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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 386, de 25/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 386
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles, 25 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por la que se establece el
régimen de control para la protección de los recursos pesqueros (Número
de expediente 121/000073) (Página 11398)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la situación del sector lácteo, como consecuencia del
fracaso en la obtención de una cuota adicional de un millón de toneladas
por la parte de la Unión Europea (UE) y del plan de reordenación del
sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000680) (Página 11405)
--Para adecuar las cotizaciones sociales que deben satisfacer los
trabajadores temporeros agrarios a los días de trabajo efectivo
realizados. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i
Unió (Número de expediente 161/000706) (Página 11411)
--Sobre cumplimiento de medidas agroambientales en Andalucía. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000495)
(Página 11413)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión número 24 de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Como ustedes saben, como primer punto del orden del día figura la
ratificación de la ponencia. Dejaremos este aspecto formal --generalmente
se suele realizar por asentimiento-- para la hora de las votaciones, que
tendrán lugar a partir de la una de la tarde.
--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL
REGIMEN DE CONTROL PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS PESQUEROS (Número
de expediente 121/000073).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos por el punto número 2 del orden del día:
proyecto de ley por el que se establece el régimen de control para la
protección de los recursos pesqueros.
Por acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, se defenderán las enmiendas
presentadas por grupos y en conjunto, y el orden de intervención de los
grupos parlamentarios será de menor a mayor. Por tanto, en primer lugar,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, damos por
defendidas las enmiendas que presenta Eusko Alkartasuna.
Dicho esto, quiero comentar, en primer lugar, que el proyecto de ley que
estamos debatiendo debería haberse enmarcado en una ley de pesca en
general y este apartado de sanciones debería constituir un capítulo de la
misma. En todo caso, la cuestión se planteó así y así la vamos a
discutir.
Con la enmienda número 1 pretendemos que, de acuerdo con lo expresado en
el informe del CES y tal como está redactado el texto original, se pueda
aplicar el principio de responsabilidad solidaria, pero si se dejase la
redacción original no sería necesario esfuerzo probatorio y se podría
caer en el recurso fácil de la responsabilidad compartida.
Con la enmienda número 2 tratamos de que se garanticen los derechos de
los afectados, de manera que éstos puedan iniciar las acciones de defensa
que crean convenientes.
En el mismo sentido que la anterior va la enmienda número 3. Un mes
parece un plazo excesivo para que la Administración confirme, modifique o
levante las medidas provisionales y, consecuentemente, proponemos un
plazo máximo de diez días.
En cuanto a la enmienda número 4, trata de garantizar los derechos de los
afectados por una determinada medida de la Administración. Es decir, si
la Administración toma una medida por una presunta infracción, el
perjudicado debe tener derecho a la indemnización correspondiente, de no
resultar probadas las causas que le atribuye.
De acuerdo con lo que propone el CES, con la enmienda número 5 tratamos
de que se combata la ilegalidad en materia laboral.
Por lo que se refiere a la enmienda número 6, proponemos una redacción
distinta. Es decir, no se trataría tanto de tener a bordo elementos o
sustancias tóxicas, sino de que éstas estuviesen a bordo de forma ilegal
y no declarada, porque el tema de los explosivos es más delicado,
teniendo en cuenta las fiestas y verbenas que me comentaba antes el señor
Mantilla, aunque hay sustancias tóxicas, como la lejía, que pueden estar
a bordo. En todo caso, una redacción más adecuada no permitiría que
estuvieran a bordo sustancias tóxicas de forma ilegal y no declarada.
Con la enmienda número 7 pretendemos evitar dar de baja en el censo a
aquellos barcos que fueron usados para realizar actividades ilegales.
Mejor sería que pudieran adquirirse por otros propietarios o que la ley
no ayudase a disminuir el número de licencias por esta vía.
La enmienda número 8 pretende reforzar las precauciones respecto a la
posibilidad de disminuir el número de licencias.
Respecto a la enmienda número 9, intentamos que se garanticen los
derechos de los propietarios de los buques. El apartado 4 de esta
disposición adicional tercera propone que los gastos de conservación y
mantenimiento de un buque sancionado corran a cargo del infractor. En
correspondencia, si no se demuestra la infracción, debe ser la
Administración quien se haga cargo de estos gastos.
Con la enmienda número 10 tratamos de que se acoten motivos de interés
social y económico a la capacidad de la Administración de condonar las
sanciones.
Este es el resumen de las enmiendas que he presentado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra su portavoz, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, como puede apreciarse, hemos
presentado un elevado número de enmiendas, casi la mitad de las que hay,
y sería complejo empezar a analizarlas una por una, porque la
intervención puede ser excesivamente larga. Por eso, voy a hacerlo de una
forma más general, con el fin de no alargarme excesivamente en la
exposición.
La primera enmienda que presentamos es de modificación del mismo título
de la ley, en el sentido de que ésta no es tanto una ley de protección de
los recursos pesqueros como una ley en la que se establece el régimen
sancionador en materia de protección de recursos pesqueros.
Por eso, nos parece que sería más adecuado hablar de una ley de régimen
sancionador, y en este sentido hemos presentado la primera enmienda
porque, de alguna manera, ya el mismo artículo 1.º, cuando se fijan los
objetivos de la ley, dice: La presente ley tiene por objeto: a)
establecer el régimen sancionador, y b) dictar las normas básicas
del régimen sancionador. Por tanto, es una ley que establece el régimen
sancionador.
El segundo aspecto que nos ha preocupado es la defensa de las comunidades
autónomas con competencias en esta materia, entre ellas la Comunidad de
Euskadi. En este sentido, diríamos que, dado el preocupante estado
general de los recursos pesqueros, la misma Unión Europea suele
establecer periódicamente unos programas de reducción de la capacidad de
esfuerzo pesquero a los distintos Estados miembros, con el fin de lograr
un equilibrio sostenido en la relación flota-recursos, que son los
famosos POP, programas de orientación plurianual, pero suele ser habitual
que ni los británicos ni los franceses cumplan con los objetivos de
reducción marcados por esta ley.
Como digo, la mayoría de los recursos pesqueros de interés para la flota
comunitaria se encuentran en una situación preocupante porque se han
incorporado las tecnologías necesarias, sin que haya habido una reducción
de unidades acorde con esa incorporación.
Por otro lado, nos encontramos con la situación de que el Estado español
y Euskadi peninsular, no así Euskadi norte, integrada en el Estado
francés, tienen prohibido el acceso a determinadas especies caladeras, en
beneficio de lo que era la Europa de los diez, con motivo de las
condiciones que fueron impuestas al Estado para la integración en la
Unión Europea.
Otro factor determinante es la situación del mercado, puesto que durante
los últimos tiempos en el mercado de la Unión Europea está sufriendo unas
importaciones masivas de pescado de terceros países, cuyos costes de
producción son bastante menores.
Desde esta perspectivas, pensamos, como se ha dicho anteriormente, que
hubiese sido más interesante haber abordado la redacción de una normativa
sobre una ley de pesca en general y no simplemente, repito, una ley de
régimen sancionador en materia de protección de recursos pesqueros.
En el segundo aspecto que nos preocupa, la defensa del régimen
competencial, estamos dispuestos a transaccionar nuestras enmiendas con
las que puedan ofrecer otros grupos y llegar a acuerdos.
No voy a extenderme más, puesto que, como he dicho, al ser numerosas las
enmiendas que hemos presentado, me alargaría excesivamente si entrase en
cada una de ellas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, nuestro grupo también va a
hacer un posicionamiento general, así como la defensa de las enmiendas
que tiene presentadas y de las transacciones. Por tanto, haremos una sola
intervención.
Señor presidente, señoras y señores diputados, tenemos encima de la mesa
un proyecto de ley que establece el régimen de control para la protección
de recursos pesqueros. Un proyecto, a nuestro entender, necesario, sobre
todo teniendo en cuenta la dificultad para mantener y asegurar el difícil
equilibrio ecológico en estos mares, que en algunos casos se pueden ver
afectados por el constante incremento de la presión pesquera a través no
sólo del incremento de barcos, sino por el creciente aumento de la
potencia y la tecnología que se están utilizando.
Por tanto, es bueno que la Administración disponga de herramientas
suficientes que le permita poner orden de una forma efectiva cuando se
produzcan acciones que van en contra de la normativa existente, con lo
que, de una u otra forma, pueden poner en entredicho el futuro de la
pesca de nuestros mares.
Por consiguiente, nos felicitamos por la iniciativa del Gobierno que
propone poner al día la normativa y que, sin lugar a dudas, es también el
resultado de numerosas peticiones por parte de nuestro grupo
parlamentario sobre la necesidad de legislar en esta materia.
Una vez dicho esto, me gustaría que quedase constancia de que este
proyecto de ley que debatimos es sólo una pequeña parte de lo que nuestro
grupo ha solicitado y que, en definitiva, se trata de la presentación de
una ley --nosotros entendemos que se tenía que hacer-- que ordene de una
manera clara el conjunto de la actividad y que facilite la colaboración y
la participación del Estado con las comunidades autónomas que tienen
voluntad de estar presentes de una forma activa en la gestión de los
recursos pesqueros. Una ley moderna ha de ser capaz de dar unos
tratamientos personalizados a temas tan diferentes como pueden ser la
pesca de litoral o la pesca de altura, la problemática del Cantábrico o
del Mediterráneo, etcétera, asegurando --como hizo la ministra hace unos
meses en una reunión en Ibiza-- que es posible ese tratamiento
diferencial.
En consecuencia, el proyecto de ley que estamos debatiendo en este
momento, a nuestro entender, debía haberse convertido en un capítulo de
esa ley marco, mucho más importante, que hemos solicitado. No ha sido
posible y las explicaciones que nos han dado sobre este tema están
basadas en la urgencia de la aprobación de esta ley. Evidentemente,
nosotros compartimos esa explicación.
No obstante, pensamos que la ordenación de la plataforma litoral es
también una necesidad urgente. La valoración de la situación de los
caladores o el tipo de aparejos que hay que utilizar en cada momento y en
cada lugar son temas vitales para asegurar la solución de nuestras zonas
pesqueras, y entendemos que esos temas no deben esperar. Una buena ley no
es solamente aquella que es capaz de dar soluciones legislativas a temas
preocupantes, sino que, además, tiene que procurar que su aplicación sea
posible. En materia de pesca es difícil pensar en una buena aplicación de
la ley si ésta no es capaz de involucrar de una forma clara a las
comunidades autónomas y, con ellas, a todo el conjunto del sector.
Señor presidente, nos vamos a centrar en un bloque de enmiendas que ha
presentado nuestro grupo parlamentario. Algunas de ellas las mantenemos
tal como están presentadas y otras las sometemos a una autotransacción o
transacción, como ustedes quieran, de la que creo que se ha repartido una
copia entre los diferentes grupos políticos.
Lógicamente, a nosotros nos preocupa, y las transacciones van bastante en
esta línea, dejar absolutamente claras
las competencias de las comunidades autónomas, así como las del Estado,
en materia de pesca marítima y ordenación del sector. Son dos
competencias limítrofes y, si no quedan absolutamente claras, pueden
traer complicaciones de cara al futuro. Piensen que con las enmiendas que
se han presentado va a quedar solucionado ese tema, de lo que nos
felicitamos.
Por ello, tanto en la exposición de motivos como en el propio articulado
creo que queda bien claro que una cosa es la pesca marítima, que es
--como indica la palabra-- la pesca en el mar, y otra la ordenación del
sector pesquero, que comienza en el momento en que el buque llega a
tierra y comienza la descarga. No obstante, es evidente que al Gobierno,
al Estado, le quedan competencias para poder actuar en el momento de la
descarga, pero sobre acciones que se hayan producido durante el tiempo de
la pesca en el mar.
Entendemos que, si bien es cierto que el Estado español en un momento
determinado apostó por un funcionamiento descentralizado de las
comunidades autónomas, en el fondo nunca se ha apostado de una forma
clara al respecto y, por tanto, entendemos que será difícil en el futuro
tener una buena ley de pesca, como decía al principio de mi intervención,
si realmente no hay una voluntad de llegar a un acuerdo con las
comunidades autónomas, a través de la participación de una forma activa
en la gestión, a través de la encomienda de gestión o a través de la
participación en más competencias, como podría ser la ampliación de las
aguas interiores.
En este momento, dejar las competencias en materia pesquera a aguas
interiores solamente, creo que es un mal chiste y seguramente es el
resultado del tradicional desconocimiento del conjunto de las fuerzas
políticas del problema de la pesca seguramente, en el momento de elaborar
la Constitución y en el momento de aprobarse los estatutos de autonomía,
los representantes de todos los grupos políticos que de ello se
encargaron tenían pocos conocimientos de pesca. Las aguas interiores, en
la gran mayoría del litoral del Estado español, llegan donde llega la
arena de la playa. Evidentemente, hay zonas donde el litoral tiene muchos
entrantes, pero, sobre todo en la zona del Mediterráneo y en alguna zona
importante del Cantábrico, las aguas interiores son prácticamente cero.
Por tanto, son unas competencias difíciles de ejercer y, además, son poco
tentadoras para que las comunidades autónomas que tienen competencias en
esas pequeñas franjas terminen haciendo una normativa. Creemos que eso
pasa más por la corresponsabilización, porque entendemos que, si alguien
tiene interés en mantener en buen estado los caladeros de las zonas
litorales, es el Estado y sobre todo las comunidades autónomas que tienen
competencias y que están situadas en esta zona.
