CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 388



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 27



celebrada el jueves, 26 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor secretario de Estado para la Seguridad Social
(Aparicio Pérez), para informar sobre el impacto del dato interanual de
inflación en el poder adquisitivo de los pensionistas. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente
213/000472) (Página 11460)



Preguntas:



--Del señor Peralta Ortega (Grupo Mixto), sobre actuaciones para dar
cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por la Comisión de
Política Social y Empleo relativa a la elaboración de un informe sobre
posibles medidas, y vías de financiación de las mismas, encaminadas a
complementar las pensiones de jubilación de los trabajadores del grupo
ITT España afectados por el plan de reconversión del citado grupo y que
pasaron a la condición de jubilación antes de los 65 años (Número de
expediente 181/000621) (Página 11472)



--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para el desarrollo de la
previsión contenida en el segundo párrafo de la recomendación duodécima
del denominado Pacto de Toledo, relativa

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a la regulación de la responsabilidad en orden a las prestaciones,
adecuada a la realidad actual y a las características del modelo presente
de Seguridad Social (Número de expediente 181/000687) (Página 11473)



--Del mismo señor Diputado, sobre incumplimiento del plazo establecido en
el Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, para hacer efectivo el derecho
a la protección de incapacidad temporal de los contratos para la
formación, así como la cobertura de la totalidad de las contingencias de
los contratados a tiempo parcial (Número de expediente 181/001063)
(Página 11474)



--Del señor Vaquero del Pozo (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre medidas para resolver el retraso de la resolución de
determinados expedientes de solicitud de invalidez de incapacidad
temporal (Número de expediente 181/000542) (Página 11476)



--Del mismo señor Diputado, sobre incidencia en la gestión de la
Seguridad Social de la amortización de plazas vacantes decretadas por el
Gobierno en el acuerdo sobre adecuación de las relaciones de puestos de
trabajo al Presupuesto, supresión de vacantes y provisión de puestos de
trabajo, de 27 de diciembre de 1996 (Número de expediente 181/000543)
(Página 11478)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
(APARICIO PEREZ), PARA INFORMAR SOBRE EL IMPACTO DEL DATO INTERANUAL DE
INFLACION EN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
213/000472).




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se abre la
sesión.

Quiero comunicarles previamente que ha sido retirada la pregunta que
figura como punto 1 del orden del día, formulada por don Pedro Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Igualmente, propongo la modificación del orden del día, de forma que se
inicie con el punto que figura en último lugar, que es la comparecencia
del secretario de Estado para la Seguridad Social, para informar sobre el
impacto del dato interanual de inflación en el poder adquisitivo de los
pensionistas, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Están todos de
acuerdo, ¿no? (Asentimiento.)
Iniciamos, por tanto, la sesión con la comparecencia mencionada, dando la
palabra al señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Buenos días, señorías.

Se solicita la comparecencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para que informemos ante esta Comisión sobre un tema sin duda ninguna de
importancia como es el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y el impacto que ha podido tener este mantenimiento en el
último ejercicio.

Como consideración previa, me permitirán que afirme que uno de los
indicadores de la eficacia, uno de los indicadores del buen hacer de un
sistema de Seguridad Social es precisamente lograr que las rentas de
sustitución que constituyen las pensiones garanticen y mantengan su poder
adquisitivo a lo largo de la vida de las propias prestaciones. Por eso,
el propio acuerdo político, llamado Pacto de Toledo, y el acuerdo social
alcanzado con las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT
perseguían este mismo objeto de buscar las fórmulas que dotasen de
estabilidad y de plenas garantías, en este caso garantías legales, al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Ciertamente, los antecedentes históricos en este caso diríamos que son de
una batalla entre la evolución de los precios, los indicadores de los
precios, la inflación y la revalorización de las pensiones. Parecía
lógico adquirir compromisos, insisto, de gran alcance en cuanto a
consenso político se refiere, compromisos de carácter legal que
permitiesen ver el horizonte a nuestros pensionistas con mayor
tranquilidad. Esa fue la redacción buscada y deseada tanto en la Ley de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social como en el propio
acuerdo alcanzado por las centrales sindicales. Queda ya establecida para
el futuro una garantía legal que alcanza a todas las pensiones.

Evidentemente, no existe discriminación entre los ámbitos contributivo y
no contributivo y desaparece la discriminación que pudiera existir en
razón de la fecha en la que fue generada la prestación, lo cual yo creo
que es importante para no introducir elementos de variabilidad dentro de
la propia población pensionista.

En los ejercicios de los que yo puedo hacer una mención más directa en
cuanto a mi propia responsabilidad, la evolución de la inflación ha sido
favorable; lo ha sido para el conjunto de la sociedad española y
naturalmente para la población pensionista. Precisamente, la buena
evolución



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de los precios es una ayuda importante para las rentas de carácter medio
y bajo, que es el caso de la mayor parte de las pensiones; estamos ante
rentas de carácter medio, no ante rentas elevadas, y saben bien quienes
por trabajo o por sistema de Seguridad Social tienen estos niveles de
renta que uno de sus peores enemigos es sin duda la inflación.

Pues bien, el conjunto de políticas económicas conducentes a una
contención de los precios ha permitido que durante dos años consecutivos
se dé un fenómeno hasta ahora desconocido, que es una mayor velocidad de
avance de las pensiones que de los precios y de la propia inflación. En
concreto, han sido tres décimas en el año 1996 y seis décimas en el año
1997 las que se han constatado y reflejan esa diferencia positiva en
favor de las rentas pasivas del sistema, de las rentas de prestaciones de
Seguridad Social. Saben SS. SS. mejor que yo estos datos.

Atendiendo a este objetivo de un crecimiento ordenado del gasto social,
con una plena participación de la población pensionista española en el
proceso de recuperación y de consolidación económica que se está
viviendo, y en el marco del respeto a la Ley de consolidación y
racionalización, cuya gradualidad es uno de los elementos esenciales, se
puede afirmar hoy que ha habido una importante participación de la
población pensionista española en esa creación de riqueza, en ese
crecimiento económico sostenido, y que ha podido beneficiarse de las
ventajas de una moderada evolución de los precios.

A la hora de cuantificarlo, les decía que en el año 1997 la previsión de
inflación que se correspondía con el porcentaje de incremento de las
prestaciones fue del 2,6 --en términos de previsión-- y pudo cerrarse el
ejercicio en el período considerado a efectos de pensiones --noviembre
sobre noviembre-- en el 2 por ciento. Son seis décimas, pues, a las que
habría que sumar las tres décimas de beneficio obtenidas en el ejercicio
anterior, cuando las pensiones habían tenido un revalorización del 3,5
por ciento y la inflación ya inició esta línea de contención que condujo
a un resultado final --noviembre sobre noviembre-- del 3,2 por ciento.

¿Cuánto puede suponer en términos económicos? Estaríamos hablando del
orden de más de 40.000 millones de pesetas en el segundo de los casos, el
efecto de valoración de esas seis décimas, y de unos 19.000 millones en
el caso de las tres décimas procedentes del año 1996. Tal vez las cifras
globales son abstractas, pero, si se quiere ejemplificar, en una pensión
de 100.000 pesetas al mes estamos hablando de una mejora individual, en
este caso anual, de unas 4.158 pesetas, en el caso del año 1997
--revalorización, naturalmente--, y de 12.796 en la revalorización
correspondiente al ejercicio de 1998.

Estos efectos, sin duda, además, van a ser unos efectos no de tipo
coyuntural, no asociados a un determinado momento de la historia de la
economía, sino que van a poder lógicamente constituir un beneficio a
futuro por el carácter consolidable que tiene toda revalorización o que
tienen las subidas de las pensiones en España. Ha permitido, sin duda
ninguna, mantener y mejorar la participación de las rentas procedentes
del sistema de Seguridad Social en la creación de riqueza nacional y creo
que también ha contribuido a crear ese deseable --en opinión de todas las
fuerzas políticas-- clima de confianza de nuestros pensionistas en el
sistema. Estamos ante lo que podríamos denominar ese crecimiento ordenado
deseable, del que tantas veces se ha hablado, acorde con la creación real
de riqueza, con la creación real de rentas disponibles y que ha permitido
que también la población pensionista española participe de este esfuerzo.

Aquí me detengo, lógicamente, porque entiendo que más interesantes que
mis propias palabras pueden ser las cuestiones que deseen suscitar
quienes han solicitado la comparecencia o quienes, de acuerdo con el
Reglamento, deseen hacer alguna pregunta.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio.

Por el Grupo solicitante, Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps
Devesa.




El señor CAMPS DEVESA: En primer lugar, como no podía ser de otra manera,
quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de la
Seguridad Social, solicitada por mi grupo, y, en segundo lugar, la
brevedad --porque lo bueno, si breve, dos veces bueno--, la concisión y
la claridad de su exposición. (Rumores.) Lo digo porque, cuando alguien
es claro y breve, consigue normalmente no dar lugar a equívoco alguno.

Eso al menos lo ha conseguido respecto de mi grupo, del Grupo
Parlamentario Popular, que solicitó esta comparecencia, además, en el
momento en que entendimos que correspondía, como diría un letrado,
procesalmente, en este caso, un político, oportunamente, sin dejarnos
llevar en esta materia tan sensible para muchos conciudadanos y
conciudadanas por impaciencias o prisas injustificables desde el punto de
vista objetivo, aunque, como sí les ha ocurrido a otros grupos de esta
Cámara, con un claro interés partidista. (Rumores.)
Sabe el señor secretario de Estado --y ya habrá podido oír algún
comentario en off en esta misma comisión-- que hay quien no renuncia a
hacer de las pensiones un arma política arrojadiza. Claros ejemplos hemos
tenido en estos últimos días, incluso con declaraciones de algún
importante representante de la oposición política de este país. Quienes
quieren hacer de las pensiones o de nuestro sistema de Seguridad Social
un campo de contienda electoral, no teniendo nunca en cuenta el interés
real de nuestros pensionistas, sino únicamente los suyos propios, acaban
sufriendo lo que podríamos denominar un efecto bumerán; lanzadas sus
críticas, que son de todo menos constructivas, normalmente, sus malos
augurios o sus declaraciones apocalípticas acaban volviéndose contra
ellos, dado lo infundado de su contenido. Y la materia que hoy tratamos
en su comparecencia resulta un clarísimo ejemplo de ello.

El señor secretario de Estado recordará que el pasado verano hubo quien
intentó, sin conseguirlo, generar una polémica sobre lo que hoy ha sido
tan claramente expuesto. Incluso se nos espetó al Gobierno del Partido
Popular, al Partido Popular en su conjunto, que millones de españoles
estaban esperando conocer de manera clara, rotunda y sin ambigüedades
cuál iba a ser el impacto de la inflación



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en el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. A los que por entonces
solicitamos paciencia, porque ni era el momento oportuno ni se tenía la
completa seguridad jurídica sobre la aplicación de la ley, dejando bien
claro en cualquier caso que se optaría siempre por la solución más
favorable para nuestros pensionistas, se nos tachó de injustos y de
mezquinos. Hoy, si algo ha quedado claro y de manifiesto es que la
injusticia en todo caso se produjo con el Gobierno del Partido Popular,
que hoy representa aquí el secretario de Estado, y que la mezquindad
estaba en las propias palabras de quienes intentaban hacer campo de
batalla de nuestro sistema de protección social. (Rumores.)
Por fortuna, y por más que algunos intenten que no sea así, los
pensionistas de este país, y he tenido alguna ocasión ya de decirlo en
esta Cámara, no han estado nunca ni mejor, ni más seguros, ni más
tranquilos que lo están ahora. (La señora López i Chamosa: Ni más
jóvenes.--Risas.) No hace falta que hagan coros, pues de ello son
responsables, en gran medida, ustedes, los señores del Partido Socialista
Obrero Español (Rumores), porque bajo sus gobiernos --y en esta Comisión
tenemos algún ex ministro--, bajo sus mandatos, bajo la égida de ustedes
se elevó la protección social en este país hasta límites para muchos
impensables. Fueron ustedes capaces, desde el Gobierno, y no me duelen
prendas en reconocerlo, de llegar a acuerdos y consensos --¿recuerden
ustedes el Pacto de Toledo, o ya se han olvidado de él?-- (Rumores), para
que justamente nuestro sistema de protección social no se resquebrajara,
sino que se consolidara y se convirtiera en garantía de futuro para todos
nosotros, para todos los españoles. Hoy, en cambio, ya en la oposición,
oyen ustedes los cantos de sirena de quien quiere poner en peligro
nuestro sistema de Seguridad Social y, en vez de atarse al mástil de la
nave, que es el Pacto de Toledo, la quieren dirigir, demagógica e
irresponsablemente, hacia los arrecifes de su destrucción, y lo hacen, no
por la firmeza de sus convicciones --lo variable de su discurso lo
demuestra claramente--, sino porque se dejan llevar por su propio interés
partidista.

Allá aquellos que con su irresponsabilidad pongan en peligro nuestro
sistema de Seguridad Social. Por nuestra parte no nos cansaremos de
reiterar que todo esfuerzo en favor de nuestros pensionistas nos parecerá
poco, que nos queda mucho camino para recorrer en la consolidación de
nuestro sistema público de protección social y también en la mejora de la
situación de nuestros pensionistas, sobre todo de los más desfavorecidos.

Por ello, reitero, no nos cansaremos de hacer un llamamiento, cada vez
que intervengamos en una cuestión como ésta, a todos los grupos de la
Cámara y al conjunto de la sociedad, para que todos juntos --y valga el
símil que he utilizado con anterioridad-- rememos con fuerza y podamos no
sólo mantener a flote la nave, sino llevar a buen puerto ese gran barco
que es nuestro sistema de Seguridad Social.

Desde mi grupo, señorías, somos conscientes de la importancia del sistema
de la Seguridad Social como instrumento para garantizar el bienestar y
como pilar fundamental de la cohesión social y compartimos con el
Gobierno, como prioridad básica --y cojo las palabras del propio
secretario de Estado--, la realización de las reformas y adaptaciones
necesarias que permitan, no sólo corregir, sino superar las disfunciones
y desequilibrios de que adolece y también adecuar sus mecanismos para que
puedan hacer frente de manera eficaz a los grandes retos que habrán de
asumirse a corto y medio plazo. Estas reformas deben contar con el mayor
consenso político y social posible. El social sí que ocurre en esta
materia; el político, estamos a la espera de verlo. Es la única manera,
con ese consenso, señorías, de incrementar la confianza del conjunto de
los ciudadanos en una política determinada como es la que, a nuestro
juicio, está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular, además muy
acertadamente.

Coincido nuevamente con el señor secretario de Estado --y estoy seguro de
que a nadie le extrañará-- en que todas estas iniciativas, siendo de
especial relevancia, como son, carecerían de eficacia si no vinieran
acompañadas por uno de los elementos que mejor caracterizan la bondad de
un sistema de Seguridad Social digno de dicho nombre, la garantía del
poder adquisitivo de las pensiones, ya que de nada valdría un ambicioso
marco de prestaciones si luego se las abandona a su propia suerte y no se
asegura su efecto sustitutivo de rentas durante todo el período de
percepción.

