CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 384



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNANDEZ
DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 32



celebrada el miércoles, 18 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda (Costa Climent),
para:



--Presentar las conclusiones acordadas por la Comisión Interministerial
para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con la Orden de 27 de
noviembre de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, debía rendir
informe al Gobierno antes del día 31 de marzo de 1997. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente
212/000586).




--Dar a conocer todo lo referente al abordaje producido por una lancha
del Servicio de vigilancia aduanera a una patera el día 26 de agosto de
1997. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(Número de expediente 212/000784).




--Explicar el plan de modernización de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria e informar sobre las sentencias del Tribunal
Supremo en relación con la interpretación del artículo 31.4 del
Reglamento General de Inspección que se han venido produciendo con
posterioridad al 26 de febrero de 1996. A petición propia (Número de
expediente 212/001181).

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--Informar de las materias competencia de esta Comisión relativas al
sistema tributario, previa remisión del informe correspondiente.

Comparecencia cuatrimestral (Número de expediente 212/001223).




Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días. Doy la
bienvenida al secretario de Estado de Hacienda, don Juan Costa Climent,
señor secretario de Estado de Hacienda, y vamos a proceder a la
celebración de las comparecencias señaladas en el día de hoy consistentes
en: Presentar las conclusiones acordadas por la Comisión interministerial
para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con la Orden 27 de noviembre
de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, debía rendir informe al
Gobierno antes del día 31 de marzo de 1997, a instancia del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Asimismo, para dar a conocer
todo lo referente al abordaje producido por una lancha del Servicio de
Vigilancia Aduanera a una patera el día 26 de agosto de 1997, del que es
autor el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para explicar el
plan de modernización de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria e informar sobre las sentencias del Tribunal Supremo en
relación con la interpretación del artículo 31.4 del Reglamento general
de inspección de los tributos que se han venido produciendo con
posterioridad al 26 de febrero de 1996, a instancias del Gobierno, así
como para informar de las materias propias de la competencia de esta
Comisión relativas al sistema tributario, previa remisión del informe
correspondiente de la comparecencia que, como ustedes saben, es
cuatrimestral.

Respecto al orden a seguir para celebrar estas comparecencias podemos
hacerlo como ustedes tengan por conveniente: podemos hacer comparecencia
tras comparecencia, en cuyo caso comenzaríamos por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), con la primera intervención de este grupo para que
posteriormente contestase el señor secretario de Estado y así
sucesivamente; o bien podríamos realizarlo con una primera intervención
del señor secretario de Estado en la cual lleve a efecto su exposición
acerca de las cuatro comparecencias, y posteriormente abrir el turno
normal de informaciones recabadas, preguntas u observaciones, por los
diferentes grupos parlamentarios. (El señor Martínez Noval pide la
palabra.)
El señor Martínez Noval tiene la palabra.




El señor MARTINEZ NOVAL: Al inicio de esta sesión de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda, quiero plantear razones muy similares a
las que el Grupo Parlamentario Socialista adujo en la comparecencia del
señor secretario de Estado de Economía el pasado lunes.

Lamento repetir aquella actitud que mantuvimos el lunes pasado, pero,
señor presidente --en el caso que hoy nos ocupa con razones acrecentadas
respecto a las del pasado lunes--, bien es verdad que no tenemos otro
procedimiento para que se conozca cuál es nuestra irritación e
indignación respecto a la incapacidad que nuestro grupo parlamentario
tiene en esta Comisión, porque las decisiones tomadas legítima y
democráticamente en la Mesa, Junta de Portavoces y en la propia Comisión
no conducen a que la oposición controle al Gobierno, sino justamente a la
inversa, a que el Gobierno controle a la oposición y no permita que ésta
ejerza la labor que le es natural en esta Cámara.

Ayer escuché al señor ministro de Economía manifestar que las críticas a
su ausencia de la Comisión de Economía y Hacienda se hagan con solvencia;
es el término que él utilizó ayer tarde en esta Cámara. Nosotros tenemos
que aducir a ese respecto que la solvencia es este estado de la cuestión
en el que van quedando embalsadas todas las iniciativas que no son objeto
de trámite por parte de la Comisión.

Quiero decir con claridad --cualquiera lo tiene a su alcance-- que el
señor ministro de Economía tiene pendientes doce comparecencias en esta
Cámara; que sólo ha comparecido en esta Comisión una sola vez para
explicar el programa de convergencia. (Rumores.) Señorías, no se
solivianten, la primera va de sí, la primera comparecencia es la de
presentarse cuando es nombrado uno ministro para dar a conocer su
programa. ¡Faltaría más, que no hubiera comparecido para eso! Pero
después, señorías, el ministro ha comparecido una sola vez en esta
Cámara, el pasado mes de abril o últimos días de marzo. Por lo tanto, la
solvencia a la que apela el ministro para hacer las críticas de su
condición de prófugo político de esta Comisión es precisamente el
estadillo en el que con carácter oficial se da cuenta de las
comparecencias que hay pendientes y que están pedidas. Quede eso claro,
señor presidente.

En segundo lugar, nosotros tenemos que manifestar también nuestra
contrariedad porque en esta Comisión no haya sido posible que el señor
ministro nos haya informado sobre el problema detectado en la Agencia
Tributaria respecto a la incapacidad para regular 200.000 millones de
pesetas.

Nosotros no aceptamos de ningún modo que el responsable máximo de una
cuestión que llegó hasta la boca del presidente del Gobierno en una
mentira y en una falsedad que atribuyó a los socialistas y que utilizó de
manera demagógica y torticera para justificar la congelación del sueldo
de los funcionarios, no podemos aceptar, digo, que en esta Comisión no
haya comparecido el señor ministro



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de Economía, tal como nosotros tenemos solicitado desde el mes de febrero
del año 1997, para dar cuenta de lo que ocurrió con esa cuestión. Por
ejemplo, nosotros no hemos tenido oportunidad de conocer en detalle qué
pasó con el señor Bermejo. ¿Qué pasó con el señor Bermejo? ¿Por qué no
comparece el ministro? Aquí está la comparecencia pedida para hablarnos
de esa cuestión.

Señor presidente, lo que no podemos aceptar de modo alguno es que esa
pretensión de la oposición se vea contrapuesta y contradicha con la
iniciativa del señor secretario de Estado de Hacienda que esta mañana nos
viene a hablar de las sentencias del Tribunal Supremo precisamente en
relación con el problema del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. No podemos aceptar ese desequilibrio en la tarea de
defender la política del Gobierno y de oponerse a la misma.

Puede que todo esto sea reglamentario, pero, ya lo dije el otro día, es
una cuestión filosófica que conduce a que sencillamente en este caso el
Gobierno controle a la oposición. Pero no sólo es eso, sino que el propio
orden del día de hoy, señor presidente, da a entender que hay muchas
cuestiones que ya tienen escasísimo interés en boca del señor secretario
de Estado de Hacienda. Por ejemplo, respecto a las conclusiones de la
Comisión interministerial ya ha habido modificaciones muy importantes en
la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas: las ha habido en la
Ley de medidas del año 1997, en la del año 1998 y en un real decreto que
se publicó hace pocas semanas. De manera que nosotros no vemos qué
interés puede haber en esa cuestión.

En tercer lugar, señor presidente, yo quiero manifestarle (porque esa
decisión se produjo en la pasada reunión de la Mesa y de la Junta de
Portavoces y luego se hizo imposible por razones de agenda de la persona
concernida) que vamos camino, si usted no lo remedia, de que el señor
presidente de la corporación bancaria Argentaria no pase por esta
Comisión. Lo digo porque en pocos días esa entidad bancaria estará
privatizada. Nosotros tenemos solicitada una comparecencia del presidente
de Argentaria, pero, señor presidente, ayer se fijó el precio de la
acción de la compañía y en pocos días estarán adjudicados en todos sus
tramos los mandatos que se hicieron respecto de las acciones de la
empresa. En este caso, suponemos que operaría esa doctrina que aplicó la
Mesa del Congreso en relación con el presidente de Telefónica, doctrina
que nosotros rechazamos. Pues bien, si esa doctrina vuelve a abrirse
camino en el caso de Argentaria, si usted no lo remedia, estaremos
también en la curiosísima condición para un partido que quiere hacer
oposición y que quiere inquirir de quien tiene la responsabilidad de
algunas cosas en qué condiciones se han hecho, estaremos ante la curiosa
condición, como digo, ya repetida y no nueva de que se habrá privatizado
una importantísima entidad bancaria pública y el responsable de la
privatización no habrá comparecido en esta Comisión.

Todas estas circunstancias, señor presidente, nos llevan a adoptar una
actitud que nosotros lamentamos en términos personales por el señor
Costa, porque no se merece un tratamiento personal desconsiderado ni
descortés, vaya eso por delante. La nuestra es una actitud política que
en general nada tiene que ver con la persona del señor secretario de
Estado de Hacienda, sino con una actitud general del Ministerio de
Economía y Hacienda y de todo lo que de él depende en relación con esta
cuestión.

Y ya en último término, señor presidente, casi una cuestión menor en
relación con lo que motiva nuestra actitud y es que esta mañana parece
que vamos a discutir una modernización de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, siendo así que la discutiremos con nuestro
conocimiento en blanco, porque hasta estos momentos no hemos recibido
ningún documento o información del Gobierno que nos pudiera haber servido
de base para cualquier ejercicio de la crítica o incluso de la alabanza.

Por eso, señor presidente, le anuncio que el Grupo Parlamentario
Socialista no participará esta mañana en la comparecencia del señor
secretario de Estado de Hacienda.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, solamente puedo contestar en
lo que a mí concierne --no sé si le puedo asegurar, porque es difícil
asegurar cuestiones de futuro en el momento presente-- que el día 24, 25
ó 26 de febrero, es decir, la semana que viene, comparecerá ante esta
Comisión el presidente de Argentaria, don Francisco González.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, cuando la Comisión empezó su
trabajo el último día empezamos a discutir sobre este tema. La Comisión
tuvo que decidir, puesto que no había existido consenso en el seno de la
Mesa y Junta de Portavoces, sobre la organización del orden del día. En
aquel momento, nosotros manifestamos que era prioritario, dado que
empezábamos un período ordinario y por la historia que venía detrás, que
este período empezara por la comparecencia primero del señor ministro de
Economía y Hacienda para hacer frente a toda una serie de demandas de la
propia oposición. Nosotros entonces votamos a favor de que se celebrara
primero esta comparecencia y después la de los distintos secretarios de
Estado, porque daba la impresión de que se cumplía más en este trámite
parlamentario un objetivo, y es que el Gobierno en sus distintas
vertientes administrativas hiciese una presentación, por no llamarle acto
de propagar las posiciones que tiene, más que una sesión de control
parlamentario. Esa posición fue rechazada, tuvo solamente 15 votos a
favor y tuvo mayoría la postura de empezar por el orden inverso: que
compareciera primero el secretario de Estado de Presupuestos, después el
secretario de Estado de Hacienda y, por último, el señor ministro.

No le falta razón a la argumentación que ha hecho antes el señor Martínez
Noval, en nombre del Grupo Socialista. Siempre existe un pulso
democrático de cuál es el papel en el Parlamento. El Gobierno tiene
muchos resortes para propagar e informar de sus actuaciones fuera de
aquí, desde la sede y desde fuera de la sede del Gobierno. Lógicamente,
los intereses y los objetivos de los grupos parlamentarios se discuten en
sede parlamentaria. Si no son respondidos



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en un trámite de equidad, porque yo no he oído que no hubiese un doble
uso, parece que el Parlamento vuelve a ser un nuevo sitio de residencia
para la propaganda del Gobierno. Si nunca hay un momento para cumplir el
objetivo reglamentario, que es prioritario, el control de cada grupo, la
filosofía de cada grupo que está detrás de sus propuestas, estaremos
dando la vuelta a lo que debe ser el funcionamiento de la Comisión.

Nosotros denunciamos que no es bueno este sistema de funcionamiento en el
que la mayoría que soporta el Gobierno establece también el mecanismo de
control o de acción del propio Gobierno, porque este sistema puede
trastocar gravemente el funcionamiento normal de actuación de esta
Comisión y, en general, del Parlamento.

En cuanto al control de las empresas públicas, yo tengo que constatar que
estamos en los últimos meses en un proceso de retroceso en cuanto a la
acción de control del Gobierno. Cuesta trabajo que responda información,
se aplaza la información que se tiene, no se cumplen los acuerdos,
etcétera. Hubo un acuerdo de una Comisión de investigación, que yo tengo
aquí, con una serie de puntos que no se han cumplido, ni se ha podido
hacer un seguimiento de aquellos acuerdos de la famosa Comisión de
investigación de los 200.000 millones. Pero es que además es imposible
realizar el control de las empresas públicas privatizadas o en vías de
privatización. Llega un momento en el que uno debe plantearse cómo hacer
ese ejercicio. Ese retroceso debe romperse y cortarse para el bien de un
sistema normal y corriente. Lo dice uno que ha ejercido la oposición en
dos legislaturas y que ha encontrado los ecos de resistencia que tiene un
Gobierno a ser controlado, pero es que estamos llegando ahora mismo a
unas cotas que no son suficientemente explicadas.

En segundo lugar, respecto a la información previa, comparecer sin una
documentación previa suficiente no es venir a una comparecencia, es venir
a un acto informativo del que se comparece sin garantía del control.

¿Deben ser el Congreso y esta Comisión un aldabonazo de esas
presentaciones? Debemos buscar un nuevo cauce reglamentario que sea
sesiones informativas de presentación de papeles, para en una segunda
sesión de control a la semana siguiente, conocer los papeles. Pues más
sencillo: se presenta el papel, lo conocemos con una semana antes, lo
leemos, y entonces actuamos.

Nosotros creemos que no les falta razón a las demandas de los grupos de
la oposición. Yo sé que la visión de los grupos mayoritarios es otra. En
todo caso, espero que se pueda corregir en lo sucesivo. Esto no es culpa
solamente del Gobierno, aunque sí lo es la voluntad de no comparecer. No
sé los meses que hace que el ministro no ha venido; se ha hablado de dos
comparecencias, pero yo no sé si son 8, 9 ó 10 los meses que lleva sin
aparecer en la Comisión. En un proceso de Unión Europea, con temas
presupuestarios tan importantes, ¿es lógico que el ministro no comparezca
en una Comisión como ésta de control parlamentario en 9 ó 10 meses? ¿Es
lógico el funcionamiento? Tendremos que sopesar nuestra posición crítica
sobre las comparecencias.

Respecto a la información de los expertos sobre la reforma del IRPF --he
traído aquí un dossier de información--, ha tenido desde el 13 de febrero
una amplia difusión e información. Ahora, por fin, llega aquí. Nosotros
creemos que el procedimiento debiera haber sido el contrario: se hace
aquí y después se distribuye la proyección externa, si es que es un
instrumento de Gobierno. Si es un instrumento solamente de apoyo o de
ayuda sería otra cosa. Por tanto, señor presidente, disponer de la
información es prioritario.

Nuestra posición es exigente y crítica a la decisión de los grupos
mayoritarios para que esto sea corregido. No obstante, nosotros vamos a
permanecer hoy en la discusión de los temas de Hacienda.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: En línea con lo que han manifestado los dos
anteriores intervinientes, quiero recordar a SS. SS. que en las
conclusiones de la Comisión de investigación de los 200.000 millones
precisamente la propuesta primera decía que en el plazo máximo de tres
meses (y esto era en el verano de 1997) el Gobierno presentará ante la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda el plan de modernización de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Llega en estos momentos, no
ya fuera de plazo, sino con la incapacidad y la imposibilidad de que
podamos ahora manifestar con un mínimo de sentido común nuestra opinión
en relación con ese tema. Sentido común y sensatez que doy por supuestos
en el secretario de Estado, que ha conocido todos los trabajos de
elaboración de este plan, pero que desde luego la oposición no está en
condiciones de hacerlo.

Señor presidente, en la medida en que no estamos en condiciones de
ejercer nuestro papel lógico y constitucional de oposición en unos
términos razonables y sensatos, solicitamos que esta Comisión no se
celebre y que una vez conozcamos este documento o cualquier otro en
relación con los otros puntos del orden del día se pueda convocar. En
caso contrario Nueva Izquierda no está en condiciones de ejercer hoy su
papel en relación con los puntos del orden del día sobre los que el
secretario de Estado, cuya comparecencia agradecemos, está dispuesto a
intervenir. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego a las señoras y señores diputados y a las
demás personas presentes en la sala que guarden riguroso silencio y que
solamente hable, lógicamente, el que interviene y al cual le doy la
palabra. Señor Martínez Pujalte, tiene usted la palabra.




El señor MARTINEZ PUJALTE: En primer lugar, quiero decir que el señor
Martínez Noval en su intervención ha cometido un error, quizá
involuntario pues ha dicho que el señor ministro sólo ha comparecido en
esta Cámara una vez. El señor ministro ha comparecido en esta Cámara más
veces; en esta Comisión dos, pero en otras también lo ha hecho --respondo
a lo que decía el señor Ríos--, como en la Comisión de la Unión Europea,
que es donde da cuenta del estado de nuestra incorporación a la



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moneda única. Pero, además, el señor ministro comparece todos los
miércoles respondiendo en muchas ocasiones a preguntas del señor Martínez
Noval. (El señor Martínez Noval: ¡Faltaría más!)
La escenificación del señor Martínez Noval de levantarse e irse no es
original pues ya lo ha hecho en otra ocasión. Ahora bien, el motivo no
puede ser más peculiar y me gustaría comentar mi opinión para que
constara en el «Diario de Sesiones». Lo que está planteando el señor
Martínez Noval es si el ministro viene antes o después que los
secretarios de Estado. ¡Hombre!, dogmas de fe para este grupo
parlamentario hay pocos, quizá para el Grupo Parlamentario Socialista hay
dogmas de fe hasta en la elaboración de los órdenes del día. Puede venir
antes o puede venir después. Esta Comisión legítima y democráticamente
decidió un orden del día donde venían los secretarios de Estado y después
el ministro, y creo que está fijada la comparecencia del ministro.

Lo que parece, aunque no quiero pensarlo porque me cuesta trabajo, es que
el Grupo Socialista no acepta el juego democrático; que el Grupo
Socialista, si no le salen las cosas como él quiere, ni siquiera acepta
la elaboración de los órdenes del día y se levantan y se van. Son como
niños que cuando no ganan, se levantan y se van. Me parece más razonable
la posición de Izquierda Unida, que dice: No me gusta este orden del día,
pero me quedo a debatir. Me parece más democrático, señor Martínez Noval,
saber perder, aceptar el resultado democrático de la Comisión, presentar
las aportaciones y debatirlas. ¿Por qué se van ustedes, señor Martínez
Noval? Muy sencillo, sólo hay dos explicaciones: una, no poner de
manifiesto sus propias contradicciones. Aquí usted hace dos semanas dijo
que no habría que modificar el IRPF y una semana después el señor
Eguiagaray le rectificó públicamente y presentó un documento diciendo que
sí había que modificarlo y a lo mejor no quiere poner de manifiesto esas
contradicciones. El martes pasado votaron que no a la proposición no de
ley de previsión social complementaria con grades aspavientos, y el
jueves reparte un papel a la prensa diciendo que hay que modificar el
marco tributario de la previsión social complementaria. A lo mejor es que
no quiere entrar usted a debatir eso y por eso se va, porque otra
explicación, señor Martínez Noval, no encuentro. Desde luego, señor
Martínez Noval, espero que rectifiquen su posición, a mí me gustaría que
se quedaran y que debatiéramos tranquilamente todos los temas aquí
planteados.

En cuanto al plan de modernización, como usted sabe, señor Martínez
Noval, responde a una conclusión de una comisión de investigación que
dijo: «Se han perdido 200.000 millones de pesetas, la culpa es de unos
señores que eran los gestores de la Agencia Tributaria entonces, que eran
los señores del Grupo Socialista, pero vamos a mirar para el futuro.»
Ustedes tuvieron la culpa de que se perdiera ese dinero y ahora no
quieren debatir qué medidas se adoptan para arreglar el futuro. (Los
señores diputados del Grupo Socialista abandonan la sala.)



