya que
hay un punto en el que se habla de aportaciones voluntarias al Acnur,
pero el siguiente punto, que está en el apartado b), refleja la
realización de aportaciones de otros fondos de ayuda humanitaria.
A nuestro grupo le parece peligrosa la ausencia total de España en el
Sahara a través de la única representación que hemos tenido, las
organizaciones no gubernamentales. El señor Espinosa, en una reunión con
la coordinadora de asociaciones, le comunicó que no se molestaran en
presentar este año proyectos para el Sahara porque no iban a ser
apoyados.
Le quiero comunicar algo que supongo que usted ya conoce, que el
Parlamento Europeo acaba de apoyar una recomendación, que dirige al
Consejo, cuyo apartado c) dice exactamente: que en todo caso ofrezca y
facilite la ayuda humanitaria necesaria, tanto a la ONU y a sus agencias
especializadas, en particular al Acnur, como a otras organizaciones
humanitarias, para contribuir al digno reasentamiento de los saharauis en
la zona del litigio y, en general, que articule la participación de la
Unión Europea con fondos, observadores y, si fuera necesario, con
personal, material, etcétera, en las tareas de la Minurso.
Cuando le preguntaba de qué partida presupuestaria se iba a detraer ese
dinero, no hablaba de las ONG, pero desde que presentamos esa pregunta
hasta el día de hoy, han ocurrido cosas que nos preocupan, como son
éstas, señor ministro. Nuestra proposición no de ley, en ningún caso,
proponía desactivar las ayudas de España, tanto ayudas de emergencia como
alimentarias como aquellas que se vienen realizando en los campamentos.
Le ruego, por favor, que tome nota, porque estamos recibiendo un escrito
de las organizaciones no gubernamentales al desarrollo solicitándonos que
hagamos algo para que esa decisión de la Agencia se modifique.
Por otra parte, en cuanto a la representación de españoles, no deja de
ser lamentable que España no tenga absolutamente a nadie en este momento
como observadores en la Minurso. Sabemos que Marruecos vetó nuestra
presencia, pero también sabemos que los saharauis vetaron la presencia de
Francia y que, en este momento, más de cuarenta observadores, tanto
militares como civiles, están colaborando con la Minurso. Es lamentable y
quedará en la historia el abandono de España, la dejación de lo que son
sus responsabilidades. ¿Cómo es posible que Francia, Italia, Austria,
Alemania, Suecia, tengan observadores en este momento y que nosotros no
tengamos una presencia de ninguna manera y que nuestros fondos sólo se
canalicen a través del Acnur?
Creo que habría que tomar en consideración esta reflexión que le estoy
planteando en nombre del Grupo Socialista, porque el papel de España
queda empequeñecido. Una cosa es no intervenir y ser neutrales y otra es
no ser visibles en absoluto. Paralelamente a esta actitud del Gobierno
español, el pueblo, desde todos los puntos de la geografía española, está
manifestando una solidaridad a través de multitud de organizaciones y de
ayudas. No se corresponde la actitud del Gobierno con la generosidad y la
solidaridad del pueblo. Le ruego que esto lo tome como va, es decir, como
una propuesta de cambio de actitud, buscando alguna vía, algún camino,
para que el Gobierno tenga una presencia, para que España, en definitiva,
tenga una presencia y se plantee ya de qué forma va a tener observadores
en el proceso de referéndum.
Señor ministro, no me ha contestado una pregunta, supongo que no hay
problemas. ¿Qué garantía de retorno posterior a nuestro país tendrían los
saharauis que se acerquen al territorio a votar? Supongo que no hay
problemas y por eso al señor ministro se le ha olvidado contestarme.
Esto es, fundamentalmente, lo que yo le quería transmitir, que tome en
consideración la propuesta de que la aplicación de la proposición no de
ley del día 22 no debe desactivar en absoluto la presencia de las ONG
españolas con aquellas misiones humanitarias, de emergencia, de tipo
alimentario y de otro tipo que han venido realizándose a lo largo de
estos años. Paralelamente el Gobierno español, después de los acuerdos de
Houston, ha enviado tres ministros a Rabat. Por un lado somos muy
escrupulosos a la hora de plantearnos la no injerencia y, sin embargo,
paralelamente tenemos unas espléndidas relaciones con Marruecos. Hemos
aportado 300 millones a las elecciones como ayuda no retornable por medio
del Ministerio de Interior a Marruecos y ahora tenemos unos escrúpulos
tan tremendos que nos llevan a retirar incluso aquella ayuda que veníamos
ofreciendo.
Se ha producido una contradicción en una pregunta que ha hecho el senador
socialista don Manuel Goya Burgués sobre las actuaciones previstas por el
Gobierno acerca de la ayuda técnica, económica y humanitaria dirigida a
los saharauis. Se le contesta que la cooperación española tiene previsto
seguir apoyando e impulsando su colaboración con los saharauis a través
de la concesión de becas de estudio, ayuda alimentaria y de emergencia,
subvenciones y ayudas a los proyectos de las ONG. Esto se le contesta el
20 de febrero y entra en plena contradicción con las afirmaciones del
señor Espinosa, que el día 15 lo comunicó personalmente a los
representantes de la Coordinadora de ONG para el desarrollo, y con una
carta que dirige al presidente
de la Coordinadora española de ONG el señor Villalonga, secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la que
le dice: En cuanto a tu solicitud de que se otorgue carácter prioritario
a los proyectos presentados por organizaciones relacionadas con los
refugiados saharauis, te señalo que, dadas las importantes implicaciones
políticas y lo delicado del proceso, considero preferible seguir
canalizando nuestra ayuda a los refugiados por la vía multilateral y en
especial a través del Acnur.
Gracias, señor ministro. Le ruego que tome en consideración estas
puntualizaciones y reflexiones que desde el Grupo Socialista le hacemos
y, en la medida de lo posible, se cambie el rumbo y se vuelva a
considerar, por un lado, que España ha de estar presente, y no sólo a
través del Acnur (va a quedar como una vergüenza histórica que tampoco
ahora tengamos una visión clara, que no significa injerencia) y, por otra
parte, que se mantengan nuestras ONG, que tienen una trayectoria y una
historia importante de colaboración con los saharauis.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En primer lugar,
no debe extrañar a S. S. la presencia de ministros españoles en
Marruecos; lo que sería extraño y además muy criticable es que no la
hubiera. Es un país con el que hay muchas relaciones y muchos intereses
que defender y promover. Tampoco debe extrañar que haya cooperación en
actos electorales, sobre todo cuando se insertan en el contexto de unas
reformas democráticas en Marruecos que contribuyen a estabilizar la vida
del país y constituyen un ejemplo para otros países de la zona.
España, tradicionalmente ha venido haciendo un esfuerzo como es público,
notorio y bien conocido, en los campamentos del Tinduf y seguirá haciendo
esfuerzos en relación con el Sahara. No obstante, quiero destacar que la
situación de España y la de Francia son muy distintas, precisamente
porque Francia no ha tenido papel histórico en la zona; lo cual no es el
caso de España, que por eso mismo --y como muy bien ha dicho S. S.--
tiene que ser escrupulosamente neutral en un proceso de esta envergadura.
Ello no obstante, España participa activamente en cuantas acciones se le
solicitan. Tenga en cuenta que ni el plan de arreglo ni los acuerdos de
Houston contemplan un papel específico para España en ninguna de las
fases de su aplicación. A pesar de ello y de nuestra estricta
neutralidad, somo conscientes de que las circunstancias históricas nos
sitúan en una especial posición y que nada de lo que ocurre en el
territorio nos resulta indiferente. Conscientes de la delicadeza que
reviste todo este proceso, por un lado hemos de evitar cualquier gesto
que pueda interpretarse como apoyo a una de las partes en conflicto y,
por otro, exigir una aplicación correcta del plan de arreglo, y hemos
apoyado siempre a la ONU por entender que es la única salida viable a un
contencioso que se prolonga ya muchos años. Esa es la postura que se
refleja en la moción del Senado de 19 de noviembre de 1997 y en la
proposición no de ley del Congreso de 22 de diciembre último.
España, pues, está dispuesta a colaborar con la ONU en todas las
peticiones que ésta nos formule y que cuenten con el apoyo de las partes.
Entre las peticiones que nos ha hecho llegar la ONU figura el envío de
documentalistas que colaboren con Minurso en las actividades de
identificación y, por tanto, sus misiones se circunscribirán únicamente a
actividades de orden técnico. España espera, y así se lo ha comunicado al
secretario general de Naciones Unidas, que ésta nos haga saber en qué
otras áreas puede prestar su cooperación para la ejecución de este plan
de arreglo y ya ha manifestado su plena disponibilidad para que dicho
plan se lleve a cabo y, en consecuencia, el pueblo saharaui pueda
pronunciarse sobre su futuro en condiciones de total libertad y justicia.
En esa línea vamos a continuar.
--DEL SEÑOR GUARDANS I CAMBO, DEL GRUPO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO);
SOBRE EL GRADO DE PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DEL COMITE PREPARATORIO
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (Número de
expediente 181/001313).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, de la que es autor
el señor Guardans i Cambó, sobre el grado de participación en las
reuniones del comité preparatorio sobre el establecimiento de un tribunal
penal internacional.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, el establecimiento de un tribunal penal internacional
constituye un objetivo prioritario de la política exterior española. Se
trata de un instrumento complementario clave para el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales y para promover un mayor respeto de los
derechos humanos. España ha estado representada, desde el inicio, en los
grupos de trabajo constituidos en el seno de la Asamblea General para
estudiar el proyecto de estatuto presentado por la Comisión del Derecho
Internacional en 1994. En primer lugar, se creó un comité ad hoc, como S.
