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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 407, de 17/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 407
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNANDEZ
DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 36
celebrada el martes, 17 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (Fernández-Armesto Fernández España) para:
--Explicar las intervenciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Valores acerca de la agencia de valores AVA en relación con la Banca
Socimer (Número de expediente 212/001297) (Página 11925)
--Informar acerca de distintos aspectos en relación con la suspensión de
pagos de la agencia de valores Asesores de Valores, S. A. (AVA). A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (Número de
expediente 212/001241) (Página 11925)
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley por
el que se autoriza la participación del Reino de España en la sexta
reposición de recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (Número de
expediente 121/000093) (Página 11947)
Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, el proyecto
de ley por el que se autoriza la participación del Reino de España en la
sexta reposición de recursos del Fondo Asiático de Desarrollo (Número de
expediente 121/000093) (Página 11947)
Comparecencia del señor Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (Fernández-Armesto Fernández España) (continuación) para:
--Informar sobre las condiciones de legalidad de la oferta pública de
venta de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (Endesa).
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (Número de
expediente 212/000794) (Página 11948)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a comenzar la sesión correspondiente al día de hoy martes 17 de
marzo con el examen de los siguientes puntos incluidos en el orden del
día: en primer lugar, la comparecencia del señor presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, señor Fernández-Armesto, a
quien le damos los buenos días y la bienvenida a esta Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados. Dicha
comparecencia ha sido solicitada para informar sobre las condiciones de
legalidad de la oferta pública de venta de acciones de la Empresa
Nacional de Electricidad, S. A., a instancias del Grupo Parlamentario
Socialista; para explicar las intervenciones llevadas a cabo por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca de la agencia de valores
AVA en relación con la Banca Socimer, a instancias de esta propia
Comisión de Economía en su última sesión celebrada, así como para
informar acerca de distintos aspectos en relación con la suspensión de
pagos de la agencia de valores Asesores de Valores, S. A. (AVA), de la
que es autor el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Homs i Ferret
pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, quisiera hacer una
consideración en relación con el orden del día.
Toda vez que tras las intervenciones y comparecencias que están previstas
figura la tramitación del proyecto de ley relativo a la modificación de
la ley de fondos de inversión colectiva, mi grupo quisiera proponer a los
grupos parlamentarios que pospusiéramos el debate de la reforma de esa
ley para la siguiente sesión de la Comisión de Economía. Tengo mis
razones, señor presidente, y es que en la ponencia no pudimos alcanzar
acuerdos sobre todas las enmiendas que hay planteadas por los demás
grupos; por ello, si los grupos parlamentarios tuvieran a bien,
solicitaría que este punto se trasladase al orden del día de la siguiente
sesión. Es una ley que hace tiempo que está en tramitación en esta
Comisión y por diez días más de margen no creo que tengamos ningún
problema.
El señor PRESIDENTE: Desde luego, lo que hacen ustedes por una ley que
tiene tres artículos. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, puesto que el objetivo de la
propuesta es conseguir el mejor acuerdo entre los grupos que soportan al
Gobierno o que pueden establecer una mejora de la ley, nosotros no
tenemos ningún inconveniente. Espero que en ese estudio de las enmiendas
sean consideradas por igual las de todos los grupos, pero en este caso,
si es para favorecer un acuerdo entre los grupos que soportan al
Gobierno, nosotros estamos de acuerdo. (El señor Martínez Noval pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, mi grupo es favorable a la
dilación que propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en beneficio
del mejor texto posible como consecuencia del mayor acuerdo, probable
precisamente por ese tiempo adicional para discutir entre nosotros
algunas enmiendas que nuestro grupo considera muy necesario que se
estudien con mayor profundidad de lo que se ha hecho hasta el momento.
(El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Ningún inconveniente, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Qué bien se expresa usted
últimamente, cada vez mejor y con más brevedad. (El señor Zabalía Lezamiz
pide la palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, por parte del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no habría inconveniente en trasladar como
ha propuesto el
señor Homs el debate de este proyecto de ley de inversión colectiva, pero
he de hacer una consideración y es que la semana que viene el portavoz
que lleva esta ley no estará; por lo tanto, tendría que ser a partir de
la semana siguiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, la semana que viene no va a haber
Comisión, porque no hay Mesa, sin perjuicio de lo cual he de decir a los
señores diputados que la diligencia, que no premura, inicialmente
mostrada para incluir este punto del orden del día en la Comisión se
debe, y se hizo, a instancias del señor portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y hoy, curiosamente, no le vemos con la diligencia
que esta Presidencia puso para que se viese de la forma en que fue
requerida De todas formas, no se lo tomaremos en consideración, por esta
vez, dicho lo cual, queda retirada del orden del día la ratificación de
la ponencia encargada de informar el proyecto de ley de régimen jurídico
y fiscal de las instituciones de inversión colectiva, así como la
aprobación con competencia legislativa plena de dicho proyecto de ley.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES (FERNANDEZ-ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA) PARA:
--EXPLICAR LAS INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES ACERCA DE LA AGENCIA DE VALORES AVA EN RELACION
CON LA BANCA SOCIMER (Número de expediente 212/001297).
--INFORMAR ACERCA DE DISTINTOS ASPECTOS EN RELACION CON LA SUSPENSION DE
PAGOS DE LA AGENCIA DE VALORES ASESORES DE VALORES, S. A. (AVA). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 212/001241).
El señor PRESIDENTE: Si les parece a ustedes, para ordenar la
comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, señor Fernández-Armesto, procederemos de la siguiente forma. En
primer lugar, se agruparán en una sola las dos comparecencias relativas a
la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca de
la agencia de valores Asesores de Valores, S. A., que serán explicadas
con el informe correspondiente por el señor presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores; seguidamente, intervendrán los
diferentes grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Socialista, por
ser el autor de la comparecencia, y posteriormente lo hará el resto de
grupos parlamentarios en la forma que es habitual en la Comisión.
Señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene la
palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Cumplo mi deber de comparecer ante
SS. SS. para informar de la actuación de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores que presido en los acontecimientos que desembocaron en la
crisis de la agencia de valores AVA, Asesores de Valores, S. A. Aunque
voy a exponer de forma lo más abreviada posible los acontecimientos y la
actuación de la Comisión, sin embargo, tengo que pedirles paciencia y que
disculpen si me extiendo demasiado, porque, no se lo puedo ocultar, hay
que pormenorizar bastantes detalles para poder explicar la operativa y la
esencia del problema. Sus señorías deberían de tener un fajo con
documentos que servirán para explicar mejor mi intervención.
Quisiera que mis primeras palabras en esta comparecencia fueran de
aliento y esperanza para los más de 3.500 perjudicados por la crisis de
AVA y del banco domiciliado en las Bahamas, Socimer International Bank
Limited. Quiero precisar que sólo una parte del volumen de inversiones
intermediadas por AVA, menos de un tercio, está afectada por la crisis de
Socimer. La Comisión ha propiciado que el resto de las inversiones se
hayan concentrado en depositarios solventes para facilitar a los clientes
que puedan disponer de ellos.
La protección de los inversores es la más sagrada de las funciones que la
Ley del Mercado de Valores nos encomienda a la Comisión y en este caso
existe un grupo importante de pequeños inversores injustamente
perjudicados por la falta de información y el incumplimiento grave de
obligaciones por parte de las entidades a quienes confiaron sus ahorros.
Al margen del riesgo que los inversores asumieron --y los perjudicados
deberían al menos ser conscientes de que compraban deuda de economías
emergentes con financiación ajena, lo recalco, deuda de economías
emergentes con financiación ajena--, no puede caber duda de que estos
inversores han sido injustamente perjudicados y que les asiste el derecho
a recuperar sus valores y a reclamar una total indemnización. También
quiero dejar constancia, y se lo demostraré a lo largo de mi intervención
--espero--, del celo y la diligencia con que la Comisión ha actuado
destapando los hechos y limitando al máximo el perjuicio.
La CNMV realiza su función de protección de los inversores con la
supervisión de las entidades de valores, entre las que se encuentra AVA.
Para el seguimiento prudencial de estas instituciones la Comisión combina
dos herramientas de probada eficacia, lo que se llama supervisión a
distancia y las inspecciones. La primera, la supervisión a distancia,
consiste principalmente en el análisis de la información
económico-financiera, la información contable, que están obligadas a
proporcionar mensualmente las propias entidades. Aquí, la Comisión ha
desarrollado un potente sistema informático y una metodología de análisis
que permiten mantener un estrecho seguimiento de la situación financiera
de las entidades y detectar con premura suficiente posibles situaciones
de falta de solvencia o liquidez. De forma habitual este seguimiento se
complementa con las inspecciones de la propia entidad. Así, durante
el pasado año, la división de supervisión de la Comisión efectuó un total
de 58 inspecciones a entidades de valores y gestoras; en concreto, se
inspeccionó a nueve sociedades de valores y a once agencias. Sí tengo que
resaltarles que la supervisión de la Comisión tiene diferente intensidad
en materia de solvencia y liquidez de la propia entidad y en lo que atañe
a la relación de esta entidad con su clientela, y es totalmente lógico.
La falta de solvencia o la falta de liquidez no tiene otra vía de
sanación que la acción administrativa del supervisor. En cambio, el
incumplimiento de la relación contractual entidad-cliente desemboca en
acciones civiles o penales, como ha ocurrido en este caso, y estas
acciones a la Comisión sólo le atañen en la medida en que también se
hayan violentado las normas de conducta.
La función de protección del inversor no se agota en la supervisión de
los intermediarios financieros. La Comisión también asesora a los
inversores y ha publicado y difundido desde hace años el decálogo de los
inversores, en el que se recoge una serie de recomendaciones para que los
ahorradores no sufran engaños y sorpresas inesperadas, y si les puedo
llevar al bloque de documentos que se les ha facilitado, el primero de
ellos es precisamente y cogido de la web de la Comisión el decálogo de
los inversores. Si se fijan en los puntos 7 y 8, hay dos recomendaciones
que creo que son muy pertinentes. El punto 7 dice: Sea especialmente
cuidadoso con las inversiones en valores que ofrecen rentabilidades
superiores a las del mercado. El punto 8 dice: asegúrese de conocer los
riesgos de pérdidas en sus operaciones con valores, sin olvidar que a
mayores expectativas de grandes y rápidas ganancias, suelen corresponder
mayores riesgos. Son dos sabias advertencias. Además, la Comisión, como
SS. SS. saben, dispone de un servicio permanente de atención al público,
donde el personal técnico informa a los inversores sobre cualquier duda o
reclamación.
El segundo punto es la identificación de las partes. AVA es una agencia
de valores debidamente registrada en la CNMV desde abril de 1993, tiene
un capital social de 300 millones de pesetas y domicilio social en
Zaragoza. Sus socios son sociedades anónimas debidamente constituidas y
en su consejo están personas que en su momento se consideró tenían
reconocida honorabilidad empresarial o profesional. A 31 de diciembre de
1997, es decir, hace unos meses, los fondos propios de la agencia eran de
377 millones de pesetas y su activo ascendía a 2.663 millones de pesetas.
Por su parte, Socimer International Bank Limited es un banco domiciliado
en Nassau, Bahamas, perteneciente al cien por cien al grupo Socimer
Finance, un holding financiero con sede en Suiza, que a su vez es filial
al cien por cien de Transáfrica, S. A., un grupo domiciliado en Madrid.
Para facilitar la comprensión de la maraña de sociedades del grupo
Transáfrica, les he facilitado un diagrama, que a su vez fue entregado
por la propia Socimer. Lo tienen ustedes como documento número 2. Arriba
del todo, verán ustedes Transáfrica-Madrid, después, dos sociedades,
Nousco, Nouvelle Société Commerciale de Genève, que es cien por cien
filial de Transáfrica, y Socimer Finance Holding, S. A., Ginebra, que es
una sociedad holding del grupo Socimer; luego, en las sociedades que
cuelgan de Socimer Finance Holding, verán ustedes, a la derecha del todo,
el Banco Medefin-UNB; en el centro, Socimer International Bank Limited,
Bahamas, que es a la que me referí antes, y, dependiendo de ésta, a su
vez, en el extremo izquierdo, Socimer España (Madrid). Después hay un
gran número de sociedades en diferentes países, fundamentalmente de
América. Por lo tanto, han visto ustedes que el holding financiero suizo
Socimer Finance es también propietario al 96 por ciento de un banco
argentino llamado Medefin-UNB, que según las declaraciones de directivos
de Socimer a la Comisión aparece como el origen de los problemas
financieros del grupo y provoca los incumplimientos del banco de Bahamas,
que es el que captó dinero en España, y a través del efecto dominó, es su
crisis la que afectó a los clientes de AVA. A su vez, el banco Socimer
domiciliado en Bahamas y protagonista de la operativa con AVA tiene una
filial al 98 por ciento en España, Socimer España, dedicada al
asesoramiento financiero y domiciliada en el mismo local que su matriz
última, Transáfrica. Como ven ustedes, de Transáfrica-Madrid depende todo
el grupo, entre el que está Socimer España, que comparte domicilio.
El 30 de junio de 1997 Transáfrica celebró junta general de accionistas
en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales consolidadas de
dicho grupo. Están depositadas en el Registro Mercantil de Madrid y las
tiene SS. SS en el documento siguiente. Con que pasen la hoja verán
ustedes: Registro Mercantil de Madrid, cuentas consolidadas. En ellas se
consolida el subgrupo Socimer Finance Holding y se mencionan Socimer
International Bank y Banco de Medefin-UNB, S. A. --los bancos que he
citado--. Si se van ustedes al anexo I de este documento, encontrarán
listados de todas las sociedades: aparece todo el grupo Socimer, el banco
argentino y el banco de las Bahamas. Las cuentas anuales consolidadas
están auditadas por KPMG Peat Marwick --tienen ustedes, al final del
todo, el informe del auditor--, que emitió una opinión limpia, excepto
por una inspección fiscal referente a los ejercicios 1988-1992. La cifra
total de activos asciende a 39.335 millones de pesetas. El balance de
este grupo de cuentas que les he entregado figura en la última hoja,
donde verán ustedes: activos totales consolidados del grupo, 39.335,
recursos propios, 6.111 --tienen ustedes ahí las cifras.
El grupo suizo André & Cie. posee directamente el 49 por ciento del
capital social de Transáfrica. Así se deduce no solamente de este esquema
del grupo que les he entregado, sino que está recogido expresamente en la
página 14 de la memoria: capital suscrito, primer accionista, André &
Cie., S. A., 49 por ciento. Además, el día 25 de enero de 1996 se firmó
un contrato de sindicación entre André & Cie. y el presidente de la
sociedad, don Rafael Salama Benoliel, titular del 16 por ciento de las
acciones del grupo. Por tanto, directamente o mediante concierto, André &
Cie. controla el 65 por ciento de Transáfrica. Según los datos
facilitados por Socimer, otra importante institución financiera suiza, la
Union des Banques Suisses, controla el
7,8 por ciento del capital, estando el resto en posesión del grupo de la
familia española Salama. ¿Quién es André & Cie.? André & Cie. es un grupo
con más de cien años de historia, que no cotiza en Bolsa y cuyas
magnitudes contables no son públicamente conocidas. Sin embargo, según la
revista suiza Bilanz, la cifra de negocios del grupo en el año 1997 pudo
ascender a 10.000 millones de francos suizos. Uno de los miembros de la
cuarta generación familiar, Henri André, está al frente de la compañía
suiza y su prestigio llega a que en mayo de 1989 fue nombrado miembro del
consejo de la Banque Nationale suiza, que es como el Banco de España
aquí, y que durante doce años perteneció al consejo de administración de
las Union des Banques Suisses, cesando en 1994.
Como apreciarán SS. SS. --y les ruego que vuelvan al diagrama
organizativo--, el esquema de grupo que les he entregado y descrito
resultaría a primera vista complejo pero habitual, si no fuera porque el
diseño de ese entramado impide una supervisión prudencial consolidada y
hace uso de un conocido paraíso regulatorio, como son las Bahamas.
Fíjense ustedes que tanto Transáfrica, como Nouso, como Socimer
International Bank Limited, el banco de Bahamas, está sujeto a la
supervisión del banco central de Bahamas y que el Banco Medefin-UNB, en
Buenos Aires, está sujeto a la supervisión del banco central argentino,
pero la estructura elegida ha permitido que no exista ninguna autoridad
que controle al grupo en su totalidad y que evite el presunto trasvase de
fondos de Socimer International Bank al Banco Medefin y la
despatrimonialización y el fulgurante desmoronamiento del banco bahameño.
Tercer punto, la operativa. Antes de entrar en la operativa, un tanto
compleja --o bastante compleja--, de Socimer-AVA y en los productos que
la agencia ofrecía a los clientes españoles, quiero resaltar que según la
información de la que dispone la CNMV, ningún otro intermediario
financiero ha distribuido en España los productos al por menor de
Socimer, y este dato sin duda es significativo. La relación entre AVA y
sus clientes españoles se regía por un contrato de gestión de cartera.
Estos contratos, que han sido depositados en la Comisión, los tiene
ustedes en el documento número 4. Verán ustedes que son dos contratos muy
similares, el primero depositado el 30 de octubre de 1996 y el segundo el
24 de julio de 1997. Es un contrato en el cual la gran mayoría de los
clientes autorizaban discrecional e ilimitadamente a AVA para que
realizara en su nombre y por su cuenta toda clase de inversiones
financieras. Resalto que con este contrato el cliente facultaba a AVA
para que --y ahora voy a citar entre comillas-- «gestione su cartera de
acuerdo con su exclusivo criterio profesional, dispensándola de consultar
las decisiones que adopte». Existía, es cierto, en el anexo del contrato
--si se van ustedes al anexo, y es igual en los dos contratos, lo verán--
la posibilidad de que el cliente excluyera cierto tipo de operaciones
poniendo una cruz. Dice: El mandato conferido por el cliente a AVA no
incluye la realización de las operaciones señaladas en la estipulación
general 1 en relación con los siguientes valores y activos --poner una
cruz al lado de los que deseen excluir--. Poniendo una cruz el cliente
podía excluir ciertas operaciones de mayor riesgo, pero según las
comprobaciones que ha realizado la Comisión, prácticamente ningún cliente
hizo uso de esta posibilidad. En virtud de estos contratos, AVA adquiría
valores y productos financieros en nombre y por cuenta de sus clientes,
estando especializada precisamente en operaciones de renta fija de países
emergentes. En cumplimiento de estos contratos, AVA realizó múltiples
operaciones para sus clientes, como es la adquisición de valores
españoles o internacionales, incluyendo deuda pública de países
emergentes, incluso operaciones a través de Socimer, pero todas estas
operaciones, por lo general, no han causado ningún perjuicio a los
clientes. El riesgo se ha materializado precisamente en clientes que
habían otorgado este mandato discrecional y para los cuales, en virtud de
ese mandato, AVA había adquirido valores --es un elemento importante--
con financiación de Socimer.
La operativa que ha dado lugar a los perjuicios para los inversores era
una operación de compra de deuda de países emergentes, sobre todo
latinoamericanos, en algunos casos a vencimiento y en otros con
compromiso de recompra, es decir con repos. En concreto, Socimer
International Bank adquiría deuda de estos países emergentes en los
mercados internacionales y se la vendía a los clientes españoles. El
cliente español no tenía que desembolsar el cien por cien del precio de
la deuda, sino que Socimer le financiaba aproximadamente el 50 por ciento
de la inversión y como garantía retenía en prenda todos los títulos o
todos los subyacentes del repo. Lo que el cliente español desconocía es
que Socimer a su vez había financiado su compra de los activos, solamente
había desembolsado una pequeña parte del valor de esos títulos --en
general alrededor de un 10 por ciento-- y que por esta razón el vendedor
original disfrutaba de un derecho de prenda preferente sobre el título.
Como es un poco complicado, en el anexo 5 --y es importante que lo cojan
porque si no será difícil que me sigan-- tienen ustedes un esquema básico
simplificado que puede servir para ilustrarles la operativa. En este
esquema básico hemos cogido una operación repo por importe de 100
pesetas, para que se entienda mejor, y asumimos como supuestos que la
financiación concedida por Socimer es del 50 por ciento y la financiación
recibida por Socimer es del 90 por ciento. Veamos la estructura. Hay tres
partes: banco internacional, Socimer y el cliente de AVA. Hay un banco
internacional, el que sea, que le vende a Socimer este bono de un país
emergente por su precio, 100 pesetas, pero Socimer --es la flecha
inversa-- solamente paga aproximadamente 10 pesetas, el resto lo financia
el banco internacional que constituye en garantía de ese préstamo una
prenda sobre el bono Socimer, a su vez, vende al cliente de AVA el bono,
normalmente con un pacto de recomprarlo dentro de un plazo y a un
determinado precio, más alto de las 100 pesetas --éste es el beneficio
para el cliente--, el cliente de AVA para aproximadamente 50 pesetas y el
resto lo financia Socimer, y para garantizar este préstamo Socimer, a su
vez, retiene una prenda sobre el bono. En toda esta operativa el cliente
de AVA es el que hace la inversión, pero AVA actúa por cuenta de sus
clientes, en virtud del mandato otorgado, ese contrato de gestión de
cartera que ya hemos visto.