Por tanto, básicamente, nuestras enmiendas han ido en la línea de dejar
claro ese tema para evitar problemas de cara al futuro, de habilitar que
aquellas comunidades autónomas que no tienen competencias en materia de
ordenación del sector pesquero puedan intervenir en el control, sobre
todo, de los inmaduros que les lleguen directamente desde el exterior.
Por ejemplo, Madrid no tiene competencias en ordenación del sector
pesquero, pero, evidentemente, puede llegar a esta ciudad un avión
cargado de alevines o de otro tipo de pescado sin que la comunidad
autónoma tenga capacidad para poder inspeccionarlo. Creo que también es
importante la habilitación en ese tema de las comunidades autónomas del
interior sin competencias en ordenación pesquera.
Hay algunas otras cuestiones que nos parecen también importantes y que
las voy a tocar muy por encima --espero que durante el debate se llegue a
transacciones con otros grupos, aunque nosotros no tenemos enmiendas--,
como, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de los transportistas.
Entendemos que sólo deberían ser responsables de su carga en el caso de
que no sean capaces de acreditar la titularidad del remitente y del
destinatario, de que no lleven perfectamente documentados los impresos de
ruta.
Creemos que, sólo de una forma muy excepcional, en caso de reincidencia,
para sanciones muy graves, se tendría que hablar de inhabilitación para
el ejercicio y desarrollo de actividades pesqueras. La indefinición en un
tema tan importante como la adopción de medidas provisionales no nos
parece de recibo y entendemos que también habría que limitar ese tiempo.
Quizá un período entre seis y diez días podría ser suficiente.
De hecho, y con esto voy terminando, señor presidente, hemos presentado
la enmienda 106, a la exposición de motivos, a la cual hemos presentado
una transacción o una automodificación; la enmienda 107, al artículo 7.2,
letras c), d) y e), que vamos a retirar; la enmienda 108, al artículo 10,
letra c), que transaccionaremos; la enmienda 109, al artículo 17, que
también transaccionaremos; la enmienda 110, al artículo 19, que vamos a
mantener; la enmienda 111, a la disposición adicional tercera, que
mantenemos; la enmienda 112, a la disposición adicional tercera, punto
cuarto, que mantenemos; y la enmienda 113, que propone una nueva
disposición adicional, sobre delimitación de aguas interiores, que en
este momento vamos a retirar. La retiramos muy a nuestro pesar, porque es
un tema que nos preocupa, del que, evidentemente, continuaremos hablando
en el futuro y sobre el que en este momento no voy a insistir, porque
tendremos que buscar un mecanismo que favorezca la colaboración de las
comunidades autónomas con el Gobierno. Piensen que de Madrid a la zona
marítima más próxima hay, como mínimo, 500 kilómetros; luego es
importante la colaboración de las comunidades autónomas, es importante la
colaboración del sector y, por tanto, en las próximas leyes tendremos que
buscar mecanismos automáticos que aseguren que la aplicación de las leyes
de bases que en este momento estamos discutiendo y de las posteriores
leyes que se vayan a aprobar sea real.
Con esto termino, señor presidente. En todo caso, si hace falta, para que
los portavoces de los grupos políticos tomen nota exacta, les pondré por
escrito las enmiendas que mantenemos y las que vamos a retirar.
El señor PRESIDENTE: Creo que ya han sido distribuidas las enmiendas
transaccionadas. No obstante, como complemento, creo que quedan retiradas
la 107 y la 113.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, su portavoz, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Quiero empezar recordando, como ya han hecho el
resto de los portavoces, la necesidad urgente de esa ley de pesca, que
fue prometida por la ministra en su primera intervención y que ya ha
pasado demasiado tiempo sin que tengamos noticia de ella. Además, cuando
se nos presenta este texto, se evidencia que no está entre las
prioridades del Gobierno enfocar esa ley de pesca. Por tanto, sirva esta
primera parte de mi intervención para recordarle al Gobierno el
compromiso adquirido en esta Cámara de poder contar con esa ley de pesca,
que, al paso que vamos, no podremos discutir en esta legislatura.
Las emiendas de nuestro grupo forman tres bloques fundamentales y van
dirigidas a intentar evitar que, al final, las medidas sancionadoras
acaben perjudicando de manera fundamental a los trabajadores; es decir,
que, al final, los mayores perjudicados por las medidas sancionadoras
sean aquellos que tienen poca responsabilidad en el hecho que se quiere
sancionar.
Hay otras enmiendas que tratan de proteger de forma efectiva la riqueza y
la diversidad marina y también, como decía, evitar que se produzcan
sanciones inapropiadas o desproporcionadas, como la retirada de la
totalidad de las artes o aparejos, que puede suponer una sanción excesiva
que, al final, pone en peligro la supervivencia económica y laboral de un
sector tan delicado como el pesquero. De manera que creemos que esta ley
no se puede convertir en un instrumento para la reducción del número de
licencias, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y para
toda la actividad económica en general.
Estas son las ideas que nos han llevado a presentar nuestras enmiendas.
No hemos tenido tiempo para analizar las enmiendas transaccionales y, por
tanto, en el trámite de la votación nos iremos pronunciando sobre las
enmiendas que se van presentando de forma transaccional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señorías, quisiera, en primer lugar, hacer ciertas
consideraciones de carácter general, algunas de ellas concordantes con
alguna reflexión que ha realizado algún portavoz en relación con que nos
hubiese gustado que esta regulación de régimen de protección de recursos
pesqueros, como así se denomina en la propia ley, se hubiera hecho en el
marco de una ley general de pesca, que, por cierto, se había anunciado
--reitero, por tanto, la expresión de algún portavoz-- que estaría en
esta Cámara en el año 1997. Esperemos que a lo largo de 1998 podamos
discutir esta ley general de pesca, que es importante para establecer la
ordenación de nuestra plataforma litoral, como ya se puso de manifiesto.
En segundo lugar, quisiera también hacer mías algunas de las reflexiones
que el Consejo Económico y Social ha realizado como consecuencia del
análisis de esta ley. Primero, nos sorprendemos porque hubiera sido
razonable que el Gobierno, como reza el Consejo Económico y Social en su
informe, hubiera solicitado al propio Consejo el dictamen sobre la ley
que éste ha hecho por iniciativa propia, una ley que tiene especial
trascendencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
social, ya que la pesca tiene una importancia determinante, desde el
punto de vista económico, en algunos territorios.
También hubiera sido razonable haber contado más con los sectores
implicados en la tramitación de la misma. Pero ello, desde luego, no va a
imposibilitar que el Grupo Parlamentario Socialista diga en este momento
que esta ley era necesaria, que era necesario un marco jurídico nuevo que
sustituyese al existente, la Ley 53/1982, que es una ley obsoleta y,
sobre todo, que no se corresponde con el desarrollo constitucional y con
el marco competencial que se deriva del propio desarrollo constitucional.
En este sentido, se ha puesto de manifiesto, reitero, que el Estado, como
saben SS. SS., es competente en materia de pesca marítima, pero las
comunidades autónomas lo son en materia de ordenación del sector.
No me duelen prendas en reconocer, señorías, que esta ley resuelve
razonablemente, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, de forma
general --hay especificidades concretas que se plasman en las enmiendas y
que no compartimos-- el ámbito competencial. La ley, por tanto, define
las infracciones y sanciones de pesca marítima y establece unas normas
básicas que, a nuestro juicio, son importantes para definir un marco de
acción unitaria en todo el conjunto del territorio español.
En este sentido, señorías, y en concordancia con lo que vengo exponiendo,
no hemos presentado una enmienda a la totalidad, ni siquiera hemos hecho
demasiadas enmiendas. Las que hemos presentado tratan de mejorar el
texto, tratan, por otra parte, de clarificar algunos aspectos de la ley
y, en una buena parte, son enmiendas de carácter técnico que, a nuestro
juicio, era necesario establecer para precisar algunos conceptos de la
propia norma que hoy estamos debatiendo.
Es cierto que en algunos casos es difícil graduar si las sanciones que se
proponen, en función del tipo de infracción que se cometa, son elevadas,
como han manifestado en algunas ocasiones representantes de diferentes
sectores, o, por el contrario, son las ajustadas en orden a evitar las
mismas o incluso si éstas son insuficientes. En cualquier caso, ésta es
la ley que tenemos y, en líneas generales, como he manifestado, merece
nuestra consideración y nuestra aprobación. En este sentido, en el ánimo
de mejorar, de precisar y de clarificar, hemos presentado algunas
enmiendas.
En el capítulo I, que es el que define los objetivos de la ley, las
responsabilidades, la prescripción de infracciones y sanciones y las
medidas provisionales, presentamos una enmienda al artículo 3, apartado
5. Esta enmienda únicamente trata, en relación con las concurrencias de
responsabilidades, de adecuar esta norma a lo previsto en la Ley 30/1992,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, de tal forma que las autoridades administrativas en
estos casos queden vinculadas por los hechos declarados probados,
porque, a nuestro juicio, no es suficiente con que solamente los tengan
en cuenta, tal y como reza el artículo de la ley.
En relación con el artículo 4, presentamos una enmienda al apartado 3,
que trata también de sustituir el último párrafo, en concordancia también
con la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas.
Entendemos que el último párrafo lo que está trasladando a la ley es un
principio, a nuestro juicio, contrario al de seguridad jurídica.
Con respecto al artículo 5, apartado 2, se propone una adición mediante
la que pretendemos fijar un límite temporal concreto a la fijación por
escrito de medidas cautelares que se realizan verbalmente. Creemos que es
necesario que se establezca un límite temporal, nosotros proponemos 72
horas, puede ser otro límite temporal, el que SS. SS. consideren; creo
que se nos va a proponer una enmienda transaccional al respecto y, por
tanto, estamos abiertos a considerar esta propuesta u otra que fije este
tipo de límite.
En el capítulo II, que hace un recuento de las infracciones
administrativas en materia de pesca marítima, que las divide entre leves,
graves y muy graves, presentamos una enmienda claramente técnica al
artículo 6, que trata, cuando hace referencia a los acuerdos o tratados
internacionales, de establecer los convenios, porque forman parte de
nuestro ordenamiento jurídico en materia de pesca. Por tanto, repito,
creemos que se trata de una enmienda de carácter claramente técnico.
En el artículo 7, presentamos una enmienda al apartado 1, por la que
proponemos una nueva redacción que tiene que ver con lo que la propia ley
establece en el artículo 6, letra c). Cuando en el artículo 7 se habla de
la no tenencia a bordo del diario de pesca, no cumplimentarlo o hacerlo
infringiendo lo dispuesto en la normativa vigente, entendemos que es más
preciso, en concordancia con lo expuesto en el artículo 6, que se hable
de alteración, en lugar de utilizar la expresión infringiendo.
En el artículo 11 mantenemos una enmienda a la letra a), que es la número
90, que propone suprimir, a continuación de «con base en datos», la
expresión incorrectos. ¿Por qué proponemos suprimir la expresión
incorrectos? Porque cuando estamos hablando de infracciones muy graves
entendemos que se debe tratar de supuestos falsos, no solamente
incorrectos; por tanto, para dotar de mayor seguridad jurídica a lo que
estamos planteando, se trataría de suprimir la expresión incorrectos y
mantener la de falsedad.
En el capítulo IV, que regula las sanciones, la suspensión condicional,
la función en materia de pesca marítima, las competencias sancionadoras,
etcétera, proponemos una primera enmienda al artículo 12. Se trata de una
enmienda de adición, cuyo objetivo es crear un apartado 3 nuevo. Se
pretende que la ley señale cuáles son los criterios de adecuación entre
el hecho constitutivo de la infracción y la cuantía de la multa o la
aplicación de las sanciones accesorias.
También en el artículo 12, apartado 4, presentamos una enmienda de
supresión de este apartado. Entendemos que el que un buque se hubiera
utilizado para actividades delictivas no significa siempre que su
propietario sea responsable de tales delitos, por lo que sería injusta la
imposibilidad de su dedicación a la actividad pesquera con el carácter
general que en este apartado se prevé. En cualquier caso, estaríamos
dispuestos a avanzar si supusiese un acuerdo en relación a lo que estamos
proponiendo.
En cuanto al artículo 15, apartado 1, proponemos una enmienda de
supresión, y al artículo 16, apartados 1 y 5 y 6 y 7, proponemos sendas
enmiendas; en un caso, de modificación porque entendemos que todas las
condiciones para la suspensión condicional deben estar predeterminadas en
la ley y, en el segundo supuesto, porque entendemos que puede ocurrir que
el infractor, al tiempo de solicitar la suspensión condicional, estuviera
incurso en un procedimiento sancionador respecto del que no hubiera
recaído resolución, por lo que obviamente puede solicitar la suspesión,
habida cuenta del principio jurídico de presunción de inocencia.
Mantenemos, a su vez, algunas enmiendas a las disposiciones adicionales.
La primera, a la disposición adicional cuarta, apartado primero, que
habla de la extinción de la responsabilidad, propone que se tenga en
consideración que la extinción de responsabilidades desaparece, en el
caso de las personas físicas, por muerte. Parece una obviedad y debe
reflejarse como tal.
Al apartado segundo de la disposición adicional cuarta, proponemos que no
sea delegable por parte del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación... (La señora CASTRO MASAVEU: Ministra.) En este caso,
ministra, perdón, señoría; en todo caso, tendríamos que poner
ministra/ministro porque no queremos pensar que esté predeterminado que
al frente del Ministerio de Agricultura siempre esté una señora ministra.
