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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 395, de 26/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 395
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 31
celebrada el jueves, 26 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de los señores que se relacionan a continuación, para
informar sobre el proyecto de Ley del sector de hidrocarburos (Número de
expediente 121/000099) (Página 11640)
--Del señor presidente de la Asociación de Gestores de Estaciones de
Servicio (Castaño Blanco) (Número de expediente 219/000329) (Página 11640)
--Del señor presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU
(Sánchez Reyes) (Número de expediente 219/000330) (Página 11643)
--Del señor secretario general de la Unión de Consumidores de España, UCE
(Hinojosa Bolívar) (Número de expediente 219/000331) (Página 11650)
--Del señor presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos, S. A.
CLH (Número de expediente 219/000332) y presidente de Repsol Petróleo, S.
A. (Sancho Rof) (Número de expediente 219/000333) (Página 11654)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LOS SEÑORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, PARA
INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS (Número de
expediente 121/000099).
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE GESTORES DE ESTACIONES DE
SERVICIO (CASTAÑO BLANCO) (Número de expediente 219/000329).
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Vamos a continuar la ronda
de comparecencias de la ley de hidrocarburos. Seguiremos el mismo orden
que estaba marcado en anteriores comparecencias, es decir, habrá tres
minutos para los portavoces de los diferentes grupos empezando por el
Grupo Socialista, de mayor a menor, y terminará el Grupo Popular. Tendrá
15 minutos el compareciente. Después, se dará un turno especial de un
minuto para aclaración de los grupos, de las preguntas que necesiten
hacer al compareciente y habrá un turno final de cinco minutos del
compareciente.
Señor Castaño, le damos la bienvenida a la Comisión y, una vez dicho
esto, damos la palabra al portavoz del Grupo Socialista, señora
Mendizabal.
Señora Mendizabal, tiene la palabra.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: A la portavoz del Grupo Socialista,
señor Presidente; es una reivindicación feminista nada más. Muchas
gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradece a don Fernando Castaño Blanco su
presencia en esta Cámara y en esta Comisión y manifestarle que, desde
nuestro grupo, la solicitud de las comparecencias van con el ánimo de
poder aclarar y de poder conocer mejor cómo todos los sectores implicados
se ven influenciados por este nuevo proyecto de ley con el único ánimo de
en estas comparecencias sacar aquello que nos permita mejorar y que todo
vaya mejor.
Dicho esto, si quiere, en primer lugar, puede hacernos una valoración
general de lo que pueda suponer el proyecto de ley completo, en todo su
ámbito, en el sector de derivados de petróleo, en el sector del gas, lo
que usted quiera. Quiero decir que la opinión, en términos generales, y
la valoración que haga nos interesa. Luego nos gustaría que nos explicara
más lo que afecta a la problemática específica de la asociación a la que
usted representa. Es decir, que nos hable de cómo queda el tema del
abanderamiento, el tema de los suministros a cooperativas de gasóleo,
etcétera. Respecto a lo que ayer nos dijo, la asociación de operadores de
que ellos reivindicaban un mayor control, es decir, una especie de
control de marca, ¿cuál es su punto de vista?
Finalmente, desearíamos que nos hiciera una valoración de lo que pueda
suponer la desaparición del establecimiento de precios máximos dentro de
este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias también por la comparecencia.
En el mismo sentido que la portavoz socialista ha expresado, quiero
manifestar la preocupación de nuestro grupo por conocer la opinión de su
asociación sobre el proyecto de ley en su conjunto, y también,
desgraciadamente, cómo ven ustedes el fraude en su sector, si la ley
puede ayudar o qué hace falta para evitar situaciones similares y, al
mismo tiempo, si usted cree que sus asociados tienen alguna cobertura
para garantizar que no exista competencia desleal mediante posibles
fraudes de otros empresarios del sector. ¿Qué medidas cree usted que
serían convenientes? ¿Cómo ven ustedes la queja de las compañías de
bandera que dicen que no pueden fiscalizar si efectivamente los productos
que abanderan en algunas gasolineras realmente pertenecen a esas mismas
compañías? Parece ser que hay más de 70 conflictos, según se expresaba
aquí en estos días, respecto a este tema.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero agradecer a
Fernando Castaño la comparecencia en este acto y manifestarle que al
Grupo Popular le interesa formular las siguientes preguntas. En primer
lugar, si considera que el proyecto de ley de Hidrocarburos avanza en la
liberalización e introduce mayor competencia obteniendo rebaja de
precios, por lo que solicitamos una valoración global del proyecto. En
segundo lugar, si considera conveniente la eliminación de los precios
máximos de la gasolina a fin de que sean libres. En tercer lugar, si
considera correctas las medidas contempladas para la planificación
urbanística territorial y de carreteras dentro del proyecto. En cuarto
lugar, qué opinión le ofrecen los contratos de abanderamiento, pros y
contras de los mismos. En quinto lugar, qué opina de que los
transportistas no sean consumidores finales. En sexto lugar, qué medidas
cree que son procedentes para evitar el fraude fiscal que últimamente se
ha denunciado en algunas gasolineras. En séptimo lugar, ¿considera que el
proyecto resuelve los problemas de estructuración del sector que afecta a
7.000 puntos de venta en España?
Y, por último, ¿qué opina de que los mayoristas lleven a efecto el
control de la calidad, origen y medidas de los productos por el
abanderamiento?
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Castaño, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE GESTORES DE ESTACIONES DE
SERVICIO (Castaño Blanco): Les agradezco a ustedes la deferencia que
tienen en contar con mi opinión, que puede ser más o menos valiosa según
la interpreten ustedes. Por otra parte, como esta serie de preguntas me
han venido como una avalancha, en un momento, sin tener constancia de
ellas, he procurado captarlas pero les ruego que, si en algún momento
hago omisión de algo, tengan la bondad de recordármelo porque se me puede
haber pasado algo.
En primer lugar, contestaré a la señora Mendizabal, que es quien se ha
dirigido en primer lugar a mí. Le diré que el tema de la ley de
hidrocarburos, cuyo objetivo final parece ser una liberalización total y
absoluta del sector, en principio, en cuanto a la liberalización, recoge
muchas de las cosas que ya están puestas en marcha. Es decir, se ha
liberalizado mucho, en cuanto a lo que representan las estaciones de
servicio, que es lo que yo aquí vengo a contar. Se ha liberalizado mucho
en cuanto que se suprimieron todas las barreras que había de distancias,
de depender solamente de un monopolio, como existía entonces, incluso del
primer reparto que se hizo ya se ha ascendido; se ha liberalizado mucho.
Quedan las cuestiones de precios, de garantías y de contratos, que son
muy importantes también. Respecto a la ley de hidrocarburos hicimos unas
alegaciones en su día que no sería cosa de leerlas aquí porque es un
tocho así de gordo, pero, en principio, los caracteres generales los
puedo poner de manifiesto en lo que representan.
He tomado nota del tema de las cooperativas, que era el nudo gordiano de
cuando se empezó a elaborar la ley de hidrocarburos y aquella célebre Ley
de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que nos
tuvieron en jaque a nosotros e incluso a parte de la nación que estaba
temerosa de aquellos intentos de huelga que hubo, de aquellas
manifestaciones, etcétera. Aquello desembocó en un acuerdo que hubo entre
el Ministerio de Industria, nosotros, los distribuidores --y cuando digo
distribuidores no digo distribuidores del producto al público, sino de
los que hacen distribución en camiones que son los que en el lenguaje
nuestro se llaman distribuidores-- y, por supuesto, los sindicatos. Y, al
final, llegamos a un acuerdo de principio de lo que podía ser la ley en
un futuro, la ley más pormenorizada pero, en aquel momento, lo que podía
significar a retirada de la Ley de acompañamiento y esperar a ver qué
ocurriría con la ley de hidrocarburos. Y ese documento, firmado por la
Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio que es la que yo
represento --y por mí personalmente--, por la Confederación Española de
Estaciones de Servicio, que don Roberto Sáez la representaba --no sé si
está citado a estas sesiones-- y los sindicatos, que entonces estaban
representados por UGT, llegamos a un acuerdo de que las líneas generales
habían de llevar determinadas directrices. En vista de eso, quedamos en
que abandonábamos cualquier medida de presión que hubiera, tanto los
trabajadores como nosotros, y que íbamos a luchar para que aquel
documento se tradujera después, o se plasmara luego en unos documentos
que dieran lugar a la ley de hidrocarburos.
Nuestra sorpresa fue que a la Ley de acompañamiento se llevaron a una
serie de medidas y disposiciones que se aportaban por completo de aquel
compromiso y daban lugar a que, a partir de aquel momento, las
cooperativas podían establecerse con unas limitaciones que no eran las
que nosotros teníamos pensado. Una de las cosas era que se sometieran a
las mismas condiciones en las que nosotros nos movíamos, como eran el
sometimiento a la ITC-03 y a la ITC-04 que estaban en elaboración y que
tuvieran las mismas condiciones de seguridad tanto para nosotros como
para los usuarios. Pues salió una cosa deprisa y corriendo con lo que las
cooperativas ya se podían poner en marcha. Y lo peligroso no es que se
pusieran en marcha a partir de aquel momento, sino que todas las que
estaban sometidas a expedientes por infracciones a partir de aquel
momento quedaban liberalizadas y podía establecerse una especie de
avalancha entre las que se les había limitado y las que a partir de aquel
momento podían establecerse, con las consecuencias terribles para el
grupo de estaciones de servicio, sobre todo para las que están
establecidas en carretera. Y más aún para el colectivo de trabajadores
--podemos decir que son un 25.000 obreros--, que dependían de esas
estaciones de servicio. Seguridad para los propios usuarios. Ahora mismo,
con motivo de este desgraciado incidente que ha habido que se ha aireado
tanto --después puede aclararse un poco cómo ha sucedido--, vemos que es
necesario un control y si las cooperativas no están sujetas al mismo
control que antes teníamos y que a lo mejor resulta que hasta ese control
es insuficiente, como se ha demostrado y por eso no me rasgo yo las
vestiduras, el control es para cualquiera, porque un cooperativista se
establece desde el momento en que un señor presenta su documento de
identidad y deja una peseta, que es lo que en muchas cooperativas costaba
hacerse socio. Es decir, es una forma de venta al público sin las
garantías que ese público pudiera tener. Eso en cuanto al tema de las
cooperativas que salió deprisa y corriendo y sin sujetarse a los acuerdos
que tuvimos y que están firmados. Si alguien tiene curiosidad tengo aquí
una copia de aquel acuerdo firmado por todos. Está a su disposición.
Había hablado también del tema del control por parte de las compañías
abanderadas que por lo visto se ha solicitado aquí. Nosotros nos somos
enemigos de un control. Si uno está tranquilo de que está actuando
honradamente y bien pues que le hagan todos controles necesarios. Ahora
bien, creo que también tiene que haber una equidad jurídica. Es decir, si
nosotros tenemos un control que ellos también lo tengan. Decía el otro
día en una comparecencia en televisión --y se extrañó mucho todo el
mundo--: Aquí se está hablando mucho del control exhaustivo de los
aparatos de medida, pero es que a nosotros no nos controla nadie las
cisternas que nos sirven las empresas. A nosotros, las cisternas nos
llegan hasta sin precintos, no tienen contadores. Y como resulta que la
ley del más fuerte es la que impera nosotros tenemos que decir amén Jesús
a lo que nos traen.
Los temas contractuales. Hay mucho que hablar de los contratos. Por
ejemplo, del tema de las comisiones. Las comisiones es uno de los temas
más importantes. La única garantía que tenemos de que nuestros negocios
se van a desarrollar por un camino aceptable es que todos los años los
señores de las petroleras dicen: A partir de este año ustedes
van a tener esta comisión. Están diciendo siempre no solamente que no va
a subir sino que, incluso, a lo mejor puede llegar a bajar. ¿Qué defensa
tenemos nosotros contra esto? Pues yo diría que prácticamente ninguna,
porque en los contratos --y hablo de los contratos tanto de
abanderamiento como de contratos de gestión, que son otra forma que se
deriva de la desaparición del monopolio, etcétera, la única garantía que
tenemos es que no serían inferiores a los que las petroleras dentro del
mismo rango hicieran en el entorno geográfico de la estación de servicio.
Esto, dicho en términos vulgares, se lo han saltado a la torera siempre.
