CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 392



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO.

SR. D. FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 35



celebrada el miércoles, 4 de marzo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo) para:



--Informar sobre las medidas liberalizadoras adoptadas en el Consejo de
Ministros de 21 de febrero de 1997. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 213/000228).




--Informar sobre la situación actual de las negociaciones con la Comisión
Europea, relativas al régimen económico y fiscal de Canarias. A solicitud
del Grupo anterior (Número de expediente 213/000363).




--Explicar la política general de su Departamento. A solicitud del mismo
Grupo Parlamentario (Número de expediente 213/000443).




--Informar de las medidas de política económica que tenga intención de
adoptar el Gobierno para fomentar la reducción del desempleo durante
1998. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/000491).

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--Informar sobre la ejecución del Programa de Convergencia Económica, el
Plan de liberalización e impulso de la actividad económica aprobado en
febrero de 1997 y la situación de las negociaciones con la Comisión de la
Unión Europea sobre el Régimen Económico y Fiscal canario. A petición
propia (Número de expediente 214/000059).




Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a
comenzar la sesión correspondiente al día de hoy de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda de este Congreso de los Diputados, con la
comparecencia del señor ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente
segundo del Gobierno, don Rodrigo Rato. Antes de nada, quiero dar la
bienvenida al señor ministro.

A continuación, vamos a celebrar la comparecencia para examinar los
asuntos comprendidos en el orden del día. Se trata de celebrar cinco
comparecencias. ¿Tienen algún tipo de orden preestablecido en cuanto a la
celebración de las comparecencias o desean que procedamos a su
acumulación? Señor Martínez Noval, señor Saura, ya que son los autores de
la solicitud de comparecencia, ¿cómo desean que las celebremos, una por
una o prefieren que las acumulemos?



El señor MARTINEZ NOVAL: No tengo ninguna preferencia especial en
relación con el orden o con la agregación o desagregación de las
materias.




El señor PRESIDENTE: ¿Señor Saura?



El señor SAURA LAPORTA: Tampoco tengo ningún orden especial. Como el
señor ministro ha tardado tanto en venir, somos conscientes de que
inevitablemente en esta sesión de hoy vamos a discutir cuestiones de hace
un año. Por tanto, no tendría ningún inconveniente en acumularlas,
rogando, a ser posible, que en el futuro podamos tener sesiones de
trabajo con una presencia más asidua del señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Si les parece bien, ordenaremos el debate de la
siguiente forma.

En primer lugar, intervendrá el señor ministro para informar sobre los
temas que figuran en las comparecencias acumuladas, en la medida en que
los términos en que son formuladas son suficientemente expresivos para
denotar la posible contestación a las materias sin necesidad de
ulteriores trámites de explicación de la comparecencia formulada. A
continuación, intervendrán los grupos parlamentarios solicitantes de las
diferentes comparecencias y los demás grupos parlamentarios para fijar la
posición, de forma y manera que se formulen preguntas, interpelaciones o
puntualizaciones al señor ministro, quien después contestará.

Posteriormente, abriremos un segundo turno para que los grupos
parlamentarios puedan hacer las sugerencias, puntualizaciones últimas o
preguntas, en el supuesto de que el señor ministro no haya contestado de
manera satisfactoria. Por último, cerrará el debate el señor ministro.

Las comparecencias formuladas son las siguientes. Informar sobre las
medidas liberalizadoras adoptadas en el Consejo de Ministros de 21 de
febrero de 1997, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista.

Asimismo, para que informe el señor ministro sobre la situación actual de
las negociaciones con la Comisión Europea, relativas al Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, de la que es también autor el Grupo Socialista, así
como para que explique la política general de su departamento, con la
misma autoría. También, para informar de las medidas de política
económica que tenga intención de adoptar el Gobierno para fomentar la
reducción del desempleo durante 1998, a instancias del Grupo Mixto.

Finalmente, para informar sobre la ejecución del Programa de Convergencia
Económica, el Plan de liberalización e impulso a la actividad económica,
aprobado en febrero de 1997, y la situación de las negociaciones con la
Comisión de la Unión Europea sobre el Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, de la que es autor el Gobierno.

Sin más, señor ministro, tiene la palabra para informar sobre las
comparecencias formuladas.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, ante todo,
quiero mostrar mi satisfacción en esta tercera comparecencia en la
Comisión de Economía desde que tengo el honor de asumir responsabilidades
de gobierno.

Siguiendo las instrucciones de la Comisión y en cuanto a las
comparecencias solicitadas, tanto por los grupos parlamentarios como por
el Gobierno, me gustaría englobarlas, puesto que muchas de ellas
coinciden en una serie de apartados. En primer lugar, haría una
referencia a la situación económica, tanto nacional como internacional;
en la evolución de la economía española me detendría para analizar los
datos del año 1997. En segundo lugar, y respondiendo a las peticiones de
diversos grupos y del Gobierno de hacer un análisis sobre la política
económica, haría un análisis sobre la política presupuestaria, el plan de
liberalización, la reforma tributaria y la política de sectores
productivos. También plantearía cuáles son las consecuencias de la nueva
situación de la economía española en el contexto de la moneda única, así
como del plan de empleo que



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el Gobierno está preparando de cara a la cumbre de Cardiff del próximo
mes de junio. Por último, en un apartado específico, haría referencia al
REF canario.

Situación económica. Empezaría por una descripción breve de la situación
económica internacional, haciendo alguna referencia más concreta a la
situación asiática, que me parece de relevancia desde el punto de vista
de las circunstancias de este momento, que afectan a Europa y a España.

Como SS. SS. saben, durante el año 1997 se ha producido en los países
industrializados una aceleración del crecimiento, pasando del 2,6 en el
año 1996 al 2,8. Eso ha venido a coincidir con una moderación de la
inflación, así como una intensificación del proceso de ajuste fiscal.

Este mayor dinamismo ha permitido, en el conjunto de los países
industriales, un avance muy ligero del empleo, con un crecimiento del
1,2, y una modesta reducción de la tasa de paro, bajando del 7,7 al 7,5.

Como podrán apreciar SS. SS. a lo largo de mi intervención, este perfil
coincide con el español que, sin embargo, ha sido más intenso en todos
sus apartados, tanto desde el punto de vista del crecimiento, como de la
inflación, como del ajuste presupuestario y, sobre todo, desde el punto
de vista de la creación de empleo.

Sin embargo, este balance global de los países industrializados ha sido
desigual, dependiendo de los países. Por un lado, el crecimiento en
Estados Unidos y en el Reino Unido, cuya fase expansiva dura ya seis
años, ha continuado, siendo superior al de las economías de Europa
continental en su conjunto, no tanto al caso español y otros. Mientras
tanto, la economía japonesa, que en 1996 parecía haber dejado atrás un
largo proceso de recesión, se ha ido debilitando a lo largo del año,
especialmente a partir de los últimos meses, por los efectos de lo que ha
venido a llamarse la crisis asiática.

A lo largo de 1997, desde el punto de vista de la Unión Europea, el
crecimiento económico ha ido ganando intensidad y también se han
despejado coincidentemente las incertidumbres respecto a la Unión
Económica y Monetaria.

De acuerdo con los datos conocidos la semana pasada por parte de todos
los países de la Unión Europea, hay once Estados que desean y tienen
claras posibilidades de formar parte de la Unión Económica y Monetaria
desde su nacimiento. Esto indica que vamos a asistir al lanzamiento de
una unión amplia, con un buen número de países que cumplen los criterios
de convergencia desde el primer momento, lo cual, indudablemente, va a
tener efectos beneficiosos en la credibilidad del proyecto, aunque, en mi
opinión, los ha tenido ya, como hemos podido comprobar, por un lado, en
los efectos de la crisis asiática y, por otro, en las recientes
evoluciones de las cotizaciones de los mercados de deuda entre Estados
Unidos y Europa.

Con respecto a nuestro país, de la misma manera que con respecto a los
países industriales hemos seguido una tendencia similar más intensa,
desde el punto de vista de la Unión Europea también hemos seguido una
tendencia más intensa en cuanto al esfuerzo. Hemos de recordar que
España, en el año 1995, se encontraba entre los países más alejados del
cumplimiento de los criterios de convergencia, en concreto del criterio
de déficit, ya que nos situábamos con un déficit público en el año 1995
superior al 7 por ciento del producto interior bruto. Hoy cumplimos con
holgura el criterio de déficit y estamos por debajo de países como
Alemania, Francia o Italia. También tenemos que constatar, y creo que es
un elemento que debe dar una cierta tranquilidad a la sociedad española,
que, desde el punto de vista del juicio de los mercados, probablemente
somos el país que ha reducido más intensamente su diferencial de tipo de
interés a diez años, manteniendo en este momento un diferencial de tipos
de interés más bajo con respecto a Alemania y a los países que en 1995
podían arrojar mayores dudas sobre su cumplimiento de criterios de
convergencia. Es decir, hemos recorrido un camino más intenso que los
países centrales para llegar a cumplir los criterios de convergencia,
mucho más intenso, y también hemos sido capaces de ganar más credibilidad
que los países periféricos. Creo que ésa es una definición de cuál ha
sido la realidad española a lo largo de 1997.

Paso ahora, señor presidente, a hacer algunos comentarios sobre la crisis
asiática. Tanto los resultados de las economías occidentales, la
estadounidense o la de Gran Bretaña, como los de las continentales,
contrastan claramente con la situación de Japón. Japón, que a lo largo
del año 1996 había dado síntomas de recuperación, no los ha dado; sin
embargo, a lo largo de 1997, y con la aparición o la manifestación
completa de la crisis financiera de los países asiáticos a partir del
verano de 1997, ha supuesto también un empeoramiento de la situación de
Japón. En este momento hay que contemplar con gran interés los esfuerzos
que el Gobierno japonés está realizando y que ha anunciado esta misma
semana respecto a relanzar su economía con paquetes importantes desde el
punto de vista de la reducción de impuestos y de la política de inversión
pública.

Como SS. SS. saben, la crisis asiática se desata a mediados del año 1997
con la ruptura del vínculo de la moneda tailandesa con el dólar; crisis
financiera y cambiaria de Tailandia que después es seguida por Indonesia,
Filipinas y Malasia. Todas ellas son economías con un fuerte
desequilibrio exterior y una elevada dependencia de ahorro externo a
corto plazo, que las hacía claramente muy vulnerables a los cambios de
expectativas de los inversores internacionales. Después de este comienzo,
hay una segunda fase claramente diferenciada, que es cuando el efecto de
la crisis de estos primeros países se traslada a las crisis cambiarias de
Taiwan y de Hong Kong en el otoño del año 1997, poniéndose ya entonces de
manifiesto la debilidad de los sistemas financieros de la región. Y una
tercera fase es cuanto esta crisis regional se extiende a Corea y,
finalmente, a Japón, cuyo sistema bancario, como SS. SS. conocen, ha
estado sometido desde hace tiempo a críticas de los organismos
internacionales por su concentración en activos industriales
inmobiliarios, muy sensibles a los movimientos enlas expectativas sobre
tipos de interés y tipos de cambio. Además, el sistema bancario japonés
había financiado grandes volúmenes de inversión de alto riesgo en los
países vecinos que precisamente acababan de entrar en crisis y, por lo
tanto, era inevitable que la crisis de esos países repercutiese también
en el sistema financiero japonés. En



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esta coyuntura fue especialmente importante la respuesta del Banco
Central de Japón para neutralizar la extensión de la crisis bancaria.

Probablemente, lo más interesante de estos momentos, desde el punto de
vista de Europa, es cuál será la repercusión de la crisis asiática en las
economías occidentales. De acuerdo con las previsiones del Fondo
Monetario Internacional, y en el supuesto de que las economías asiáticas
afectadas realicen los ajustes y reformas necesarios, que en muchos casos
está siendo así, probablemente con la más clara excepción de Indonesia, y
con el respaldo que en este momento tiene por parte de los países
occidentales y en concreto de los países de la Unión Europea, la
perspectiva de influencia de la crisis asiática sobre los países
industrializados es que se moderará el crecimiento de dichos países en
unas décimas en el año 1998.

Para los países europeos, el impacto todavía será menor por las
siguientes razones. Los flujos comerciales representan menos de medio
punto del producto interior bruto de los países europeos, y menos aún en
el caso español, como diré más adelante. En cualquier caso, el impacto
sobre el saldo comercial se irá manifestando gradualmente. Tampoco cabe
esperar que el previsible deterioro de la balanza de pagos
norteamericana, inducido en parte por la crisis y las posibles presiones
depreciatorias sobre el dólar y alcistas sobre los tipos de interés,
incida significativamente sobre el crecimiento europeo, por un lado, por
la limitada entidad en términos de producto interior bruto de los flujos
comerciales entre Europa y Estados Unidos y entre Estados Unidos y los
países asiáticos y, por otro, por la diferente situación en que la mayor
parte de los países europeos afrontan las posibles tensiones cambiarias y
financieras una vez se produzca la Unión Económica y Monetaria.

Por último, si, como parece, la crisis asiática no se agudiza, su impacto
sobre los bancos occidentales estaría ya plenamente recogido en las
provisiones efectuadas, que, de hecho, se recobrarían parcialmente en
años venideros.

Por otro lado, no todos los efectos de la crisis asiática van a ser
negativos desde el punto de vista de los países industrializados, ya que,
desde el punto de vista de la inflación, es claro que la crisis asiática
está teniendo efectos beneficiosos, lo cual aleja también posibles
subidas de tipos de interés en los países industriales y está teniendo
asimismo efectos beneficiosos sobre la valoración de las materias primas.

En cuanto a la repercusión en España de la crisis asiática, en primer
lugar me gustaría significar que es la primera vez que, cuando se produce
una crisis financiera internacional, nuestra moneda y nuestros mercados
financieros reaccionan de la misma manera que la de los países centrales,
lo cual indica que estamos en un período de clara estabilidad y de
creciente credibilidad por parte de los mercados respecto a los países
centrales y europeos. En segundo lugar, el impacto, como puede
apreciarse, sobre la cotización de la peseta ha sido nulo, y es más,
desde el punto de vista del diferencial del interés, a tres meses y a
diez años con Alemania, durante el proceso de la crisis asiática se ha
producido también una reducción del diferencial con Alemania, lo cual
indica el grado de credibilidad de la economía española.

Desde el punto de vista comercial, las economías más relevantes para
España son Corea, Hong Kong, Malasia, Singapur, Taiwan y Tailandia, pero
esta relevancia es muy limitada. Las exportaciones españolas a estos
países suponen un 2,6 por ciento del total de la exportación en el año
1997 y las importaciones de estos países a España suponen un 2,8 por
ciento del total de las mismas. Por lo tanto, estamos ante situaciones
francamente controlables desde el punto de vista de lo que pueda afectar
a la economía española.

Paso a continuación a hacer un análisis sobre los datos de la economía
española a lo largo de 1997. Yo creo que durante el año 197, sin ninguna
duda, España ha consolidado su posición en el escenario económico
internacional. El cumplimiento holgado de los criterios de convergencia,
que nos garantizan la entrada desde el principio en la moneda única, lo
cual suponía el cumplimiento de un claro compromiso no sólo del Partido
Popular y del Gobierno del Partido Popular, no sólo de los partidos que
apoyan al Gobierno, sino del conjunto de los grupos parlamentarios y,
desde luego, de la sociedad española, creo que ha lanzado una imagen
indudable de consolidación de la posición de la economía española en el
contexto internacional.

Los resultados alcanzados en términos de crecimiento y de creación de
empleo demuestran que, además de la convergencia nominal, es decir, la
estabilidad macroeconómica, se está produciendo una clara convergencia
real desde el punto de vista de un crecimiento diferenciado positivamente
con respecto a la media europea.

Desde el punto de vista de las previsiones del Gobierno, quisiera indicar
que dichas previsiones se han cumplido en la mayor parte de los casos,
por no decir en la totalidad de los mismos; es decir, se ha cumplido la
parte más alta de las previsiones, lo cual indicaría que el Gobierno
realizó unas previsiones para el ejercicio de 1997 relativamente
modestas. Eso me parece significativo, me parece importante que las
previsiones macroeconómicas que acompañan a los presupuestos de cada año
se sitúen al menos en la franja media de las posibilidades, ya que de las
previsiones se derivan una serie de decisiones sobre ingresos y sobre
gastos que es bueno que se asienten en previsiones moderadas, como ha
sucedido en 1997 y creo que va a suceder en 1998.

El crecimiento económico se ha ido intensificando claramente a lo largo
del año, hasta alcanzar una tasa en el cuarto trimestre de 1997
equivalente al 3,6 por ciento. Esta cifra sitúa el crecimiento medio para
el conjunto de 1997 en el 3,4 por ciento, que supone más de un punto
sobre el año 1996 y aproximadamente un punto por encima de la media
europea. Se trata, además, de un crecimiento equilibrado, y en este
sentido, con respecto a mi última comparecencia en esta Comisión,
celebrada en el mes de mayo, para presentar el Plan de convergencia,
existían algunas dudas en cuanto a los componentes de la demanda y de la
evolución de la inflación, que me parece que han quedado claramente
despejadas desde dicha comparecencia. Este crecimiento equilibrado ha
sido compatible con una reducción



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significativa de la inflación y con un mantenimiento de la aportación
positiva del sector exterior, lo cual indicaría una creciente capacidad
de competitividad de nuestra economía.

El crecimiento del año 1997 se apoya fundamentalmente en los dos
componentes de la demanda interna: en el consumo, que ha dejado
claramente atrás la tónica de debilidad de los últimos años, y en un
fuerte incremento de la inversión, lo que, en opinión del Gobierno,
reflejaría una consolidación de la confianza, tanto de las familias,
desde el punto de vista del consumo, como de las empresas, desde el punto
de vista de la inversión. Este clima de confianza, donde el crecimiento
ha alcanzado tasas que no se conocían desde 1990, ha sido posible gracias
al aumento del empleo, a la estabilidad de los precios, a la ganancia de
renta real y a la caída de los tipos de interés. Hemos de tener en cuenta
que este crecimiento del consumo --y vuelvo a repetir que no se había
logrado llegar a estas tasas desde 1990-- se produce con una muy pequeña
disminución de la tasa de ahorro de las familias, que ha sido más que
compensado con el aumento de la tasa de ahorro del sector público. Por lo
tanto --me parece importante reflejar esto--, no estamos ante un
crecimiento explosivo del consumo que pueda poner en peligro nuestro
equilibrio exterior, como ya sucedió en la recuperación de finales de los
años ochenta, cuando además se produjo una aceleración del gasto público,
que era el principal responsable de la creciente necesidad de
financiación exterior. Al contrario, aquí se está produciendo un
crecimiento del consumo tan intenso como entonces pero que, sin embargo,
coincide con una drástica reducción del déficit público y con un claro
mantenimiento de nuestra competitividad y, por lo tanto, de nuestro
equilibrio exterior.

La inversión es el segundo componente de la demanda interna y también ha
mostrado a lo largo del año 1997 una tendencia de aceleración, que afecta
tanto a la inversión de bienes de equipo como a la inversión en
construcción, que ha recuperado los crecimientos negativos a partir del
segundo trimestre de este año. En opinión del Gobierno, el comportamiento
de la inversión se explicaría, por un lado, por la importante reducción
del coste del capital, que nunca ha estado a niveles tan bajos como en
este momento en cuanto a las tasas de los tipos de interés, lo que ha
contribuido a un saneamiento de la situación financiera de las empresas,
y, por otro lado, desde el punto de vista de la inversión, por la mejora
de las expectativas impulsadas por este nuevo marco de estabilidad en
nuestra economía, así como por las reformas estructurales planteadas por
el Gobierno, dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, y la confianza
de los empresarios e inversores de la pertenencia de España a la Unión
Económica y Monetaria, que, como hemos visto, nos ha permitido reducir
nuestros diferenciales de interés a largo plazo a niveles históricos y
que otros países periféricos no han sido capaces de alcanzar.

Con respecto al sector exterior, y me parece una de las cuestiones más
importantes en cuanto a la evolución económica del año 1997, se ha
producido una aportación positiva del sector exterior a la economía, que
ha sido coincidente y compatible con un importante crecimiento de la
demanda interna. En ese sentido, tanto las importaciones como las
exportaciones han registrado elevadas tasas de crecimiento, pero las
exportaciones han continuado aumentando por encima de las importaciones,
pese a estar en una clara recuperación del consumo y de la inversión, un
13,2 frente a un 10,2 y, además, se ha producido un crecimiento de
nuestras exportaciones muy superior al crecimiento del comercio mundial,
lo cual también indicaría que la economía española está ganando cuotas de
mercado a nivel internacional. La demanda externa se convierte en uno de
los motores del crecimiento, con un aceleración de las exportaciones que
coincide con la intensificación de la demanda interna, lo que refleja la
competitividad de nuestras empresas y su capacidad de adaptación y
respuesta a los nuevos retos de la integración económica internacional.

Esta es una circunstancia novedosa estructuralmente de la economía
española y supone que la misma se asienta en el modelo de crecimiento de
las economías centrales europeas. Mejora, asimismo, el grado de apertura
de nuestra economía, como consecuencia del elevado aumento de los
intercambios comerciales, que, como SS. SS. saben, nos sitúa ya entre las
economías más abiertas de Europa y con un grado de apertura mayor que el
de las principales economías europeas.

Del sector exterior me gustaría, señor presidente, destacar otros dos
aspectos: por un lado, el buen comportamiento del turismo, al que haré
referencia al hablar de los sectores económicos, y, por otro, el
espectacular crecimiento de las inversiones españolas en el exterior. Al
mismo tiempo que se ha producido un crecimiento de la inversión interna
en España --como he dicho, en todas las áreas, tanto en los bienes de
equipo como en la construcción--, se ha doblado el crecimiento de la
inversión española en mercados internacionales, el doble con respecto a
1996, que ha alcanzado los dos billones de pesetas. En este sentido,
nuestra actividad inversora a nivel internacional en términos de producto
interior bruto --quiero subrayarlo-- nos sitúa a los niveles comparables
de Japón y, desde el punto de vista del ranking mundial de inversores
internacionales, ocupamos el octavo lugar. Esto también asienta a la
economía española en un proceso de aumentar su capacidad de crecimiento.

Según vayamos acelerando nuestra integración en el mercado europeo --y
creo que lo estamos haciendo suficientemente--, nuestra capacidad de
crecimiento no podrá estar basada solamente en nuestro crecimiento
interno, sino que tendrá que venir de los efectos beneficiosos de la
globalización. El hecho de que España se sitúe ya entre países
exportadores estables y de que seamos un país de una inversión
internacional suficientemente amplia, comparable a países de la
importancia de Japón en términos de producto interior bruto, indica
claramente niveles de sostenibilidad de nuestro crecimiento a lo largo de
los próximos años.

El buen comportamiento del sector exterior se explica, en opinión del
Gobierno, por los siguientes factores: por un lado, la mejora de la
estructura de costes de las empresas, no sólo los costes financieros sino
también los costes fiscales, energéticos y de telecomunicaciones, todo
ello consecuencia del aumento de la competencia en los mercados



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internos, y, por otro lado, de la ganancia en credibilidad de los
objetivos de inflación del Gobierno, que han permitido una clara
moderación de los costes salariales en las negociaciones entre los
interlocutores sociales. En opinión del Gobierno, otro hecho que también
contribuye a la buena evolución de nuestro comercio exterior es la
estabilidad de nuestro tipo de cambio frente a los países de la Unión
Europea y frente a la propia moneda norteamericana, así como la creciente
presencia inversora de nuestras empresas en el exterior.

Desde el punto de vista de la evolución de la inflación, en 1997 el
índice de precios al consumo ha disminuido 1,2 puntos, desde el 3,2 en
diciembre de 1996 hasta el 2 por ciento en diciembre de 1997, que es un
nivel inferior al objetivo medio que se había marcado el Gobierno, que
había sido revisado en su momento, y ha supuesto claramente una ventaja
para el conjunto de la sociedad española, no sólo en términos de
estabilidad sino también en ganancia de poder adquisitivo, por parte de
las rentas más bajas y, en especial, de los pensionistas. La inflación en
España se sitúa en 1997 en la medida de la UE, sobradamente por debajo
del índice de referencia que marca el proceso de convergencia, pero al
mismo tiempo coincidiendo con un crecimiento económico que es un punto
superior a la media de la UE, y yo creo que eso es especialmente
significativo. Por lo tanto, nos hemos instalado en un modelo de
crecimiento en el cual tenemos la misma estabilidad macroeconómica que
nuestros competidores, en algunos casos incluso mayor desde el punto de
vista del déficit público, y tenemos un crecimiento más intenso de la
economía y de la creación de empleo.

También me gustaría comentar brevemente los tipos de interés y de cambio.

Desde el punto de vista de la evolución de los tipos de interés a largo
plazo, he de decir que se ha reducido casi a la mitad desde principios de
1996, con una caída cercana a los 500 puntos básicos. Como he dicho, ésta
es una reducción claramente más intensa que la de la mayor parte de los
países europeos. En 1997 se han producido seis reducciones en los tipos
de intervención del Banco de España, con un descenso total de 1,5 puntos
porcentuales, y en dos años, entre 1996 y 1997, los tipos de interés de
intervención han bajado un total de 3,25 puntos, desde el 7,75 a
principios del año 1996 hasta el 4,50 en recientes fechas. También es
importante destacar la estabilidad de la peseta en los mercados
internacionales, tanto en momentos de tranquilidad financiera
internacional como en momentos de tormentas, como las recientemente
vividas como consecuencia de la crisis asiática.

Para terminar la descripción de lo sucedido en 1997, me gustaría hacer
una pequeña referencia al empleo. El hecho de mencionarlo al final es que
claramente el empleo es una consecuencia y una resultante de todas las
cuestiones que he citado anteriormente, tanto la estabilidad, como la
competitividad, como la evolución de la demanda, pero eso nos indica que
probablemente el rasgo más positivo de 1997 ha sido la creación de
empleo, desde el punto de vista de su calidad y desde el punto de vista
de su intensidad.

Según la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 1997, a un
ritmo de crecimiento del 3,6 se estaba correspondiendo un crecimiento del
empleo del 3 por ciento. Para el conjunto de 1997 podemos decir que el 88
por ciento de la recuperación económica se ha trasladado al empleo, y si
comparásemos esta cifra con el año 1996 comprobaríamos que la
recuperación económica se trasladaba en el 65 por ciento al empleo en el
año 1996 y en el año 1997 en el 88 por ciento. Eso quiere decir que la
economía española está acercando la evolución de su crecimiento a la
creación de empleo, o dicho de otra manera, está reduciendo la necesidad
de crecer para crear empleo a niveles históricamente muy bajos. Eso
explicaría, primero, la intensidad de creación de empleo en 1997 (el
doble que en 1996 en términos de encuesta de población activa; términos
homogéneos, como es natural, teniendo en cuenta las evoluciones
estadísticas o los sesgos estadísticos del año 1996), y segundo,
explicaría también por qué en 1997 España ha creado la mitad del empleo
que se ha creado en Europa. Nuestra intensidad en creación de empleo en
relación al crecimiento es muy superior a la media de nuestros
competidores. Quisiera recordar el primer dato que he dado: en el
conjunto de los países industrializados el empleo ha crecido a un ritmo
del 1,2; en España, en el último trimestre del año 1997, el empleo ha
crecido a un ritmo del 3 por ciento.

En este sentido la consecuencia que, en mi opinión, tenemos que obtener
de todos estos datos es que nos encontramos ante un modelo de crecimiento
que genera empleo, lo cual no quiere decir para nada que España no siga
siendo el país de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de paro. Por
consiguiente, lo que en este momento sabemos es qué camino hay que
seguir, y me parece que ése es un buen principio o una buena situación
para resolver los problemas, y en gran medida en el año 1997 se ha hecho
una importante resolución del problema que continúa, según los primeros
datos de los dos primeros meses, en el año 1998.

Otros datos de empleo nos indican estas mismas circunstancias. En
términos de contabilidad nacional también el empleo ha crecido casi el
doble en el año 1997 que en el año 1996 y, como SS. SS. saben, el
crecimiento de los nuevos afiliados en términos netos a la Seguridad
Social también ha sido extraordinariamente intenso en 1997. Por tanto,
estaríamos ante un conjunto de datos que nos indican, todos, la misma
consecuencia.

Quisiera también ahora destacar, desde el punto de vista de la calidad
del empleo, lo que le parece al Gobierno extraordinariamente positivo de
la reforma laboral pactada por los interlocutores sociales y desarrollada
por el Gobierno y por el conjunto de los grupos parlamentarios en el
Parlamento a lo largo de la pasada primavera. Teniendo en cuenta que esta
reforma laboral entró en vigor en mayo de 1997, desde esa fecha a febrero
de 1998 se han producido 627.997 empleos acogidos a las nuevas
modalidades de contratación, de los cuales --por subrayar una
característica que creo que a todos nos parece importante-- estaríamos
hablando de 414.000 empleos indefinidos para jóvenes en el período mayo
de 1997 a febrero de 1998.

Con esto pasaría a hacer referencia, una vez que he hecho una descripción
de la situación nacional e internacional



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desde el punto de vista de la evolución económica del año 1997, a lo que
de estas realidades el Gobierno obtiene como consecuencia para la
evolución de la política económica española en los próximos meses y en
los próximos años. Quiero significar que, como tuve ocasión de decir en
mi primera comparecencia en esta Comisión, a principios del otoño del año
1996, era firme propósito del Gobierno del Partido Popular mantener una
política económica coherente y global, en el sentido, primero, de que
todas las medidas tuvieran coincidencia en sus objetivos, unas con otras,
y, segundo, que tuviéramos una visión de conjunto de los objetivos y de
los resultados. En este sentido, todas las medidas que el Gobierno ha
tomado en política económica han tendido en la misma dirección:
garantizar y profundizar la estabilidad macroeconómica y aumentar los
procesos de liberalización, con el objetivo único de aumentar el
crecimiento y su relación con la creación de empleo.

Este marco de estabilidad, no sólo en el sentido económico, sino
claramente también en el sentido político, ha generado un aumento
creciente de la confianza de los agentes sociales, de las familias y de
los empresarios, y también el hecho de que los objetivos económicos
planteados por el Gobierno a esta Cámara a través de la Ley de
Presupuestos hayan sido objetivos creíbles ha profundizado en un proceso
creciente de confianza desde el punto de vista de la sociedad española y
de los agentes económicos españoles e internacionales.

Los rasgos básicos de la política económica que el Gobierno ha aplicado,
y pretende seguir aplicando, son los siguientes. Por un lado, y para
empezar, la aplicación de una política presupuestaria firmemente
orientada a la contención del gasto y a la reducción del déficit. En ese
sentido, el Gobierno continuará reduciendo el déficit público conforme a
lo previsto en el programa de convergencia o más intensamente, como ya ha
anunciado el presidente del Gobierno. Esta reducción del déficit público
se basará principalmente en la reducción del gasto público, y se aplicará
a la reducción del déficit público todo aumento de ingresos por encima de
lo previsto.

También el Gobierno continuará en una decidida política de liberalización
y ordenación de mercados, unido a una decidida política de
privatizaciones. Asimismo el Gobierno mantendrá una clara orientación de
política tributaria hacia la mejora de competitividad de las empresas, el
estímulo del ahorro de las familias y la lucha contra el fraude, y
continuará con una clara política de integración de las políticas de
apoyo y colaboración con los sectores productivos dentro del esquema
global de política económica.

Quisiera ahora comentar estas políticas de la manera más breve posible,
comenzando por la que he mencionado al inicio, que es la política
presupuestaria. Quiero afirmar, al comienzo de mi análisis de la política
presupuestaria del Gobierno, que la política presupuestaria llevada a
cabo en los años 1996 y 1997 se encuentra en el centro mismo de la
recuperación económica. No hubiera sido posible la recuperación económica
sin una clara política de contención del gasto público y de reducción del
déficit público, y desde luego no estaríamos en este momento en las
condiciones nacionales ni internacionales en que nos encontramos si no se
hubieran producido los datos que voy a leer a continuación.

¿Cuál ha sido la evolución del déficit público en el año 1997 y en
algunos casos en 1996 y 1997? Los objetivos del programa de convergencia,
que tuve el honor de presentar ante esta Comisión en mayo de 1997,
planteaban para 1997 una reducción hasta el 3 por ciento del déficit
público para el conjunto de las administraciones públicas, y del déficit
del Estado hasta el 2,5 por ciento. La realidad ha sido que el conjunto
de las administraciones públicas han tenido una reducción del déficit
público hasta el 2,6 y el Estado hasta el 2 por ciento. Por tanto, se ha
producido una clara mejora de las posibilidades, que ha sido
especialmente intensa en la reducción del déficit público del Estado, que
frente a una previsión inicial del 2,5 ha tenido una realidad del 2 por
ciento del producto interior bruto. Esta importante reducción está basada
en el esfuerzo de contención del gasto que, como he dicho, ha sido
especialmente importante en el Estado, en las administraciones centrales.

En términos de contabilidad nacional, por tanto en términos Maastricht
que nos permiten descontar los efectos calendario y cualquier otra
consideración, el Estado presenta un déficit público de un billón 619.000
millones en 1997; como he dicho, un 2,07 por ciento del producto interior
bruto. La reducción del déficit del Estado en los dos últimos ejercicios
se sitúa en 4,32 puntos del productor interior bruto. Desde el 6,39, en
que estaba el déficit del Estado en 1995, hemos pasado al 2,07 en 1996 o,
dicho de otra manera, en términos de administraciones públicas, el
déficit del conjunto de las administraciones públicas era del 7,3 a
finales de 1995 y a finales de 1997 se sitúa en el 2,6.

La reducción del déficit público se ha apoyado fundamentalmente en la
contención del gasto público, que se ha producido en el equivalente al
3,4 por ciento del producto interior bruto, mientras que el aumento de
los ingresos se ha producido en el equivalente al 0,9 por ciento. Esto
quiere decir que de una reducción del déficit del Estado de 4,32 puntos,
la mayor parte --el 3,41-- se explica como consecuencia de la caída del
gasto público; es decir, el 78,9 por ciento de la reducción del déficit
se explica en términos de caída del gasto. Este proceso de contención del
gasto es especialmente relevante si observamos la evolución de los gastos
de funcionamiento, que han caído 0,26 puntos.

Desde el punto de vista de la evolución de la necesidad de endeudamiento
--como SS. SS. saben, es el déficit de caja del que se descuenta la
evolución positiva o negativa de los activos financieros--, los recursos
del Estado han mejorado un 64,2 por ciento; es decir, el equivalente a
tres billones 300.000 millones de pesetas. En 1997 ha habido tres
billones 300.000 millones menos de necesidad de endeudamiento que en
1996. Es una cifra muy importante, que en 1997 sitúa la necesidad de
endeudamiento del Estado en un billón 845.000 millones de pesetas. Es
decir, que en 1997 la deuda pública se ha reducido por debajo del 69 por
ciento, cuando en 1996 había superado el 70 por ciento.




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Desde el punto de vista de la política de deuda, me gustaría comentar que
no sólo es significativa la reducción de la deuda pública, sino algunas
mejoras en la gestión de esa política de deuda. Los vencimientos a medio
y largo plazo, que dan una mayor estabilidad a nuestra política de deuda,
han pasado a representar el 76,9 por ciento de la deuda, mientras que en
1996 representaban el 73 por ciento. Los objetivos de la política de
deuda para 1998 son: continuar con el mercado de strips, que, como saben,
supone la segregación del cupón del principal, lo cual hace las emisiones
más atractivas y más competitivas en términos internacionales; la
inclusión en la gama de instrumentos de las obligaciones a 30 años, que
ya se ha producido tanto en pesetas como en euros; la armonización del
mercado primario en fechas valor del mercado secundario; la posible
realización de nuevos canjes de deuda para adelantar los efectos
beneficiosos de la reducción de los tipos de interés, y el aumento del
tamaño de las emisiones de los bonos y obligaciones hasta alcanzar
aproximadamente los dos billones de pesetas.

Dentro de la política presupuestaria, me parece importante destacar los
elementos de sostenibilidad. El hecho de que el déficit público se pueda
reducir de manera intensa en dos ejercicios sólo tiene consecuencias,
desde el punto de vista de credibilidad, si ésa es una política
sostenible. Como he dicho, la valoración que se hace en estos momentos de
nuestro ajuste, de nuestro proceso de convergencia nominal, si la podemos
medir de alguna manera --y yo creo que se puede medir en términos de
credibilidad de los mercados de deuda española--, indica claramente una
creciente confianza en la sostenibilidad de nuestra evolución, superior a
la de otros países.