(La señora CASTRO MASAVEU: Les da sopa con ondas a todos.)
En todo caso, decimos que esta facultad tan excepcional debe ser ejercida
siempre directamente. La disposición adicional cuarta se refiere a la
condonación de sanciones, por lo que entendemos que ésta debe ser
ejercida siempre por el ministro/ministra y nunca puede ser una función
delegable.
Además, proponemos la adición de nuevos párrafos estableciendo que no
deben ser objeto de condonación sanciones que, a nuestro juicio, tienen
el carácter de muy grave, que son las previstas en el artículo 8, letras
a), d) y g). Se trata de limitar el ejercicio de esa facultad y creemos
que es necesario hacerlo cuando se trata de unas sanciones que, a nuestro
juicio, tienen carácter de muy grave.
Por último, señorías, nos quedan dos enmiendas. Una, a la disposición
transitoria única, relativa a la aplicación de la legislación más
favorable, en la que tratamos de garantizar el principio de
retroactividad de la ley más favorable, que se debe de aplicar no
solamente respecto de la sanción, sino también en lo que se refiere a la
tipificación de las infracciones. A su vez, proponemos una cláusula de
revisión, por llamarlo de alguna forma, sobre el importe de las
sanciones, es decir, que las mismas estén en relación con la variación
del índice de precios al consumo, por establecer un criterio; podría ser
otro, pero nosotros fijamos el índice de precios al consumo.
Señorías, con esto concluyo la defensa de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Socialista había presentado a esta ley. Sabemos que el
Grupo Parlamentario Popular, porque así nos lo ha dicho, va a proponernos
transaccionar algunas de las enmiendas que han sido objeto de defensa por
mi parte, por lo que mostramos nuestra gratitud. En todo caso, entendemos
que ello va a suponer una mejora del texto objeto de debate. También
pedimos al Grupo Parlamentario Popular que siga reflexionando en el
trámite de esta mañana en relación a algunas otras enmiendas, que
seguramente mejorarían el texto del que estamos hablando y darían una
mayor satisfacción a este grupo parlamentario a la hora de votar el
conjunto de la ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Sinceramente, tengo que agradecer a todos
los grupos que han intervenido y aportado sus sugerencias su tremenda
colaboración para intentar conseguir que esta ley sea lo más consensuada
posible y que tenga realmente un efecto positivo para el sector pesquero.
Por tanto, reitero mi agradecimiento no solamente por las enmiendas que,
como digo, están presentadas con un ánimo tremendamente constructivo,
sino por las aportaciones de esta mañana y sus intervenciones, igualmente
con el mismo ánimo. También quiero mostrar mi agradecimiento y mi
reconocimiento a la letrada de la Comisión por el informe tan brillante
que ha hecho sobre el trámite de esta ley. Sin duda, sería el verdadero
preámbulo. Mi única queja es que me ha quitado muchos de mis argumentos
para defenderla esta mañana.
Es cierto que esta ley era muy necesaria y quiero decir que existe el
compromiso firme del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
que en esta legislatura
--esperemos que sea duradera-- se tramite la ley de pesca. Que yo
recuerde, no hay ninguna fecha comprometida por la señora ministra para
presentar en el Congreso la ley de pesca, pero repito que está avanzada.
Se está intentando consesuar con todo el sector y todas las comunidades
autónomas, aunque a nadie puede escapar que es difícil el consenso de una
ley de tanta importancia como puede ser la de pesca. Estamos en este
momento con la ley de sanciones y vemos que hay aspectos difíciles de
delimitar en cuanto a las competencias que pueda tener la Administración
central o las comunidades autónomas. Creo que hemos llegado a un amplio
consenso en este tema. La presidencia y todos los grupos tienen ya todas
las enmiendas que se proponen transaccionar por parte del Grupo Popular,
todas con el ánimo de hacer mucho más adaptable esta ley.
Como decía el portavoz del Grupo Socialista, esta ley viene a sustituir a
la actual Ley 53/1982, de 12 de julio; Ley que ha quedado totalmente
obsoleta, como él mismo decía, porque no solamente ha evolucionado de
forma importante el propio sector, sino que las competencias de las
comunidades autónomas y de la Administración central han ido variando a
través del tiempo. Lógicamente, esta nueva ley tiene que adaptarse al
Reglamento 2.847/93 del Consejo de la Comunidad Europea, modificado por
los Reglamentos 897/94 y 2.870/95.
¿Cuál es el aspecto fundamental de esta ley? Efectivamente, el control
del sector pesquero, para lo cual se delimitan de una forma estricta las
competencias en la pesca marítima, en la ordenación del sector pesquero e
incluso ahora, con una enmienda transaccional, en el mercado interior. La
Constitución adjudica las competencias sobre la pesca marítima a la
Administración central, así como la forma de tipificar infracciones,
establecer sanciones proporcionalmente a la gravedad, definir las
personas responsables y sentar las bases del procedimiento sancionador
con respecto al sector pesquero. Pero, como decía el portavoz de
Convergència i Unió, está claro que hay algunas comunidades autónomas que
no tienen competencias en la ordenación del sector pesquero, pero sí
tienen que tener competencias en la comercialización, y ponía el ejemplo
de que podía llegar un avión con inmaduros para Mercamadrid. No es que
podía llegar, es que, por desgracia, llegan, y muchos, por avión o por
cualquier otro medio de transporte, a Mercamadrid y a cualquier merca.
Por cierto, señor presidente, tenemos pendiente una visita a Mercamadrid,
en la cual si no avisanos con suficiente antelación, contemplaremos cómo
ahí, por desgracia, se están comercializando muchos inmaduros, por lo que
en determinadas comunidades autónomas son altamente sancionados. Decíamos
que, por tanto, era lógico contemplar la posibilidad de que las
comunidades autónomas sin competencias en la ordenación del sector
pesquero pudieran tener cabida en esta ley, para poder ejercer las
competencias que les atribuya esta ley. Por ello, se ha ofrecido una
enmienda transaccional a la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), que recoge este aspecto que consideramos de tremenda
importancia.
Esta ley, lógicamente, es mucho más flexible que la Ley 53/1982, que ha
dado lugar a la imposición de sanciones de altísima cuantía a
determinados capitanes de pesca que, por ir a faenar sin el famoso PTP
--permiso temporal de pesca-- o teniéndolo para otros caladeros o para
otras especies, han ido a pescar aquella famosa especie que se empezaba a
conocer, que era el fletán. A algunos de estos capitanes --del orden de
20-- se les imponen --unos con propuesta de sanción y otros con la
sanción ya firme-- multas de alrededor de cinco millones de pesetas.
Muchos de estos capitanes no tienen armador. El armador ha desaparecido o
se ha arruinado; es decir, no existe armador y son responsables
solidarios, por lo que muchos de esos capitanes ya tienen hipotecado su
propio piso. Esta sanción era consecuencia de la poca o ninguna
flexibilidad que tenía la famosa Ley 53/1982. Esta ley permite tener un
grado mayor de flexibilidad, esta ley permite que, por parte de la
Administración, en este caso del ministro/ministra de Agricultura, se
puedan condonar sanciones. Por tanto, como esta ley se puede aplicar con
retroactividad, es muy posible que esos capitanes se puedan acoger, en
cuanto a las sanciones, a esta ley. Lógicamente, no se pueden acoger a la
ley cuando el hecho ya está sancionado y sentenciado. Alguna enmienda
pretendía llegar mucho más allá y de ahí que no la podamos aceptar. Como
bien sabemos, el
capitán de un barco no sale a la mar si no lo autoriza o si no le obliga,
en este caso, el armador. En consecuencia --repito--, esta ley es
importante para subsanar graves hechos que han acontecido en el pasado.
Hay otro aspecto que es importante considerar porque también es objeto de
mucha conflictividad en el sector del transporte. Con la Ley 53/1982, los
transportistas se encontraban totalmente condenados a ser responsables en
el transporte y hay sanciones --también de cuantías elevadas-- de tres
millones de pesetas. Imaginemos, señorías, que detienen a un camión, en
esas largas rectas de Castilla, a las dos o tres de la tarde de un
sábado, que lleva pescados pequeños, de talla inferior a la normal o
antirreglamentaria, y en ese momento hay que presentar un aval de tres
millones de pesetas para poder continuar con el camión y llegar a los
mercados en la fecha previstas (todos sabemos que el pescado, si no llega
a la fecha prevista, hay que tirarlo); esto es lo que estaba ocurriendo
en estos momentos. Como SS. SS. comprenderán, nadie conoce lo que
contienen esas cajas y mucho menos el chófer debe saber si una sardina
tiene o no la talla reglamentaria; pues hay sanciones del orden de tres
millones de pesetas. Por tanto, aceptando la filosofía y el sentir de
muchas de las enmiendas presentadas por los demás grupos, en una de
nuestras transaccionales planteamos eliminar la palabra transporte en el
artículo 10, letra c) --es decir, no se va a tipificar como falta
grave--, pero sí dejarla en la letra d). Con lo cual, aquel transportista
--como bien apuntaba el portavoz de Convergència i Unió-- que lleve
pescados sin documentación será responsable de la infracción que está
cometiendo a sabiendas. Creo que esto es un avance importante y, por eso,
nosotros hemos considerado conveniente aceptar enmiendas de distintos
grupos.
Es cierto que dos de los grupos representados en esta Comisión tenían
enmiendas que de alguna manera intentaban definir cuáles eran las
competencias en la pesca marítima y en la ordenación del sector pesquero,
y creo que aquí hay que considerar un aspecto. Yo tengo que agradecer a
los demás grupos que podamos llegar a un consenso para que, sin
deteriorar en absoluto los conceptos de pesca marítima y de ordenación
del sector pesquero, cada administración pueda ejercer sus competencias y
permitir que se pueda inspeccionar durante la descarga, porque todos
sabemos que el inspeccionar en alta mar es de imposible realización.
Imaginemos intentar saber lo que contienen las cajas apiladas en un barco
que se encuentra en alta mar, con cierto temporal o cuando están las
redes echadas. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para poder inspeccionar
esas redes? Por tanto, repito que creo que tenemos que felicitarnos y
agradecer a los demás grupos que hayamos llegado a este amplio consenso,
que yo creo que va a ser muy positivo de cara al futuro. (El señor
vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la Presidencia.)
Se acusa, de alguna manera, que en la tramitación de esta ley no ha sido
escuchado el Consejo Económico y Social. Posiblemente haya sido así; sin
embargo, queremos significar que han sido consultadas y oídas todas las
comunidades autónomas con competencia en el sector, han sido consultadas
las cofradías de pescadores y las centrales sindicales que han querido
aportar suficiente documentación, también han podido hacerlo. Repetimos
que lo que se ha pretendido desde el Gobierno --y seguimos
pretendiéndolo-- es que esta ley sea lo más consensuada posible, y yo
creo que es así porque, de todas las enmiendas que se han presentado, la
gran mayoría son técnicas, salvo ese matiz --superado-- de la
delimitación o no de las competencias de la Administración central y de
las comunidades autónomas en sus respectivas áreas.
En relación con las enmiendas presentadas, quiero señalar que al Bloque
Nacionalista Galego se le proponen enmiendas transaccionales a sus
enmiendas números 2, 7, 9 y 10. Al Partido Nacionalista Vasco se le
aceptan sus enmiendas números 22, 23, 24 y 26. Se ofrece una transacción
a sus enmiendas 20, 27, 29, 35, 36, 46, 48 y 51, transaccional que está
en poder de la letrada y de todos los grupos.
Quiero significar que en la enmienda número 46, que se refiere al título
del artículo 17, como se va a presentar también enmienda transaccional
con las de distintos grupos, en lugar de matizar si es para la pesca
marítima, la ordenación del sector pesquero o el comercio interior, se ha
optado por lo más fácil y más genérico que es la función inspectora. Creo
que con eso cubrimos las peticiones que hay de todos los grupos.
En cuanto al Grupo Mixto se transaccionan las enmiendas números 54 y 58,
significando que el Grupo Mixto era el grupo que tenía más enmiendas
referidas al transporte, quiero matizar que se ha enmendado las que se
referían al tema del transporte. (El señor Blanco López: El Grupo Mixto
tiene también las 55, 61 y 2.) Efectivamente, tienen las 55, 61 y 62,
todas ellas se refieren al transporte. (El señor Companys Sanfeliú: Pero
¿son transacciones?)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Perdón, dejen terminar al portavoz
del Grupo Popular.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Se transaccionan las enmiendas 54, 55, 58,
61 y 62.
De Izquierda Unida vamos a votar a favor de las enmiendas números 68 y
75. Ofrecemos transaccional para las 64, 66, 80 (aunque se acepta la
enmienda con un ligero matiz ya que es una corrección más bien técnica
que una enmienda) y 84, que es igual que la 93, del PSOE; la 7, del
Bloque Nacionalista Galego; y la 35, del PNV.
Del Grupo Socialista votaremos a favor de las enmiendas números 85, 88,
90, 91, vinculada a la 94 que puede ser objeto de una transacción; la 96
y la 97. Se ofrece transacción a las enmiendas 87 y 93 --la 97, como he
dicho, se acepta de alguna manera, aunque tiene un matiz, simplemente se
mejora la redacción-- y la 98. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Del Grupo Popular hay una transaccional a la 105, propuesta por
Convergència i Unió, claro.
De Convergència i Unió se transaccionan las 106, 108, 109 y 110, que
tiene la misma redacción que la 109. Se van a votar a favor las números
111 y 112.
Perdón por este pequeño galimatías, pero estaba un poco complicado el
tema.