Los pensionistas de este país han visto consolidada, como ha dicho ya el
señor secretario de Estado, su mejora de poder adquisitivo durante 1997
con una ganancia que, acumulada a la de 1998, se sitúa alrededor del 0,9.

No sólo, a diferencia de lo que ocurría con gobiernos anteriores, la
inflación real estuvo por debajo de la inflación prevista a principios de
año, lo cual permite que la mejora del poder adquisitivo de nuestros
pensionistas sea real mes tras mes --y me gustaría que se hiciera alguna
referencia al efecto--, sino que esa mejora, además, se consolida año
tras año, suponiendo una ganancia para el conjunto de los pensionistas en
estos dos últimos años de casi, si los datos no me fallan, 60.000
millones de pesetas. Y ello ha sido posible, señorías, por la expresa
voluntad del Gobierno, enmarcada en el carácter gradual que posee la Ley
de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, y
por el buen comportamiento de nuestra economía, en cuya responsabilidad
también tendrá algo que ver el Gobierno del Partido Popular. Eso ha
permitido, tal como ha expuesto, reitero, brillantemente, el señor
secretario de Estado esta mañana, dar la solución más favorable que el
Gobierno del Partido Popular prometió a los pensionistas, incluso en boca
del señor presidente del Gobierno en esta misma Cámara no hace muchos
meses.

Señorías, no es sólo que España vaya bien, que va; no es sólo que a
millones de pensionistas, con un Gobierno del PP, les vaya bien, que les
va, sino que además a todos esos millones de pensionistas, con un
Gobierno del Partido Popular les va mejor que con anteriores gobiernos.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra?
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, voy a procurar ser breve, no
tanto por la calidad de mi intervención



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cuanto porque el secretario de Estado tenga dificultades para contestar
el mare mágnum de preguntas que le ha hecho el anterior interviniente. No
quiero contribuir a agobiar al secretario de Estado.

Aprecio ciertamente que hay tintes literarios en las intervenciones,
incluso poéticos, me atrevería a decir, por las figuras marinas que se
nos han mencionado. Entiendo y celebro que ese tono se pueda utilizar,
porque estamos hablando de una buena noticia, cual es que en el pasado
año 1997, y ya ocurrió también en 1996, los pensionistas de nuestro país
han visto incrementado el poder adquisitivo de sus pensiones, que
todavía, recordémoslo, no están a la altura de lo que podían ser los
parámetros europeos. Sin lugar a dudas --y estos dos últimos años son
prueba de ello--, toda la sociedad española está haciendo un esfuerzo por
mejorarlo.

Sin lugar a dudas, pienso que ésta es una buena noticia, buena noticia
que, como decía el propio representante del Grupo Popular, es imputable a
actuaciones como el Pacto de Toledo, suscrito por todas las fuerzas
parlamentarias, o el acuerdo firmado por el Gobierno con las centrales
sindicales. Y quiero recordar que la patronal española no quiso firmar
ese acuerdo de consolidación del sistema de Seguridad Social. Estos
resultados responden a la voluntad y al esfuerzo político de muchos
agentes políticos y sociales.

Me parece normal y lógico que estos resultados intenten capitalizarse y
qué duda cabe de que el Gobierno tiene medios más que notables para
intentarlo. Pero no olvidemos que nos encontramos en presencia de un
Gobierno que hizo unas previsiones absolutamente alejadas de la realidad.

Por tanto, no negaré que la actuación del Gobierno tiene algo que ver,
aunque reconozcamos también que las previsiones del Gobierno no tienen
nada que ver con la realidad. Una previsión de crecimiento económico en
torno al 3 por ciento se ha quedado en un crecimiento del 3,4; una
previsión de inflación del 2,6, en el 2 por ciento. Reconozcamos esa
realidad: en ocasiones la evolución de la coyuntura económica, el efecto
positivo de la integración europea produce unos resultados que
posiblemente son más herederos de esas circunstancias que de la actuación
de un gobierno determinado. Me imagino que esto será una opinión
discutible y que en todo caso el Gobierno seguirá insistiéndonos en esa
situación, pero creo, en definitiva, señorías, que, más allá de este tipo
de debates políticos, que los ha habido, los hay y los habrá, estamos en
presencia, insisto, de una noticia positiva y es esa revalorización.

Y tendremos que reconocer algunos matices. En primer lugar, no lancemos
las campanas al vuelo, la Seguridad Social de nuestro país tiene
problemas. Precisamente esos problemas serán la causa del Pacto de Toledo
y la causa del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. Esos
problemas no han desaparecido de la noche a la mañana. Es verdad que han
aparecido resultados especialmente positivos, como éste, pero siguen
existiendo problemas y, por tanto, tampoco creemos triunfalismos falsos,
porque luego nos encontramos con que esos triunfalismos falsos chocan con
la realidad de adoptar determinadas medidas, como, por ejemplo,
recientemente, el medicamentazo, que puede afectar a los niveles de renta
de los pensionistas. Puede afectar.

Reconozcamos que la Seguridad Social es una pieza importantísima del
Estado del bienestar español, que es una institución que nuclea la
confianza y el consenso político y sindical de nuestra sociedad, que
además produce efectos muy positivos, pero que requiere una vigilancia
permanente y una atención constante. En este sentido, los esfuerzos que
hagamos y que haya que seguir haciendo serán bienvenidos.

Señor secretario de Estado, este dato de que las prestaciones permanentes
han tenido en los dos últimos años una revalorización por encima del IPC
nos debería hacer pensar y ver la posibilidad de que otro tipo de
prestaciones de la Seguridad Social, prestaciones de pago único, no
sufren este tipo de, no digo ya revalorización, sino ni siquiera
actualización. Estoy pensando, por ejemplo, en el baremo de lesiones
permanentes no invalidantes. Este fue un tema en el que tuve ocasión de
batallar en legislaturas anteriores. Creo recordar que fue en el año 1990
o en 1991 cuando se consiguió una actualización que no se producía desde
hacía muchísimos años, hasta tal punto que la revalorización consistió
--creo recordar-- en multiplicar por seis el baremo que hasta esa fecha
existía. Desde esa fecha, principios de la década de los 90, no se ha
vuelto a actualizar el baremo de lesiones permanentes no invalidantes.

Ciertamente es un pago único, pero no deja de ser una indemnización, una
prestación de la Seguridad Social a personas que sufren un daño y que
están perdiendo poder adquisitivo como consecuencia del transcurso de los
años. Verdaderamente llega un momento en que causa un daño a muchos
ciudadanos de nuestro país. Pensemos que el año pasado --según los datos
que nos proporcionaba el otro día el ministro en una interpelación
realizada en esta Cámara-- se produjeron más de un millón de accidentes
laborales en nuestro país, de los cuales seiscientos y pico mil
conllevaron una baja, etcétera. Por tanto, estamos hablando de unas
prestaciones que posiblemente afectan a cientos de miles de ciudadanos
que están sufriendo un determinado perjuicio.

Este tipo de matices a lo que es, sin lugar a dudas, insisto, una noticia
muy positiva, que es el resultado en cuanto a revalorización de las
pensiones, de las prestaciones permanentes de la Seguridad Social
producidas en los dos últimos años, es quizá lo que debería concentrar
nuestros esfuerzos, de cara a seguir avanzando en esa dirección de
conseguir una Seguridad Social adecuada a las necesidades de nuestro
país, adecuada a los parámetros europeos en los que cada día nos
integramos de una manera más intensa y que, a su vez, vaya superando esas
dificultades que en su día nos movieron a suscribir el Pacto de Toledo y
los acuerdos que firmó el Gobierno con las organizaciones sindicales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra don
Carlos Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer
la comparecencia del señor



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secretario de Estado para la Seguridad Social y los datos que nos ha
dado.

Voy a ser muy breve, porque no me gusta hacer literatura copiada.

Directamente, voy a hacerle dos preguntas: ¿Nos puede avanzar datos
concretos de esa evolución favorable del poder adquisitivo de los
pensionistas que nos ha expuesto por comunidades autónomas? La segunda
es: Ha aludido al Pacto de Toledo y al acuerdo con las centrales
sindicales españolas. Quisiera saber por qué la gran mayoría social del
País Vasco, es decir, la representación de más del 65 por ciento de la
clase trabajadora vasca, ha quedado fuera de esos acuerdos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Sean
mis primeras palabras para darle la bienvenida, como siempre hemos hecho
en esta Comisión, tanto por aprecio personal como por la significación
que tiene la alta responsabilidad que usted tiene hoy en el Gobierno de
la nación.

El tono de mi intervención tendrá que ser --no podía ser de otra manera--
distinto después de haber oído hablar al portavoz del Grupo Popular. En
estos tiempos que corren en España, a pesar de que uno haga esfuerzos en
grado heroico, como decía la Compañía de Jesús, para mantenerse dentro de
las virtudes teologales, es realmente difícil discutir con el Grupo
Parlamentario --del que usted formaba parte en el principio de la
legislatura--, porque, como usted podrá observar leyendo el «Diario de
Sesiones», su portavoz ha iniciado la intervención diciendo que hasta que
ellos llegaron al Gobierno de España nada se había movido en el tema de
la Seguridad Social sin estar imbuido de un claro interés partidista y
que ellos habían conseguido hacer de las pensiones algo distinto del arma
arrojadiza que había sido usualmente manipulada por los anteriores
gobiernos. Y después de toda una serie de despropósitos y de toda una
serie de adjetivaciones, termina demandando el consenso, el pacto, el
diálogo.

Parece ser que ésta es su normalidad democrática y consiste en, cada día,
en cada ocasión, venga a cuento o no, hacer la oposición a la oposición
y, al mismo tiempo, dedicarse a hacer loas al Gobierno; en lugar de
aprovechar un trámite para hacer las preguntas que les permite el
Reglamento de la Cámara, hacer un gesto que, sinceramente, cada vez se
parece más a la situación de Bulgaria, de Rumania o de la Unión
Soviética, en la relación con el Gobierno. Yo sé que usted es merecedor
de todo tipo de halagos, señor secretario de Estado, pero yo le aconsejo
--si me lo permite, por una vieja amistad-- que refrene esos cultos a la
personalidad, esas alabanzas. Y yo he de decir que el señor Camps, desde
luego, me parece que no es que sea el portavoz más sistemáticamente dado
a estas cosas en su grupo parlamentario, pero se ve que todo se pega
menos la hermosura y hasta el señor Camps nos amarga la mañana
hablándonos de la normalidad democrática que hay en España, con esa
especie de adanismo que tienen algunos diputados del Partido Popular,
creyendo que anteriormente a ellos no hubo nada en este país.

España va bien. Va bien porque los pensionistas tienen cuatrocientas
pesetas más al mes y ya está consolidado el sistema de protección social
en España, ya hemos entrado en el jardín de las delicias --por
cuatrocientas pesetas al mes, señor secretario de Estado--, ocultando,
señor secretario de Estado --y no voy a perder mucho tiempo, porque usted
lo conoce igual que yo-- todo lo que tengo encima de la mesa, son los
esfuerzos que ha hecho el Partido Popular para que esas cuatrocientas
pesetas al mes no lleguen al bolsillo de los pensionistas. Porque lo
cierto y verdad, señor secretario de Estado, es que si se han consolidado
las seis décimas en que se ha desviado la inflación en 1997 podrá ser
explicado de múltiples maneras y, si quiere, ahora, tranquilamente,
sosegadamente, como debía ser, en una mañana en la que no tenemos otras
urgencias, podríamos discutir a fondo de los temas de la Seguridad
Social. Se podrán encontrar otras razones, y a ellas me referiré al final
de mi intervención, pero no estará entre ellas la voluntad del Partido
Popular, que ha votado sistemáticamente en la Cámara contra todas las
iniciativas, y han sido varias, tendentes a que los pensionistas no
tuvieran que devolver las décimas de capacidad adquisitiva que felizmente
--como han dicho otros diputados, a cuyo argumento me adhiero-- podía
producir la desviación de la inflación en un sentido positivo en 1997.

Además, señor secretario de Estado, sabe que fue usted mismo, con ocasión
de los cursos de verano del año pasado en diversas universidades --no fue
la oposición la que levantó este tipo de tormenta que vivimos en el
segundo semestre de 1997--, quien dijo, son sus palabras --está en las
hemerotecas y no sólo en las de los diarios felipistas, también en los de
la conspiración--, que se produciría la compensación que ordenaba el
artículo 48.3 de la Ley General de Seguridad Social y que el Gobierno
tenía previsto para este año que no se produjera esa mejora de capacidad
adquisitiva, porque la Ley ordenaba taxativamente compensar las
diferencias. Todo eso está en la prensa del mes de julio, del mes de
agosto y está en los debates de este Parlamento del mes de septiembre.

Por otra parte, tienen razones objetivas para hablar, porque
efectivamente el mantenimiento de la capacidad adquisitiva llevaría a una
solución de esa naturaleza, y ésa es la que está en la ley, por cierto en
contra de lo que ustedes han dicho, contra la voluntad del grupo de la
oposición, en cuanto a la cláusula del número 3 del artículo 48 y por su
voto favorable.

Pues bien, señor secretario de Estado, ustedes --al menos eso nos dijo el
señor presidente del Gobierno en una sesión de control-- lo han puesto en
las nóminas, pero, a pesar de lo que dice su propaganda, propaganda que
están repartiendo en los hogares de pensionistas, a pesar de lo que dice
la carta del señor ministro a todos los pensionistas de España y los
panfletos que está repartiendo el PP en toda España, el PP no ha acordado
esa mejora de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. La mejora de
la capacidad adquisitiva de los pensionistas se ha producido porque la
ley no había entrado en vigor, porque la ley fue publicada en el mes de
julio y, por tanto, eran inaplicables



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las previsiones de compensación a las pensiones de 1997. Ha sido contra
su voluntad por lo que se han producido esas 400 pesetas al mes, señor
secretario de Estado.

No estoy hablando en un terreno partidista, estoy hablando con todos los
argumentos que se podían traer. Tengo los diarios de sesiones, las
proposiciones, las enmiendas a la ley de presupuestos; todas y cada una
de las iniciativas fueron votadas en contra por el Partido Popular. Y
tenemos que soportar que el señor Camps esta mañana hable de los mares y
de los peces; tenemos que estar soportando a lo largo y a lo ancho de
España cartas del señor ministro diciendo a los pensionistas que el
Partido Popular ha acordado esa mejora de los 44.000 millones y los
19.000 millones que dice usted. Esa mejora será por otras razones, pero
no por la voluntad del Partido Popular.