Me gustaría mencionar tres aspectos de sostenibilidad que me parecen
relevantes. Por un lado, si estamos o no ante una situación de superávit
primario, es decir, si no teniendo en cuenta el efecto de los intereses
sobre el déficit público la diferencia entre ingresos y gastos en
términos de contabilidad nacional es o no excedentaria. Me gustaría
destacar que en el año 1997, descontando la carga de intereses, el
déficit o el superávit primario ha sido de un billón 226.000 millones de
pesetas, lo que supone un 1,6 por ciento del producto interior bruto
--estoy hablando del Estado--, frente a un déficit del 1,8; es decir,
hemos pasado de una situación en que nuestros gastos eran superiores a
nuestros ingresos en un billón 200.000 millones --sin tener en cuenta los
intereses de la deuda-- a una situación en que nuestros gastos son
inferiores a nuestros ingresos --también sin tener en cuenta los
intereses de la deuda-- en un billón 200.000 millones de pesetas, en una
evolución que afecta en 3,4 puntos al producto interior bruto. Creo que
ésta es una medida creíble e importante de la sostenibilidad del ajuste
presupuestario que se ha realizado en España.

Podríamos analizar también lo que se viene a denominar la regla de oro;
es decir, qué parte de la financiación que el Estado demanda de los
mercados durante un determinado ejercicio se destina a la inversión no
financiera. Desde 1995 la relación de las necesidades de financiación con
los gastos de capital se ha reducido en un 97 por ciento y, en concreto,
en 1997 el Estado sólo necesita financiación ajena para el importe de las
inversiones que realiza. Por tanto, estamos cumpliendo perfectamente los
objetivos de la regla de oro, lo que me parece un elemento importante a
la hora de medir la sostenibilidad.

En cuanto al análisis de organismos internacionales, diré que la OCDE
acaba de publicar en una serie de estadísticas cuál será la evolución de
los distintos países industriales respecto a su déficit estructural; es
decir, el déficit que está afectado no por situaciones coyunturales, sino
por las decisiones discrecionales de cada Gobierno. Según los datos de la
OCDE, en el período 1995-1997 el déficit estructural ha disminuido,
pasando de un 5,2 por ciento del PIB en 1995 al 1,6 por ciento en 1997;
es decir, 3,6 puntos, que, como SS. SS. pueden comprobar, coincide con
reducciones medidas de otra manera que he mencionado anteriormente.

Cuando hablamos de los esfuerzos que está haciendo cada cual, también me
parece significativo el que la reducción del déficit estructural, que en
España ha sido del 3,6, en el conjunto de los países de la Unión Europea
haya sido del 2,4. Por tanto, España ha hecho un esfuerzo
considerablemente superior al que han hecho otros países de la Unión
Europea.

Dentro de su política presupuestaria, el Gobierno planteó cambios
importantes desde el punto de vista del rigor presupuestario a raíz de,
por un lado, el debate sobre las insuficiencias del presupuesto del año
1995, que fue objeto de un crédito extraordinario en el verano de 1996,
y, por otro lado, las modificaciones de la Ley General Presupuestaria y
de la Ley de Expropiación Forzosa, todas ellas dentro de una ley
presentada por el Gobierno, la llamada Ley de disciplina presupuestaria.

Con esto pretendíamos garantizar --para evitar situaciones similares a
las del año 1995-- la existencia previa de crédito presupuestario en
aquellos supuestos que habían constituido las principales fuentes de
insuficiencias detectadas cuando llegamos al Gobierno, como son los
gastos de tracto sucesivo, las expropiaciones, las obras de emergencia o
los gastos derivados de contratos-programa o de convenios.

Otra medida de sostenibilidad introducida en la Ley de disciplina
presupuestaria ha sido la modificación del artículo 63 de la Ley General
Presupuestaria, con el fin de evitar que se puedan trasladar gastos de un
ejercicio a otro sin conocimiento del Parlamento, así como la cobertura
de gastos que no tuvieran crédito cuando fueron comprometidos. El
Parlamento ha sido consciente de que el Gobierno, aplicándose su propia
medicina --si ustedes me permiten la expresión--, durante el mes de
diciembre ha tramitado una serie de créditos extraordinarios, de los
cuales el Parlamento ha tenido puntual conocimiento al tenerlos que
debatir y que no hubieran sido conocidos si no hubiéramos cambiado
sustancialmente la Ley de disciplina presupuestaria.

Me gustaría comentar --aparte de que sea objeto de análisis más preciso
cuando los grupos parlamentarios lo deseen-- cuál es la evolución de las
convalidaciones presupuestarias en el año 1997. Para hacer una
comparación entre las convalidaciones hechas en 1997 y ejercicios
anteriores



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hay que tener en cuenta los cambios legislativos, porque si no sería una
comparación que no llevaría a ninguna conclusión racional. A partir de
las modificaciones que se introducen en la Ley de disciplina
presupuestaria y en la Ley de acompañamiento a la Ley de presupuestos de
1997, que entran en vigor el uno de enero de 1997, se exige la
fiscalización previa para una serie de gastos que anteriormente no la
exigían. A partir de ahí, se producen una serie de convalidaciones, que
son imprescindibles por la falta de fiscalización previa, de gastos que
antes no lo exigían. Por ejemplo, y de forma importante, los convenios de
subsidiaciación de intereses para la vivienda que tienen una duración de
mucho tiempo. En este caso estamos hablando de un convenio que comienza
en el año 1981 y que finaliza en el año 2025, que no exigía fiscalización
previa hasta la Ley de disciplina presupuestaria y que la exige a partir
de entonces. El Gobierno ha tenido que subsanar la falta de fiscalización
previa de los gastos de futuro porque antes no era exigible por la ley.

En el caso de las imputaciones de crédito de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores era imprescindible en 1997, a partir de la Ley de
disciplina presupuestaria y el cambio del artículo 63 al que he hecho
referencia, que se produjeran no sólo las imputaciones de crédito de
ejercicios anteriores constatando la existencia de crédito, sino también
constatando la existencia de fiscalización previa, que no era exigible en
la legislación anterior. Asimismo, la modificación de la Ley de Contratos
del Estado ha sujetado los modificados de obra al requisito de existencia
de crédito, lo cual había sido motivo de importantes desviaciones. A
partir de ahora, lo cual supone una necesidad derivada de la Ley de
disciplina presupuestaria que entra en vigor en el año 1997, las
modificaciones de obra necesitan tener crédito previo, lo que en muchos
casos produce la necesidad de convalidaciones por el Consejo de
Ministros.

Desde el punto de vista de las modificaciones presupuestarias, muy
brevemente, señor presidente, quisiera decir que me parece positivo que
el Congreso de los Diputados controle y exija al Gobierno una mejor
evolución de las modificaciones presupuestarias, por lo que supone
desvirtuar los créditos iniciales aprobados por la Cámara respecto a los
créditos finales. Quisiera decir, repito, que estamos ante una evolución
positiva. En ese sentido, me gustaría hacer referencia a las
estadísticas.

Si vemos la evolución en términos de obligaciones reconocidas sobre el
crédito inicial, que me parece una medida realista, podemos comprobar
cómo en el año 1997 se ha producido un aumento de las obligaciones
reconocidas sobre los créditos iniciales del 1,3 por ciento. La media en
el período 1982-1995 era del 12,6; la media en el período 1987-1996 era
del 9,6; y la media en el período 1993-1995 era del 8,9. Es verdad que
vemos cómo se ha ido produciendo un efecto a lo largo de los años de
disminución de modificaciones: del 12,6 en el período de 1982-1995, al
9,6 en el período 1987-1996, al 8,9 en el período 1993-1995 y al 1,3 en
1997. Todo lo que sean medidas, no sólo de disciplina, de las que
mencionaré algunas a continuación, como de control político para evitar
las modificaciones presupuestarias, me parece de extraordinaria
relevancia en la exigencia a este Gobierno y a todos para que cumplan en
sus presupuestaciones con la responsabilidad de presentar al Parlamento
cifras cada vez más fiables. Una desviación del 1,3 puede ser criticable
e intentaremos mejorarla en el futuro. Para hacerlo, quisiera mencionar
algunas medidas que el Gobierno ya está poniendo en práctica.

En primer lugar, la contabilización exhaustiva mediante retención o
compromiso de las obligaciones que generan gastos que funcionan bajo el
sistema de ventanilla abierta, como son los intereses para las ayudas a
la adquisición de vivienda o las becas, que son condiciones que cualquier
persona que las cumpla tiene derecho a que el Estado cumpla con sus
obligaciones sufragando intereses o aportando becas para el estudio,
gastos que podríamos llamar de ventanilla abierta. A partir de 1998 se
exigirá la retención o compromiso de las obligaciones que generan estos
gastos. En segundo lugar, la revisión de los niveles de vinculación en el
capítulo de inversiones, vinculando los créditos a nivel de concepto en
lugar de a nivel de artículo, lo cual nos va a permitir una mayor rigidez
--si me permiten esa expresión-- por parte de la evolución de los
créditos de inversión. La reconsideración de los sistemas de adjudicación
con relación a la apreciación del concepto de temeridad, fijándolo en
referencia al precio del proyecto, unido a una presupuestación más
realista de los gastos corrientes. Son medidas que ha puesto en marcha el
Gobierno en este momento que nos permitirán reducir todavía más las
modificaciones de crédito de lo que acabo de mencionar.

Quisiera pasar al segundo apartado de política económica que he hecho con
respecto a la política del Gobierno y que forma parte también de
peticiones concretas de los grupos parlamentarios, como es el caso de la
política de liberalización. Quisiera recordar que el Gobierno del Partido
Popular, a las pocas semanas de adquirir responsabilidades del gobierno,
puso en práctica una serie de medidas liberalizadoras. Prácticamente al
mes de formar gobierno fueron debatidos en la Cámara una serie de
decretos-leyes que afectaban a un cúmulo de cuestiones como las
telecomunicaciones, el suelo, los colegios profesionales, el sector
farmacéutico, los servicios sanitarios, la tributación del ahorro, la
tributación a largo plazo, la vivienda y la fiscalidad de la pequeña y
mediana empresa, así como los mercados financieros. En la Ley de 1997 se
incluyeron nuevas medidas que afectaban a algunos de estos sectores y a
otros como el transporte o la participación del sector privado en la
financiación de la inversión pública. Por último, en febrero de 1997 se
aprobó un plan de liberalización e impulso de la actividad, que supone la
continuación de este proceso ya comenzado en junio de 1996 y que ha
tenido tres etapas más la Ley de acompañamiento de los presupuestos de
1998.

Con respecto a este plan de la liberalización e impulso de la actividad,
se concretaban actuaciones en el sistema financiero y de previsión social
complementaria; en el ordenamiento jurídico y económico y en el gobierno
de las empresas; en el mercado de tabacos, los libros de texto y las
telecomunicaciones; en el sector de transporte por carretera, ferrocarril
y sistemas portuarios y aeroportuarios; en el suelo y la vivienda; en las
comunicaciones postales;



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en la energía, tanto en el sector eléctrico como en el de hidrocarburos;
en el sector de automoción; en el medioambiente y en el ámbito de las
relaciones entre la Administración y los administrados y la
simplificación administrativa. El balance del plan --yo creo que es
positivo, pero como es natural, estoy a lo que opinen SS. SS-- es el
siguiente. Al día de hoy se han aprobado por el Gobierno 54 medidas,
están a punto de ser aprobadas por la Cámara 13, y están en estado
avanzado de preparación 12, lo cual supondría en que el primer año de
ejecución, es decir de febrero a febrero, se habría aprobado
aproximadamente el 70 por ciento de los objetivos, y el otro 16 por
ciento, lo cual nos situaría en un 86 por ciento, estaría aprobado en
próximas semanas.

Entiende el Gobierno que en el proceso de liberalización, no sólo desde
el punto de vista de las medidas contenidas en este plan sino de las que
ya se han tomado anteriormente, se han producido efectos claramente
beneficiosos, no sólo desde el punto de vista de los precios, sino
también desde la evolución de la competitividad de las empresas de la
evolución de los tipos de interés. En opinión del Gobierno, todo esto
tiene efectos claros en la recuperación de la confianza, lo cual es una
base para nuestra mayor capacidad de crecimiento en un contexto de
menores desequilibrios macroeconómicos.

Desde el punto de vista del sistema financiero, a la inversión en activos
no cotizados por las instituciones de inversión colectiva y el sistema de
garantías, que ya ha sido aprobado, le seguirá la próxima aprobación de
un proyecto de ley de capital-riesgo, que completará la reforma que se
aprobó en junio de 1996, y otras medidas de desarrollo del mercado de
capitales como son, por ejemplo, los contratos de factoring o la
titulación de activos.

En opinión del Gobierno, estas medidas configuran un marco legal que
permitirá a las empresas de menor tamaño acceder a nuevas fuentes de
financiación, a través de un mercado de capitales más amplio como el que
se deriva no sólo de la propia situación española sino también de la
aparición de la moneda única. Esto es algo que tiene que verse, no sólo
por modificaciones normativas, sino también por una creciente estabilidad
que dote de mayor confianza a los agentes económicos. En esta misma
dirección entiende el Gobierno que las modificaciones recogidas en la Ley
de presupuestos, en la tributación de los planes y fondos de pensiones,
así como las recomendaciones de los grupos parlamentarios indican un
aumento de la capacidad de financiación a largo plazo de nuestra economía
y la necesidad de modificar algo que está ultimando la ley de
instituciones de inversión colectiva, que se sumará a las medidas
contempladas en el proyecto de instituciones de inversión colectiva de
naturaleza inmobiliaria, que está actualmente en tramitación en la
Cámara.

Desde el punto de vista del sector de las telecomunicaciones, yo creo que
son claros los efectos de la liberalización emprendida. Por un lado,
quiero recordar a la Cámara que el Gobierno tomó la decisión de anticipar
a diciembre de 1998 la total liberalización del sector de las
telecomunicaciones y que estamos ya en una fase en la que el Gobierno va
a someter a concurso la aparición de un tercer operador, tanto de
telefonía básica como de telefonía móvil. En el sector eléctrico, la
aprobación de una nueva ley eléctrica ha supuesto que frente a una subida
esperada del 4 por ciento anual entre el año 1997 y 2000, que eran las
previsiones oficiales en el año 1996, se ha producido una reducción del 3
por ciento en el año 1997 y del 3,63 en el año 1998.

Quisiera pasar, señor presidente, a comentar el tercer aspecto de la
política económica que he mencionado anteriormente, que se refiere a la
reforma tributaria. El Gobierno del Partido Popular y los grupos
parlamentarios que lo apoyan han impulsado una amplia reforma tributaria
desde junio de 1996, que ha estado dirigida fundamentalmente a estimular
el ahorro, a fomentar la competitividad del tejido productivo e
industrial español y a mejorar la tributación de las familias. También
hay que entender que la aprobación por esta Cámara del proyecto del
estatuto del contribuyente, con un grado de consenso amplio --lo cual
indica que el trámite parlamentario ha mejorado sustancialmente el
proyecto, y el Gobierno cree que es un efecto muy positivo--, indica un
cambio de relaciones entre la Administración y el contribuyente.

Desde el punto de vista de la tributación del ahorro, y muy brevemente,
quisiera señalar que el Gobierno propuso una reforma sustancial del
tratamiento de los rendimientos de ahorro familiar a medio y largo plazo
en el mismo mes de junio de 1996, así como la modificación, a la que ya
he hecho mención, de las aportaciones a planes y fondos de pensiones, con
el fin de que los contribuyentes de rentas más bajas se beneficien en
mayor medida, o las mejoras con respecto a la aplicación de las primas
del seguro en las cuotas del IRPF. Aparte de las medidas referentes al
ahorro, el Gobierno ha simplificado el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas reduciendo el número de tramos y aprovechando esta
reducción para mejorar la situación de las rentas inferiores a los dos
millones de pesetas, tanto desde el punto de vista de la tarifa del
impuesto como desde el punto de vista de las retenciones; además, ha
producido ya aumentos de las deducciones por hijos, gastos de guardería,
además de la bonificación del 95 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones
en la transmisión de la vivienda familiar habitual, con un mínimo exento
de 20 millones de pesetas.

Desde el punto de vista de los sectores productivos, si SS. SS. prefieren
de las pequeñas y medianas empresas, también ha sido una constante de la
política del Gobierno. Desde 1996 entendimos que era imprescindible que
la situación de las pequeñas y medianas empresas en España sufriera una
drástica modificación desde varios puntos de vista, tributario,
financiero y administrativo, si queríamos, por un lado, aumentar
considerablemente la confianza de los sectores productivos y, por tanto,
el crecimiento de la inversión y el empleo, y si queríamos, por otro,
darnos mayores oportunidades de creación de empleo. No es ocioso recordar
que el 96,5 por ciento del tejido empresarial español podría definirse
como pequeño y mediano y, por tanto, las políticas de un Gobierno, ya
sean desde el punto de vista del crecimiento, de la liberalización o de
la internacionalización, no tienen ningún sentido si no recogen
claramente



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medidas que afecten a este 96,5 por ciento del tejido productivo
industrial y comercial español. En 1996 se dieron unos primeros pasos,
que afectaban claramente a la creación de empleo y a la reducción de la
carga fiscal, que continuaron en 1997 con la ampliación de la reducción
del 95 por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones de las empresas
familiares a los casos de transmisión por jubilación o incapacidad
permanente, con las garantías de continuidad de la empresa, así como a la
reducción del Impuesto sobre Sociedades para los primeros quince millones
del 35 al 30 por ciento. Por último, como SS. SS. son conscientes, en la
Ley de acompañamiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 se contenían una serie de medidas que, en nuestra opinión, han
venido a culminar la reforma de la fiscalidad de las pequeñas y medianas
empresas, reforma que se ha hecho con un amplio consenso político con los
grupos que apoyan al Gobierno y con un amplio consenso social con las
organizaciones que representan a este tipo de empresas, con un doble
objetivo: fomentar la creación de empleo e incentivar la inversión
empresarial.

Desde el punto de vista de la creación de empleo, simplemente quisiera
mencionar algunas cuestiones. Por un lado, el fomento de la creación de
empleo estable afectando principalmente a colectivos que tienen mayores
dificultades para creación de empleo, como jóvenes o desempleados. Los
efectos en algunos casos ya los he mencionado con la evolución de los
nuevos contratos a partir de mayo de 1997. Y también la necesidad que
entiende el Gobierno de favorecer la contratación del primer asalariado.

Es especialmente relevante que la sociedad española sea consciente de que
el 75 por ciento de las pequeñas empresas no cuenta con ningún empleado.

Una evolución positiva en la contratación de un primer empleado por un
número suficiente de estas empresas supondría un auténtico cambio
cualitativo y cuantitativo en la situación del empleo en España. La
consideración de los familiares que trabajan en una empresa de este
tamaño y los incentivos con la reducción del 10 por ciento que ha llevado
a cabo el Gobierno en las medidas del pasado mes de enero para empresas
con uno o dos trabajadores, son pasos que deben continuarse para
favorecer la contratación en un tejido extraordinariamente amplio y en el
que hay grandes márgenes para aumentar la contratación. El hecho de que
el cálculo del pago fraccionado se reduzca en un 20 por ciento para las
empresas con un único asalariado, indica también el objetivo del Gobierno
de aumentar las posibilidades de la contratación de un primer asalariado
en la mayor parte de nuestras pequeñas empresas.

Desde el punto de vista del fomento a la inversión empresarial, hemos
querido igualar las condiciones de inversión empresarial de las grandes
empresas con las de las pequeñas y medianas empresas, habida cuenta de la
importancia de éstas en nuestro tejido productivo industrial y comercial.

Se permite, a partir del año 1998, la deducción de todos los gastos
incurridos en el ejercicio de la actividad y, especialmente, la
amortización de los bienes de inversión, así como la deducción de todo
IVA soportado. Por otra parte, con el objeto de facilitar el inicio de la
vida empresarial, se establece una reducción del 20 y del 10 por ciento
en los dos primeros años de actividad de nuevas empresas, y se han tomado
medidas especialmente significativas para mejorar la situación tributaria
del sector agrícola para explotaciones inferiores a 1,5 millones de
pesetas.

Muy brevemente, señor presidente, quisiera también mencionar, dentro de
la política económica del Gobierno llevada hasta ahora y que vamos a
profundizar a lo largo de los próximos años, la necesidad de incrementar
los sistemas de colaboración y de apoyo con los sectores productivos. El
propio diseño del Ministerio de Economía y Hacienda indica la voluntad
del presidente del Gobierno de que en el diseño de la política
macroeconómica jueguen un papel determinante las condiciones
microeconómicas de la economía española. El hecho de que en los órganos
más representativos de este Ministerio coincidan sectores dirigidos a las
políticas tradicionales de macroeconomía, como presupuesto, hacienda, o
economía, con sectores tan concretos como el comercio, el turismo o las
pequeñas y medianas empresas, indica la voluntad del presidente del
Gobierno de que la política económica sea una política económica
fuertemente influida por la realidad productiva española. En ese sentido,
se ha creado a lo largo del año 1997, y va a continuar sus trabajos en
1998, un grupo de política de pequeña y mediana empresa en el seno de la
Comisión delegada para asuntos económicos, cuyo principal cometido ha
sido analizar y coordinar la normativa existente relativa a las ayudas a
las pequeñas y medianas empresas y que ahora está trabajando en un
proyecto de simplificación administrativa de estas ayudas de cara a este
conjunto de empresas. La existencia de encuentros y diálogos con los
sectores y las administraciones públicas que tienen responsabilidades en
las pequeñas y medianas empresas, nos ha llevado también a la creación de
un observatorio de la pequeña y mediana empresa, donde no sólo los
distintos ministerios y las comunidades autónomas, sino también las
organizaciones empresariales, debaten sobre el futuro de estas empresas
en el marco de la Unión Europea y de la globalización. Quisiera mencionar
asimismo la aparición de un centro de la pequeña y mediana empresa para
información, que ha tenido ya 80.000 demandas por parte de los sectores,
para conocer las distintas políticas de las administraciones públicas en
general respecto a estos sectores, así como la iniciativa PYME de
desarrollo empresarial, que a través de las comunidades autónomas ha
prestado ayudas directas en 1997 por valor de 11.000 millones de pesetas,
y que en 1998 tiene un presupuesto de 14.500 millones de pesetas. También
me parece importante mencionar la línea PYME, dotada con 300.000 millones
de pesetas, que a partir del año 1997 se había orientado principalmente a
pequeñas empresas, de tamaño más pequeño que las PYME anteriores, y
radicadas en zonas de objetivo 1. De esos 300.000 millones de pesetas se
ha aplicado a zonas de objetivo 1 200.000 millones.

Quisiera mencionar, por otro lado, la colaboración entre el sector
privado y la Administración, en concreto con este Ministerio, y la
política de comercio exterior. Por un lado, hemos puesto en práctica el
plan exterior 2000, que prevé



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para el año 2000 la aparición de unas 2.000 nuevas pequeñas o medianas
empresas exportadoras estables, así como la colaboración con comunidades
autónomas en la política de comercio exterior y la aparición de tres
fondos: uno de operaciones de inversión exterior, otro de garantías de
operaciones de financiación de inversiones en el exterior, y el tercero
de inversiones en el exterior, que han sido incluidos en la Ley de
presupuestos y que dotan a la Administración española de instrumentos
similares a los de otras administraciones para la promoción del comercio
exterior, así como la celebración de unas jornadas de exportación que
dieron lugar al proyecto 2000 de exportación a que he hecho referencia.

Desde el punto de vista de las áreas en las que se está realizando una
mayor presencia institucional de la promoción del comercio exterior
español, quisiera mencionar especialmente Asia, tanto en la Expotecnia en
la India como en el Mes de España en Japón, que está celebrándose, y
también en Expoconsumo, que se celebrará durante este mes en Japón. En
Expoconsumo se prevé la presencia de más de 305 empresas españolas y el
Mes de España en Japón, con un presupuesto superior a 1.200 millones de
pesetas, va a conseguir la mayor presencia de empresas españolas jamás
alcanzada en un mercado fuera de la Unión Europea, con más de 500
empresas participantes.

Muy brevemente, señor presidente, quisiera mencionar un área que me
parece de especial relevancia, que es el área del turismo y su evolución
durante el año 1997. El número de visitantes extranjeros ha crecido un 7
por ciento, hasta alcanzar los 64,5 millones de personas, lo cual ha
venido a coincidir también con un aumento de la ocupación hotelera y con
una presencia cada vez más activa de los españoles como viajeros, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras, y la creciente colaboración de
las administraciones públicas, tanto ayuntamientos como comunidades
autónomas, en las políticas de promoción turística que ha llevado a la
aparición de promociones de productos interregionales, así como a la
colaboración en las campañas de publicidad internacional. La colaboración
de las administraciones públicas, tanto de comunidades autónomas como de
ayuntamientos, en los planes de promoción, ya sea de pymes de exportación
o de turismo, indica un buen camino en el que debemos profundizar en los
próximos años en lo que debe ser una creciente coordinación de nuestras
políticas, de las políticas públicas, en su colaboración con los sectores
privados.

A continuación, señor presidente, paso a mencionar las consecuencias que
se derivan, en opinión del Gobierno, del nuevo marco europeo con la
aparición de la moneda única y la presencia de España dentro de esa
moneda única desde un comienzo.

Conocen SS. SS. el calendario. A partir del próximo 25 de marzo la
Comisión Europea hará pública su valoración de las condiciones de
convergencia de los países de la Unión Europea. A partir de esa fecha se
producirá en los distintos parlamentos, y desde luego en el Parlamento
español, las comparecencias del Gobierno y los debates parlamentarios que
los grupos tengan por pertinente para analizar las condiciones de
convergencia y lo que va a ser la cumbre del primer fin de semana de
mayo, en la que no sólo el Ecofin y el Parlamento Europeo sino también el
Consejo Europeo tomará la decisión final sobre los países que formen
parte del euro.

Sin pretender agotar el tema, quisiera indicar, como consecuencia de lo
que debe ser la política económica del Gobierno español y creo que de
otros gobiernos, que tenemos que darnos cuenta de que la puesta en marcha
del euro supone un cambio sustancial de nuestras economías y de las
capacidades de nuestra política económica. Las políticas de decisión de
regulación de la demanda van a perder claramente prioridad en las
políticas nacionales, no sólo porque la política monetaria pasa a ser una
política europea, diseñada y puesta en práctica por el Banco Central
Europeo, sino porque la política presupuestaria, que seguirá siendo
política nacional, va a estar limitada por el Pacto de Estabilidad, que
es a su vez una consecuencia de un nuevo marco europeo en el cual las
consecuencias de las políticas de cada uno de los países van a tener
clarísimas incidencias en las políticas de los demás países, para
empezar, en la evolución de los tipos de interés a nivel europeo. En ese
sentido, la desaparición sustancial (en algunos casos total y en otros
casos sustancial) del margen de maniobra que los gobiernos europeos van a
tener en cuanto a las políticas de regulación de la demanda, hacen
todavía más intensa la necesidad de estrategias importantes desde el
punto de vista de las políticas de oferta o de las políticas de
liberalización de reformas estructurales, como SS. SS. prefieran.

El Gobierno español ya ha planteado en el Ecofin siete puntos que le
hacen imprescindibles, desde el punto de vista de las futuras políticas
de oferta o reformas estructurales del conjunto de los gobiernos que
formen parte de la Unión Europea, que paso simplemente a enumerar. En
primer lugar, la reforma fiscal nos parece un elemento esencial en las
futuras políticas europeas, reforma fiscal que debe afectar a los
impuestos más importantes como es el caso del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, pero también al conjunto de los ingresos del
Estado, que por un lado estará orientada por las decisiones del código de
conducta en materia tributaria, pero que sin duda también estará
orientada por la necesidad de competir desde el punto de vista no sólo
europeo sino internacional. En segundo lugar, las políticas de defensa de
la competencia y la necesidad de incrementar los instrumentos de defensa
de la competencia en nuestros mercados, que claramente se puede percibir
en la diferencia con la que están evolucionando los distintos sectores en
España ante la apertura y la competencia internacional. En tercer lugar,
la liberalización y desregulación de sectores productivos, que es
imprescindible si queremos aumentar las posibilidades de inversión y
empleo en nuestra economía. En cuarto lugar, la culminación del mercado
único, que creemos que debe ser totalmente facilitada por la entrada de
la moneda única, con la abolición de regulaciones excesivas que podrían
entorpecer la actuación de las empresas, especialmente de las pequeñas y
medianas empresas. En quinto lugar, la modernización del mercado de
trabajo y de las políticas de empleo, aumentando las políticas activas,
de las que hablaré a



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continuación al hablar del plan de empleo, y también modificando la
actitud de responsabilidad individual frente a la protección social y la
reducción de los costes no salariales, en línea con las conclusiones de
la reciente cumbre europea de Luxemburgo, dirigidas especialmente a los
sectores con mayores dificultades para encontrar empleo. La puesta en
marcha de mecanismos de negociación salarial descentralizada, el fomento
del diálogo social, así como el diálogo entre la Administración y los
sectores productivos y un mayor compromiso político en la creación de
empleo estable forman parte de este quinto punto. En sexto lugar,
incrementar el grado de competencia en la provisión de los servicios
públicos y la reducción de los gastos estructurales, desde el punto de
vista de la evolución del gasto público. Y en séptimo lugar, favorecer
los sistemas privados de pensiones complementarias como complemento de
los sistemas públicos, lo cual permite la generación de ahorro a largo
plazo.

Estos siete puntos, que como he dicho el Gobierno español ya ha planteado
para su debate en el Ecofin y que han sido objeto de debate el pasado mes
de febrero, deben venir acompañados de un aumento de la coordinación de
las políticas económicas entre los países. El Gobierno español está
firmemente convencido de que el paso a la moneda única exigirá de los
países miembros de la Unión Económica y Monetaria un aumento considerable
de su coordinación de políticas económicas mediante el respeto a las
reglas del tratado y a la posición de los países que no pertenezcan a la
moneda única, dentro de las consideraciones marcadas por la cumbre de
Luxemburgo, pero es indudable que esta cooperación debe producirse lo
antes posible en opinión del Gobierno español.

He tenido ocasión de hacer estas consideraciones con mucho más detalle en
la Comisión Mixta de la Unión Europea, en mis comparecencias ante la
misma, pero me parecía importante ponerlas también de manifiesto en la
Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Respecto a las reformas que el Gobierno va a poner en práctica durante el
año 1998, me gustaría significar principalmente, aparte de las que ya he
mencionado respecto a las telecomunicaciones y a la energía, que ya se
están tramitando en la Cámara, como es la ley de hidrocarburos, o las que
se refieren a la mejora de las condiciones de las sociedades de
capital/riesgo, la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, un proyecto de ley que el Gobierno enviará en las próximas
semanas al Congreso de los Diputados. Los objetivos de esta reforma
claramente son: contribuir a la estabilidad y el crecimiento económico,
estimulando el trabajo y la creación de empleo y fomentando el ahorro,
mejorar la equidad del tratamiento de la familia y de los colectivos más
necesitados, simplificación del impuesto y aumentar la flexibilidad y la
suficiencia del propio impuesto, que ha venido a ser mermada, como
podemos comprobar, a partir de la reforma del año 1991.

La reducción general del IRPFqueel Gobierno planteará y que está en este
momento en estudio favorecerá las rentas medias y bajas. Para ello se
producirá una reducción del número de tramos y de los tipos marginales en
todos los tramos, con lo que nos acercaremos a las posiciones centrales
de los países europeos, así como la reducción de la carga tributaria para
todos los contribuyentes, que debe favorecer en opinión del Gobierno de
manera especial a aquellos con rentas medias y bajas.

Quisiera significar muy brevemente que se producirá un tratamiento
privilegiado de las rentas del trabajo. En este sentido debemos ser
conscientes de que a partir de la reforma del año 1991 se ha visto
aumentada la participación de las rentas del trabajo en la base imponible
en aproximadamente cuatro puntos --sólo en el año 1994, 2,2 puntos--. El
Gobierno pretende que el nuevo modelo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas declare una parte de estas rentas del trabajo exenta y
que esta exención sea mayor cuanto menor sea el nivel de renta.

Desde el punto de vista de la vivienda, el Gobierno quiere plantear un
tratamiento fiscal positivo, en concreto eliminando el gravamen sobre la
renta presunta, que afectará a unos nueve millones de contribuyentes, de
los cuales 2,5 millones son pensionistas. Además, el nuevo impuesto
contemplará importantes incentivos a la adquisición de vivienda, que en
opinión del Gobierno deben ser más equitativos que los que contenía la
reforma del año 1991, beneficiando especialmente a las familias de rentas
más bajas y teniendo en cuenta los esfuerzos más importantes de los
primeros años en la compra de vivienda.

Quisiéramos hacer un tratamiento más homogéneo de los diferentes
instrumentos de ahorro familiar, de manera que el nuevo impuesto sea más
neutral eliminando los elementos que distorsionan en este momento el
tratamiento del ahorro. También planteamos el apoyo a la familia, con una
definición de un mínimo familiar exento en el que se tengan en cuenta las
circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo como son la
vivienda, la salud, la educación o el número de hijos, así como una clara
simplificación del impuesto, que permita que unos cuatro o cinco millones
de contribuyentes no tengan que cumplimentar la declaración de dicho
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que supone una
ventaja desde el punto de vista del contribuyente y también de las
posibilidades de la Hacienda pública para dedicar recursos humanos y
materiales en la lucha contra el fraude, que igualmente será uno de los
objetivos de esta reforma. Dentro de la política de reforma del IRPF
pretendemos mejorar considerablemente la flexibilidad y la suficiencia
del impuesto, habida cuenta de su evolución en los últimos años y de las
incidencias que planteó la reforma del año 1991 sobre la eficiencia del
propio impuesto.

Quisiera significar, y con esto termino mi referencia al IRPF, señor
presidente, que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se engloba en el conjunto de la política económica del Gobierno y
que, por tanto, será coadyuvante a la modernización de la economía, al
crecimiento y a la creación de empleo y desde luego se enmarca en un
proceso de reducción del déficit público. En el Programa de Convergencia
que tuve el honor de presentar ante esta Comisión el pasado mes de mayo
el Gobierno fijaba su objetivo de déficit público para el año 2000
--momento en el que entrará plenamente en vigor esta reforma--



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en un 1,6 por ciento del producto interior bruto para el conjunto de las
administraciones públicas. Quiero reiterar que este objetivo será
cumplido o mejorado en las próximas revisiones que haga el Gobierno de su
Programa de Convergencia teniendo en cuenta los efectos de esta reforma
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Paso, señor presidente, a mencionar las políticas específicas de empleo
--como había propuesto alguno de los grupos parlamentarios-- centrándolas
en lo que en opinión del Gobierno debe ser nuestra aportación a través
del Plan de empleo español al debate del empleo en Cardiff, continuación
del debate en la cumbre del empleo en Luxemburgo. En primer lugar,
quisiera mencionar que para el Gobierno la estabilidad económica es una
condición imprescindible para la creación de empleo, como lo demuestra
claramente la evolución del empleo en España en el año 1997. Para que SS.

SS. se hagan una idea de los efectos que tiene la estabilidad
macroeconómica y sobre todo la reducción del déficit público, quisiera
poner un ejemplo --no sé si lo he utilizado en la Cámara, pero me he
referido a él en alguna ocasión--. En 1995, de cada 100 pesetas que los
inversores institucionales ofrecían en el mercado de capitales español,
el sector público español demandaba 110, en 1997, de cada 100 pesetas, el
sector público español demandó 20. Eso indica claramente los márgenes que
una política de reducción del déficit público y de estabilidad
macroeconómica otorga a la creación de empleo. En este sentido, nuestro
Plan de empleo contendrá importantes compromisos de estabilidad
macroeconómica y de liberalización de mercados.

En cuanto a un elemento más específico como puede ser el incremento del
empleo, vamos a dar un fuerte impulso a la formación profesional y a las
prácticas profesionales, de modo que los desempleados jóvenes y de larga
duración tengan acceso a las recomendaciones que se planteaban en la
cumbre de Luxemburgo. En ese sentido el presupuesto del año 1998 abre
puertas importantes. Tengan en cuenta SS. SS. que en el año 1998 las
políticas activas consideradas globalmente han tenido un aumento del 28,4
por ciento en el presupuesto de ese ejercicio, es decir, han llegado a
475.000 millones, con un aumento de 105.000 millones de pesetas. De estas
políticas activas, las de fomento del empleo han tenido un aumento del
35,1 por ciento y las de I+D del 32,2 por ciento. El Plan de empleo
español contendrá compromisos para aumentar este tipo de políticas.