Con esto termino, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Debido a la complicación y complejidad de la ley,
¿algún grupo parlamentario desea hacer brevemente algún segundo turno?
(Pausa.)
Gracias, señores parlamentarios.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA SITUACION DEL SECTOR LACTEO, COMO CONSECUENCIA DEL
FRACASO EN LA OBTENCION DE UNA CUOTA ADICIONAL DE UN MILLON DE TONELADAS
POR PARTE DE LA UNION EUROPEA (UE) Y DEL PLAN DE REORDENACION DEL SECTOR
QUE TIENE PREVISTO PONER EN MARCHA EL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000680).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3 del orden del día, debate
de la proposición no de ley relativa a la situación del sector lácteo,
como consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota adicional de
un millón de toneladas por parte de la Unión Europea y del plan de
reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Blanco, portavoz del grupo
proponente, Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BLANCO LOPEZ: Señorías, en primer lugar, quisiera pedirles
disculpas por la contumacia, por la perseverancia que mantiene este
portavoz, en estos temas del Grupo Parlamentario Socialista, en relación
al sector lácteo. Ciertamente, señorías, la contumacia obedece a una
preocupación: a la preocupación que tenemos los socialistas de la cornisa
cantábrica, de forma especial los socialistas gallegos, donde los
problemas del sector lácteo se están viviendo con mayor intensidad; en
definitiva, a la preocupación que tiene el Grupo Parlamentario
Socialista. Los problemas, las preocupaciones que existen en el sector
siguen sin resolverse, contrariamente entendemos que se están agravando,
que falta una perspectiva, un horizonte que cada vez creemos más incierto
para el conjunto de los ganaderos que se dedican al sector lácteo en
nuestro país.
Quiero empezar diciendo que hemos hecho una enmienda a la propia
proposición no de ley presentada en su día. La presentada inicialmente
fue objeto ya de debate en esta Cámara en los términos propuestos.
Además, hemos presentado la enmienda porque existen nuevos problemas en
el sector, derivados de nuevas actuaciones del Ministerio en relación con
el momento en que fue debatida la proposición no de ley. El déficit de
cuota que existe en nuestro país hace inviable que algunas explotaciones
sean rentables, sean competitivas, que garanticen, en definitiva, las
condiciones de dignidad de muchas personas que no tienen otra alternativa
de producción y que han hecho, como ya se ha puesto de manifiesto en
reiteradas ocasiones, importantes inversiones, en muchos casos con ayudas
públicas, y en otros acudiendo a créditos que están amortizando. Al
déficit de cuotas que tienen muchísimas explotaciones, que las aleja
bastante de la media de producción de la Unión Europea, y que han visto
cómo han ido evolucionando a lo largo de estos últimos diez años para
garantizar niveles de vida dignos, para garantizar esas explotaciones
rentables, para garantizar, en definitiva, su pervivencia en el sector,
se añaden nuevos problemas. Son los problemas derivados de la aplicación
de la supertasa en esta campaña por decisión del Gobierno.
En la pasada campaña numerosas comunidades autónomas (Galicia, Castilla y
León, etcétera) presentaron los avales para que la multa no recayese
sobre los ganaderos. Digo esto porque en algunos debates se ha dicho que
los socialistas estábamos proponiendo que se vulnerase una norma que
existe en el ámbito de la Unión Europea. Quiero dejar claro desde el
primer momento que si en la campaña pasada comunidades autónomas
gobernadas también por el Partido Popular como Castilla y León y Galicia
presentaron estos recursos, no entendemos cómo en un ámbito se puede
decir que se está vulnerando la norma y en otro estar haciendo lo que se
denuncia.
En consecuencia, los problemas del sector se han visto agravados por la
aplicación de la supertasa. Ello lo prueban las movilizaciones de los
ganaderos, de los sectores implicados, el desconcierto de las industrias,
en definitiva, todos aquellos que directamente tienen que ver con el
sector, aunque muchas movilizaciones, como la del pasado día 20 de enero
en Galicia, se hayan visto reprimidas de forma desconocida por parte del
que tiene la responsabilidad política que es el delegado del Gobierno en
Galicia, que ha tenido una actuación impropia de un régimen democrático y
de libertades, donde se deben compatibilizar siempre los derechos de unos
con las reivindicaciones de los otros. Los días 6 y 7 de marzo se
anuncian nuevas movilizaciones, porque existe una inquietud latente en el
sector; existe preocupación. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les rogaría silencio o que debatan las
cuestiones en los pasillos. Muchas gracias.
Tiene la palabra, de nuevo, el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente. Por tanto, problemas
derivados de la aplicación de la supertasa que, por cierto, no se ha
aplicado en las comunicaciones y en las notificaciones de forma
transparente. Hay miles de recursos presentados porque situaciones
iguales no se trataron de la misma forma por el sistema de compensaciones
que ha utilizado el Ministerio de Agricultura. Cuando exista la
resolución sobre los recursos, veremos que lo que estoy manifestando es
cierto y tiene una gravedad importante, a nuestro juicio, como es la
ausencia de transparencia en la gestión de las notificaciones o en la
forma de aplicar las compensaciones realizadas por el Ministerio de
Agricultura a los primeros compradores. Además, la situación se agrava
porque ha entrado en vigor una normativa de la Unión Europea el pasado
día 1.º de enero, en relación al plan de calidad, en definitiva, a las
normas sanitarias, sin que se haya preparado al sector, sin que se
establezcan las ayudas necesarias para hacer frente a esta normativa.
Por tanto, señorías, nuevos problemas añadidos a los ya existentes y un
planteamiento estratégico de negociación en el seno de la Unión Europea
para defender la ampliación de cuota, a nuestro juicio equivocado. Lo
venimos diciendo insistentemente desde hace meses, y vamos a verlo
definitivamente cuando se produzcan los resultados. No nos gustaría que
nuestros presagios se cumplieran, pero lamentablemente así va a ocurrir.
Venimos insistiendo en que los planteamientos de ampliación no se
deberían dejar para el momento en que se discuta la reforma de la OCM.
Hay precedentes de ampliación sin reformas de OCM, y si dejamos el
planteamiento para la reforma de la OCM, vamos a entrar en lo que se
denomina comúnmente café para todos y en el reparto de café para todos no
se van a ver satisfechas las necesidades de nuestro país. En el debate de
café para todos, nuestro país no va a ver satisfecha esa ampliación, que
se cifra en un millón de toneladas, necesaria para dar respuesta a los
problemas y a las demandas del sector. Por eso insistimos, ciertamente
sin éxito, en que la ampliación tenía que ser previa y plantearse por las
necesidades de territorios, de espacios, de lugares como mi país,
Galicia, o como Castilla y León, Cantabria, Asturias, pero
fundamentalmente el territorio que yo represento, por necesidades de ese
propio territorio, económicas, estratégicas, de empleo, en definitiva, de
supervivencia del sector, y también para garantizar el equilibrio
necesario entre producción y consumo. Habría que haber hecho un
planteamiento específico y haberlo resuelto antes de la discusión de la
OCM que se nos presenta. No beneficia en nada el rigor con que este tema
se está planteando por parte del Ministerio. No se han presentado los
datos a tiempo, y no cumplir algunos requisitos cuando se plantea una
negociación, nos pone en situación de debilidad. No existe suficiente
transparencia en los datos que se aportan. Aún hoy, señorías, el
Ministerio de Agricultura no ha contestado a una pregunta que le he
formulado sobre qué primeros compradores --argumento que fue utilizado en
un debate-- habían suministrado los datos después del 1.º de septiembre,
para saber si lo que se me decía era una argumentación para salir del
paso o, por el contrario, obedecía a un hecho cierto. Tendré que acudir
al amparo del presidente de la Cámara para conocer esos datos.
Nos encontramos en una situación de debilidad cuando decimos, como hemos
hecho en la pasada campaña con los datos utilizados por el Ministerio,
que nos excedemos en 68.000 toneladas. Resulta que vamos a negociar en el
seno de la Unión Europea, decimos a los europeos que reclamamos un millón
de toneladas, cuando nuestro exceso de producción en la última campaña,
por poner ésta como ejemplo, solamente es de 68.000 toneladas. Algo está
fallando y yo quiero ponerlo encima de la mesa.
Esta proposición se va a hacer tarde, porque ya vamos a entrar de lleno
en la discusión de la reforma de la OCM, pero nosotros hemos querido
reiterar nuestra posición, porque entendemos que de los errores que se
están cometiendo, seguramente vamos a obtener unos resultados que no son
los esperados, aunque, señorías, ojalá me equivoque.
Nosotros presentamos una proposición no de ley, en la que dos puntos son
casi en su literalidad los que estaban planteados, y enmendamos otros dos
que tienen que ver con el momento actual.
En primer lugar queremos que, de una vez por todas, se establezcan
aquellos mecanismos que posibiliten conocer los datos, y hacerlo en
tiempo y forma; que no se produzcan nuevos retrasos en la comunicación de
los mismos; que exista en definitiva una garantía de transparencia.
En segundo lugar, para quien les habla, el sector lácteo es prioritario.
Yo entiendo que desde algún territorio, desde alguna comunidad, incluso
desde alguna concepción del país, no se tenga presente que el tema lácteo
es muy importante para mi país o para otros territorios, pero lo es y por
eso decimos que éste es un tema prioritario de negociación.
Seguimos insistiendo en la contradicción que existe aplicar la supertasa
a quienes están produciendo, por otro lado seguir manteniendo viva esa
esperanza de ampliación y, por tanto, ir acomodando las explotaciones a
un mayor nivel de producción. En este sentimos hemos incorporado --está
también en una enmienda que, por tanto, aceptamos-- la reflexión que ha
hecho algún otro grupo, como el Bloque Nacionalista Gallego, sobre la
necesidad de que se dejen en suspenso las sanciones comunicadas a los
primeros compradores.
Creo que no es momento de insistir en la necesidad de reconsiderar el
plan de reconversión --reordenamiento como lo llama el Ministerio--,
porque entendemos que eso va a dejar fuera del sector a muchas
explotaciones que no tienen otras alternativas y que, por tanto, va a ser
muy lesivo para muchas zonas de nuestro país.
Por último, planteamos, señor presidente, que es necesario establecer, en
un plazo muy corto, un plan financiado de forma excepcional para tratar
de hacer frente a las normas sanitarias que entraron en vigor; que este
plan debe hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas; que este plan
debe ponerse en marcha para tratar de que no repercuta sobre la ya
delicada situación de muchos ganaderos, porque contribuiría a agravarla
aún más.
En definitiva, señorías, los argumentos son reiterados; los problemas van
aumentando. Yo ya sé que la política del espectáculo, a la que nos tiene
acostumbrados la ministra de Agricultura, va poniendo en escena que las
cosas se van arreglando y que todo va avanzando, pero a la hora de los
resultados concretos no se plasma en realidad. Ahora mismo estamos en el
debate de que en la OCM nos va a ir muy bien y de que, además, es el
marco adecuado para resolver estos problemas. Ojalá sea así. Nosotros no
lo creemos, porque hasta ahora no tenemos ninguna razón para poder
creerlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, le ruego que vaya finalizando.
El señor BLANCO LOPEZ: Concluyo, señor presidente, diciendo que dos años
después de que se haya constituido
el Gobierno del Partido Popular --todavía no, dentro de pocos días-- es
hora de que ya le evaluemos por su gestión; es hora de que examinemos ya
cuál es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este tema se
habían adquirido muchos compromisos; eran la garantía para resolver los
problemas del sector; eran la garantía para que la supertasa no recayese
sobre los ganaderos; eran la garantía para conseguir ese incremento en
nuestra capacidad de producir. Pues si eran la garantía, yo les exijo la
solución; lo que yo les exijo es que, en definitiva, dejen de predicar y
que den respuestas a los graves problemas que tiene el sector lácteo.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado tres
enmiendas: una que se entiende defendida por el Grupo Parlamentario
Socialista y dos presentadas por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista
Galego.
Para la defensa de estas dos enmiendas, tiene la palabra su portavoz,
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, quiero
agradecerle que utilice correctamente el nombre de mi grupo político,
Bloque Nacionalista Galego, y le digo esto a algún portavoz pertinaz en
utilizar una terminología inadecuada, siendo además de origen galego.
Efectivamente, el sector lácteo atraviesa un momento muy delicado. La
actual política del Ministerio de Agricultura conduce inevitablemente a
la desaparición de numerosas explotaciones, por cierto modernas y con
posibilidades, que al no tener una cuota suficiente se ven abocadas a esa
desaparición, más aún al estar acosadas por la aplicación de la
supertasa. La política del Ministerio tiene un único eje, un único norte,
que es aplicar para el sector lácteo la política trazada desde la Unión
Europea en este momento, que por su carácter restrictrivo, derivado de la
insuficiencia de cuota, le conduce a convertirse en un sector no
competitivo sino raquítico.
Es curioso, sin embargo, que, aparentemente, todos los grupos parecen
compartir que la cuota negociada en su día y no modificada en lo
sustancial es injusta; que impide el desarrollo del sector en igualdad de
condiciones con otros Estados europeos productores de leche; que, además,
no son los ganaderos del Estado español los causantes de los excedentes
lácteos de la Unión Europea sino otros con cuotas de producción muy
superiores a su consumo interno, justo lo contrario de lo que acontece
con la cuota del Estado español, que no alcanza a cubrir el 70 por ciento
de su consumo, situación que está ocasionando que, mientras a nuestros
ganaderos se les impide producir, las importaciones de lácteos y
derivados no dejan de aumentar en los últimos años.