El señor PRESIDENTE: Tras estas aclaraciones previas en relación con el
orden del día relativo a la celebración de las comparecencias, pasamos a
celebrarlas en concreto.

Como antes solicité de los señores portavoces de los grupos
parlamentarios que han solicitado las comparecencias: Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Federal de Izquierda Unida, les
pregunto si quieren que celebremos las comparecencias una sucesivamente
en relación a la otra, o bien que por parte del señor secretario de
Estado se responda, se aclare y se informe sobre todas las cuestiones
planteadas y posteriormente se realicen los turnos de intervención por
los grupos parlamentarios. Creo que esta solución es la más idónea, en la
medida en que en la primera comparecencia solicitada se habla de
presentar las conclusiones, poco se puede decir en cuanto a su
presentación, sino hacerlo. En relación a dar a conocer todo lo referente
al abordaje producido a una patera, todo significa absolutamente todo y
poco más se puede explicar al respecto.

Si les parece a ustedes bien y no tienen inconveniente, por parte del
señor secretario de Estado se procederá a informar de las cuatro
comparecencias y posteriormente celebraremos el turno de intervención de
los diferentes grupos parlamentarios.

Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muy buenos
días, señoras y señores diputados.

Tal y como ha planteado el señor presidente, voy a intentar contestar a
todas las cuestiones que motivan el objeto de mi comparecencia. Empezaría
por buscar una mayor coherencia en el conjunto de los temas que se
plantean. Intentaré hacer referencia, en primer lugar, a la colisión de
una patera por una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera, y
posteriormente me remitiré a las restantes cuestiones del orden del día.

Con respecto a la primera cuestión, en contestación a la petición
efectuada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, haré
referencia, como digo, a la colisión de una lancha del Servicio de
Vigilancia Aduanera con una patera el pasado día 26 de agosto. A este
respecto quiero manifestarles a las señoras y señores diputados que
cuando la Agencia tuvo conocimiento de ese hecho a nivel de subdirector
general ordenó, con carácter urgente, proceder a la investigación de los
hechos acaecidos por parte del servicio de auditoría interna de la
Agencia Tributaria, con el único y exclusivo objetivo de verificar si
dentro de lo que es el ámbito de las competencias del servicio de
auditoría interna, que es un órgano de control como todos ustedes saben,
se había procedido correctamente o, por el contrario, podía haber
existido alguna irregularidad en el funcionamiento del servicio.

El citado servicio realizó las pertinentes averiguaciones, recabando los
antecedentes documentales y registros requeridos, y de tal actuación
derivó una serie de conclusiones que son las que quisiera transmitirles a
las señoras y señores diputados.

En primer lugar, la colisión de la patera de inmigrantes con la
patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera la



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madrugada del pasado 26 de agosto en la zona de Punta Oliveros (Tarifa)
fue consecuencia de una imprevisible e irregular maniobra de la patera.

La patera fue detectada por radar, ya que navegaba sin luces a una
distancia de media milla de la costa y en paralelo a la patrullera. Esta
conectó la sirena y los focos luminosos y la tripulación ordenó parar sin
obtener respuesta. Durante la maniobra de aproximación y recorrido
paralelo los inmigrantes iban agachados y ninguno de ellos se lanzó al
mar antes de la colisión. La patera era de tamaño insuficiente incluso
para el número de ocupantes rescatados y trasladados posteriormente a
puerto. No pudo hacerse un cómputo visual de su número. De improviso, la
patera, situada al costado de babor, hizo una brusca maniobra cruzándose
por proa y colisionando con la patrullera, a pesar de que el patrón echó
atrás la palanca del motor. Se indica como posibles causas la
insuficiente potencia del motor de la patera, su agarrotamiento o el
desplazamiento lateral de los inmigrantes. Los cuatro miembros de la
tripulación del Servicio de Vigilancia Aduanera participaron en el
auxilio y salvamento de los náufragos, lanzando inmediatamente todos los
objetos flotantes disponibles y rescatando a 19 personas.

Se reconoció con insistencia la zona de colisión por si existían otros
posibles náufragos, así como se trató de averiguar a través de los
rescatados si había más ocupantes en la patera. Sin embargo, ninguno de
ellos hablaba castellano y la búsqueda ofreció un resultado negativo.

Al existir cuatro heridos, se puso rumbo a Tarifa y se realizaron en el
trayecto de manera inmediata los correspondientes avisos a ambulancias y
a la policía local de Tarifa a través del centro de transmisiones del
Servicio de Vigilancia Aduanera.

En el puerto, la Guardia Civil condujo a estos inmigrantes a sus
dependencias para una declaración inicial. Una vez finalizada ésta, los
15 inmigrantes referidos fueron trasladados por vehículos del Servicio de
Vigilancia Aduanera y puestos a disposición de la comisaría de policía.

Los cuatro heridos fueron atendidos en el centro sanitario de Tarifa,
acompañados por un miembro de la tripulación del Servicio de Vigilancia
Aduanera.

El jefe provincial del Servicio de Vigilancia Aduanera tuvo conocimiento
de lo acontecido a través del centro de transmisiones del servicio.

Conocía igualmente que los inmigrantes habían declarado ante la Guardia
Civil de Tarifa y habían manifestado la posible existencia de otros
ocupantes de la patera. En este momento se avisó al Servicio de
Salvamento Marítimo que, pese a localizar la patera, no localizó nuevas
personas en la zona.

La Agencia Tributaria, por lo tanto, dentro de lo que podía constituir el
ámbito de sus actuaciones, puso en marcha la investigación a la que he
hecho referencia y el resultado que manifiestan los servicios de
auditoría interna de la Administración tributaria concluyen que no se
desprende ninguna responsabilidad que afecte a la organización o a su
funcionamiento en el ámbito de su actuación.

Con relación a las restantes cuestiones que forman parte del orden del
día de esta Comisión, señor presidente, quisiera hacer mención que dentro
de ellas, según petición del Gobierno del pasado día 2 de enero,
comparezco ante esta Comisión para explicar el plan de modernización de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para explicarles
cuáles son las líneas de ese plan y el contenido de algunas de las
medidas incluidas en ese plan, sin perjuicio, como es obvio, de que si lo
considera oportuno esta Comisión se pueda debatir, tras esta explicación,
en el futuro de manera general o más en concreto, cualesquiera de los
planteamientos que figuran dentro de ese plan, así como para informar
acerca de las sentencias del Tribunal Supremo en relación a la
interpretación del artículo 31.4 del Reglamento General de la Inspección
de los Tributos.

Como todas SS. SS. conocen, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su
sesión del día 26 de junio de 1997, en relación con la Comisión de
Investigación sobre la Tramitación de determinados expedientes en la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, aprobó el informe
presentado por la citada Comisión en el que, además de otras
consideraciones, se realizaban 14 propuestas de futuro en relación a los
hechos investigados.

La primera de ellas era la relativa al desarrollo de un plan de
modernización que el Gobierno presentaría ante esta Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda. Este plan de modernización que se presenta hoy ante
la Cámara responde al contenido fijado en el citado informe de la
Comisión.

La relevancia y la singularidad de las funciones asignadas a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria han justificado la configuración de
un régimen jurídico específico, contenido en su ley de creación, que
trata de potenciar, sin merma alguna de los principios que deben inspirar
el quehacer administrativo, la mayor agilidad y eficacia posible en su
funcionamiento.

Convendrán SS. SS., conmigo en que el mero transcurso de seis años de
vida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria justificaría por
sí solo una revisión crítica de las ventajas y deficiencias advertidas en
el funcionamiento de la misma. Si a ello añadimos el referido informe de
la Comisión parlamentaria, resulta evidente que más que una revisión
crítica es necesario efectuar un auténtico replanteamiento de los
procedimientos, métodos de trabajo, sistemas de control y aspectos
estructurales inherentes al modelo de Administración tributaria vigente
en nuestro país.

El resultado de los trabajos realizados con este objeto es el plan de
modernización que presento hoy ante esta Comisión y que consta de una
introducción y de cinco capítulos. En el primero de ellos se analiza el
marco económico e institucional en el que se desenvuelve la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. En el segundo capítulo se incluyen
un conjunto de consideraciones generales acerca de la situación actual de
la Agencia. En el tercero se analizan las funciones y los objetivos
principales de la Agencia. En el cuarto se desarrolla una descripción
pormenorizada de los problemas detectados en el funcionamiento de la
organización y un conjunto de medidas para su modernización. Y
finalmente, en el último capítulo se desarrollan aspectos concretos
acerca de las carreras profesionales y administrativas de los
funcionarios y empleados de la Agencia.




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Debe hacerse constar que la estructura de presentación del plan responde
en todos sus puntos a la expresada en el informe de la Comisión
parlamentaria, con la única excepción, justificada por razones de orden
práctico, del tratamiento en un único capítulo de las materias relativas
a los problemas más relevantes de la Agencia Tributaria y a las
propuestas para su modernización.

La presentación del plan, como consecuencia de la solicitud de
comparecencia ante el Congreso de los Diputados efectuada el pasado 2 de
enero, permite tener en cuenta una serie de acontecimientos que marcan
profundamente la futura organización de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Debe pensarse, en primer lugar, en
determinados contenidos normativos de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997, como son
la reestructuración del Servicio de Vigilancia Aduanera, la separación de
los cuerpos integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado, la futura ley de derechos y garantías del contribuyente y la
entrada en vigor del nuevo régimen fiscal para las pequeñas y medianas
empresas de nuestro país. En segundo lugar, en las líneas esenciales de
la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre las
que está trabajando el Gobierno y que también condicionan de alguna
manera el desarrollo y la estrategia futura de la Administración
tributaria española.

El primer bloque de cuestiones determina, como es obvio, cualquier
planificación que se intente hacer del futuro de las carreras
administrativas de los funcionarios integrados en la Agencia Estatal
Tributaria, mientras que la reforma del régimen fiscal de pequeñas y
medianas empresas condiciona decisivamente relevantes aspectos
organizativos de las áreas de inspección y gestión tributaria, dado que
afecta a 3 millones de contribuyentes.

En cuanto a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el plan de modernización parte de considerar que la futura
simplificación en la gestión del impuesto y la disminución del número de
declarantes permitirá liberar recursos hasta ahora empleados en el
desempeño de determinadas funciones de asistencia y verificación, que van
a perder su sentido con la futura ley del impuesto. Ello podría dar lugar
a que algunos aspectos del presente plan exijan una necesaria adaptación
al contenido definitivo de la reforma, cuando ésta efectivamente se
produzca.

Antes de comenzar un repaso de las principales medidas contenidas en el
plan de modernización, me gustaría realizar un breve análisis acerca del
entorno previsible de actuación de la Administración tributaria en los
próximos años. Es claro que la modernización de la Agencia debe perseguir
como objetivo prioritario adaptar eficientemente la misma a ese entorno
previsible. Esta adaptación podrá afectar a aspectos tan sustanciales
como son su dimensión y organización, la utilización de sus recursos, los
modelos de control y de relación con los ciudadanos y sus respectivos
procesos de trabajo, sus mecanismos de relación institucional, sus
sistemas de prioridades.

El éxito del proceso de modernización depende sobre todo de una correcta
visualización inicial del mencionado entorno, lo que se traduce en la
enumeración de los factores que habrán de actuar como referencia obligada
en su previsible evolución. Algunos de estos factores relevantes no son
nuevos, pero mantienen plenamente su vigencia e inciden todavía en el
desarrollo de las actuaciones de la Agencia. Entre ellos se cuenta la
generalización de la imposición y la complejidad y variabilidad
experimentada en el pasado por la normativa tributaria.

Otros factores son de muy reciente o incluso de previsible futura
aparición. Los más importantes son los asociados al cumplimiento de los
criterios de convergencia, el espacio único europeo y la
internacionalización de la economía, la corresponsabilidad fiscal, el
incremento de la demanda en materia de servicios y la necesidad de
proceder al reforzamiento de los derechos y garantías de los
contribuyentes en el marco de las futura reformas de la imposición. Será
en estos últimos aspectos en los que centraré mi análisis.

Resulta claro que uno de los grandes retos al que nuestro país debe dar
adecuada respuesta tras la entrada en la primera fase de la Unión
Monetaria europea es el cumplimiento de los criterios de convergencia y,
dentro de ellos, el de conseguir el efectivo cumplimiento del Plan de
Estabilidad.

La Agencia Tributaria, como encargada de la gestión recaudatoria de los
tributos de carácter estatal, tiene una responsabilidad relevante en la
ejecución de esta política, pues gestionará en 1998 unos ingresos
presupuestarios de 14 billones 208.520 millones de pesetas, es decir, un
85,7 por ciento del total de los ingresos no financieros del Estado. Un
cálculo más realista del volumen de los ingresos gestionados se obtendría
adicionando al ingreso presupuestario el importe de los tributos que,
pese a estar cedidos a las comunidades autónomas, son gestionados
directamente por la Agencia Tributaria. Con esta adición se alcanzaría un
importe de 14 billones 880.400 millones y un porcentaje de significación
del 86,3 por ciento.

Asimismo, deben considerarse otros efectos positivos de la actividad de
la Agencia para contribuir a lograr la disciplina sobre el déficit, dado
su apoyo y colaboración con otros gestores públicos, destacando en este
ámbito la importancia de su actuación sobre la economía sumergida en el
marco del Pacto de Toledo.

El segundo factor a considerar es el efecto derivado de la desaparición
de las fronteras fiscales en 1993 y la liberalización de los movimientos
de capitales que han sido transformados nuestra economía de forma
decisiva. Esta situación se completará con la implantación de la moneda
única.

La Administración tributaria española adquiere en este nuevo entorno una
dimensión internacional que aporta retos y dificultades añadidas a su
gestión. Algunos aspectos relevantes a considerar en esta materia son: En
primer lugar, que la Agencia, sin declinar sus obligaciones y objetivos,
deberá mejorar sus servicios y las garantías en relación con los agentes
económicos, con el fin de evitar la expulsión de inversiones y de atraer
actividades económicas a nuestro territorio. En segundo lugar, la
Agencia, como entidad que traslada la realidad a las medidas fiscales,
debe



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adaptarse adecuadamente a la creciente importancia que dentro de la
política económica adquirirá la política fiscal, como consecuencia de la
reducción del margen de maniobra asociado a la homogeneización de las
políticas monetarias en el entorno de la Unión Europea. En tercer lugar,
la internacionalización y liberalización de la economía abre
posibilidades crecientes de elusión fiscal que no se evitarán sin un
suficiente esfuerzo en la captación de información generada en otros
países y en las actividades de investigación. Finalmente, la Agencia
deberá realizar un importante esfuerzo de adaptación a la moneda única,
asumiendo el papel de líder y catalizador del cambio que, según el
Consejo Europeo, incumbe a la Administración, particularmente a la
Administración tributaria y a la Seguridad Social. Este esfuerzo deberá
abarcar los múltiples aspectos que plantea la introducción del euro,
entre los que pueden citarse la propia adaptación del ordenamiento
jurídico, la acomodación de su sistema informático, la necesaria
modificación de modelos de declaración (formularios e impresos), la
adecuada formación del personal y la correcta divulgación del nuevo
entorno entre los ciudadanos.

El segundo de los factores a que quería referirme para condicionar el
desarrollo y la organización futura de la Administración tributaria es el
relativo al nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal derivado del
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 23 de
septiembre de 1996 y de las subsiguientes modificaciones normativas
producidas.

Estas han dado igual a una modificación sustancial del modelo de relación
entre la Administración estatal y las administraciones autonómicas,
implicando más intensamente a éstas en la toma de decisiones para la
obtención de los fondos necesarios para su financiación.

Para la Agencia Tributaria el nuevo régimen de corresponsabilidad fiscal
supondrá prestar una mayor atención a las siguientes cuestiones: En
primer lugar, la adecuación de su actuación de asistencia a los
contribuyentes y de lucha contra la elusión fiscal a las peculiaridades
de cada comunidad autónoma. En segundo lugar, una mayor atención a la
distribución de forma homogénea a nivel territorial de los recursos
materiales y humanos de la Administración tributaria. Y en tercer lugar,
una modificación del proceso de toma de decisiones, para dar paso a un
modelo en el que las decisiones directivas han de adoptarse de forma más
descentralizada.

Además de estos factores, cada día es más perceptible la exigencia de una
Hacienda pública más cercana al ciudadano, menos costosa, que reduzca la
presión fiscal indirecta, que sea más respetuosa con los derechos de los
ciudadanos, que se relacione con éstos de forma equilibrada y que, por
último, permita alcanzar mayores tasas de competitividad a los agentes
económicos.

Así como en la vertiente de la Agencia prestadora de servicios los
niveles de calidad conseguidos son importantes, dado el gran esfuerzo
hecho en los últimos dos años, la aceleración de las demandas sociales en
materia de derechos y garantías exige nuevas respuestas.

La futura ley de derechos y garantías de los contribuyentes constituye la
primera respuesta explícita a esta demanda y va a exigir esfuerzos
adicionales importantes a la Agencia Tributaria con el fin de asegurar su
eficacia y eficiencia e impedir que los costes derivados de malos
funcionamientos redunden en perjuicio de los contribuyentes, cuestiones
todas ellas que de manera significativa forman ya parte del plan de
objetivos de la Agencia para 1998.

Siendo previsible que esta exigencia social se mantenga o incluso se
incremente en el futuro, la Agencia Tributaria debe realizar cambios
profundos en su forma de operar a través de medidas de muy distinta
naturaleza, avanzando en el camino realizado, como son la simplificación
de las obligaciones formales, la clarificación de sus relaciones escritas
mediante la revisión de sus impresos y oficios, la atención inmediata de
las quejas formuladas por los ciudadanos, la agilización de las
devoluciones tributarias, la formación y especialización del personal que
se relaciona y asiste a los ciudadanos y la motivación suficiente de sus
acuerdos o la resolución de los recursos en plazo.

Por último, en esta descripción del entorno en el que han de
desenvolverse los trabajos de desarrollo y de modernización de la Agencia
en un futuro inmediato, hay que considerar que, en muy corto plazo, la
misma deberá hacer frente a las cuestiones derivadas de la aplicación
práctica de las reformas de la imposición ya aprobadas o pendientes de
aprobación.

En este sentido merece especial atención la reforma de la fiscalidad de
las pequeñas y medianas empresas que, como SS. SS. conocen, va a
introducir mejoras del control tributario asociado a este tipo de
contribuyentes y los agentes económicos con los que operan, lo que hará
necesario redimensionar la red de unidades dedicadas a estas tareas, así
como la readaptación del modelo de comprobación de los contribuyentes en
este sistema de tributación.

En segundo lugar, la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas asumirá como objetivo estratégico el de simplificación y
disminución de los costes indirectos asociados a la gestión del impuesto,
lo que permitirá la liberación de efectivos para el reforzamiento de las
tareas de lucha contra el fraude, que debe actuar como un elemento
equilibrador, junto con otros, de las posibles incidencias
presupuestarias de la reforma.

Por lo tanto, he intentado hacer referencia a los principales aspectos
que condicionan el desarrollo estratégico de la Agencia Tributaria en el
futuro. Creo que es importante tomar en consideración la entrada en la
moneda única y la internacionalización de la economía española, las
exigencias que resultan del nuevo modelo de corresponsabilidad fiscal, el
crecimiento de las demandas de prestaciones de servicios y de
reforzamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes y,
finalmente, las reformas impositivas con las que va a tener que
enfrentarse en un futuro inmediato la Agencia Tributaria.

La primera cuestión que plantea el proceso de modernización de la Agencia
es lo relativo al mantenimiento de su modelo organizativo básico y su
adecuación para la consecución de los objetivos establecidos para la
administración fiscal, habida cuenta de los nuevos componentes
estratégicos que van a condicionar su actuación en los próximos años. A
esta cuestión, por otra parte, se referían también



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las conclusiones de la Comisión de investigación a que he hecho antes
referencia.

Partiendo del contexto que plantea el entorno, los retos a que tiene que
enfrentarse la organización a partir de 1998, el mantenimiento del modelo
de agencia encierra ventajas para conseguir una mejora real en la gestión
tributaria, que deben aprovecharse.

