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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 400, de 10/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 400
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 10 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra) para informar sobre:
--Grado de cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad por la
Cámara el día 24 de septiembre de 1996, como consecuencia de la
interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, en aquellos
compromisos que afecten a su Departamento. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000359) (Página 11786)
--Cumplimiento de las previsiones de la Ley de prevención de riesgos
laborales y las actuaciones que el Gobierno haya desarrollado para
mejorar la prevención y la salud de los trabajadores y, en concreto, dar
cuenta del grado de cumplimiento de las conclusiones contenidas en el
informe aprobado en la pasada legislatura por la Ponencia para el estudio
de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción en España. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 213/000497)
(Página 11797)
--Datos de empleo de 1997, valoración del Gobierno sobre los mismos y sus
planteamientos y previsiones respecto del Plan nacional de empleo. A
solicitud del Grupo anterior (Número de expediente 213/000492) (Página 11797)
Preguntas:
--De la señora Sabanés Nadal (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre intervención administrativa existente en la toma de control
de la empresa Citresa por el grupo multinacional Cadbuy-Schweppes (Número
de expediente 181/001414) (Página 11805)
--De la misma señora Diputada, sobre medidas previstas para garantizar
los deberes constitucionales en relación con la empresa Refrescos y
Bebidas de Castilla, S. A. (Rebecasa) (Número de expediente 181/001415)
(Página 11805)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS
BOCANEGRA) PARA INFORMAR SOBRE:
--GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MOCION APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA
CAMARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996, COMO CONSECUENCIA DE LA
INTERPELACION URGENTE DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, EN AQUELLOS
COMPROMISOS QUE AFECTEN A SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000359).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Se inicia la sesión con la comparecencia del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales para informar del grado de cumplimiento de la moción
aprobada por unanimidad por la Cámara el día 24 de septiembre de 1996,
como consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Socialista del
Congreso, en aquellos compromisos que afecten a su departamento, a
petición del Grupo Socialista. Damos la bienvenida al ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. Tiene la palabra don Javier Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, comparezco con sumo gusto para
responder a la petición que se me formula por el Grupo Socialista de
informar acerca del grado de cumplimiento de la moción que en su día se
aprobó por unanimidad en la Cámara el 24 de septiembre de 1996, en
aquellos compromisos que afectan al departamento de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Empezaré esta intervención diciendo que el Gobierno, una vez más, quiere
reiterar ante SS. SS. no solamente su preocupación por los problemas que
conlleva la situación de los inmigrantes en España, sino también el
concepto que tiene de la política de inmigración como una política de
Estado en la que tenemos que agotar todas las vías de encuentro y de
diálogo entre los grupos parlamentarios, la organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones sindicales. En segundo lugar, vuelvo
a reiterar, como hemos hecho varios miembros del Gobierno ante la Cámara,
que es necesario impulsar una política de cooperación con los países de
origen del movimiento inmigratorio. En tercer lugar, situamos como pilar
básico una serie de políticas en ámbitos sociales y laborales que
permitan la integración del inmigrante en la sociedad española.
Con respecto a mi comparecencia, haré un relato de las cuestiones a las
que se refiere la moción que son competencia del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. La primera medida no afecta al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por lo que empezaré desarrollando la segunda, que se
refería a la creación de nuevas oficinas integrales de extranjería,
reforzando los medios humanos y materiales de las instalaciones en Ceuta
y Melilla y continuando en aquellas provincias donde se concentre mayor
número de inmigrantes con dotación suficiente de funcionarios.
Tengo que decir con respecto a este segundo apartado de la moción que se
aprobó por unanimidad que, de acuerdo con el nuevo marco jurídico y
organizativo que para los servicios periféricos de la Administración del
Estado configuran la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado y su normativa de desarrollo, las
oficinas de extranjeros se integran en las delegaciones y subdelegaciones
de Gobierno, y su creación, supresión o modificación se efectuará por
orden conjunta de los ministerios de Administraciones Públicas, Interior
y Trabajo y Asuntos Sociales. Es importante destacar ante SS. SS. que en
el mes de diciembre de 1997 se abrieron las oficinas de extranjeros de
Ceuta y Melilla, cumpliéndose de esta forma también un compromiso
adquirido con el Defensor del Pueblo. Actualmente están en
funcionamiento, pues, las oficinas de extranjeros de Barcelona, Gerona,
Alicante, Almería, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla. Quiero
informarles de que está prevista la apertura inmediata de la oficina de
extranjeros de Murcia y, próximamente, de la de Las Palmas de Gran
Canaria. Están en proyecto de apertura en este momento las oficinas de
Lérida, Baleares, Madrid y Valencia.
El apartado tercero de la moción a que se hace referencia dice
textualmente: Dedicar suficientes recursos en formación adecuada y en un
constante reciclaje para los funcionarios de todos los cuerpos de la
Administración del Estado que se han de encargar de la gestión,
información, cumplimiento y aplicación de la Ley de Asilo y la Ley de
Extranjería. Esta medida afecta a varios ministerios, Interior y
Exteriores, por lo que voy a concentrar mi intervención, como es lógico,
en el cumplimiento de la misma en el ámbito de las actuaciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Durante el segundo semestre de 1996 y en 1997 se han desarrollado muchas
acciones formativas dirigidas no sólo a personal funcionario, sino
también en colaboración con organizaciones no gubernamentales que
trabajan para inmigrantes y refugiados. En concreto, se han realizado
tres cursos de formación sobre extranjería dirigidos a personal
funcionario, con un total de 97 asistentes; jornadas informativas
organizadas por la Dirección General de Ordenación de las Migraciones en
1996 sobre el nuevo reglamento de extranjería; jornadas sobre la Ley de
Asilo, balance de dos años, organizadas por el Imserso en octubre de
1996; seminario internacional sobre reasentamiento de refugiados,
realizado en Madrid en marzo de 1997; jornadas sobre inmigración,
realizadas en Algeciras en mayo de 1997; cofinanciación al Acnur de
seminarios informativos dirigidos a personal funcionario de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad que se relacionan con extranjeros. Para 1998 se
prevén siete cursos de formación para personal funcionario, para
investigadores, sobre inmigración y mercado de trabajo; las migraciones
en la Unión Europea y en España; perspectivas de integración de
inmigrantes y refugiados a medio plazo; gestión administrativa de
organizaciones no gubernamentales ejecutoras de programas; tutela e
integración social de los menores solicitantes de asilo y jóvenes
inmigrantes en España; reflexiones sobre la normativa de extranjería y
asilo y situación de la reagrupación familiar. Es lo que puedo informar a
la Comisión en lo que se refiere a la conclusión tercera de esa moción.
Cuarto, fomentar la coordinación y colaboración de las oficinas de
extranjería con los equipos jurídicos y sociales de las ONG que trabajan
con asilados e inmigrantes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
como saben ustedes, viene subvencionando desde 1995 --entonces era
Ministerio de Asuntos Sociales-- el funcionamiento de una red de
información, orientación y apoyo legal a inmigrantes, mediante la
subvención a las ONG, para que profesionales del Derecho ayuden en la
tramitación de sus permisos de residencia o de trabajo y les asistan
jurídicamente en caso de denegación de solicitudes o expulsión. Esta red,
que cuenta con veinte puntos repartidos en las diez provincias españolas
con mayor número de inmigrantes, va a atender previsiblemente en 1998 a
38.800 personas y el coste anual es de 150 millones.
Asimismo quiero destacar, señorías, la estrecha coordinación producida
entre las ONG más representativas del sector y el propio Ministerio. En
este punto es cada vez más intensa la colaboración entre los responsables
de la gestión de programas a favor de los refugiados del propio Imserso y
la oficina de asilo y refugio del Ministerio de Interior, mediante la
representación permanente en ésta de una unidad de trabajo social y la
participación en las reuniones de la Comisión interministerial de asilo y
refugio, habiéndose elaborado en 1997 más de 1.500 informes jurídicos y
de orientación social que son tenidos en cuenta en la sustentación de los
expedientes. Por otra parte, la colaboración de la Dirección General de
Ordenación de las Migraciones con las ONG y sindicatos es permanente,
tanto en el seno de las reuniones celebradas con motivo del contingente
como de manera individualizada a petición de las propias entidades.
En el punto cinco se plantea la necesidad de potenciar la red de centros
de extranjeros para garantizar a estas personas un alojamiento digno y
suficiente y promover una política de convenios estables con aquellas
organizaciones no gubernamentales que atienden a asilados e inmigrantes.
La potenciación de la red de centros de extranjeros es incentivada desde
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por tres vías fundamentales.
La primera de ellas se desarrolla a través del plan de integración de los
inmigrantes, que desde 1995 tiene entre sus prioridades las actuaciones
tendentes a mejorar sus condiciones de alojamiento. En 1996 se
subvencionaron con 260 millones estos programas a través de asignación
tributaria del IRPF; en 1997 la asignación tributaria para subvencionar
estos programas de alojamiento fue de 299 millones de pesetas.
En segundo lugar, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Imserso, mantiene una estrecha colaboración con las ONG que trabajan
con los refugiados, desplazados y solicitantes de asilo: Cruz Roja,
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión
Católica de Inmigración. En 1997 estas organizaciones, a través de una
subvención del Imserso de 1.060 millones de pesetas, acogieron en sus
centros a más de 800 personas, atendieron a 934 personas en concepto de
urgente necesidad, 850 recibieron asistencia sanitaria y unas 2.500
asistieron a cursos de formación y de enseñanza del idioma español. Es
importante destacar que estas organizaciones no gubernamentales, en el
marco del esfuerzo presupuestario que estamos realizando, recibieron en
1997 subvenciones superiores a las de 1996. Por otro lado, se
beneficiaron de asesoramiento jurídico unas 2.700 personas, y recibieron
ayudas para el retorno y reasentamiento unas 200, además de 500 que se
beneficiaron del programa de integración sociolaboral.
La tercera vía de potenciación de la red de centros se desarrolla por el
Imserso en el área de asilo y refugio a través de la red de centros de
acogida a solicitantes de asilo y desplazados; existen cuatro centros
propios con 396 plazas disponibles y la vía de acción concertada con
organizaciones no gubernamentales para el mantenimiento de 345 plazas de
alojamiento.
El punto séptimo de la moción a la que se refiere la comparecencia es
central en la política de inmigración y plantea fijar anualmente los
contingentes en número suficiente según las necesidades de los sectores
implicados y la capacidad de las diferentes administraciones para
desarrollar medidas de integración de estos inmigrantes. El
Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de enero de 1997 y a
propuesta de nuestro Ministerio, adoptó el acuerdo por el que se fijaba
en 15.000 el contingente de autorizaciones para el empleo de ciudadanos
extranjeros no comunitarios en el año 1997. Considerando el número de
ofertas de empleo presentadas y la evolución positiva del mercado de
trabajo en nuestro país, el Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de
noviembre de 1997, acordó ampliar el contingente de autorizaciones
inicialmente fijado para 1997 hasta un máximo de 24.690 personas, dejando
sin efecto el número previsto en el acuerdo anterior, de enero de 1997,
al que he hecho referencia. Quiero señalar a SS. SS. que esta cifra
supone la mayor autorización de cupo hasta este momento y que, en
concreto, triplica, como saben SS. SS., el cupo asignado en 1995, que fue
de 8.000 solicitudes.
El establecimiento de un contingente para 1997 ha estado motivado por la
coyuntura laboral; se ha tenido en cuenta las perspectivas económicas, la
oferta de empleo y también la evolución en los permisos de trabajo para
extranjeros. Se produjo esta ampliación a la que he hecho referencia de
9.690 autorizaciones sobre el cupo inicialmente aprobado, canalizadas
fundamentalmente hacia los sectores agrícola, ganadero y de servicio
doméstico.
Quiero también señalar el estado de tramitación actual del contingente de
1997. De las 68.012 solicitudes presentadas se han informado
favorablemente 20.544; 4.146 están pendientes de aportar documentación y
a 43.000 se les ha denegado por falta de cumplimiento de algunos
requisitos o por exceder del cupo asignado.
En este tema es bueno destacar que, a pesar del elevado número de
solicitudes presentadas, la coordinación ha sido permanente y eficaz
entre el Ministerio, las ONG y los sindicatos. Sobre todo, quiero poner
de manifiesto la ampliación a once meses del plazo de presentación de
solicitudes frente a los tres/cuatro meses de años anteriores. En nuestra
opinión, siendo todavía insuficiente, se ha producido una mejora en el
procedimiento de tramitación.
Ante la demanda del contingente en 1997 el Ministerio de Trabajo, en
coordinación con otros departamentos del Gobierno, está trabajando muy
activamente para autorizar en breve el contingente para 1998 y está
haciendo todos los esfuerzos para mejorar los procedimientos de
tramitación. A este respecto puedo informarles de que el pasado día 26 de
febrero tuvo lugar una reunión del Foro de la inmigración en la que se
analizaron las propuestas de contingente para 1998 en la línea de las
medidas propuestas por dicho foro en su informe sobre la inmigración y el
asilo en España, que fue aprobado en sesión plenaria en octubre de 1997.
Asimismo, el día 2 de marzo tuvo lugar la reunión de la Comisión
interministerial de extranjería, en la que se informó favorablemente el
cupo de autorizaciones para este año, fijado en 28.000, por lo que será
el mayor cupo desde que se inició esta vía en 1993.
Quiero también anunciarles que el Gobierno está trabajando en la adopción
de medidas que permitan, sobre todo, mejorar y agilizar los
procedimientos de tramitación de los permisos de trabajo, con reducciones
en los plazos de tramitación y presentación de las solicitudes; agilidad
en los informes para el visado; simplificación en la documentación;
medidas de control laboral respecto a la veracidad de la oferta o de las
condiciones de trabajo, que esperamos que puedan ser presentadas a lo
largo de 1998 y previo acuerdo con las organizaciones no gubernamentales
y con las organizaciones sindicales.
En lo que hace referencia al apartado ocho de la moción que hoy nos
convoca, que habla de llevar a cabo las acciones pertinentes para aflorar
todas las situaciones de irregularidad que se hayan ido produciendo en
estos años, incluyendo el estudio y valoración de manera inmediata de la
aplicación de la resolución de 17 de abril de 1995, debo manifestar que
desde el 27 de abril hasta el 23 de agosto de 1996 tuvo lugar un proceso
de documentación de extranjeros en situaciones irregulares como
consecuencia de la entrada en vigor del nuevo reglamento de ejecución de
la Ley orgánica 7/1985, con el fin de regularizar la situación de
aquellos que habían obtenido permiso de residencia pero que se
encontraban en situación irregular. A este proceso pudieron acogerse sus
familiares, así como los familiares de residentes legales, y supuso una
regularización de 19.664 personas. Esta cifra viene a significar la
tercera gran cifra real y objetiva, alejada de la estimación de lo que
hoy es la inmigración en España. Según los datos del Ministerio del
Interior, la inmigración en España significa entre un 1,7 y un 1,9 de su
población, lo que supone que podemos estar entre 550.000 y 600.000
inmigrantes legales. Además, debe manejarse el número de inmigrantes que
han pedido su regularización en España, 25.000, con aproximadamente
20.000 estimados, y el número de solicitudes del contingente que, como he
dicho anteriormente, en el año 1997 ha sido de 68.012, con un cupo de
24.690. Aparte de estas actuaciones se ha continuado con los trabajos de
la Inspección de Trabajo, así como con los expedientes abiertos y
resueltos por la Dirección General de Ordenación de las Migraciones,
tanto en el ámbito estatal como en los distintos niveles provinciales.
El punto número 10 de la moción habla de dotar de recursos suficientes al
plan de integración de los inmigrantes para la adecuada atención de estos
crecientes colectivos y potenciar el Foro de la inmigración como cauce de
participación, diálogo, puesta y búsqueda de soluciones entre las
administraciones, los movimientos sociales y los propios afectados. Otro
de los grandes objetivos de la política del Gobierno en materia de
inmigración se basa en la búsqueda de la integración social del
inmigrante, lo que reclama una compleja actividad dirigida a conseguir
que, junto a la regularización y a la legalidad de su estancia, el
inmigrante se incorpore de forma efectiva a la sociedad mediante la
integración laboral, lingüística, educativa, económica y cultural. Para
ello el Ministerio de Trabajo, a través del plan para la integración
social de los inmigrantes, viene desarrollando múltiples programas de
apoyo al alojamiento de inmigrantes, defensa jurídica, acogida,
asistencia a retornados, menores inmigrantes y proyectos cofinanciados
por la Unión Europea.