¿Por qué? Porque no hay una normativa. Es una cosa tan ambigua que se
dice: Dentro de las comisiones van también los monos que regalamos o la
tarjeta que ponemos a disposición de los clientes, etcétera, y eso no se
cuantifica de una forma absoluta. Este año, por ejemplo, las comisiones
prácticamente no han subido nada, aunque el índice de vida ha subido muy
poquito, como todos sabemos, pero por lo menos ese índice de precios al
consumo podíamos haberlo tenido en cuenta. Además, algunas petroleras,
someten a una serie de compromisos para futuro de difícil comprensión.
Los contratos obligan a mucho y, sin embargo, ellos no se comprometen
demasiado.
¿Estamos dispuestos a tener control? Lo estamos, pero en condiciones de
equidad jurídica. Y diría más. Incluso sin tener en cuenta esa equidad
jurídica, muchas veces decimos: En gran parte del mundo se tiene en
cuenta las condiciones climatológicas; en este caso hay que tener mucho
en cuenta las diferencias de temperatura porque se evaporan los productos
y luego significan muchas pérdidas. Pues no se tienen en cuenta aunque
haya una normativa de este tipo. Y en cuanto a la normativa de medidas
generales, somos los primeros que estamos deseando que haya una normativa
de metodología que ponga las cosas en su sitio; que diga dónde tienen que
estar todos los precintos en los aparatos; que diga hasta dónde puede uno
llegar en límites de tolerancia por las desviaciones que puede haber en
los aparatos porque son unos aparatos de medida que tienen que tener unas
tolerancias que siempre están contempladas en la ley, etcétera. Es decir,
queremos que haya equidad en los contratos.
En cuanto al tema de los precios máximos, no tenemos por qué oponernos al
precio máximo ni al precio mínimo. Lo que pasa es que nosotros estamos
dentro de un sistema de comisiones que nos da lo mismo que el precio sea
muy grande o que sea muy pequeño, pero en el sistema de comisiones
también estamos en inferioridad, porque los que no están abanderados sino
que van por libre o dependen de otras empresas, como las que dan unos
contratos de naturaleza distinta, pueden jugar con los precios. Nosotros
nos tenemos que someter a los precios que las petroleras nos indiquen.
Siempre. Nosotros todos los días recibimos una nota de la petrolera:
Mañana ponga usted en el monolito tal precio... --se llama monolito al
lugar donde están todos los precios, donde están los productos-- y es
donde ponemos la orden. Y como tenemos una comisión no nos podemos mover
de ese precio porque entonces nos arruinamos. Estamos en condiciones de
inferioridad con uno que tenga un precio libre y con los mismos
consumidores directos porque se da la paradoja de que a nosotros nos dan
una media de seis pesetas por litro y, sin embargo, está dando en
consumos directos unos precios de 12, de 14 y hasta de 18 pesetas,
directamente, sin pasar por la estación de servicio; son unos márgenes
muy superiores a los que nosotros tenemos y de ahí tenemos que sacar un
rendimiento. Son unas situaciones paradójicas que nos gustaría que se
aclararan y se tuvieran en cuenta.
Muchas de las respuestas del Partido Socialista son también respuestas a
algunas de las preguntas del Partido Popular.
Habíamos avanzado algo en la liberalización. Lo más gordo de la
liberalización estaba hecho ya. A la gente lo que le gusta es que la
liberalización se traduzca en una mayor guerra de precios, en una mayor
competencia entre las estaciones de servicio. Pero realmente ahí tenemos
muy poquito margen en el que movernos. Esta es la desgracia. Nos gustaría
tener mucho más margen en el que movernos y hacer una política
empresarial mucho más activa. Pero es que nos movemos en unos límites
verdaderamente estrechos, tanto en el contrato como en las comisiones.
El tema de los transportistas. Creo que ya lo he contestado. Es el mismo
que el de las cooperativas.
Medidas para evitar un fraude fiscal. El fraude fiscal, si de verdad el
tema de las cooperativas se intensifica, puede crecer de una forma
verdaderamente alarmante, porque, al no saber de dónde vienen las
cisternas, el control sería mucho más difícil de llevar. Estamos
absolutamente de acuerdo en que haya un control de la procedencia del
producto. Eso es muy importante porque a mí me gusta jugar con las mismas
cartas y si hay a mi lado un señor que es un desaprensivo y está
comprando un producto que no se sabe ni de dónde viene (no me importa que
traicione o no a la marca, a mí eso me da lo mismo), está jugando con
unas armas económicas distintas, porque a ese señor le están llevando un
producto con una diferencia de muchas pesetas, puede hacer una rebaja de
precios y todos los clientes se van a ir al otro sitio. Ese es el fraude
fiscal que hay que perseguir y nosotros estamos dispuestos a colaborar en
todo lo que sea posible.
En cuanto al control de mayoristas, me acabo de manifestar. Respecto a
los contratos, ustedes saben que los hay de dos tipos: unos son los
contratos de abanderamiento que se hacen por un número limitado de años
en cual están sujetos a los componentes del contrato. Luego, hay otros
que en su día, por unas razones no demasiado claras y por los consejos de
aquellos que estaban discutiendo la desaparición del monopolio con las
organizaciones supranacionales, se nos hizo el ofrecimiento de comprarnos
las estaciones de servicio a un precio simbólico. Una situación de
servicio en Madrid, situada en un sitio estratégico, se han vendido en
veinticinco millones de pesetas. Esa estación, al año siguiente, valía
seiscientos o setecientos millones de pesetas. Como contrapartida,
durante el período que quedaba de revisión al Estado, que era del orden
de 25 ó 30 años de media, el negocio de la estación iba a quedar en manos
del antiguo propietario, y aunque el precio fuera simbólico nunca venían
mal 25 millones de pesetas. A mí me iba a dar lo mismo, iba a estar 25 ó
30 años llevando el
negocio, pero lo que no sabíamos nosotros y tenemos la absoluta seguridad
de que sí lo sabían las partes que estaban contratando, es que una de las
condiciones de las supranacionales era la desaparición de la revisión. Al
año siguiente desapareció la revisión y todo el montaje se vino abajo.
Nosotros nos quedamos sin nuestras estaciones.
Estamos sujetos a unos contratos que obligan a mucho más, porque el que
contrata por 5 años sabe que a los 5 años le va a decir a la petrolera:
«No me gusta cómo has actuado.» Ahora le está amenazado durante esos
cinco años: «trátame mejor porque si no lo haces dentro de 5 años no te
voy a volver a firmar.» Nosotros estamos condenados hasta los 30 años de
revisión y entonces nos dirán: «Adiós, que ustedes aquí ya no tienen nada
que ver.» Eso es una herida que no sé si se ha tenido en cuenta. Yo
calculo que son entre el 60 y 70 por ciento de estaciones de servicio las
que estamos en esas condiciones. Creo que en líneas generales he
contestado a las preguntas del Grupo Popular. Si alguna cosa se me ha
pasado, les ruego que me lo hagan saber. Respecto al Grupo de Izquierda
Unida, han empezado a hablar del problema de controles y de que están muy
de actualidad. Efectivamente, me gustaría hacer una referencia a lo que
ha ocurrido últimamente y que sí se puede traducir en la Ley de
Hidrocarburos en que sea más efectivo el sistema de control.
Se hicieron unas inspecciones por parte de la OCU que, en principio,
estaban bien y han aclarado algunas cosas, pero carecían absolutamente de
rigor. Se demostró que había un grupo pequeño de estaciones en las que
parecía que había fraude, pero luego había muchas más, el resto, en las
que no había indicio alguno de fraude, con lo cual, aquel argumento que
salió en algunos periódicos --en El País, me parece que fue-- de que un
tercio de las unidades de Madrid están robando, no era de recibo, porque
se había extendido a un número limitado de estaciones y se había
extrapolado. Como yo le decía a la Organización Nacional de Consumidores,
es tanto como decir que si hay un señor que es un sinvergüenza y el otro
no lo es, el 50 por ciento de los españoles son sinvergüenzas; eso no
puede ser. La Organización Nacional de Consumidores estaba de acuerdo en
que había sido una cosa de los periódicos y que, realmente, obedecía a un
fraude muy localizado en unas estaciones de determinado grupo.
A partir de entonces se estableció un régimen de inspecciones muy duro
por parte de la Consejería y se empezaron a tener en cuenta algunas cosas
que hasta entonces no se habían tenido en cuenta. Se habló de unos
precintos que no tenían nada que ver con el medidor, que se llamaban de
fabricante y estaban regulados por Metrología pero nada más que en su
primera fase, es decir, en la fase del fabricante al vendedor, pero
luego, en la práctica, los únicos precintos que siempre se han tenido en
cuenta y que ha precintado la Delegación de Industria, eran los de
contador volumétrico, que con los que efectivamente controlan que la
medida sea exacta, lo que no controlan en un posible fraude de un aparato
que podían tener y que nosotros desconocíamos de forma absoluta. No digo
que no hubiera alguien que lo hubiera puesto en su día, pero eso ya lo
dirán los jueces.
Salió a la luz una posible deficiencia de ordenamiento jurídico y técnico
de los aparatos. Metrología se ha comprometido a que en este mes de
febrero se va a llevar a la práctica y se va a poner en orden toda la
normativa de medidas, lo cual nos parece perfecto. Lo que no nos parece
perfecto es que, porque se han detectado unos posibles fraudes en un
determinado número de estaciones de servicio, se ha puesto en entredicho
a un sector como éste que se ha demostrado que estaba en orden.
¿Qué le falta a la ley? Que no está definido muy bien por Metrología cómo
tienen que estar los aparatos surtidores y qué precintos tienen que
tener, es decir, que yo tenga la garantía exhaustiva de que si yo quiero
estar en orden, lo estoy y que no vengan diciendo que tiene que haber un
precinto, que han repasado el surtidor y le han quitado un precinto. Si
sé que tiene que haber cuatro, los miro y veo que están los cuatro, me
parece muy bien, pero para eso tiene que haber una ley que es lo que
falta y lo que, por lo visto, Metrología se ha comprometido a hacer en
este mes de febrero.
Competencia desleal. Estimo que hay competencia desleal cuando unos
señores pueden poner unos precios distintos a los míos porque yo estoy
sujeto a un sistema de comisiones --no digo una venta en firme-- y no
puedo jugar con los precios. Si pudiera jugar con los precios a la baja,
tampoco pues tendría que ser en detrimento de esa comisión que tengo que
cubre malamente los gastos que puedo tener. Creo que es lo
suficientemente significativo el hecho de que tenemos una comisión de
seis pesetas y que haya un señor al lado que pueda tener dieciocho
pesetas porque está en el mercado libre. A nuestro juicio, hay una
competencia desleal entre una gasolinera y la otra, no tenemos las mismas
armas. Podríamos estar hablando de infinitos problemas que tenemos pero
se haría la jornada larga y aburrida y creo que no es éste el momento.
Si algo no ha quedado suficientemente aclarado me ofrezco a contestarlo
con mucho gusto.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castaño, por su
comparecencia y por sus explicaciones.
Creo que los portavoces han quedado suficientemente satisfechos con sus
explicaciones y, por consiguiente, vamos a pasar a la siguiente
comparecencia.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, OCU
(SANCHEZ REYES) (Número de expediente 219/000330).
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al señor Sánchez a esta Comisión
y, para tratar de seguir cumpliendo el horario, vamos a dar la palabra a
la portavoz del Grupo Socialista, señora Mendizabal.
Señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Como siempre, quiero agradecer al señor
Sánchez Reyes que haya atendido a la llamada de este Parlamento y esté
aquí con nosotros para darnos una visión que es totalmente distinta
a la que hemos estado viendo hasta ahora pues es la visión del otro lado,
de los consumidores, de los que van a recibir los beneficios o los
perjuicios de una ley.
Su visión es interesante desde todos los aspectos que usted quiera
recalcar, que probablemente serán más de los que nosotros alcancemos a
preguntarle, porque aunque los que estamos haciendo leyes somos
consumidores y sufrimos las consecuencias, cuando estamos aquí somos
incapaces de plasmarlas.
Voy a hacer algunas preguntas muy concretas, pero probablemente serán
bastantes menos de las que usted pueda contestarnos. ¿Qué beneficios
puede aportar al consumidor el que pase de ser servicio público a ser
servicio esencial? ¿Puede tener ventajas o inconvenientes? Detállenos los
pros y los contras.