Permite, desde luego, especializar a determinados órganos administrativos
en la gestión del sistema tributario, gestión que constituye una
actividad particularmente diferenciada de la del resto de la actividad
administrativa ordinaria. Permite adecuar claramente la organización de
forma ágil a las modificaciones introducidas en el sistema tributario que
ha de aplicar, a la vez que posibilita la introducción de las
modificaciones precisas para responder con rapidez e inmediatez a las
nuevas formas de fraude fiscal y a las exigencias derivadas de una
realidad económica y social cambiante en ocasiones. Por definición, el
modelo agencia va asociado al establecimiento de un sistema de objetivos
y, por ello, al control de la consecución de esos objetivos y del grado
de eficacia de la organización, circunstancia que se ha olvidado
tradicionalmente. Responde también a un modelo de aplicación creciente en
otras administraciones tributarias, que se configuran de esta forma
siguiendo el ejemplo del Internal Revenue Service estadounidense y es
también el modelo recomendado por las organizaciones económicas
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Interamericano de Desarrollo.

Finalmente, la configuración hoy de la Agencia como una entidad
prestadora de servicios tributarios a otras administraciones (a la Unión
Europea, a las comunidades autónomas, a los entes locales y a otros entes
públicos) exige, desde luego, un estatuto que garantice una adecuada
especialidad organizativa a ese tipo de funciones, realidad que no puede
desconocerse en 1998.

Hecha una referencia al entorno en el que tiene que desarrollarse
estratégicamente la Administración tributaria en el futuro y una breve
referencia también a su marco institucional, creo que es el momento en el
que nos dediquemos a afrontar los problemas detectados en el
funcionamiento de la Agencia Tributaria.

A los efectos de lograr una mayor claridad en la exposición de estos
problemas, así como de las medidas incluidas en el plan para su solución,
que posteriormente se detallan, se han agrupado en torno a los siguientes
temas: los problemas asociados a los modelos de información, asistencia y
relaciones con los contribuyentes y los problemas asociados al modelo de
control del cumplimiento tributario.

Ley General Tributaria, Reglamento General de Inspección de los Tributos
y Reglamento General de Recaudación. Yo creo que en estos momentos son
dos las cuestiones que deben tenerse en cuenta con relación al marco que
establece la Ley General Tributaria: por una parte, deberá valorarse si
su contenido debe ser modificado en orden a adaptarlo al texto definitivo
de la ley de derechos y garantías de los contribuyentes, de próxima
aprobación; por otro, deberán tomarse las medidas necesarias para
clarificar el desarrollo y ejecución de las facultades comprobatorias del
área de gestión tributaria de la Agencia, de tal forma que se articule
una mejor coordinación con la inspección de los tributos y evitar
problemas tradicionales en esta materia.

Asimismo, la ley de derechos y garantías de los contribuyentes obligará a
adaptar los reglamentos de inspección y de recaudación a las exigencias
contenidas en ella, circunstancia que por otra parte se plantea en las
conclusiones de la Comisión de Investigación. Una vez que se apruebe
dicho texto legal, se iniciará el proceso de reforma que, tal y como
recoge la propuesta de futuro tercera del texto aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados en relación con el informe de la Comisión,
deberá contar con la participación de los sectores profesionales más
representativos de entre los que se relacionen con habitualidad con la
Administración tributaria. Ya se han dado instrucciones para crear un
grupo de trabajo al efecto, a pesar de que todavía no se encuentra
aprobada la ley de derechos y garantías de los contribuyentes.

Dicha reforma en cualquier caso debe servir para rediseñar un
procedimiento inspector que potencie el principio de seguridad jurídica y
garantice la homogeneidad de criterio, la celeridad y eficacia de los
procesos sin que ello suponga pérdida de eficiencia en la lucha contra el
fraude, incorporando en su articulado además los criterios emanados al
respecto por los órganos jurisdiccionales.

Aun cuando no se ha preparado la ley de derechos y garantías del
contribuyente, sí se ha preparado una instrucción provisional, con objeto
de adaptar, dentro del marco actual ya, las actuaciones inspectoras a los
mandatos que previsiblemente se deriven de la citada ley, que versa sobre
una serie de cuestiones:
Trámite de audiencia al interesado. El proyecto de instrucción establece
que todo trámite de audiencia deberá ir seguido de la elaboración de
nueva propuesta de resolución en la que se tengan en cuenta las
alegaciones del interesado para estimarlas o desestimarlas.

Ampliación de actuaciones. El proyecto de instrucción establece los
trámites a seguir por los órganos de inspección cuando el contribuyente
que está siendo objeto de una actuación de comprobación solicite que
dicha comprobación tenga carácter general, trasladando dicha solicitud al
inspector jefe.

Duración de las actuaciones. Como SS. SS. conocen, la ley de derechos y
garantías del contribuyente establece un plazo máximo de 12 meses,
ampliable por otros 12, cuando las actuaciones revistan especial
complejidad. El proyecto de instrucción señala los casos en que podrá
entenderse que existe especial complejidad y, por lo tanto, que las
actuaciones podrán desarrollarse por un plazo conjunto de 24 meses. Así,
por ejemplo, en el caso de entidades que en alguno de los períodos a que
se refiere la comprobación alcanzaron el volumen de negocios a que su
normativa reguladora vincula la obligación de auditar cuentas; las
entidades que en algunos de los períodos a que se refiere la comprobación
tributaron en régimen de declaración consolidada; entidades que hayan
intervenido en operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria
de rama de actividad; personas físicas o jurídicas o entidades



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del artículo 33 de la Ley General Tributaria, cuando las operaciones de
tráfico internacional, operaciones vinculadas o las interrelacionadas
entre distintos contribuyentes, representan una parte importante de su
volumen de operaciones.

En este sentido, el proyecto de instrucción establece que cuando la
Inspección aprecie la concurrencia de las circunstancias determinantes de
la aplicación del plazo de 24 meses deberá comunicarse dicho extremo al
obligado tributario. Igualmente obliga a los funcionarios a cumplimentar
la aplicación informática que hace necesario o posible el seguimiento de
los plazos.

En materia de procedimiento sancionador, el proyecto de instrucción, de
acuerdo con lo establecido en la ley de derechos y garantías de los
contribuyentes distingue los supuestos en que debe procederse a la
iniciación de un procedimiento sancionador separado, según la fecha de
incoación de las actas correspondientes. Asimismo, la instrucción refiere
a las actuaciones a seguir en aquellos supuestos en que, por tratarse de
procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, procede la tramitación separada del
expediente sancionador. El inicio del expediente sancionador tendrá lugar
una vez ultimada la función inspectora, es decir, cuando se extiendan las
actas. También señala la instrucción el contenido obligado de la
comunicación dirigida a la incoación del procedimiento sancionador que ha
de comunicarse al presunto infractor, así como los aspectos concretos del
procedimiento que el instructor debe tener en cuenta para garantizar los
derechos del contribuyente, como comunicaciones, motivación, pruebas,
etcétera.

Finalmente, la instrucción contempla y prevé la regulación de la
suspensión de la ejecución de sanciones. A partir de la entrada en vigor
de la ley de derechos y garantías de los contribuyentes, la ejecución de
sanciones quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar
garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso que contra
aquéllas proceda. El proyecto de instrucción señala las actuaciones a
seguir por los inspectores según el momento en el que se haya dictado el
acto de liquidación y aquel en que se haya interpuesto el recurso de
reposición.

Por lo tanto, la Comisión de investigación requería al Gobierno para que
procediera al desarrollo del Reglamento General de la Inspección,
teniendo en cuenta las incidencias que pudieran haberse producido como
consecuencia de interrupciones injustificadas de actuaciones.

El Gobierno considera que no puede proceder al desarrollo del Reglamento
General de la Inspección hasta que no esté aprobada la ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, pero para anticipar los criterios que va
a introducir la citada ley dentro del actual marco legal, se ha dictado o
se ha elaborado un proyecto de instrucción provisional que recoge ya las
líneas generales de lo que será el futuro reglamento de inspección y que
adecua al marco legal actual los requerimientos o las mejoras en materia
de procedimientos tributarios que establece la nueva ley de derechos y
garantías de los contribuyentes.

Otra cuestión importante que se deberá analizar y valorar a la hora de
aprobar el reglamento de inspección es si dado el hecho de que ya existen
límites máximos para el conjunto de las acciones inspectoras (límites de
12 meses desde la notificación de inicio hasta la notificación de la
liquidación), ya pierde justificación o sentido establecer como causa de
interrupción injustificada de las actuaciones retrasos superiores a seis
meses, dentro de un contexto en el que la actuación inspectora en su
conjunto tiene que desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses.

El último de los problemas de tipo normativo al que me gustaría hacer
referencia --he mencionado la necesidad de introducir algunos aspectos o
algunas reformas en la Ley General Tributaria, he mencionado también la
posibilidad de modificar la Ley General Tributaria para clarificar las
competencias que deben tener los órganos de gestión tributaria en materia
de control, situación que ha generado importantes tensiones
tradicionalmente-- versa sobre el artículo 45 de la Ley 30/1992, que
contempla la utilización de medios informáticos y telemáticos para la
tramitación de los procedimientos administrativos y para la comunicación
entre la Administración y los ciudadanos.

Para la Agencia Tributaria, que desarrolla día a día un importante
sistema informático, la posibilidad de utilizar tales medios para la
gestión de los expedientes administrativos y para que sirvan de cauce a
las declaraciones de todo tipo presentadas por los obligados tributarios,
tiene un especial interés, en la medida en que podía incrementar de forma
notable la eficiencia de la organización respondiendo al criterio
estratégico de disminuir los costes indirectos de la imposición, al
evitar desplazamientos de los ciudadanos a las oficinas y utilizar sus
recursos en mayores actuaciones de control.

Me gustaría señalar que el impulso de esta forma de intercomunicación ya
se ha iniciado. Así, en la disposición final quinta de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1997,
se dispone la posibilidad de establecer mediante orden ministerial los
supuestos y condiciones en que las grandes empresas de nuestro país
habrán de presentar por medios telemáticos, de manera obligada, sus
declaraciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o
cualesquiera otros documentos exigidos por la Administración tributaria.

Me gustaría destacar en este sentido que a lo largo de este primer
semestre de 1998 se van a desarrollar los mecanismos y supuestos en que
operará esta forma de presentar las declaraciones para las entidades con
un volumen de operación superior a 1.000 millones de pesetas anuales,
aprobándose a tal efecto la correspondiente orden ministerial. A la fecha
de presentación de este plan de modernización se está concluyendo la
experiencia piloto realizada al efecto.

Este sistema permitirá que las entidades con una facturación superior a
1.000 millones de pesetas presenten por vía informática todas sus
declaraciones, liquidaciones y documentos exigidos por la normativa
tributaria y efectúen también sus pagos a través de esos procedimientos
de vía informática, de manera que la Administración tributaria tendrá un
conocimiento inmediato del contenido de las declaraciones y liquidaciones
de las grandes empresas y tendrá también un conocimiento inmediato de los
pagos



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realizados. Esta forma de presentar las declaraciones, obligatoria para
las grandes empresas (facturación con más de 1.000 millones de pesetas) a
partir del 1 de enero de 1999, será voluntario para el resto de las
personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades empresariales o
profesionales desde el 1 de enero de 1999.

Pero además existen otras aplicaciones de este sistema.

En primer lugar, la utilización del sistema EDI en el ámbito de las
aduanas e impuestos especiales, posibilidad que ya está plenamente
operativa y que ha permitido a lo largo de 1997 que el 55 por ciento de
todas las actuaciones de importación sean comunidades por vía telemática,
sin necesidad de presentar ninguna documentación, despachando, por lo
tanto, todos los trámites aduaneros en fracción de segundos, y en materia
de exportaciones un 90 por ciento de las declaraciones de exportación se
han presentando también por vía telemática y, por lo tanto, obviando la
necesidad de presentar documentación en papel para despachar la
tramitación de los productos.

Finalmente, la Administración tributaria va a extender la posibilidad de
utilizar vía telemática a las declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondientes al Impuesto de la Renta de 1998.

Problemas relativos al modelo de información, asistencia y relaciones con
el contribuyente. El segundo de este conjunto de problemas es el relativo
al modelo que información, asistencia y relaciones con el contribuyente.

Es evidente que la ayuda al cumplimiento de las obligaciones tributarias
constituye hoy uno de los objetivos básicos de la Administración, que
adquiere así un carácter de órgano prestador de servicios que no se
consideraba relevante en la concepción más tradicional. Esta demanda de
servicios de información y asistencia presenta una serie de problemas:
En primer lugar, su gran volumen y constante crecimiento, como pone de
manifiesto la comprobación del nivel de servicios prestados a lo largo de
la campaña del Impuesto sobre la Renta de 1996. En total se han
confeccionado 7.611.000 declaraciones a través de los programas de ayuda,
con un incremento del 21 por ciento sobre el ejercicio anterior, de las
cuales 3 millones aproximadamente se han realizado en contacto directo
con las oficinas de la Agencia Tributaria. Además se han atendido por la
Agencia 2.137.000 llamadas telefónicas, con un incremento cercano al 20
por ciento sobre el año precedente, y el total de consultas atendidas
sobre cuestiones tributarias ha sido de 4,8 millones, con un crecimiento
del 54 por ciento sobre el año precedente.

En segundo lugar, hay que destacar la fuerte estacionalidad de esta
demanda de servicios, con gran concentración fundamentalmente durante la
campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

En tercer lugar, es necesario tener en cuenta también la inmediatez en el
requerimiento del ofrecimiento del servicio, lo cual incrementa su
dificultad, dado el escaso período de tiempo que existe por lo general
entre el momento en el que se producen las tomas de decisiones o las
modificaciones normativas y aquel en el que deben ponerse en aplicación.

Finalmente, es necesario también considerar la valoración social respecto
a cualquier fallo o insuficiencia en el trato recibido por los
contribuyentes y a la percepción que éstos tienen de calidad del servicio
y de las mejoras introducidas en él.

Todas estas circunstancias condicionan el desarrollo del futuro modelo de
información, asistencia y relaciones con los contribuyentes y las medidas
propuestas por el plan de modernización que se precisan y se detallan más
adelante.

El tercer bloque de problemas es el relativo al del modelo de control. Es
evidente que el control del cumplimiento tributario es una de las
funciones más relevantes llevadas a cabo por la Administración
tributaria, hasta el punto de que su eficacia condiciona la efectiva
aplicación del modelo económico organizado en que se fundamenta cualquier
sociedad moderna. En la estructura actual de la Agencia existen distintas
instancias organizativas con funciones asociadas directamente al control:
los órganos de gestión tributaria, de inspección tributaria, la
inspección de adunas e impuestos especiales y los órganos de recaudación.

Además existen diversas ramas de actividad dentro de la Agencia
Tributaria que coadyuvan directamente en el desarrollo de las tareas de
control tributario, como son las de apoyo informático y de análisis a
cargo de los servicios de informática y, con importancia creciente, los
servicios de asesoramiento y defensa a cargo del servicio jurídico de la
Agencia.

La inexistencia hoy de un modelo general integrado, coordinado y
explícito de control que se refiere a la totalidad de los servicios con
responsabilidades en el ejercicio de estas funciones, ha generado una
serie de problemas de distinta índole que se han venido a sumar a otras
dificultades de carácter organizativo, procedimental y funcional.

El plan, además de incorporar un conjunto de líneas estratégicas básicas
en materia tanto de modelo de asistencia e información al contribuyente
como de modelo de control, desarrolla un extenso grupo de medidas para
resolver los problemas planteados en el funcionamiento de la Agencia.

Muchas de las medidas que ahora se incorporan ya han sido puestas en
práctica y otras constituyen el diseño futuro de la Agencia Tributaria y
se pondrán en funcionamiento a lo largo de 1998. Sin ánimo de ser
exhaustivo, sí me gustaría destacar algunas de las medidas concretas. En
todo caso, las principales medidas integradas en el plan de
modernización, entre las que se encuentran muchas de las medidas
efectivamente adoptadas en materia de control del fraude, serán expuestas
con posterioridad, siguiendo el orden formulado por el informe de la
Comisión de Investigación aprobado en su día por el pleno del Congreso.

Principales medidas en materia de información, asistencia y relaciones
con los contribuyentes. Me gustaría reflejar alguna de las medidas
contempladas en el plan que están permitiendo dar respuesta adecuada a la
demanda de servicios efectuada por los contribuyentes en materia de
información y asistencia. Estas pueden concretarse en una serie de
acciones que agruparé en tres categorías diferenciadas: las tendentes a
mejorar la calidad de los servicios



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de información y asistencia; las tendentes a facilitar el cumplimiento
voluntario; y aquellas que son necesarias para profundizar en las mejoras
de las relaciones con los contribuyentes.

De entre las medidas tendentes a mejorar la calidad de los servicios me
gustaría destacar las siguientes. Se está procediendo de forma progresiva
a la especialización de los funcionarios dedicados a la información y
asistencia, mediante un plan riguroso de formación permanente en el que
se incide en especial en este último aspecto. Estas cuestiones se
encuentran ya incluidas dentro del plan de formación de la Agencia para
1998. En este mismo ámbito se está potenciando la formación en lenguas
oficiales en aquellas comunidades autónomas que dispongan de lengua
propia, así como de idiomas extranjeros en determinadas zonas turísticas.

Se están dimensionando adecuadamente los servicios actuales de
información y asistencia, de tal manera que exista capacidad para atender
correctamente a los contribuyentes. Se asegurará que los servicios se
prestan en espacios físicos adecuados para facilitar el trato
personalizado e individualizado al contribuyente y garantizarle
confidencialidad en sus relaciones con la Administración Tributaria. En
este sentido se encuentra en desarrollo un programa de renovación de
determinadas administraciones, especialmente de Madrid y Barcelona, cuyo
equipamiento físico muestra graves deficiencias.

Se han adoptado medidas específicas para resolver los problemas de fuerte
crecimiento estacional de la demanda de servicios de información mediante
fórmulas de contratación discontinua, acompañadas de la necesaria
formación y organización profesional de base, tomando como referencia la
experiencia de la última campaña del Impuesto sobre la Renta.

Se realizará un seguimiento sistemático y periódico de la calidad y
aceptación de los servicios de información y asistencia al contribuyente
mediante la introducción de controles sistemáticos, como son los índices
de accesibilidad, y la realización de evaluaciones tanto generales entre
los ciudadanos como específicas relativas a los usuarios de los
servicios, dando entrada a los resultados de estas mediciones en los
sistemas de objetivos de la Agencia.

La Agencia está utilizando de forma intensiva las nuevas tecnologías de
comunicación con posibilidad de gran interés tanto en el corto como en el
medio plazo. Entre otras, está la potenciación de las unidades de
respuesta audible para resolver trámites por vía telefónica
(certificados, cita previa, accesos a censos) sin necesidad de
desplazamiento a las oficinas tributarias, generalización de
declaraciones sobre papel en blanco basadas en el sistema de códigos de
puntos que permite su lectura óptica, tal como se utilizó en la última
campaña de renta; cajeros informativos, que permitan igualmente acceder
directamente a la prestación de diversos servicios, y otras de naturaleza
análoga. Entre el conjunto de medidas para facilitar el cumplimiento
voluntario pueden citarse, entre otras, las siguientes. Se ha adoptado
una posición activa en la información y asistencia tributaria mediante la
comunicación de datos de los contribuyentes. Para simplificar desde esta
perspectiva al máximo las tareas de elaboración de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y lograr el número de
liquidaciones paralelas que se emiten y todos los posibles errores en las
declaraciones que presentan los contribuyentes, en esta próxima campaña
del Impuesto sobre la Renta, utilizando como experiencia la prueba piloto
del año anterior, la Administración tributaria va a comunicar a todos
aquellos contribuyentes que lo soliciten los datos con trascendencia
tributaria en materia de retenciones, pagos fraccionados u operaciones de
inversión y desinversión en fondos de inversión mobiliaria; va a
comunicar a todos aquellos contribuyentes que lo soliciten sus datos
tributarios, de manera que éstos puedan tomar en consideración la
información sobre retenciones o sobre pagos fraccionarios, que es
relevante para la elaboración de su declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Se ha introducido también la confección y domiciliación del pago a las
autoliquidaciones de empresarios y profesionales que se basan en
parámetros objetivos, pagos fraccionados y las primeras liquidaciones
trimestrales por el IVA.