El apoyo presupuestario del Ministerio de Trabajo en favor de programas
dirigidos a colectivos de inmigrantes ha sido en 1996 y 1997 de 5.527
millones, destacando el
incremento de 897 millones de pesetas en relación con el año anterior,
1996. En ese año el Ministerio invirtió 2.315 millones para el
cumplimiento de los objetivos del plan a través de varias vías de
financiación: asignación tributaria del IRPF; órdenes comunicadas del
Imserso; subvenciones de la extinta Dirección General de Trabajo y
Migraciones; subvenciones del régimen general del Imserso y fondo de
emergencia, 58 millones de pesetas en este caso.
En 1997 el plan de integración social ha contado con diversos apoyos
presupuestarios para el cumplimiento de sus objetivos, con un total de
3.212 millones de pesetas, lo que ha supuesto, como decía, un incremento
de 897 millones de pesetas. El desarrollo viene dado por la asignación
tributaria del IRPF; las subvenciones concedidas en base a la Orden
ministerial de Trabajo y Asuntos Sociales de 30 de abril de 1997, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
y ayudas públicas a la realización de proyectos en favor de inmigrantes y
para la resolución de situaciones de emergencia de carácter
extraordinario; subvenciones concedidas por resolución de 2 de octubre de
1997 en el área de personas refugiadas por parte del Imserso;
subvenciones de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones por
un importe de 477 millones de pesetas; órdenes comunicadas del Imserso
por un importe de 1.060 millones de pesetas a proyectos desarrollados por
ONG; y también las aportaciones al proyecto Integra que, como saben, está
cofinanciado por la Unión Europea. Quiero destacar que, aparte de las
vías que anteriormente he expuesto, en los presupuestos del Ministerio
para el ejercicio de 1998 figura con dotación propia el plan de
integración social de inmigrantes con 250 millones de pesetas.
En cuanto a la potenciación del Foro para la integración social de los
inmigrantes, segundo apartado de esta resolución, cabe destacar que se ha
realizado un gran trabajo de reflexión sobre la situación actual en
España de la inmigración y del asilo, y que la colaboración es permanente
y constante. Quiero reconocer públicamente la tarea de colaboración que
recibimos del foro y también la permanente apertura al diálogo que desde
esa institución participativa se da con el Gobierno y con el conjunto de
la sociedad.
El punto 11 de esa resolución, aprobada por unanimidad, se refiere a
impulsar las medidas oportunas, a fin de utilizar las actuales
posibilidades organizativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
para que se dote al área de migraciones de la autonomía que le
corresponde por su trascendencia humana y social. La autonomía del
Ministerio de Trabajo debe enmarcarse en el ámbito de las competencias
que le atribuye la Ley orgánica 7/1985, dentro la necesaria y adecuada
coordinación con los demás ministerios competentes. En este apartado
resulta evidente el esfuerzo realizado. Baste comprobar la publicación
del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se modifica
parcialmente aquélla, y en la que se crea la Dirección General de
Ordenación de las Migraciones con competencias en la programación laboral
de los flujos migratorios y la ordenación de los permisos de trabajo a
los extranjeros. Es el Imserso, el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, a quien competen los programas de integración social de los
inmigrantes.
En el punto 14 se reclama un compromiso real de las instituciones
europeas ante el hecho de que Ceuta y Melilla constituyan la principal
frontera sur de Europa. El importante incremento que se ha producido
durante 1997 en la afluencia de inmigrantes en situación irregular a las
ciudades de Ceuta y Melilla ha originado que nuestro Ministerio haya
invertido entre 1996 y 1997 un presupuesto superior a los 1.200 millones
de pesetas para actuaciones relativas a manutención y asistencia
sanitaria en ambas ciudades, así como acogida en la Península y
actuaciones tendentes a su integración sociolaboral, destacando el
programa específico de acogida en Ceuta y Melilla, desarrollado por
primera vez desde octubre de 1996. En este punto quiero destacar que
nunca se ha hecho un programa tan ambicioso sobre planes de acogida por
parte de las organizaciones no gubernamentales, al tiempo que por parte
de otros departamentos del Gobierno se están reforzando todas las medidas
tendentes al control de fronteras en Ceuta y Melilla. La Comisión
Europea, como saben, ha resuelto la concesión de una subvención que
asciende a 747.000 ecus, de los que 447.000 se van a destinar a la
creación de un centro de acogida y 300.000 a las acciones de asistencia,
formación y mantenimiento de los desplazados. Es importante este dato por
lo que significa de compromiso de cofinanciación de la Comisión Europea
ante un hecho como el que se relata en la exposición de este punto 14,
donde se reclama el compromiso de las instituciones comunitarias.
El punto 15 alude a comprometerse activamente con los objetivos del año
europeo contra el racismo, llevando a cabo una gran campaña de
sensibilización de la sociedad española, empezando por las escuelas y
llegando a todos los ciudadanos, a fin de que los valores de la
solidaridad e integración sean predominantes en nuestro comportamiento
colectivo. Como saben, el 23 de enero de 1997 se creó el comité español
para el año europeo contra el racismo, cuya misión ha sido la de promover
y coordinar todas las acciones adecuadas para los objetivos previstos
durante 1997. Ahorro a SS. SS. leerles todas las actividades que ha
promovido el comité español para el año europeo contra el racismo. No
obstante, quiero mencionar que todos los participantes en ese comité han
recibido la felicitación expresa de la Unión Europea por el conjunto de
las actividades que han desarrollado durante 1997.
Finalmente, la moción aprobada por unanimidad se refiere al impulso de
una política global de inmigración, basada en la voluntad de integrar a
estos nuevos ciudadanos, como dice textualmente. Esa política debe ser el
resultado del máximo consenso parlamentario, institucional y social.
Quiero reiterar ante la Comisión, señor presidente, el compromiso del
Gobierno en la concepción de la política de inmigración como una política
de Estado. Todos los pasos que se den desde la Administración,
especialmente en este ámbito, tienen que ser dialogados, discutidos y
analizados en profundidad, tanto con las organizaciones no
gubernamentales, con las organizaciones sindicales, como con las fuerzas
políticas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor ministro, por su intervención.
Quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Qué lugar ocupa en sus
prioridades políticas este Parlamento para que haya tardado seis meses en
venir a esta Comisión? Fue en septiembre de 1997 cuando le pedimos que
viniera para hacer un balance del primer año de desarrollo de una moción.
Tal vez pueda decirme que hace quince días se convocó la Comisión pero
que no se pudo celebrar porque había overbooking, pero cinco meses y
medio es mucho tiempo. Si mido el tiempo que tarda S. S. en comparecer en
la Comisión de Política Social y Empleo, sinceramente creo que este
Parlamento no es una de sus prioridades políticas.
Dicho esto, le diré que la comparecencia dirigida a usted y al ministro
del Interior, que vino el último día del mes de diciembre a darnos cuenta
de los puntos que afectaban a su departamento, persigue ahora evaluar
dieciocho meses de trabajo del Gobierno y de dos departamentos que son
fundamentales en la política inmigratoria. Desde el punto de vista del
Grupo Socialista, desde la expulsión irregular en todos los casos, e
ilegal en algunos, de los 103 ciudadanos de Melilla en junio de 1996,
ustedes cambian constantemente de criterio, cuando lo tienen, en la
política inmigratoria. Mantienen políticas diferentes según el lugar
donde estén, aunque constantemente señalan al resto de los grupos la
responsabilidad de que ésta es, y ustedes quieren que lo sea, una
política de Estado. Funcionan con impulsos, la mayoría de ellos
mediáticos, aunque eso no ocurre sólo en esta política, sino también en
otras políticas de su departamento. La lentitud en la resolución de los
problemas es de tal magnitud que éstos se multiplican, cuando no se
enquistan. Cuando lea el texto transcrito podré comprobar las diferentes
cantidades que ha sumado en cada apartado. Uno no puede ir haciendo la
suma de las cifras que ha dado, porque a la vez usted ha hecho sumas. Me
gustaría ver si es capaz de retener globalmente las cantidades que ha
dedicado su departamento el año pasado, de los 2.500 millones que tiene
el Imserso en 1997 para inmigrantes y refugiados y las cantidades que son
menores de los 7.084 millones que tiene el departamento para migraciones;
es decir, me gustaría entresacar globalmente esa cifra y luego explicar
los grandes apartados.
He hecho una lectura de forma heterodoxa del presupuesto, pero es la
lectura que ustedes están publicando en las revistas para todas las ONG
como síntesis de cómo agrupan el presupuesto: 2.500 para inmigrantes y
refugiados en el Imserso en 1997 y 7.084 para migraciones en la
Secretaría General de Asuntos Sociales. Me gustaría saber de esas
cantidades del presupuesto, a finales de 1997 cuánto han dedicado a la
política inmigratoria y si esa cantidad total puede desglosarse en los
grandes programas. Durante todos estos meses usted y su departamento,
cuando han comparecido en nuestra subcomisión de inmigraciones, la cifra
que han reflejado como más importante ha sido la de ochocientos y pico
millones --si le he entendido bien, la ha convertido en 1.060-- para los
programas de acogida de personas desde Ceuta y Melilla en la Península.
Sobre dicho programa le quiero hacer algunas preguntas. El dato que usted
nos ha dado, junto con el aportado por el ministro del Interior en
diciembre respecto del primer programa, de los primeros convenios con una
serie de ONG, es que han llegado al país 1.375 personas y el ministro del
Interior anunció que iban a venir otras 1.500 personas más. También en su
comparecencia parece ser éste el titular: los contingentes del año que
viene van a ser 28.000. Esta comparecencia es para el pasado y para la
gestión, aunque está bien ir apuntando aspectos de futuro.
Señor ministro, ¿qué balance hacen en su departamento de estos convenios?
¿Qué balance hacen de los programas realizados, de las personas que han
llegado? ¿Cuántas, de esas 1.375 que ya han venido, de las 1.500 que
están llegando, están regularizando su situación y entran en una dinámica
de inmigrantes regularizados? Este programa es nuevo, que les ha tocado
poner en marcha a ustedes, que mi grupo valora. Ante una nueva realidad
que no existía en el pasado, ustedes ponen en macha este programa, pero
en este programa no vale decir: yo pongo 1.000 millones de pesetas, que
detraigo de otras partidas, para las mismas políticas y los mismo
colectivos, arreglo un poco los campamentos en Ceuta y Melilla y traigo a
las personas aquí. ¿Sabe lo que dicen las organizaciones de inmigrantes y
los inmigrantes sobre este programa? Que a veces tienen la sensación que
es la caza del zorro. Por ello le digo que este programa que ustedes han
puesto en marcha --que tanto mi grupo como yo valoramos positivamente--,
después de decir que dedican unos recursos y delegan en las ONG --algo en
lo que no estamos de acuerdo, porque en este programa tienen que
participar todas las administraciones, incluida la europea--, desde el
Ministerio tienen que liderar y dirigir el programa, tienen que formar a
los voluntarios y a los profesionales que trabajan en las ONG para
desarrollar este programa, tienen que crear sistemas de evaluación de
este programa, que es muy importante, porque son casi 3.000 las personas
que en año y medio van a venir irregularmente al país, y se supone que el
reto detrás de ese convenio consiste en regularizar a esas personas y no
que a los dos meses estén en la calle en situación irregular y ya todo el
objetivo sea que la policía busque a esas personas para abrirles el
expediente de devolución o expulsión. Ustedes dicen que han dedicado
1.000 millones a este programa, ahora dibujan 250 millones en el
presupuesto de 1998, se supone que habrá algunos otros recursos de estos
dos capítulos que le he comentado para continuarlos, porque si no es
imposible lograr esos objetivos utilizando un tercio de los recursos
dedicados el año anterior.
Con estas reflexiones pretendo decirle, señor ministro, que nos ha
hablado de unos recursos importantes. Posiblemente vamos a ver que donde
más presupuesto han dedicado a la política inmigratoria ha consistido en
sacar de Ceuta y Melilla a unas personas que han llegado en estos dos
años de Gobierno a una cifra de alrededor de 3.000 personas, traerlas a
la Península durante dos meses por un convenio de atención con diferentes
ONG y a partir de los dos meses ¿qué? Esto hay que evaluarlo y liderarlo
desde los poderes públicos, porque si no es lo que dicen los inmigrantes:
a la caza del zorro, después de dos meses de permanecer en una pensión o
en una casa de acogida, me encuentro en una situación igual que la que
tenía en Ceuta o Melilla.
Nos ha hablado también de las oficinas integrales de extranjería. El
subsecretario de Interior nos dijo en la subcomisión que el presupuesto
de 1998 había dedicado a este fin 58 millones de pesetas. Y tanto el
ministro del Interior como usted nos hablan de las oficinas integrales de
extranjería como si fueran nuevas, usted nos ha vuelto a hacer el
listado. Señor ministro, las de Alicante, Almería, Gerona, Santa Cruz de
Tenerife, Baleares, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y la de Lérida
ya existen. Ustedes, como departamentos, tienen que ampliar la RPT para
convertirlas en auténticas oficinas de extranjería, donde esté también la
unidad de refugio y asilo y yo le pregunto: ¿qué RPT tiene el
departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para hacer que este segundo
punto se cumpla adecuadamente, ya que dedica funcionarios al desarrollo
de estos objetivos de las oficinas integrales de extranjería? ¿Qué
recursos económicos dedica para mejorar centros?
También a usted, señor ministro, le han pasado --igual que al ministro
del Interior-- otro informe incorrecto. No existe la oficina de Melilla
ni la de Ceuta. Ahora lo puedo decir con más desahogo, porque tengo a un
compañero del Partido Popular que ha ido con la subcomisión y lo hemos
visitado, y está el presidente y el letrado. Hemos visitado Ceuta y
Melilla y usted cuando fue a visitar estas ciudades habló de un nuevo
centro y dijo que se iba a poner en marcha en noviembre del año pasado,
después dijo que en primavera, luego para cuando nosotros fuimos y el
centro en Melilla sigue sin funcionar. En Ceuta el centro consiste en una
ventanilla con dos mesas y un letrero que dice: oficina integral de
extranjería. Eso no es una oficina integral de extranjería; había dos
mesas, sin ningún funcionario, a la entrada de la Delegación del
Gobierno. No, señor ministro, Ceuta y Melilla no tiene todavía una
oficina integral de extranjería. Se lo digo igual que se lo dije en
diciembre al ministro del Interior. La subcomisión de política
inmigratoria ha ido a esos lugares, lo hemos visto, lo hemos tocado e
incluso al comisario jefe de Ceuta, en este caso, hasta le tendremos que
traer a uno de esos cursos o seminarios que usted plantea. Porque cuando
los parlamentarios le preguntamos sobre el interés y si veía bien la
oficina de extranjería, dijo que las oficinas de extranjería sólo servían
para devolver y expulsar más deprisa a la gente. Y nosotros pensamos que
si era así, sería mejor dejarlo hasta que el comisario jefe pase por el
reciclaje.
En definitiva, ¿qué quiero decirle, señor ministro? Que las oficinas
integrales de extranjería con unidades de asilo y refugio son muy
importantes. Usted lo ha dicho en su intervención. Pero para eso nos
tiene que decir cuántos funcionarios va a dedicar usted a todas esas
oficinas que ya existen, que necesitan más profesionales, más servidores
del Estado ocupándose de este tema y que necesitan espacios mejores. ¿Qué
recursos materiales y humanos va a aportar su departamento para que todo
esto funcione adecuadamente?
Respecto a los convenios que antes he mencionado --posiblemente no sigo
el mismo orden que usted--, déjeme insistir en una cuestión, señor
ministro. No se puede delegar en las ONG la atención de tantos ciudadanos
en situación de exclusión o riesgo de exclusión social. Es necesario que
las administraciones participen en esta traída de personas y búsqueda de
soluciones para ellas.