S. sabe, que celebró dos sesiones en 1995. Al persistir una serie de
cuestiones importantes no resueltas por el citado comité, la Asamblea
General adoptó por consenso la resolución 50/46, que estableció un comité
preparatorio cuya función era elaborar un texto consolidado para su
remisión a una conferencia diplomática. La resolución 52/160, adoptada
por la Asamblea General en el último período de sesiones, decidió que se
celebre en Roma dicha conferencia entre el 16 de junio y el 17 de julio
de este año. Este comité preparatorio ha celebrado diversas reuniones a
lo largo de 1996-1997 y celebra estos días otra reunión desde el 16 de
marzo al 3 de abril próximo. España ha estado representada en todas las
reuniones de los grupos de trabajo de la Asamblea e integrada
en un grupo de Estados afines, like mine. Ese grupo es el que más
firmemente apoya la creación de un tribunal penal internacional y
mantiene posiciones más progresistas para que el tribunal tenga las
competencias más amplias y pueda actuar con más eficacia y total
independencia. Este grupo de Estados afines está integrado por 38
Estados, todos los de la Unión Europea salvo Reino Unido, Francia y
Luxemburgo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Noruega, además de
los más significativos Estados de los restantes grupos geográficos.
El interés español por la creación de un tribunal con las más amplias
competencias no ha hecho olvidar la necesidad de que el objetivo es la
creación de un tribunal eficaz. Es necesario que el acuerdo internacional
para el mencionado tribunal sea ratificado por un número importante de
países y que entre éstos figuren los más relevantes actores de la
comunidad. De lo contrario, se corre el riesgo de crear un órgano
probablemente ideal pero totalmente inoperante, con lo que se frustrarían
los objetivos que se pretenden. Las posiciones que España viene
manteniendo en la negociación busca un equilibrio entre las ambiciones
que animan nuestro esfuerzo diplomático y la necesidad de introducir
dosis de realismo que permitan la obtención de resultados positivos para
la estructuración de la comunidad internacional, la defensa de la paz y
seguridad internacionales y la defensa de los derechos humanos. Resultará
preferible el establecimiento de un tribunal con competencias más
modestas pero eficaz que el de un órgano con amplias competencias pero
inoperante. En el primer caso, contemplamos favorablemente poder
establecer mecanismos de revisión que permitan sucesivamente ampliar
dichas competencias, mientras que la frustración que generaría el segundo
supuesto cerraría el paso, probablemente durante muchos años, al
establecimiento de un órgano jurisdiccional penal internacional
mínimamente útil.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor ministro, por su
información que, si no me equivoco, es la primera vez --no se lo echo en
cara al señor ministro porque nadie se lo había pedido hasta ahora-- que
se habla en esta Cámara de esta cuestión, más allá de lo que fue un
párrafo en una proposición no de ley al hilo de otra cuestión
indirectamente relacionada con ésta, como eran las actuaciones que se
siguen en la Audiencia Nacional respecto de las desapariciones en Chile y
Argentina. Mi grupo consideró oportuno mezclar los dos asuntos, el
conflicto político que en ese momento se provocó con el seguimiento por
parte del Gobierno español de las gestiones que se están haciendo para el
establecimiento de un tribunal penal internacional, porque entendíamos y
entendemos --y así lo entienden todos los juristas que se han dedicado a
tratar este tema-- que son dos caras de la misma moneda. Es decir, sólo
en la medida en que no existe auténticamente una sanción jurídica eficaz
internacional frente a los llamados crímenes internacionales, que
englobarían terrorismo en algunos casos, genocidio, etcétera --la
terminología de crímenes internacionales se empieza a generalizar--, sólo
en la medida, insisto, en que no existe tal instrumento se justifica la
actuación de las jurisdicciones internas en algunos casos para su
prevención. De ahí que nuestro grupo tuviera todo el interés en traer
este tema a esta Cámara hoy por la vía de pregunta oral y en seguir muy
de cerca la posición del Gobierno español en este asunto. No dudábamos
--y nos lo confirma la información que nos facilita el ministro-- de que
España, como país serio y actor de un cierto peso en Naciones Unidas y en
la Unión Europea, estaba participando en las reuniones del comité
preparatorio, pero nos queda un poco la duda de hasta qué punto tenemos
auténticamente una iniciativa. Yo tomo las palabras con las que ha
comenzado el señor ministro su respuesta de que el Gobierno español tiene
un gran interés, pero no acabo de ver que ese gran interés se esté
materializando, al menos no consta, no sólo en votar en favor o en contra
de las propuestas que están sobre la mesa de ese comité preparatorio,
sino realmente en lo que es ponerse al frente de la manifestación.
Nosotros querríamos que el Reino de España --digámoslo solemnemente--,
aunque eso depende de las instrucciones que se den desde el Consejo de
Ministro, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se pusiera al frente
de la manifestación a todos los efectos, incluido el de opinión pública
--que en este tema tiene un enorme peso y una enorme sensibilidad nuestro
país--, y quede claro que España tiene una posición firme, neta y pública
para la instauración de un tribunal penal internacional. Le quiero hacer
notar al señor ministro que cuando mi grupo mencionó este tema en su
proposición no de ley, que se discutió en el Pleno, fui asediado por
multitud de medios de comunicación que descubrieron con una inmensa
sorpresa que existiera algo similar a una negociación en algún rincón del
mundo sobre el establecimiento del tribunal penal internacional. Por
tanto, es claro que si España está haciendo algo lo está haciendo con
tanto sigilo y tanta discreción que no se ha enterado nadie. Insisto en
que es la primera vez que este tema se aborda claramente en esta Cámara y
a efectos de opinión pública está en un plano muy remoto. Evidentemente,
hay muchos temas que también tienen interés, pero éste nos parece, hoy
por hoy, importante.
Por otro lado, le pediría un poco más de profundización, si se puede y lo
permite el tiempo, dado que no es una comparecencia sino una simple
pregunta oral en Comisión, acerca de las posiciones que está defendiendo
España en este comité. Mi grupo comparte la idea de que si el tratado que
salga de la Conferencia de Roma y llegue a crear este tribunal penal
internacional es excesivamente ambicioso y se dan al tribunal unas
competencias más propias de un estudio universitario que pida la luna,
podríamos encontrarnos con un organismo internacional más o menos
brillante para estudios de doctorado pero absolutamente ineficaz en la
práctica, en la medida en que sus resoluciones serían ineficaces. La
opción por el realismo en términos generales nos parece correcta, pero
también somos conscientes de que el realismo no puede significar llegar a
la ineficacia por el otro extremo. Es decir, convertir el tribunal penal
internacional en una especie de instrumento
directísimamente controlado por el Consejo de Seguridad, donde en el
fondo no sean los jueces y los fiscales que en su momento puedan existir
en ese tribunal quienes tengan la iniciativa, quienes puedan realmente
actuar, sino que sean la secretaria de Estado norteamericana, el ministro
de Asuntos Exteriores de China y los distintos responsables de la
diplomacia del Consejo de Seguridad quienes acaben decidiendo realmente
cuándo, cómo y en qué medida se persiguen los crímenes internacionales.
Por tanto, entre un extremo, que es idealismo, y el otro, que es el
absoluto sometimiento al Consejo de Seguridad, están sobre la mesa
algunas vías intermedias sobre las cuales nos gustaría conocer el
posicionamiento de España, no sé si hoy, como he dicho, al hilo de lo que
era una pregunta oral en Comisión, o al hilo de un debate en mayor
profundidad. Pediríamos entonces una comparecencia para debatir este tema
con mucho más rigor en el Parlamento y que todas las demás fuerzas
políticas que hoy no pueden intervenir por ser una iniciativa de un solo
grupo se puedan posicionar y saquemos este tema a la luz y adoptemos una
posición clara.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Seré breve porque
el planteamiento que hace ahora el señor Guardans desborda el ámbito de
una pregunta y sería conveniente, si tiene que producirse ese debate, que
puedan intervenir todos los grupos.
Es la primera vez, en efecto, que tiene lugar un debate sobre este tema,
a pesar de los tres años que han transcurrido desde la presentación del
proyecto. Es una demostración, además, del carácter de especialista que
tiene el señor Guardans en temas de Derecho internacional, no en vano es
catedrático en la materia, si no estoy mal informado. En todo caso,
quiero asegurarle que España está en el grupo animador de este tribunal y
que en todo momento contribuye a moderar y arbitrar, porque en esa
horquilla entre ser pragmáticos y que pueda empezar a funcionar o, por el
contrario, pasarnos de pragmatismo y que aunque pueda empezar a funcionar
no tenga relevancia, hay tres grandes cuestiones abiertas en este momento
en esos debates. Los mecanismos de activación de la competencia del
tribunal es la principal --y son cuestiones procesales--, así como los
delitos que figurarán en el ámbito competencial del tribunal, la propia
vinculación del tribunal a la ONU, la cuestión que plantean algunos
Estados miembros del Consejo de Seguridad de que en un momento
determinado el tribunal esté sometido a las decisiones del Consejo de
Seguridad, contra lo que está España, pues no puede ser de otro modo; si
tiene que ser un tribunal emergido y nacido de las Naciones Unidas o, por
el contrario, resultado de un tratado internacional aparte, que
naturalmente también es nuestra posición justamente para conferirle esa
autoridad que va en perjuicio lógicamente de algunos privilegios que en
estos momentos disfruta el Consejo de Seguridad y muy concretamente
algunos de sus miembros. Ir más allá de los datos que le estoy dando, y
que en definitiva centran en este momento los grandes debates de la
cuestión, sobre pasaría el ámbito de una pregunta y, desde luego, me
haría llegar tarde a una importante cita que tengo con el ministro de
Cooperación palestino, el señor Nabil Chaat, que me está esperando desde
las doce y media.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Sólo para que conste en el «Diario de
Sesiones» y por el respeto que le tengo a la Academia, quiero decir que
yo no soy catedrático, señor ministro, he sido profesor titular de
Derecho internacional. Como sé que la Academia defiende sus fueros, mi
asentimiento podría crearme problemas entre el claustro académico.