Se procederá a una revisión general de todos los modelos de declaración,
que deben ser tan sencillos como las normas tributarias y las necesidades
de control administrativo lo permitan.

Se aumentarán las facilidades de pago de los impuestos a través de
mecanismos como tarjetas, cajeros, bienes distintos del patrimonio
histórico, etcétera, y se modificará la actual regulación del pago por
compensación para hacerlo más ágil.

En el ámbito de aduanas e impuestos especiales se potenciará el uso del
sistema EDI al que he hecho referencia, ampliándolo al de los impuestos
especiales. Hoy se aplica única y exclusivamente en el de las aduanas. La
mayor agilidad en el comercio exterior que posibilita este sistema, ya en
funcionamiento desde finales de 1996, permite unos ahorros
extraordinariamente importantes en los operadores económicos.

Finalmente, entre el conjunto de medidas para profundizar en la mejora de
las relaciones con los contribuyentes, se pueden destacar algunas. Se
evolucionará hacia un sistema de asistencia integral en el que se presta
información respecto a cualquier área de actividad de la Agencia.

Actualmente se están habilitando los sistemas de atención unificada para
el establecimiento de nuevas empresas, concertando en su caso servicios
con otros agentes públicos.

Se ha incluido dentro del sistema de objetivos de la Agencia la agilidad
y calidad en la atención a las peticiones presentadas ante el Defensor
del Contribuyente, muchas de las cuales ya se han tenido en cuenta a la
hora de elaborar el plan de objetivos de la Agencia.

Se depurará el actual sistema de garantías a presentar ante las aduanas
con el objetivo general, cuando se encuentre justificado, de abaratar los
costes administrativos que deben soportar los operadores económicos. Se
eliminarán duplicidades de garantías sobre la base de un mejor
conocimiento informático de los riesgos existentes y se



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permitirá una más rápida liberación de las mismas, una vez que se
compruebe por vía telemática que la operación afianzada se ha ultimado
correctamente.

Se está elaborando un plan integral de revisión de las obligaciones
formales e informativas de los contribuyentes bajo los principios de
simplificación o eliminación de aquellas que no se justifiquen con una
utilidad práctica efectiva, evitando duplicidades en la información y la
petición de datos que ya obran en poder de la Administración.

Se procederá a revisar las comunicaciones escritas dirigidas a los
contribuyentes, que se redactarán en términos comprensibles, contando con
la suficiente motivación y garantizando en todo caso el respeto a los
derechos de los ciudadanos.

Se están agilizando los procedimientos administrativos de resolución de
recursos e incidencias en los distintos expedientes. El cumplimiento de
los plazos establecidos para la resolución de los recursos e incidencias
en los expedientes es un objetivo fundamental dentro del plan de
objetivos para 1998. Su configuración como objetivo diferenciado permite
además que se controle a través de una aplicación informática que va a
hacer un seguimiento continuo de la evolución de los plazos en materia de
resolución de recursos.

Se han acelerado los procesos de devolución tributaria. El estudio y el
plan de trabajo realizado al efecto permite asegurar que las devoluciones
correspondientes a la próxima campaña del Impuesto sobre la Renta podrán
ofrecerse con mayor celeridad que las del año precedente. En concreto,
para la próxima campaña se podrá proceder a la devolución del 15 por
ciento de las declaraciones a devolver durante el mes de junio, antes
incluso de la finalización del período de declaración.

Se institucionalizarán contactos y sistemas de colaboración con colegios
profesionales, sindicatos y asociaciones empresariales para crear foros
de encuentro que sirvan de cauce estable para que lleguen a correcto
conocimiento de la Agencia las inquietudes, problemas y posibles
deficiencias en su funcionamiento.

Se reducirá la exigencia a los ciudadanos de certificados a expedir por
la Agencia mediante la relación directa entre ésta y las administraciones
demandantes de los mismos. Me refiero a los certificados tradicionales
del Impuesto sobre la Renta para la formalización de contratos, la
obtención de subvenciones, la obtención de becas, el acceso a
determinadas políticas de apoyo a la vivienda. La Administración
tributaria suministrará directamente la información a las
administraciones públicas solicitantes para evitar que los contribuyentes
tengan que desplazarse a las oficinas de la Agencia Tributaria. Hay que
destacar que las certificaciones emitidas en 1997 han ascendido a
2.572.000, lo que supone además un crecimiento del 10 por ciento; y de
ellos, el 60 por ciento corresponde al Impuesto sobre la Renta. Por lo
tanto, si se pueden trasladar estas comunicaciones directamente a las
administraciones públicas interesadas, seremos capaces de evitar
desplazamientos de los ciudadanos a las oficinas de la Administración,
así como una utilización ineficiente de los recursos humanos.

Se minimizarán los costes administrativos que soportan los operadores de
comercio exterior, reduciendo hasta un máximo de 2 horas la espera desde
que se presenta la declaración aduanera hasta la disponibilidad de las
mercancías. Para ello, además de reforzar la coordinación con otros
órganos administrativos con competencia en materia de comercio exterior,
se ampliará el horario de despacho en las aduanas según sus necesidades
de comercio.

Se estudiará la adaptación de los servicios de información y asistencia a
la situación particular de los colectivos de discapacitados.

Además de estas medidas en materia de información, asistencia y
relaciones con los contribuyentes, el plan incluye a un importante
conjunto de medidas de control que responden a las necesidades de
organización y a las deficiencias detectadas por la comisión de
investigación relativa a la tramitación de expedientes en la Agencia. Las
propuestas de mejora entonces realizadas han sido incorporadas en el
plan, aun cuando muchas de ellas se encuentren ya plenamente operativas,
tal y como a continuación se indica.

Medidas para evitar retrasos en los procedimientos que pudieran redundar
en perjuicios económicos de la Hacienda pública. Como SS. SS. recordarán,
la segunda de las propuestas de futuro de la Comisión parlamentaria hacía
referencia a la necesaria inclusión en el plan de modernización de
medidas para evitar retrasos en los procedimientos que pudieran redundar
en perjuicios económicos de la Hacienda pública.

A este respecto, el plan contempla medidas de distinto orden que, de las
más genéricas a las más concretas, pueden agruparse en tres grupos
fundamentales: en primer lugar, las medidas tendentes a ajustar el número
de efectivos que realiza tareas de control; en segundo lugar, las medidas
para distribuir de manera más eficiente esos efectivos y dotarles de
medios adecuados de apoyo; y en tercer lugar, las medidas de seguridad y
control.

En relación con el primero de estos tres grupos de medidas, el plan
contempla, en primer lugar, que en el segundo semestre de 1997 se inició
la elaboración de un plan de evaluación de los recursos humanos de la
Agencia, que debe permitir analizar si la Agencia está adecuadamente
dimensionada, teniendo en cuenta los objetivos que se le asignan tanto en
el corto como en el medio y en el largo plazo, con el fin de que los
efectivos permitan un cumplimiento eficiente de dichos objetivos. Este
plan estará finalizado en el próximo mes de marzo y parte de un análisis,
a nivel territorializado y por funciones, de las cargas de trabajo que
hoy desarrollan los funcionarios de la Administración Tributaria. Se
estudia cuáles son las cargas de trabajo que se deberían desarrollar en
conjunto para alcanzar un cumplimiento eficiente de los objetivos y si a
nivel territorial y funcional la dimensión de nuestras plantillas es
adecuada.

En segundo lugar, el plan prevé la racionalización y apoyo de los
recursos humanos que realizan tareas de apoyo a la justicia
fundamentalmente a través de actuaciones periciales. Esta función
involucra actualmente a 174 funcionarios, inspectores y subinspectores,
con una ocupación



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media de 30 por ciento, lo que equivale a unos 52 funcionarios con
dedicación total. El adecuado ejercicio de esta función hace
absolutamente necesaria la creación de unidades de apoyo a la justicia en
el seno de la Agencia, con una reserva de relación de puestos de trabajo
específica al respecto que redundará en una mejora de la calidad de su
trabajo. Con ello se consigue también una más racional y ordenada
distribución y planificación de las restantes tareas. El amparo normativo
a la creación de estas unidades ha venido por la disposición
quincuagésimo sexta de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, de 30 de diciembre de 1997.

También en este ámbito de la colaboración con la justicia debe
destacarse, aunque sea incidentalmente, el próximo convenio a celebrar
con el Consejo General del Poder Judicial que va a permitir que, tanto
las peticiones de datos de juzgados y tribunales que se efectúan a la
Agencia como las contestaciones a las mismas, puedan transmitirse de
forma ágil y rápida utilizando los medios informáticos y telemáticos. En
este sentido hay que destacar también la estrecha colaboración que se
viene desarrollando con el Tribunal Supremo. Pero además de una mayor
dotación para los órganos dedicados al control del cumplimiento
tributario para evitar retrasos en los procedimientos, debe actuarse para
orientar un mayor número de efectivos a las áreas más exigentes y de
mayor complejidad y mejorar los medios de apoyo a las tareas inspectoras.

El plan contempla: en primer lugar, el incremento de los medios humanos
dedicados a la comprobación de las grandes empresas a través de la
reforma de la Oficina Nacional de Inspección, a la que luego haré
referencia; en segundo lugar, el refuerzo decidido de los sistemas y
medios de apoyo a las tareas inspectoras con personal auxiliar, nuevos
medios tecnológicos, agilización de los sistemas de documentación y
archivo y acceso a bases de datos.

En materia de seguridad y control las medidas adoptadas hasta la fecha
han servido para conseguir corregir de manera efectiva los problemas de
plazos en la tramitación de expedientes que provocaron en su día los
problemas analizados por la comisión de investigación. Lograr una Agencia
Tributaria más segura es uno de los objetivos estratégicos de primer
nivel de la Administración Tributaria y para ello se ha acometido hasta
la fecha un importante conjunto de medidas operativas. La primera de
ellas fue la Instrucción de 15 de abril de 1997, que establecía la
obligación de comunicar a la presidencia de la Agencia las interrupciones
injustificadas del procedimiento inspector en un plazo superior a 6
meses. Dicha instrucción se complementó con otra del departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de 19 de mayo de 1997. Hasta la fecha
no ha habido comunicación de la existencia de ningún nuevo expediente en
el que pudiera haberse dado la incidencia de prescripción en los términos
establecidos por el Tribunal Supremo.

La segunda de ellas ha sido el reforzamiento del servicio de auditoría
interna en 1997, órgano de control interno de la Agencia. El servicio ha
asumido de manera efectiva el control del cumplimiento de los objetivos
de la Agencia y se ha incrementado en un 30 por ciento el número de
inspectores de los servicios a su cargo.

La tercera ha sido la creación, el 11 de julio de 1997, al máximo nivel
de una comisión de seguridad y control, presidida por el presidente de la
Agencia e integrada por el director general de la Agencia, el interventor
general, el inspector general del Ministerio de Economía y Hacienda y
miembros del comité permanente de dirección de la Agencia. El cometido
básico de la comisión de seguridad y control es la elaboración de
criterios y normas que aseguren el ajuste estricto de las actividades de
la Agencia a las disposiciones que la regulan, el mantenimiento de la
seguridad interna del ente y la defensa de la integridad de los intereses
económicos de la Hacienda pública.

La cuarta de las medidas en materia de control ha sido la creación de las
comisiones sectoriales de seguridad y control en los ámbitos de gestión
tributaria, inspección financiera y tributaria, recaudación, aduanas e
impuestos especiales e informática. Estas comisiones están analizando y
evaluando en su ámbito las áreas y puntos de riesgo y las debilidades de
control existentes, a fin de establecer las correspondientes medidas
preventivas para evitar que se produzcan resultados contrarios a los
intereses de los derechos económicos de la Hacienda pública.

En quinto lugar, se ha incluido en el sistema de objetivos de la Agencia
el cumplimiento de los plazos en que deben desarrollarse las actuaciones
de comprobación y su consideración como parámetro a valorar en la toma de
decisiones.

Además de las medidas referidas y de otras muchas en el departamento de
inspección, que se comentarán a continuación, el plan incluye también un
conjunto de medidas tendentes a mejorar la seguridad futura de la
Agencia. Entre otras podríamos destacar las siguientes. Se ha diseñado un
sistema informático de control de los plazos de tramitación de la
actuaciones inspectoras desde su inicio, es decir, desde la notificación
del inicio de actuaciones inspectoras hasta la realización de la
propuesta de liquidación. Este procedimiento o esta aplicación controla
todos los trámites que se siguen en un expediente y planteará señales de
alarma ante posibles problemas relativos a plazos de tramitación en
cualquier momento de las actuaciones.

Se reforzará la seguridad de los procedimientos de control mediante
instrucciones en materia tales como la responsabilidad en la custodia de
expedientes y utilización de información, revisiones obligatorias de
expedientes en situaciones de finalización anormal y otras situaciones
análogas.

La comisión instaba también al estudio de las modificaciones normativas
de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Inspección, a
los que ya me he remitido, y también a mejorar el control que el Tribunal
de Cuentas realizaba sobre la Agencia Tributaria. A este respecto, sin
perjuicio de las decisiones que en este sentido adopte el alto tribunal y
la comisión mixta, cabe hacer referencia a la modificación operada en el
artículo 113.1 de la Ley General Tributaria por la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en las que el Gobierno
impulsó una modificación para que el alto tribunal tuviera un mayor
ámbito de actuaciones en el control de la Agencia Tributaria.




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En el área de inspección se han adoptado medidas adicionales. La cuarta
de las recomendaciones del informe de la comisión era la relativa a las
diversas medidas que debían adoptarse en el área de inspección de los
tributos. A este respecto, el plan integra un conjunto de acciones
específicas que paso a señalar seguidamente.

El plan prevé la revisión actual de la configuración y forma de
funcionamiento de las oficinas técnicas de la inspección, con la
finalidad de avanzar en su suficiencia, agilidad y coordinación. Sin
embargo, gran parte de estas medidas se han adoptado ya en las oficinas
técnicas de la Oficina Nacional de Inspección de Madrid y Barcelona y en
las delegaciones de Madrid y Cataluña. En concreto, hasta la fecha se han
desarrollado las siguientes actuaciones. Respecto a la Oficina Nacional
de Inspección, se han creado puestos de oficina técnica para las unidades
ONI de Barcelona con funcionarios dedicados en exclusiva a la resolución
de expedientes de disconformidad y el correspondiente apoyo
administrativo. En cuanto a Madrid, se ha incrementado en un 50 por
ciento el número de los funcionarios destinados en la oficina técnica y
correlativamente se ha aumentado la dotación del personal administrativo
de la misma.

Sobre las dependencias regionales y provinciales de la inspección de
Madrid, se aprobó el 30 de julio de 1997 una nueva relación de puestos de
trabajo que permite una mayor flexibilidad en la asignación de
funcionarios a las tareas de resolución de expedientes en función de la
carga de trabajo de cada momento. Respecto a la dependencia regional de
Cataluña y provincial de Barcelona, se ha duplicado el número de
funcionarios dedicados a las tareas de liquidación de actas de
disconformidad ante el aumento de expedientes observados en los últimos
años.

Las restantes oficinas técnicas están en proceso de ampliación y rediseño
tras los cambios que introduzca la ley de derechos y garantías de los
contribuyentes. Además de estas medidas para un mejor control de los
expedientes en las oficinas técnicas, se ha puesto en funcionamiento una
nueva aplicación informática que permite un seguimiento concreto y
detallado de cada una de las fases de tramitación de los expedientes en
las oficinas técnicas y de la duración de cada una de ellas. Esta
aplicación permite una gestión individualizada de cada expediente paso a
paso y un control de los tiempos empleados en cada una de las distintas
fases del procedimiento, una vez confeccionada el acta de inspección y
hasta el momento de la notificación de la liquidación.

En relación con la mejora de la planificación y selección de los
contribuyentes, el plan propone la confección y aprobación de un único
plan general de control de la Agencia que contemple e integre las líneas
generales de las actividades a realizar por todos los órganos y áreas de
la Agencia con competencias en esta materia. Se trata, en resumidas
cuentas, de abandonar tantos planes de control como departamentos tiene
la Agencia y crear un único plan de control en el que se fijen los
criterios de actuación de todos los departamentos.

En cualquier caso, por lo que respecta a la selección de contribuyentes,
cuestión que también se suscitaba en la comisión de investigación, la
selección se hará previo una serie de requisitos: la realización previa y
sistemática de estudios sectoriales y análisis de riesgos en cada uno de
los sectores de actividad; la toma de información planificada y la
potenciación de las tareas previas de investigación; la revisión de los
elementos de seguridad y equidad de los sistemas de selección para
garantizar homogeneidad de trato, mediante una mayor motivación de la
selección; y, finalmente, el establecimiento de mecanismos de evaluación
a posteriori para conocer si las decisiones adoptadas en el proceso de
selección han sido correctas valorando la eficacia del cumplimiento de
los objetivos de la Agencia.

En lo referido a los métodos y los procedimientos internos de actuación
de la inspección de los tributos, el plan contempla una serie de
cuestiones a las que quiero hacer referencia. Prevé la reforma del
procedimiento y metodología empleados en la comprobación tributaria para
avanzar en una mayor homogeneidad del método; es decir, que las
actuaciones sean más homogéneas, que se haga el mismo trabajo en todas y
cada una de las actuaciones que realizan los funcionarios de la
inspección; el aprovechamiento de las posibilidades de las comprobaciones
microinformáticas para el tratamiento y control de los datos contables,
que en muchas empresas es un control imprescindible para detectar
conductas irregulares; la elaboración de manuales de información y
métodos de control relativos a las actividades económicas más relevantes;
es decir, hay que fijar manuales en los que se establecen cuáles son las
condiciones, las posibilidades de inspeccionar determinado tipo de
actividades.

Propone la implantación de redes informáticas para los funcionarios
dedicados al control a niveles más locales, así como la determinación de
los supuestos en los que la actuación de las unidades de auditoría
informática en el inicio de las actuaciones comprobadoras debe resultar
obligada, atendiendo a la dimensión, naturaleza de la actividad,
desarrollo tecnológico de la entidad a comprobar, etcétera.

El plan incluye el establecimiento de sistemas reglados de colaboración
entre inspección y recaudación para evitar supuestos de impagos,
etcétera, de contribuyentes que devienen insolventes como consecuencia de
la actuación de la inspección y también el establecimiento de mecanismos
para el seguimiento estadístico del nivel de cumplimiento de los
contribuyentes que han sido objeto de comprobación. Hoy no se sabe cuál
es el resultado de la actuación de la inspección: cómo incide en el
funcionamiento o en la actuación y el comportamiento de los
contribuyentes en ejercicios posteriores.

Reorganización de la Oficina Nacional de Inspección. Finalmente, el
proceso de reforzamiento del área de inspección ha supuesto acometer una
necesaria reorganización de la ONI para mejorar su funcionamiento y
adaptarlo a su nuevo marco de actuaciones. La ONI ha ido evolucionando y
creciendo desde su creación sin que su organización interna se haya
adaptado plenamente ni a las funciones que ha ido asumiendo ni a la
propia extensión de su propio censo de trabajo.

A lo largo de la historia, la Oficina Nacional de Inspección ha adolecido
de un desarrollo organizativo y funcional



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insuficiente, acorde con el crecimiento de sus censos y de sus funciones
y competencias. Por ello, resulta necesario acometer su reforma de manera
sistemática y completa con el objetivo de que pueda hacer frente al
conjunto de funciones descritas, así como para que consolide su posición
en el ámbito de la Agencia Tributaria, todo ello sin olvidar la muy
intensa incidencia en la comprobación de grandes empresas de los plazos
que para la realización de las actuaciones supondrá la ley de derechos y
garantías del contribuyente. La reforma alcanza los siguientes extremos.