Otro tema que puede afectar directamente a los consumidores es que
desaparezca el establecimiento de precios máximos por parte de la
Administración y que se liberen los precios sin que exista esa cierta
garantía. En este aspecto pensamos que podrá llegarse a un régimen de
desaparición de tarifas. Nos gustaría saber si eso puede ser beneficioso
o no. Por otro lado, un asunto que afecta de manera muy directa a los
consumidores y que se aborda en la ley es el de los GLP, el butano, en
definitiva, la bombona de butano de uso doméstico. En este caso, con la
ley desaparece un derecho que tenía el consumidor que era el suministro
de la bombona a domicilio. ¿Qué puede suponer eso desde su punto de
vista, tanto porque se deja de tener un derecho como por los problemas de
seguridad que esto puede implicar? Al existir antes un contrato de
suministro la empresa responsable de ese contrato tenía la posibilidad de
saber dónde tenía que inspeccionar y cómo se tenía que hacer el control.
Este tema de seguridad ¿cómo se puede sustituir?, ¿puede ser
sustituible?, ¿cómo opinan los consumidores que debe sustituirse?
Otro tema que puede afectar de manera bastante directa a los consumidores
es el relativo a las infracciones y sanciones. Estimamos que con esta
nueva ley existe una cierta suavización en infracciones y sanciones, por
lo que nos gustaría que nos expresara su opinión al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Agradecemos la comparecencia que sirve para
ilustrarnos sobre los distintos puntos de vista del sector porque está
siendo muy interesante en el sentido de ver cómo hasta ahora cada parte
interviniente en la gestión de los hidrocarburos procura buscar las
culpas de los problemas --entre comillas-- en el de al lado, es decir, en
el suministrador o en el operador. Cada uno tiene su punto de vista y
tiene su lógica, cada uno ve sus propios intereses más fácil que los de
los demás.
Nos parece muy interesante su aportación en nombre de los consumidores y,
en especial, le haría tres preguntas. Primera, ¿cree usted que la ley
(teniendo en cuenta que la competencia en muchos de estos temas es de las
comunidades autónomas a la hora de efectuar las inspecciones) aporta algo
en el sentido de corregir uno de los déficit importantísimos en nuestra
opinión, que es la escasa capacidad inspectora, por otra parte, por la
escasez de inspectores en las comunidades autónomas dedicados a estos
temas y, por otra, por la falta hasta ahora de normas claras --y de
algunas se acaba de hablar ahora--, de distintos criterios, en muchos
casos criterios obsoletos dadas las nuevas tecnologías como la
informática? Segunda, ¿qué cree usted que falta para garantizar esta
capacidad inspectora? ¿No cree que además de la competencia de las
comunidades autónomas en determinados fraudes que pueden afectar a varias
comunidades, tendría que existir un organismo inspector por encima del
ámbito autonómico que tuviera competencias para intervenir en fraudes que
pudieran afectar a varias comunidades autónomas? Por último, ¿cree usted
que esta ley promueve una competencia que va a repercutir de verdad en
diferentes precios, por tanto competencia que le puede llegar al usuario
realmente, o seguiremos como hasta ahora donde parecen primar los
acuerdos entre las propias compañías, con precios prácticamente idénticos
en todo el territorio?
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Agradecemos a don Carlos Sánchez Reyes su
presencia hoy en esta Comisión y sus opiniones que, sin duda, vienen a
poner en evidencia las de la parte que nos debe preocupar más a los
representantes políticos de los diferentes grupos parlamentarios hoy aquí
presentes. No cabe duda que esta ley de hidrocarburos es una ley de muy
amplio alcance pero que, como toda ley de esta magnitud, al final está
pensada y manifiesta una voluntad política de mejorar gran parte de los
servicios a los ciudadanos. Mi grupo entiende que esta ley expresa
precisamente esa voluntad política respaldada por una amplia mayoría de
la ciudadanía de profundizar en los sistemas de mercado y en la
liberalización de un sector como este de los hidrocarburos que hasta
ahora ha venido padeciendo una situación de cuasi monopolio y, por tanto,
con una serie de hábitos o servidumbres que estaban muy lejos de
satisfacer los intereses de los ciudadanos. España es uno de los países
con menos gasolineras por población y superficie en la Unión Europea.
Entendemos que esta ley, en aras de esa liberalización y de apertura del
mercado, puede contribuir de forma muy notable a que los ciudadanos
puedan obtener mejores servicios, de mayor calidad y con los mejores
precios. Esa sería la primera pregunta que yo le hago a la Organización
de Consumidores y Usuarios: si comparten nuestra impresión de que en este
sector un proyecto de ley que apuesta decididamente por la liberalización
y por la introducción de sistemas de competencia puede redundar en una
oferta de más calidad.
Entiendo que la generalidad de la pregunta entraña riesgos. Es evidente
que compartimos que este mercado debe contar con los sistemas de control
y de garantías oportunos. En ese sentido, me gustaría conocer la opinión
de su organización sobre algunas de las consideraciones que el propio
proyecto de ley establece en cuanto a las condiciones en que es admisible
la suspensión del suministro, por ejemplo de combustibles gaseosos, al
consumidor de a pie
por el mero hecho de que se produzca el impago de una factura en un mes
determinado; o la consideración que le merece las referencias a la
legislación de protección de los consumidores en materia de cobertura de
riesgos, algo especialmente importante en momentos en que se producen,
con más frecuencia de la que desearíamos, accidentes con este tipo de
suministros. Como diputado por Valladolid he sido testigo de cómo en mi
propia provincia, en los últimos meses, se han producido varios
fallecimientos precisamente como consecuencia de explosiones caseras por
suministros de este tipo de combustibles.
Voy a reiterar su consideración sobre la existencia de las tarifas
máximas. Nos gustaría saber en qué medida considera que puede ser
positiva la existencia de ese tope máximo y no olvidemos también tope
único en todo el territorio nacional para evitar diferencias en esta
cuestión entre ciudadanos de diferentes territorios, así como la
posibilidad de introducir mecanismos de desglose de la propia facturación
que ofrezcan al consumidor una mayor y más pormenorizada información de
lo que está consumiendo y de las razones por las que está pagando cada
una de las partes de esa factura. Nos gustaría conocer especialmente el
análisis que su organización hace sobre el régimen de infracciones y
sanciones contenidos en el propio texto del proyecto de ley.
Para finalizar, queríamos saber cuál es la consideración que le merece a
su organización la presencia de los consumidores y usuarios en los
órganos de asesoramiento y consulta que el proyecto de ley establece en
relación, por ejemplo, con la Comisión Nacional de la Energía que pone en
marcha el texto del proyecto y los consejos consultivos derivados de la
misma.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Sánchez Reyes, tiene la palabra por quince
minutos.
El señor PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)
(Sánchez Reyes): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, querría subrayar la satisfacción que le produce a la
Organización de Consumidores y Usuarios el ser llamada a una
comparecencia de una Comisión legislativa de esta casa en representación
de los españoles. Hemos acudido en otras ocasiones a alguna comparecencia
pero fundamentalmente lo ha sido en temas de investigación. Nos parece
que hoy se da un paso cualitativo importante en cuanto se está elaborando
una ley que, sin duda alguna, nos afecta. Por tanto, subrayo el
agradecimiento en nombre de la OCU y de todas las organizaciones de
consumidores por ser llamados a esta comparecencia.
Con permiso del señor presidente, aunque creo que somos suficientemente
conocidos, querría que SS. SS. supieran exactamente cómo es el carácter
de la organización que presido para que puedan valorar las declaraciones
que voy a hacer. La OCU es una organización de carácter privado, acogida
a la Ley de Asociaciones, sin fines de lucro. Tenemos aproximadamente
245.000 socios cotizantes en todo el territorio nacional. Somos una
organización de carácter unitario, no tiene carácter federal. Respondemos
a un modelo de asociación muy concreto, de tipo asociativo, que se
implantó por primera vez en Estados Unidos en el año 1936 y que, a
mediados de los 50, se estableció fundamentalmente en varios países de
Europa Occidental, fundamentalmente en el Benelux y en Gran Bretaña.
¿Que características tiene ese tipo de asociación? Lo que intentamos es
elaborar información útil a los consumidores. Esa información útil y
práctica para los consumidores nos permite que éstos se asocien y paguen
por esa información y por esa asociación, así como tener unos cuadros
profesionalizados, creo que en estos momentos hay unas 115 personas
trabajando en la OCU, la mayoría de ellos titulados superiores. En primer
lugar puedo subrayar que somos, dentro del mundo asociativo,
autosuficientes que nos autofinanciamos y, en segundo lugar, que tenemos
un elevado grado de profesionalización.
Como el mundo del consumo es muy amplio, tenemos necesariamente que ser
selectivos, es decir, no sabemos de todo: sabemos de algunas cosas, de
otras sabemos menos, pero lo que sí procuramos es manifestarnos
únicamente cuando tenemos algunos criterios suficientemente claros o
cuando tenemos unos datos objetivos detrás que lo respalden. Si no,
preferimos decir que de eso no sabemos.
Lo primero que querría señalar --y con esto entro en las contestaciones y
empezaría con una de tipo global-- es que la OCU ha analizado la ley, por
lo que les voy a señalar las grandes líneas de lo que pensamos. Aunque
habrá algunos aspectos no contemplados en esa visión global de la ley
procuraré, en la medida de lo posible, contestar a sus preguntas.
Primera cuestión, la OCU está absolutamente a favor de los procesos de
liberalización. Entendemos que si el mercado funciona bien, si existe
competencia, si el consumidor está informado, la mejor defensa del
consumidor es que éste pueda elegir, mucho mejor que todos los sistemas
regulados. Ante los monopolios aparentemente muy regulados y muy
protectores, nuestra experiencia y la de todos los consumidores es la de
¡viva la liberalización!, pero siempre que se haga bien. Por
consiguiente, nosotros, de entrada, damos la bienvenida a la ley en su
doble vertiente, por una parte, porque trata de incorporar y refundir
toda una serie de disposiciones que ya existían, lo cual siempre es bueno
y, en segundo lugar, porque en un sector por el que nadie me ha
preguntado pero que es una parte de la ley, el del gas, la ley abre la
auténtica liberalización. Con la ley estamos de acuerdo y lo que
representa de auténtica novedad la ley, que es el tema de los gases a
través de una canalización, entendemos que es una novedad positiva
impuesta por el mercado único de la energía de Europa. Nos parece bien
que vayamos tomando posiciones y no que esperemos siempre, como suele
ocurrir lamentablemente, a trasponer las directrices europeas. Estimamos
que es mejor adelantarnos en ese proceso de liberalización.
Respecto a la ley en grandes líneas y entrando en sus distintos
apartados, ¿qué aspectos nos plantea? Primera parte, la relativa a la
investigación, a la explotación. Es un tema muy técnico del que los
consumidores no sabemos mucho. La OCU no entra en ello. Serán ustedes los
que
tendrán que ver si esos primeros capítulos de la ley son los más
adecuados o no.
Empezamos con lo que más nos afecta como consumidores. Título tercero.
Hablamos ya del mercado de los productos derivados del petróleo. Han
formulado varias preguntas sobre la libertad de precios de los productos
petrolíferos, de estos derivados, si puede continuar el sistema de
precios máximos. ¿Qué opinamos del cambio de un sistema a otro?
Yo diría que nos parece mejor la libertad de precios, porque los precios
máximos al final han demostrado que son precio único y siempre máximo. Lo
que habrá que tener en cuenta es si efectivamente --es la segunda parte,
que se relaciona con otros aspectos de la ley-- va a existir auténtica
competencia, para que en los precios no se pongan siempre de acuerdo los
dos o tres que realmente dominan en el mercado. Para nosotros, precios
libres sí, pero reforcemos el papel que puede tener el Tribunal de
Defensa de la Competencia, los servicios de la competencia, a fin de
evitar que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo como lo están
haciendo en los precios máximos. El problema no es precios libres o no
precios libres; el problema es control o no, para ir más a una
legislación como la de los norteamericanos, que han jugado mucho con los
precios libres pero han tenido una legislación anti-convenios, etcétera.
Si vamos a la liberalización, tengamos también en cuenta reforzar todo
tipo de mecanismos que permitan que el mercado funcione con competencia.
Si no funciona con competencia, vamos mal con precios máximos y vamos mal
con precios libres. Esta es nuestra postura.