Desde el punto de vista de lo que la cumbre de Luxemburgo denominaba
espíritu de empresa, entendemos que la mejora del marco fiscal en las
PYME, el incentivo a la creación de nuevas empresas y a la contratación
de un primer trabajador, el marco de las relaciones financieras en las
pequeñas y medianas empresas o la simplificación administrativa para
ellas son todo un catálogo de medidas que aumentan claramente el espíritu
de empresa, como también lo va a suponer la modificación de la brecha
fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Un tercer elemento que también tiene que ver con la brecha fiscal es la
inserción laboral de los grupos de trabajadores más desfavorecidos y en
ese sentido la reducción de las cotizaciones sociales que ya figura en la
Ley de presupuestos de 1998, dirigida a sectores como los parados de
larga duración o los jóvenes, o las medidas específicas de contratación
de jóvenes, que se aprobaron en mayo del año 1997, son medidas en las que
el Gobierno pretende profundizar a lo largo de la discusión del Plan de
empleo.

El Gobierno va a apostar, en cuarto lugar, por el aumento de las
posibilidades de trabajo a tiempo parcial, en detrimento de la extensión
de las horas extraordinarias, y también --como he dicho anteriormente--
por un aumento de la proporción de políticas activas sobre políticas
pasivas, lo cual quiere decir que el sistema de protección por desempleo
se ha de configurar como un instrumento que haga del desempleo una fase
transitoria lo más corta posible que conduzca de nuevo al mercado de
trabajo legal con nuevas y mejores expectativas profesionales. Para ello
es imprescindible que personalicemos y acerquemos los servicios de empleo
a los desempleados, en lo cual el proceso de descentralización política
de las responsabilidades del Inem también juega un importante papel.

Queremos incrementar la presencia de colectivos especialmente
perjudicados por la situación de desempleo, no sólo los que ya he
mencionado, jóvenes, parados de larga duración o mujeres, sino también
los discapacitados, con todo lo que sean políticas en cumplimiento de las
regulaciones establecidas ya para su contratación; en este momento creo
que hay un amplio margen no sólo por parte del sector privado sino
también del sector público para el cumplimiento de los objetivos fijados
para la contratación de discapacitados.

El Gobierno considera imprescindible que en el Plan de empleo se produzca
no sólo una responsabilidad y una concienciación de la Administración
central del Estado, sino también un papel creciente de las
administraciones periféricas y en concreto de las comunidades autónomas
que tienen responsabilidades en la aplicación de políticas activas. En
ese sentido, como ustedes saben, el ministro de Trabajo ha tomado
contacto con las comunidades autónomas para establecer planes conjuntos,
que responden no sólo a la conformación de nuestras responsabilidades
políticas, sino también a las nuevas tendencias que se están produciendo
en todo el mundo industrializado, que es acercar las políticas activas a
los ciudadanos.

Por último, señor presidente, dando por concluida mi intervención sobre
temas generales, quisiera hacer una referencia al REF canario, que será
muy breve, pero que contendrá todos los elementos que la Comisión de
Economía quiere conocer. Hemos de tener en cuenta que la Ley 19/1994, de
6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias,
se adoptó sin tener en cuenta el Derecho comunitario, por lo que algunos
de sus preceptos no se ajustaron a lo previsto en las disposiciones sobre
ayudas de Estado. Este es un tema esencial a tener en cuenta, además es
un tema conocido por todos los grupos políticos que participaron en esta
ley y que tuvieron, han tenido o tienen responsabilidades en Canarias de
una u otra índole. Con el fin de corregir dichas deficiencias --el hecho
de que se hubiera adoptado esta ley sin tener en cuenta el Derecho
comunitario-- y completar el proceso de adaptación de la citada ley, se
iniciaron conversaciones en el



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año 1995 entre la Administración española y la Comisión, que dieron
lugar, el 26 de enero de 1996, al Decreto-ley 3/1996. Sin embargo, éste
no tuvo en cuenta todas las observaciones formuladas por la Comisión. Si
no me falla la memoria, tenemos que tener en cuenta también que en enero
de 1996 estábamos con un Gobierno que había disuelto las Cámaras, pero en
cualquier caso se dio ya un paso para subsanar las deficiencias de la ley
de 1994, pero no fue suficiente, ya que no se tuvieron en cuenta todas
las observaciones formuladas por la Comisión, lo cual inmediatamente
empezó a producir importantes dificultades. A partir de mayo de 1996
comienzan unas negociaciones que han durado prácticamente todo el año
1996 y 1997 y que concluyeron en diciembre de 1997, como se refleja en la
decisión adoptada por el Colegio de Comisarios, que fue notificada al
Gobierno de España en enero de 1998.

¿Cuál ha sido esta decisión? Creo que esto es lo importante desde el
punto de vista de esta Cámara, que aprobó una ley en el año 1994, y del
Gobierno de España, que aprobó un decreto-ley en el año 1996. ¿Cuáles han
sido las decisiones que la Comisión ha acabado adoptando como
consecuencia de las negociaciones con el Gobierno? La decisión de la
Comisión parte de la premisa o de la consideración de que los beneficios
fiscales del REF tienen la naturaleza de ayudas de Estado y, en tanto que
tales, deben ser compatibles con el ordenamiento comunitario. Teniendo en
cuenta la posición de la que partía el Gobierno, una ley aprobada sin
tener en cuenta el Derecho comunitario, creo que el resultado puede ser
calificado, como poco, de positivo y más bien como un resultado así
exitoso. Voy a mencionar los apartados más importantes del REF.

El artículo 25 de la ley de 1994 que como SS. SS. saben se refería a la
exención del IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, y del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales, por constitución de sociedades y
ampliación de capital o por adquisición de bienes de inversión, permanece
intacto, salvo en aquella parte que constituye una ayuda al
funcionamiento, en que la exención deberá aplicarse con intensidad
decreciente hasta alcanzar el 50 por ciento en el año 2003 y después se
solicitará la prórroga.

El artículo 26, que suponía la bonificación del 40 por ciento de la cuota
del Impuesto sobre Sociedades e IRPF por los rendimientos derivados de la
producción de bienes corporales, no sólo permanece absolutamente intacto,
sino que además durante los próximos años permite que se eleve este
porcentaje del 40 al 50 por ciento y después, al llegar al año 2003,
habrá caído al 30 por ciento, planteándose su prórroga posteriormente.

El artículo 27, que para aquellos que conozcan este problema es
especialmente relevante y que se refiere a la reserva de inversiones,
permanece intacto y únicamente será necesario notificar a la Comisión la
continuidad de las ayudas, a partir del año 2003 para las ayudas al
funcionamiento y del año 2005 para las ayudas a la inversión.

Con respecto a las disposiciones adicional y transitoria cuartas de la
ley de 1994, las que se refieren a la deducción por inversión en
Canarias, así como a la disposición adicional quinta del mismo texto, que
se refiere a las llamadas vacaciones fiscales, permanecen intactas al
haber sido consideradas por la Comisión como ayudas de mínimos. La única
limitación que debe introducirse en el régimen legal de los beneficios
fiscales de referencia consiste en excluir del ámbito de aplicación los
sectores siguientes: automóvil, fibras sintéticas, construcción naval,
siderurgia e industria del carbón, sectores cuya incidencia en Canarias,
como SS. SS. saben, es prácticamente nula. Además, para aquellas de SS.

SS. que estén interesadas en el tema, la acumulación de las ayudas a la
inversión a efectos de limitación de su intensidad tampoco requiere
actuación concreta, pues los límites aplicables son muy superiores a la
intensidad de las ayudas sumadas entre sí. En cuanto a los límites
temporales que he mencionado, la necesidad de las prórrogas a partir del
año 2003 ó 2005, que se refieren fundamentalmente a la bonificación de la
producción interior, creo que no deben preocuparnos porque en ese momento
se plantearán siempre en el marco de los precedentes y de las situaciones
similares en el conjunto de la Unión Europea.

En definitiva, creo que se han alcanzado los objetivos que planteaban
tanto el Parlamento canario como el Gobierno de Canarias, así como el
Parlamento nacional y el Gobierno central, que han sido objeto de
negociación desde el año 1995 por parte de varios gobiernos españoles y
que creo que cumplen sobradamente los objetivos planteados política y
económicamente respecto al REF canario.

Agradeciendo la atención de sus señorías, señor presidente, me ponto a
disposición de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para formular preguntas, aclaraciones y sugerencias
por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Martínez Noval, por un plazo, le ruego, de un cuarto de
hora, es decir, quince minutos.




El señor MARTINEZ NOVAL: Señor vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda, en primer lugar, quiero agradecerle su
presencia vivamente --y quiero subrayar y enfatizar el término
vivamente-- porque, ya lo dijo usted al inicio de la comparecencia, ésta
es la segunda ocasión en que comparece después de dos años de Gobierno.

Dice el ministro que es la tercera, pero es que va de sí que la primera
tiene que tener lugar; en este país, recién nombrados los ministros,
todos comparecen ante la Cámara, entre otras cosas para ser conocidos y
para dar a conocer su programa de Gobierno. Por tanto, ésta es su segunda
comparecencia, excluyendo la primera, que es casi una comparecencia de
cortesía.

A decir verdad, no acertó la mayoría que decide en la Mesa de la Cámara
ni tampoco la de la Comisión con el orden del día, porque ciertamente hay
muchos asuntos a los que usted ha hecho referencia, interesante
referencia, que debieran de haber sido objeto de una consideración
desagregada de la global que ha realizado usted esta mañana. En
particular, por ejemplo, este último apartado relativo al REF canario
habría merecido, señor ministro, una consideración más detallada y
mayores posibilidades de discusión en torno a la situación de la
actividad negociadora con la



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Unión Europea en estos momentos, incluso también en relación con las
posibilidades que tiene el Gobierno español de modificar por alguna vía,
sea la legislativa, sea el decreto-ley, las resoluciones que llegan de la
Comisión.

El señor vicepresidente cree haber elegido bien el día de su
comparecencia en la Comisión de Economía, después de casi diez meses de
ausencia de la misma. Creo que es fácil conjeturar, señor Rato, que en
sus previsiones de comparecencia estuviera la fecha del 26 de febrero,
cuando se darían a conocer los resultados de la contabilidad nacional
relativos a 1997 --esa información no se le escapa a un responsable de
economía--, y que esos resultados serían, como así ha ocurrido, el mejor
argumento para el desarrollo de sus razones esta mañana aquí en la
Comisión. Indudablemente son las ventajas de contar con mayoría
parlamentaria, cuestión que no voy a discutir ni a poner en duda en estos
momentos. Sin embargo, es seguro que no formaba parte de sus previsiones
la interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista le hizo el pasado
miércoles día 26, una interpelación en torno a la ejecución del
presupuesto del ejercicio precedente, del año 1997.

Se lo quiero decir con claridad, señor ministro, usted fue muy poco
convincente respecto al modo en que se ha alcanzado la cifra de déficit
del 2,6 por ciento, muy poco convincente. Ahí está el «Diario de
Sesiones» para quien quiera analizar con detalle y con una cierta
tranquilidad cuáles son los argumentos que usted adujo frente a las
preguntas y a los requerimientos que se le hicieron desde el Grupo
Parlamentario Socialista. También quiero decir en su beneficio, señor
Rato, que es verdad que pocos países han dejado de acudir a la
contabilidad creativa --lo dice el informe de la OCDE-- y que incluso el
guardián de la ortodoxia financiera europea ha recurrido a prácticas
contables que seguramente no se repetirán en el futuro. Lo digo también
en su beneficio. Usted no ha tenido que recurrir, por ejemplo, a esa
curiosa medida de revalorizar el stock de oro en manos del banco central,
cosa que sí hizo el guardián de la ortodoxia financiera europea.

Señor Rato, estamos hablando del pasado y, créame, en términos del pasado
casi lo mejor es pelillos a la mar. Nosotros tenemos mucho más interés en
el futuro y en el efecto que traslada hacia adelante el modo en el que
ustedes han rebajado el déficit. Nos interesa, mirando hacia delante, la
cuestión de la sostenibilidad que usted ha despachado con el argumento de
la situación del déficit primario. No sólo es eso, señor Rato; también
hay que referirse a qué compromisos de gasto y a qué decisiones están
tomando ustedes respecto de los ingresos futuros en este momento. Si
tengo tiempo, dedicaré a ello algunos minutos posteriormente.

Efectivamente, tiene usted razón, no se la puedo negar, los resultados de
la economía española en1997 son tan buenos como los de la práctica
totalidad de los países de la OCDE y son también parecidos a los que este
país no alcanzaba, por desgracia, desde finales de los años ochenta y
primeros de los noventa. Yo creo que sería una insostenible falta de
objetividad no reconocerlo así. Las cifras de la macroeconomía española
sin duda son muy buenas y afortunadamente para nosotros lo son también
las de todos los países de la Unión Europea, lo son las de Estados Unidos
y no digamos nada de las de Canadá o Australia.

Una cuestión que me ha llamado la atención es que usted, señor Rato, hace
comparaciones en términos relativos de nuestros avances en el camino
hacia los equilibrios macroeconómicos en relación con lo que usted ha
denominado dos o tres veces países periféricos. Yo quiero decirle con
claridad que España no es un país periférico, no lo es, y tanto no lo es
que usted sabe como yo que en los años 1995 y 1996 y puede que en 1997
--no conozco todavía las cifras concretas de la economía canadiense del
año 1997--, en esos tres años, con toda seguridad, España es un país G-7,
sin ninguna duda. España tiene un PIB por encima del de Canadá, medido en
los términos comparativos que hay que establecer en estos casos, en los
términos de capacidad de poder de compra. Con toda seguridad, aunque
tengo alguna duda con respecto al año 1997, en los años 1995 y 1996 el
producto interior bruto español estuvo por encima del de Canadá;
luegoésteno es un país periférico, cómo lo va a ser si en esos términos
somos un país G-7.

En la actualidad, señor Rato, indudablemente vivimos unos momentos de
bonanza económica que se extiende a todo el orbe de economías
occidentales. Quizá la única excepción --usted llamaba la atención sobre
ello-- sea Japón. Estamos, por lo tanto, en el pico de un ciclo económico
que se desenvuelve en unas pautas que no están escritas en ningún manual,
en ningún manual de economía están escritas las pautas del ciclo
económico de finales de los años noventa. Tenga usted en cuenta que
venimos de un modelo de ciclo económico en el que en su momento la
realidad, muy bien analizada en todos los manuales, era radicalmente
distinta, era antagónica a la actual. No sólo no había crecimiento y
estabilidad de precios, sino que había estancamiento y mucha inflación,
aquello que se llamaba estanflación. Este es el nuevo paradigma en el que
vivimos, señor Rato, es así. Nosotros obviamente nos congratulamos de
ello y no dejamos de reconocer al responsable de todo ello en los años
1996 y 1997, que es usted, el acierto alcanzado no haciendo nada que
hubiera podido separar a nuestro país de lo que es sin duda un proceso de
crecimiento que en nuestro caso es indispensable para la solución de
nuestro problema fundamental, que es el empleo.

Señor Rato, supongo que, sin embargo, compartirá conmigo un cierto
escepticismo en esta cuestión de los modelos económicos y de los
paradigmas, tanto que lo más razonable en estos términos casi es ser
verdaderamente agnóstico. Usted se refirió al principio durante bastantes
minutos al problema asiático y fíjese en el caso del modelo asiático. Yo
recuerdo bien que cuando en el año 1994 se produjo la crisis financiera
mejicana, aquella denominada del tequila, se le preguntó al responsable
del Fondo Monetario Internacional, señor Camdessus, qué podían hacer,
cuál era la recomendación que él hacía a los países latinoamericanos para
salir de aquella crisis financiera. El señor Camdessus les dijo que
tenían que mirar al modelo asiático. En el año 1997, cuando el modelo
asiático entró en



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crisis, como es bien conocido, le volvieron a preguntar al señor
Camdessus qué pasaba entonces con lo que había dicho en 1994 respecto al
modelo asiático y el señor Camdessus contestó que los modelos económicos
no son perennes, no perviven con el tiempo. Bien, señor Rato, entonces en
estas circunstancias seamos ciertamente escépticos respecto a las
posibilidades de que en el futuro este nuevo paradigma económico de
crecimiento y estabilidad de precios pueda perpetuarse. Sin embargo, pese
a toda esa bonanza, el momento económico tiene algunos elementos
preocupantes y por mi parte quisiera hacer alguna reflexión sobre ellos.

El primer elemento preocupante yo creo que tiene que ver con el ahorro y
con la inversión en nuestro país. Casi toda su política fiscal está
apoyada en un argumento utilizado hasta la saciedad, siendo además una
línea de razonamiento que se encuentra en todos los discursos
conservadores en materia económica. Para ustedes el ahorro es el pivote
de la política fiscal y tanto es así que las primeras decisiones que
ustedes tomaron recién llegados al Gobierno, en el Decreto 7/1996, iban
dirigidas precisamente, al menos explícitamente lo decían ustedes, a
solventar el problema del ahorro en nuestro país. Véase si no, además de
sus políticas, el epílogo del reciente dictamen de los expertos. En ese
epílogo hay una desmedida loa del ahorro como finalidad última no ya de
cualquier reforma de la política fiscal sino de cualquier política
económica, en la medida que se supone que el ahorro conduce a la
inversión, la inversión al crecimiento, el crecimiento al empleo,
etcétera, todo ese argumento circular que tanto se utiliza. Sin embargo,
señor Rato, las cifras son tozudas. El privilegiado tratamiento fiscal
del ahorro está por demostrar que conduzca a un incremento del mismo. Eso
sí, conduce a una modificación, a veces sustancial, como es nuestro caso,
en la estructura del ahorro, pero en modo alguno se puede asegurar que el
beneficio en el tratamiento del ahorro por la vía de la fiscalidad
conduzca a un incremento de la cifra total del mismo. El mejor ejemplo
sin duda y el más largo para el análisis es el de la economía americana,
en la que después de sucesivas reformas fiscales que han reducido el
gravamen de las rentas de las familias, en este momento la tasa de ahorro
de los hogares no supera ni el 5 por ciento. Ese es también nuestro caso,
señor Rato. Después de las medidas de incentivo del ahorro tomadas a lo
largo de los años 1996 y 1997, efectivamente, en nuestro país la tasa del
ahorro de las familias en el año 1997 no ha aumentado, sino que se ha
reducido, usted lo dijo anteriormente. También es verdad que es una
reducción más que compensada por el incremento del ahorro público y puede
que por el ahorro de las empresas, pero en los términos en los que
nosotros utilizamos ese argumento, la tasa de ahorro de las familias en
el año 1997 se ha reducido en nuestro país, pese a todas las
modificaciones de las normas fiscales que persiguiendo el incremento del
ahorro, acaban siempre conduciendo inexorablemente a un resultado que se
produce no sólo en nuestro país sino en el resto de países del mundo
occidental, a una regresiva distribución de la renta. En eso y no en el
incremento de la tasa de ahorro acaban todas esas medidas fiscales que se
proponen incrementar la cifra global de ahorro de los hogares o de ahorro
de las familias.

Después hablaba de la inversión. Efectivamente, la inversión da muestras
de mucho dinamismo en el año 1997 y en particular en el trimestre final
de dicho año. Pero, fíjese, la inversión en nuestro país, en términos de
producto interior bruto, todavía está en unos niveles muy inferiores a
los que alcanzó en el pico del ciclo anterior, porque usted ahora está en
el pico, pero usted sabe como yo, por ser de donde somos, que del pico
hay que bajar, que hay que ir al valle y el valle llegará, señor Rato.

Por eso es preocupante que en el pico la tasa de inversión respecto a la
producción nacional sea todavía del 22,7 por ciento en el año 1997,
porque venimos del pico del ciclo anterior con unas tasas de inversión
respecto del PIB superiores al 25 por ciento y, por lo tanto, hay que
esperar --supongo que usted también lo hará-- que la continuidad en la
aceleración y en el dinamismo de la inversión, sobre todo en bienes de
equipo, conduzca a alcanzar siquiera ese nivel superior al 25 por ciento,
exactamente el 25,8 por ciento, del año 1991.

Unas breves palabras, señor Rato, para referirme a precios. Es verdad que
las cifras del año 1997 son históricas. Lo son también en Francia, donde
hablan de 30 años sin alcanzar esas cifras de inflación, en Italia y en
toda Europa; lo son incluso en Suiza, donde curiosamente la inflación
está en cero. ¿Qué decir de todo esto? Algún tipo de análisis hay que
hacer de esta bajísima inflación. En primer lugar, y usted estará de
acuerdo conmigo, señor Rato, es comprensible que sea así, porque el
índice de precios de materias primas industriales ha retrocedido en un
año en un 20 por ciento. A este respecto ¿cómo no llamar la atención
sobre el hecho de que el barril brent se haya reducido un 30 por ciento a
lo largo del año 1997 --más bien el año que va de febrero de 1997 a
febrero de 1998--, siendo en estos momentos el precio del barril inferior
a los 14 dólares? Esa evolución del precio de las materias primas también
da pie --y seguro que ha pasado por el catálogo de sus preocupaciones,
como por el de las nuestras-- a que muchos analistas de la realidad
económica hablen del peligro de una deflación a escala mundial, lo cual
es enormemente preocupante, sobre todo cuando ese argumento se escucha en
boca o se lee de la pluma de personas que tienen bastante capacidad para
el análisis de estas cuestiones a nivel mundial y qué duda cabe que esa
idea de la deflación ha sido posteriormente alimentada por el hundimiento
del sistema financiero del sureste asiático. En segundo lugar, quien
quiera que se asome a la realidad del IPC en el último año se encuentra
con algo que no tiene por qué perpetuarse en el futuro, por un lado, con
un excelente comportamiento del precio de los alimentos --el cielo y el
suelo han estado a nuestro favor-- y de los productos energéticos --ya se
lo decía anteriormente--, en particular del precio del barril del
petróleo, y de la estabilidad del tipo del cambio del dólar en el segundo
semestre del año 1997, pero, por otro lado, señor Rato, los servicios se
resisten a una reducción que vaya más allá del 3,5 por ciento y creo que
ahora sería puro sectarismo culpar a los salarios de esa resistencia a la
baja del precio de los servicios. Probablemente sea necesaria una
política más enérgica y más decidida



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en la liberalización de algunos sectores de servicios que tienen algo que
ver en la conformación de esas rúbricas del índice de precios al consumo.

Por ejemplo, en el caso de los precios administrados, nosotros venimos
sosteniendo que las tarifas eléctricas pueden retroceder muchísimo más de
lo que lo han hecho, y así lo hemos propuesto en variadas iniciativas
parlamentarias; además, tenemos conciencia de que es posible esa mayor
reducción de las tarifas eléctricas sin afectar negativamente, que no es
nuestro propósito, a la cuenta de resultados de las empresas ni al modo
en el que los mercados financieros juzgan y ven esas empresas.

Señor Rato, la subida del precio del tabaco sigue pendiendo sobre sus
conciencias, porque ha sido una decisión tomada en términos
oligopolísticos. Tenemos en nuestro poder la carta que la Asociación
Española del Tabaco dirigió a varios ministerios proponiéndoles una
solución del problema de la recaudación por la vía del tabaco y nos llama
la atención que usted no haya incidido con más energía en esas decisiones
que se han tomado en algunos mercados oligopolísticos, por ejemplo, el
del tabaco y el del transporte aéreo; tanto el aumento del precio del
tabaco como el de las tarifas aéreas han sido decisiones oligopolísticas
que han contribuido a alterar en el sentido menos conveniente el índice
de precios al consumo.

Señor Rato, el sector exterior tiene claroscuros y tiene cuestiones
positivas, siendo la más positiva de todas sin ninguna duda, de lo cual
nos congratulamos porque los socialistas dedicamos bastante esfuerzo a
ello, que se haya superado la condición de factor limitativo del sector
exterior para el crecimiento de nuestra economía y, en definitiva, para
el aumento de nuestra prosperidad y bienestar. Es verdad que en nuestro
país siempre que la sociedad española se empeñaba en un proceso de
crecimiento y de superación de los niveles de bienestar precedentes, se
encontraba con el muro del sector exterior, que acababa suponiendo un
freno a las posibilidades de alargar los procesos de crecimiento y de
aprovechamiento de los momentos de bonanza del ciclo económico. Eso
parece felizmente superado, en la medida que hay muchas empresas
españolas de tamaño grande mediano y pequeño que han encontrado en los
mercados exteriores una vía para su crecimiento al margen de cuál sea la
situación de la economía nacional. Eso es muy positivo, pero no lo es
tanto, señor Rato, pese a que parezca lo contrario, el hecho de que
estemos con una balanza por cuenta corriente superavitaria o, dicho en
otros términos, de signo positivo. Curiosamente, los países de la Unión
Europea que quieren acceder lo hacen en unas circunstancias en que al
euro las balanzas por cuenta corriente española, francesa e italiana
están en cifras positivas, mientras que la alemana está en cifras
negativas; es una cuestión curiosa que creo que nadie pudo prever en el
momento en que se ideó la evolución y el trayecto hacia la consecución de
la moneda única. En nuestro caso, señor Rato, una balanza corriente
superavitaria positiva tiene una consideración un tanto preocupante.

¿Tiene sentido que este país, con un 20 por ciento de paro, esté
financiando a otros países? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos,
si es razonable que esté ocurriendo eso en estas circunstancias. El mejor
reflejo de todo ello es el excesivo y desmesurado crecimiento de nuestras
reservas de divisas. Usted en el año 1992 --recuerdo bien sus
argumentos-- era radicalmente contrario a aquella acumulación de
reservas, porque dicha acumulación no tenía otra finalidad que la
financiación de déficit de algunos países extranjeros; en nuestro caso,
supongo, no tengo cifras, que financiación de déficit americanos. En esos
términos, señor Rato, sus decisiones son las responsables de algunas de
estas cuestiones. Por ejemplo, sus decisiones en lo que se refiere al
descomunal trasvase que ha habido en las entidades financieras desde los
depósitos hacia los fondos de inversión son responsables de que se haya
reducido hasta tal nivel la relación bancaria entre el coeficiente de
préstamos y el de depósitos y de que los bancos españoles se hayan visto
obligados a acudir a financiación exterior en una cifra nada desdeñable,
de manera que todo eso ha contribuido también a abultar la cifra de la
balanza por cuenta corriente y sin ninguna duda a incrementar nuestras
reservas de divisas, insisto, en un país que tiene una tasa de paro,
desgraciadamente, todavía del 20 por ciento.

La cuestión del empleo y de la calidad del mismo. Ciertamente, las cifras
de empleo de la economía española del año 1997 son buenas. Usted hablaba
de un porcentaje que tiene que ver con eso que se llama la elasticidad
del empleo respecto a la producción o en qué medida se aprovecha en
términos de empleo lo que se cosecha en términos de crecimiento, sin
ninguna duda. Pero vuelvo a referirme a picos anteriores: en el año 1991,
en el pico del ciclo anterior, la tasa de paro española se acercó al 16
por ciento. Sería descorazonador que en esta fase alcista del ciclo
económico no fuésemos capaces de llegar siquiera a la cifra de desempleo
que alcanzamos en el año 1991, del 16 por ciento. Puesto que nosotros
creemos que en materia de empleo y de relación entre empleo y crecimiento
estamos ya en un tope, en un límite superior, sin ninguna duda --hay
libros que contienen leyes, una muy famosa, la ley de Okun, que relaciona
estas cuestiones y que nunca jamás sospecho que pudiéramos estar en
cifras de que todo el crecimiento se aprovechara íntegramente en términos
de empleo--, es muy difícil que la elasticidad empleo-producto sea igual
a la unidad. Podemos seguir incrementando esa elasticidad, pero difícil
será alcanzar eso. En esos términos, en este país probablemente haya que
poner los ojos en otro tipo de políticas de empleo que no sean las de
fiarlo todo a la relación entre el crecimiento y el empleo, y ustedes no
están dando los pasos necesarios en esa dirección. Supongo que descartan
otra reforma del mercado de trabajo y que harán oídos sordos a las
aspiraciones de la patronal española, que está permanentemente planteando
sucesivas reformas del mercado de trabajo. Aquí el problema es el de un
mayor activismo, una mayor beligerancia desde los poderes públicos en
relación con las políticas de empleo. No es que nosotros sostengamos que
deban ser los poderes públicos quienes creen empleo, no, sin duda que
este crecimiento de los años 1996 y 1997, y el del año 1995 también, es
un empleo que procede de la iniciativa privada. Hay que preservar, hay
que cuidar esa capacidad de la iniciativa privada en nuestro país para
generar empleo,



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pero puesto que la tasa de paro se resiste a bajar de los altísimos
niveles en los que se encuentra, es necesario que los poderes públicos
insistan más en esa materia.




El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Martínez Noval, le ruego vaya
concluyendo.




El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, haré lo posible.

Usted hablaba de la Cumbre de Luxemburgo y quiero recordarle que ustedes
dieron allí un paso atrás, inexplicablemente: el país que mayor tasa de
paro tenía y el que menos se comprometió en la lucha contra el desempleo.

Después, señor vicepresidente, quiero hablarle de los beneficiarios del
crecimiento y la prosperidad del año 1997. Sin duda ha habido crecimiento
y prosperidad, ¿y quiénes son los beneficiarios? Un somero repaso, señor
Rato. En primer lugar, los salarios han visto incrementada su capacidad
adquisitiva en un punto, los salarios han crecido al 3 y la inflación al
2, un punto de capacidad adquisitiva, ¡aleluya! --los asalariados, quiero
recordarlo, son casi diez millones de españoles--. En segundo lugar, los
pensionistas, que, después de muchos tiras y aflojas, han visto
incrementada su capacidad de compra en seis décimas --los pensionistas,
como usted sabe, son unos siete millones de españoles--. En tercer lugar,
los funcionarios, dos millones de españoles que han perdido dos puntos de
capacidad adquisitiva como consecuencia de la congelación de su salario.

En cuarto lugar, un millón de agricultores españoles, que han visto
reducidas sus rentas en un 3 por ciento. Parte de estos veinte millones
de españoles se han beneficiado en cifras tan exiguas y tan magras, pero
otra parte, funcionarios y agricultores, se ha visto perjudicada por esta
bonanza económica, veinte millones de españoles, señor Rato, que han
aprovechado en escasísima cuantía todo este proceso de crecimiento y de
prosperidad.

En quinto lugar, quiero hacer una referencia a la consecuencia que la
reducción de los intereses ha tenido en la renta de las familias
españolas, porque ustedes suelen referirse a los deudores hipotecarios, a
en qué medida una familia española que tiene una hipoteca se ha visto
beneficiada como consecuencia de la caída de los tipos de interés. Es
verdad, es innegable, ¿quién puede combatir eso? Sin embargo, yo tengo
que decirle que la posición neta de las familias españolas no es deudora,
es acreedora, con mucha diferencia y con un saldo muy positivo, y las
familias acreedoras se han visto perjudicadas financieramente como
consecuencia de la caída de los tipos de interés, de manera que el
resultado neto entre lo que ha beneficiado a los deudores y lo que ha
perjudicado a los acreedores es prácticamente nulo, como bien reconoce el
Banco de España.

Señor presidente, solicito su benevolencia, porque quedan todavía
importantes cuestiones por tratar desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista. La intervención del señor ministro fue larga y
de mucho contenido y, por tanto, apelo a su benevolencia para que permita
que la mía también lo sea, no en la misma medida que la del señor
ministro --sé cuáles son las normas al respecto--, y pueda siquiera
repasar todos los asuntos a los que ha hecho referencia el señor
ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, la presidencia va a ser
benevolente con usted en la medida en que, de las cinco comparecencias
que vamos a tramitar hoy, tres son a instancias del Grupo Socialista, y
ciertamente esta presidencia ha de tener una especial benevolencia con
usted como portavoz del Grupo Socialista. Continúe, señor Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero entonces, en el marco de esa benevolencia, hacer una referencia a
la cuestión de la liberalización y a las privatizaciones, en las medida
en que el vicepresidente segundo del Gobierno es responsable de todas las
privatizaciones que se están llevando a cabo en nuestro país, no sólo las
de la SEPI, sino también por supuesto las de la Seppa, que son de
responsabilidad directa. Yo creo, señor Rato, que cualesquiera
privatizaciones que en un futuro se puedan producir --quedan pocas ya,
Tabacalera, una parte de Endesa...-- van a tener todas el mismo sello de
las que se han producido hasta estos momentos. De todas ellas se puede
extraer una conclusión inequívoca: a diferencia de otros países del
entorno europeo, lo que se está llevando a cabo no es una privatización,
sino una verdadera apropiación de un inmenso patrimonio público propiedad
de todos los españoles.

En esa falsa privatización, señor Rato, participan miles de españoles que
compran títulos de empresas sometidas a ofertas públicas de venta, eso es
cierto, pero, a decir verdad, tantos accionistas no representan otro
papel que el que representa la inmensa masa de extras que en esas
películas de epopeya confiere verosimilitud a la ficción cinematográfica.

Por el contrario, en esta privatización los papeles estelares se
atribuyen a los máximos responsables de las compañías públicas, que
proceden de una decisión política del Gobierno, de su Gobierno, que, al
tiempo que toma esas decisiones, crea las condiciones para que esas
personas se transmuten sin rubor alguno en responsables de las empresas
privadas que surgen del abandono total por el Estado de las mejores
empresas que tenía nuestro país. Sin duda, señor Rato, una operación
inteligente, pero una operación --déjeme decírselo-- de un descaro
monumental. La derecha se apropia de nuestras mejores empresas para
decidir cosas tan elementales como la utilización de sus ingentes
recursos propios, para derramar comisiones aquí y allá en tantas y tantas
operaciones de inversión, de cosultoría, de financiación, de
internacionalización. En otras palabras, señor Rato: poder económico,
mucho poder económico y, si se tercia, por qué no, mucho poder político.

Han colocado --lo hemos dicho repetidas veces-- a sus amigos, aunque
ustedes emplean otro término que ya utilizaron al principio, que es el de
hombres de confianza del Estado, porque entienden que lo de amigos sería
injurioso e infamante. Si le resulta así, por favor, retírelo y dejamos
lo de hombres de confianza del Estado, dicho en palabras del presidente
del Gobierno. Nos los han colocado al frente



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de nuestras empresas y hacen y harán lo posible por que todos ellos se
sucedan a sí mismos. Es lo que ha ocurrido hasta estos momentos. Es
cierto también que su perpetuación en esos cargos exige necesariamente la
conformidad de los núcleos duros actuales o futuros, pero ¿quién osaría
contradecir al Gobierno en estas materias? Este Gobierno es el regulador
--no se olvide-- de los teléfonos, del gas, de la electricidad, de las
instituciones financieras. Sin duda, después de la privatización su mano
sigue siendo muy larga, señor Rato.

Yo le he escuchado a usted hablar de un proceso de privatizaciones que se
puede calificar de capitalismo popular, de pasos que se dan hacia el
capitalismo popular; sin embargo, lo que las privatizaciones traen a
nuestro país no es el capitalismo popular de los thatcheristas --la
señora Thatcher fue la iniciadora de estos procesos en Europa--, sino que
en nuestro caso, perdóneme y permítame una ligera broma, el adjetivo
popular hace referencia al Partido Popular, no al término utilizado en
otros casos. Con Telefónica, con Repsol, con Endesa o con Argentaria no
se quedan miles de inversores españoles, señor Rato, porque en todos
estos casos operará esa teoría tan conocida de la impotencia del
accionista, sino que se quedaran con las empresas las personas que
ustedes nombraron sobre la base de la participación del Estado en esas
compañías. Señor Rato, es sumamente curioso comprobar cómo la patronal
española, la CEOE, a través de algunas de las personas más significativas
de la misma, en estos momentos forma parte o detenta la presidencia de
algunas empresas tan importantes como Sevillana de Electricidad o la
empresa Nacional Hidroeléctrica. Prefiero no dar nombres, señor Rato;
usted los conoce sobradamente, como yo. y todo a partir de la colocación
de un buen militante suyo en la presidencia de Endesa. A partir de ahí,
la cúpula de la patronal accede a la presidencia de aquellas compañías en
las que había tomado participaciones la gran empresa eléctrica pública.

¿Qué es de aquellas consideraciones tan bonitas sobre el gobierno de las
empresas, las teorías de la regulación y todas esas cosas que justifican
las privatizaciones? Pues de todo eso, señor Rato, absolutamente nada de
nada. Sin duda, estas privatizaciones han desembocado y seguirán
desembocando en una apropiación pura por parte del poder político de la
derecha de una buena parte del poder económico hasta ahora público.