En primer lugar, se refuerza la estructura de dirección y jefatura de la
ONI. Parece evidente que el número y la envergadura de las unidades o
equipos de inspección existentes y los que progresivamente se irán
creando implican necesariamente un reforzamiento de los niveles
intermedios de jefatura, hoy prácticamente concentrados en el jefe de la
Oficina Nacional de Inspección y en el staff que le apoya.

En segundo lugar, se diversifican los actuales equipos de inspección que
integran la ONI, tanto en tamaño como en especialización. Parece
necesario que los equipos se adapten a la complejidad de los sectores
económicos en los que operan. En determinados sectores se hace precisa
una mayor dimensión de los equipos, hoy consistentes en 4 ó 5 personas
con habilitación inspectora. Igualmente, resulta esencial desarrollar
equipos especializados que apoyen a los equipos ordinarios que en la
actualidad sólo cuentan con una especialización sectorial. Estos nuevos
equipos serán los dedicados a la lucha contra el fraude a nivel
internacional, a la auditoría informática, a la valoración de las
transacciones económicas, al análisis de grupos económicos y a los
acuerdos previos que puedan establecerse entre contribuyentes y la
Administración. Junto con estos equipos se constituirá una unidad
especial de coordinación de actuaciones desarrolladas por los servicios
territoriales en casos especiales de fraude.

En tercer lugar, la reforma contempla la iniciación de un progresivo
crecimiento del número de equipos para asegurar en las actuales
circunstancias la completa cobertura del censo de contribuyentes, que hoy
no se encuentra totalmente cubierto por la Oficina Nacional de
Inspección, y que además exigirá mayores eficiencias con la nueva ley de
derechos y garantías del contribuyente.

En cuarto lugar, la reforma determina un reforzamiento y consolidación de
medios de la oficina técnica y de la unidad central de gestión de grandes
empresas, contemplando así el proceso ya iniciado y solventando las
carencias actuales.

En quinto lugar, la reforma procede a redimensionar el despliegue
territorial de la ONI, concentrando el número de equipos en las
principales cabeceras regionales y superando la cierta atomización hoy
existente.

En sexto lugar, se crea la unidad central de coordinación en materia de
delitos contra la Hacienda Pública fuera de la Oficina Nacional de
Inspección con funciones de coordinación de criterios en materia de
delito fiscal.

Finalmente, la reforma asegura la dotación de la imprescindible
estructura de medios de apoyo administrativo y auxiliar que abarcan desde
el apoyo informático hasta la eficaz y segura gestión de su archivo
documental. Todas estas medidas deben servir para configurar una moderna
Oficina Nacional de Inspección capaz de hacer frente a las exigencias
futuras de la lucha contra el fraude y evitar que se produzcan supuestos
como los que motivaron la comisión de investigación.

Informatización de los órganos de inspección, potenciación de medios
humanos y materiales y mecanismos de seguimiento y control. El informe de
la comisión también hacía referencia a la necesidad de proceder a la
informatización de los órganos de inspección, a su mayor dotación de
medios materiales y humanos y al establecimiento de sistemas de
seguimiento y control de las inspecciones en curso.

En materia de informatización, además de la aplicación informática que
permite el control de los expedientes por las oficinas técnicas a las que
ya he hecho referencia, se ha procedido al diseño de una nueva aplicación
informática para el control de las actuaciones inspectoras a nivel
general y local. En concreto, se incorporan al sistema informático
también, para garantizar la homogeneidad de criterio en las actuaciones
inspectoras, los informes de los departamentos y del servicio jurídico
con incidencia en materias de gestión, inspección y recaudación. También
se desarrollará una aplicación informática interna, que reflejará los
criterios utilizados por las oficinas técnicas, revisados por el
departamento del que dependan, para que puedan ser tenidos en cuenta como
criterio de referencia por los distintos actuarios y, por lo tanto, que
pueda existir una mayor homogeneidad en la aplicación del mismo criterio
por parte de los órganos de la inspección.

Finalmente, y para concluir ya mi intervención, me gustaría hacer
referencia a la propuesta decimotercera de las contenidas en el informe
de la Comisión de investigación.

Yo comprendo, señor presidente, que puede ser árida esta materia en
algunos aspectos, y les pido disculpas a las señoras y señores diputados,
pero lo que he intentado es contestar de manera pormenorizada a todas las
cuestiones que planteaba la Comisión. Lamento si en algún caso me he
extendido en la información; así no se me podrá criticar la falta de
información.

Finalmente, y para concluir ya mi intervención, decía, me gustaría hacer
referencia a esa propuesta decimotercera. Se instaba al Gobierno a seguir
declarando lesivas para el interés público todas las resoluciones firmes
del Tribunal Económico Administrativo que declaran prescritas las
actuaciones inspectoras, en virtud de la interpretación que del artículo
31.4 del Reglamento General de Inspección de los Tributos hizo la
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero.

A este respecto me gustaría señalar que el Gobierno ha venido instando
declaraciones de lesividad de esas resoluciones de tribunales
económico-administrativo regionales y del Tribunal Económico
Administrativo Central. Sin embargo, como todas SS. SS. conocen, el
Tribunal Supremo sentó jurisprudencia sobre el asunto en contra del
criterio administrativo de la no prescripción.

Concretamente, el Tribunal Supremo, mediante cinco sentencias de fecha 28
de octubre de 1997, se ratificó por cinco votos a favor y tres en contra
en el criterio propugnado



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por la sentencia de 28 de febrero de 1996 (El señor vicepresidente,
Zabalía Lezamiz, ocupa la Presidencia.), reiterando su doctrina de que el
acto de liquidación tributaria forma parte de las denominadas actuaciones
inspectoras, y que, por lo tanto, la paralización de éstas por un tiempo
superior a 6 meses por causa imputable a la Administración trae como
consecuencia la no interrupción del plazo de la prescripción de los
créditos tributarios.

A este respecto, el pasado 19 de noviembre se recibió un escrito del
director general del Servicio Jurídico del Estado en el que se solicitaba
a la Secretaría de Estado de Hacienda autorización para que los abogados
del Estado pudieran allanarse o desistir en los recursos contenciosos en
los que se ventilase el asunto de la prescripción. La solicitud se
fundamentaba por el citado director general en la existencia de una
jurisprudencia consolidada, de acuerdo con la cual los citados recursos
estaban llamados a no prosperar, con la consiguiente imposición de costas
a la Administración en algún caso de elevada cuantía.

A dicha solicitud contesté mediante escrito en el que se condicionaba la
autorización solicitada a que, a juicio de la dirección general del
Servicio Jurídico del Estado y en relación con cada pleito concreto, la
postura mantenida por los bogados del Estado no tuviera posibilidades de
prosperar. Asimismo, solicité a la dirección general que, antes de
proceder al allanamiento o desestimiento en cualesquiera recursos, se
analizara también si en los pleitos correspondientes debieran discutirse
otras cuestiones distintas a las referentes a la paralización de las
actuaciones inspectoras.

Finalmente, en respuesta a la solicitud de comparecencia realizada por el
Grupo de Convergència i Unió en relación con las conclusiones de la
comisión interministerial para el estudio y propuesta de medidas sobre la
fiscalidad de las pymes, quiero decirles a SS. SS. que la citada comisión
concluyó sus trabajos, que fueron incorporados en la tramitación
parlamentaria de los proyectos de Presupuestos Generales del Estado para
1998 y del de Medidas de Acompañamiento. Después de la aprobación de esas
medidas se dictó el reglamento de desarrollo correspondiente y se ha
aprobado finalmente la orden ministerial de desarrollo de ese régimen
fiscal para que los contribuyentes puedan optar hasta el 31 de marzo
entre la aplicación del régimen de estimación objetiva por módulos o los
sistemas de estimación directa simplificada o de estimación directa
normal.




El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): ¿Turno de intervenciones y por
orden de mayor a menor? (El señor Homs i Ferret pide la palabra.) ¿Qué me
decía, señor Homs?



El señor HOMS I FERRET: Quiero solicitar, si los demás grupos no tienen
inconveniente, la primera intervención en nombre de mi grupo
parlamentario, porque hay otras comparecencias en otras sesiones
simultáneas en estos momentos dentro de la Cámara y me gustaría poder
incorporarme a alguna de ellas. Si no es posible, me atengo al orden
reglamentario y al proceso de intervención de los grupos. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): ¿Algún grupo tiene
inconveniente? (Pausa.)
Señor Ríos, por Izquierda Unida.




El señor RIOS MARTINEZ: Me da la impresión de que el problema de las
comisiones en el Congreso es paralelo a todos los grupos que no tenemos
el volumen de diputados de los dos grupos mayoritarios para distribuirnos
el trabajo.

Pero me gustaría hacer una pregunta antes. Porque le he oído, después de
esta hora y veinte minutos que ha intervenido el señor secretario de
Estado, hablar de tres cosas, pero no ha mencionado otra comparecencia
que se ha pedido para tratar sobre materias competencia de esta Comisión
relativas al Sistema Tributario, previa remisión del informe
correspondiente. No sé si eso es lo mismo que nos ha dicho acerca de la
Agencia Tributaria. En todo caso, si queda excluida esa parte de la
comparecencia que viene en el último guión de la convocatoria, deseamos
saberlo, por si tenemos que ceñirnos a estos tres puntos nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): Tiene la palabra el señor
secretario de Estado para contestarle y decir si este punto cuarto está
incorporado o no en sus explicaciones.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): El punto
cuarto se refiere a los datos de la Agencia Tributaria durante 1997. Son
los datos en materia de recaudación por los distintos impuestos, los
correspondientes a las actuaciones de control y los correspondientes al
funcionamiento de los servicios de ayuda y apoyo al contribuyente, que
figuran concretados y actualizados al día de hoy en la documentación que
se les ha repartido.

Para facilitar el funcionamiento de la Comisión, si las señoras y señores
diputados lo consideran oportuno, podemos discutir cualesquiera
cuestiones que con relación a esos datos tengan a bien plantearme.




El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Llegado a este momento, y aclarado el asunto, no
tengo ningún problema en que el señor Homs, pluriempleado esta mañana, al
igual que los demás, intervenga en primer lugar.




El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): El señor Homs, de Convergència
i Unió, tiene la palabra para intervenir sobre los puntos relacionados en
el orden del día.




El señor HOMS I FERRET: Empiezo por el último punto, señor secretario de
Estado. Son muchas las materias a analizar y a contrastar esta mañana.

Realmente usted nos ha desbordado de información y contenidos; en ese
sentido un diez, porque no podemos quejarnos de tener tanta información.

Quizá el problema sea poder asimilar todo esta mañana y poder valorarlo
adecuadamente, políticamente.




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En cuanto a los resultados de la Agencia Estatal, por el informe que se
nos ha distribuido y del que hemos tenido conocimiento ahora, al comienzo
de la sesión, y tras la lectura comparativa de lo que es el balance del
año 1997 y del año 1996, se desprende que hay un proceso creciente de
mejora de resultados de intervención, de control y, en definitiva, de
resultados efectivos de ingresos a la Hacienda pública. No hay un
incremento muy sustantivo, pero la tendencia es una mayor gestión y
eficacia tributaria. Por eso, en nombre de mi grupo sólo puedo indicarle
que agradecemos la información que nos da y no tenemos, en principio,
nada que transmitirle, toda vez que constatamos, por la información que
nos comunica, que hay un balance del año 1997 en relación con el año 1996
que es el elemento comparativo del informe. Vemos que la tendencia es una
mayor eficacia y control de la actuación de la Agencia Tributaria.

En cuanto al contenido del plan de modernización de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, que usted nos ha presentado con todo
detalle y extensión, sin duda la materia es ardua y tiene su complejidad,
pero mi grupo tiene que decirle que efectivamente la Cámara da un mandato
al Gobierno para dar contenido y desarrollar trece resoluciones que se
aprobaron como consecuencia de la Comisión de investigación que se
constituyó en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En
primer lugar hay que decir que el Gobierno cumple el mandato del
Parlamento. El plan que se nos presenta podrá ser analizado y se podrá
valorar que faltan elementos y que hay algunas cuestiones con las que los
grupos parlamentarios podrán no estar de acuerdo, pero hay que hacer una
primera constatación y es que se da contenido al mandato del Parlamento.

Respecto al contenido de la explicación que usted nos ha dado, quiero que
usted comprenda que hemos tenido el documento esta mañana y que no hemos
podido realizar la lectura pormenorizada que requiere este plan para
posicionarnos con detalle, pero de entrada, por lo que he escuchado de su
intervención y por lo que he podido ir leyendo entiendo tiene unos
propósitos que podemos secundar.

Podemos secundar los objetivos y propósitos que contiene porque encajan
en las recomendaciones de la subcomisión. Tiene unas características
generales como conjunto de objetivos que pueden ser aceptables. Quizá los
elementos a valorar más en un futuro y no ahora sería el acierto en las
observaciones o medidas que se contemplan. Mi grupo puede admitir como
buenas decisiones muchas de ellas, otras quizá son planteamiento de
voluntades que hay que ver cómo se concretan y respecto a otras,
podríamos sugerirlas para que se adicionaran a las que se nos presentan.

Yo quisiera transmitirle, señor secretario de Estado, que en las próximas
semanas vamos a hacer una lectura muy detallada de ese conjunto de
reflexiones, propósitos, compromisos, medidas y explicaciones de este
plan y tenemos intención de remitirle algunas consideraciones en aquellos
puntos en los que pueden ser contempladas algunas observaciones matizadas
o distintas a las del plan. Pero de entrada debo transmitirle que tiene
un contenido suficientemente positivo como para decir que ahí hay
novedades, propósitos y medidas cuya aplicación puede tener eficacia. A
mi grupo le parece un poco prematuro anticipar una valoración política,
no obstante le transmitirá algunas observaciones en las próximas semanas
para que se puedan tener en cuenta por parte de la Agencia Tributaria.

Vamos a estudiar con detalle ese plan que recepcionamos de forma positiva
y lo vamos a analizar. Si me lo permite, estimamos que tendría que tener
algunas adendas. ¿Qué adendas debería tener? Este plan ya integra muchas
de las actuaciones que está desarrollando en estos momentos la Agencia
Tributaria, son esquemas programáticos que se están aplicando e
incorporando ya. Quizá una de las adendas operativas sería ver qué
medidas van a tener que desarrollarse a partir de ahora y el calendario
previsto, lo cual ayudaría al seguimiento de dicho plan, porque puede ser
que en su fase de aplicación tenga complicaciones y dificultades. En el
papel el diseño parece ser muy aceptable, pero las complejidades vendrán
en el proceso de aplicación. Una adenda que seleccione las medidas a
desarrollar y un calendario podría ser algo positivo.

Otra adenda que yo creo positiva es también todo lo que se desprende del
ámbito de personal en la aplicación de este plan. Hay expresiones y
valoraciones en las que se constata la insuficiencia de personal para
atender las responsabilidades de la Agencia. De la lectura del plan se
desprende que hay una línea genérica que se va reiterando sobre la
conveniencia de ampliar el personal en todas las funciones de la Agencia,
en la dimensión de inspección, de gestión, etcétera. ¿Es que vamos a
prever en los próximos años un proceso de redimensionamiento y de
incremento del personal de la Agencia? En algunos aspectos sin duda sí,
porque si no va a haber una contradicción entre lo que se dice en el plan
y lo que se desarrolla luego. Por lo tanto, una adenda referida
estrictamente a un período de 4 ó 5 años en el ámbito personal también
sería positiva.

Otra tercera adenda podría ser la relativa a las previsiones económicas y
financieras. Ese conjunto de propósitos tiene un coste que habrá que
financiar. La previsión financiera de la aplicación de este plan podría
ser asimismo una adenda interesante, porque habrá que tomar decisiones
presupuestarias en los próximos ejercicios para poder atender esos
propósitos. Si no hay más recursos, ese plan se va a quedar en una
brillante exposición inicial, pero va a fallar su aplicación. Otra adenda
en ese capítulo sería positiva.

Para terminar, hay otra dimensión de esta reforma de la que usted ha
hablado poco pero en la que sería interesante profundizar --mi grupo se
reserva transmitirle al señor secretario de Estado algunas observaciones
sobre la misma--, y es cómo mejorar la integración de la Agencia con las
autoridades de las comunidades autónomas en ámbitos tributarios. Hay una
línea a desarrollar de mayor integración de los ámbitos territoriales de
las comunidades autónomas y los órganos de gestión de la Agencia
Tributaria, y estimamos que esa línea de reflexión y de transformación
debería ser analizada. La Agencia tiene hoy en algunas comunidades
autónomas un problema muy humano, que es la desubicación de buena parte
de su personal en un ámbito territorial concreto y la movilidad de muchos
de los



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profesionales que trabajan en ella en cortos espacios de tiempo. Hay que
ver cómo podemos estabilizar esos procesos y darles las mejores
respuestas para que no generen la desadaptación, la transformación y la
reubicación territorial de profesionales que conllevan muchas veces
incómodas reacciones y consecuencias en sus familias. Creo, señor
secretario de Estado, que usted me entiende lo que le estoy indicando.

Buscar mayores interrelaciones entre la Agencia Tributaria y los ámbitos
territoriales de las comunidades autónomas y buscar de qué forma se
pueden integrar mejor esas dinámicas, podría ser otra línea de reflexión
interesante en la aplicación de este plan. Quiero repetir que mi grupo le
agradece que el Gobierno haya cumplido el mandato que se le hizo desde
esta Cámara, que vamos a leernos con mucho detalle todo ese plan y que le
remitiremos algunas observaciones.

Para terminar quisiera, señor presidente, darle al secretario de Estado
algunas observaciones en cuanto al capítulo de las conclusiones de la
Comisión interministerial referidas a la reforma de la tributación de las
pequeñas y medianas empresas. Se ha hablado un poco de ello, no mucho,
pero mi grupo ya ha conocido todas las reformas que se han realizado
últimamente en ese campo. Hemos podido participar en ellas y hemos podido
conocer con detalle, porque hemos seguido las disposiciones que se han
tomado, las medidas adoptadas. Quisiera trasladarle asimismo que en la
Cámara se encuentra todavía en trámite parlamentario la proposición de
ley que se tomó en consideración para definir un marco jurídico relativo
a la tributación de las pequeñas y medianas empresas.

Usted, señor secretario de Estado, sabe que la Ley del IRPF tiene un solo
artículo que mandata al Gobierno al desarrollo de ese marco normativo.

Son casi 3 millones de ciudadanos los que están regulados por este
desarrollo reglamentario y quizás sería conveniente darle mayor cuerpo a
una norma de rango legal que definiera aquellos elementos sustantivos de
los derechos y obligaciones de las pequeñas y medianas empresas que optan
por cumplir sus obligaciones mediante sistemas de declaración directa,
objetiva y de estimación directa simplificada, porque al definir
elementos fundamentales tales como determinación de bases, derechos y
deducciones, avanzaríamos en resolver un problema puramente de
articulación jurídica y daríamos un cuerpo legal a ese marco normativo
que afecta a 3 millones de personas, saliendo al paso de algunas
inseguridades que puede haber en ese campo jurídico tributario.

Deseo indicarle que la Comisión de Economía está predispuesta a dar ese
paso que podría luego, señor secretario de Estado, integrarse en el
desarrollo de una norma como la que vamos a tener oportunidad de
analizar, que va a ser una nueva ley del IRPF. Pero como esta Comisión de
Economía tiene en trámite esa iniciativa, sería interesante ver de qué
forma podríamos darle cuerpo a algunas disposiciones que adquieran nivel
de rango legal, avanzando en una mayor seguridad jurídica en cuanto a los
derechos y obligaciones de los ciudadanos que optan por estas
declaraciones.