Por si no fuera ya suficientemente complicada la operativa, en ocasiones
se complicaba aún más, pues la inversión se canalizaba a través de un
trust constituido en las Bahamas, es decir, una institución de inversión
colectiva en la que participaban los inversores españoles. Esta
institución de inversión colectiva era la que a su vez hacía la operación
financiada con Socimer. Es muy importante tener en cuenta y quiero
resaltárselo que Socimer confirmaba a AVA y ésta a sus clientes la
adquisición de los activos y posteriormente su depósito, pero ocultaban
la preexistencia de un gravamen a favor del vendedor original. Ni el
contrato firmado entre AVA y Socimer, ni las notas de confirmación de
cada una de las operaciones que ambas partes se cruzaban, ni la
información periódica que se enviaba a los clientes por parte de AVA
contenían referencia alguna a la preexistencia de cualquier tipo de
gravamen o prenda sobre los valores. AVA en ningún momento informó de
este extremo a la CNMV. Dada la ocultación sistemática de estos datos, su
descubrimiento resultó especialmente difícil y vamos a ver a continuación
cuando explique lo que ha hecho la Comisión cómo ésta pudo destapar la
estructura.
Pasamos a la actuación de la CNMV. La CNMV seguía por supuesto la
operativa y la solvencia de AVA mediante los métodos que les he descrito
de supervisión prudencial a distancia; ademas, inició una inspección
rutinaria en el último trimestre de 1996. Tenemos datos de que en
septiembre de 1996, cuando se inicia esta inspección, el volumen global
de inversión gestionado por AVA para sus clientes ascendía a unos 17.000
millones de pesetas, de los cuales 4.500 eran operaciones con Socimer.
Este dato es el neto desembolsado por los clientes de AVA.
Veamos la primera visita que comienza en septiembre de 1996. En ella se
detectaron una serie de problemas y en especial la existencia en Socimer
de una cuenta omnibus por parte de AVA, es decir, que los títulos de los
clientes de AVA depositados en Socimer lo estaban a nombre de AVA o de la
propia Socimer y no de los propios clientes. Este tipo de cuentas
omnibus, que no son en su esencia más que una tenencia fiduciaria de
valores por el depositario, constituyen una práctica habitual en el
mercado internacional, práctica desaconsejada por la CNMV, y una práctica
prohibida en España. ¿Por qué la desaconseja la Comisión y la prohíbe en
España? Porque la cuenta omnibus tiene la ventaja para el depositario de
que simplifica su labor --por eso los depositarios prefieren actuar de
esta forma--, pero incrementa notablemente el riesgo para el inversor si
el depositario entra en crisis. Si los valores están a nombre del
depositario, en una crisis del depositario estos valores quedan incluidos
dentro de la masa activa de la crisis y arrastran consigo a los
inversores. Sin embargo, en esta primera inspección no se detectó la
existencia de prendas preexistentes sobre los valores financiados. Lo
dije antes y lo reitero una vez más, AVA no mencionó en ningún momento la
existencia de gravámenes, y los contratos firmados entre AVA y Socimer o
bien no hacían referencia a la preexistencia de prendas o bien contenían
una declaración en la cual Socimer afirmaba lo contrario.
Como consecuencia de esta visita de supervisión, el 27 de enero de 1997
la Comisión envió una carta a AVA, requiriéndole para que los valores
depositados en Socimer figuraran en cuentas individualizadas a nombre de
los inversores. Este desglose planteó problemas técnicos y de coste y
exigió que AVA designara a un depósito global que estuviera dispuesto a
realizar el depositario de forma desglosada. Después de bastantes tiras y
aflojas y de varios requerimientos por parte de la Comisión, el
secretario del consejo de AVA por fin dio por resuelto este problema y el
29 de julio de 1997 envió a la Comisión un contrato firmado por Midland
Bank y AVA el día 9 de julio, en virtud del cual Midland asumía las
funciones de depositario para todos los clientes actuales y futuros de
AVA para todos los valores y se comprometía a individualizar los
depósitos. De esta forma, parecía haberse dado respuesta a los problemas
detectados por la Comisión, y los valores subyacentes de todas las
operaciones de Socimer parecía que iban a quedar depositados en Midland a
nombre de sus inversores. Me interesa resaltar dos aspectos, uno, que el
29 de julio de 1997 AVA da aparentemente por cumplido el requerimiento de
la CNMV, pues se compromete a que todos los valores se depositen
individualmente a nombre de los clientes; otro, que si este compromiso se
hubiera cumplido, los daños a los clientes de AVA se hubieran evitado,
porque al poner los valores en depósito en Midland a nombre de cada
cliente, se hubiera destapado la preexistencia de prendas.
En mayo de 1997, es decir por estas épocas, la CNMV también recibió las
cuentas de AVA del año 1996 debidamente auditadas por Ernest & Young, que
expresó una opinión limpia. Las tienen como documento número 6 en el fajo
de documentos que he entregado. Verán ustedes que empieza con el informe
de auditoría, es el de Ernest & Young, punto 4. En nuestra opinión las
cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AVA. Opinión
limpia. Esto venía a reforzar el convencimiento de que los problemas de
control y desglose de la agencia no afectaban a la imagen fiel de sus
cuentas.
A pesar de que los problemas detectados habían sido aparentemente
solucionados y de que la auditoría daba una imagen tranquilizadora de la
situación patrimonial de AVA, la Comisión no cesó en su labor, alertada
por las altas rentabilidades que AVA prometía y giró una segunda
inspección no programada a AVA para confirmar y verificar sobre el
terreno la resolución de los problemas detectados en la visita de finales
de 1996. La segunda visita se inicia el 13 de septiembre y la primera
característica de la misma es la extrema lentitud por parte de AVA, que
se retrasó en la aportación de la información que le venían requiriendo
los inspectores de la Comisión.
Entre las cosas que más llamaron la atención estaba el fuerte crecimiento
de las cuentas de clientes administrados, ya que el saldo de inversión
había pasado en un año, desde la otra visita, de 17.000 millones de
pesetas (se
acuerdan ustedes que fue la cifra que les facilité) a 35.000 millones de
pesetas, y además el importe neto de las operaciones intermediadas por
Socimer había aumentado en este período, en un año, de 4.500 a 14.200
millones. Nos encontramos, por tanto, en esta inspección con que la
agencia había tenido un muy fuerte crecimiento comercial pero que no
había crecido en paralelo en la dotación de personal, en la dotación de
medios para sus departamentos de control, administración y contabilidad.
La siguiente sorpresa de la inspección fue constatar que, a pesar de que
el 29 de julio se había informado del contrato con Midland, que preveía
el traspaso de la cuenta ómnibus a cuentas individualizadas, esto no se
había cumplido íntegramente y en especial no se había cumplido en las
operaciones de Socimer. Por ello, el 27 de noviembre se hizo un
requerimiento formal a la agencia en el que se le pidió información muy
pormenorizada sobre cada una de las operaciones realizadas con Socimer y
sobre el depósito de los valores. Además, se buscó información adicional
sobre Socimer (les reitero que Socimer es una entidad de las Bahamas no
sujeta a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y
pedir información adicional sobre Socimer es claramente un acto de celo
profesional de los inspectores) y se obtuvieron las auditorías tanto del
grupo Transáfrica --ya me he referido a ellos, era el documento número
3-- como la de Socimer holding en Suiza y la de Socimer Bank. En el
documento número 7 tiene ustedes las dos auditorías, ven ustedes que son
también de KPMG, primero la de Socimer Finance holding, la sociedad
suiza, y después la de Socimer International Bank Límited, el banco de
las Bahamas. Si cogen ustedes la primera página es el informe de los
auditores, primer caso, opinión limpia; van ustedes al segundo caso,
opinión limpia.
Finalmente, no satisfechos con haber revisado la solvencia del grupo a
través de sus auditorías, de acuerdo con las prácticas internacionales de
supervisión, la Comisión pidió al supervisor de Bahamas, al Banco Central
de Bahamas, que nos informara sobre la situación de solvencia de Socimer.
El 1.o de diciembre de 1997 --SS. SS. resalto la fecha, 1.o de diciembre
de 1997-- la contestación que obtuvimos fue un certificate of good
standing, un certificado de solvencia plena, es decir la confirmación
estándar de un supervisor a otro de que era un banco en situación normal
y solvente.
Los datos que se obtuvieron sobre Socimer en los últimos meses del año
pasado, la existencia de auditorías limpias, este certificado del Banco
Central de Bahamas, la solvencia de los accionistas últimos de Socimer,
tranquilizaron a los inspectores de la Comisión sobre la aparente
solvencia y seriedad del grupo y sus operaciones. Nada hacía prever que
pudiera desembocar en pocos meses en una crisis. Ya les mencioné
anteriormente que André & Company es uno de las mayores brokers de
materia prima del mundo, que UBS es un banco triple A, que Transáfrica
era un grupo históricamente prestigioso en España y que era difícilmente
imaginable que pudiera dar lugar a una crisis del tamaño de la registrada
y mucho menos que no fueran capaces de solventarla.
Pero sigo con la secuencia de actuación de la Comisión y los
acontecimientos posteriores. A pesar de que la información sobre Socimer
aparentaba ser buena, AVA tenía dificultades para exponer la estructura
de las operaciones y daba explicaciones poco razonables sobre qué le
permitía ofrecer con estas estructuras tan altas rentabilidades.
Estas carencias llevaron a la Comisión a organizar una reunión
directamente con los directivos de Socimer, reunión que tras muchas
trabas (les reitero que Socimer no está sujeta a supervisión de la
Comisión, la Comisión no tiene auctoritas sobre Socimer para obligarle a
que comparezca), se celebró finalmente el 25 de noviembre. Repito las
fechas para que tengan ustedes el orden cronológico: 13 de octubre
comienza, se revisa la situación; 25 de noviembre se logra la reunión con
Socimer. En esta reunión Socimer, ante las preguntas de los inspectores,
reconoció por primera vez la existencia de doble financiación, es decir
que Socimer no había pagado totalmente los títulos que a su vez vendía;
pero Socimer insistió en que la prenda preexistente cedía ante los
derechos de los inversores españoles y que no existía riesgo alguno para
ellos. La reunión, a pesar de las buenas y tranquilizadoras palabras de
Socimer, incrementó la preocupación de la CNMV y por eso se pidió a
Socimer un memorándum escrito sobre las operaciones, sobre el
funcionamiento del depósito de valores y sobre sus argumentaciones
jurídicas; el 25 de noviembre fecha de la reunión.
El día 2 de diciembre se pidió a AVA un análisis para determinar si los
productos emitidos por Socimer no exigían la emisión de un folleto en
España, y a este requerimiento no contestó la agencia hasta el día 6 de
febrero de 1998, defendiendo que no era necesario. Por tanto, 25 de
noviembre reunión con Socimer; 9 de diciembre Socimer hace entrega del
memorándum exigido por la CNMV en la reunión anterior y en el mismo se
reconoce la existencia de la doble prenda y se argumenta, con una confusa
pero extensa interpretación jurídica, que los clientes de AVA no están
sometidos a ningún riesgo adicional. Además, y esto es importante, el
memorándum asegura que los fondos captados por Socimer de los inversores
españoles eran invertidos en valores líquidos y seguros de países
emergentes. Serían, si recuerdan ustedes la operación que les describí,
100 el bono, 10 la financiación de los tenedores internacionales, 50 el
dinero que anticipan, que entregan los inversores españoles, 40 sería la
cantidad neta captada por Socimer y Socimer, en este memorándum, declara
que esta diferencia de importes está invertida en valores líquidos y
seguros de países emergentes.
La interpretación que Socimer hizo en su memorándum no fue aceptada por
los servicios jurídicos de la Comisión, lo que exigió desenmascarar
engañosas argumentaciones en Derecho extranjero y analizar extensos
contratos sujetos a la ley inglesa de Nueva York y de las Bahamas. Por
eso, el 17 de diciembre se tuvo una nueva reunión con la secretaria del
consejo de AVA, en la que se le expusieron todos los problemas
detectados, se le exigió que los pusiera en conocimiento del consejo de
administración de AVA y que informara a sus clientes e individualizaran
los depósitos. Además, se recomendó a AVA que no incrementara
la inversión en productos de Socimer. Esto, el día 17 de diciembre. Al
día siguiente, 18 de diciembre, se celebró consejo de AVA, en él se
informó de lo siguiente, y leo literalmente: La CNMV considera que la
información suministrada a los clientes es insuficiente, tanto en lo que
se refiere a la naturaleza jurídica de los activos adquiridos como a los
riesgos de contrapartida asumidos frente a Socimer. Adicionalmente, la
Comisión considera que los valores adquiridos a las carteras gestionadas
deberían depositarse, siempre que fuera posible, con custodios
independientes y que en el caso de los activos depositados en Euroclear
por Socimer, habría que obtener que esa entidad anotase los activos de
los clientes de AVA en cuentas de terceros segregadas de sus propias
cuentas. El consejo de AVA acordó asumir las exigencias de la Comisión.
El 19 de diciembre venció un repo con Socimer que se renovó disminuyendo
el importe en 467 millones de pesetas. AVA, por tanto, siguió la
recomendación de la Comisión de no incrementar la inversión en productos
Socimer hasta que no se hubieran aclarado las circunstancias. Días 17, 18
y 19 de diciembre.
A pesar del compromiso asumido por el consejo, lo cierto es que se
comprobó que la agencia seguía sin informar a sus clientes del riesgo en
que incurrían, seguía sin cumplir lo que se había comprometido a hacer en
su consejo, y por eso el día 12 de enero se le envió un nuevo y
definitivo requerimiento con un ultimátum para que cumpliera con la
obligación de informar amplia y lealmente a sus clientes y confirmara el
depósito de los valores contratados con Socimer en cuentas
individualizadas. El plazo concluía para el primer tema el 10 de febrero
y para el otro el 12, y dada la gravedad de los hechos se exigía
comunicación del requerimiento al consejo de AVA para que éste asumiera
responsabilidad personal si nuevamente incumplía.
El día 11 de febrero es cuando vence el plazo. El 11 de febrero, ya fuera
de plazo, AVA envió a la Comisión un borrador de carta que deseaba
remitir a sus clientes informándoles del riesgo. La Comisión consideró
que el texto de la carta no era aceptable por insuficiente y poco claro.
El 16 de febrero se recibió una llamada de la secretaria del consejo de
AVA recogiendo rumores sobre posibles problemas de Socimer y esa misma
tarde se produce la primera reunión con AVA. El 17 de febrero se celebra
una reunión con un representante de Socimer en la que se confirma ciertas
dificultades financieras a consecuencia del déficit patrimonial
descubierto en la filial argentina, en el Banco Medefin. Por tanto, el 17
de febrero Socimer confirma las primera noticias de dificultades
económicas.
Quiero resaltar que el resultado de la reunión del 17 de febrero supuso
una inmensa sorpresa para la CNMV. La CNMV había venido actuando hasta
ese momento bajo la asunción de que el grupo Transáfrica/Socimer era un
grupo serio y solvente, y que los problemas detectados por la CNMV eran
de naturaleza técnica, eran problemas de que AVA no estaba informando
correctamente a sus clientes del riesgo que corrían y de la preexistencia
de garantías; pero hasta el 16 de febrero la Comisión no tuvo indicio
alguno de que Socimer pudiera estarse acercando a una situación de
insolvencia.
Deseo manifestar que la creencia de la Comisión se fundamentaba en los
cinco siguientes argumentos: uno, existencia de auditorías limpias a
nivel consolidado e individual de Transáfrica, de Socimer Holding, de
Socimer International Bank, firmadas todas ellas por KPMG, con activos
consolidados del grupo de 40.000 millones de pesetas, recursos propios de
más de 6.000; dos, la solvencia, seriedad y la profesionalidad de los
socios del grupo Transáfrica (André, UBS, Salama); tres, la emisión de un
certificado of good standing por el Banco Central de Bahamas el 1.º de
diciembre; cuatro, la propia compra, durante el ejercicio 1996 y con
autorización del Banco Central Argentino, del Banco Medefin, en
Argentina; y, cinco, la aseveración por escrito el 9 de diciembre de 1997
realizada por Socimer de que los fondos captados en España se habían
invertido en activos solventes y líquidos.
El día 18 de febrero, 24 horas después de las primeras indicaciones de
existencia de crisis, el consejo de la Comisión se reúne en convocatoria
extraordinaria y urgente y pone en marcha todas las baterías legales de
que dispone: uno, inicia un proceso de intervención de AVA con apertura
del trámite de audiencia; dos, inicia medidas cautelares, entre ellas
prohibir a AVA operar con valores no nacionales; tres, requiere a AVA
para que se abstenga de realizar operaciones que alteren los derechos de
sus clientes o favorezcan indebidamente a unos respecto a otros; cuatro,
incoa expediente sancionador a AVA y a todos los miembros de su Consejo
por la presunta comisión de cuatro infracciones muy graves y cuatro
graves, ocho infracciones; cinco, acuerda incoar expediente sancionador a
Socimer y a todos los miembros de su consejo de administración por la
presunta comisión de una infracción muy grave; y, sexto, la medida más
grave que puede adoptar un supervisor: remisión al Fiscal General del
Estado de toda la información disponible al advertirse indicios de
presunta actuación delictiva.
Paso ahora a destacarles los aspectos relevantes de la actuación de la
CNMV. Es muy posible y razonable que SS. SS., al igual que muchos
inversores, se pregunten y me pregunten por qué no se prohibió a AVA
seguir en estas prácticas cuando descubrimos el riesgo que conllevaban,
es decir tras la reunión del 25 de noviembre y tras el estudio del
informe que presentaron el 9 de diciembre. La contestación a esta
pregunta es muy clara: en esa fecha no era legalmente posible prohibir a
AVA que continuara realizando este tipo de operaciones financiadas a
través de Socimer, porque nada hay de ilegal en estas operaciones en sí;
ha habido falta de información y ha habido posible fraude, pero las
operaciones en sí mismas no son el problema.
La protección del inversor es, sin duda, una de las finalidades
fundamentales de la Comisión, pero no faculta a la CNMV para prohibir a
los ciudadanos que inviertan sus ahorros en valores u operaciones con
alto riesgo financiero. La reacción de la Comisión ante la constatación
de un riesgo financiero no debe ser, legalmente no puede ser
intervencionista, prohibiendo lo que es lícito realizar y
anulando un mandato y unos poderes válidamente otorgados por los
inversores a AVA. Creo que la reacción sensata y correcta es,
precisamente, la que la CNMV adoptó, no la prohibición, sino la
transparencia: exigir que se informe legal y plenamente al inversor de
los riesgos en que está incurriendo.
El argumento se refuerza si se piensa que de la operativa no se podía
deducir un riesgo de crisis y no había ningún dato que pudiera
presagiarla. La situación de AVA y de Socimer, por todos los datos que
teníamos, era de plena solvencia y no había causa alguna para intervenir
AVA o para adoptar medida precautoria alguna contra la agencia. Las
medidas extraordinarias que nos otorga la ley solamente pueden adoptarse
en situaciones extremas y de certeza absoluta de crisis. Si con los datos
que manejábamos en noviembre o diciembre las hubiéramos adoptado, se nos
podría haber imputado, creo que con razón, una total irresponsabilidad.
La esencia del problema. En resumen, nos encontramos ante una situación
en que unos clientes habían dado un poder discrecional de gestión de
cartera a favor de AVA, y AVA lo había utilizado para contratar
operaciones de alto riesgo con Socimer, un banco domiciliado en un
paraíso regulatorio. El riesgo se concretaba en que existía una garantía
previa sobre los valores, otorgada en beneficio de los financiadores de
Socimer. En la primera visita de inspección, AVA en ningún momento
informó a la CNMV de la preexistencia de garantías. No nos consta si AVA
era consciente o no de su existencia; en todo caso, ha incurrido en
responsabilidad: si lo ignoraba, por la imprudente venta de un producto
financiero cuyos riesgos desconocía; si lo sabía, por haberlo ocultado
maliciosamente a la CNMV. La CNMV cerró la primera inspección en la falsa
creencia de que el problema que había descubierto --la cuenta ómnibus de
Socimer-- se había resuelto definitivamente a través del traspaso de
todos los valores a cuentas individualizadas en Midland.
En un exceso de celo, la Comisión volvió en octubre para una revisita, y
descubrió que la solución prometida no se había cumplido en su
integridad. Fue la diligencia inquisitoria de la Comisión la que destapó
el riesgo oculto: la preexistencia de garantías. Exigió a AVA que
informara de él a sus clientes; AVA incumplió los sucesivos
requerimientos. Pocos días después, el riesgo que la CNMV había
identificado efectivamente se materializó en la crisis de Socimer.
Desarrollo de la crisis. A raíz de la puesta en marcha del proceso de
intervención administrativa por parte de la Comisión, con apertura de un
plazo de audiencia previa, como está mandado, la agencia optó por la
intervención judicial, y el día 25 de febrero presentó solicitud de
suspensión de pagos, lo que paralizó el procedimiento iniciado por la
Comisión. También el grupo Transáfrica, matriz de Socimer, suspendió
pagos el 26 de febrero de 1998, y tenemos noticias de que la autoridad de
Bahamas ha adoptado medidas respecto a Socimer y el Banco Central de
Argentina respecto al Banco Medefin. Además, el 3 de marzo, el Banco
Socimer ha pedido su liquidación voluntaria en las Bahamas.
El desarrollo de la crisis de AVA está en manos del juez que instruye la
suspensión de pagos, y sobre su actuación no puedo ni debo hacer
comentario alguno. Unicamente debo resaltar que los inspectores de la
Comisión están a disposición del juzgado y de los interventores
judiciales, para colaborar y asesorar en todas aquellas cuestiones que
reclamen su asistencia.
Clientes afectados por la suspensión de pagos. ¿A qué clientes y cómo
afectará la suspensión de pagos de AVA? Hay que distinguir tres grupos.
En primer lugar están aproximadamente 3.000 clientes titulares de valores
nacionales de renta fija o variable, de fondos de inversión, de repos de
deuda pública, valores todos ellos depositados en bancos españoles a
nombre de sus titulares, precisamente por la insistencia de la Comisión.
Los interventores judiciales ya han dado orden de que estos depósitos se
liberen y por tanto los clientes no se verán afectados por la suspensión
de pagos.