El señor PRESIDENTE: Seguramente si sigue así llegará a ser catedrático.
(Risas.)
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor presidente.
--DEL SEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),
SOBRE VALORACION DE LAS RECIENTES INICIATIVAS DE LA UNION EUROPEA COMO
CONSECUENCIA DE LOS ATAQUES TERRORISTAS Y LAS MASACRES OCURRIDAS EN
ARGELIA (Número de expediente 181/001321).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, de la que es autor
el señor Robles, sobre valoración de las recientes iniciativas de la
Unión Europea como consecuencia de los ataques terroristas y de las
masacres ocurridas en Argelia.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Queda formulada en sus mismos términos, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Como SS. SS.
saben, Argelia se ha visto asolada en los últimos tiempos por la
violencia terrorista que viene cobrando particular intensidad desde
finales del pasado verano, sobre todo durante el mes del Ramadán que
coincidió con enero del presente año. Tanto la opinión pública como las
autoridades de países miembros de la Unión han recibido sobrecogidas
informaciones que dan cuenta de matanzas en una amplia geografía de aquel
país, cuyas víctimas más numerosas se encontraban entre los miembros más
vulnerables de la población: mujeres, niños y ancianos.
Como país próximo que es, como importante socio de buena parte de los
integrantes de la UE y como candidato a la asociación con la Unión
Europea, Argelia y su evolución
política han sido objeto de un continuo seguimiento. En este sentido, los
ministros de Asuntos Exteriores de los quince hicieron en enero el envío
a Argel de una misión en forma de troika para continuar el diálogo que
comenzaron en noviembre de 1997 los ministros Poos y Attaf. En esta nueva
ocasión, los interlocutores abordaron el mismo orden del día, aunque la
trágica realidad argelina obligó a desplazar el énfasis hacia la
solidaridad y la asistencia humanitaria. Además, la troika quería
trasladar la necesidad de promover la transparencia en torno a los
asesinatos masivos y reiterados, así como la posibilidad de la presencia
en el país de un relator de Naciones Unidas. También se señaló el interés
de reanudar cuanto antes las negociaciones para la conclusión de ese
acuerdo de asociación. Probablemente el contexto en que se planteó la
visita no era el más favorable por las reticencias argelinas sobre el
nivel de la troika, así como sobre el temario de conversaciones. Las
autoridades reclamaron un nivel ministerial y reducir la agenda a un
tratamiento prácticamente monográfico de la cooperación en la lucha
antiterrorista. Finalmente, el que la visita tuviera lugar --un dato
alentador-- significaba la continuidad del diálogo, porque a pesar de las
adversas condiciones encontraron los ministros de los quince suficientes
razones para continuar apoyando ese ejercicio de diálogo y de
cooperación. El desplazamiento de los secretarios de Estado a Argel no se
concibió como un gesto en sí mismo, sino como un paso en el camino hacia
el fortalecimiento de la confianza. El recorrido no es fácil, dados los
recelos que han empañado los contactos. A pesar de ello, a finalizar su
misión en la capital argelina, la troika informó de que durante la
Presidencia británica el ministro Attaf viajaría a Londres para proseguir
los encuentros.
No es poco lo que los socios podemos hacer para complementar ese diálogo.
Quiero recordarles que el señor Attaf, ministro de Exteriores argelino,
estuvo en Madrid los pasados días 25 y 26 y que tuvimos ocasión de dar un
gran impulso a ese diálogo y a esa cooperación. Los contactos que tuve
oportunidad de mantener con él permitieron constatar que se está
produciendo una mejora evidente en la situación económica. Los grandes
ajustes macroeconómicos se han logrado y está empezando a crecer, después
de muchos años de pérdida consecutiva, el producto interior bruto.
También, aunque insuficientes y mejorables, han sido importantes los
progresos en el campo político. No olvidemos que Argel en seis años ha
tenido un golpe de Estado, un presidente no elegido democráticamente que
después fue asesinado y no tenía un parlamento elegido por sufragio
universal. Todas estas cosas, después de las reformas que se han
producido, han mejorado. Hay un presidente elegido democráticamente, un
parlamento elegido también por el pueblo, con un amplio arco
parlamentario en el que distintas fuerzas políticas están representadas;
lo mismo ocurre con las comunidades locales y provinciales; y empiezan a
producirse algunos éxitos en la lucha antiterrorista que, además, ha
aflojado sus intervenciones y ha sido objeto de un mayor hostigamiento.
Por tanto, y puesto que además tuvo ocasión el señor Ataff de reunirse
con SS. SS., no me corresponde decir mucho más, pero sí que creo que ese
diálogo progresa en la buena dirección y que también la situación
interna, evidentemente mejorable, está discurriendo por cauces más
esperanzadores que los que venían rigiendo esa situación y ese diálogo en
los pasados años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE ACCIONES
DIPLOMATICAS DESARROLLADAS PARA PROMOVER LA COOPERACION INTERNACIONAL
CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES DE GRUPOS
DELICTIVOS ORGANIZADOS PROVENIENTES DE RUSIA Y OTROS PAISES DEL ESTE
(Número de expediente 181/001351).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 13, de la que es autor
don Manuel Alcaraz, sobre las acciones diplomáticas desarrolladas para
promover la cooperación internacional contra el blanqueo de dinero y
otras actividades ilegales de grupos delictivos organizados provenientes
de Rusia y otros países del Este.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, nuestro
Ministerio está negociando diversos convenios, tanto de cooperación
policial como judicial, para establecer un conjunto de tratados que
permitan una cooperación más estrecha en este campo. Las negociaciones
con Rusia se hallan en estado muy avanzado, sobre todo en materia de
criminalidad, y los textos negociados con Croacia están prácticamente
cerrados. Con Bulgaria se adoptaron varios convenios también en este
ámbito. Se han elaborado convenios que en su ámbito de aplicación
contemplan todas las formas de criminalidad organizada: blanqueo de
dinero, tráfico de drogas, tráfico de vehículos robados, tráfico de
inmigrantes ilegales, tráfico ilícito de armas, material nuclear y
explosivos, financiación de actividades delictivas, delitos económicos y
fraude fiscal e incluso la forma más grave de criminalidad, que es el
terrorismo. Junto a estos acuerdos de carácter general, nuestro
Ministerio participa activamente en la negociación de otros más
específicos en materia de tráfico de estupefacientes, así como en materia
de readmisión de emigrantes ilegales. Estos convenios incorporan
cláusulas específicas de cooperación en materia policial. También
contienen artículos relativos a la cooperación en la formación, lo que
nos permitirá contribuir a la formación de funcionarios más eficaces en
estos países, a través de intercambios y de su participación en
seminarios y cursos relativos a distintos aspectos de la lucha contra la
delincuencia. En el ámbito de la cooperación judicial, se han negociado
convenios de extradición y de traslado de personas condenadas que
completan la red de convenios. En el ámbito bilateral podemos citar los
siguientes convenios suscritos y en negociación. En materia de
extradición, con Rusia, Hungría, Estonia y
Croacia; el convenio con la antigua República Yogoslava se aplica sólo a
la República Federal de Yugoslavia actual; en materia de criminalidad
organizada, en trámite de negociación, con Rusia, Croacia, Eslovaquia y
Bulgaria; en materia de tráfico de drogas, con Croacia y con Bulgaria; en
materia de traslado de personas condenadas se ha firmado con Hungría y
con Rusia y se encuentran en trámite de negociación con Croacia y con
Rumanía; y en materia de readmisión han sido firmados con Bulgaria,
Polonia y Rumanía y se negocia actualmente con Rusia, Eslovaquia y
Croacia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor ministro, la verdad es que nos encontramos
con un problema grave que en alguna otra ocasión ya ha tenido su reflejo
en esta Cámara. Sin embargo, la idea de traerlo a esta Comisión es porque
una conclusión a la que fácilmente se llega es que junto con la actividad
estrictamente policial, dentro de las fronteras del Estado, la
cooperación internacional se muestra absolutamente clave para combatir
este tipo específico de delincuencia organizada, lo que popular e
incorrectamente en muchas ocasiones se ha llamado mafias rusas. Este
diputado ha formulado reiteradas preguntas al Gobierno sobre esta
materia, seguramente por provenir de una zona como es el País Valenciano,
en la que desgraciadamente han encontrado asentamiento algunos de estos
grupos delictivos y, por tanto, la sensibilidad es mayor. En algunas
respuestas el Gobierno afirma tener buenas intenciones, lo cual
obviamente está fuera de toda duda, y se alude reiteradamente a un
esfuerzo policial en el marco internacional, que sin duda también ha
tenido ya algunos apuntes interesantes en el marco por ejemplo de
Interpol, pese a algunas desgraciadas declaraciones. Recuerdo la del
presidente de Interpol cuando anunció que al fin y al cabo era bueno que
llegara dinero de otros países; siempre que llega dinero para un Estado
era bueno recibir ese dinero. Dejando al margen esa infeliz expresión de
una autoridad tan importante, quisiera resaltar la respuesta que el
Gobierno aportaba con fecha 11 de diciembre del pasado año, es decir hace
pocos meses. En ella se decía que estas circunstancias --refiriéndose al
blanqueo de capitales, en concreto-- unidas a la ausencia de actividades
delictivas en nuestro país, lo cual produce cierta extrañeza porque la
conexión entre grupos que se dedican a blanqueo de dinero con otro tipo
de actividades delictivas graves, como las que citaba el señor ministro,
es uno de los problemas, y se decía que otro es de obtener información
sobre esas personas en su república de origen. A continuación, concluye
la respuesta diciendo que Rusia no forma parte del convenio europeo de
asistencia penal ni del de extradición ni tiene acuerdos bilaterales
firmados con España. Estas son carencias que suponen problemas de
colaboración. El trabajo que se viene realizando se efectúa en el marco
del convenio de cooperación en materia de delincuencia organizada,
firmado por Rusia y por España. Este convenio permite el intercambio de
información policial entre este país y España, que se canaliza
principalmente a través de un enlace policial español con sede en Moscú.