La segunda derivada de todas estas cuestiones tiene que ver con el
futuro, futuro visto con un cierto tono de humor. El Gobierno que suceda
al de la derecha lo tiene muy sencillo si se inclina por que los poderes
públicos retomen el control de esas empresas, y lo pongo en términos
condiciones y subrayo el condicional. Si es que esos gobiernos, en su
momento, quieren recuperar el control político de esas empresas, lo
tienen muy sencillo; a diferencia de décadas pasadas, ya no hará falta
nacionalizar nada, no será necesario arriesgarse a caminar en el sentido
contrario de la historia nacionalizando empresas, sino que nosotros
--entre otros-- estamos aprendiendo que bastará con una pequeña inversión
de referencia en las empresas, quizá 100 millones, 1.500 millones, en
definitiva, ¿qué es eso para el Estado? Y, a partir de ahí, el
nombramiento de los responsables de esas empresas con la anuencia de los
núcleos duros. ¿Quién va a osar entonces, como ahora, contrariar al
regulador de todos esos sectores? Yo creo que nadie, como tampoco ahora
lo está haciendo nadie.

Voy a hacer, señor presidente, una ligera referencia al problema de las
convalidaciones de créditos. De ello queremos discutir con usted en
detalle en la Comisión de Presupuestos, que es la más indicada para
hablar de esos asuntos; tenemos mucho interés. Tenemos mucho interés en
conocer por qué en el año 1997 la mayor parte de esos expedientes de
gasto se han concentrado en Galicia. Tenemos mucho interés en que nos
aclare esas cuestiones; queremos conocer expediente por expediente cuál
ha sido la posición de la Intervención, porque usted ha hablado de una
norma --la Ley General Presupuestaria, artículos 95, 96 y 97-- que
permite llevar a cabo gastos sin fiscalización previa y eso explica, es
verdad, la diferencia, que ustedes han ido reduciendo, entre obligaciones
reconocidas y créditos iniciales. ¿Sabe usted por qué nos llama tanto la
atención esta cuestión? Es verdad que nosotros utilizamos esas figuras y
que en los años de gobierno socialista hay diferencia en esas dos
variables --obligaciones reconocidas y créditos iniciales--, pero
¡hombre! ya estábamos en que nosotros éramos unos despilfarradores, eso
ya era un lugar común, pero ¿y ustedes? Ustedes hicieron de la disciplina
presupuestaria su seña de identidad; ¿dónde ha quedado esa presunción?
Ustedes atacaron esa desviación en la que nosotros incurrimos y
aseguraron que la iban a erradicar de la práctica presupuestaria, de la
disciplina presupuestaria. Por eso tenemos mucho interés en ahondar en
esas veleidades suyas en lo que se refiere a separación de los créditos
iniciales. Porque el problema no es sólo de expedientes que no han sido
objeto de fiscalización previa, el problema es también de aquellos otros
expedientes en los que la Intervención haya formulado algún reparo.

Queremos conocer los reparos que hayan formulado los interventores del
Estado en todos y cada uno de esos expedientes y por eso que el Grupo
Parlamentario Socialista ha solicitado, por vía del artículo 7 del
reglamento, el envío de todos esos expedientes de gasto que han sido
objeto de convalidación en Consejo de Ministros. En su momento lo
discutiremos en la Comisión de Presupuestos.

Paso a hablar sobre la reforma tributaria, señor Rato --en su momento
también; si no, nos lleva la mañana--, y a discutir sus afirmaciones
respecto a qué se proponen a hacer con el IRPF. Sólo le quiero decir dos
cosas. En primer lugar, en estrictos términos --entiéndame bien--
cuantitativos, en España no sería necesaria una reforma del IRPF, y le
digo por qué. La media de la Unión Europea señala que el IRPF pesa en
términos de producción interior bruta el 11,3 por ciento. Si lo que
ustedes pretenden es que el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas grave menos las rentas del trabajo, perfecto, porque no tiene ni
pies ni cabeza que las rentas del trabajo financien el 80 por ciento de
la recaudación por IRPF. Eso está bien; pero si lo que ustedes sostienen
es que la reducción del IRPF ha de producir efectos muy considerables
sobre la actividad económica y sobre el empleo en nuestro país, exageran
ustedes tanto como lo hacen a propósito de cualquier cuestión.




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Porque en nuestro país el IRPF sobre el PIB es el 8,1 por ciento, bien
por debajo de la media de la Unión Europea, que --le repito-- es del 11,3
por ciento. Incluso en los términos en que se manifiestan los expertos,
respecto a que es necesario reducir en nuestro país esa llamada cuña
fiscal (que es un concepto que apela a las cotizaciones sociales más las
retenciones a los salarios de los trabajadores) que imposibilita la
creación de empleo, en esos términos tampoco estamos, ni mucho menos, en
la media europea; estamos muy por debajo. Luego, en esos términos, no es
necesaria una reducción de la recaudación por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, señor Rato. Porque, curiosamente, lo que vienen
a decir estos expertos --que, por supuesto, ya no utilizan la curva de
Laffer, tan desprestigiada por los hechos y la realidad--, en el último
capítulo, es que toda la reducción de recaudación consecuencia de los
cambios normativos quedará más que compensada por la mejora en la
administración del tributo. Un optimismo ciertamente considerable.

Señor Rato, nosotros discutiremos la reforma del IRPF cuando ustedes
hagan una propuesta seria. Y digo una propuesta seria, no porque la
propuesta no lo vaya a ser --lo será, seguramente, desde su punto de
vista--, sino porque esperamos una proposición de ley. No queremos
participar en una discusión que no conduce absolutamente a nada, sobre
aspectos parciales o muy concretos de la ley. Queremos discutir una
proposición de ley y, por lo tanto, esperaremos a que ustedes envíen al
Parlamento esa propuesta para dar a conocer nuestros puntos de vista,
contradictorios con los suyos y alternativos a los suyos.

Por último, es necesario hacer una referencia, señor presidente, al
problema del REF canario. Es verdad que se han producido mejoras
importantes en las resoluciones de la Comisión Europea, en particular en
lo que se refiere al artículo 25; sin embargo, yo quiero llamarle la
atención sobre alguna cuestión. En primer lugar, ¿usted es consciente de
que, de la consideración de un régimen económico y fiscal --con todo lo
que eso significa--, distinto de ese concepto de régimen común español,
hemos pasado --como usted dijo-- a un sistema de ayudas de finalidad
regional, circunscrito en el ámbito de las ayudas que en la Comunidad
Europea están reguladas a este propósito, que tienen carácter temporal y
que, además, tienen la obligación de ser decrecientes? Yo creo que es un
paso atrás respecto del concepto de la Ley de 1994, que era el de un
régimen fiscal y económico separado del español, pero un auténtico
régimen económico y fiscal y no un sistema de ayudas regionales. En
segundo lugar, en la notificación que ustedes hicieron a la Comisión
Europea, o bien notificaron mal o ha habido defectos en el modo de
notificar ustedes esas cuestiones; si no, no hay otro modo de entender
por qué, en la resolución que hace la Comisión Europea, considera
pendientes de desarrollo reglamentario, para su aplicación --y, por lo
tanto, para su visto bueno--, cuestiones que son muy importantes. Por
ejemplo, subvenciones al transporte de viajeros, subvenciones al
transporte de mercancías, subvenciones a la energía y al agua. Lo cual
significa que se ha generado una sombra de incertidumbre sobre algunas
cuestiones de un considerable interés para los canarios, que hasta estos
momentos se habían mantenido incuestionadas e incuestionables. En tercer
lugar, señor Rato, prácticamente dos meses después de que esa resolución
de la Comisión haya sido dada a conocer al Gobierno español, ¿por qué
sigue sin aparecer la norma que materialice esas recomendaciones o esas
exigencias de la Comisión? ¿Cuándo van a presentar un real decreto-ley
con esas modificaciones?
Al margen de lo que no tiene que ver con la zona especial canaria, con la
ZEC, yo quiero hacer una somera referencia a ese problema, señor Rato.

Sin duda que todos los diputados canarios aquí presentes --en mayor
medida que el resto de miembros de la Cámara-- son conscientes de estar
asistiendo a un curioso juego de ping-pong entre los miembros de la
mayoría parlamentaria. Por una parte, está el Gobierno, está usted, como
responsable, y está el Partido Popular y, por otra, están los miembros
del Gobierno de Canarias y de Coalición Canaria. Entre unos y otros,
llevan ustedes semanas, meses culpándose del retraso en la notificación
del Gobierno español a la Comisión Europea sobre esta espinosa cuestión
de la zona especial canaria. Sobre este asunto de la ZEC quiero
plantearle tres cuestiones. En noviembre del año 1996, ustedes anunciaron
--además lo anunciaron en sede parlamentaria-- que estaba a punto de
salir el reglamento de desarrollo de esa zona especial; incluso,
introdujeron --lo recordarán-- modificaciones en la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado y también en la Ley de cesión de
tributos. Ahí se debilitaron en buena parte posiciones negociadoras
españolas, en la medida en que rebajaron cuestiones anteriores, como el
período temporal de la zona especial. Señor Rato, concretamente, ¿cuándo
va a producirse la notificación sobre la ZEC a la Comisión Europea y en
qué términos se va a producir esa notificación? Y si es que no van a
presentar notificación, ¿qué piensan hacer en esta cuestión?
Sin duda, éste es un caso más --el del régimen económico y fiscal
canario-- en el que ustedes no aciertan con la estrategia negociadora en
Bruselas, aunque también tengo que decirle, para concluir --ahora sí,
señor presidente--, que a los socialistas, y en particular a los
socialistas canarios, esta vacilación suya en relación con el régimen
económico y fiscal de Canarias en modo alguno nos sorprende. No olvidará
que ustedes no votaron el régimen económico y fiscal de Canarias en el
año 1994, y que lo que proponían entonces --esperemos que no sea lo que
proponen ahora-- era que añadirían a su reforma del IRPF una reducción
adicional del 20 por ciento en Canarias. Le recuerdo que ésa fue su
actitud en el año 1994, actitud que no nos conduce --yo creo, en términos
lógicos-- a esperar mucho de ustedes en la defensa del régimen especial
canario del año 1994.




El señor PRESIDENTE: A continuación, para sustentar la comparecencia
formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya habíamos pedido la comparecencia del
señor vicepresidente para que



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nos explicara los contenidos del Plan de empleo del Gobierno.

Evidentemente, el vicepresidente del Gobierno sólo ha podido enunciar
cuatro o cinco líneas genéricas y ha dicho que posteriormente el Gobierno
va a cumplimentar este Plan de empleo.

Yo creo que una primera conclusión de la sesión de hoy, donde van cinco
comparecencias --algunas pedidas en el mes de febrero y otras en el mes
de marzo-- para tratar temas como la liberalización y el empleo, y
aceptando que todos los ministros quieren ser controlados políticamente
lo menos posible y que la misión de los grupos parlamentarios
mayoritarios es que la oposición pueda controlar poco a los gobiernos, es
que no se pueden repetir comparecencias como éstas. Estoy seguro de que
la sensatez, que evidentemente tienen el señor vicepresidente del
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, va a hacer posible que
tengamos la oportunidad de debatir con más periodicidad. Es imposible
debatir algunas de las cifras, incluso en el caso de que sean
absolutamente discutibles, que el vicepresidente del Gobierno, señor
Rato, ha dado hoy en relación a la liquidación presupuestaria o a los
ingresos, en este corto espacio de tiempo. Por tanto, ante este escenario
de debate, el primer problema que se plantea a los grupos de la oposición
es decidir cuál es la intervención política que se hace. No voy a hacer
ningún tipo de debate sobre las cifras, que ya lo haremos en otro
momento, pero sí me interesa fundamentalmente, a partir de lo que es el
grueso de la intervención política del Gobierno y hoy del señor Rato,
hacer tres consideraciones.

El Gobierno dice que la política económica va bien --y el señor Rato lo
ha dicho hoy-- fundamentalmente porque España va a cumplir los criterios
de convergencia económica. Esto es positivo y es bueno, es decir, que
España cumpla los criterios de convergencia de Maastricht es positivo, y
es bueno que las cifras macroeconómicas hayan tenido la evolución que han
tenido, pero hay dos consideraciones previas, que ya se han dicho
anteriormente, en las que yo quiero insistir. Por un lado, el señor Rato
conoce perfectamente que hace tres años, en 1995, prácticamente ningún
país de la Unión Europea cumplía los criterios de convergencia, y que en
estos dos últimos años la evolución internacional y la propia dinámica de
convergencia de los países europeos ha hecho posible que todos, excepto
Grecia, los cumplan. Y, por otro lado, que todos los países
--yo creo que España uno de los que más-- han utilizado
abundantemente la contabilidad creativa y que algunas de estas
operaciones de contabilidad creativa aflorarán dentro de tres o cuatro
años.

Pero, dicho esto como consideraciones previas y, al mismo tiempo,
admitiendo que, en el peor de los casos, habríamos de felicitar al
Gobierno porque, como mínimo, no ha hecho una política económica que nos
haya dejado fuera de la Unión Europea y, por tanto, admitiendo, desde ese
punto de vista, una gestión positiva, sí que pienso que un ministro de
Economía no puede cifrar la bondad de su política económica simplemente
en las cifras macroeconómicas. Ciertamente, el señor Rato decía que las
cifras macroeconómicas son fundamentales para otros aspectos, pero no es
posible --y yo creo que el Gobierno del PP lo hace, y hoy el señor Rato
lo ha hecho-- cifrar la bondad de la política económica en la economía.

Y, ¿por qué digo esto? Porque, en última instancia, la política económica
tiene como objetivo hacer una sociedad más justa o mejorar las
condiciones de vida de las personas. Por tanto, creo que, desde ese punto
de vista, es importante que en una conferencia de prácticamente dos horas
y media, como la que hoy el señor Rato nos ha dado, se aborden también
estos problemas. Ha abordado muy de pasada los del empleo y no ha hecho
ningún tipo de consideración más. En este sentido, voy a hacerle tres
tipos de consideraciones, es decir, mis quince minutos los voy a dedicar
a hacer tres tipos de consideraciones al hilo del cumplimiento de la
convergencia económica de España.

La primera sería la siguiente. El cumplimiento de los objetivos de
déficit público y de inflación se ha conseguido por un camino. Me
gustaría saber cuál ha sido ese camino y cuáles son los efectos de esas
políticas en la sociedad española. Dicho de otra manera, ¿el Gobierno del
PP, en el diseño de su política económica, ha pedido iguales esfuerzos a
los distintos sectores de la sociedad española? Después del cumplimiento
de los criterios de convergencia, ¿la sociedad española es un poco más
justa o un poco más injusta? ¿Es un poco más igual o un poco más
desigual? Y ya le avanzo cuál es nuestra contestación a esta primera
pregunta, que me gustaría que usted me respondiera. El Gobierno del
Partido Popular ha realizado una política económica y fiscal solicitando
diferentes esfuerzos a sectores distintos de la sociedad española, es
decir, fundamentalmente se han pedido esfuerzos a los sectores sociales y
económicos menos potentes, y se ha favorecido a sectores poderosos y
económicamente más potentes. Pondré algunos ejemplos. Evidentemente, la
cifra de déficit público que el señor Rato ha dado es positiva. Ahora
bien, esa cifra de déficit público se puede conseguir de muchas maneras,
y el Gobierno ha optado por ajustar el déficit público de una determinada
manera. Por ejemplo, ha disminuido de forma brutal las inversiones
públicas. Disminuir de forma brutal las inversiones públicas significa,
por ejemplo, dejar de hacer escuelas, dejar de hacer dependencias
judiciales en todo el Estado español, hasta el extremo de que, por
ejemplo, los jueces catalanes han propuesto hace dos días abrir listas de
espera ante la imposibilidad de atender la tarea pendiente por la falta
de infraestructuras. Por tanto, ha habido una disminución de inversiones,
ha habido una congelación salarial y ha habido una disminución en
determinadas partidas, como educación o infraestructuras, absolutamente
preocupantes. ¿Todo esto qué quiere decir? Que hoy los sectores que más
necesitan de esos servicios han visto disminuida la prestación de los
mismos por parte de la Administración pública. Y, paralelamente, desde el
punto de vista de los ingresos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que
ocurrido está claro. Ha habido una desfiscalización de determinadas
rentas del capital, como consecuencia de que en 1991 disminuyó cuatro
puntos, y un incremento en los años 1996 y 1997 de la participación de
las rentas del trabajo.

Por tanto, el primer aspecto que quiero dejar sobre la mesa es que el
cumplimiento de los criterios de convergencia



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económica en España se ha hecho disminuyendo inversiones públicas o
programas que afectan a la mayoría de la población y, a pesar de eso,
paralelamente se ha producido una disminución de las rentas del capital.

Entonces, la pregunta, señor Rato, sería si usted cree que esto es justo,
si en un momento en que hay necesidad de disminuir el déficit público es
justo ajustar, en primer lugar, las inversiones públicas --las ajustaron
nada más entrar, en mayo de 1996, las ajustaron en el presupuesto de
1997, las ajustan en el presupuesto de 1998 y en cada liquidación las
siguen ajustando-- y si en esa necesidad de disminuir el déficit público
también se considera justo que exista una desfiscalización de las rentas
del capital. Por tanto, la primera conclusión es que la política
económica que han llevado a cabo en estos temas ha hecho que este país
avance de forma moderada a una sociedad más desigual.

El segundo tema es el empleo. Yo creo que es sorprendente que hoy, dos
años y un día después de las elecciones del 3 de marzo, en el país que
tiene el doble de paro que la media europea aún no exista un plan de
empleo. Ciertamente, la política de estabilidad económica, la política
macroeconómica influye en la lucha contra el paro y en la creación de
empleo, pero hay una cuestión en la que discrepo absolutamente del señor
Rato. La evolución del paro en el año 1997 ha sido positiva. Podemos
discutir qué cantidad de creación de empleo corresponde al cambio de
regulación de la EPA, podemos discutir muchas cosas, es cierto que la
cifra del paro ha disminuido un 1,8 por ciento, pero, señor Rato, es
absolutamente cierto que hacer la convergencia de España con el resto de
países de la Unión Europea en el tema del paro, con las políticas que se
hacen, es imposible. También podríamos discutir la elasticidad
empleo-PIB. Hoy el señor Rato nos ha dicho que está en el 88, a nivel
interanual acostumbra a estar en el 0,6, en algún trimestre ha estado en
el 0,8, pero es igual, esté en el 0,6 o en el 0,8, con esas políticas
económicas, es imposible disminuir sustancialmente el diferencial de paro
que España tiene con los países de la Unión Europea.

Desde ese punto de vista, en un país con el doble de paro, que dos años
después de las elecciones generales el vicepresidente del Gobierno haya
anunciado cuatro o cinco grandes líneas de trabajo del Plan de empleo
pero no las haya podido concretar --supongo que por el tipo de sesión que
hoy estamos teniendo-- y, sobre todo, que el Gobierno no las haya hecho
públicas, creo que es absolutamente preocupante. Y ha dicho una frase que
me ha preocupado. Ha dicho que en este Plan de empleo hay que concebir la
protección al desempleo como una situación transitoria. Yo estoy
totalmente de acuerdo con esta frase, pero lo que me preocupa es que el
ministro de Economía venga hoy aquí a hablar durante dos horas y media y
no analice cuál ha sido la evolución de las prestaciones al desempleo,
porque, señor Rato, éste es un tema grave ya que el nivel de protección
al desempleo ha disminuido en el año 1997 al 49 por ciento. Dicho de otra
manera, en estos momentos, en el Estado español hay más personas paradas
que no cobran protección al desempleo que las que lo cobran (datos del
Inem). La disminución de las partidas presupuestarias ha sido brutal,
cuando precisamente el incremento del empleo, con el mantenimiento de las
partidas presupuestarias que allí se destinaban, debería de haber hecho
posible que la mitad de parados del Estado español no se encontrasen en
la situación de no cobrar ninguna prestación por desempleo. En ese
sentido, sí me parece que, buscando fórmulas que en ningún caso puedan
sedimentar a una persona parada en su situación de parado, sería bueno
que usted hoy nos pudiera decir si considera que el tema de la
disminución continuada de la cobertura de la protección al desempleo es
importante o no lo es; protección que, insisto, en el año 1997, en contra
de la evolución positiva de todas las cifras macroeconómicas, ha tenido
una evolución absolutamente negativa y preocupante. ¿Piensan ustedes
modificar esto? ¿Tienen intención de hacerlo? ¿Consideran que éste es un
tema importante? ¿No creen ustedes que con la disminución del paro no era
necesario recortar tanto estas partidas para incrementar el nivel de
cobertura?
Aunque supongo que usted no podrá concretar nada más de lo que ha dicho,
aparte de la pregunta sobre la protección al desempleo, me gustaría saber
si tienen previsto en ese Plan de empleo, además de la reducción de horas
extras, que usted ha planteado como un objetivo del citado plan,
incentivar la reducción de la jornada. Es decir, ¿contempla el Gobierno
en el Plan de empleo, además de la disminución de horas extras, la
necesidad de incentivar la reducción de la jornada y avanzar en lo que en
estos momentos están haciendo otros gobiernos? Quiero insistir en estas
dos consideraciones que he hecho: los esfuerzos desiguales que se han
pedido a la sociedad y la falta de referencia, yo creo que en general por
parte del Gobierno, según las cifras que conocemos y las que nos ha dado
hoy el ministro de Economía, al tema del desempleo y de la protección al
desempleo, que creo que es lo que falta normalmente en el discurso del
Gobierno, que falta en todos los discursos liberales. Es decir, los
objetivos de la política liberal siempre se basan en el cumplimiento de
las cifras macroeconómicas, olvidándose que detrás de las cifras
macroeconómicas hay muchas personas.

La tercera consideración que quería hacer es la relativa a otra gran
ausencia, yo creo que clamorosa, en la intervención hoy del
vicepresidente del Gobierno cuando ha hablado de fiscalidad, a la que
después me referiré muy brevemente, y es el tema del fraude fiscal. En
todos los programas electorales, absolutamente en todas las
consideraciones sobre la política de un país, en la última etapa del
Gobierno socialista y en la primera del Gobierno del PP, el tema del
fraude fiscal aparecía como el gran tema de la fiscalidad, si usted me lo
permite, más que la reforma del IRPF. Y de esto, de lo que de cuando en
cuando se habla, el ministro de Economía hoy no nos dice nada,
absolutamente nada. En ese sentido, sí que quisiera hacerle algunas
preguntas, desde una consideración que puede ser apriorística o puede ser
subjetiva, porque tengo la sensación de que ustedes prácticamente no han
modificado nada y han empeorado algunas cosas, y soy conocedor del
documento que el señor Costa, hace 15 días, entregó sobre el plan de
modernización del que, si usted quiere, también podemos hablar, plan de
modernización que entregó con cuatro meses de retraso pero que entregó.

La pregunta sería la siguiente.




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¿Cuál es el balance que el Gobierno del PP hace de la lucha contra el
fraude en estos dos años? Al final de la etapa socialista aparecieron por
parte de, entre comillas, prestigiosas personas algunas estimaciones del
fraude fiscal, la pregunta es: ¿qué estimación hace el Gobierno del PP
del fraude fiscal en el Estado español? ¿La tiene? ¿No la tiene? Si no la
tiene, ¿la ha encargado? Y en relación con lo que se ha hecho hasta
ahora, sí que me gustaría hacer cuatro preguntas concretas. Me gustaría
conocer el número de expedientes instruidos en relación con la ingeniería
fiscal. Ya sé que el señor Rato, como no ha hecho ninguna referencia a
ello y considera que esto es poco importante, no lo debe de haber traído,
por tanto se lo solicitaré por escrito. En ese sentido, me gustaría saber
si en estos dos años ha habido sectores económicos prioritarios de
inspección. Yo creo que el actual sistema de cuantificación del fraude
fiscal, que se basa simplemente en inspecciones realizadas y en deuda
descubierta es, a todas luces, ineficaz, incluso la Apife (asociación de
inspectores) ha llegado a decir que basar el resultado de la Agencia
Tributaria en estos números no sólo no es bueno sino contraproducente, y
algunos miembros han calificado de inspección basura lo que se está
haciendo. ¿Sobre qué sectores económicos se han realizado
fundamentalmente las inspecciones de fraude fiscal? Yo he preguntado por
escrito sobre este tema y siempre he recibido respuestas ambiguas, por
eso le vuelvo a preguntar si ha habido algún resultado positivo en
relación con las investigaciones en paraísos fiscales. Yo pienso que los
temas de paraísos fiscales, de ingeniería fiscal, deberían recibir una
respuesta por su parte. Me preocupa la total ausencia de referencia del
señor Rato a este tema. Veo algunos aspavientos del señor Rato, como
diciendo: pero qué tontería me pregunta ahora éste. Pues bien, yo insisto
en que intente responderme, si no me puede responder en las cosas
concretas sí al menos en las grandes cuestiones generales: resultados de
la lucha contra el fraude.

En relación con la fiscalidad, quiero decir dos cosas. La primera, si me
lo permite, es un consejo al Gobierno. Usted hoy ha vuelto a decir, y
compañeros suyos de Gobierno lo repiten insistentemente estos días, que
esta reforma fiscal va a beneficiar a todos, pero especialmente a las
rentas medias y bajas y a las rentas del trabajo, esto lo repiten
insistentemente. Yo creo que tienen necesidad de repetirlo porque, de las
medidas concretas que se filtran, nadie puede sacar esta conclusión. Yo
creo que cualquier observador imparcial que haya examinado, por un lado,
la propuesta de la comisión de expertos y, por otro lado, las
declaraciones que ustedes van goteando en relación con algunos temas en
absoluto puede sacar esa conclusión, y el consejo sería que si ustedes
quieren que, en general, la sociedad española tenga la percepción de que
esa reforma fiscal va a favorecer a las rentas medias y bajas hagan algún
gesto concreto que permita pensar eso, y así no tendrán que repetir tanto
que esta reforma fiscal va a favorecer a las rentas bajas y medias. Es
decir, pregúntense ustedes por qué tienen tanta necesidad de decir que
esta reforma fiscal va a favorecer a las rentas del trabajo y a las
rentas bajas y medias. Posiblemente tienen tanta necesidad de repetirlo
porque los hechos concretos y su política hasta ahora no va en esa
dirección, sino en dirección contraria. Y como, evidentemente, vamos a
discutir esto cuando ustedes presenten el documento, solamente quería
hacerle cuatro preguntas. La primera es si usted puede decir hoy aquí, en
la Comisión, en qué fecha tiene previsto el Gobierno presentar la
propuesta de reforma fiscal. Y enlazando con lo que el señor Martínez
Noval decía en relación con el diferencial de recaudación del IRPF en
España y en la Unión Europea y enlazando también con el diferencial de
presión fiscal de España con la Unión Europea, que se sitúa en seis
puntos, me parece una imprudencia plantear una reforma fiscal en el
Estado español que signifique una disminución global de los ingresos.

Digo imprudencia porque eso necesariamente va a afectar, a medio plazo,
al tipo de Estado del bienestar que tenemos. Uno de los elementos de
intranquilidad o de desasosiego que existe en este momento sobre su
reforma fiscal es: ¿Piensa el Gobierno recaudar con la reforma fiscal más
o menos? ¿Cuánto, aproximadamente? Usted me puede decir que no tiene las
medidas concretas --estoy seguro--, pero me imagino que están trabajando
sobre un escenario. El escenario final de recaudación de ingresos por
parte del Gobierno con la reforma fiscal, ¿quiere sumar dinero o
disminuirlo? En qué orden de magnitud estamos hablando, ¿de 200.000
millones arriba, de 500.000 abajo? Esta sería la segunda pregunta.

Hay una coincidencia prácticamente general en que el diferencial entre el
tipo del Impuesto de Sociedades y del IRPF es motivo de fomento del
fraude fiscal. La tercera pregunta sería: considerando que, además, el
Impuesto de Sociedades en el Estado español está muy por debajo de la
media de la Unión Europea, ¿contempla el Gobierno la posibilidad de
incrementar el Impuesto de Sociedades para que, por un lado, nos acerque
a Europa y, por otro, sea un elemento para que se abandonen las
operaciones de ingeniería financiera que en estos momentos se están
haciendo? Es decir, ¿el Gobierno contempla la posibilidad de incrementar
el Impuesto de Sociedades?
El cuarto tema más que una pregunta es una consideración: usted ha dicho
que fundamentalmente se van a favorecer...




El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego vaya concluyendo.




El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente, y gracias por su
benevolencia.

Usted ha dicho, señor Rato, que la reforma fiscal va a favorecer a las
rentas del trabajo fundamentalmente. Sin embargo, quiero decirle que
favorecer las rentas del trabajo no es sólo reducir tipos en la
declaración del IRPF, sino incorporar o echar atrás decisiones de
desfiscalización de rentas o capital que ustedes tomaron. Es decir, no
caigamos en la trampa de decir que el problema de favorecer las rentas
del trabajo es ahora producir una nueva desfiscalización en determinados
sectores del IRPF.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.




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El señor ALCARAZ MASATS: Bienvenido al hogar, señor Rato. Da la impresión
de que estaba usted esperando a que se regulara el tema de la insumisión
para volver a la Comisión.

Un andaluz, con esa facilidad que a veces se tiene en Andalucía para la
paradoja, ante la exposición que usted ha hecho y teniendo en cuenta la
vida cotidiana que se vive en ciertos sectores muy mayoritarios en este
país, diría: si vamos tan bien, cómo estamos tan mal.

Ustedes están acertando, desde su punto de vista, en una gran campaña de
imagen, de propaganda, en un discurso en el que asientan la política de
estabilidad macroeconómica como un gran triunfo de la economía española.

Venden lo que sin duda tiene que sentar y caer bien en los mercados
financieros, en la Bolsa, en los mercados en general, como algo que cae
bien a todo el mundo en particular, teniendo en cuenta las consecuencias
sociales que por cierto para ustedes no existen ni han existido en su
discurso. Estamos pasando, señor Rato, de la etapa del pelotazo a la
etapa del bolsazo. Estamos asistiendo a una santificación de todo el
mercado financiero y de la Bolsa que nos puede llevar a desconocer una
realidad que tarde o temprano aparece en la política general. Pregúntenle
al señor Kohl qué ha pasado en la baja Sajonia y qué pasará posiblemente
en las próximas elecciones generales.

Ustedes están practicando un discurso roto, internamente partido en dos.

De esa división ustedes explican una parte y la convierten en el todo,
que es la parte de las cifras macroeconómicas y de la política elevada a
la técnica de gobernar el mercado, los sistemas financieros y la Bolsa.

En definitiva, ustedes quieren decirnos a los españoles y a las españolas
que la política económica no conlleva una política social. Ustedes están
aplicando una política económica sin política social paralela. Incluso
cuando se ha referido al paro ha dicho: ahora voy a hacer mención de
algunas políticas relacionadas con el paro. En un discurso de una hora y
cuarenta minutos, señor Rato, ha dedicado diez minutos al tema del paro
en este país. Cuéntelo, si le parece que exagero. En un discurso de una
hora y cuarenta minutos no ha dedicado usted más de diez minutos, y
siempre mezclándolo con el tema de las consecuencias macroeconómicas,
como si el paro o la política del paro fuera una excrecencia, una
consecuencia adjetiva de la política macroeconómica, que eso sí ha
explicado de manera muy pormenorizada y de manera absolutamente dilatada.

Aquí es donde se completa el círculo virtuoso, del que tanto habla el
señor Montoro. Repite constantemente que hemos llegado a la cuadratura
del círculo; es decir, con una política restrictiva estamos consiguiendo
una fase alcista, una política de creación constante. No es eso, señor
Rato. Ustedes han partido la realidad en dos y hacen una política
económica sin política social a la que le sobran tres millones y medio de
personas, tres millones y medio de españoles y de españolas que están en
paro --sin hacer referencia a los ocho millones de pobres, según cifras
que nadie ha desmentido hasta ahora-- y a los que su política económica
apenas roza, porque es una excrecencia, es una consecuencia que se puede
dar o no en función de la política económica que ustedes vienen
practicando.

Constantemente, ustedes intentan --permítame que se lo diga-- engañarnos
o confundirnos; por ejemplo, el señor Aznar últimamente. Están intentando
confundir lo que es paro registrado con lo que es paro estadístico,
cuando en Europa las cantidades análogas homologables son las de paro
estadístico y constantemente hacen referencia al paro registrado.

Entonces, la gente se confunde y nos dicen en los pueblos y en los
barrios: pero ¿en qué quedamos, son dos o tres millones de parados? ¿Doce
por ciento o veinte por ciento de paro? El señor Aznar ha hecho
referencia a 20.000 desempleados menos en el paro registrado. A ver si
nos ponemos de acuerdo y, de verdad, respetamos las reglas estadísticas,
que son las que se utilizan en toda Europa de cara a los indicadores de
convergencia y de cara a analizar la situación política y económica en
cada país.

Desde ese punto de vista, señor Rato, creo que está claro que el
crecimiento económico en el seno de la política que ustedes practican no
produce creación de empleo. La creación de empleo está por debajo, se
habla del 2,8-2,7 por ciento con respecto a las previsiones de
crecimiento económico y ustedes suelen hablar del 3,5-3,6 por ciento.

Nosotros partimos de esa base de que la política que ustedes practican no
crea empleo, apenas roza la creación de empleo; por cierto, confunden
constantemente el empleo y la creación de empleo con los contratos que se
suscriben, cuando el contrato precario de España es muy alto, muy por
encima de la media europea.

Le voy a dar algunos datos de esta situación que intento relatarle, de
por qué vamos mal, de por qué se vive mal, de por qué ustedes no quieren
bajar a la realidad, a conocer a la gente y comprobar cómo vive en Cádiz,
en Ciudad Real, en Madrid, cómo vive la gente realmente. No vive como
ustedes dicen y no experimentan ese ciclo que más que alcista es ciclo
eufórico de la economía que ustedes están vendiendo. Eso no existe. Quizá
sea porque se lo dice alguien que viene de una comunidad autónoma que
tiene el 32,6 por ciento de paro. Lo que ustedes están vendiendo no
existe.

Le voy a dar algunos datos de la Unión Europea y referidos a 1996, pero
que se mantienen en sus líneas fundamentales respecto a 1997. La tasa de
paro en España es del 20 y pico por ciento, cuando la media en la Unión
Europea es del 11 por ciento. Y eso no varía, no cambia. Actualmente la
media de paro en Europa está en el 10 por ciento. Y la tasa de empleo, de
los ocupados sobre la población total, es del 32 por ciento en España y
en torno al 40 es la media en la Unión Europea. El empleo temporal en
tantos por ciento sobre el total de asalariados en España está en el 33
por ciento, mientras la media europea roza el 11 o el 11,5 por ciento de
empleo precario. En cuanto al coste laboral por hora trabajada, en euros
de 1996, en España, el 11,2, mientras la media europea alcanza el 14,5
por ciento.

Son cifras que demuestran, señor Rato, que lo que digo no es ningún
discurso mitinero, no es ningún discurso demagógico. Por ejemplo, hagamos
referencia a la distribución funcional de la renta, es decir al
porcentaje de cada factor sobre el producto interior bruto. Haciendo una
relación de los últimos 20 años, por ejemplo, con respecto a la
remuneración de asalariados, en 1978 estaba en el 57,6 por



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ciento, y aparece ahí una dialéctica decreciente hasta 1997 en que la
remuneración de asalariados es del 48,2 por ciento. Esta es la realidad,
señor Rato.

Vayamos al excedente bruto de explotación. Ahí se produce la dialéctica
inversa. En 1978 es del 42,4 por ciento y en 1997 es del 51,8 por ciento.

Y usted, en su larguísimo discurso, no ha hecho ni una sola referencia
--esta vez no sólo ni diez minutos, ni una sola referencia-- al tema de
los beneficios en este país, en España, que en los últimos balances el
Banco de España dice que son --no es expresión mía-- beneficios
absolutamente récord con respecto al mismo período del año anterior. Me
refiero a los tres primeros trimestres de 1997. Y usted no ha hecho en
absoluto referencia alguna a este tema que a nuestro juicio es de enorme
importancia.

En este sentido, sí tengo que decirle, señor Rato, que nosotros sí
estamos en una conspiración, en una conspiración seria, la conspiración
de los parados, que tarde o temprano van a responder en este país;
objetivamente tienen que responder, aunque todavía haya condiciones
subjetivas que lo retrasan, por unas razones u otras en las que no voy a
entrar ahora.

Si en un país como Alemania, con el nueve por ciento de paro, los parados
se están organizando y están respondiendo seriamente --y la explicación
que da Kohl a su caída en la baja Sajonia es la situación del mercado
laboral--, si en un país como Francia, con el 11,5 por ciento de paro,
también los desocupados se están organizando y están respondiendo de
manera clara, de manera directa, de manera nítida; si en otros países,
incluso con el 5,5, el 6, el 7 o el 8 por ciento, se están organizando,
aquí, tarde o temprano, señor Rato, se van a terminar organizando, dentro
o fuera de los sindicatos, y desde luego ahí estará Izquierda Unida,
dinamizando y colaborando con ellos en una situación española
absolutamente insostenible, el 20 por ciento de paro, en la estructura
que le acabo de dar con cifras de la Unión Europea.

