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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 409, de 10/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 409
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 10 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a demandar de la Unión Europea el
establecimiento de las oportunas negociaciones con la República
Argentina, con el fin de mantener la capacidad extractiva de nuestra
flota en aguas jurisdiccionales de aquel país, preservar los actuales
puestos de trabajo de los marineros españoles, así como a realizar
gestiones bilaterales con el Gobierno argentino en este mismo sentido.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
161/000848) (Página 11980)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para
dejar en suspenso las sanciones comunicadas a los primeros compradores,
como consecuencia de la aplicación de la supertasa láctea, en tanto que
no se resuelvan los recursos presentados ante las instancias
correspondientes. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/000850) (Página 11983)
--Por la que se insta al Gobierno a desarrollar un programa de
potenciación del Instituto Español de Oceanografía. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente
161/000870) (Página 11987)
--Relativa a la reforma de la organización común de mercado (OCM) del
aceite de oliva. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número
de expediente 161/000874) (Página 11989)
--Sobre medidas en apoyo del sector quesero español. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000531) (Página 11994)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEMANDAR DE LA UNION EUROPEA EL
ESTABLECIMIENTO DE LAS OPORTUNAS NEGOCIACIONES CON LA REPUBLICA
ARGENTINA, CON EL FIN DE MANTENER LA CAPACIDAD EXTRACTIVA DE NUESTRA
FLOTA EN AGUAS JURISDICCIONALES DE AQUEL PAIS, PRESERVAR LOS ACTUALES
PUESTOS DE TRABAJO DE LOS MARINEROS ESPAÑOLES, ASI COMO A REALIZAR
GESTIONES BILATERALES CON EL GOBIERNO ARGENTINO EN ESTE MISMO SENTIDO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
161/000848).
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión número 25 de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Les quiero comentar, antes de iniciar el debate de las proposiciones no
de ley incluidas en el orden del día, que las votaciones se realizarán a
partir de las doce y media de la mañana. Les pido a los portavoces que se
ajusten al tiempo indicado en el reglamento para que podamos desarrollar
una sesión lo más acorde con el tiempo disponible.
Por lo tanto, empezamos el debate de la primera proposición no de ley por
la que se insta al Gobierno a demandar de la Unión Europea el
establecimiento de las oportunas negociaciones con la República de
Argentina. Para su exposición, tiene la palabra por el grupo
parlamentario autor de la propuesta, Grupo Parlamentario Mixto, su
portavoz, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): La flota congeladora española
de gran altura, por cierto con matriz mayoritariamente gallega, sufrió en
los últimos años un importante acoso en varios caladeros que le hizo
mermar su presencia en zonas tradicionales de pesca --basta recordar
conflictos como los de Namibia o los de Canadá, algunos de ellos cerrados
en falso-- y, desde nuestro punto de vista, sin que la Unión Europea,
teórica defensora de nuestros intereses pesqueros, actuase con la
contundencia y diligencias necesarias. Esta situación obligó a nuestra
flota a constituir asociaciones temporales de empresas, sociedades
mixtas, muchas de las cuales lo hicieron al amparo del Acuerdo de pesca
de la Unión Europea con Argentina, con vigencia hasta el año 1999.
La situación de nuestra flota en Argentina --yo creo que es una evidencia
para todos-- pasa por dificultades, yo creo que derivadas de la presión
del Gobierno argentino deseoso de afirmar su soberanía sobre la
plataforma marina, y probablemente por cuestiones no solamente pesqueras,
sino por otro tipo de intereses. A mí me parece que esas dificultades
también se derivan de la poca diligencia de la Unión Europea para
defender nuestros derechos.
Podemos recordar que el año pasado tuvo lugar el apresamiento del buque
Arpón, por cierto dentro de los límites permitidos para que este buque
faenase. Quisiéramos también comentar que, a pesar de lo afirmado en su
día respecto a la necesidad de establecer una negociación clara acerca de
la definición de las líneas de base en la zona económica exclusiva de
Argentina de manera que incidentes semejantes no se volviesen a producir,
la realidad es que hasta el momento esa definición de líneas no está
acordada. Conviene recordar, y lo hago aquí, en este foro, que el mes de
mayo está cerca, está a la vuelta de la esquina, y, por lo tanto, la
pesca de la pota, en la que participa nuestra flota con intensidad,
también está cerca. Como no conocemos hasta el momento qué gestiones se
hicieron sobre este tema, esperemos que no se vuelvan a producir
apresamientos por este motivo. Y digo esto como ejemplo, a mí me parece
claro, de la poca importancia que a los problemas de la flota se les
presta desde las instancias encargadas de defender sus intereses, sean
gubernamentales o de la Unión Europea.
Dentro de esa ofensiva contra los intereses de nuestra flota en esas
latitudes aparece ahora la aprobación por Argentina de una nueva ley de
pesca, cuyo desarrollo reglamentario se hará aproximadamente en nueve
meses, y que, de aplicarse a las empresas mixtas, vulneraría las
condiciones establecidas en el vigente Acuerdo de pesca entre la Unión
Europea y Argentina, y supondría, desde el punto de vista del empleo, la
pérdida de aproximadamente 700 puestos de trabajo de marineros,
fundamentalmente gallegos. Y no creo que sea necesario recordarles qué
incidencia tendría eso en algunas comarcas.
La nueva ley, como saben, propone que el 100 por cien del personal de
seguridad de los pesqueros y el 75 por ciento de marinería y maestranza
sean de nacionalidad argentina
o, en todo caso, admite la contratación de marineros extranjeros con 10
años de residencia legal y consecutiva en ese país. Y propone asimismo
otro tipo de obligaciones, como descarga y transbordos, desde nuestro
punto de vista algo limitativos para la libertad de decisión de las
empresas.
Todo eso acontece, como digo, cuando se aproxima el fin del vigente
acuerdo, el año 1999, o cuando existe una indefinición sobre las cuotas
de pesca de que podrá disponer la flota a la que nos referimos. Estamos
hablando de empresas mixtas en Argentina que cuentan con 64 barcos
aproximadamente, que suponen el 53 por ciento del TRB de toda la flota
española en este tipo de empresas y que dan empleo a numeroso grupo de
personas de un modo directo. Unas empresas que, como decía antes,
supusieron la alternativa, seguramente no la mejor ni la deseada, pero la
posible, a la fuerte crisis de los pasados años. Por tanto, desde nuestro
punto de vista, es necesario o parece necesario reaccionar con firmeza y
rapidez y, por tanto, que el Gobierno exija a la Unión Europea la
aplicación de la nueva ley de pesca a los buques de sociedades mixtas o
asociaciones temporales de empresas con capital español. Y hay que
hacerlo porque, si bien es verdad que nosotros no negamos el derecho de
cualquier país a defender sus intereses, también lo es que esa defensa
debe guardar relación con el intercambio con otros. Es decir, que, dentro
de los intereses e intercambios entre la Unión Europea y Argentina, la
defensa de los intereses de la pesca debe ser considerado de primer orden
por la importancia que el sector pesquero español tiene en el conjunto de
la pesca europea y por la importancia económica y social que tiene en
algunas comunidades como la gallega. Y por eso, nosotros pretendemos con
esta proposición no de ley, que esperamos que sea apoyada por los grupos
de la Cámara, instar al Gobierno a demandar de la Unión Europea el
establecimiento de las oportunas negociaciones con la República
Argentina, con el fin de mantener la capacidad extractiva de nuestra
flota en aguas jurisdiccionales de aquel país, así como a preservar los
actuales puestos de trabajo de los marineros españoles y también, en el
segundo punto, realizar gestiones bilaterales con el Gobierno argentino
destinadas a conseguir el mismo fin.
Esperamos, decía, que el voto de los distintos grupos sea favorable,
porque a mí me parece que es de justicia y porque no podemos permitirnos
el lujo de que los intereses pesqueros sigan perdiendo posiciones,
mientras, por cierto, el mercado español (alto consumidor de pescado)
permanece abierto de par en par. Si no se mantienen los intereses de
nuestra flota, el famoso eslogan de «acceso a recursos a cambio de acceso
a mercados» irá perdiendo cada vez más sentido.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar sus
posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su portavoz, señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Efectivamente son varios los Estados,
fundamentalmente Gran Bretaña, Argentina y Francia, en los que se
pretende promulgar legislación con el objetivo de perjudicar los
intereses de armadores del Estado español que, de una forma u otra,
aunque siempre después de haber invertido previamente dinero, se están
aprovechando de los recursos de esos Estados. Debe tenerse en cuenta que
uno de los problemas fundamentales del sector pesquero del Estado es la
escasez de recursos. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, existen en
el Estado francés aproximadamente 30 barcos con bandera francesa y, por
tanto, con total accesibilidad a especies y cuotas francesas, pero cuyos
propietarios son vascos, su tripulación es vasca y que dejan la riqueza
creada en Euskadi. Es decir que, a través de la compra previa de empresas
francesas propietarias de buques, se están haciendo de alguna forma con
cuotas francesas. Cierto es que en el caso del Estado francés, esto de
alguna manera viene facilitando por el hecho de que tan puerto vasco es
Bayona como Bilbao, aunque en el primero ondee la bandera tricolor y en
el segundo la bicolor.
En el caso de Argentina es distinto, puesto que se trata de una actuación
en el marco de un acuerdo de la Unión Europea con un tercer país, pero
aun así los beneficios para los armadores y para conservar puestos de
trabajo son evidentes. La similitud de ambos casos estriba en que son
Estados que intentan cambiar las normas de juego en función de cómo les
va la partida, y cuando los armadores, fundamentalmente en estos casos
gallegos y vascos, han realizado ya sus inversiones, es decir, cuando de
una forma u otra han comprado el derecho legal a pescar en sus aguas. Por
tanto, es absolutamente lícito, en nuestra opinión, solicitar a la Unión
Europea que defienda los intereses legítimos de armadores comunitarios
ante este tipo de situaciones. Y por ello, vamos a apoyar el contenido de
la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Nos hubiera gustado que, simultáneamente a esta
proposición no de ley, fuese también objeto de tratamiento otra
proposición no de ley presentada en términos similares por el Grupo
Parlamentario Socialista, pero, debido a que la Mesa de la Cámara todavía
no la había calificado, no ha sido posible hacerlo en este mismo momento.
En cualquier caso, lo expresado en la proposición no de ley que es objeto
de debate en este momento es básicamente coincidente con los objetivos y
con las propuestas de la proposición no de ley que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista.
Señorías, estamos muy preocupados. Los armadores están preocupados por
una nueva incertidumbre que planea sobre el sector pesquero. Y digo una
nueva incertidumbre porque estamos viviendo momentos de dificultad sin
perspectivas ni horizontes claros que garanticen tranquilidad al sector.
Hemos visto los días pasados cómo los cefalopoderos que faenan en el
caladero marroquí han regresado a puerto debido a la imposición
unilateral por el Reino de Marruecos de una nueva parada biológica. Vemos
cómo decisiones que se iban a sustanciar, como la eliminación de
las volantas, todavía no se han sustanciado e incluso existe una
regresión por parte de algunos países que iban a impulsar y colaborar con
la propuesta española. No se ha avanzado nada en la posibilidad de
obtener nuevos caladeros y nuevas perspectivas para que nuestra flota
pueda faenar. Y frente a esto, además se añade la incertidumbre por las
decisiones que adoptó, en este caso, es verdad, en el ejercicio de su
soberanía, la República de Argentina o las que puedan adoptar, como dijo
algún portavoz, Gran Bretaña o Francia.
Por lo tanto, tenemos que mostrar nuestra preocupación porque estas
decisiones repercuten directamente sobre la economía, sobre la flota
pesquera, incluso sobre el futuro de las propias empresas mixtas. Es
verdad que no podemos cuestionar la soberanía de Argentina sobre sus
aguas jurisdiccionales, pero también es verdad que no podemos tolerar
que, mientras se toman estas decisiones, el Gobierno de España, que tenía
que estar defendiendo los intereses de nuestro país, los intereses de
sectores tan importantes para la economía de algunas zonas, como el País
Vasco o en este caso Galicia, esté mirando hacia otra parte.