La escasez de la cuota disponible perjudica de manera muy notable y muy
específica a los productores de Galicia. Yo creo que esto lo debemos
dejar bien sentado; perjudica de manera muy específica a los productores
de Galicia; una comunidad cuya producción actual supera la cuota
disponible cuando menos en 300.000 toneladas; una comunidad que tiene
capacidad y vocación de producir leche, producción que genera numerosos
puestos de trabajo, a través de esa actividad en sí misma y también de
los puestos inducidos (es de sobra conocido por SS. SS. que la actividad
económica de comarcas enteras gira alrededor del sector lácteo); una
comunidad autónoma como la de Galicia, con una de las tasas de paro más
altas del Estado --tasa de paro, por cierto, amortiguada entre otras
cuestiones, por la emigración-- o con zonas enteras que empiezan a sufrir
una alarmante despoblación; una comunidad autónoma castigada además
duramente por otras políticas industriales claramente negativas y en la
que la destrucción de una parte del sector lácteo conllevará un grave
problema social, ya que los puestos de trabajo que se pierdan en este
sector no van a tener alternativa en otros sectores de la producción.
Esto conviene decirlo cuando estamos hablando de los años del empleo, de
que el empleo va bien. El problema es cómo se puede hablar de empleo sin
hablar de sectores productivos, cómo puede haber creación de puestos de
trabajo si los sectores productivos se van destruyendo uno tras otro. Por
tanto, desde nuestro punto de vista, la política actual del Ministerio
consiste en reducir la producción a la cuota existente y, en
consecuencia, aplicar la supertasa y, después, el Gobierno ya demandará
ese aumento de cuota, el famoso millón de toneladas. Nosotros creemos que
no es una política razonable; facilitará la política trazada desde la
Unión Europea nada dispuesta a ceder más cuota --esto no es casualidad--,
porque quiere el mercado español para exportar parte de sus excedentes.
Está claro que no es una negativa porque hay países excedentarios en la
Unión Europea que necesitan dar salida a parte de esos excedentes en el
mercado español y por eso tratan de negarse a que se aumente la cuota
disponible en el Estado.
Ahora existe cierta novedad, entre comillas. Parece que el señor Fischler
declara que está dispuesto a que se aumente la capacidad de producción de
Europa en dos millones de toneladas. Falta ver si el Gobierno consigue, y
la Unión Europea permite, que de ese aumento previsto una parte
sustancial se conceda al Estado español. En todo caso, parece que se
empieza a abrir alguna puerta hasta ahora aparentemente cerrada. Por
tanto, lo razonable para nosotros sería que primero se negociara el
aumento de la cuota y cuando ésta sea suficiente para garantizar el
desarrollo del sector, empecemos entonces a aplicar la normativa.
Conviene decir que es necesaria una política de firmeza ante la Unión
Europea, una política de Estado. No basta con decir constantemente que
reivindicamos el millón de toneladas, pero no nos lo dan. Basta con ver
la actitud que adopta el Gobierno --y conviene reflexionar sobre ello--
respecto a problemas como el del aceite o el del sector lácteo que no
puede ser considerado, una vez más, moneda de cambio para la solución de
otras situaciones.
La situación para Galicia es gravísima. El sector lácteo es estratégico y
requiere un cambio de la política del Gobierno. Este sector espera el
apoyo del Gobierno y mientras no lo consiga lucha contra la política que
el Ministerio trata de aplicar y lo hace con manifestaciones, con
tractoradas,
manifestaciones y tractoradas, como ya se dijo por el portavoz anterior,
reprimidas desmesuradamente; es decir, con una violencia inusitada, sin
parangón probablemente con otro tipo de manifestaciones deportivas o de
otros ámbitos del Estado español.
Es necesario hacerle ver a la Unión Europea que hay que aumentar la cuota
láctea y para ello habrá que crearle problemas, practicando la insumisión
ante una política injusta. Desde luego, no se le hará ver aplicando la
política vigente. Si se aplica la política que traza la Unión Europea no
le vamos a hacer ver que es necesario aumentar esa cuota. Estamos en una
situación de que es necesario aumentar la cuota asignada al Estado
español por la Unión Europea, cuando menos hasta el nivel actual de
producción. Hay que buscar un paulatino aumento de esa capacidad hasta
lograr la media europea por explotación, de manera que las nuestras
puedan ser tan rentables como las de ellos; por tanto, es necesario una
moratoria en la aplicación de la supertasa a los ganaderos en tanto en
cuanto no se consiga lo anterior.
Por eso enmendamos la proposición no de ley del Grupo Socialista para
darle más contenido y para que se adapte a las novedades actuales, como
bien dijo su portavoz. Lo hacemos proponiendo una adición al punto b) que
diga: En consecuencia, dejar en suspenso las acciones comunicadas a los
primeros compradores, en tanto no se resuelvan los recursos presentados
ante las instancias correspondientes.
Proponemos también la adición de un nuevo punto d) que diga: Establecer
una moratoria en la aplicación de la supertasa en tanto en cuanto no se
modifique la actual cuota láctea asignada al Estado español, en el
sentido de que ésta se ajuste a la producción actual.
Esperamos que el grupo proponente acepte estas enmiendas, ya que reflejan
cuestiones claves y de actualidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra su portavoz,
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señoras y señores diputados, es público y
notorio que no estamos muy de acuerdo con la política que en relación con
el sector lácteo está desarrollando el Ministerio, si es que se puede
hablar de que hay tal política.
Entrando ya directamente en la proposición no de ley que presenta el
Grupo Socialista, en relación con el punto a) no tiene demasiado sentido
en las fechas actuales, aunque pensamos que no es un punto fundamental
dentro de la proposición no de ley.
En relación con el segundo punto, estamos de acuerdo en la prioridad que
se solicita para la negociación del aumento de cuota. En cuanto a
articular mecanismos para evitar que la supertasa por exceso de
producción recaiga sobre los ganaderos, nuestra postura no es favorable a
que se vincule a la negociación del aumento de cuota por ser cuestiones
distintas. Sobre el fondo de este asunto, estamos en contra de que los
ganaderos que hayan incumplido se vean casi absolutamente libres del pago
de tasa por suponer un agravio comparativo y una competencia desleal con
los ganaderos que han ajustado su producción a la tasa disponible. A este
respecto tenemos que recordar que el origen de la situación actual en la
que la cuota asignada al Estado español sólo cubre el 84 por ciento del
consumo, se encuentra en la pésima negociación de este capítulo cuando se
realizó el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea en aquel
momento.
En cuanto al punto c), hay que comenzar señalando que la política
desarrollada hasta el presente en cuanto a la reestructuración del sector
lácteo, ha sido poco decidida e insuficiente. Así, en planes de abandono
el Estado ha dedicado 95.000 millones de pesetas mientras que Francia con
una situación estructural de partida mucho más satisfactoria, ha
invertido 300.000 millones de pesetas en la reestructuración de su sector
lácteo. En contrapartida a estas cifras, las penalizaciones y multas por
sobrepasar la cuota han supuesto para el Estado desembolsos superiores a
230.000 millones de pesetas, además de originar fuertes tensiones en el
sector, en concreto en las zonas especializadas en la producción láctea
como es la cornisa cantábrica.
En consecuencia, la estructura productiva media de nuestras explotaciones
está lejos de la media europea y de la competitividad. Por ello es
necesario intensificar y acelerar el proceso de reestructuración del
sector desde planteamientos globales y planificados de competitividad
mediante un plan global de reestructuración del sector lácteo estatal que
comprenda tanto a la producción como a la industria transformadora,
mediante el consenso entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas implicadas. A este respecto, no hay que olvidar que el
Ministerio ha presentado un proyecto de real decreto para la
modernización y mejora de la competitividad que hemos considerado
insuficiente y equivocado por las siguientes razones: En el tema de
retenciones a cuenta no se contempla el necesario control a realizar para
su verdadera aplicación y efectividad. Los volúmenes de actividad
exigidos a los primeros compradores son mínimos y muy alejados de lo que
por nuestra parte se había propuesto, lo que hará muy difícil la
reordenación de dichos primeros compradores.
Respecto al fondo de cuota, admitiendo que es un buen instrumento y que
puede contribuir a la reordenación del sector, pensamos que su dotación
es del todo insuficiente.
Por último, aparte de las condiciones ya existentes, establecer
únicamente un peaje del 15 por ciento a las transferencias desvinculadas
de la explotación entre comunidades autónomos, no va a terminar con el
mercado especulativo de cuotas que se está dando y que pueda hacer del
todo imposible o muy costosa la reestructuración del sector.
Por ello, a efectos del decreto, solicitamos un consenso de dicho plan,
con las comunidades autónomas que incorporase aspectos como un sistema de
control efectivo que posibilite la aplicación adecuada de las
retenciones, un fondo de cuotas dotado debidamente y una banda de precios
de compra de cuotas más bajas, una mayor regulación en cuanto a
condiciones a cumplir en los casos de transferencias entre comunidades
autónomas, en el sentido de establecimiento
de un peaje más elevado de protección a la cuota disponible en las zonas
de agricultura de montaña y desfavorecidas, y el establecimiento de un
tope máximo del 0,5 por ciento de la cuota, igual que ocurre con las
transferencias de derecho de plantaciones de viñedos, a partir del cual
será la comunidad autónoma del transferidor la que deberá autorizar la
transferencia.
En esta línea, no podemos dejar de pasar por alto, una vez más, la
existencia de una sensibilidad y unos criterios divergentes entre los
cultivos mediterráneos como el viñedo, el olivar o los cítricos y el
interés, referencia y criterios que se han seguido hasta el presente para
el sector lácteo. Por ello, estamos de acuerdo en pedir que se inste al
Gobierno a consensuar con las comunidades autónomas un plan de
reestructuración del sector lácteo que aborde con seriedad y profundidad
sus problemas estructurales a fin de que de una vez se esté en situación
de competitividad e igualdad con otros sectores y con el resto de la
comunidad.
Vamos a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista y las enmiendas introducidas por el Bloque Nacionalista
Galego.
El señor PRESIDENTE: No habiendo intervención por el Grupo Parlamentario
Catalán, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz,
señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Quisiera comenzar mi intervención manifestando
que la postura que viene manteniendo el Grupo Popular en esta materia
desde hace ya tiempo es coincidente con los intereses de los ganaderos
españoles y con la postura que viene manteniendo el Gobierno de España, a
través de su ministra, ante la Unión Europea, y esta postura consiste
clara y llanamente en solicitar el incremento de la cuota láctea asignada
a España en un millón de toneladas. Se ha manifestado en sesión plenaria,
se ha manifestado en Comisión, se ha manifestado ante los medios de
comunicación, se ha comunicado y se ha consensuado con las comunidades
autónomas y con los sectores implicados, con la Unión Europea y se ha
negociado, se está negociando y se seguirá negociando.
Esta postura de defensa del sector lácteo no es nueva para el Grupo
Popular, se venía haciendo incluso en los tiempos en que el grupo
proponente hoy de la proposición no de ley hacía caso omiso a estos temas
y la problemática del sector parecía no importarle demasiado.
Sinceramente tengo que decir que hoy, afortunadamente, el Grupo
Socialista ha reconsiderado su postura, se da cuenta de que los ganaderos
españoles se encuentran en una situación grave, en la que su problemática
debe ser atendida de una vez por todas. Digo afortunadamente porque es
bueno que todos caminemos por la misma senda para que la ministra pueda
negociar con mayor firmeza --y esto ya se ha dicho en repetidas ocasiones
en esta Cámara-- teniendo el respaldo unánime de esta Cámara.
Hemos oído decir al portavoz del Grupo Socialista que defiende con
contumacia y perseverancia este tema, y yo sinceramente se lo agradezco,
pero tengo que decirle que no se aclaran ustedes, siguen sin aclararse, y
es algo tan evidente como el hecho de que al cabo de unos meses de haber
presentado una proposición no de ley consideran que la deben enmendar
prácticamente en su totalidad, porque, según ustedes, ya no sirve. Lo que
decían ustedes antes y lo que dicen ahora es similar. Yo creo que ustedes
no se aclaran (El señor Blanco López: Pues si es similar, sí nos
aclaramos.); no saben exactamente cuál es la problemática, o quizá
ustedes tienen miedo a que se les vea, como vulgarmente se dice, el
plumero. No hace falta que escondan nada, todos sabemos quién gobernaba
en España cuando se llevó a cabo la negociación para la entrada de España
en la Unión Europea (El señor Blanco López: Otra vez.), todos lo sabemos,
y no me gusta recordarlo, pero es necesario repetirlo y reiterarlo hasta
la saciedad. Ustedes han negociado mal, son conscientes de ello, y yo
comprendo que a usted, que no fue el encargado de la negociación, se le
hace difícil en ocasiones defender temas sabiendo que ustedes son los
máximos responsables de la situación que hay en estos momentos. (El señor
Blanco López: Ahora lo van a negociar bien.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor, para oír a la
portavoz del Grupo Popular.
La señora CASTRO MASAVEU: A algunos les duele la verdad, pero es así, es
la realidad. Ante la situación en que estamos, vamos a clarificar las
posturas, vamos a hablar claro, y ya que han decidido defender a este
sector y ponerse manos a la obra en su defensa yo les pediría que se
aclararan de una vez por todas y sepan qué quieren.