La cuestión fue trasladada paralelamente por la euro
diputada de Nueva Izquierda, doña Maruja Sornosa, al Parlamento
Europeo, y en una respuesta que la Comisión le daba, el 27 de enero de
1997, se reconocía la existencia de 16 bandas que actuaban en diferentes
puntos de España, según el Ministerio de Interior español, y de nuevo se
aludía a la necesidad de intensificar en el marco comunitario las
actividades tanto policiales como la unidad de drogas de Europol, como de
otro tipo más jurídico, para la prevención del blanqueo de dinero.
Se ha formulado una nueva pregunta en el Parlamento Europeo para conocer
las medidas concretas que la Comisión va a desarrollar, aparte del
documento o informe Falconer, sobre actividades de mafias en el ámbito de
la Unión Europea.
En cualquier caso, parece evidente la ausencia de instrumentos jurídicos
suficientes, sobre todo para la prevención de la entrada de capitales en
España que van a tener una función de blanqueo respecto de su país de
origen. Por tanto, ésta sería una de las preguntas concretas que le
haría: medidas concretas sobre blanqueo de capitales.
En algunos aspectos, el ministro ya ha contestado a las cuestiones que yo
le quería formular. Me alegro de esa especie de gran caudal de convenios
que están a punto de firmarse sobre la materia. Me gustaría que en las
materias más graves (blanqueo de dinero, drogas, tráfico de inmigrantes o
de armas), pudiera concretar algo más el contenido de alguno de estos
convenios en negociación.
Me gustaría también que hiciera una valoración de la cooperación policial
a que alude la respuesta dicha; es decir hay policías españoles en Moscú
trabajando, pero me gustaría que nos hiciera una primera evaluación.
Quisiera conocer la posición española para desarrollar medidas de ámbito
europeo, porque difícilmente sólo desde el Estado español, o desde otros
Estados muy afectados, como Austria o la República Federal de Alemania se
va a poder actuar. En concreto, sobre el desarrollo de la cooperación
policial en esta materia dentro en el marco Schengen, el desarrollo del
tercer pilar del título VI del Tratado de Amsterdam y, especialmente, los
artículos K.1 y K.2, y otros temas conexos, como el desarrollo de los
trabajos en esta materia de Europol o el proyecto de oficina europea de
policía y, más en particular, del grupo de alto nivel sobre criminalidad
organizada, acordado en el Consejo Europeo de Dublín, de diciembre de
1996.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
como no puede ser menos, coincido con la apreciación del señor diputado
respecto a la necesidad de la cooperación internacional para hacer frente
a esta plaga de la delincuencia organizada en sus múltiples formas. Creo
haber dado cumplida respuesta respecto a la multitud de iniciativas
adoptadas por el Gobierno para atajar esa plaga, tanto en el ámbito
puramente bilateral como en el ámbito multilateral dentro de nuestra
pertenencia a la
Unión, como también muy bien ha destacado S. S., y muy en particular en
el marco de Schengen que contiene disposiciones al respecto muy claras y
muy operativas, puesto que no nos debemos olvidar que hay otros países
socios nuestros, también pertenecientes a Schengen, mucho más cercanos a
los países emisores de estas mafias y que, por tanto, lo padecen en mucha
mayor medida que nosotros. La misma legislación comunitaria es la única
competente y la única que el Gobierno español puede aplicar en relación
con las entradas de capitales, por cuanto de otro modo estaríamos
incumpliendo preceptos absolutamente fundamentales del Tratado de Roma,
cuales son los que hacen referencia a las famosas libertades, entre ellas
la del movimiento de capitales. También quiero recordarles al respecto
que la propia legislación comunitaria sobre movimientos de capitales
provee medidas muy específicas, justamente la prevención y persecución
del lavado de dinero procedente del narcotráfico, de la evasión fiscal o
de cualquier otro tipo, por lo cual, sin pretender en ningún caso
disminuir la gravedad del problema, puedo concluir --repito-- respecto a
este Gobierno que en el ámbito bilateral y en el contexto de nuestra
pertenencia a la Unión Europea está dando cumplida respuesta a este mal
en la medida de sus posibilidades.
--DEL SEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE GESTIONES REALIZADAS POR ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS PARA LA
SUSTITUCION DEL ANTERIOR EMBAJADOR RICHARD GARDNER (Número de expediente
181/001366).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15, de la que es autor
el señor Navas, sobre gestiones realizadas por España y Estados Unidos
para la sustitución del anterior embajador, señor Gardner.
Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Doy por formulada la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): El Gobierno de
Estados Unidos solicitó con fecha 13 de febrero, el plácet con fecha 13
de febrero del próximo embajador a favor del señor Edward Romero; el
Consejo de Ministro concedió dicho plácet el viernes 20 de febrero y a
partir de ahora el nombramiento del nuevo embajador debe pasar por una
serie de etapas procedimentales en los Estados Unidos, por lo que no
proceden gestiones españolas en este sentido, ya que dependen única y
exclusivamente del Poder Legislativo norteamericano.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Recupero la cuestión, pues yo preguntaba sobre las
gestiones realizadas por España desde que el anterior embajador causó
baja y no me ha enumerado ninguna. Supongo que lo hará con posterioridad.
Desde luego, sí quiero hacer un análisis sobre el significado de esta
situación tan anormal. Hay que empezar hablando de la importancia que
lógicamente tienen las embajadas, los embajadores, las representaciones
diplomáticas entre las relaciones bilaterales. Como usted sabe, estos
órganos periféricos que actúan fuera de las fronteras de los Estados
resultan imprescindibles como sistema de apoyo a la acción exterior del
Estado y facilitan las relaciones con los otros países. La misión
diplomática tiene como fin primordial asegurar las relaciones permanentes
entre los Estados, es el órgano a través del cual el Estado emisor
negocia normalmente con el Estado receptor, tanto con vistas a la
celebración de tratados bilaterales como con vistas al arreglo de
controversias o problemas de cualquier otra índole. El máximo exponente
de la representación diplomática de un Estado en otro es el embajador, es
el representante del Estado que le envía y de la persona de su jefe de
Estado.
Lo que ocurre en el caso del nombramiento de embajador de Estados Unidos
en España no tiene para nosotros ningún tipo de justificación. Me causa
bochorno como ciudadano español y desconcierto como político comprobar el
grado de respuesta de la Administración norteamericana a los permanentes
guiños del Gobierno español hacia esa política, hacia la política de
desarrollo al Gobierno norteamericano. El 12 de julio de 1997 cesó el
anterior embajador Richard Gardner, y desde entonces está vacante el
puesto. Esto es más grave cuando consideramos que la voluntad de dejar el
cargo la había comunicado la Secretaría de Estado con meses de
antelación; por tanto no era ninguna sorpresa la salida de Richard
Gardner de la Embajada norteamericana en España. Cualquiera que acuda a
obtener información a la Embajada de Estados Unidos en Madrid sobre la
composición de la delegación diplomática le darán el dato actualizado al
día de ayer de que hay un altísimo cargo que se llama ex embajador, ex
embajador Richard Gardner, con todo su currículo. Aún no les ha dado
tiempo para poderlo eliminar de su archivo.
Ninguno de los dos países discrepa sobre el magnífico nivel que disfrutan
nuestras relaciones bilaterales. También ellos, en el documento que
entregan, se refieren a que somos aliados, socios, amigos; a que tenemos
multitud de acuerdos bilaterales; a que en la mayoría de las cuestiones
de política internacional hay coincidencias; a nuevos programas de
intercambio educativo e intensificación de los ya existentes; a viajes,
tanto del presidente norteamericano --invitado por los Reyes-- como del
propio presidente Aznar a Estados Unidos; una estrecha cooperación como
miembros de la OTAN, señalando que España pone a disposición de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bases para su despliegue en el
Mediterráneo; una coincidencia en la política hacia Cuba; un comercio
bilateral magnífico y las inversiones van viento en popa; y respecto a la
Unión Europea, un chollo.
Todo esto no admite ninguna discusión por parte americana ni por
nosotros; son datos constatables. Entonces,
¿por qué se está dando esta situación tan anormal, señor Ministro? ¿No
sería aplicable en este caso el principio de reciprocidad al considerar
que se nos da por parte americana un trato restrictivo en relación con el
nivel de representación diplomática que mantenemos en su país y el que
ellos mantienen en el nuestro? ¿Alguien nos podría acusar de
discriminación? No; no es un caso de discriminación si nosotros
respondemos de la misma forma, aplicando el principio de reciprocidad. El
rango de la misión diplomática que Estados Unidos tiene en Madrid es el
último del escalafón que estaría encabezado por el propio embajador, en
segundo lugar un enviado especial y en tercer lugar estaría el que está
ahora, el encargado de negocios de la embajada. Yo no sé si ése va a ser
uno de los criterios que se va aplicar en la diplomacia más moderna, en
la que nosotros hemos empezado a ser pioneros con Cuba, alabando la
figura del encargado de negocios como uno de los representantes
magníficos que van a tener las embajadas. ¡Ya estaban! ¿Quizá empezamos a
cuestionar el papel que desarrolla el propio embajador? ¿Sabe cuánto
tiempo tardaron Estados Unidos en nombrar un nuevo embajador en Francia
después del fallecimiento repentino de la anterior embajadora? Una
semana.