En consecuencia, señorías, cuestionamos la gestión del Gobierno de España
en la defensa de nuestros intereses y cuestionamos que no se esté
negociando para tratar de evitar que se pueda aplicar la nueva ley de
pesca sobre las empresas mixtas que faenan en aguas jurisdiccionales
argentinas. La nueva ley de pesca no solamente va a afectar a las
tripulaciones que están a bordo de los buques, sino que puede afectar
también a la propia viabilidad de las empresas mixtas, de llevarse a cabo
en los términos previstos. Porque no solamente establece que el 75 por
ciento de los tripulantes que embarquen sean de nacionalidad argentina,
lo que lleva consigo que mucha gente se vaya al desempleo, sino que
establece, además, otros aspectos que afectarían a las condiciones de
captura de esta flota, marcando una serie de normas en relación a las
vedas, tasas sobre capturas, etcétera, que, en definitiva, señorías,
repercuten directamente en la rentabilidad de las empresas y pueden poner
en peligro, como decía anteriormente, la viabilidad de algunas de ellas.
Por eso, hay una gran preocupación entre las personas que dependen
directamente de este acuerdo. Más de 700 marineros, en este caso de
Galicia, se verían afectados y tendrían que ir directamente al desempleo.
En estos caladeros faenan más de 164 grandes congeladores. En definitiva,
estamos hablando de un problema de alcance, estamos hablando de un
problema importante. Por eso, es necesario que la Unión Europea y el
Gobierno de España establezcan los mecanismos necesarios que posibiliten,
en primer lugar, que se cumpla, no podría ser de otra forma, el acuerdo
suscrito entre la Unión Europea y la República de Argentina, y, en
segundo lugar, que este acuerdo se pueda prorrogar para así dar
tranquilidad a las flotas, tranquilidad a las tripulaciones, en
definitiva, tranquilidad al sector.
Por eso, apoyamos la proposición no de ley presentada por el Bloque
Nacionalista Galego, que, insisto, es coincidente a una que en su día
presentó el Grupo Parlamentario Socialista y que será también objeto de
tratamiento por parte de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: No cabe la menor duda de que la presentación de
esta proposición no de ley viene motivada por la reciente promulgación
del proyecto federal de pesca en Argentina, que tuvo lugar el pasado 6 de
enero.
La sensibilidad que el Gobierno español y la Unión Europea vienen
mostrando por el tema de la pesca está fuera de toda duda. A mí me
costaría un trabajo enorme poder suscribir palabras tales como que el
Gobierno español mira hacia otra parte. Yo creo que está más que
demostrada, y así se seguirá demostrando, la sensibilidad absoluta del
Gobierno español con el sector pesquero español, en toda su extensión,
con nuestra flota de gran altura.
Por un lado, se ha seguido con atención máxima la tramitación
parlamentaria en el país austral de este proyecto desde su inicio, allá
por 1996. Por otro lado, la Dirección General de Pesca Comunitaria ya
conoce el informe que le ha sido remitido y está al corriente de las
posibles repercusiones que la aplicación de la ley pudiese tener sobre el
vigente Acuerdo de pesca con Argentina, especialmente en el tema relativo
a las tripulaciones. Conviene no olvidar que sigue vigente el acuerdo,
firmado en su día por la Unión Europea y Argentina, en materia de pesca y
que la aplicación de nuevas restricciones en materia de empleo en los
buques propiedad de empresas constituidas en virtud de los parámetros de
este acuerdo, alteraría visiblemente las condiciones en las que debe
desarrollarse el propio acuerdo.
Como los contenidos son concretos y precisos, el hecho de que la nueva
ley federal de pesca argentina reserve para sus nacionales ciertos
porcentajes de tripulación de buques que faenan en sus aguas o que
enarbolan ese pabellón no es aplicable --y lo recalco-- a los buques con
participación de capital español propiedad de sociedades mixtas o de
asociaciones temporales de empresas constituidas al amparo del acuerdo.
Aparte del informe remitido a la Dirección General de Pesca Comunitaria,
que antes señalaba, el Gobierno realiza y seguirá realizando ante la
Comisión todas aquellas acciones y gestiones necesarias para que se
respete lo establecido en el vigente acuerdo. Y también se han
intensificado estas gestiones, estas actuaciones para verificar que las
restricciones al empleo no se aplicarán a los buques de capital español,
como antes apuntaba. En este sentido, se trabaja para que el Gobierno
argentino efectúe la misma lectura e interpretación que España le está
dando a este acuerdo.
Finalmente, y sin abundar más en el tema para no extendernos mucho más,
quiero señalar que nuestro voto de ninguna manera puede ser favorable a
esta proposición no de ley, entre otras cosas, porque no pide nada,
absolutamente nada que no se haya hecho o se esté haciendo en estos
momentos.
Por lo tanto, y atendiendo, eso sí, a la sensibilidad que muestran los
grupos parlamentarios, estamos seguros de que el Gobierno va a seguir
actuando contundentemente
en este sentido, apoyando a nuestro sector, apoyando a nuestras
tripulaciones, en definitiva, apoyando a nuestra flota. Por estas
razones, porque tanto en el punto 1 como el punto 2, repito, no se pide
absolutamente nada que no se esté haciendo, nuestro voto será contrario.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
DEJAR EN SUSPENSO LAS SANCIONES COMUNICADAS A LOS PRIMEROS COMPRADORES,
COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACION DE LA SUPERTASA LACTEA, EN TANTO QUE
NO SE RESUELVAN LOS RECURSOS PRESENTADOS ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 161/000850).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición que
figura en el orden del día con el número 2, proposición no de ley por la
que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dejar en
suspenso las sanciones comunicadas a los primeros compradores, como
consecuencia de la aplicación de la supertasa láctea.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, Bloque Nacionalista Galego, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Hoy volvemos a debatir sobre el
sector lácteo en este Congreso, mediante la iniciativa que presenta el
Bloque Nacionalista Galego, y es probable que lo sigamos haciendo en los
próximos tiempos.
Yo no voy a insistir, para no cansar a SS. SS., sobre la importancia del
sector lácteo para una comunidad autónoma como la de Galicia. Yo sólo voy
a hacer referencia a algunos aspectos de la cuestión.
En primer lugar, quiero decir que la política del Ministerio de
Agricultura, y por tanto del Gobierno, de aplicar las órdenes del señor
Fischler para el sector lácteo son absolutamente perjudiciales para este
sector. Por tanto, hacer que los ganaderos ajusten su producción a la
cuota actual, que es injusta e insuficiente aplicando la supertasa,
conduce a la desaparición de múltiples explotaciones lácteas. No se
refuerza así este sector, no se hace más competitivo, sino que se le
conduce a su desaparición. Y en este momento conviene recordar que sólo
el sector lácteo en Galicia necesitaría 350.000 toneladas más de cuota
para que se pudiera equiparar a su producción.
En segundo lugar, quiero decir que el Gobierno en estos dos años de
mandato se limitó a afirmar que se demandaba delante de la Unión Europea
el incremento de un millón de toneladas de cuota, pero es una
constatación a estas alturas que de eso, nada de nada. Resultados:
ninguno. Y este Gobierno, que criticaba y critica la gestión del Gobierno
anterior sobre el tema, especialmente en lo que se refiere a la
negociación en su día de la cuota --por cierto, nosotros estamos de
acuerdo en esa crítica--, sin embargo, no ha modificado en nada la
situación, sino que más bien tiende a empeorarla.
En tercer lugar, quisiera decirles que los ganaderos gallegos no están de
acuerdo con esta política y, a pesar de las amenazas, de la
desinformación, de la represión pura y dura, sacaron los tractores a las
carreteras el 20 de enero, lo volvieron hacer en un número mucho mayor
los pasados días 6 y 7, y no les quepa duda que lo volverán a hacer en un
número aún mayor si el Gobierno no reconsidera su postura.
Nosotros pensamos que el Gobierno debería reconsiderar la postura sobre
el sector, anular la aplicación de la supertasa y, por cierto, defender
los intereses de sus gobernados. Debe convertir el programa lácteo en un
programa de Estado y enfrentarse a Bruselas en vez de actuar con sumisión
y a su dictado. Y a lo mejor debería tomar ejemplo del Gobierno italiano,
que recientemente decidió reembolsar el 80 por ciento de la multa láctea
de sus ganaderos a cargo de sus presupuestos; Gobierno de un Estado que,
por cierto, también pertenece a la Unión Europea y al que el señor
Fischler amenaza, como es de rigor, y que, sin embargo, mantiene, por lo
menos en apariencia, la posición de no aceptar todo lo que le ordenan. Y
yo creo que también este Congreso podría seguir el ejemplo del Parlamento
italiano, que decidió unánimemente apoyar a sus ganaderos.
Por lo tanto, yo creo que una actitud distinta a la que mantiene el
Gobierno español en este momento, una actitud más beligerante, es posible
en el seno de la Unión Europea y, además, es necesaria. Entonces, mi
pregunta es la siguiente: ¿Por qué el Gobierno del Partido Popular actúa
como lo hace respecto al sector lácteo? ¿Será por desinterés, por miopía
política, o a cambio de salvaguardar otros intereses? Hay algo aquí que
no encaja.
El Gobierno, si quiere rectificar, y yo creo que aún está a tiempo de
rectificar su política para el sector lácteo, debería comenzar por dejar
en suspenso las sanciones comunicadas a los primeros compradores,
quienes, por cierto, a su vez las están aplicando a los ganaderos, bien
reteniendo pagos o demandando la cuantía de la multa. Y debe hacerlo no
sólo por el caos en las comunicaciones de las multas, sino porque ante
esas sanciones caben recursos, que están presentados, ante el FEGA y, en
segunda instancia, se pueden presentar ante el Tribunal Económico
Administrativo, en el que, por cierto, se podrían presentar los famosos
avales que en años precedentes la Xunta sí prestaba y ahora parece ser
que no lo hace, siguiendo las directrices del Gobierno central.
Por lo tanto, a nosotros nos parecería que la actitud más lógica sería
esperar a la solución de esos recursos y no empeñarse en aplicar la
multa. Yo creo que conviene decir otra vez que si la cuota láctea es
injusta, la supertasa también lo es. Y conviene decir también que para
defender el sector lácteo, para conseguir su modernización y su capacidad
de competir (y es un fin que teóricamente todo el mundo nos proponemos),
sólo hay un camino: en primer lugar, conseguir que la cuota asignada por
la Unión Europea al Estado español aumente sustancialmente, de manera
que permita a nuestras explotaciones competir cuando menos en una
igualdad de condiciones que el resto de Europa; y, en segundo lugar, no
aplicar la supertasa.
Por tanto, nosotros presentamos esta proposición no de ley en este
sentido, instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dejar
en suspenso las sanciones comunicadas a los primeros compradores, como
consecuencia de la aplicación de la supertasa láctea, en tanto no se
resuelvan los recursos presentados ante las instancias correspondientes.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos enmiendas a esta
proposición no de ley, y aprovecho para posicionarme sobre ellas. En la
primera enmienda propone que se suprima el apartado que dice «en tanto no
se resuelvan los recursos presentados ante las instancias
correspondientes», porque valora que es una forma más contundente de
pedir que no se apliquen las sanciones o que se dejen en suspenso las
sanciones comunicadas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que
esto sea así.