Por cierto, señor secretario de Estado, si es la voluntad del Partido
Popular, dentro de muy pocas fechas volveremos a solicitar que se reforme
la ley, para que los pensionistas puedan acumular la capacidad de
ganancia que pueda producirse en ejercicios en los que la inflación se
desvíe a la baja. Volveremos otra vez a descubrir --y lo tenemos muy
descubierto los diputados de la oposición y yo creo que los españoles
cada día lo van descubriendo más-- que ciertamente son ustedes
imbatibles, como decía un tertuliano esta mañana, en el arte de decir que
lo blanco es negro y que lo negro es blanco y en el arte de algo que
ustedes no tienen ni arte ni parte, mandando cartas personales a todos
los pensionistas, poniéndose una medalla de algo que no solamente no es
fruto del esfuerzo de su partido, de su Gobierno, sino que se ha
producido contra la voluntad de su partido y de su Gobierno, esa realidad
de los 40.000 millones de mejora de capacidad adquisitiva.

Señor secretario de Estado, ya sé que usted dice que yo soy enfático. Soy
respetuoso, lo soy con la verdad, y no crean ustedes que van a tardar
mucho tiempo, en esta y en otras cosas, los españoles en descubrir la
verdad. Lamento mucho, porque su intervención no ha sido así, tener que
insistir con un cierto énfasis en lo que son las contradicciones y en lo
que es el cinismo político. Cada día tendremos que decir lo contrario
porque si no todos terminaremos en el cinismo político (Rumores.) Y lo
cierto y verdad es que quienes hacen rumores en la sala han votado en
contra de que los pensionistas puedan consolidar esas décimas de
capacidad adquisitiva. Han votado en contra de esas propuestas hechas en
la Cámara reiteradamente.

En fin, señor secretario de Estado, trataremos con el optimismo de la
voluntad, porque la inteligencia no da más que para pesimismo en estas
horas de España, de seguir adelante. (La señora Montseny Masip: ¡Madre
mía!) Ni madre mía ni nada.

Menos expresiones verbales deberían hacer ustedes y más actos de voluntad
de un diálogo constructivo entre el Gobierno y la oposición en todos y
cada uno de los fenómenos que se están produciendo en la vida pública
nacional.

Señor secretario de Estado, usted ha dicho algo en lo que sí tengo que
coincidir con usted. Tenemos un compromiso político muy serio en un
problema muy serio, que no debe estar al albur del debate entre los
partidos, el Pacto de Toledo. Yo quiero aprovechar para decirle que
dentro de pocas semanas se podrá celebrar el tercer aniversario de ese
Pacto de Toledo. Además, si usted me lo permite --y lo diré con tono
menor, porque yo me estoy refiriendo a su intervención, no a la del señor
Camps, y no por el señor Camps, estoy hablando del Partido Popular, como
es lógico--, señor secretario de Estado, en estos tres años, a pesar de
la cantinela de que efectivamente no hay intereses partidistas, etcétera,
el Gobierno de la nación no ha venido ni una sola vez a la Cámara, no nos
ha convocado ni una sola vez a los partidos que suscribimos el Pacto de
Toledo para hablar en serio, no de las 400 pesetas, no de elementos de
propaganda, sino sobre un problema como es la sostenibilidad del sistema
de pensiones en nuestro país. Hoy, día 26 de febrero, señor secretario de
Estado, la última información que tenemos los diputados en esta Cámara,
en relación no a los gastos, sobre los que tenemos una amplísima
documentación que le agradecemos, sino a los ingresos, se refiere al mes
de octubre del año pasado. Y ya ve usted que hemos tenido debates, ayer,
sin ir más lejos. Conocen en todos los sitios, en Bruselas, cómo está el
déficit público, pero en esta Cámara conocemos los datos de la Seguridad
Social del mes de octubre.

El año pasado por estas fechas, vamos a retroceder incluso un año más, el
último año del gobierno socialista, el día 16 de febrero de 1996, entró
en esta Cámara la liquidación provisional del ejercicio de 1995. El año
pasado, señor secretario de Estado, los diputados no conocimos la
liquidación provisional de las cuentas y balances de la Seguridad Social
y, por el camino que vamos, si tenemos sólo una información del mes de
octubre del año pasado, tengo la impresión de que nos pondremos en el mes
de julio para conocer las cifras del mes de diciembre. Y espero que este
año conozcamos el cierre provisional.

El año pasado estuvimos huérfanos, nosotros y sus colegas del Partido
Popular, no conocimos las cuentas de la Seguridad Social. Hace tres años
que hicimos el Pacto de Toledo, señor secretario de Estado, porque
sabíamos que había dificultades serias para sostener el sistema.

Queremos, si ustedes quieren, reconstruir un esfuerzo conjunto de toda la
Cámara para saber del futuro de la Seguridad Social, no de la coyuntura
ni de la propaganda, señor secretario de Estado, del futuro de la
Seguridad Social. Incluso sin luz ni taquígrafos, simplemente
corresponsabilizarnos de la realidad y no confundir criterios de devengo
con criterios de caja; hablar en el terreno que se inició el año 1995,
estar todos corresponsabilizados con la marcha del sistema.

No reciba usted estas palabras como un ejercicio de la oposición o
recíbalas como un ejercicio de una oposición distinta de la que ustedes
hicieron, como el ejercicio de una oposición constructiva. Señor
secretario de Estado, vamos para tres años del Pacto de Toledo. Tiene
usted que convocar a los partidos que suscribimos el Pacto de Toledo para
hablar en serio del futuro de la Seguridad Social y para hablar en serio
del futuro de las pensiones.

Para terminar, señor secretario de Estado, y, entre otras cuestiones,
para que no quede sólo en los diarios de sesiones, quiero decirle que
hubo un anuncio del señor presidente



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del Gobierno de España y fue el origen de su convocatoria esta mañana,
sobre la entrada en vigor de la Ley 24/1978, de racionalización; parece
que estaban los servicios jurídicos del Estado, que estaba la abogacía
del Estado, que estaban los servicios del Ministerio de Justicia. Sobre
todo porque yo puedo estar equivocado y que ustedes hayan aplicado la
ley, a pesar de que la voluntad del legislador o la fuerza del propio
ordenamiento jurídico les impidiera hacerlo, para cubrirse sus espaldas,
porque ustedes han aplicado una revalorización de pensiones que al menos
de lege data está en contra del artículo 48.3 de la ley y, si ustedes no
han compensado esas seis décimas, tendrán buenos argumentos jurídicos, yo
le pido, señor secretario de Estado, que nos envíe los dictámenes
jurídicos que han permitido al Gobierno hacer el decreto de
revalorización.

Por último, quince segundos nada más, quiero sumarme a una petición que
también ha hecho el señor Peralta. Usted viene hoy, y no se lo reprocho,
con un cierto halo de magnanimidad, diciendo que en 40.000 millones de
pesetas y 400 pesetas en cada uno de los pensionistas han mejorado la
capacidad adquisitiva. Usted conoce mejor que nadie en España la
situación de los pensionistas, usted conoce los millones de personas en
nuestro país que tienen que estar sobreviviendo, no digo viviendo, sino
sobreviviendo, con niveles de renta prácticamente intocables, salvo que
se toquen elementos tan fundamentales y tan sagrados de su calidad de
vida como es el derecho a la salud. Yo le pido, señor secretario de
Estado, que haga usted saber a sus colegas del Ministerio de Sanidad y
Consumo la auténtica realidad de los pensionistas españoles, porque si
no, señor secretario de Estado, lo que ustedes les han dado --entre
comillas-- contra su voluntad --ahora entre paréntesis-- se lo va a
quitar el Ministerio de Sanidad. Si los pensionistas españoles van a
soportar el 75 por ciento del ahorro sanitario de nuestro país,
significa, y usted lo sabe igual que yo, que prácticamente esa
pequeñísima capacidad de ganancia que han conseguido este año se iría por
las alcantarillas del decretazo que están preparando en el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Lamento mucho haber tenido quizá que levantar el tono de voz, pero, si
usted relee mi intervención y la del portavoz del Partido Popular, y no
diré su nombre porque además me parece que no le ha hecho justicia su
trayectoria parlamentaria, verá que todavía sigue siendo más alto el tono
y más fuertes las descalificaciones que emplea el Gobierno frente a la
oposición que la oposición frente al Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado, señor
Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Créanme señorías, si les digo que me han hecho sentir una cierta
nostalgia de mi anterior andadura parlamentaria --espero no ser
reconvenido ni llamado a la cuestión por el señor presidente de la
Comisión-- sobre todo por la imposibilidad de participar en esos
comentarios en off, que ciertamente han tenido unos tonos de curiosidad
intelectual y dialéctica realmente altos. No es a ellos a los que me voy
a referir, por razones obvias, sino a las intervenciones que se han ido
generando.

Quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al señor
Camps, que, en el ejercicio de su lógica libertad parlamentaria y
ajustándose a lo que es el método, haya enfatizado --término que se ha
repetido esta mañana-- sobre algunas de las cuestiones que han sido
objeto de la batalla, por decirlo así, política, normal y natural --y no
se entienda negativamente el término batalla-- que ha rodeado en los
últimos meses la revalorización de las pensiones.

Para intentar ser lo más ajustado posible a lo que aquí se ha suscitado,
yo diría, tomando las palabras del señor Peralta, que para mí es una
buena noticia que, en lo que parecía una batalla imposible, casi como la
de Aquiles y la tortuga, esa carrera que paradójicamente ganaba siempre
la tortuga, hayan ganado esta vez los pensionistas, que haya habido
velocidades de avance de las pensiones superiores a las velocidades de
inflación.

Se decía también que es muy importante que el dinero que reciban los
pensionistas no salga de su bolsillo. Yo diría que tan importante como
eso es que desde el primer día esté en el bolsillo de los pensionistas.

Se ha comentado y ha sido un tema en el que ha insistido el señor
Peralta, la calidad de las previsiones del Gobierno. En toda apuesta uno
puede equivocarse al alza o a la baja. Yo prefiero que los errores, si
han de producirse, sean en favor de la sociedad española. Ojalá todos los
errores sean considerar prudentemente una cifra de creación de riqueza y
de creación de empleo que después se ve desbordada. Se lo digo desde la
óptica de la Seguridad Social, porque me parecería altamente peligroso,
me parecería un elemento de riesgo, llevar dosis de triunfalismo o de
optimismo infundado a la creación de empleo y a la creación de riqueza.

Es mejor, con toda sinceridad, que la realidad desborde positivamente las
previsiones del Gobierno a que las desborde negativamente. Vale para la
inflación, puesto que ir a una inflación más alta tiene el primer efecto
de un mayor anticipo a nuestros pensionistas y no precisamente estar
jugando con o contra el dinero de los pensionistas.

Ese dinero sobre el que se ha discutido, esas revalorizaciones a las que
hoy ha habido abundantes alusiones, es dinero que ha estado desde el
primero de enero de cada año en el bolsillo de nuestros pensionistas y
del cual no ha salido. Es un dinero suyo y no han tenido que esperar un
año completo para recibirlo con integridad y sin intereses. Que son
cantidades pequeñas. A mí también me gustaría que hubiese mayores
cantidades en todas y cada una de las nóminas de los pensionistas
españoles; es un deseo amplísimamente compartido, por no decir unánime.

Lo que creo que debemos hacer --y retomo el espíritu del Pacto de
Toledo-- es conseguir que esos crecimientos sean acordes con la creación
real de riqueza. Y lo digo con un especial énfasis. Lo que no sea
creación real de riqueza y aportaciones reales de esa riqueza al sistema
de la Seguridad Social es simplemente ampliar la cadena de endeudamiento
del sistema de Seguridad Social y del Estado español en su



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conjunto. Eso me parece especialmente peligroso, porque esa carga de
deuda se traslada a quien se traslada, a futuras generaciones, y son esas
generaciones a las que vamos a hacer una apelación de solidaridad para el
sostenimiento del sistema en el futuro. Es bueno que las hipótesis que
cada año anticipa el Gobierno en nuestro escenario de presupuestos del
Estado se vean desbordadas, pero desbordadas positivamente.

Que la inflación sea menor de la prevista es una buena noticia, que la
creación de la riqueza sea mayor que la prevista es una buena noticia y
que las apuestas de empleo que maneja el sistema de Seguridad Social
también se vean ampliadas es una buena noticia, porque puede haber
cambios de tendencia, puede haber cambios de ciclo y no sería deseable
manejarnos con datos que procedan solamente del voluntarismo o de la
ilusión de un Gobierno.

Posteriormente hablaré más de lo que es la interpretación de voluntad.

Créame, señor Cercas, lo digo con absoluta normalidad, que la
interpretación de la voluntad de otra persona es un ejercicio de
subjetividad plenamente legítimo desde el punto de vista político, pero,
por razones elementales, quien mejor conoce la voluntad de uno mismo es
quien tiene la ocasión de expresarla, no quien la interpreta. Será parte
del juego político, pero habrá que conceder mayor credibilidad a quien da
su propia opinión que a quien interpreta la opinión de un tercero.

Dicho de otra manera y refiriéndome a ese tipo de errores, por darle un
tono más amable, yo diría que nunca por mucho trigo fue mal año, como se
dice al menos en mi tierra castellana. Ha sido buen año desde la
perspectiva no sólo de la evolución de la inflación, sino de la evolución
de la afiliación a la Seguridad Social. Son datos altamente positivos.

Que nos podamos mover en crecimientos interanuales de la afiliación, que
evidentemente se han dado en otros momentos no tan lejanos de la historia
económica de España, pero, hay que decirlo, con crecimientos económicos
muy superiores, yo diría que del doble. Si se toma la búsqueda de unos
porcentajes de crecimiento interanual semejantes a los actuales, nos
llevaría a períodos en los que la economía crecía a un ritmo
prácticamente del doble y creo que es bueno que eso se produzca. Puede
indicar creación de riqueza y eso es también otra de las asignaturas
pendientes del Pacto de Toledo, un proceso positivo de regularización de
la economía sumergida, de la economía informal, que también es otra de
las recomendaciones no desdeñables del Pacto de Toledo.

El señor Peralta ha dicho que la Seguridad Social sigue teniendo
problemas. Es absolutamente cierto. Sería extraño, increíble, que una
maquinaria tan compleja como la Seguridad Social no tuviese ningún tipo
de problema. Sería sorprendente lo mismo que lo sería que cualquier gran
colectivo o mecanismo no tuviera ningún problema. Existen. Con ese ánimo
diagnóstico --y no se entienda el diagnóstico como sólo negativo-- se
realizó el Pacto de Toledo. Con ese mismo ánimo, el Pacto de Toledo
contemplaba una revisión que yo entiendo deseable y que debería tener
lugar en el año 2000, aunque sin duda me estoy moviendo en el ámbito de
la voluntad parlamentaria. No podía aquel Parlamento ordenar
imperativamente a futuros parlamentos ninguna acción, pero esa sugerencia
debe ser retomada y creo que habrá un nuevo foro ordenado de debate
dentro de dos años.

No he querido dar a mis palabras ni voy a hacerlo ningún tono de
triunfalismo porque no procede hablar así cuando todavía son
insatisfactorios los niveles económicos de nuestras prestaciones o cuando
lo son los niveles de creación de empleo en los que nos movemos. ¿Por
qué? Porque seguimos siendo uno de los países con mayor volumen de paro.

Pero los ritmos están ahí, las tendencias están ahí, y desde esa cierta
insatisfacción cabe considerar positiva la evolución del sistema en este
último ejercicio.