En segundo lugar, se encuentran los aproximadamente 7.000 clientes
propietarios de valores de países emergentes, comprados a través de
Socimer pero sin financiación. Estos valores están depositados en Midland
Bank a nombre de los titulares; los valores se han podido traspasar de
las cuentas de Socimer a las de Midland Bank también gracias a la
insistencia de la Comisión. En opinión de la CNMV, la solución adoptada
para el primer bloque de clientes, también se debería adoptar para éste.
Son, por tanto, aproximadamente 10.000 inversores los que con respecto a
los valores adquiridos quedan exentos del riesgo de la suspensión de
pagos, y esto es un éxito de actuación de la Comisión. El problema se
circunscribe pues, y desgraciadamente no es poco, a los 3.500 inversores,
son cifras aproximadas, con un importe de 12.800 millones de inversión,
que adquirieron valores con apalancamiento, con financiación de Socimer.
En este caso, al existir una prenda previa a favor del banco que vendió
el valor a Socimer, los valores no se han podido extraer del patrimonio
de dicho banco.
La actuación de la CNMV no ha logrado evitar el riesgo para esta parte de
la cartera, que por estar apalancada sin duda era la financieramente más
arriesgada; pero la Comisión ha logrado que el 70 por ciento de la
cartera tenga los títulos a su nombre, depositados en un banco de plena
solvencia, y que estos titulares disfruten de una posición jurídica que,
en opinión de la Comisión, no se debería ver afectada por la suspensión
de pagos. (El señor vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa la
Presidencia.)
El 6 de marzo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 asumió la
competencia para el conocimiento de los hechos, relativos a los supuestos
delitos de apropiación indebida y estafa que pudieran haber sido
cometidos en este caso, y dio inicio a un procedimiento de diligencias
previas. En esta ocasión, y por razones obvias, debo abstenerme de
cualquier comentario.
Estoy llegando, señorías, al final y les agradezco su paciencia en
escucharme, pero creo que todos los datos que he dado eran relevantes y
necesarios. Les ruego unos minutos más de atención a una serie de medidas
que, en mi opinión, se podrían adoptar a la luz de la experiencia.
Nadie puede estar satisfecho de una situación en la que, a pesar de la
diligencia del supervisor --permítanme decir que hemos estado
diligentes-- y a pesar de sus logros en paliar los efectos de la crisis,
un grupo de varios miles de inversores vea su inversión seriamente en
peligro. Inevitablemente todos, SS. SS. y yo, nos preguntamos si se
podrían adoptar medidas que reduzcan o eliminen para el futuro el riesgo
de que hechos similares se repitan.
Quisiera empezar con unas recomendaciones. En primer lugar, cautela a los
inversores, sobre todo antes de otorgar mandatos discrecionales de
gestión de carteras, mandatos que se concretan en operaciones financiadas
o apalancadas en productos derivados en productos difícilmente
comprensibles y en los que las contrapartes se refugian en paraísos
regulatorios. Sus señorías conocen mi falta de simpatía hacia los
paraísos regulatorios. Su misma existencia me parece una quiebra del
Estado de Derecho, del principio de igualdad y del deber de protección de
los ciudadanos. Ciertos países con una trayectoria histórica democrática
y que incluso pertenecen a la Unión Europea, consienten y alientan en sus
antiguas colonias estos paraísos regulatorios que provocan unos riesgos y
permiten una prácticas que serían impensables en la propia metrópoli. La
creciente globalización de los mercados financieros conlleva que
inversores incautos caigan víctima de la falta de supervisión y seriedad
que originan. También quiero insistir ante los intermediarios financieros
para exigirles mayor profesionalidad y mayor lealtad en el asesoramiento.
Tienen la obligación de abstenerse de distribuir operaciones con
estructuras que no son capaces de comprender y explicar y no pueden
abusar de los poderes discrecionales de sus clientes sin incurrir en
responsabilidad.
Medidas de carácter legal. Siempre que se produce un hecho lamentable,
todos tenemos la tendencia a buscar remedios a través de medidas
legislativas. Hay que resistir esta tentación, porque las leyes no
meditadas y producto del acaloramiento del momento, generalmente no son
sabias. Por tanto, tómense mis ideas como una invitación a la reflexión,
más que como propuestas firmes de cambio.
No es casualidad que el marco jurídico en que se ha desarrollado la
crisis de AVA sea el de la gestión discrecional de carteras. Un solo
artículo de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva regula las
sociedades gestoras de cartera. El contenido jurídico privado se rige por
el venerable contrato de comisión del Código de Comercio de 1885. Si SS.
SS. han estudiado Derecho mercantil, recordarán que el Código de 1885, en
esta área, es una reproducción del Código de 1829.
Tradicionalmente, la gestión de carteras estuvo reservada a inversores
experimentados con un patrimonio medio o grande. La popularización de
este instrumento de gestión --lo muestra el caso de AVA, que tenía 14.000
clientes en este régimen-- abre una serie de interrogantes. En una
primera aproximación parece que sería conveniente reforzar las normas de
conducta a las que el gestor está sometido. Habría que tipificar, a nivel
de ley, el deber de asesorar lealmente, defendiendo los intereses del
cliente como propios. Habría que tipificar el deber de individualizar
cada operación; el deber de depositar los valores a nombre del cliente;
el deber de obtener autorización expresa para operaciones de riesgo: por
ejemplo operaciones en derivado, apalancadas y con países regulatorios;
me parce que, de lege ferenda, serían medidas a tener en cuenta. La
Comisión ha puesto en marcha un grupo de trabajo para revisar si la
normativa actual es la apropiada. Escucharemos a todas las partes
implicadas y nos comprometemos a publicar un informe en el plazo más
breve posible.
En segundo lugar, el Fondo de Garantía de Inversiones. Como SS. SS. sin
duda saben, el artículo 77 del proyecto de reforma de la Ley del Mercado
de Valores que se está discutiendo en esta Cámara, prevé la creación de
uno o varios fondos de garantía de inversiones para aquellos inversores
que no pueden obtener de un intermediario financiero el reembolso del
dinero o los valores que se les deben. Este artículo incorpora en nuestro
ordenamiento una Directiva de 1997, la 9/97, que es de 3 de marzo de 1997
y que tiene un plazo de trasposición en nuestro Derecho que finaliza el
26 de septiembre de 1998. Por tanto, aún no ha vencido el plazo de
trasposición; sin embargo, sería muy conveniente que en cuanto lo permita
el calendario legislativo se aceleren los trámites --lo digo con todo
respeto y en la medida que el Parlamento pueda hacerlo-- para aprobar la
reforma de la Ley del Mercado de Valores, ya que así se creará un
mecanismo que en situaciones de crisis reduce el riesgo del pequeño
ahorrador. Esta reforma de la Ley del Mercado de Valores conllevará una
ventaja adicional: también reforzará las medidas de que dispone la
Comisión para luchar contra los llamados chiringuitos financieros, es
decir los intermediarios financieros que sin estar inscritos captan
ahorro del público. No es el caso de AVA, pero es un supuesto en
paralelo. En esta misma línea de reforzamiento de la seriedad del
mercado, sería conveniente también reformar la Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva para incluir dentro de su ámbito de supervisión la
captación de ahorro para ser invertido en bienes muebles o inmuebles,
como metales preciosos, sellos, animales o armas. Sus señorías son
conscientes de que hay estructuras de este tipo en el mercado que están
fuera del ámbito de supervisión de la Comisión.
Queda por concluir si la CNMV actuó diligentemente en el caso AVA, o si
de haber dispuesto de otros medios o de otras habilidades el resultado
hubiera sido distinto. Creo sinceramente, después de haber analizado
hasta el último documento, hasta la última reunión de la actuación de los
inspectores de la Comisión, que su actuación ha sido diligente, eficaz y
razonable. Fueron ellos los que identificaron desde el primer momento el
riesgo de depósito de los valores en cuentas indiscriminadas, en cuentas
ómnibus; fueron ellos los que, a pesar de la continuada ocultación o de
la obstinada ignorancia, descubrieron la existencia de una pignoración
previa de los valores apalancados; fueron ellos los que, a través de sus
continuos requerimientos, lograron que el 70 por ciento del patrimonio
gestionado esté depositado en bancos solventes a nombre de los
inversores; fueron ellos los que impusieron un ultimátum a AVA para que
informara lealmente. Investigaron la solvencia del grupo
Transáfrica/Socimer y se toparon con una apariencia
de seriedad y solvencia, confirmada por múltiples fuentes, incluido el
supervisor de las Bahamas. Nada hacía presagiar que el peor riesgo
imaginable, la insolvencia del grupo, se fuera a materializar en tan
corto espacio de tiempo, y provocara el riesgo que la Comisión había
identificado.
Ahora bien, no quiero que se lea mi párrafo anterior en clave de
autocomplacencia o de defensa a ultranza de la actuación de nuestros
servicios de inspección. El crecimiento exponencial del mercado de
valores y la globalización y sofisticación creciente de los productos
financieros plantean a diario nuevos retos, nuevas dificultades a la
inspección de la CNMV. Desde que asumí la presidencia he centralizado y
reforzado el área de inspección, pero todos los esfuerzos son pocos. Para
el futuro se impone una política de incremento de efectivos humanos y
materiales, y de continua mejora del método de trabajo. Los planes de
futuro, muchas veces, son simples excusas para justificar la negligencia
del presente. Creo que no es así en este caso. Ni con más medios ni con
otro método se hubiera alcanzado un resultado diferente.
Mi primera mención --y ya termino-- fue de apoyo, recordando a los miles
de inversores que ven peligrar sus ahorros, en muchos casos los ahorros
de toda una vida de esfuerzo, y los ven en peligro por la actuación
incorrecta de un intermediario en quien pusieron su confianza y de un
banco que ha incumplido groseramente sus compromisos. Estos inversores
han sido injustamente perjudicados y su pretensión de resarcimiento debe
ser atendida. La única vía posible es a través de las acciones penales y
civiles contra las personas y las entidades que han actuado
incorrectamente, acciones que en su vertiente penal ya han sido instadas
por la Comisión y acogidas por los tribunales. Los procedimientos
administrativos que la Comisión ha incoado no pueden llevar, por su
propia naturaleza, a la recuperación de las cantidades invertidas. Dicho
esto, sí quiero asegurarles que la CNMV, en cumplimiento de su mandato
legal, colaborará plenamente con las autoridades judiciales para que las
acciones emprendidas tengan lo que todos deseamos: buen fin.
Muchas gracias, y estoy a su entera disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Muchas gracias, señor
Fernández-Armesto.
Además del Grupo Parlamentario Socialista, que ha solicitado la
comparecencia del presidente de la CNMV, ¿grupos que quieren fijar su
posición? (El señor Milián Mestre pide la palabra.)
Señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: El Grupo Popular quiere hacer una aclaración.
Vamos a compartir el tiempo, aunque de forma desproporcionada, entre mi
compañero y yo; de modo que mi compañero de Zaragoza va a hacer una
intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): ¿Quiere decir junto con el
señor Serrano? (Asentimiento.) De acuerdo.
Por el Grupo Socialista, señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, oímos que otro grupo
parlamentario comparte su intervención. ¿Significa eso que se da por
acumulada, en estas palabras, la comparecencia a propósito de Endesa?
Suponemos que no; que posteriormente, una vez concluida la discusión en
torno a la cuestión de AVA, el propio presidente de la Comisión Nacional
procederá a una nueva intervención sobre la cuestión de Endesa. ¿Es así,
señor presidente?
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Sí, señor Martínez Noval. Lo
que se ha acumulado han sido las dos peticiones respecto a la misma
cuestión, que era la problemática de AVA y Socimer. Lo digo a efectos de
que quizá en este primer punto SS. SS. van a intervenir los dos.
El señor MILIAN MESTRE: Solamente en el punto de AVA.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Quiero agradecer la presencia y la información del
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, señor
Fernández-Armesto, sobre un tema de especial sensibilidad --por supuesto
en algunas partes del territorio español de especial sensibilidad--, que
afecta a muchas provincias y a muchas zonas de España; por los datos que
tengo de dónde operaba la agencia de valores que nos ocupa, el último
folleto de información que distribuyó en enero de 1998, que yo conozca,
no sé si habrá otro posterior, el problema afecta a parte de Aragón,
Alava, Guipúzcoa, Madrid, Navarra, Rioja, Galicia, Vizcaya, etcétera. Es
un problema importante, como se ha destacado en la intervención.
De entrada, le voy a decir que me ha dejado muy preocupado, porque creía
que la información que iba a facilitar se reducía, por lo que se refiere
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a un período de tiempo
menor. Desde ese punto de vista, me alegro de que usted me dé una
información mucho más amplia en el tiempo, pero me preocupa, porque ya me
preocupaba la información comprimida a lo que era la actuación de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde octubre-noviembre hasta
febrero. Yo partía de que la actuación de la Comisión era desde octubre a
febrero y usted ha dado datos de todas las indicaciones que se le han
hecho a la empresa. Aquí tengo informes de cartera de la empresa AVA en
los que hay constancia de que en febrero todavía se compraron los famosos
repos de los que estamos hablando. Pero aún le diré más: aparte de eso,
aquí tengo algunos, por cifras, de cinco, siete millones, de 30 de enero,
por lo que uno se queda muy preocupado, ya que lo que parece ser que ha
ocurrido, además, es que después de la intervención de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en el sentido de las actuaciones
llevadas a cabo a partir de octubre o noviembre,
el problema ha crecido. No sé si la Comisión Nacional del Mercado de
Valores tendrá más responsabilidad o no, pero creo que en este problema
hay muchas responsabilidades difuminadas y, desde luego, en mi
intervención quiero llegar a conclusiones sobre si la actuación de la
Comisión era lo suficientemente diligente --no tengo duda de la
profesionalidad no sólo del presidente de la Comisión, sino de todo el
personal de la Comisión, vaya por delante, lo quiero dejar bien claro--,
si se podía haber actuado de otra manera para que esto no ocurriera. Ya
sé que ha hecho alguna intervención intentando decir que no. Yo voy a
intentar decir cómo veo el problema.
Lo que pasa es que han coincidido muchos factores en este tipo de
situación. Usted hacía referencia al final de su intervención a algunos
problemas que tendré ocasión de comentar después, pero que ya adelanto.
Ciertamente, no es que en este momento tengamos a debate la ley en este
Parlamento; no está en debate, señor Fernández-Armesto, está en un cajón.
Me parece muy bien que de alguna manera usted nos riña en alguna de sus
intervenciones periodísticas, a mí me gusta que nos riña, porque la
responsabilidad política será de alguien, y digo la responsabilidad
política. Según los datos que usted da, por lo menos hay 3.500 personas
aproximadamente que le pueden exigir responsabilidades a esta Cámara por
no tener aprobada una ley, porque si hubiera sido aprobada no habría
habido ese problema, al menos para una parte de ellos. Pero es que la
decisión de que una ley lleve un año en la Cámara y que no se debata
desde luego no es del Grupo Socialista, que, además, está muy a favor de
la ley en su conjunto, como no puede ser de otra manera, porque estamos
hablando de directivas europeas con las que ya estábamos de acuerdo
cuando gobernábamos y por supuesto seguimos estando de acuerdo ahora. Por
tanto, algo nos contarán, aunque sea en una intervención corta, porque le
dará más tiempo al portavoz del PAR, el responsable del Grupo Popular, y
espero que nos resuelva y nos explique por qué esa ley está paralizada en
esta Cámara. También nos lo tendrá que explicar en esta Cámara el
ministro de Economía.
Vamos al tema. Se han generado dudas en su intervención que creo que es
muy importante despejar. Yo sé que usted utiliza el lenguaje de forma
ambivalente, correctamente, pero de forma ambivalente. Usted dice:
Hombre, se han efectuado operaciones de riesgo, de excesivo riesgo. Habla
mucho de paraísos fiscales, de los que está en contra; lo he oído,
conocía esas declaraciones suyas, así como también la que ha hecho hoy
defendiendo a los pequeños inversores. Fíjese lo que le digo: yo, que he
tenido que conocer ahora a esos pequeños inversores --desde luego
desconocía la situación--, me he encontrado con que la mayoría son
personas muy sencillas, normalmente con pequeños ahorros --digo
normalmente, porque por supuesto hay gente con más ahorros, perfectamente
respetables y también defendibles en esta Cámara, lo digo para que quede
bien claro--; la mayoría, repito, miles de personas, son pequeños
ahorradores que tienen cifras de medio millón, millón y medio, dos
millones, que se han encontrado con lo que alguien se ha atrevido a
llamar en los medios de comunicación operación desplume --seguro que
usted lo conoce--; pero llámese como se llame, pelotazo, crisis o como
quieran, está claro que el caso AVA-Socimer ha afectado en una parte muy
importante a gente sencilla. Le digo una cosa, porque creo que se ha
generado una imagen que hay que despejar: esas personas, esos pequeños
ahorradores no pretendían jugar a la ruleta cuando estaban invirtiendo,
porque creían que invertían seguro; y lo creían posiblemente porque
confiaban en la empresa, porque confiaban en las instituciones y en que
operaban en un mercado que, desde luego, en este país no es bananero, y
porque no sabían que invertían en paraísos fiscales, señor presidente de
la Comisión. No lo digo porque usted no lo tenga claro, sino, sobre todo,
para que no existan esas dudas. Otra cuestión es que la empresa, la
agencia de valores y posiblemente más gente, sí pudieran saber lo que
estaba ocurriendo, no lo dudo; lo que sí le garantizo es que miles de
personas no sabían lo que estaba pasando de fondo, como es normal. Esto
es como es. Y precisamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores
está para eso, para garantizar a todos esos inversores, por supuesto,
como regulador, que esto funcione bien y que no existan los problemas que
se pueden producir y que desgraciadamente se han producido en este caso.
No sólo no sabían eso, sino que la gente actuaba confiadamente, y estos
días se han producido distintos debates en los medios de comunicación y
distintas informaciones. Señor presidente de la Comisión Nacional, yo veo
este folleto y casi me convencen a mí. Este folleto es de enero de 1998,
fíjese, y convenció a la gente; empieza uno a pasar hojas y dice: ¿cómo
no va a ser de garantía esta empresa si hasta asesores del ministro de
Economía asesoran a la empresa? Vienen con nombres y apellidos y con el
título escrito bajo la fotografía. Es decir, la gente confiaba, ¿cómo no
va a confiar? Además, no sólo confiaba, sino que le parecía normal.
Es cierto que lo que ha aparecido aquí es la confianza normal de la gente
normal que en la situación actual quiere, lógicamente, que sus ahorros
estén mejor retribuidos, y que desde luego no invertían en productos de
alta volatilidad --cuidado, no nos engañemos--, sí de riesgo, porque
ahora lo hemos visto por lo de los paraísos fiscales, y de riesgo
fundamentalmente porque había actuaciones engañosas y fraudulentas por
parte de alguien, evidentemente. Es cierto, al final la Comisión lo ha
detectado, lo ha sacado y los ha mandado donde tiene que mandarlos, a la
Fiscalía o al juzgado. A mí me parece que muchas de sus actuaciones, o
todas, son perfectamente correctas; el problema es si se tenía que haber
hecho alguna cosa más o no. Espero que en esta comparecencia --y si
hiciera falta en otras comparecencias-- podamos ir clarificando y
resolviendo este problema.
Mi opinión sigue siendo que la mayor parte de los inversores --no sé si
esto gusta decirlo o no, creo que usted ha venido a decirlo cuando
defiende a los inversores--, en cuanto a información, en cuanto a los
datos, en cuanto a la generación de imágenes que se han producido, no
tienen ninguna culpa; digo los pequeños inversores. No sé si algún
inversor sabía que estaba pasando lo que estaba pasando,
lo dudo, porque creo que todos tienen buena cabeza, hasta los que hayan
invertido volúmenes de dinero mayores.
Pero es más, le voy a pedir una información, señor Fernández-Armesto --si
la tiene ahora bien y si no puede remitírnosla; en cualquier caso, la
pediríamos a través de la Cámara--, para conocer los hechos exactamente y
para que la imagen ante la opinión pública sea clara: ¿cuál es el número
de personas afectadas por tramos? Ya nos lo ha dicho; no estoy
pidiéndole, por supuesto, la relación de personas; estoy pidiendo la
estructura de los ahorros invertidos en la parte problemática; es decir,
para que se conozca por la opinión pública que hay personas que han
invertido medio millón, un millón, un millón y medio. Queremos saber cuál
es la estructura por tramos para tener una idea real de a quién está
afectando el problema de una manera seria, aunque vuelvo a insistir en
que todos los inversores son perfectamente defendibles, no sólo por la
Comisión, sino por esta Cámara, por este Parlamento, en nuestra función
política.
Pero vamos a los problemas. Características de AVA y Socimer. Ha habido
una información muy detallada y nos ha aportado una documentación muy
interesante para poder estudiar en profundidad el tema. Lógicamente no la
hemos podido mirar, aunque últimamente hay cantidad de información por
todos los sitios, una más ajustada, otra menos ajustada, rumores de todo
tipo; pero es muy normal, sobre todo donde hay muchos afectados, que la
sensibilidad empiece a crecer.