En la segunda enmienda proponen la adición de un nuevo párrafo, en el
sentido de que se dé prioridad a la negociación del aumento de cuota en
el seno de la Unión Europea, y mientras tanto no se repercuta la
supertasa sobre los ganaderos. Nosotros tampoco tenemos ningún
inconveniente en que se añada; es una cuestión que nosotros defendemos
desde hace mucho tiempo, sobre la que tenemos presentadas múltiples
iniciativas, alguna de ellas se volverá a tratar en este Congreso cuando
tengamos oportunidad, y, por lo tanto, no tenemos inconveniente en que se
incluya en la resolución.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación de dichas enmiendas, así como
para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Nada nuevo tendría que añadir a lo expuesto en la
última Comisión de Agricultura, en la que presentábamos una proposición
no de ley en relación con la situación del sector lácteo. Nada nuevo que
añadir, salvo que los que tratan de minimizar el impacto de la situación
del sector lácteo, de la situación preocupante por la que atraviesa en
este momento como consecuencia de la aplicación de la supertasa,
deberían, a raíz de las últimas movilizaciones, cuando menos reflexionar
y tratar de ver el alcance del problema sobre el que estamos insistiendo
permanentemente y siempre obtenemos la misma respuesta: que se ha hecho
una mala negociación. Pero nunca nos dan respuesta a las interrogantes
que planteamos sobre cuál ha sido el avance que se ha producido en estos
últimos dos años para alcanzar los objetivos que nos proponemos.
Señorías, lo que ha sucedido en estos dos años es que por primera vez los
ganaderos han tenido que pagar la supertasa. Nunca se había tenido que
pagar la supertasa. Había un consenso general de las fuerzas políticas,
incluso del partido que ahora sustenta al Gobierno, que presentaba
iniciativas parlamentarias en este Congreso, firmadas por el actual
vicepresidente económico del Gobierno, en las que se decía que la
supertasa no debería repercutir sobre la renta de los ganaderos. Y ahora
resulta que se nos presentan como defensores de la ley que ellos trataban
de vulnerar cuando estaban en la oposición, pero también se nos presentan
como defensores de esa normativa, cuando el año pasado, en una comunidad
autónoma, como es la Comunidad Autónoma de Galicia, la Xunta de Galicia,
su Gobierno, avaló precisamente los recursos para que no se pagara la
supertasa. Pues yo le digo lo siguiente al Gobierno: Si ustedes han
tolerado que el gobierno de una comunidad autónoma presentara unos avales
infringiendo la ley, ustedes están cometiendo un acto que no se ajusta a
derecho. Por lo tanto, no nos vengan con dobles argumentos. Si ustedes en
la campaña pasada no han actuado, conociendo la situación, no utilicen
ahora el argumento de la ley para no actuar. O se han equivocado el año
pasado, o se equivocaban cuando ustedes en 1994 y 1995 pedían que el
Gobierno asumiera la supertasa o, por el contrario, están haciendo un
doble juego.
Por lo tanto, señorías, como se ha dicho, existen precedentes, como el
del Gobierno italiano, para tratar de buscar y articular aquellos
mecanismos compensatorios que posibiliten dar una solución a la
situación, porque el objetivo no puede ser otro que el diseñar una
estrategia, que debería ser común a todos, para conseguir que la Unión
Europea incremente nuestra capacidad de producir, para así dar
satisfacción a las demandas del sector, pero también para tratar de
posibilitar que los niveles de producción de las explotaciones ganaderas
se adecuen y se acerquen a la media de la Unión Europea, haciendo que
estas explotaciones sean rentables y competitivas.
Señorías, creo que la proposición no de ley que hoy es objeto de debate
tiene sentido, que es el sentido de que no se apliquen las sanciones.
Pero, además de los argumentos que yo estoy dando, existe un nuevo
argumento, que es el de que situaciones iguales de rebasamiento han
tenido tratamientos diferentes. Es decir, por parte del Ministerio de
Agricultura se observa un desigual tratamiento ante problemas idénticos;
por lo tanto, algo está fallando en la gestión de las sanciones. Algún
día, muy pronto, cuando se resuelvan los recursos, veremos si lo que yo
estoy planteando y lo que plantea el grupo que ha presentado la
proposición no de ley es así o, por el contrario, es una falsa alarma.
Por otra parte, tiene sentido que se siga insistiendo en la necesidad de
dar prioridad a la negociación en el seno de la Unión Europea. Si es un
sector estratégico básico para el empleo, para el desarrollo de algún
territorio, debe ser prioritario a la hora de negociarlo. A mí me
gustaría que instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
hicieran un frente común para alcanzar el objetivo que se plantea. Pero
parece que el Gobierno es autosuficiente, rechaza permanentemente la
voluntad de acordar sobre este tema; por lo tanto, también en solitario
tendrá que ir dando respuesta a lo que ahora se está reivindicando y se
está planteando.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posiciones?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Desde Iniciativa per Catalunya entendemos que
la Administración lo está haciendo mal, no ha dado los datos a tiempo y,
además, está dando datos que son erróneos, porque ha habido compraventas
que no han sido validadas, lo que está haciendo que haya una distorsión
en cuanto a las cuotas reales y a los excedentes. Pero en relación a la
proposición no de ley que presenta hoy el Bloque Nacionalista Galego,
nosotros estaríamos de acuerdo, si pudiera ser, en que nadie pagase la
supertasa. Eso está claro. Sabemos las dificultades que está pasando el
sector, unos porque no tienen suficiente capacidad productiva y otros
porque, teniéndola, no pueden producir todo lo que desearían. Pero, una
vez dicho esto, yo creo que es el momento en el que nos deberíamos poner
de acuerdo.
En primer lugar, nosotros no estaríamos de acuerdo en que se les
condonase la supertasa a todos aquellos ganaderos que, no habiendo tenido
nunca cuota, producen; y tampoco estaríamos de acuerdo en que se
condonase la supertasa a aquellos ganaderos que, habiendo abandonado,
continúan produciendo.
Por otra parte, también estaríamos de acuerdo con la medida que solicita
el Grupo Socialista de que nadie pague, pero siempre que eso fuera para
todos. Lo que no puede ser es que haya unas comunidades autónomas, como
Cataluña, en la que los ganaderos se hayan ajustado a la producción que
tienen fijada, a otras comunidades autónomas se les den unos avales, y
todavía aquí no se haya pagado nada.
Por tanto, de entrada, estoy de acuerdo con la proposición no de ley del
Bloque Nacionalista Galego. Si hubiese un consenso, tendría que entender
que por parte de los grupos parlamentarios hay la seriedad suficiente
como para que se comprometa a la Administración a adoptar algún tipo de
medida, pero si no es así y vamos a estar dependiendo de lo que unas
comunidades quieran y otras no, si no hay un criterio homogéneo para
todas las comunidades autónomas, lo que procede en este momento, mientras
no cambie la normativa comunitaria, es votar a favor de la proposición no
de ley que plantea el Bloque Nacionalista Galego. Si ellos cambian,
nosotros cambiaremos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
su portavoz, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: La rigidez del régimen de cuotas, la injusta
e insuficiente cuota láctea de que dispone la cornisa cantábrica y la
incapacidad de contar en muchas de sus regiones de otras opciones
económicas significativas fuera del binomio productivo leche-carne,
pueden significar un cierto riesgo del empobrecimiento sectorial regional
si no se permite y apoya el rápido desarrollo y la competitividad de su
sector lácteo-ganadero.
Por otra parte, la fuerte dependencia de la producción lácteo-ganadera
provoca serias desventajas en la percepción de apoyos financieros
comunitarios, acentuándose el desequilibrio entre sectores y con otras
regiones, por lo que se hace indispensable la recepción de ayudas
compensatorias para evitar desequilibrios y distanciamientos entre
rentas.
En este marco socioeconómico, el sector lácteo de la cornisa cantábrica
se ve obligado a sobrevivir y jugar un papel importante como motor o
pilar de la economía rural de la región. Sin embargo, a pesar de su
enorme importancia estratégica y su absoluta trascendencia
socioeconómica, el sector productor de leche de vaca de la cornisa
carece, en general, de una adecuada estructura integradora o
vertebradora.
En el momento actual, si bien para algunos el principal reto del sector
es tan sólo la expansión productiva, no obstante, la realidad objetiva es
que hay otras prioridades, entre las que se encuentra conseguir un
adecuado nivel de competitividad homologable al de las grandes regiones
productoras de leche de la Unión Europea.
Es evidente que no hay otro problema de mayor envergadura que la
insoportable insuficiencia de cuota y la referenciación grasa, pero esa
prioridad no debe suponer olvidarse de los demás problemas del sector
lácteo de la cornisa, que debe contar con una política de reordenación
del sector a nivel estatal.
En cuanto a la articulación de mecanismos para evitar que la supertasa
por exceso de producción recaiga sobre los ganaderos, nuestra postura es
contraria a que se vincule a la negociación del aumento de cuota, ya que
son cuestiones distintas. Estamos en contra de que los ganaderos que
hayan incumplido se vean libres del pago de la tasa, por suponer un
agravio comparativo y competencia desleal con los ganaderos que han
ajustado su producción a la tasa disponible. Además, ello supondría
desviar el pago de sanciones, recursos que son de más utilidad y
necesidad para la reestructuración del sector. En este sentido, no hay
que olvidar que el Estado español ha dedicado 95.000 millones de pesetas
en planes de abandono, mientras que el Estado francés, con una situación
estructural de partida mucho más satisfactoria, ha invertido 300.000
millones en la reestructuración de su sector lácteo.
En contrapartida a estas cifras, las penalizaciones y multas por
sobrepasamiento de cuota han supuesto para el Estado desembolsos
superiores a 230.000 millones de pesetas, que además de originar fuertes
tensiones en el sector, en especial en las zonas especializadas en la
producción láctea, como la cornisa cantábrica, podían haberse dedicado a
otras medidas. A este respecto, tenemos también que recordar que el
origen de la situación actual, en la que la cuota asignada al Estado
español sólo cubre el 84 por ciento del consumo, se encuentra en una
pésima negociación de este capítulo en el Tratado de Adhesión de España a
la Comunidad Europea. Asimismo, tenemos que recordar que el proceso de
puesta en marcha de las cuotas en el Estado, como consecuencia de una
prolongada indefinición y falta de decisión política del Ministerio, en
aquellos momentos en manos del PSOE, sufrió un retraso injustificable,
manteniendo a los ganaderos en una situación de incertidumbre en cuanto a
sus posibilidades de producción,
lo que ha originado sobrepasamientos de cuota y las multas
correspondientes.
No estamos tampoco muy de acuerdo con la política que en relación con el
sector lácteo está desarrollando el Ministerio, si es que se puede hablar
de que hay tal política. De todas maneras, por todo lo dicho
anteriormente, no vamos a apoyar la proposición no de ley ni las
enmiendas presentadas por el PSOE y aceptadas por el Grupo Nacionalista
Galego.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: El tema que tenemos en este momento encima de
la mesa es un tema ya viejo, y no por viejo menos actual, del que
continuaremos seguramente hablando en el próximo futuro.
Básicamente nosotros estamos de acuerdo --y no voy a repetirlo, porque de
forma machacona ya se ha dicho en diferentes intervenciones-- en que la
cuota que en este momento tiene el Estado español es sólo del ochenta y
pico por ciento de su producción real, lo que significa que está por
debajo de nuestra producción. Habría que mejorarla, y creo que en eso
estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios. Pero hay un tema
importante, y es que las diferentes formaciones tenemos que dejar bien
claro si estamos a favor o en contra de las cuotas. Ese es el tema de
debate: ¿estamos a favor o estamos en contra? Si estamos en contra de que
haya cuotas, entonces sería lógico que nos opongamos a cualquier
normativa limitativa que conlleve la aplicación de éstas, con lo que las
soluciones a los problemas ya nos vendrán a continuación. Si, por el
contrario, hacemos caso de las intervenciones en el Congreso hace unos
meses de los consejeros de Agricultura de la cornisa cantábrica (País
Vasco, Navarra, Asturias, Galicia y Cantabria) sobre el sector lácteo, la
posición de esos consejeros, a nuestro entender, fue clara. Leyéndome sus
intervenciones ayer, cuando hablaban de las cuotas decían textualmente
que eran un eficaz mecanismo de defensa de los sectores lácticos menos
desarrollados y que han contribuido a la mejora de las explotaciones del
sector láctico español y de las rentas de los agricultores. Más adelante
continuaban afirmando que «es necesario apoyar la continuidad del régimen
de cuotas y sus efectos protectores». Finalmente, se felicitaban porque
la Agenda 2000 recoge ese objetivo de continuidad del régimen de cuotas
hasta el año 2006.