Por consiguiente, el llamamiento que yo haría a los representantes del
pueblo español es que, cuando tengan que considerar estas cosas, piensen
que los consumidores quieren mercado libre pero estableciendo al mismo
tiempo las necesarias cortapisas para que ese mercado de verdad sea libre
y no sea un mercado oligopolista, donde se puedan poner de acuerdo sobre
los precios dos o tres señores.
Así creo haber contestado a algunas de las preguntas que se me habían
hecho.
Entramos en el tema de los hidrocarburos líquidos. Fundamentalmente,
estamos hablando del butano, que es lo que, desde la perspectiva del
consumidor, tiene una mayor trascendencia. Algunos señores diputados lo
han señalado; concretamente la señora Mendizabal. La cuestión es eliminar
esa obligatoriedad que existía ahora del reparto a domicilio.
Nosotros pensamos que la liberalización tiene que significar mayor
capacidad de elegir, pero no que después haya menos oportunidades de ello
porque se restringen determinados servicios. Y esa supresión de la
obligatoriedad existente actualmente no nos parece lo más adecuado, sobre
todo, teniendo en cuenta las características sociales de ese gas, que
alguno ha llamado el gas de los pobres.
Sobre la seguridad, en estos momentos no puedo hacer un pronunciamiento
claro porque no tenemos un estudio de la OCU para saber si, al cambiar el
sistema y que se puedan vender botellas de butano en algún almacén o en
la gasolinera de la esquina, hay problemas de seguridad o no. Hoy por hoy
la OCU no tiene un estudio suficiente y por eso no me pronuncio. Espero
que alguien lo haya estudiado, pero yo no les puedo decir si es bueno o
malo que haya esa libertad. De que haya opciones para que uno pueda
comprar la botella en un gran almacén yo digo que, en principio, si el
problema de la seguridad está resuelto, me parece bien, pero siempre que
al mismo tiempo se mantenga el otro servicio.
Esto estaría relacionado con lo que se ha señalado antes: ¿Qué opinan
ustedes sobre servicio público o servicio esencial? A veces nos perdemos
en la nomenclatura. Me da igual como lo quiera usted llamar, porque, en
ocasiones, los servicios públicos han sido muy poco servicios públicos.
Bajo el marchamo de servicio público ha habido épocas en que el teléfono
era un servicio público, pero también era un monopolio, que ha hecho de
su capa un sayo todo o que ha podido con los consumidores. Por
consiguiente, no es un problema de servicio público sí o no. Me da igual
que en estos momentos utilicemos la nomenclatura de servicio esencial,
pero lo que servía para los servicios públicos debe servir para los
servicios esenciales, es decir, la universalidad del servicio, algo que
garantice la universalidad. Cuando estamos hablando de los gases licuados
de petróleo, estaríamos hablando de que al señor que vive en una aldea
perdida en Galicia, que además es mayor, no tiene coche y no va a ir con
el burro a buscarlo, se lo puedan llevar a su casa. Lo que yo entiendo es
que en la ley se debería establecer que, si bien hay una nueva diversidad
y hay mayor libertad de opción para el consumidor, para ir a buscarlo él
y a lo mejor ahorrarse veinte duros en la bombona, al mismo tiempo exista
la obligatoriedad para los distribuidores de que mantengan ese servicio.
Lo que yo creo es que no está mal que exista un nuevo sistema, pero que
no se prescinda de los sistemas que existían anteriormente. Esa es
nuestra posición a este respecto, porque es el consumidor más
desprotegido el que puede encontrarse en una situación realmente muy
difícil.
Otro aspecto sería hablar de los gases combustibles por canalización,
que, aunque no se nos ha preguntado, es la gran novedad de la que
nosotros estamos claramente a favor. Establecer la liberalización en el
gas nos parece muy bien. Todo este capítulo, en alguna medida, está en
paralelo con la ley del sector eléctrico, incluso tal como está
desdibujado. Y la ley del sector eléctrico, de entrada, nos ha parecido
bien. Lo que ocurre es que encontramos algunas discrepancias.
La primera es que se establece que el período de liberalización llegará a
sus últimas consecuencias, como muy pronto, dentro de quince años. Dice
que podrán tener entonces la consideración de consumidores cualificados.
En la ley del sector eléctrico se llegó a decir que antes de diez años
tendrán la consideración de cualificados todos los consumidores.
Segúnlaexperiencia que todos tenemos --y ahí sí me manifiesto
rotundamente, porque hay datos--, de la liberalización, hasta el último
consumidor, del gas a través de una canalización, y la liberalización,
hasta el último consumidor, de la electricidad que viene por cable, desde
el punto de vista técnico es mucho más complicado el caso de la
electricidad que el del gas. Mucho más.
Y aquí parece que, en cambio, la liberalización del gas es in aeteznum
dentro de quince años, y ya veremos, y la de la energía eléctrica han
sido diez años. Nosotros incluso pensábamos que diez años para la energía
eléctrica era mucho. Pero como máximo diez años. Que en quince años el
consumidor pueda elegir quién le venda el gas nos parece desde luego un
total disparate. La experiencia es que países como Inglaterra y Gales,
que todavía tienen algunas dificultades para implantar esa liberalización
total hasta el último consumidor de la energía eléctrica, sin embargo, en
tres años han hecho lo del gas y no ha habido ningún problema.
Para nosotros, el proceso de liberalización del gas debería ser más
rápido que el de la electricidad. Nada de quince años, sino en el plazo
máximo de cinco, de tres o mejor de dos. Estoy hablando desde la
perspectiva del consumidor. Lógicamente, entiendo que habrá un plazo de
transición de un mercado al otro, pero eso lo tendrán que juzgar ustedes.
Yo digo que, técnicamente, no está en absoluto justificado decir que el
gas en quince años, como pronto. En el gas se puede hacer mucho antes que
en la electricidad y la experiencia de todos los países --y, si necesitan
datos, la OCU se los puede facilitar-- es que el gas se ha liberalizado
mucho antes.
Una figura clave en el proceso de liberalización, para que llegue a sus
últimas consecuencias --yo estoy hablando del pequeño consumidor, no de
la gran industria; estoy intentando defender al que pueda enchufar el
gas--, son los comercializadores. En el sector eléctrico, también. Pero,
evidentemente, en la liberalización no surgirán comercializadoras a menos
que haya consumidores cualificados, porque no tendrán clientela. Por
mucho que la ley diga que se pueden crear comercializadoras, mientras que
no haya consumidores --e insisto en que la liberalización no llega hasta
sus últimas consecuencias al consumidor de a pie, al consumidor
doméstico--, no las habrá y, por consiguiente, no habrá liberalización.
No nos engañemos.
Otro factor de la ley que no nos parece muy adecuado, y parece que
existía un cierto paralelismo con lo que ha ocurrido en la ley eléctrica,
es que hay una figura que es la del gestor del sistema. En el sector
eléctrico se ha dicho que ese gestor tiene que ser un gestor
auténticamente, el operador del sistema, y que tiene que ser alguien
independiente. Que en una de las disposiciones se establezca que el
actual monopolista va a ser el gestor del sistema es consagrar el
monopolio por los siglos de los siglos. Si yo fuera gestor y además
monopolista, intentaría que no entrara nadie. Y me parece legítimo, desde
la perspectiva de la defensa de sus intereses. Ahí la ley tendría que
cambiarse en el sentido de obligar --igual que se ha hecho con la energía
eléctrica-- a una distinta composición accionarial, etcétera, para que el
gestor sea un elemento que no pueda interrumpir.
La tercera cuestión, que afecta a toda la ley, es la creación de la
comisión de la energía. En esto nosotros no tenemos una idea muy clara;
no tenemos unos elementos absolutamente rotundos para decirles a ustedes
que es estupendo que haya una comisión nacional de la energía en lugar de
haber una para la electricidad y otra para los hidrocarburos. Hay gustos
para todos. En Inglaterra existen dos comisiones, que, sin embargo, en
estos momentos se van a unir. Yo pienso que puede haber elementos a favor
y en contra.
Sí quiero señalar que la comisión del sistema eléctrico y su presidente,
desde el punto de vista de los consumidores, ha funcionado como un
regulador independiente.
Creemos que está funcionando bien el sistema del mercado eléctrico.
Podemos tener ciertos temores de que la creación de esta nueva comisión
haga desaparecer a la otra y signifique desvestir a un santo que en estos
momentos está bastante vestido, que está funcionando bastante bien. Por
eso es por lo que nosotros tenemos nuestros temores a que esa fórmula de
hacer desaparecer la comisión del sistema eléctrico pueda ser un paso
hacia atrás. A lo mejor no lo es. A lo mejor lo que ocurre es que la
cultura de la comisión del sistema eléctrico se traslada a una cultura de
las dos comisiones. Pero tenemos otros ejemplos de comisiones reguladoras
u organismos reguladores en España que no funcionan tan bien ni son tan
reguladores en ese sentido de velar por los intereses de todos los
agentes del mercado, especialmente, por el agente más desprotegido y
desvalido, que somos sin duda alguna el consumidor. Creo que tendrán que
pensar ustedes bien si debe aparecer esa comisión nacional de la energía
y que haga desaparecer a la anterior.
A favor se puede contemplar el tema del coste. El coste es relativo,
porque la nueva comisión necesitará expertos en materias distintas a las
que tienen los del sector de la electricidad. Lo que nos ahorramos a lo
mejor son los siete miembros de la comisión, pero en otras cosas no me
parece que nos vamos a ahorrar mucho dinero. En cualquier caso, la
comisión de electricidad se financia a través de esos costes del sistema
eléctrico --ya está previsto-- y la nueva comisión se va a financiar a
través de algún coste que tendrán que pagar los del gas. Yo no veo ahí
graves problemas monetarios.
Segunda cuestión. Es verdad que tiene una ventaja, porque evidentemente
están interrelacionados los dos mercados, pero eso también puede crear
ciertas confusiones, porque resultará que quien está actuando como
generador en el sistema eléctrico va a ser un consumidor en el tema del
gas. ¿Qué tipo de confusiones podemos establecer ahí? ¿No sería mejor que
en cada sitio se sepa quién es, con sus intereses o gorro concreto? Que
los señores de las compañías eléctricas aparezcan ante la comisión del
gas con su gorro de consumidores de gas y, en cambio, en la del sector
eléctrico, con su gorro de generadores. Digo que puede haber ciertos
conflictos, pero insisto en que tampoco tenemos una definición. Sí quiero
advertir que, desde la perspectiva de los consumidores, en concreto la
OCU, nosotros estamos muy satisfechos con la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional; creemos que podría ser peligroso hacerla desaparecer
para crear el nuevo organismo y que quizá sería mejor empezar a andar con
dos comisiones que después ya se unificarían.
En esta dirección iban alguna de las preguntas que se nos han formulado.
Se planteaba la cuestión relativa a la presencia de los consumidores.
Pensamos que, al estilo de lo ocurrido en la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico,
la presencia de los consumidores es importante y que en ella no se
considere solamente a los consumidores industriales, sino también a los
consumidores de a pie. Por consiguiente, en esa comisión de hidrocarburos
o en esa comisión global de la energía, entendemos que es importante que
estén presentes quienes intentamos representar lo mejor que podemos los
intereses de los consumidores.
Un último tema, dentro de ese planteamiento de tipo global, es el
reglamento de inspecciones y sanciones. No estamos de acuerdo y nuestra
posición es que evidentemente se ha suavizado mucho. El planteamiento es
como decir que un fraude de hasta el 15% es muy grave; que entre el 5 y
el 15% es grave; que menos del 5% no lo es. Nosotros creemos que
defraudar más del 5%, el 5% ya es muy grave y en cambio aquí parece que
es leve.
Algo que no tenemos muy claro --sus señorías lo sabrán mejor-- son las
multas máximas; el límite máximo de multas nos parece insuficiente.
Quinientos millones, según el presunto fraude que nosotros pensamos que
ha existido en muchas gasolineras españolas y no sólo en las que se ha
podido detectar o en las que se podrá comprobar cuando la justicia
intervenga, cuando haya una resolución definitiva. Una actuación
fraudulenta da ochenta y tantos millones de pesetas de beneficio; por
consiguiente, pueden afrontar tranquilamente el problema de las sanciones
sin mucha preocupación. Pensamos que debe endurecerse ese sistema. Y no
está muy claro si la multa y los beneficios conseguidos son acumulables o
son dos cuestiones distintas. ¿El límite máximo son los quinientos
millones o son los quinientos millones más el doble del beneficio
obtenido? Incluso en algunos casos la simple voluntad de engañar debería
ser algo suficientemente sancionable, aunque le hubieran pillado muy al
principio y el beneficio no hubiera sido muy elevado, dos millones, por
ejemplo. Creo que hay que sancionarle no simplemente con cuatro, porque
todavía no ha engañado mucho, pues su voluntad era engañar en los cientos
de millones que hubiera podido y alguno más. Por consiguiente, pensamos
que debe endurecerse.