No me gustaría dejar en el olvido una cuestión que ha citado el señor
Peralta. Hablaba de las lesiones permanentes no invalidantes y hablaba de
esta situación como una situación hasta ahora no revalorizada de manera
sistemática. El señor Peralta conoce y sabe que el acuerdo alcanzado con
las centrales sindicales y en el proyecto de ley se contempla una
revisión de mayor alcance de las situaciones de invalidez y entre ellas
de este escalón inferior, escalón inferior preocupante desde unos ciertos
niveles de utilización fraudulenta, y se lo digo al señor Peralta, que
sabe que puede indicar un deseo de continuidad laboral y solicitar esta
prestación, pero es sorprendente que las mayores demandas o la frecuencia
más alta se produzca en peticiones asociadas a la petición de jubilación.

Esa es una situación que debemos intentar evitar porque no parece lógico
que quien manifiesta, por la petición de esta prestación, un deseo
inequívoco de permanecer en el mercado de trabajo realize como acto
consecutivo la petición de una jubilación. Eso nos debe llevar a una
cierta reflexión. Igual que sabe el señor Peralta, como yo, que buena
parte de estas peticiones obedece a la consideración española particular
--lo calificaré de particular o peculiar-- por lo cual los accidentes de
automóvil y de tráfico in itinere tienen a veces la consideración de
accidente laboral. Y muchas de estas contingencias deberían estar
reflejadas más en otros ámbitos de aseguramiento que en los ámbitos
estrictos del sistema contributivo, por lo que al principio decía, porque
el sistema contributivo parece más llamado a la creación de rentas
estables sustitutorias de las situaciones de invalidez, de la situación
de jubilación o de la situación de fallecimiento del cónyuge o de los
ascendientes, que a situaciones más propias de otros ámbitos,
especialmente por el origen último de dichas lesiones. Naturalmente --ya
lo anuncio para que no haya que polemizar innecesariamente sobre estas
materias--, se trataría de actuar con el mismo criterio que se ha
mantenido hasta ahora, de gradualidad y de respeto a las situaciones
existentes.

Me preguntaba el señor Caballero, del PNV, por la evolución
territorializada de la cuestión que hoy traíamos a la Cámara. No manejo
el dato de inflación territorializada, pero creo que a través de la
Comisión de Economía o de otros cauces podrá sacar perfectamente usted
mismo las conclusiones de la distinta evolución de la inflación según los
territorios que configuran el Estado español. Creo que eso le permitirá
ver cómo, sin efectos negativos para nadie, ha podido ser aún más
positiva la contención de la inflación en algunos territorios. Comparto
su opinión respecto



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a que no es una cuestión absolutamente homogénea, como tampoco es
homogéneo el crecimiento en la filiación u otras variables, pero eso no
debe hacernos perder de vista una perspectiva globalmente favorable al
sistema. Dicho de otra manera, no conozco ningún caso de ningún
pensionista que se haya visto perjudicado. Antes bien, en mayor o menor
grado, creo que todos se han visto beneficiados por la contención de la
inflación y por la mecánica revalorización aplicada a estos dos últimos
ejercicios.

Me planteaba también por qué no habían participado algunas centrales
sindicales en los acuerdos sobre consolidación y racionalización del
sistema. No puedo darle más que una contestación, porque en el ejercicio
de su libre voluntad no lo han deseado. Sí le puedo comunicar que cuando
se convocó a alguna de estas centrales sindicales a las primeras
conversaciones sobre consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social, en su primera intervención ya manifestaron su
desacuerdo con el Pacto de Toledo. Tal vez la actitud de los agentes
sociales ante el Pacto de Toledo viene de muy atrás. Hubo quien desde el
primer momento lo consideró un elemento de trabajo positivo y recibió con
mayor ilusión la posibilidad de participar en el proceso de negociación,
y quien ya había manifestado con mucha anterioridad su rechazo al mismo o
su tibieza o indiferencia respecto al mismo. Eso puede explicar los
comportamientos. Se cursaron invitaciones, libremente una de las
centrales anunció su deseo de no participar, y posteriormente reconsideró
su posición y fue invitada de nuevo. Habían avanzado las conversaciones y
tuvo la oportunidad de adherirse a lo que hasta entonces se llevaba
realizado pero no lo hizo. Mi actitud no puede ser otra que de pleno
respeto y, le añado, de tranquilidad porque algunas de estas centrales
sindicales siguen teniendo, como no podía ser de otra manera, la ocasión
de participar no sólo en el conocimiento de la gestión sino en su
capacidad de propuesta de reformas a través del Consejo General del INSS,
que es el órgano habitual de representación y participación de los
agentes sociales. Lo digo con respeto hacia una decisión tomada que
probablemente se fundamenta en su escepticismo o rechazo al propio Pacto
de Toledo y desde la tranquilidad de que pueden seguir participando en el
futuro del sistema y aportando aquellas iniciativas que consideren de
interés general.

Al señor Cercas, que ha iniciado su intervención con buen humor, con una
mención a la Compañía de Jesús, puestos a mantener ese mismo nivel de
citas o sugerencias, le daría un viejo consejo también ignaciano. En
tiempo de tribulación no hacer mudanza, porque pueden percibirse factores
en la vida política o parlamentaria --y comprendo que la vida de
parlamentario a ello obliga-- que pueden estar incidiendo sobre el
trabajo concreto, sectorial o específico de una comisión. Yo le diría,
desde esa cordialidad y afecto a que él apelaba, que esa máxima nos ha
sido de utilidad a todos alguna vez.

Decía que no quería halagarme. Créame que sigo pensando lo que pensaba
aquel parlamentario socialdemócrata alemán que a veces recibía halagos de
la oposición y decía que uno de sus mayores motivos de insomnio era el
día en que cuando regresaba a casa constataba que había sido muy bien
tratado por la oposición. Sinceramente no aspiro a ello, señor Cercas.

No me atreveré a dar ningún calificativo a los medios de comunicación. No
lo he hecho nunca ni pienso iniciarlo ahora; no pienso establecer
clasificaciones ni hacer uso alternativo de los medios de comunicación.

La credibilidad de cada medio es la que tenga ante la ciudadanía. Creo
que tiene sus propias formas de ser medida y tasada y no seré yo quien
adjetive a ningún medio de comunicación en España. Lo digo porque sería
un mundo en el que difícilmente sabría desenvolverme.

Ha hecho una serie de afirmaciones a las que me veo obligado a salir al
paso. Respecto a la voluntad del Gobierno, me cabe reiterarle lo que le
decía hace unos instantes. La interpretación de la voluntad de un tercero
es lo que se denomina juicios de voluntad o juicios de intención. Yo no
he venido a esta Cámara a hacer ningún juicio de intención, ni sobre la
suya ni sobre la de ninguna fuerza política. De hacer alguna presunción
no podría hacer otra que no fuese presunción de buena fe, respecto a
usted y al resto de grupos parlamentarios, porque es el terreno en el que
si duda más subjetividad puede haber y más posibilidades de generar una
polémica o una fricción. Comprenda que no seré yo quien contribuya a esa
actuación.

Ha hablado de la legalidad de las actuaciones del Gobierno en esta
materia. Creo que la legalidad ha quedado holgadamente cubierta y
bastaría con que algunas de las documentaciones que acompañaban a los
actos del Gobierno que materializan, que plasman las revalorizaciones,
como son los decretos de revalorización, han sido consultados al Consejo
de Estado sin que hayan recibido objeción o reparo y, naturalmente, en su
elaboración han sido tenidos en cuenta esos informes jurídicos a los que
usted hacía mención, y sabe de antemano que tiene acceso a ellos por la
vía parlamentaria ordinaria. Tampoco seré yo quien explique el Reglamento
de funcionamiento de la Cámara a ninguno de los miembros de la misma. Me
ha sorprendido que asociase un juicio de valor, actitudes cínicas, con un
hecho concreto como es mandar cartas. Se han enviado cartas, se han
respetado los formatos de ejercicios anteriores y creo que
sustancialmente los contenidos de unas y de otras no tendrían especiales
diferencias. Dicho de otra manera, hoy todavía hay muchas más cartas
enviadas por gobiernos anteriores que por el actual Gobierno. (El señor
Griñán Martínez: Yo no he mandado ninguna.) Sobre el contenido de las
mismas no sería yo quien polemizase, se lo digo sinceramente. No deseo
participar en ninguna de esas voces en off, como decían antes, no por
falta de ganas o porque no me lleven a un elemental grado de provocación
intelectual, pero le digo también que no es un invento de este Gobierno
el que se acompañe de un escrito en el que se fundamenten motivos de
actuación de un Gobierno. Eso sí que no es ninguna novedad. Le aseguro
que si se hace balance verá que ha habido muchas cartas. Lo que no ha
habido hasta la fecha --o solamente he podido tener ocasión de verlo este
año-- es la negativa de algunas autoridades a que se puedan realizar las
campañas de explicación, cuando se venían realizando años anteriores
exactamente por los mismos responsables y en algunos



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casos por las mismas personas. Puedo decirle que varios directores
provinciales entendían como un acto de normalidad producir unas campañas
de explicación, según un formato preestablecido, le vuelvo a decir, no
creado por este Gobierno. Es absolutamente sorprendente que se nos niegue
la posibilidad, que en otras ocasiones sí se concedía, de que los
responsables provinciales lleven a cabo este tipo de información. Eso
resulta realmente sorprendente.

En cuanto a las otras afirmaciones, vuelvo a decirle que no quisiera en
modo alguno aplicar calificativos que desde hace al menos unos 2.000 años
parecen tener connotaciones negativas, se pongan como se pongan. Yo no
conozco un uso positivo de la palabra cinismo, se lo digo sinceramente.

Respecto a la disponibilidad de este Gobierno, no sólo la mía personal
--con la que pueden contar porque personalmente me resulta grato venir
cuantas veces sea necesario a esta Cámara o al Senado--, le diré que ahí
están todos los cauces y las posibilidades de información. También le
digo con toda tranquilidad que la información que se está recibiendo por
el Parlamento es exactamente la misma y con la misma frecuencia. Si usted
me dice ahora que puede percibir que se va más deprisa en algunos temas,
le aseguro que una de las pautas que hemos seguido es mantener a la
oposición tan informada, para bien o para mal, como lo estaba en etapas
anteriores. No daré ninguna otra opinión pero se está recibiendo con la
misma periodicidad.

Finalmente, ha habido dos menciones a algo que entiendo que es legítimo:
tratar de crear una cierta inquietud en la población pensionista española
no ya por la vía de los ingresos, que parece suficientemente aclarada y
despejada desde las reformas legales o desde los comportamientos reales,
que no desde los juicios de intención hacia el Gobierno, no por el lado
de los ingresos sino por el lado de los gastos. El medicamentazo, como
usted lo ha calificado, es una medida del recorte de medicamentos; el
medicamentazo, término ya acuñado en común... (La señora López i Chamosa:
Nosotros lo llamamos el recetazo.) No creo que ése sea el motivo
polémico. Si uno escucha la opinión de quien creo mejor puede expresarla,
que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no era una medida de
recorte de gasto sino de ordenación del gasto sanitario, y desde la
tranquilidad que da comprobar presupuestariamente que el gasto sanitario
tendrá un importante crecimiento en España a lo largo del año 1998. No
estamos ante una cuestión de gastar ni menos ni más --aunque en este caso
sea más, del orden de los 140.000 millones de pesetas los que se
aportarán a la sanidad pública-- sino de gastar mejor. Y atender mejor a
la población española es, sin duda alguna atender nuevas demandas, muchas
de ellas asociadas a la población pensionista. Se trata de administrar
unos recursos conforme a unas prioridades. Pero lo que no me parece
lógico es que, cuando ya se puede poner sobre la mesa no sólo un
incremento absoluto de las cifras sino lo que para mí es más importante,
un gran acuerdo político con participación de las distintas fuerzas hoy
representadas en esta Cámara, esos apoyos posteriormente se retiren o se
administren de una manera yo diría que un tanto curiosa. Quiero detenerme
aquí porque tampoco deseo polemizar con la capacidad y legítima
capacidad, en este caso, de las comunidades autónomas, pero creo que lo
que se acepta en una mesa desde la razonabilidad no puede ser puesto en
cuestión al menos en un período tan breve de tiempo, si no se ha
producido ningún hecho definitivo o ningún hecho nuevo contundente. Desde
ese punto de vista me gustaría que no se desestabilice, porque todos
hemos dicho muchísimas veces que la población pensionista española tiene
como derecho añadido el derecho a la tranquilidad, y el derecho a la
tranquilidad se da respecto a la perspectiva que puedan tener sus
ingresos y sus gastos. Si hoy hemos elogiado todos el buen comportamiento
de la inflación, que creo que es indiscutible, que es sin duda alguna el
elemento de inquietud que pueda tener también la población pensionista
española por sus gastos, no introduzcamos medidas que antes que nada son
de racionalización, como las que se aplicaron en la Seguridad Social, con
un incremento real de medios, con una participación real en la creación
de riqueza, como un elemento de inquietud o de desestabilización, porque
probablemente nos estemos condenando a revivir períodos que todos hemos
criticado como de innecesaria polémica.




El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, había solicitado al señor
secretario de Estado el envío de información sobre los dictámenes que
habían anunciado en la Cámara tanto el señor presidente del Gobierno como
el ministro de Trabajo y el mismo secretario de Estado sobre la
posibilidad de que se produjeran esas compensaciones, y no me ha
contestado.

Señor presidente, si me permite, dado que el señor secretario de Estado
me ha acusado de que yo he hecho algún tipo de valoración o juicio de
intenciones sobre su voluntad, me gustaría decirle que todo lo que yo he
argumentado lo he hecho en base a información de su propia voz leída en
la prensa. Tengo aquí los titulares de los periódicos, incluso el del
ABC, cuyo titular del día 20 de julio de 1997 decía: «El Gobierno quiere
que lo que suban de más las pensiones este año se descuente el año que
viene». Por tanto, no estaba haciendo ningún juicio de intención sino
simplemente leyendo la prensa, las palabras que usted había dicho en los
cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo.

Por último, señor presidente, dado que el señor secretario de Estado dice
que la información se va a producir igual que con el anterior Gobierno,
yo le solicito, señor secretario de Estado, que nos envíe la liquidación
provisional del año pasado (simplemente para que no se rompan las series
históricas), que no entró en la Cámara, y aunque sea con una o dos
semanas de retraso nos envíe la misma que envió el último Gobierno
socialista, la liquidación de 1997. La de 1995 entró el día 19 de
febrero, estamos a 26 del mismo mes y la única información que tenemos es
de octubre. Ustedes están enviando esos boletines de información con una
demora de 97 días, que es exactamente el doble de la demora que tenía el
anterior Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, le advierto que ha hecho un uso
inadecuado del Reglamento porque ha iniciado



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un turno excepcional que tendría que otorgar la Presidencia. Usted ya ha
agotado ese turno excepcional pero ahora tengo que abrirlo para los demás
grupos con una duración de un minuto. Tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, de cualquier forma era intención
de este portavoz solicitar un turno por alusiones, ya que he sido más
mentado en la intervención del representante del Partido Socialista que
en la del propio secretario de Estado, lo cual no sé si es bueno o malo
para mí, pero dejémoslo ahí. (El señor Cercas Alonso: Es muy bueno para
ti.) Algunas veces el tono ha sido positivo y otras no tanto, pero
tampoco tengo ánimo alguno de polemizar.