Por lo tanto, si los consejeros de Agricultura de las comunidades
autónomas de Cantabria, que tienen un peso importante en la producción de
leche, están a favor de las cuotas, hay que ser consecuentes y no sería
lógico que sólo se aplicase la parte positiva de las cuotas, es decir, la
contingenciación de la producción, y que con la gente que se pasase de
esa producción no se hiciese nada. En consecuencia, si realmente no
queremos que se aplique la supertasa, nos parece bien, pero luego alguien
tiene que buscar un mecanismo para evitar que la gente produzca más.
Porque entonces, ¿por qué vamos a limitar la producción al resto del
Estado español? Es una gran contradicción: estamos a favor de las cuotas,
pero que no se cumplan. Eso es una contradicción y alguien me tiene que
explicar cómo se come eso; ¿o es que vamos a hacer un doble tratamiento:
a algunas comunidades autónomas les vamos a permitir que produzcan lo que
quieran, que además no les vamos a penalizar, y otras comunidades
autónomas, que realmente se han ajustado a las producciones, ésas tienen
que dejar de producir?
Es un tema que valdría la pena que se analizase para que fuésemos todos
consecuentes. En el fondo está el gran dilema: a favor o en contra de la
cuotas. Esa es la gran pregunta y cada uno tendrá su responsabilidad. Yo
sé que en este momento es más fácil decir que no se pague, efectivamente,
y es más fácil decir que todo el mundo produzca lo que quiera, y luego ya
veremos lo que pasa. Tenemos, una normativa europea, y cuando digo eso
aseguro, por otra parte, que la cuota que en este momento tiene el
conjunto del Estado español sólo cubre el 84 por ciento de su producción
y, por tanto, es mínima. En todo caso, las cosas están como están.
Hay un tema que a mí, como diputado y también como ciudadano, me cuesta
entender, y es cómo el anterior Gobierno y el actual no son capaces de
poner orden en los primeros compradores. No lo puedo entender. Si el
Ministerio de Hacienda logra que todas las pequeñas empresas un día
determinado presenten la declaración del IVA o que todos los ciudadanos
un día determinado presentemos la declaración de la renta, no entiendo
cómo el Ministerio de Agricultura no es capaz de que todos los primeros
compradores presenten las liquidaciones. Es un tema que se me escapa, a
no ser que detrás haya otra intencionalidad. Nosotros hemos dicho por
activa y por pasiva que hay que poner orden en los primeros compradores,
sobre todo porque así los productores, los ganaderos, sabrán en todo
momento en qué situación están. En este momento los propios ganaderos no
saben dónde están los primeros compradores, parece ser que no facilitan
la documentación al propio Ministerio, y el Ministerio tiene problemas
para hacer cuadrar sus cuentas y lo hace un año después de lo que lo
tendría que hacer. Una de nuestras peticiones desde el inicio de la
legislatura ha sido la de que se ponga orden en los primeros compradores.
Y cuando digo eso no me opongo a que en algunas zonas determinadas del
Estado español, por su situación geográfica, tenga que haber mayor número
de primeros compradores que en otras; en todo caso, éstos tienen que ser
responsables de facilitar su documentación y sus compras al Gobierno.
No me voy a extender más, porque seguramente mi tiempo se ha terminado,
señor presidente, y quiero ser concreto. Nosotros no podemos dar soporte
a esta proposición no de ley no porque no nos apetezca en este momento
que los ganaderos que lo están pasando muy mal dejen de pagar, sino
porque si no se trata a todo el mundo igual, puede ser incluso
discriminatorio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: No es la primera vez en esta legislatura que se
presentan preguntas o iniciativas sobre el
tema de la cuota láctea, y una vez más el Grupo Parlamentario Popular se
va a remitir a la legislación vigente, tanto la nacional como la
comunitaria.
En el caso concreto de esta iniciativa, se pide la suspensión de las
notificaciones de liquidación comunicadas a los primeros compradores
mientras no se resuelvan los recursos presentados.
En primer lugar, no podemos compartir lo que dice el portavoz del Partido
Socialista sobre la discriminación que hace el Gobierno actual con los
productores de leche, por el hecho de que fue el Gobierno del Partido
Socialista el que estableció que las sanciones por el rebasamiento de la
cuota la pagaran los productores de leche.
Por otro lado, según la normativa nacional y comunitaria vigentes, los
compradores son los responsables del abono de la tasa suplementaria al
organismo competente del Estado miembro, que en el caso de España es el
FEGA, sin perjuicio de que tengan que repercutir a los productores
afectados la tasa correspondiente que éstos adeudan. Una vez recibidas
las notificaciones de liquidación, los compradores tienen derecho a
recurrirlas, tanto en vía administrativa como judicial, pero tanto en el
Derecho comunitario como en el Derecho español rige el principio de
ejecutoriedad de los actos administrativos, y la interposición de un
recurso no tiene nunca efectos suspensivos, salvo que el órgano
competente para resolverlo, a petición del interesado, acuerde la
suspensión.
Por otro lado, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido
Socialista, con la primera enmienda lo que el Grupo Socialista está
solicitando es que la multa la pague el Gobierno español, lo cual ustedes
saben que no es posible, y vuelvo a recordar la normativa tanto nacional
como comunitaria. En relación con la segunda enmienda del Grupo
Socialista, el Grupo Parlamentario Popular comparte que hace falta un
incremento de un millón de toneladas de la cuota, pero no hace falta
instar de nuevo al Gobierno porque el Gobierno ya está negociando para
que se produzca dicho incremento. Además, es probable que como
consecuencia de esas negociaciones se incremente la cuota comunitaria
entre un 2 y un 3 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Ya he hecho constar, señor
presidente, que vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista. Y no quiero decir más, porque podríamos entrar en debate y no
quiero reabrirlo.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR UN PROGRAMA DE
POTENCIACION DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
161/000870).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 6 del orden del día,
por la que se insta al Gobierno a desarrollar un programa de potenciación
del Instituto Español de Oceanografía.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: El Instituto Oceanográfico es un organismo
público de investigación cuyo campo de actividad es el estudio del mar y
sus recursos pesqueros y cuya creación se remonta al año 1914. En la
actualidad, las actividades del Instituto Oceanográfico se dirigen a la
investigación de los recursos pesqueros y a la utilización sostenible, a
la oceanografía, a la contaminación del mar y a los cultivos marinos.
Viene caracterizándose su actividad por la seriedad y el rigor científico
de sus trabajos, que han hecho que este instituto ostente actualmente un
elevado prestigio en el contexto oceanográfico internacional, pero en los
últimos años el instituto no ha evolucionado de forma acorde y coherente
con todas las necesidades que representa el auge experimentado en los
últimos años. Desde hace más de seis años no se realizan convocatorias
públicas de empleo para poder renovar el personal investigador y
auxiliar. La renovación de sus medios materiales ha sido insuficiente, y
como consecuencia de ello nos encontramos que es el único organismo
público actual que no tiene una categoría administrativa acorde con las
necesidades.
Es por ello que nosotros introducimos en esta proposición no de ley una
serie de puntos que el Grupo Parlamentario Socialista propone suprimir,
supresión a la que nosotros no podemos acceder sencillamente porque se
desvirtuaría el objeto de la propia proposición no de ley. Creemos que de
esta forma se concreta bastante más, incluso se añade una mayor exigencia
por parte de este grupo parlamentario a la actuación del propio Gobierno.
Es absolutamente necesario acceder a una revisión de la relación de
puestos de trabajo dado que actualmente hay un agravio comparativo con
otros organismos públicos de intervención, y es necesario dotarle de
puestos de trabajo considerados clave para el desarrollo de la actividad,
tales como apoyo técnico electrónico, informático, comunicaciones,
etcétera.
Respecto a la oferta pública de empleo, el instituto ha tenido una
evolución de plantilla realmente negativa en sus niveles superiores de
investigación, fundamentalmente debido a la ausencia de convocatorias
para nuevas plazas, y todo esto ha hecho que nos encontremos actualmente
con una media de edad de 45 años, que no viene siendo la recomendable si
se quiere innovación e incorporación de nuevas técnicas o ideas
fundamentales.
En cuanto a los medios materiales, es necesario mantener una renovación
constante de instalaciones y equipamientos científicos e informáticos.
Esto parece mucho más que evidente.
Y en lo que al último punto se refiere, que incluye también la creación
de un nuevo centro oceanográfico costero en Asturias, creemos que la red
actual, con unidades
en Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Canarias, Fuengirola, Murcia y
Baleares, puede y debería ser potenciada con una zona nueva, como es,
aparte de por su interés estratégico, la del litoral asturiano, tanto por
sus condiciones oceanográficas como pesqueras, y vendría a potenciarlas
en la cornisa cántabro-galaica, aprovechando para establecer una
coordinación con La Coruña y Vigo.
Es por ello que nosotros hemos introducido una enmienda en la que en el
punto primero dice textualmente: «Estudio y propuesta del rango
administrativo más adecuado a los fines de este Instituto», que viene a
sustituir la elevación del rango administrativo a nivel de dirección
general, que en un principio aparecía en el texto inicial de la
proposición no de ley, porque después de hacer diversas comprobaciones,
hemos visto que podía dárselo algún rango incluso superior, si es que se
procede a ello, en los estudios posteriores.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas
dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa y
para la fijación de la posición de su grupo, tiene la palabra el señor
Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: En primer lugar, compartimos el objetivo de
potenciar el Instituto Español de Oceanografía. Creemos que es necesario
fomentar la investigación y que es necesario además para el desarrollo
del sector que esta investigación sobre los recursos pesqueros se haga
con una intensidad que nos permita vislumbrar horizontes de futuro, que
permita expectativas de nuevas pesquerías; en definitiva, que nos permita
profundizar y mejorar en el trabajo que viene desarrollando de una forma
eficaz el Instituto Español de Oceanografía.
Permítanme decir que esto es lo que venimos demandando, y así lo hemos
hecho en los Presupuestos Generales del Estado en el año 1997 y en el año
1998. En concreto, en el año 1997 decíamos, a pesar de las reticencias de
la mayoría que sustenta al Gobierno, que era necesario dotar de más
recursos la investigación del Instituto Español de Oceanografía. Por lo
tanto, nos sorprende favorablemente que el Partido Popular rectifique esa
posición y la potenciación no sólo venga dada por cuestiones
administrativas y de empleo, sino que también venga acompañada de los
recursos necesarios para poder desarrollar más eficazmente esta labor.
Pero me ha sorprendido la propuesta inicial del Partido Popular, que ya
veo que rectifica, y no es una rectificación baladí, como trató de
argumentar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El Partido
Popular se ha presentado a las elecciones generales con la bandera de
eliminación de altos cargos, diciendo que ésta iba a ser una legislatura
donde iban a desaparecer muchos altos cargos. La realidad es bien
diferente, no han desaparecido altos cargos, más bien al contrario, han
aumentado, y sobre todo han aumentado los altos cargos de libre
designación. Hoy estábamos ante una propuesta que nos planteaba la
creación de una nueva dirección general, es decir, estábamos ante una
propuesta para seguir aumentando el número de altos cargos del Gobierno.
Menos mal que en el trámite se han dado cuenta y el propio Grupo Popular
presenta una enmienda diciendo que se estudie el rango administrativo más
adecuado. Suprimen lo de la dirección general porque ellos mismos han
sido conscientes de que estaban planteando la creación de nuevos altos
cargos para una Administración en la que ya han aumentado
considerablemente. Nosotros no compartíamos el hecho de que el rango
administrativo más adecuado fuera la creación de una dirección general, y
tampoco creemos que una proposición no de ley deba entrar en los detalles
concretos de si hay que revisar los puestos de trabajo, si hay que
realizar una nueva convocatoria pública de empleo, etcétera. Nuestra
enmienda va destinada simplemente a tratar de que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a potenciar el Instituto Español de
Oceanografía, sin más consideraciones, sin más añadidos, que se potencie
el Instituto Español de Oceanografía, que tendrá que ver con lo que se
plantea en la proposición no de ley, pero también tendrá que ver con los
recursos con los que se dote al propio Instituto Español de Oceanografía.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Yo creo que estamos delante de
una iniciativa importante. La falta de medios del Instituto Español de
Oceanografía desde luego es una preocupación que comparte el Bloque
Nacionalista Galego.