Hay otro tema que interesa a nuestro grupo, señor ministro. ¿Qué balance,
cualitativo y cuantitativo, hace su departamento --que es el que lo tiene
que hacer recogiendo-- o cuándo esté en condiciones de poderlo hacer
respecto al año europeo de lucha contra el racismo? En principio nosotros
fuimos muy críticos en una comparecencia de doña Amalia cuando nos habló
de este año porque nos dijo que, después de un esfuerzo titánico --lo de
titánico lo digo yo, ella lo dijo con toda corrección--, después de un
esfuerzo importante de su Secretaría, consiguió ahorrar de unos
alquileres y así poder dibujar 34 millones de pesetas para lo que hiciera
el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales en el año europeo contra el
racismo. Supongo --y compartirá conmigo-- que con 34 millones de pesetas
poco se puede hacer, pero ustedes iban, como coordinadores del Gobierno,
a intentar que otros ministerios pusieran cantidades. ¿Cómo está ese
tema, señor ministro? ¿Qué balance cualitativo y cuantitativo nos hace?
El Grupo Parlamentario Socialista piensa que ustedes han perdido una
oportunidad hermosa de contribuir a seguir cambiando actitudes y a
reforzar valores de tolerancia y respeto en la sociedad española. Han
perdido una oportunidad para seguir construyendo lo que los filósofos
llaman la inter o la multiculturalidad o el mestizaje que diría Alain
Touraine o el nuevo concepto de ciudadanía que dicen esas estupendas
filósofas que tenemos en nuestro país, doña Victoria Kent o doña Adela
Cortina. El año europeo contra el racismo perseguía esos objetivos.
Ustedes, Trabajo y Asuntos Sociales, lo tenían que liderar. ¿Cómo lo
lideraron? Dibujando tan sólo un presupuesto de 34 millones; con 34
millones no se sacan adelante estos objetivos. Insisto en que los
objetivos eran trabajar a nivel europeo por la configuración de un
concepto de ciudadanía intercultural y multicultural, donde la tolerancia
y el respeto hacia la diferencia del otro estuvieran en el hacer
cotidiano de los comportamientos de la sociedad española.
No voy a hablar de sus cifras, porque ahí me he despistado un poco. ¿Qué
recursos ha dedicado, señor ministro, al Plan de integración de los
inmigrantes? ¿Qué programas se han sacado adelante? Este grupo
parlamentario, después de escuchar en la subcomisión a expertos, a
gabinetes, a profesores de universidad y a organizaciones no
gubernamentales, tiene la sensación de que se le han ido todos los
esfuerzos económicos en los convenios con las ONG para traer a las
personas de Ceuta y Melilla y que los recursos para el Plan de
integración han sido escasísimos. De hecho no hemos encontrado a nadie
que nos facilitase algún proyecto piloto, alguna experiencia para cumplir
esos seis grandes objetivos que dice el Plan: eliminar discriminación
injustificada, promover la convivencia basada en los valores democráticos
y en las actitudes tolerantes, garantizar una situación legal y estable
socialmente, combatir las
barreras que dificultan la integración, luchar contra la explotación de
los trabajadores extranjeros y movilizar a la sociedad contra el racismo
y la xenofobia. Estos son los seis grandes objetivos del Plan de
integración de los inmigrantes. Este grupo no conoce que ustedes hayan
presentado ni a las ONG, ni al foro, ni a este Parlamento otros objetivos
diferentes. ¿Qué programas, qué proyectos, qué experiencias piloto han
desarrollado en 1997 en ese Plan de integración para ir avanzando en
estos objetivos?
La otra política fundamental --usted lo ha dicho--, las dos grandes
columnas vertebrales de su política son el Plan de integración y los
contingentes. Ministro, usted nos ha dicho que de las 68.000 solicitudes
se han resuelto 20.000. ¿Se han resuelto las 20.000, como suelen decir
los inmigrantes --quedan pendientes de resolver 4.000 y pico por algún
papel--, en la primera vuelta o en la segunda? ¿Les han dicho: aquí lo
tienen y váyanse a sus países a conseguir el visado o son 20.000 después
de venir con el visado desde sus países? Creo que sus equipos le estarán
diciendo el caos que está siendo la solución de los contingentes. No
presuma, señor ministro, de que los contingentes han estado once meses
abiertos. Lo que hay que tener es una política de contingentes muy clara,
con procedimientos sencillos. Ustedes cambiaron experiencia de los años
anteriores, y tienen todo el derecho a cambiarla, pero en democracia las
cosas continúan. Algunas veces cuando escucho al Gobierno pienso que
ustedes se creen que son Adán y Eva, Evas las mujeres y Adanes los
hombres del gabinete, porque ustedes hablan como si hubieran descubierto
el paraíso, lo hubieran creado y a partir de ustedes, del primer hombre,
de la primera mujer, se hubiera desarrollado lo que es nuestro país. No
es así, señor ministro, es un proceso largo, de siglos y vamos heredando
unos y otros. Hubiera sido mejor no haber cambiado los procedimientos de
contingentes y con el conjunto de la experiencia haber visto la forma de
simplificar en vez de cambiar los contingentes. No estar tantos meses,
durante tanto tiempo, volviendo loca a la gente. Sé que al final han
mandado circulares en Exteriores, pero le podríamos contar experiencias
de las ONG, que cuando ha llegado un inmigrante a Marruecos, a Yugoslavia
o Rumania a conseguir su visado, se encontraba con que le decían que no
en los consulados españoles. Ya sé que ha habido que mandar más de una
circular, hay personas que han tenido como respuesta: pues no, porque
usted entró como turista y ahora me viene para conseguir un visado de
inmigrante laboral, no le creo, me está mintiendo. Eso pasa. No es
responsabilidad directa y estricta suya, sino de otro departamento. En
tal caso es indirecta porque usted es el ministro que coordina o que
quiere coordinar estas políticas de inmigración.
De esos 20.000 ¿cuántos están resueltos, y están resueltos porque ya han
venido con el visado y están tranquilos porque están regularizados y no
tienen ningún problema de irregularidad? Señor ministro, han perdido una
oportunidad --se lo dijimos también al ministro de Interior-- de ampliar
el contingente sumando a aquellas personas que en la regularización
última demostraban con sus papeles que sólo necesitaban que se lo
sellasen, y lo obviamos totalmente; tenían un puesto de trabajo, pero no
entraban en el número que se había fijado como última regularización.
Creo que aquí hay que ser un poco más flexibles.
Estas son preguntas que aún le quedan a esta diputada para terminar de
hacer un balance de su trabajo, señor ministro. Espero que me responda
ahora a ellas en la réplica y le recuerdo un chiste que el señor Forges
hizo sobre usted, que seguro que usted lo leyó y sonrió. El preguntador
justiciero estaba subido en una banqueta como el Guerrero del Antifaz y
decía: en lo que va de año, ¿cuántos puestos de trabajo llevan creados
las empresas que se están forrando en Bolsa? Pero, conteste hoy, señor
Arenas, no nos meta más publicidad; y los Manolos decían: eso, eso, el
preguntador justiciero acierta. Yo le digo lo mismo, no pretendo ser una
preguntadora justiciera, pero sí le pido al señor Arenas que conteste
concretamente a estas dudas que seguimos teniendo y que tienen que ver
con la política de su departamento para atender a los colectivos más
marginados de la sociedad española, que son los inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posiciones? (Pausa).
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Quiero agradecer al ministro su comparecencia
y, vista la actitud de la portavoz del Grupo Socialista, quiero
reprocharle que haya sido excesivamente modesto en la valoración de la
gestión de su Ministerio. Excesivamente modesto porque había una serie de
problemas enquistados, y me voy a centrar en algo que ha sido reiterativo
en la intervención de doña Matilde Fernández como es la situación de
Ceuta y Melilla. Si este Gobierno se encuentra con un auténtico problema
enquistado por falta de decisión de los anteriores gobiernos y por falta
de actuación, ésa es precisamente la situación de Ceuta y Melilla. Si
valoramos el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Trabajo en
colaboración con el Ministerio del Interior y con otra serie de
ministerios, hay que decir que la actuación en Ceuta y Melilla no se ha
quedado en un simple arreglo de campamentos y en algo que le hubiera
gustado, quizás, a la portavoz del Grupo Socialista, que sería una foto
fija de los campamentos de Ceuta y Melilla antes de la llegada de este
Gobierno que no contemplara la realidad actual.
Se ha referido a una ventanilla en la Delegación del Gobierno en Ceuta,
con dos mesas y dos funcionarios. Antes de la llegada de este Gobierno y
del nuevo delegado del Gobierno no existía ni siquiera esa ventanilla, ni
esos dos funcionarios con dos mesas. Y no se refiera a una foto fija en
el momento de una visita, sino a que la situación ha ido evolucionando.
Lo cierto es que en Ceuta y en Melilla había un número muy importante de
inmigrantes subsaharianos y de inmigrantes argelinos que no tenían
ninguna perspectiva de solución y al que el Gobierno anterior no fue
capaz de aplicar ningún sistema. Ese problema se fue enquistando y llegó
a unas situaciones de violencia que tuvo que sufrir el anterior Gobierno,
así como al afloramiento de algo muy grave, parecido al racismo o a la
xenofobia, en las poblaciones de Ceuta y Melilla. Pues bien, con este
Gobierno
la situación de los subsaharianos en Ceuta y en Melilla se ha resuelto
completamente; y se ha resuelto con un sistema algo imaginativo, pero
coherente con lo que los partidos políticos y las organizaciones sociales
vienen diciendo. No se puede decir, por un lado, que es necesario
afrontar los problemas en una clara colaboración de las administraciones
públicas con las organizaciones sociales, fundamentalmente las
organizaciones no gubernamentales que se dedican a estas materias, y
luego criticar que se haya aplicado una política de desplazar a todas
estas personas, que estaban en Ceuta en situación plenamente irregular, a
la Península con la colaboración de esas ONG. Creo que es el camino
adecuado. Estas personas no están en la Península en situación irregular,
han venido ya en situación regular a la Península. Por tanto, será ahora
la sociedad, la capacidad de la sociedad para absorber en el mercado de
trabajo a todos estos inmigrantes, en colaboración con las ONG, que están
haciendo una labor ejemplar en esta materia, la que permitirá que los
inmigrantes que quieran continuar en territorio español concluyan su
ciclo; es decir, obtener un trabajo.
Lo que no se puede pretender ni pedir a las administraciones públicas es
que suplan algo que tiene que generar la sociedad. La sociedad tiene una
capacidad de absorción y una capacidad de integración de inmigrantes y lo
que no podemos pedir a las administraciones es que traten de superar esa
capacidad de la sociedad para absorber a los inmigrantes y darles un
puesto de trabajo digno. La situación actual es que en Ceuta y en Melilla
no queda un solo subsahariano con los que la señora Fernández y el
portavoz del Grupo Popular en este momento pudieron conversar. Además, en
aquella conversación, siento decirlo, no oí ninguna mención ni a la caza
del zorro ni a la caza de ninguna otra especie, no lo he oído, no sé
dónde lo puede haber oído la señora Fernández.
En la oficina de extranjería se ha avanzado y eso lo tiene que reconocer
la señora Fernández. El ministro ha mencionado una serie de oficinas,
unas existentes y otras nuevas. Lo que hay que decir también es que ahora
sí son oficinas integrales de extranjería y antes no lo eran, había un
predominio de la función del Ministerio del Interior en la labor de
control de los inmigrantes que se traducía en la oficinas de extranjería.
Eran unas oficinas muy ligadas al Ministerio del Interior, muy ligadas a
una acción policial; acción policial necesaria pero no la única que hay
que hacer en la labor de recepción y de acogida a los inmigrantes.
Hay otro tema importante. El ministro se ha referido sólo en los números
a la realización de una serie de cursos para funcionarios, pero hay que
dejar sentado que se ha experimentado un cambio radical en la actitud de
los funcionarios, tanto del Ministerio de Trabajo como, fundamentalmente,
en el Ministerio del Interior. Esa percepción de que el problema de la
inmigración no es estrictamente policial, sino que también es un problema
social es algo que ha podido observar la señora Fernández en las
distintas visitas y comparecencias que se han celebrado en la
subcomisión, es algo que se está viendo ahora. Ha habido un cambio
radical en la actitud de los funcionarios para enfocar el problema de la
inmigración.
Terminaré con la referencia que hace a los contigentes. Personalmente
para mí, y creo que también para el actual Gobierno, el actual sistema de
contigentes no nos parece el mejor porque es muy complicado. Usted
reclama procedimientos sencillos, muy bien, podían haberlo hecho cuando
estuvieron en el Gobierno; se están utilizando los procedimientos que
ustedes diseñaron y esos procedimientos que ustedes diseñaron son
complejos. Evidentemente, creo que va a haber una recomendación por parte
de la subcomisión en esta materia y hay una perfecta receptividad por
parte de los ministerios para utilizar un procedimiento más sencillo, que
permita saltarse esa dinámica continuada de procesos de contigentes que
en vez de servir para conseguir nuevas colocaciones sirve para
regularizar situaciones de irregulares que ya están aquí, con la enorme
complicación que conlleva, porque, efectivamente, hay que ir a por el
visado. Creo que ustedes, en esta materia, no pueden criticar lo que
crearon.
Para terminar, señor presidente, quisiera felicitar al ministro de
Trabajo, no porque este grupo sea el que apoya al Gobierno, sino porque
objetivamente ésta debe ser de las pocas materias en las que, aprobado
por el Pleno del Congreso un catálogo de recomendaciones a un Gobierno,
puede comparecer un ministro, en este caso el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, por lo que afecta a su departamento, y desgranar una
serie de actividades y un grado de cumplimiento muy alto en cada una de
esas medidas. Evidentemente, hay muchas otras materias --y podemos hacer
un recorrido histórico de por qué se han producido y cómo se cumplen las
recomendaciones de este Parlamento-- en las que no nos encontraríamos con
esa situación.
Finalmente, critica usted la tardía presencia del ministro. Hay que
constatar un hecho. En la Mesa de la Comisión de Política Social y Empleo
la oposición tiene mayoría plena; la Mesa ha incluido en el orden del día
la comparecencia del ministro, pedida por su grupo, cuando su grupo lo ha
solicitado. En la dinámica del juego de comisiones no vale la fecha de
presentación de la iniciativa, vale la petición expresa del grupo en la
Mesa para que se incluya una materia en el orden del día. Como en esta
Comisión el grupo que apoya al Gobierno y los grupos que colaboran con el
Gobierno no tienen mayoría, creo que es un reproche que debe hacer
fundamentalmente al presidente de la Comisión, que es de su grupo
parlamentario, al resto de miembros de la Comisión que no son de los
grupos que apoyan al Gobierno y, sobre todo, reprocharle que lamenta
mucho que ellos no hayan hecho caso a su solicitud y hayan retrasado la
comparecencia.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ruego, antes de dar la palabra al señor ministro,
que se lean los parlamentarios el artículo 203.2 del reglamento para que
las comparecencias respondan al mismo. Es cierto que en este caso ha
habido una alusión personal y que como tal justificaba la primera parte
de la intervención del señor Jordano, pero éste no es un debate entre
grupos, sino que es para preguntar a quien comparece y fijar posiciones.