Después hay una serie de aspectos más puntuales. Algunos relacionados con
todo este escándalo que nuestra organización es responsable de que se
haya levantado. Está el tema de las inspecciones, de las competencias de
los comunidades autónomas. Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre un
tema que creemos que tienen que plantear los representantes del pueblo,
nuestros representantes políticos. ¿Sería la hora o no de abordar si en
un delito o fraude supracomunitario debería intervenir otra instancia?
Creo que aquí podríamos estar chocando con la sensibilidad de personas y
de grupos que piensen que el tema de la autonomía es una cosa muy seria y
que dijeran: Yo no tengo una serie de competencias y no voy a ceder a las
mismas. Yo, como consumidor, insisto en que puedo tener mi propia
opinión, pero no me quiero pronunciar sobre si las comunidades autónomas
han demostrado que no han sido muy eficaces. Es verdad que no lo han
sido, pero a lo mejor hubiera sido igual de ineficaz la Administración
central.
No queremos entrar en el tema de las inspecciones y la normativa para
evitar este tipo de fraudes. Lo que yo señalaría es que no nos parece que
sea tanto un problema de ley, porque las leyes han de durar. Y debemos
estar a la última de los avances de tipo tecnológico. Lo que ha ocurrido
precisamente es que toda la normativa del Centro todavía estaba basada en
unas mediciones hechas sobre la base de contadores volumétricos y hoy día
la informática interviene en todo eso. El contador volumétrico funciona
muy bien; ningún presunto defraudador necesita hacer que no funcione. Lo
que pasa es que puede lanzar veinte impulsos hacia arriba o veintidós, a
discreción. Lo que hay que regular es eso y en el futuro puede haber
otras cosas. El sistema de fraude sí lo han descubierto, a pesar de lo
que el anterior compareciente ha dicho. La Comunidad de Madrid, el
fiscal, etcétera, han descubierto que existían unos cableados. Ese es un
sistema que parece ser la primera generación del fraude. Después hay unos
fraudes todavía más sofisticados, que se pueden hacer a distancia. Por
consiguiente, hay que insistir en que todo tipo de reglamentaciones tiene
que estar al día de la última normativa de carácter técnico. Pero mucho
más vía reglamentos, incluso más que esta ley relativa al sector de
hidrocarburos. Es un problema, en general, de los sistema de medida y el
Ministerio de Fomento, a través de esa Comisión, tendrá que tener los
reglamentos oportunos. Además, que aparte de esos reglamentos haya el
correspondiente reglamento para las inspecciones. Porque la inspección de
Madrid --por lo menos lo que nos comunicó el consejero en su día-- dijo
que ellos no habían podido hacer más que las inspecciones que estaban
fijadas, que estaban hechas en la época en que había un medidor mecánico
y lo importante era el precinto de fuera. El precinto de fuera es lo de
menos; lo importante son las tripas del surtidor, pero éstas según el
reglamento que había de inspección, no servían. Entonces, lo que hay que
modificar es ese sistema de inspecciones. Eso es más vía reglamentaria y
no es tanto de la ley; la ley tiene que sancionar cualquier procedimiento
que se haya producido.
Se ha hablado de dos operadores. A raíz del escándalo de la gasolineras,
nos vinieron a visitar los operadores diciendo que se veían perjudicados
en la marca, etcétera. Nosotros no somos nadie para decir que los
acuerdos privados sean los acuerdos privados, pero la ley sí podría
establecer que en aquellos casos en los que se establezcan por parte de
un mayorista unos contratos de exclusividad se presenta una dualidad.
Tiene unos derechos de inspección que hoy día no tiene. Realmente estos
contratos son prácticamente un papel en blanco; las culpables son también
las operadoras que en su día lo que querían era controlar todo el país.
Esto es otra cuestión. Pero insisto en que el problema en estos momentos
es que han puesto el cartel porque les viene muy bien y, después, resulta
que no hay ningún control. Yo, como consumidor, digo que el que quiera
hace contratos con un suministrador en exclusiva y pone su cartel. El
señor que pone el cartel, por una parte, vigila y, para mí, es una cierta
garantía tener una marca. Siempre lo es. Y de alguna manera también
habría una cierta corresponsabilidad, habría su segunda parte, y el que
no quiera contrato de exclusividad, me parece muy bien, dice que es la
gasolinera «Pepito Pérez» y a lo mejor lo vende más barato y es de una
gran calidad y no pasa nada.
Yo, como consumidor, tampoco le digo a usted que tiene que consumir la
gran marca y no la marca blanca. Depende. La libertad es que existan las
dos cosas: abanderamiento, con todas las consecuencias que debe llevar un
abanderamiento, y gasolineras por libre. ¿Por qué no va a poder
abastecerse uno donde sale más barato y donde le cobran menos de
comisión? Por consiguiente insisto: libertad. Y ésta es nuestra posición.
Y, para terminar, reforcemos incluso, si es posible, las funciones de la
comisión llamémosla de la energía, de la subcomisión de hidrocarburos o
de lo que podamos, porque, evidentemente, mercados libres, sí, pero
también unos reguladores con suficiente poder para que los oligopolistas
nos vendan el mercado libre y todavía nos traten peor que en un sistema
regulado. Frente a la regulación, la libertad pero asimismo, frente a la
libertad, el control necesario de los intereses legítimos de los
consumidores y de los más débiles.
Muchas gracias por su actuación y perdón por haberme extendido en mis
explicaciones.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Reyes. Este
presidente ha sido muy flexible con usted, porque ha estado el doble del
tiempo, pero no quería que me pusiera una mala nota usted, como ex
presidente de la Mesa de las Cortes de Castilla y León; por eso le he
dejado más tiempo.
Ruego a los señores portavoces, si van a intervenir, que sean muy breves,
casi telegráficos.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Simplemente quiero solicitar al portavoz de la
Organización de Consumidores y Usuarios, su presidente, alguna matización
en su posición sobre el régimen de sanciones; porque mi grupo entiendo
que no puede quedar en el aire la sensación de que en esta ley no se
acomete un régimen sancionador suficientemente importante. Desde luego,
no vamos a compararlo con la legislación actualmente vigente, la de 22 de
diciembre de 1992, sobre el sector petrolero, que ni siquiera explicitaba
la cuantía de las infracciones. Yo creo que avanzamos notablemente cuando
aparece regulada en la legislación la existencia de unas cuantías por
infracciones muy graves, por infracciones graves y por infracciones
leves, que, cuanto menos, hay que considerar muy relevantes. Hasta
quinientos millones de pesetas para las infracciones muy graves sin duda
es un avance muy importante, desde luego, con la situación actual para
empezar. Pero, en relación con el ejemplo que ha puesto de este llamado
fraude de las gasolineras, el artículo 113.2 del proyecto establece que
la multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio obtenido cuando éste
pueda cuantificarse. Si es posible cuantificar un supuesto beneficio
obtenido por la vía de una utilización fraudulenta de las estaciones de
servicio, estas cuantías pueden verse notablemente amplificadas.
Por un principio de seguridad y de proporcionalidad, no podemos tampoco
abrir un abanico de sanciones extravagantes o desproporcionadas, sino que
hay que mantener la salvaguarda de que, siendo unas sanciones ya muy
importantes, mucho más que las actualmente existentes, existe además la
posibilidad de que, por la vía administrativa, se puedan establecer
sanciones muy elevadas si se demuestra que ha existido un beneficio
fraudulento. Creo que es importante no trasladar a la opinión pública la
sensación de que, en un momento en que hay mucha sensibilidad sobre esta
cuestión, parece que los legisladores no nos decantamos precisamente por
forzar un régimen de sanciones relevante.
Sobre la otra consideración, sobre el tiempo para acceder a la condición
de consumidor final, del ciudadano de a pie, no se le oculta al
presidente de la OCU que en este país resultaría extremadamente costoso
--por no citar otras cuestiones-- el procedimiento de expropiaciones para
conseguir llegar a todos y cada uno de los ciudadanos en el plazo que su
organización propone. Entendemos que con las consideraciones del proyecto
se puede avanzar en cinco o en siete años a una capacidad muy importante,
superior al 80% ha dicho algún diputado de mi grupo.
En todo caso, querría que me precisara un poco más su opinión sobre estas
dos cuestiones que estimamos relevantes. (La señora Mendizabal pide la
palabra.) El señor VICEPRESIDENTE: ¿A qué efectos desea intervenir,
señora Mendizabal?
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Una cuestión de orden.
No estamos haciendo una comparecencia de control y me parece que la
intervención del portavoz del Grupo Popular está pervirtiendo el debate.
Este debate es una comparecencia únicamente a efectos informativos y, por
tanto, no tiene que influir ni tiene que dirigir cuál debe ser la postura
del compareciente. El compareciente viene a informar. Me parece muy bien
que le haga preguntas, pero no debe explicar al compareciente por qué en
la ley existe una cosa u otra. Insisto en que esto no es una
comparecencia de control.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendizabal.
Yo he ofrecido la utilización de un segundo turno y usted la ha
rechazado. El señor Burgos me ha pedido la palabra y yo se la he dado. Ya
ha terminado.
Va a contestar el señor Sánchez Reyes y daremos por concluida la
comparecencia.
Tiene la palabra, señor Sánchez Reyes.
El señor PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)
(Sánchez Reyes): Señor Presidente, señorías. No tengo ningún
inconveniente en contestar. Voy a intentar hacerlo lo más rápidamente.
La pregunta es: ¿Es que el régimen de sanciones no significa una
considerable mejora respecto al actual? Sí. Lo único es que nosotros
planteamos que es insuficiente. ¿Y en qué medida es insuficiente? Yo digo
dos cosas. Hablo concretamente de cuando se está hablando de que el 15%
es muy grave; menos del 5 es leve. Bueno, el 5% para nosotros es
suficientemente grave, es la forma en que está valorado el tema. Si hay
que poner mil millones..., como dice el señor Burgos, el caso del fraude
además será el doble del beneficio obtenible. Pues me parece muy bien,
pero insisto que el endurecerlo aún más no nos parece mal.
Hay un aspecto --y aprovechando el establecer alguna pequeña critica--
que es decir.
El señor PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU)
(Sánchez Reyes): Señor presidente, señorías, no tengo ningún
inconveniente en contestar y voy a intentar hacerlo lo más rápidamente.
Si la pregunta es si el régimen de sanciones no significa una
considerable mejora respecto al actual, rotundamente digo que sí. Lo
único que nosotros planteamos es que es insuficiente. ¿Y en qué medida es
insuficiente? Me refiero concretamente a cuando se está hablando de que
el 15 por ciento es muy grave y menos del 5 es leve. El 5 por ciento para
nosotros es suficientemente grave. Es la forma en que se ha valorado. Yo
no digo que haya que poner 1.000 millones o lo que sea. El señor Burgos
alude a que en caso de fraude además será el doble del beneficio
obtenible. Me parece muy positivo, pero insisto en que no nos parece mal
endurecerlo aún más.
Hay un aspecto --y aprovecho para hacer una pequeña crítica-- con el que
no estamos muy de acuerdo, que es el tema de los plazos establecidos en
este régimen de sanciones respecto a cuándo prescriben las infracciones
cometidas. Por ejemplo, el hecho de que una infracción muy grave
prescriba a los tres años de su comisión, en el caso del cableado
fraudulento que se ha detectado en determinadas gasolineras de Madrid,
que según parece está instalado desde hace diez años, conllevaría que el
fraude cometido durante siete años ya habría prescrito. Les pongo un
ejemplo de lo que podría significar esa sanción basada en el presunto
beneficio obtenido durante tres años, cuando el sistema está funcionando
durante diez. Los señores legisladores tendrán más elementos para sopesar
cómo se tiene que hacer una ley y fijar las sanciones. Yo lo que les pido
desde la perspectiva del consumidor es que sean ustedes lo más duros que
puedan, lo cual no quiere decir que no se haya mejorado respecto a la
situación anterior.