Está claro que tenemos la segunda flota pesquera de altura del mundo y,
sin embargo, esta flota no cuenta con un apoyo investigador adecuado a su
importancia. En ese sentido, nosotros ya realizamos preguntas sobre el
tema, también enmendamos los presupuestos --enmiendas, por cierto,
rechazadas por el Grupo Popular en su momento--, y yo creo que es una
evidencia que los medios son insuficientes. Que el Partido Popular
reconsidere la necesidad de dotar de más medios al IEO me parece, como
decía al principio, loable. En todo caso, yo comparto que las enmiendas
que presenta el Grupo Socialista son una forma más adecuada de enfocar el
problema; es mejor dejarlo en una formulación genérica y ya veremos cómo
el Gobierno posteriormente lo concreta.
Está claro, por lo tanto, que potenciar el IEO, dotarlo de medios humanos
y materiales adecuados a la importancia de la flota, incluso ir pensando
a lo mejor en transferirlo a las comunidades autónomas con intereses
pesqueros más notables, como es el caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia, es algo interesante.
De todas maneras, yo quisiera hacer una consideración. Cuando estábamos
tratando la anterior propuesta del Bloque Nacionalista Galego para
demandar del Gobierno el apoyo a la flota pesquera en Argentina respecto
a la ley de pesca de ese país, etcétera, el Grupo Popular nos argumentaba
su voto en contra a la iniciativa diciendo que la tal proposición del
Bloque Nacionalista Galego no pedía nada que
el Gobierno no estuviese haciendo. A mí me empiezan a sorprender estas
cuestiones, y aprovecho para decirlo, porque es sorprendente entonces que
el Gobierno esté potenciando a estas alturas el Instituto Español de
Oceanografía y sea el Partido Popular quien tenga que hacer este tipo de
proposiciones. ¿Me entienden SS. SS.? Yo no confundo, naturalmente, lo
que es el Congreso con lo que es el Gobierno, pero a uno realmente le
entran las ganas de votar negativamente a la tal proposición, en el
sentido de que ya suponemos que el Gobierno estaría en el tema. En todo
caso, nosotros no lo vamos a hacer así, pero quiero por lo menos dejar
constancia de esto en el «Diario de Sesiones», porque a mí me parece que
ya está bien de que se confundan iniciativas en el Congreso de los
Diputados, o en cualquier organismo de tipo institucional o
representativo, con lo que haga el Gobierno.
Nosotros, en todo caso, vamos a apoyar que el Gobierno potencie o dote de
los medios necesarios al Instituto Español de Oceanografía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra su portavoz, el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Voy a exponer nuestro voto positivo a la
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular de
potenciación del Instituto Español de Oceanografía.
Entendemos que es básica esta potenciación, sobre todo en un Estado como
el español, en el que la potencia pesquera es tan importante. No
obstante, a nosotros nos parecería adecuado que en la potenciación del
Instituto Español de Oceanografía también se buscase una mayor
imbricación con las comunidades autónomas que tienen competencias en
materia pesquera. Creo que eso sería positivo y creo que sería
absolutamente negativo que algunas comunidades se viesen obligadas a
montar su propio instituto para estudiar la problemática de pesca de las
zonas donde tienen competencias. En este momento yo pienso que sería
positivo buscar una coordinación eficaz de las actuaciones del instituto
con las comunidades autónomas que tienen competencias y, por lo tanto, la
potenciación del instituto, que sin duda va a dar resultados importantes
para todos.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Popular, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Este grupo parlamentario manifiesta la no
aceptación de ninguna de las enmiendas del Grupo Socialista referentes a
la proposición, como tampoco acepta ninguno de los argumentos sobre la
creación de nuevos altos cargos. De todas formas, es cuando menos
curioso, y tomamos nota de ello, que el Grupo Socialista censure, en la
línea de lo que ha hecho aquí, la creación de un rango administrativo
superior adecuado a los fines del instituto.
--RELATIVA A LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO (OCM) DEL
ACEITE DE OLIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 161/000874).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a debatir la proposición
número 3, relativa a la reforma de la organización común del mercado del
aceite de oliva. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Yo creo que ha coincidido de manera oportuna el
debate de esta proposición no de ley con la entrevista que se le hace al
comisario Fischler en un diario que aparece hoy publicada, en la que hace
unas manifestaciones que vienen a confirmar plenamente los temores que
teníamos sobre el desarrollo de este tema.
Señorías, con la reforma de la OCM del aceite de oliva tenemos en juego
algo más que equis miles de millones de pesetas arriba o abajo que España
vaya a percibir en concepto de ayudas. El problema es que hay miles de
familias, miles de pequeños y medianos agricultores que viven con
dignidad en torno al olivar y que con la propuesta que hay sobre la mesa
tienen su futuro seriamente amenazado. El problema es que con esta
propuesta no basta decir, como dice la ministra, que no existe; sí
existía. A la vez, ella misma decía que la propuesta mejoraba bastante la
postura de España, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Hoy ya no
tenemos una supuesta propuesta, tenemos las declaraciones del comisario
en las que habla concretamente de 600.000 toneladas de aceite para
España.
¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que con 1,5
millones de toneladas de aceite, de las cuales 600.000 son para España y
900.000 para el resto de los cuatro países productores, cuando España ha
hecho el eje de su postura política, de manera acertada, la ayuda a la
producción real, todos los países productores de Europa van a cubrir en
ayudas desde el primer kilo de aceite de oliva que produzcan hasta el
último, mientras que España, con una producción que oscila entre 900.000
y un millón de toneladas, va a recibir 600.000 toneladas. Esto, traducido
al castellano, quiere decir que cada kilo de aceite que se produzca en
Italia o en Grecia va a cobrar 235 pesetas de ayudas, mientras que según
esta tesis el mismo kilo de aceite producido en España va a cobrar 135
pesetas de ayuda. Por tanto, el olivar español con carácter general y un
tercio del mismo, las 70.000 hectáreas de olivar menos productivo, se van
a caer abajo, con el grave problema social que esto va a generar.
Esta es la situación real que tenemos, y no es fruto de la causalidad.
Después de 23 meses de proceso de reforma y negociación, los ministros
del resto de los países no han hecho grandes declaraciones, no se han
puesto al frente de las manifestaciones, pero sí han conseguido que los
intereses de esos países estén dentro de la reforma. Aquí hemos tenido
una política folclórica, de grandes principios, de manipulación de las
mesas del aceite por parte de la ministra, y lo único que se ha
conseguido es que a día de hoy,
cuando faltan nueve días para que esté la propuesta formalmente sobre la
mesa, vamos a tener 600.000 toneladas de cupo, algo inaceptable social y
políticamente.
Este Gobierno y esta ministra, en este tema, han tenido el mayor apoyo
social que haya tenido jamás ningún Gobierno en un tema sectorial,
agrícola en este caso, en una negociación en la Unión Europea. Pues bien,
el resultado que tenemos sobre la mesa, insisto, es que los intereses de
España están fuera de la reforma. Nosotros le exigimos al Gobierno porque
la responsabilidad de lo que ocurra con el aceite de oliva solamente
corresponde al Gobierno de España, porque éstas son las reglas del juego.
Ahora les toca gobernar y tienen la responsabilidad de resolver los
problemas; no se trata de que en las manifestaciones la ministra dé voces
para decirse a ella misma que resuelva los problemas. No, esto es el
esperpento; la responsabilidad es resolver el problema. Y no será
aceptable para España ninguna reforma que, como mínimo, no contemple dos
puntos fundamentales: primero, si al resto de los países se les cubre
toda su producción, que el aceite español quede cubierto íntegramente, es
decir, que tenga el mismo tratamiento que van a tener el resto de los
países, el mismo, ni más ni menos; y segundo, que se mantenga el sistema
de intervención en el ámbito público. Sin esos dos elementos, insisto, el
olivar español con carácter general entra en una situación de
extraordinaria dificultad, y de manera particular esas 700.000 hectáreas
de olivar menos productivo; por cierto, la mayoría no está en Andalucía,
está en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Cataluña; no estamos
haciendo un discurso regional o provinciano, esas 700.000 hectáreas se
caen. Y lo importante, lo grave, es que se cae el futuro de miles de
familias, de miles de pequeños olivareros que tienen su vida ligada en
torno a este olivar tradicional y que además no tiene alternativa, son
terrenos de vocación forestal que se han ganado al monte con mucho
esfuerzo y, si se caen, volverán a ser ocupados por el monte. No tienen
otra opción.
Por tanto, el Gobierno de España, después de haber perdido 23 meses --y
el tiempo corre en nuestra contra--, la única solución que tiene es que
ponga sobre la mesa todos los elementos políticos a su alcance para
impedir que se pueda aprobar una reforma de la OCM que no contemple los
intereses de España. Es decir, bloquear políticamente esta reforma y no
darle el visto bueno, no darle salida política en el ámbito de la Unión
Europea hasta que los intereses de España estén dentro. Se trata de una
cosa solamente, señorías: que el aceite español tenga exactamente el
mismo tratamiento, exactamente el mismo, que el aceite del resto de los
países productores. Nada más y nada menos que eso es lo que pedimos desde
el Grupo Parlamentario Socialista.
La proposición no de ley es conocida. Los términos concretos de la misma
ya los presentamos como enmienda en la moción que recientemente debatió
el Congreso y no fue aceptada por Izquierda Unida porque decía que estaba
implícito. Como yo entiendo que políticamente la tarea del Congreso no es
transitar por el campo de lo implícito sino explicitar los
posicionamientos, eso es lo que pretende el Grupo Parlamentario
Socialista, que nos retratemos con esta votación y que hagamos una foto
clara de cuál es la postura de cada grupo político en un momento
gravísimo para el aceite de oliva y el futuro del olivar español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar sus
posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: De la misma manera que nos pareció
especialmente correcto el planteamiento contenido en la moción de
Izquierda Unida presentada hace poco tiempo en el Pleno del Congreso,
instando al Gobierno español a dirigirse a las diversas instancias que
dentro del entramado institucional de la Unión Europea tienen algo que
decidir y decir en este sentido, sin embargo, la propuesta que realiza
hoy el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a incidir una vez más en el
mismo tema. No nos parece correcto seguir insistiendo en un tema que ya
tiene asumido por unanimidad el Congreso de los Diputados. Por
consiguiente, no vamos a apoyar esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: También de forma muy esquemática quiero
señalar que la posición de nuestro grupo ha sido clara, y no solamente en
el día de hoy, sino a lo largo de toda la legislatura en diferentes
intervenciones que hemos tenido en Comisión y en Pleno. Creo que también
es clara la posición de todos los grupos de la Cámara porque hemos tenido
ocasión en el Pleno del Congreso de los Diputados de poner de manifiesto
nuestro posicionamiento al respecto y en la mayoría de las ocasiones
hemos aprobado por unanimidad mociones claras en defensa del aceite de
oliva.
No vamos a insistir más en ese tema. Entendemos que el hecho de que hoy
salgan unas declaraciones no es motivo para modificar la política de la
Cámara y, por lo tanto, nuestro voto no será favorable a esa proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Nuevamente debatimos la situación de la OCM del
aceite de oliva, que a este paso yo creo que va a batir récord de
discusión en esta Cámara. La verdad es que lo que sí está batiendo
récords es la preocupación de cientos de miles de personas que tienen su
futuro ligado irremediablemente al futuro del sector del aceite de oliva.