Que esto vaya por todos,
pero, en este caso, ha sido muy patente el desvío de lo que dice el
reglamento.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arena Bocanegra): Señor
presidente, yo quería empezar diciendo que en mi labor como ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales le anticipo a la señora Fernández que no tengo
ningún deseo de protagonizar ninguna coordinación. Estoy seguro de que si
la señora Fernández tuviera las responsabilidades que yo tengo de empleo,
de Seguridad Social y de asuntos sociales no estaría deseosa de nuevos
protagonismos, igual que me pasa a mí. Mi protagonismo es hacer las cosas
lo mejor que puedo y hacer balances de objetivos alejados de dos asuntos
que me parecen importantes: de cualquier catastrofismo y de cualquier
triunfalismo, aunque en ocasiones haya motivos para expresar noticias
buenas. Cuando en la sociedad hay noticias buenas --independientemente de
los chistes de buenos humoristas como Forges, al que le tengo afecto--
hay que transmitírselas a la sociedad. Pero hay una frontera entre el
optimismo y el triunfalismo que no debe sobrepasarse, como existe una
frontera entre la crítica y el catastrofismo que también es muy negativo
sobrepasarla. Cuando alguien pasa del optimismo al triunfalismo no tiene
crédito y cuando alguien pasa de la oposición al catastrofismo tampoco
tiene crédito. Creo que eso lo tenemos que tener muy presente cuando
estamos en la oposición y cuando estamos en el Gobierno, porque cuando
los ciudadanos quieren estamos en el Gobierno y cuando los ciudadanos
quieren estamos en la oposición.
En segundo lugar, quiero agradecer ante ustedes la colaboración que
siempre he tenido --y él cuenta con la mía-- del presidente de la
Comisión. Como ha dicho el señor Jordano, solicité que hiciéramos un
esfuerzo en el mes de diciembre, consideré con el señor presidente ese
esfuerzo, pensamos que era plantear un problema al necesario descanso de
los señores parlamentarios --de eso puede dar fe el señor presidente-- y
luego estaba prevista la comparecencia mucho antes de esta fecha y hubo
un problema de sala. Le garantizo --créaselo-- que no le tengo ninguna
fobia al Parlamento y tampoco se me da mal explicar las cosas, eso
también se lo garantizo, pero no tengo ninguna fobia al Parlamento.
Además, le quiero señalar una cosa que es muy importante. El Parlamento
nunca está en la prioridad de un ministro, eso no es una prioridad, el
Parlamento es una obligación que en mi caso cumplo gustosísimo; pero es
una obligación, no una prioridad. En los ministerios no se dice qué
ministro le da prioridad al Parlamento o no, es una obligación. Así que
quiero destacar ante ustedes la colaboración que he recibido en todo
momento del presidente de la Comisión y decir que hemos hecho esfuerzos
para que la comparecencia se produjera antes. De todas formas, ha sido
usted muy injusta conmigo, porque ha hablado de seis meses de retraso y
luego ha tenido un lapsus linguae y ha dicho que la comparecencia estaba
pedida en el año 1977; 20 años de retraso no ha tenido, señoría, se lo
digo con todo el afecto. Ha dicho que la solicitud de comparecencia era
de septiembre de 1977 y, entonces, la portavoz socialista me llevaría
esperando 20 años. (Risas.)
En tercer lugar, no ha seguido usted la sistemática que yo he marcado.
Tiene usted plena libertad para seguir la sistemática que considere más
conviene, pero no ha sido la mía. Yo vengo a comparecer hoy sobre el
grado de cumplimiento de una moción y he seguido exactamente la
sistemática de la moción. Lo cierto es que en todos los aspectos que se
plantean en la moción hay notables avances y lo cierto también es que
queda mucho por hacer en todos los aspectos. Pero que hay notables
avances en las políticas de cooperación con las ONG, sin duda; que hay
notables avances en la construcción y funcionamiento de las oficinas de
extranjería, pues no tengo duda; que hay notables avances en la
cooperación con otros países, pues no tengo duda; que hay notables
incrementos presupuestarios, pues no hay ningún tipo de duda; que hay
avances en el compromiso de la Unión Europea con la situación de Ceuta y
Melilla, pues no tengo ningún tipo de duda; que hay avances clarísimos en
materia de contingentes, pues no tengo ningún tipo de duda. Se producen
avances y el Gobierno, con extraordinaria disciplina en este caso, está
cumpliendo todas las resoluciones que se contienen en una moción aprobada
por el propio Parlamento.
Ya anticipo ante SS. SS. que, por no tenerles hora y media leyendo la
memoria del año europeo contra el racismo, pediré en los próximos días
comparecer ante esta Comisión para hacer un balance de las actividades
del año europeo contra el racismo en España. Hay veces que se producen
estas situaciones que están plenamente justificadas. La Unión Europea ha
felicitado al comité español en el año europeo contra el racismo y la
oposición parlamentaria considera que prácticamente no se ha hecho nada
en esa materia. Seguro que encontramos un punto intermedio. Yo voy a
solicitar comparecer ante esta Comisión para explicar el balance del año
europeo contra el racismo celebrado también en España.
Dice que yo he dado el titular en el día de hoy. La verdad es que yo creo
que todos debemos hablar del pasado, porque el pasado es una buena
experiencia, sobre todo para no repetir los errores, pero es bueno hablar
del futuro. Me parecía una falta de consideración y respeto a SS. SS.
hablar del contingente en el año 1996, hablar del contingente en el año
1997 y hablar de un contingente cero en 1998. Lo cierto y verdad es que
en 1993 se asignó un grupo de 20.600; en 1994, 20.600; en 1995, 8.000.
Por cierto habla usted del grado de conflicto que hemos tenido en la
ordenación burocrática. También podíamos hablar un día --no lo voy a
hacer hoy, porque no es motivo de la comparecencia-- de la situación que
nos encontramos en cuanto a ordenación burocrática. Los problemas
burocráticos y los problemas de documentación en materia de contingentes
le garantizo que no son responsabilidad de este Gobierno, pero no he
venido a eso hoy. Sí he venido a decir que en el año 1997, 24.690; sí he
venido a decir que en el año 1997 ha estado once meses abierto el plazo;
que no hay mejor forma de clarificar que con la apertura de los plazos;
sí he venido a decir que estamos pactando con las ONG en este momento una
reducción y una simplificación de trámites y
sí he venido a decir que la previsión para 1998 es de 28.000 personas.
Eso no puede calificarse como una política regresiva en materia de
contingentes, sino absolutamente todo lo contrario, porque las cifras son
cifras y es difícil hacer interpretaciones de las propias cifras, aunque
se parta de distintas concepciones ideológicas.
Las oficinas de extranjería. Yo le quiero decir que habrá que mejorar y
hay mucho que mejorar las dotaciones humanas. Las oficinas de extranjería
no se miden por número de funcionarios o por número de mesas, lo
importante es que existan y que luego completemos todos los recursos
humanos y técnicos, pero donde existían, existían. Se tienen que mejorar,
se tienen que poner en marcha con las RPT, como ha dicho usted, y también
adecuándola a lo que plantea la propia Lofage, pero se han creado. Otra
cosa distinta es que S. S. diga: se han creado y desde el principio
tienen pocos medios. Pues mire, desde el principio digo que hay que
dotarlas de más medios, pero no cuestione que se han creado, porque no
responde en absoluto a la realidad. ¿Que se ha hecho un esfuerzo
extraordinario en Ceuta y Melilla? De eso no cabe ningún tipo de duda. De
la misma forma que no debe tener ningún tipo de duda en otra cuestión: el
Ministerio va a seguir depositando toda su confianza en las
organizaciones no gubernamentales, toda. Y no caben dos críticas a la
vez. Ya dijo un personaje muy significativo de nuestro país que soplar y
sorber es complicado a la vez. No se puede soplar y sorber, o se sopla o
se sorbe, pero las dos acciones a la vez es complicadillo. Lo que quiero
manifestar es que no se puede decir que nosotros no tenemos comunicación,
colaboración, con las ONG y, a continuación, acusarnos de que estamos
depositando todo en las organizaciones no gubernamentales. Eso no es
posible. O una o la otra, y yo le quiero decir que la otra, que el
Ministerio está haciendo todas sus políticas en materia de inmigración
apoyándose en la colaboración, el diálogo y la eficacia de las
organizaciones no gubernamentales. Si usted me pregunta a mí, como
ministro, si en las operaciones que hemos llevado a cabo en Ceuta y
Melilla tiene más eficacia el propio Ministerio directamente o la Cruz
Roja, le digo que la Cruz Roja, y va a ser muy difícil que me demuestre
lo contrario. Estoy hablando de todo tipo de operaciones: asistencia
sanitaria coordinada por ellos, manutención, etcétera; por cierto, la
mejora de alojamiento que se ha producido es extraordinaria. Por supuesto
que tenemos que seguir mejorando. Está en perspectiva la apertura de ese
centro y le he comunicado en esta comparecencia que hay confinanciación
garantizada de la Unión Europea para ese centro.
Me ha hablado de cifras. Yo lo que puedo hacer es volver a darle las
cifras y remitirle en cuanto lo tenga, esta tarde o mañana, un análisis
de la ejecución presupuestaria. La referencia que ha hecho a la Dirección
General de Ordenación de Emigraciones, me parece que ha sido de 7.000
millones. Esos 7.000 millones son para españoles residentes en el
exterior, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, son para
emigrantes españoles en el exterior. Sí, ésos son los presupuestos del
Ministerio. Luego, en el caso del que estamos hablando, le he informado
de los incrementos que hemos tenido con respecto a 1996. En concreto, en
1997, 5.527 millones, que suponen 897 millones más, distribuidos en
asignación tributaria del IRPF; subvenciones en base a la orden
ministerial de 30 de abril de 1997; subvenciones conseguidas por
resolución de 12 de octubre de 1997; subvenciones de la Dirección General
de Ordenación de las Migraciones, por 477 millones; órdenes comunicadas
del Imserso, por 1.060 millones, destinados a proyectos de ONG y luego
una parte del proyecto Integra.
Quería clarificarle también lo que hace referencia a Ceuta y Melilla.
Entre 1996 y 1997, el presupuesto ha sido de 1.200 millones de pesetas.
Pero sabe usted que es muy difícil acertar con una previsión inicial de
ese presupuesto, porque la realidad en Ceuta y Melilla ha sido cambiente
día a día y, lógicamente, en 1998 se producirán las modificaciones
presupuestarias que sean precisas para atender lo que significa
manutención, asistencia sanitaria y el conjunto de programas de acogida.
No es responsable hacer manifestaciones sobre la operación de Ceuta y
Melilla --yo no me permito esos calificativos ante temas tan
importantes-- como las que ha hecho S. S.: la caza del zorro o algunas
otras. Me parecen poco adecuadas, porque en este asunto cuantas menos
bromas hagamos mejor, porque estamos hablando de cosas muy serias.
En definitiva, he comparecido en la Comisión de hoy para explicar con
todo detalle desde la resolución segunda, que afecta a nuestro
Ministerio, hasta la número 16. Les remitiré la liquidación
presupuestaria en su avance de liquidación presupuestaria para que tenga
los conceptos por programas, por subprogramas, por todos los capítulos y,
desde luego, el Gobierno va a mantener su política, porque consiste,
entre otras cosas, en una política permanente de diálogo y de compromiso
presupuestario. Al final, las declaraciones, el verbalismo, si no se
traduce luego en consignaciones presupuestarias queda en eso, en
verbalismo, y no hay política real. (La señora Fernández Sanz pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dos minutos excepcionalmente, señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: El reglamento dice cinco, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Con carácter excepcional se podrá conceder un turno,
pero lo limitamos por razones de tiempo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Intentaré aprovechar esos dos minutos.
Telegráficamente. Quería responder a las alusiones que el señor Jordano
ha hecho directamente, intentando llevar a su ánimo y a su convencimiento
que no siga diciendo que heredaron un problema enquistado en Ceuta y
Melilla, porque vamos a tener que traerle la hemeroteca. En Melilla había
103 ciudadanos, que expulsaron a los pocos meses de empezar a gobernar
ustedes. Ese era todo el enquistamiento. En Ceuta no llegaban a 200
personas entre subsaharianos y argelinos. Señor Jordano, no hable de
problemas
enquistados, porque la realidad de Ceuta y Melilla es una realidad que
los socialistas gobernando no hemos vivido casi debido a que no había un
número significativo de personas que llegaban a ese lugar. Es una
realidad que ustedes tienen que vivir.
En segundo lugar, cada vez que me hacen esos comentarios --no tengo
tantas oportunidades como para contestarles-- ustedes suelen decir:
ustedes lo podían haber hecho todo, incluso las experiencias que no hemos
vivido. Yo estoy ahora en la oposición y no me siento tan atada, porque
ya ha pasado mucho tiempo, a las responsabilidades institucionales que he
tenido. ¿Sabe lo que siempre les contesto cuando me hacen esa pregunta?
Podían ustedes haber pedido la palabra para criticarnos. Fíjense en la
diferencia. Nosotros hacemos oposición haciendo oposición. Cuando
nosotros gobernábamos a ustedes le importaba un pito estas cosas, y no
controlaban en absoluto estas políticas. (Rumores.)
Luego me habla de la moción y del seguimiento de los puntos de la misma.
Voy a recordarle, señor Jordano, que la moción fue una propuesta del
Grupo Socialista porque ustedes cambiaron la política consensuada en este
país y de pronto decidieron usar el modelo francés de expulsión y
devoluciones. Y cuando nos encontramos con que recurrían a la expulsión
de unos inmigrantes de Melilla y además verbalizaban desde departamentos
ministeriales que era el modelo francés, es cuando nosotros les dijimos
que en 1990 en esta Cámara se consensuó una política. Y tuvimos que
volver a recordar la política. A partir de entonces, el Gobierno --y hubo
ministros que lo reconocieron--, señor Jordano, dijo: es verdad, hay que
seguir con esta política, política que cursó a este Parlamento el Grupo
Socialista, señor Jordano.
Al ministro debo decirle que habla de notables avances. El Grupo
Socialista le reconoce que ante la nueva realidad que han vivido en Ceuta
y Melilla han puesto en marcha un programa. Pero, junto con esto, le
insistimos en que ése es un programa que necesita mucha más dedicación,
atención y diseño, porque no vale poner a disposición de las ONG 1.200
millones y esperar a ver qué pasa en dos meses de residencia y en un año
de un expediente excepcional. Incluso déjeme decirle lo siguiente, señor
ministro: si dedicaron el año pasado 1.200 millones, ¿por qué dibuja
usted sólo 250 en el presupuesto y por qué no lo dibuja como crédito
ampliable? Quiero recordarle que estas propuestas estuvieron hechas por
la izquierda de este Parlamento en los presupuestos de 1997 y de 1998.
Más recursos y en un crédito ampliable.
Le quiero decir dos cosas más. Esta diputada no le ha dicho cosas
contradictorias con respecto a las ONG; le ha dicho que ustedes estaban
delegando casi toda la responsabilidad de estas políticas en las ONG y el
Grupo Socialista eso no lo ve correcto. Y no lo ve correcto porque en el
desarrollo del Estado del bienestar los poderes públicos tienen que jugar
muchísimo más papel que las organizaciones no gubernamentales.
Le hemos dicho --y no, lo consideramos, claro está, un notable esfuerzo,
sino un elemento de crítica importante-- que las dos grandes políticas de
su departamento, que son los contingentes y el plan, han brillado por su
ausencia, porque se han dedicado sólo a Ceuta y Melilla. Usted dijo a los
ciudadanos de Ceuta y Melilla que en el presupuesto de 1998 constaría un
crecimiento de 800 millones de pesetas. El crecimiento del presupuesto de
1998 es de 567. Usted me podrá decir que ha calculado que va a conceder,
que va a regular el decreto, que va a pactar con las 17 comunidades
autónomas y con el consejo de ONG, que el resto que le falta, cerca de
300 millones, sean recursos del 0,5 del IRPF. Me da la impresión de que
las cuentas no se hacen así en los presupuestos.
En definitiva, señor ministro, cuando uno lee libros de bienestar --usted
y yo lo hemos hecho--, ve que los sociólogos y los politólogos suelen
decir que la derecha en el mundo tiene una concepción del Estado del
bienestar residual, mientras que las democracias cristianas y los
socialismos democráticos lo tienen europeo, continental o escandinavo.