He dicho anteriormente que la ley liberaliza y el sistema del gas está
mejor de lo que estaba, pero eso no quiere decir que nosotros no pidamos
algo más. Ese es el papel que yo desempeño aquí en estos momentos. Sobre
el tema del gas, al señor Burgos simplemente le señalaré que
evidentemente aquí no hacen falta expropiaciones para nada. En el sistema
eléctrico no van a hacer falta para nada, porque una cuestión es la
propiedad de la red del transporte, otra es la propiedad de la red de
distribución y una tercera es que utilizando esa red de transporte y esa
red de distribución puede existir un comercializador que le venda a su
domicilio la cantidad que sea, porque para eso existe un medidor. Yo lo
que quiero es que el que me venda no sea Gas Madrid o Gas no sé qué, sino
que me venda El Corte Inglés. No hay técnicamente ningún problema porque
en Europa está funcionando. No es un problema de expropiación; es lo que
dice la ley, que puede llegar a realizarse dentro de quince años y para
eso dentro de quince años no hace falta hacer ninguna red nueva, porque
el que sea propietario de la red podrá cobrar su canon por atravesar esa
red de distribución. No hay ningún problema para hacer eso dentro de
quince años o dentro de tres. No digo si dentro de tres o dentro de
cinco, porque una cuestión distinta es que habrá que intentar que el
mercado empiece a funcionar, e insisto, son los diputados y los
representantes del pueblo español quienes tienen que valorar si hay que
dar un cierto margen, pero lo que sí les digo es que quince años me
parecen excesivos teniendo en cuenta la experiencia que existe en otros
países. En ese sentido creo que la liberalización puede ir más rápida y,
desde luego, no existe ninguno de los inconvenientes a los que hacía
referencia el señor Burgos.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA, UCE
(HINOJOSA BOLIVAR) (Número de expediente 219/000331).
El señor VICEPRESIDENTE: Damos la bienvenida a la Comisión al señor
Espinosa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la portavoz señora
Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Agradezco a don Jorge Espinosa su
presencia en esta Comisión sobre todo --y al anterior compareciente le he
dicho lo mismo y no quiero de dejar de señalarlo-- porque creo que la
visión de los consumidores todavía parece la parte más débil. Antes decía
el señor Sánchez Reyes que no son los buenos de la película. Creo que,
por definición, sí son los buenos de la película, y por tanto la
aportación que pueda hacer a este proyecto de ley que se va a debatir
aquí nos resultará sumamente interesante. Es un proceso que se ha abierto
y será necesario que desde los grupos parlamentario nos vayamos
acostumbrando un poco más a este tipo de temas.
Me gustaría que si puede hiciera una valoración general de todo el
proyecto de ley. En la anterior comparecencia nos han dicho que no hemos
preguntado nada sobre el sector del gas y yo creo que sí; dentro de la
valoración general nos interesa que hable tanto de los hidrocarburos
líquidos como del gas canalizado o de todo lo que le interese desde el
punto de vista de su asociación respecto a este proyecto de ley.
En términos más concretos, lo que nos gustaría que nos dijera es qué
supone para el consumidor o qué visión tiene su asociación respecto a lo
que pueda afectar al consumidor el cambio de lo que es un servicio
público a un servicio esencial, es decir, si puede haber algún beneficio
o algún perjuicio y cómo lo valora.
Otro de los temas importantes es la liberalización de los precios, es
decir, cómo afectará que ya no exista un precio máximo en cualquiera de
los productos: hidrocarburos líquidos,
gasóleos, gasolinas, fueloil, gas o GLP, porque antes parece que se ha
interpretado que sólo nos estábamos refiriendo a un determinado precio.
Ligado con esto, desearíamos conocer su opinión sobre si en un cierto
plazo de tiempo esto puede llevar a una desaparición de tarifas.
Otro tema muy concreto que nos interesa, porque afecta de manera muy
directa a los consumidores, es el tema de los GLP, concretamente de la
botella de butano de uso doméstico. Aquí hay dos cuestiones que nos
interesaría que nos explicara. Una es que desaparece el derecho que tenía
el consumidor a que la bombona se le suministrara a domicilio y otra es
lo que esto lleva aparejado, porque la existencia de un anterior contrato
de suministro suponía un cierto control por parte de la empresa
suministradora en lo referente a la seguridad, lo que quizá en estos
momentos, al venderse en grandes superficies o libremente, sea más
difícil. Puede haber otra fórmula de control de seguridad, pero
quisiéramos conocer su opinión.
Finalmente, también nos gustaría que se refiriera al régimen de sanciones
e infracciones, tal y como se aborda en este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intervendré muy brevemente, porque creo que
las preguntas ya abarcan prácticamente todo el proyecto de ley.
Nuestro grupo está muy interesado en conocer la opinión de otra
organización de consumidores. Nos gustaría saber si comparte la idea que
tiene Izquierda Unida de que los abanderamientos, aunque se deba aumentar
el posible control de las compañías bandera sobre las empresas que a su
vez tienen contratos con ellas, deberían llevar aparejada una
responsabilidad subsidiaria en cualquier caso, puesto que el consumidor
percibe a través de la propia publicidad que hacen las compañías bandera
que deben ser corresponsables de esa publicidad con la cual están
incitando lógicamente al consumo de sus productos. ¿Cómo cree usted que
se podría mejorar esto en el proyecto de ley?
Por otra parte, tanto en el gas como en los hidrocarburos líquidos, ¿no
le parece a usted que esta ley no garantiza todavía que de verdad el
consumidor tenga a su disposición un mejor servicio y al mismo tiempo una
opción real de diferentes precios? ¿No le llama la atención que el
consumo de gasóleos y gasolinas tenga el mismo precio en aquella
gasolinera con veinte postes automáticos que en la que tiene diez
trabajadores y que esto no lo perciba el consumidor en el precio?
En el gas ¿no le parece que el sistema, tal como se dibuja en el proyecto
de ley, lleva a que fácilmente puede haber un cierto acuerdo también
entre las grandes compañías y que, por lo tanto, aparte de las propias
dificultades que genera que puede haber más operadores en el sistema, sea
muy difícil establecer una competencia real?
Por último ¿qué otras medidas cree usted que serían necesarias para que
las inspecciones pudieran funcionar efectivamente? ¿Con qué medios le
parece a usted que deberían de contar? Al mismo tiempo, ¿qué aspectos le
parece que hasta ahora están todavía sin desarrollar y que impiden que
existan unos criterios adaptados a los tiempos, en cuanto a sistemas de
inspección y temas a inspeccionar, en relación con las nuevas
tecnologías?
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muy brevemente, deseo agradecer la presencia del
representante de la Unión de Consumidores de España y formular algunas de
las preguntas que ya hemos hecho al anterior compareciente.
Fundamentalmente deseo conocer su opinión favorable o desfavorable a lo
que entendemos consagra en sus líneas generales este proyecto de ley, es
decir, la liberalización de un sector fuertemente intervenido hasta el
momento y la incorporación de mecanismos de competencia y de libre
elección por parte de los consumidores. Me gustaría saber si su
organización valora positivamente este proceso y con qué alcance y en qué
dimensión, si puede contrastarlo en términos de plazos o de diferentes
posibilidades.
A nosotros nos gustaría también conocer su postura en relación con el
hecho de que el proyecto de ley realmente contenga todas las medidas de
control o todas las garantías de cumplimiento por parte de algunos de los
proveedores de estos servicios, fundamentalmente en lo que se refiere a
la seguridad técnica y a los controles de metrologías y de metrotecnia, y
en qué medida las garantías que la legislación general sobre protección
de los consumidores confiere al ciudadano están suficientemente recogidas
y explicitadas en este proyecto de ley, si tal vez consideraría positivo,
desde el punto de vista de los consumidores, hacer algún tipo de énfasis
en el articulado en relación con estas cuestiones de especificar aún más
de lo que hace el texto la normativa relativa a la metrología y a la
protección de los consumidores.
También nos interesaría conocer su opinión en relación con la posibilidad
de que aquellas empresas que tengan implantada su imagen de marca en
alguna instalación en el sector de las gasolineras pudieran estar
facultadas de alguna manera para establecer al mismo tiempo que la propia
Administración algún tipo de régimen de control, no solamente del volumen
sino también de la calidad de las entregas de los combustibles pudiendo
colaborar estas organizaciones con la Administración y contribuir de
alguna forma con los propios consumidores a garantizar que no se
produjera ninguna desviación. Se ha polemizado sobre esto en los medios
de comunicación últimamente y nos gustaría conocer desde el punto de
vista de las organizaciones de consumidores qué papel podrían otorgar a
esa colaboración entre las asociaciones de consumidores y las grandes
compañías operadoras en este sector en aras de reforzar los sistemas de
control.
Finalmente y para no extenderme más, porque si no luego me acusan de
excesivo protagonismo, ¿cuál es la consideración que le merece a su
organización el régimen de infracciones y sanciones contenidas en este
proyecto de ley, en lo que hace referencia no sólo a las cuantías, sino a
la posibilidad de revocar o suspender las licencias de las
autorizaciones administrativas o la propia publicidad de cualquier
sanción que se pueda producir en este ámbito.
No le voy a preguntar sobre los sectores del gas, porque creo que
nuestras preguntas pueden quedar perfectamente subsumidas en las que ya
se han realizado. En todo caso, si lo creyéramos interesante, nos
reservamos un turno de dúplica.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Espinosa, tiene la palabra por quince
minutos. Le ruego que se ajuste al tiempo, porque la flexibilidad es
relativa, tanto más cuanto más apremiante es la necesidad de acomodar el
tiempo de las diversas comparecencias, y ya vamos ciertamente rebasados.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA (UCE)
(Hinojosa Bolívar): Buenas tardes, agradezco la invitación a la Unión de
Consumidores de España por participar una vez más en una Comisión en el
Congreso de los Diputados y, en especial, al Grupo Parlamentario
Socialista, que creo que es el que instó mi presencia en nombre de la
Unión de Consumidores de España.
Debo, por respeto a mi padre, decir que no soy Espinosa sino Hinojosa;
eso lo hago por respeto a mi progenitor.
En alguna otra comparecencia que he mantenido en el Congreso de los
Diputados, en una sesión por la tarde con motivo de la Ley de Fútbol y en
alguna otra sobre contenidos televisivos, primero intervenía y después
hacían preguntas. Vale el sistema de hacer preguntas, espero no dejarme
ninguna sin responder y discúlpenme si en algún momento hago alguna
reflexión porque quiera responder a algo que ya he ido anotando mientras
han ido interviniendo. Empezaré por una cuestión básica que ha suscitado
el señor Burgos, una opinión global sobre el proyecto de ley que se
presenta.
En principio, vemos positivo que se traiga un proyecto de ley sobre la
regulación de un sector que, aunque complejo, tiene también una gran
trascendencia para los consumidores y, desde luego, entendemos que este
proyecto de ley tiene que estar sustentado en dos criterios básicos, uno,
efectivamente, el de impulsar o al menos regular el escenario futuro de
liberalización de los servicios y, otro, algo muy esencial, de lo que
quizá vemos que carece en parte el proyecto, un concepto de modernidad y
de calidad pensando en los intereses de los consumidores. Empezando por
un aspecto general, y contesto algunas preguntas que se han hecho por la
portavoz del Grupo Socialista, si al final el debate se plantea sólo con
cuestiones terminológicas, no vamos a perder ni medio minuto, pero creo
que merece la pena considerar lo que tenemos entre manos como un servicio
público. Se está jugando últimamente a nivel europeo con una nueva
conceptuación, que son aquellos servicios de interés general con
contenido económico o algo así, como lo llama la Unión Europea, y al
final es darle muchas vueltas y si sólo se tratara de una cuestión
terminológica, insisto, no perdería ni un minuto, pero creo que es
conveniente saber que en el conjunto de los servicios de suministro y en
este caso particular que estamos abordando de servicio eléctrico, el gas
y otros derivados, me parece que difícilmente podría entender un
ciudadano que el gas, la luz o la gasolina son algo no esencial en su
vida ordinaria; relacionado con la vivienda no deja de ser sino un
servicio básico que debe prestarse y todo lo que tenga relación con este
servicio respecto al consumidor debe garantizarse desde los poderes
públicos. Por lo tanto, creo que sería bueno que el proyecto, al menos,
profundizase más en el concepto europeo de lo que son los servicios
esenciales y servicios básicos a los ciudadanos, es decir, servicios
públicos, y tener la capacidad de distinguir --y reconozco que incluso a
mí como abogado no me es fácil-- que el servicio público no tiene que ser
necesariamente aquello que es de titularidad pública, sino que el
servicio público tiene que tener una dimensión, política si se quiere, de
lo que tenemos entre manos. Por tanto, veríamos con buenos ojos que se
pudiera abordar el debate de este proyecto de ley desde la concepción de
que éste es un servicio público, no porque sea de titularidad pública,
sino porque es esencial y básico para la vida de los ciudadanos en
general, y creo que no hace falta insistir.