Nosotros, con sinceridad, tenemos que empezar diciendo que cuando
recibimos el texto de esta iniciativa la recibimos con cierta tristeza
porque tiene dos partes: una primera, que es la motivación, y luego otra,
que es lo que realmente se vota y, como dijimos en el Pleno del Congreso,
nos referiremos a lo que se vota realmente. Sin embargo, tiene una
motivación que se dedica mucho más a
buscar culpables, a tratar a cada uno en función de intereses
partidistas, que a buscar la unidad, y buscar la unidad en un momento en
el que todos hemos repetido hasta la saciedad la situación del olivar,
las repercusiones que eso puede tener en la economía de este país,
fundamentalmente de Extremadura y de Andalucía, donde hay familias que no
tienen otra posibilidad de subsistencia que la de un desarrollo de la
industria del aceite de oliva mínimamente digno.
Por lo tanto, nosotros recibimos con tristeza el texto de esta motivación
de la proposición no de ley, porque creemos que no se puede decir con
rigor que estamos en el peor momento de los posibles. Decir esto así, y
se podía haber matizado en la intervención, sin referirse al tremendo
esfuerzo realizado por los olivareros y también por los eurodiputados es
tremendamente injusto, porque hay muchas horas de esfuerzo y muchas horas
de lucha. La peor situación que podíamos vivir es que la reforma del
aceite de oliva se hubiese aprobado ya, cuando la planteó Fischler
directamente sin querer pasarla siquiera por el Parlamento Europeo. Y eso
se frenó. Y que no se apunte el tanto ningún Gobierno ni ningún partido
político, que se lo apunten los miles de olivareros que se movilizaron,
en aquel momento con bastante desesperación, ante las puertas de la Unión
Europea, consiguiendo retrasar el trámite del Parlamento Europeo. Y
también es de apreciar el trabajo que ha hecho no solamente el
eurodiputado Jové, sino todos los eurodiputados españoles para alcanzar
un buen acuerdo, porque peor momento sería también que el Parlamento
Europeo hubiese votado una resolución favorable a la tesis de Fischler.
Por tanto, no estamos en el peor momento, y repito que decir eso
significa un agravio para decenas de miles de personas que han trabajado
con ilusión y que en estos momentos están convencidos de que su trabajo
no ha sido inútil, y sobre todo de que su esfuerzo en el futuro tampoco
será inútil. Y repito, que no tenga la tentación ningún ministro de este
Gobierno ni de otro Gobierno de apuntarse esos éxitos, porque son éxitos
que corresponden fundamentalmente a la capacidad de unidad del sector y a
su capacidad de movilización.
Sin embargo, sin ser el peor momento, evidentemente la situación es
preocupante. Es tan preocupante que Izquierda Unida ha considerado
seriamente la necesidad de hacer un llamamiento al pueblo andaluz y
extremeño para que se convoque una huelga general en el caso de que el
próximo día 18 de marzo se confirmen los temores que ya se ponían de
manifiesto en la intención de Fischler y que hoy vienen perfectamente
reflejados en la entrevista periodística. En ese momento nosotros
pediremos responsabilidades a su Gobierno y a su presidente, al que ya
venimos censurando desde que se escondió cuando el comisario Fischler
visitó España, y también le pediremos responsabilidades a los dos
comisarios españoles, uno del Partido Popular y otro del PSOE, que
nosotros creemos que deben de salir a defender con mucho más ardor los
intereses de nuestro país.
Pero dicho esto, también es verdad que hoy aparece una nueva provocación
del comisario Fischler que no podemos obviar; no podemos mirar para otro
lado, porque al final se puede repetir el cuento del lobo, y cuando venga
el lobo, no nos lo vamos a creer. Fischler dice claramente cuáles son sus
intenciones, que no son ni más ni menos que reducir la cifra española al
40 por ciento de la producción de la Unión Europea, cifra realmente
ridícula, cifra que significaría para el olivar español la imposibilidad
de subsistir, que no puede ser tomada ni siquiera como referencia, que es
una verdadera provocación, como decía, y una verdadera declaración de
guerra para todos nosotros y que no puede dejar de ser contestada.
Desde esa tristeza que nos producía al principio la redacción de la
iniciativa, sí creemos que en este momento es oportuno que haya un debate
y un pronunciamiento en relación al futuro, pero siempre que esté
presidido por la unidad. La responsabilidad que tenemos aquí todos los
grupos políticos es que mañana no salgamos de nuevo divididos, sino que
se pueda alcanzar un acuerdo. Creo que estamos a tiempo. Luego me
referiré al texto concreto de lo que se va a votar, no a la motivación,
que es de lo que hablaba antes. Lo digo para evitar otro tipo de
contradicciones. Decía que hoy todavía es posible alcanzar la unidad
porque el texto que se presenta no es contradictorio con lo que se aprobó
en el Congreso. Lo que viene a desarrollar es el apartado que menos le
gustaba al Grupo Socialista: el apoyo a la mesa del aceite. Lo que hoy se
nos presenta viene a desarrollar lo que la mesa del aceite ha defendido.
Nosotros decíamos que estaba implícito en aquel acuerdo y creo que se
puede todavía buscar un punto de unidad que nos permita al final de la
mañana aprobar por unanimidad esta proposición no de ley. Repito que
tendríamos que hacer ese esfuerzo hasta última hora.
La responsabilidad hay que demostrarla en el trabajo, en la práctica.
Nosotros creemos que el Gobierno es el que tiene la máxima
responsabilidad, no en el sentido de pedirle cuentas porque a los cientos
de miles de agricultores andaluces les va a preocupar muy poco eso. Lo
que les va a preocupar es poder seguir comiendo al día siguiente. El
Gobierno tendrá que dar cuenta de su trabajo, así como otros partidos
políticos.
Para terminar y no alargar más esta intervención, sí quisiera
modestamente hacer una recomendación al partido proponente, puesto que
también ellos tienen una labor diplomática que realizar. Pediría a su
secretario general que dejara de estar en México criticando a los
zapatistas y lavando la cara a quienes los asesinan y visitara a Prodi y
a otros dirigentes compañeros suyos socialistas de Europa, porque la
batalla habrá que ganarla con la alianza de países que hoy tienen
gobiernos presididos por compañeros de la Internacional Socialista.
Esa es una buena labor también, porque en este momento no estamos
solamente buscando culpables, sino soluciones. Ahí van a encontrar
siempre a Izquierda Unida en favor del olivar, en favor del sector, sobre
todo reiterando nuestros continuos llamamientos de que haya unidad, y
también, cómo no, sobre la imperiosa necesidad de realizar una gran
movilización de toda la sociedad andaluza y extremeña y de todo el Estado
español para frenar las intenciones que hoy más claras que nunca vienen
expresadas por el comisario Fischler.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Desde Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya consideramos que en este Parlamento no podemos estar cada
semana discutiendo lo mismo. Eso parece de sentido común. Por economía
parlamentaria creo que nos teníamos que fijar unas actitudes un poco más
racionales.
Hace dos semanas, o quizá menos, tuvimos ocasión de debatir este mismo
tema de la reforma de la OCM del aceite de oliva. En aquel entonces nos
pronunciábamos el conjunto de los grupos parlamentarios en defensa de la
plataforma común que tiene la mesa del aceite, y creo que es ahí donde
todavía nos tendríamos que mantener.
Estamos en disposición de votar a favor de todos los puntos de la
proposición no de ley. Sin embargo, me produce cierta desazón ver que la
exposición de motivos va a suponer una cierta confrontación. Creo que de
momento debemos mantenernos en esos criterios de unidad. A algunos les
pueden parecer baladí, pero para mí son importantísimos en un momento en
el que lo que se está defendiendo son los intereses del olivar español en
confrontación con unas propuestas de la Unión Europea que pueden ser
sumamente lesivas.
Hoy el comisario Fischler vuelve con una nueva provocación en un medio de
comunicación, donde habla de 600.000 toneladas, lo que sería
absolutamente insuficiente para las producciones españolas. Quiero
recordar que en la campaña 1996-1997 fueron 947.000 toneladas y 869.000
toneladas en la de 1997-1998. Se da el caso de que todavía hay excedentes
en la Unión Europea, porque habla de 180.000 toneladas almacenadas que no
se pueden vender. Además de no entender las posibilidades y la
potencialidad que tiene el sector, pienso que es una gran falacia.
Es muy difícil en este momento señalar qué es lo que queremos o no
queremos hacer. Estoy en condiciones de votar los puntos de la
proposición. Lo que no quiero es salir de aquí con una postura de
confrontación. Por ello me reservo el voto a la espera de la postura que
adopten los demás grupos parlamentarios. Creo que también sería
importante, ya que las nuevas declaraciones del comisario Fischler son
una realidad, solicitar la comparecencia del Gobierno para que nos
explique qué es lo que se ha modificado de todo eso, así como una reunión
urgente de esta Comisión de Agricultura con la mesa del aceite.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz
señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Parlamentario Popular respaldó, al
igual que el resto de la Cámara, salvo el Grupo Socialista, una moción
presentada por Izquierda Unida, y ello fue el día 17 de febrero de 1998.
Da la impresión de que la posición de la Comisión de Agricultura no debe
ser diferente a la mantenida por el Pleno de la Cámara hace tan pocas
fechas. Difícilmente entendería la Comisión Europea y el resto de los
países afectados por esta situación que cambiáramos de una posición
prácticamente unánime, o casi unánime, en el Pleno del Congreso a una
posición divergente en la Comisión de Agricultura. Parece que estamos
hablando de dos parlamentos diferentes. Desde el punto de vista del
respeto a las decisiones del Pleno de la Cámara, de respeto al propio
grupo proponente de aquella moción (que rechaza los términos de la
proposición que presenta el Grupo Socialista al no admitir la enmienda en
que se contenían), nos da la impresión de que el Grupo Socialista, en su
forma de hacer política en esta materia, el mismo día que le es rechazada
por el proponente de la moción estos términos los incorpora a una
proposición y los presenta para ser debatidos de nuevo. Consideramos que
para que este Parlamento guarde un tono de seriedad y respetabilidad en
sus decisiones, debemos atenernos a la decisión tomada por el Pleno.
Se han referido varios portavoces a unas declaraciones del comisario
Fischler que se recogen hoy en la prensa. Yo quisiera que leyéramos las
declaraciones completas y que veamos exactamente dónde están los puntos
en los que España tiene que seguir apretando para defender sus intereses
y dónde están los otros puntos de estas declaraciones.
El comisario plantea, por ejemplo, una referencia a la producción, al
aceite que se puede vender. De entrada es una referencia que debemos
obtener si queremos hablar del futuro del olivar. No se puede producir
cualquier cosa. Debe tener un nivel de calidad que nos permita vender
nuestros productos. Se plantea la búsqueda de una solución real para el
futuro. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Se plantea además, y
esto quisiera resaltarlo, para los próximos tres años un sistema de ayuda
a la producción.
Cuando se pone en duda si la producción española representa o no el 40
por ciento de la comunitaria, hay que atenerse a los criterios para medir
dicha producción. Y los criterios para medir una producción en un cultivo
como el olivar, que no tiene una producción lineal, sino que sufre
oscilaciones por sus especiales características, evidentemente son
medias. Podemos establecer criterios para fijar qué años de media, cuáles
no tomamos de media, pero lo cierto es que no nos vale para acreditar una
producción estable la de un año. Necesitamos quitar de nuestra media
estadística los años malos de la sequía, los años malos de una producción
muy reducida, no usual. Nadie se preocupó en aquellas fechas en hacer
constar claramente la situación de excepcionalidad que en aquellos años
atravesaba el cultivo del olivar, y por tanto necesitamos esos años de un
sistema de ayuda a la producción para acreditar una media que corresponda
a la realidad de la producción española.
Plantea también el comisario, por ejemplo, eliminar la diferencia entre
pequeños y grandes productores, que creo que es una reclamación histórica
del sector y que es lo que generaba la mayor situación de discrepancia
entre la producción subvencionable y la producción real, fundamentalmente
en Italia, no en España. Parece que eso es un paso que tenemos que
valorar en conjunto porque es una reclamación unánime de la mesa del
aceite y de amplios sectores de la olivocultura italiana.