Dejando bien sentado esto, quisiera hacer una serie de consideraciones a
la proposición no de ley que estamos en estos momentos debatiendo, pero
no sin antes decir que mi asombro ante las propuestas socialistas tiene
que ser evidente. En primer lugar, por establecer el mismo orden que
plantean en las enmiendas, vamos a hablar de lo que ustedes llaman
retraso. Los datos de la campaña 1996/97 se dieron en octubre de 1997.
Hubo quien manifestó que ello supondría una cuantiosa multa para el
Gobierno de España. No hubo tal multa; por tanto, no siembren la duda, no
siembren el desconcierto y esperen a que los hechos sean realidad.
Efectivamente, al Gobierno le hubiese gustado dar los datos con
anterioridad, darlos en el momento oportuno, pero ustedes saben que
algunos productores tardan en darlos, y esto provoca el retraso. Digo que
lo saben porque en la campaña anterior, cuando aún gobernaban ustedes, en
vez de darse en octubre se dieron en marzo, es decir con cinco meses de
retraso más. Esto sucede así y no se puede imputar toda la
responsabilidad al Gobierno, porque no es toda suya; ni hoy esa
responsabilidad corresponde en su totalidad al Gobierno del Partido
Popular ni en aquel momento correspondía en su totalidad al Gobierno del
Partido Socialista.
Además quiero señalar que en la última campaña 1996/97 sobrepasa la cuota
asignada a España en 62.496 toneladas, cifra sensiblemente inferior al
exceso registrado en el período 1995/96. Es seguro que el Ministerio no
quiere esos retrasos, pero cuando se dan cifras se deben dar
las definitivas; no se pueden dar cifras que todavía no son definitivas,
porque eso significaría falsear los resultados. Esta es la única razón,
el Gobierno del Partido Popular no quiere falsear ningún tipo de datos
ante la Unión Europea, ante los españoles ni ante nadie. Hay que dar las
cifras reales, y éstas solamente se pueden dar, señor diputado, en el
momento que se tienen.
En segundo lugar, quiero manifestar la incongruencia en que incurre de
nuevo el Grupo Socialista cuando en el enunciado de la proposición no de
ley hablan del fracaso en la obtención de cuota adicional de un millón de
toneladas por parte de la Unión Europea y el plan de reordenación del
sector. Ustedes hablan de fracaso, eso significaría que ya se ha
fracasado, que no se ha obtenido ese incremento, pero a continuación
dicen que hay que pedir ante la Unión Europea --vuelven de nuevo a
reiterar-- el millón de toneladas de incremento. ¿En qué quedamos? ¿Se
fracasó? Si se hubiera fracasado, no se podría pedir. Ustedes saben
perfectamente que no se ha fracasado, que la Unión Europea no ha dicho a
España que no aumenta la cuota. Ustedes lo saben. No sé qué pretenden,
sinceramente. Si lo que pretenden es engañar a los ganaderos, les están
haciendo ustedes un flaco favor. Si se fracasó, no se puede priorizar la
negociación. ¿En qué quedamos? Lo que pasa es que ustedes saben que no se
ha fracasado y que se sigue negociando. Si alguien tiene un fracaso en su
cuenta de resultados en materia del sector lácteo, son ustedes. El único
fracaso hasta ahora claro, rotundo y contumaz es el que han tenido
ustedes en la negociación para entrada de España en la Unión Europea. En
esta Cámara se ha aprobado por unanimidad la solicitud del incremento, y
todos sabemos los esfuerzos y el empeño que la ministra está poniendo por
conseguirlo antes de que se inicie la reforma de la OCM, durante la
reforma de la OCM lo va a seguir haciendo, y así hasta conseguirlo.
Si hasta aquí podemos estar de acuerdo con ustedes en ese segundo punto,
y de hecho yo creo que toda la Cámara lo está, porque así lo hemos
manifestado en repetidas ocasiones, la segunda parte del punto b) de su
proposición no de ley no podemos asumirla por imperativo legal, les guste
a ustedes o no les guste. Yo siento mucho que a ustedes no les guste,
pero la ley hay que cumplirla. Me sorprende tener que volver a decir que
el Ministerio no puede articular los mecanismos que ustedes solicitan a
fin de evitar que la supertasa por exceso de producción recaiga sobre los
ganaderos. Ustedes quieren que el Gobierno ignore la legislación vigente,
y me estoy refiriendo a dos reglamentos comunitarios: 3950/92 y 536/93.
Estos reglamentos son de aplicación directa y obligado cumplimiento, y
fueron trasladados a nuestro ordenamiento jurídico mediante dos Reales
Decretos, el 1.319/1992 y el 324/1994. Ruego, señor presidente, que me
disculpe por dar estos datos, pero es que a veces yo creo que ustedes los
desconocen. Yo doy los números y las fechas para que los lea, y si quiere
los busco y se los entrego en mano. (El señor Blanco López: Los tengo.)
Efectivamente, yo creo que los tiene y los debe conocer, porque además
quiero recordar que la legislación vigente en esta materia de pago de
tasa por sobrepasar la cuota del sector lácteo fue toda ella, tanto la
comunitaria como la española, aprobada durante el mandato del anterior
Gobierno socialista. Dígame si ustedes, cuando hacían los reales
decretos, los hacían para que no se cumpliesen; dígalo así de claro,
porque fueron ustedes los que los hicieron, pero por lo que se ve eran
simplemente de adorno.
Se me ocurre también preguntarle ¿por qué en aquel momento en que ustedes
gobernaban no instaron a la Unión Europea para que dictase una
legislación en sentido contrario a como a ustedes les gustaba? ¿Por qué
no lo hicieron? Si no les gustaba que esto fuera así, tuvieron momento
oportuno y posibilidad de solicitarlo ante la Unión Europea. Pero no es
que la Unión Europea se lo haya negado, es que ni siquiera lo
solicitaron. No vengan a decir que el Gobierno del Partido Popular no
aplique unos decretos y una normativa comunitaria que fue aprobada en su
época y realizados por ustedes los reales decretos.
Hablan después del plan de reordenación del sector. Afortunadamente esta
segunda parte de la proposición de ley, que primero era una y ahora es
otra, la han enmendado en su totalidad. Inicialmente hablaban de que era
un plan de reordenación encubierto, y afortunadamente han eliminado ahora
la palabra encubierto. Es evidente y claro que el plan de reordenación
del sector ha sido negociado desde el Ministerio, por parte de la
ministra, y no sólo con los responsables políticos de todas las
comunidades autónomas, sino también con todos los sectores implicados. No
se puede hablar del plan de reordenación encubierto, porque si eso es
encubierto, que venga Dios y lo vea.
No les gusta el plan y lo que pretenden es que se haga uno nuevo, que se
reconsidere. Una vez que ese plan de reordenación está negociado y
consensuado con las comunidades autónomas y con todos los sectores
implicados, ¿cómo es posible que quieran que se reconsidere? Se
reconsideraría si no hubiese acuerdo, pero si lo hay no procede
reconsiderarlo. Supongamos que está aceptado por todo el mundo, vamos a
ponerlo en marcha, vamos a aplicarlo y a ver si de una vez por todas es
posible que el sector lácteo tenga ya una normativa clara, un
ordenamiento claro donde pueda moverse.
Hablan ustedes del Real Decreto del 1.º de enero. Efectivamente, a partir
del 1.º de enero de este año existen unas medidas de obligado
cumplimiento en cuanto a exigencias higiénicas de la leche y productos
lácteos. Usted sabe, señor diputado, que esto es consecuencia de la
imposición de una directiva de la Unión Europea del año 1992, la número
46. No sé si lo sabe, pero le quiero recordar que en el año 1992 en este
país, en España, gobernaba el Partido Socialista y don Felipe González
era el presidente del Gobierno. ¿Sabe qué ha pasado? Que en cuatro años
en los que gobernaron, desde 1992 hasta 1996, no fueron capaces de poner
en marcha este plan de calidad de la leche: sin embargo, ha sido la
ministra de Agricultura la que lo ha puesto en marcha y ha comenzado a
aplicarlo.
Habla usted de política del espectáculo. Creo sinceramente que después de
lo que le he dicho el espectáculo lo están montando ustedes, así de
claro; porque si política del espectáculo es que la ministra se pelee con
el comisario Fischler, cada vez que tiene oportunidad, en defensa de los
intereses tanto de los agricultores, ganaderos, olivareros, como de todos
los sectores agrícolas y ganaderos, si ésa es la política del
espectáculo, ojalá la ministra siga haciendo siempre política del
espectáculo. Creo que la política del espectáculo la hacen ustedes.
Ustedes dicen que no se debe esperar a la negociación y a la solicitud
del millón de toneladas en la reforma de la OCM. No se debe esperar
porque la ministra lo está haciendo ya y lo ha hecho desde el primer día
en que tomó posesión de su Ministerio. ¿Por qué con el aceite de oliva
dicen lo contrario? Aclárense. Las reivindicaciones de España de
incremento de la cuota de un millón de toneladas se deben hacer antes,
durante y después de la OCM; se seguirán haciendo después porque es
necesario y no esperemos al café para todos y esas cosas que usted ha
anunciado. Efectivamente lo que se está haciendo es predicar para recoger
frutos, porque ustedes ni siquiera predicaron, no hicieron nada por el
sector.
Les digo que ojalá sigan ustedes haciendo proposiciones no de ley,
solicitando comparecencias y demostrando ante la opinión pública, sobre
todo ante los ganaderos españoles, que están ustedes preocupados por el
sector. Ojalá reconsideren su postura y ojalá sean serios en los
planteamientos. Mientras tanto, señorías, le tengo que decir que el Grupo
Parlamentario Popular no puede aceptar esta proposición no de ley, porque
no tiene argumentos sólidos para ser planteada. Seguiremos trabajando en
la línea que lo estamos haciendo, apoyando la la ministra en la defensa
de este sector y apoyándola en todos aquellos planteamientos de planes de
reordenación, de planes de control y calidad en la leche. Lo vamos a
seguir haciendo y demostrándolo en esta Cámara y en todos los foros en
que sea necesario.
En cuanto a las dos enmiendas del Bloque Galego, tengo que manifestar,
señor presidente, que son a dos puntos de la anterior proposición no de
ley del Grupo Socialista. Sinceramente no sé si ahora decaen o se añaden
a la nueva proposición no de ley. Tengo que manifestar también que están
dentro del mismo espíritu de algunos de los puntos señalados por el Grupo
Socialista y que nosotros vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene
la palabra el señor Blanco con una advertencia. Sabe que las
proposiciones no de ley las defiende el grupo proponente y fijan
posiciones los grupos; por tanto, aquí no se admite debate, sino única y
exclusivamente aceptación o no con someras explicaciones. Le rogaría que
se atuviese a la cuestión.
El señor BLANCO LOPEZ: Efectivamente, a la proposición no de ley se han
presentado sendas enmiendas por parte del Bloque Nacionalista Galego. Una
de ellas, como ya advertí en la exposición, está recogida en el párrafo
final de la letra b) de la enmienda que el propio Grupo Socialista ha
planteado. Acepto la enmienda porque es coincidente con ese apartado
final de la proposición no de ley.
A la otra enmienda, la número 2, también manifestamos nuestra aceptación
y, por tanto, que se incorpore a la propuesta que hacemos.
Para concluir me gustaría menos pelea, más negociación y más acuerdo;
sería lo razonable. (La señora Castro Masaveu pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sabe S. S., señora Castro, que aquí no hay más
debate que la aceptación o no de las enmiendas y se finaliza la
discusión.
La señora CASTRO MASAVEU: Simplemente es por aclarar el punto de pelea.
El señor PRESIDENTE: No procede reglamentariamente en este momento. No le
puedo dar la palabra.
Vamos a ver si he entendido bien al portavoz. Acepta la primera enmienda
del Bloque Nacionalista Galego. ¿Se adiciona o ya está adicionada?
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, está ya adicionada. Los términos
en que está el texto son idénticos a los del Bloque Nacionalista Galego.
Por tanto, está adicionada, pero estamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Es rechazada por el Grupo Socialista ya que está
adicionada.
El señor BLANCO LOPEZ: Como usted lo interprete en el reglamento.
El señor PRESIDENTE: La segunda enmienda también la acepta y se le da una
nueva numeración. El Bloque Nacionalista Galego proponía la letra d),
pero la enmienda que ha presentado el Partido Socialista ya tiene una
letra d). Por tanto, se adiciona con la letra e).
--PARA ADECUAR LAS COTIZACIONES SOCIALES QUE DEBEN SATISFACER LOS
TRABAJADORES TEMPOREROS AGRARIOS A LOS DIAS DE TRABAJO EFECTIVO
REALIZADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN, CONVERGéNCIA I
UNIO (Número de expediente 161/000706).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley número 4
del orden del día. Proposición no de ley para adecuar las cotizaciones
sociales que deben satisfacer los trabajadores temporeros agrarios a los
días de trabajo efectivos realizados.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señoras y señores diputados, voy a poner
encima de la mesa un problema que, evidentemente, no se puede tachar de
menor, ya que es un problema real, que existe y que afecta a un sector
minoritario pero que está necesitado, que tiene derecho a un tratamiento
justo.
Las personas que trabajan como temporeros en las campañas de recolección
de la fruta y otros productos agrícolas
tienen que darse de alta, a efectos de cotizaciones sociales, en el
régimen especial agrario de la Seguridad Social como trabajadores por
cuenta ajena. De acuerdo con la norma reguladora de este régimen, el
trabajador deberá cotizar, con independencia del número de días que
trabaje, una cuota fija mensual establecida en función de la base mínima
del grupo de cotización que corresponda al trabajador según su categoría
profesional y determinada por la aplicación del tipo del 11,5 por ciento.