Señoría, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si hubiera atendido
con interés, que creo que así ha sido, aunque luego evidentemente se han
manifestado cuestiones distintas a las que haya podido escuchar, sabe
perfectamente en este caso el señor portavoz del Partido Socialista que
las palabras de este portavoz han sido las de reconocer los enormes
méritos --incluso he utilizado esa expresión y no se nos rasga las
vestiduras al hacerlo-- de los distintos gobiernos socialistas en la
ampliación de la cobertura social a gran parte de nuestros conciudadanos
y conciudadanas durante el largo período de gobierno de dicho tinte
político, y que esa ampliación, ese enorme esfuerzo que realizaron los
gobiernos socialistas fue lo que llevó a ponernos a todos de acuerdo
también bajo aquel Gobierno, en un acto de responsabilidad de todos los
grupos políticos, especialmente del Gobierno que lo instó, en aquello que
se llamó y se llama el Pacto de Toledo para, justamente, atacar las
posibles deficiencias o peligros que pudieran llevar a la desaparición o
no pervivencia de nuestro sistema de Seguridad Social. Por tanto, que no
se ponga en boca de este portavoz en modo alguno que acusamos
absolutamente a nadie de no haber hecho nada en esta materia hasta el
momento en que llega el Gobierno del Partido Popular. Lo que ha intentado
el Partido Popular desde que gobierna, señor Cercas, es exactamente
mantener aquella línea con la que nos comprometimos cuando éramos
oposición e hicimos con ustedes. Lo que no hace el Partido Socialista
Obrero Español desde que es oposición es mantenerse en la misma línea que
cuando era Gobierno. Ustedes han vuelto a reabrir un debate que todos los
demás grupos entendíamos cerrado y, en cambio, hoy en esta Cámara nos
llaman nuevamente a hacer un esfuerzo común cuando prácticamente hace 24
horas ustedes estaban dando por roto, en boca de su secretario general,
el Pacto de Toledo. Me parece una mención mucho más gráfica que las que
hace usted de prensa respecto a expresiones del señor secretario de
Estado. De todas maneras, si el relato cronológico que he hecho yo en mi
intervención, que además veo que ha sido observado también por el señor
Cercas en la suya, no ha gustado en algunas de sus expresiones, pues
téngalas por retiradas señor Cercas, pero con una mención. Ninguno de los
calificativos que ha utilizado este portavoz, ninguno, está fuera del
«Diario de Sesiones» de esta Cámara pronunciado por los representantes
del Partido Socialista en referencia a mi grupo parlamentario o incluso a
mí mismo cuando tuvimos ocasión de debatir esta materia en el Pleno del
Congreso. Lo único que he dicho es que no sean ustedes lo mismo que nos
decían que éramos nosotros, sino que, al menos al día de hoy, permítame
señor presidente, se negaban aquellas calificaciones de injustos y
mezquinos que ha quedado claro en la exposición del señor secretario de
Estado que no tenían ningún sentido. No hubo cinismo político alguno por
mi grupo porque votamos justamente lo que pensábamos y hoy se ha visto
refrendado por la actuación del Partido Popular. No sé si alguien está
más acostumbrado a decir lo contrario de lo que posteriormente hace, pero
desde luego no es la norma de mi grupo parlamentario y no seré yo, señor
presidente, el que reabra en esta comparecencia, como sí han hecho otros
grupos con una serie de materias que no venían al caso de la misma,
debates que entendemos no deberían producirse.

Quiero hacer una sola referencia, sin ningún ánimo de polemizar, señor
Cercas. Usted ha dicho que este portavoz ha utilizado la comparecencia
del señor secretario de Estado para realizar --impropio de mí-- loas
hacia un Gobierno, por cierto de mi mismo signo, no podía ser de otra
manera, más propio de regímenes de países del Este que estoy seguro, y
ésta es mi aportación, señor Cercas, conoce usted bastante mejor que yo.

Por tanto, señor Cercas, dejémonos de juegos florales --fíjese que
utilizo nuevamente una expresión muy valenciana-- en el tema del Pacto de
Toledo y de nuestras pensiones y retomamos la sustancia del asunto.

Dejémonos de sacar de este Parlamento aquello que nunca debió de salir de
él. Tengamos la responsabilidad suficiente para sentarnos los grupos
políticos y discutir con razonamientos y no con meras expresiones
verbales, que poco conducen a ese clima de tranquilidad que todos creemos
deben tener nuestros pensionistas, para que nuestro sistema de protección
social perviva y esté garantizado para todos nosotros. No se olvide de
que desde que se aprobó el Pacto de Toledo, en esta propia Cámara, hemos
tenido ocasión de debatir leyes tan importantes como la de la
consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social o
las leyes de presupuestos y acompañamientos que llevaban importantísimas
disposiciones en materia de Seguridad Social y en todas ellas, a veces
con mayor o menor fortuna, hemos podido o no llegar a acuerdos, pero el
debate de Seguridad Social ha estado en esta Cámara presente y no nos
pueden acusar, por tanto, de que no hablamos de Seguridad Social en la
misma desde hace tres años. Por todo ello, señoría, si mi intervención
anterior, a la que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista
en cuanto que ha hablado de mares y peces (creo que le ha traicionado el
subconsciente porque querría referirse a panes y peces; ha empezado tan
religioso y debía querer continuar igual), le ha parecido en algún
momento fuera de lugar --reitero-- por los calificativos, éstos no son
más que los que se pronunciaron respecto de mi grupo. En todo caso, la
intervención tan religiosa y eucarística del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista más que propia de la comparecencia de hoy le
habría valido para ser tertuliano de alguna famosa tertulia de esas que
hace la cadena que pagan los obispos de este país.




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El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra con la brevedad de
la que usted da ejemplo y no algunos otros portavoces.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, es verdad que el señor Camps
había hecho en su intervención una referencia positiva a la consolidación
de los sistemas de protección social durante la etapa de los gobiernos
socialistas (ésas han sido las palabras textuales del señor Camps) y a mí
me parece que refleja parte importante de la realidad histórica, pero lo
que ocurre es que ayer el vicepresidente del Gobierno decía que ésa era
una etapa de anormalidad democrática. Nos cabe la duda de si se refería,
por anormalidad democrática, a que se hubiera producido esa consolidación
de los sistemas de protección social. No sabemos si ésa es la mentalidad
del señor Alvarez Cascos, pero en todo caso --tengo que decirlo-- me
parece que es un auténtico disparate y aprovecho esta ocasión para que
quede clara mi opinión sobre este tema concreto.

Creo que no contribuimos a mejorar la situación con un debate cruzado en
el que posiblemente nos olvidamos de la situación real de la Seguridad
Social y de sus problemas y se dedica fundamentalmente quien tomó la
palabra como primer grupo parlamentario a, después de hacer ese
reconocimiento del papel de los anteriores gobiernos, fustigar a la
oposición. Sinceramente entiendo que ése no es el papel del Gobierno ni
del grupo que lo apoya. Además, los ciudadanos le van a juzgar por sus
hechos. En este sentido, podrá intentar apropiarse de los hechos que se
producen en la realidad, con independencia de que sean más o menos
imputables al mismo, pero serán los hechos lo que al final valorarán los
ciudadanos; hechos en los que no sólo está la evolución económica sino la
evolución democrática. Ayer oíamos al señor Alvarez-Cascos decir esas
cosas y guardar silencio sobre otras tremendas declaraciones, y no sé si
el Gobierno tendrá algo que ver con que se produzcan estos disparates e
infamias que desgraciadamente perturban la vida democrática de nuestro
país y los sitúa en unos terrenos absolutamente indeseables por parte de
las personas que las lanzan.

Dicho esto, creo que en este debate, señor secretario de Estado, ha
habido una coincidencia básica. Se han producido unos datos positivos y
hay la voluntad de seguir colaborando todos los grupos parlamentarios
para resolver los problemas que tenga la Seguridad Social de nuestro
país. Ha habido una idea que me parece importante. Hicimos el Pacto de
Toledo, se creó una ponencia de seguimiento, pero lo cierto es que no ha
habido prácticamente reuniones, seguramente por dejadez de todos al
dedicarnos más a otro tipo de tareas cotidianas que a eso. Manifiesto la
voluntad de nuestro grupo, Nueva Izquierda, de colaborar y responder a
cualquier llamada que se nos haga, porque creo que no sería útil tanto en
términos de formalidad parlamentaria como en términos de informalidad
parlamentaria, como se estime oportuno, y sería bueno que tuviéramos un
cambio de impresiones sobre esta situación y pudiéramos conocer
perspectivas, situaciones, problemas y éxitos, que también los hay y es
bueno que se haga referencia a los mismos, como se ha hecho en esta
reunión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caballero, del Grupo
Vasco.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Dado el tono clerical y religioso que ha
adquirido este debate por parte de los portavoces del PSOE y del PP,
dentro del cual me siento absolutamente fuera de lugar (Risas.) --y que
conste que frente a ciertas informaciones aparecidas estos días sobre que
el PNV es un partido confesional quiero aclarar que dejó de serlo en el
año 1977. (Un señor diputado: ¡Jesús!--Risas.); veo ciertas sonrisas. (El
señor Hernando Fraile: ¡Malévolas!--La señora Fernández Sanz:
¡Solidarias!) Y considerando que los datos aportados por el señor
secretario de Estado me parecen suficientes al día de hoy, no voy a hacer
más uso de esta intervención.




El señor PRESIDENTE: El secretario de Estado señor Aparicio tiene la
palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez.):
Con la máxima brevedad, hoy mismo verificaré lo que para mí es en este
momento una convicción, y es que se está enviando con igual calendario el
mismo tipo de documentación al Parlamento. De no ser así, al menos hasta
donde sea competencia de la Secretaría de Estado se tomarán medidas
oportunas. También le anuncio que estamos intentando hacer un esfuerzo de
síntesis de la información para que la que se reciba sea útil desde el
punto de vista de la actividad parlamentaria, y le garantizo que trataré
de poner a un deseo común o al servicio de ese consenso la larga
experiencia habida en administrar o en utilizar la información que recibe
el Parlamento.

Respecto a la petición de documentos, permítame que me remita --no puedo
evitar omitir mi condición de miembro de la Mesa del Congreso durante
bastantes años-- a los cauces reglamentarios para evitar situaciones de
que no sepa yo tampoco acertar o interpretar cuáles son sus pretensiones.

Si se trata de los dictámenes del Consejo de Estado, saben ustedes que se
encuentran a su disposición.

Permítame que le recuerde, ya que ha hecho varias menciones y ha tomado
como ejemplo la liquidación provisional del año 1996, que hubo una enorme
discrepancia, al menos desde el punto de vista económico, entre los datos
que arrojaba la liquidación provisional del año 1996, que fue remitida en
la fecha que usted dice y la definitiva. Le diré que fue de más de 60.000
millones de pesetas. Por prudencia prefiero enviar datos que sepa que van
a aproximarse, dentro de la provisionalidad, en la mayor cuantía posible
al resultado final; lo otro, ofrecer una liquidación provisional que
finalmente esté muy alejada de la realidad, creo que no contribuiría al
buen trabajo parlamentario.

También decirle que nunca he dicho cosa distinta, sin perjuicio de la
libertad de interpretación de titulares que



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tenga cada medio de comunicación, independientemente de cuál sea, a que
la subida de un año debe ser tenida en cuenta en el ejercicio siguiente.

Pero no es una opinión personal, es el texto que refleja la Ley de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social; texto que mereció
el pleno acuerdo de las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores. Luego no estoy haciendo ninguna expresión
personal, sino que estoy recordando un proyecto de ley al que me siento
vinculado y un texto de ley al que también me siento vinculado. Con
independencia de la libre interpretación periodística, al menos lo que yo
siempre he dicho y sostenido, salvo algún lapsus que no creo haber
tenido, es que las subidas de un ejercicio deben ser tenidas en cuenta en
el siguiente. Otros lenguajes no me los oirán, especialmente lo de quitar
y términos semejantes. Podrán ser interpretados como libremente se desee
hacerlo, pero no los he dicho, al menos conscientemente.

Finalmente, porque creo que es bueno una sonrisa, las competencias
náuticas y pesqueras de la Seguridad Social están residenciadas en
Instituto Social de la Marina, cuyo director general me consta que
también está a su disposición.




PREGUNTAS:



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE ACTUACIONES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR LA COMISION DE
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO RELATIVA A LA ELABORACION DE UN INFORME SOBRE
POSIBLES MEDIDAS, Y VIAS DE FINANCIACION DE LAS MISMAS, ENCAMINADAS A
COMPLEMENTAR LAS PENSIONES DE JUBILACION DE LOS TRABAJADORES DEL GRUPO
ITT ESPAÑA AFECTADOS POR EL PLAN DE RECONVERSION DEL CITADO GRUPO Y QUE
PASARON A LA CONDICION DE JUBILACION ANTES DE LOS 65 AÑOS (Número de
expediente 181/000621).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
preguntas, solicitando la venia de todos ustedes, en particular del
secretario de Estado, por cuanto el señor Vaquero, del Grupo de Izquierda
Unida, me ha pedido que sus preguntas se formulen al final, con
posterioridad a las que va a formular el señor Peralta.

Pregunta sobre actuaciones para dar cumplimiento a la proposición no de
ley aprobada por la Comisión de Política Social y Empleo relativa a la
elaboración de un informe sobre posibles medidas, y vías de financiación
de las mismas, encaminadas a complementar las pensiones de jubilación de
los trabajadores del Grupo ITT España afectados por el plan de
reconversión del citado grupo y que pasaron a la condición de jubilación
antes de los 65 años, formulada por el señor Peralta Ortega, del Grupo
Mixto.

El señor Peralta tiene la palabra.