Eso es insostenible, señor Rato. Yo se lo dije el otro día al señor Aznar
y supongo que se rió mucho por dentro, pero la tumba política del Partido
Popular puede ser ésta, el paro permanente, el paro estructural, el paro
endémico. Puede ser ésta en un plazo medio. (Risas.) Sí, ríanse, ya
hablaremos. Hablen con Kohl por teléfono ahora y pregúntenle qué ha
pasado en la baja Sajonia. Hablen dentro de unos meses. El señor que
capitaneaba toda la nueva Europa, toda la Unión Europea y toda su
ampliación... Hablen con él. Y allí hay un 9 por ciento de desempleo. Y
este tema en absoluto se lo están ustedes tomando en serio, todo lo
contrario. En un discurso de una hora y 40 minutos, usted le ha dedicado
nueve o diez minutos y hablando sólo de referencia a algo que es
consecuencia casi excrecencia de una política de estabilidad
macroeconómica. Parecen decir algo así como que la mejor política de
empleo es la que no existe. Recuerda referencias anteriores, de otros
ministros, con respecto a la industria, pero en este tema es lo que
ustedes están aplicando de manera rigurosa: la mejor política de empleo
es la que no existe.

Con respecto a esa política --mejor dicho, esa no política--, ustedes
tienen una visión absolutamente parcial. Usted estuvo hace poco en la
clausura del congreso de la CEOE, de las empresas españolas,
fundamentalmente de las medias y grandes empresas españolas. Por cierto,
sería también muy interesante que usted clausurara congresos de los
trabajadores; también sería interesante que le invitaran, pero sería
importante que usted o el gobernador del Banco de España, en estos
congresos de los trabajadores, dijeran las cosas que están diciendo en
los congresos de los empresarios. Usted dijo que la reforma del mercado
laboral no era más que el principio de una serie de medidas, como el
señor Aznar había dicho días antes que efectivamente se trataba de ir a
una especie de segunda reforma del mercado laboral. Yo le pregunto: ¿En
qué condiciones? ¿Con qué características? ¿Cuándo? ¿Con qué alianzas?
Algo puede usted adelantar en este foro, ya que hemos leído todos sus
declaraciones en la clausura del congreso de la CEOE. Sin tener en cuenta
ni las cifras de paro ni la realidad sobre el paro. En este marco se
atrevió a decir el señor Cuevas, con gran prepotencia, y no sigo
calificando las cosas tal como yo las sentí, que en España no existe más
de 1.500.000 parados. No sé si esto es llamarnos vagos, no tener en
cuenta los resultados de la EPA o no tener en cuenta absolutamente nada;
es lanzar un mensaje, que es muy difícil de rebatir, fundamentalmente por
nosotros, que crea un desasosiego y un cabreo social bastante grandes,
pero sobre el que ustedes pasan creyendo que el ciclo alcista va a durar
toda la vida; y no va a durar toda la vida. Ustedes están desaprovechando
el ciclo alcista, que merecería una atención especial para crear empleo y
crear planes específicos de empleo, eso sí, quizá con la intención de, en
la cresta de la ola, convocar las elecciones generales antes de que
empiece la etapa recesiva, pero sin duda ninguna lo están desaprovechando
para temas de enorme importancia, a nuestro juicio, como es la creación
de empleo.

En el mismo sentido, han hecho declaraciones bastante rotundas, después
desmentidas a nivel local, a pie de obra, respecto a las privatizaciones.

En la entrevista de El Mundo, el otro día, el señor Aznar hablaba de la
privatización total de todas las empresas públicas antes del año 2000,
excepto de Hunosa; cosa contraria se había dicho en Cádiz y Sevilla con
respecto a Astilleros, por ejemplo. Incluso líderes locales y
provinciales del Partido Popular han salido desmintiendo ayer mismo al
señor Aznar respecto a esta aseveración.

¿En qué quedamos, señor Rato? ¿Se nos puede aclarar esto, se nos puede
aclarar algo que allí, y en el resto de los territorios donde tienen
astilleros en el Estado español, suscita una gran inquietud? Son
declaraciones que aparecen constantemente contrabalanceadas,
declaraciones y contradeclaraciones que, a fin de cuentas, no van a
desmovilizar a la gente, pero que producen una confusión bastante grande.

Yo le preguntaría si van a tener en cuenta en sus planes de empleo, si es
que van a existir a partir de ahora como planes serios, seriamente
estructurados, una serie de cuestiones que se salen de la matriz política
que están empleando, matriz política que no crea empleo de verdad, no
araña el fondo estructural del paro en este país. ¿Van a tener en cuenta
la disminución de las horas de trabajo, las



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jornadas de 35 horas? ¿Van a tener en cuenta el tema de las horas extra?
Creo que el Inem dice que se están haciendo aproximadamente 84 millones
de horas extra al año. Creo que ésta es la cifra.

Por otra parte, le pediría que nos dijera, con respecto a los beneficios
empresariales, si ustedes contemplan alguna medida en el próximo futuro.

No sólo la inflación se ve afectada por los salarios, a los que aplican
ustedes congelaciones con bastante rotundidad, sino que también el tema
de los beneficios repercute de manera muy negativa en la inflación. Son
beneficios enormes, de un gran volumen.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego vaya concluyendo.




El señor ALCARAZ MASATS: Voy terminando, señor presidente.

¿Piensan de alguna forma en crear fondos de inversión obligatorios o
alguna dialéctica de reinversión de los beneficios de cara a la creación
de empleo? Le ruego que lo tenga en cuenta, porque estamos llegando a un
momento tal del ciclo eufórico que no entendemos cómo no se toman medidas
sino en una sola dirección.

El tema de la OCM del olivar. A nosotros se nos comunica de manera
intrahistórica, por lo bajo, que sería aceptable una regulación del
sector, a partir del 18 de marzo, aunque cayera el 20 por ciento del
empleo. Yo quisiera preguntarle si esto es así, si ustedes se van a
resignar con una cantidad máxima garantizada a un sistema tal, aunque
cayera ese 20 por ciento de los jornales que aporta el olivar, no sólo en
Andalucía, sino en otras zonas de nuestro país.

Con respecto al IRPF, señor Rato, quisiéramos hacer algunas brevísimas
consideraciones. Por ejemplo, con respecto al tema de la suficiencia. Si
es verdad que no van a aumentar los impuestos indirectos, primero;
segundo, se van a acabar pronto las privatizaciones, porque no quedará
nada que privatizar y no recogerán ese billón 200.000 millones que han
recogido en el último período. Si bajan el IRPF, nosotros calculamos
entre 350.000 y 500.000 millones de pesetas, ¿qué gastos van a dejar de
realizar? ¿En qué van a dejar ustedes de gastar, cuando al mismo tiempo
vemos que aumentan mucho los gastos en tanques y lo reducen en el Inem?
Aumentan los gastos con respecto a la enseñanza privada (un 13 por ciento
más), cuando se produce una reducción en la enseñanza pública o, en
general, de la enseñanza de un 2 por ciento. ¿Qué gastos van a dejar de
efectuarse a partir de la reforma del IRPF? Podemos ver que ustedes
pretenderían con esta rebaja del IRPF convertir en cómplices de la
destrucción del Estado del bienestar a una serie de ciudadanos y
ciudadanas. Y esto, a nuestro juicio, es de una enorme importancia que se
aclare en el próximo período y de cara a esta reforma que ustedes
anuncian.

Tampoco creemos que se esté hablando seriamente de la neutralidad de esta
reforma. En ese sentido le hacemos una segunda pregunta con respecto a la
equidad de las medidas que se piensa adoptar. Si el 60 por ciento de los
contribuyentes paga en torno a un 20 por ciento y el uno por ciento es el
que paga en torno al 56 por ciento, ¿cómo se va a realizar esta reforma y
cómo va a afectar, teniendo en cuenta el principio de la equidad? Este
uno por ciento aporta al total, creo recordar, un 30 por ciento de las
liquidaciones anuales. ¿Cómo se va a realizar ahí la reforma del IRPF,
teniendo en cuenta la necesaria equidad?
Y, señor Rato, ¿todas las rentas van a pagar a partir de ahora? Porque no
es un impuesto de la renta; es un impuesto de las personas físicas. ¿Van
a pagar igual las rentas del trabajo que las del capital ¿Todas van a
tener igualdad ante la ley? De otra parte, las rentas del capital han
bajado en el último período, como se ha dicho aquí anteriormente, creo
recordar, un 15 por ciento, mientras que las del trabajo han subido en
torno al 13 por ciento.

Quiero hacerle estas tres preguntas en principio porque los datos que
llegan son propagandísticos, son etéreos, no casan con respecto a otras
cosas muy concretas que se filtran y que nos llevan a hacerle estas
preguntas simples, pero que necesitan una respuesta en estos momentos.

Termino, señor presidente. Quisiera recordarle que le hago estas
preguntas sobre la reforma del IRPF, el tema de la posibilidad de una
nueva reforma laboral, que tanto usted como el señor Aznar han anunciado;
el tema de las privatizaciones, cómo se va a enfocar, si en función de
las palabras del señor Aznar o de los desmentidos que están haciendo los
dirigentes locales y provinciales del Partido Popular, si van a tener en
cuenta ustedes la reducción de la jornada a 35 horas, de las horas extra,
etcétera, y si van a considerar o no la posibilidad de legislar con
respecto al tema de los beneficios empresariales y la posibilidad de
crear fondos de inversión obligatoria.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Voy a intentar ser breve, puesto que esta sesión
se está alargando muchísimo. Quizás, señor presidente, deberíamos haber
comenzado antes y haber previsto el interés que tenía esta intervención
del ministro de Economía. Así pues, condensaré en este turno las
reflexiones que mi grupo quisiera transmitir al ministro de Economía.

Señor ministro, bienvenido a esta Comisión. Hemos escuchado su informe,
que básicamente tenía dos direcciones: hacer un balance de toda la acción
de la política económica desarrollada en estos momentos y anunciar los
propósitos que están en la actualidad en el Gobierno para ser impulsados
en los próximos meses.

Mi grupo, en primer lugar, quiere transmitirle que compartimos la
valoración política sobre la actual situación económica y sobre las
buenas perspectivas económicas que se presentan para nuestra economía a
corto plazo. La economía española está en condiciones de incorporarse a
la peseta en la tercera fase de la Unión Monetaria e iniciar, junto con
las restantes economías de Europa, la nueva etapa del euro, y esto debe
ser un elemento a destacar políticamente. Mi grupo quiere sumarse en esta
intervención a la coincidencia de la valoración que se hace del momento
económico y congratularse de que las cosas, en materia



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económica, se hayan hecho bien, se estén haciendo bien y se orienten para
un futuro inmediato de forma positiva.

Como usted sabe, señor ministro, hemos contribuido a definir el diseño de
esta política económica, hemos contribuido a garantizar la estabilidad
política necesaria para poder aplicarla, hemos compartido las decisiones
más importantes en esta Cámara cuando se nos han planteado e incluso
hemos sido autores y promotores de algunas de las decisiones que se han
aplicado últimamente. Por lo tanto, no podíamos concluir de otra forma
que congratulándonos de la buena situación en que está en estos momentos
nuestra economía y de la política económica que se ha aplicado en los dos
años de esta legislatura.

No es cierto que estemos en un ciclo mágico, no es verdad que lo que nos
sucede o lo que nos pasa sea fruto de un ciclo mágico, en el que en estos
momentos estamos subidos en él y de él se desprenden todas estas bonanzas
económicas. No es cierto. Se han hecho las cosas que se debían hacer para
estar en la situación en que nos encontramos. Si no se hubieran hecho las
cosas que se han hecho, hoy no estaríamos haciendo este balance de
nuestra situación económica. En este sentido, señor ministro, se ha
trabajado y mucho. Podrá discreparse de lo que se ha hecho --sin duda eso
siempre es de respetar--, pero lo que no se podrá decir es que en esos
dos años de legislatura no se ha trabajado para poder estar en la
situación económica en que nos encontramos, capaces de entrar en la Unión
Europea.

Quiero valorar este esfuerzo, señor ministro, lo quiero valorar y
destacar porque es importante. No solamente discrepamos de que ese ciclo
sea mágico, es un ciclo que va a tener un inmediato cambio de ritmo. Yo
invito a los portavoces de los grupos que matizan o discrepan de la
actual evolución económica y que han intervenido a que reflexionen en no
anunciar una perspectiva de cambio de ciclo. Hoy no se conoce nada sobre
la mesa para poder anunciar un cambio inmediato de ciclo. Tenemos una
buena perspectiva de ejercicio económico para el año 1998, hay una buena
perspectiva de inicio del proceso del euro y las claves económicas están
prácticamente definidas. Por lo tanto, tener durante dos años al frente
una perspectiva más cierta que incierta sobre cómo puede evolucionar la
economía no nos debe llevar a poder empezar a hablar ya de cambios de
ciclo y de inicio de otros ciclos económicos. Todo lo contrario, que sepa
la ciudadanía española y los ciudadanos interesados en seguir la
evolución económica que a corto lazo, 1998 y 1999, y por todos los
elementos que hoy conocemos --y siempre puede haber elementos nuevos que
desconocemos y que pueden hacer cambiar la situación--, las perspectivas
más inmediatas para 1998 y 1999 son positivas.

En este sentido, señor ministro, repito que debemos congratularnos.

Estamos en un buen momento, la economía española está creciendo por
encima del 3 por ciento, como usted ha dicho, y con perspectiva estable.

De lo que se trata ahora es de estabilizar de cara al futuro ese
crecimiento que estamos teniendo y eso lo compartimos con usted. A
diferencia de otros crecimientos que hemos tenido en otros años y en
otras etapas anteriores, el nuestro, el crecimiento actual, que es un
crecimiento que crea empleo, básicamente lo crea también debido a la
transformación que se ha experimentado, como ha dicho el señor ministro,
en los costes financieros, en la flexibilización laboral y en la revisión
de la fiscalidad aplicable a la actividad productiva. Esos tres
elementos, crecimiento acompañado de bajada de costes financieros, de
flexibilidad laboral y una revisión de la fiscalidad sensible a la
economía productiva, que es la que crea empleo, es lo que nos ha
permitido asegurar este crecimiento con creación de empleo implicado.

Señor ministro, nuestro grupo, no obstante, no se quiere instalar en la
complacencia. No queremos transmitir a la población que nos instalamos
políticamente en la complacencia del momento, que es bueno porque se ha
hecho todo lo que se tenía que hacer para que fuera bueno, sino todo lo
contrario, porque hay que hacer mucho más pensando en el futuro.

Quisiera, señor ministro, referirme a la segunda frase de su reflexión, a
la segunda etapa de su informe, en relación con las actuaciones y las
medidas que nos ha anunciado. Mi grupo quiere poner el acento en todo lo
que nos falta por hacer, que es mucho y es importante. Quisiera
transmitirle la trascendencia que tiene, política y económica, el nuevo
acuerdo al que hay que llegar respecto al plan para la creación de
empleo. No es una tramitación de poca trascendencia. Todos los países de
la Unión Europea van a acordar unas políticas de estímulo a la creación
de empleo y de revisión de sus marcos laborales. Esta es una pieza clave
del futuro de nuestra economía y quisiera, señor ministro, trasladarle
algunas reflexiones en ese campo.

Es importante flexibilizar, es importante iniciar esa tercera reflexión
que la economía y la sociedad española debe hacer sobre todo el marco
laboral y todos los mecanismos de estímulo para la creación de empleo. Se
hizo una reflexión importante en el último Gobierno socialista, se ha
hecho una segunda reflexión importante en el ámbito de este sector por
parte del Gobierno del Partido Popular y ahora hay que hacer una tercera,
y esa tercera la vamos a tener que hacer no unilateralmente, la vamos a
tener que hacer armonizadamente con Europa. Por lo tanto, no vayamos a
generar demonios ni reacciones, digamos, inciertas porque todos los
países dela Unión Europea van a hacer, juntamente con nosotros, esta
reflexión. Para nosotros es la tercera, para ellos, a lo mejor, es la
cuarta o la quinta.

¿Qué contenidos deberían contemplarse en esta reforma? Hay que vincular
más formación y empleo, y desempleo y reciclaje de formación. Este es un
eje y hemos de saber encontrar las medidas necesarias para vincular más
la formación y sus etapas finales para encontrar empleo --y me refiero a
los jóvenes-- y también cómo incorporar los desempleos de larga duración
mediante mecanismos de más eficacia en procesos de reciclaje de
formación, para que vuelvan a encontrar nuevos empleos. Creemos, señor
ministro, que en ese campo podemos ser efectivos y que hay ámbitos para
poder ser innovadores. Podemos plantear muchas novedades a la sociedad en
ese campo de encontrar nuevas fórmulas para vincular formación y empleo y
desempleo y reciclaje de formación.




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Señor ministro, hay que pensar en estímulos a la contratación y, en ese
sentido, nuestro grupo vuelve a considerar --y se lo transmite-- la
conveniencia de revisar los costes no salariales vinculados al empleo. No
es una propuesta novedosa que haga mi grupo, porque la Unión Europea ha
recomendado a todos los países miembros que revisen los costes no
salariales y el mandato del Ecofin último va en la dirección de revisar
los costes no salariales. Mi grupo vería con buenos ojos reconsiderar la
revisión de las cotizaciones que hoy están gravando el empleo y compensar
la influencia que eso pudiera tener en los ingresos públicos revisando
otras figuras impositivas. Deberíamos bajar el impuesto sobre el empleo y
subir, señor ministro, el impuesto sobre los beneficios. Esta es la
dinámica que habría que considerar. No estamos diciendo que proponemos en
estos momentos ninguna medida concreta, pero sí estamos diciendo que en
ese plan para la creación de empleo hay que revisar la fiscalidad que
penaliza el empleo, bajándola, y hay que subir la fiscalidad que grava el
beneficio. Yo creo que ahí podemos ser novedosos, modernos y que podíamos
ser efectivos para ayudar a crear empleo en el país.

En otra línea, señor ministro, hay que diseñar medidas y propuestas para
singularizar la microempresa. Me ha gustado mucho que usted haya valorado
políticamente la medida que se ha tomado en estos últimos presupuestos en
relación con el primer empleo. Usted se ha referido a la pequeña empresa,
pero yo quiero ser todavía más específico. Quiero hablar de la
microempresa, la empresa de uno, dos, tres, cuatro trabajadores. Esta es
la base económica que nos puede crear empleo en los próximos años y yo le
invito a que esta medida, que se ha tomado en el año 1998, se
intensifique y se vuelva a proponer para los futuros ejercicios,
revisada. Debe ser lo mismo una microempresa con cero empleados que con
uno o dos, por lo que deberíamos considerar el 10 por ciento que se puede
deducir hoy en la fiscalidad al pasar de cero a uno o dos empleados y
asimismo, el porcentaje de deducción cuando no se tiene ningún empleado,
que es del 20, se debería mantener para un solo empleado, porque va en la
línea de la medida que hemos tomado en 1998 y nos ayudaría en un futuro a
estimular la contratación en la microempresa.

Hay que pensar en una modalidad de nuevo contrato de prestación social.

Hemos de imaginar nuevas realidades de contratación y reconocer que la
sociedad está cambiando, que hay mucha gente que está haciendo funciones,
trabajos, desarrollando actividades que no son estrictamente productivas,
que tienen connotaciones sociales, que pueden ser actividades sin ánimo
de lucro, pero que, en definitiva, son actividades que requieren
especialización y formación. Deberíamos pensar en cómo se puede modificar
el marco legal y reconocer esa funciones y trabajos de naturaleza social
y de prestación social que se están realizando en nuestra sociedad, y así
reconoceríamos que una parte importante de nuestra población no está en
paro físico, porque está realizando trabajos; quizá está en una situación
de paro económico, pero está realizando trabajos de interés social para
la sociedad. Quiero también transmitirle que el empleo individual
requiere una revisión normativa; el empleo individual es la actividad que
desarrollan los autónomos cuando están haciendo trabajos parciales o muy
puntuales en la sociedad. Tenemos un marco legal en el régimen de
autónomos que tiene una barrera de entrada en el sistema demasiado alta,
que no permite reconocer la actividad individualizada que se hace en el
mercado por personas que trabajan autónomamente, que están realizando
trabajos, que optan y cobran rentas derivadas del trabajo, pero que, por
marco normativo, las barreras de entrada en el proceso de aportación y de
legitimación de sus contratos no les estimulan a entrar. En Francia o en
Inglaterra se ha modificado la normativa hoy vigente al empleo individual
para reconocer el trabajo parcial dentro del empleo individual. Por ahí
podemos ser muy efectivos y tener novedades.

Señor ministro, en ese pacto para la creación de empleo deberíamos
también tener en cuenta el ahorro colectivo como un elemento importante
del futuro, para poder integrarlo en las relaciones sociales entre
empresas y trabajadores.

En cuanto al IRPF, señor ministro, mi grupo le transmite el compromiso y
nos sumamos a la voluntad del Gobierno de afrontar esa reforma. Estamos
por esta reforma, sin duda, y vamos a hacerla de la forma más eficaz con
el Gobierno y con los demás grupos que dan apoyo al mismo; hacer una
buena reforma del IRPF, pensando en la necesaria armonización con Europa
y en que esta reforma debe tener un destinatario principal, que son las
rentas medias y bajas, así como pensando en la unidad familiar cuando
tiene miembros a cargo, hijos o ascendentes. Creemos que estas dos
condiciones mínimas nos permitirá hacer una reforma social del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas, porque el destinatario será las
clases medias y bajas y las familias con miembros e hijos a cargo.

Solamente queremos transmitirle nuestra preocupación en torno al tema de
la vivienda, y ahí quisiéramos también disipar posibles especulaciones
sobre que esta reforma va a generar perjuicios al actual régimen fiscal,
de estímulo a la adquisición de vivienda. Nuestra posición es que esta
reforma mantenga los suficientes estímulos para la adquisición de
viviendas propias, mi grupo se sumará a una reforma del IRPF que
potencie, mejore y equilibre todo el mecanismo hoy existente de estímulo
a la adquisición de vivienda propia.

Quisiera comentarle dos o tres cosas que nos parece que se tendrían que
intensificar en los próximos meses, siguiendo la línea de lo que usted ha
expuesto, aunque sin saber explicar suficientemente que son aspectos
prioritarios en la acción de la política económica. Mi grupo cree urgente
afrontar unas reformas en el ámbito financiero que permitan diversificar
los activos financieros para canalizar ahorro hacia procesos de inversión
en la sociedad. Estamos en un momento en que se está generando un ciclo
de canalización de ahorro a través del mercado bursátil, que, si no se
diversifica a otros activos financieros, podría generar algunos
desequilibrios graves a corto plazo; por ejemplo, el proyecto de ley de
fondos de inversión inmobiliaria, señor presidente, y me dirijo a usted
como presidente de la Comisión de Economía, no se puede retener



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más en esta Comisión. El Gobierno lo tramitó con acierto hace seis meses
en esta Cámara, pero no podemos retener la tramitación de este proyecto
de ley en esta Comisión. Le invito a que se debata rápidamente en la
Comisión, porque es necesario instrumentar unos fondos de inversión
inmobiliaria que tengan como finalidad preferente la vivienda y puedan
canalizar ahorro en esta dirección.

También es muy importante el proyecto de ley de entidades de capital
riesgo, señor ministro. Le felicito por la iniciativa. Mi grupo quiere
destacar que puede ser el proyecto de ley que nos permita superar un
déficit histórico en nuestra economía en cuanto a no haber acertado en la
instrumentalización de lo que debe ser la inversión de entidades de
capital riesgo. Por lo tanto, valoramos de forma importante esta
iniciativa que nos anuncia, señor ministro.

Otra cuestión es la relativa a priorizar actuaciones inmediatas.

Necesitamos, señor ministro, que el Gobierno tome conciencia de la
trascendencia que tiene acelerar toda la gestión en inversiones en
infraestructuras. En el presupuesto de 1998 se ha incorporado un capítulo
de objetivos de inversión pública eninfraestructuras;ahora hay que
realizarlos y hacerlo rápidamente.




El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Homs, vaya concluyendo.




El señor HOMS I FERRET: Voy concluyendo, señor presidente.

No podemos demorar los procesos de inversión en infraestructuras por
mucho tiempo, porque ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos y
telecomunicaciones son los cuellos clave para todo el crecimiento de la
internacionalización de nuestra economía y deberíamos tomar todas las
medidas que pudiéramos para acelerar al máximo la ejecución de las
previsiones presupuestarias.

En otro campo, en el de la internacionalización, señor ministro,
podríamos hacer mucho más para el impulso de las inversiones en el
exterior y de las exportaciones hacia los países del norte de Africa y
Suramérica. Nuestro grupo le transmite su voluntad de revisar el Plan de
comercio exterior. Tenemos una proposición no de ley que ya está en
trámite para adoptar compromisos sobre la revisión de los instrumentos
para fomentar las exportaciones y la internacionalización en ámbitos
institucionales, de fomento y del seguro a la exportación. Por ejemplo,
debemos privatizar el seguro a la exportación, señor ministro. No tiene
ningún sentido que tengamos una institución totalmente pública que sea la
que canalice el aseguramiento de la exportación exterior. Hay que
resituar esa institución en cuanto a la actividad exportadora española en
países que tienen riesgo político; ahí tiene sentido la acción pública,
pero todo lo demás hay que colocarlo en la dinámica del mercado. También
habría que revisar los instrumentos en ámbitos de formación o de
fiscalidad.

Por último, quisiera transmitirle una sensibilidad de mi grupo sobre el
tema de la morosidad. Nos preocupa y quisiéramos que también se tomara en
cuenta la necesaria tramitación en esta Cámara del proyecto de ley de
contratos, que pudiera resolver la problemática de la contratación en el
sector público y también entre empresas que tienen relación con éste.

Habría que buscar soluciones para conseguir una justicia rápida en los
problemas de morosidad --ahí deberíamos poner sobre la mesa soluciones a
corto plazo-- y también para penalizar los comportamientos de morosidad
por parte del sistema financiero, donde también podríamos proponer
medidas.

Señor ministro, termino. Nos adherimos a la valoración positiva del
momento. Se están haciendo las cosas bien en materia económica y nos
podemos congratular de ello. La consecuencia es que entramos en el euro.

Señor ministro, deberíamos invitarle a venir a esta Comisión, porque hoy
no podemos alargarnos, para reflexionar sobre la etapa poseuro. ¿Qué le
va a pasar a la economía española tras la incorporación a la moneda del
euro? Creo que ya empieza a ser necesario. Reflexionar sobre la política
económica tras la etapa de incorporación al euro. Ahí tenemos grandes
posibilidades de ser un país atractivo desde la óptica internacional para
poder consolidar nuestro crecimiento económico. España tiene grandes
posibilidades de consolidar una etapa de crecimiento vinculada a su
expansión internacional no solamente en países de nuestro entorno sino
también en Suramérica y deberíamos reflexionar sobre ello, porque creo
que es el reto de los próximos años.

Cuenta con la sensibilidad y la preocupación de mi grupo este motor que
es la economía, base de una sociedad que pueda luego generar empleo y
riqueza y, a partir de ahí, plantearse cómo la redistribuye de forma
solidaria y justa. Quisiera cerrar mi intervención diciéndole que estamos
por que el motor de la economía sea potente, crezca y genere empleo y
riqueza, pero también estamos por repartir la riqueza, por redistribuirla
solidariamente, y en ese sentido quería transmitirle tres campos
importantes de actuación. El sector público deberá ser el instrumento de
redistribución de la riqueza a través del mantenimiento y la mejora del
sistema público de pensiones, la sanidad deberá experimentar una mayor
atención de gasto y la enseñanza deberá tener una preferencia a la hora
de priorizar el gasto público. Mantener y mejorar las pensiones, mejorar
los gastos en sanidad y mejorar los gastos en educación son los tres
pilares de la redistribución de la riqueza que debe generar nuestro motor
económico en estos próximos años. En ese sentido, vamos a presentar
iniciativas para tenerle lo más pronto posible otra vez en esta Comisión
y poder hablar no del pasado, que valoramos positivamente, sino del
futuro, de los próximos años, tras la entrada de España en el euro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también la comparecencia del
señor ministro de Economía y después de que termine de sonar el teléfono
voy a ser lo más breve posible en una reflexión, aunque pese a la
intención de la brevedad, a veces no suele ser posible por el hecho de
que son muchos los temas que se han tratado y, al final, lo que ocurre a
estas alturas de la legislatura es que es difícil no hacer un balance del
grado de cumplimiento



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de los objetivos y de las previsiones que existen hasta el final de la
misma. No voy a entrar en los pormenores de lo que ha sido la política
del Gobierno en materia económica. Sí creo oportuno señalar aquellos
aspectos más significativos, tanto positivos como negativos, y al mismo
tiempo conocer cuáles son las expectativas y los programas de medidas de
política económica del Ministerio de Economía de cara al futuro, algo que
yo creo que ha quedado ya suficientemente explicado en la intervención
que ha hecho el señor ministro.

En su comparecencia ante esta Comisión en mayo de 1996, el ministro de
Economía presentó las líneas maestras del departamento para esta
legislatura. Eran momentos difíciles por los que estaba atravesando la
economía española, con desequilibrios macroeconómicos aún sin controlar,
con un déficit público excesivo, altas tasas de inflación --3,5 por
ciento, con una inflación subyacente del 3,8--, aunque ya se empezaban a
reducir con motivo más bien de la ralentización de la economía, que creía
al 2,3 por ciento, sin ayuda de una política monetaria, con tipos de
interés alto y todo ello agravado por altas tasas de paro --el 22,6 por
ciento-- y poca generación de empleo. Esa era la expectativa que existía
en el momento en que en el año 1996 se presentó con su programa el
ministro de Economía, un panorama preocupante, si bien explicable después
de la salida de una crisis profunda de la economía como la que se había
sufrido en los últimos años.

En este contexto mi grupo parlamentario expresó su acuerdo con las líneas
generales y los objetivos de la política económica que expuso el señor
ministro de Economía. Hoy, a la vista de los resultados, podemos decir
que no nos equivocamos. La dirección de la política económica es buena,
yo creo que ha sido acertada y ahí están los resultados: se está
consolidando el crecimiento económico por encima del 3 por ciento, se
están mejorando todas las previsiones, el déficit público se ha reducido
en el 2,6 por ciento del producto interior bruto en el año 1997 --0,4
puntos por debajo de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado
iniciales-- y la contención de la inflación ha permitido una política
monetaria de reducción de los tipos de interés que se acerca a la media
comunitaria. Sólo el endeudamiento público supera los límites
establecidos en el Programa de Convergencia. Podemos decir en definitiva
que atendiendo a los parámetros macroeconómicos los resultados de la
política económica son evidentes.

Sin embargo, todo en política, como en la vida, es relativo y en economía
también. Los buenos resultados alcanzados no nos deben de confundir ni
hacernos caer en posiciones triunfalistas que no nos permitan analizar
con serenidad y rigor la situación económica. Si alcanzar los parámetros
de convergencia era uno de los objetivos del Gobierno y de la mayoría de
los grupos parlamentarios, si entrar entre los primeros de la tercera
fase de la unión monetaria era una especie de premio al esfuerzo, y ya
nadie duda de que lo vamos a conseguir, quedaba el objetivo principal, la
creación de empleo. Usted, señor Rato, decía entonces --me refiero a mayo
de 1996--, y leo textualmente: Las deficiencias de nuestra situación de
empleo son suficientemente conocidas por todos. España se sitúa a la
cabeza de la tasa de paro; España se sitúa a la cabeza de la temporalidad
en el empleo; España se sitúa a la cabeza del paro de larga duración y
tiene la más baja tasa de actividad no sólo de la Unión Europea sino de
los países industriales.

Así era, tal y como lo dijo entonces. El problema es que este análisis
sigue siendo válido hoy. Hemos avanzado, es cierto, en la creación de
empleo --según la contabilidad nacional, 340.000 empleos netos en 1997,
frente a 178.000 en 1996--, pero no es suficiente y no lo es por dos
motivos, uno, porque partimos de una tasa de paro por encima del doble de
la media europea y, por tanto, nuestro esfuerzo debe de ser también el
doble del de los demás países; otro, porque estos resultados son
fundamentalmente producto de un crecimiento económico motivado por la
confluencia de algunos factores exógenos a la economía española, más que
de las medidas de reestructuración de la propia economía y de la política
de empleo. A esto hay que sumar el hecho de que las declaraciones que
conocemos del señor Kohl ante el presidente del Gobierno ya han dejado
claro y constatado que la ayuda europea, es decir, los fondos de cohesión
ya no pueden ser utilizados por el Estado español, por cuanto que debemos
de repartirnos los costos de la nueva ampliación, y los fondos de
cohesión han sido positivos para el crecimiento de la economía hasta este
momento. Por tanto, este avance de la economía hoy hay que matizarlo. Hay
que ser prudentes en su valoración y huir de triunfalismos. Aún estamos
en tasas de paro del 20 por ciento, y la previsión según los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 es de una tasa del 19,5 por ciento, es
decir, que si analizamos la tendencia presupuestaria de los últimos años,
en 1994 habíamos previsto una tasa de desempleo del 24,2 por ciento; en
1995, del 23,3; en 1996, del 22,6; en 1997, del 21,5 y en 1998, del 19,5,
lo que hace una media anual de reducción de 1,5 puntos, reducción a todas
luces insuficiente si no queremos, en el mejor de los casos, tardar más
de seis años en alcanzar la tasa media europea, en la hipótesis de que
los demás países mantuviesen sus tasas de desempleo actuales, cosa
improbable; dada la globalidad de nuestras economías y más a partir del
ingreso en la unión monetaria, si nuestra economía crea empleo, también
lo va a crear la de los demás. Por tanto, esas diferencias con la media
europea puede que aumenten en caso de que no tengamos la suficiente
capacidad como para reducir la tasa a más ritmo.

Todos sabemos que el desempleo es el mayor problema de los países
europeos, en concreto de los comunitarios, donde sobrepasa la cifra de 18
millones de personas, pero esto no puede justificar la situación
española, menos en estos momentos en que estamos creciendo por encima de
la media de estos países. Si algo ha tenido de positivo la pasada cumbre
sobre el empleo celebrada en noviembre del año pasado en Luxemburgo, es
precisamente el hecho de que haya sido un Consejo extraordinario dedicado
exclusivamente a este problema y al establecimiento de una política
coordinada para la búsqueda de soluciones. El desempleo no ha estado
entre los requisitos de convergencia para la entrada en la unión
monetaria. Esto hace que sea necesario buscar fórmulas comunes entre los
países europeos que obliguen a los gobiernos a combatir prioritariamente



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este grave problema, con especial atención al paro juvenil y al de larga
duración. El Gobierno español no ha querido comprometerse a aplicar en
cinco años las medidas relacionadas con el empleo juvenil y el paro de
larga duración y esta postura contrasta con que, según todas las
manifestaciones de los responsables del Gobierno, el paro sea el
principal problema de la economía española. Es cierto que sin la
complicidad de los agentes sociales difícilmente se puede avanzar. Sin
embargo, aquí también juega un papel principal el Gobierno, propiciando
que empresarios y trabajadores a través de sus representantes se
involucren activamente en la búsqueda de fórmulas que eliminen las
barreras que el actual sistema de relaciones laborales supone y que
abandonen sus posturas inmovilistas, que todavía están ancladas en
reivindicaciones que no conducen a solucionar los problemas del
desempleo, fundamentalmente de estos colectivos. Ahora aparece como la
fórmula mágica la reducción a las 35 horas semanales. Yo creo que es una
simplificación de lo que pueden ser las soluciones del problema del
empleo. Ya sabemos que no es un tema de fácil solución, pero no sirve que
todos los partidos lo pongamos en nuestros programas electorales como
objetivo prioritario ni que el Gobierno lo establezca como su objetivo
principal si a continuación no somos capaces de ser consecuentes con esta
prioridad. El paro es la consecuencia del sistema económico y social y, a
su vez, éste es el reflejo del conjunto de políticas que establece el
Gobierno. Si el avance en el crecimiento económico no se traduce en mayor
generación de puestos de trabajo, es que aún no se han tomado todas las
medidas relativas a reformas estructurales o que las que se han tomado no
han sido suficientemente eficaces; en nuestro caso, puede que sea por
ambas cosas a la vez. A pesar del gran número de normas aprobadas en lo
que va de legislatura, las medidas de liberalización de los mercados no
son suficientes y lo mismo pasa con la reforma del mercado laboral, la
consolidación fiscal, la reforma tributaria y la reforma de la
Administración pública. A nuestro entender, éstas son medidas que
necesitan de mayor profundización.