Si este método de cotización es favorable para aquellos trabajadores que
aun estando contratados temporalmente trabajen de manera continuada
durante todo el período de duración del contrato, no lo es para aquellos
trabajadores que no trabajen durante todos los días laborables del
período de duración de su contrato, puesto que, en el caso extremo de
trabajar únicamente un día, deberían cotizar por todo el mes y, en el
caso de trabajar una semana situada entre dos meses, deberían cotizar por
dos meses completos. Esa disfunción hace que, en determinados casos, a
los trabajadores temporeros no les compense trabajar, aun teniendo
posibilidades para ello, y que prefieran contratarse de manera irregular
para así ahorrarse el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Estas afirmaciones, señor presidente, no las hago yo personalmente sino
que las hacen los sindicatos y la Administración cuando reconocen que, en
determinados casos, a los temporeros no les compensa trabajar si empiezan
a finales de mes y no trabajan entero el siguiente, viéndose obligados a
pagar los dos meses. Ambas partes, sindicatos y Administración, entienden
que ésta es una de las causas de alto porcentaje de irregularidades en la
contratación. En este sentido, el responsable de emigración de Comisiones
Obreras, Manuel Delgado, considera que es irregular una cuarta parte de
las contrataciones que se están haciendo en este momento. Hay que sumar a
eso las declaraciones del propio delegado de Trabajo en Lleida, Eduardo
Ayala, en las que también hace hincapié en la necesidad de la
modificación de la normativa para que se pueda subsanar un problema grave
como ése.
Por esos motivos hemos presentado esa proposición no de ley que, de
alguna manera, demuestra que este método de cotización en el régimen
especial agrario de los trabajadores por cuenta ajena contrasta con el
método de cotización que tienen sus empleadores, los dueños de las
fincas, puesto que éstos cotizan aplicando un tipo del 15,5 por ciento en
función de las jornadas reales que trabaja un empleado a su cargo, con
independencia de las horas que trabajen, sistema mucho más adecuado a la
realidad. Lo mismo sucede en el régimen general de la Seguridad Social,
donde un trabajador que determine su base de cotización por horas sólo
está obligado a cotizar las horas que efectivamente haya trabajado.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió entiende que, si se
permitiese a los trabajadores temporeros la posibilidad de optar entre
inscribirse en el régimen especial agrario o en el régimen general o se
modificasen las condiciones de cotización por cuenta ajena de los
trabajadores en el régimen especial agrario, introduciendo la posibilidad
de cotizar por días efectivamente trabajados, se evitaría a los
temporeros que no estén contratados por todos los días laborables de un
mes el pago de una cuota fija mensual, con lo que se produciría un ahorro
para ellos, lo que redundaría en una mayor propensión a aceptar ofertas
laborales y una menor presencia de contrataciones irregulares en el
sector.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz,
señor Rueda.
El señor RUEDA ESPINAR: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con la proposición no de ley planteada por el
Grupo de CiU para adecuar las cotizaciones sociales que se deben
satisfacer a los trabajadores temporeros agrarios a los días de trabajo
efectivo realizado.
Señorías, en primer lugar, mi grupo quiere hacer alguna consideración.
Nos parece que no tiene ningún sentido tratar este asunto en esta
Comisión. Lo lógico sería hacerlo en el contexto de la transformación y
equiparación de regímenes especiales previsto en el Pacto de Toledo. Por
tanto, debería verse esta iniciativa en el contexto del consenso
alcanzado en el Pacto de Toledo y en la subcomisión correspondiente. No
obstante, mi grupo quiere hacer algunas consideraciones a la proposición
no de ley que debatimos. Aunque esta pretendida modificación de las
normas que regulan el sistema de cotización del régimen especial agrario
de la Seguridad Social, en un momento determinado pudiera parecer
favorable a los trabajadores en relación al ahorro mensual, también es
cierto que, a la hora de recibir las prestaciones, su cuantía sufriría
una gran merma, respecto a las enfermedades relacionadas como incapacidad
laboral transitoria, maternidad o jubilación pues, como saben, señorías,
se necesitan 15 años como mínimo de cotización para acceder a dicha
prestación. De igual manera sucede con las trabajadoras agrarias, que
tienen que reunir 180 días para tener derecho a la prestación. Por tanto,
tampoco creemos que esta modificación de las normas suponga una mayor
propensión a aceptar ofertas laborales y una menor presencia de
contrataciones irregulares en este sector. Sí creemos que es necesario
que se aplique lo acordado en el Pacto de Toledo en lo referente a la
equiparación de prestaciones y protección de todos los trabajadores. Por
tanto, señorías, creemos que no tiene ningún sentido ni beneficio para
los trabajadores agrarios modificar el actual sistema de cotización en
los términos que plantea la proposición no de ley presentada por CiU.
Por último, señorías, discrepo del portavoz de CiU. Yo tengo una carta de
la Unión General de Trabajadores que remite a que se vea ahí, en función
de lo que en el Pacto de Toledo se ha acordado. Por un lado, puede
parecer que es un ahorro mensual, pero es verdad que luego hay una gran
merma en las prestaciones.
En consecuencia, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
en contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en esta proposición no de ley.
En primer lugar, quiero hacer constar que no todos los trabajadores
temporeros contratados en campañas agrícolas de recolección quedan
incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, sino
solamente aquellos que desempeñan tareas propiamente agrícolas desde el
punto de vista del encuadramiento en el citado régimen, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 del reglamento general del régimen especial
agrario, aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1972. Los restantes,
aunque desde un punto de vista económico o sociológico pertenezcan al
sector agrario, deben ser incluidos en el régimen general.
Por otro lado, quiero decir que la sustitución del sistema de cotización
sobre bases diarias exige una norma con rango de ley, ya que la
cotización a cargo de los trabajadores por cuenta ajena sobre bases fijas
mensuales viene regulada con ese rango para todos ellos, sin distinción
de que sean fijos o eventuales. No hay que olvidar que la obligación de
cotizar por meses completos, cualquiera que sea el número de días que se
trabaje a lo largo de los mismos, va unida al beneficio de permanecer en
alta aunque no subsista la relación laboral, lo que es una ventaja
indudable de cara a obtener las prestaciones del sistema, ya que el alta
es requisito indispensable respecto de algunas de ellas, por ejemplo las
derivadas de muerte o supervivencia, y de invalidez permanente o total
por contingencias comunes, mientras que respecto de otras prestaciones la
acreditación del alta conlleva una suavización de las condiciones
exigidas por la ley para el acceso a las mismas. La obligación de cotizar
ininterrumpidamente supone un beneficio a efectos de que se puedan
acreditar en su días las cotizaciones legalmente exigidas para obtener
aquellas prestaciones del sistema.
Por otro lado, hay que decir que los trabajadores que no trabajen durante
todos los días laborales del período de duración de su contrato se ven
perjudicados por el método de cotización actualmente en vigor, porque a
veces no les compensa trabajar o lo hacen de forma irregular. En el
régimen general de la Seguridad Social, si un trabajador determina su
base de cotización por horas sólo está obligado a cotizar por las horas
trabajadas, lo que contrasta con el régimen especial agrario, como sucede
con sus empleadores, que cotizan por las jornadas reales que realizan sus
trabajadores. Por tanto, es necesario potenciar el régimen general
agrario.
A este respecto, debe tenerse en cuenta la existencia de dos grupos de
trabajo en relación con el régimen especial agrario, creados en
cumplimiento de lo previsto en los acuerdos sobre política de inversiones
y empleo agrario, uno de ellos suscrito entre el Gobierno y Asaja, y otro
para el empleo y protección social agrarios, suscrito entre el Gobierno,
Comisiones Obreras y UGT, cuyas conclusiones deberán elevarse por este
último a la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social,
suscrito también entre el Gobierno y los sindicatos mencionados.
Asimismo, tiene, entre otras competencias, la realización de estudios y
análisis en relación con dicho régimen especial. No hay que olvidar que
es necesario solucionar las cargas que actualmente existen, desde el
punto de vista financiero, sobre el régimen especial agrario.
Por todo ello, consideramos que se deben llevar a cabo las modificaciones
normativas dentro de este contexto para remover los obstáculos existentes
y que el régimen especial agrario ocupe el lugar que le corresponde. Por
tanto, vamos a votar a favor.
--SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN ANDALUCIA. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000495).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto número 5 del orden del
día, proposición no de ley sobre cumplimiento de medidas agroambientales
en Andalucía.
Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario
Socialista, señora Salinas.
La señora SALINAS GARCIA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para la defensa de esta proposición no de ley
sobre medidas agroambientales en Andalucía, proposición que presentó mi
grupo en el Congreso el pasado 17 de abril, por tanto, hace casi un año.
Como consecuencia del período de tiempo tan largo que transcurre desde
que se presenta esta proposición no de ley hasta el día de hoy, la
situación ha variado notablemente, tanto que algún grupo parlamentario
pudiera pensar que no tuviera mucho sentido mantenerla, pero nos parece
oportuno defenderla, ya que --como ahora explicaré-- en ningún caso la
situación ha mejorado para Andalucía, sino todo lo contrario. En este
caso, como en muchos otros que afectan a deudas del Gobierno central con
la Junta de Andalucía, la situación empeora en cuanto a pagos se refiere.
El convenio de medidas agroambientales no ha desaparecido, está vigente,
pero sí tenemos problemas de dotación presupuestaria.
Con fecha 27 de febrero de 1996 --como todas SS. SS. conocen-- se firma
un convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en aplicación de los
reales decretos 51/1995 y 632/1995, para fomentar métodos de producción
agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natural. De este convenio --ahora
explicaré lo que ha sido de él-- quedan aún, aproximadamente, unos
veintisiete millones y medio de pesetas sin pagar por parte del
Ministerio, que hemos perdido cualquier esperanza remota de poder cobrar
por parte de la Junta de Andalucía. Pues bien, como digo, en el año 1996,
con la llegada del nuevo Gobierno, se funde --como todos conocemos-- el
convenio sobre medidas agroambientales en un solo documento,
que afecta tanto a reforestación como a jubilación anticipada o medidas
agroambientales; se funde todo en un documento y se suprime el convenio
de 1996, sin concluirlo, y a nuestro grupo le parece que se podía haber
esperado hasta su finalización y cumplimiento. Pero eso no es, en
definitiva, lo que más nos ha motivado a presentar esta proposición no de
ley.
Señorías, en el año 1996 Madrid dejó de pagar a 423 beneficiarios
andaluces la contribución que les correspondía, que ascendía a 456
millones de pesetas. En realidad, el Ministerio lo paga un año más tarde,
con lo que la Junta de Andalucía ha tenido que hacer frente a esta deuda
del Gobierno central, pagando estos 456 millones de pesetas con parte del
dinero que recibió del año 1997. Estos beneficiarios andaluces han
protestado ante la Unión Europea y la Comisión ha requerido información y
explicación al Gobierno central, de lo que mi grupo todavía no sabe
mucho. Sí sabemos que el día 5 del mes que viene tendremos una
intervención del Tribunal de Cuentas. La verdad es que el Ministerio ha
pagado un año más tarde, pero el ejercicio de 1997 es deficitario en un
12,5 por ciento como consecuencia de haber tenido que adelantar el dinero
la Junta de Andalucía (porque todas SS. SS. conocen cómo es Bruselas para
el tema económico de cofinanciación), y en mayo/junio de 1996 el
Ministerio aún no había pagado, por lo que se pide a la Junta de
Andalucía que adelante el dinero, cosa que hizo.
En este tema de deudas pendientes --siempre desagradable--, los andaluces
nos estamos dando cuenta de cómo a nuestra comunidad se le exige lo que a
otras comunidades del territorio español --por ejemplo, Castilla y León--
no se les exige. Como todos sabemos, hay una parte de la superficie que
se pacta al 50 por ciento con el Ministerio y la comunidad autónoma y una
parte de la superficie que va a cargo íntegramente de la comunidad. Pues
bien, para nuestra comunidad andaluza, es condición imprescindible que
nuestra parte --la que financiamos solos-- vaya siempre por delante; sin
embargo, otras comunidades (repito, como Castilla y León) han renunciado
a la parte a la que tienen que hacer frente ellos solos, sin el
Ministerio, y no pasa nada; el Gobierno central se lo permite.
Por todas estas razones, y algunas más, hemos creído oportuno mantener
esta proposición no de ley sobre medidas agroambientales. Como en el
texto de la misma se insta al Gobierno a cumplir sus compromisos para el
año 1997 (reitero que hace un año que presentamos la proposición no de
ley) y parece imposible que el Ministerio cumpla sus plazos en el año
1997, lo modificaríamos para el año 1998, puesto que lo consideramos
fundamental para los intereses de Andalucía.
Para ir finalizando diré que, como consecuencia de haber tenido que
adelantar el dinero la Junta de Andalucía ante el impago del Gobierno
central (o el retraso, para ser más justos), se produce ahora --paradojas
de la vida-- una sobrefinanciación que, probablemente, tendremos que
solucionar en la Junta con un expediente de corrección financiera.
Señorías, la Junta de Andalucía va a seguir adelante con el convenio de
medidas agroambientales y, de la superficie o parte que financia
solamente nuestra comunidad, se van a realizar unas cinco nuevas
experiencias. Lo que no funciona tan bien es la parte que va cofinanciada
--como todas SS. SS. conocen-- entre el Ministerio y el fondo europeo.