El señor PERALTA ORTEGA: Le consta al señor secretario de Estado que no
hace tres meses tuvimos ocasión de discutir este tema con el señor
Pimentel, también del Ministerio de Trabajo. Yo creo que el tema es más
competencia de ese ámbito del Ministerio de Trabajo que del de la
Seguridad Social. Esta no es una opinión que se la dé hoy a usted, sino
que en aquella comparecencia ya tuve ocasión de decir que no creemos que
sea justo que un programa de unos trabajadores de una empresa concreta
tenga que repercutir sobre el conjunto de los trabajadores de la
Seguridad Social. Decía que la opinión de Nueva izquierda era que donde
hay que realizar un esfuerzo es en el ámbito de la empresa, un ámbito que
queda más ajeno a lo que es su competencia y parece más propio de en el
que se mueve el señor Pimentel. No obstante, en la medida en que forma
parte de la dirección del Ministerio de Trabajo, quiero decirle, señor
Aparicio, y que lo transmita a quien corresponda en dicho Ministerio, que
se aprobó en su día por esta Comisión, posiblemente con su presencia en
aquellos momentos y con el voto unánime de todos los grupos de esta
Cámara, que se hiciera un estudio sobre cómo se podían encontrar
soluciones que mejoraran la situación de este colectivo, partiendo de la
base de que con independencia de la entidad real de la situación (el
señor Pimentel dijo el otro día que en algunos aspectos habían resultado
perjudicados y en otros beneficiados), no discutiendo eso, poniendo de
manifiesto que habían tenido un trato distinto de lo normal pero siempre
dentro de la ley --que quede claro-- y acogiéndose a las distintas
posibilidades de la ley, en este caso concreto posiblemente se haya
utilizado la que era menos beneficiosa. Desde ese punto de vista y en la
medida en que se reconociera que había habido una aportación
significativa por parte de estos trabajadores a la continuidad y a la
viabilidad de la empresa, que hoy sigue funcionando, se podía intentar
conseguir alguna solución que compensara ese esfuerzo adicional que se
realizó en su momento por parte de estos trabajadores.

Me gustaría que mis palabras sirvieran para que por parte del Ministerio
de Trabajo se continuaran los esfuerzos. Ya tuve ocasión de decir en
aquel momento al señor Pimentel que reconocía que era un esfuerzo
complicado, pero también que ahí era donde se demostraba la verdadera
valía, y yo creo que el señor Pimentel la tiene. Por tanto, en este
terreno le animaría a que haga un esfuerzo por intentar encontrar y dar
cumplimiento al espíritu y a la voluntad de esta Comisión cuando aprobó
aquella proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Como muy bien decía S. S., ha habido información reciente a esta Cámara,
en concreto el 10 de diciembre de 1997, del estado no sólo de ese estudio
que lógicamente podría haberse suplido por la amplísima información que
fue facilitada por el secretario general de Empleo, don Manuel Pimentel,



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sino sobre todo de los esfuerzos que se están haciendo desde la
Secretaría General de Empleo, en concreto desde la Dirección General de
Trabajo, para un último esfuerzo que permita en el marco --que tan bien
conoce el señor Peralta-- de un nuevo proceso de reconversión, supongo
que no deseada, pero un proceso de reconversión difícil como todos,
encontrar alguna posibilidad de mejora de la situación de aquellas
personas que pudieran sentirse perjudicadas por el acuerdo del año 1984;
un acuerdo que, también conviene recordar, fue refrendado al menos por
una de las centrales sindicales más representativas de España. Sabe que
desde la perspectiva de Seguridad Social se están cumpliendo --pienso que
con puntualidad y con rigor-- las condiciones a las que quedó obligada la
misma. Es en el ámbito de concurrencia de voluntades, en el que sería
necesaria no solamente la voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sino del propio grupo de empresas de ITT, donde se quiere hacer
un último esfuerzo, donde se está haciendo ese último esfuerzo y donde yo
confío en que pueda no sólo intentarse un informe que espero que llegue
en fechas muy próximas o inmediatas a esta Cámara, sino, también en ese
marco de negociación de la segunda reconversión sobrevenida, encontrar
alguna fórmula que permita dar satisfacción a las aspiraciones de ese
colectivo de personas importante numérica y socialmente que pueden
sentirse perjudicadas por el acuerdo alcanzado en el año 1984.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Simplemente quiero decir amén a las palabras del
señor secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Parece que hoy estamos muy litúrgicos. (Risas.)



--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
PARA EL DESARROLLO DE LA PREVISION CONTENIDA EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA
RECOMENDACION DUODECIMA DEL DENOMINADO PACTO DE TOLEDO, RELATIVA A LA
REGULACION DE LA RESPONSABILIDAD EN ORDEN A LAS PRESTACIONES, ADECUADA A
LA REALIDAD ACTUAL Y A LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO PRESENTE DE
SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 181/000687).




El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta es también de don Ricardo
Peralta, del Grupo Mixto, sobre medidas para el desarrollo de la
previsión contenida en el segundo párrafo de la Recomendación duodécima
del denominado Pacto de Toledo, relativa a la regulación de la
responsabilidad en orden a las prestaciones, adecuada a la realidad
actual y a las características del modelo presente de Seguridad Social.

Señor Peralta, tiene la palabra.

El señor PERALTA ORTEGA: Señor secretario de Estado, conoce usted
perfectamente, de primera mano puesto que estuvo presente en esta
cuestión, que la recomendación duodécima del Pacto de Toledo hace
referencia explícita a un tema que venía arrastrándose hacía tiempo y que
reclamaba una regulación adecuada: la responsabilidad en orden a las
prestaciones. Esta cuestión se introdujo de manera expresa en el Pacto de
Toledo y el anterior Gobierno comenzó a trabajar en orden al desarrollo
de esa recomendación, incluso se elaboró un borrador de real decreto que
fue sometido a distintos dictámenes, pasó por el Consejo Económico y
Social que dio una valoración positiva del mismo pero no llegó a ser
publicado, y se produjo el cambio de Gobierno.

Sobre este tema tuve ocasión de preguntar al actual Gobierno en el mes de
octubre de 1996. El entonces secretario de Estado, señor Pimentel, me
dijo que se acababa de firmar por aquellas fechas el acuerdo con las
organizaciones sindicales en desarrollo del Pacto de Toledo y que una vez
dado ese paso, conseguido el consenso social después del consenso
político, sin lugar a dudas se abordaría este tema. Ha transcurrido
prácticamente un año y medio desde aquella intervención del señor
Pimentel en esta Cámara y me gustaría saber cuál es, al día de hoy, la
actuación del Gobierno en orden al desarrollo de esta previsión del Pacto
de Toledo.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Como bien señalaba S. S., es una de las recomendaciones del Pacto de
Toledo. Desde el punto de vista del funcionamiento de la Seguridad
Social, es deseable disponer de una actualización de la responsabilidad
empresarial, desde la que estamos hablando, respecto a prestaciones. Esta
necesidad se ha visto reforzada por la demanda sistemática en España de
jueces y magistrados de disponer de esta herramienta que les permita
actuar con mayor celeridad. No es menos cierto --y es una de las materias
que también nos ha sido demandada al Gobierno-- el intento en el que
estamos de que también haya una carga o un sustrato de entendimiento
entre los agentes sociales. Hacía mención --y yo creo que es la clave--
al dictamen que sobre el texto anterior emitió el Consejo Económico y
Social el 20 de marzo de 1996 y en el que --hay que decirlo-- más allá de
que obtuviese un respaldo era evidente la discrepancia entre los agentes
sociales más representativos. Dado que también se está intentando
preservar este clima de entendimiento social, en todas las actuaciones de
la Seguridad Social se ha suscitado en distintas ocasiones la misma
cuestión, puedo decirle que estamos en este momento poniendo de nuevo
sobre la mesa y en el marco de las relaciones normales del Gobierno con
los agentes sociales esta cuestión como necesaria y de interés para el
Gobierno. Créame que en este caso --también puedo decirlo-- la voluntad
del Gobierno es inequívoca y lo que estamos intentando es que sean
concurrentes las demás voluntades. No resultaría bueno para



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el sistema de Seguridad Social una acción de discrepancia, una acción de
polémica que hiciese más difíciles las relaciones internas entre los
agentes sociales en otras medidas de Seguridad Social que están sobre la
mesa y a las que sé que usted mismo va a hacer referencia en próximas
preguntas. Vea esta cuestión en ese marco de intentar mantener no sólo el
acuerdo político hasta donde sea posible, sino especialmente el acuerdo
social en actuaciones que inciden directamente sobre el sistema, pero
comparto plenamente la preocupación por la necesidad de esta herramienta
demandada por el funcionamiento interno y desde la interpretación
jurisprudencial de la legislación.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Aparicio, yo creo que no hay que confundir
lo bueno con lo mejor, lo mejor con lo bueno. Lo digo porque ojalá los
empresarios de este país valoraran adecuadamente la Seguridad Social, le
dieran la importancia que se merece e hicieran los esfuerzos coherentes.

En ocasiones da la impresión de que sólo hablan de Seguridad Social para
pedir que se rebajen las cuotas y los gastos, y no ven la Seguridad
Social más allá de sus bolsillos, y de sus bolsillos --me atrevería a
decir-- del día a día, no de los grandes bolsillos de un cierto período
de tiempo, y eso se nota en algunas cosas. El otro día en el debate
relativo a la siniestralidad laboral, por ejemplo, le preguntaron al
señor ministro de Trabajo si recordaba alguna declaración del señor
Cuevas sobre los accidentes laborales en nuestro país, porque no suele
hablar de ese tema, siendo uno de los que más cargan los presupuestos de
la Seguridad Social. Insisto en que yo desearía que los empresarios
estuvieran en esta dirección. Desgraciadamente, en el acuerdo que se
firmó en desarrollo del Pacto de Toledo ya se constató que no estaban,
pero podemos hacer el esfuerzo de incorporarlos en cualquier momento. Yo
respaldo las gestiones que haga el Gobierno en este sentido. Que quede
claro. Es una línea de trabajo que debería servir para corresponsabilizar
en el tema de la Seguridad Social a una entidad social tan importante
como la empresarial de nuestro país, en el que ya las fuerzas políticas y
también los sindicatos estamos comprometidos. Pero valore también el
Gobierno --y creo que lo valora-- que no podemos dejar una parte
significativa, que usted reconoce que se reclama aclarar desde el propio
funcionamiento y desde la lógica del sistema, sujeta a la duda, a la
confusión, a interpretaciones jurisprudenciales diversas y, en
definitiva, a la ausencia de una regulación adecuada a la realidad de
nuestro país, precisamente en un terreno en el que los empresarios tienen
intereses muy particulares y en ocasiones no valoran adecuadamente el
interés general.

Dicho esto, que estoy convencido de que el secretario de Estado lo valora
también, yo le animaría a que si hay que hacer esfuerzos en esa dirección
se hagan, pero cuando se constata razonablemente no se está por esta
labor se dé respuesta a una necesidad que tiene el propio sistema de la
Seguridad Social y que sería bueno para su mejor funcionamiento.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Ciertamente estamos ante una situación que no calificaría de laguna
total, puesto que buena parte de los contenidos que podría abordar este
reglamento ha quedado resuelta por la propia jurisprudencia.

Especialmente en las prestaciones asociadas, accidentes de trabajo y
enfermedad profesional podría entenderse que hay una razonable cobertura,
pero estamos hablando realmente del resto de prestaciones que podemos
devengar por contingencias comunes.

Quisiera --hablo en nombre del Gobierno-- tener la conciencia tranquila
de que todos los esfuerzos posibles se han realizado. Y dado que existen
en este momento mesas y márgenes para poder suscitar de nuevo esta
cuestión, en la que pueda producirse la aproximación necesaria para
adoptar una decisión que no provoque mayores distanciamientos de ninguno
de los agentes sociales respecto a las modificaciones y cambios en la
Seguridad Social, tomo buena nota de su petición que --insisto-- comparto
como preocupación de mejora de funcionamiento del sistema, pero permítame
también que en nombre del Gobierno haga los esfuerzos de aproximación que
creo que todavía cabe hacer y respecto a los cuales yo sí que presumo
buena intención por parte de los agentes.




--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO MIXTO), SOBRE INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO, PARA HACER
EFECTIVO DEL DERECHO A LA PROTECCION DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS
CONTRATOS PARA LA FORMACION, ASI COMO LA COBERTURA DE LA TOTALIDAD DE LAS
CONTINGENCIAS DE LOS CONTRATADOS A TIEMPO PARCIAL (Número de expediente
181/001063).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta formulada por don
Ricardo Peralta, del Grupo Mixto, sobre incumplimiento del plazo
establecido en el Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, para hacer
efectivo el derecho a la protección de incapacidad temporal de los
contratos para la formación, así como la cobertura de la totalidad de las
contingencias de los contratados a tiempo parcial.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Aparicio, no me gustaría entrar en debates
jurídicos sobre si el plazo venció, si lo ha reabierto la ley que
desarrollaba y sustituía al real decreto-ley. En definitiva, convendremos
los dos que la mejora de la protección social para los contratos de
formación y para los contratados a tiempo parcial es algo bueno y
necesario. Precisamente por eso estoy convencido de que el Gobierno lo ha
firmado en el Real Decreto-ley



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8/1997 que aprobó y los agentes económicos y sociales lo hicieron constar
en sus acuerdos de reforma laboral. Si eso es así, si hay este consenso
básico que se concretó en su día en el acuerdo firmado por los
empresarios y los sindicatos, si hay normas que respaldan esta situación,
que en su día eran el Real Decreto-ley 8/1997 y la posterior ley que ha
sustituido a ese real decreto, sinceramente, señor secretario de Estado,
el Gobierno está tardando en un tema que ustedes tuvieron ocasión de
denunciar cuando eran oposición, la escasa protección social que tenían
estos contratos, que hoy reclama la sociedad española, los empresarios y
los sindicatos y que miles de trabajadores de nuestro país están
sufriendo.

He tenido ocasión de que el ministro de Trabajo me conteste a esta
pregunta y me ha dicho que busca el consenso. Buscar el consenso, señor
secretario de Estado, cuando ya existe el consenso básico me parece que
es un cierto pretexto. Todos sabemos que el consenso se puede utilizar
como un cierto elemento de presión: si no se me da tal cosa retiro mi
consenso; consenso que ha existido desde sus orígenes. Creo sinceramente,
señor secretario de Estado, que éste es un tema en el que el consenso ya
existe. La bondad y la necesidad de la medida ya están constatadas por la
sociedad española y por el propio Gobierno. La existencia de miles de
trabajadores de nuestro país que carecen de unas medidas de protección
social mínimas y necesarias requieren que este tema se resuelva cuanto
antes. Me gustaría que lo resolviera, señor secretario de Estado --y se
lo puede apuntar políticamente todas las veces que quiera--, si puede ser
hoy con sus palabras y, desde luego, con los hechos, lo más rápidamente
posible.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Espero dar satisfacción parcial a sus inquietudes, que se extienden a
quienes firmaron el denominado acuerdo sobre estabilidad en el empleo y,
naturalmente, al Gobierno. Estamos hablando de un número importante de
trabajadores en el caso de contrato formativo (unas 180.000 personas) y
en el caso de los trabajadores a tiempo parcial marginal, si me permite
esta denominación porque hablar de menos de doce horas a la semana o
cuarenta y ocho al mes sería un rótulo excesivo.