Creemos que es una sólida muestra del desinterés de la Administración
norteamericana, del propio presidente Bill Clinton por nuestro país y es,
a la vez, el reconocimiento de la falta de fuerza del Ministerio de
Asuntos Exteriores y del Gobierno español. Es un ejemplo de la
desconsideración con que nos premian esas excelentes relaciones que
recogen en su misma propaganda. ¿Alguien podría imaginar qué hubiese
ocurrido si el caso fuese al revés, si fuese España quien llevase un
retraso tan importante en el nombramiento de embajador allí?
Si permitimos que nuestros amigos --entre comillas-- nos traten así,
difícilmente podremos mantener la dignidad de nuestras relaciones
diplomáticas con otros países.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En primer lugar
agradezco al señor Navas, profundamente y en el alma, su interés por
contribuir a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y España; creo
que ése es un buen paso del señor Navas y de la formación a la que
representa.
Ciertamente los embajadores tienen una función positiva a cumplir --y la
cumplen--, pero afortunadamente menos importante en términos relativos
cada vez porque a medida que los contactos directos entre los ministros
proliferan como consecuencia de viajes, de llamadas telefónicas y del
propio fax, como consecuencia, por tanto, de los avances tecnológicos y
de los transportes, la labor del embajador se ve reducida respecto de
aquellas antiguas funciones en las que, estando aislado, muchas veces
tenía que tomar decisiones graves sin poder previamente formular las
consultas que hoy en día pueden hacer. En todo caso, yo recomendaría al
señor Navas que no dramatice la situación porque, afortunadamente, las
relaciones no necesitan de sus apoyos ni de los de nadie, puesto que
están discurriendo por cauces más que satisfactorios.
Quiero recordarle que la cumbre de la OTAN que se celebró en España (como
muy bien ha referido, y espero que también como prueba de lo bien que
funcionan nuestras relaciones y del importante papel que España juega en
el mundo, y en particular en el seno de la OTAN), se consiguió gracias al
apoyo del secretario de Estado y a la invitación que yo mismo formulé; y
las múltiples visitas de la señora Albright en los últimos tiempos por
España, son un aprueba evidente de ese buen estado de relaciones.
La explicación de por qué se ha producido esta demora es sencilla. El
señor Edward Romero, que fue desde el primer día el candidato del
Gobierno, finalmente ha sido propuesto para este puesto, pero en aquel
momento unos rumores de todos conocidos respecto del comité de
financiación de una campaña electoral en Estados Unidos aconsejaron
llevar a cabo determinadas comprobaciones, que fueron más que
satisfactoriamente resueltas. Se nos comunicó la posibilidad de que eso
se retrasara si por nuestra parte no había inconveniente, y nuestra
respuesta fue la que corresponde a un amigo con el que hay unas
excelentes relaciones de confianza, y no podía ser otra que la de que
esperaríamos a que esas comprobaciones y trámites tuvieran lugar. Una vez
efectuados dichos trámites y superadas cualesquiera dudas al respecto, se
procedió a la propuesta del señor Romero, que fue inmediatamente aceptada
por el Gobierno español puesto que tenía noticias de ese nombramiento
desde el mes de julio del año pasado.
Eso es todo lo que ha pasado, por tanto se explica más fácilmente en
términos de amistad y de confianza mutua que no en términos de
degradación, de desprecio y dramatismo que S. S. ha querido darle.
--DEL SEÑOR ALCARAZ RAMOS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE ACCIONES
DESARROLLADAS PARA CONTRIBUIR A SOLUCIONAR LA SITUACION DE VULNERACION DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TIMOR ORIENTAL (Número de expediente
181/001369).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, de la que es autor el
señor Alcaraz, relativa a las acciones desarrolladas para contribuir a
solucionar la situación de vulneración de los derechos humanos en Timor
Oriental.
Señor Alcaraz. (Pausa.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
el Gobierno es consciente de la situación en Timor Oriental,
particularmente en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos
en este territorio. Nuestra política es clara en relación bilateral con
el Gobierno indonesio, en las acciones de la Unión Europea y en los foros
competentes de Naciones Unidas.
Nuestro Gobierno sigue la doctrina establecida por Naciones Unidas, que
considera que el proceso de descolonización de Timor Oriental quedó
interrumpido en el año 1976 tras la invasión y posterior anexión por
parte de Indonesia y que, por tanto, Portugal continúa siendo la potencia
administradora del mismo. España apoya con firmeza el diálogo que, bajo
los auspicios de Naciones Unidas, mantienen los gobiernos de Portugal e
Indonesia. En abril está prevista una nueva ronda de negociaciones y
deseamos que ambas partes se esfuercen en conseguir resultados que
permitan avanzar en la solución de este conflicto.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor ministro, desde Nueva Izquierda Iniciativa
per Catalunya entendemos que siempre es útil traer el común recordatorio
del que posiblemente y con toda seguridad es el mayor genocidio de
nuestra época. Por debajo de los datos que impecablemente aportaba el
señor ministro recordando cómo desde la invasión del 7 de diciembre de
1975 Naciones Unidas nunca han reconocido dicha anexión, se produce un
auténtico genocidio que según algunas cifras contrastadas de
organizaciones internacionales puede llegar a 200.000 víctimas y a
decenas de miles de refugiados.
Sucede, además, que un manto de oscuridad suele caer, incluso
desgraciadamente en nuestro país, sobre la horrible situación del pueblo
de Timor Oriental. Sólo en casos extremos ha llegado a la opinión pública
alguna noticia. Tal es el caso de la matanza del cementerio de Santa
Cruz, el 12 de noviembre de 1991, con 270 muertos y mas de 300 heridos y
que fue grabada por algún cámara de la televisión británica, o la
reciente violación y asesinato de mujeres del año pasado, que también fue
recogida por una televisión australiana y dio origen --si no estoy
equivocado-- a que el Gobierno formulara una queja concreta.
Afortunadamente, la concesión en 1996 del Premio Nobel de la Paz a
monseñor Ximenes Belo y al periodista José Ramos Horta ha abierto una
ventana de luz. Precisamente, monseñor Belo visitó al presidente del
Congreso de los Diputados el 12 de febrero de este año, emitiéndose como
resultado de dicha visita una nota informativa que nos llegó a los
diputados y diputadas. En esa nota informativa se ponía de manifiesto
cómo monseñor Belo se mostraba pesimista sobre la situación. Luego, me
referiré a un punto concreto de ella.
Hay que indicar también que más allá de los buenos oficios al mayor
genocidio corresponde seguramente la mayor hipocresía en la comunidad
internacional, fundamentalmente de los países occidentales.
Difícilmente puede admitirse decir que los países occidentales, la Unión
Europea, etcétera, simplemente critican una situación concreta mientras
se mantienen unas relaciones privilegiadas con el régimen sangriento de
Indonesia. Esa es tristemente la realidad.
Nuestro aliado, Estados Unidos, sólo se ha preocupado últimamente por las
tormentas económicas en Indonesia, no por esa situación de genocidio, y
ahora se ha sabido que desde 1992 Estados Unidos ha formado el ejército
indonesio, el mismo ejército que perpetra esas salvajes matanzas. Para
mayor escarnio, el propio secretario adjunto de Defensa de Estados
Unidos, dirigiéndose a un congresista de su país, decía que ese programa
de formación realza nuestra capacidad para influir de modo positivo en la
política y conducta sobre derechos humanos de Indonesia.
Dirá el señor ministro, ya nos tiene acostumbrados y en muchos casos
tiene razón, que el espíritu de alguno se tenga que sublevar cuando se
hace una selección en la política real cotidiana internacional entre unos
estados, y a otros se mide por diversas varas, pero esto --insisto, dada
la situación de genocidio y de opresión-- rebasa cualquier sensibilidad
simplemente humana con independencia de las ideologías políticas. Por
tanto, la pregunta es ¿puede hacer España algo más que lamentarse y
seguir apoyando abstractamente una serie de resoluciones? ¿Qué
compromisos concretos puede adquirir España? ¿Qué compromisos concretos
en el marco de la Unión Europea?
En esa visita del señor Belo, citando la nota informativa que se emitió
por parte de la oficina del señor presidente de esta Cámara, dijo o se
atrevió a sugerir la posibilidad de explorar otras vías alternativas,
concretamente la mediación de naciones amigas de Portugal y de Indonesia,
que a través de acuerdos informales abran nuevas expectativas de diálogo.
¿Es ésa una vía que se puede explorar?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En segundo lugar,
la nota dice que monseñor Belo, que se mostró contrario a la lucha armada
y partidario tanto de la vía diplomática como de la búsqueda de apoyos
internacionales para su causa, subrayó que los jóvenes comienzan a perder
la esperanza porque no ven ninguna solución de inmediato futuro. Pidió
que se presionara al secretario general de la ONU para que se llegue a
una solución, se libere a los presos políticos y se respeten los derechos
humanos en Timor Oriental. ¿Va a presionar España al secretario general
de la ONU, como pide monseñor Belo, para que tenga en este caso una
intervención tan activa como la ha tenido en otros conflictos recientes?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): España ha
mantenido sobre ese conflicto, que por otra parte no es nuevo, una
posición bien clara, bien conocida desde el principio, y ésa es la que va
a seguir manteniendo y reiterando cuantas veces haga falta.