Ustedes están trabajando --en dos años ya lo estamos viendo-- en un
dibujo de un Estado del bienestar diferente al que en nuestro país se ha
hecho a lo largo de todos estos años. Ustedes se van dirigiendo hacia un
modelo del Estado del bienestar residual. Pero lo que a esta diputada le
produce perplejidad es que el modelo residual es aquel que pone parches a
los malestares sociales. El tema de los inmigrantes es un tema de riesgo
de exclusión y de severos malestares sociales, y nos extraña que ni en
este caso se estén ocupando de dibujar ese modelo residual del Estado del
bienestar. Yo no espero de ustedes que sean líderes en políticas de
igualdad, no espero de ustedes que sean líderes en consolidar y extender
las seis grandes políticas finalistas del Estado de bienestar español. En
tal caso espero --pero no encuentro y no toco-- que trabajen en las
políticas residuales del modelo anglosajón, del modelo americano del
Estado del bienestar que es el que la derecha del mundo hace.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Perdone que le insista, pero he de decirle que no se puede soplar y
sorber a la vez, salvo desde la inconsecuencia.
La política socialista es la que se contiene en la moción y ustedes se
arrogan el protagonismo. Han sido ustedes los que han reconducido la
política de inmigración de este país y el Gobierno está cumpliendo esa
moción. No nos critiquen, reconózcannos algo. Lo que no se puede es
decir: nosotros hemos reconducido la política de la derecha, la moción es
nuestra, la apoyó toda la Cámara por unanimidad, el Gobierno cumple la
moción y encima critico al Gobierno. No se puede soplar y sorber a la
vez.
Yo creo que usted tiene muy reconocida su condición de socialdemócrata o
socialista. Yo la tengo desde hace 20 años reconocida en lo que significa
la democracia cristiana, que es donde siempre he militado. Mi concepto de
la sociedad del bienestar no tiene nada que ver con el suyo. Yo vengo de
Mounier, de Maritain, vengo de pensadores
del humanismo cristiano y me he formado ahí; pero mi concepto no tiene
nada que ver con el suyo. Mientras yo sea ministro, nunca voy a dar
prioridad al montaje de una estructura administrativa sobre la acción
eficaz de una organización no gubernamental; nunca. Ese es el modelo que
la democracia cristiana ha desarrollado en los países que ha tenido la
responsabilidad de gobernar y que no tiene nada que ver con otras
posiciones. Yo no coincido tampoco en que la socialdemocracia esté
planteando eso. En lo que tengo mis dudas es en que lo que usted plantea
sea lo que plantea la socialdemocracia.
Segunda cuestión. Que el problema de Ceuta y Melilla existía, no hay
ninguna duda. ¿Que usted dice que el problema se refería, cuando ustedes
gobernaban, a 300, a 400 y que se ha incrementado el número? Cierto. Y
que se ha incrementado la mejora de las instalaciones, la asistencia
sanitaria, la manutención. Entérese, por favor, de las cifras. Yo no he
dicho que en 1997 se hayan gastado 1.200 millones. He dicho desde el
principio de mi comparecencia --y estarán los taquígrafos tomando los
datos-- que entre 1996 y 1997 se han gastado 1.200 millones. He dicho que
iba a haber un incremento presupuestario de 800 millones. Y dice usted
que en los presupuestos están reflejados solamente 500. Reconoce que a
través del IRPF se puede modificar conforme vaya el año. Pero también hay
que introducir la financiación europea, que son más de 300 millones de
pesetas. Los 800 ya están. Y si hay un gobierno que consigue que la Unión
Europea se involucre con los asuntos de Ceuta y Melilla, ¿esa
financiación no se cuenta? Claro que se cuenta. Por tanto, problema
presupuestario va a haber bastante poco.
Y que me diga que nosotros hemos fracasado en la política de
contingentes, perdóneme que le diga, con toda brevedad, que eso ni
siquiera es de recibo y que no lo puede creer nadie, sobre todo porque
las políticas se van analizando conforme transcurre el tiempo. Hemos
hecho mucho en materia de contingentes y queda mucho por hacer, pero de
fracaso nada, señoría.
--CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES Y LAS ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO HAYA DESARROLLADO PARA
MEJORAR LA PREVENCION Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y, EN CONCRETO, DAR
CUENTA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES CONTENIDAS EN EL
INFORME APROBADO EN LA PASADA LEGISLATURA POR LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO
DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
213/000497).
--DATOS DE EMPLEO DE 1997, VALORACION DEL GOBIERNO SOBRE LOS MISMOS Y SUS
PLANTEAMIENTOS Y PREVISIONES RESPECTO DEL PLAN NACIONAL DE EMPLEO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
213/000492).
El señor PRESIDENTE: Los puntos que siguen, es decir, la comparecencia
sobre el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales e informar de los datos de empleo de 1997 y la
valoración del Gobierno sobre los mismos, a solicitud del grupo que ha
formulado estas peticiones de comparecencia, se acumulan, si el ministro
no tiene inconveniente y para dar lugar, naturalmente, a que los grupos
puedan dividir su participación entre varios miembros.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): He de
agradecer a don Ricardo Peralta, portavoz del Grupo Mixto, en este caso
Nueva Izquierda, el que haya acumulado las dos comparecencias.
La primera de ellas se refiere a la política del Gobierno planteada en
torno a la siniestralidad laboral. Me parece que hace no más allá de 15
días tuve la ocasión de discutir en profundidad una interpelación que me
formuló S. S. sobre esa cuestión y entramos a fondo en todo lo que
significaba esa problemática. Nos siguen preocupando extraordinariamente
las políticas que se habían puesto en marcha. En el día de hoy me pide,
sobre todo, que fije mi posición en lo que hace referencia al
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas al Gobierno en septiembre
de 1994 sobre la siniestralidad laboral en el sector de la construcción.
He de recordar que esas recomendaciones son consecuencia del trabajo que
elabora una ponencia que a esos efectos se constituyó en el Senado. A
partir de este momento, como he hecho anteriormente, quiero desarrollar
con brevedad el nivel de cumplimiento de la misma.
El primer apartado se refería a la formación en materia preventiva de
empresarios y trabajadores. En ese sentido quiero señalarle que tenemos
ya una mesa conjunta con el Ministerio de Educación y Cultura con el
objeto de integrar todos los aspectos inherentes a una cultura de
prevención en los distintos niveles de la educación primaria, secundaria,
la formación profesional y la universitaria. En este último nivel, el de
la universitaria, se desarrolló en el Real Decreto 39/1997, sobre los
servicios de prevención, todo un programa de tres especializaciones:
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía psicosociológica
aplicada a impartir y certificar por entidades autorizadas por la
autoridad laboral competente en tanto las propias universidades no
impartan una titulación oficial, como ocurre en el caso, que conoce
sobradamente, de la medicina del trabajo. Por otra parte, se impulsa la
creación y reconocimiento por la autoridad laboral autonómica competente
de entidades formativas en materia de prevención, con el apoyo y la
colaboración de las universidades y organizaciones colegiales. En el
esfuerzo de divulgación y apoyo que desarrolla el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, además de la colaboración antes
mencionada, debe subrayarse de manera especial la puesta
a disposición de los cursos de formación a distancia correspondientes a
las funciones de prevención del nivel básico, que tienen una duración de
30 horas y de 50 horas lectivas.
En lo que se refiere a la legislación, que también fue objeto de estudio
en la ponencia del Senado, como sabe S. S. se ha procedido a la
trasposición al derecho interno, al derecho nacional, de la Directiva
92/57, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las
obras de construcción temporales o móviles, mediante el Real Decreto
1627, de 24deoctubre,porel que se establecen --como decía-- disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Dicho real
decreto, que entró en vigor el pasado 26 de diciembre, aporta novedades
que contribuirán a los niveles de protección de seguridad y salud de los
trabajadores, entre las que cabe destacar la introducción de la figura
del coordinador de prevención, una nueva figura que será coordinadora
tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución de obras. Esta norma
y esta trasposición, incorporación al derecho interno, fue pactada y
dialogada con sindicatos y empresarios. En cuanto a las sanciones, que
también se recomiendan por parte de la ponencia, sabe que con la entrada
en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fueron actualizadas
por completo en su capítulo séptimo. Dicha ley también contempla en su
artículo 54 las limitaciones de la facultad de contratar con la
Administración, en relación con la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Con respecto a la incorporación al derecho nacional de las directivas, le
diré que se ha incorporado últimamente y que ciertamente S. S. ha
reconocido el esfuerzo que hemos realizado los sindicatos, los
empresarios y el propio Gobierno en la incorporación de todas esas
directivas al derecho interno. Las actuaciones de los entes locales y de
los colegios profesionales han sido también recogidas, en tanto en cuanto
suponen un enlace con las actuaciones requeridas en el citado Real
Decreto 1627/1997. Creo, señorías, que hay un alto grado de cumplimiento
de las recomendaciones que se plantearon en 1994, si bien no podemos
hablar de un balance positivo en el conjunto de la siniestralidad en
1997. Los primeros datos que tenemos de 1998 no plantean una reducción de
la siniestralidad, aunque tampoco se aprecia un incremento significativo.
Me parece que se han dado pasos muy importantes pero, probablemente, el
fondo del asunto esté en torno a la necesidad de una nueva cultura
preventiva que todavía no se aprecia en la organización de las empresas
ni en el propio funcionamiento de las relaciones laborales, y en ello
tienen mucho que ver las organizaciones sindicales y empresariales y el
propio Gobierno, que no debe nunca eludir su responsabilidad, sin
perjuicio de que todos los pasos que ha dado en materia de siniestralidad
laboral los ha dado en compañía de sindicatos y empresarios.
En la segunda comparecencia que planteaba S. S. me pedía que se hiciera
una valoración de los datos de empleo de 1997 y una previsión de lo que
significa el desarrollo de la presentación del Plan nacional de empleo,
que se discutirá finalmente en la cumbre de Cardiff. Con respecto a 1997,
le diré que en opinión del Gobierno ha sido un buen año para el empleo.
Creemos que tanto los indicadores de la encuesta de población activa como
los que se refieren al paro registrado, demandantes de empleo inscritos
en el Inem, como la evolución de la Seguridad Social, ponen de manifiesto
que hemos estado ante un año con alta creación de empleo, en relación
además con el crecimiento económico que se ha producido en 1997, que
refleja un importante aumento del empleo en relación con 1996 una vez que
se han corregido los sesgos estadísticos de la encuesta de población
activa. Es cierto que con respecto al paro registrado hay una reducción
menor que en 1996, que fundamentalmente vino provocada por un incremento
espectacular de lo que significaron los demandantes de empleo en el
Instituto Nacional de Empleo en los pasados meses de noviembre y
diciembre.
En relación con los contratos indefinidos sabe que los del registro Inem
se han duplicado con respecto a 1996 y que ha tenido un efecto especial
la reforma que en su día pactaron sindicatos y empresarios, que fue
apoyada por el Gobierno y por la inmensa mayoría de los grupos
parlamentarios representados en el Congreso y en el Senado; podemos
hablar de más de 700.000 contratos indefinidos registrados en el Inem en
1997, mientras que en 1996 se registraron 355.000. En lo que significa la
evolución de las altas en la Seguridad Social en 1997, podemos hablar de
cerca de 500.000 nuevos ocupados en el ámbito de la Seguridad Social
durante dicho año. En definitiva, creemos que ha sido un año en que se ha
reducido el paro en términos EPA y en términos Inem; ha habido un
incremento importante de afiliados a la Seguridad Social y se ha empezado
a cambiar la tendencia en la evolución de los contratos temporales, dato
muy importante este último, si me permite la vinculación con la
intervención anterior, porque los índices de siniestralidad son muy
elevados en relación con los contratos temporales si los comparamos con
aquellas personas que disfrutan de empleo estable o tienen contratos
indefinidos.
En cuanto al Plan de empleo, sabe que a raíz de los resultados, que
fueron calificados como un éxito por parte de la mayoría de las fuerzas
políticas en España, así como por el Gobierno de la cumbre de Luxemburgo,
tenemos que elaborar un plan nacional de empleo que no refleja el
conjunto de la política de empleo del Gobierno sino que tiene que
desarrollar estrictamente las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo.
Como sabe S. S., básicamente estamos hablando de cuatro pilares: el
primero, volcado en lo que significa la formación y la empleabilidad,
viene a pedirnos que aquellos jóvenes que estén cinco meses en desempleo
o parados durante más de once meses reciban empleo, formación profesional
u orientación profesional individual; el segundo, que se refiere al ánimo
emprendedor y al espíritu de empresa; el tercero, que se refiere a la
organización del tiempo de trabajo y a la adaptabilidad; y el cuarto, que
nos plantea medidas concretas en relación con la igualdad de
oportunidades de la mujer a la hora de acceder al mercado de trabajo y en
relación con las personas con discapacidad, que en España suponen un
millón de personas en edad de trabajar, de los que figuran en este
momento en el Inem 40.000 demandantes de empleo, si bien creemos que
muchas personas no declaran su discapacidad en el Instituto Nacional de
Empleo por temor a que la propia discapacidad les impida acceder al
mercado de trabajo.
En este momento estamos discutiendo el Plan con las comunidades
autónomas. A fecha de hoy he tenido ocasión de reunirme con los
presidentes de todas las comunidades autónomas; hemos tenido largas
reuniones con sindicatos y organizaciones empresariales, aunque un
sindicato, la UGT, estaba más concentrado en la celebración de su
congreso, algo lógico puesto que es un acontecimiento muy importante en
la vida de los partidos y de los sindicatos; hemos empezado una ronda de
contactos con los distintos grupos parlamentarios, intentamos vernos con
todos ellos y también tenemos previsto reunirnos con los representantes
del Grupo Mixto. La previsión es que el día 30 de marzo podamos tener
terminado el primer borrador del Plan nacional, que el 15 de abril sea
presentado ante las instancias comunitarias y, a partir de ahí, empezarán
un proceso de discusión con los ministros de Trabajo y de Economía y
Hacienda de la Unión Europea; finalmente, el plan se discutirá, analizará
y aprobará en la cumbre de Cardiff, que en principio está prevista para
mediados del mes de junio.
Sé que no he entrado en muchos de los contenidos del Plan de empleo, tal
como le había anticipado, sin perjuicio de que queremos tener reuniones
específicas con todos los grupos parlamentarios. En este momento hay un
índice amplio del Plan de empleo; todavía no hemos cerrado las
cuantificaciones, puesto que no resulta posible cerrarlas sin los datos
de las comunidades autónomas, ya que algunas tienen competencias en
políticas activas y muchas de ellas en formación profesional ocupacional,
pero esperamos tener cerradas las cuantificaciones en torno al 30 de
marzo.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de ambas comparecencias,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Me ajustaré al tiempo, puesto que es corto y
deben intervenir otros grupos en estos importantes temas de la
siniestralidad en el sector de la construcción o del empleo.
En referencia al primer tema quisiera decirle, señor ministro, que
comparto su apreciación de que se han hecho cosas, pero el balance dista
mucho de ser positivo. Efectivamente, como usted indica, los datos del
sector de la construcción siguen poniendo de manifiesto que es el sector
con mayor índice de siniestralidad. No quiero utilizar cifras porque esto
es algo que estadísticamente está comprobado y todos estaremos de acuerdo
en que este sector ocupa un determinado porcentaje de empleo de población
activa y, sin embargo, tiene un porcentaje mucho más elevado de
siniestrabilidad.
Ha hecho usted referencia a alguna de las medidas que se han adoptado por
su departamento en cumplimiento de las resoluciones de esa ponencia que
trabajó en el Senado sobre la siniestralidad en el sector de la
construcción. Quisiera decirle, señor ministro, que en esa ponencia se
constataron determinadas causas específicas de siniestralidad en el
sector de la construcción. Así, por ejemplo, se hablaba de una estructura
empresarial especialmente divergente: por una parte, un pequeño grupo de
empresas constructoras que concentraban un porcentaje altísimo del número
de obras y, por otra parte, una miríada de pequeñas empresas que
fundamentalmente trabajaban como subcontratistas de aquellas grandes
empresas. Asimismo se apreciaba, desde el punto de vista de los
trabajadores, la presencia de un número importante de lo que el propio
informe de la ponencia calificaba de falsos autónomos: trabajadores que
formalmente figuraban como autónomos aunque en la realidad eran
trabajadores de algunas de estas cadenas empresariales sucesivas que tan
frecuentemente se aprecian en el sector de la construcción. Este era un
rasgo significativo que se traducía, por ejemplo, en el tema de escasa
formación al que usted ha hecho referencia, como consecuencia de una
falta de profesionalidad y unas condiciones laborales deficientes.