La segunda pregunta de la representante del Grupo Socialista era sobre el
tema de la liberalización de precios. Tenemos que ser bien pensados, es
decir, pensar que todo va a funcionar razonablemente bien en el futuro en
relación a la liberalización, pero tenemos experiencias dramáticas de que
cuando se liberalizan precios se suben, cuando se liberalizan sectores
como el aéreo se produce una reunión de tres operadores para fijar
tarifas, etcétera. Estamos convencidos de que no podemos ir hacia atrás
en los procesos de liberalización, pero también tenemos nuestros recelos
--y no por ello vamos a ir en contra de la liberalización-- de que en
muchísimas ocasiones, detrás de una liberalización, si no hay una
convicción profunda de los operadores --y ahí está el ultimo ejemplo en
telefonía entre Retevisión y Telefónica-- en la libre competencia, al
final, el escenario de liberalización puede llegar en algunos casos a
crear no un monopolio de derecho como antes, sino oligopolios de hecho,
que es lo que está ocurriendo en muchos de los sectores económicos hoy ya
liberalizados y en el futuro confiemos que más.
Voy a poner un ejemplo que tendrá relación después con el tema de la
bombona de butano. Creo, según nuestros datos, que hay diez empresas
autorizadas para ese menester, aunque el 98 por ciento del mercado lo
tiene Repsol-Butano. Todo lo que sea flexibilizar el comportamiento de
los operadores sin las garantías necesarias para el consumidor para
nosotros, al final, no lo olvidamos, significa que realmente no hay una
competencia en el sector y, por tanto y aprovecho para referirme al tema
de la GLP envasada, nos parece que no es verdad que se esté produciendo
en este momento una situación de libre competencia y de múltiples
operadores en el sector de la bombona de forma que la no obligatoriedad
de la distribución en domicilios sea en el futuro un elemento que pueda
abaratarla. Todo lo contrario, nosotros creemos que la bombona de butano
va a subir de precio en el momento en que desaparezca esa obligatoriedad.
Y ya no solamente es el tema del precio.
En el marco de ocho o diez operadores actuando, podría ser que alguno de
ellos pudiera ofrecer un precio más barato, pero si después lo cargan o
lo gravan por el transporte al domicilio, en el fondo, desde la
perspectiva del consumidor, ese precio final no está garantizado que esté
dentro de los términos que nosotros concebimos. Me gustaría decir algo
más respecto al tema de la no obligatoriedad de la distribución. Me
parece bastante peligroso que en un vehículo particular, que puede estar
lleno de personas --me da igual que sean pequeños que grandes, pero puede
haber niños--, un consumidor sea atrevido --y lo puede ser-- y compre dos
bombonas, las deje en el coche, con las ventanas cerradas y dándole el
sol, y por eso, incluso desde el punto de vista de seguridad, se debería
plantear que el reparto a domicilio no es un beneficio para el
consumidor, sino que es también por razones de seguridad general o de
seguridad colectiva, y por eso los camiones van aireados, y los coches no
lo están. Creo que hay algún elemento más, no solamente de carácter
económico sino de seguridad, que debía también de plantearse; al menos,
hasta que el escenario de la libre competencia opere y la información al
consumidor llegue razonablemente, igual que hay un plazo transitorio de
quince años para la definición de consumidor cualificado del gas natural
a todo el mundo, se deberían también marcar unos plazos transitorios, al
menos en un aspecto tan esencial y tan unido a la cultura de los
ciudadanos como es que les lleven la bombona a casa, algo tan sencillo
como eso. Insisto en el tema del 98 por ciento de la cuota de mercado
Repsol porque en aras de favorecer una libre competencia, podríamos estar
consolidando una situación de monopolio de hecho por parte de algunos.
La última pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es
sobre el tema del régimen sancionador. A nosotros nos parece increíble
que ante una infracción cometida por un operador al que por el solo hecho
de ser operador o de intervenir en el mercado se le supone una amplia
capacidad técnica y con medios suficientes, los niveles de prescripción
sean incluso inferiores, comparados, por ejemplo, con una persona que se
desliza levemente en una declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. La prescripción de infracciones para cualquier persona,
por ejemplo en el campo tributario y hasta que el estatuto del
contribuyente lo reforme, está en cuatro o cinco años y he visto que son
tres para la prescripción de algunas infracciones en esta materia, ante
lo cual, no es porque todo el mundo sea malo, en el sentido del
comportamiento, pero con la experiencia de las gasolineras, que ha sido
un referente público notable, tenemos nuestra preocupación de que en un
sector donde se mueve muchísima cantidad de dinero --y se mueve en éste--
al final casi compense la infracción a cambio de una multa económica. Por
eso creo que no sería malo reforzar el régimen sancionador y ser bastante
más exigentes.
El señor Santiso creo que me preguntaba sobre el tema de la
responsabilidad o qué tipo de implicación había por parte de las
compañías bandera. Nosotros, desde el punto de vista del consumo en
general y sobre todo desde la apertura de la frontera y la integración de
España en el merado único europeo, estamos defendiendo la responsabilidad
objetiva y solidaria de los que intervienen. La responsabilidad objetiva
es bastante difícil de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, porque
sigue basándose en una responsabilidad subjetiva, pero, desde luego,
respecto a la solidaria no nos cabe ninguna duda. No puede ser el
consumidor el que tenga que adivinar si cuando compra una lavadora y
falla la responsabilidad está en que la transportaron mal, la fabricaron
mal, en que el que la tuvo en un almacén la mantuvo en malas condiciones
o en que el propio consumidor fue un manazas cuando la llevó a su casa.
Es razonable pensar que la responsabilidad sea solidaria, como ocurre en
algún ejemplo e incluso la Ley de defensa de los consumidores de julio de
1984 parece contemplar, que se establezca que la responsabilidad sea
solidaria y el consumidor se dirija hacia el que más cercano tenga, bien
porque tenga muy próximo el punto de venta o de suministro o bien porque
tenga la convicción de que el responsable puede ser otro, pero nunca se
debe hacer recaer sobre el consumidor la indefinición de no saber a quién
tiene que reclamar, porque puede reclamar al que le ha suministrado, en
el caso de una bombona con menos cantidad donde el distribuidor no tiene
ninguna responsabilidad, porque el que se la ha facilitado ya la traía
así. Creo que sería bueno ir incorporando una filosofía en defensa de los
consumidores, que es la responsabilidad objetiva y solidaria, y por lo
menos habrá que esperar a que se produzca una jurisprudencia en esta
materia, lo que parece razonable que ocurra. Si además se alude --y creo
que es una pregunta que me ha hecho el señor Burgos, del Grupo Popular--
a la posibilidad de establecer con la Administración otros mecanismos de
control de cara a las empresas que tengan implantada una marca, al final
lo que no parece razonable es que a esas empresas bandera o marca se les
otorgue la posibilidad de establecer controles y que no se les obligue al
mismo tiempo a que sean responsables solidarias de lo que ocurra en el
punto final donde el consumidor pueda tener esa relación.
Continuando con las preguntas del representante de Izquierda Unida, hay
un punto al que tengo que confesarle que no sé qué responder. Cuando echo
gasolina me molesta tremendamente impregnarme las manos del olor de la
gasolina. Por tanto, lo que sí es verdad es que el consumidor no ha
entrado todavía en algo tan esencial como que estamos pagando igual
precio por servicios distintos, pero creo que ésa es una tarea que desde
la legislación sería difícil acometer, porque si se produce un marco de
liberalización de precios es difícil que pueda imponer a cambio otro
servicio. En lo que sí se podría trabajar mucho más, desde el punto de
vista de la información al consumidor, es en el cambio de actitud.
Nosotros siempre tenemos una máxima y es que el principal derecho del
consumidor es la libertad de elección, y, sin embargo, algunas veces
somos muy malos eligiendo, porque elegimos a aquellos que nos dan peor
servicio incluso a un precio mayor, pero como no puedo estar tirando
piedras sobre el propio tejado, tengo que decir que esa respuesta es
difícil, que no sería fácil establecer en cualquier caso ninguna
obligatoriedad en orden al precio, pero sí que cabrían bastantes campañas
de información y, sobre todo, que los que tienen personas trabajando
y los propios sindicatos hicieron alguna aportación más en orden a esa
decisión.
Es verdad que es difícil la competencia en el sistema, como se recoge en
la propia exposición o conclusiones previas del Consejo Económico y
Social. En el sector del que estamos hablando es difícil encontrar la
facilidad para que se incorporen nuevos operadores. No es un sector
sencillo, ni desde el punto de vista técnico ni económico, y todo hace
prever que no va a haber una vorágine, ni de foráneos desde fuera de
España ni desde dentro, que permita que aquí se establezca un dinamismo.
Eso no es bueno, pero no siendo bueno que haya poca competencia, tampoco
debemos obviar que habrá que promoverla en los términos que se
establezcan.
Y para concluir conelseñorBurgos, he dicho que creemos que es bueno, que
se traiga el proyecto de ley, que creemos que es bueno que estando basado
en los principios de liberalización, con las observaciones que yo he
efectuado aquí de lo que es la realidad y la experiencia del último año
en España, y basados también en elementos de la modernización, es una ley
compleja. En lo que se relaciona con el consumidor no es una ley que
desde el primer artículo hasta el último nos interese directamente; puede
haber algunos aspectos que se nos escapen porque pueden tener mucha
relación entre los operadores.
Desde luego, estoy muy a favor de la publicidad de las sanciones, pero no
a favor ahora porque el conflicto de la gasolina haya puesto de
manifiesto lo que había que decir. ¿Cuáles eran las responsables o las
presuntas fraudulentas? Venimos señalando la publicidad de las sanciones
desde la propia aprobación de la Ley de defensa de los consumidores --y
no lo conseguimos en aquella ley que era la nuestra--. ¿Qué es lo que
estamos haciendo algunas asociaciones de consumidores? Estamos vulnerando
la ley y estamos publicando los nombre de las empresas que consideramos
que están cometiendo fraude o que se ha demostrado que han cometido
fraude. Lo hacemos desde nuestra revista, y en el caso de la Unión de
Consumidores de España, a través de la revista Ciudadano, pues sacamos
nuestro ranking de empresas a las que ponemos el cero y ranking de
empresas a las que les ponemos el diez. Pero no sería malo establecer,
con las garantías suficientes y para evitar perjuicios innecesarios, el
tema de la publicidad de las sanciones. Creo que incluso habría que ser
más atrevidos e introducir la publicidad de la apertura de expediente,
pues igual que cuando un juez inicia un procedimiento judicial y sin más
pruebas que un anonimato inicia un auto y empieza a trabajar con la
diligencia previa y se da publicidad a esa diligencia previa ¿por qué no
decir a quien incumple la normativa que tiene abierto un expediente?
Porque en ningún caso hay que esperar la sentencia para que sea
definitivamente inocente o culpable. Y con las cautelas oportunas, porque
puede despertar recelo, y lo comprendo, creo que habría que ser bastante
atrevido.
Por último, creo recordar el tema de la garantía en el cumplimiento de
seguridad técnica y en otros aspectos de metodología. El problema --creo
que aquí tenemos que ser bastante sensatos-- es que la picaresca va muy
por delante, primero de la legislación y, segundo, es de sentido común.
No parece razonable establecer unos determinados mecanismos de control y
lo que ya no se puede estar es analizando o pensando cuál va a ser la
picaresca a utilizar el siglo que viene. Por lo tanto, creo que cuantos
más mecanismos de control se pongan mejor, pero no olvidemos que al final
tampoco podemos pensar que va a haber un inspector junto a cada
distribuidor, o un inspector detrás de cada punto de comercialización.
Por tanto, veo una enorme dificultad y, en cualquier caso, en lo que la
ciencia y la tecnología en cada momento nos permitan iremos avanzando en
orden al control y a las mediciones que se hacen.