Finalizo, señor presidente, diciendo que el convenio firmado tiene una
vigencia que abarcaba de 1995 a 1999. El espíritu de esta proposición no
de ley que defiende mi grupo es que no se vuelva a producir lo ocurrido
en el año 1996 y que cada parte cumpla con sus compromisos. Señorías,
para mi grupo y para Andalucía este convenio de medidas agroambientales
es de vital importancia ya que, como todos conocemos, afecta al sistema
extensivo de tierra cerealista, razas en peligro de extinción, formación
y agricultura ecológica; afecta igualmente a zonas de influencia de
nuestros parques nacionales, como Doñana, zonas de dehesa y zonas de
olivar. Por todo ello, consideramos que cada parte ha de hacer un
esfuerzo por mantener sus compromisos en los plazos establecidos y que no
vuelva a suceder lo que nos ha sucedido en el año 1996.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSOLA I PIÑOL: Señor Presidente, intervengo solamente para
expresar nuestra posición ante el convenio de colaboración entre el
Ministerio y la Junta de Andalucía para la aplicación de medidas
agroambientales.
Consideramos que es necesario el fomento de métodos de producción agraria
compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural, sobre todo cuando estos espacios
afectan a un entorno tan importante como es Doñana. El convenio preveía
una inversión aportada entre Feoga-Garantía, MAPA y Junta de Andalucía.
No queremos entrar en el debate competencial y respetamos --como no podía
ser de otra manera-- las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, pero nos parece lamentable que un tema como éste tenga que
discutirse en el Congreso de los Diputados. ¿El Ministerio no paga a
tiempo o es culpa de la Junta de Andalucía que no envía las
certificaciones correspondientes? Repito, no queremos entrar en el
debate, porque es de rigor que son las instituciones implicadas en el
tema las que tienen que resolver este problema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, el señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Esta proposición no de ley parece que viene a
decir: ven, y ven a reñir, para que no te riñan. Me explico. En el año
1996 --con el Gobierno socialista-- se firma un convenio de colaboración
para aplicación del Reglamento 2078, de la Comunidad Económica Europea, y
reales decretos 51 y 632, para fomentar el empleo de medidas para la
producción agraria compatible con las exigencias de protección del medio
ambiente, pero no se suscribe uno muy importante, relativo al Real
Decreto
928/1995, que en nuestra comunidad, y en el entorno de Doñana, tiene una
gran importancia, como es fomentar el uso, en determinados humedales, de
producciones agrarias compatibles con la protección del medio ambiente,
la conservación de espacios naturales y la protección de aves silvestres.
¿Por qué no se firmó, con lo importante que es, y ahora quieren acusar al
Gobierno? Esa es la actuación del Gobierno socialista, éste es su
compromiso con el medio ambiente en el año 1996.
En el año 1997 --ya con el Gobierno del Partido Popular--, el convenio
que se firma no es por un año, como se hizo antes, sino por cinco años, y
no ya por 500 millones de pesetas, sino por 15.585 millones de pesetas en
los cinco años, que vienen a ser 3.117 millones de pesetas anuales;
además de 14.238 millones, que serían cofinanciados entre Feoga y Junta
de Andalucía exclusivamente, sin la participación del MAPA, y además, 152
millones por el cese anticipado de actividad agraria y 62.187 millones
más para el programa de forestación de tierra agraria.
Como se ve, hay una gran diferencia de compromiso y sensibilidad con el
medio ambiente andaluz y con la agricultura ecológica, y el entorno de
Doñana, entre un gobierno y otro; lo que firma un gobierno y lo que firma
otro gobierno. De los 500 millones que firmó el Gobierno socialista, al
MAPA le corresponderían, a su 12,5 de participación, 62,5 millones al
año, y con los 3.117 del Gobierno popular, 389,6 millones al año que es
una diferencia notable. Lo que ocurre es que, en el año 1996, de los 62,5
millones y medio posibles correspondientes al MAPA sólo se pagaron 17,3
millones, que es lo que denuncia la portavoz socialista, que corresponden
a las certificaciones que fueron enviadas por la Junta de Andalucía, y
según el convenio firmado es la Junta de Andalucía la que tiene la
obligación. Leo textualmente su apartado 2, que dice: Actuaciones a cargo
de la comunidad autónoma: tramitar resolver y pagar las ayudas
establecidas. Según el apartado 3: Remitir trimestralmente
certificaciones de los programas, tanto de los cofinanciados por el MAPA
y la comunidad autónoma como de los financiados por ésta exclusivamente.
Es decir, que si la Junta de Andalucía solamente remite certificaciones
por valor de 17,3 millones de pesetas, ésa es la parte que tiene que
poner el Gobierno central y no puede poner otra. Si no se pagó más fue
por eso. Ese es el único motivo por el que se ha hecho. Es que, además,
la Junta de Andalucía, que está reclamando al Gobierno central la
diferencia que podía haberse hecho, no solamente no hizo más, sino que,
del convenio que tenía de cofinanciación directa con el Feoga, no hizo
absolutamente nada. Recuerdo que estos programas corresponden a dehesas,
entorno paisajístico y al olivar, que es importantísimo en nuestra
tierra.
En el año 1997 el MAPA ha pagado 26 millones, es decir, si sumamos los
dos años son --26 más 17-- 43 millones entre 1996 y 1997, cuando tenían
que haber sido 452 millones. Por tanto, por falta de capacidad de
ejecución de proyecto, ustedes han invertido en Andalucía, en los dos
últimos años, sólo 138 millones de los 3.617 posibles. Además, tienen la
desfachatez de instar al Gobierno a que cumplan. Señores, cumplan ustedes
y el Gobierno pondrá la parte que en los convenios le corresponden.
Cuando ustedes así lo hagan, nosotros, por supuesto, seremos los primeros
en instar al Gobierno a que cumpla su parte. Esta es la razón por la que
nuestro grupo va a votar que no a esta proposición no de ley.
También quería decirle que respetamos la política agraria de su grupo,
por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero le pedimos un poco
de coherencia, coherencia, tanto en este asunto como en el IFOP, donde
ustedes han paralizado también 14.200 millones de inversión por falta de
gestión; como en el olivar, donde se les ha olvidado, entre comillas, que
las campañas 1993-1994 y 1995-1996 eran extraordinariamente bajas por la
gravísima sequía que estábamos sufriendo, y ahora se nos culpa del tema
del cupo.
Y no le voy a hablar de la sanidad y de otras incongruencias que son las
que corresponden a la Junta de Andalucía con respecto al Gobierno
central. A mí me parece muy bien que se gobierne en Andalucía, pero que
se deje de hacer oposición en Andalucía al Gobierno central y cumpla sus
compromisos y sus responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Habida cuenta de que las votaciones serán a la una y
no tenemos más asuntos que tratar, suspenderemos temporalmente esta
Comisión hasta la una en punto que procederemos a las votaciones.
Se suspende la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir con respecto a la proposición
de ley que vamos a votar en estos momentos? Ha habido alguna retirada de
enmiendas, pero si algún grupo desea manifestarse antes de proceder a la
votación, puede hacerlo.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Como dijimos que no nos habíamos pronunciado
sobre las transaccionales, quiero indicar las que se aceptan y las que
no, a efectos de votación.
Aceptaríamos la transaccional a la enmienda número 64; no aceptaríamos la
transaccional a la enmienda número 66; aceptaríamos la transaccional a la
enmienda número 80; no aceptaríamos la transaccional a la enmienda número
84.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede repetirlo, señor Centella?
El señor CENTELLA GOMEZ: Aceptaríamos las transaccionales a las enmiendas
números 64 y 80, y no aceptaríamos las transaccionales a las enmiendas
números 66 y 84.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Respecto a las enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, aceptamos la transaccional
propuesta por el Grupo Popular a la enmienda número 2. No vamos a aceptar
las que nos proponen a las enmiendas números 7, 9 y 10.
Respecto a las que presenta la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna,
vamos a aceptar todas las transaccionales propuestas por el Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, intervengo para manifestar la
aceptación de las transaccionales propuestas. Incluso ahora mismo hemos
hecho llegar a la Mesa una nueva transaccional, a la que puede dar
lectura la señora letrada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Viene a decir algo así como que se retira la número 94. En la número 91
se cambia la palabra horarios por descanso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor
Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Quiero indicar que el Grupo Popular retira
su enmienda 102.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY
POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN DE CONTROL PARA LA PROTECCION DE LOS
RECURSOS PESQUEROS (Número de expediente 121/000073).
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, si a los señores
portavoces les parece oportuno, vamos a ratificar la ponencia por
asentimiento. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Queda aprobada la ponencia por
asentimiento.
Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Transaccional que afecta
a la enmienda número 2.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, pasamos a votar el resto de las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego.
Tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Pediría votación separada, por un lado, de la
enmienda número 6 y, por otro, de la número 8.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea votación separada? (Pausa.)
Votamos la enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar la enmienda número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas
por la señora Lasagabaster. En primer lugar, votamos la transaccional que
afecta a las enmiendas números 55, 61 y 62.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas presentadas por Eusko
Alkartasuna.
Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Quedan dos transaccionales más, la 54 y la
58.
El señor PRESIDENTE: Ibamos a votarlas posteriormente pero, a petición
del Grupo Parlamentario Popular, votamos a continuación la enmienda
transaccional que afecta a la número 58.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la 54 la votaremos
posteriormente.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas de Eusko Alkartasuna, números
56, 57, 59 y 60.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (EAJ-PNV).
En primer lugar, la transaccional que afecta a la enmienda número 20.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda transaccional que afecta a la enmienda número 27.
¿Señor Blanco?
El señor BLANCO LOPEZ: Salvo que se solicitase votación separada de las
transaccionales que hay, que son varias, podría hacerse la votación
conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría.
Vamos a proceder a la votación del resto de las enmiendas transaccionales
que afectan a las enmiendas números 27, 29, 35, 36, 46, 48, 47 y 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las enmiendas no transaccionadas del mismo grupo, números
22, 23, 24 y 26.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Si el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) lo entiende
oportuno, votamos ahora el resto de las enmiendas.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Aunque ya se ha comunicado a la Mesa, hay
retiradas varias enmiendas no transaccionadas. Por eso, ahora, cuando se
lean las que se van a votar, se podrá saber cuáles son.
El señor PRESIDENTE: Se encuentran retiradas las números 21, 28, 30, 37 y
53. Por tanto, votaremos las números 11, 12 a 19, 25, 31, 32, 33, 34, 38,
39, 40, 45, 47, 49, 50 y 52.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: La 47 está transaccionada.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vamos a pasar a votar el resto, salvo
las retiradas y la transaccionada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i
Unió. Como ha comentado el portavoz del Grupo Catalán, han sido retiradas
las enmiendas números 107 y 113.
Votamos la transacción que afecta a la enmienda 108.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Habida cuenta de que las enmiendas 106 y 109 han sido transaccionadas o
retiradas, pasamos a votar el resto de las enmiendas, números 110, 111 y
112.
¿Señor Blanco?
El señor BLANCO LOPEZ: Pediría votación separada de la 110.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
¿Señor Mantilla?
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor presidente, considero que la 110 está
transaccionada junto con la 109.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán va a
deshacer este entuerto.
El señor COMPANYS SANFELIU: Se mantienen las 110, 111 y 112.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, señor Mantilla, se mantienen las números
110, 111 y 112.
Pasamos a votar la número 110.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 32; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a votar, si el portavoz del Grupo Catalán no pone
objeción, la 111 y la 112.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda transaccional que afecta a
la número 80.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar las enmiendas que no han sido transaccionadas. En primer
lugar, la número 68.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la enmienda número 75.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no tiene
inconveniente, pasaremos a votar el resto de las enmiendas.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco, tiene la
palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, si no tuviese inconveniente,
propondríamos que la votación se realizase en tres bloques. A juicio del
Grupo Parlamentario Socialista, se podrían acumular las enmiendas números
63, 64, 65, 66 y 84 en un bloque; en otro, las números 69, 71 y 73 y, por
último, el resto de las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Blanco.
Vamos a votar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, las
enmiendas números 63, 64, 65, 66 y 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 69, 71 y 73.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, l5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, la transaccional que afecta a la enmienda
número 97.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar la transaccional a la enmienda número 91.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, si no hay inconveniente por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, vamos a votar las enmiendas números 85, 88, 90 y 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que son las números 86, 89, 92, 95, 99, 100 y 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda transaccional a la número 105, del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas, en concreto, las números 103 y
104. (El señor Blanco López pide la palabra.)
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco, tiene la
palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Si el presidente no tuviese inconveniente,
pediríamos votación separada.
El señor PRESIDENTE: El presidente no tiene ningún inconveniente. Por lo
tanto, pasamos a votarlas separadamente.
En primer lugar, la enmienda número 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar ahora la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, vamos a efectuar la votación del texto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la situación del sector lácteo, como consecuencia
del fracaso en la obtención de una cuota adicional de un millón de
toneladas por parte de la Unión Europea y del plan de reordenación del
sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno, habida cuenta de
que ha sido enmendada incluyendo la parte de enmienda del Bloque
Nacionalista Galego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a adecuar las
cotizaciones sociales que deben satisfacer los trabajadores temporeros
agrarios a los días de trabajo efectivo realizados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar ahora la proposición no de ley sobre el cumplimiento de
medidas agroambientales en Andalucía, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, agradeciéndoles su
presencia. Nada más y muchas gracias.
Era la una y treinta minutos de la tarde.