A principios de enero pasado mantuvimos en Yakarta una ronda de diálogo
político bilateral con las autoridades de Indonesia y una vez más
expresamos nuestra preocupación por la situación en Timor Oriental y
animamos al Gobierno de Indonesia a que haga nuevos esfuerzos en ese
proceso negociador con Portugal.
Puedo decirle que España ha sido uno de los países más solidarios con
Portugal y por tanto con Timor, en este asunto en el seno de la Unión
Europea, que continuaremos en esa línea, y el propio monseñor Belo, en
esa reciente visita
a la que usted se ha referido, naturalmente quedó satisfecho de la
posición española que es coherente, es seria y naturalmente es la única
que podemos mantener.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Con esto concluimos el punto del orden del día relativo a las preguntas.
Quiero agradecer al señor ministro su presencia de nuevo entre nosotros,
la prontitud de sus respuestas, y esperemos que dentro de poco tengamos
ocasión de recibirle otra vez en esta Comisión.
Dos minutos de receso, si les parece a SS. SS. (Pausa.)
DICTAMEN SOBRE:
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA
RICA, HECHO EN MADRID EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente
110/000152).
El señor PRESIDENTE: Al reanudar la sesión procedemos a la consideración
de los dictámenes sobre los convenios y tratados internacionales que
figuran en el orden del día y que comprenden los números 17 a 26. Si les
parece y a efectos de facilitar las votaciones, las mismas tendrán lugar
al final del debate correspondiente, y en cualquier caso no antes de la
una y media.
Número 17 del orden del día: Tratado de extradición entre el Reino de
España y la República de Costa Rica, hecho en Madrid el 23 de octubre de
1997. ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
La señora Pulgar, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora PULGAR FRAILE: El tratado de extradición entre el Reino de
España y la República de Costa Rica sigue el texto propuesto por la parte
negociadora española, que se inspiraba en el convenio europeo de
extradición, en los convenios bilaterales de extradición últimamente
firmados con países hispanoamericanos y en nuestra práctica convencional.
El tratado ha sido autorizado por el Consejo de Ministros del 10 de
octubre de 1997 y se ha firmado el 23 de octubre del mismo año en Madrid.
En él se destaca la amplia regulación del delito político, excluyendo de
tal calificación una detallada enumeración de actos terroristas que se
inspiran en el convenio europeo de represión del terrorismo y también en
los artículos 3 y 5 del convenio relativo a la extradición entre los
Estados miembros de la Unión Europea. Esta regulación es muy
satisfactoria para España y las partes contratantes son conscientes de la
importancia de crear mecanismos bilaterales que permitan regular la
entrega de los delincuentes y mejorar la Administración de justicia
mediante la concertación de tratados de extradición.
El Grupo Popular dará su voto favorable a este tratado de extradición
entre el Reino de España y la República de Costa Rica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Nada que añadir a lo ya expresado por la
portavoz del Grupo Popular. Hago extensiva la defensa de este convenio
conjuntamente con el de la República de Panamá, teniendo en cuenta que la
filosofía de ambos convenios es la misma, y no tengo nada más que añadir,
solamente anunciar nuestro voto favorable.
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente
110/000153).
El señor PRESIDENTE: Punto número 18 del orden del día: Tratado de
extradición entre el Reino de España y la República de Panamá, hecho en
Panamá el 10 de noviembre de 1997.
Señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: El tratado de extradición entre el Reino de
España y la República de Panamá se ha elaborado sobre la base del texto
firmado por España con El Salvador, destacando la regulación del delito
político en la que se excluye de tal calificación una detallada
enumeración de actos terroristas que se inspiran también en el convenio
europeo de represión del terrorismo.
El Consejo de Ministros autorizó la firma en septiembre del pasado año y
ésta se ha llevado a cabo el día 10 de noviembre en Panamá. Se admite el
procedimiento simplificado de extradición en caso de consentimiento
expreso del reclamado, regulándose con detalle los supuestos de concurso
de solicitudes y de extradición de tránsito. Los órganos encargados de la
ejecución de estos tratados serán el Ministerio de Justicia del Reino de
España y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Panamá. Dichos órganos se comunicarán entre sí por vía diplomática. El
Grupo Popular dará su voto afirmativo a este tratado.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo la señora Fernández, en nombre
del Grupo Socialista?
La señora FERNANDEZ RAMIRO: No tengo nada que añadir, ya lo expresé
anteriormente.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN TALLINN EL 11
DE NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000154).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 19: Acuerdo entre el Reino
de España y la República de Estonia
para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Tallinn
el 11 de noviembre de 1997.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.)
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Este acuerdo tiene como objetivo crear las
condiciones favorables para que se den las inversiones entre ambos
países, ofreciendo un marco de protección a las mismas. El contenido de
este acuerdo puede ser considerado como el habitual en los acuerdos que
de este tipo se han venido firmando con otros países del entorno, si bien
al texto negociado se le han incorporado las modificaciones surgidas
recientemente en las negociaciones del foro de la OCDE.
En el acuerdo se incluyen todas las posibles inversiones a realizar entre
ambos países y en el artículo 7 se garantiza a los inversores la libre
transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones. De la
misma forma se concreta también que las transferencias se realizarán sin
demora en la moneda libremente convertible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Quiero señalar que en el transcurso de
las negociaciones del documento que estamos discutiendo, negociaciones
que duraron dos años y medio, las aportaciones propuestas por ambos
países no implicaron cambios sustanciales en la esencia del acuerdo,
descartando todas aquellas que iban referidas a la retroactividad, que se
mantiene, y a la vigencia en el texto, en igualdad de condiciones, de las
tres lenguas, el español, el estonio y el inglés.
Por lo demás hago buenas y propias las palabras de la portavoz del Grupo
Socialista, y manifiesto el apoyo del Grupo Popular a este convenio.
--CONVENIO NUMERO 141 DEL CONSEJO DE EUROPA RELATIVO AL BLANQUEO,
SEGUIMIENTO, EMBARGO Y DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DEL DELITO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1990, ASI COMO LAS RESERVAS Y
DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO (Número de expediente
110/000156).
El señor PRESIDENTE: Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo
al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito,
hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990, así como las reservas y
declaración que España va a formular al mismo.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo va a dar su voto afirmativo a la
convalidación de este convenio del Consejo de Europa.
Evidentemente el Consejo de Europa ha tomado una posición avanzada,
recogiendo lo que ya algunos países afortunadamente, entre ellos España y
otros miembros de la Unión Europea, venimos haciendo y reflejando en
leyes específicas de lucha contra el narcotráfico, de actuaciones de todo
orden, policial y penal, contra el crimen organizado, lo que son hoy día
artículos ya constantes y sonantes en nuestro último Código Penal. El
crimen organizado tiene la peculiaridad de no reconocer fronteras
internacionales y, por tanto, el delincuente que ha obtenido un producto
en base financiera económica monetaria trata de blanquearlo en el mismo
país que ha cometido el delito o habitualmente en otro distinto, a través
de los circuitos legales de banca, de inversiones inmobiliarias,
etcétera, que aquí se contempla.
Este tratado viene a significar una pieza de coordinación y de toma de
conciencia porque define de una manera clara qué se entiende por un
delito de blanqueo y sobre todo, la parte más ejecutiva e importante del
mismo, priva al delincuente de los beneficios de su delito, obligación
contractual que los países signatarios de este acuerdo tienen que
realizar respecto a la figura de la confiscación, señalándose, además, la
obligación de la confiscación. No sería posible de otra manera la lucha
contra este crimen organizado si al final los poderes judiciales y
administrativos de las naciones afectadas no tuvieran la facultad de
confiscar los bienes de procedencia ilícita o adquiridos por medios
ilícitos, pero que amparándose en la flexibilidad de los circuitos
mercantiles, comerciales, bancarios, financieros, etcétera, permite este
blanqueo.
De aquí que nosotros apoyemos esta línea, en la misma política que se ha
seguido por la Administración penal española, y desear que este
instrumento pueda servir a los órganos ejecutivos, para los cuales España
también ha ocupado una posición preferente con el apoyo a la Europol y al
espacio judicial europeo, que está mucho avanzado que los países
signatarios del Consejo de Europa.
Por estas razones votaremos afirmativamente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Para ampliar las palabras del señor
Mardones, que suscribimos, quiero decir que se trata de un convenio de
carácter abierto desde el momento en que pueden adherirse a él Estados no
europeos, si bien exige una invitación del Consejo de Europa por una
mayoría cualificada.
En cuanto a su contenido, lo conforman dos partes claramente
diferenciadas; una sustantiva penal, tipificando el delito de blanqueo de
capitales y la otra englobando un conjunto de normas procesales de
cooperación internacional. Contiene, además, numerosos reenvíos a la ley
interna, así como una lista exhaustiva de reservas sobre limitación del
ámbito del convenio a ciertas categorías de delitos o a una reducción del
ámbito penal del blanqueo de capitales o sobrevinculación a los hechos
probados por la sentencia extranjera a ejecutar. Hay que señalar también
que por el lado español en varias ocasiones se formularon una serie de
observaciones sobre diversos obstáculos que
se oponían a su ratificación; sin embargo, con la promulgación del nuevo
Código Penal, que introdujo el blanqueo genérico de capitales, se salvó
el escollo más importante.