Poco más. Si acaso, lamento que con esta norma --un punto si se quiere
sentimental-- desaparezca la CSEN, que me parece que era un órgano que
venía actuando muy bien. Se crea la comisión de la energía y no tengo
nada en contra de que sea el Gobierno quien nombre los miembros de la
CSEN, pero me parece que se podía haber hecho una apuesta mucho más
atrevida en un Estado democrático para que, de entrada, los
representantes de la nueva Comisión de la energía tuvieran directamente
en ese nivel representantes --desde luego yo defiendo a los
consumidores-- y no llevarlo a dos consejos consultivos, que yo no
desmerezco, pero que creo que también podrían haber estado perfectamente
en la propia definición de lo que es una participación. No pasa nada;
tenemos el Consejo de los Consumidores --no traumatizo con este tipo de
circunstancias--, pero si se crea una nueva comisión --y quiero recordar
la última, que estuvimos también en contra por cuestión de filosofía no
por las personas que nombra el Gobierno, que fue la de las
telecomunicaciones-- me parece que ahora se podía haber aprovechado para
haber introducido, desde el inicio, una consideración específica a los
agentes sociales en un sector difícil para nosotros pero que, al final,
nos afecta como receptores finales que somos del servicio.
Espero haber dado respuesta a sus preguntas y, en cualquier caso,
disculpen las limitaciones de carácter técnico, pues uno no sabe de esto
nada más que lo que tiene que saber.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hinojosa. Le pido
disculpas por haber confundido su nombre y haberle puesto en el orden del
día como señor Espinosa. Le agradezco también que se haya sometido al
tiempo, lo que nos permite estar en hora a las comparecencias
subsiguientes.
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, S. A.
(CLH) (Número de expediente 219/000332) Y PRESIDENTE DE REPSOL PETROLEO,
S. A. (SANCHO ROF) (Número de expediente 219/000333).
El señor VICEPRESIDENTE: La siguiente comparecencia es del señor Sancho
Rof, presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos, S. A. Le damos
la bienvenida a esta Comisión y sin más preámbulos vamos a dar la palabra
a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora
Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, una vez aclarada cuál
es la cabeza que trae en estos momentos el señor Sancho Rof, en principio
nos gustaría que hiciera una valoración general respecto al proyecto, que
entre en todos los ámbitos que desee entrar, tanto en la primera parte de
exploración, investigación y explotación como, por supuesto, en los
hidrocarburos líquidos y en el tema del gas. Pero la primera pregunta va
directamente a lo que usted representa hoy. CLH --lógicamente, su
contestación la conocemos-- como operador del sistema en este campo,
¿cree usted que puede mantener la neutralidad que requiere el que haya
una liberalización del sistema, un sistema transparente de definitiva? El
tema que nos interesaría en los dos ámbitos, tanto en el de hidrocarburos
líquidos como en el del gas, es el acceso de terceros a la red.
¿Contribuye el sistema negociado, más que un sistema reglamentado, que es
diferente en ambos casos, a que haya una mayor competencia en el
procedimiento?
En el tema de los consumidores cualificados, también quisiéramos que nos
aclarara los dos casos; en el caso de hidrocarburos líquidos el tema de
los umbrales para consolidados cualificados, umbrales que ya están
establecidos, si cree que son altos, bajos, suficientes. Y en el tema del
gas, el perfil de cliente cualificado, el calendario que se mantiene en
la transitoria, ¿cómo lo considera usted? Entrando más en el tema del gas
nos interesaría conocer su opinión respecto a la diversificación de
proveedores y la garantía de suministros, si en la ley es la misma, si
cree usted que está bien que sea la misma para los distintos operadores
del sistema.
Otro de los temas sobre el que nos gustaría conocer su opinión es
respecto a contratos obligatorios, cómo pueden funcionar o qué suponen a
la hora de desechar o denegar solicitudes de acceso de la red a terceros.
E incluso en este tema el del acceso de la red a terceros, saber el
funcionamiento de las cláusulas de reciprocidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Agradecemos la comparecencia. Creo que la
portavoz socialista ha abarcado prácticamente todo el espectro de la ley
y, por tanto, creo que es suficiente. Quizá que nos cuente cuál es su
opinión sobre la ley. En todo caso, quiero preguntarle de nuevo si usted
cree de verdad que esta ley va a garantizar la liberalización,
especialmente en el sector del gas, pues nosotros tenemos grandes dudas
de que no nos conduzca de nuevo a oligopolios que se pongan de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Santiso, un diez en capacidad de síntesis.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor presidente, en primer lugar,
quiero dar la bienvenida al señor Sancho Rof a esta Comisión y dado que
los diputados que me precedieron en el uso de la palabra casi hicieron
una revisión exhaustiva de los problemas que tiene la ley, la única
pregunta que vamos a hacer es si considera el señor compareciente que el
proyecto de ley de hidrocarburos avanza en la liberalización e introduce
mayor competencia obteniendo el fin principal, que es la rebaja de los
precios. Es decir, si puede darnos una valoración global del proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sancho Rof.
El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, S. A.
(CLH), Y PRESIDENTE DE REPSOL PETROLEO, S. A. (Sancho Rof): Muchas
gracias, señor presidente. Buenas tardes. Muy agradecido por darme la
oportunidad de poder comentar una ley que es muy importante para el
sector energético en el que nosotros estamos trabajando desde hace muchos
años. Y sin más, pasaría a ir respondiendo a las preguntas.
Tengo que decir, en primer lugar, que probablemente en el tema del gas no
tenga una cualificación suficiente como para poder opinar realmente sobre
la ley, que la he leído, desde luego, pero mi experiencia en el gas, mis
conocimientos para poder opinar en el nivel que yo creo que sería
necesario en esta Comisión no iban a ser suficientes. Creo que tienen
ustedes comparecientes son suficiente cualificación para poderse explayar
y conocer a fondo lo que la ley y el mercado del gas son.
Una compañía como CLH, ¿puede tener suficiente neutralidad en la
operación? Le tengo que responder que sí y que solamente depende de cómo
se estructure en los órganos operativos de la sociedad de forma que
garantice esa neutralidad. Y yo tengo que decirle que en CLH sí que lo
tenemos. Nosotros estamos operando, sin duda, sobre una situación de
posición dominante en el mercado pero, sin embargo, no hay ni creo que
haya habido, acusaciones o denuncias sobre abuso de una posición
dominante. Es decir, que desde ese punto de vista creo que el sistema
funciona correctamente y todos los operadores que trabajan con CLH están
satisfechos de la función que realiza. En ese sentido, quizá respondo
también a que nuestro sistema y nuestra función fue negociada, es decir,
funciona y funcionó fundamentalmente sobre un sistema negociado y no
regulado puesto que, desde la constitución de CLH como compañía
operadora, almacenista y transportista de hidrocarburos líquidos, nos
emperramos en que así debe operar una compañía que tiene una situación
dominante, en ir en un esquema transparente negociado y no
discriminatorio con ningún operador. Desde el principio fuimos captando
operadores que querían entrar en el mercado español, que están
funcionando en el mercado español, y tenemos 14 operadores a los cuales
damos servicio en condiciones no discriminadas. En cuanto a si hubiera
sido mejor regulado o no, habría que añadir que desde la ley de julio de
1996, donde se regula la operativa y cómo debe operar CLH, desde esa
fecha hasta hoy no ha habido ninguna petición adicional de servicios
sobre los operadores que ya estaban operando de forma natural con CLH. En
ese sentido creo que he contestado a las preguntas fundamentales de
acceso de terceros, de sistema negociado y regulado, esquema de
competencias y si un sistema como el de CLH puede ser operativo y
neutral. Creo que sí.
Umbrales necesarios para operar con combustibles líquidos. Creo que en el
esquema de combustibles líquidos lo más importante es que los operadores
tengan una competencia técnica y tengan solvencia financiera para poder
garantizar su operativa a largo plazo en un mercado. Porque si no es así,
si los umbrales de solvencia no se especifican bien, aparecen
oportunistas, oportunistas que entran y salen del sistema sin ninguna
garantía de largo plazo y lo que hacen es funcionar de una forma desleal
con el resto de operadores. En ese sentido creo que sí es importante que
los umbrales de cualificación sean establecidos por la ley para evitar
las competencias desleales.
En cuanto a la valoración general de lo que es la ley de hidrocarburos,
sí pienso que es una ley liberalizadora; creo que respecto a los
petróleos líquidos ya se había avanzado mucho en el esquema liberalizador
y lo que completa esta nueva ley de hidrocarburos es terminar de
profundizar en aquello que quedaba en combustibles líquidos para que la
liberalización sea completa, quitando temas de precios máximos que
todavía quedaban en algunos productos líquidos, así como abrir todavía
más la oportunidad a nuevos operadores que respetando las cualificaciones
técnicas, cualificaciones financieras y de medio ambiente quieran ser
comercializadores de hidrocarburos líquidos. En ese sentido sí que valoro
la ley como una ley que termina el proceso de liberalización en
hidrocarburos líquidos.
En el gas, como decía antes, siento no poder opinar mucho más, pero sí
entiendo, en lo que he leído de la ley, que es liberalizadora. Me da la
impresión que es más liberalizadora de lo que hay hasta ahora. Ahora,
decir más sería entrar en unas honduras en las que no estoy realmente
capacitado. (El señor Peón Torre pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sancho Rof. Señor Peón.
El señor PEON TORRE: Señor presidente, simplemente para una cuestión de
orden porque ha empezado la comparecencia con una matización en el
sentido de que iba a intervenir sólo en su condición de presidente de
CHL, no tanto en su condición de presidente de Repsol-Petróleo, dado que,
al parecer, está citado el señor Cortina, presidente del Grupo Repsol.
Hemos comprobado que no estaba acordada esa comparecencia, ni siquiera
estaba solicitada por el Grupo Socialista y, por tanto, desconocemos si
esa citación ha podido tener lugar. En cualquier caso, para que quede
clara la posición de nuestro grupo, no tenemos ningún inconveniente en
que esa comparecencia se produzca. No sería ya tanto a iniciativa del
Grupo socialista sino de los grupos aquí presentes, si es que estamos
conformes en que, a pesar de no estar acordado así en su día, se puede
entender que está acordado si ha recibido el citado compareciente la
citación, bien entendido que esa comparecencia se celebre el día 3,
porque como ya recordarán el presidente y la Mesa, en aquella reunión de
Mesa y portavoces nuestro grupo quiso dejar claro fuera cual fuera el
número de comparecencias se celebraran todas ellas antes, como máximo,
del día 3 del mes de marzo.
Y, por último, señor presidente, hechas estas matizaciones, si considera
el compareciente que añadiendo a su condición de Presidente de CLH su
condición también de Presidente de Repsol-Petróleo tiene algo más que
argumentar, también sería bueno que tenga esa oportunidad y ese trámite
para hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Coincidimos plenamente con lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: Voy a pasar esta sugerencia de los tres grupos
al presidente de la Comisión y si les parece a los tres grupos que él
decida.
El señor PEON TORRE: Para que conste en el «Diario de Sesiones», quiero
decir que nuestro grupo, simplemente, solicita que se dé cumplimiento a
lo acordado en la reunión de mesa de portavoces respecto a las
comparecencias que se determinaron allí, que iban a ser celebradas hasta
el día 3 y si, previa comprobación por parte de la Mesa, además de esas
comparecencias acordadas está citado ya el presidente del Grupo Repsol
para acudir el día 3, que se celebre también dicha comparecencia si lo
estima oportuno el señor presidente del Grupo Repsol, pero en otro caso
no, precisamente para evitar lo que quedó acordado en esa Mesa de
portavoces que es dilatar el plazo del día 3. Simplemente eso es lo que
queremos matizar: que no hay ningún inconveniente en que se celebre esa
comparecencia, que tenemos interés en que pueda celebrarse, pero siempre
y cuando no se produzca después de ese día 3, por las razones que ya
quedaron expuestas en la reunión de Mesa y portavoces.
El señor VICEPRESIDENTE: El letrado va a comprobar si estaba citado o no;
en todo caso, lo que haremos es dar cumplimiento al acuerdo de Mesa y
portavoces del día correspondiente.
Si les parece bien a todos los portavoces, agradeciendo al señor Sancho
Rof su comparecencia y su presencia con nosotros, levantamos la sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.
Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, del jueves, 26 de febrero de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.