Un segundo tema era la falta de una organización que tuviera en cuenta el
tema de prevención. A este tema ha hecho usted referencia, señor
ministro, poniendo de manifiesto cómo en el último real decreto se
contempla la figura del coordinador de prevención, tanto en la fase de
proyecto, como en la fase de ejecución. Tengo que decirle, sin lugar a
dudas, que esto es importante. El informe europeo Laurent sobre este tema
decía que aproximadamente un 35 por ciento de la siniestralidad tiene su
origen en esta ausencia de concepción de los proyectos de una
organización que tenga en cuenta la prevención. Por tanto, estamos
hablando de una causa de siniestralidad importante. Yo me permitiría
decirle, señor ministro, a tenor de la experiencia que hay sobre el
cumplimiento del Real Decreto 555/1986 y el Real Decreto que modificó
aquél, el 84/1990, que eran los que regulaban hasta ese momento la
seguridad en el sector de la construcción hasta su última modificación,
que, como usted sabe, no basta con que aparezca en la ley una determinada
figura o medida, sino que hace falta que se cumpla en la realidad. Las
normas de los reales decretos a los que he hecho referencia estaban
vigentes y, sin embargo, se apreciaba su incumplimiento bastante
generalizado. Quisiera, señor ministro, que en este tipo de
modificaciones y de innovaciones introducidas en el último Real Decreto
de 24 de octubre al que usted ha hecho referencia, se siga de manera
sistemática la exigencia de su cumplimiento. Quiero recordarle, por
ejemplo, que los anteriores reales decretos hablaban de que ninguna obra
comenzaría sin que estuviera aprobado el plan de seguridad, pero a su vez
se constataba la realidad de que la gran mayoría de las obras comenzaban
sin que tuvieran un plan de seguridad y que cuando existía era un plan de
seguridad absolutamente genérico, sin la menor concreción. Por tanto,
éste es un tema en el que es necesario hacer una labor de seguimiento muy
persistente y en el que es necesario implicar no sólo a la Administración
sino también, y usted ha hecho referencia a ello, a determinados tipos de
colectivos, de organizaciones y de entes sociales como, por ejemplo,
colegios profesionales.
Me permito citarle una recomendación que le hacía el otro día en relación
con la siniestralidad, como es la posibilidad de celebrar convenios en
este caso concreto con el Consejo General del Colegio de Arquitectos de
cara a conseguir que en este tipo de normas se sea muy riguroso en la
exigencia de las mismas, de tal manera que se contemplen a través de
estas organizaciones colegiales no sólo aquellos aspectos que podríamos
calificar inocuamente de técnicos, sino que también se conceda una
especial atención a los aspectos técnicos directamente ligados a la
seguridad humana, no sólo de quienes van a utilizar esas viviendas, sino
de quienes las van a construir que son las primeras personas que trabajan
en esas obras. Por tanto, sin lugar a dudas, hay un papel importante de
la Inspección de Trabajo.
Quiero decirle, señor ministro, que la Inspección de Trabajo en este país
ha dedicado una atención preferente al sector de la construcción. En el
informe de la Inspección de Trabajo se hablaba de que en aquellos años
--en el año 1992-- un 50 por ciento de las actuaciones se habían llevado
a cabo en el sector de la construcción. Tengo mis dudas de que en este
momento se siga con este criterio prioritario. No sé si se ha acabado la
prioridad hacia otro tipo de actuaciones, por ejemplo, actuaciones más
recaudatorias. En todo caso, creo, señor ministro, que éste es un sector
que requiere de una especial vigilancia por parte de la Inspección de
Trabajo. En este sentido los puntos de la moción que aprobábamos el otro
día sobre la siniestralidad, donde se contemplaba que en los planes
anuales de la Inspección de Trabajo se dedicara especial atención a las
labores de seguridad, desde luego, en el campo y en sector de la
construcción deben tener una incidencia específica.
Por tanto, señor ministro, comparto su opinión de que se han hecho cosas,
pero también que el balance dista mucho de ser positivo. Hace falta que
sigamos redoblando los esfuerzos en esta materia y entienda que, por
parte de Nueva Izquierda, como en general por parte de todos los grupos,
nuestra posición crítica es una posición de crítica constructiva de
intentar aportar soluciones para conseguir que los resultados en esta
materia sean mejores que los balances que desgraciadamente presenta
nuestro país.
En el tema de empleo --sin perjuicio de reconocer que es el principal
problema de nuestro país y que quiero creer que a través de esos
contactos con los partidos políticos, con las comunidades autónomas, con
los sindicatos, con los grupos parlamentarios que ha dicho usted que va a
tener y en los que nosotros participaremos con mucho gusto-- tengo que
decirle, señor ministro, que comprendo que me diga usted que los
resultados de la cumbre de Luxemburgo fueron calificados de positivos.
Pero no sé si el señor Aznar cuando estaba en la cumbre de Luxemburgo
opinaba eso sobre el desarrollo de la cumbre; a tenor de la posición que
allí fijó no parece que fuera ése el planteamiento suyo; pero tampoco
tiene demasiado sentido en este tema hablar del pasado, por tanto,
hablemos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer, sin lugar a
dudas, señor Arenas, es poner en práctica esa realidad que tienen los
ciudadanos de que el empleo es el principal problema y, por tanto, que se
convierta en el objetivo de todo el Gobierno.
Nueva Izquierda pidió la comparecencia no sólo de usted, del ministro de
Trabajo, sino también del vicepresidente económico del Gobierno porque
nos parece que el empleo depende fundamentalmente de la política
económica del Gobierno, más allá de las labores importantes de
acompañamiento que se puedan hacer desde el Ministerio de Trabajo, pero
es un problema fundamentalmente de política económica y por eso se pidió
también la comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno.
Creemos que en nuestro país, cuando se lleva a cabo una política
económica que produce incrementos del PIB o que produce beneficios
espectaculares en determinados sectores, Bolsa, Banca, etcétera y sin
embargo en materia de empleo los resultados son poco más, en el mejor de
los casos, que el año anterior, difícilmente se puede calificar al año
1997 como el año del empleo. Esa opinión, señor ministro, entiendo que no
viene corroborada por los hechos. De todas maneras es verdad que los
datos de ese año son positivos, sin lugar a dudas, pero para calificarlo
como un año que merezca una calificación excepcional faltan razones y
hechos que lo justifiquen. ¿Qué conclusión habría que sacar? Pues que es
necesario poner más esfuerzo para que se consiga el resultado, que
nosotros compartimos, de la mejora del empleo.
En este sentido, señor ministro, me permito decirle, en primer lugar --y
trasládelo usted al Gobierno--, que es necesaria una política económica y
una política fiscal distinta que posibilite que haya un crecimiento del
PIB y que los beneficios que se produzcan se repartan de una manera
equitativa y se dediquen especialmente al tema del empleo. En segundo
lugar, hace falta un gran consenso en esta materia. Por tanto, más allá
del accidente importante en la vida de un sindicato, como pueda ser su
congreso, es necesario que por parte del Gobierno se redoblen los
esfuerzos de acuerdo con las organizaciones sindicales. También hace
falta acuerdo con las comunidades autónomas. He leído hoy informaciones
que hacen referencia a unas declaraciones hechas por usted ayer en las
que reconoce que hay comunidades autónomas que no parecen dispuestas a
colaborar en esta materia. Quizá pueda usted precisar ese tipo
declaraciones a las que ha hecho usted referencia.
Tengo que decirle también que un tema importante para nosotros es el de
la protección al desempleo. Este es un tema que, a tenor de estas mismas
declaraciones suyas, está dispuesto a negociar, pero fuera del Plan
nacional de empleo. En nuestra opinión el tema de la protección al
desempleo también forma parte de ese Plan nacional de empleo. Y si está
dispuesto a negociarlo --según sus últimas declaraciones-- créame, señor
ministro, que más allá de la formalidad de encontrarse o no dentro del
Plan nacional de empleo lo importante es que los desempleados de este
país, millones, reciban un mensaje claro de las instituciones políticas y
del Gobierno y es que son el objetivo prioritario de la actuación
gubernamental, y que se van a hacer los esfuerzos necesarios para
encontrarles inserción laboral, bien sea directamente mediante un puesto
de trabajo, o bien promocionando su capacidad de inserción a través de
la educación, y que también nos preocupamos de la protección.
Por parte del Gobierno, se habla mucho de la reforma del IRPF. He tenido
ocasión de oír a algún diputado del Grupo Popular que, a pesar de tanta
propaganda, el margen de maniobra del Gobierno en ese tema es pequeño.
Son dos décimas del PIB en los años 1998 y 1999, lo que supone 150.000
millones de pesetas anuales. Señor ministro, eso, repartido entre
millones de contribuyentes, es poco, máxime si además son millones de
contribuyentes como los que pagan el 56 por ciento, que se supone que
tienen las rentas más altas de este país. Ciento cincuenta mil millones
de pesetas dedicados a mejorar la protección por desempleo pueden hacer
una labor muy importante para corregir situaciones de necesidad y de
desequilibrio social en nuestro país. También ha hecho referencia, señor
ministro, a las cuotas sociales, es decir, a reformar la cotización a la
Seguridad Social, especialmente de los contratos temporales. Me gustaría
que hiciera alguna referencia a este tema.
En definitiva, señor ministro, le pediría, en la medida en que se
encuentra en fase de negociación y que nosotros estamos dispuestos a
colaborar, que asumamos el compromiso de que cuando esté elaborado se
presente ante esta Comisión para que tengamos ocasión de discutirlo con
tranquilidad, remitiéndolo previamente con objeto de que tengamos la
oportunidad de formar nuestra opinión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor ministro, es preocupante el balance
sobre la siniestralidad, en concreto en el sector de la construcción que,
posiblemente, es uno de los más afectados por todo tipo de riesgos y de
accidentes mortales en nuestro país. Habría que ahondar en las causas
estructurales de este elevado índice de siniestralidad en la
construcción, porque se habla de una estructura empresarial que tiene
todos los números de la rifa para que al final se produzca una
siniestralidad como la que estamos contemplando. Es una estructura en la
práctica oligopolística de reparto de las grandes obras de la
construcción que, por otro lado, encubre los niveles de responsabilidad,
sobre todo a la hora de contratar a la baja y, por tanto, de generar una
presión hacia los estratos inferiores. En concreto, el último estrato es
el trabajador a pie de obra, que genera todo tipo de riesgos. Por tanto,
más allá de que la formación en cuanto a medidas de seguridad sea escasa,
más allá de la responsabilidad que algunos pretenden situar en el
trabajador, en sus códigos de conducta, más allá de los planes de
prevención que sin duda son necesarios, y de todos los instrumentos que
se puedan plantear para garantizar la viabilidad de los planes de
prevención, más allá de todas las medidas de tipo jurídico, lo que es
necesario es contemplar que hay una presión hacia abajo que se concreta
en una sobrecarga del trabajador, en unos destajos, en unos sistemas de
producción, en unos métodos que buscan la productividad por encima de
otras cosas, en el incremento del número de horas extraordinarias y de
jornadas sobrecargadas en tiempo de trabajo que, al final, es lo que va
generando el cansancio, la fatiga y finalmente las condiciones idóneas
para que haya accidentes como los que estamos contemplando. Si esto es
así, lo que corresponde es atajar las causas de una estructura económica
del sector que hay que contemplar con más rigurosidad y con elementos más
radicales.
No basta poner parches cuando hay una estructura que es la que está
generando este tipo de siniestralidad. Es necesario, lo hemos dicho y lo
repetiremos hasta la saciedad, regular con más rigor el encadenamiento de
las empresas --y en este ámbito es clarísimo--, lo que es la
responsabilidad de los grupos de empresa, de las contratas y de las
subcontratas, habilitar los mecanismos que impidan la contratación por
las administraciones públicas de empresas con altos índices de
siniestralidad e incumplimientos de las normas de siniestralidad, para lo
que es necesario un fortalecimiento de la autoridad laboral, en concreto
de la Inspección de Trabajo, y no ese fortalecimiento por goteo, a
cuentagotas, que quizá se esté produciendo en función de dificultades
presupuestarias o de lo que sea. Desde nuestro punto de vista es
necesario plantearse un incremento de la dotación de inspectores de
trabajo y de subinspectores que permita que ese control de los planes de
prevención y de aplicación de las normas de la seguridad vaya en paralelo
con una nueva regulación de lo que son los grupos de empresas, contratas
y subcontratas que, en definitiva, son los dos elementos que pueden
innovar un cuadro distinto y más garantista que permita propiciar una
mayor seguridad en la construcción.
Respecto al plan de empleo, no es buen augurio que dicho plan se
circunscriba al desarrollo estricto de los compromisos de la cumbre de
Luxemburgo, como nos ha anunciado el señor ministro. Habría que ir más
allá porque estamos hablando de años de expansión y crecimiento
económico. ¿Cuántos años más vamos a tener de un crecimiento del PIB del
3,4 por ciento? ¿Muchos? ¡Ojalá! En cualquier caso, tendremos que prever
que esto no va a durar toda la vida y que en los años en que haya un
crecimiento del producto interior bruto, como el que estamos teniendo, se
habiliten medidas para acompasar el crecimiento del producto interior
bruto con un crecimiento del empleo más acorde con las necesidades de
nuestro país, que no son las mismas que las del resto de la Unión
Europea. Por tanto, si en esa cumbre de Luxemburgo se habilitan métodos
para el resto de los países de la Unión Europea, lo que correspondería en
nuestro caso sería desarrollar estrictamente esos parámetros, pero, al
mismo tiempo, sobrepasarlos con creces, porque hay que atajar la realidad
de nuestro desempleo y de nuestro paro. Debería hacerse un esfuerzo por
parte del Gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo, para
sobrepasar esos límites, para cuantificar --iba a decir con generosidad,
pero no se trata de generosidad-- con responsabilidad la realidad del
paro en nuestro país y plantear una cuantificación respecto a esos cuatro
pilares de los que se nos ha informado, que son los de la cumbre de
Luxemburgo, pero también ir más allá en otro tipo de medidas. El sector
público no puede quedarse
al margen de lo que es su responsabilidad como creador directo del empleo
y se tiene que abordar una organización del tiempo de trabajo que no sea
una mera reorganización, en el sentido de repartir lo poco que hay, sino
en el sentido de repartirlo equitativamente y, por tanto, no generar una
estructura de reparto del tiempo de trabajo en función de la cual algunos
tengan la jornada completa y otros, mejor dicho otras, tengan sólo la
mitad. Pensamos que hay que crear una reducción del tiempo de trabajo de
la jornada laboral que sea realista y que no se deje puramente a la
negociación colectiva, aunque dicha negociación tenga un papel muy
importante que desarrollar en este tema, que también el legislador cumpla
su papel y no se inhiba en esta cuestión, porque nos va en ello el
aprovechamiento de estos momentos de expansión y crecimiento económico en
los que, en función de la confianza generada por nuestra economía,
etcétera, sería muy posible crear estas condiciones para habilitar este
instrumento --otro más, no el único, por supuesto--, que es el reparto
del tiempo de trabajo sobre la base estructural de la reducción de la
jornada laboral.
Si no se habilitan conjuntamente las medidas adecuadas en torno a estos
cuatro pilares, estaremos contribuyendo con medidas de políticas activas,
etcétera, a crear un empleo que marginalmente tenga efectos muy
positivos, pero que no va a reducir a los límites de lo conveniente y de
lo razonable nuestra realidad de desempleo y de paro. Por tanto, me
gustaría conocer si efectivamente va a haber por parte del Gobierno un
plan de empleo más allá del plan de empleo y si, dentro de ese plan de
empleo, las cuantificaciones que tiene previstas el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales son las convenientes. Hay que dar tiempo al tiempo,
por supuesto, se nos ha dado el plazo del 30 de marzo para poder
reconducir a cifras esta realidad, pero nos gustaría conocer cuáles son
las previsiones en función de las cuales el Ministerio de Trabajo cree
que sería conveniente centrar la propuesta para que se produzca la
creación de empleo necesaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Voy a referir mi intervención fundamentalmente a
la siniestralidad en la construcción, dando por supuesto que hubo un
debate, pero también diciéndole, señor ministro, que el Grupo Socialista
piensa seguir el tema, no sólo respecto de la construcción, sino en
general, con el fin de verificar los cumplimientos que hace el Gobierno
de todos los acuerdos que se han producido en esta Cámara.