España tiene previsto formular dos reservas y una declaración en el
momento de su ratificación. La primera reserva es para designar --como
autoridad central para enviar y contestar las solicitudes efectuadas en
virtud de este convenio, así como para transmitirlas a las autoridades
competentes para su ejecución-- a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Justicia. La segunda reserva es sobre la facultad de exigir
que las solicitudes y piezas anexas vayan acompañadas de una traducción
en una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa. Y, finalmente, la
declaración versa sobre las informaciones o elementos de prueba
facilitados en virtud del presente capítulo --se refiere al capítulo
III--, que dice que no podrán sin consentimiento previo ser utilizados o
transmitidos por las autoridades de la parte requiriente para fines de
investigación o procedimientos distintos de los previstos en la
solicitud.
Por todo ello sólo me resta manifestar el voto y la aprobación por parte
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora
Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Mi grupo quiere también fijar la posición en
cuanto al trámite que hoy estamos siguiendo, la autorización por las
Cortes del Convenio 141 del Consejo de Europa, cuyo fin es dotar, a los
países firmantes del Consejo de Europa y a aquellos a quienes dicho
Consejo pasa a la firma este convenio, de un instrumento de cooperación
jurídica para privar al delincuente del producto del delito. Por lo
tanto, el trámite de este convenio es importante. España firmó en su
momento este convenio pero se reservó la ratificación a la espera de las
modificaciones legales que el propio convenio requería. Por ello, para la
ratificación de este convenio ha sido preciso esperar a una serie de
modificaciones legislativas que se han realizado, empezando por la
tipificación del delito de blanqueo, que exigía la incorporación en
nuestra legislación.
Como la discusión del Código Penal se tramitó con la intención de
concitar el máximo consenso, fue una tramitación lenta; algunas medidas
legislativa afectaban a derechos fundamentales, incluso al artículo 94 de
la Constitución, porque sobre todo son medidas indagatorias del delito,
medidas especiales que se corresponden con esos derechos fundamentales.
Por tanto, la propia delicadeza del tema y la propia tramitación del
Código Penal han exigido un período quizá más lento que el que pueda
haber tenido esa tramitación en otros países que ya han ratificado el
citado convenio. Afortunadamente, ya se produjo la aprobación del Código
Penal y se han incorporado algunas de estas medidas a nuestra legislación
procesal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y por tanto creo que hoy no existe ningún
obstáculo para que se ratifique este convenio.
De todas maneras, esta diputada no quería dejar pasar la ocasión de hacer
algunas apreciaciones sobre este tema que constituye un motivo de
preocupación para todos los países, ya que, según datos de la Europol,
son más de 70 billones de pesetas los que se mueven alrededor del
blanqueo de capitales procedentes de delitos casi siempre relacionados
con el narcotráfico, aunque también con bandas organizadas, con
terrorismo, etcétera. Esta es una materia dinámica. El fenómeno de la
confiscación de los instrumentos del delito es un fenómeno de los más
complejos que existen hoy día; la armonización de la legislación penal es
un proceso largo; estos instrumentos del delito no son fáciles de
investigar, de identificar ni de probar y mi grupo piensa que habría que
avanzar más en este terreno. La mezcla de los lícitos y de los ilícitos,
la incorporación de las tecnologías que hacen opaca la titularidad de
estos instrumentos del delito son algunos de los problemas que hoy día se
nos están planteando. Cooperar con otros países para suministrar los
instrumentos confiscados del delito o para requerirlos es un paso, pero
hoy la dificultad mayor estriba en la posibilidad de la persecución de
esos patrimonios opacos para llegar a las sentencias condenatorias e
incluso para el propio proceso de instrucción previa.
Mi grupo piensa que es necesario aprovechar esta oportunidad para
expresar el convencimiento de que hay que seguir avanzando en este
terreno, buscando la cooperación de otros países y el avance en
instrumentos, no sólo en lo que es la confiscación del producto del
delito sino sobre todo en la investigación de los patrimonios y en la
posibilidad de frenar el aumento del blanqueo de capitales que, desde el
punto de vista de esta diputada, se produce a un ritmo bastante
acelerado.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA, HECHO EN SAN JOSE DE
COSTA RICA EL 8 DE JULIO DE 1997 (Número de expediente 110/000158).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 21: Acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España
y la República de Costa Rica, hecho en San José de Costa Rica el 8 de
julio de 1997.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: El acuerdo que en este momento debatimos para
su aprobación obviamente tiene como objeto fomentar la cooperación
económica y favorecer los intercambios comerciales, creando por tanto las
condiciones más favorables para las inversiones de una parte en el
territorio de la otra parte. Este acuerdo es similar al de otros que se
han aprobado de promoción y protección de inversiones por España con
otros países, todos ellos siguiendo el modelo, como en este caso, de la
OCDE. Las inversiones que cubre el acuerdo fundamentalmente son todo tipo
de inversiones relacionadas con
las empresas, acciones u obligaciones, etcétera, así como los derechos
derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de
crear valor económico, incluyendo préstamos, bienes muebles e inmuebles,
y también todo lo que se refiere a las patentes, marcas comerciales,
denominaciones de origen, fondo de comercio, derechos para realizar
actividades económicas y comerciales otorgados por ley. Hay un elemento a
tener en cuenta: que las inversiones y rentas de inversión no serán
sometidas a nacionalización o expropiación, salvo las salvaguardas
lógicas que las disposiciones legales tienen en cada uno de los países.
También se refiere a los procedimientos a seguir para la solución de
controversias entre las partes contratantes, fijando unos tribunales de
arbitraje, y también entre una parte contratante e inversores de la otra
parte, donde además de los tribunales de arbitraje existe la vía de
acudir a los tribunales competentes, que son el tribunal de arbitraje
establecido también en el seno de Naciones Unidas o el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, creado
por el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados. Por último, tengo que decir
que entra en vigor inmediatamente después de su aprobación y permanecerá
en vigor por un período de diez años, prorrogándose si no hay denuncia
por una de las partes.
Por todo ello, nuestro grupo está de acuerdo en la aprobación de este
convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Quiero suscribir las palabras del portavoz del
Grupo Socialista y manifestar que el Grupo Parlamentario Popular estará
siempre de acuerdo y apoyando con su voto favorable todos aquellos
convenios y acuerdos internacionales que tengan como objetivo los
intercambios comerciales que sean favorecidos y crear aquellas
condiciones que permitan a los dos Estados colaborar en este campo.
--CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL REINO
DE TAILANDIA A FIN DE EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y DE PREVENIR LA EVASION
Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN
MADRID EL 14 DE OCTUBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000159).
El señor PRESIDENTE: Pasamos con ello al punto número 22, convenio entre
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de Tailandia a
fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 14 de
octubre de 1997.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Este es un convenio necesario sobre todo para
los hombres de negocios del sector empresarial español que desde los
últimos años vienen tratando de abrir un mercado de actividades en el
Reino de Tailandia. Ha habido operaciones muy significativas como, por
ejemplo, el encargo de la Marina Real tailandesa al Gobierno español de
un portaaviones construido por la Bazán, que ha significado también una
cuña de penetración tecnológica y comercial en Tailandia.
La presencia de dos regímenes fiscales muy diferentes en cuanto a sus
figuras impositivas hace necesario un convenio de este tipo, sobre todo
porque afecta en el territorio fiscal español a lo que es conocido por
nosotros como el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y el
Impuesto sobre Sociedades. Son las dos figuras fiscales impositivas que
contempla por la parte española este convenio, mientras que por la parte
tailandesa solamente se habla de un impuesto de renta, que es el que
ellos tienen allí, no el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas,
y un curioso y peculiar impuesto sobre la renta de productos
petrolíferos. Dados, a veces, los sistemas de opacidad fiscal que se
pudieran producir en países con esta diferencia de sistemas impositivos
y, sobre todo, dadas las temáticas que a veces concurren en los sistemas
bursátiles y económicos del Reino de Tailandia, uno de los tigres
orientales en este momento que acoge mayor productividad de tecnología en
el sentido a aportar una mano de obra muy barata, hacen atractivo que
hombres de empresas y de negocios puedan establecerse en una
deslocalización muchas veces de actividades industriales en este
territorio. Por tanto, hay que proteger con un convenio de este tipo al
hombre de negocios, al empresario español, a cualquier persona que vaya a
trabajar desde España a Tailandia para evitar que se encuentre con
sorpresas desagradables y no tanto acusaciones de fraude fiscal. Quiero
recordar que en este momento determinados tipos delictivos en Tailandia,
cuestiones que en España están penadas o penalizadas solamente con multa,
pueden conllevar hasta la pena de muerte, como es el delito del
narcotráfico. Por estas razones, son necesarias las protecciones fiscales
de un derecho positivo de corte occidental para tranquilidad de todo
español que vaya a trabajar a Tailandia, que tenga que devengar un
impuesto tailandés y no se vea en una situación de desagradable sorpresa
o de prisión.
Por esta razón, señor presidente, vamos a votar favorablemente este
convenio.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Teniendo en cuenta que el señor Mardones ha
desmenuzado con absoluta claridad la filosofía de este convenio, sólo
quiero anunciar el voto favorable del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Para manifestar que este convenio se gestó allá
por el año 1994 y que, posteriormente,
fue autorizado en marzo de 1997 por unas modificaciones que se
introdujeron, pequeñas modificaciones, pero que necesitaron de un nuevo
planteamiento. El objeto de este convenio es, como muy bien ha
manifestado el señor Mardones, impedir la discriminación entre los
contribuyentes en la esfera internacional y, además, ofrecer un elemento
de seguridad tanto jurídico como fiscal.
Por todo ello, no me cabe más que manifestar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Popular.