Señor secretario de Estado, mi grupo lamenta las circunstancias que han
precedido su comparecencia, que son ajenas a nuestra voluntad y, sin
duda, a la suya. Quizá podríamos, en cuanto a procedimientos --el
presidente de la Comisión podría tomar nota de lo que le sugiero--, tomar
algunas decisiones para darle más relevancia a estas sesiones y evitar
las inquietudes que algunos grupos parlamentarios expresan a veces para
poder conocer la documentación con más tiempo y analizarla, con lo cual
nuestras intervenciones podrían tener mayor alcance político o una
valoración más profunda. Yo sé que esto es ajeno a su voluntad, que
compete a la organización y ordenamiento de las actividades
parlamentarias. Mi grupo lamenta que esto haya precedido a esta sesión,
que sin duda es importante porque el contenido del plan lo es y tiene
trascendencia.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, vamos a intervenir dos
diputados. Nosotros creemos que una comparecencia debía ir separada de
las otras, puesto que las otras tres tienen relación. En todo caso, nos
distribuiremos las comparecencias: por una parte, respecto al abordaje de
la lancha intervendrá el señor Centella, y en cuanto a las otras tres, lo
haré yo.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Presidencia dio la oportunidad de
acumular todas las comparecencias. Como ustedes no manifestaron nada al
respecto, consideramos oportuno que el señor secretario de Estado hiciese
una única intervención a los efectos de intentar ahorrar tiempo si era
posible, aunque tenemos todo el tiempo necesario para hacer las
intervenciones. Tal vez nos hemos equivocado en cuanto a la forma
realizada.

Señor Centella, por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene usted la
palabra.




El señor CENTELLA GOMEZ: Quizás fue culpa nuestra no haber pedido esa
separación. Dicho esto, nosotros quisiéramos añadir que la explicación
dada por el señor secretario de Estado nos ha parecido bastante pobre y
poco convincente. Ha dejado muchas lagunas y respuestas sin responder.

Nos parece que más que una investigación, lo que se ha hecho es un simple
trámite para cubrir el expediente. Por ejemplo, no se nos ha dicho por
qué pasaron 7 horas desde que se produjo el incidente hasta que se dio
aviso a Tarifa Tráfico, ya que el dispositivo que se monta se pone en
marcha a las 15 horas, cuando el incidente había ocurrido en plena
madrugada. Tampoco se ha hecho alusión --eso sí que nos parece más
grave-- a qué pasó con el resto de las personas que iban en la patera y
que no fueron rescatadas; no se ha hecho alusión a las personas que
aparecieron en la playa muertas. Puede que no se le dé importancia, pero
es excesivo el número de personas que están apareciendo muertas en las
playas de nuestras costas y eso debe tener una respuesta inmediata.

Los hechos, como se han descrito aquí, ocurrieron el 25 de agosto cuando
una patera se encontraba cruzando el Estrecho



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de Gibraltar. No eran delincuentes, era simplemente gente que huía de la
miseria y que creía que en el primer mundo, ese que les ofrece a través
de los medios de comunicación todo el esplendor y todo el lujo, podía
encontrar la salvación de su vida. Repito que era gente que huía de su
propia miseria. Se produce ese choque que usted ha descrito y que luego
yo detallaré según otro testimonio que no sé si su investigación ha
contemplado, porque han existido testimonios de algunos de los
integrantes de la propia patera a los que luego me referiré. Como
consecuencia de ese choque no solamente ha habido 4 heridos, sino que
también --repito-- ha habido varios muertos que fueron aparecieron en las
playas del litoral.

Como le decía, junto con su investigación hay también un testimonio de
una asociación tan solvente como es Algeciras Acoge, que recoge el
testimonio de dos emigrantes que iban en esa patera. Aparte de señalar
que habían tenido que comprar su pasaje con una cantidad que oscila entre
150.000 y 300.000 pesetas, viene a decir que el incidente se produjo
porque efectivamente la patera no hizo caso a la llamada de atención de
la lancha y entonces ésta intentó cerrarle el paso. Esa es la versión,
repito, de los testigos que estaban dentro de la patera. No se produjo
sólo un giro brusco de la patera, sino que hubo un intento de la lancha
de interceptar la trayectoria de esta patera. También se denuncia que
ante este hecho, el conductor salió disparado por los aires (es decir, la
patera quedó sin conductor) y que luego --esto es lo más grave-- fueron
acorralados varias veces con la lancha, lo cual hizo que la patera
naufragara, es decir, que no hubo un simple choque, sino que hubo varias
pasadas de la lancha. No sabemos si este testimonio ha sido contemplado
en su investigación, si ésta se ha limitado a un mero informe
administrativo, o si es que el testimonio de dos indocumentados para
ustedes no tiene valor. Por encima de su documentación eran dos seres
humanos que, repito, huían de esa miseria esperando encontrar en este
mundo su salvación.

Nos extraña el sigilo y la poca claridad con la que ha sido tratado este
asunto por parte de las autoridades. Nosotros creemos que algo
fundamental es la información y la transparencia, elementos que han
brillado por su ausencia hasta el punto de que cuando se lleva la patera
al puerto de Algeciras se hace con todo el sigilo e incluso con cierta
nocturnidad.

La información que se nos ha trasladado no nos satisface, mucho menos va
a satisfacer a la gente y a las ONG que están trabajando en defensa de
que el paso del Estrecho no se convierta en una tumba para cientos de
personas que, repito, siguen apareciendo en las playas de nuestro sur.

Nosotros vamos a intentar aclarar esta situación; más allá del trámite
que ustedes han cubierto vamos a llegar hasta el final, porque es de
justicia y porque en la medida en que evitemos cualquier oscurantismo
existirá mayor confianza en nuestras instituciones.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor secretario
de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Tengo que
decirle, en primer lugar, que algunas de las manifestaciones que ha
realizado me han molestado profundamente. No creo que esté justificado
que usted manifieste que para mí --desde el estricto punto de vista
personal, porque no puede ser en el ejercicio de mis funciones-- no tiene
valor la declaración de personas que usted ha calificado de
indocumentadas, ni mucho menos puede S. S. presumir de que yo he hecho
referencia a que los posibles miembros o integrantes de esa patera fueran
delincuentes.

La inmigración no es una de las funciones en las que desarrolla su
actuación la Administración Tributaria. Desde el punto de vista personal,
que nada tiene que ver con mi departamento, la situación de estos
colectivos, de estas personas que por razones de penuria tienen que
abandonar su país e intentan encontrar un modo de vida en otras zonas más
ricas y más desarrolladas económicamente, no puede más que despertar un
sentimiento de inquietud y de sensibilización. Pero no confunda usted una
cosa con otra. La Agencia Tributaria tiene unas obligaciones, como es el
vigilar el contrabando y el narcotráfico, en coordinación con otros
servicios que no dependen del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo único
que puede hacer la Agencia, que es lo que hizo, fue utilizar sus sistemas
de control interno para intentar detectar irregularidades en el
funcionamiento o en la actuación de los funcionarios de la Administración
Tributaria. Lo que no puede hacer la Agencia Tributaria es suplantar en
ningún caso funciones de otros órganos o colectivos, ni suplantar
funciones y obligaciones de la propia Policía Nacional, de la Guardia
Civil o de los órganos jurisdiccionales cuando adoptan diligencias. Yo le
rogaría que tuviera en cuenta esas circunstancias. Lo que hizo la
dirección de la Agencia fue, dentro de su cometido, de sus
responsabilidades, actuar de la manera más diligente posible y verificar
con sus órganos de control lo que puede verificar, que es la inexistencia
de responsabilidades en el funcionamiento de los servicios
administrativos.

Los problemas que usted ha expuesto desde luego llaman la atención y
sensibilizan a cualquier miembro del Gobierno, a cualquier miembro de
esta Cámara y al conjunto de la sociedad. Si su grupo parlamentario
considera conveniente plantear un debate sobre esas cuestiones, como es
obvio, en aquello en lo que incidentalmente pueda afectar a la Agencia
Tributaria cuenta con toda nuestra colaboración, con toda la información
y con toda la transparencia. Pero le rogaría que no insinuara que el
valor humano de los inmigrantes o de las personas que se ven en esa
situación es algo que desconozca la organización de la Administración
Tributaria. Se lo rogaría porque no tiene nada que ver con el objeto de
mi comparecencia, que es darle información sobre aquello que dentro de
sus competencias pueden hacer los servicios técnicos de la Agencia. Desde
un punto de vista personal eso puede molestar y puede incluso causar
alarma social a todas las personas que colaboran con los servicios
técnicos de la Agencia, que son funcionarios de la Administración
Tributaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.




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El señor CENTELLA GOMEZ: Lamento que le haya molestado al señor
secretario de Estado mi intervención. Realmente a quien le molestó fue a
la gente que murió aquel día. Yo sólo he querido trasladar una inquietud
que existe, una realidad que, más allá de este debate, sigue existiendo.

Es una realidad el que ha habido mutismo, el que ha habido oscurantismo y
que, en la medida en que ha afectado al Servicio de Vigilancia Aduanera,
ustedes tienen su responsabilidad.

Yo me alegro de que usted esté muy sensibilizado con este tema, pero
lamento que la Administración que usted representa no lo esté tanto, y
nuestra denuncia y la de diversas ONG así lo avalan. Trasladaremos a otro
nivel este asunto, porque no vamos a terminar aquí este debate.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguientes comparecencias para hacer
las precisiones, preguntas y recabar las informaciones oportunas.

Tiene la palabra, por parte del Grupo de Izquierda Unida, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Mal termina lo que mal empieza. Ante una sesión
que ha empezado de la forma en que ha empezado ésta, conforme ha seguido
la evolución, llega un momento en el que uno tiene que intervenir para
pronunciarse sobre tres razones de esta comparecencia, sin ánimo de
reconocer una cosa. En contra de lo que ha dicho el señor Homs, considero
que en una de las partes de la comparecencia del señor Costa no hemos
cumplido el objetivo que teníamos previsto, ni por la información que nos
ha aportado ni por el objetivo que debía de cumplir. Me explico.

La comparecencia, que se aprobó fruto de aquella Comisión de
investigación que se puso en marcha, debería de haber tenido como
objetivo, con los datos que se nos hubiesen aportado, analizar cómo la
propia Agencia ha funcionado para superar los problemas e insuficiencias
que se habían detectado en esa investigación, y sobre todo se deberían
haber valorado una serie de indicadores cualitativos cada año, por tanto
el último año 1997. Deberíamos haber recogido actuaciones que se han
hecho de la Agencia sobre sectores económicos que han sido recogidos en
un programa de inspección; deberíamos haber recogido métodos y
procedimientos de trabajo diseñados para cada uno de esos programas; el
censo de contribuyentes y de cada uno de los sectores económicos que se
han visto afectados; la proporción de la deuda tributaria que ha sido
recaudada mediante actos administrativos firmes; el número de expedientes
denunciados al ministerio fiscal y proporción de sentencias
condenatorias; la ingeniería fiscal y cómo se ha actuado para cumplir los
artículos 24, 25 y 28 de la Ley General Tributaria; cómo se ha actuado
sobre los paraísos fiscales y qué informes hay para ver qué resultados se
han obtenido en cada uno de ellos; qué criterios se han seguido para la
distribución de la productividad; en suma, de qué manera se ha actuado
para ser efectivo en uno de los compromisos que debe tener la Agencia.

Como introducción le diría que una de las cosas que se aprobó en el
Congreso, que era la necesidad de dotar de más recursos y material a la
Agencia Tributaria, para este diputado ha tenido un resultado efectivo.

¿Sabe cuál ha sido? Que en la liquidación del presupuesto del año 1997,
que tuvimos a bien recibir ayer, se nos dice que se ha reducido la
aportación en transferencias corrientes del Estado a los distintos
organismos. En concreto, aparece la Agencia y dice: La Agencia Estatal de
Administración Tributaria ha obtenido fondos por valor de 117.000
millones; es decir, 1.200 millones de pesetas menos que en el año 1996.

El primer resultado efectivo de su Gobierno es que en manos de la Agencia
ha puesto 1.200 millones menos de pesetas. ¿Es eso cumplir un acuerdo del
Congreso que es dotar de más recursos humanos y material a la
Administración Tributaria? ¿Es eso cumplir con una mayor dotación? ¿Avala
eso con suficiencia el que se pueda plantear una reforma en profundidad?
La literatura va por un lado, desde luego usted ha explicado la
literatura muy bien mediante una relación de objetivos, de filosofía,
pero luego las cifras no acompañan.

En cuanto a los datos que se nos entregaron anoche, que es este dossier
sobre el resultado de la Agencia del año 1997, a mí me gustaría que
tuviese un nivel de desagregación suficiente para conocer, no al grado de
una memoria, porque la última que tenemos (estará a punto de salir la del
año 1996) es la de 1995 y es más precisa. Por poner un ejemplo, en la
primera página se nos da una relación de ingresos tributarios que ha
gestionado la Agencia y se compara lo que ha obtenido en el año 1997 con
el año 1996. ¿Por qué no se compara con los objetivos que se marcaron
ustedes y lo que aprobamos como presupuesto del año 1997? ¿Por qué no
aparece una columna donde se nos diga: «Esto es lo que teníamos previsto
para el año 1997»? Así aparecería que, en lugar de un crecimiento de
gestión sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, ustedes
han tenido una recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de 377.000 millones de pesetas menos de lo que tenían previsto al
principio del año. Se nos podía haber informado sobre la distribución de
este cómputo fiscal, de estos ingresos fiscales, para haber conocido cada
uno de sus componentes, e incluso la distribución que nos dieron del
gasto fiscal. Tenemos una distribución del IRPF de 2,2 millones de
pesetas de gastos fiscales. ¿Qué pasa con la distribución de los
rendimientos? Sería bueno conocer ese dato porque así podríamos entender
algunas discusiones que están saliendo a la palestra, así como sería
bueno conocer la evolución de cada uno de los impuestos y, en paralelo,
otras actuaciones.

Voy a ir a la parte final que habla de las actas incoadas. Nosotros
tenemos distribuidas las actas incoadas por los órganos de la inspección
financiera y tributaria de los años 1994 y 1995 con la memoria del año
1995, y la del año 1996 comparando el año 1995 con 1996. Nos habría
gustado disponer de una distribución de estas actas incoadas por
impuestos, que ustedes han sacado como sumatorios distintos. En el año
1995 actuaron sobre el fraude fiscal en 433.000 millones. Ahora nos dice
que en el año 1996 han actuado sobre 454.000 y sobre 500.000 millones.

Nos gustaría conocer la distribución: cuánto sobre el Impuesto sobre la
Renta, cuánto sobre el Impuesto de Sociedades y



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cuánto sobre el Impuesto de Valor Añadido. Nos podría haber dicho cómo se
han distribuido esas actas entre lo que son actos administrativos, por
tanto actuación administrativa en las unidades regionales y provinciales,
y las que ha hecho la ONI, la organización más centralizada, y cómo se ha
actuado sobre determinados volúmenes. Aquí tenemos una actuación de la
ONI en el año 1995 distribuida sobre los grandes contribuyentes: 1.300
empresas que han sido inspeccionadas por un volumen de 36 millones de
pesetas que han facturado de operaciones, con unas retenciones
determinadas, cómo ha evolucionado y cómo se ha actuado. En suma,
tendríamos que haber tenido una mayor precisión en los datos que nos han
aportado sobre el año 1997, datos que ustedes tienen, que el ordenador
tiene, y que con la informática es fácil que nos lo pudieran haber
aportado para así haber analizado la última parte. Por eso yo he
preguntado: ¿Está respondida ya la última comparecencia, que son los
datos? La verdad es que esto es muy pobre en cuanto a información y a
explicación.

En cuanto a los resultados del año 1997, por su información y por el
conocimiento nuestro, creo que es muy difícil medir la eficacia de la
Agencia Tributaria respecto a lo que es la acción que ha dirigido o que
ha medido para conseguir que sea más transparente la recaudación y sobre
todo para que sea eficaz la lucha contra el fraude, porque una de las
cosas que han dicho los expertos, como gran descubrimiento que han hecho
para la reforma del IRPF, es eso, que hay que luchar contra el fraude.

Con su nivel de actuación, ustedes han llegado este año 1997 a 500.000
millones, con actas y con todos los vertientes, y no tengo más
información de cada una de ellas que la que ustedes nos han aportado.

El segundo nivel de precisión que me gustaría hacer es sobre la propuesta
de plan de la Agencia Tributaria que nos ha entregado usted esta mañana.

Tengo que reconocerle que mi capacidad y mi velocidad lectoras,
compaginadas con mi velocidad auditiva hacia lo que usted ha razonado, no
las he podido compatibilizar bien. Por tanto, ya le aseguro a usted que
este documento lo vamos a estudiar y que le vamos a pedir que usted venga
a comparecer para precisar lo que deben de ser soportes a lo que nos ha
dicho hoy. Argumentalmente hay algunas cosas que nosotros compartimos en
la filosofía que orienta a la propuesta de plan de reforma de la propia
Agencia Tributaria; hay otras que nos han sonado como regular; hay otras
que están más profundizadas a bote pronto, pero entienda que sea muy
difícil entrar en una controversia sobre una explicación suya argumentada
en la exposición y un documento que se nos ha entregado esta mañana para
poder analizarlo. Lo vamos a estudiar y vamos a hacerle llegar nuestras
propuestas, nuestros comentarios y nuestro posicionamiento sobre él. Pero
me gustaría que por delante sobre esto tuviera en cuenta cuatro grandes
comentarios:
Primero, nosotros vemos muy verde la dotación que usted ha explicado, los
recursos con los que usted ha indicado que va a hacer frente a esta
reforma. A nosotros nos gustaría conocer cuáles son los recursos
económicos de que usted va a disponer para hacer frente a esta reforma.

Nos ha anunciado las reformas legales y reglamentarias que se podrán
abordar, unas a través de la reforma de la Ley General Tributaria, otras
a nivel del reglamento, vamos a conocer con posterioridad esas
adecuaciones, pero queremos saber con qué recursos va a acontar para la
parte que significa dotación informática, para la parte que necesita de
lo que son recursos humanos, para la parte de reestructuración y
organización que ustedes han puesto en marcha.

Lo segundo que me gustaría tener encima de la mesa, como en todo plan,
junto con los recursos naturales de financiación, de apoyo de resorte
económico y resorte legal para diseñarlo, sería el calendario para
hacerlo efectivo. Ustedes se marcan un calendario, un tiempo. ¿Cómo va a
evolucionar, cómo va a ir casándose el objetivo que usted ha dicho con
las propuestas concretas en el desarrollo de todo el tiempo, para así
podernos situar en el control y seguimiento? Entienda que tiene usted un
objetivo de gestión, que usted espera destinarlo no solamente en estos
dos años que le queda de gobierno, sino que incluso puede tener la
pretensión de continuar después, si el pueblo le da los votos suficientes
para poder ejecutarlo, aunque yo espero que no sea así. En ese caso
tendremos delante una propuesta con calendario que lógicamente hay que
medir para que sepamos si hay compromisos de verdad o es un verso, una
poesía, un canto al sol, que queda muy bien, pero que luego no se pueda
ejecutar. Las palabras van por un lado, y lo que sí he aprendido por mi
extracción social y por la región donde he vivido es que la
preponderancia fenicia no solamente es catalana, y como decíamos allá,
olivica comida, huesecico al suelo, lo demás en el olivar está como
proyecto futuro.

Permítame que, aunque vea muy verde esta propuesta, a mí me gustaría
decir que, por ejemplo, antes hemos hecho una comparecencia sobre lo que
pudiéramos llamar la actuación aduanera, y veo desarrollado y bien
definido lo que es esa proyección. Sin embargo, yo no veo claro la
actuación y la eficacia con la que ustedes van a luchar contra el fraude
fiscal y cómo van a actuar en cada una de las vertientes que el fraude
fiscal tiene hoy. Las distintas vertientes deberían ser un objetivo
prioritario, que además, como siempre, no es fácil, porque aquí, cuando
se habla de fraude lo fácil es decir que me defraudan los desempleados,
me defrauda no sé quién. Al final resulta que la gente sencilla es la que
defrauda porque por arriba no hay manera de defraudar o de tener
actuación. Resulta que han aparecido empresas que se dedican a hacer
proyectos de ingeniería, con pluralidad de empresas de camuflaje de la
fiscalidad, más buscar paraísos fiscales, y hay que luchar no solamente
contra el que ha cometido el delito, contra la persona que ha actuado
como contribuyente, sino contra la que facilita, organiza y financia esa
operación, porque también son presuntos delincuentes. Por eso, la
proyección efectiva que tiene sobre la fiscalía, permítame que le diga,
es ridícula con los datos que tenemos.