De los datos que me ha dado --no sé si me lo ha clarificado, yo se lo
digo porque es así lo que se dice, y como yo creo que es bueno que lo que
se dice, si no es así, también quede dicho como tiene que quedar dicho--,
yo le quiero comentar, por ejemplo, que en octubre pasado, cuando se
plantea lo de la supervisión a la empresa AVA, a la que ha hecho
referencia --otra nueva supervisión--, se ha hablado por los afectados de
que en aquel momento las inversiones eran fraudulentas. Ya sé que me ha
dicho que son legales; no sé si son legales, pero yo deduzco muchas
infracciones del reglamento, porque si AVA es una agencia que no puede
actuar por cuenta de, ni siquiera en los contratos que tiene con los
clientes (porque en los contratos con los clientes no puede actuar con
una cuenta ómnibus, que yo sepa), por lo menos alguna infracción del
reglamento habrá cometido, pienso. En cualquier caso, en aquel momento se
hablaba de que las inversiones fraudulentas, o que han dado origen a esta
posible estafa, que ya se investigará y se decidirá al final, en relación
con Sofimer alcanzaban 7.000 millones de pesetas. Usted ahora ha hablado
de una cifra por encima de 12.000; la opinión que se genera en la zona es
de 15.000 millones. En febrero, cuando se decreta la suspensión de pagos
y la propuesta de intervención, los rumores hablan de los 12.000 millones
de pesetas más lo que sea, alrededor de 15.000 millones de pesetas, pero
se dice que en octubre alcanzaba la cifra de 7.000 millones de pesetas.
Me parece que en los datos que usted me ha dado no coinciden esas cifras.
A mí me parece muy importante para delimitar las consecuencias que se han
producido en el último tramo de todos estos líos, porque evidentemente
hay quien duda si la Comisión debería ya haber actuado en octubre o en
noviembre y no en febrero, y digo actuado con propuestas de intervención,
porque ésa es una de las dudas. Ya sé que ha hecho afirmaciones
adelantando estos planteamientos posibles, pero, en cualquier caso,
tendremos ocasión de hablar sobre el tema.
¿Queda claro que la Agencia de Valores podía o no podía operar poniendo
los títulos a su nombre y no a nombre de los clientes? Deduzco que no,
pero vamos a dejar bien clara esa situación para saber si la Agencia en
sus actividades ha operado o no ha operado de una forma correcta. En la
declaración de actividades que la Agencia ha venido haciendo a la
Comisión, que creo que es una obligación de la Comisión, nunca ha
mencionado el tipo de actuaciones en las que estaba operando, cómo estaba
operando ni en qué tipo de operaciones. ¿Cuál es la concreción de la
declaración de actividades que ha venido haciendo la Comisión Nacional
del Mercado de Valores? Porque, sin duda alguna, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores a partir de esa declaración de actividades
posiblemente, deduzco, no coincida con lo que realmente se ha comprobado
y se ha verificado. Por tanto, podremos deducir también que ese debate se
produce entre empresas que una le echa la culpa a la otra y la otra le
echa la culpa a la una. Al final, aunque quede muy clara la determinación
de las empresas y de los afectados, el problema es que no está nada claro
quién es quién en este lío; a ver si me explico. En este lío y en esta
estafa o como se le quiera llamar lo que no está claro, por ejemplo, es
cómo ha operado la relación entre AVA y Socimer; cómo ha operado la
confianza para que se produzca una operación por AVA que termine en las
Bahamas, aunque evidentemente se supone que será a través de Socimer.
En cualquier caso, el planteamiento que yo le quería hacer es el
siguiente y es muy simple. Usted nos dice en esta Comisión que uno de los
elementos que le hacen confiar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores son las auditorías. Yo ahora le pregunto, señor
Fernández-Armesto, ¿han denunciado ya en el Ministerio de Economía y en
el Instituto de Contabilidad y de Auditorías Contables a los auditores?
Porque en una auditoría de 1996 de AVA la Comisión Nacional del Mercado
de Valores sí detecta problemas. No me ha dado tiempo a leerlo en
profundidad, pero acabo de ver en el documento que nos acompaña que
parece que todo estaba bien. Cuando se audita una agencia de valores yo
doy por supuesto que habrá que verificar la situación de los títulos,
cómo están y si hay como mínimo una cuenta omnibus o a nombre de quién
están los títulos. Si una auditoría no hace eso, no sé para qué están;
desde luego para recomendarles que se cambien de auditor.
El problema es grave, porque estamos hablando de miles de millones de
pesetas y estamos hablando de miles de personas afectadas. Yo doy por
supuesto --ya se lo adelanto-- que mi grupo desde luego tomará la
iniciativa para que el Gobierno tome las medidas pertinentes a través de
los institutos que existen en la Administración para que se actúe --y
espero que se haya actuado ya-- desde luego en relación con las
auditorías de las dos empresas que nos están ocupando --digo dos por
simplificar el planteamiento--.
En cualquier caso, le pido que nos diga si esos informes sirvieron para
confundir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores; digo confundir
porque son esos informes favorables los que de alguna manera le hacen
pensar que se puede resolver el problema. ¿Qué iniciativas, pues, se han
tomado respecto a resolver ese problema?
Por supuesto, AVA no era ningún chiringuito, eso es obvio, ya lo ha dicho
usted, porque se ha generado la confusión; como siempre se termina
hablando de chiringuitos en la terminología bursátil o del Mercado de
Valores... (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No, no, AVA no es
un chiringuito, es una empresa que está registrada y que además pretendía
ser sociedad de valores, según dicen, en enero de 1998; parece ser que
tenía los trámites de esa línea.
Pero vamos al problema que nos preocupa, y digo que nos preocupa porque,
por supuesto, de las exigencias de todo tipo de responsabilidades que
correspondan a las empresas, a las personas, en lo penal, en lo civil y
que se puedan producir y, por supuesto, de los datos que se empiezan a
conocer --ya algún apunte teníamos de lo que se conocía--, uno intuye que
desde luego hay muchas responsabilidades y posiblemente delictivas; por
eso se ha remitido la responsabilidad a los tribunales y a la Fiscalía
concretamente. Pero vamos al tema para dejar bien claro que uno no es que
no quiera hablar de AVA y de las empresas. No, no, sí que hablamos de AVA
y de las empresas, pero ya sabemos que está encauzado el tema y las
responsabilidades donde se tienen que producir.
Ha hecho algunas aclaraciones y afirmaciones sobre la suspensión de
pagos, ha dado su opinión. Evidentemente, respecto a los que tienen los
títulos claros en valores españoles o en entidades financieras españolas
no hay ningún problema. Yo le digo que desde luego hay mucha alarma en el
segundo tramo, los que teniendo los títulos a su nombre el depositario es
el Midland Bank. Digo que hay alarma, no digo que haya ningún problema,
y, como bien ha dicho, ha dado su opinión. Respecto a la suspensión de
pagos hay un caos total, porque ahora se conoce que Socimer está en
quiebra. Si está Socimer en quiebra, ya no sabe uno cuál es la situación
de la suspensión de pagos. El problema es de los profesionales y de los
afectados que se encuentran con que ya veremos si al final esto no es de
los doce mil y pico millones sólo, sino más, ya veremos; pero eso se irá
viendo en la medida que vaya pasando el tiempo y se vaya clarificando la
situación.
Yo le planteo una cuestión simplemente respecto a Socimer o a
Transáfrica. A mí que usted me diga lo que me ha dicho, que los informes
de estos grupos son sólidos por los accionistas que van detrás..., pero
con el caos de entramado de empresas que nos ha presentado usted aquí,
permítame decirle que los que no estamos acostumbrados todos los días a
ver eso, cuando uno lo ve desde fuera, dice: menudo pelotazo nos van a
meter aquí; permítame que se lo diga, permítame que le dé esa opinión.
Porque que me diga usted que accionistas de capital europeo, suizos y
españoles --es decir, capital suizo y español-- montan una empresa en
España, pero como, supongo, creen que no les es suficiente para las
mecánicas --ya lo ha explicado usted muy bien: para no tener ningún tipo
de control de ningún tipo de regulador ni financiero ni de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en España--, se montan no un chiringuito,
una entidad financiera en toda regla en las Bahamas, con una terminal en
España, que no es entidad financiera, Dios les libre, sino más o menos
una consultoría, y se supone que la canalización de todo... En algún lado
habrán estado los contactos para ver cómo se llevan el dinero de aquí y
desaparece. Bueno, si esto es posible con la normativa europea y con la
normativa española, algo hay que cambiar, porque, si no, nos lo van a
hacer todos los días. Si alguien puede burlar a los reguladores y a los
que controlan las entidades financieras, habrá que empezar a pensar,
primera pregunta que le hago al respecto: ¿es posible o no es posible, o
con las directivas europeas que tenemos en marcha (no todavía
traspuestas, ni siquiera en el proyecto de ley ése que tenemos aquí, en
la Cámara) se podrían evitar este tipo de situaciones, o sería
conveniente que se evitara este tipo de situaciones? Porque no vale con
decir que los paraísos fiscales no me gustan --a mí tampoco--. En
cualquier caso, ¿qué hacemos para resolver el problema y que no ocurra?,
porque si queremos un mercado transparente ese entramado de empresas es
lo menos transparente que existe; ese entramado de empresas es la total
opacidad y ya no sólo eso, sino el descontrol total, como bien ha
manifestado.
Pero usted ha dicho algo que me ha preocupado, y empiezo con el tema de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Usted ha dicho que el
problema lo detectaron ya los servicios de la Comisión --aspecto
positivo-- en 1996, en las supervisiones que se hacen por los mecanismos
de funcionamiento normal y supongo que darían lugar a un determinado tipo
de inspección. Se plantea una supervisión en el momento en el que se
empiezan a detectar problemas en la titularidad de los títulos, es decir,
la cuenta omnibus --supongo que ésa es la significación, pues aunque no
entiendo tanto como usted del tema no me ha quedado otro remedio que
espabilar rápidamente y le puedo asegurar que se aprende rápido--. En
cualquier caso, se plantea un problema de titularidad que --como ha dicho
usted-- cuando afecta a la relación empresa clientes es serio. Las
solvencias, las liquideces y los coeficientes son problemas sobre los que
hay que actuar y estar encima para que no ocurra nada, pero los que
afectan a la titularidad son gravísimos en cualquier mercado de valores o
en cualquier agencia o sociedad de valores. Ahí es donde empieza el lío
para mí. Porque si son tan graves, ¿cómo es posible que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores se fíe de las declaraciones que hace la
empresa AVA de que va a resolver el problema? Si es así --según la
información que acaba de facilitarnos, porque mis datos eran a partir de
octubre más o menos, que son los datos que se han difundido por los
medios de comunicación-- ¿cómo es posible que se espere a otra segunda
supervisión, hacia el mes de julio --me parece que ha dicho, yo no he
mirado los papeles--, para ver cuál es la situación? Porque que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores se crea a estas alturas lo que
diga la empresa AVA no es muy creíble. Y digo más: ¿cómo pueden fiarse a
estas alturas --ya no digo en este
país, en ningún país-- de si los accionistas que están en Transáfrica son
sólidos o no son sólidos? Mire usted si Banesto era sólido. Alguna
experiencia tenemos en este país, aunque sólo sea la propia, pero no sólo
en este país, para pensar que un organismo técnico de las características
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede bajo ningún
concepto, en mi opinión, fiarse de si los accionistas son sólidos o no.
Sinceramente, no lo entiendo, porque si el problema que existía era de
relación entre la empresa y sus clientes, el problema era grave; y si el
problema era grave, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en mi
opinión, tenía que haber puesto todas las señales de alerta en
funcionamiento para resolver el problema, por si acaso. Estoy hablando
del tramo que va desde 1996 hasta la mitad del año 1997, que es el que
yo, sinceramente, no conocía.
Ahora le voy a hacer algunas preguntas al respecto. ¿Este problema ha
sido tratado en el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
durante ese tiempo, desde 1996 hasta julio de 1997? Porque quiero dejar
bien clara la situación. He oído al final de su intervención las
modificaciones que ha planteado usted: la mayor centralización del área
de inspección, etcétera. Pero supongo que el mecanismo de funcionamiento
--por lo que he leído de los datos que he obtenido-- pasa
fundamentalmente por supervisiones rutinarias, inspecciones por los
órganos técnicos de la supervisión e informe a la Comisión, que es la que
de alguna manera se relaciona con el exterior, fundamentalmente con las
empresas. ¿Qué debates ha producido usted en la Comisión para poner las
antenas sobre un problema que afectaba a la titularidad y a la relación
entre una empresa y sus clientes, que no era un problema sólo de
coeficientes de liquidez? Estamos hablando del tramo que va desde finales
del último trimestre de 1996 hasta julio de 1997. El Consejo de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores es tan cualificado que a mí me
parece importante e interesante conocer esa opinión y mi grupo le quiere
pedir también en esta comparecencia (o si no lo haremos a través de la
Mesa de la Cámara, como usted considere conveniente) las actas del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en que se ha
tratado este problema, porque, vuelvo a insistir, no entendemos que
ustedes, en la Comisión, puedan fiarse de la imagen de una empresa que es
Transáfrica o de la imagen de los accionistas que están detrás de ella,
que, en definitiva, son los que ostentan la titularidad de Socimer, o las
múltiples versiones que tenemos de esta empresa en los distintos
mercados.
Fíjese, para mí esa parte del problema es muy importante. Ya digo que es
una cuestión opinable, por supuesto. Si en aquel momento el problema es
de información a los inversores y si legalmente la Comisión no puede
hacer otra cosa --que es lo que he deducido en parte de su intervención--
¿por qué no fuerza a que se informe a los clientes de esa situación que
va desde el último trimestre de 1996 hasta julio de 1997? Porque a la
empresa lo que se le pide es que se clarifique la situación y que se
termine con la cuenta omnibus --estoy repitiendo de memoria, igual me
equivoco en alguna precisión de la terminología y de las actuaciones que
se llevaron a cabo-- y la empresa termina contestando, no se sabe cuándo,
hacia mitad de año, que ya lo tiene resuelto y que lo ha pasado todo a
cuentas individualizadas, a un depositario distinto que ofrece más
garantías lógicamente que la situación en la que nos encontrábamos hasta
ese momento, que luego además se demuestra que es falso. Si luego se
demuestra que es falso, ¿qué hizo la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para verificar que eso que le decía la empresa era verdad?
¿Durante siete meses no se hace nada para verificar qué es lo que está
pasando?
En julio vuelve a actuar la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
una segunda inspección o supervisión --en la terminología que ustedes
tengan al respecto-- y vuelven a sonar todas las alarmas, porque empiezan
a detectar que lo que ha dicho la empresa no es verdad, que es falso, por
lo menos en parte, y como consecuencia la situación empieza a ser más
grave. Desde el último trimestre de 1996 hasta octubre de 1997 no se
actúa otra vez sobre AVA --he deducido yo, a lo mejor no es así--; o sea,
que son siete meses para que la empresa conteste, pero para poder
verificar todo lo que la empresa ha dicho son muchos más, nueve meses.
Entonces se empieza a actuar. Ante una segunda situación --mi análisis
partía de que era sólo de octubre hasta ahora, pero ahora mi análisis se
cambia en la medida en que es más amplio-- en la que se empieza a ver
otra vez que lo de la titularidad de los títulos es más grave, porque ha
ocurrido dos veces (una en diciembre de 1996 y otra en octubre de 1997),
cuando vuelve a apreciarse el mismo problema, esta vez como más real en
la medida en la que ya se van apretando las clavijas y se empiezan a
enterar de que el problema es serio, aun así ¿siguen fiándose de la
situación de Transáfrica y de los accionistas para no intervenir? Porque
siguen diciéndole a la empresa que informe al consejo de administración y
a los clientes, lo cual parece razonable, pero sigue sin llevarse a cabo
ningún tipo de actuación.
La situación que se produce es que si el problema que detectan en 1996
estaba sin resolver, en mi opinión, en octubre de 1997, el problema es
serio. Es tan serio que si la actuación de la Comisión --en mi opinión,
que yo no soy profesional en este tipo de cuestiones-- que se lleva a
cabo en ese momento detecta que el problema de fondo era real, a mí me
parece que lo que produce la actuación es mucho más pánico y mucho más
problema. No digo que no haya que hacerla, cuidado, ya sé que hay que
hacerla. Pero si ellos detectan que no han conseguido engañar a la
Comisión --digo yo--, lo lógico es que lo que a la Comisión le enciende
todas las señales de alarma a la empresa le produzca una situación de
desesperación. Con eso no estoy justificando --Dios me libre-- la
desesperación de la empresa, digo la desesperación porque les están
descubriendo. No entiendo tampoco cómo es posible, ante un problema
reincidente de titulaciones de los títulos que tenían que estar con los
clientes y que no lo están y ante un problema de riesgo de una
financiación no conocida, que aparece como nuevo (el riesgo de que
Socimer no era sólo la que financiaba a AVA, sino que había otro banco
que financiaba a Socimer --y ha explicado perfectamente al principio que
es muy complicado--, lo cual aumentaba el
riesgo de una manera brutal, a pesar de que AVA garantizaba que sus
clientes eran los primeros para resolver el problema si lo tenían, cosa
que supongo que ustedes no se podían creer nunca) cómo es posible
--repito-- que en ese momento la credibilidad que produce la situación no
dé lugar a la intervención. ¿Vuelve a ser creíble en este momento la
empresa porque los accionistas son potentes y buenos accionistas? Pues,
desde luego, menuda cruz hay que poner a estos accionistas y, por
supuesto, a los auditores, aunque la auditoría de 1997 supongo que
legalmente no tiene por qué ser conocida, pero hubiera sido curioso
conocerla después de la que hicieron en 1996. Supongo que ahora, en la de
1997, no meterán la pata, porque es más fácil hacerla.
En cualquier caso, se produce ese tipo de actuaciones; ustedes vuelven a
no intervenir y, en mi opinión, provocan una situación peor. Le he dado
datos de que a partir de enero se sigue comprando. Evidentemente, la
Comisión no es responsable, Dios nos libre; es verdad que es más fácil
acertar cuando ya ha ocurrido todo que antes, ya lo sé, le comprendo,
pero entienda también cuál es mi papel en este momento. Supongo que
tendrán que informar a los órganos judiciales correspondientes, tanto de
la suspensión como de otro tipo de cuestiones, y espero que ayuden
también a esta Cámara proporcionándonos los datos que necesitemos para
sacar una conclusión e incluso para modificar las leyes, si hiciera
falta, o para terminar esta ley que no hemos empezado a debatir. Lo que
sí le digo es que la situación es dramática para esas personas que, desde
enero hasta ahora, les han seguido comprando, y en la sanción que les
anuncian, entre los apartados que ha dicho y según figura en un documento
que usted ha difundido como nota de prensa, ustedes hablan de posibles
infracciones por trato desigual a clientes. ¿Me está queriendo decir que
también han detectado ustedes que durante el tiempo que están actuando lo
que se ha producido es compras y ventas a favor y en perjuicio de unos u
otros? Porque la sensación que existe también por ahí es que por qué ha
podido ocurrir que en febrero se comprara determinado tipo repo al 7,7 o
repo al 8 por ciento, que ahora sabe todo el mundo en algunas zonas qué
es esto de los repos. ¿Cómo es posible que pueda ocurrir todavía en
febrero? Evidentemente, eso es sólo responsabilidad de la empresa que lo
ha hecho. Ahora bien, cuando uno relaciona las infracciones que ustedes
están planteando piensa si es que habrá ocurrido hasta eso, porque
resulta que en todas las operaciones últimas que se están produciendo se
favorece a unos y se perjudica a otros. Yo no sé cuál es la
interpretación exacta de la infracción, pero he pensado que podía ir por
ahí; no sé si es ésa, pero he leído la ley, he visto la nota que hacen
ustedes en las infracciones que plantean y ésa es la conclusión que he
sacado.
Y ya, permítame decirle, para nota, cuando ustedes comunican la
intervención a la empresa ¿por qué no intervienen? Dicen que tiene que
tener audiencia. En 24 horas, señor presidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. ¿No es posible? Pues hay que cambiar la ley.
Porque, claro, si usted anuncia a alguien que le interviene y le da usted
de plazo cinco días, naturalmente la empresa opta rápidamente por la
suspensión de pagos. Lo que yo no sé es si a ustedes les agradó o no que
optaran por la suspensión de pagos, porque ya sé que intervenir una
agencia es una cosa muy problemática; menudo lío, ya lo sé. Ahora, menudo
lío para los clientes y para los ciudadanos, que en estos momentos se
encuentran en una situación de absoluta indefensión; fíjese lo que le
digo: de absoluta indefensión. Usted y todos podremos decir que ya
acudirán a defender sus derechos, pero ¿cómo?, ¿pagando un abogado? ¿Me
quiere decir cómo defienden en estos momentos esos 3.500 afectados su
derecho a recuperar el dinero; yendo a un abogado, cuando además todo el
mundo asegura que esos 12.000 millones Dios sabe cómo se van a recuperar?
Porque aquí todo el mundo estamos defendiendo a los inversores, pero las
fórmulas jurídicas exactas para que se devuelva ese dinero nadie las ha
dado todavía; si se da la fórmula nos encantará, señor Fernández-Armesto.
Nos encantará conocer cuál es la fórmula jurídica, no para ir a un
proceso penal largo o a la exigencia de responsabilidades de ese tipo,
porque el problema que tienen la mayoría de estas personas es que no se
atreven a ir a un abogado porque piensan que cómo van a ir a un abogado
si sólo tienen medio millón de pesetas; y si tienen un millón piensan que
son sus ahorros y cómo se lo van a gastar en un proceso que todo el mundo
entiende que va a ser muy largo en el tiempo y la situación es la que es.