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN MONTEVIDEO EL 1 DE DICIEMBRE DE 1997
(Número de expediente 110/000160).
El señor PRESIDENTE: Punto número 23: Convenio de Seguridad Social entre
el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en
Montevideo el 1 de diciembre de 1997.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Los cambios producidos en las normativas de los
dos Estados, especialmente el uruguayo, donde se ha implantado un régimen
de capitalización individual que coexiste con el antiguo, son la base del
presente convenio, que consta de 32 artículos, en los que queda recogido
el ámbito de aplicación, así como la legislación aplicable. También se
recoge una serie de disposiciones referentes a las prestaciones por
distintas circunstancias, tales como vejez, invalidez, enfermedad,
etcétera. Igualmente se contempla específicamente la posibilidad de que
los trabajadores en empresas mixtas pesqueras hispanouruguayas puedan
continuar afiliados a la Seguridad Social española. Está basado y regido
este convenio por una serie de principios que cabe destacar, como son la
igualdad de trato para los trabajadores de los dos Estados, la garantía
de pago de las pensiones o los beneficiarios que residan en la otra
parte, la colaboración administrativa de ambos países y la totalización
de los períodos de seguro acreditados de ambas partes.
Por todo ello, mi grupo va a dar su voto favorable a la autorización del
presente Convenio.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, poco o nada más que añadir;
sencillamente que el Grupo Socialista se alegra de este convenio, que en
definitiva es un elemento de protección a los trabajadores de ambas
partes, con algunos aspectos importantes y destacados, como es la
posibilidad, que ha relatado la portavoz del Grupo Popular, de que los
trabajadores en empresas mixtas pesqueras hispanouruguayas continúen
afiliados a la Seguridad Social española, obviamente bastante mejor que
la protección social uruguaya.
Por todas estas razones, apoyaremos el convenio que se trata ahora mismo.
--TRATADO DE LA OMPI, SOBRE DERECHO DE AUTOR, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA
DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996 (Número de expediente
110/000161).
--TRATADO DE LA OMPI, SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS,
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DIPLOMATICA EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE
1996 (Número de expediente 110/000162).
El señor PRESIDENTE: Entiendo que podríamos tratar conjuntamente los
números 24 y 25. Ambos se refieren a tratados de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, uno sobre derecho de autor, adoptado en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y otro sobre interpretación o
ejecución y fonogramas, adoptado también en Ginebra el mismo día, el 20
de diciembre de 1996.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Vamos a votar favorablemente estos dos
tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el
primero referido a los derechos de autor y el segundo sobre la
interpretación o ejecución y fonogramas. En primer lugar, están en una
línea plenamente aceptable por la legislación española vigente, están en
la misma sintonía con que hemos legislado en esta Cámara las leyes de la
propiedad intelectual y todo lo relacionado con los derechos de autor.
Fundamentalmente viene a actualizar las disposiciones del convenio de
Berna, que en 1971 supuso un gran avance en la regulación de la
protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. La
clásica figura del derecho de autor del copyrigt, para entendernos en el
lenguaje convencional internacional que ampara esta protección en
cualquier medio de comunicación, se viene viendo desbordada por el
impulso de la tecnología, de la supresión de las barreras geográficas
para la transmisión de imágenes o de cualquier producto literario o
artístico en cualquier soporte que vaya a llevar, salvo los que
específicamente se excluyen en estos dos convenios. Es necesario proteger
esos derechos de autor, fundamentalmente en la creación de obras
literarias y artísticas, que estén superados por la propia indicación del
copyrigt y la remisión a los tribunales internacionales de justicia o las
apelaciones que el derecho positivo, como son los casos español, francés,
británico, alemán, por hablar de nuestro entorno, reconoce en sus propios
tribunales para que cualquier ciudadano que pueda ver conculcada su
legitimidad de concursar en la defensa de los derechos de autor de
propiedad intelectual pueda recurrir también a estos tribunales, pero era
necesario darles un armazón de escenario internacional. Esto pretenden
precisamente estos dos tratados sobre el derecho de autor y la ejecución
de fonogramas
que tanto la Conferencia diplomática de Ginebra de 1996 como el convenio
de Berna para 1966 habían puesto las bases y cimientos para esto que hoy
día es un valor jurídico, económico, artístico e intelectual de autor
perfectamente admitido.
Por estas razones, señor presidente, votaremos positivamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, si no hubiera derechos de autor
no habría autores, y si no hubiera autores no existiría creación
artística alguna. Parece evidente que, como muy bien ha dicho el señor
Mardones, en esta Comisión, además, que está llena de autores, algunos de
reconocido prestigio, este tema debe preocuparnos de forma especial.
(Risas.)
En cualquier caso, el reto de la globalización de la apertura de
fronteras, de la eliminación de barreras, los nuevos medios de
comunicación, las nuevas tecnologías, plantean un interrogante, una
dificultad para proteger la propiedad intelectual y artística. Es
evidente que nuestro país, que es un país de creadores, un país de
creación artística, de exportación y de industria intelectual basada en
la cultura, en la lengua, en el arte, debe formar parte naturalmente de
los grandes convenios mundiales que no dejan, sin embargo, de plantear
siempre cuál será el siguiente reto al que tendremos que responder en
este terreno.
Solamente quiero señalar que son dos tratados importantes para la
industria y para los creadores españoles y que la protección de los
derechos de autor es sin duda uno de los caminos más sólidos para seguir
garantizando la preeminencia de nuestro país en esta materia. Por eso el
Grupo Popular apoyará y votará favorablemente estos dos tratados.
El señor PRESIDENTE: Señor De Puig.
El señor DE PUIG OLIVE: Señor presidente, yo entiendo que si no hay
autores no puede haber derecho de autor. (Risas.) Partiendo de esa
premisa y teniendo en cuenta que durante siglos y siglos ha habido
autores, los pobres sin ningún derecho de autor, yo creo que desde Homero
hasta hace cuatro días aquí no ha tenido derecho de autor nadie. A pesar
de ello, considero que a partir de cierto momento hay una causa-efecto
entre derechos de autor y autor. Desde luego lo más importante es que
haya autores, y en este caso, en lo que se refiere a los tratados que
vamos a aprobar, además de autores, intérpretes y ejecutores, porque aquí
estamos reconociendo el derecho de autor y también el del ejecutor y el
del intérprete en una etapa en que hay mucha piratería y donde hay
problemas de este tipo; unos derechos protegidos por el primero de los
tratados, y en el segundo protegidos los de los intérpretes, sin
menoscabo de los derechos de los autores, porque aquí podría haber
litigios que cabe evitar.
Nuestro grupo, después del detallado informe del señor Mardones y las
oportunas precisiones del señor Robles, con el mayor de los entusiasmos
va a votar favorablemente estos dos tratados.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA, HECHO EN PANAMA EL 10 DE
NOVIEMBRE DE 1997 (Número de expediente 110/000163).
El señor PRESIDENTE: Punto número 26 y último: Acuerdo para la promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Panamá, hecho en Panamá el 10 de noviembre de 1997.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Gil Melgarejo tiene la palabra.
El señor GIL MELGAREJO: El acuerdo para la promoción y protección
recíproca de las inversiones entre el Reino de España y la República de
Panamá fue firmado por el presidente de Gobierno, Aznar, en su viaje de
noviembre a Latinoamérica. Este convenio tiene como objetivo principal el
fomentar la cooperación económica y favorecer los intercambios
comerciales creando, al mismo tiempo, las condiciones favorables para que
se produzca un estímulo de las inversiones en las dos direcciones. El
protocolo por el que se guía es similar al modelo elaborado y guiado por
la OCDE cuando se trata de inversiones entre España y otro país.
Finalmente, quiero decir que este acuerdo tiene un período inicial de
vigencia de diez años y se renovará por tácita reconducción en períodos
consecutivos de dos años. El Grupo Parlamentario Popular votará
favorablemente este Convenio.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, brevísimamente, porque este
acuerdo es idéntico a los que en los puntos 19 y 21 hemos aprobado en
relación con Estonia y Costa Rica. Si nuestro grupo ha estado a favor de
la aprobación de esos acuerdos, lógicamente no vamos a discriminar y con
Panamá aportaremos el mismo entusiasmo que con los otros países. Por
tanto, nuestro grupo aprueba este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Querría someter a
la consideración de SS. SS: el que votemos por asentimiento. No he oído
en el curso del debate de los dictámenes ninguna voz manifestando algún
reparo ni abstención ni oposición a los tratados y convenios de cuyos
dictámenes se trataba, de manera que, en función del artículo 83, si no
hay inconveniente por su parte, vamos a proceder a votar por asentimiento
cada uno de los dictámenes.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Costa
Rica.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Panamá.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Convenio número 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Costa Rica.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino de
Tailandia a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y
el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
Oriental de Uruguay
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor. ¿Lo aprueban sus señorías?
(Asentimiento.) Queda aprobado.
Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Panamá.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Con ello, llegamos al final de la consideración del orden del día de la
sesión de hoy. Quería anunciarles a SS. SS. que tendremos sesión de la
Comisión de Asuntos Exteriores el próximo martes a las nueve y media de
la mañana para considerar el dictamen de la ponencia sobre la Ley de
Cooperación al Desarrollo. La sesión podría continuar el miércoles, uno
de abril, si fuera necesario para el mismo tema. Me gustaría convocar a
la Mesa y a los portavoces a las nueve y cuarto del martes, para proceder
a la ordenación de la discusión del dictamen de la ponencia.
No habiendo más asuntos de qué tratar y agradeciéndoles a todos ustedes
su presencia y su participación, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.