Entrando ya en lo relativo a la construcción, quiero indicarle algo que
nos empieza a preocupar en la política del Gobierno y concretamente en la
política del Ministerio que usted dirige, señor ministro. Nos da la
impresión de que, cuantas más normas aprueba, desarrolla o traspone, peor
va la cosa. Me refiero a las conclusiones. Y la situación es preocupante.
Hoy nos hemos enterado de que usted también está por trasladar muchas
competencias a las ONG, como materia muy importante comparada con la
Administración, y el tema de accidentes nos empieza a preocupar, porque
las ONG en los accidentes parecen las mutuas patronales, y usted debe
creer que los accidentes los resuelven las mutuas patronales. Nosotros
tenemos la sensación de que no va por ahí la cosa y ya se lo hemos dicho
en algún debate general. Nos parece --y se lo planteo ahora, aunque en
otras ocasiones lo debatiremos con más profundidad, por la urgencia de
los temas que hoy tratamos y por la falta de tiempo-- que el problema es
de gestión. En la construcción, ni siquiera los índices económicos han
mejorado, como uno podía pensar por el resto de la economía en 1997 con
relación a años anteriores. La situación no ha mejorado lo suficiente y
sin embargo los indicadores empeoran. Usted tiene una cierta tendencia a
trasladar las responsabilidades a las ONG paralelas, que en este caso son
las mutuas, a la nueva cultura preventiva o a la contratación temporal.
Fíjese que este sector de la construcción es muy peculiar. Mi
intervención va a consistir en formularle algunas preguntas sobre
cuestiones que darán al visión de cómo nosotros creemos que debería
plantearse este tema. Porque le adelanto que a nosotros nos parece que
ustedes están provocando un cierto caos, complicado, entre empresarios,
comunidades autónomas y también sindicatos. Luego le diré el porqué.
Preguntas, señor ministro, para que nos entendamos más en lo concreto,
sobre cómo vemos el problema, con brevedad. Por ejemplo, en el informe
que se hacía sobre la construcción: ¿El Ministerio ha pensado alguna vez
en solicitar a las constructoras o a los constructores algo más que una
licencia fiscal para dedicarse a la construcción? Yo creo que es
importante conocer esto para hablar de problemas concretos. Siempre se
dice, en todas los debates en esta Cámara, que se piensa incrementar los
medios de la Inspección de Trabajo --en este caso estamos hablando de la
construcción--, pero ¿se va a conseguir algún día que la inspección
planifique las tareas a realizar y no sean simplemente visitas que se
desarrollen por las calles que va o por las obras que se encuentran? Y
creo que estos temas tienen una respuesta concreta que tiene que ver con
la gestión.
Le voy a formular una pregunta muy interesante e importante para que la
piense y para que se busque una solución, a lo mejor ya lo piensa. ¿Tiene
intención de evitar, al igual que ocurre en otros países, que las
empresas de trabajo temporal puedan hacer contrataciones en sectores de
riesgo? Me dicen los compañeros que se está negociando, ya lo sé, pero
quiero que el señor ministro me conteste. ¿Se va a poner freno a la
prática habitual de burlar lo establecido en la Ley de Contratación de
las Administraciones Públicas, que limita el porcentaje de
subcontratación en obras de construcción? Me refiero a problemas
concretos a los que el Gobierno, no siempre sólo el Ministerio de
Trabajo, tiene que dar respuesta, porque si no nos encontramos con
problemas de gestión.
Otra pregunta que me interesa --aunque quizá no sea el mejor momento-- es
la siguiente: ¿No se le ha ocurrido a usted pensar que el problema de la
construcción no son los contratos temporales, señor ministro, para hablar
de que hay más siniestralidad? ¿No se le ha ocurrido a usted pensar que
el problema de la construcción es también qué pasa
con los destajos y con las horas extras; que ése es el problema y no la
contratación de obra o servicio, fundamentalmente? ¿Cuándo se va a
decidir poner coto a esta situación que sin duda no favorece precisamente
la prevención de riesgos laborales?
Y una pregunta sobre una norma de enorme importancia, a la que usted es
tan aficionado y, por supuesto, lo tenía que hacer; el Gobierno tenía la
obligación de trasponer el tema de la seguridad de las obras temporales o
móviles. No le puedo decir nada, lo ha hecho usted, pero tengo la
sensación de que se ha hecho transcribiendo la directiva, pero no
resolviendo problemas, sino creando problemas y caos. Se lo digo como lo
veo. Por ejemplo, ya sé que ha pasado muy poco tiempo; desde octubre
tenemos una norma, que está en vigor desde diciembre. ¿Tiene usted datos
sobre el número de obras de construcción que han iniciado su ejecución
siguiendo estas nuevas disposiciones? Porque tendremos que hacer un
seguimiento de cómo va avanzando la aplicación de una norma. Le digo más.
Fíjese usted el caos que ha provocado semejante norma, que es importante.
¿Va a desarrollar usted la norma para ver si lo concreta? Porque la
situación de los empresarios, de los trabajadores y de los expertos es
muy complicada en estos temas. Ya sabe usted que hay una discusión sobre
si la existencia de un estudio de seguridad está vinculada a la
existencia de un proyecto en la construcción. ¿Lo establece esa norma o
hay dudas? Si eso fuera así, ¿no considera el Ministerio que es preciso
abordar cuanto antes la exigencia de un estudio de seguridad en aquellas
obras de riesgo, aunque no hay proyecto? ¿Por qué se lo digo? Me va a
entender muy rápidamente. Por ejemplo, la reparación de una cubierta, la
reparación de una fachada, la reparación de ascensores o la simple
colocación de antenas colectivas; no hace falta proyecto pero se caen no
le digo cómo. Esos son problemas de gestión respecto a normas que no
resuelven problemas. Yo creo que usted es responsable, y digo responsable
en términos mayúsculos como responsable de un Ministerio y de una
inspección y de otros mecanismos que tiene para resolver este tipo de
problemas.
El problema que ha generado la norma, ¿usted cree que la sustitución de
un plan de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad de una
empresa contratista por una multitud de planes parciales de empresas
subcontratistas que participan, resuelve el problema de la seguridad y la
siniestralidad en la construcción? A mí me parece que crea muchos
problemas. A la vista del desconcierto que genera la aplicación de esta
norma, que es de enorme importancia en el tema de construcción, ¿va a
abordar usted la concreción de normas mínimas a través de órdenes
ministeriales? Porque, si no, le aseguro que están los empresarios, y
también los trabajadores, que arden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Con brevedad voy a referirme a lo que el señor
ministro nos ha explicado sobre situación de empleo y plan de acción de
empleo.
Respecto al primer punto, situación de empleo, tengo que decirle, señor
ministro, que, aun reconociendo que no ha evolucionado mal el empleo en
1997, habría que considerar algunos elementos y sería bueno que el
Gobierno los tuviera en cuenta, porque, al analizar la realidad, debemos
en todo caso conservar la capacidad de ver las cosas tal como son, lo
cual siempre es muy difícil si se convierte el objeto analizado en objeto
de propaganda.
Por ejemplo, ustedes saben que hoy se conoce el dato del paro registrado
en el mes de febrero. Como este dato es bueno, el Gobierno ha dado seis
veces el dato de un solo mes. Permítanme que yo les dé una sola vez el
dato de seis meses: en los seis últimos meses, el paro ha aumentado en
80.000 personas. Por tanto, siempre hay otra cara que conviene
contemplar. El otro día, el presidente del Gobierno nos decía, y consta
en el «Diario de Sesiones», que en el año 1997 se crearon en España
370.000 empleos netos, que es la cifra más importante en los últimos 33
años, excepto la de 1989. Quizás debiera haber dicho que el empleo en el
año 1987 creció en 567.000 personas; en el año 1988, en 404.000;
etcétera; para no decir errores de bulto de este tipo. De todas formas,
sería bueno analizar siempre todas la caras de una realidad y no hacer
triunfalismo sobre el empleo, porque es un problema en el que, para
resolverlo, quizás tengamos que buscar puntos de encuentro todas las
fuerzas políticas y sociales.
El año pasado, por ejemplo, la población activa aumentó solamente en
171.000 personas. Quiero recordarle que en los años 80 crecía a razón de
500.000 personas al año; es decir, es un incremento muy bajo de la
población activa y eso significa que la población española no se atreve a
incorporarse al mercado de trabajo porque todavía no confía en los datos
de la situación económica.
Decía también que había aumentado el número de contratos indefinidos y es
verdad que, según los datos registrados en el Inem, es así, pero a mí me
gustaría que el señor ministro nos dijera cuántos contratos indefinidos
se han resuelto en ese mismo período de tiempo, porque, sabiendo los que
se han hecho, nos falta saber los que se han resuelto para tener el saldo
neto. Yo conozco lo que dice la central de balances del Banco de España,
que nos dice que todas las empresas grandes de este país han aumentado
los beneficios en el 21 por ciento y han reducido el empleo en cerca del
uno y pico por ciento; conozco, por ejemplo, que Telefónica, una empresa
privatizada, ha aumentado sus beneficios en el 10 por ciento y ha
reducido la plantilla en el 5,3 por ciento; o que Argentaria y Endesa,
que se privatizan este año, han anunciado ya que les sobran 4.000 y 7.000
empleos respectivamente. Es decir, estamos viendo una situación en la que
las grandes empresas están haciendo ajustes competitivos, están
reduciendo plantillas y consideran que el futuro como mejor se afronta es
con una especie de anorexia de empleo, o sea, reduciendo el tamaño de sus
plantillas para poder afrontar mejor los riesgos de la competitividad
hacia la moneda única.
No sé si eso es bueno o es malo, lo que sí sé positivamente es que está
repercutiendo también en la naturaleza del empleo. Porque, fíjese que
desde mayo, cuando entra en vigor la reforma laboral, los contratos
temporales han
aumentado notablemente. No sólo han aumentado los indefinidos, en
términos brutos --no en términos netos, que no lo conozco--, sino que
también lo han hecho los temporales. Los contratos de obra o servicio, en
un momento en el que la construcción no ha tenido una expansión grande
--recuerde usted que hasta el tercer trimestre la construcción tenía
incrementos negativos--, han aumentado en el 10 por ciento; los de
interinos --debe ser que ya se sustituyen los que causan baja-- han
aumentado en el 12 por ciento y los de eventuales ha aumentado solamente
en el 24 por ciento. Estamos hablando de un período en el que los
contratos temporales han aumentado mucho y esto no responde a que hagamos
modificaciones o no de las normas laborales; responde a que es verdad que
las grandes empresas están adelgazando plantillas, las pequeñas empresas
son las que crean empleo, las expectativas de las pequeñas empresas son
menores y, por consiguiente, no formalizan los contratos por tiempo
indefinido, sino que los hacen por una duración bastante más corta.
Datos de la EPA. Nos ha dicho usted que se han corregido los sesgos
estadísticos; le pregunto quién los ha corregido, porque el Instituto
Nacional de Estadística todavía no los ha corregido oficialmente, ni los
ha publicado. No conozco yo esa corrección, podemos entender que quizás
el Gobierno lo ha hecho a través de la Secretaría de Estado de Economía,
pero al Instituto Nacional de Estadística no ha llegado todavía la serie
modificada. En todo caso, para no hablar en términos absolutos de la EPA,
hablando en términos relativos, le diré que, en el año 1996, el
incremento de los contratos indefinidos dentro de la población asalariada
fue el 94,4 por ciento y, en el año 1997, el 75 por ciento. Tampoco ha
variado gran cosa un año respecto del otro.
Analizando la realidad tal y como es, vemos que hay elementos positivos,
sin duda, pero que también hay elementos que nos deben llevar a la
preocupación. Por eso mismo es conveniente, es necesario hacer ese plan
de acción por el empleo, al que estamos obligados desde la Cumbre de
Luxemburgo y que el Gobierno tiene que presentar para que se pueda
valorar en la cumbre de Cardiff. Yo agradezco al señor ministro que
tuviera la gentileza de hablar de este plan de empleo al Grupo
Socialista; simplemente le tengo que decir que todavía no tenemos
elementos de juicio para poder pronunciarnos, porque lo que nos ha dado
es el pentagrama que le dieron a usted en la Cumbre de Luxemburgo y
después en el Consejo de Ministros, pero falta la clave, faltan las
notas, falta la intensidad del sonido, falta el timbre; es decir, falta
la música, falta el dinero. Y, si falta el dinero, no podemos saber
cuánto o cómo se van a cumplir los compromisos. Lo más importante es
saber que, para cumplir en el plazo de los cinco años, a lo que se
refiere la Cumbre de Luxemburgo, los objetivos fundamentalmente del paro
de larga duración y del paro juvenil, es muy conveniente aumentar los
recursos de formación ocupacional. Los recursos de formación ocupacional
hoy día no son grandes y además tienen una financiación, como usted sabe,
señor ministro, anticíclica, en la medida en que se financian con cuotas,
lo que significa que cuanto más se necesita, menos recursos hay, porque
resulta que cuando aumenta el paro se recaudan menos ingresos. Por tanto,
deberíamos buscar una fórmula de financiar los recursos de la formación
ocupacional, que no fuera de esta forma anticíclica.
Le anuncio que el Grupo Socialista ha presentado ante la Cámara una
proposición no de ley que pide, concretamente, que, a partir del año
1999, la formación ocupacional se financie con cargo a los presupuestos
generales del Estado, que se reduzca en consecuencia a la mitad la
cotización de formación profesional, destinándose todos los ingresos de
formación profesional a la formación continua y que, por consiguiente, se
pueda establecer una planificación de recursos para formación ocupacional
de desempleados de aquí al año 2002, en el que se incluya el compromiso
de ofrecer en ese plazo a todos los jóvenes en paro y a todos los
desempleados adultos en paro de larga duración, la oportunidad formativa
de reciclaje, de prácticas laborales, de empleo, de orientación o de
inserción profesional. Ya fue así establecido en las directrices para el
empleo de 1998, que se aprobó en el Consejo de 15 de diciembre de 1997,
en cumplimiento de lo establecido por jefes de Estado y de Gobierno en la
Cumbre extraordinaria de noviembre en Luxemburgo.
Sería bueno que se hiciera así, que se pudieran planificar los recursos
en el medio plazo de aquí al año 2002 y que al mismo tiempo el señor
ministro estuviera alerta a la reforma de los fondos estructurales --y de
esto hablaremos cuando comparezca el señor ministro en la Comisión Mixta
Congreso-Senado de Unión Europea--, porque en el nuevo marco comunitario
de apoyo, que, como usted sabe, se extiende, si no me equivoco, hasta el
2006, en ese período de tiempo, se va a producir la ampliación y ya habrá
países terceros que estén integrados en la Unión Europea. Por tanto,
deberemos tener una posición que, sin duda, el Partido Socialista apoyará
si es una posición sólida de defensa de los fondos estructurales, que nos
correspondan, no solamente del Fondo de Cohesión, sino de los fondos
estructurales de aquí a ese período de tiempo, sin que puedan verse
mermados como consecuencia de que se produzca la ampliación de la Unión
Europea a países terceros y, en la medida en que el Fondo de Cohesión es
rentable desde el punto de vista del empleo, sin que el mantenimiento del
Fondo de Cohesión pueda significar para nosotros que España, Italia,
Portugal o Irlanda se vean penalizados por el incumplimiento de los
pactos de estabilidad en doble medida respecto a los otros países que no
son beneficiarios de los fondos estructurales.