Señor presidente de la Comisión, mi grupo le pide que nos facilite usted
todas las actas del consejo de la Comisión donde se haya tratado el tema
de AVA. Queremos conocer cuál es la situación y qué planteamiento se ha
hecho, queremos conocer la opinión que se ha generado en esas actas y
queremos conocer los informes técnicos que hacen referencia a este tipo
de problemas en las distintas actuaciones que se han llevado a cabo. Yo
se lo pido aquí directamente y en todo caso mi grupo lo pediría a través
de la Mesa de la Cámara, o bien articularíamos los mecanismos necesarios
para conocerlo, por supuesto los mecanismos legales previstos en el
Reglamento de esta Cámara para obtener esa información, porque tenemos la
impresión de que es posible que no se haya actuado con toda la diligencia
debida en este caso y porque además dudamos de la operatividad tal como
se ha planteado o se está planteando, ahora ya desde 1996 y ni siquiera
desde 1997. No entendemos cómo en un problema que afecta a la relación de
los clientes con una empresa de valores, en este caso con una agencia de
valores, no se ha actuado más fuertemente, por decirlo de alguna manera,
desde el principio para que no nos encontráramos ahora con un problema
con año y medio de vida que afecta a una relación entre clientes y una
agencia de valores, porque eso es incomprensible. Ahí surgen cantidad de
dudas sobre si se podía haber actuado de otra manera para evitar que este
problema se hubiera producido.
En ese contexto, señor presidente, en el último tramo de mi intervención,
agradeciendo la paciencia que está teniendo el presidente de la Comisión,
quiero referirme a las soluciones que pueda haber. La solución final que
usted ha planteado es que se termine la ley que se encuentra en esta
Cámara. Si esa ley hubiera existido, el Fondo de Garantía
hubiera cubierto una parte, porque posiblemente las cuantías son
parecidas a las del Fondo de Garantías de Depósitos que conocemos en las
entidades financieras, y podía haber resuelto el problema de mucha gente.
No digo que sea la solución del problema pero sí que podría haber ayudado
a resolverlo. Pero, claro, el problema que se presenta es que la ley está
en la Cámara todavía en un cajón, como he dicho antes --espero que la
sensibilidad del Grupo Popular la saque de allí y tengamos por fin una
ley--, y no sabemos si va a afectar a este caso o si se pueden arbitrar
fórmulas para que afecte a este caso. Ya veremos. Este es un problema del
legislador. En cualquier caso, la pelota la tenemos en este lado, pero no
renunciaremos a soluciones que a usted se le ocurran. Si a usted se le
ocurre alguna solución que a nosotros pueda no ocurrírsenos, desde luego
bienvenida sea esa solución, porque podremos profundizar y hacer
propuestas que permitan la solución.
Estos días le he escuchado a usted, a través de los medios de
comunicación, aunque no creo que tuviera nada que ver con la crisis de
esta empresa, hablar sobre la autorregulación de la publicidad de las
agencias de valores, etcétera. Ojalá lo hubiéramos podido hacer antes
para que esto no hubiese ocurrido, pero ya ha ocurrido y evidentemente
siempre aprenderemos algo de la experiencia y de la realidad que hemos
tenido. Hoy mismo he oído que va a haber una normativa para incrementar
el control de las agencias y las sociedades de valores; ojalá lo
hubiéramos tenido antes, aunque evidentemente con esto no estoy diciendo
nada. Estoy totalmente de acuerdo en adoptar otro tipo de medidas, todas
las que hagan falta para que no ocurra lo que ha ocurrido, y le vuelvo a
insistir en que estudien, como estudiaremos nosotros, las medidas para
que esas cosas tan raras que pueden ocurrir, por muy raras que sean, de
ingeniería bursátil, en este caso de captación de recursos o como se
quiera llamar, que no puedan ocurrir, porque si siguen ocurriendo no sé
para qué tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con todos
los respetos. Yo ya sé para qué está, pero lo que quiero decir es que si
son posibles actuaciones legales tan complejas para que los reguladores
no puedan controlarlas e intervenir, no estamos resolviendo bien el
problema. Hay que buscar una mejor solución a ese problema, que
evidentemente no es de ustedes, el problema es nuestro, que somos los que
tenemos que legislar, y en todo caso el problema es de la Unión Europea,
que también tiene la obligación de aprobar normas que van a vincular al
conjunto de estos países.
Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también, en nombre de mi grupo
parlamentario, la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y la información que nos ha dado, información que
para este grupo parlamentario es importante porque, lo tengo que
reconocer, yo he venido más a escuchar sus explicaciones y la información
que nos ha proporcionado por escrito, dado que muchos de los clientes
afectados son del País Vasco. Tengo que reconocer que estoy entrando en
conocimiento del tema prácticamente hoy; por tanto, las reflexiones que
sobre la marcha puedo hacer tienen el rigor que me puede dar el hecho,
como decía, de esas reflexiones sobre la marcha.
Mi grupo parlamentario investigará con más detenimiento todo este
proceso, dada la implicación y las consecuencias que ha tenido, pero hay
unas cuestiones, que sí me gustaría comentar brevemente, sobre lo que ha
expuesto en esta comparecencia el presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Nos encontramos ante una operación más de ingeniería
financiera, de las que ya pensábamos que estábamos curados en salud,
aunque parece ser que no es así porque llueve sobre mojado y me da la
impresión de que en este proceso hay una cierta debilidad en la
justificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si no
recuerdo mal, esta justificación está basada en tres aspectos concretos:
en el hecho de que la Comisión no tiene competencia ante la empresa
Socimer, que es la que ha provocado la quiebra y la suspensión de pagos
por estar domiciliada en un paraíso fiscal, concretamente en las Bahamas;
también por la tranquilidad que en cierto modo le daban los informes de
auditoría y por el certificado --creo hacer entendido-- del Bank Limited
de Bahamas, aspectos que le han dado la suficiente garantía a la Comisión
para no actuar hasta el pasado año 1997.
Viendo las fechas, me llama la atención que no se encendieran las luces
rojas cuando en septiembre del año 1996 la Comisión detectó problemas. El
hecho de que en un grupo financiero como éste, que está trabajando en
paraísos fiscales --y todos sabemos lo que está ocurriendo-- con
productos financieros, como son los repos a tres meses con unos intereses
del siete y medio por ciento o más, se detecten problemas en septiembre
de 1996 y pase un año hasta que se produce la segunda inspección, en
octubre de 1997, indica que la Comisión estaba excesivamente tranquila en
este tema. Creo que ya se estaban encendiendo luces rojas, que tendrían
que haber puesto de manifiesto que aquí podría haber algo más de lo que
se estaba detectando a través de esos informes y documentos. La Comisión
no detecta señales de alarma, a pesar de una estructura del grupo
complicada, claramente estructurada, para establecer lo que conocemos
como ingeniería financiera, captar inversiones con alto riesgo, con
domiciliaciones en paraísos fiscales y con altos tipos de interés. Todos
estos datos son para mí suficientes como para haber alertado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y haber provocado una actuación
más rápida e intensa.
También me llama la atención la exposición que ha hecho al final sobre
las medidas de futuro, porque la ha centrado en la responsabilidad que
deben tener los inversores en cuanto a una cierta cautela ante productos
financieros de esta complejidad, y también ha dicho que los
intermediarios tienen que tener mayor profesionalidad. Ha hecho
referencia a los cambios legislativos --y ahí en cierto modo todos
tenemos alguna responsabilidad porque, como bien ha dicho, está pendiente
la reforma de la Ley del Mercado de Valores-- y a que se están
produciendo las acciones penales y civiles, pero no he oído ninguna parte
de responsabilidad
que pueda tener la propia Comisión. Lo único que ha hecho es justificarla
diciendo que se ha basado en esos documentos manejados y en la actuación
inspectora. Pero ¿quién manda a los inspectores? Estoy absolutamente de
acuerdo en que la actuación inspectora ha sido correcta y eficaz. Pero
¿cuándo se ponen en marcha las acciones inspectoras? Porque el problema
puede estar en que la acción inspectora se tenía que haber puesto antes
en marcha. Todas estas cuestiones me hacen reflexionar y pensar que
quizás habrá que darle más vueltas a este tema, porque yo veo aquí puntos
muy oscuros. No quiero prejuzgar nada, es simplemente lo que se puede
desprender de las informaciones que hoy nos está dando.
Para terminar, me gustaría abordar una cuestión más y es que, al margen
de estas firmas de auditoría que ha intervenido --creo que hay que ser
muy cautos al valorar el informe de auditoría y no hay que
precipitarse--, querría saber si existen otras empresas de consultoría o
asesorías que han tenido participación en la prestación de servicios al
grupo AVA, al grupo Transáfrica, que es la madre de todo el grupo, o a la
propia familia Salama, que son los verdaderamente implicados aquí. Me
gustaría saber si existen otras empresas de consultoría o asesoría al
margen de las auditorías que han podido intervenir en todo este proceso.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular tiene la palabra, en
primer lugar, el señor Serrano.
El señor SERRANO VINUE: Señor presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el Partido Aragonés ha querido participar
directamente en esta comparecencia a petición de los propios interesados,
que se han dirigido a nosotros demandando información de la que estaban
huérfanos. La mayoría de los pequeños inversores y ahorradores han
depositado en esta agencia parte de los ahorros de toda una vida, por lo
que se dirigieron a nosotros reclamando información a la Comisión de
Economía del Congreso de los Diputados, no a la Audiencia Nacional o a
otros juzgados, para ver hasta qué punto se pueden esclarecer los hechos,
para determinar si ha habido o no responsabilidades; y lo que es más
importante, para articular de cara al futuro los mecanismos necesarios
para que esto o algo parecido no vuelva a ocurrir.
De todas las fechas destacaría dos. El 23 de febrero, hace menos de un
mes, Asesores de Valores, AVA, presenta querella criminal contra Socimer
International Bank Limited. Al parecer ese mismo día --permítame este
interrogante porque los datos de los que en estos momentos dispongo no me
permiten asegurarlo-- la Comisión Nacional del Mercado de Valores incoa
expediente sancionador contra ambas entidades por la presunta comisión de
infracciones, certificadas como graves y muy graves. Al día siguiente,
24, se presenta en los juzgados de Zaragoza expediente de suspensión de
pagos a instancias de AVA. Entendiendo que en la exposición de motivos de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, se le encomienda a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores la supervisión e inspección del mercado de
valores, que entre sus competencias se incluyen la de velar por la
transparencia de los diversos mercados, la correcta formación de los
precios entre los mismos y la protección de los inversores, así como la
de velar por el cumplimiento de las normas de conducta por cuantos
intervienen en el mercado de valores, permítame, señor presidente, que le
formule diecisiete preguntas. Para facilitarle la locución y para que, en
la medida de lo posible, pueda atender a su totalidad, se las voy a
entregar por escrito.
Primera. ¿Qué datos obtuvo la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
su función supervisora y cuándo se tomó la decisión de inspeccionar a
AVA? Segunda cuestión. ¿Qué fecha aparece como el inicio de esta
actividad inspectora? Entienda que estas cuestiones nos permitirán,
además de recabar más información, centrar el tema, habida cuenta que
parte de la locución de su comparecencia podría responder a algunas de
estas cuestiones.
Tercera, ¿conocía la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los
administradores, consejeros o responsables de AVA venían ya participando
en el mercado de valores, bien como colaboradores de otras agencias o
como intermediarios --por ejemplo, AVA-Aragón Sociedad Anónima, Gestión
de Promoción de Inversores, BNT asociados financieros, etcétera--, o por
el contrario la actividad de estos responsables en el mercado de valores
la han descubierto a través de las recientes inspecciones?
Cuarta, ¿qué disposiciones de control y para la defensa de los inversores
adoptó inicialmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores al
inspeccionar y cuáles fue adoptando a lo largo de la inspección y de la
apertura de expedientes?
Quinta, ¿la Comisión Nacional tiene al menos posibilidad de acceder por
los conductos oficiales bancarios, o a través de bancos centrales de los
Estados a los que pertenezcan, a los datos referidos a las entidades
bancarias depositarias de los títulos o valores negociados por AVA? ¿Qué
gestiones ha realizado para controlar los depósitos de los inversionistas
y la solvencia de los depositarios?
Sexta, ¿tiene comprobado la Comisión Nacional el cumplimiento por los
miembros del consejo de administración de AVA del contenido del artículo
68 de la Ley 24/1988? ¿En los expedientes existen irregularidades o
incumplimientos? ¿Están recogidos detalladamente?
Séptima, ¿la agencia de valores AVA contrata siempre en nombre de sus
clientes, sin la posibilidad de contratar en su propio nombre, o por el
contrario contrata indistinta e indiscriminadamente en nombre propio o en
nombre de sus clientes? ¿Qué criterios seguiría para actuar en un
supuesto o en otro?
Octava, nos consta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
recibió diversas denuncias de los inversores por lo que ellos entendían
que eran infracciones a esta ley. ¿Desde cuándo constan estas denuncias
de los inversores? ¿Cuántas se han producido? ¿Sobre el texto de cada una
de ellas se ha investigado a AVA, Socimer o a otras entidades
depositarias, señalando en su caso si las razones o hechos denunciados
tenían efectivamente comprobación de la realidad de los mismos?
Novena, como bien sabemos y hemos podido aprender del análisis de la
documentación, Socimer es un banco domiciliado
en las Bahamas. ¿Desde cuándo conoció la Comisión Nacional su situación
de solvencia y la de las sociedades que lo participan? ¿Qué medidas
concretas adoptó para que los inversores que realizaban operaciones por
mediación de AVA conocieran la situación en la que operaba y para que
otros inversores de este país estuvieran al corriente de la forma de
proceder del banco?
Décima, ¿la Comisión Nacional adoptó algunas medidas, cuáles y desde
cuándo, sobre las entidades participadas o participantes de Socimer?
Undécima, ¿qué información ha facilitado la Comisión Nacional o qué
información ha negado a diversos afectados por la suspensión de pagos de
AVA y quiebra de Socimer que han comparecido en el procedimiento
administrativo incoado contra cada una de las dos entidades?
Duodécima, ¿qué gestiones está actualmente llevando a cabo la Comisión
Nacional para resolver los desastrosos resultados económicos que ha
generado la actuación infractora de AVA y de Socimer? ¿O tiene decidido
instar a las autoridades de otros Estados el cumplimiento de las
responsabilidades económicas que puedan ser declaradas por la propia
Comisión Nacional del Mercado de Valores?
Decimotercera, ¿conoce la Comisión Nacional el procedimiento judicial de
suspensión de pagos, la situación del activo y del pasivo, la relación de
acreedores y que entre los deudores de AVA aparece Socimer con una deuda
de 1.459.919.878 pesetas? ¿Qué medidas va a adoptar la Comisión Nacional
a la vista del procedimiento judicial indicado?
Decimocuarta, ¿cuándo tiene conocimiento de la puesta en marcha de la
directiva europea que eliminará este tipo de cuestiones? Asimismo, nos
gustaría saber si la propia Comisión Nacional conoce los términos de esa
regularización y si cabe la posibilidad --y entendemos que esto es
importante-- de su aplicación con efectos retroactivos.
Decimoquinta, ¿sigue la Comisión Nacional en la misma o inicial postura
de no considerar a los afectados interesados en los expedientes
administrativos sancionadores incoados a AVA y a Socimer, o por el
contrario entiende que son interesados y así se producirá en lo sucesivo?
Por último, si me permite, señor presidente, si tiene previsto la
Comisión Nacional del Mercado de Valores aportar soluciones, incluso
estrictamente económicas, a los afectados por las infracciones de estas
dos sociedades. La gran pregunta que en este momento está en la sociedad
española, y en la aragonesa en particular, por gran parte de los
ahorradores, de los pequeños o grandes inversores que en estos momentos
confían parte de su ahorro a este tipo de sociedades, es cuántas AVA,
cuántos Socimer y cuántos Transáfrica pueden aparecer en breve.
Entendemos que esto es problemático porque puede crear una cierta
inseguridad, y pensamos que la clave para la solución de esta y otras
cuestiones parecidas es la información, un mayor control. Esto no
significa que estos problemas no puedan aparecer. Si me permiten, con las
debidas diferencias, podríamos recordar que por mucha información y por
mucho control que haya en estos momentos, a las puertas del siglo XXI, el
timo de la estampita o la propia estafa del petróleo de Nigeria están ahí
y no los vamos a evitar. Tampoco vamos a evitar, y es parte del juego
financiero, que se den duros a cuatro pesetas. Lo importante, señor
presidente, es que pongamos los mecanismos necesarios para evitar que
algunos desalmados que juegan con la confianza de unos ciudadanos, de
unos ahorradores, además de jugar con el duro a cuatro pesetas, se queden
con el duro y con las cuatro pesetas.
El señor PRESIDENTE: Para concluir la intervención del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Esta comparecencia me está resultando chocante en
algunos aspectos, puesto que ya desde el sábado teníamos información
sobre por dónde podían surgir ciertos comentarios en este caso. Al
diputado y colega Fernando Gimeno se le cita en el diario El País acerca
de cuáles van a ser los intereses que va a defender, cosa legítima. En
este mismo sentido, a uno le dio qué pensar hacia dónde podía salir la
defensa o la crítica del comportamiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Yo, que no soy abogado ni economista sino más bien filósofo, historiador
y periodista, por tanto no soy del ramo --lo digo porque el señor
diputado ha hecho una clara alusión al tema--, quisiera aplicar aquí una
dosis de sentido común y sobre todo de filosofía lógica. Decían los
clásicos (me refiero a los escolásticos, a Santo Tomás y compañía, que,
por cierto, consideraban --algo sabían de eso y eran muy precisos en lo
ético-- que más allá del 3por ciento --si no recuerdo mal-- ya era una
usura; por tanto, señores, aténganse a la aplicación correspondiente) que
De esse ad posse vallet illatio, es decir, de una cosa que es a una cosa
que puede ser existe correlación lógica interna; metafísicamente eso es
válido. A la inversa, no; de algo que no es, no puede ser; o sí puede
ser, pero no necesaria o forzosamente será. Ese es el fundamento lógico
de un planteamiento donde los hechos, llamados argumentos apodícticos,
ilustran comportamientos y permiten una dialéctica de grado superior.
Digo esto porque a mí me sorprenden un poco algunas cosas que se han
producido en la comparecencia. En primer lugar, chiringuitos los hubo
--ahí está el esse de la existencia-- en muchos tiempos, especialmente en
el pasado, y que yo sepa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
lo menos sobre 150 chiringuitos, ha metido la mano, por usar también un
término clásico a modo de Quevedo, y ha tratado de desguazar aquello que
no era correcto y a lo mejor desguazar el chiringuito. Así hay muchos y
recientes, como BSC-Asesores, Delta Focus y Dinámica Directiva, por
ejemplo, que han sido expedientados. Ahí hay una voluntad manifiesta por
parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de orientar a lo que
es para mí el nexo de la cuestión, fundamentar la orientación del
inversor, tan ignorante y tan falto de pedagogía o didáctica al respecto
para poder conocer sinceramente dónde se mete, cuándo se mete y cómo se
mete, que serían las grandes cuestiones lógicas en definitiva. Ese
decálogo de precauciones para invertir ha sido un acto de voluntad
voluntaria y no necesaria por parte de la Comisión, puesto que no
creo que la ley le obligara a ello, para orientar de alguna manera a ese
mercado que anda muy distorsionado y perdido.
En segundo lugar, ha habido un seguimiento a distancia --en este caso y
en otros-- y unas inspecciones directas, que han sido ya mencionadas, en
calendario y fecha correspondiente, lo cual ha dado 58 inspecciones a
entidades de valores y gestores en el año 1997. Por tanto, el esse ya
existe y el poder ser o existir en cuanto a su virtualidad de
fiscalización y de análisis correspondiente, el dar validez al mercado de
valores se da por hecho.
No obstante, creo que el desiderátum está por escribir. Ahí empezamos a
elucubrar en un plano casi metafísico, ya no en el plano físico. Usted se
ha quedado, señor Gimeno --y no quiero entablar una polémica con usted--,
de que se han producido ausencias o carencias legislativas en este caso
que hubieran remediado a los propios afectados, exactamente a las 3.500
personas que, gracias a la conducta expuesta por el presidente de la
Comisión Nacional, han dejado de ser 10.000 ó 12.000. Luego, el mal menor
--y eso también es escolástico-- no ha sido culpa de la Comisión sino de
cómo se habían hecho los contratos en esas famosas operaciones que se
habían ejecutado con el intermediario financiero, en este caso la
inversión, y con qué poco conocimiento de causa estaban ellos operando,
no a modo singular y nominalmente a través de un intermediario o de un
fondo de inversión, sino a través de un operante que no decía exactamente
toda la verdad, como usted muy bien ha repetido.
Usted parecía tener interés en meter al Gobierno en esa responsabilidad
por la carencia de una supuesta ley. Obviamente no me corresponde a mí
aclarar la petición de infracción que usted ha dirigido al Gobierno, pero
sí quiero informarle de cómo están las cosas. La primera directiva de la
Comunidad Europea se produce en el año 1993 y estamos en 1998. Nosotros
tomamos el poder a mediados de 1996, prácticamente en junio, ergo ya no
hubo cumplimiento durante el período anterior. La directiva del servicio
y de los fondos de inversiones, que se produce hace menos de un año, da
un margen hasta septiembre próximo; ese margen no se ha agotado aunque se
han dado pasos. El Gobierno, el 12 de febrero, publicó el proyecto de
ley. Estamos en tiempo suficiente porque nos queda un margen de varios
meses todavía para aplicar la normativa comunitaria, pero es que también
hay problemas internos en ese proyecto de ley porque no todas las partes
están de acuerdo en todo pues se está hablando de cuestiones que podrían
afectar a comunidades autónomas determinadas. Antes de que entre en
debate parlamentario se está buscando solucionar problemas.