Los datos de que yo dispongo ahora mismo sobre lo que han sido los
procesos que terminan en fiscalía indican 203 contribuyentes en el último
año y los datos que terminan en sentencias condenatorias son 31. La
verdad es que resulta un poco ridículo decir que la evolución ha sido de



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31 actuaciones en lo que es trámite de proceso de fiscalía, jurídico,
etcétera. Luego aparte están los administrativos, que estaría bien poder
seguirlos.

Sería bueno saber qué diferencia hay cuando hablan ustedes de actuación
en cuanto a objetivos, por ejemplo, si la prima para el personal que
trabaja en la propia Agencia se hace sobre acta y valoración del acta o
sobre efecto del acta, porque a lo mejor yo levanto un acta por 200
millones, pero sabe usted que en la liquidación última hay un 60 por
ciento de negociada, de mutuo acuerdo, y un porcentaje del 40 por ciento
que va por disconformidad. Bueno, pero del acta levantada, ¿cuánto se
cobra efectivamente? Los informes de los que yo dispongo, que son los que
ustedes me dan y en los que puedo hurgar, dicen que en torno a un 25 por
ciento. Buenos, pues tendríamos que buscar sobre eficacia de lo que
levanto sobre actuación, para primar y forzar que haya acción y eficacia
en lo que significa la defensa del interés público.

Quisiera decirle que vemos verde la propuesta que usted nos hace, que
demuestra un buena voluntad, y creo que tiene usted un buen objetivo por
delante, que es reformar, adecuar, relanzar el papel de la Agencia. Toca
muy bien, yo se lo tengo que reconocer, la acción de pluralidad
institucional que va a ser necesaria con el nuevo sistema de financiación
de comunidades, puesto que la colaboración en la recaudación en lo que
significan determinados impuestos va a ser imperiosa. Sin embargo, cada
comunidad autónoma no va a poner en marcha agencias de funcionamiento a
nivel recaudatorio, unas podrán hacerlo mejor, otras peor; incluso
respecto a las propias entidades locales, la relación del catastro, ya
que de alguna forma, en algunas de las discusiones, se plantea si debe
estar ligada más a la propia Agencia o a la propia actividad de los que
gestionan el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En suma, veo bien engranada la relación institucional, sin embargo le
insisto en que veo verde la propuesta en cuanto a cuantificación-proceso
y veo poco claro el compromiso nítido de algo que ustedes cantan
permanentemente: la lucha contra el fraude. Mientras estemos hablando de
volúmenes, según las comparecencias en las que yo he participado, sea
quien sea quien venga, de un fraude que está en torno a 3-4 billones, y
que ustedes con todas las antenas puestas en marcha llegan a 500.000
millones de pesetas, de los cuales se recauda el 25por ciento, entienda
usted que son manifiestamente mejorables las pretensiones que ustedes
pueden o que deben tener más o menos encima.

Es verdad que ustedes tienen una limitación, que es el ordenamiento
legal, que incluso van a impulsar alguna modificación, pero por ejemplo
la reforma última, el informe de que yo dispongo de la memoria de la
Agencia Tributaria del año 1995 textualmente dice que la reforma del
Código al ampliar a 15 millones la anterior cuantía de 5 millones había
provocado una reducción en el número de casos a enviar y de seguimiento a
actuar. Por tanto, de lo que estaban persiguiendo, han tenido que
levantar el acelerador para dejarlo, fruto de esa reforma legal, en
aquello hacia lo que se dirigían estas actuaciones. Es un reconocimiento
puesto en la memoria, que además está publicada, por tanto no descubro
nada. El amparo ese yo creo que no favorece, que no ha favorecido la
mayor recaudación, so pena de que ustedes nos pudieran vender o explicar
o argumentar cuál ha sido la eficacia recaudatoria de todas esas
actuaciones, porque resulta que cuando se levanta el pie hacia lo que son
grandes actuaciones de defraudación, no significa favorecer la
recaudación, no se ha recaudado más por esa reforma, se ha recaudado
menos, por tanto, ha habido pérdida de equidad, o pérdida de eficacia, si
lo queremos llamar en término general.

En resumen, señor presidente, vamos a solicitar con posterioridad, cuando
nos remitan esos datos, la comparecencia para escudriñar cada uno de los
rincones del plan de reforma. Le agradezco su información de hoy, aunque
podía haberse hecho de otra manera y podíamos haber tenido la información
con más tiempo. No obstante, si la cocina la ha terminado de producir
anoche, lógicamente no era posible tenerlo aquí antes. Por eso empezaba
mi intervención diciendo que su comparecencia se podría haber celebrado
la semana que viene, teniendo ya este papel aquí durante una semana para
trabajarlo y haberlo controlado con más eficacia. Usted entenderá que su
exposición ha sido eficaz, pero en cuanto al control (a los que no están
no los he podido oír, a los que estaban sí les he podido oír) la eficacia
de hoy es reducida.

En cuanto a la parte última que han dicho sobre la reforma de las
pequeñas y medianas empresas, usted ha venido a cifrar algo que nosotros
ya decíamos cuando discutíamos este proyecto al que le ha hecho
referencia el portavoz del Grupo Catalán, que siento que no esté aquí, ya
que además son ellos los que están pidiendo ampliación de plazo para
presentar enmiendas. Resulta que junto con el Grupo Popular lo tienen
aquí parado para alargarlo y alargarlo, para así hacerlo coincidir con la
otra que ustedes nos anunciaron ayer, cuando estaba desde antes de que
viniera la Ley de Presupuestos. Entonces, la ley de acompasamiento y la
ley de amañamiento o de acompañamiento, como usted la quiera llamar, ya
recogía parte de esa vertiente.

Así que la literatura que iba por allá, más la literatura que yo he
encontrado en el libro de expertos para trabajar sobre la fiscalidad, a
mí me crea una complicación, no la veo efectiva y además no veo que siga
los criterios de una fiscalidad equitativa, de que los iguales paguen
igual. No lo veo. Fíjese que no le digo que haya un trato desigual para
los desiguales, aquí en este caso digo que los iguales paguen igual. No
lo veo en los caminos que ustedes están emprendiendo, ni en esta reforma
en cuanto a la fiscalidad de lo que pudiéramos llamar empresas,
fiscalidad de profesional, más lo que es la actuación de módulos que
ellos plantean, ni en lo que ustedes han planteado en la reforma de la
Ley de acompañamiento. En todo caso haremos un seguimiento de lo que es
la eficacia de esa recaudación, lo que es el principio de equidad y lo
que es la realidad fiscal y económica porque aquí todo se une. Aquí, cada
vez que hablamos, toda la fiscalidad es generar ahorro, generar empleo.

Así llevamos cantando desde hace algo así como ocho años, y resulta que
lo que tenemos es que el ahorro se va a fondos de inversiones porque los
intereses son más



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baratos hoy y que el empleo está esperando a que se cree. Se está
empezando a crear contrataciones, que empleo estable ya es otra cosa, y
eso significa que hay más ingresos de rentas de trabajo, no que hay más
ingresos por el otro lado.

En suma, eso es un comentario aledaño, ya que la parte contratante de la
sociedad que no está aquí le ha hecho hincapié en lo que tenía usted que
precisar y sobre ello usted, muy alegremente, ha dicho: Mire usted, ya lo
hemos metido en la Ley de acompañamiento. Más vale que lo hubiera
retirado y hubiéramos podido hablar ya ahora del IRPF. Más o menos he
entendido eso, como soy un poco torpe no llego muy bien a las
explicaciones que usted da y que el otro recoge. Pero en fin, la eficacia
la veremos con los datos que usted nos aporte.

Estoy convencido de que en lo sucesivo funcionaremos más ahormados
actividad del Gobierno informativa-difusora y actividad de control y de
controversia, porque eso es lo que hace el Parlamento, la controversia de
ideas y de propuestas en igualdad para mejorar lo que debe ser la
actuación hacia los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos, por su magnífica lección
de parlamentarismo.

Por parte del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer también, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), la comparecencia del señor Costa, así como la
información y la documentación que nos ha proporcionado. Sin embargo,
para que no existan agravios comparativos, tengo que empezar mi
intervención igual que ayer en la comparecencia del secretario de Estado
de Presupuestos. Se hace difícil, yo creo que prácticamente inútil, este
tipo de comparecencias que no cumplen con uno de los requisitos básicos,
como es el envío de la información cuando en el orden del día se dice que
precisamente la comparecencia para un punto concreto va precedida de la
información correspondiente.

Por lo tanto, como ayer también dije, desde mi grupo parlamentario hemos
decidido que en las próximas comparecencias solicitaremos previamente el
informe antes de aprobar la misma, porque si no, no tiene sentido. Es
decir, con la sola presentación del informe, sin poder tener un debate
más en profundidad de lo que en el mismo se dice, es muy difícil
improvisar, y además posiblemente cualquier comentario que podamos hacer
ahora, en esta mañana, sobre lo que hemos escuchado o lo que hemos podido
leer, sería desde luego impreciso y no quisiera caer en esa imprecisión.

Por otra parte, tendría que ser algo habitual, como lo es en otro tipo de
comparecencias. Me refiero concretamente a la del Tribunal de Cuentas, en
que se mandan previamente los informes de fiscalización del Tribunal y
luego viene el presidente a dar cuenta, se hacen las aclaraciones
correspondientes, se preguntan las observaciones o las dudas que se
tienen y ello hace mucho más provechosa la comparecencia.

Yo creo que deberíamos de obligarnos, en este caso debería de obligarse
el Gobierno, porque veo que no es un problema específico de una
secretaría, sino que es de todas, y tendría que establecerse un criterio.

Además evitaría normalmente diez minutos o un cuarto de hora de
intervención de todos los grupos parlamentarios quejándonos de lo mismo y
sería una situación mucho más lógica.

En cuanto a la comparecencia de hoy, me voy a referir a dos puntos
concretos. El primero es el plan de modernización de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, que viene en cumplimiento de lo que acordó
la Comisión de investigación sobre los 200.000 millones de pesetas. Es
cierto que allí se establecía que tenía que ser dentro de los tres meses,
pero tampoco creo que eso sea lo importante; lo importante es que está
realizando el plan de modernización que puede en gran parte cumplir con
las propuestas de futuro que allí se establecían. Por lo menos en lo que
yo he podido ir cotejando, me parece que están conceptualmente recogidas
las propuestas. Otra cosa es cómo se están desarrollando en ese plan esas
propuestas. Sin embargo, hay una consideración que sí quisiera hacer,
porque además es una propuesta que hizo mi grupo parlamentario en esa
Comisión y que no he encontrado, salvo que el señor Costa me diga otra
cosa. Es el estudio del modelo de organización de la Agencia Tributaria
mediante auditorías de organización y eficacia para saber si es válido o
no el modelo. Yo entiendo, porque además me parece que está establecido
en la introducción, que se parte del hecho de que el modelo es válido. Yo
no digo que sea válido o que no lo sea, no entro en ello. En lo que sí
quedamos es en que habría que estudiarlo, porque puede haber sus dudas, y
desde luego este diputado las tiene, quizás porque en el modo de
organización de la Administración tributaria en el País Vasco no existe
este modelo y nos va bien. Yo no sé si sería trasladable por las
dimensiones de uno y otro, pero hay que tener en cuenta que éste es un
modelo que se implantó aquí, creo recordar, copiando del modelo
americano, por el señor Borrell en su época, cuyos resultados hasta este
momento hacen dudar por lo menos, y puede ser una de las consecuencias de
lo que ha ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, al menos mi grupo
parlamentario planteó la duda de que el modelo de organización de la
Agencia Tributaria sea el adecuado, y no veo que ese punto se haya
contemplado en el plan de modernización de la Agencia, sino que se parte
del hecho de que el modelo es absolutamente válido y que a partir de ahí
habrá que ir mejorándolo.

La segunda cuestión a este respecto es que me hubiera gustado que se
hubiesen introducido en todas las medidas los plazos de implantación, o
por lo menos haber establecido un compromiso de plazos o de tiempo para
la implantación de estas medidas, es decir, una especie de calendario de
aplicación.

Finalmente, como digo, tendremos ocasión de estudiar con más detenimiento
el propio plan, dar una opinión sobre el mismo y hacer propuestas en todo
caso. Sí hay una cuestión que para mí es fundamental, que serán los
resultados que den, ya que al final serán la consecuencia de la validez o
no validez de estas medidas. Respecto a esos resultados, como sabe el
señor secretario de Estado, hay también



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un compromiso, que está precisamente recogido en el informe de la
Comisión, por el que el presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria tiene que comparecer una vez al año para dar
cuenta del cumplimiento del plan y de los resultados del mismo. Como
digo, creo que eso va a ser interesante y ahí se van a medir la
fiabilidad y la importancia de las medidas que se han introducido en este
plan. Por lo tanto, con respecto a esto no tengo más que decir, sino que
estudiaremos el plan y formularemos las propuestas que estimemos
oportunas, pero sí me gustaría que al menos, porque así está recogido, se
llevase el punto que para mí es el más importante, que es el propio
planteamiento de la validez o no validez del modelo actual.

El otro aspecto que quería comentar es sobre el tema de la fiscalidad de
las pequeñas y medianas empresas, algo tan utilizado y manido
permanentemente. Todos hablamos sobre la importancia de las pequeñas y
medianas empresas, sobre la creación de empleo. Lo que ya no veo es que
eso se traslade a un efectivo planteamiento sobre la pequeña y mediana
empresa. Entonces, estamos poniendo muchos parches en medidas sobre las
pequeñas y medianas empresas y no tenemos ni siquiera muy claro cuál es
la dimensión de la pequeña y mediana empresa, a qué empresas nos estamos
refiriendo, porque aquí hay una cuestión que para mí es muy importante.

En el País Vasco, dentro de nuestra capacidad en este tema, también hemos
elaborado un catálogo de medidas y sobre todo un tratamiento de la
fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, pero con una diferencia
sustancial con el del Estado, que es lo que quiero poner en evidencia, y
es una diferencia de principio.

Las medidas para pequeñas y medianas empresas del País Vasco cubren
prácticamente el 90 por ciento de las empresas. ¿Por qué? Porque el
concepto de pequeña y mediana empresa que nosotros aplicamos proviene de
lo que se está haciendo en Europa y consideramos a una pequeña empresa
concretamente cuando su facturación no supere los 715 millones de
pesetas, su inmovilizado no es superior a 286, que no tenga una plantilla
superior a 50 personas y la participación, bien si se hallan participadas
directa o indirectamente, en más de un 25 por ciento no sea pequeña
empresa.

La definición de pequeña empresa y de pequeña y mediana empresa es
fundamental porque en ello radica la importancia del colectivo a que
pueda afectar. Podemos elaborar un régimen especial para las pequeñas y
medianas empresas a un nivel que sólo vayan dirigidas a un segmento
pequeño de la empresa, pequeño en cuanto al número de empresas que pueden
acogerse.

Yo creo que eso es importante y ahí radica fundamentalmente la diferencia
entre las medidas que tenemos por ejemplo en el País Vasco con las que
tiene el resto del Estado, porque el esto de las medidas concretas en
cuanto a los tipos de gravámenes y al resto del contenido prácticamente
es parecido. Lo fundamental es saber a qué colectivo de pequeñas y
medianas empresas queremos dirigirnos con estas medidas, porque si no ahí
quedarían, con poca eficacia para mí desde luego, estos planteamientos y
se queda sólo el hecho de que se está haciendo algo, pero que ese hacer
algo tiene poca efectividad.

Luego hay otro problema también que creo que hay que contemplar, y es
que, como saben SS. SS., el régimen fiscal de las pequeñas y medianas
empresas en el Estado la verdad es que, con todas las modificaciones
legislativas, está muy disperso. Todos los años, a través de leyes de
medidas fiscales y administrativas, estamos regulando sobre las pequeñas
y medianas empresas; está también recogido en la Ley del Impuesto sobre
Sociedades y ya en la de la renta también entrará una regulación de las
pequeñas y medianas empresas; la Ley del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones también contempla este tema, y en estos momentos está en
trámite parlamentario, ya se ha dicho, una proposición no de ley de
modificación del Impuesto sobre la renta para la reforma de la estimación
objetiva de rendimientos empresariales y profesionales. En definitiva,
que la regulación fiscal de las pequeñas y medianas empresas está
excesivamente dispersa y habría que racionalizarlo a través de un texto
legislativo que unificase todo esto.

Estas son las cuestiones que quería poner de manifiesto y son las
reflexiones que hace mi grupo parlamentario con respecto a los dos puntos
que queríamos tratar en la comparecencia del secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No le voy a privar de mi intervención,
aunque va a ser breve.




El señor PRESIDENTE: Discúlpeme, señor Martínez-Pujalte. Vamos a hacer
una suspensión durante unos breves momentos a efectos de poder descansar
y que el señor secretario de Estado pueda tomar un respiro. (Pausa.)
Tiene la palabra para reanudar su intervención el señor Martínez-Pujalte,
por parte del Grupo Parlamentario Popular.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En atención a los grupos mi intervención
va a ser breve, muy breve. Pero sí quiero manifestar, para que conste en
el «Diario de Sesiones», que mi grupo agradece la comparecencia del señor
secretario de Estado y me uno a la argumentación del señor Homs por el
marco en el que se ha desarrollado, pues parece que no es ejemplar por
los temas importantes que hoy se trataban.

Yo me voy a referir sólo a dos o tres aspectos de la comparecencia, y
empezaré por el tema de las pequeñas y medianas empresas con el que ha
concluido el señor Zabalía. El informe al que se hace referencia en la
solicitud de la comparecencia, del que tuvimos conocimiento hace ya unos
meses, a mi grupo le parecía un documento serio, un documento de
reflexión importante que recogía recomendaciones al Gobierno, que luego
pudieron ser trasladadas a la Ley de Acompañamiento que ya ha sido
aprobada, que después fue trasladado en parte también al decreto de
pequeñas y medianas empresas, y que concluyó el sábado pasado cuando se
aprobó la orden de módulos. Nos parece que el marco tributario de las
pequeñas y medianas empresas que se recoge en ese conjunto normativo es
adecuado



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para que ellas contribuyan de manera decidida a la creación de empleo. No
me quiero referir a lo que decía el señor Ríos de que hablamos
continuamente de creación de empleo, pero es que ése es el objetivo, y
tiene que serlo, de todas las medidas que adoptemos.

Por tanto, mi grupo aplaude tanto el documento que conocimos como el
marco normativo en el que luego ha quedado reflejado. Evidentemente,
tenemos una proposición de ley tomada en consideración en el Pleno que
tiene que recoger, y probablemente se pueda plantear de ese modo, los
principios sustantivos que han quedado plasmados en el marco normativo ya
aprobado. Probablemente, otra solución que cabría estudiar, y mi grupo la
está pensando, es que se pida a la Cámara que esa proposición de ley sea
subsumida en el proyecto de ley de IRPF, cuando entre.

El segundo aspecto es el tema de los ingresos. A nosotros nos parece que
los resultados de los ingresos tributarios, y ayer tuvimos ocasión de
debatirlos en la comparecencia de presupuestos del señor Folgado, han
sido positivos y no son consecuencia simplemente de la providencia, sino
de un buen desarrollo económico, consecuencia de un conjunto de medidas
que han ayudado a que el crecimiento sea importante y se traduzca en
creación de empleo, y que se deben también a la mejora de la gestión de
la Agencia y a una eficaz lucha contra el fraude.