Creo que hay que valorar el planteamiento que hace el comisario de
aumentar la cantidad máxima garantizada. Ya
no se está atascado en la cifra que se recoge en la exposición de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sino que por
fin el comisario está considerando y admitiendo la necesidad de aumentar
la cantidad máxima garantizada.
Y frente a los alarmismos, habría que señalar también algo que dice el
comisario, que no hace sino reflejar lo que es el mecanismo habitual de
gestión de una organización común de mercado, y es que cuando se le
insiste por el periodista para que concrete cantidades, tanto la cantidad
máxima garantizada a nivel de la Unión, como la cantidad de referencia en
la producción española, dice claramente: Además, en el Consejo de
Ministros de Agricultura habrá una negociación y ya se verá el resultado.
Transmitamos claramente al sector y a la sociedad que las propuestas de
un comisario no son sino propuestas, y que hay un proceso de negociación
en el Consejo de Ministros. Hasta ahora no se puede reprochar al
Ministerio que haya bajado un peldaño en este proceso de negociación, que
haya bajado un peldaño en el nivel de reclamación de la defensa de los
intereses españoles. Por tanto, estamos en el proceso, no se ha cerrado
ningún proceso. Ni las declaraciones de un comisario en un periódico
cierran un proceso, ni siquiera la propuesta unánime del Colegio de
comisarios cierra un proceso. Y creo que esto hay que dejarlo claro y
transmitirlo claro.
Por otra parte, se contienen en la proposición, es un conjunto y no se
puede separar, una serie de valoraciones y una serie de errores en las
cantidades, que no podemos compartir.
También quisiera un poco más de rigor cuando estamos hablando del olivar
y que se estudien bien las cifras. El ponente del Grupo Parlamentario
Socialista ha hablado hoy de 700.000 hectáreas de olivar que, según él,
están en riesgo. No sé qué referencia toma. Creo que tenemos que tomar
una referencia muy clara, que es: a precios de mercados sin subvención,
¿cuál es el umbral de rentabilidad? Y el umbral de rentabilidad ahora
mismo, a los precios vigentes en este año, está situado en una producción
media de 1.700 kilos por hectárea. Para llegar a ese nivel en España
tendríamos que estar hablando de 1.700.000 toneladas. Es decir, 1.697.123
hectáreas producen entre 1.400 y 1.599 kilos, y 1.836.000 hectáreas
producen entre 1.600 y 1.799 kilos. Por tanto, si queremos hablar con
precisión, el umbral de rentabilidad, a los precios del aceite en este
año sin subvenciones, se encuentra en una producción media de 1.700 kilos
por hectárea, por lo que estaríamos hablando de unas hectáreas aceptadas
del orden de 1.700.000 en toda España. Ese es el rigor que nos tienen que
dar las cifras.
Hay dos conceptos que quisiera rebatir. Ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que ha habido una manipulación de la mesa del
aceite por parte de la ministra. Esas manifestaciones están dentro de los
excesos reprobables que se pueden hacer, entre otras cosas porque no creo
que la señora ministra de Agricultura, por muy convincente que sea, pueda
manipular a Comisiones Obreras, pueda manipular a UGT, pueda manipular a
la UPA, pueda manipular al Sindicato Obrero del Campo y pueda manipular
al resto de organizaciones sindicales, empresariales, que están
representadas en la Mesa Nacional del Aceite. Por tanto, los excesos
verbales dejémoslos en sus justos términos y no nos excedamos en esa
crítica.
Por otra parte, se mantiene el criterio de que estamos en un momento
gravísimo para el olivar español. Vamos a distinguir dos niveles
radicales para empezar a hablar del futuro del olivar, como son el
proceso de modernización que se ha producido en la almazara española en
los últimos años, el proceso de mejora en el cultivo, el proceso de
esmero y mejora en la recolección, el continuo aumento del porcentaje que
representan los aceites vírgenes de máxima calidad respecto al total de
la producción, la reducción de la producción de aceite lampante y de mala
calidad, la reducción de la acidez media de las cosechas por un mayor
esmero en la recogida, la molturación y el proceso integral del aceite,
así como el enorme crecimiento del marco de comercialización del aceite,
el enorme incremento de consumo, no sólo en España, que el año pasado
aumentó un 56 por ciento. Este dato el comisario no lo conoce, porque
habla de bajada de consumo en los últimos años en Portugal, Italia y
España. Evidentemente, cuando estamos hablando de poca producción por la
sequía y de que los aceites dispararon sus precios, se produce una rebaja
en el consumo. Pero esa rebaja se recuperó con creces y continuó un
crecimiento muy importante en los años posteriores al adaptarse los
precios a las demandas de los consumidores.
El momento del olivar ahora mismo no es peligroso desde el punto de vista
de producción. Es un momento peligroso por la incidencia social que tiene
el olivar. Es un momento en que hay que intentar lograr que el sistema
que se diseñe en la futura OCM tenga en cuenta esos niveles preocupantes,
ya que la línea de beneficio real de la explotación se cruza y hay una
serie de producciones que no llegan sin subvención a esa línea de
producción. Hay que pensar que el futuro del olivar está despejado. Lo
que tenemos que evitar entre todos es la gravísima afectación que se
produciría en el empleo ante decisiones de los olivareros de recoger o no
la totalidad de la cosecha porque los precios del mercado no les
compense. Para eso es para lo que se necesita una subvención comunitaria.
Esa decisión no debe tomarse. El conjunto de la subvención, unido al
precio del mercado, debe servir para remunerar todos esos trabajos y que
las cosechas no tiendan a agotarse porque sería un error. Sería un error
recomendar a los olivareros que recojan aceitunas en el suelo que estén
ya estropeadas, con una acidez enorme. Sería un auténtico error porque
estropea el resto del aceite y estropea los mercados, pero sí que se
apure al máximo la recogida de la aceituna. Podríamos hablar de cosas más
serias que de una continua discusión política para ver cómo erosionamos
al Gobierno. Lo que se deduce del texto de la exposición de motivos que
también votamos: es una línea política respetable en un grupo político,
porque a fin de cuentas tiene que responder ante sus electores, pero
entendemos que perjudica los intereses globales del olivar español y
perjudica los intereses de un número muy importante de familias y de
trabajadores.
Reiteramos que el Grupo Parlamentario Popular está en el momento que
estaba cuando se votó en el Pleno la moción presentada por Izquierda
Unida. Evidentemente, ni el contenido de las propuestas concretas, ni el
contenido de la exposición de motivos, cuadra con lo que ha sido la
posición casi unánime de este Parlamento, con la posición de unidad del
sector y de los grupos políticos que reclamaba el portavoz de Izquierda
Unida, y por ello el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar esta
proposición no de ley, para ser coherente con las posiciones que este
grupo y el resto de los grupos mantuvieron en el Pleno del Congreso de
los Diputados.
--SOBRE MEDIDAS EN APOYO DEL SECTOR QUESERO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000531).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la proposición
incluida en el número 5 del orden del día, sobre medidas en apoyo del
sector quesero español, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra su portavoz señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Intervengo en nombre de mi grupo para defender
esta proposición no de ley que presentamos en el mes de abril del año
pasado, y que pretende que el Gobierno establezca medidas en apoyo del
sector quesero español, especialmente del de elaboración artesanal.
El objeto de esta proposición queda resumido en el propio título de la
propuesta y, como decía, pretende que desde el Congreso de los Diputados
instemos al Gobierno, y en especial al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para que ponga en marcha un plan de medidas, se decía
entonces, un plan de actuación para 1997, que como instrumento de apoyo
al sector del queso artesano ya fue presentado en el MAPA. No obstante,
dado el tiempo transcurrido entre la presentación (abril de 1997) y el
propio debate (hoy mismo), ha quedado obsoleta una parte de esa
proposición, que es la referencia temporal a un plan de actuación
relativo a un ejercicio ya finiquitado. Por ello presentaría una enmienda
transaccional suprimiendo una serie de referencias, que luego pasaré a la
Mesa para que dé lectura a ella.
Sin lugar a dudas tenemos que considerar que España es una tierra de
amplia tradición pastoril, fundamentada sobre todo en los ricos pastos
que en muchas de sus regiones existen y que han dado lugar a que allí
podamos criar razas autóctonas, para luego con sus productos, con la
leche que ellos producen, poder elaborar nuestros quesos artesanos, que
son altamente apreciados por su calidad, fruto, ya digo, de esa
combinación adecuada de materias primas y de procesos de elaboración y
maduración cuidados con exquisito mimo por los propios ganaderos que,
siguiendo métodos tradicionales transmitidos de generación en generación,
están dando lugar a excelentes y variados quesos.
La evolución del consumo de estos quesos artesanales en los últimos años,
especialmente en el queso artesano, ha derivado en un especial interés,
un interés creciente de las grandes empresas alimentarias por
introducirse en este subsector. Esta situación puede desvirtuar incluso
el propio concepto de producto artesano, y pudiera derivar incluso en la
desaparición de las verdaderas queserías artesanales.
El sector del queso artesano, por tanto, está sujeto, como ocurre con
otros muchos subsectores que operan en el medio rural, a importantes
cambios que se están produciendo en él. Y ello determina que muchos de
los activos que se han estado dedicando a este tipo de producciones se
vean obligados a adaptarse a los nuevos tiempos, tengan que mejorar su
cualificación profesional, redimensionar sus explotaciones y adaptarlas a
las nuevas exigencias de higiene y calidad controladas. Formación y
cualificación profesional es una de las medidas de obligado cumplimiento
si los artesanos queseros pretenden subsistir y alcanzar niveles mínimos
de rentabilidad.
Otro de los elementos que en positivo puede coadyuvar a mantener y
potenciar el sector del queso artesano es el auge creciente de los
productos de calidad y productos tradicionales. Auge que en nuestro país
está en una dimensión creciente, sobre todo porque se está extendiendo
también otro elemento de desarrollo rural, como es el turismo rural. De
hecho, en muchas zonas y comarcas de España el queso artesano adquiere
categoría de producto singular, dada la dependencia que del mismo tienen
muchos productores de leche. Algunas zonas o comarcas son conocidas casi
exclusivamente por el nombre de sus propios quesos que allí se fabrican.
En el sector del queso artesano confluyen circunstancias muy peculiares
que necesitan de medidas específicas para su mantenimiento y desarrollo.
La calidad, la especificidad, la diferencia y la incorporación de señas
de identidad propias es prácticamente la única opción productiva posible
para los productores artesanos. Estos pequeños productores no pueden
competir en el mercado ni con volúmenes elevados de productos ni con
precios bajos, ya que sus costes, dado el proceso de producción en sí, es
muy elevado.
En la actualidad, el queso artesano español se encuentra ante importantes
retos, de cuya superación va a depender en gran medida su futuro y su
subsistencia. Por una parte, se encuentra con la exigencia de la
aplicación plena de las reglamentaciones comunitarias y estatales, que
conllevan, por ejemplo, la implantación del sistema de análisis de
riesgos y de control de puntos críticos en este mismo año, la aplicación
de la normativa reguladora de la calidad de leche, que deberá estar
implantada antes de diciembre de 1999, y la necesaria adaptación a las
condiciones tecnológicas y de infraestructuras que deben reunir las
queserías. Por otro lado, el sector también necesita adecuarse a la
potencial demanda creciente, como decíamos antes, en cuanto a los
sistemas de promoción y comercialización se refiere.
Con la proposición que presentamos pretendemos que el MAPA tome en
consideración, apoye e impulse medidas
para favorecer al sector quesero artesanal en España, con el objetivo de
optimizar el producto, de mejorar la rentabilidad de las explotaciones,
de adecuar la formación de los artesanos queseros, de garantizar a los
consumidores que estos productos son de calidad y la adaptación de los
mismos a las reglamentaciones vigentes, desarrollando al mismo tiempo
programas de promoción del consumo y de comercialización interior y
exterior de los quesos artesanos.