En segundo lugar, usted argumenta que si hubiera esa ley o si se hubiera
aplicado esa normativa comunitaria se hubieran salvado esas 3.500
personas. Probablemente no es cierto. ¿Por qué no es cierto
probablemente? Porque, según tengo entendido, la normativa comunitaria
crea un fondo de garantía que cubra a los pequeños ahorradores un máximo
de 20.000 ecus que, si no lo traduzco muy mal, son 3 millones de pesetas
por persona. Muchos de ésos pasan de los 3 millones de largo. Y no me
dirá usted, señor Gimeno, que en este caso todos los inversores eran de
dos o tres millones, los había de mayor cuantía, no necesariamente de 50
millones, podían ser de 20, 10 ó 12. Hay un margen de cobertura mínimo
según la normativa comunitaria, pero ni mucho menos el máximo. Como
decía, el desiderátum está todavía por escribir.
En tercer lugar, a mí me gustaría que usted considerara el marco de la
situación, la globalización de mercados financieros que está provocando
muchos problemas en muchos países en una coyuntura que es nueva. El señor
presidente ha dicho que él no era partidario de los paraísos reguladores
--yo les llamo paraísos fiscales, a lo mejor de forma incorrecta pero
popularmente bien entendible-- y yo le digo que también soy opuesto a ese
proceso de globalización falsa, de pseudoglobalización que divide al
mundo en dos partes, norte y sur, y que no atiende a los derechos de los
menos; ergo la mayor ya la niego, es decir, hay un proceso de
globalización que a mí me parece profundamente insatisfactorio.
En cuarto lugar, hay un crecimiento exponencial del mercado de valores
que también dificulta el control de sus mecanismos, cada día más
sofisticados. Usted sabe que sobre la fuga de capitales antiguamente
había que coger al señor con el maletín atravesando la frontera de
Andorra o Barajas. En este momento un simple dato aplicado al ordenador
te resuelve el problema. Dígame usted cómo se resuelve esa coyuntura que
hoy está superada en la Unión Europea pero que es un ejemplo ad obicem
para poder analizar en este caso.
Por último, hay una mayor complejidad en este control de los mecanismos
bursátiles y, por ende, mayores retos a la inspección de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores que ciertamente es la que tiene que
aguzar el ingenio y a lo mejor no tiene todos los medios jurídico-legales
o materiales para poder acometer una tarea de esta envergadura. Yo creo
que aquí ha habido una actuación diligente, aunque se haya podido
producir a última hora. No olvide S. S. lo que es la gestión ómnibus,
como decíamos antes, que, como viene del latín omnis omne, significa
claramente todo, es decir, ahí cuela todo. Un señor que invierte en una
gestora de esta índole a mí me parece que es un inconsciente o un
irresponsable. Yo no estoy acusando a ninguno de los afectados sino a los
grandes gestores.
Estamos acumulando los riesgos en exceso. Yo creo que hay que hacer una
pedagogía del riesgo, por eso he dicho que los hechos están dados ya en
ese decálogo que es un intento, pero no es un problema de decálogo sino
de los agentes, es un problema de ética fundamental. Este es un caso que
probablemente voy a dar en clase de economía a la vista de lo que ha
ocurrido. Pero es que hay casos anteriores, está el caso de los bonos
basura; el caso de Borensky, ya en la cárcel, etcétera, todos conocidos
en Estados Unidos, donde ni Wall Street pudo evitar ese hecho. ¿Por qué?
Porque el apetito de ciertas personas por la especulación y el
enriquecimiento es de tal naturaleza que acaban buscando los bonos
basura. Yo no invertiría en ciertos mercados iberoamericanos, señor
Gimeno, yo no subiría ciertos valores. Estos señores firman en blanco y
se dejan manejar en ciertos valores. Está muy claro en toda la exposición
que
ha presentado el presidente. Aquí ha habido un riesgo exagerado por parte
de algunos clientes de estas operadoras. Ha habido un mandato
discrecional a los operadores; yo entiendo qué es lo que estoy diciendo,
discrecional. Les aseguro que yo no dejaré en manos de un operador mi
patrimonio. Consecuentemente, ha habido una simplificación del proceso
que no va necesariamente en favor del engaño que pueda permitir la
Comisión Nacional, sino de la poca profesionalidad del operador o el
agente intermediario. Existen además inversiones en deuda iberoamericana
y en países emergentes. Yo tampoco invertiría en países emergentes, salvo
que tengan ganancias del 25 por ciento, que en mi opinión son muy
inmorales. Además, resulta que existen operaciones prenda, como ha
quedado perfectamente significado, que no fueron jamás informadas. Si
nunca fueron informadas y aparecen al final de una catarata de
solicitudes encadenadas, dígame cómo se puede llegar a descubrir eso que
usted exigía. Hay una serie de elementos que entran en un escenario
operativo determinado. Aun así, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ha logrado salvar al 70 por ciento de los afectados.
Yo he hecho esta introducción porque simplemente quería aclarar lo que a
mí me parecen cuestiones de fundamentación lógica, pero hay otras
cuestiones de fundamentación tan lógica y ética que no han sido vistas ni
aplicadas. También en el pasado, y ahí están Ibercop y Banesto, de cuyas
comparecencias en esta sala me acuerdo. No toquemos hoy las campanas,
porque vienen tocando desde hace mucho tiempo, y no precisamente bajo la
responsabilidad de este Gobierno que lleva año y medio haciendo una
reforma en muchos asuntos, entre otros, en esta ley que va a llegar a la
Cámara. Hubo muchas oportunidades anteriores que se perdieron en su día y
que no nos incumben a nosotros en ningún sentido.
La actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido
bastante correcta. Consideramos que han sido suficientes sus diligencias
en la actuación final. A lo mejor ha habido alguna insuficiencia en las
anteriores a partir del primer toque de atención, pero nosotros no somos
quienes para juzgarlo puesto que no conocemos la razón de esa exposición,
y supongo que la dará el propio señor presidente.
Hubiera sido bueno atajar mucho antes estas prácticas que se han descrito
y que ha realizado la agencia de valores AVA y el otro intermediario, el
Banco de las Bahamas Socimer, pero no se puede tener una policía en cada
institución de inversión para evitar que se puedan cometer imprudencias o
irregularidades y tampoco se pueden prohibir operaciones que, por mucho
riesgo que incorporen, no presenten indicios de ilegalidad. Estamos
entrando en la fundamentación del criterio filosófico o de la filosofía
profunda de la economía. Nosotros somos partidarios de una economía libre
de mercado; a lo mejor, ustedes son partidarios de una mayor intervención
en esa economía de mercado. Entiendo que estamos en la misma economía de
mercado, pero con ópticas distintas, como Norberto Bobbio hace
brillantemente cuando distingue derechas e izquierdas, simplemente por el
concepto de solidaridad aplicado en una cuota o forma.
Consecuentemente, el principio obvio en una economía de mercado es un
principio de libertad plena que debe estar regularizada para que no haya
estafas ni malversaciones ni mal uso de ese buen fin. Pero no es menos
obvio que la libertad supone riesgo y que ese riesgo lo asume
voluntariamente aquel que invierte. Le aseguro que yo jamás he invertido
un duro ni jamás invertiré en bolsa ni en valores semejantes. Fíjese si
lo tengo claro. En piedras, en fincas y en casas, lo que quiera. En eso,
jamás. Y no me han estafado por ahí, se lo aseguro.
Los ciudadanos españoles han elegido vivir en esta economía con amplias
libertades y no en una economía intervencionista, lo cual significa que
la sociedad está confiando en los empresarios y ofrece un amplio campo a
los inversores para que puedan tomar sus decisiones de inversión. En
consecuencia, le corresponde al Estado la obligación de velar por el
cumplimiento de las leyes, y no fiscalizar constantemente esa confianza
en el sistema económico y la libertad de inversión. Es cierto que hay que
estar vigilantes --aquí tenemos algunas pruebas apodícticas, como diría
también el filósofo-- y, en el terreno de la inversión, garantizar una
supervisión compatible con la libertad, porque si no nuestro juego no
sería ni éticamente libre. No hay acto moral válido si no hay libertad de
la persona para ejecutarlo. Ergo, fíjese usted si la conclusión es clara.
Lo que no se puede prohibir es la asunción de ese riesgo por parte de los
ahorradores de la búsqueda de una determinada rentabilidad. Eso no lo
podemos suprimir de ninguna manera. Es más, parece claro que ha sido la
actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que ha
posibilitado que se descubriera el riesgo de las operaciones y la que ha
limitado la pérdida final. De las 10.000 ó 12.000 personas han quedado
desgraciadamente 3.500, probablemente las que han tenido la mala suerte
de no saber que sus valores podían ser nominalmente asentados en el
Midland Bank o en alguna otra entidad y que eso les salvaría
jurídicamente de incurrir ahora en esa situación.
A los poderes públicos nos corresponde la responsabilidad de asegurar el
marco económico y de facilitar que nuestros ciudadanos rentabilicen
adecuadamente sus ahorros, porque son un bien nacional sin el cual la
economía no podría evolucionar y crear riqueza. Este marco ya existe,
pero para asegurar esta eficacia es conveniente incrementar las
responsabilidades de los intermediarios --subrayo-- y la educación de los
ciudadanos --vuelvo a subrayar--, y quizá algunas medidas que refuercen
estos sistemas de protección de los ciudadanos ahorradores que asumen ese
riesgo en la inversión. Solidarios con los ahorradores que en este caso
puedan haber sufrido estas pérdidas, deben saber que este grupo hará todo
lo que esté en sus manos para apoyarlos en cualquier reivindicación o
procedimiento legal que les permita verse compensados por cualquiera de
los males que les han ocurrido.
Como muy bien ha señalado el señor presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, el caso ahora está en manos de la justicia. Como
siempre, confiamos en que nuestras instituciones judiciales encuentren la
resolución correcta, fijen las responsabilidades que les correspondan
y a quienes correspondan, y faciliten que se haga justicia con los
perjudicados. El que los riesgos que incorporan los sofisticados mercados
de inversión se hayan materializado en este caso en clientes de la
agencia AVA, es ya una señal de alarma y la tenemos que escuchar, como
todos mis colegas han subrayado. En consecuencia, tenemos que aplicar las
medidas necesarias para estudiar una solución que evite que se repita la
experiencia. Es posible que propuestas apuntadas por el señor presidente
sean un camino para evitar problemas. A lo mejor habrá que profundizar en
la reflexión que nos ha dirigido el señor presidente y habrá que estudiar
si, además de advertir a los ahorradores de los riesgos que suponen los
contratos discrecionales de gestión de carteras --como es este caso y
muchos de los supuestos que hemos hablado--, es necesario reforzar más la
seguridad jurídica que los protege. También sería bueno que en los foros
internacionales donde nuestro país tiene voz y donde se sientan países
democráticos que soportan bajo su propia soberanía paraísos regulatorios
--es decir, paraísos fiscales--, en lugar de permitirlos y consentirlos o
de inventarse un neocolonialismo --y creo que S. S. me entiende muy
bien--, se ponga coto a esas medidas, se aplique una política correctora
y se evite ese escándalo que a mí me mueve a profunda hipocresía.
El señor presidente ha dicho que él no era partidario. Yo todavía menos,
porque como ciudadano no entiendo cómo se puede permitir que las
transnacionales vayan poniendo los huevos en un lugar, es decir, donde no
pagan impuestos; operen en otro lugar, es decir, donde los costes sean
muy bajos; vendan en otro lugar, donde han roto los mercados y los
posibles competidores, absorbiendo esos mercados; y, señor Gimeno --y
estoy haciendo una aplicación histórica al término--, acaben haciendo
neofeudalismo en los mercados, llamado infeudación de mercados. Me parece
tan escandaloso que supongo que la comunidad internacional --ni nuestro
Gobierno ni nuestro país-- tendrá que tomar medidas en este sentido
porque así no se puede continuar. Estamos hablando de lo que supone esa
globalidad, estamos hablando también de que hay que enfrentarse a
productos con ese tratamiento tan laso de responsabilidad, tan mal
supervisados, que fiscalmente pueden ser muy competitivos pero que acaban
afectando a muchas personas y a muchas economías modestas, como las que
pretendemos remediar en este caso.
En cuanto a la supervisión global de las instituciones, que operan con el
ahorro de los españoles, en principio me parece razonable, pero ya
tenemos la normativa de supervisión consolidada de los grupos bancarios
que así lo dispone . El problema se genera cuando estos grupos españoles
no financieros tienen filiales financieras fuera de nuestro país. Habrá
que estudiar si es posible su control y las responsabilidades que se le
puedan exigir derivadas de este hecho.
Por último, quiero señalar que la aprobación de la reforma de la Ley del
Mercado de Valores está retrasada. Eso supone, como ya he explicado
antes, que hasta el momento no podamos contar con un fondo de garantías
que hubiera podido compensar --sólo compensar--, en muy baja tasa, esas
pérdidas que se puedan producir a estos 3.500 usuarios. Pero existen
otras prioridades, otras urgencias, y eso está en este momento en el
horno. Esperemos que muy pronto pueda pasar no al horno sino a la mesa
para ser discutido adecuadamente.
La intención del Gobierno es dotar a nuestro sistema financiero de un
fondo de garantía de inversiones que proteja a los ahorradores del
incumplimiento o malas prácticas de quienes intermedian en ese ahorro.
Por eso la creación del fondo de garantía está contemplada en el proyecto
de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de las
Comunidades Europeas aprobó en septiembre pasado esa directiva de
sistemas de indemnización de los inversores, que tiene un plazo de
adaptación a las normas nacionales de un año. Por lo tanto, nos quedan
todavía algunos meses . En esa esperanza quiero vivir y morir,
defendiendo esas mismas tesis, aunque le puedan provocar cierta hilaridad
filosófica a mi colega aragonés.
El señor PRESIDENTE: Espero que, al menos, crea en las lonjas y en
operaciones al contado. He de decirle, en relación a las inversiones
inmobiliarias, que tal vez por culpa del señor Ortiz no hemos tenido
ocasión de aprobar hoy la ley reguladora de las instituciones de
inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria, que posiblemente le
hubieran dado garantía y seguridad absolutas para colocar sus ahorros,
siempre al contado.
Entiendo, señores diputados, que no se han formulado alusiones, por lo
que no ha lugar a formular ninguna rectificación, en el supuesto de que
haya podido haber réplicas. Por consiguiente, el señor presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores contestará a las preguntas,
interrogaciones y observaciones formuladas por los señores diputados. Si
entendiese esta Presidencia, de acuerdo con la Mesa, que ha lugar a la
celebración de un nuevo turno de intervenciones, así se haría.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Iré contestando a las diversas
intervenciones en el mismo orden en que se han realizado. Al portavoz del
Grupo Socialista, señor Gimeno, quiero decirle que hay un tema que surge
también en la intervención del señor Milián, que es la situación de los
pequeños inversores. Indudablemente, han sido perjudicados --lo he dicho
antes--, tienen derecho a que se les resarza y se les indemnice. Es
cierto que todos los inversores estaban invirtiendo, eran conscientes de
que invertían en operaciones sobre deuda de países emergentes --en
general, hispanoamericanas--, y también es cierto que eran conscientes de
que estaban poniendo solamente el 50 por ciento del importe de la
inversión. La gran mayoría de los inversores de AVA no hicieron este tipo
de operaciones y por eso no están afectados por la suspensión de pagos.
En cuanto a la estructura, al desglose por cuantía de los inversores
afectados, hay todo el espectro: desde cientos de millones hasta cuantías
muy pequeñas. Tengo el dato en la Comisión y gustosamente se lo
facilitaré.
Hay un tema que surge varias veces: si podíamos y debíamos haber
intervenido. Quizá no sobre que les lea algo. Las potestades de la
Comisión no son arbitrarias sino que están sujetas a las normas que SS.
SS. han promulgado y la intervención es una medida extrema. Es la medida
más extrema que se puede adoptar, es la ruptura del principio de libertad
de empresa. Fíjese usted cómo empieza el artículo aplicable, con un
adverbio; yo creo que es el único artículo que empieza con el adverbio
únicamente: Unicamente cuando una entidad de crédito --pero es aplicable
a las entidades de valores-- se encuentre en una situación de excepcional
gravedad que ponga en peligro la efectividad de sus recursos propios o su
estabilidad, liquidez o solvencia, podrá acordarse la intervención. El
número dos --para leérselo íntegramente-- dice: Lo dispuesto en el número
uno será también aplicable en aquellos casos en que, existiendo indicios
fundados de que concurra la situación de excepcional gravedad --indicios
fundados--, la verdadera situación de la entidad no pueda deducirse de su
contabilidad.
Es muy sencillo ahora, ex post, decir que en octubre la Comisión podría
haber decretado la intervención, pero es que en octubre lo que había era
un problema técnico, de cuentas omnibus que, aparentemente, se había
resuelto. A veces contesto también a otras señorías. El señor Zabalía
dijo que tenían que saltar todas las luces rojas. Si fuera así, si
siempre que hay una cuenta omnibus saltaran las luces rojas, la Comisión
sería un gran panel de luces rojas. SS. SS. no conocen las inspecciones;
en las inspecciones saltan siempre problemas. Toda inspección arroja, por
su propia naturaleza, la existencia de algún problema, de incumplimiento
por el cual se requiere a la compañía para que lo resuelva. La existencia
de una cuenta omnibus es un problema importante, es un tema que hay que
seguir, pero no es un asunto por el que salten necesariamente todas las
luces rojas. Se lo he dicho antes, la cuenta omnibus no se puede hacer en
España. Piensen ustedes que, a nivel internacional, es la práctica
habitual. Lo único que hace la cuenta omnibus es incrementar notablemente
el riesgo si el depositario falla; incrementa, por tanto, el deber del
depositante, en este caso de AVA, de comprobar la solvencia de la persona
que le confía la cuenta a otros.
Quiero decir, señor Gimeno, que hubiera sido impensable, una
irresponsabilidad absoluta, intervenir la agencia en octubre. No
solamente hubiera ocurrido eso, sino que, si lo llegamos a hacer, el
efecto para los inversores hubiera sido negativo. Tengo los datos: el
importe total de operaciones con Socimer, a 30 de octubre, cuando empezó
la inspección, era de 14.200 millones de pesetas; el 13 de febrero se
redujo a 12.800, precisamente porque, a partir de una fecha, se recomendó
que no se incrementaran los saldos y porque la parte no financiada se
pudo traspasar a Midland Bank. No es que fuera jurídicamente sólo una
irresponsabilidad, es que tampoco se hubiera logrado con eso una
situación más satisfactoria para los clientes. Lo que se hubiera logrado
es destruir una agencia de valores sin ningún indicio que avalara esa
medida. Estoy seguro de que, si lo hubiéramos hecho, también estaría hoy
aquí, pero estaría justificándome por cómo, con unos argumentos tan
débiles en ese momento, tuvimos la osadía de adoptar esa decisión.
Señoría, si tuviera que elegir entre los dos riesgos, me quedo con mi
intervención de hoy y no con la otra que tendría que haber hecho.
Me pregunta usted por las auditorías. No quiero que parezca que traspaso
la responsabilidad de algo que corresponde a la Comisión, que es la
supervisión, a los auditores; en absoluto. La Comisión asume plenamente
sus responsabilidades. La Ley del Mercado de Valores prevé que cuando la
Comisión, al finalizar sus investigaciones, advierte la posibilidad de
irregularidades en la labor de un auditor, puede remitir la auditoría al
ICAC para que depure las responsabilidades. Si al finalizar este
procedimiento advirtiéramos que por parte de los auditores no se ha
actuado de forma correcta, en opinión de la Comisión, haríamos lo que la
ley nos manda.
Me pregunta también S. S. por la intervención del consejo de la Comisión
del Mercado de Valores y sobre las actas. Las actas, por supuesto, están
a disposición de la Mesa de la Comisión, si S. S. solicita. Quiero
resaltar que en la Comisión hay claramente dos niveles: el nivel del
consejo y el nivel de todo el cuerpo técnico de la Comisión. Todo lo que
son planes: inspección, realización de la inspección, exigencias y
requerimientos, seguimiento de las inspecciones, está nítidamente en
manos del cuerpo técnico. No es ni puede ser función del consejo
inmiscuirse en las decisiones técnicas. El consejo debe entrar y entra
cuando tiene que adoptar esas decisiones que por ley le corresponden:
intervenir, sancionar y adoptar medidas de esta índole.
Su señoría termina manifestando que, en su opinión, la Comisión no ha
actuado con la diligencia debida. Lo respeto, es una opinión. Yo me he
planteado a fondo cuál es mi propia evaluación de la actuación de
nuestros inspectores. Creo que he presentado el caso con transparencia y
les he dado todos los elementos para hacer un juicio. Creo que es difícil
pedir más atención a este problema, le será difícil encontrar una
sociedad a la que se haya dedicado más atención y más continuada
supervisión que a AVA. Si a todas las entidades supervisadas por la
Comisión se les dedicara la atención, los medios que se le han dedicado a
AVA, la Comisión sería el más grande de los misterios; sería una medida
desproporcionada. Quiero dejar muy claro que todos los medios que hacían
falta y todas las habilidades de las que disponía la Comisión se han
aplicado.
Por el Grupo Vasco, el señor Zabalía empezaba diciendo que había ciertas
debilidades en la justificación de nuestra actuación. Explicaba que había
tres aspectos en los que habíamos basado nuestro análisis. En primer
lugar, la ausencia de potestad sobre Socimer; en segundo lugar, el
trabajo de los auditores y, en tercer lugar, el certificado del banco
central de las Bahamas. No, no estamos echando balones fuera, no estamos
pasando la responsabilidad a cualquier otra persona; la responsabilidad
de supervisión de AVA es una potestad que incumbe a la Comisión y que
ésta ha realizado. Lo que habrá que analizar es si ha actuado correcta o
incorrectamente, pero la competencia la ha ejercido. En mi opinión --y no
voy a a repetir los argumentos--, creo que ha cumplido de una forma no
sólo diligente, sino, sobre todo, eficaz. Porque, señorías, el resultado
de la crisis de AVA podría ser totalmente diferente y el número de
familias y de personas afectadas podría ser tres o cuatro veces superior
si no se hubieran adoptado por la Comisión las medidas que se han venido
adoptando. La prueba del nueve en este caso está en que se ha logrado un
resultado, no todo el que deseábamos.