El año pasado por estas fechas algunos de los miembros que hemos
participado hoy en este debate estábamos iniciando los trabajos de una
Comisión de investigación por la presunta pérdida de 200.000 millones de
pesetas por la prescripción de algunas pocas actas de contribuyentes
especialmente poderosos. Hoy sabemos que ese dinero se ha perdido y no
voy a hacer referencia a ello. Lo que sí quedó claro en las conclusiones
de la subcomisión es que la Agencia Tributaria contaba con unos
profesionales excelentes, con unos profesionales bien preparados, con
unos profesionales que tenían ganas y voluntad de hacer las cosas bien. Y
precisamente, con la base de esos buenos profesionales con que cuenta la
Agencia, y a los que mi grupo quiere reiterar una vez más que da todo su
apoyo, y que están bien dirigidos, se pueden poner en marcha las medidas
que la comisión de investigación diseñó para el mejor funcionamiento de
la Agencia Tributaria.

Dijimos en las conclusiones que había habido un fallo en la dirección y
que había estado en la dirección política, en la que había habido una
negligencia; pero no fue responsabilidad de los funcionarios, y pusimos
el acento en mirar hacia adelante. Hoy el conocimiento que hemos tenido
del plan de modernización, tanto por el libro que nos ha sido
suministrado como por la información que usted nos ha dado aquí, nos
parece que responde a las inquietudes que los miembros de la subcomisión
teníamos. No sólo el señor Ríos, ni yo ni ningún otro miembro de la
Comisión ha tenido tiempo de leer con detenimiento el libro, pero los
objetivos que usted ha explicado nos parecen correctos, así como las
líneas de modificaciones legislativas que usted ha propuesto.

Quizá también una parte de la responsabilidad del retraso en este plan de
modernización sea atribuible al propio Parlamento, y así me quiero hacer
solidario en la responsabilidad. Mañana es cuando aprobamos el proyecto
de ley de derechos y garantías del contribuyente, que es un marco que
tiene que estar presente en todo el plan de modernización de la Agencia;
dicho proyecto se ha retrasado sustancialmente por diversos motivos no
sólo atribuibles a los diputados y diputadas de la Cámara, sino también
al trabajo que se acumuló en esa Comisión de investigación. Hace un año
que el proyecto entró en la Cámara y sólo mañana verá ya su aprobación
definitiva. Por eso, también me quiero hacer solidariamente responsable
del retraso en el plan de modernización, porque sí me parece que ese plan
tiene que incluir las importantes medidas que se contemplan en el
Estatuto del Contribuyente.

Desde luego, el plan de modernización tiene que ayudar a una eficaz lucha
contra el fraude; el documento de los expertos del IRPF así lo pone de
manifiesto. Si queremos afrontar una reforma importante del IRPF tiene
que venir precedida de una eficaz lucha contra el fraude. No hay peor
injusticia y más falta de equidad que establecer una progresividad alta
en un impuesto que tiene las bases distorsionadas porque no están pagando
todos los que deben pagar; por tanto, me da la impresión de que es
importante que también el plan de modernización contribuya a una eficaz
lucha contra el fraude y a que se pueda hacer la reforma del IRPF de la
mejor manera posible.

Mi grupo estudiará detenidamente el informe que ha sido suministrado
sobre el plan de modernización. También haremos las sugerencias que
consideremos oportunas para que sean incorporadas, si así se entiende
conveniente y puedan servir también de apoyo a una mayor eficacia en la
gestión de la Agencia.

Y quiero decirle también, señor secretario de Estado, que me hubiera
gustado hablar de la posible reforma del IRPF en esta comparecencia.

Quizá el marco en el que ésta se ha desarrollado no ha contribuido a que
hablemos de esto, pero me parece que ahora mismo las ciudadanas y los
ciudadanos españoles están interesados en un aspecto de la Secretaría de
Estado de Hacienda, y es cómo se va a desarrollar la reforma del IRPF.

Nuestro grupo quiere expresar hoy en público y en esta Cámara que va a
apoyar una reforma importante del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, y que nos parecen bien las líneas del documento de la comisión
de expertos, aunque nos gustaría en el futuro tener un debate más a fondo
sobre el proyecto, que nos parece que es de verdad el punto nuclear de su
futura actuación en los próximos meses.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, a pesar de que se haya
ganado a pulso que le pidiera que se atuviese a la cuestión, no lo he
hecho. Es el señor secretario de Estado el que marca lo va a decir y no
usted.

Señor secretario de Estado, para contestar a las observaciones y
preguntas que le han sido formuladas por los grupos parlamentarios, tiene
usted la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Intentaré
contestar con rapidez a las preguntas y a las cuestiones que se me han
planteado, algunas de ellas de carácter general. Es decir, se han



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echado en falta ciertos detalles en el plan que se presenta hoy, y mi
intención personal, con independencia de lo que las señoras y señores
diputados estimen oportuno, era informarles sobre el contenido de ese
plan. Como es obvio, eso no impide sino, quizá todo lo contrario,
aconseja trabajos futuros de este Parlamento, que, por otra parte, asumió
también una responsabilidad en las conclusiones de la Comisión de
establecer controles políticos más eficientes sobre el funcionamiento de
la Agencia Tributaria y a través no sólo de las Cámaras, sino también del
propio Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, la Agencia Tributaria está
absolutamente a disposición de esta Cámara para cualquier cuestión que le
quieran plantear o formular. Me parecía que era bastante pobre presentar
un documento de estas características, enviándolo directamente a los
grupos sin que ustedes tuvieran la oportunidad de conocer un poco las
líneas que han guiado al Gobierno en su confección. En cualquier caso,
estoy dispuesto a contribuir a mejorar el contenido del documento,
incluyendo un calendario de medidas. Creo que puede ser útil para que
ustedes puedan ejercer de manera adecuada el control sobre el Gobierno y
sobre el cumplimiento de ese plan en aquellos aspectos que ustedes
consideren que son de interés. Quiero destacar también que el hecho de
que el documento no incorpore hoy un plan de evaluación de efectivos no
es fortuito y tampoco es debido a la falta de interés del Gobierno por
incorporarlo.

Ya he dicho en mi intervención que en el segundo semestre del año 1997
empezamos con un plan de evaluación de los efectivos de la Administración
tributaria. Es un plan que exige analizar a nivel territorial cuáles son
los efectivos de que dispone la organización; si el conjunto de esos
efectivos es adecuado o suficiente para cumplir los objetivos de todas y
cada una de las áreas; si el trabajo en que se desarrollan sus funciones
y sus efectivos es adecuado; si existe un dimensionamiento territorial
adecuado de esos efectivos, porque comprenderán ustedes, sobre todo
partiendo de un modelo de financiación basado en la corresponsabilidad
fiscal, que, si la Agencia Tributaria tuviera todos sus efectivos
concentrados en una única comunidad autónoma, no tendríamos una dimensión
adecuada y eficiente. Pero al mismo tiempo, a la hora de evaluar los
efectivos que necesita la organización, es necesario también hacerlo en
un contexto de racionalización de la utilización de esos efectivos.

Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que, si establecemos un sistema de
presentación y cumplimentación de obligaciones sin necesidad de que los
ciudadanos o los agentes económicos tengan que desplazarse a las oficinas
de la Agencia Tributaria, que en el año 1999 tal vez podrá ser aplicado
por un millón y medio de empresas y profesionales, eso va a liberar
recursos para otras actuaciones. Si en el Impuesto sobre la Renta somos
capaces de reducir significativamente el número de contribuyentes y
evitar que tengan que desplazarse a las oficinas de la Agencia Tributaria
y utilizar recursos en labores de cumplimentación de declaraciones, vamos
a alcanzar un importante ahorro y racionalización para poder dedicarlo a
otras funciones. Si dejamos de tener que expedir casi 3 millones de
certificaciones al año, molestando a los ciudadanos para que vayan a las
oficinas de la Agencia Tributaria a pedir esas certificaciones y teniendo
un número importante de efectivos dedicado a esas funciones, podremos
dedicarlos a otras cuestiones mucho más interesantes desde el punto de
vista de la lucha contra el fraude. Por lo tanto, una evaluación de los
efectivos exige como paso previo un análisis sobre las distintas
posibilidades de racionalización de los actualmente existentes y los
ahorros que se pueden alcanzar.

El Grupo de Izquierda Unida ha hecho referencia a otras cuestiones como
cuál es la recaudación en el Impuesto sobre la Renta. Lo dejo para
tratarlo cuando vuelva el representante de Izquierda Unida.

El Partido Nacionalista Vasco me plantea que una de las cuestiones
fijadas en la Comisión, que era revisar el actual modelo de la Agencia
Tributaria, no está contestada en el documento o en mi intervención. Yo
le pido disculpas si no está contestada de una manera explícita, pero sí
ha sido uno de los principales aspectos en los que ha trabajado la
Agencia Tributaria.

La situación de la Agencia Tributaria en el año 1998 se caracteriza por
el hecho de que ya no es una administración que recauda única y
exclusivamente sus impuestos. La Agencia Tributaria recauda los impuestos
de la Unión Europea; recauda los impuestos de comunidades autónomas, no
sólo la parte del IRPF, sino también el Impuesto sobre el Patrimonio;
recauda y se dedica a la gestión de impuestos de ayuntamientos y de
muchos recursos públicos coactivos de otras administraciones públicas. En
ese contexto en el que la Agencia Tributaria es un ente recaudador para
muchas administraciones, incluida la estatal, es en el que tiene sentido
una administración modular o un ente público con un estatuto organizativo
especializado.

Al mismo tiempo está el hecho de que no se haya utilizado correctamente
ese mecanismo y ese estatuto, fijando objetivos y sobre todo evaluando su
grado de cumplimiento y tomando decisiones al respecto, por ejemplo en
materia de política retributiva o en materia de nombramiento de
directivos. Si para evaluar el trabajo de los directivos se fijan unos
objetivos y luego las decisiones de cambio, de remoción o de sustitución
de esos directivos no tienen nada que ver con las consecuencias que se
extraen de los objetivos, lógicamente estamos utilizando un modelo que no
responde a aquello para lo que ha sido creado.

Por lo tanto, ya que el Gobierno considera que el contexto actual en el
que Agencia es un ente público que recauda para muchas otras
administraciones y no sólo para la estatal, diferencia clara con las
diputaciones forales en el País Vasco, exige tener un ente público con un
estatuto organizativo y de funcionamiento especial. No obstante, yo estoy
dispuesto a profundizar en esa justificación y a darle la suficiente
información a S. S. para que él pueda establecer sus propios elementos de
juicio y tomar una posición que entiendo que no tiene por qué ser
coincidente con la del Gobierno. En cualquier caso, necesita disponer de
todos esos elementos de juicio.

Aparte de eso, el señor Ríos me ha planteado una serie de cuestiones en
parte relacionadas con la información que se le ha suministrado. Yo estoy
dispuesto a colaborar modestamente



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en el buen desarrollo de los trabajos de esta Comisión y en el control
que tienen que ejercer SS. SS., y espero que me digan exactamente de
manera normalizada los datos que quieren y podamos prepararlos para
cualesquiera otras comparecencias. Porque me resulta muy difícil
prejuzgar exactamente en qué información concreta ustedes pueden tener
interés. En cualquier caso, la comparecencia también sirve para
explicarles a ustedes las cuestiones que les suscita la información. Yo
le puedo decir que el Impuesto sobre la Renta tiene una recaudación
inferior a 370.000 millones de pesetas en el ejecutado con relación al
presupuesto por dos o tres factores que me parecen importantes: uno, el
adelantamiento de la política de devoluciones con relación al plan
inicialmente previsto; otro, por la caída de los tipos de interés que se
ha producido y que ha afectado a la recaudación por retenciones de
capital mobiliario de una manera extraordinariamente importante; y,
finalmente, porque los crecimientos de la masa salarial en materia de
retenciones de trabajo se elaboraron con un cuadro macroeconómico que
luego fue revisado, en el que la inflación se ha comportado de una manera
mucho más positiva. El cúmulo de esos factores es lo que justifica esa
diferencia.

Por otra parte, usted sabe muy bien que en la ejecución del presupuesto
hemos superado con creces las previsiones presupuestarias, y eso
partiendo de un crecimiento nominal de la economía inferior al que estaba
previsto en el cuadro macroeconómico del presupuesto. Es decir, hemos
recaudado más, creciendo la economía menos en términos nominales de lo
que se previó cuando se diseñó el presupuesto. Por tanto, ésa es una
situación digna de mención.

En materia de inspección los resultados exactamente no son los de las
actas única y exclusivamente, porque la inspección no se hace solamente
por la inspección de los tributos. Es decir, tenemos aproximadamente unos
resultados en el año 1997 en torno a 800.000, 850.000 millones de pesetas
en actuaciones de lucha contra el fraude que realiza la inspección, el
departamento de gestión tributaria, el departamento de aduanas, que se
produce cuando se cuantifican deudas que no se liquidan y se envían a los
órganos jurisdiccionales en materia de delito fiscal. Por lo tanto, los
resultados de la Agencia Tributaria no son única y exclusivamente los de
las actas en sentido estricto de la inspección. Cada vez la Agencia tiene
muchos más órganos de control que son los que se dedican a la lucha
contra el fraude. En los datos que yo les he suministrado sí figura el
balance de actuaciones de control, entre las que yo les destacaría las de
gestión tributaria, que son las comprobaciones que hace el departamento
de gestión tributaria en materia de devoluciones, de liquidaciones, que
son 215.000 millones de pesetas; las actas de inspección financiera y
tributaria, que son 500.000 incoadas, las liquidadas han sido superiores;
las actas de módulos o de aduanas e impuestos especiales, que son en
total unos 45.000 millones de pesetas; los efectos indirectos en
recaudación de impuestos especiales por la represión del contrabando o
las deudas propuestas en procedimientos que se van a seguir ante los
órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad
que casi duplica la de 500.000 millones de pesetas, que es la que hace la
inspección pura en el sentido más estricto.

En el año 1997 nos hemos dedicado a inspeccionar en mayor medida a
grandes contribuyentes; hemos hecho un mejor trabajo de selección, de
manera que inspeccionando al mismo número de gente o a menos gente hemos
incrementado nuestros resultados. Si usted mira la evolución en
ejercicios anteriores, la situación era inversa: se llamaba a la puerta
de más gente para mejorar los resultados. Aquí de lo que se trata es de
ser selectivos y eficientes en el proceso de selección y, llamando a
aquellos a los que hay que llamar, obtener mejores resultados en el
control y lucha contra el fraude.

Me ha planteado muchas cuestiones, como: qué se va a hacer en materia de
paraísos fiscales, etcétera. Yo le puedo dar el balance de las medidas
adoptadas como consecuencia del plan bianual que fue aprobado en julio de
1996. La práctica totalidad de las medidas se han adoptado, medidas
importantísimas en materia de lucha contra el fraude, como la posibilidad
de solicitar información de los autorizados de cuentas corrientes para
evitar determinado tipo de tráfico monetario; o la posibilidad de adoptar
medidas cautelares en casos en los que no existen deudas tributarias
liquidadas para evitar que patrimonios puedan devenir insolventes; o las
medidas establecidas en materia de módulos en el IVA, que van a permitir
un mayor control porque van a condicionar la factura fiscal a pagar en
determinados sectores a la deducción y al pago efectivo de IVA soportado.

En definitiva, es un catálogo de medidas que tengo aquí y tampoco quiero
molestarles extendiéndome demasiado en ellas.

En el momento en que se dé el plan de objetivos anuales de la Agencia,
que creo que debería ser presentado en el primer cuatrimestre de cada
año, porque convendrán ustedes en que un plan tiene que ser elaborado a
finales de año, puesto en marcha y poder compararlo con los resultados
del año anterior, yo estoy dispuesto a comparecer aquí y a darles todas
las explicaciones que ustedes quieran en materia de lucha contra el
fraude.

Creo que esto contesta en parte a las inquietudes que me han manifestado.

Quiero decirles que el Gobierno estará encantado de mejorar el contenido
del programa con todas las aportaciones que ustedes consideren oportuno
introducir y además de darles la información adicional que estimen
precisa. Para cualquier comparecencia, desde luego, el secretario de
Estado de Hacienda está dispuesto a intentar normalizar la información
que ustedes quieran o consideren útil para que no se produzcan este tipo
de desajustes; pero convendrá usted conmigo en que me es muy difícil
prever qué información exacta es de la que usted quiere disponer para
poder enviársela y pueda preparar la comparecencia. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Le tomo la palabra en tres vertientes de su
compromiso. Esperamos discutir el plan de objetivos de la Agencia, con el
cumplimiento de



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los objetivos anteriores, porque la comparecencia quizá sea la única
forma de valorarlo. En cuanto a los datos específicos --teniendo en
cuenta la petición de comparecencia para aportarnos información--, no
hemos hecho un guión, pero en lo sucesivo le haremos el esquema de lo que
pedimos o el desglose, que además, por cierto, es como se hace la memoria
de la Agencia. No he pedido una cosa diferente de como se hace, sino con
el mismo esquema, con los recursos que tenemos ahora mismo en la mano. He
utilizado la última memoria de que disponía, que es la del año 1995
(podría haber utilizado la del año 1996 que ya está a punto de
publicarse). Y con ese mismo grado de desagregación yo podría haber
utilizado estos datos que usted me da, que así sí que miden resultados.

En todo caso, en lo sucesivo lo plantearemos.

Y en cuanto a las dudas que he expuesto, usted solamente ha hablado del
calendario de medidas y de un plan de evaluación de efectivos. Junto con
el desarrollo legislativo de las medidas que se están poniendo en marcha,
tanto el Estatuto del Contribuyente que saldrá de aquí como la reforma de
la Ley General Tributaria, me gustaría debatir los recursos. Yo le he
dado una información, no información, sino dato recogido de su
liquidación de presupuestos: 1.200 millones menos. Si la línea es
optimizar recursos pero los reducimos, yo podría decirle que le sobran
recursos humanos. Si quiere entramos en la distribución del número de
recursos humanos de los que usted dispone y, a lo mejor, decimos que hace
falta más o que hace falta reubicarlos.

En todo caso, cuando venga esa propuesta de evaluación, me gustaría
discutir el volumen de recursos económicos junto con los materiales y
humanos. Y cuando lo tengamos encima de la mesa, si nos lo aporta,
discutiremos este plan en una comparecencia de más detalle que la que
hayamos podido tener hoy. Manifestamos nuestra disposición, con la misma
lealtad que usted traslade información, de darle opiniones, porque son
reservas que nos planteamos a la hora de hacer una actuación global. Le
estoy diciendo esto en cuanto posicionamiento, al margen de la actividad
de control que hagamos. Le daremos a conocer nuestros posicionamientos,
que siempre es bueno que los tenga la Administración a la hora de
producir un desarrollo normativo que nos va a afectar, porque tenga en
cuenta que esto va a afectar al interés general. Es importante tenerlo y
actuar con gran eficacia porque nos interesa a todos los españoles; no
solamente a quien está gobernando, sino a todos, ciudadanos y fuerzas.

Por eso, estamos a una disposición doble: dar opiniones y, eso sí,
ejercer el control con máximas garantías, que en este caso, hoy, en estas
dos partes, no lo hemos podido ejercer, pero por nuestra propia decisión,
ante la evolución de los hechos.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Quiero
manifestar al señor Ríos que, por supuesto, vendré a discutir el plan de
objetivos de la Agencia. Además creo que ésa es una de las conclusiones
de la comisión de investigación. Creo que es bueno que el Parlamento
tenga información sobre la Administración tributaria en la medida en que
afecta a un número muy elevado de ciudadanos españoles. Por lo tanto,
este compromiso es consecuencia más de un mandato.

Con relación a los otros datos, tengo que decirle que la memoria del año
1996 no está cerrada ni lo estará pronto. Yo puedo darle esa información
desagregada, etcétera, pero hay muchísimos datos que figuran ahí que ni
siquiera dependen de la Administración tributaria o de la Administración
del Estado en muchas ocasiones. Por tanto, podría ampliar los datos y la
información que ustedes consideren oportunos, pero piense que el anuario
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Española no es algo
que está preparado prácticamente después de cerrado un año.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, señoras y señores diputados, o
suspendemos la sesión para que ustedes tengan ocasión de estudiar el
libro que se nos ha suministrado y nos reunimos más tarde, o bien
levantamos la sesión para una próxima comparecencia.

Como veo en sus caras que prefieren que levantemos ya la sesión, se
levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.




NOTA.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, del miércoles, 18 de febrero de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.