Los monopolios desaparecen del sector público, pero corren el riesgo de
convertirse en lo mismo en el sector privado. La reforma laboral ha sido
tímida porque no se han abordado los problemas de fondo. El déficit
público se contiene, pero los gastos públicos no, sobre todo en educación
y sanidad. No se ha resuelto el problema de la financiación de la sanidad
pública, a pesar de haberse analizado en una comisión parlamentaria. Está
pendiente la reforma global de la Ley General Presupuestaria, aunque se
hayan hecho modificaciones puntuales, como la Ley de medidas de
disciplina presupuestaria. La reforma tributaria se ha abordado en parte;
se ha hecho la reforma del Impuesto sobre Sociedades en la tributación de
las pequeñas y medianas empresas, que, por cierto, ha sido insuficiente,
no tanto por la importancia de su contenido --me refiero a las medidas
que se han establecido en la política fiscal para las pequeñas y medianas
empresas--, sino por el hecho de que no aborda suficientemente un
colectivo de empresas como son aquellas de las que estábamos hablando, es
decir, que el 96,5 por ciento --lo acaba de decir el ministro-- son
empresas pequeñas y medianas. Creo que habría que revisar el criterio de
pequeña y mediana empresa y establecer unos márgenes superiores, de forma
que muchas más empresas pudieran acogerse a la política sobre la pequeña
y mediana empresa. Es más un problema de dimensión colectiva que de las
propias medidas.

También se ha promulgado la Ley de derechos y garantías del
contribuyente, desde nuestro punto de vista --lo dijimos en su momento--
de escaso valor práctico. Falta poner en marcha la reforma de la
Administración tributaria. Tenemos a la vista la reforma del Impuesto
sobre la Renta, uno de los mayores retos de la reforma fiscal. Yo creo
que aquí se presenta una oportunidad largamente demandada de reforma de
la tributación personal que debe ser profundamente debatida; si existe
una regulación que debe serlo creo que es ésta, pues hay que alcanzar el
mayor consenso posible y no sólo político sino también social. Por tanto,
la reforma del IRPF es uno de los retos más importantes en política
económica y en política tributaria que tenemos de aquí al final de la
legislatura. Queda pendiente la reforma de la imposición indirecta,
fundamentalmente del IVA, y de la financiación de las haciendas locales.

Está paralizada, como decía, la reforma de la Ley General Tributaria. A
pesar del Pacto de Toledo, tampoco se ha resuelto el problema de la
financiación de la Seguridad Social y no porque el pacto no sea válido,
sino porque no se han desarrollado todas las recomendaciones que
contemplaba y principalmente las relacionadas con la gestión de la
Seguridad Social, siendo insuficientes para mi grupo parlamentario
algunas de las medidas contempladas en la Ley de consolidación y
racionalización de la Seguridad Social. Si a esto unimos la paralización
de algunos proyectos de ley, como la reforma del mercado de valores o el
régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva,
podemos concluir que a pesar del camino recorrido aún nos queda mucho
pendiente. A veces nos da la sensación de que estamos caminando por una
carretera de segunda en vez de por una autopista, que es por donde
deberíamos conducir en estos momentos la política económica.

En estas condiciones, difícilmente podemos ser optimistas sobre el futuro
del empleo, y eso contando con un entorno como el actual: favorable
coyuntura económica internacional, salvo el problema de Japón,
pertenencia segura a la unión monetaria, estabilidad en los mercados de
capitales y creciente nivel de competitividad de nuestra economía
demostrado por la favorable evolución del sector exterior, donde la
exportación vuelve a aportar, en el año 1997, un 0,7 por ciento del
crecimiento del producto interior bruto, pero, como dijo Galbraith, en
política como en economía, nada es seguro, salvo la certeza de que los
que no saben nada harán fuertes predicciones. Yo no seré el que las vaya
a hacer. Sin embargo, sería bueno preparar las estructuras económicas
para afrontar con garantía situaciones de menor crecimiento económico, y
no se va a presentar mejor momento que el actual, en el que se da un
marco económico tan favorable como el que acabo de describir --también lo
ha hecho el señor ministro-- propiciado por una estabilidad política
absolutamente necesaria, que está contribuyendo decisivamente a la
consolidación



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del crecimiento económico. El ministro de Economía decía que para la
creación de empleo es necesaria la estabilidad económica. Yo continúo,
para la estabilidad económica es necesaria la estabilidad política. La
entrada en la unión monetaria permitirá una estabilidad cambiaria y una
convergencia de los tipos de interés, elementos que ya no podrán ser
utilizados por los mercados para decidir sus inversiones, con lo cual,
las expectativas económicas y la estabilidad política de los países
pasará a un primer plano. Y esta necesaria estabilidad política es la que
debe propiciar el Gobierno. No hace falta señalar que nuestro grupo ha
contribuido responsablemente a crear este clima de estabilidad con su
apoyo parlamentario. Queremos seguir manteniendo nuestra contribución
hasta el final de la legislatura, pero nos da la impresión de que no
todos los responsables del Gobierno valoran suficientemente nuestro
apoyo. Sería un error grave infravalorar el apoyo del Grupo Parlamentario
Vasco. El sistema económico necesita consolidarse. Las reformas
legislativas requieren del mayor consenso posible y todo ello no se
logrará sin un clima de serenidad política y de estabilidad
parlamentaria, lo que espero de la responsabilidad de todos pero
fundamentalmente del Gobierno en unos momentos tan decisivos como los
actuales.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Es evidente que después de cuatro horas de
debate y siendo las tres de la tarde, como no prometa brevedad, creo que
las caras de SS. SS. van a ser muy explícitas en el mensaje que me van a
mandar.

Señor vicepresidente, señor ministro de Economía, Comercio y Hacienda,
bienvenido a esta Comisión de Economía. Junto con la bienvenida, creo que
se han producido con elegancia algunas referencias a la frecuencia o no
de su presencia en esta Cámara y en esta Comisión --aunque esa elegancia
no ha estado tan presente en otras declaraciones-- y me permitiría, para
cerrar esta pequeña polémica, invitar a los comisionados a que hagan un
ejercicio, y es mirar simplemente en la última legislatura de 1993-1996
las ocasiones en las que compareció su antecesor en el cargo. Comprobarán
una cosa muy curiosa. El señor Solbes, a los efectos de hablar de
economía o de la situación política y económica, vino sólo una vez y fue
precisamente esa que ustedes consideran de cortesía, que es la inicial,
cuando el ministro viene a plantear las líneas generales de su
departamento. No volvió nunca más a hablar de economía y fíjense ustedes
que el año 1993, quiero recordar, fue el año en que hubiera sido muy útil
hacerlo y reflexionar en voz alta sobre la misma, puesto que si recuerdan
bien, en ese año pasamos una de las peores crisis económicas que se han
registrado en los últimos años en España. El resto de las ocasiones que
el señor Solbes vino a esta Comisión de Economía, exactamente cinco, lo
lamento, pero lo hizo para hablar sobre sucedidos o, si me apuran, sobre
sucesos: en una ocasión fue sobre el caso Banesto, en otras sobre
Ferruzzi, la sustitución necesaria --y dejémoslo así-- del gobernador del
Banco de España, el asunto de las primas únicas y alguna que otra
devaluación, que por aquellas fechas se producía con cierta frecuencia.

Para hablar de economía sólo vino en una ocasión. Es ilustrativo el
ejercicio de este repaso.

Entrando en el tema que nos ocupa, quiero que la primera parte de mi
intervención en nombre del Grupo Popular se refiera al empleo.

Reconocerán SS. SS. conmigo que el paro español registra una tasa
bastante lacerante, pero desde que el Partido Popular ha llegado al
Gobierno esa tasa ha ido decreciendo de manera constante. Incluso, si
miramos los datos de creación de empleo del año 1996, 178.000 nuevos
empleos; del año 1997, 371.000 empleos, y de la previsión para 1998,
318.000, y suman ustedes esas cifras, qué curiosidad, resultan 800.000
nuevos puestos de trabajo. Ahora se está haciendo realidad lo que otros
en ocasiones anteriores prometieron y no fue posible llevarlo a cabo,
800.000 nuevos puestos de trabajo.

Si repasáramos cómo se está creando empleo, puede ser que tengamos que
manifestar la satisfacción por estos 800.000 nuevos puestos de trabajo,
pero que también tengamos que expresar nuestra insatisfacción al mismo
tiempo porque el ritmo de creación de empleo pudiera no estar al nivel
deseado por todas sus señorías, pero es un hecho que a la vista de la
intervención del señor vicepresidente segundo podemos deducir con toda
claridad que hay un dato muy importante y es que precisamente en momento
de crecimiento intenso, como el que se está registrando, de un 3,4 ó 3,5
por ciento, se está produciendo una creación de empleo a ritmos del 3 por
ciento, lo cual viene a indicarnos que está descendiendo el umbral en el
punto a partir del cual en el crecimiento económico aparece el aumento de
la creación de empleo, lo cual también debería producirnos satisfacción.

Es evidente que habrá que hacer muchas cosas más en materia de empleo y
por eso en mi intervención terminaré también hablando de empleo y
haciéndole una petición, señor vicepresidente, que ponga todos los
ministerios a trabajar en la misma dirección y que esa dirección sea la
de la creación del empleo.

He querido empezar con estas referencias al empleo porque no me ha
parecido prudente hacerlo con una parte de la intervención que tenía
preparada en materia de privatizaciones, pues el tono del debate que se
está produciendo es cordial y agradable, aunque ha habido un rasgo de
acidez del que tengo que contestar, porque no sé por qué se tienen que
llegar a pronunciar palabras como que la derecha se apropia de las
mejores empresas. Es una frase que sobra y yo no la diría desde los
bancos donde podemos recordar operaciones como Marconi, Galerías o
Rumasa. No sería bueno entrar en este tipo de contrates y sería mejor
hablar del proceso de privatización, en la discrepancia, si se quiere,
pero no bajo la acusación de que la derecha se apropia absolutamente de
nada. Es un proceso de privatizaciones transparente, al que está
asistiendo todo ciudadano español en el mercado bursátil y, por tanto, es
un proceso ejemplar. Podrá gustarnos o no gustarnos hasta el límite que
se está llevando el proceso, pero esas discrepancias reflejan las
distancias entre unos grupos políticos y otros.




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He de saludar, señor vicepresidente, con satisfacción que por primera vez
--yo llevo nueve años en esta Cámara y en esta Comisión de Economía-- un
gobierno cumple las previsiones macroeconómicas y presupuestarias que se
han planteado, y las cumple incluso con holgura para bien. Eso quiere
decir que, en efecto, las previsiones que se están haciendo en la
economía española desde el Gobierno son, como S. S. ha subrayado,
moderadas a las que luego el tiempo viene a dar la razón. Por eso, cuando
estamos ante un Gobierno que cumple de manera muy razonable y exitosa sus
previsiones y, por tanto, sus objetivos en materia de política económica,
debo reconocer que no sé por qué hay que instalarse en el escepticismo
respecto al futuro. Hace escasamente dos años ya sé que se decía que esta
gente del Partido Popular éramos... Bueno, ¡qué cosas se nos han dicho!
Que van a llegar y se va a acabar el diálogo, pero hay diálogo, que van a
llegar y se va a acabar la estabilidad política y económica, pero hay
estabilidad política y económica; que van a llegar y que van a quitar las
pensiones, y aquí nadie ha quitado las pensiones; ahí están, reforzadas y
fortalecidas. Yo comprendo que en aquella ocasión hubo que decir que las
previsiones y que los objetivos de la economía política del Gobierno no
se iban a cumplir y que eran voluntarismos y deseos más que previsiones
técnicas. El tiempo ya puede hablar, y lo hace precisamente confirmando
que aquellas previsiones eran razonables y que aquellos objetivos se han
cumplido. Por tanto, yo movería a aquellos que se quieren instalar en el
escepticismo a que tengan un poquito más de confianza, la misma que los
mercados están señalando día tras día a la economía española.

También debemos saludar, señor vicepresidente, en esta intervención la
calidad del crecimiento que está registrando España. Es cierto que el
entorno internacional muestra signos muy favorables en la evolución de
sus economías, pero también es cierto que España los intensifica e
incluso que, partiendo de posiciones más desfavorables respecto a otros
socios de la Unión Europea, ha tenido que hacer un mayor recorrido para
incorporarse en plenas condiciones en la integración europea. Lo está
haciendo, insisto, con un crecimiento de mucha calidad, un crecimiento
bonancible que aumenta por encima de las tasas de inflación, que, como
hemos dicho antes, registra un descenso del umbral de creación de empleo.

He tomado muy buena nota el subrayado que ha hecho el señor
vicepresidente cuando nos ha indicado que el 88 por ciento del
crecimiento que se registra está destinado fundamentalmente a la creación
de empleo; un crecimiento que además es compatible con la corrección
prácticamente de todos los desequilibrios históricos y básicos de la
economía española; un crecimiento que convive con un comportamiento del
sector exterior que, como se ha dicho aquí anteriormente, ya no es
limitativo en su composición. Bien es cierto que no he entendido alguna
afirmación respecto al sector exterior y de si es bueno que la balanza
por cuenta corriente esté en superávit o en déficit. Yo considero que si
la balanza por cuenta corriente está en superávit es bueno, pero si hay
gente que entiende que eso no es así (El señor Martínez Noval: Depende.),
pues allá ellos. Si analizamos el comportamiento de la balanza por cuenta
corriente, la comercial, servicios y de transferencias, y vemos cuáles
son las razones de ese superávit, me da la impresión de que
comprenderemos que es bastante satisfactoria. Y como decía, es un
crecimiento sano, porque además ha podido confirmar que se está
produciendo el despegue a través del consumo.

Aquí ha habido varias intervenciones, unas sobre las que yo, como Grupo
Popular, tengo que mostrar mi satisfacción, porque hemos podido escuchar
propuestas, iniciativas de futuro y, en definitiva, todo un grado de
confianza respecto al respaldo que hay y que tiene el Gobierno; y otras,
que ya son reiterativas, que son muy leves en el tono de la crítica
--será que no hay mucho que criticar-- y están absolutamente vacías de
alternativa. No escuchamos alternativas, y nos entretenemos cordial y
atentamente en alguna que otra excursión verbal que casi siempre termina
con ese escepticismo para el futuro, que luego los hechos vienen a
confirmar que no es así.

El señor vicepresidente ha hablado de la disciplina presupuestaria, que
es una de las medidas que está haciendo posible que España esté
aprovechando, de mejor manera que el resto de los países, este momento de
expansión económica.

Creo que es un dato ilustrativo para todos ver que en el año 1995
teníamos un déficit del 7,3 y en 1997 hemos alcanzado un déficit del 2,6.

También la calidad del rigor y la ortodoxia en la ejecución
presupuestaria vienen dadas precisamente por las series históricas que se
publican en relación con las desviaciones que se están produciendo en
dicha ejecución, y no voy a repetirlas porque ya las ha mencionado el
señor vicepresidente, pero ahí queda constancia. Estamos ante una serie
histórica que claramente va en descenso y que se intensifica mucho desde
la llegada del Partido Popular a las responsabilidades de Gobierno.

Creo que es importante el dato que hoy hemos podido anotar en relación
con el comportamiento del déficit primario. Poder comprobar que,
excluidas las cargas de intereses, el déficit primario se convierte en
superávit, considero que es una muy buena noticia, así como que eso se
pueda seguir manteniendo en un futuro en esa composición. En el hecho de
que la cuenta del ingreso y del gasto, excluidas las cargas por interés,
se comporte de esta manera reside uno de los pilares importantes para
poder hablar con garantía en un futuro de la sostenibilidad de la
política presupuestaria del Gobierno.

Las medidas han sido repasadas y, por tanto, no voy a hacer mención de
ellas. Debo reconocer que, si hoy la economía merece la misma opinión a
todos los observadores --incluso he podido notar que la oposición también
ha subrayado en algún momento de su intervención el buen momento por el
que atraviesa la economía española--, algo influirá, por supuesto, el
entorno internacional, pero bastante tendrán que ver las medidas de
política económica que se están practicando, como las de liberalización,
las que he mencionado de disciplina presupuestaria, todo aquello que
concierne a la formación de precios, la caída de los tipos de interés y
las modificaciones fiscales que han sido enunciadas.




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España, hace escasamente dos años, era uno de esos países, de los quince
de la Unión Europea, que no contaba para estar en la fase de la moneda
única. Quiero recordar que por entonces, hace dos años, sólo seis países
cumplían los criterios de convergencia. Lo digo porque parece ser que
antes alguien quería comparar y decía que en 1995 ningún país cumplía los
criterios de convergencia. No es cierto; si nos vamos a los libros se ve
perfectamente que en 1995 hay seis países que cumplen los criterios de
convergencia o están en la senda de cumplirlos. España en aquel momento
estaba absolutamente descartada, puesto que no cumplía ninguno. No será
este grupo, en ningún caso, el que vaya a calificar las actitudes o las
tácticas y técnicas de otros Estados miembros; creo que sería una
imprudencia. Cada país responde de sus actuaciones y nosotros no
deberíamos, como miembros de la Unión Europea, hablar ni calificar a los
otros países. Pero pasados estos años --insisto-- España cumple con
satisfacción todos los criterios de convergencia y hoy es un valor
seguro.

Hemos tomado buena nota, señor vicepresidente, de lo que consideramos uno
de los elementos más importantes de la política y de los debates de
política de este año 1998 en torno al IRPF; habrá muchas horas para poder
debatir el contenido de las mismas. Anoto con satisfacción que desde el
Grupo Socialista no se quiere hablar de la reforma del IRPF hasta conocer
precisamente el texto del proyecto que lo modifique. Me parece una
postura sensata; contrasta con otras declaraciones socialistas, que
estamos viendo salir insistentemente en el debate de la reforma del IRPF,
sobre el ya reiterativo y muy malgastado, creo, debate de los ricos y los
pobres. Parece ser que, cada vez que el Gobierno va a hacer algo, si se
trata de sanidad, existe enfrentamiento ricos-pobres; si se trata de
privatizaciones, estamos favoreciendo a los ricos y perjudicando a los
pobres; que vamos a hacer algo sobre educación, estamos favoreciendo a
los ricos y perjudicando a los pobres. Siempre que hay una medida de
Gobierno sale esa especie de cantinela de ricos y pobres. Me parece
sensato no se hable hasta tanto se conozca el contenido de la reforma,
aunque no estaría de más un pronunciamiento respecto a lo que ya es
público, como es el documento de los expertos.

Señor presidente, termino con la petición que enuncié en el inicio de mi
petición. Señor vicepresidente, el Grupo Parlamentario Popular le rogaría
hiciera todos los esfuerzos y adoptase todas medidas en una misma
dirección: la creación de empleo, porque estamos ante el principal y más
grave problema que tiene la economía española.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Economía y
Hacienda, vicepresidente segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Muchas gracias a todos los portavoces de los grupos por
el tono y el contenido de sus intervenciones.

Entro directamente en las apreciaciones de cada uno de ellos de la manera
más breve posible. La intervención del señor Martínez Noval ha sido muy
amplia y ha tocado muchos temas, y me gustaría contestarlos todos si es
posible. En cuanto a sus apreciaciones sobre mi afirmación de que España
es un país o no periférico en lo que a Europa se refiere, en términos de
mercado, el señor Martínez Noval me entendía y los demás también. Los
países centrales son los que forman el área del marco, probablemente
Francia incluida, y los países periféricos somos otros. Probablemente,
esa consideración está cambiando; de hecho ha cambiado como consecuencia
de la transformación de algunas economías, entre ellas la española.

La pertenencia o no al G-7 --perdone que le diga-- creo que no tiene nada
que ver con este tema, puesto que otros países que se encuentran en la
misma situación que España, desde el punto de vista de los mercados
financieros europeos, pertenecen al G-7. Lo que me parece relevante,
independientemente de los debates nominales que no creo que tengan ningún
interés, es que España --y he querido ponerlo de relieve-- no sólo ha
hecho un ajuste más intenso que la mayoría de los países en los últimos
dos años en términos de inflación o de déficit público, sino que además
con respecto a los que han hecho ese ajuste hoy tiene una consideración
en los mercados más estable; eso no hay por qué ocultarlo, con todos los
respetos para todos los demás. Quizás lo único que nos indica es que
debemos continuar con la política económica que llevamos hasta ahora o
profundizarla. Esa era la intención de mi apreciación.

En cuanto a la afirmación de que la única ventaja que ha tenido la
política económica del Gobierno es que no ha hecho nada para separarnos
de los mejores, habida cuenta de que en este momento tenemos un
crecimiento sustancialmente superior a la media, una situación de
inflación como la media y una reducción del déficit público más intensa
que la media, nos llevaría a la conclusión, señor Martínez Noval, de que
los gobiernos no deberían hacer nada.

Habida cuenta de que este Gobierno en los últimos dos años, además de
presentar las leyes de presupuestos, ha modificado el sistema de
financiación autonómica, el sistema de financiación de la sanidad, el
tratamiento de las plusvalías, de las pyme, sólo en el área económica,
por no hablar de otras, creo que ése es un debate en el que,
sinceramente, el Gobierno no se puede decir que no haya actuado; creo que
lo ha hecho y mucho. Lo que es probable es que no todas hayan tenido el
respaldo parlamentario que el Gobierno hubiera preferido y a lo mejor
algunos de los que en aquel momento se opusieron también hubieran
preferido no haber tenido la posición de oposición en su momento. Hay
otras reformas que mencionaré más adelante --al no citarlas no es que no
les dé importancia-- como es la reforma del mercado laboral.

Me plantea el señor Martínez Noval que existe una contabilidad creativa
--también lo ha dicho el señor Saura--. Señorías, hay unas reglas de
Eurostat. No creo que debamos en estos momentos plantearnos que las
reglas de Eurostat son siempre beneficiosas para los países. Quiero
recordar a la Comisión que en 1995 una parte de las privatizaciones se
aplicó a la reducción del déficit público en términos de contabilidad
nacional y hoy no podemos hacerlo. Por tanto, es una medida que nos ha
perjudicado,



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como puede haber otras que nos hayan beneficiado. Es un error plantear el
término de contabilidad creativa en ese sentido. Lo que es importante es
ver si las medidas que toma un determinado Gobierno son o no sostenibles
en el tiempo con unas determinadas reglas de contabilidad, eso es
indudable. Estamos sometidos a una contabilidad que no sólo es la que
fija el Instituto Nacional de Estadística o la Intervención General del
Estado, sino que es la que fija Eurostat. Esa es la que nos permite
contabilizar unas cosas de una determinada manera o de otra. En ese
sentido, me parece más importante plantear el debate en términos de rigor
presupuestario o de sostenibilidad presupuestaria que comparar si las
medidas sobre France Télécom o sobre los hospitales alemanes son o no de
la misma entidad que otras medidas que haya podido tomar Italia o
Bélgica. Me parece que ese debate no tiene demasiado interés, aunque,
como es natural, si SS. SS. lo quieren tratar son muy dueños de hacerlo.

Dice el señor Martínez Noval que existen elementos preocupantes en la
economía española. Por un lado, él duda de que las ventajas en el
tratamiento del ahorro, las ventajas tributarias tengan efectos sobre el
ahorro; ése es un debate entre su grupo y el mío tan viejo como la noche
de los tiempos y, seguramente, nos mantendremos en él. Quisiera llamar la
atención, frente a las dudas que él plantea, sobre que no es lo mismo
establecer una tasa de ahorro de las familias con un crecimiento de la
economía basado en la demanda interna, con un crecimiento del consumo
importante, que en momentos anteriores. Por eso, me parece relevante que
cuando hablamos de crecimientos del consumo superiores al tres por
ciento, como se produjo en España en el año 1990, nos encontremos con que
entonces el ahorro de las familias era el 10 por ciento y en este momento
es el 12 por ciento. El señor Martínez Noval nos dice, y es verdad, que
no ha aumentado el ahorro de las familias y hemos tomado medidas, pero sí
ha aumentado considerablemente el consumo y no se ha reducido el ahorro
de las familias. Si el señor Martínez Noval pretende que nosotros creamos
que todas las medidas que tomemos sobre el ahorro tienen una traslación
de la unidad, seguramente, yo le reconocería que no es así. Sin embargo,
estoy convencido de que en estos momentos las medidas sobre el ahorro son
imprescindibles, y lo son para garantizar el crecimiento de la economía a
medio plazo, y con esto entro en un segundo argumento que ha planteado,
que es el del sector exterior.

El señor Martínez Noval nos ha dicho que él ve con preocupación que en
este momento la economía española tenga un superávit por cuenta
corriente. Yo tengo que decirle, primero, que lo que quizá sería
preocupante al inicio del ciclo es que tuviéramos un fuerte déficit, lo
que nos indicaría que estábamos agotando las posibilidades de
crecimiento. Segundo, lo que todos también tenemos que reconocer es que
se está produciendo una disminución de ese superávit, que indica que
todavía tenemos un margen de aumento de la inversión, pero que lo podemos
reducir si aumentamos la inversión o mantenemos sus niveles durante los
próximos años, aspecto que me parece imprescindible para mantener el
crecimiento y la competitividad.

En cualquier caso, si comprobamos --como he dicho-- que a lo largo de las
series históricas en España siempre que se ha producido una intensa
recuperación del consumo ha habido una caída sustancial del ahorro de las
familias y eso no ha sucedido en el año 1997, por lo menos, tendremos que
aceptar que las medidas del Gobierno orientadas al mantenimiento del
ahorro están produciendo sus efectos, al menos nosotros lo interpretamos
así.

Desde el punto de vista de la inversión, efectivamente, el señor Martínez
Noval --y ése ha sido un argumento que por otras razones se ha planteado
sobre el ciclo-- indica que en estos momentos estamos en una tasa de
inversión del 22 por ciento, equivalente al 22 por ciento del producto
interior bruto, en una recuperación, cuando en el año 1991 estábamos en
una tasa de casi el 26 por ciento, el 25,8. Hemos de tener en cuenta una
circunstancia muy importante. La recuperación del año 1991 comenzó en el
año 1985, mientras la recuperación del año 1997 comenzó en el año 1996.

Por tanto, frente a las afirmaciones de que estamos en el momento del
pico --ha dicho el señor Martínez Noval, y después ha utilizado otros
argumentos de la recuperación-- creo que la recuperación en este momento
--como ha puesto de relieve el señor Homs-- tiene ingredientes en sí
misma de sostenibilidad que no han tenido las anteriores. Es decir, tener
una recuperación económica con una tasa de inflación del 2 por ciento no
ha sucedido nunca. Tener una recuperación económica en la que se está
produciendo un crecimiento tan intenso de la demanda y al mismo tiempo
manteniendo la contribución del comercio exterior, del sector exterior al
crecimiento, tampoco se ha producido nunca. Tener una situación tan
importante de reducción del gasto público y del déficit público que
coincida también con un aumento considerable de la recuperación económica
tampoco había sucedido nunca.

La sostenibilidad de la recuperación económica --o dicho con otra frase
que mi grupo y yo hemos utilizado en muchas ocasiones, que es ir a un
modelo de crecimiento sostenido y estable-- se está dando en el año 1997,
en cierto sentido, si ustedes me lo permiten, por primera vez. Además lo
grave sería que no se estuviera dando, porque si en este momento nos
estuviéramos embarcando en una fase de crecimiento económico muy intenso,
con desequilibrios crecientes, no sólo estaríamos apostando por un final
más o menos abrupto de la recuperación, con una importante desaceleración
y una gran crisis, que es lo que nos sucedió a principios de los años 90,
sino que claramente estaríamos apostando por una divergencia marcada con
los países europeos. Estamos apostando por dos cosas al mismo tiempo, que
indudablemente van juntas, y que no se dieron a principios de los años 90
o finales de los 80, que son un crecimiento estable y una convergencia
con los países europeos. Ahora tenemos un crecimiento estable y tenemos
una clara convergencia con los países europeos, lo que hay que tener en
cuenta para darle a la recuperación un cierto margen de tiempo en cuanto
a los efectos que vaya a tener sobre la inversión y, como consecuencia de
ello, sobre el sector exterior. El señor Martínez Noval sabe, como yo,
que llegará un momento en que si aumenta considerablemente la inversión
en los próximos años, aunque



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crezca nuestra tasa de ahorro, nos moveremos en una franja de ligeros
superávit o ligeros déficit, desde el punto de vista de la contribución
del sector exterior al crecimiento.

En cuanto al debate sobre los efectos que tiene en el sistema financiero
el que las entidades financieras tengan en este momento mayor interés en
atraer clientela, que está muy interesada en aceptar esos ofrecimientos,
hacia los fondos de inversión o en los depósitos bancarios, la opinión
que yo recibo de los profesionales es que eso en este momento ya no tiene
ninguna importancia. Por tanto, no debemos ver ahí ningún tipo de
problema, sin que eso quiera decir que el Gobierno no esté comprometido
--y lo he dicho-- a hacer más neutrales todos los instrumentos de ahorro.

El Gobierno es plenamente consciente de que en este momento existe una
disparidad sobre el tratamiento tributario de los instrumentos de ahorro
y está plenamente dispuesto a que disminuya con las nuevas medidas que se
van a tomar referentes al IRPF.

Respecto a que la inflación existe en todos sitios, es verdad, lo que
pasa es que antes a nosotros no nos sucedía. Es decir, creo que tenemos
dos maneras de enfocar la situación actual. Una es pensar lo que les
sucede a otros y otra es pensar lo que nos sucedía a nosotros. Es
indudable que las dos son valiosas; yo creo que las dos son útiles. Hay
que ver lo que les sucede a otros; hay que ver si vamos mejor que otros
en términos de creación de empleo y de crecimiento y también hay que ver
lo que nos sucedía a nosotros hace muy poco tiempo. Nosotros éramos
claramente un país inflacionista. ¿Cómo es posible explicar que, sólo en
el año 1995, hayamos devaluado por última vez y que la peseta haya
pasado, en este mismo año, de ser la moneda más débil a ser la moneda más
fuerte del Sistema Monetario Europeo, o que a principios del año 1996
tuviéramos una diferencia con la situación actual de 500 puntos básicos
en el tipo de interés a largo plazo? Eso no era una conspiración --y
hablaré después de más conspiraciones que se han suscitado en las
intervenciones--; suponía simplemente el reconocimiento de que éramos un
país no sólo inflacionista en ese momento sino con perspectivas de seguir
siéndolo en el futuro. El hecho de que ahora podamos colocar una deuda a
treinta años por debajo del 6 por ciento quiere decir que se ha producido
una clara corrección de nuestras previsiones de inflación. Se me podrá
decir que eso también le sucede a Alemania. Es verdad, pero la diferencia
es que antes a nosotros no nos sucedía y a Alemania sí. Aceptemos que nos
hemos acercado a una situación de sostenibilidad. Lo digo porque, si no,
tendremos que estar en un debate un tanto irreal hasta que seamos capaces
de aceptar que efectivamente el año 1997 no sólo ha ido bien sino que se
han producido correcciones de fondo en la economía española, correcciones
muy importantes de fondo, que hasta ahora no habíamos sido capaces de
conseguir.

En cuanto al empleo, tengo que decir que es verdad lo que se manifiesta
por el señor Martínez Noval de que hemos aumentado mucho la relación
entre creación de empleo y crecimiento --un 88 por ciento del crecimiento
se traslada a la creación de empleo en el año 1997--, pero ¿quiere eso
decir que el Gobierno no ha hecho nada más? Teniendo en cuenta que en el
año 1997 se ha hecho una reforma fiscal por primera vez en las décadas
del 90 y del 80 con acuerdo de los interlocutores sociales, me parece muy
fuerte decir que no hemos hecho nada más. Se nos podrá decir que tenemos
que hacer más, pero es difícil que el Gobierno deje pasar que se diga que
en el año 1997 no hemos hecho nada sobre el mercado laboral, y yo no lo
dejo pasar. Está claro que en el año 1997 se ha hecho la reforma laboral
más importante en términos sociales y políticos, porque se ha hecho con
consenso de los interlocutores sociales, de los dos, de los sindicatos y
de los empresarios.

En ese sentido, tampoco se puede decir que ni siquiera hayamos abordado
temas tan relevantes como los costes no salariales. Se han hecho
esfuerzos considerables en la promoción de la reducción de los costes no
salariales para determinados colectivos especialmente agravados en la
situación de desempleo y, para aquellos que durante sus intervenciones
tantas veces han hecho referencia al empleo, el Gobierno siempre ha
considerado una política de empleo, la política de pequeña y mediana
empresa. Yo sé que hay grupos que no coinciden con nosotros, pero me
atrevería a decirles que deberían de revisar lo que piensan antes de la
propia cumbre de Cardiff. Pueden estar seguros de que uno de los mandatos
que vamos a recibir, como ya lo recibimos en Luxemburgo, es que
profundicemos en la política de pequeña y mediana empresa, en la que
España va en estos momentos por delante de varios países europeos.

Por tanto, estoy de acuerdo en que tenemos que continuar no sólo
intensificando la relación creación de empleo y crecimiento, como hemos
hecho hasta ahora, sino haciendo otras cosas, pero creo que no es justo
por razones obvias, decir que el Gobierno no las ha hecho en el año 1997.

En cuanto a que hemos dado un paso atrás en la cumbre de Luxemburgo,
lamento decir que al Gobierno le ha sido francamente cómoda; si no,
repasemos las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo y cuáles eran
nuestras propuestas de creación de empleo.

El señor Martínez Noval me ha hecho después una disquisición sobre los
beneficiarios del crecimiento para llegar a la conclusión de que hay
muchas familias españolas que han perdido beneficios porque los tipos de
interés han caído. Es lo que nosotros llamamos tener una política
coherente. Yo me alegro, y creo que si ustedes o aquellos que no lo hayan
pensado lo piensan, se alegrarán conmigo. Es imprescindible que la
rentabilidad sin riesgo no sea en España más alta que la rentabilidad con
riesgo, si queremos que alguien cree empleo. Probablemente, uno de los
mayores problemas que ha tenido la creación de empleo en nuestro país en
los años 80 y 90 es que era mucho más rentable no correr riesgos que
correrlos. Me parece que es un mensaje de la peor repercusión social el
plantear las cosas en ese sentido. No quiero decir que el señor Martínez
Noval haya llegado a donde yo acabo de llegar, pero como me ha hecho una
lista de beneficiarios y al final me ha dicho que qué terrible situación
la de aquellos que han perdido las rentas de los tipos de interés, me
permitirá que haga esa referencia poniendo de mi cosecha lo que me parece
imprescindible para resaltar que la caída de los tipos de interés



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nos adentra en una economía en la que hay posibilidades de crear empleo.

También tengo que recordarle, como le he dicho ya, que un crecimiento en
este momento de nuestros desequilibrios exteriores sería probablemente la
primera llamada de atención sobre la sostenibilidad del proceso de
recuperación. En ese sentido, creo que el hecho de que todavía
sostengamos la situación que mantenemos en cuanto al sector exterior
indica que tenemos todavía un campo por delante para crecer sin
desequilibrios.

Después el señor Martínez Noval ha hecho una intervención eminentemente
política sobre el tema de las privatizaciones. Ha sido no nueva, pero sí
una buena recopilación de la posición. La posición es que hay una duda en
origen: todas las personas elegidas por el Partido Popular para
desempeñar un cargo en una empresa, por origen, no van a hacer una labor
profesional, sino que vienen decididas a utilizar el dinero de los demás
en beneficio de unas determinadas ideas políticas. Esa afirmación, en una
democracia, dicha así, es decir, la descalificación en origen de las
personas que elige un partido con respecto a una determinada
responsabilidad y el no entrar en valoraciones sobre profesionalidad o
entrar en valoraciones sobre el funcionamiento de las empresas, es grave.