Nada más, señor ministro. Termino como empezaba, creo que para analizar
bien la situación del empleo y hacer bien el plan de acción de empleo es
bueno conocer profundamente la realidad, no ver solamente una cara, sino
las dos caras de esta realidad, y a partir de ahí yo creo que nos
entenderemos todos.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular renuncia
generosamente a la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: En virtud de los compromisos oficiales que
tiene contraídos el ministro,
nuestro grupo renuncia, lo cual no quiere decir que no tenga posición
sobre ambos asuntos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Intervengo con mucha brevedad y agradezco la de los grupos
parlamentarios, ya que a las doce tengo un compromiso con la Casa Real.
Como hay algunos ex ministros, ya me podrán decir si un retraso a un acto
de estas características supone el cese inmediato o si hay alguna
indulgencia con un pequeño retraso.
Quiero afirmar muy brevemente, porque, como he dicho antes, hay voluntad
de hablar del plan de empleo con todos los grupos parlamentarios. Ya
hemos empezado con el Grupo Socialista, hemos hablado también con el
Grupo de Convergència, con el Grupo de Coalición Canaria y esperamos
hacerlo en los próximos días con el resto de los grupos parlamentarios.
Se está negociando y dialogando con los sindicatos y solamente he hecho
una referencia y es que creo que, superado el congreso de la UGT,
entraremos en una etapa más intensa, pero que no entienda en absoluto que
la celebración del congreso de la UGT ha paralizado las conversaciones,
sino que se han seguido desarrollando. A partir de ahí, entraremos en una
etapa más intensa.
El Gobierno sigue considerando que ha sido un gran año para el empleo,
por los afiliados a la Seguridad Social, por el incremento de los
indefinidos; la EPA también nos da ese incremento de los indefinidos en
relación con los temporales. Ciertamente, las tasas de creación de
empleo, según la EPA, 371.000, se han producido con un incremento del
3,4. Nunca se había producido en un año que, con un crecimiento de
similares características, tuviéramos una creación de empleo tan intensa.
Es cierto que ha habido algún año, fundamentalmente 1989, que fue un gran
año para el empleo, pero también es cierto que el crecimiento económico
de aquel año rozó el 5 y en este caso estamos hablando del 3,4.
Quiero hacer la indicación de que la corrección del sesgo estadístico o
la encuesta de población activa se encuentra ya en la memoria económica
que presentó el Gobierno ante el Congreso de los Diputados y está en los
Presupuestos Generales del Estado, con esa corrección del sesgo, que la
sitúa en 178.000 personas en 1996. Estoy de acuerdo en que en este
momento hay optimismo con el empleo, hay una mejora clara del empleo,
pero también estoy de acuerdo con que no cabe triunfalismo porque queda
mucho por hacer.
En relación a la siniestralidad laboral, tengo una coincidencia plena
prácticamente con todas las intervenciones. El diputado señor Gimeno ha
suscitado una serie de preguntas y él sabe que en estos momentos se está
negociando y dialogando con los sindicatos y empresarios. Le quiero decir
que no hay ONG en materia de siniestralidad laboral, sino que el Gobierno
ha firmado un plan de choque con la mutuas, que conoce S. S., porque lo
he explicado en otras comparecencias, y que toda la política de
siniestralidad laboral se va a seguir desarrollando con sindicatos y con
empresarios. También le reconozco que la urgencia en la trasposición de
las directiva, que nos ha llevado a más de 14 órdenes ministeriales y
reales decretos, siempre crea algún problema de ordenación burocrática.
Usted ha hecho referencia --y es cierto-- a una norma importantísima que
tenemos que desarrollar ahora con órdenes ministeriales de nuestro
departamento, entró en vigor en diciembre, y hay un cierto desajuste.
Estamos empezando el mes de marzo. Creo que el camino es positivo,
tenemos que hacer la trasposición a nuestro Derecho interno, pero tenemos
que ganar muchísima eficacia.
Les agradezco su comprensión en cuanto a la brevedad de mi última
intervención, por las razones que he expuesto anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Le despedimos y le deseamos que no pierda la cartera.
PREGUNTAS:
--DE LA SEÑORA SABANES NADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE INTERVENCION ADMINISTRATIVA EXISTENTE EN LA TOMA
DE CONTROL DE LA EMPRESA CITRESA POR EL GRUPO MULTINACIONAL
CADBUY-SCHWEPPES (Número de expediente 181/001414).
--DE LA SEÑORA SABANES NADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA GARANTIZAR LOS DEBERES
CONSTITUCIONALES EN RELACION CON LA EMPRESA REFRESCOS Y BEBIDAS DE
CASTILLA, S. A. (REBECASA) (Número de expediente 181/001415).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Apartado de
preguntas. En primer lugar, la formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, doña Inés Sabanés, acerca de la
intervención administrativa existente en la toma de control de la empresa
Citresa por el grupo multinacional Cadbuy-Schweppes.
Para contestar a la pregunta, está con nosotros don Marino Díaz Guerra,
subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales.
Tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Si no hay inconveniente, podríamos acumular las
dos preguntas en una única intervención.
El señor PRESIDENTE: Por nuestra parte, no hay ningún inconveniente.
Formule las dos preguntas. Tiene la palabra.
La señora SABANES NADAL: Decía inicialmente que mi grupo desde diciembre
de 1997 se viene interesando por recabar información sobre distintas
cuestiones que afectan a la empresa Rebecasa, situada en Madrid, y en la
que, como todos conocen, su accionariado está constituido por un
entramado de sociedades entre cuyos socios-accionistas confluyen los
hermanos Rato Figaredo y el propio ministro de Economía y vicepresidente
segundo del Gobierno.
Nuestras preguntas han tenido diferente suerte. La mayoría no ha sido
admitida a trámite y las que sí lo fueron, las que vamos a ver hoy,
fueron formuladas en diciembre y a fecha 2 de marzo no habían sido
contestadas, por lo que mi grupo solicitó, al amparo del artículo 190, su
reconversión en preguntas orales en la primera sesión. Hoy he solicitado
la acumulación de las dos, por tratar del mismo tema.
Una parte del problema se ha derivado, según informaciones que no se han
desmentido hasta la fecha, de la toma del control de Citresa por el grupo
multinacional Cadbuy-Schweppes, del que posteriormente se han derivado
rupturas de contrato que han justificado, entre otras cuestiones, el
expediente de regulación de empleo y la pérdida de 120 puestos de trabajo
en nuestra comunidad.
Por ordenar los elementos que están confluyendo en tan complejo proceso,
la primera pregunta que formulamos es si existió intervención
administrativa en su momento en esta toma de control o en este proceso
del que se derivó la toma de control de Citresa por Cadbuy-Schweppes.
Dado que la Comunidad de Madrid ha resuelto favorablemente la petición de
la empresa en lo que afecta al expediente de regulación, nosotros
preguntamos si ha adoptado el Gobierno todas las medidas previstas por
nuestro ordenamiento para defender el interés público y garantizar el
cumplimiento de los deberes constitucionales en relación con los hechos
citados; también si la empresa Rebecasa ha recibido algún tipo de ayudas
públicas o beneficios fiscales por parte de la Administración. De ser
así, si existió algún compromiso de creación de empleo y si en algún
momento se han dirigido los trabajadores, la empresa o sus representantes
a la Administración, demandando mediación, soluciones y, en su caso, cuál
sería la respuesta aportada por la Administración.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, tiene la palabra el
señor subsecretario, don Marino Díaz Guerra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): En
relación con la primera pregunta, la intervención administrativa
existente en la toma de control de la empresa Citresa por el grupo
multinacional Cadbuy-Schweppes, como ya conoce S. S., dicha adquisición
se produjo precisamente en el año 1990, es decir, hace siete años. Pues
bien, podemos decirle que sí existe la certeza de que no se ha producido
ninguna actuación por parte de las autoridades laborales, como sabe,
dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ni por parte
de los servicios de defensa de la competencia. En ese mismo sentido, como
conoce, ya se ha contestado a S. S. en las preguntas por escrito, que
parece ser que no tuvieron el trámite correspondiente.
Sobre el resto de las medidas que usted menciona, conoce perfectamente
que la Administración General del Estado, por razones de competencia, no
ha tenido intervención alguna en este caso. En concreto, y como
consecuencia precisamente de la suspensión de pagos, se produjo el
expediente de regulación de empleo, que lógicamente cayó en la órbita de
la competencia autonómica, en este caso de la Comunidad de Madrid, y fue
la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Consejería de Economía de
dicha comunidad autónoma la que, tras analizar el correspondiente
expediente de regulación de empleo, el pasado 22 de enero, resolvió dicho
expediente basándose en la situación de suspensión de pagos de la
empresa, agravada, a su vez, como conoce ya S. S. por la rescisión del
contrato para la producción y distribución de la actividad de esa
empresa, que era precisamente su actividad principal. Lo que aquí se ha
producido realmente, como conoce S. S., ha sido una resolución unilateral
de la relación contractual que tenía Citresa con Rebecasa y que es un
tema que en estos momentos está en los tribunales de justicia. Ya sabe
perfectamente que la empresa en cuestión, Rebecasa, ha presentado una
demanda y, en consecuencia, tendremos que esperar la decisión de los
tribunales en la materia.
En cuanto a las posibilidades de toma de control o relaciones entre la
empresa y sus accionistas y el proceder de estos últimos, en principio,
mientras no conozcamos definitivamente el infirme, como es lógico, de los
interventores judiciales, difícilmente podemos hacer ningún tipo de
apreciación. El único dato que conocemos hasta el momento, en relación
con los tribunales de justicia, es que el Tribunal Supremo no ha admitido
a trámite la querella presentada contra los accionistas por insolvencia
punible. Por tanto, todas las consecuencias derivadas del expediente de
regulación de empleo están en la legislación laboral y, en función de lo
que definitivamente se resuelva en la intervención judicial, a partir de
ahí, de la resolución del expediente de regulación de empleo, se ponen en
práctica todas las medidas correspondientes que se derivan de la propia
legislación laboral.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Nosotros entendemos, sin embargo, que, en el
proceso de toma de control de Citresa por Schweppes y dependiendo de la
fecha en que se produjera, da igual que sea en 1991 o que sea
posteriormente, ha tenido que existir algún nivel de intervención
administrativa.
La normativa vigente en el momento de la toma de control de Citresa por
Schweppes, si fue el 30 de septiembre de 1989, sería como mínimo la Ley
de inversiones extranjeras, desarrollada en el reglamento de 25 de
septiembre. En ese sentido, ha tenido que existir, en el grado que sea,
intervención administrativa en este proceso. Dado además que en el asunto
que nos ocupa existe un enjambre de sociedades interpuestas, dado que la
respuesta que nos da el Gobierno es que no ha existido intervención
administrativa
y siendo Citresa originariamente una empresa española que en la
actualidad pertenece a un grupo multinacional, Schweppes, debemos
concluir que o bien el Gobierno no se ha ceñido a la realidad en la
respuesta o bien se han incumplido algunas obligaciones legales por el
grupo multinacional, ya sea de forma expresa, ya sea a través de sus
sociedades o de interposición de sociedades. En cualquier caso, esta
falta de información viene a arrojar todavía más sombras en unos
acontecimientos que son fuertemente contestados y de los que mi grupo,
por lo menos, está teniendo serias dificultades para obtener una
información por parte del Gobierno. Por tanto, yo le reformulo la
pregunta al Gobierno en los términos de si ha existido --porque nosotros
entendemos que ha tenido que existir en algún momento en esa toma de
control-- intervención administrativa en el grado que sea.
Por otro lado, en el segundo bloque de preguntas, nosotros consideramos
que es cierto que los datos obtenidos por la Administración tributaria en
el desempeño de sus funciones están protegidos y tienen carácter
reservado, según el artículo 113 de la Ley General Tributaria. Ahora
bien, nosotros lo que le hemos preguntado al Gobierno en este caso --y yo
no soy la responsable de quién venga a contestar las preguntas-- es si ha
actuado, según lo previsto en nuestras leyes, en defensa del interés
público y para garantizar el cumplimiento de los derechos
constitucionales. Como el Gobierno sabe, es un deber constitucional de
los ciudadanos, recogido en el artículo 31.1 de la Constitución, el deber
de contribuir.
Por otra parte, es un hecho conocido, publicado y público que Rebecasa
mantiene sustanciosas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social y que
a su vez se encuentra incursa en un proceso de suspensión de pagos. Es
más, sabe también que los trabajadores han procedido a una denuncia ante
la Inspección de Hacienda y ante la Agencia Tributaria por posible
incumplimiento sobre las retenciones practicadas a los propios
trabajadores; a la vez, estos trabajadores han recurrido el contenido del
expediente de regulación de empleo. Por tanto, no podemos olvidar la
función y el derecho del Parlamento de obtener datos sobre situaciones y
de conocer si este proceso ha sido sometido a la exigible legalidad y
oportunidad, con el fin de exigir eventuales responsabilidades. Cuando
nos dirigimos al Gobierno y le preguntamos sobre esta cuestión, lo
hacemos desde esta perspectiva, pero también desde el legítimo derecho
que tienen los trabajadores de conocer lo que se ha hecho con el dinero
de sus propias retenciones. Lo que puede ocurrir es que, de existir las
deudas de las que se habla en los medios de comunicación y en los
informes que nosotros tenemos --deudas con la Seguridad Social y con la
Agencia Tributaria--, se hubiera solicitado un aplazamiento, que no sería
habitual en el caso de retenciones y que por regla general no está
permitido, y se hubieran exigido --supuestamente, en este caso-- al
Ministerio de Economía y Hacienda las debidas garantías o que no se
hubiera hecho. En este caso, la empresa Rebecasa incurriría en una
infracción tributaria o, incluso, en delito fiscal. También puede ocurrir
que Hacienda, ante una suspensión de pagos, se persone --debería
hacerlo-- en el proceso concursal, absteniéndose, dado el carácter
privilegiado de los créditos de la Hacienda pública, o suscribiendo
acuerdos previa autorización del órgano competente de la Agencia
Tributaria. Por tanto, con ese resumen de actuaciones --y ése es el
sentido de la pregunta, cuando nosotros en la primera parte preguntamos
si el Gobierno ha adoptado todas las medidas previstas--, ya sabíamos que
había un expediente de regulación de empleo, ya sabíamos que la Comunidad
de Madrid lo había fallado favorablemente y lo que estamos preguntando es
si el Gobierno, en lo que afecta a este bloque de deudas que es
importante y en el que está inmersa la empresa Rebecasa, ha actuado en
cumplimiento de sus obligaciones, cuando, además, pudieran estar
afectadas las propias obligaciones de retención de trabajadores por IRPF.
El señor PRESIDENTE: Don Marino Díaz Guerra, tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): En
relación con el primero de los puntos que ha planteado, es decir, la
intervención, respecto al año 1990 o diciembre de 1989, conviene no
desconocer que, precisamente en esas fechas, ninguna de estas empresas de
carácter multinacional estaba sometida a autorización previa. Como sabe
perfectamente, se limitaba a comunicar y al correspondiente tipo de
verificación. De todas maneras, yo no tengo ningún dato más sobre la
cuestión, pero no hay ningún inconveniente en que, si existiere mayor
información complementaria, la recibiera usted, por descontado, por
escrito, con el fin de completar, si lo requiere, toda la información
precisa sobre esta cuestión.
En relación con el resto de los puntos, lo más que puedo decirle es que
--como usted sabe perfectamente-- la empresa se encuentra en estos
momentos en suspensión y, en consecuencia, está sometida a intervención
judicial. Hay que esperar a ver cuál es el informe de los interventores
judiciales sobre la materia. En cuanto conozcamos este informe, podremos
empezar a conocer y a valorar todas esas cuestiones que usted plantea
sobre si ha habido o no retenciones, deudas o no deudas, etcétera.
Sabemos perfectamente que, al estar sometida a intervención judicial como
consecuencia de la suspensión de pagos, forzosamente queda todo
condicionado a que conozcamos cuál es el informe de los peritos, de los
interventores judiciales. Sólo entonces se podrá plantear de verdad cuál
es la situación definitiva de la empresa. Como es lógico, la legislación
aplicable y, por descontado, el respeto a todos los deberes
constitucionales se deriva de la propia legislación que tenemos en estos
momentos. Lógicamente, será esa legislación la que se aplicará en su
caso. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, agradeciendo la
presencia del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
levantamos la sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.