Su señoría mencionó puntos oscuros. Sin duda, los hay y supongo que se
estaba refiriendo a la actuación de los intermediarios de AVA y de
Socimer. Los procedimientos en marcha, la suspensión de pagos, las
actuaciones penales y la actuación de la Comisión en materia
sancionadora-administrativa clarificarán estos puntos. Deseo que S. S. no
se estuviera refiriendo a que hay ningún punto oscuro en la actuación de
la Comisión. Si ha habido algo en la actuación de la Comisión ha sido la
transparencia y creo que hoy he sido transparente en lo que les he
explicado. Lo he dicho día a día, fecha a fecha, documento a documento.
Podemos haber sido diligentes o negligentes y podemos haberlo hecho bien
o mal. Corresponde decidir eso a cada uno, pero sí hemos sido
transparentes.
Me preguntaba S. S. sobre si había algunas otras empresas de consultoría
que han participado. Que yo sepa, los únicos auditores son --es una
designación por ley-- los que tienen ustedes en los informes; no ha
habido ningún consultor y la Comisión no ha tenido relación con ningún
consultor de AVA. El portavoz del Grupo Socialista ha hecho alguna
mención, pero eso está totalmente al margen de la actuación de
supervisión. La existencia o inexistencia de consultores es una cuestión
que no queda sujeta a supervisión.
Tengo dieciséis preguntas del Partido Aragonés, su respuesta nos va a
llevar un poco más de tiempo. Señor diputado, ¿quiere usted que las
contestemos por escrito? ¿Le parece bien que las contestemos por escrito
y así no alargamos más esta intervención? (Asentimiento.) Hay muchas
cosas que ya están contestadas y sobre otras le tengo que decir que soy
incapaz de contestar en este momento. Se las contestaremos encantados.
En relación a la intervención del señor Milián, del Partido Popular, diré
que el primer tema sobre lo que sabían y no sabían los inversores ya está
contestado. No debemos imputar ninguna responsabilidad a los inversores,
pero al mismo tiempo hay que hacer un llamamiento a la cautela y hay que
clarificar exactamente qué es lo que sabían. No tienen responsabilidad;
al revés, son las contrapartes las que han actuado irresponsablemente
frente a ellos. Ellos han puesto el dinero y tienen derecho a
recuperarlo. Son los perjudicados de este asunto. Que no quepa ninguna
duda sobre esto.
Quisiera tocar otros dos temas. Yo comprendo la posición de S. S. de
rechazar cualquier inversión en valores, pero tampoco hay que llevarlo
hasta esos extremos. Por lo menos hay doscientos profesionales en la
Comisión que no quisiéramos perder nuestro puesto si todos los españoles
siguieran el modelo de S. S. Creo que el mercado español es transparente
y solvente. En general, la Comisión recibe críticas por ser demasiado
exigente, porque está al borde en la aplicación exigente y estricta de la
ley y no porque es permisiva. El mercado español --todos los inversores
lo están demostrando con su confianza en él-- es solvente, serio y
transparente.
En cuanto a los países regulatorios, S. S. ha resaltado un asunto que es
importante, y es que a nivel internacional debería irse creando un estado
de opinión para que los tres grandes bloques financieros que se avecinan:
el europeo, el americano y el japonés, luchen conjuntamente, porque los
tres conjuntamente sí tienen capacidad para poner coto a los desmanes de
este tipo de estructuras. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, de acuerdo con la Mesa, entiende
que han quedado perfectamente explicadas las preguntas formuladas. Si
usted quiere podrá reclamar las actas del consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
El señor GIMENO MARIN: Quiero precisar algunos compromisos que ha asumido
y algunos que no sé si ha asumido el presidente de la Comisión, para que
quede constancia.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Tiene la palabra a efectos de
asunción de compromisos.
El señor GIMENO MARIN: Tengo la impresión de que los compromisos que
asumía el presidente eran la estructura de los inversores, para conocer
los tramos, que se remitiría a la Mesa, y las actas del consejo de la
Comisión Nacional de Mercado de Valores, incluido el consejo
extraordinario último, que tiene que ver con esta cuestión, es decir,
desde el último trimestre de 1996, porque los datos de los que en estos
momentos tenemos referencia son ésos. No obstante, he solicitado algo a
lo que no ha contestado: la petición de documentación sobre los informes
técnicos. Se ha distinguido entre el nivel del consejo y de los técnicos.
Precisamente porque existe ese doble nivel y existen decisiones de la
Comisión e informes técnicos, le pediría, si es posible, que nos fueran
remitidos esos informes técnicos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández de España): En cuanto a los informes
técnicos, querría aclarar algo. Como S. S. sabe, la Comisión está sujeta
a un secreto profesional que está impuesto por la Ley del Mercado de
Valores, recogiendo una directiva europea. Ese secreto profesional existe
en garantía de los supervisados, para que cuando éstos entregan
información o documentos a la Comisión sepan que, salvo unos casos
tasados, no van a salir nunca de la Comisión. Esto facilita la obtención
de datos de los supervisados. Es una norma de carácter europeo, no algo
que haya impuesto la Comisión.
Estoy encantado de enviar los informes técnicos porque no tengo nada que
ocultar, pero tendría que preguntar al letrado
de esta Mesa y a la asesoría jurídica de la Comisión si jurídicamente eso
es posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, ¿se da por suficientemente contestado?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Sólo quiero hacer una mínima precisión
aclaratoria.
No sé si he hablado de responsabilidad de los inversores. Si lo he dicho,
evidentemente no se me ha entendido bien o yo me he equivocado. Lo digo
por la observación que me ha hecho. Si lo he dicho, me refería a la
responsabilidad volitiva no a la jurídica, es decir, la responsabilidad
de la persona antes de jugar sus ahorros o su patrimonio en tomar una
decisión. Nada más que eso. Líbreme Dios de hablar de responsabilidades
jurídicas respecto a un hecho que es legítimo por su parte.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA SEXTA
REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO ASIATICO DE DESARROLLO (Número de
expediente 121/000093).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, le voy a hacer una propuesta
atractiva. Podríamos dejar descansar un rato al señor presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y entre tanto nosotros
tramitábamos ese proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Magnífico.
Si les parece bien, modificamos el orden del día de la Comisión de hoy y,
a continuación, pasamos a examinar el punto correspondiente a la
ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley por
el que se autoriza la participación del Reino de España en la sexta
reposición de recursos del Fondo Asiático de Desarrollo. ¿Se ratifica?
(Asentimiento.) Queda ratificada esta ponencia.
--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN LA
SEXTA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO ASIATICO DE DESARROLLO (Número de
expediente 121/000093).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto siguiente:
Dictaminar el informe emitido por esta ponencia.
Ha sido formulada una enmienda al proyecto de ley que sigue viva tras el
informe de la ponencia por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
para cuya defensa tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: El proyecto de ley viene a cuantificar, por un
lado, la contribución al Fondo Asiático de Desarrollo por parte de
nuestro país y, por otro, se autoriza al Gobierno a destinar al Fondo de
Ayuda al Desarrollo 1.669 millones de pesetas, de acuerdo con lo que
decida la Junta de gobernadores.
Nuestra enmienda pretende añadir un punto 4 a este proyecto de ley con el
objetivo de orientar el destino de ese dinero por entender que el
desarrollo económico de un país no debe de llevar consigo el agotamiento
de sus recursos naturales y por ese viejo dilema de dar un pez o enseñar
a pescar, suponiendo que queden peces en el río en cuestión. Queremos que
nuestro Gobierno defienda en la región, en los distintos órganos, que el
dinero vaya destinado a garantizar de forma directa las condiciones de
vida de los pueblos que van a recibir estos fondos para que vayan creando
condiciones de desarrollo, no solamente de algunas empresas o propiedades
de algunos de los gobernantes de esos países, que esa ayuda esté ligada a
la creación de empleo, a la estructura productiva endógena, al
reconocimiento de derechos laborales y sociales de los propios
trabajadores. En suma, estimamos que se debe apoyar más bien el
desarrollo de esos países que la relación comercial
exportadora-importadora o la explotación o sobreexplotación de
determinados recursos naturales, que están hoy en condiciones bastante
limitadas en el concierto internacional.
El objetivo de nuestra enmienda es que este dinero que se le otorga al
Fondo Asiático vaya ligado a un desarrollo social y sostenible en los
países que lo reciban, a proyectos que libremente allí se decidan y que
no tengan sólo una relación económica. Pretendemos que la contribución a
este Fondo Asiático nos se limite a reponer recursos, sino que se apoye
el desarrollo de esos países en cuestión. En todo caso, es una enmienda
que no pone en cuestión ni el objetivo, destinar dinero a estos países
asiáticos, ni la cuantía, sólo pretende que nuestro Gobierno sea
vigilante para conseguir esa utilización más racional y equilibrada de
los recursos que España pone en estas actuaciones, manteniendo también
que nuestra posición se lleve a cabo dentro de los órganos rectores que
gestionan estas ayudas, no unilateral, defendiendo esos criterios.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para defender su
posición en relación con la enmienda de Izquierda Unida? (Pausa.)
Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra brevemente el señor
Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: El Grupo Popular se va a oponer a la enmienda
de Izquierda Unida porque, si se me permite la expresión, que quizá no es
propia de este foro pero que viene a cuento, no es el momento procesal
oportuno. Cuando el Gobierno del Reino de España, el 14
de febrero de 1986, se integró en el Banco Asiático para el Desarrollo
asumió lógicamente los compromisos y los criterios que allí se
compartían; ésa es la tónica al ser un convenio de carácter multilateral
y multinacional que hay que necesariamente que seguir. No nos parece que
sea el momento oportuno para que un Parlamento nacional cambie los
criterios fundacionales que, por otra parte, se han visto arropados
precisamente porque en el debate de los objetivos entre la junta de
directores de los bancos que se incluyen en el Fondo Asiático de
Desarrollo se ha tenido en cuenta, de cara a esta sexta reposición de
recursos, que se respeten criterios como el desarrollo económico, la
reducción de la pobreza, el desarrollo humano, la participación de la
mujer en el desarrollo y el respeto al medio ambiente. Con ello se da por
entendido que se están defendiendo criterios tales como el desarrollo
sostenible y el respeto al medio ambiente, por lo que apoyar esta
enmienda nos parece una redundancia.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez Segura.
El señor PEREZ SEGURA: En relación a la enmienda presentada por el Grupo
de Izquierda Unida, la opinión del Grupo Socialista es concordante con la
que acaba de manifestar el portavoz del Partido Popular. Si se aprobase
la enmienda presentada constituiría una redundancia en los objetivos
operativos que la resolución número 247, de la que emana esta ampliación
de recursos, ya viene a exponer. Estos objetivos que ya se han relatado
son cinco. La adopción formal de los mismos subraya expresamente la
importancia que se atribuye a las cuestiones sociales y medioambientales
y al concepto subyacente de crecimiento equitativo y sostenible. Para no
ser redundantes, este proyecto de ley es eminentemente técnico, tiene
pocos artículos y hacen referencia exclusivamente a los aspectos
financieros, lo que no quiere decir que en el objetivo que emana de la
reposición de fondos del Fondo Asiático no se tengan en cuenta estos
criterios y estas prioridades operativas.
Por lo que hace referencia al proyecto de ley en su conjunto, vemos con
una cierta preocupación una baja notable y constante de aportaciones.
Incluso el 0,78 por ciento, que era la participación del Estado español,
se ha visto rebajado al 0,50 por ciento por razones presupuestarias,
técnicas, como el encaje entre el tanto por ciento de capital con las
cantidades aportadas al Fondo, y administrativas mucho más peregrinas
como, por ejemplo, la utilización de esta rebaja como método de gestión
para poder graduar el incremento de presencia de personal en Manila en
los órganos administrativos.
Por la documentación que se nos ha aportado, vemos que la tasa de retorno
es sólo del 38 por ciento. El objetivo que tiene que tener todo Gobierno
es intentar que en estos organismos multilaterales se pueda incrementar
la tasa de retorno. Aparte de estas consideraciones de carácter técnico,
la posición del Grupo Socialista es favorable al conjunto del proyecto de
ley que se nos propone.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la enmienda de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar el texto del informe de la ponencia.
¿Quiere algún grupo parlamentario solicitar votación separada? (Pausa.)
Pasamos a votar el conjunto del informe de la ponencia junto con la
exposición de motivos que, en el caso de ser aprobada, pasará a llamarse
preámbulo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. Por consiguiente,
queda aprobado el informe de la ponencia junto con la exposición de
motivos que pasará a denominarse preámbulo, quedando, por tanto,
dictaminado por la Comisión. Pasará al Pleno de la Cámara por tratarse de
un acuerdo en materia de convenios internacionales.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES (FERNANDEZ-ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA) (CONTINUACION) PARA:
--INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES DE LEGALIDAD DE LA OFERTA PUBLICA DE
VENTA DE ACCIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA).
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de
expediente 212/000794).
El señor PRESIDENTE: Reanudamos el orden del día con la comparecencia del
señor Fernández-Armesto, presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, a los afectos de informar nuevamente a esta Comisión sobre
las condiciones de legalidad de la oferta pública de venta de acciones de
la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).
Intervendrá, en primer lugar, el presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para exponer el criterio de la Comisión; a
continuación, el Grupo Parlamentario Socialista que ha sido el
solicitante de la comparecencia y, posteriormente, los grupos
parlamentarios conforme es habitual y se desarrollan estas
comparecencias.
El señor Fernández-Armesto tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Muchas gracias, señor presidente.
Sus señorías deberían de tener --y se lo entrego
ahora, con el permiso de la Presidencia-- la documentación relativa a la
operación Endesa-Enersis que voy a manejar durante mi comparecencia.
La controversia que subyace de mi comparecencia se centra en los acuerdos
para la toma de control de la empresa eléctrica chilena Enersis por
Endesa. Respecto a la legalidad de la OPV realizada por SEPI de las
acciones de Endesa, que alcanzaba 260 millones de acciones y cuyo folleto
fue verificado por la Comisión, de acuerdo con el real decreto de
emisiones, no me cabe ninguna duda, y creo que tampoco le cabrá ninguna
dudaalGrupo Socialista y a SS. SS. El folleto que fue verificado es un
documento preparado por el oferente y el emisor, en este caso por SEPI y
por Endesa, en el que, bajo su responsabilidad, informan al mercado de
los datos necesarios para que los inversores puedan formarse un juicio
completo y razonado. La verificación por la Comisión consiste en
comprobar que la obligación legal de informar se cumple en su aspecto
formal y aparente. La Comisión, por supuesto, no puede comprobar la
veracidad y suficiencia interna de la información, y el folleto contiene,
por mandato legal, una referencia expresa a la neutralidad de esta
verificación.
La operación de Enersis. La controversia en cuanto a la OPV y la
información de que se disponía se genera porque en el proceso de
colocación de las acciones en España surgen determinados problemas por
cierta contestación social en Chile en torno a la alianza de Endesa con
la eléctrica Enersis. La toma de control de Enersis por parte de Endesa
fue comunicada a la Comisión y, por tanto, al mercado, el 1 de agosto de
1997, mediante el registro de un hecho relevante. El hecho lo tienen
ustedes en los documentos que les he entregado; es el primer documento.
Contiene abundante información. Si se lo miran ustedes verán que tiene
gráficos, mapas, anexos, anexos numéricos, cuadros y que es francamente
extenso. El hecho relevante, por tanto, contiene abundante información
sobre lo que supone la operación y el acuerdo estratégico entre ambas
compañías. En él se informa de las condiciones de adquisición de control,
que se instrumenta a través de varias OPA sobre diversas sociedades de
inversión, conocidas en Chile como las chispas. El hecho recoge incluso
un esquema con la compleja estructura del grupo chileno. Esta es una
información que tuvo el mercado desde el 1 de agosto y que estaba
recogida, incluso ampliada, en el folleto de la OPV de 23 de septiembre.
Lo tienen ustedes a continuación, en el capítulo III-8 del folleto, en el
que se da también extensa información sobre la operación Enersis.
Dado que el grupo Enersis cotiza en Nueva York, Endesa presentó ante la
SEC, que es el regulador de los mercados en Estados Unidos, una
declaración de participación significativa en Enersis. Esta declaración
tiene fecha de 17 de septiembre, unos días antes de la verificación del
folleto de la OPV, que fue el día 24. Como complemento de esta
declaración de participación significativa, Endesa presenta ante la SEC,
en anexos a su declaración, el resumen de determinados contratos con
algunos socios de Enersis, los llamados gestores clave, los directivos de
Enersis, y el resumen de su alianza estratégica con la eléctrica chilena.
Endesa actúa así porque el ordenamiento americano exige que junto a la
declaración de participación significativa se adjunte un resumen de los
contratos en virtud de los cuales se ha adquirido esta participación. Por
lo tanto, Endesa actuó correctamente cuando el 17 de septiembre presentó
su declaración de participación significativa ante la SEC, y en esa fecha
no hizo declaración alguna en España porque en España no tenía por qué
hacer declaración alguna de participación significativa en una empresa
chilena no cotizada en España.
Los acontecimientos en Chile. Sin embargo, se demostró que la información
anexa a la declaración de participación significativa, aunque no
relevante para la OPV de Endesa, sí resultó muy relevante para la opinión
pública chilena. En efecto, en esa declaración ante la SEC se detallaba
el acuerdo estratégico previsto entre Endesa y Enersis, y alrededor de
éste se desató una fuerte polémica social en Chile, pues los pactos se
percibían allí como sesgados a favor de Endesa. Como resultado de esta
polémica comenzaron a surgir problemas en relación a la compra de Enersis
por parte de Endesa, problemas que son de cuatro categorías: Primero,
hubo problemas con el regulador chileno, con la Superintendencia de
Valores y Seguros, que impuso sanciones a Elesur, la filial de Endesa en
Chile, por utilizar información privilegiada y a los gestores clave con
los que Endesa había negociado por haber incurrido en conflicto de
interés. En segundo lugar, problemas con el resto de los accionistas
significativos de Enersis, ya que éstos consideraron que la alianza
estratégica había sido firmada por el presidente de Enersis
extralimitándose en sus competencias. En tercer lugar, problemas con
Inversiones Luz, la única chispa en la que Endesa no consiguió la
mayoría, lo que ponía en duda la capacidad de Endesa de controlar Enersis
en su totalidad. En cuarto lugar, dudas sobre la validez jurídica de la
titularidad de las acciones de las chispas adquiridas por Endesa.
La tormenta social en Chile fue creciendo a partir del día 17 de
septiembre, hasta el punto que exigió, en opinión de la CNMV, que se
pusiera en el transcurso de la OPV, información adicional a disposición
del público español. ¿Qué hizo la Comisión? Por este motivo la CNMV
adoptó dos medidas. En primer lugar, obligó a Endesa a publicar en España
la comunicación de participación significativa registrada en la SEC, con
todos los anexos, y Endesa cumplió registrándolo como hecho relevante el
día 14 de octubre, aunque sin traducir al inglés. Tienen ustedes aquí,
como documento número 3, este hecho relevante de 14 de octubre, y anexado
tienen ustedes la comunicación de participación significativa hecha en
Estados Unidos y el factor que había creado la polémica; al final, los
resúmenes de los contratos entre Endesa y la empresa chilena Enersis.
En segundo lugar, la Comisión entendió que entraban en juego y, por
tanto, se activaba, el cumplimiento del artículo 22 del real decreto de
emisiones, que contempla la posibilidad de que en el transcurso de una
OPV se produzcan acontecimientos que no estén recogidos en el folleto
inicial. En virtud de este artículo la CNMV requirió a Endesa para que
registrara información adicional sobre la situación de su inversión en
Chile y, además, que lo hiciera en forma de un suplemento al folleto de
la OPV. Tienen ustedes
en el documento número 4 el suplemento al folleto presentado por Endesa
el día 18, que comienza diciendo: A requerimiento de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
El contenido del suplemento del folleto clarifica cuál es exactamente la
situación jurídica y financiera de la inversión en Chile por parte de
Endesa. Dado que la fecha en que fue publicado este suplemento del
folleto, cuando ya había finalizado el plazo para que los inversores
individuales pudieran revocar sus mandatos de compra, pero antes de la
fecha de perfección de la oferta, SEPI, permitió a los inversores que el
lunes posterior a este folleto, que era el último día posible, revocaran
su oferta de compra, y un número no significativo de compradores hizo uso
de esta facultad.
Para finalizar, quiero señalar que excepto en el caso de los contratos
privados firmados entre Enersis y Endesa referidos a la alianza
estratégica y los firmados con los gestores que fueron presentados en la
SEC antes que en la Comisión, el resto de la información referida a los
acuerdos ha sido debidamente registrada y difundida en el mercado español
y ha estado en todo momento a disposición del público en los registros de
la Comisión y en su web en Internet. Entre el 31 de julio y el 29 de
diciembre de 1997 Endesa ha comunicado nada menos que 27 hechos
relevantes relativos a su inversión en Enersis. Tengo la impresión de que
es el récord en cuanto a información en operaciones comunicadas a la
Comisión.
Si me preguntan SS. SS. si la actuación de Endesa puede considerarse
contraria a las buenas prácticas que la Ley del Mercado de Valores exige,
les diré que en su día los servicios de supervisión de la Comisión
estudiaron el caso y no concluyeron en la necesidad de proponer ninguna
actuación contra Endesa, si bien es cierto que tuvo que ser requerida
para que aportara determinada información que diligentemente debería
haber registrado sin ese requerimiento. Tampoco se ha recibido en la
Comisión reclamación alguna por parte de ningún inversor, ni sobre el
contenido del folleto ni del momento en que se registra su suplemento, lo
que prueba que ningún inversor sintió mermados sus derechos de
información.