Pero fíjese lo que le voy a decir, señor Martínez Noval: lo más grave es
lo irrelevante que es, porque eso lo llevan diciendo desde que empezó el
proceso de privatizaciones. Y no es que nosotros no les hayamos hecho
caso; es que no se lo ha hecho nadie. De los millones de personas que han
ido a las privatizaciones con su dinero --ni con el suyo ni con el mío--,
nadie se ha creído que ese dinero iba a ser utilizado en una conspiración
que el Partido Socialista no respaldaba. De esos millones de personas,
simplemente por efectos estadísticos, cientos de miles votan al Partido
Socialista. Lo grave de afirmaciones como ésta, que ponen en duda la
legitimidad democrática, es que se digan, pero es mucho más grave todavía
que sean irrelevantes en la sociedad moderna española. Yo me alegro,
porque eso les da margen para pensárselo. La última conclusión de que, a
través del Estado, el día que recuperen la confianza de los ciudadanos
van a actuar en Bolsa para hacer --eso sí lo ha reconocido usted--
injerencias sobre el funcionamiento de las empresas, vamos a verlo, señor
Martínez Noval. En cualquier caso, sin que yo quiera entrar en esa
discusión, porque veremos cuánto tiempo transcurre hasta ese momento, sí
tengo que decirle que, exceptuándoles a ustedes, el resto de las personas
juzga las empresas privatizadas por su capacidad de competir, su
capacidad de gestionar en un mercado cada vez más abierto, pero no sólo
en la Bolsa española, sino en las bolsas internacionales, y además cada
vez con mayores niveles de confianza. Si partimos de la base de que
ustedes deslegitiman a personas concretas, con profesiones concretas, no
por ello, sino porque nosotros hemos creído que eran merecedoras de
confianza, tengo poco que decirle. Podía llevarnos a pensar en la
necesidad que tienen ustedes de explicarse cómo es posible que los
españoles nos dieran la confianza en el año 1996, pero tampoco quiero
llegar ahí. Sólo quiero poner de relieve que su afirmación es de la
máxima gravedad y, al mismo tiempo, de la máxima irrelevancia, porque
nadie les ha hecho ni caso, empezando por sus propios votantes.

Dejando ya estos temas políticos, en relación con las afirmaciones de que
no se ha producido capitalismo popular, señor Martínez Noval, yo creo que
usted no ha seguido detalladamente la evolución del respaldo de los
ciudadanos a las privatizaciones y, seguramente, debería usted hacerlo,
aunque no creo que le conduzca a nada partiendo de la base de la que
parte usted.

En cuanto a la sostenibilidad y a las medidas presupuestarias, éste es un
tema que me parece de gran interés, porque, si nosotros hemos hecho algo
en política, ha sido cambiar las reglas del juego presupuestarias, de
manera que, a partir de que nosotros somos Gobierno, el Parlamento tiene
ya y va a tener mucha más información sobre las decisiones
presupuestarias que tome cualquier Gobierno, salvo que el que venga
detrás cambie las reglas otra vez, claro, pero ésa es una decisión de la
que cada cual se tendrá que hacer responsable. A partir de ahí, hay dos
maneras de enfocar este debate. Si ustedes utilizan los nuevos
instrumentos que tiene el Parlamento para controlar al Gobierno, porque
el Gobierno está mucho más atado formalmente de lo que estaba antes, sin
duda será un debate constructivo. Si, como al parecer, pretenden ustedes
que ese debate se convierta en una justificación de su política
presupuestaria, nos lo están poniendo muy fácil; lo que pasa es que
tendremos que venir a los debates presupuestarios no pensando en el
futuro, sino en el pasado, y le puedo asegurar a usted que las cifras del
pasado presupuestario son de tal claridad que no puede ser más fácil ese
debate presupuestario. Yo, desde luego, voy a venir a los debates
presupuestarios con información tanto de cara al futuro como, por
desgracia, ya que parece ser que es lo que ustedes pretenden, de cara al
pasado, y de cara al pasado tendré que explicar cuáles eran las prácticas
contables antes de que nosotros nos hiciéramos responsables.

Lo que me parece más importante es que, precisamente, se trata de que
aumente el control parlamentario sobre la ejecución del presupuesto. Es
decir, exigir que exista una intervención previa, exigir que no pueda
haber aplicaciones de gastos de ejercicios precedentes al ejercicio en
curso si no había crédito y que esas deficiencias tengan que subsanarse a
través de un crédito extraordinario, esto es, de una norma con rango de
ley, puede resultar incómodo para un Gobierno en su conjunto, pero le
puedo asegurar a usted que resulta extraordinariamente beneficioso para
la política presupuestaria de ese mismo Gobierno, y probablemente algunos
de mis antecesores en el cargo hubieran estado deseando que el Consejo de
Ministros del que ellos formaban parte hubiese estado dispuesto a
someterse al procedimiento de tener que venir con créditos
extraordinarios a subsanar errores presupuestarios, porque ésa es una de
las garantías de que la presión política para la disciplina
presupuestaria existe de verdad. Le puedo asegurar que, desde luego,
desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Hacienda, convertir
en apasionantes debates políticos las modificaciones presupuestarias o
cualquier otro concepto de evolución del gasto es exactamente lo que le
conviene a este Gobierno para garantizar la seguridad de



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que va a tener que cumplir sus propias previsiones presupuestarias, y por
eso hemos modificado la Ley de disciplina presupuestaria. Fíjense ustedes
que en más de una ocasión he utilizado la palabra rigidez. Hemos
introducido rigidez en las prácticas presupuestarias precisamente porque
estamos convencidos de que es uno de los elementos decisivos para que un
Gobierno, el nuestro en este caso, se sienta obligado políticamente a
cumplir sus propias previsiones y ustedes nos pueden ser de una gran
utilidad manteniendo esa presión.

En cuanto al debate de las convalidaciones, solamente les he querido
advertir a ustedes de que hay un cambio en las reglas presupuestarias a
partir del año 1997 y que la exigencia de intervención previa de una
serie de gastos hace que esos gastos no tuvieran la necesidad de ser
convalidados antes y sí la tengan ahora. Se lo he advertido porque
después, cuando ustedes se encuentren con las diferencias entre la
realidad de hace dos años y la actual, quiero que sepan a qué se refiere
esa realidad. En cualquier caso, a nosotros ese debate nos parece
extraordinariamente positivo, ya que afianza nuestras posibilidades de
cumplir nuestro presupuesto y, al final, como el año 1997 demuestra, el
mayor beneficiario en términos políticos de que se cumpla el presupuesto
es, indudablemente, el Gobierno que lo ejecuta, aunque gobiernos
anteriores hayan creído que pudiera ser exactamente lo contrario.

En relación con el tema de la reforma tributaria, estoy absolutamente de
acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, me parece que
su posición es tácticamente la más sensata. Ustedes esperan a que el
Gobierno plantee el proyecto de ley y antes no quieren pronunciarse, lo
que me parece muy bien, porque ésa es una cuestión que ustedes deben
decidir. Ahora bien, al hilo de esta cuestión sí quisiera decir, y me
parece que lo ha manifestado también el señor Saura, por lo que aprovecho
para contestarle, que el argumento de la media europea, que ha sido y
sigue siendo un argumento importante, debemos empezar a ponerlo en una
cierta posición de relatividad. Como he tratado de explicar --al parecer
sin mucho éxito--, la nueva situación a la que nos lleva el euro, en la
que las políticas de demanda van a perder gran parte de su capacidad, nos
va a obligar a llevar a cabo políticas de oferta y de reforma estructural
muy importantes, y no necesariamente un país que tiene el doble de tasa
de paro que la media europea debe de contentarse con la media de reformas
de la media europea --si ustedes me permiten el juego de palabras--,
porque no vamos a reducir nuestra tasa de paro manteniéndonos en la
media. No nos equivoquemos. O somos más agresivos en las políticas que
tenemos a nuestro alcance, que la mayor parte de ellas --por no decir la
totalidad-- son políticas de reforma estructural, o va a ser muy difícil
que podamos ganar a nuestros competidores, con los que además vamos a
encontrarnos en una única moneda, en un único mercado y en una única
política monetaria. Por lo tanto, dando el valor que tienen las
referencias de otros países --y creo que hay que tenerlas para todo tipo
de políticas, tributarias y de otra índole--, es indudable que no podemos
tomarlas como única pauta.

En cuanto a las políticas de precios regulados --para acabar con este
tema--, quiero recordar al señor Martínez Noval que la política del IPC
menos x la pusimos en práctica nosotros, y me alegro de que al señor
Martínez Noval le parezca bien e incluso nos exija que la intensifiquemos
más. No tengo nada que discutir, pero quiero recordar que los que la
pusimos en marcha fuimos nosotros porque entendimos que los monopolios
tenían que ser capaces de recortar sus gastos a un ritmo tan intenso como
si estuvieran sometidos a la competencia, y que, por lo tanto, el
crecimiento de los precios no podía ser un índole del crecimiento de las
tarifas eléctricas. En ese sentido, hemos señalado un camino que hasta
entonces no se marcaba y estoy plenamente dispuesto a que el Parlamento
nos pida que lo intensifiquemos, dentro de los márgenes de racionalidad
que el señor Martínez Noval me ha planteado.

Por último, el señor Martínez Noval me ha dicho que en el REF hemos
aceptado que las políticas europeas afectan a la legislación española. De
eso se trataba en el año 1994, efectivamente. ¿Por qué cree el señor
Martínez Noval que tanto el Gobierno del año 94 como el del año 95, como
el Gobierno del Partido Popular han tenido que negociar con la Comisión
Europea? Porque las políticas de Canarias estaban sometidas al Tratado de
la Unión. Por eso no tenemos que negociar cuando hacemos la modificación
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fíjese usted que la
Comisión Europea no va a discutir con nosotros nuestra modificación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero sí ha discutido,
con nosotros y con nuestros antecesores, las medidas del REF, y es
innecesario recordar quién gobernaba en el año 94 y quién era el
responsable de haber acomodado la legislación del 94 a las normas
comunitarias. Me parece que es parte de la herencia recibida, si usted me
permite la expresión. En ese sentido, claro que nosotros hemos negociado
con la Comisión Europea, pero la Comisión (que no ha empezado a negociar
con nosotros, sino que empezó a negociar con nuestros antecesores)
requirió inmediatamente al Gobierno español en el año 1994 para que le
notificara las ayudas contenidas en la Ley del REF e introdujera las
modificaciones necesarias para adecuarla al Derecho comunitario. Esos
fueron los requerimientos de la Comisión Europea. El que una norma tan
importante como el REF canario no haya podido aplicarse en grados de
certidumbre entre los años 1994 y 1998, me parece que es suficientemente
grave, en términos de responsabilidad política de quien tenía que haber
aprobado una ley con las garantías comunitarias de que se podía aplicar,
aunque es un debate ya más bien para la historia. En este momento tenemos
esas garantías y la propia modestia --yo diría-- de las modificaciones
legislativas que hay que introducir --y que he explicado a la Comisión--
indican hasta qué punto no se han perdido los grados importantes que
tenía el REF como reconocimiento de una realidad de la economía canaria,
que merecía tener una discriminación positiva desde el punto de vista
tributario. En cuanto a la duración de esas ayudas, están acomodadas al
Derecho comunitario, pero --como le he indicado-- las más importantes van
a ser simplemente sometidas a un procedimiento de notificación de su
prórroga,



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dentro del marco general de la política europea, del que indudablemente
no podemos huir.

En cuanto a la ZEC, quisiera informar al señor Martínez Noval y al resto
de la Comisión de que en estos momentos los servicios técnicos, tanto del
Ministerio como de la Reper, están estudiando con la Comisión la puesta
en marcha de la ZEC en las mejores condiciones posibles en cuanto al
ámbito temporal, al ámbito subjetivo y al ámbito objetivo. Esperamos que
en breve podamos resolver este problema como ya hemos dado solución al
problema del REF. También quisiera decir que la aceptación por parte de
los países europeos, en el nuevo Tratado de Amsterdam, de la existencia
de un principio de ultraperificidad no nos perjudica, sino que nos
beneficia, y estoy convencido de que en el año 1998 los errores que se
pudieron cometer en el año 1994 en cuanto a la nueva legislación canaria
habrán podido superarse y habremos dejado atrás toda una fase de
incertidumbre. Finalmente y para acabar de contestar al señor Martínez
Noval en relación a Canarias, el Gobierno está estudiando el envío de un
real decreto-ley con las modificaciones pertinentes que se derivan de la
resolución de la Comisión respecto al régimen económico y fiscal de
Canarias.

Señor Saura, ya le he contestado sobre la contabilidad creativa en el
sentido de que me parece que cometemos un grave error al discutir sobre
la contabilidad creativa de Eurostat, puesto que la contabilidad de
Eurostat no es ni creativa ni deja de serlo, simplemente es la
contabilidad y no hay nada que discutir. Son normas que se aplican a
todos los países, que en unas cuestiones te benefician y en otras te
perjudican, como todas las reglas objetivas, y a nosotros en unos
aspectos, como es el de las privatizaciones, nos beneficiaron hasta el
año 1995 y a partir de entonces no nos han beneficiado.

El señor Saura ha felicitado al Gobierno porque hemos llevado a cabo una
política que no nos ha dejado fuera. Indudablemente, es una manera de
verlo, digamos que es lo mínimo que se puede decir y así lo interpreto,
pero muchísimas gracias por la felicitación. Me plantea que hemos hecho
una reducción del déficit mediante la reducción de algunas políticas. Eso
es indudable, pero al elegir qué políticas disminuíamos hemos tratado de
paliar los efectos. Las políticas planteadas a lo largo del año 1997, que
están viendo su luz en el último trimestre de 1997 y que la verán por
completo en el año 1998, de utilización del capítulo 8 para inversiones
públicas, así como el denominado modelo alemán, pueden paliar los efectos
de lo que hubiera supuesto una reducción demasiado drástica de la
creación de capital público, imprescindible para el desarrollo económico.

Si al mismo tiempo hay unas políticas de mantenimiento y de incremento de
los gastos sociales, por ejemplo, en sanidad, ello indica que el Gobierno
ha marcado una jerarquía de prioridades, creyendo que en algunas de
ellas, como la inversión pública, encontraba a través del capítulo 8 un
camino para paliar los efectos de una restricción presupuestaria, que no
hubiera podido encontrar en otro tipo de capítulos, como pueden ser las
políticas sociales. En este sentido, estamos abiertos a la crítica, es
una decisión y como todas las decisiones tiene aspectos críticos, pero
creo que son defendibles.

No se ha producido una desfiscalización de las rentas del capital, lo
único que se ha hecho es someter a todas las rentas del capital que
tengan beneficios a largo plazo, es decir superiores a dos años, al mismo
tratamiento que tienen en toda Europa, y tampoco se puede decir que las
hayamos sometido a una desfiscalización por el paso del tiempo.

En cuanto a que no tenemos un plan de empleo, señor Saura, le diré que
eso no es cierto. El Plan plurianual de empleo del Gobierno se presentó
en el otoño del año 1997, es más, el Gobierno lo presentó --si no me
falla la memoria-- entre septiembre y octubre, mucho antes de la cumbre
de Luxemburgo. Por tanto, el Gobierno español tenía su propio Plan de
empleo y era un plan plurianual. Lo que pasa es que el Gobierno lo está
elaborando, no porque careciera de un Plan de empleo, sino porque en la
cumbre de Luxemburgo se ha acordado que todos los gobiernos presenten un
plan con unas determinadas prioridades que serán adoptadas en junio de
1998 en Cardiff. Le emplazo a que usted recuerde --no se habrá debatido
aquí sino que seguramente habrá sido en la Comisión de Política Social y
Empleo-- la existencia de un Plan plurianual de empleo, que el Consejo de
Ministros debatió y el ministro de Trabajo presentó en el Parlamento.

No estoy de acuerdo, señor Saura, en que no haya concretado políticas de
empleo. He concretado muchas, he dedicado una parte importante de mi
intervención a poner de relieve que el tipo de recuperación que tenemos
en empleo es muy intensa, he dicho que uno de los objetivos del Gobierno
era reducir la relación entre crecimiento y empleo, he hablado
extensamente de las políticas sobre la pequeña y mediana empresa, que
nosotros consideramos básicamente políticas de empleo, me he referido a
la reforma laboral y después he comentado cuáles son los capítulos más
importantes que va a contener el Plan de empleo, que, por cierto, en este
momento está sometido a debate con los interlocutores sociales y con las
comunidades autónomas.

Yo tendría que decirle, si usted me lo permite, que el que no me ha dicho
mucho del Plan de empleo es usted, y, después, ha pasado a hablarme de un
tema nuevo. Primero, me ha dicho, con todo su derecho, que mi
comparecencia había sido demasiado larga porque había tocado demasiados
temas, y, después, no contento con que había tocado demasiados temas, el
señor Saura me ha llevado de paseo --si me permite la expresión-- a que
hablásemos de política de gestión tributaria, y me ha planteado un cúmulo
de preguntas concretas que, como el señor Saura ya sabía, no le voy a
poder contestar sobre la ingeniería fiscal y sobre los sectores
prioritarios de la inspección, pero que indudablemente le podré responder
por escrito o en una comparecencia sobre estas cuestiones cuando a él le
parezca.

Sí me gustaría darle algunos datos que puedo manifestarle al hilo de una
comparecencia que no estaba solicitada para esto ni muchísimo menos.

¿Cuáles son las cifras de fraude fiscal? Los resultados del fraude fiscal
en 1997 han ascendido, desde el punto de vista de su afloración, a
850.000 millones de pesetas, de los cuales las actas de inspección
suponen 517.000, las liquidaciones por gestión tributaria



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214.000, las actas de módulos 7.000, las actas de aduanas 39.000, los
expedientes de delito 34.000 y los efectos indirectos de la represión del
contrabando 41.000 millones.

Esto ha supuesto, en opinión del Ministerio de Economía y Hacienda, un
aumento considerable sobre la efectividad que teníamos en el año 1996, y
hemos sido capaces además de concentrar nuestra inspección en un menor
número de contribuyentes para tener unos resultados mucho más importantes
con un crecimiento del 10 por ciento en los resultados de las
inspecciones sobre los contribuyentes sometidos a especial vigilancia.

En cuanto a la ingeniería financiera y los paraísos fiscales, simplemente
quisiera decirle que en la ONI existe una unidad especial para la
comprobación de las operaciones realizadas en los paraísos fiscales y
otras destinadas especialmente a las operaciones de ingeniería
financiera. En cuanto a otras precisiones, me perdonará el señor Saura y
espero podérselas dar esta misma tarde si quiere que se las envíe
personalmente.

Sobre la fiscalidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
me ha dicho que parecería que el Gobierno tiene necesidad de decir que el
IRPF va a beneficiar a las rentas medias bajas y a las rentas del
trabajo. Bueno, el Gobierno y todos los demás, porque esa necesidad es
comúnmente sentida, y, además, debe serlo. Es decir, que no me parece
nada raro que usted lo diga, que usted nos lo exija y que nosotros
ratifiquemos que estamos en esa dirección. Me parece un consenso
razonable porque es precisamente de lo que se trataría. Este impuesto,
que ha ido aumentando su presión sobre las nóminas desde el año 1991,
como he puesto de manifiesto, es claro que es un impuesto básico en su
reforma si queremos afectar a un mejor tratamiento de las rentas del
trabajo y de las rentas familiares.

A lo mejor, a S. S. no le parece bien que coincidamos. Yo estoy dispuesto
incluso a decir que no coincidimos, pero lo que no puedo evitar es decir
las cosas en las que creo. Sí, S. S. las dice también, hay otras muchas
cosas en las que no coincidimos, por lo tanto tenemos amplio margen para
debatir, pero me reconocerá S. S. que la necesidad de decirlo al parecer
la sentimos todos por igual.

En cuanto a gestos concretos, ahí sí me gustaría decir claramente que el
Gobierno ha adoptado medidas muy importantes ya sobre las rentas del
trabajo y las rentas familiares. Piense usted que la modificación de los
tramos de los años 1997 y 1998 ha dado lugar a nuevas tarifas y que la
disminución ha sido más intensa a partir de dos millones de pesetas para
abajo. Eso es una realidad y en la tabla de retenciones ha sucedido lo
mismo. Por lo tanto, tengo que decir que el Gobierno ya ha seguido esa
dirección, y que otros grupos parlamentarios coincidan con el Gobierno en
ella, no podemos evitarlo. Yo no me siento nada incómodo en cuanto a eso
y me parece que nos puede permitir, dentro del debate político y de las
diferencias que sin duda se plantearán en una reforma tan importante como
ésta, tener puntos de conexión en los que estemos de acuerdo, lo que no
es necesariamente malo desde el punto de vista de la política tributaria
de un país.

Quisiera decir que la fecha del IRPF es en la primavera, por lo tanto, en
las próximas semanas. Yo no estoy hablando de final de la primavera sino
del principio, pero no quisiera atarme a una fecha concreta como el señor
Saura seguramente comprende.

En cuanto a la presión fiscal el Gobierno ya ha anunciado --y lo he
anunciado yo en esta misma Comisión en el mes de mayo-- que se va a
producir una disminución de la presión fiscal, si se cumple el plan de
convergencia del Gobierno, de dos décimas en el año 1999 y de dos décimas
en el año 2000, que va a ser coincidente con una importante reducción del
déficit público porque nuestra intención es, si hay mayores aumentos de
la recaudación sobre los previstos, destinarlos a reducir el déficit
público, como hemos hecho en el año 1997 y, al mismo tiempo, tener un
margen para producir una disminución de la presión fiscal en el año 1999
y 2000.

Ahí también ha planteado el señor Saura la necesidad de comparar nuestras
presiones con las de otros países de la Unión Europea --estoy de acuerdo,
y hago la misma reflexión que he hecho antes--, pero también tenemos que
empezar a pensar que en algunos temas, y creo que la presión fiscal es
uno de ellos, el que España se sitúe por debajo de la media de la Unión
Europea va a ser una clara ventaja para el empleo; lo digo con toda
rotundidad. Lo que parece claro es que no hay ningún país de la Unión
Europea que esté en la tendencia de aumentar la presión fiscal, ninguno.

Por algo será. Están todos, con gobiernos muy distintos, en la tendencia
de reducirla, si tienen margen presupuestario y, si nosotros lo tenemos,
así lo haremos, por lo menos mientras seamos responsables del Gobierno.

En cuanto a revisar el Impuesto sobre Sociedades le diré que este
impuesto fue revisado en el año 1995 --en un momento en que políticamente
quizá no era muy aconsejable revisar un impuesto--, justo antes de una
campaña electoral y, sin embargo, tengo que decir que se ha producido una
recuperación de la recaudación muy importante. De ahí no hay que sacar la
consecuencia de que toda modernización, simplificación y disminución de
un impuesto produce un aumento de recaudación, pero si tuviéramos que
fijarnos sólo en los efectos de la reforma del Impuesto sobre Sociedades
del año 1995, podríamos tener la tentación de llegar a esa conclusión.

Como, por otra parte, ésa fue una reforma ampliamente consensuada, todo
el mundo podría sentirse satisfecho de esos efectos.

El señor Alcaraz me plantea, al principio, que estamos pendientes
exclusivamente de una situación económica con manifestaciones bursátiles.

Yo quisiera decirle que para nada. En mi intervención no he utilizado
nunca referencias a la evolución de los mercados secundarios como una
muestra de lo que está sucediendo en la economía española, pero aprovecho
su intervención para decir algo que me parece muy importante. En los
momentos en que los mercados de capitales están en una previsión de
futuro que les lleva a aumentar las cotizaciones, como está sucediendo en
todo el mundo occidental en este momento --y las consecuencias están
explicadas por expertos que pueden hacerlo seguramente con menores
riesgos a como



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puedo hacerlo yo--, quisiera transmitir a la opinión pública española,
aprovechando esta comparecencia, que para la mayoría de los ciudadanos la
inversión en Bolsa debe ser una inversión estable, que el Gobierno cree
que los ciudadanos que colocan sus ahorros en Bolsa, si mantienen una
inversión estable y no pretenden especular, son los que obtienen mejores
resultados y que para nada el Gobierno va a alentar ninguna otra visión
sobre el mercado de capitales que nos parecería en este momento
irresponsable.

Sí tengo que repetir que no he hecho ninguna referencia a la evolución
del mercado de capitales como una manifestación de la situación
económica, aunque es un hecho que en este momento, en el conjunto de los
mercados de capitales occidentales, se está produciendo una recuperación
de las expectativas que podían haber parecido menos claras en otoño de
1997 y que hay que someter, como es natural, a las matizaciones o
análisis que el propio señor Martínez Noval nos ha recordado cuando ha
hecho referencia a algunas citas de ilustres personajes de la economía
internacional sobre la evolución del futuro.

Decir que la política económica del Gobierno no tiene repercusión social,
señor Alcaraz, es mucho decir. Piense usted que nosotros hemos pasado una
ley de consolidación del sistema público de pensiones, hemos garantizado
por ley, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en
cumplimiento del Pacto de Toledo, el mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones, las pensiones se han beneficiado de que las previsiones
de inflación hayan sido moderadas en 1996 y 1997, con lo que los
pensionistas han ganado poder adquisitivo en los dos años y, además,
políticas tan importantes como la sanidad y la educación o como las
políticas activas han experimentado importantes aumentos en el
presupuesto de 1998 y una recuperación que es la más intensa creación
empleo de todas las recuperaciones europeas. Puede calificársele de lo
que usted quiera, pero decir que no tiene repercusiones sociales, me
parece una calificación un poco extrema.

En cuanto a la existencia de dos estadísticas de empleo. Es un hecho que
hay una estadística de paro registrado, que viene a recoger las personas
que se apuntan en las oficinas del Inem y las que encuentran empleo a
través de ese sistema, que ya existía cuando nosotros llegamos al
Gobierno, y una estadística EPA, que es la homologable en términos de la
estadística europea, y que es la que nos indica que en el cuarto
trimestre de 1997 estábamos creciendo en empleo al 3 por ciento. Pero lo
importante es que tanto esas dos estadísticas, como la creación de empleo
en términos de contabilidad nacional y las cotizaciones sociales, todo
ello, nos indica que 1997 ha sido un año de intensa creación de empleo.

Después, como es natural, cada cual elige la estadística, el dato que le
puede parecer más relevante, pero todo ello nos indica que estamos
moviéndonos en la dirección adecuada.

Contestando a alguna de las reflexiones que ha hecho el portavoz del PNV,
tengo que decir que es indudable que España parte de una situación de
empleo muy distinta, y peor, a la de nuestros competidores al comienzo de
la moneda única, sin ninguna duda. Pero también es muy importante pensar
que, a diferencia de otros momentos de nuestra historia, tenemos un ritmo
de creación de empleo muy intenso, siendo capaces al mismo tiempo de
competir en términos de estabilidad, lo cual nos debe hacer pensar lo
siguiente: si somos capaces de mantener la estabilidad, podremos mantener
la creación de empleo durante mucho tiempo, y no cabe ninguna duda de que
la solución a los problemas sociales de nuestro país pasa por que la
recuperación sea sostenible. Una recuperación de dos o tres años, seguida
de una profunda crisis, es todo lo contrario de lo que necesita la
sociedad española para aumentar su bienestar social. Una recuperación de
varios años, que sea capaz de adentrarse en el tiempo, como consecuencia
de mantenerse en altos grados de estabilidad macroeconómica, nos puede
permitir que el beneficio de la recuperación económica llegue a la mayor
cantidad de hogares españoles, de ciudadanos españoles.

Yo creo que no debemos transmitir que estamos en una situación de ciclo
eufórico. España, hasta hace muy poco tiempo, era un país que tenía pocas
posibilidades de pertenecer a la moneda única, lo cual hubiera sido un
fracaso económico y político de consideraciones históricas, y en este
momento, con un esfuerzo considerable, ha conseguido pertenecer a la
moneda única por méritos propios y en unas condiciones perfectamente
equiparables, y en algunos casos mejores a las de nuestros competidores,
pero el trabajo empieza ahora. No pensemos que el trabajo más difícil es
llegar a tener la inflación alemana, ellos con el marco y nosotros con la
peseta; el trabajo empieza cuando tengamos la misma inflación alemana,
ellos con el euro y nosotros con el euro. Ahí es donde empieza el momento
de la verdad; momento de la verdad que está cargado de posibilidades en
beneficio de los españoles, pero que también es un momento en el que las
exigencias de nuestra política económica van a ser cada vez más
importantes. De ahí la importancia de que mejoremos nuestros sistemas de
control parlamentario del déficit público y del gasto público, seamos
capaces de tener un sistema fiscal cada vez más neutral y eficiente,
seamos capaces de aumentar nuestra tasa de ahorro más de lo que lo hemos
hecho en temporadas anteriores o seamos capaces de aumentar la
liberalización de nuestros mercados o reducir el crecimiento de los
precios de los principales servicios públicos, como ha sido puesto de
manifiesto por otros intervinientes. De lo que no cabe duda es que el
gran desafío empieza el 1 de enero de 1999 y España se acerca en unas
condiciones en las que claramente puede competir en beneficio de la
población española.

En cuanto a la presencia del Gobierno en las reuniones de los
interlocutores sociales o en sus congresos, esté seguro de que iremos a
las que nos inviten; de hecho, nos han invitado y, por tanto, asistiremos
el representante del Gobierno, el Ministro de Trabajo, yo mismo, o los
dos y expondremos el mismo discurso; no tengo ninguna necesidad de
cambiar el discurso que he hecho en la Asamblea de la CEOE o en otro
sitio. Como he dicho aquí hoy, la estabilidad y la liberalización
producen efectos positivos, o reconocer en los congresos de los
interlocutores sociales que en España hoy hay un grado de madurez en las
relaciones industriales, que es muy beneficioso no sólo para los
intereses



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de esos interlocutores, sino para el conjunto del interés general, me
parece que es algo de justicia. Lo he dicho en la asamblea de la CEOE y
lo diré en cuantas ocasiones se me permita decirlo.

¿Que el ciclo alcista va a durar o no toda la vida? El señor Homs ha
dicho algo que ya he repetido: estamos en el primer año completo de una
recuperación económica, estamos creciendo con una baja inflación y con
una situación exterior que nos permite aún mayor margen de crecimiento;
nuestros competidores, y al mismo tiempo socios, entran en una fase de
recuperación económica muy importante; las presiones inflacionistas en
Europa y en el conjunto de la OCDE son las más bajas de la historia y nos
encontramos en las puertas de una nueva moneda mundial, de la cual vamos
a ser parte. No digo que tengamos que ser ultraoptimistas o
irracionalmente optimistas, pero debemos trabajar para sentar las bases
de que esta recuperación de la economía española pueda ser sostenida en
el tiempo. Tenemos mimbres para hacerlo e, indudablemente, existen
imponderables, especialmente en el ámbito internacional, que pueden
afectarnos. Sin embargo, hemos visto cómo la crisis asiática ya nos ha
afectado y nos ha tratado de manera distinta de como lo hubiera hecho
hace dos años, como consecuencia de nuestro aumento de sostenibilidad,
credibilidad o estabilidad, como ustedes prefieran llamarlo. En ese
camino es donde tenemos que profundizar.

Con respecto a la jornada laboral --y me parece que el señor Saura
también lo ha planteado; discúlpeme, aprovecho ahora para contestarles a
los dos--, el Gobierno es plenamente consciente de que éste es un debate
que debe plantearse a nivel de los interlocutores sociales. La discusión
sobre la duración de la jornada laboral y otras cuestiones que afectan a
las relaciones laborales o a la productividad de las empresas forma parte
de las relaciones industriales y de la negociación colectiva. En ese
sentido, en España no existe un debate sobre la necesidad de que, a
través de normas legales de máximo alcance, sustituyamos la fluidez de
las relaciones industriales o las relaciones entre los interlocutores
sociales. Esa es la posición del Gobierno.

Se está produciendo en España un claro aumento de la inversión. Por
tanto, la recuperación de las empresas se está trasladando a una tasa muy
importante de inversión, por ejemplo en el sector industrial. El Gobierno
hará todo lo que pueda por incentivar ese aumento de las inversiones.

Creo que el que se mantenga un horizonte de estabilidad de precios, el
que se mantenga un horizonte de estabilidad de reducción del déficit
público, el que en este momento nuestras posibilidades de pertenecer al
euro sean una realidad, tiene mucho que ver con esa recuperación, como lo
tiene que ver también la liberalización. El hecho de que en España, en el
año 1999, en vez de un solo inversor en telecomunicaciones vaya a haber
tres o más, indica claramente el grado de aumento de inversiones en
sectores productivos que puede haber como consecuencia del aumento de la
liberalización. No nos engañemos, las inversiones podrán producirse si
hay beneficios, pero también si abrimos campos en los que la recuperación
de la inversión sea posible. Creo que la mayor competencia en sectores
como las telecomunicaciones, la electricidad, la energía, los
hidrocarburos, que son sectores en los que claramente somos conscientes
de que existen posibilidades de aumentos considerables de la inversión
que garantizan que la mejora de los beneficios es una de las bases
sustanciales del aumento de la inversión del futuro.

El señor Alcaraz me plantea, con respecto al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, la voluntad del Gobierno de no aumentar los
impuestos indirectos. Ya lo ha dicho el presidente del Gobierno y se lo
ratifico yo. En nuestro plan de convergencia, ya lo he dicho antes, hemos
expuesto claramente que en el año 1999 y 2000 habrá una disminución de la
presión fiscal que nos da margen para llevar a cabo la reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que queremos plantear.

En cuanto a la lucha contra el fraude, aparte de los datos que le he dado
al señor Saura, es indudable que alguna de las medidas que ya hemos
tomado, por ejemplo con respecto al IVA en las pequeñas y medianas
empresas (que incentiva el hecho de que se pidan facturas por IVA por
parte de los pequeños y medianos empresarios a sus proveedores), como el
hecho de que liberemos de la obligación de declarar y, por tanto, de ser
sometidos a inspección a una parte importante de la población, como
pueden ser millones de personas, liberan una cantidad de recursos
sustanciales para centrar la lucha contra el fraude en las áreas de la
sociedad en las que es mayor en este momento.

Paso ahora a contestar a las posiciones del señor Homs, de Convergència i
Unió. Quiero agradecerle sus palabras. Creo que la valoración política
que ha hecho es coincidente con la mía, y la importancia que ha supuesto
la colaboración entre los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en
estos dos años es suficientemente elocuente cuando vemos los resultados
que hemos obtenido. Coincido con él en que se trata de sostener el
crecimiento. Es un claro indicio de por dónde tenemos que ir y cuál debe
ser nuestro objetivo. En ese sentido, la bajada de los tipos de interés,
la flexibilidad en los mercados, la flexibilidad del mercado laboral y de
otros y unos impuestos adecuados a la economía productiva, están
claramente dentro de lo que ha sido la estrategia de la política
económica seguida hasta ahora.

Sus reflexiones sobre lo que debe ser la creación de empleo en España me
parecen especialmente acertadas. Debemos hacerlas acompasadamente con
Europa, pero también en nuestra realidad socioeconómica y en nuestra
realidad de empleo. Es necesario vincular la formación al empleo o los
estímulos a la contratación. Las reflexiones que ha hecho sobre los
costes no salariales creo que son muy pertinentes, y cada vez serán más
importantes a lo largo de los próximos meses o del año 1999. Los
impuestos, el empleo, la fiscalidad (a eso hay que añadir la financiación
de la Seguridad Social, puesto que hay una parte de los costes no
salariales que juegan sobre la financiación de la Seguridad Social), son
temas que abren un debate no sólo muy importante, sino de gran
actualidad, que deberá centrar nuestras reflexiones a lo largo de los
próximos meses, especialmente a partir del 1 de enero de 1999.




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Las reflexiones sobre las microempresas y el primer empleo, a las que yo
me he referido, son muy importantes. Las experiencias que van teniendo
las distintas comunidades autónomas, a través de las conversaciones con
el Ministerio de Trabajo, y las que se puedan obtener a nivel de grupos
parlamentarios nacionales, son de gran relevancia. En un país donde el 95
por ciento de las empresas son pequeñas y medianas y donde el 75 por
ciento de las pequeñas empresas no tienen ningún trabajador ajeno, el
margen para poder avanzar es suficientemente elocuente. Todo lo que sean
medidas que nos permitan aumentar el grado de creación de empleo de la
población española es imprescindible. Como también lo es, y coincido con
él, la necesidad de aumentar el ahorro colectivo y la relación entre
ahorro colectivo y ahorro a largo plazo y las relaciones industriales o
las relaciones sociales.

Con respecto al IRPF, coincidimos en las apreciaciones que hemos hecho
sobre la necesidad de que sea un impuesto que se dirija a mejorar la
situación de las familias y de las rentas salariales, así como en las
afirmaciones que hemos hecho los dos respecto a la vivienda, la necesidad
de que se mantengan suficientes estímulos para la vivienda propia y que
esos estímulos estén dirigidos a beneficiar la situación de los
incentivos para las rentas más moderadas, tanto desde el punto de vista
del coste de la vivienda, como del tratamiento de los intereses.

Estoy de acuerdo en que la inversión en infraestructuras es
imprescindible. Hemos hecho un esfuerzo a través de fórmulas distintas de
las habituales en los años 1997 y 1998. En este año ya se incrementa de
manera considerable la inversión presupuestaria en infraestructuras. Creo
que la Cámara es consciente de que a finales de 1997, habida cuenta del
margen presupuestario que existía, hemos aumentado en 90.000 millones de
pesetas la inversión en infraestructuras, lo cual nos ha permitido frenar
el grado de caída inicialmente previsto de un 15 por ciento a un diez por
ciento en el capítulo 6.