En lo que se refiere al primer bloque, contrato formativo, le diré que
son dos las modificaciones que demandaba el acuerdo. Una modificación de
su marco contractual y un cambio, en este caso favorable, de extensión de
las prestaciones sociales asociadas. Pues bien, creo poder afirmar que ya
están ensambladas las dos áreas. Está redefinido con los correspondientes
ajustes en el marco del Estatuto de los Trabajadores la parte jurídica
contractual, y está ya acordada con los agentes sociales y en unos
términos que considero razonables la extensión de la prestación de
incapacidad temporal que era la prestación que demandaba el propio
acuerdo. Esta extensión se hará en unos términos absolutamente homogéneos
y con los mecanismos --que han sido perfectamente entendidos por los
agentes sociales-- de evitación de aquellas situaciones de fraude que
podían haber sido en origen la causa de exclusión de esta prestación. Yo
creo que se ha buscado una redacción respetuosa con la propia prestación,
que no supone una prestación diferenciada, aunque probablemente en la
articulación ya se puedan ver plasmados los mecanismos de seguimiento que
garanticen algo tan deseable y natural como que lo que se protege son las
situaciones previstas en la ley y no otras. Confío --ya que me ha
concedido el beneficio de la duda jurídica-- en que esta ampliación de la
protección social de los contratos formativos pueda estar resuelta antes
de la fecha prevista, en este caso finales del mes de marzo, que sería
para mí la lectura asumible y más beneficiosa sobre el plazo disponible.

En lo que se refiere al tiempo parcial marginal, sin duda el acuerdo de
carácter social es más difícil puesto que se coincide en la necesidad de
dotar a estos contratos también de la prestación de incapacidad temporal
y de darles el acceso que hoy no tienen o uno semejante al del resto de
contratos a tiempo parcial. Yo creo que también va a ser posible (aunque
en este caso es más difícil puesto que junto a esa común voluntad de
mayor protección hay una evidente razón de compensación, que es una
preocupación a la que había estado obligado el Gobierno: preservar los
equilibrios económicos del sistema) llegar a una fórmula que recoja no
sólo el espíritu sino la literalidad del acuerdo. En el acuerdo entre los
agentes sociales se hablaba de la extensión de la protección en lo que a
incapacidad temporal y a otras prestaciones se refiere, su equiparación
al menos al resto de contratos a tiempo parcial, y de la posibilidad de
un tipo específico de cotización. Yo creo que en el marco del acuerdo de
origen, del acuerdo de estabilidad en el empleo, va a ser posible dar una
solución aceptable, no sé si con entusiasmo o con escepticismo, por los
agentes sociales. Estamos por esa labor de intentar al máximo --y
permítame que para mí no sea excusa sino razón de actuación-- la búsqueda
del consenso. Creo que va a poder cumplirse también, no sin dificultades,
la habilitación legal establecida y no tener que hacer nuevos usos de
habilitación o de interpretación jurídica. Creo que va a ser posible --y
ya le anuncio que en contratos formativos ha sido posible-- en tiempo
parcial marginal llegar a una fórmula razonable que dé satisfacción de
este compromiso que nació en el acuerdo de estabilidad en el empleo pero
que el propio Gobierno hizo suyo, no sólo el Gobierno sino también un
número importante de grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su información, señor Aparicio.

Permítame que le diga que si ya está resuelto parte del problema que se
ponga en vigor, entre otras cosas, señor Aparicio, porque si estamos
hablando de 180.000 posibles beneficiarios no hay razón para que carezcan
de la protección; si la razón era el consenso y el consenso me dice usted
que ya está, no se espere a lo restante,



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póngase en vigor cuanto antes esta medida, aunque con un cierto retraso
sobre las previsiones iniciales.

En cuanto al segundo tema al que ha hecho referencia, lo que usted
llamaba los contratos a tiempo parcial marginales --nos entendemos
perfectamente con esta expresión--, hay consenso en que tengan esa
protección, y si esa protección se tiene que mover en los ámbitos y en
los parámetros de equilibrio financiero del sistema habrá que tomar las
medidas adecuadas en el terreno de las cotizaciones empresariales,
laborales, etcétera, que es un terreno en el que lógicamente se actúa
para estos contratos y para todos los contratos. En alguna ocasión el
propio ministro ha hecho referencia a la necesidad quizá de ajustar los
niveles de cotización de los contratos temporales, tema que ha sido
planteado también por los sindicatos. Yo estoy convencido de que el
Gobierno tiene margen de maniobra y apoyo suficiente para dar
cumplimiento a lo que es claro que es un mandato legal y la voluntad de
la sociedad, y es que no haya trabajadores marginados de la protección
social.




El señor PRESIDENTE: El señor Aparicio tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Insisto en que se hizo propio ese acuerdo y quedó materializado en la ley
que posteriormente se tramitó. Nos desenvolvemos en la habilitación de
tiempo que la ley, con el visto bueno del Parlamento español, nos
permite. Me gustaría destacar una última idea, y es que la solución final
que se adopte respecto a los contratos a tiempo parcial marginal --en
este lenguaje que a lo mejor hoy estamos acuñando-- también prime
positivamente, discrimine positivamente la estabilidad aun dentro de
estas fórmulas. Habría una segunda cuestión, suscitada en su momento en
el propio Pacto de Toledo, suscitada también y reflejada en el acuerdo
alcanzado con la centrales sindicales, de mucho mayor calado y que yo
creo que merece la reflexión no sólo de los agentes sociales y del actual
Gobierno sino del resto de grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo
naturalmente al conjunto de los contratos a tiempo parcial y a las
posibilidades reales de acceso de estos trabajadores al sistema
contributivo, en condiciones que reflejen ese deseo de proporcionalidad
en la protección que debe estar presente en todo el conjunto del sistema
de Seguridad Social.




--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE MEDIDAS PARA RESOLVER EL RETRASO DE LA RESOLUCION DE
DETERMINADOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INVALIDEZ DE INCAPACIDAD
TEMPORAL (Número de expediente 181/000542).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas de don Pedro Vaquero, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, comenzando por la que se refiere
a las medidas para resolver el retraso de la resolución de determinados
expedientes de solicitud de invalidez de incapacidad temporal.

El señor Vaquero tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado, mi pregunta hace
referencia fundamentalmente a la época en la que se hizo la pregunta,
como es lógico, hace aproximadamente un año, se refiere a aquellos
momentos, que espero que no sean los actuales, aunque en cualquier caso
su respuesta podrá dar debida satisfacción a este interrogante sobre el
período transitorio de incorporación de los EVI al mecanismo de
evaluación de las incapacidades temporales, de las invalideces, para
poder obtener estos derechos de los trabajadores que tienen una situación
de necesidad concreta. El retraso de la resolución de estos expedientes
implica sencillamente que haya una dificultad económica para poder
subsistir ellos y sus familias. Por tanto, esos retrasos no son puramente
técnicos y administrativamente neutros, sino que afectan al bienestar de
estos trabajadores. En consecuencia, mi pregunta se refiere --si tiene a
bien el secretario de Estado responderla-- a aquella época de la
transición y a la que actualmente vivimos y que ya debemos considerar no
transitoria, pues, obviamente ha pasado el tiempo suficiente como para
que sea un período de gracia respecto a un período transitorio normal.




El señor PRESIDENTE: El secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Tiene toda la razón S. S. cuando dice que las situaciones de
provisionalidad o en este caso de transitoriedad no son buenas para
nadie; naturalmente no son buenas para el trabajador y no son buenas
tampoco para el sistema de Seguridad Social. No es bueno jamás que se
resuelva un expediente más tarde de lo que debería resolverse si existen
posibilidades de reducir el tiempo de tramitación del mismo. Sin ningún
ánimo retrospectivo, constatando el único hecho de que los cambios
normativos sobre invalidez y reconocimiento de la invalidez no tuvieron,
desgraciadamente, las dotaciones personales y las puestas en
funcionamiento de estos equipos de valoración de incapacidad que hubiese
sido deseable, se ha hecho un importante esfuerzo a lo largo del último
año; un esfuerzo no sólo en la constitución de estos equipos de
valoración de incapacidad (desde el mes de abril del año 1996 hasta la
fecha se han podido constituir veinte equipos de valoración de
incapacidades que es evidente que antes no estaban constituidos,
restarían únicamente seis equipos de valoración por constituir), sino
también un esfuerzo de dotación y cobertura en lo que a personas se
refiere, a médicos que puedan atender estos equipos de valoración.

Actualmente, y después de la contratación de más de 61 médicos para estas
plazas, el nivel de cobertura de los mismos estaría ya en el 83 por
ciento de la plantilla prevista inicialmente. Puede usted hacer los
cálculos inversos, pero insisto en que no está en mi ánimo hacer
retrospecciones sino comparar la evolución de estas situaciones durante
el tiempo que media entre la formulación



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de su pregunta y el momento actual. Se ha podido alcanzar ya el 83 por
ciento de cobertura de la plantilla y su reflejo en las situaciones de
las características que motivaban su interés es que se ha reducido en
este momento exclusivamente a 21.000 personas, con más de 18 meses de
duración, lo cual representa escasamente el 0,86 por ciento de las
situaciones globales de incapacidad temporal. La reducción porcentual del
número de personas comparando esas dos fechas, cuando usted formuló su
pregunta y la actual, ha sido del 72 por ciento de las situaciones.

Naturalmente, en la Secretaría de Estado no nos sentiremos satisfechos
hasta que se produzca la práctica desaparición del número de personas que
esperan más de 18 meses. Yo creo que afortunadamente ha habido esa
evolución positiva o esa evolución favorable --no me gustaría inducir a
errores en las cifras-- y de 21.090 personas se ha llegado a 182 con
duración de más de 30 meses, que creo que es un esfuerzo significativo.

Estos 182 beneficiarios sin duda son personas que merecen toda nuestra
atención, no es una cifra, estamos hablando de 182 casos en los que
pueden darse las circunstancias que usted señalaba, pero creo que ha
habido un enorme avance cuantificable en una reducción del 72 por ciento
de situaciones. La dificultad añadida en esta materia es que debemos
hacer un esfuerzo de cobertura de plantilla, debemos hacer un esfuerzo
también de coordinación de voluntades respecto a los servicios públicos
de salud que en este momento, lógicamente haciendo uso de las
competencias que tienen transferidas, requiere una especial colaboración
de la Administración, y creo que podrían ofrecerse mejores cifras en un
plazo también igualmente breve, de lo cual nos brindamos a informarles.




El señor PRESIDENTE: El señor Vaquero tiene la palabra.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor secretario de Estado por esta
información que nos gustaría que fuera pormenorizada en cuanto a las
cifras y, sobre todo, por provincias, porque si de alguna forma se
detectan --al menos así he creído entenderlo de sus palabras-- elementos
de colaboración con las comunidades autónomas que tengan transferidas las
competencias del Insalud, efectivamente en éstas puede haber quizá
algunas dificultades. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, al
menos sería de nuestro interés conocer dónde existe todavía ese 28 por
ciento de afectados que aún no han tenido esa solución al problema, si
fuera posible que nos diesen los datos de forma secuencializada desde la
creación del nuevo sistema, de los EVI, hasta ahora, porque se podía
haber creado de forma temporalizada ese retraso en la gestión, etcétera.

En cualquier caso, sería conveniente hacer una labor concertada por parte
de todos --desde luego, por parte de mi formación política estaríamos muy
interesados en poder hacerlo así-- para que tanto en el Congreso de los
Diputados y en la Administración central, como en los distintos
parlamentos autonómicos y en las distintas administraciones autonómicas,
se pudiera también detectar este problema y contribuir --digo entre
todos-- a que esto se resuelva.

Nos gustaría conocer también concretamente qué problemas tienen las
dotaciones de médicos, porque según tenemos entendido los mecanismos de
dotación de este personal implican que, sobre todo en determinadas
provincias, no se puedan cubrir plenamente y, al mismo tiempo, cuando se
cubren es de forma transitoria y eventual, según los distintos traslados
que van surgiendo. Si existe alguna problemática de este tipo,
quisiéramos también conocerla de forma pormenorizada, aunque quizá éste
no sea el momento exacto porque le falten datos sobre este tema. En
cualquier caso, quisiéramos poder satisfacer esta pequeña extensión de
nuestra pregunta para contribuir, insisto, a resolver este problema de
forma definitiva.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Citándole, quizá, esta vez una idea más ordenada de los datos que antes
le refería, creemos que el nuevo procedimiento tiene unos resultados
positivos. Al finalizar el mes de enero --último dato disponible de este
año--, los perceptores de incapacidad temporal con más de 18 meses, son,
como le decía, 21.090, de los cuales solamente el 0,86 por ciento superan
los 30 meses, que es la situación menos deseable, tanto desde el punto de
vista de la Administración como del interesado. Estoy hablándole de 182
personas. Por eso decía que debe destacarse --y aquí el mérito
evidentemente es colegiado de muchísimos profesionales-- que durante el
ejercicio de 1997 los beneficiarios que se encontraban en esta situación
han disminuido ese 72,16 por ciento respecto a los que existían en el mes
de abril del año anterior, que eran 654 perceptores.

Le decía que las dificultades de cobertura de estos puestos son las
normales de un puesto público, en el cual estamos sujetos a procesos de
convocatoria, de resolución de los mismos y, por qué no decirlo, también
a las tensiones normales de que muchas veces las personas que están
concurriendo a estas pruebas reciben otro tipo de ofertas profesionales o
deciden libremente orientar su vida profesional hacia otras áreas, lo
cual no nos ha permitido llegar al cien por cien de cobertura de los
puestos ofrecidos; pero, insisto, no es por falta de diligencia en el
caso de la Administración.

También le decía que no me gustaría que la territorialización --que se le
hará llegar, no hay ningún inconveniente en hacerle llegar una
territorialización de estos datos-- se interprete de manera distinta a lo
que realmente pueda reflejar y es la distinta estructura que libremente
se han dado los servicios públicos de salud para algunas áreas de su
funcionamiento; me estoy refiriendo especialmente a las áreas de
inspección. Me gustaría que lo que ha sido una decisión, entiendo, dentro
del margen y del campo de sus propias competencias, de constituir de una
o de otra manera los elementos de inspección, pero que inciden sobre el
sistema de Seguridad Social, fuese un sistema de eficiencia



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o ineficiencia, porque debo decir que estamos recibiendo un grado de
colaboración razonable y suficiente en todas las situaciones de
incapacidad temporal. Gracias a ello se han podido alcanzar acuerdos de
cooperación en materia de incapacidad temporal con la totalidad de las
comunidades autónomas y con la totalidad de los servicios públicos de
salud. Me gustaría dejar claro que el ánimo y la disposición es buena por
parte de todos; ánimo y disposición que también ha tenido reflejo en el
acuerdo sobre financiación de la sanidad.




--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE INCIDENCIA EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA
AMORTIZACION DE PLAZAS VACANTES DECRETADAS POR EL GOBIERNO EN EL ACUERDO
SOBRE ADECUACION DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO AL PRESUPUESTO,
SUPRESION DE VACANTES Y PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO, DE 27 DE
DICIEMBRE DE 1996 (Número de expediente 181/000543).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, formulada por el señor
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, acerca de
la incidencia en la gestión de la Seguridad Social de la amortización de
plazas vacantes decretadas por el Gobierno en el acuerdo sobre adecuación
de las relaciones de puestos de trabajo al presupuesto, supresión de
vacantes y provisión de puestos de trabajo, de 27 de diciembre de 1996.

Tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado, efectivamente el
acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 1996 establece un
sistema de amortización de plazas para todas las administraciones
públicas, que en concreto en lo referente a la Seguridad Social, según
los datos del Consejo General, parece iba a suponer un ahorro de 10.900
millones de pesetas para la Hacienda pública.

Sin embargo, previamente se había acordado convocar un concurso de
traslado de plazas, etcétera, que no tuvo lugar y que ahora se ha
cristalizado en una disposición del 9 de enero de 1998. Mientras tanto,
nuestros datos son que sí ha habido incidencia en la gestión y que esa
incidencia en la gestión de la falta de personal ha implicado que se haya
dotado con los recursos ya existentes las necesidades de trabajo y de
actividad. En concreto, por ejemplo, la Dirección General de la Tesorería
de la Seguridad Social cuenta con un 52 por ciento de personas con 40
horas semanales de trabajo, es decir, aquellos que tienen una mayor
dedicación, a pesar de que el acuerdo con los agentes sociales era que no
se extendiese más allá del 10 por ciento el número total de funcionarios
con mayor dedicación.

El dato del 52 por ciento de la Dirección General es una pequeña anécdota
respecto a lo que es el global. Entendemos que los funcionarios que hoy
tienen mayor dedicación pueden llegar --y el dato no es exacto, pero nos
gustaría también una ratificación del mismo-- hasta un 15 por ciento de
esos efectivos. Obviamente, las consecuencias del retraso en el
cumplimiento del acuerdo del primer concurso y de que se haya dado lugar
a que ese acuerdo de amortización de plazas haga después inviable de
alguna forma el acuerdo del concurso, puesto que algunas de las plazas
que podían haber salido a concurso ya están amortizadas, son esa falta de
personal y, por tanto, un deterioro en el servicio, una falta de
promoción interna para los mismos funcionarios, una reducción en las
ofertas de empleo público y que también se llegue a externalizar
determinados segmentos de los servicios, concretamente hay empresas de
trabajo temporal, según nuestro conocimiento, que sirven determinados
aspectos del servicio público, como puede ser la informatización de
datos, etcétera. Además, según algunos sindicatos que operan en la
Seguridad Social, que trabajan para el bienestar de los funcionarios,
pero también para el bienestar del conjunto de los usuarios, etcétera, se
demuestra que estos servicios, por sus costes, etcétera, no son más
baratos, aspecto que sin duda alguna tendrá que contrastarse. También
quisiéramos conocer exactamente cuál es la valoración de la Secretaría de
Estado respecto a este tema. De hecho, incluso se han impuesto multas por
la inspección de trabajo a algunas de estas empresas y a la Seguridad
Social, etcétera, por las condiciones de trabajo que plantean a los
trabajadores en estas actividades.

Nosotros sabemos en concreto que la ejecutiva provincial del INSS de
Granada emitió una resolución en la que, efectivamente, consideraba
necesaria la inmediata celebración de un concurso que abarcase todos los
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Seguridad Social.

En junio de 1997 el Consejo General contestó a esta resolución con una
frase que conviene conocer. Dijo: Dado que las entidades de la Seguridad
Social son de por sí deficitarias de personal, se están haciendo las
gestiones oportunas ante las correspondientes instancias, etcétera; por
tanto, existe en junio de 1997 un reconocimiento por parte del Consejo
General de que el personal no es suficiente. Obviamente esto coincide con
que las jornadas de trabajo de determinadas categorías de funcionarios se
prolonguen y se acuda a la externalización de determinados servicios para
cubrir, yo creo que falsamente, las expectativas de reducción del déficit
público o de ajuste presupuestario. Por tanto, queremos saber si todo
esto es una preocupación de la Secretaría de Estado, si coincide con sus
datos, si efectivamente la directriz de amortización de plazas ha tenido
alguna incidencia en la gestión concreta de la Seguridad Social y, en
último término, si se van a habilitar medidas que desanden el camino
andado de lo que desde nuestro punto de vista es un procedimiento un
tanto iba a decir irregular o al menos improvisado o provisional de la
gestión de personal de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Me va a permitir



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que, en primer lugar, trate de dar respuesta a lo que era la formulación
original de la pregunta, sin perjuicio de que algunas de las cuestiones
que se han suscitado colateralmente en este segundo turno de preguntas
también le puedan ser contestadas en la medida en que disponga de datos.

Permítame que le diga que ese acuerdo de Consejo de Ministros al que
hacía mención, de 27 de diciembre de 1996, lo que establece es que las
relaciones de puestos de trabajo que no cuenten con la correspondiente
cobertura presupuestaria deberán modificarse para adaptarse a las
disponibilidades de crédito. Yo creo que es bastante obvio que antes de
adoptar esta medida, los puestos que no contaban con dicha cobertura no
podían ser provistos, con lo cual, desde ese punto de vista, el acuerdo
resulta bastante neutral. Se trata de introducir transparencia. Ese
acuerdo lo que pretende es introducir racionalidad y transparencia en la
gestión de personal de la Administración al relacionar algo que no estaba
suficientemente aquilatado --más en otras administraciones, sin duda, que
en la Seguridad Social-- donde se programaba de manera independiente a
pesar de su última dependencia, que era la económica.

El acuerdo de 27 de diciembre no hace sino continuar lo que se preceptuó
ya en el artículo 6 del Real Decreto 159 de 1997, de 2 de febrero, porque
se aprobaba la oferta de empleo público para 1996, donde por primera vez
se abordaba el problema de la falta de coordinación entre instrumentos de
planificación de plantilla o de política de personal, anunciando la
amortización de puestos vacantes no presupuestados. Esto es anterior al
actual Gobierno. Cuestión distinta es si las dotaciones presupuestarias
del capítulo 1 del presupuesto de gastos resultan suficientes para
atender también los nuevos requerimientos derivados de estas nuevas
fórmulas de gestión. En ese sentido, yo creo que se pueden atender con
las vacantes existentes, lo que significa que no habrá un incremento de
coste en términos de relaciones de puestos de trabajo, ya que su
financiación se realizaría de acuerdo a esas vacantes. En consecuencia,
yo creo que el referido acuerdo del Consejo de Ministros sobre adecuación
de las relaciones de puestos de trabajo al presupuesto no tiene en
principio por qué afectar a la gestión de la Administración de la
Seguridad Social.

Dicho eso, sí que le comentaré que se están tramitando los distintos
concursos que permitirán resolver las múltiples situaciones de
provisionalidad que también reflejaban esas relaciones de puestos de
trabajo. La mecánica no es excluyente. Se ha iniciado por los niveles más
bajos de la Administración tratando lógicamente de atender las
situaciones de provisionalidad en estos niveles, pero también se quiere
dotar de estabilidad a los niveles superiores para lograr de alguna
manera esa estabilidad y esa profesionalidad, que creo que es comúnmente
compartida.

También en materia de política de personal se está intentando que,
evidentemente, se pueda hacer de una manera dialogada y consensuada con
las centrales sindicales. Ese es el esfuerzo en el que, juicios de valor
o de intención al margen, creo que también se está avanzando. Sí le digo
que en una cuestión bien concreta respecto a externalización, lo único
que se ha hecho hasta ahora es mantener una línea, que tampoco es propia
de este Gobierno, para que aquellos trabajos cuya duración es limitada en
el tiempo, cuyo volumen es limitado en el tiempo, como puede ser, un
ejemplo claro, la grabación informática de ficheros históricos pero que a
un ritmo normal están llamados a ser agotados como programas en un plazo
razonable de tiempo, no sean una carga de carácter permanente en cuanto a
personal, porque dentro de un cierto tiempo, espero que muy breve,
dejarían de tener sentido y contenido sus funciones.

Cabe criticar la actual disposición de las empresas de trabajo temporal,
pero creo que también es una cuestión abordada y abordable por los
propios agentes sociales, que se han comprometido también a perfeccionar
las relaciones que puedan darse entre estas empresas y sus trabajadores.

Es una de las materias que está viva, que está abierta al diálogo social.

Evidentemente, ahí confío, permítame que también haga una apuesta de
confianza, en la responsabilidad de los agentes sociales para que den con
un marco de mayor perfección en las relaciones laborales de estas
empresas y de sus trabajadores y en la adecuación salarial que ello
conlleve.

No existe ánimo, se lo digo también, de recargar innecesariamente las
relaciones de puestos de trabajo existentes en la Seguridad Social y no
en las entidades gestoras a las que ha hecho mención. Ni en el INSS ni en
Tesorería podemos hablar de diferencias sustanciales competenciales
respecto a etapas anteriores, antes bien podríamos hablar de que hay más
trabajo y distinto trabajo. Sin embargo, no es menos cierto que también
integrando la Seguridad Social se halla el Inserso, muchas de cuyas áreas
han sido transferidas, lo cual ha provocado la existencia de unos
remanentes de personal que desearíamos acomodar con carácter previo a
cualquier formulación de necesidades, puesto que tampoco parece bueno
para nadie mantener ociosos o sin contenido a unas personas que supongo
que naturalmente desean, desde su trabajo diario, contribuir al mejor
funcionamiento del sistema. Se ha hecho ya un primer intento de
reacomodación de un número importante de trabajadores de esta entidad en
otras áreas de la Administración, se van a abordar dos programas de
promoción interna que considero significativos y habrá visto nuestro
deseo de revitalizar el llamado Cuerpo de Gestión dentro del control
financiero de la Seguridad Social, que es una expectativa de formación
profesional. De igual manera se intentará también recuperar una figura
que no fue desarrollada, que sería la colaboración en tareas de
recaudación, especialmente de notificación, permítame así
entrecomillarlo, tipo agente tributario, también extensible a las áreas
de recaudación. Estas son distintas vías que se abren como líneas de
promoción interna. Lo que sí deseamos es inscribir la actuación en
materia de personal de la Seguridad Social en el marco general, marco de
transparencia, marco de racionalidad, marco de aprovechamiento de los
efectivos ya existentes, de asentamiento y resolución de las situaciones
de provisionalidad. Después de ese proceso será cuando se podrá hablar
con propiedad de mayores o menores necesidades, porque tampoco podemos
olvidar que indudablemente ha habido un importante



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avance en la utilización de tecnologías, no como competencia a la
existencia de funcionarios sino como complemento a un mejor trabajo de
dichos funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado, le agradezco su
contestación, aunque en algunas cuestiones no coincida en la valoración
que usted hace, en primer lugar respecto a que no haya afectado esto a la
gestión y, en segundo lugar, respecto a la oportunidad que ha perdido la
Secretaría de Estado al no utilizar determinadas fórmulas. Es obvio que
aunque los agentes sociales estén haciendo el esfuerzo para que se puedan
mejorar las condiciones de trabajo de esos trabajadores, me refiero a la
fórmula de las empresas de trabajo temporal, sin embargo no es su
responsabilidad. En cualquier caso, es responsabilidad de todos y, en
último término, de quien utiliza esas empresas de trabajo temporal, cuyas
condiciones laborales no son las más adecuadas desde un punto de vista
social, de equidad, etcétera. En este caso estamos hablando de la
Administración de la Seguridad Social, de una parte muy importante del
Estado, que en último término tendría que dar ejemplo respecto a cómo se
utilizan y cómo se establecen las relaciones laborales, en su ámbito al
menos, para así ejemplificar al conjunto del mercado de trabajo.

No estamos de acuerdo respecto a este punto concreto, porque si el
trabajo que se desempeña se considera de tipo eventual para unas
circunstancias concretas y para un período concreto, siempre se está a
tiempo de poder utilizar otro tipo de contrataciones, existen muy
variadas y muy amplias en nuestra legislación laboral, en vez de acudir a
esta fórmula concreta. Es una valoración que me gustaría que se
considerase para el futuro.

También sería conveniente que esos esfuerzos que nos está anunciando el
secretario de Estado respecto al consenso con los agentes sociales sobre
el tema de los recursos humanos, se cristalicen pronto en acuerdos
concretos, porque la provisionalidad es mala para todos porque existe un
problema y porque no se puede dar el espectáculo de seguir incrementando
la jornada laboral. No hemos hablado de horas extraordinarias, hemos
hablado de incremento, incluso por encima de los acuerdos, y sobre ello
no he obtenido ninguna respuesta concreta, respecto al número de personal
funcionario que hoy está con mayor dedicación. Me gustaría que de verdad
hubiera un acuerdo con los agentes sociales y a eso, sin duda alguna, mi
grupo va a animarle constantemente.




El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Intervengo con la máxima brevedad.

La gestión en la Seguridad Social se mide por unos indicadores de
carácter y de perfil objetivos. Cabe comparar estos indicadores y su
evolución en los últimos meses para decir que nos mantenemos dentro de
una mejora. Esa tendencia no data de hace unos pocos meses, sino de
bastante tiempo, y puede medirse perfectamente en el acortamiento del
período de gestión de las prestaciones, en el incremento de la eficiencia
recaudatoria y en cualquier otro área de la Seguridad Social.

De hecho, forma parte de la base de asignación de retribuciones. Le
anuncio que algunos aspectos nos han parecido a veces injustos, por no
decir disuasorios, en cuanto a la actuación de los funcionarios. Se ha
iniciado un proceso en el que me gustaría revisar la productividad,
considerada por direcciones provinciales en algunas de las entidades
gestoras, puesto que entendemos que a veces hay escalonamientos que son
de difícil presentación y que pueden resultar disuasorios respecto a ese
deseo de mejora o a esa materialización de la mejora de la gestión. Creo
que es uno de los procesos que puede ejemplificar mejor lo que son líneas
generales de actuación.

He de decirle también que me excede --lo reconozco con sencillez-- la
mejora de las condiciones generales de las empresas de trabajo temporal.

A veces hay que recurrir a estas herramientas que son legales, que
cuentan con un refrendo y un marco legal, simplemente porque otros
mecanismos alternativos de contratación --de los que usted hablaba-- sin
duda pueden aportar mayor seguridad jurídica, pero tienen un
inconveniente que es cierta lentitud. Cierta lentitud que no se compadece
con la necesidad de actualizar rápidamente, por ejemplo, los ficheros de
grabación de las vidas laborales, puesto que esta misma Cámara ha
aprobado la ampliación de los períodos a ser tenidos en cuenta en orden a
la consideración de las pensiones. Comprenda que tenemos que llegar a
tiempo, año tras año, para ir dando satisfacción a las personas que han
de jubilarse y que quieren conocer con exactitud y con fiabilidad su
propia vida laboral.

En ese sentido, bienvenidos sean los esfuerzos que se realicen para
mejorar las condiciones de este tipo de empresas de trabajo temporal,
creo que es un motivo de reflexión y de acción por parte de los agentes
sociales y cualquier beneficio que se produzca será asumido y compartido
por todos.

Finalmente, he de decir que es deseable la línea del acuerdo, pero, como
me ha oído ya hartas veces a lo largo de la mañana, un acuerdo no depende
sólo de una voluntad, requiere otras voluntades. Confío en la buena
disposición de todos para dicho diálogo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aparicio.

Concluido el orden del día y agradeciendo la presencia del secretario de
Estado para la Seguridad Social, señor Aparicio, se levanta la sesión.




Eran las doce del mediodía.