Creo que he batido mi récord de brevedad en contestar a una solicitud de
comparecencia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Vamos a ver si los grupos
parlamentarios le acompañan en esa colaboración con el buen orden del
trabajo de la Comisión.
Además del Grupo Parlamentario Socialista, solicitante de la
comparecencia, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Intentaré ajustarme a sus recomendaciones,
señor presidente, toda vez que lo que le cumplía informar al presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entendemos que lo ha
hecho. Lo ha hecho con generosidad hacia Endesa y con generosidad hacia
el mercado, si bien es cierto que desde luego no era nuestro deseo el que
de aquí salieran imputaciones, sino que saliera transparencia. En ese
sentido, quizá le puedo sacar de una sorpresa al señor Fernández-Armesto
en relación al récord de modificaciones o de informaciones sensibles que
Endesa haya podido producir en la Comisión en los últimos meses en
relación con su situación bursátil. Creo que se ha cumplido el récord de
falta de profesionalidad y creo que se ha cumplido el récord de
negligencia de una empresa en los mercados internacionales. Desde luego,
la situación de Endesa en la operación de Enersis en Chile creo que ha
cumplido con mucho la expectativa de cualquier pesimista en relación a lo
mal que se puede hacer una operación; probablemente por eso se explique
esa desbordante actividad de información, y no por un deseo de
transparencia, que sin duda alguna no se ha cumplido.
Después de lo que ha comentado y de algunas cosas que han ido surgiendo
en informaciones previas a su presencia aquí hoy y del propio presidente
de Endesa, digamos que Endesa ha estado en el límite siempre. Yo creo que
lo que ha pasado en esta operación, en la que al final la Comisión ha
dado ese título de legalidad a las actuaciones de Endesa, pone de
manifiesto que en la próxima Ley del Mercado de Valores, si es que algún
día ve la luz el debate en esta Cámara porque ya va siendo casi un
incunable el documento depositado en el registro, tendremos que
considerar algunas de las cuestiones que aquí han surgido, porque es
evidente que aunque con la legislación en la mano probablemente se ha
cumplido el trámite, probablemente también no se ha cumplido con el
espíritu de esa ley. Sin duda alguna Endesa ha tenido que ser requerida y
yo creo que la Comisión ha cumplido su papel, ha cumplido su papel
sacando de la pasividad y del obstruccionismo la actitud de Endesa en
este asunto. Diría que ha cumplido su papel incluso con un exceso de celo
en horarios, días y momentos no habituales dentro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, yo creo que para suplir una negligencia de Endesa
y probablemente para tranquilizar incluso a otros operadores del mercado
que pudieran haber visto con preocupación la falta de celo con la que
Endesa estaba actuando en este asunto.
En cualquier caso, el comportamiento de Endesa y el balance que de esta
operación haya que extraer, al margen de las conclusiones que aún no se
pueden sacar porque el tema sigue su marcha en la jurisdicción chilena,
existe un triste récord también, y es el de haber sido sancionada, es
verdad que en proceso de recurso, en otra institución hermana a la suya,
como es la Superintendencia de Valores en Chile, el equivalente a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en ese sentido es evidente
que la opinión respecto a la pulcritud con la que Endesa ha cumplido todo
este trámite no es compartida por otros órganos.
De todas formas, en relación con esta operación, creo que es evidente que
Endesa debía haber actuado de otra manera. Es obvio que después de
conocer el balance de los comportamientos jurídicos, muy probablemente
también el récord de ingenuidad, por llamarlo de la forma más generosa
que se me ocurre en este momento, de Endesa en relación
con esta operación tampoco tiene Parangón en una operación en la que, le
recuerdo a la hora de enjuiciarla se está hablando de 250.000 millones de
pesetas, es decir la operación de inversión extranjera en una empresa
pública más importante que haya tenido la historia de España. Y en lo que
no puedo coincidir con usted, señor presidente, es en que, aunque se
estuviera dentro del límite de la ley, no estaba afectando al mercado.
Evidentemente es algo que habrá que corregir en el futuro. Esa operación
hecha en el mercado chileno, con sus ramificaciones en el mercado
norteamericano, sin duda alguna estaba afectando a la valoración, a la
percepción y a la seguridad con la que los accionistas tenían que hacer
frente a decisiones inmediatas. Uno de los problemas fundamentales, desde
mi punto de vista, es la falta de transparencia y la negligencia con que
actuó porque, si se me permite incluso la anécdota, el servicio jurista
de Endesa ya sabemos que es lento y torpe, pero que el de traductores
tarde 17 días en traducir un documento por lo menos ofrece dudas respecto
al interés y al celo con el que la empresa tomó las recomendaciones y las
solicitudes de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Endesa no es una empresa impetuosa a la hora de cumplir, y me quedaré
ahí, no es impetuosa a la hora de cumplir con las recomendaciones de la
Comisión. A nosotros nos tranquiliza ver que la Comisión sigue cumpliendo
su función. Es cierto que, incluso aunque se haya cumplido legalmente,
algún apéndice o alguna recomendación debería tener la Comisión, no sé si
oficial u oficiosamente, para que estas cosas no vuelvan a repetirse por
parte de Endesa. Provisionalmente nos quedamos tranquilos con que la
Comisión ha cumplido su función, con que se le da el marchamo --recuerdo
algún certificado de máxima solvencia que se le daba por otros bancos
internacionales a entidades aragonesas, aunque éste no es el caso-- de
legalidad al comportamiento de Endesa, pero desde luego nosotros, fuera
de la legalidad, el planteamiento del análisis político de las
responsabilidades y de la negligencia lo seguimos manteniendo intacto.
Las propias comparecencias del presidente de Endesa han venido a
acreditar que nuestras preocupaciones estaban algo más que justificadas y
desde luego han sido después acreditadas por comportamientos, repito, que
estaban en el límite de la legalidad. Una empresa como ésta, con el nivel
de actividad financiera y de modificaciones que se han producido en los
últimos meses, debería haber tenido mayor diligencia a la hora de
informar a los mercados que por otra parte, sin lugar a dudas, hubieran
dado la misma respuesta que han dado hasta ahora. Me da la impresión de
que ha habido demasiados temores por parte de la compañía, y además, ¡qué
quiere que le diga!, probablemente no sabemos el efecto real que después
eso llegó a tener en los mercados. Siempre que hablamos de estas dudas se
nos hace referencia a la cotización hoy en el mercado de esta compañía
con relación a algunos meses atrás, como si con ello los mercados
aprobaran la operación. Usted bien sabe, porque lo conoce, que en
absoluto esto ha sido así y que no hay por qué correlacionar unos hechos
con otros. El comportamiento, desde nuestro punto de vista, ha sido un
comportamiento lento, negligente y desde luego con una evidente falta de
transparencia; ya sabemos, porque usted lo dice hoy, que, sin embargo,
con una situación de legalidad, al menos mientras no se demuestre otra
cosa.
Quisiera atender la recomendación del presidente no yendo más allá, pero
aprovecharé la comparecencia para hacer un recuerdo. Ya sabe usted que en
el tema de Endesa y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
seguimos en deuda. Ya sé que se está trabajando, pero le volvería a
pedir, una vez más, diligencia para concluir un expediente que tiene que
ver con las OPV, y que, evidentemente, no se nos ha olvidado. Cada vez
que Endesa hace una operación de este tipo tiene escasa fortuna, por
volver a ser generoso en la calificación de sus actuaciones. Pero quiero
recordarle que con las OPA en relación a Fecsa y a Sevillana y los
expedientes de actuaciones e informaciones, cuando el expediente que la
CNMV concluya, estamos al límite de lo conveniente. En ese sentido, como
me consta su disposición a que esto concluya lo antes posible, anótelo
como una colaboración nuestra a que esto termine en el menor plazo de
tiempo posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: En primer lugar quisiera agradecer la información
que nos ha aportado por escrito; comprenderá el señor presidente que no
nos haya dado tiempo a procesarla, pero estimo que tanto la información
que se nos ha dado verbalmente como la ofrecida por escrito es
exhaustiva. En todo caso, creo que la actuación fuera de nuestro país de
una empresa del peso que tiene Endesa es un ejemplo de la forma de actuar
de un país, y desde mi punto de vista la actuación de Endesa en el caso
de Enersis no ha sido un buen ejemplo. A mí me gustaría que este volumen
de operación, cifrado en torno a 200.000 millones de pesetas, tuviese las
garantías de que se hace --según usted nos ha dicho-- mediante dos
actuaciones, que Endesa cumplió. Pero esas actuaciones se las reclamaron
porque no las había cumplido, si lo hubiese hecho, no se le hubieran
reclamado.
Me gustaría hacerle tres demandas de información, añadidas a las que
usted nos ha aportado. Nos ha dicho que, además del requerimiento que
Endesa publicó el 14 de octubre en España, se abrió un plazo de un día
para revocar la oferta de compra por las personas que quisieran. Nos
gustaría conocer el volumen --dice que algunos lo usaron-- de ese uso
revocando su oferta de compra. La segunda cuestión que nos ha comentado
es que Endesa ha presentado --y usted decía que era un récord de claridad
o de relación-- 27 informes, ¿es normal tanta modificación? ¿En una
actuación de mercado es normal realizar 27 informes sobre la misma
actuación? Sé que por el volumen así puede parecer. ¿Es que se ha ido
haciendo, como decimos en el sur, de forma un poco chapucera, con cierta
improvisación, con una actuación poco clara, o con un poco de uso y abuso
de información privilegiada o con un uso, desde la dirección de la parte
de Enersis que participó en la operación,
no libre o no transparente? ¿Es normal ese volumen? ¿Se ha dado en otros
casos o simplemente es una constatación lo que usted nos ha dicho cuando
nos daba ese dato?
Al terminar su intervención nos ha dicho que ha habido una información
adicional por parte de Endesa, ¿cuál ha sido esa información adicional?
Al final de su intervención, después de explicar esto, 27 informes, ha
dicho que había una información adicional. ¿Cuál es y cómo se ha
producido esa información? Por último, usted afirma que se ha cumplido la
legalidad pero, ¿se ha abierto expediente por una comisión similar en el
caso de Chile? Tanto lo ocurrido como las sanciones se deban a que a lo
mejor no se ha cumplido en parte la legalidad de origen; el escándalo se
ha producido allá, al igual que la demanda o la exigencia social, por la
actuación de la propia empresa. Si ha sido así, preguntamos si está
concluido el expediente y el contenido del mismo.
Al margen de la rapidez --la operación fue en el mes de agosto de 1997,
que es un mes regular de hábil, aunque muy hábil para algunas cosas, por
lo que parece--, si existiera alguna precisión que se pudiera detraer del
propio informe nosotros se la haríamos llegar, siguiendo los usos
reglamentarios, como información por escrito. Queremos constatar que ha
habido una actuación por parte de la Comisión que en el caso anterior
quizá haya sido de manera diferente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Milián Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: También voy a ser breve.
Simplemente quiero decir que la operación que se produjo en su día fue
una operación que, a la postre, se evidenciará de alta rentabilidad no
solamente para los intereses de sus accionistas sino para los intereses
estratégicos generales en América y en España. En consecuencia, errores o
lapsus los puede tener cualquier persona, y podría citar aquí algunos del
pasado; verbigracia el caso de Líneas Aéreas Argentinas, sobre el que me
hinché de intervenir ante el señor Eguiagaray; verbigracia el caso de las
centrales eléctricas compradas en Buenos Aires, que hubo que rehacer
tecnológicamente de arriba abajo porque estaban obsoletas, etcétera. Es
decir, errores humanos los puede tener cualquiera.
Por lo tanto, no hay que cebarse y vale la pena matizar una operación de
la envergadura que ha tomado Endesa, en este caso Enersis-Endesa, en toda
América. El otro día en la comparecencia del señor presidente de Endesa
--por lo tanto, él tenía que responsabilizarse ante el señor Hernández
Moltó-- le hizo un aviso y le decía: Si algún día aquí tiene lugar una
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con seguridad, si se lo pregunta, se lo dirá así. (Este es uno de
los párrafos que he seleccionado.) En otro dice: Podría calificar de
excesiva en relación con nuestra alianza estratégica (hablaba entonces de
la información). Y seguía diciendo: Es más, son tantas las comunicaciones
de hechos relevantes que hacemos a la citada Comisión que alguien de la
organización de Endesa dice, con seriedad pero con buen humor, que casi
deberíamos de operar al revés y decir: hoy no ha habido ningún hecho
relevante en Endesa que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, porque así nos ahorraríamos bastante burocracia.
Hay muchas citas interesantes que podría seguir comentando aquí, pero a
mí me gustaría subrayar la primera, la mencionada por el propio
presidente cuando ha dicho --si no recuerdo mal-- que entre julio de 1997
y el 21 de diciembre de 1997 Endesa ha emitido informaciones sobre 27
hechos relevantes que tienen que ver con Enersis, algunos de los cuales
conozco; por cierto, si mi información no es falsa, creo que se ha dado
la confirmación de que Endesa ha acabado comprando el 33 por ciento de
Luz, lo que quiere decir que pasar del pequeño inicio a este paquete de
acciones da a la compañía una posición estratégica y política muy grande.
Al mismo tiempo Luz ha correspondido a la venta de las acciones que tenía
en Enersis, un 2,86 por ciento, lo que se ha combinado para hacer una
operación conjunta. Es decir, es evidente que aquí estamos ante un error
que pudo haber en su momento y que se subsanó de forma inmediata, que
medió un domingo y, a posteriori, el lunes se abrió por SEPI la
posibilidad de rehacer las operaciones en quienes habían invertido, y
casi nadie lo hizo.
Por lo tanto, hay un dato muy claro y muy explícito, que nadie desconfió
de la información que había recibido y casi todo el mundo
mayoritariamente fue a buscar la consolidación de un valor que habían
adquirido, previa a esa información que se produjo, porque la Bolsa de
Nueva York intervino al tener conocimiento de la intervención de más de
un 5 por ciento adquirido en el caso de Enersis. Consecuentemente, es un
hecho más bien reflejo, y yo entiendo que ese hecho que nos viene
reflejado desde Nueva York se corrige de alguna manera a posteriori de
una forma inmediata que no incumbía necesariamente, según tengo
entendido, a las prioridades o a las exigencias de la propia Comisión
Nacional del Mercado de Valores; por tanto fue un complemento que se
añadió inmediatamente y que dio lugar a la posibilidad de rectificar
algunas inversiones en el supuesto que lo quisieran hacer, que casi nadie
lo hizo. Eso a mí me parece un dato importante y significativo a
considerar.
Segundo, es un hecho cierto que la actividad de la operación de
Enersis-Chile ha marcado una estrategia nueva de gran dimensión para una
compañía tan importante como Endesa, y de dimensión globalizante, y
cuidado, que yo antes he hecho una crítica severa a la globalización, y
tengo que decir que ahora se produce nuestro valor añadido y nuestra
solidez económica a favor de accionistas de países emergentes a los que
se les puede mejorar su propia condición, con lo cual estamos haciendo
una aportación muy importante, igual que la hacen los empresarios que
bajan al norte de Africa, sobre todo al Magreb, a invertir con sus
fábricas para consolidar una situación demográfica y ayudar a paliar la
incapacidad o la insuficiencia de su economía. Consecuentemente, estamos
haciendo una cooperación importante a escala iberoamericana, y yo diría
que a escala global, conforme he leído en algunos informes.
Esto no es óbice para reconocer que en este caso el grupo Endesa crece y
se desarrolla en Centroamérica, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y
República Dominicana, y se convierte en la principal compañía
internacional de Iberoamérica, y al mismo tiempo se convierte en alianza
combinada de Endesa y Enersis y sitúa al grupo en una dimensión mundial
que antes el grupo no tenía, lo cual viene a continuación a consolidar
una serie de posibilidades reales, no solamente en la operatividad de la
empresa, sino incluso en la rentabilidad de la empresa y en aquellos
ahorradores que sí invierten aquí con mucha tranquilidad, no como ocurría
en el caso anterior.
Solamente aportaré un dato. Los estudios que se han hecho sobre el
impacto de la OPV de Endesa y su desarrollo en este caso arrojan unas
perspectivas a largo plazo que son las siguientes: Endesa tiene un
incremento de su valor en 873.619 millones de pesetas desde primeros del
año 1997, ha incrementado su valor en 856.818 millones de pesetas desde
la incorporación del nuevo equipo de gestión, e incrementó su valor en
719.000 millones de pesetas desde el cese del Gobierno anterior hasta la
OPV. Es decir, no ha sido tan equivocada la política, el grupo ha sido
consolidado. Un pequeño error humano puede tenerlo cualquiera, no creo en
la mala voluntad, porque se corrige en seguida y se abre por SEPI la
puerta a una rectificación inmediata a aquel accionista que quiera
corregir, y puesto que la entrega de la información fue un sábado tiene
el lunes para poder hacer la operación, y el resultado ha sido
reafirmación y valores al alza de forma continuada. Yo creo sinceramente
que es un argumento apodíctico, y se puede lamentar, señor Hernández
Moltó, de que haya habido una posible no digo infracción, puesto que a
tal no llega y así lo manifiestan los informes que he leído de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino una insuficiencia que
viene rebotada por una actuación de la Bolsa de Nueva York y, eso sí, un
escándalo que viene dado por intereses en Chile de otra naturaleza que yo
no alcanzo a comentar, y no creo que sea nuestro caso. Yo conozco a
personas que intervinieron en esa operación en Chile y son personas de la
más alta honorabilidad pública, política y social que hay en Chile. En
consecuencia, me parece que el error se puede pagar, pero tampoco hay que
exagerar un pequeño error, en este caso puramente informativo y
corregible.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para contestar, tiene la
palabra el señor Fernández-Armesto.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
(Fernández-Armesto Fernández España): Muy brevemente, antes de que nos
venza el hambre a todos.
Al señor Hernández Moltó quiero agradecerle, primero, su valoración de
que la Comisión ha cumplido su función. La máxima remuneración que
recibimos es el reconocimiento de los representantes del pueblo de que
hemos cumplido nuestra función.
En segundo lugar, en cuanto a la valoración de la actuación de Endesa, no
ha habido una voluntad de ocultar información --así concluyó la
investigación que han hecho los servicios de la Comisión--; lo que sí ha
podido haber es una descoordinación entre la información que se dio en
Estados Unidos por un bufete americano en un marco jurídico diferente y
que era una información centrada en la participación significativa o el
control de la empresa chilena. Cuando esta descoordinación tuvo un
impacto sobre el mercado español, se corrigió.
Ultimo punto. Soy muy consciente, señoría, de que mi primera
comparecencia en esta Comisión en relación a Endesa no está cerrada. Como
S. S. sabe, existe una serie de expedientes abiertos; como S. S. sabe, el
plazo legal para cerrar los expedientes es un año; como S. S. sabe,
porque lo he dicho públicamente, son expedientes sobre información
privilegiada, en los cuales la seguridad jurídica y la garantía de los
imputados son elementos fundamentales. Créame que antes de que venza el
plazo legal serán terminados y que S. S. será, si el presidente me
convoca, debidamente informado.
Al señor Ríos, de Izquierda Unida, le diré que, en cuanto al número de
revocaciones que se produjeron ese lunes posterior al sábado en el cual
se había publicado el suplemento del folleto, es una cifra pequeña. Es
decir, comparativamente con el millón de inversores que habían comprado
acciones de Endesa, el número de los que revocaron fue un número bajo. No
lo tengo a mano, pero es inferior a 20.000. Estoy citando de memoria,
pero si S. S. desea la precisión, es un número que tenemos en la Comisión
con absoluta exactitud.
Segunda pregunta de S. S.: ¿son normales tantos hechos relevantes? Pues
no. Ha sido una operación que ha tenido tales vicisitudes que ha generado
un número anormal de hechos relevantes.
En tercer lugar, el tema de Chile. La información de la que dispongo es
que el supervisor chileno, la Superintendencia de Valores y Seguros,
impuso una sanción pecuniaria a Elesur por información privilegiada y que
esta sanción ha sido recurrida ante los tribunales chilenos, pero no es
una información que yo haya constatado con el supervisor chileno. Yo creo
que con esto he contestado a los dos primeros intervinientes.
Estoy de acuerdo con el señor Milián en que nadie desconfió de la
información adicional del suplemento, lo que clarificó la situación
exacta de la inversión en Chile. Es cierto que muy pocos inversores
desconfiaron, y la prueba de eso es que aunque tuvieron la posibilidad de
echarse atrás fueron muy pocos los que lo hicieron, pero eso no quita la
importancia del suplemento, que es muy importante no solamente desde el
punto de vista de la información al público, sino también desde el punto
de vista de la responsabilidad del vendedor, y gracias a Dios la
inversión en Chile, por los hechos relevantes que se han ido depositando
en la Comisión, parece que va por los cauces de solución de los
problemas, pero si esto ha ocurrido así pudo también ocurrir de otra
forma, y haber dejado un folleto como documento de responsabilidad que no
reflejara exactamente la situación real hubiera podido
abrir posteriormente las puertas a la responsabilidad.
Señor presidente, no sé si me dejo algo.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): No creo, señor
Fernández-Armesto. En el caso hipotético de que se dejara algo, no se
preocupe, que ya hubiese levantado la mano alguno de los portavoces. Para
su tranquilidad, le digo que la última Comisión de Economía terminó a las
cinco de la tarde sin interrupción; o sea, que ésta la terminamos a una
hora muy prudencial para que SS. SS. y el presidente de la CNMV puedan
disponer del tiempo restante a lo largo de esta mañana.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.