Coincido plenamente en la necesidad del proceso de internacionalización
de la empresa. En cuanto a la colaboración en la revisión de los planes
de comercio exterior, estudiaremos con detenimiento las propuestas de su
grupo. El Gobierno es plenamente consciente también, y forma parte de mi
informe de hoy en cuanto al plan de liberalización, de la necesidad de
que se produzca una modificación sustancial en las leyes mercantiles y en
las leyes de contratos, en cuya ley de acompañamiento adquirimos un
compromiso en el Senado de modificar durante este período de sesiones la
Ley de contratos en la dirección que apunta el señor Homs.

En cuanto a las reflexiones de la etapa post-euro, estoy absolutamente de
acuerdo con el señor Homs. Esa es la etapa que en este momento debe
llamarnos la atención. Si alguna consecuencia podemos sacar de 1997, por
lo menos a mí me parece la más relevante, es que en este momento los
instrumentos que producen resultados los tenemos claros. Existe una
evidencia empírica de que si somos capaces de cumplir nuestras
previsiones presupuestarias, de reducir el déficit público y de aumentar
la liberalización, vamos a tener mayores posibilidades de mantener el
crecimiento y de competir en la etapa del euro. En ese sentido, el debate
parlamentario puede ser extraordinariamente constructivo en esa
dirección. El Gobierno, como ya he dicho antes, está tomando las medidas,
que creo que son suficientemente elocuentes, de aumentar los grados de
control legal de las decisiones presupuestarias para que el Parlamento
tenga mejores instrumentos para exigir el cumplimiento de sus previsiones
presupuestarias. Sin duda, las políticas de pensiones, de sanidad y de
enseñanza forman el eje nuclear de la política de redistribución de la
riqueza, o si lo queremos decir de otra manera, de la igualdad de
oportunidades, y en ese sentido creo que los presupuestos de 1997, y
sobre todo los presupuestos de 1998, indican claramente que esas
prioridades forman parte de la política económica del Gobierno.

En cuanto al señor Zabalía, simplemente quiero agradecerle su
intervención. Ya me ha dicho que tenía un compromiso que no le ha
permitido quedarse para esta parte del debate, y mantenemos, desde luego,
el compromiso del Gobierno en cuanto a la estabilidad política, que nos
parece esencial en la situación económica y política española.

Con respecto al señor Aguirre, quisiera recoger de su intervención la
parte en la que ha hecho más hincapié, tanto al principio como al final,
y es la posición del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que el
Gobierno acreciente sus políticas de creación de empleo y claramente
ordene su política económica en la dirección de la creación de empleo.

Creo que en ese sentido la experiencia de los dos primeros años de
gobierno del Partido Popular en los resultados de empleo podrían
indicarnos que muchos de los caminos seguidos producen efectos positivos,
y es nuestra intención profundizar en ellos. Es indudable que, junto a
las reformas estructurales y junto a las políticas de estabilidad, la
política de diálogo social y también la de colaboración con los sectores
productivos ha producido efectos muy positivos en la sociedad española,
con los que pretendemos continuar y profundizar en los próximos meses y
en los próximos años.

Creo, señor presidente, que con la máxima brevedad posible he contestado
a las precisiones y a las peticiones que me han planteado los grupos
parlamentarios al hilo de mi primera intervención. (El señor Martínez
Noval pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Pido la palabra brevísimamente.




El señor PRESIDENTE: Si ustedes lo tienen a bien, y como hemos anunciado
en un principio, podemos hacer un segundo turno de intervenciones para
formular correcciones y puntualizaciones.




El señor MARTINEZ NOVAL: Hay un aforismo muy popular en España que dice
que donde va el asa que vaya el caldero. Ya que son las cuatro y cuarto
de la tarde, no pasa nada porque acabemos a las cuatro y media.




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El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, una cosa es acabar a las
cuatro y media y otra cosa es acabar a las diez de la noche.

Tiene usted la palabra.




El señor MARTINEZ NOVAL: No, esté seguro de que a las nueve de la noche
no acabamos. Quiero matizar nada más alguna cuestión, muy pocas, seré
prudente, en relación con las manifestaciones recientes del señor
vicepresidente del Gobierno.

En primer lugar, tengo que comunicarle, señor Rato, que no nos preocupa
nada lo que usted llama la irrelevancia de nuestras manifestaciones en
materia de privatización. Yo creo que usted está profundamente
equivocado. Los españoles --ahí está la experiencia-- distinguen ya
perfectamente sus pasiones futbolísticas, por ejemplo, de sus ideas
políticas, y la fe religiosa de sus ideas políticas, y sus ideas
financieras y sus ideas de rentabilidad personal también las distinguen
perfectamente de sus ideas políticas. Eso es una consecuencia del aumento
considerable del nivel cultural de los españoles. De manera que yo no sé
por qué un español, que sea radicalmente contrario al modo en el que
ustedes están conduciendo las privatizaciones y vendiendo el patrimonio
público, no puede beneficiarse de las privatizaciones tal como ustedes
las hacen. Porque ustedes conocen perfectamente que decenas de miles de
españoles han aprendido ya que ustedes plantean las privatizaciones de
modo que se puede ganar un dinero, no mucho --porque son tantos los que
quieren ganarlo que hay que repartirlo entre todos--, pero se puede ganar
un dinero haciendo mandatos de acciones que salen a la venta de empresas
públicas sencillamente en el plazo de una semana y sin haber desembolsado
siquiera el precio de adquisición de esas acciones. Eso es así, señor
Rato. Y ¿por qué esas personas que conocen ya esos procedimientos se van
a ver expulsadas de ese beneficio sencillamente porque están en
desacuerdo, políticamente hablando, con el modo en el que ustedes hacen
las privatizaciones? Eso me parece una cuestión de perogrullo.

En segundo lugar, sí quiero resaltar que a nosotros no nos alegra que las
familias españolas se vean perjudicadas por la bajada de los tipos de
interés, por una razón muy sencilla, señor Rato, piense bien lo que dice.

Las familias españolas depositan sus ahorros en la banca y es el sector
financiero el encargado de hacer la transformación del ahorro en
inversión. No entiendo cómo usted se desliza por esa pendiente, que es
una pendiente de aceptación del riesgo, señor Rato. Hay millones de
familias españolas que tienen otro concepto distinto de la relación entre
ahorro e inversión.

En tercer lugar, el tema canario a mí me preocupa y preocupa mucho en
Canarias. Dice usted, ¿quién fue el responsable del REF de 1994, y por
qué lo planteó contra la norma europea o separado de algunos aspectos de
la norma europea? Señor Rato, ¿usted me dice eso a mí? Sea coherente, por
favor. Usted ha hecho muchas normas que sabe que contravenían directivas
europeas en materia fiscal. ¿Cómo dice usted eso? ¿Tengo que recordarle
la más reciente? Creo que no, usted lo sabe bien. Entre otras cosas
puede, señor Rato, que fuera un modo de plantear una estrategia
negociadora. ¿Por qué no? Negocie usted y saque adelante las propuestas
que en estos momentos son aspiraciones de la mayor parte de los
ciudadanos residentes en Canarias.

Por último, le voy a leer un pequeño párrafo del último informe, del día
26 también, que acompaña al cierre de la contabilidad nacional. Es del
INE el párrafo y dice: El tono expansivo que caracteriza a la demanda no
es compartido por la oferta agregada de bienes y servicios, lo que
introduce algunas dudas acerca de la continuidad de la actual fase
cíclica expansiva de la economía española. En efecto, todas las ramas de
actividad, consideradas de manera agregada, presentan crecimientos
desacelerados e incluso negativos con la excepción de la construcción.

Así, tanto la industria como los servicios han visto ralentizados sus
respectivos ritmos de avance, mientras que la agricultura exhibe tasas
interanuales de variación negativa por tercer trimestre consecutivo.

Con esto concluyo, señor Rato. Cuídese la gripe; ya sabe cómo se cura:
con agua. Usted esta mañana ha bebido mucha agua y esa gripe, con toda
seguridad, será corta.




El señor PRESIDENTE: Señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: De forma muy rápida también, señor presidente.

En primer lugar, me parece interesante que el señor Rato reconozca la
necesidad de disminución de determinados gastos presupuestarios para
conseguir las cifras de déficit público propuestas. Me parece importante
porque, en el discurso oficial del Gobierno, el simple hecho de conseguir
el cumplimiento de los criterios de convergencia ya es bueno
exclusivamente. Me parece importante reconocer que eso es bueno, pero
hace falta ver cuáles son los efectos de las políticas para conseguir
esos criterios de convergencia sobre la sociedad.

No voy a extenderme, pero hay algunas cosas que son evidentes, señor
Rato. Cuando usted dice que se han debido recortar algunas partidas y,
por ejemplo, menciona el 10 por ciento de inversión, está clarísimo que
eso tiene unos efectos negativos. Y está clarísimo, señor Rato, que el
capítulo 8 de 1997 no se ha cumplido nada. Tengo, por ejemplo, aquí las
famosas partidas presupuestarias que Convergència i Unió y el Gobierno
acordaron en 1997, y de 9.000 millones de pesetas sólo se han ejecutado
251. El resto de partidas, Convergència i Unió las ha presentado este año
como enmienda en el presupuesto de 1998. Por tanto, hay una disminución
brutal de la inversión, una disminución en educación y justicia y, en
cambio, un incremento importante del capítulo 2, del que ahora no tenemos
tiempo de hablar, o la aparición de partidas para gastos militares en el
Ministerio de Industria, por valores superiores a 100.000 millones de
pesetas, para la producción del avión EF-2000.

Lo que quiero decir es que, tanto desde el punto de vista de gastos, como
desde el punto de vista de los ingresos, con sus números, que son
discutibles, el esfuerzo de los trabajadores y de las clases medias en el
sostenimiento de



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la Hacienda pública es mayor hoy que el año pasado. Desde el punto de
vista del gasto, globalmente considerado, ha habido un recorte de las
prestaciones y de las inversiones en el conjunto de la sociedad. Acepto
que en sanidad, y podríamos discutir para qué ha ido el dinero de
sanidad, ha habido un incremento.

Segunda cuestión, el tema del empleo. Usted no me ha contestado a una
cuestión en la que yo he intentado hacer hincapié. Le he dicho que, en
este marco en que todo va muy bien, hay una cosa que son las prestaciones
por desempleo que van bajando y que se han situado en el año 1997 en el
49 por ciento. En un marco en el que precisamente hay menos paro,
parecería que con el mismo dinero se podría incrementar la tasa de
cobertura. Le he preguntado qué piensa usted de esto y si el Gobierno va
a tomar alguna medida para incrementar este hecho.

Respecto al plan de empleo, usted ha dicho de todo. En su intervención
inicial nos ha referido que lo va a plantear, más tarde que ya lo han
hecho, que sí está, que no está. Ustedes expusieron un plan plurianual
absolutamente genérico que no decía nada. Con motivo del debate en el
Congreso sobre la Cumbre de Luxemburgo, el presidente Aznar, como así
recogieron todos los medios de comunicación, se comprometió a presentar
un plan anual, sobre el que si no recuerdo mal hay una primera o segunda
reunión el día 16. Lo que quiero resaltar es que es grave que en marzo de
1998 no exista el plan plurianual, señor Rato.

No nos confunda con la reforma laboral, porque no era para crear empleo,
sino para mejorar la gran eventualidad que había y hay en el país. O sea,
que la reforma laboral tenía como objetivo principal mejorar las
condiciones de trabajo.

Tercer y penúltimo tema, el fraude fiscal. Me ha dejado sorprendido al
decir que hablar del fraude fiscal no era motivo de esta comparecencia y
que lo he llevado de paseo. Otro consejo, pasee usted mucho. Es necesario
para el país que el ministro de Economía pasee. El hecho de que venga
aquí y nos diga que hablar de fraude fiscal no es motivo de su
comparecencia y de su política y que hablar de eso es pasear, me ha
sorprendido.

Entiendo por qué razón todas las conclusiones de la Comisión de los
200.000 millones de pesetas no se han aplicado prácticamente, porque eso
es ir de paseo. Comprendo las dificultades del señor ministro, más allá
de decir que las inspecciones se han aumentado en un 10 por ciento. Eso
no es decir nada. No ha sido capaz de decir nada sobre el contenido real
en la lucha contra el fraude.

En mi intervención le he dicho que uno de los problemas de fondo que
ustedes han heredado de la antigua Administración es que las cifras
cuantitativas por sí mismas no dicen nada. Hay una cuestión muy fácil, y
es decir: Señores de la Agencia, háganme un 10 por ciento más de
inspecciones que el año pasado. Se hacen corriendo, se hacen
superficialmente, no son las más difíciles y ustedes vienen aquí y dicen
que han hecho el 10 por ciento más. En cambio, no ha dicho nada sobre los
problemas de fondo, que es donde está verdaderamente el fraude fiscal.

El cuarto y último tema, el de la fiscalidad. Señor Rato, le decía que
ustedes tienen necesidad de reiterar, de repetir que van a beneficiar a
todo el mundo y especialmente a las rentas bajas y medias. Es curioso que
tengan que repetirlo tanto, no porque coincidan con nosotros o con el
resto de grupos, sino simplemente por el hecho de que las propuestas
concretas que se filtran o que gotean hasta ahora no van en esa
dirección. Si fueran en esa dirección, no lo tendrían que repetir tanto,
porque entre lo que ustedes dicen y lo que parece que van a hacer
--ustedes no han presentado el informe-- existe una disfunción importante
y una gran parte de la sociedad entiende que esta reforma fiscal va a
significar favorecer a los sectores más beneficiados.

Quiero decirle que usted ha justificado en diversas intervenciones, en
cuanto a la presión fiscal del IRPF, la posibilidad de que España en este
tema no esté armonizada con el resto de países europeos en base a la
creación de empleo. Esto es discutible. No tenemos tiempo de debatirlo
aquí y empíricamente en ningún sitio se puede decir que ha sido así. Hay
otra cosa importante, señor Rato. Si usted hace una correlación entre
presión fiscal y prestaciones sociales, verá que a menor presión fiscal
menores prestaciones sociales en Europa y que España está en el
antepenúltimo lugar. Por tanto, detrás del tema de la presión fiscal hay
empleo, también está el tipo de Estado del bienestar que queremos en el
futuro, porque no se puede estar diciendo que vamos a bajar la presión
fiscal y al tiempo se ha amenazado con que la sanidad pública o las
pensiones serán insostenibles en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Intervengo brevísimamente también. Señor Rato,
creo que su intención no era sólo venir hoy a pegarnos la gripe, sino
llevarnos a tal hora que no deseemos más su entrada en esta Comisión.

(Risas.) Intentaremos culminar la reunión los que también tenemos gripe.

Usted dijo en la clausura del congreso de la CEOE que la segunda reforma
laboral era sólo el principio. Anunció, por tanto, nuevas medidas
estructurales de cara a lo que usted piensa que va a crear empleo. Es
decir, cuando yo le he preguntado si tiene una política específica de
empleo, usted fundamentalmente se ha referido a cambios estructurales de
cara a esta nueva reforma del mercado laboral, lo que el señor Homs de
una manera muy fina y eufemísticamente ha llamado tercera reflexión.

Yo le quiero preguntar si se va a proceder a esta tercera reflexión en
los términos, calurosamente saludados por usted, en los que se ha
definido el señor Homs. Querríamos saber, señor Rato, si, tal y como
anunció el señor Aznar, se va a proceder a una profundización --fueron
exactamente sus palabras-- de la reforma laboral o si --según palabras de
S. S.-- no es más que el principio de la segunda reforma laboral y, por
tanto, se va a seguir en esa senda.

Al hilo de esta cuestión, señor Rato, quiero repetirle una cosa que le he
dicho anteriormente, y es que ustedes no se toman en serio el tema del
empleo. No se lo toman en serio, ni siquiera las repercusiones sociales,
políticas y electorales del tema del empleo. Llame usted a Chirac o a
Kohl. Ustedes no se lo toman en serio porque creen que en



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España no va a haber respuesta social ni política ni electoral. Y yo le
digo que, en función del ciclo decreciente o recesivo y en función de una
serie de concomitancias políticas, de respuesta social, que se van a dar
sin duda, éste es un enorme error, tienen una enorme confianza que les va
a llevar a problemas muy serios en este país que tiene un 20 por ciento
de paro. No se lo tomen a broma, porque incluso cuando yo lo decía antes
se reían desde las filas del Partido Popular. No se lo tomen a broma. A
ustedes no les da tiempo a hablar con la gente, a ir a esa parte de la
sociedad que vive de una manera especial, no les da tiempo. Les digo que
están muy mal organizados --si es que están organizados, que lo dudo--,
pero sin duda habrá una respuesta a este tema. Por tanto, le pido que
empiecen a tomarse en serio este problema que hasta ahora no lo tienen en
cuenta y que no está en su agenda política, en su agenda económica.

En segundo y último lugar, le decía antes, a la hora de intentar
caracterizar la etapa que vivimos, que estábamos pasando del pelotazo al
bolsazo porque, aunque tiene características diferentes, ya que en este
caso se trata de un problema incluso de mayorías, se habla de que cuatro
o cinco millones de personas están jugando en Bolsa últimamente. Con esta
propaganda del ciclo eufórico, que tiene elementos mágicos --como decía
el señor Homs, aunque él lo decía en tono crítico--, están convirtiendo a
los ahorradores en inversores, directamente los están traspasando del
papel de ahorradores al de inversores; desde luego, en inversión
especulativa, no productiva, y así lo demuestran los datos del empleo.

Ahora bien, en cuanto hubiera una bajada en la Bolsa, un recorte o una
inflexión todo esto se convertiría en inversión a largo plazo, lo que
supondría de nuevo, sin lugar a dudas, un trasvase de rentas a grandes
fortunas. Esto lo digo conectando con lo que usted acaba de decir, y lo
ha subrayado como algo importante, y es que la inversión de los que
jueguen a Bolsa debe ser una inversión estable y no especulativa. Yo
también lo tomo muy en serio, señor Rato, y lo tomo en la misma dirección
en la que le estoy apuntando. Efectivamente se puede dar en un plazo muy
breve una inflexión a la baja en Bolsa; yo lo digo, usted no lo va a
decir. Yo lo digo e interpreto sus palabras en esta dirección. Mucha
gente se puede sentir prisionera de la propaganda de este ciclo eufórico
que les puede llevar a consecuencias negativas, tal y como están las
cosas, de cara al corto plazo, en el marco en el que me estoy moviendo en
este momento, que es el tema del desarrollo, de la evolución de la Bolsa.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Brevísimamente, señor presidente.

Es verdad que hay lecturas de observatorios o institutos económicos en
las que se pueden anticipar algunas consideraciones sobre las
características del ciclo que pueden tener alguna indicación como la que
aquí hemos podido escuchar. Pero, paralelas a ese tipo de previsiones, en
el inmediato futuro, hay otra serie de previsiones, hechas concretamente
por la Comisión Europea, en las que podemos leer con toda claridad que la
Comisión Europea anticipa que el crecimiento económico para el año 1998
se situaría en España en el 3,5 y para el año 1999 en el 3,6 por ciento,
con lo cual está marcándonos la indicación de que el ciclo mantiene su
tono expansivo durante el horizonte de los dos próximos años.

Cuando nos aproximamos a los logros y beneficios que nos está trayendo la
política presupuestaria, la corrección del déficit y, en definitiva, la
convergencia de nuestra economía con las economías centrales europeas,
vemos que uno de los logros más apreciados por la ciudadanía --y ahí
están todos los estados de opinión-- es precisamente la caída de tipos,
que de alguna manera se nos ha señalado que todavía no ha finalizado y
que podrá progresar hacia cifras de menor entidad.

Por tanto, aun cuando se pueda valorar que tiene un lado que no produce
satisfacción, creo que lo importante de la bajada de los tipos es
precisamente el éxito que supone para la financiación de las empresas, el
saneamiento de la deuda del Estado y, por qué no decirlo también, el
saneamiento de la posición deudora de las familias españolas.

Por último, refiriéndome al IRPF, no puedo menos que pensar que el debate
que vayamos a tener en el futuro sobre esta reforma se va a centrar
--porque veo que va a ocurrir así-- en dónde está el mayor universo de
beneficiados de esa reforma, y mucho me temo que tendremos que repetir e
identificar claramente a la opinión pública cuál es la zona de la
sociedad y las rentas a las que más va a beneficiar, porque también me
temo que alguien va a intentar permanentemente decir que ésta es una
reforma hecha para los ricos. Por eso, tantas veces como se intente hacer
demagogia, tendremos nosotros que repetir que es una reforma que va a
respaldar y a beneficiar en mayor medida a las personas con rentas de
menor poder adquisitivo.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muy brevemente, señor presidente.

Señor Martínez Noval, usted ha dicho que hay una mayoría de españoles que
están en contra de la política de privatizaciones del Gobierno --cosa que
usted no ha dicho en su primera intervención y que no sé si lo ha querido
decir en la segunda, no lo he querido interpretar--, pero el Gobierno
está convencido de que no es así, y prueba de ello es la respuesta que se
ha producido.

Sin embargo, usted ha dicho otra cosa mucho más importante en cierto
sentido, desde luego en el sentido político, y muy distinta, y es que las
personas que el Gobierno ha elegido para dirigir determinadas empresas
iban a hacer una política no en beneficio de los accionistas de esas
empresas, sino en beneficio político. Y eso es lo que tampoco les ha
creído nadie. Yo ya sé que ustedes han intentado las dos políticas.

Primero, han intentado evitar las privatizaciones diciendo que había que
oponerse a la política de privatizaciones



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y no les ha hecho caso nadie. Y ustedes se han consolado --ya nos lo ha
explicado S. S.-- diciéndonos que la gente prefiere ganar dinero. En
cuanto --entre paréntesis-- a que la gente solicitase derechos y los
vendiera antes de tenerlos que pagar, seguramente ésa es una experiencia
que se produjo en algunas privatizaciones anteriores y en las actuales,
aunque se pueden buscar fórmulas, y lo estamos intentado, para que haya
un incentivo para que se mantengan, pero ése no es el debate. Como
tampoco es el debate --por lo menos el que S. S. me ha planteado en su
primera intervención-- si la mayoría de los españoles son o no
partidarios de la política de privatizaciones. El debate que S. S. ha
planteado ha sido otro muy distinto, ha sido el que se refería a personas
concretas que, no por el hecho de su origen político sino de que gozaran
de la confianza de un determinado Gobierno, no podían ser aceptables para
gestionar los intereses generales, en este caso de unos accionistas, de
una determinada compañía. En eso también han sido irrelevantes porque si,
independientemente de sus ideas políticas, las personas que han ido a las
privatizaciones lo han hecho creyendo que ahí, a corto unos y a largo
otros, iban a tener beneficio, es porque están convencidos de que la
gestión no va a ser juzgada por criterios políticos sino profesionales.

De ahí mi referencia a la irrelevancia de su afirmación en su primera
intervención. En cuanto a la relevancia de la segunda, hace ya tiempo que
nadie debate sobre la cuestión del respaldo político a las
privatizaciones, porque me parece que la realidad se impone a más de un
discurso.

Entrando ya en temas económicos, señor Martínez Noval, según vamos
adentrándonos nos vamos a ir divirtiendo más. Efectivamente que es
importante que el sector bancario deje de tener el protagonismo en la
asignación de la inversión y cuanta más desintermediación haya, mejor,
por lo menos para nosotros. Claro que sí, claro que es mucho mejor pasar
de una sociedad en la que, para conseguir una inversión, había que ir a
un banco, a una sociedad en la que los mercados de capitales puedan
financiar a las pequeñas y medianas empresas, yo lo creo; ahora, usted no
y es un debate indudablemente interesante.

Las familias españolas, como ha sucedido en el resto de las sociedades
más avanzadas social y económicamente, irán comprobando cómo la
desintermediación financiera y la inversión institucional en los mercados
de capitales les es muy rentable. Lo mismo que ha sucedido en otros
países ya está sucediendo en España y me parece que se está produciendo
en ese sentido, aunque desde el debate político se quiera querer asustar
a los inversores diciéndoles lo buena que era la España de la libreta y
por qué hay que beneficiarse de los fondos de inversión. Sigan ustedes
por ese camino, ése es el gran camino de lo que puede ser un discurso de
futuro. Déjennos a nosotros el camino de la España de las nuevas
generaciones que ven un nuevo mercado de capitales y quédense ustedes en
la España de la libreta. Es un debate muy interesante política y
económicamente, y seguramente vamos a tener muchos meses para discutirlo.

(El señor Martínez Noval: Sobre todo cuando se hunda la Bolsa.) Ya sé que
saldrán ustedes a la calle diciendo que la Bolsa se hunde como
consecuencia de la responsabilidad del Partido Popular. Será lo que se
llama una política realmente de Estado y de responsabilidad. Estoy
convencido de que el Partido Socialista aprovechará cualquier situación
de la Bolsa --ya me lo ha anunciado S. S. ahora interrumpiendo el
debate-- para anunciar que, suceda lo que suceda, ustedes harán lo que se
llama una oposición constructiva. No esperaba nada menos de ustedes, pero
en ese sentido, a lo mejor el tiempo les hace esperar.

En cuanto a la desaceleración que anuncia el INE, lo que nos anuncia es
que en algunos sectores, como por ejemplo en el nivel de inversión
industrial, estamos en una situación de velocidad de crucero y que
probablemente en ese sector --es lo que anuncia el INE, no digo que yo lo
ratifique-- el nivel de crecimiento de la inversión industrial va a
mantenerse.

En cualquier caso, si la economía española en 1998 creciese en el entorno
del último trimestre de 1997, es decir alrededor del 3,6 o el 3,7 por
ciento, superior en dos o tres décimas a la previsión del Gobierno que
acompañaba a los presupuestos, creo que nos estaríamos adentrando en una
posición relativamente saludable, y habría que ver los efectos
beneficiosos que tenga sobre nuestra economía la recuperación de los
principales mercados de los que somos proveedores, porque no olvidemos
que todavía hay mercados, de los que somos importantes proveedores, que
no han entrado en una recuperación tan intensa como la nuestra.

En cuanto al REF canario, hemos hecho exactamente eso, señor Martínez
Noval; nos hemos encontrado con un problema y creo que lo hemos
solucionado. Como es natural, S. S. podrá decir que no lo hemos
solucionado todo lo bien que S. S. habría querido, pero no cabe la menor
duda de que el problema existía. ¿Que fue una estrategia negociadora de
nuestros antecesores tener al REF canario suspendido de un hilo durante
los años 1994, 1995 y 1996? No lo sé, si usted lo dice, usted lo sabrá, a
mí nunca me han dicho que ésa fuera una estrategia negociadora. En
cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que, con esa estrategia
negociadora o con otra, hemos llegado a un acuerdo con la Comisión que
despeja absolutamente, desde el punto de vista de las garantías de los
ciudadanos, lo que pueda suceder con el REF en este momento en su
aplicación en Canarias. Vuelvo a insistir en que las modificaciones que
se derivan de los acuerdos con la Comisión son mínimas y en algunos casos
prácticamente inexistentes, lo cual quiere decir que la negociación ha
tenido, en mi opinión, un resultado positivo e incluso podíamos
calificarlo de exitoso.

Estoy de acuerdo con S. S. en que la gripe se cura con agua. Ya conoce S.

S. el viejo dicho del médico inglés al que le pregunta un paciente:
Doctor, tengo gripe, ¿qué tengo que hacer? Y le contesta: guardar una
semana de cama. Y le vuelve a preguntar: ¿Y si tomo algo? El médico le
responde: Tome algo durante siete días y quédese siete días en la cama.

Yo creo que sólo podré hacer lo del agua, pero espero superar la gripe lo
antes posible.

El señor Saura ha insistido en la crítica de que la caída de un 10 por
ciento de inversión en el año 1997 es una



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caída grave. Creo que en parte viene a paliar el capítulo VIII. Ese 10
por ciento es de caída presupuestaria. Su señoría tiene razones para
hacer críticas en cuanto a la puesta en marcha del capítulo VIII, pero
creo que en 1998 S. S. podrá comprobar que esas críticas van a ser más
fácilmente defendibles por parte del Gobierno. (El señor Saura Laporta:
Ya lo comprobaremos.)
En cuanto a los recortes de prestaciones, he de decirle que no se han
producido, y por lo que se refiere a la aplicación en este momento de la
legislación aprobada en el año 1992 sobre prestaciones por desempleo, el
Gobierno no la ha variado. Por lo tanto, es la legislación que estaba en
vigor desde el año 1992.

Hay un plan plurianual de empleo del Gobierno que a S. S. no le gusta,
pero existe. Ahora S. S. va a debatir con nosotros el plan que vamos a
presentar, junto con los demás países europeos. Ahí habrá campo para
ponerse de acuerdo y también para debatir sobre cuestiones que hemos
tratado a lo largo de toda la mañana.

En cuanto a las recomendaciones de la Comisión de investigación, quiero
decirle que el plan de modernización ha sido presentado por el secretario
de Estado de Hacienda en esta Comisión, es verdad --y lo ha dicho S. S.--
que con cuatro meses de retraso. Es cierto y hay que aceptar las
críticas, pero está presentado y está en marcha.

En cuanto a la lucha contra el fraude, S. S. me ha regañado mucho porque
yo haya sacado un tema que no estaba en el orden del día. (El señor Saura
Laporta: No demasiado.) No demasiado, eso es siempre relativo. Pero tengo
que decirle que yo no estaba, y S. S. tiene que aceptarlo. A partir de
ahí le he dado a S. S. unos datos que a S. S. no le han gustado. La
verdad es que no es fácil satisfacer a S. S. Le conteste lo que le
conteste, a S. S. no le gusta. Si le contesto que no tengo los datos, me
dice que hago mal en no tenerlos y si le doy los datos, me dice que son
irrelevantes. Tengo un listón muy alto en lo que quede de legislatura
para tratar de llegar a un punto intermedio.

Sí tengo que decir --y creo que lo he dicho en mi contestación a su
intervención y si no ahora lo afirmo-- que hemos disminuido el número de
contribuyentes comprobados y hemos aumentado en un 10 por ciento el
efecto de esas comprobaciones, lo cual demuestra que, por comprobación,
hemos aumentado la eficacia y hemos diseñado la estrategia de
concentrarnos en contribuyentes que tienen mayores niveles de riesgo. He
planteado también algunas medidas legales dentro de la estructura de la
Agencia, como ha sido el cambio de los criterios de deducción de IVA,
como también lo va a ser la menor presión fiscal indirecta a través de la
declaración en el IRPF, que son políticas que están claramente diseñadas
para la lucha contra el fraude.

Al final, el señor Saura me plantea la ecuación de que la menor presión
fiscal es equivalente a menores prestaciones sociales, aunque genere más
empleo. Esa es la parte más complicada del debate en el que nos movemos
todas las sociedades modernas. En España, si hay que empezar por algún
sitio es por el empleo. En España, la sostenibilidad de las prestaciones
sociales hoy está más ligada al aumento del número de cotizantes que de
otras cuestiones, y S. S. es consciente de ello.

Por tanto, sin que yo quiera decir que S. S. ha dicho eso en términos
absolutos, que no lo ha dicho, creo que éste es el meollo de la cuestión
o uno de los meollos de la cuestión en todos los países occidentales. En
España, todo lo que sea acomodar nuestra situación a una mayor creación
de empleo es una de las mejores garantías para el mantenimiento del
Estado del bienestar.

El señor Alcaraz me ha planteado la reforma laboral. Nosotros ya hemos
dicho de qué reforma laboral estamos hablando: trabajo a tiempo parcial,
políticas activas y políticas de reducción de las cotizaciones sociales.

Yo lo he dicho aquí, fuera de aquí y lo voy a decir en todos los sitios
en que se me quiera plantear esta cuestión. Desde luego, si por algo se
nos tiene que distinguir es porque claramente nosotros hemos dicho que
las modificaciones sobre la legislación laboral entendíamos que tenían
que venir consensuadas por los interlocutores sociales. Lo dijimos en el
año 1997, se produjo y creo que en este momento ha dado lugar a una
reforma muy importante. Lo que no podemos hacer es pensar que, porque se
haya producido una reforma sobre unas nuevas modalidades de contratación,
que está teniendo unos efectos positivos, no debamos plantearnos reformas
sobre otras cuestiones, tales como las que yo acabo de mencionarle a
usted: el trabajo a tiempo parcial, las políticas activas o el nuevo
papel de las cotizaciones sociales, que indudablemente creo que van a
dominar una parte importante de nuestros debates.

Dice el señor Alcaraz --lo ha dicho en su primera intervención y lo
vuelve a repetir ahora-- que no nos tomamos en serio el tema del empleo.

Desde que el presidente del Gobierno dijo que el año 1997 iba a ser el
año del empleo, lo cual, como es natural, le ha abierto los riesgos de
que no fuera así, aunque lo ha sido, puesto que en España se ha creado el
doble de empleo que en el año 1996, y claramente plantea ése como el
objetivo de 1998, no es fácil decir que el Gobierno no cree que el empleo
es el principal problema socioeconómico de la sociedad española. Sin duda
lo es, lo ha sido en el año 1996, lo lleva siendo desde hace muchos años
y el Gobierno está plenamente comprometido con ello, y yo coincido con S.

S. en que creo que los ciudadanos nos van a juzgar por eso. O sea, que en
ese sentido S. S. hace una apreciación muy cierta, no crea que el
Gobierno no es plenamente consciente de ello.

En cuanto a la Bolsa y lo que vaya a suceder en la Bolsa, desde luego yo
no voy a hacer predicciones de ningún tipo. No creo que los indicadores
de la Bolsa deban ser en este momento base del debate político sobre lo
que está sucediendo, lo que ocurre en las bolsas occidentales tiene
explicaciones técnicas que todos tenemos ocasión de leer en los
periódicos económicos y en las publicaciones especializadas, pero lo que
yo sí creo que el Gobierno puede y debe hacer es indicar a los ciudadanos
que hay una transformación en los instrumentos de ahorro, que los
mercados de capitales están siendo cada vez más atractivos para el
ciudadano de a pie, a través de la inversión institucionalizada, y que
eso tiene efectos positivos en lo que es el crecimiento económico y la
financiación de los sectores productivos.




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También creo que lo que el Gobierno puede decir claramente, si es que el
Gobierno debe dar algún consejo en estos temas, que probablemente no
debe, es que, para el ciudadano medio, el mercado de capitales debe ser
una inversión estable, como cualquier otra que contemple, ya sea tener
una casa o tener unas acciones, debe pensar en inversiones estables,
porque indudablemente los cambios y las correcciones en los mercados
pueden ser muy bruscos como consecuencia de muchas circunstancias,
algunas de ellas predecibles y otras impredecibles, que el ciudadano
medio debe pensar a medio y largo plazo cuando plantea su ahorro. De ahí
la importancia de que, desde el punto de vista de los poderes públicos,
les dotemos de instrumentos de ahorro a largo plazo, que es donde
claramente el ciudadano medio puede salir ganando en todas las ocasiones.

Señor Aguirre, simplemente quería recalcar lo que ha dicho sobre que el
ciclo en este momento se plantea por la mayor parte de los analistas en
una fase de mantenimiento, de crecimiento estable. Al mismo tiempo quería
hacer referencia a lo que ha dicho el señor Aguirre con respecto a los
beneficios de la reforma del IRPF. Es indudable que, cuando hablamos de
un mínimo familiar, de una reducción más importante de las rentas
laborales y de un reconocimiento de las rentas no sometidas a tributación
por parte de las familias, estamos hablando de lo que estamos hablando,
independientemente de que a unos les pueda parecer bien y a otros les
pueda parecer mal, pero es lo que nosotros pretendemos hacer con esta
reforma y, como creo que tenemos respaldo parlamentario para hacerla, es
lo que SS. SS. van a tener que debatir en los próximos meses en esta
Comisión, junto con otras muchas cuestiones que yo les plantee.

Señor presidente, simplemente quiero agradecer a todos los portavoces sus
intervenciones, el contenido y el tono de las mismas y estoy a
disposición de la Comisión cuando les parezca pertinente.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de elaborar trámites procedimentales
ulteriores, someto a la consideración de la Comisión el hecho de que
necesitaríamos un acuerdo por unanimidad para la próxima comparecencia
del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
explicar las intervenciones llevadas a cabo por esta Comisión acerca de
la agencia de valores AVA en relación con la banca Socimer.

¿Lo aprueba la Comisión? (Asentimiento.)
Esta comparecencia queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión.




Eran las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.