Voy a terminar haciendo un llamamiento al resto de los grupos de la
Cámara para que apoyen nuestra propuesta como un paso más en el
desarrollo del sector quesero español, y en concreto del que se elabora
con métodos tradicionales y artesanales. Estamos convencidos desde mi
grupo de que el queso artesano español, si cuenta con la planificación
adecuada, se le apoya desde la Administración pública y se facilita el
cumplimiento de los objetivos que el propio sector se ha marcado en sus
planes de actuación, puede incrementar tanto su producción como su
calidad, contribuyendo a ser un elemento no sólo de renta agraria, sino
un buen agente de desarrollo rural.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su portavoz, señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muy brevemente, dada la hora a la que estamos
llegando.
Quiero señalar que el sector del queso artesano en el Estado se está
enfrentando a nuevos e importantes retos derivados, de una parte, de los
cambios que se han producido y que se están produciendo en los últimos
años en el medio agrario, y que están exigiendo un redimensionamiento en
las explotaciones agrícolas, junto con una creciente necesidad de mejora
en la formación de los trabajadores agrarios. Por ello, y
provisionalmente a la espera de la transaccional a la que ha aludido el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra postura en principio
es favorable a votar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha
demostrado su preocupación en numerosas ocasiones por mantener el
equilibrio territorial de las diferentes zonas del Estado español.
La proposición que estamos debatiendo es sin duda una buena iniciativa
que, a nuestro entender, logra dos grandes objetivos: primero, mantener
viva una tradición en la elaboración de quesos que se ha transmitido de
padres a hijos. Las diversidades culturales son patentes y hay quesos de
gran calidad con características organolépticas muy diferenciales, que
sin lugar a dudas son una gran aportación a la cultura gastronómica del
conjunto del Estado, por lo que no podemos renunciar a ello; y segundo,
que sin duda es una buena herramienta que nos puede permitir el arraigar
la población en las zonas donde, por sus características geográficas,
cada día es más fácil mantenerla, por los puestos de trabajo que dan
normalmente en empresas de carácter familiar con pocas posibilidades de
ingresos alternativos, por la vinculación al territorio que además, como
he dicho antes, fija a la población en su ámbito territorial, porque
ofrece atractivos adicionales al turismo rural, convirtiéndose en una
importante fuente de ingresos en las zonas generalmente deprimidas o en
zonas de alta montaña. Como soporte a la ganadería familiar, que puede
peligrar, y también, por qué no decirlo, por el importante volumen de
leche que puede llegar a transformar.
Pero los problemas que tiene el sector, a nuestro entender, son la
formación y la profesionalización de los artesanos queseros. Por tanto,
habrá que hacer lo posible para facilitarles cursos de formación que les
permitan la obtención de productos cada día de mejor calidad, así como
ayudas ligadas a la adaptación de sus instalaciones a la normativa
comunitaria, aunque en algunos casos sea excesivamente exigente para los
artesanos. En la mayoría de los casos, con toda seguridad, esas pequeñas
empresas son económicamente incapaces de asumir los costes que supone su
adaptación a la normativa sanitaria, que será de obligado cumplimiento a
partir del 1 de enero de 1999. Y también ayudas para que estos productos
puedan estar presentes con dignidad en las grandes ferias de carácter
sectorial. De acuerdo con las comunidades autónomas, nuestro grupo cree
que se debe iniciar un plan de apoyo al sector del queso artesanal con el
objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones y adecuar la
formación que, sin duda, es sinónimo de mejora de calidad, de ayuda a la
promoción y comercialización y de adaptación a las normativas existentes
antes de 1999, que realmente preocupa al sector.
Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario va a dar soporte a esa
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque
entendemos que es muy adecuada en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En la última parte de su intervención, el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Chivite, hace un
amable llamamiento al resto de los grupos para que apoyemos el sector
quesero artesanal, y naturalmente el Grupo Popular, sensible a este
importante tema, hace caso de ese llamamiento e invita al resto de los
grupos a ponernos de acuerdo en un texto transaccional que evite
referencias a fechas que ya han pasado y miremos al futuro con un texto
común que sirva efectivamente de apoyo a los artesanos queseros.
Es indudable que la positiva evolución de la situación económica
actualmente está permitiendo el aumento del consumo de productos que, por
su carácter artesanal o amparados en una denominación de origen, aunque
su precio sea superior, son más demandados por el mercado, puesto que la
situación económica así lo permite, y como la tendencia es así y
entendemos que la demanda es creciente,
habrá que habilitar apoyos y ayudas a quienes están demostrando que saben
conservar una tradición y además ofrecer unos productos de calidad. Pero
es que además en este sector, igual que en el resto de los sectores
artesanales dentro de esa pequeña agroindustria que constituyen los
vinos, las conservas, los quesos, etcétera, las exigencias cada vez serán
mayores en cuanto a cualificación profesional, como aquí se ha dicho, y
sobre todo en cuanto a la especificidad comercial, puesto que esa demanda
creciente hará que tengan que ofrecerse los productos en mayor cuantía y
sobre todo con mayor calidad. Se enfrentan, en definitiva, estos sectores
a nuevos retos, como es la aplicación plena de las reglamentaciones
comunitarias. Por tanto, entendemos que debe solicitarse, mediante la
iniciativa que aquí se presenta, a las administraciones que ayuden a
estos sectores. Bien es verdad, y así mi grupo lo constata, sobre todo en
aquello que se refiere a productos como el queso, amparados en
determinadas zonas, con la denominación de origen oportuna, que este
sector está recibiendo ya ayudas importantes, ayudas que permiten ofrecer
más y mejores productos en comunidades autónomas como Cataluña, Murcia,
Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cantabria o Asturias, pero creo que
es un buen momento para, desde aquí invitar al resto de las comunidades
autónomas a intensificar esas ayudas, sobre todo en aquello que se
refiere a las denominaciones de origen que es, como se sabe, una
competencia en buena medida transferida a las comunidades autónomas.
También es buen momento, señor presidente, y con esto termino, de señalar
que el Gobierno de España en la ley de acompañamiento de los últimos
Presupuestos Generales del Estado estableció unas medidas fiscales
importantísimas para este sector que no debemos olvidar y que no conviene
obviar, puesto que se les aplica un módulo específico a los
transformadores de productos agroalimentarios que supone una ayuda
importante, una ayuda sustancial para aquellos agricultores que obtienen
de sus productos un valor añadido, que supone una fijación de la
población y de la actividad agroindustrial dentro del medio rural y que,
en definitiva, apoya a aquellos agricultores que se implican en unas
primeras transformaciones.
Dicho todo lo anterior, supongo que el resto de los grupos, y
especialmente el grupo proponente, estará de acuerdo en que podamos
eliminar dentro del texto de la proposición no de ley la referencia
temporal que se hace a una determinada campaña, puesto que esa campaña
está pasada, y si miramos al futuro, eliminando ese renglón, donde dice
«unas ayudas para el año 1997», que ya ha pasado, mi grupo entiende que
podemos llegar a un acuerdo todos los grupos de esta Comisión, y así
pedir de manera unánime al Ministerio de Agricultura, en definitiva, al
Gobierno de la nación, que apoye al sector quesero artesanal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra su portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su
benevolencia y por excusarme al no haber estado por haber tenido que
intervenir también en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Paso en nombre de mi grupo a decir, en primer lugar, que mostramos
nuestra complacencia por la oportunidad que esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista tiene con la proposición no de ley y sobre todo
de la lectura que le hacemos desde el archipiélago canario, donde se
viene efectuando desde hace aproximadamente 15 años una fuerte labor
desde las instituciones públicas, tanto Ministerio de Agricultura en su
momento, como después Gobierno autónomo de Canarias, y actualmente los
cabildos insulares, que tienen esta competencia fundamental, una vez que
la comunidad regula el tema de las denominaciones de origen de los
quesos. Pero el factor del queso artesano viene constituyendo un renglón
tan importante en la economía pecuaria canaria que hasta este momento se
puede decir que está vinculado fundamentalmente al ganado caprino. La
regeneración de la cabaña ganadera caprina en Canarias es espectacular y
su valor añadido de transformación es precisamente por el queso, tanto en
denominaciones de origen, quesos industrializados, cooperativas
agroganaderas como en la cuestión de la fabricación del queso artesanal.
Necesitamos en primer lugar, como recoge bien esta iniciativa, una
protección del Gobierno central en cuanto negociador directo con la Unión
Europea para que todas la reglamentaciones comunitarias (calidad de
leche, manipulación, infraestructuras, condiciones tecnológicas que deben
reunir las queserías, etcétera) se cumplan, y ésta tiene que ser una
legislación armónica dentro de todo el Estado.
Con respecto a la situación canaria, nosotros aceptamos plenamente este
tema, nos parece acertada la observación que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Madero, con respecto a la fecha,
porque es fecha pasada, y por supuesto nosotros dejaríamos siempre una
cuestión abierta, porque siguen abiertas las reglamentaciones, sobre todo
en el sector lácteo, para la Agenda 2000 por la Unión Europea en su nuevo
reglamento. Por tanto, el espíritu y la letra de esta iniciativa deben
ser abiertos al futuro sin una fecha de cierre.
También queremos decir que esto nos vendría además en concordancia, dado
que tanto el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el
del Grupo Parlamentario Popular han citado una serie de comunidades
autónomas donde se pueden desarrollar acertadamente y son necesarios
estos programas del queso artesanal, dentro de los análisis de riesgo y
control de puntos críticos, etcétera. A ellas hay que sumar Canarias,
fundamentalmente porque esta labor está en estos momentos siendo amparada
presupuestaria y administrativamente por los cabildos insulares, algunos
con denominación de origen, como es el de Fuerteventura, en la provincia
de Las Palmas, y las islas de Gomera, Hierro, La Palma y Santa Cruz de
Tenerife; en esta provincia, la isla de Tenerife, vienen haciendo
precisamente una labor con cooperativas ganaderas y de industrialización
de leche con la construcción de centrales queseras que han revitalizado
el sector aportando un alto valor
añadido y un aumento muy espectacular del producto interior bruto.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a apoyar con su voto
favorable y positivo en todos los órdenes esta iniciativa con las
enmiendas que se acepten y que han anunciado el señor Madero. (El señor
Chivite Cornago pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Agradecería que se diera lectura...
El señor PRESIDENTE: Como la transacción no sabemos si ha sido aceptada
por todos los grupos, ahora se procederá a dar lectura a la proposición
no de ley con la transacción ya correspondiente.
Finalizado el debate de las proposiciones no de ley, suspenderemos por
cinco minutos la sesión antes de iniciar las votaciones. (Pausa.)
Procedemos a la votación de la primera proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a demandar de la
Unión Europea el establecimiento de las oportunas negociaciones con la
República Argentina, con el fin de mantener la capacidad extractiva de
nuestra flota en aguas jurisdiccionales de aquel país, preservar los
actuales puestos de trabajo de los marineros españoles, así como a
realizar gestiones bilaterales con el gobierno argentino en este mismo
sentido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar la proposición no de ley número 2, por la
que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dejar en
suspenso las sanciones comunicadas a los primeros compradores como
consecuencia de la aplicación de la supertasa láctea, en tanto que no se
resuelvan los recursos presentados ante las instancias correspondientes,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y aceptadas las dos enmiendas
presentadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista relativa a la reforma de la organización
común de mercado del aceite de oliva.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista sobre medidas de apoyo al sector quesero español, según el
presente texto transaccionado por los diferentes grupos: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno para que considere medidas de apoyo al
sector del queso artesano en nuestro país, al objeto de facilitar el
desarrollo de los objetivos de promoción y comercialización, mejora de la
rentabilidad de las explotaciones, adecuada formación, garantía de
calidad y adaptación a las reglamentaciones existentes que preocupan a
dicho sector.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley numerada con el número 4,
por la que se insta al Gobierno a desarrollar un programa de potenciación
del Instituto Español de Oceanografía, según el texto transaccionado por
el propio grupo proponente, grupo Parlamentario Popular, y sin las
enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del martes, 10 de marzo de 1998, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.